El diario como actor político. El caso de Clarín y la Ley de Medios

Universidad Nacional de Tucumán Facultad de Filosofía y Letras Lic. en Ciencias de la Comunicación

Tesina de Licenciatura

El diario como actor político El caso de Clarín y la Ley de Medios

Tesista Bustamante, Oscar Marcelo Tutor Lic. Ricardo Bocos

2013

AGRADECIMIENTOS En primer lugar un agradecimiento fundamental a toda mi familia que, a pesar de la distancia, estuvo a mi lado en los momentos más difíciles no sólo de mi vida entera sino también en la etapa más estresante de la redacción de esta tesis. Mario, Leila, Juani y María Leila. A la familia de mi novia, que me apoyó en momentos difíciles e insostenibles. A Natacha, Martita y Caty. A todos mis amigos y compañeros que estuvieron pendientes del proceso y los resultados de este trabajo y por comprender lo difícil que fue para mí. Galo, Paco, Pedro, Agus, Nacho y Anto. En lo académico y también en lo personal, un profundo agradecimiento a Ricardo Bocos, tutor de esta tesis que no sólo aportó todo su profesionalismo y racionalidad sino que, a su vez, fue un motivador permanente y una persona muy comprensiva y tolerante de mis inconsistencias. Desde luego, gracias a todos los que acompañaron y se interesaron en este trabajo y depositaron su entera confianza en mis capacidades.

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Dedicado al amor de mi vida, María Florencia Barreiro

In Memoriam

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ÍNDICE Precisiones I.

Objeto de estudio

7

II.

Fundamentación

7

III.

Objetivos

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IV.

Marco Teórico

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V.

Metodología

10

VI.

Selección de la muestra

10

VII.

Organización del trabajo

11

1. Perspectivas 1.1. Introducción

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1.2. Prensa, su nacimiento y condicionamientos

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1.3. Prensa, Poder y Opinión Pública

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1.4. Prensa y Empresa

23

1.5. Prensa y Política en Argentina

26

1.6. Perspectivas de análisis

34

2. Leyes 2.1. Las primeras “leyes de medios”

37

2.2. Ley de la dictadura vs Ley de la democracia

58

2.2.1. Contextos

58

2.2.2. Motivos

64

2.2.3. Rupturas y Continuidades

70

2.2.3.1.

Radiodifusión no. Comunicación sí.

70

2.2.3.2.

¿Pluralidad de voces?

73

2.2.3.3.

Concentración, Mercado y Licencias

76

2.2.3.4.

Autoridad de Aplicación

82

2.2.3.5.

Medios Públicos

85

2.2.4. Vacíos

90

3. Excurso Teórico

4

3.1. La prensa: Institución, Empresa y Actor

96

3.2. La importancia de la opinión en el periódico

104

3.3. Del periodismo de opinión como Discurso y del Análisis Crítico del Discurso como herramienta para desentrañar el carácter de actor político del diario 108 4. Clarín 4.1. Expresión o Extorsión

117

4.2. Lesiones e intimidaciones

133

4.3. Construyendo Medios

157

4.4. Nueva Ofensiva

161

5. Conclusión(es) 5.1. El gran diario argentino

167

5.2. Un debate necesario

171

6. Anexos 6.1. Cronología del tratamiento parlamentario de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 6.2. Editoriales 7. Bibliografía

176 180 197

5

PRECISIONES

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PRECISIONES Dadas las características narrativas y de redacción que presenta este trabajo y, a los fines de brindar una lectura comprensiva y abarcativa, resulta imperioso e ineludible plantear ciertas precisiones al respecto y librar de ambigüedades a su lectura y abordaje.

I.

OBJETO DE ESTUDIO. La presente tesis de licenciatura, El diario como actor político. El caso de Clarín y

la ley de medios, se inscribe en el marco del estudio de los medios de comunicación y, en específico, del estudio de la prensa gráfica argentina y sus géneros de opinión. Asimismo, pretende ser una contribución a dichos estudios, haciendo foco en el Editorial, género a través del cual, el diario se dirige a la opinión pública estableciendo su punto de vista sobre ciertos acontecimientos de relevancia social. La temática, delimitada espacio-temporalmente, apunta al abordaje de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en los editoriales del diario Clarín mientras el proyecto de ley se debatía en el Congreso de la Nación, es decir, entre el 27 de agosto y el 10 de octubre de 2009. El enfoque del trabajo está centrado en desentrañar la postura ideológica de Clarín frente al debate suscitado en el Poder Legislativo y la construcción discursiva realizada del hecho.

II.

FUNDAMENTACIÓN Existen tres criterios claros que fundamentan el presente trabajo. El primero de ellos es el criterio de la relevancia social y política que revistió el

conflicto desatado entre Clarín y el Gobierno Nacional, que hizo pública una discusión que hasta entonces había quedado circunscripta al interior de los claustros académicos: la discusión sobre el papel que desempeñan los medios de comunicación en la sociedad y la intervención del Estado para regular el campo audiovisual. El segundo criterio es cultural ya que aborda dos elementos claves de la participación ciudadana y la práctica cultural: la prensa y la ley. La prensa, desde su

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aparición ha contribuido con creces a la alfabetización social y la formación de la opinión pública. Aún hoy, en la época del desarrollo de las telecomunicaciones y la convergencia tecnológica, la prensa se destaca como formadora de opinión. La ley, en cambio, constituye una herramienta de control implementada por el Estado que incide de manera directa sobre los modos y la calidad de vida de las personas. Afecta sus acciones, las compromete, las sanciona, y con ello afecta también sus prácticas culturales. El tercer y último criterio que fundamenta esta investigación es académico. Como se indicó arriba, la tesis pretende ser un aporte; una contribución al estudio de los géneros de opinión de la prensa gráfica argentina a través de una aproximación al Análisis Crítico del Discurso Periodístico. Por otra parte, durante la etapa de búsqueda de antecedentes, se constató la existencia de numerosas investigaciones sobre los géneros de información en la prensa argentina mas no así sobre los géneros de opinión que, por el contrario, son escasos y poco profundos. En este sentido, el estudio de los editoriales constituye una tarea de gran importancia ya que contribuye a nuevos enfoques y perspectivas sobre los medios de comunicación y su función social. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, analizada y explicada por el Diario Clarín en sus editoriales, representa un caso ejemplar para llevar a cabo la investigación sobre la postura de un medio frente a los hechos de la realidad; el sesgo que le imprime a sus noticias y cómo su posicionamiento puede llegar incidir en el curso mismo de los acontecimientos, adoptando así el rol de actor político.

III.

OBJETIVOS

En íntima relación con la fundamentación se encuentran los objetivos que pretende satisfacer este trabajo. Como objetivo general, se proponen realizar aportes significativos que contribuyan al estudio de la prensa a través de los géneros de opinión. Y, a partir de ello, el abordaje de sus editoriales. Por su parte, entre los objetivos específicos de trabajo se encuentran: identificar los atributos del texto de la ley que el diario considera relevantes y/o polémicos, poner de manifiesto la referencia lingüística empleada por Clarín hacia la ley de medios y el gobierno que la promueve y, por último, explicitar las estrategias y recursos discursivo-ideológicos empleados en los editoriales.

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IV.

MARCO TEÓRICO

En base a los objetivos planteados y la temática a tratar, el marco teórico reviste una doble perspectiva. Un compendio de conceptos y autores específicamente ligados al universo periodístico y de estudios de la prensa, y otro en relación a la metodología de trabajo. Del primer grupo, se destaca, en primer lugar, el filósofo y sociólogo marxista Jürgen Habermas, figura destacada de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, quien en su libro Historia y crítica de la opinión pública, explica el surgimiento de la prensa en el contexto del nacimiento del capitalismo al cual liga su desarrollo. El enfoque de Habermas, enfatiza la importancia que une el capitalismo y sus características a la lógica de funcionamiento de la prensa. Por otra parte, historiza el proceso de surgimiento y formación de la Opinión Pública, concepto clave para entender las relaciones establecidas entre la prensa y sus lectores, en medio de las cuales fluctúa la influencia. A su vez, la prensa es abordada en tres aspectos: en su faceta económica, social y política. Es decir, como Empresa, Institución Social y Actor Político. Respecto del primer aspecto, Habermas es un gran aporte, al igual que Marafioti que, en sus respectivos casos utilizan las categorías de empresa e industria periodística. Además, la prensa es comprendida como institución social a través de la formación de la opinión pública, de la lectura de sus consumidores. En ello repara, indirectamente, Lorenzo Gomis cuando explica la función social del periodismo “como marco social de referencia”. Gomis, considera al periodismo como una actividad atravesada por la interpretación de la realidad social en donde el periodista cumple el rol de “operador semántico”. El periodismo, en ese intento de interpretar y explicar la realidad asume un papel político, un rol de actor político que media imbricado en la dinámica de los conflictos sociales. Aquí se destaca el concepto de “actor político” planteado por Héctor Borrat, que resulta de fundamental importancia a los fines de este trabajo. Por otra parte, para el caso específico de los editoriales, revisten singular importancia el estudio de los géneros de opinión desarrollados por Armañanzas y Díaz Noci en Periodismo y Argumentación y, Santamaría Suárez y Casals Carro en La Opinión Periodística. Ambos libros son de gran utilidad a la hora de la definición y clasificación de géneros de opinión y para el análisis de los argumentos y juicios empleados en ellos.

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Del segundo grupo, el marco teórico comprende las herramientas conceptuales para poder alcanzar los objetivos específicos señalados arriba. En este sentido, la lectura de Teun van Dijk es imprescindible para definir conceptos claves como discurso, ideología y el mismo Análisis Crítico del Discurso que ha de ser la herramienta metodológica empleada en este trabajo. En misma sintonía con los aportes de van Dijk, están los de Fairclough y Wodak, tomados por Narvaja de Arnoux en Análisis del discurso. Asimismo, resulta fundamental el concepto de discurso dominante que propone Alejandro Raiter en Lenguaje y sentido común, y los planteos teóricos de Roger Fowler en el estudio del lenguaje de la prensa.

V.

METODOLOGÍA Al tratarse de una temática y un abordaje puramente cualitativos, la metodología

empleada debe ser capaz también de brindar respuestas cualitativas. Como ya se indicó, el Análisis Crítico del Discurso (ACD) es el enfoque metodológico cualitativo que permite un acercamiento más profundo al objeto de estudio, mediante el análisis de las unidades léxicas, gramaticales, sintácticas y semánticas. Ello permite una aproximación más directa a la construcción discursivo-ideológica que, implícita o explícitamente, está presente en todo editorial. El enfoque, parte de la base de considerar a los editoriales como discursos, es decir, como una práctica social, atendiendo a los aspectos dinámicos del concepto. En este sentido, el análisis no se encuentra circunscripto al estudio de una secuencia de signos lingüísticos, por el contrario, toma en cuenta el contexto social y los hechos que tienen lugar en el seno de la sociedad. Es por ello que el análisis de los editoriales implica abordar un doble contexto, el de la realidad social y el de la estructura del periódico, es decir, el de sus propias noticias. De esta manera, el ACD se inmiscuye en la coyuntura político-social del debate parlamentario por una nueva ley de radiodifusión que opone a dos sectores diferenciados, Clarín y el Gobierno.

VI.

SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La temática de esta tesis posee una delimitación espacio temporal que comprende el lapso transcurrido entre los días 27 de agosto y 10 de octubre de 2009, fechas entre las cuales se llevó a cabo el debate parlamentario de la nueva ley de medios en el Congreso de la Nación. En esta investigación, se trabaja con la edición impresa del diario Clarín, la

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cual tiene periodicidad diaria, es decir que en el lapso señalado hay un total de 45 ediciones publicadas. Lo que a su vez indica que se publicaron 45 editoriales, de los cuales sólo algunos abordan a la ley de medios o la coyuntura que envuelve el tratamiento del proyecto. Por ello, los editoriales que forman parte de la muestra, fueron clasificados en base a que contemplen, en su texto, a palabras claves como “ley”, “medios”, “ley de medios”, “medios de prensa”, “medios de comunicación”, “medios periodísticos”, “periodismo”, “Clarín”, “Grupo Clarín”, “libertad de prensa”, “libertad de expresión”, “pluralismo”, “proyecto”, “proyecto de ley”, “proyecto oficial”, entre otros términos familiarizados con el asunto. De esta manera, los textos que componen la muestra sobre la cual se trabaja son:


“Lo que molesta es la impotencia para controlar y manipular a los

medios” 28/08/09


“Lesiones a la libertad de prensa” 31/08/09




“Intimidación a la libertad de prensa” 05/09/09




“Operativo de intimidación a los medios de prensa” 11/09/09




“Signos de peligro para la ciudadanía” 16/09/09




“Un proyecto que habilita presiones sobre los medios” 20/09/09




“Incertidumbre por el deterioro de la seguridad jurídica” 27/09/09




“64 años creyendo en el país y construyendo medios argentinos”

04/10/09


“Nueva ofensiva oficial contra la libertad de prensa” 09/10/09

VII. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO La organización del trabajo guarda una estrecha relación con la metodología empleada. El primer capítulo, Perspectivas, es de un contenido teórico-historicista que busca aportar una serie de conceptos y relaciones históricas claves entre los principales tópicos que rodean al tema de investigación planteado. Por ello, indaga en los orígenes de la prensa y los condimentos que posibilitan su aparición, su faceta de formadora de la opinión pública, sus vínculos económicos y políticos, entre otros.

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El segundo capítulo, Leyes, consta de dos partes. En la primera, se establece una reseña histórica de las numerosas leyes implementadas en el país con fines de regularizar la actividad de los medios de comunicación, desde 1810 hasta 1980, año en que fue sancionada la última ley de radiodifusión y que constituye el último antecedente de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La segunda parte del capítulo, emprende un análisis contrastivo entre la ley sancionada durante la última dictadura militar y la ley sancionada en 2009, en democracia. Este análisis no está ceñido a la mera comparación entre cada texto sino que incorpora los datos contextuales de cada caso, las razones que impulsaron la aparición de cada ley y las rupturas y continuidades presentes en ellas. El estudio de ambas leyes es de suma importancia a la hora del análisis de la posición de Clarín frente al debate parlamentario de la nueva ley; es imprescindible para comprender aquello acerca de lo que Clarín habla. El tercer capítulo es un Excurso Teórico en el que están desarrolladas las ideas complementarias a las volcadas en el primer capítulo de la tesis. El excurso es una bisagra en la lectura del trabajo ya que complementa lo expuesto en el primer capítulo y desarrolla las categorías teóricas fundamentales para comprender el Análisis Crítico del Discurso a desarrollarse en el cuarto capítulo, Clarín, dedicado exclusivamente al abordaje crítico de los editoriales del diario comprendidos entre el 27 de agosto y el 10 de octubre de 2009. Luego de un repaso histórico y teórico sobre determinadas características de la prensa, del estudio en profundidad de las leyes en materia de medios de comunicación con la consecuente contextualización político-social-histórica y, habiendo establecido las precisiones teóricas pertinentes del caso, es posible atender a una lectura crítica del análisis del discurso de los editoriales de Clarín. Los resultados están expuestos en las Conclusiones, las cuales no pretenden dar por concluido y agotado el tema, sino que se presenta como un lugar de crítica y reflexión que abre nuevas discusiones, posibilidades, interpretaciones e hipótesis para posteriores investigaciones.

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1. PERSPECTIVAS

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1.1 INTRODUCCIÓN

En la inextinguible rutina a la que se encuentra sometido el hombre diariamente se encuentran actividades como comer, dormir, y mantenerse informado. Inexorablemente el hombre necesita de información que le permita desarrollar sus tareas con la mayor precisión y el menor margen de error posible. Un corredor de bolsa de Wall Street, un piloto de avión de aerolíneas internacionales o un empresario petrolero son agentes sin estrechas relaciones entre sí que necesitan de información de manera permanente para el desempeño de su labor profesional. La necesidad de información por parte del ser humano merece ser considerado como parte de sus necesidades vitales y los medios de comunicación forman parte integral en la satisfacción de dichas necesidades humanas. La prensa, la radio, la televisión y los derivados de Internet fueron y son las herramientas a través de las cuales el hombre busca comprender la realidad y aprehenderla. El catedrático Gustavo Martínez Pandiani dice en su interesante Homo Zapping “… la televisión ocupa, junto al trabajo y el sueño, la mayor parte de la vida cotidiana de un considerable número de personas. Para ellos, la TV constituye una fuente primordial de información al momento de buscar respuestas a las preguntas que, como ciudadanos, se plantean”1. La misma lógica de razonamiento puede aplicarse a los diferentes medios de comunicación existentes como la prensa o la radio. En la vida en sociedad, el hombre es un ser necesitado de información, por lo que la información es de un valor inestimable. A través de la comunicación busca, obtiene y procesa el conocimiento que le permite y le ha permitido, a lo largo de la historia de la 1

Martínez Pandiani, Gustavo. Homo Zapping: política, mentiras y video. Bs. As.: Ugerman, 2004 p. 45

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humanidad, alcanzar las instancias más sofisticadas del progreso científico, económico, político, social y cultural. En el siglo IV AC, Aristóteles exponía en su Política: “[…] es, pues, evidente, que la ciudad-estado es una cosa natural y que el hombre es por naturaleza un animal político o social; [....] Y la razón por la que el hombre es un animal político (zôon politikón) en mayor grado que cualquier abeja o cualquier animal gregario es evidente. La naturaleza, en efecto, según decimos, no hace nada sin un fin determinado; y el hombre es el único entre los animales que posee el don del lenguaje. La simple voz, es verdad, puede indicar pena y placer y, por tanto, la poseen también los demás animales -ya que su naturaleza se ha desarrollado hasta el punto de tener sensaciones de lo que es penoso o agradable y de poder significar esto los unos a los otros-; pero el lenguaje tiene el fin de indicar lo provechoso y lo nocivo y, por consiguiente, también lo justo y lo injusto, ya que es particular propiedad del hombre, que lo distingue de los demás animales, el ser el único que tiene la percepción del bien y del mal, de lo justo y lo injusto y de las demás cualidades morales, y es la comunidad y participación en estas cosas lo que hace una familia y 2

una ciudad-estado” .

Las referencias de Aristóteles se destacan en dos aspectos: el carácter eminentemente político del ser humano y su capacidad de comunicarse a través del lenguaje; cualidad ésta que le da, a su vez, la condición de político. En la actualidad, de manera análoga a la del filósofo griego puede pensarse al hombre como animal comunicativo en el mismo sentido que lo plantea el pasaje de La Política. El centro del eje comunicativo/informativo está centrado en el papel preponderante que juega el lenguaje en estas relaciones. Así como el hombre toma partida ante diferentes y particulares acontecimientos de la realidad, y se involucra políticamente; en los modos de comunicación en los cuales está inserto el ser humano es imposible escapar a la lógica que plantean los medios de comunicación masivos y la información/mensajes que éstos transmiten. Desde su nacimiento hasta la actualidad del siglo XXI, los medios masivos de comunicación han alcanzado una importancia y una trascendencia inconmensurable al

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Aristóteles. La Política. Libro Primero; Capítulo Primero. (1253 A). Las cursivas son mías.

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punto que representan una insoslayable parte integrante de los diferentes procesos políticos y culturales que tienen lugar en el seno de la sociedad. El ininterrumpido aumento de las nuevas tecnologías en el servicio de la comunicación masiva y de las múltiples herramientas que posibilitan sus diversas aplicaciones, el consumo y la disponibilidad de los contenidos de los medios masivos de comunicación han crecido de forma paralela. Con ello, los mass media han acrecentado, desde luego, su área de influencia y su presencia en distintos puntos de contacto con sus consumidores. En este sentido, la relación que une al hombre con los medios de comunicación como parte ineludible de su vida, es clara. Lo coloca como actor comunicativo en el mismo sentido que Aristóteles aplica al hombre desde el punto de vista político. El estudio de los medios de comunicación y sus mensajes forman parte también de un análisis político en cuanto involucra el aspecto discursivo y lingüístico del hombre como condición de animal político.

1.2 LA PRENSA, SU NACIMIENTO Y CONDICIONAMIENTOS Si se atiende al nacimiento de la prensa, a la coyuntura histórica y las condiciones que posibilitan su aparición, se podrá constatar que, lejos de ser un medio objetivo y situado por fuera de los acontecimientos sociales, su tarea está transversalmente atravesada por múltiples factores y relaciones que exceden lo estrictamente informativo. El filósofo alemán Jürgen Habermas sitúa el surgimiento de la prensa en la coyuntura internacional de la apertura de los mercados y el gran comercio cercanos al siglo XIII. Para él, el nacimiento de la prensa escrita es una consecuencia lógica del crecimiento capitalista de las grandes ferias comerciales a nivel mundial. “Con el temprano capitalismo financiero y comercial, irradiado a partir del siglo XIII desde las ciudades norteitalianas hacia la Europa occidental y nórdica, surgen primero los emporios de los Países Bajos (Brujas, Liejas, Gante, etc.) y aparecen luego las grandes ferias en las encrucijadas de las rutas comerciales largas; con él se dan los elementos para la formación de un nuevo orden social. […] Nos referimos a los elementos del nuevo marco de relaciones: el tráfico de mercancías y noticias creado por el comercio a larga distancia del capitalismo temprano.

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“[…] Con el comercio a larga distancia, para el cual […] la ciudad era ya sólo una mera base operativa, surgen mercados de otro tipo. Se consolidan como ferias periódicas, y pronto se establecen, con el desarrollo de las técnicas financieras capitalistas como bolsas. “De igual modo ocurre con el tráfico de noticias desarrollado sobre las vías del tráfico mercantil. Los cálculos del comerciante orientado en el mercado necesitaban, como consecuencia de la extensión del comercio, de información más frecuente y más exacta sobre hechos y antecedentes especialmente lejanos. […] Las grandes ciudades comerciales son al mismo tiempo centros de tráfico de noticias, cuya permanencia se hizo urgente en la medida en que el tráfico de mercancías y de 3

papeles-valor se hizo también permanente” .

Sin embargo, y a pesar del incipiente inicio de la prensa, aún no era posible decir que hubiera existido prensa en el estricto sentido de la palabra hasta que los contenidos se hiciesen públicos y asequibles de ser compartidos por el público en general. Esto recién sucede a mediados del siglo XIII: “las noticias profesionalmente vendidas no son todavía dadas a la publicidad; las novedades irregularmente publicadas no se materializan todavía como noticias. Los primeros periódicos en sentido estricto, (…) aparecen con periodicidad semanal al principio, diariamente ya a mediados del siglo XVII”. La expansión de la prensa está fuertemente ligada al desarrollo del capitalismo, en consecuencia, en el siglo XVII “el tráfico de noticias se desarrolla no sólo en relación con las necesidades del tráfico mercantil: las noticias mismas se han convertido en mercancías. La información periodística profesional obedece, por tanto, a las mismas leyes del mercado, a cuyo surgimiento debe ella su propia existencia”4. Aquí, es necesario hacer un breve paréntesis y remarcar la trascendencia de lo establecido por Habermas. El nacimiento de la prensa es eminentemente comercial, por lo tanto, la lógica de operaciones de un diario está ceñida, más allá de los lineamientos estrictamente periodísticos, a la lógica del mercado y específicamente del capitalismo a la órbita de la oferta y la demanda. En efecto, al respecto de los albores de la prensa no se habla de diarios en el sentido actual de la palabra, sino de red de comercio de noticias. Roberto Marafioti es claro cuando señala el proceso de expansión comercial del siglo XVII en conjunto con la ampliación de la prensa: “Hacia 1620, además de ser un centro de 3 4

Habermas, Jürgen. Historia y crítica de la opinión pública. Ed. GG MassMedia, 4 ed. Pp 53 y ss. Ibid, nota anterior.

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comercio internacional, Ámsterdam se había convertido en el núcleo de una rápida expansión del comercio de noticias. Había un creciente interés público en la Guerra de los Treinta Años, por ejemplo, y esto brindó un importante

estímulo al desarrollo de la

industria periodística.”5 La sentencia de Marafioti sobre la expansión de la prensa en el XVII no ahorra en eufemismos y, de hecho, le aplica el mote de ‘industria periodística’. A partir del momento en que la incipiente prensa adquiere características comerciales e incrementa su potencial económico puede decirse que ingresa en una fase de crecimiento sostenido de poder de influencia y, con ello, mayor presencia a nivel social. De hecho, un medio de comunicación adquiere mayor poder cuando, de manera simultánea, acrecienta sus ingresos económicos. Es decir, cuenta con mayores recursos con los cuales acceder y procesar la información de la mano de sus periodistas en la elaboración de la noticia. Es entonces cuando la prensa incorpora en su haber un status dentro del sistema político que es innegable y a partir de allí que defiende intereses particulares e incluso antagónicos con los del poder del Estado.6 En síntesis, el poder de los medios de comunicación, surgidos al calor de la apertura de los mercados a escala mundial, es un poder, más allá del de tipo mediático, de tipo económico. Dice Julio De Zan, al respecto, en su Libertad, Poder y Discurso “¿En qué sentido se puede incluir el poder mediático en el concepto económico de poder? Esa extrañeza podría disiparse quizás si se tiene en cuenta que uno de los medios fundamentales de la lucha competitiva en el mercado es la propaganda, que busca influir sobre el comportamiento de los consumidores, desplazar las preferencias del público a los competidores, etc., y esta es una de las formas como se ejerce el poder económico”.7 De Zan destaca el rol manipulador y propagandístico de los medios de comunicación y en este sentido sigue la lógica de las teorías que magnifican el poder de los mass media. Además, la lógica de razonamiento para considerar a los medios de comunicación en su faz imperativa sigue el pensamiento de Max Weber. Para el sociólogo alemán, “poder

5

Marafioti, Roberto. Sentidos de la Comunicación. Ed Biblos, Bs As: 2005. p 127 Un ejemplo claro de ello lo representa el antagonismo establecido entre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con el Grupo Clarín desde el año 2008. Tema éste que ha motivado el presente trabajo y que será desarrollado exhaustivamente y de forma pormenorizada en los capítulos siguientes. 7 De Zan, Julio. Libertad, Poder y Discurso. Bs As: Almagesto, 1993. p.113 6

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significa la chance de imponer la propia voluntad en una relación social, aún contra la resistencia de otros”.8 Resulta imposible aislar el poder económico del político ya que de hecho en la lógica de la prensa en su sentido, quiérase o no, comercial es evidente que el primero determina el segundo. En cuanto al poder político de la prensa y su ligazón con el poder establecido, la circulación de diarios estuvo fuertemente condicionada por quienes representaban la autoridad durante los siglos XVII, XVIII y cada vez menos hacia el XIX. “A lo largo del siglo XVIII en toda Europa se controló a la prensa de diferente modo. En Francia, un sistema centralizado y restrictivo de licencias, supervisión y censura existió hasta la Revolución de 1789; un breve período luego de la Revolución con absoluta libertad de prensa culminó con Napoleón, quien estableció un sistema estricto de control y censura. En los Estados y principados de Alemania e Italia el grado de control oficial varió de un Estado a otro, pero los diarios fueron generalmente menos controlados cuando se referían a noticias extranjeras que cuando debatían cuestiones internas”9. A medida que las autoridades comprendieron la dinámica política de la prensa en los siglos mencionados, paulatinamente menguó la censura de sus contenidos Por supuesto, el poder de los medios y el poder de las autoridades fueron negociándose de manera permanente. Dado el incremento de los medios y recursos de la prensa, las autoridades fueron cediendo parte de su “soberanía” en manos de aquellos que incrementaron su capital para desarrollar la cotidiana tarea de informar. El desarrollo y la ampliación de las ‘industrias periodísticas’ se debieron, en gran parte, a los colosales avances de la técnica y los métodos de producción de la prensa. Dice Marafioti “En el inicio del siglo XIX comenzó la transformación de las instituciones mediáticas en empresas comerciales de gran escala. (…) Esto se debió en parte a la serie de innovaciones tecnológicas en la industria editorial, y en parte a la gradual transformación de las bases financieras de las industrias de los medios y a sus métodos de valorización económica”10.

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Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Bd. I, Kap, 1, 16, y Bd. II, Kap. 9, 1. Citado en De Zan, Julio. Libertad, Poder y Discurso. Ed cit. p. 112. 9 Marafioti, Roberto. Op. Cit. p. 129 10 Op. Cit. Nota anterior, p. 130.

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1.3 PRENSA, PODER Y OPINIÓN PÚBLICA De forma paralela a la conformación de los medios de comunicación en la Europa de los siglos XVII y XVIII las formas de vida se modificaron cualitativamente. La aparición de la prensa en el órgano social de la apertura de los mercados y el intercambio cultural suscitado como consecuencia de ello tendió a modificar considerablemente las estructuras de lo público y lo privado. Los periódicos, sino posibilitaron, al menos intensificaron las discusiones de lo acontecido en el espacio social. Las sociedades burguesas de países como Inglaterra, Francia o Alemania del siglo XVIII son partícipes de un proceso de conformación de poder público opuesto al poder de la autoridad imperante. Se crea, así, una polarización entre el ámbito del Estado y el de la sociedad. Por un lado, el poder de influencia público del Estado es diferente del poder público de la sociedad que, todavía sin decidir de forma autónoma e independiente, adquiere un poder de formación de opinión surgidos del debate público en los cafés y salones literarios. Se modifica claramente el concepto de publicidad; se oponen a partir de la discusión pública de eventos sociales, la publicidad real o de la autoridad y la publicidad de origen civil o social. Se abre el proceso de irrupción y proliferación de lo que Habermas denomina “instituciones de la publicidad”. “Antes de que la publicidad, emplazada en un campo de tensiones entre el Estado y la sociedad, se hiciera expresamente cargo de funciones políticas, la subjetividad nacida en el ámbito de intimidad de pequeñas familias, forma, de todos modos, por así decirlo, su propio público. Aún antes de que la publicidad se volviera pugnaz respecto del poder público –para acabar completamente distanciada de él -, a través del raciocinio político de las personas privadas, se formó bajo su manto una publicidad de configuración impolítica: el embrión de la publicidad políticamente activa. (…) El ámbito público se limita al poder público –aún contamos a la corte en él-. La publicidad propiamente dicha hay que cargarla en el haber del ámbito privado, puesto que se trata de una publicidad de personas privadas. En el seno del ámbito reservado a las personas privadas distinguimos, por consiguiente, entre esfera privada y publicidad. La esfera privada comprende a la sociedad burguesa en sentido estricto, esto es, al ámbito del tráfico mercantil y del trabajo social; la familia con su esfera íntima, discurre también por sus causes. La publicidad política resulta de la publicidad literaria; media, a través de la opinión pública, entre el

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Estado y las necesidades de la sociedad”11. Es a partir de este momento en que empieza a formarse una masa de ciudadanos que paulatinamente se congregan a discutir cuestiones que los afectan más o menos directamente. Queda abierto así, el proceso de formación de la opinión pública. El concepto de Opinión Pública lleva consigo numerosas disputas y su definición deambula todavía en medio de una nebulosa. A pesar de la inexistencia de consenso en referencia a su conceptualización, las principales teorías e investigaciones sobre la opinión pública destacan que es el conjunto de opiniones sobre cuestiones de actualidad de relevancia social que posee la potestad de movilizar o presionar a un sector determinado del sistema político. Es dable agregar, además, su fuerte condición dinámica, esto es, modificable a lo largo del tiempo y de composición heterogénea. Tomando como punto de partida esta simple caracterización, el análisis de los medios de comunicación lleva implícito el desarrollo del análisis de la Opinión Pública. En efecto, pensar a los mass media como espacios generadores de información e iniciadores del flujo comunicativo a gran escala lleva inserto en sí mismo el desencadenante lógico de la receptividad de los mensajes que éstos comunican sobre inconmensurables capas de la sociedad. En síntesis, pensar a los medios masivos de comunicación es también pensar a sus públicos, la influencia de los primeros sobre los segundos y el proceso de mediación entre ambos. Esto, en mayor o menor medida, ha sido desarrollado por las diversas Escuelas que contribuyeron a la Teoría de la Comunicación. Jürgen Habermas describe muy bien cómo las sociedades burguesas de los países europeos en las décadas precedentes a la Revolución Francesa paulatinamente fueron discutiendo temas actuales y de repercusión pública. Fue en aquel momento cuando empezó a gestarse el proceso de formación de la opinión pública surgida al calor de numerosos y extensos debates de los cuales la prensa fue un articulador fundamental; de hecho, muchas de las cuestiones discutidas eran aquellas dadas a conocer a través de la prensa. Con ello no sólo se discutía lo que los periódicos dijesen sino que, además, el periódico mismo era puesto en discusión. “En su discurso los medios se autoproclaman

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Habermas, Jürgen. Historia y crítica de la opinión pública. Ed. GG MassMedia, 4 ed. Pp 67-68

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representantes y servidores de la opinión pública y tienden a promover, por esto, la idea de que son un instrumento vital para el funcionamiento de la democracia”12. El hecho de que los medios de comunicación se juzguen a sí mismos como portadores de la Opinión Pública merece especial atención ya que indica que son conscientes de su poder en la estructura de la sociedad y reclaman para sí atributos de ese mismo poder, intervienen de manera continua en la formación y modificación en los modos de pensar de la sociedad. Es en este sentido que los periódicos merecen ser considerados como actores del sistema político. El investigador y catedrático español Héctor Borrat, quien ha escrito numerosas publicaciones tendientes a explicar el carácter político activo de un periódico, explica: “Si por actor político se entiende todo actor colectivo o individual capaz de afectar el proceso de toma de decisiones en el sistema político, el periódico independiente de información general ha de ser considerado como un verdadero actor político. Su ámbito de actuación es el de la influencia, no el de la conquista del poder institucional o la permanencia en él. El periódico pone en acción su capacidad para afectar el comportamiento de ciertos actores en un sentido favorable a sus propios intereses: influye sobre el gobierno, pero también sobre los partidos políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los componentes de su audiencia. Y al mismo tiempo que ejerce su influencia, es objeto de la influencia de los otros, que alcanza una carga de coerción decisiva cuando esos otros son los titulares del poder político. “(…) El periódico se perfila, junto con la empresa editora de la que depende, como un grupo de interés que, para lograr sus objetivos, necesita narrar y comentar la actualidad política, social, económica y cultural ante una audiencia de masas. Tal actuación pública hace de él un agente de socialización que influye sobre sus lectores tanto desde la superficie redaccional como desde la superficie publicitaria de los temarios que publica, tanto cuando pretende «formar» a su audiencia como cuando se propone «informar» o «entretener»”.13 La relación que une a los medios masivos de comunicación, la opinión pública y la autoridad política de una sociedad es evidente. Representan una tríada que está permanentemente atravesada por los conflictos sociales y donde la idea de poder es eje 12

Sánchez, María Carolina. “Prensa y Opinión Pública: historia de un desencuentro” en Aproximaciones al periodismo, Ricardo Bocos (Comp.) Tucumán, Universidad Nacional de Tucumán, 2007 p. 33 13 Borrat, Héctor. El periódico, actor del sistema político. Análisi 12, 1989 pp 67-68 Disponible en: http://www.raco.cat/index.php/analisi/article/viewFile/41078/89080

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central. En un sistema político determinado cada uno de estos tres elementos tiene un poder que es legitimado en diferentes oportunidades. Un gobierno, por ejemplo, es legitimado en primera instancia bajo la elección de sus ciudadanos si se tratase de una democracia; un medio de comunicación se legitima a partir de la credibilidad que éste ostenta, interpelado por la opción de los públicos consumidores de acceder a sus contenidos y, la opinión pública se legitima en el poder social que implica su movilización, presión o indiferencia ante los acontecimientos de su realidad circundante. La prensa en la actualidad ha adquirido semejante poder que los gobernantes y los públicos están cada vez más atentos dado los condicionamientos que operan sobre ellos mismos. En consecuencia, la relación de los medios de comunicación con los otros componentes de la tríada ha tendido a modificarse de manera exponencial. Los medios de comunicación han pasado a ser legitimadores de los sistemas y regímenes de gobierno a escala global y con ello en firmes condicionantes de la opinión pública dando lugar a singulares acontecimientos. Umberto Eco ilustra esta idea en un ensayo publicado en 1983 llamado “Para un guerrilla semiológica”: “No hace mucho tiempo que para adueñarse del poder político en un país era suficiente controlar el ejército y la policía. Hoy, sólo en los países subdesarrollados los generales fascistas recurren todavía a los carros blindados para dar un golpe de estado. Basta que un país haya alcanzado un alto nivel de industrialización para que cambie por completo el panorama: el día siguiente a la caída de Kruschev fueron sustituidos los directores de Izvestia, de Pravda y de las cadenas de radio y televisión; ningún movimiento en el ejército. Hoy, un país pertenece a quien controla los medios de comunicación”14.

1.4 PRENSA Y EMPRESA Que los medios de comunicación con el tiempo hayan incrementando su poder, se debe en parte a dos elementos. Por un lado, adoptaron la postura de ser fieles transmisores de la realidad. Para ello lograron imponerse como “objetivos”, es decir estrictamente informativos, sin opinión y sin intereses mediatos en las noticias. Por otro lado, el carácter cada vez más marcadamente comercial-capitalista de la prensa que hacía las veces de medio informativo y otras veces de corporación con sus intereses

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Eco, Umberto. La estrategia de la ilusión. Bs. As.: Ed. Lumen, Ed. de la Flor, 1987 p. 181

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mediando en sus productos. Una síntesis entre estos dos segmentos que conforman el acrecentamiento del poder de los medios de comunicación puede pensarse en que la estructura económica financiera de un medio de comunicación como empresa tiende a condicionar, sino determinar, las modalidades de la práctica del periodismo. En efecto, a lo largo de la historia, el periodismo modificó sus modelos y perspectivas de acuerdo a los considerables cambios surgidos en el seno de la empresa mediática y sus vinculaciones con el mercado. Así, existen tantas etapas como modelos empresariales dentro del ámbito de los medios de comunicación. En los albores de la prensa en Europa, el periódico poseía una única función: informar en cuestiones puntuales como, por ejemplo, las modificaciones de precios de diferentes productos en la otra costa del océano, catástrofes naturales, bodas y cuestiones relacionadas a las tareas de la sociedad. La característica más precisa de este modelo periodístico fue bautizada con el nombre de “prensa de noticias”. Por supuesto, la estructura económica del momento implicaba este ordenamiento periodístico. Como bien reflexiona Habermas “Surgido del sistema de correspondencias privadas; y auspiciado por ellas durante mucho tiempo, el negocio periodístico estaba en sus comienzos organizado al modo de la pequeña industria artesana; los cálculos se orientaban en esa primera fase de acuerdo con los principios de una maximización moderada, tradicional en el capitalismo temprano, de los beneficios; el interés del editor por la empresa es puramente crematístico. Su actividad se limitaba en sustancia a la organización del tráfico de noticias y a la clasificación de éstas. A este momento meramente económico se fue añadiendo un momento nuevo, político en el amplio sentido de la palabra, en cuanto comenzó a transformarse la prensa de noticias en una prensa de opinión, y de la correspondencia de anuncios surgió una correspondencia en el periodismo de escritores”15. La mutación de un tipo de prensa de noticias a uno de opinión es singular, ya que es operado a partir de los cambios económicos acaecidos en la época. Ello demuestra cómo la estructura económica condiciona, al punto de determinar, los modos de hacer de la prensa. Si bien en la prensa de noticias los periódicos son de carácter eminentemente informativo esto responde a una lógica necesariamente comercial. Al producirse el traspaso hacia una prensa de opinión, las características estrictamente comerciales son dejadas de lado para así el periódico adquirir una posición marcadamente política por 15

Habermas, Jürgen. Historia y crítica de la opinión pública. Ed. GG MassMedia, 4 ed. p 209 y ss. Las cursivas son mías.

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sobre la económica. “La prensa de opinión […] como institución de la discusión del público, se preocupa primariamente por afirmar su función crítica; y así, el capital de la empresa se convierte en asunto secundario, si es que llega a invertirse con fines de valorización”16. Recién a partir de la consolidación del Estado y con la legitimación política de la mano de la publicidad es que se produce el tercer giro en los modelos de acción de la prensa. Es el momento del pasaje de la prensa de opinión a la prensa-negocio. “«Cobra el periódico el carácter de una empresa productora de espacios para anuncios publicitarios, espacios que se convierten en una mercancía de fácil salida gracias al paralelo espacio cubierto por la redacción con que van acompañados». Estos primeros ensayos de prensa comercial moderna devolvieron al periódico el inequívoco carácter de empresa lucrativa privada (…). “Si en una prensa de motivaciones primariamente políticas [prensa de opinión] existía sólo remotamente la posibilidad de planteamientos empresariales exclusivamente comerciales, pronto habrían de convertirse, en cambio, esos planteamientos en una necesidad imperiosa [prensa-negocio]”17. A medida que la prensa fue adquiriendo cada vez más características comerciales-empresariales fue que aumentó su área de influencia y que sus intereses también cambiaron. “Pero no sólo se robustecen los intereses económicos privados de la propia empresa; ocurre también que el periódico –en la medida en que se convierte en una empresa capitalista– se precipita en el terreno de los intereses ajenos a la empresa, intereses que intentan conseguir influencia sobre él. La historia de los grandes periódicos diarios en la segunda mitad del siglo XIX prueba que la prensa se hace manipulable en relación a su grado de comercialización”18. En la actualidad, y desde mediados del siglo XX, puede pensarse a los diarios y periódicos como una síntesis de las tres fases que describe Habermas. Los medios de comunicación si bien están basados en el principio de la información y lo noticioso, es indudable que mantienen una férrea labor interpretativa y opinativa además de su carácter empresarial. Porque, en consecuencia, el éxito editorial que representa un diario reside precisamente en que sea leído/consumido y que a raíz de ello se garantice su permanencia en el rubro. En otras palabras, un diario no sólo busca ser un buen medio 16

Ibíd. Ibíd. nota anterior p.212 18 Ibíd. p 213 17

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informativo y de gran labor periodística, busca también ser comprado y consumido. Estas tres etapas enmascaradas en un solo modelo de prensa hacen del medio un actor político fundamental ya que adopta características eclécticas y no delimitadas. Por ejemplo, en las noticias, de carácter estrictamente informativo, es usual observar altas dosis de interpretación y opinión que están soslayadas pero que dicen mucho acerca del pensamiento no sólo del diario o del periodista que suscribe la nota, sino también del posicionamiento político-editorial de la empresa periodística. Es a partir de allí que la prensa busca intereses que sobrepasan su labor informativa, en donde la lectura de un medio de comunicación como prensa pasa a ser pensado como empresa.

1.5 PRENSA Y POLÍTICA EN ARGENTINA

Si bien las características desarrolladas a lo largo de la historia de la prensa y los medios de comunicación son pensadas desde los diarios surgidos en Europa y países desarrollados, como Estados Unidos, el proceso en Latinoamérica y, particularmente, en Argentina demuestra compartir interesantes coincidencias. Mientras en los siglos XVII y XVIII el desarrollo de la prensa era cada vez más avanzado en Europa, en Sudamérica, en cambio, todos los territorios eran colonias de países europeos. Nacidas al calor de las ansias expansionistas de las potencias europeas y sus necesidades económico-comerciales aparecen, en las colonias, los primeros escritos con fines públicos como las “gazetas” manuscritas que contenían noticias sobre los destinos de los productos, novedades en las técnicas de producción, vínculos comerciales, entre otras. Así sucede en el Virreinato del Río de la Plata. Recién sobre el inicio del XIX surge la prensa propiamente dicha. En 1801 aparece El Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata. El 7 de junio de 1810, pocos días después del acontecimiento revolucionario más importante del entonces virreinato, surge La Gazeta de Buenos Ayres de la mano de Mariano Moreno. Manuel Belgrano, otro de los activos revolucionarios, integró la plantilla de periodistas de la época al fundar el Correo de Comercio. El tipo de prensa surgida luego de la Revolución de Mayo es de tipo panfletaria y difusora de ideas. A diferencia de los modelos de prensa de Europa, en América la prensa

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tuvo un efímero paso de corte comercial. De esta manera “cuando se inicia la etapa posrevolucionaria, diarios como La Gazeta, impulsada por Mariano Moreno, resultaron fundamentales para difundir las ideas jurídicas y legales alrededor de la nueva organización de poderes, así como la instalación de otros asuntos de interés para la flamante nación: necesidad de distanciarse de España; difundir conceptos como soberanía, igualdad y libertad; consolidar la apertura del comercio y arraigar costumbres cotidianas. Todo estaba por hacerse y muchos se habían cerciorado ya de que los diarios podían ser un excelente vehículo. A partir de 1810 comenzó a gestarse una forma de opinión pública que era, según Félix Luna, «expresada en los diarios mediante artículos editoriales, críticos o con desarrollo de tipo conceptual, como los de Mariano Moreno. Por primera vez los diarios ponían sobre el tapete ideas revolucionarias, estimulantes»”19. Más allá de la posibilidad de difusión de ideas a través de la prensa, el alcance de las mismas fue limitado; la sociedad lectora de la naciente nación formaba parte de una minoría considerable. Recién sobre fines del siglo XIX puede decirse que la influencia de la prensa deja de estar situado sobre las esferas intelectuales y de elites formadas para pasar a ser de carácter masivo. Un importante impulso para el desarrollo de la prensa a escala masiva en el país fue la fuerte y rápida alfabetización producto de la Ley 1420 de Educación Común de 1884. Pero entre 1810 y 1884 diferentes sucesos en la historia político-social de la Argentina modificaron las relaciones de la prensa con el poder político de tal forma que la una y la otra establecieron enlaces indisociables. A cada período histórico de la nación le correspondió un determinado modelo de prensa. Los políticos y la práctica periodística formaron parte de un binomio simbiótico; en efecto, muchas de las plumas que forjaron el periodismo nacional fueron también los grandes forjadores del curso de la historia del país. Explica el periodista Osiris Troiani que “en algunas épocas la Argentina fue gobernada por periodistas: Moreno, Dorrego, Mitre, Sarmiento y otros como Alberdi y Hernández han plasmado buena parte de la fisonomía espiritual del país”20. En el mismo sentido que Troiani, Domingo Faustino Sarmiento, prócer en lo político y lo periodístico de la Argentina, le otorgaba a la prensa un carácter político inminente equiparándolo con el poder de cualquier político singular: “El sistema constitucional ha dado por la elección directa o indirecta expresión a la voluntad o a la inteligencia de la mayoría de los asociados. Hay diputados por cada departamento, 19 20

Ulanovsky, Carlos. Paren las rotativas I (1920-1969). Bs As: Emecé, 2005 p 13-14 Ídem

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municipalidades elegidas por cada localidad; presidente nombrado por toda la república. Hay empero otro funcionario que nadie ha elegido, que el mismo se elige, y que con una prensa que toma bajo su dirección por vocación política y por industria, legisla, gobierna, juzga, dirige, embaraza o echa por tierra los trabajos de los funcionarios elegidos. El diario domina la opinión pública, la extravía o la conduce a su antojo, según sus preocupaciones o sus intereses, rompe el mandato de los electos del pueblo, hace su vuelco en la opinión dominante y cambia la situación de los negocios públicos. […] En vano el pueblo elige un presidente, cámaras, jueces, municipalidades. Un editor de diario puede elegir un redactor, que habla diariamente con la nación, la subleva contra ese presidente que no habla; desmoraliza todos los poderes, reúne todas las resistencias, ataca todos los puntos débiles, y con maña, habilidad, energía, verdad o mentira, gobierna la nación”21. Desde sus orígenes, la prensa nacional estuvo ligada fuertemente al poder político establecido y a sus órganos de gobierno. La relación entre ambos induce a pensar que los límites entre uno y otro son difíciles de precisar. Ya en 1810 con la fundación de La Gazeta de Buenos Ayres se pensó a ésta como el órgano difusor de la Junta tras la revolución. En tiempos en que la Argentina se había independizado fehacientemente de España, la organización nacional tuvo un fuerte impulso a través de la prensa. En la esfera social, las tensiones entre la capital, el puerto y el interior del país se agudizaron con la aparición de Rosas en Buenos Aires y los caudillos provincianos en el interior del país. La prensa, en la puja entre unitarios y federales, jugó un activo rol en la construcción del imaginario social sobre estos dos bandos políticos. Fue aquí cuando la prensa nacional adquirió un carácter netamente doctrinario e incluso partidario. Por supuesto, el contenido de las publicaciones era eminentemente editorializante; el eje de los escritos estaba basado pura y exclusivamente en captar adeptos, sobre todo de aquellos indecisos. En este contexto político y social surge El Monitor desde 1833 hasta 1834 con el firme objeto de ser un órgano gubernamental, sostén ideológico del gobierno rosista. Aparecen también periódicos cuyos nombres son claras alusiones a Rosas: El Defensor de los Derechos del Pueblo y El Restaurador de las Leyes. Los defensores de la posición unitaria, por su parte, también tuvieron sus ámbitos de expresión, lo que agudizaba las disputas ideológicas y políticas en el plano de la prensa. Tal es así, que Sarmiento, “uno de los más activos antirrosistas y que sería más adelante presidente de la República,

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Sarmiento y el periodismo. La Plata, Universidad Nacional. Escuela de Periodismo, 1962. pp 29-31Las cursivas son mías.

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inició su experiencia periodística en su provincia de origen, San Juan, donde editó, en 1839, El Zonda”22. Incluso luego de la disputa Unitarios-Federales, la prensa no había abandonado su costado interpretativo y editorializante; sí, en efecto, su carácter partidario mas no su propósito “pedagógico”. Con la caída de Rosas, el advenimiento de Urquiza y la elaboración de la Constitución Nacional, la prensa sigue lineamientos políticos encarnados en los valores que representan diferentes figuras políticas, pero no abiertamente como en los años de la Confederación rosista. En 1853 aparecen “La Reforma Pacífica, dirigida por Tomás Calvo, que defendió la unidad entre partidos y la coexistencia pacífica, y La Prensa, que la emprendió contra Sarmiento. […] En 1859, El Comercio del Plata, en el que participaron Nicolás Avellaneda y José María Gutiérrez, se pronunció contra la política de Mitre”23. Por aquél entonces, los diarios más importantes son La Prensa y La Nación, ambos con profundas intenciones políticas, como toda la prensa argentina desde su nacimiento. El primero, fundado por el doctor José Paz y el segundo, de mucha más trascendencia, aún hoy vigente, fundado por Bartolomé Mitre en 1870, dos años después de haber ejercido la presidencia de la nación. Es llamativo el motivo bajo el cual es presentado en sociedad. “La editorial del primer número afirmaba su intención de ser un periódico doctrinal”24. El mismísimo Mitre admitía “La Nación Argentina fue una lucha. La Nación será una propaganda”25. La coyuntura política de la época y los modos de hacer de la prensa tan ligados a la política de manera explícita permitían que las formas de presentación de los diarios sean tan abiertamente tendenciosas, cuestión ésta que en la actualidad merece críticas y es ejemplo de una incorrecta labor periodística. Carlos Pellegrini y Roque Sáenz Peña, en 1885, antes de convertirse en presidentes, tuvieron su paso por la prensa al asumir la dirección de Sudamérica. Joaquín V. González, por su parte, fue editorialista de La Nación antes de convertirse en gobernador de La Rioja. En 1890, a la prensa tradicional y ligada al poder político se le unieron diversas publicaciones humorísticas que vinieron a inquietar la complicidad

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Álvarez, Jesús Timoteo y Martínez Rizza, Ascensión. Historia de la prensa hispanoamericana. Madrid: Mapfre, 1992. p 102. 23 Ídem nota anterior. 24 Álvarez, Jesús Timoteo y Martínez Rizza, Ascensión. Historia de la prensa hispanoamericana. Edición citada. p 155. 25 Citado en Ulanovsky, Carlos. Óp. Cit. p 22

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establecida entre el binomio prensa-gobierno. Leandro N. Alem, prócer del radicalismo y uno de los activos revolucionarios del ’90, afirmaba a mitad de camino entre broma y seriedad que “la revolución la hicieron las armas y las caricaturas”. Embajadores del humor político argentino de fines de siglo XIX fueron publicaciones como El Mosquito, Don Quijote y Caras y Caretas. Sobre inicios del siglo XX, se modifican los modos de concebir la práctica periodística, aparece un nuevo tipo de prensa. La relación política-poder-prensa no se modifica abruptamente pero se evidencia un cambio de paradigma, principalmente debido a la marcada inserción comercial de la prensa. Una vez más el interés económico modifica la estructura de los medios de comunicación. A pesar de ello, las mediaciones entre la política y la prensa siguen vigentes. Es significativa la aparición, por ejemplo, de La Razón en 1905. Es el primer diario argentino que a partir de 1911, a 6 años de su creación, es conducido por un periodista y no por un político26. Otra sorpresa aparece cuando surge Crítica, creado por Natalio Botana en 1913. Con Crítica, la prensa de tipo comercial y soslayadamente partidaria jugaba, por primera vez en la historia, un papel determinante en el ascenso y descenso de un presidente. Se dio el primer caso en la Argentina en que un diario influía de manera tan condicionante en el curso de la historia. Natalio Botana fue, además del fundador del diario Crítica, un político que operaba en las sombras del poder actuando a favor o en contra de diferentes políticos. Un caso ejemplar lo representa la caída de Hipólito Yrigoyen en 1930 con el primer golpe militar de la historia argentina. Agustín P. Justo, uno de los más característicos representantes del conservadurismo de las primeras décadas del siglo XX, fue también uno de los más activos golpistas contrarios a las políticas populistas de Hipólito Yrigoyen durante su segunda presidencia. Además fue uno de los políticos más ligados a los medios de comunicación, accionista del diario Crítica, mantenía excelentes relaciones con Botana, lo que le permitió llegar a grandes masas para difundir sus propósitos. Cuenta el sociólogo argentino Juan José Sebreli: “Las tres primeras veces que Justo, como presidente, se dirigió al país, lo hizo desde las columnas de Crítica, prefiriéndolo a los diarios serios, lo que le valió el repudio tanto de conservadores como de nacionalistas. El propio Botana tenía algo en común con Justo: pertenecía a la clase patricia del Uruguay y en la Argentina comenzó su carrera con la 26

La Razón fue creada un 1° de marzo de 1905 por Emilio B. Morales. Fue vendida al periodista José Cortejarena quien a partir de entonces dirige el diario.

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protección del caudillo conservador Marcelino Ugarte. Curiosamente Crítica, en su primera etapa, 1913-1922, fue un diario conservador, que en vísperas de las elecciones en las que triunfaría Yrigoyen se manifestaba en contra del ‘voto secreto’. Atacaba por igual al radicalismo y al socialismo, a los que oponía el partido conservador, postulando como conductor del mismo la figura de Ugarte”27. El historiador Félix Luna va más allá incluso cuando afirma que “las oficinas de Crítica eran el centro de reunión de los conspiradores”28 en momentos en que se gestaba el golpe militar contra “El Peludo”29 en septiembre de 1930. Tras consumarse la caída del primer presidente radical en su segundo gobierno, y accediendo a la primera dictadura cívico-militar de la Argentina, el diario Crítica fue cerrado por el entonces presidente de facto José Félix Uriburu. En 1932 a propósito de las elecciones y con el diario de Botana nuevamente en la calle, “Crítica hizo campaña –continúa Sebreli- a favor de Justo como presidente. […] Tras la ascensión de Justo al poder […] Crítica se hizo vocero del oficialismo. […] Fue en defensa del gobierno que Botana, tal vez en complicidad con el propio Justo, realizó una de las operaciones de manipulación de masas más audaces: la transformación de la muerte de Gardel en un delirio colectivo que permitiera distraer la atención del asesinato del senador Enzo Bordabehere”30. Lo que demuestran los ejemplos precedentes es que los límites entre la prensa y la práctica periodística, por un lado, y la política y el ejercicio del poder, por el otro, nunca estuvieron separados por completo. La prensa argentina fue, en el siglo XIX, abiertamente opinativa e incluso partidaria. Recién cuando adquirió dotes comerciales y masivas, sobre inicios del siglo XX, empezó a mostrar su faceta “objetiva” y paulatinamente fue dejando de lado su carácter de permanente editorialista. Las barreras que separan a lo político de lo periodístico son imprecisas. En Argentina, a diferencia de los grandes países europeos, el surgimiento de la prensa tuvo un carácter eminentemente político por sobre el comercial. De hecho se dio así en la mayoría de los países y ex colonias del continente americano. Sin embargo, la particularidad de la prensa argentina reside en que su propósito es mucho más revolucionario que en los demás: mientras en Puerto Rico, Perú o Cuba entre 1810 y 27

Sebreli, Juan José. Crítica de las ideas políticas argentinas. 7ed. Bs. As: Sudamericana, 2004 p.56 Luna, Félix, Golpes militares y salidas electorales. Bs. As: Sudamericana, 1983 p.20 29 Sobrenombre peyorativo con el cual se deslegitimaba la figura del presidente Yrigoyen. 30 Sebreli, Juan José. Op. cit. p 57 28

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1825 proliferan las publicaciones periódicas de tipo oficialista, funcionando la prensa como mero emisor de información gubernamental, en Argentina, a partir de 1810 la prensa opera como transmisora de ideas revolucionarias y, posterior a 1816, como difusora de los ideales nacionalistas. En efecto, la prensa adquiere un carácter profundamente activo en la promoción de los acontecimientos emancipatorios y en el establecimiento del ideario nacional. Sobre mediados de siglo XIX, la prensa se dirime en la disputa entre unitarios y federales. El espectro de las publicaciones se encuadraba en uno u otro bando, sin medias tintas. Tras la derrota de Rosas y la conformación de la Constitución Nacional, la prensa adquiere una nueva modalidad; ahora, la finalidad es forjar ideas republicanas y democráticas, el orden y el progreso. La prensa, si bien sigue con un gran impulso partidario y doctrinario, está cada vez menos abiertamente ligada a un personaje en particular, proceso que en parte se da por la incipiente alfabetización donde cada vez más gente es capaz de leer, y los dotes masivos y comerciales producto de ello que hacen una ciudadanía más crítica y atenta a la responsabilidad política de los diarios. A inicios del siglo XX los modos de hacer de la prensa se modifican sin necesidad de invertirse. Las novedades tecnológicas en la imprenta hacen que aumenten las tiradas sumando a esto la gran afluencia de inmigrantes que ven en la prensa una manera de integrarse a ese nuevo órgano social que los cobija. Se abre la era de los partidos políticos modernos con una gran participación en una democracia de tipo restringida hasta la ascensión del radicalismo tras la aprobación de la Ley Sáenz Peña. Es la época en donde nace la radio, un medio de comunicación considerado, por entonces, de vanguardia. La prensa adquiere cada vez más dotes comerciales producto también de la necesidad de expandir su área de influencia. Los políticos ven en ello una oportunidad también de ampliar sus alcances en una sociedad para nada extendida, donde los acontecimientos a uno y otro lado del país no se conocen con inmediatez y donde las acciones del Estado son, a su vez, poco difundidas. Así, el tándem prensa-política ingresa en una nueva etapa. La aparición de Crítica representa todo un paradigma en este nuevo esquema

publicístico,

convirtiéndose

en

un

fuerte

e

influyente

actor

en los

acontecimientos que echan por tierra el gobierno de Yrigoyen y abren paso al primer gobierno cívico-militar. A partir de Crítica la prensa deja de ser lo que fue en todo el siglo XIX, y se convierte en un actor del sistema político sin caer en el partidismo.

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A mediados del siglo XX, aparece en escena un periódico que también, como Crítica en su época, modifica los modos de concebir a los medios de comunicación. El 28 de agosto de 1945 Roberto J. Noble funda en Buenos Aires el diario Clarín. Este diario se suma a los grandes diarios nacionales sobrevivientes del siglo pasado como La Prensa y La Nación. Es, quizás, el más comercial de todos, posee la tirada nacional más grande y es uno de los más leídos de habla hispana. Desde que nació, su relación con la política estuvo atravesada por los diferentes gobiernos militares que rigieron el país. Su responsabilidad política y social traspasa los límites que cualquier otro medio de comunicación se haya impuesto. Clarín ha logrado imponerse como un medio de comunicación de referencia que en sus diferentes aspectos ha pasado, de ser visto como un diario importante a ser considerado todo un paradigma de periodismo nacional, sobre todo luego de la segunda mitad del siglo XX. Su influencia sobre la opinión pública es comparable a la de Crítica en las primeras décadas del siglo, posee un poder económico y político de gran importancia que se refleja en su influencia sobre la formación de la opinión pública. Con ello, se ha convertido en un actor insoslayable de los procesos políticos y sociales de la Argentina contemporánea. Sobre todo es posible atender a esta aserción cuando se analizan sus puntos de vista, vislumbrados a través de sus editoriales, cuando se refiere a diferentes acontecimientos de la vida pública. Un caso paradigmático lo representa la polémica suscitada tras el debate parlamentario sobre la nueva ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el abordaje de Clarín sobre esta situación. Centrar la atención del análisis en un diario de la magnitud de Clarín sobre sus editoriales conlleva la tarea de indagar en los modos de pensar la política y la sociedad del diario y sus modos de insertarse en la sociedad a través de su discurso ideológico. La importancia de los editoriales en diarios de estas características lleva consigo el posicionamiento del diario frente a los diversos acontecimientos públicos que inciden de manera directa e indirecta sobre el curso de la vida de los ciudadanos. Es un género periodístico particular. Ocupa una parte ínfima del diario pero su escritura, su manera de decir de las cosas, sus intereses expuestos y contrapuestos son ítems que hacen ver que un diario no es sólo un diario, que es un actor político, que lo que dice su editorial y su política editorial se verá reflejada en todo el producto, en todo el diario y su contenido.

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1.6 PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS La extensa introducción precedente no pretende constituir el marco teórico, que será desarrollado más adelante, sino establecer algunas perspectivas de análisis que guiarán la lectura de todo el trabajo. Entre ellas: •

Que la prensa nace con un firme propósito comercial y corre paralelo al desarrollo del capitalismo. En palabras de Jürgen Habermas: “…La información periodística profesional obedece, por tanto, a las mismas leyes del mercado, a cuyo surgimiento debe ella su propia existencia”.

•

En consecuencia, es el punto de vista económico lo que determina el punto de vista político y, en efecto, la lógica de la prensa no escapa a esta regla ya que emana, precisamente, de la lógica del mercado.

•

Que la prensa en tanto medio de comunicación, no sólo opera en ese sentido sino también como empresa mediática, como industria periodística y en relación a sus contenidos como industria cultural.

•

Que la prensa es una institución social, y como tal, un actor del sistema político que interviene y actúa en la realidad social. Como expresa Borrat, el medio es, además, un agente de socialización.

•

Que en tanto actor político, un diario muestra su posición ante los acontecimientos de la realidad a través de sus noticias, sus tapas, títulos y por sobre todo, su línea ideológica y política a través de los editoriales que representan tanto la posición del medio como de la empresa.

•

Que la relación del diario con la opinión pública varía de acuerdo a los fines establecidos en relación con la política de turno respecto de sus intereses.

•

Que la prensa en Argentina surge con fines marcadamente políticos, y esta relación nunca ha sido abandonada, sino que por el contrario, ha sido intensificada o menguada de acuerdo a los objetivos de la empresa mediática.

•

Que la relación política-prensa en Argentina es interdependiente y simbiótica. Muchos de los grandes políticos del país fueron periodistas y viceversa; y que los periodistas aún hoy ocupan roles políticos claros a pesar de no ser políticos en el sentido expreso de la palabra.

•

Que un medio de comunicación con gran poder económico y político consolidado puede influir de manera condicionante los modos de pensar de

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la opinión pública, tal como se analizó con Crítica y como se abordará con Clarín.

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2. LEYES

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2.1 LAS PRIMERAS “LEYES DE MEDIOS” “Las leyes de la comunicación son las leyes de la cultura” Umberto Eco

Las legislaciones sobre medios de comunicación en la historia de la argentina tienen precedentes que anteceden a la conformación de la nación resultante de la revolución de mayo y los procesos independentistas de 1816. Las primeras regulaciones versan sobre la actividad de la imprenta y la difusión de la prensa, heredadas en principio de los decretos promovidos por las Cortes de Cádiz, como la libertad de imprenta aprobada el 10 de noviembre de 1810. En el periodo colonial, tanto la instalación de la imprenta como la apertura de diarios y periódicos, necesitaban del permiso especial de la autoridad representante de la corona; el Virrey. Este permiso fue solicitado por el español Francisco Antonio Cabello y Mesa en 1800 ante el Virrey Marqués de Avilés, para abrir el periódico El Telégrafo Mercantil, considerado el primer periódico argentino y su fundador el primer periodista del Rio de la Plata31. Una vez desatados los procesos independentistas, las calles del naciente país vieron circular nuevos periódicos con la explicita intención de dotar a la masa lectora de un sentido colectivo e inclusivo en el proyecto nacional. En paralelo, fueron surgiendo decretos tendientes a cohesionar la práctica periodística con un marco jurídico específico. El 20 de abril de 1811 la Junta de Gobierno, presidida por Cornelio Saavedra, dictó el primer reglamento sobre libertad de imprenta que establece la libertad de “escribir, 31

C. Galvan Moreno. El periodismo argentino. Bs. As: Claridad, 1942 p.28-30

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imprimir y publicar ideas sin necesidad de licencia o autorización alguna”. Con ello también se abolieron los tribunales de censura. Esta reglamentación constituye el primer antecedente normativo, en la historia del país, sobre la libertad de expresión y prensa que luego admitiría el texto de la Constitución de 1853. El artículo 14 señala que los habitantes de la nación gozan del derecho “de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa” mientras que el artículo 32, establece que “el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta…”. De las sucesivas reformas constitucionales estos dos artículos jamás fueron modificados, suprimidos o corregidos. Sin embargo, desde 1811 hasta la Batalla de Caseros en 1852 que da por tierra la Confederación Rosista e inicia el proceso constitucional de la Argentina, la ley de imprenta sufrió diversas modificaciones de acuerdo a los intereses de los gobiernos que se sucedieron en el poder y los avatares políticos a los cuales se vio sometida la nación. Iniciado el orden constitucional, en 1852 se decreta la reapertura de todas las imprentas clausuradas bajo el gobierno de Rosas. Recién dos décadas después el orden de las legislaciones toma en cuenta algún medio de comunicación que no sea sólo la prensa. En 1875 se sanciona la Ley de Telégrafos Nacionales32 durante la presidencia de Nicolás Avellaneda. A partir de allí se inicia el camino de las discusiones parlamentarias que devinieron en leyes que regularon el campo de la comunicación y el espectro radioeléctrico. No obstante, para el nacimiento de un marco regulatorio que contemple específicamente a los nuevos medios de comunicación masivos como la radio o la televisión, tendrán que pasar las tres primeras décadas del siglo XX ya que, hasta entonces, las regulaciones en comunicación estuvieron ligadas al telégrafo y el correo, tarifas postales o las primeras construcciones de redes de comunicación telefónicas. En 1933, durante la primera dictadura militar de la Argentina, es sancionado el decreto 21.044 bajo la presidencia del Gral. Agustín P. Justo. Se trata del Reglamento de Radiocomunicaciones, una “primitiva” ley de medios. Quizás el primer decreto tendiente a establecer una intervención sobre los medios de comunicación en relación a la transmisión de información sea el decreto 101.394 del año 1941, que “autoriza a Transradio Internacional Cía. Argentina de Telecomunicaciones S.A., para realizar [el] servicio de transmisión de partes noticiosos a múltiples destinos, 32

Se trata de la Ley 750 sancionada el 30 de septiembre de 1875 y promulgada el 6 de octubre del mismo año. Al respecto véase: Historia Legislativa de la Radiodifusión de la República Argentina (1875-2002) – Base de Datos. Por Rodolfo Morone y Sergio Arribá. Disponible en: www.catedras.fsoc.uba.ar/mastrini/investigaciones/historia_legislativa_actualizada.doc

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mediante estaciones radioeléctricas”33. Ocurrió bajo la presidencia de Roberto M. Ortiz, que se extendió desde 1938 hasta 1942, año en que por problemas de salud se vio obligado a dejar el cargo en manos de su vicepresidente Ramón Castillo que, a su vez, tuvo un breve paso por la presidencia debido a un nuevo golpe de Estado consumado el 4 de junio de 1943. El frágil orden constitucional de la nación se veía violentado una vez más. La presidencia fue ejercida por el Gral. Pedro P. Ramírez, que ocupaba el cargo de Ministro de Guerra bajo el gobierno de Castillo. Tenía lugar la segunda dictadura militar de la Argentina. En este período, la naturaleza de las disposiciones legales que intervinieron el sector de los medios de comunicación, no estuvieron asentadas sobre discusiones parlamentarias sino bajo decretos con la firma del presidente de facto, una tradición ampliamente difundida a lo largo de todo el siglo XX. Por entonces, la radio era un medio en profundo desarrollo y muchas de las instalaciones radiales no contaban con licencias permanentes para su funcionamiento ya que no atendían a criterios claros y precisos. En este contexto, el decreto 584 del año 1943 “dispone que se proceda al estudio de los antecedentes de los permisos precarios otorgados para la explotación de los servicios de radiodifusión”34 que constituye una de las primeras medidas destinadas a organizar el espectro radioeléctrico. Un año más tarde, el decreto N° 8523 fija la provisión de un suministro de información nacional e internacional a las estaciones de radiodifusión de todo el país como parte de la propuesta de la Agencia Noticiosa Argentina. También en 1944, bajo el decreto 7618 es creado el Estatuto Profesional del Periodista. Hasta aquí, la presencia de organismos que regulen y controlen el sector, con autonomía de las esferas políticas que gobiernan la nación, es inexistente. La mayoría de las decisiones referidas a regular la comunicación son tomadas por el PEN u oficinas organizadas en torno a él.

El decreto 21.418, por ejemplo, deja en manos de la

Subsecretaría de Informaciones, Prensa y Propaganda la supervisión y el control de los servicios de radiodifusión; tareas que más tarde serían desempeñadas por entidades como el ex - COMFER o el actual AFSCA. El arbitrario manejo que la dictadura se permitía sobre los medios de comunicación se evidencia en el cierre definitivo de diarios y

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Ibíd. Ibíd. A partir de ahora, todas las citas sobre las leyes que no se encuentren con nota al pie de página, corresponden a Historia Legislativa…citada en la nota 32.

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talleres de impresión de folletos, libros y prensa35 entre 1944 y 1945. 1945 es un año clave tanto en términos políticos como en términos de innovaciones mediáticas. Políticamente, nace el Peronismo. Y en materia de medios, se da lugar a las primeras pruebas sobre tecnología de punta: el decreto 12.909 habilita la creación de una licencia para la instalación y funcionamiento de una estación experimental de televisión. Perón llegó a ocupar cargos en la Secretaría de Trabajo y Previsión, el Ministerio de Guerra y la Vicepresidencia de la dictadura que tomó el poder en 1943. A partir de allí organizó a la clase trabajadora sin tradición sindical, “les hizo estatutos, les organizó las asambleas, les proveyó de locales, les facilitó en toda forma la posibilidad del reconocimiento y creó así un movimiento en que lealtades hasta entonces vacantes se concentraron en su figura”36. El 17 de Octubre, quedaría demostrado que Perón contaba con una amplia base social que le permitiría encarar las elecciones de 1946 para disputar la presidencia. Una vez en el poder, creó, en primer lugar, la “Coordinación de Informaciones de la Presidencia de la Nación”37 y, en segundo lugar, en diciembre de 1946 bajo la Ley 12.908 creó un nuevo Estatuto del Periodista Profesional reemplazante del anterior, creado tan sólo dos años antes. Durante la década del 40, veinte años después de su nacimiento en Argentina, la radio se encontraba en pleno apogeo y era el medio de comunicación de vanguardia.38 Consciente de ello, el gobierno peronista adoptó, en 1947, la iniciativa de estatizar todas las estaciones de radiodifusión del país. Las radios pasan a ser, así, propiedad del Estado; “cadenas informativas que cubren el territorio nacional y comienzan a depender informativa y administrativamente de la Subsecretaría de Prensa y Difusión del gobierno de la revolución que lideran Perón y Evita.”39

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Entre los diarios cerrados en este período se encuentran: Momento Argentino, Argentina Libre e Il Repubblicano. 36 Luna, Félix. Historia de los argentinos. Bs As: Planeta, 1994. Tomo II p 334 37 Decreto N° 337 con fecha 13 de junio de 1946 y publicada el 17 de julio del mismo año. 38 La noche del 27 de agosto de 1920, sobre el techo del Teatro Coliseo se dio lugar a la primera transmisión radial en la historia del país con la reproducción de la obra Parsifal de Richard Wagner, en manos de Enrique T. Susini, un pionero de la radiofonía mundial. 39

García, Martín. “El peronismo y su relación con los medios de comunicación” en Revista Peronistas p.150 Disponible en: http://www.cepag.com.ar/pdf/peronistas_5/garcia.pdf

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En 1951, meses antes del inicio del segundo ciclo presidencial del peronismo, se produce un suceso de trascendental importancia en la historia de los medios de comunicación masiva en la Argentina: el 17 de octubre con motivo de conmemorarse el sexto aniversario del Día de la Lealtad Peronista se realiza la primera transmisión televisiva en un multitudinario acto en que Evita habla a las masas concentradas en Plaza de Mayo. Queda inaugurado así Canal 7, llamado por aquel entonces LR3 Radio Belgrano TV. Desde 1952 hasta la interrupción ilegítima de su gobierno, Perón fue partícipe de nuevas normativas sobre medios de comunicación social. La más importante sin duda fue la sanción de la primera ley de Radiodifusión en la historia del país. “La irrupción de la televisión lleva al Poder Ejecutivo Nacional a proponer una nueva ley para regular jurídicamente la radio y a la TV. La Ley de Radiodifusión N° 14.241 se dicta en el Congreso de la Nación en 1953, y es la primera […] ley de radiodifusión promulgada por un gobierno constitucional que organiza legalmente los servicios.”40 A partir del año ’53 la eficaz política del peronismo fue decreciendo y el contexto económico y social de los años 1946-1949 no fue el mismo en lo sucesivo. Creció la inflación y, en ocasiones, hubo desabastecimiento. Las diferencias entre adeptos y opositores al régimen peronista exponían claros casos de violencia social. Entre los grupos sociales significativos de la oposición se encontraba la fuerte presencia de la Iglesia Católica y el levantamiento de algunos sectores militares. Un 16 de junio de 1955 aviones de la Marina bombardearon Plaza de Mayo con el fin de derrocar a Perón. La acción se sumaba al anterior intento golpista contra el gobierno peronista ocurrido un 28 de septiembre de 1951. Meses después del bombardeo de Plaza de Mayo que dejó un saldo de más de 300 muertos, Perón caía derrocado y obligado al exilio que lo mantuvo fuera del país por 18 años. El 16 de septiembre de 1955 derrocado Perón, comienza la etapa pos-peronista en manos de una nueva dictadura militar, autodenominada Revolución Libertadora. El 23 de septiembre del ’55 el jefe del golpe, el Gral. Eduardo Lonardi se hizo cargo del Poder Ejecutivo. Una característica que identifica a la nueva dictadura militar es la adopción de medidas diametralmente contrarias a las implementadas desde 1946 por el peronismo. El gobierno de facto le cedió derechos a los opositores a Perón, declinó la reforma 40

Ibíd. Martín García. Óp. Cit. p. 152

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constitucional del ’49 y se alineó a los principales organismos internacionales que eran aborrecidos por el peronismo. Claro está, la política de medios de comunicación de la dictadura no fue ajena a estos lineamientos. Si durante el peronismo la participación de opositores en las radios era escasa porque éstas pertenecían al Estado y eran manejadas por la Secretaría de Informaciones de la Presidencia, la dictadura antiperonista sentó las bases para que las redes privadas de radiodifusión pudieran explotar sus servicios.41

Muchas de las leyes y decretos

sancionados por el gobierno peronista sobre medios de comunicación fueron luego derogadas por la Libertadora. Tal es el caso de la Ley 14.021 que en 1951 disponía la expropiación de los bienes de la sociedad colectiva “La Prensa”, derogada en noviembre de 1955 bajo el Decreto-Ley N° 4.360. A pesar de los cambios en el gobierno de la Revolución Libertadora nada provocó que se tomen diferentes rumbos en la política comunicacional de la dictadura. Lonardi se mantuvo al frente del ejecutivo durante 51 días. Fue sucedido por el Gral. Pedro Eugenio Aramburu secundado, a su vez, por el Almirante Isaac Rojas. A dos años del golpe, “el 25 de noviembre de 1957 nace la TV privada por el Decreto 15.460 del gobierno contrarrevolucionario. En abril de 1958, tres días antes de entregar el gobierno, Pedro Eugenio Aramburu firma un decreto mediante el cual se adjudican las primeras licencias para establecer canales de televisión privados. Se pone en el aire el Canal 9 (CADETE), con el aporte financiero de la cadena norteamericana NBC, vinculada con la productora de cine Emelco-Lowe”42. La dictadura antiperonista no sólo consintió el ingreso de empresas privadas en la explotación de los servicios de comunicación audiovisual sino que permitió que éstas contaran con el apoyo de cadenas de televisión extranjeras. En 1958 la Revolución Libertadora llegaba a su fin. El trípode Lonardi-RojasAramburu había logrado depurar las instituciones peronistas, prohibido el uso de símbolos, insignias y valores culturales del justicialismo e infundió a su régimen la idea de libertad frente a las proscripciones del peronismo. Cometió violentos y gravísimos excesos como los fusilamientos de José León Suárez, luego investigados por el periodista Rodolfo Walsh y plasmados en su libro “Operación Masacre”. La dictadura “libertadora” culminaba su ciclo y en febrero de 1958 se celebraron elecciones presidenciales en las cuales resultó electo el radical Arturo Frondizi. 41 42

Así lo permite el Decreto N° 686 en 1955. Ibíd. nota 41. Martín García. “El peronismo y su relación con los medios de comunicación” p. 153

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Por esos años, los acontecimientos más importantes en materia de comunicación estuvieron vinculados a la televisión. El 1 de octubre de 1960 iniciaron las transmisiones de Canal 13 con el respaldo de la CBS y el 21 de julio de 1961 aparece en escena Canal 11 con el apoyo de la ABC, también norteamericana. La gestión de Frondizi (1958-1962) no modificó la estructura mediática heredada de la saliente dictadura y no se sancionaron leyes o decretos tendientes a modificarla en los años sucesivos. No obstante, otros asuntos políticos preocupaban a las cúpulas militares que fiscalizaban cada acción del nuevo gobierno. Entre ellas, que Frondizi haya accedido al poder tras un pacto con Perón, quien desde el exilio digitaba la acción de sus adeptos43, las leyes de amnistía y la devolución de la CGT a una comisión intersindical con mayoría de peronistas que sugería la integración legal del peronismo a la vida política del país. Por si fuera poco, el 18 de agosto de 1961, Frondizi mantuvo una reunión secreta con Ernesto “Che” Guevara que a los militares perturbó sobremanera. El 29 de marzo de 1962, Frondizi fue destituido y recluido en la prisión de la Isla Martín García. Ante tal coyuntura, el senador José María Guido, vicepresidente primero del Senado, se hizo cargo del poder ejecutivo hasta 1963 cuando una nueva elección llevó a la presidencia a Arturo Illia. El paso de Illia por el poder ejecutivo (1963-1966) pareció más efímero de lo que fue, no por los años en el poder sino por la mesura que aplicaba a cada decisión de gobierno que le valió el epíteto peyorativo de “tortuga”. La medida que cabe destacarse en materia de comunicación en este gobierno radical está relacionada con la reglamentación de la ley que permitió la privatización de la televisión; la ley 15.46044 sancionada por la dictadura de 195545. Illia, a diferencia de Frondizi, no gobernó tan condicionado por los militares sino por una diversidad de sectores y grupos sociales, entre ellos “empresarios y obreros, estancieros e industriales, liberales y nacionalistas, peronistas y antiperonistas, sindicalistas de las dos alas de la CGT, organizaciones como la Sociedad Rural, la Unión Industrial y la Cámara Argentina Comercio”46. Estas relaciones conflictivas debilitaron la autoridad del gobierno y guiaron la tendencia en considerar inmóvil al gobierno en la resolución de los conflictos sociales. Las fuerzas armadas se hicieron eco de ello; 43

Los peronistas -proscriptos como partido- votaron por Frondizi por orden de Perón. Este decreto-ley permitió la creación de la Comisión Nacional de Radio y Televisión (C.O.N.A.R.T.) primer antecesor del sucesivo COMFER y el actual AFSCA. 45 Se trata del decreto 5490 fechado el 12 de julio de 1965 y publicado en el Boletín Oficial 4 días después. 46 Sebreli, Juan José. Crítica de las ideas políticas argentinas. 7ed. Bs. As: Sudamericana, 2004 p 311 44

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consideraban que con Illia existía un “vacío de poder” en el gobierno nacional. El 28 de junio de 1966 la experiencia radical de mediados de siglo XX llegaba a su fin tras un nuevo golpe en manos de los militares. De

nuevo,

otra

“revolución”

militar

interrumpía

un

gobierno

electo

democráticamente. Esta vez era el turno de la Revolución Argentina, encabezada por el Gral. Juan Carlos Onganía que, a diferencia de las precedentes, no se fijó a sí misma plazos de gobierno. La estructura mediática no sufrió cambios radicales. La televisión estaba en manos privadas, los disidentes a la dictadura no tenían lugar en las radios o espacios en la prensa, el peronismo continuaba proscripto y el marco jurídico era el heredado de los cambios introducidos por la Revolución Libertadora. En 1967, a un año de establecido el nuevo régimen, se asienta la ley de facto 17.282 que modifica el art. N° 14 y sustituye el ar t. N° 17 y 18 del Decreto-Ley N° 15.460/5747 sancionada por la Libertadora. La ley establece la modificación al régimen de los servicios de radiodifusión y televisión en la adjudicación de licencias. Tres años más tarde, el 8 de Junio de 1970, la conducción de Onganía llega a su fin. “El Cordobazo de 1969, las movilizaciones insurreccionales en todo el país, el descontento del sector agropecuario con la política de modernización industrialista y el nacimiento de la guerrilla, acaban con Onganía”48. La conducción política del país queda en manos del Gral. Roberto M. Levingston luego sucedido por el Jefe del Ejército Alejandro Lanusse desde marzo de 1971 hasta mayo del ‘73. En 1972, Lanusse sanciona la Ley Nacional de Telecomunicaciones49 que además de versar sobre temas como telegrafía, telefonía o radiocomunicaciones, también aborda la Radiodifusión, la actividad de los Radioaficionados; y crea el Comité Federal de Radiodifusión, que en lo sucesivo será la autoridad de aplicación en lo concerniente a las actividades de radiodifusión. A su vez, ya en 1973, mediante el Decreto-Ley 20.180 se deroga el inciso “a” del artículo 80 de la ley 19.798 lo que posibilita, nuevamente, la privatización de las emisoras estatales. El 25 de mayo de 1973 llega a su fin la Revolución Argentina en el contexto de la guerra fría y la lucha contra la subversión armada que en Argentina empezaba a hacer

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Es la ley que permitió la instalación de redes privadas de televisión. Verbitsky, Horacio. Medio siglo de proclamas militares. Bs As: La Página, 2006 p 111 49 Se trata de la Ley 19.798 48

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estragos. Inspiradas por la revolución cubana, el surgimiento de guerrillas urbanas y campesinas empezaron a delinear un fenómeno político social que culminaría en las páginas más sangrientas de la historia argentina. En esta coyuntura, la dictadura incorporó la Doctrina de la Seguridad Nacional difundida por la Escuela de las Américas de los Estados Unidos en la búsqueda de la erradicación de las ideologías cercanas al comunismo a los fines de garantizar el orden interno y evitar una escalada de revoluciones en Latinoamérica. Ya en 1971 el régimen preparó la salida electoral que le permitiría retirarse del esquema político con el “honor” de no haber sido desplazados por la movilización popular. El gobierno militar propuso entonces el Gran Acuerdo Nacional que establecía el llamado a elecciones50, la restitución de los partidos políticos y la provisión de fondos para que éstos pudieran desarrollar sus actividades de agitación en campaña. Las elecciones finalmente se produjeron el 11 de marzo de 1973 resultando electa la fórmula Cámpora-Solano Lima bajo el lema “Cámpora al gobierno, Perón al poder”. Cámpora ejerció su mandato durante tan sólo 51 días y fue sucedido por el presidente de la Cámara de Diputados Rául Alberto Lastiri. La composición social del peronismo depuesto y proscripto en la década del 50 había mutado considerablemente en gran parte debido a la radicalización de las agrupaciones peronistas en la conformación de las guerrillas y su objetivo político de la instauración de una “patria socialista” en reemplazo de la “patria peronista”. A su vez, el panorama mediático era radicalmente diferente del legado por el gobierno peronista interrumpido por la dictadura del ‘55. En 1972, Lanusse dispuso la derogación del decreto 5490/65 de forma parcial a través del Decreto 6708/72, el cual establecía que las licencias otorgadas para la explotación de espacios televisivos, de una duración de 15 años, cobraban valor desde el momento en que fueran otorgadas y no desde el momento en que iniciaran efectivamente sus transmisiones51, ante lo cual, caducaban en 197352. En lo concreto, esto implicaba que el nuevo gobierno debía disponer qué hacer con las mismas. El decreto fue considerado como una concesión de la saliente dictadura a los partidos que participarían en los comicios presidenciales aunque, por otra parte, era una clara muestra de que los militares evitaban adoptar una decisión de tanta complejidad.

50

Sin Perón exiliado y todavía proscripto. Las licencias habían sido otorgadas en 1958 por la dictadura antiperonista de Aramburu. 52 Las licencias de los canales 9, 11, 13, 7 y 8 caducaban el 28 de abril de 1973. 51

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Quedaba en manos de Lastiri, entonces, decidir qué hacer con las licencias caducas. El dilema consistía en “volver a adjudicarlas a empresarios privados comerciales o por el contrario, constituir un servicio público de radiodifusión dejando esas emisoras y las que a futuro fueran caducando sus licencias en la órbita estatal”53. Ante ello, el gobierno peronista adoptó dos medidas. A través del decreto 1761/73 estableció la caducidad de las licencias de las canales 9,11 y 13 de la Ciudad de Buenos Aires, canal 7 de Mendoza y canal 8 de Mar del Plata. Por otra parte, “dispuso la intervención de esos canales de televisión designando para tal fin a Omar Gómez Sánchez en Canal 9, a Jorge Conti en Canal 11 y a Pablo Rodríguez de la Torre en Canal 13, de manera tal que se hicieran cargo de los “equipos técnicos, bienes inmuebles y la planta transmisora asegurando la continuidad de los servicios”. No obstante, dos días después y ante la “intranquilidad” expresada por la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA), se cambió la figura del “Interventor” por la de “Delegados Veedores” y se extendió por ciento ochenta días la administración de las licencias por parte de los empresarios privados. Por otra parte, a través del Decreto 1764/73 se derogó parcialmente el Decreto-Ley 20180 de febrero de 1973, a través del cual se convocaba a re privatizar las 34 emisoras de radio que estaban en manos del Estado y al Canal 7”54. 1973 fue un año clave en materia de cambios político-sociales no sólo por la vuelta a la democracia tras una seguidilla de golpes de estado sino por la reinserción del peronismo en la vida política legal de la Argentina, dando por terminado un ciclo de 18 años de proscripción. “Cámpora al gobierno, Perón al poder” fue la consigna que identificaba al gobierno electo tras la dictadura del 66-73, que enarbolaba el proyecto del retorno de Perón al país y su posibilidad de conquistar la presidencia una vez más. Quedaba claro, entonces, que el paso presidencial de Cámpora, durante 51 días en ejercicio de la presidencia, y de Lastiri, durante casi tres meses, constituía un gobierno de transición para celebrar la segunda jornada eleccionaria del año, esta vez con la presencia de Perón como candidato. El 20 de junio de 1973 Perón retorna al país y se presenta a elecciones junto a su tercera esposa María Estela “Isabel” Martínez. La fórmula Perón-Perón resultó electa con el 62% de los votos el 23 de septiembre de 1973, asumiendo el poder el 12 de octubre.

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Bulla, Gustavo. La Comunicación en tiempos de radicalización política: peronismo y televisión (1973/1976) p 2 y 3. Disponible en: http://catedras.fsoc.uba.ar/gpost/material/003.doc 54 Ibíd. p3

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Una vez instalado en el poder Perón no tomó ninguna medida fundamental concerniente a los medios de comunicación cuando se abría una posibilidad inédita, en democracia, de reordenar el campo de las producciones audiovisuales: las licencias de televisión. “(…) ya con Perón en el Gobierno, los permisionarios volvieron a recibir una prórroga desde abril hasta la finalización de junio de 1974. Durante ese período se intensificaron los debates sobre qué hacer con los canales de TV y se fue consolidando la idea al interior de las organizaciones sindicales de los trabajadores de los medios de comunicación de que había que ir hacia algún formato de servicio público de radiodifusión. Esta decisión implicaba no sólo la estatización de la explotación de las frecuencias, sino también la nacionalización de la producción de los contenidos. (…) A fines de mayo Perón convocó a los sindicatos a una reunión para analizar la situación de los canales concesionados, allí el viejo líder habría sostenido argumentos contradictorios respecto del camino a seguir. Por una lado habría transmitido una impresión muy elogiosa respecto de las bondades del servicio público europeo con el cual había tomado contacto en su largo exilio y por el otro lado habría relativizado la importancia respecto de que el Estado se hiciera cargo de los canales de TV”55. El inmovilismo de Perón respecto de una decisión contundente que modificara la explotación de los servicios audiovisuales tuvo corto plazo. El 1° de Julio de 1974 el país se desayunaba con la increíble noticia de su muerte. En semejante coyuntura, el vacío de poder era notable. La guerrilla continuaba implacable, la “pacificación nacional” que anheló Perón no pudo concretarse y las contradicciones entre la ortodoxia peronista y la juventud maravillosa se hicieron cada vez más evidentes. La incertidumbre ante la investidura de Isabel Perón en el poder debido a su escasa o nula trayectoria política hacía pensar que el suyo sería un gobierno de concertación: “Asumo constitucionalmente la primera magistratura, para que me ayuden a conducir los destinos de la patria hacia la meta feliz que Perón soñó para todos los argentinos”56, exclamó. En efecto, Ricardo Balbín al frente de la UCR se mostraba dispuesto a colaborar con este gobierno. Sin embargo, la presencia de López Rega tan cercano a la presidente, inquietaba al arco opositor que percibía que el país necesitaba de soluciones inmediatas57. Los radicales finalmente terminaron alejándose del gobierno tras 55

Ibíd. p 4 Citado en Sáenz Quesada, María. Isabel Perón. Bs As: Planeta, 2003 p11. Las cursivas me pertenecen. 57 “La presidente disfrutaba en esas primeras semanas de la solidaridad de la clase política, expresada en la consigna ‘Todos junto a Isabel’. Por debajo de dicha consigna estaba la intención de los distintos grupos de aprovechar su inexperiencia para ocupar espacios de poder. Por su parte, la JP había condicionado su apoyo a que desplazara a López Rega y al vandorismo”. Óp. Cit. p 168 56

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los manejos de los interventores en los canales de televisión y sobre todo cuando el 22 de julio esos mismos canales (9 y 11) fueron tomados violentamente por patotas sindicales. De hecho, los radicales se oponían a los proyectos para estatizar la televisión. En este contexto, la presidente adoptó sus primeras y únicas dos medidas referentes a la regulación de los medios de comunicación. El 31 de julio, a 30 días del fallecimiento de Perón, firmó el Decreto 340 “que amplía las facultades de los interventores extendiéndolas, incluso, sobre las productoras que abastecían sus pantallas. El 1º de agosto, la TV pasa totalmente a manos estatales, sus licenciatarios son eyectados y sus líneas

gerenciales

desmembradas

en

pocas

semanas.

“La ley de expropiación tardaría más de un año en salir del Congreso (18/7/75), pero en realidad se trata de una confiscación lisa y llana, puesto que el gobierno no tiene voluntad de resarcir nada”58. La segunda medida adoptada por Isabel Perón fue la ley 20.966, sancionada en junio de 1975, que expropiaba las productoras de contenidos de los canales cuyas licencias ya estaban en manos del estado. Lo que siguió fue una fuerte censura y la penetración de allegados59 a López Rega en los medios de comunicación. De hecho, ya desde 1974 regía la ley 20.840 “que, en nombre de la seguridad nacional, imponía prisión de dos a seis años a quien ‘divulgara, propaganadizara o difundiera noticias que alteren o supriman el orden institucional y la paz social de la Nación’. Todo daba miedo, y los periodistas y el periodismo no sabían que estaban parados en la boca de un volcán. Todos, de un modo u otro, sufrieron la censura y su prima hermana, la autocensura”60. El marco para que se desarrollara un periodismo independiente brillaba por su ausencia. En efecto, proliferaron las publicaciones partidistas o abiertamente defensoras de diferentes modelos políticos. La guerrilla, en general, contaba con sus propias publicaciones al igual que las corrientes que de una u otra forma buscaron posicionarse dentro del gobierno del difunto Perón. Sin embargo, todo empeoraría para el periodismo y la sociedad en general con la llegada de un nuevo golpe militar en 1976. El gobierno de Isabel Perón llegaba a su ocaso producto de la intensificación de la violencia política no sólo en manos de la guerrilla sino también del accionar de la Triple A. A ello se le sumaba el desorden económico, la censura a la prensa, el asesinato de

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La Nación, 29 de abril de 2012. “Una historia que vuelve a empezar” por Pablo Sirven. En:http://www.lanacion.com.ar/1468995-una-historia-que-vuelve-a-empezar 59 No sólo fueron personas fieles al lopezrreguismo sino miembros de la organización paramilitar Triple A creada y comandada por el mismo López Rega, secretario privado de Perón y de su tercera esposa. 60 Ulanovsky, Carlos. Paren las rotativas 1970-2000. Bs As: Emecé, 2005 p 63.

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periodistas61, la clausura de periódicos62, los secuestros extorsivos, el descontento de la clase trabajadora por la caída del salario, la inflación, los múltiples cambios en el Ministerio de Economía, la devaluación de la moneda, el aumento de los combustibles, de la energía, del transporte, las leyes antisubversivas, las toma de fábricas y la represión a la protesta social. El 24 de marzo de 1976 una Junta Militar integrada por la Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército, depuso el gobierno de Isabel Perón sin resistencia alguna con el objetivo de eliminar la subversión y recomponer la economía. Se autodenominó “Proceso de Reorganización Nacional” y estuvo presidida, en primera instancia, por Jorge Rafael Videla. La dictadura utilizó de manera sistemática la represión, que fue mucho más intensa que en las dictaduras y gobiernos precedentes. También sistemática fue la censura y la persecución a la prensa libre. La junta militar consciente del grado de politización de la sociedad y de la convulsión social producto del accionar de la guerrilla, adoptó medidas respecto a los medios de comunicación con la finalidad de elaborar un discurso propagandístico que le permitiera soslayar las acciones subversivas y, a su vez, exaltar el accionar del nuevo gobierno. Para ello, a meses de tomar el poder, mediante el decreto 1632 creó la Secretaría de Información Pública63 cuya labor consistía en seguir y controlar el contenido de las publicaciones: qué informaban, cómo, con qué fines, etc. Constituía una fuerte herramienta para garantizar que nada de lo que se publique sea contraproducente a la política de la dictadura. En conjunto con ello, se elaboró el decreto 21.264 que establecía la Pena de Muerte y la creación de Consejos de Guerra en todo el territorio nacional. En el primer artículo del decreto se lee: “El que públicamente por cualquier medio, incitare a la violencia colectiva y/o alterare el orden público, será reprimido por sola incitación, con reclusión hasta diez años". La arbitrariedad con la que se desempeñaban las autoridades imperantes hacía que cualquier línea publicada pudiera considerarse como subversiva o incitadora de actos violentos. Lo cual conllevaba en sí 61

Entre los periodistas asesinados durante el tercer gobierno peronista antes de la llegada de la dictadura se encuentran: David Kraiselburd, Pedro Leopoldo Barraza, Jorge Money, Alejandro Martín Almeyda, Guillermo José Espinosa, Nebio Ariel Melo Cuesta, José Domingo Colombo, Julio César Fumarola y Rodolfo Ortega Peña. 62 Los diarios Crónica, El Mundo, Noticias, La Calle, Respuesta Popular, El descamisado, Militancia y Primicia fueron cerrados por disposición del Poder Ejecutivo. Misma suerte corrieron las revistas de humor Satiricón y Chaupinela. 63 Para una referencia de las diferentes denominaciones que adquirió la Secretaría de Información Pública desde su creación en 1943 véase: http://www.humanrightsarchives.org/secretaria-de-medios-decomunicacion-presidencia-de-la-nacion;isaar

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mismo la carga de la autocensura por parte de los trabajadores de prensa. Asimismo, el decreto 21.272 establecía penas de prisión de hasta diez años a quienes injuriaran “a personal militar, fuerzas de seguridad, policiales y/o penitenciarias”. Durante la dictadura, las decisiones en torno a los medios de comunicación y el ejercicio del periodismo fueron, al mismo tiempo, decisiones en torno a la censura y el control. Cuenta Carlos Ulanovsky: “Durante el día inicial de la larga dictadura militar, los editores y directores de diarios y revistas fueron informados por los militares acerca de qué era lo que se esperaba de ellos en la nueva etapa. Durante un lapso que algunos recuerdan como de no más de 48 horas y otros como de dos semanas, los responsables de publicaciones escritas debían acercar cada página a una oficina ubicada en la Casa de Gobierno para que personal de inteligencia -según algunos- u oficiales de la Marina -según otros- les autorizaran la publicación. El comunicado 19 de la Junta Militar era muy claro ‘Será reprimido con reclusión de hasta diez años el que por cualquier medio difundiere, divulgare o propagare comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas, de seguridad o policiales’”64. Mientras la persecución a cualquier línea de tinta publicada en la prensa gráfica era llevada a cabo por oficinas dependientes de servicios de inteligencia del ejército, miles de personas desaparecían, eran torturadas y recluidas en centros de detención clandestina. Lo que sucedió con la televisión fue diferente a la prensa gráfica. El gobierno militar “heredó” los medios de comunicación audiovisuales tras el interregno peronista, con lo cual no era necesaria la sigilosa mirada sobre sus contenidos ya que los interventores fueron cambiados y los canales de televisión repartidos entre las tres fuerzas: “canal 7 (denominado ATC a partir de 1978) permaneció bajo la órbita de la Presidencia de la Nación; canal 13, de la Armada; canal 11, de la Fuerza Aérea, y canal 9 del Ejército. La censura temática se fue imponiendo lentamente, y en 1977 apareció en cada canal la figura del Asesor Literario, que leía los guiones de todos los programas antes de su grabación. Por otra parte, desde el COMFER (Comité Federal de Radiodifusión), que dependía de la Secretaría de Información Pública, calificaba los programas en NHM (no en horario de menores) o NAT (no apto para televisión) y se elaboraban “orientaciones”, “disposiciones” y “recomendaciones” acerca de los temas, los valores nacionales y los

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Ulanovsky, Carlos. Óp. Cit. p 75.

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principios morales que debían promoverse desde la programación”65. Por otra parte, la Junta extendió el lapso de las intervenciones a los canales de TV de los Decretos Nº 1.761/73 y 340/74. Mientras tanto, en las radios y el cine, cientos de artistas eran incluidos en listas negras, prohibidas sus producciones ya sean fílmicas o sonoras, al tiempo que decenas de periodistas eran desaparecidos. El 24 de marzo de 1977, a un año del golpe, el periodista Rodolfo Walsh escribió su “Carta abierta de un escritor a la Junta Militar” que fue enviada a la Casa de Gobierno y a diferentes medios de comunicación del país y del exterior. Fue un desafío público al poder de la dictadura y su sentencia de muerte al mismo tiempo. Un día después de conocerse la carta, un grupo de tareas lo secuestró y asesinó. El cierre de diarios o el condicionamiento de su publicación no fue una excepción dentro las arbitrariedades de la dictadura, en efecto, en abril de 1978 bajo el decreto 936 se prohibía la distribución, venta y circulación de la edición 2088 del diario La Opinión. Misma suerte corrió el diario Crónica con su edición 4857 y su clausura transitoria. La censura era parte constitutiva de la política mediática de la dictadura. El asesinato, su máxima expresión. Transcurría el segundo año del gobierno dictatorial y 1978 se convirtió en un año clave para la estrategia discursiva de la dictadura. En una abierta tarea de erradicación de las guerrillas y la persecución a cualquier tipo de oposición a la política de gobierno, la realización de la onceava edición del Mundial de Fútbol en Argentina podría ser útil a los fines de soslayar los sistemáticos abusos de los Derechos Humanos. El deporte era, entonces, una manera de ocultar los vicios a los que estaba acostumbrada la Junta Militar. De hecho, “el día del golpe, 24 de marzo de 1976, las radios y los canales de televisión fueron intervenidos, se suspendieron sus programas habituales y transmitían en cadena marchas militares y proclamas de la Junta. El único programa que se permitió transmitir fue el partido entre los seleccionados de Polonia y Argentina, que se jugaba en la polaca ciudad de Chorzow. Todo estaba prohibido menos el futbol. No podían dejar de ver los militares en el Mundial una posibilidad única para lograr la “unidad nacional”, y a la vez cambiar su imagen en el exterior”66. A medida que se avecinaba la Copa del Mundo, se emprendió la construcción de un gran estadio y de diversas obras para asegurar la 65

Varela, Mirta. Los medios de comunicación durante la dictadura: entre la banalidad y la censura p 5. Disponible en: http://www.camouflagecomics.com/pdf/02_varela_es.pdf 66 Sebreli, Juan José. La era del futbol. Bs As: De Bolsillo, 2005. p 187

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infraestructura que permitiría su desarrollo. A su vez, la televisión también se transformó. Un evento de tal envergadura ameritaba que la monocromática pantalla chica adquiriera color. Para ello, el gobierno sancionó la ley 21.895 que adopta “el sistema alemán PAL, en su norma N y se levanta en tiempo récord una flamante planta de televisión en la avenida Figueroa Alcorta y Tagle. Los tiempos ya no dan para brindar en el mercado interno el servicio de TV cromática y se resuelve transmitir en color exclusivamente para el exterior mediante lo que, en principio, se denominará Argentina 78 Televisora, una sociedad anónima del Estado”67. Las emisiones de televisión en color para el país recién llegarían en 1979, posibilitado por la Ley Nº 22.103. Finalizado el Mundial de Futbol, que coronó campeón a la selección nacional, la Junta Militar consideraba exitosa la “gesta popular” resultante del éxito deportivo. Significaba, en síntesis, la comodidad de instalarse en el poder bajo la aceptación de las masas movilizadas. Los militares entendían que la “guerra antisubversiva” no sólo se daba en el campo de la lucha armada sino también en el campo de los medios masivos de comunicación, la cultura y lo simbólico. Signo de esto es que el 1 de agosto nace Convicción, un diario vinculado a la Marina y sobre todo al Almirante Massera, integrante de la Junta Militar. Una manera de conformar un arco mediático oficialista -por fuera de la estructura del Estado- en contraposición a las publicaciones, ya clandestinas, de la guerrilla. Pero, por sobre todo, lo que le permitiría a la dictadura mantener una dominación más clara en el campo cultural sería una legislación que regulase a los principales medios de comunicación masivos bajo el control de la Junta Militar. Es ahí cuando aparece en escena la ley 22.285 de Radiodifusión sancionada y promulgada el 10 de septiembre de 1980. El contexto en el que surge la nueva Ley de Radiodifusión, es el de la censura, la del control de las publicaciones, la del manejo discrecional de los canales de TV por parte de cada una de las fuerzas integrantes de la Junta, la de la desaparición forzosa de periodistas y el exilio de intelectuales y reconocidos artistas. Impera en el “espíritu” de la ley la Doctrina de la Seguridad Nacional, el control del contenido noticioso por aquello que es “conveniente” u “oportuno” a los intereses nacionales y el veto de mención partidaria alguna, entre otras características. Un caso paradigmático de aplicación de la ley de radiodifusión de la dictadura fue la intervención militar en las Islas Malvinas donde hubo 67

La Nación, 18 de julio de 2010. “La TV se vale de los mundiales para avanzar” por Pablo Sirvén. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1285814-la-tv-se-vale-de-los-mundiales-para-avanzar

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un manejo discrecional y reservado de la verdadera situación de los soldados en guerra. La información sólo era oficial, el periodismo debía tener cautela con los adjetivos utilizados para describir el cuadro de situación, se empleó la adulteración de imágenes para instalar un clima triunfalista, etc. Lo que dejaba en claro la aplicación de la ley de radiodifusión en un acontecimiento belicoso, era que la legislación vigente no sólo consideraba importantes cuestiones formalistas o técnicas sino que su uso afectaba la práctica misma del periodismo y la credibilidad de los profesionales de prensa. La Guerra de Malvinas, iniciada el 2 de abril de 1982, fue el último intento por parte de la dictadura militar de perpetuarse en el poder con el apoyo colectivo de las masas que aprobaban mayoritariamente la repatriación de las Islas. Sin embargo, el 14 de Junio se produjo el cese de hostilidades dejando un nefasto saldo de 900 muertos entre bajas argentinas y británicas. Tras la derrota argentina en la contienda bélica, la dictadura preveía su fin, ante lo cual llamó a elecciones y finalmente en 1983 el orden constitucional volvió a ser una realidad en la sociedad argentina acompañada del lema “Nunca Más”. Ricardo Alfonsín fue el presidente electo tras la desastrosa intervención militar que dejó como saldo 30.000 desaparecidos, una deuda externa exorbitante y el exilio de intelectuales. Iniciaba la transición democrática y entre las medidas más importantes y trascendentales post-dictadura estuvo el enjuiciamiento y condena de la Junta Militar. A pesar de las medidas y acciones que la sociedad iba tomando en el curso de la vida democrática aún restaban modificarse leyes y decretos legados del periodo dictatorial. Una de ellas fue la Ley de Radiodifusión, que a pesar de presentarse una gran cantidad de proyectos tendientes a reemplazarla, tan sólo pudo ser modificada a lo largo de los diferentes gobiernos que se sucedieron en el Poder Ejecutivo. De esta manera, la ley 22.285 constituyó el último antecedente en materia de Radiodifusión previa a la sanción de la ley 26.522. Desde el retorno de la democracia, la fisonomía mediática cambió radicalmente de la composición con que contaba al momento de la sanción de la ley 22.285. Durante los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa, y la primera etapa del kirchnerismo68, se realizaron modificaciones a la ley de 1980, sin recurrir a reemplazarla. Los canales de televisión ya no formaban parte del Estado, surgieron nuevos medios de comunicación, con diferentes contenidos y en distintas plataformas, la era de la televisación por satélite

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Hasta finalizada la presidencia de Néstor Kirchner 2003-2007

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se instaló por completo y se inició una era de progresivos avances tecnológicos que supusieron un avance en la producción de los contenidos. Desde 1983 hasta el 2010, se presentaron más de 40 proyectos de ley para regular el campo de la comunicación en radio y televisión, sin embargo ninguno de ellos pudo ser aprobado, y muchos de ellos ni siquiera abordados en el recinto parlamentario69. Los medios de comunicación padecen o se benefician no sólo por la calidad de sus productos sino también por las legislaciones que regulan su actividad. Desde las primeras medidas sobre la imprenta en el siglo XIX en Argentina, hasta la actualidad, cada gobierno imprimió a sus legislaciones y decretos la perspectiva de lo que debía ser el campo de la comunicación. En ciertos casos, las normas adoptadas estuvieron promovidas por cuestiones técnicas, por el progreso tecnológico y/o diversas actualizaciones sobre el soporte de cada medio. En otras ocasiones, contaron con una carga política mucho más fuerte que excedía la dimensión regulatoria de la actividad del ejercicio periodístico y los aspectos técnicos. Por último, hay leyes que fluctúan entre ambas vertientes pero, en definitiva, varían en tanto y en cuanto la sociedad haya desarrollado su nivel de participación democrática ya que es ésta la que demandará su cumplimiento o su rechazo. En fin, la ley cobra sentido en el contexto político y social en el que emerge. Cuando en tiempos del todavía Virreinato del Río de la Plata, una persona quería abrir un diario debía contar con el permiso del Virrey, sin sometimiento alguno a cierto criterio más que el arbitrio del representante de la corona española. Tras la Revolución de Mayo, se abolieron estos mecanismos discrecionales, se suspendieron los permisos y la posibilidad de hacer periodismo fue una verdadera garantía democrática tras la emancipación de la metrópoli ibérica. Conforme fueron sucediéndose los años, el periodismo -explícitamente ligado a la actividad política- fue adquiriendo mayor importancia en la vida social de los argentinos y constituyó una herramienta de acceso al conocimiento y cohesión de la nación. La constitución de 1853 contempla los derechos de libertad de prensa, de expresión y mantiene una fuerte postura de rechazo frente a la censura. Con el arribo del nuevo siglo, la década del ’30 ve nacer el primer Reglamento de Radiocomunicaciones con la finalidad de ordenar las características, atributos y 69

Véase Schleifer, Pablo. El Senado y la Cámara de Diputados no resuelven: análisis de proyectos de ley de radiodifusión: 1983-2004. Bs As: Universidad de Buenos Aires, 2007 pp 81-82 Disponible en: http://comunicacion.sociales.uba.ar/tesinas_publicadas/1463.pdf

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permisos del medio de comunicación de vanguardia de la época: la Radio. Este es un claro ejemplo de un decreto que sólo contempla cuestiones técnicas sin una intencionalidad política explícita en la regulación de los medios de comunicación. El decreto constituye toda una decisión política deliberada, pero la intencionalidad del decreto es la puesta en orden de una estructura en un profundo y vertiginoso crecimiento, no una regulación política de esos medios. Corrían tiempos de la primera dictadura militar argentina y la radio era un medio absolutamente novedoso y vanguardista, la sociedad aún no contaba con la presencia de la televisión y el principal núcleo informativo recaía sobre la prensa, la cual sí era blanco de la mirada sigilosa de los generales en el poder. Con el peronismo se perfila un modelo de medios al servicio del proyecto político que encarnaban Perón y Evita. De hecho, la nacionalización de las estaciones radiales fue la medida que encaminaba la construcción de un vehículo cultural y propagandístico que haga posible la consolidación de las identidades del proceso político que atravesaba la nación. A su vez, la implementación de la televisión permitió al gobierno explotar la imagen de los líderes carismáticos de la revolución peronista. Los medios de comunicación, que ya eran tres -prensa, radio y televisión-, estuvieron fuertemente regulados por las disposiciones de la Secretaría de Informaciones de la Presidencia. La oposición política al gobierno no tenía espacios en las radios, muchos periódicos fueron clausurados y la televisión se concentró bajo la órbita del Estado, al igual que sucedió con la radio cuando fuera estatizada. Ya durante ésta década, se comenzaron a formar grupos concentrados de medios de comunicación y el monopolio de la información. Poco tiempo después nació la primera Ley de Radiodifusión, a partir de la cual toda actividad mediática estaba digitada y controlada por organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional. La ley establecida por el peronismo era de una intencionalidad netamente política, la de afianzar el aparato cultural y simbólico, en manos del Estado, para profundizar las identidades políticas del régimen. La sucesión de dictaduras y gobiernos condicionados por las cúpulas castrenses que se sucedieron tras la marginación del peronismo en la vida política legal argentina, mantuvieron modelos mediáticos con características similares entre sí: explotación de redes privadas de radiodifusión y televisión, veto de participación del peronismo en los medios de comunicación, incorporación de productoras de contenido extranjeras, condicionamientos a la actividad periodística y censura, etcétera. La ley 15.460 de la dictadura antiperonista (1955-1958) constituyó una mixtura entre una ley con fuertes

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consideraciones políticas y el afán de reordenar el campo de los medios de comunicación. Los gobiernos que siguieron, mantuvieron la normativa dictarorial de medios y tan sólo agregaron o modificaron detalles puntuales a la ya existente. El caso de la autodenominada “Revolución Argentina”, exacerbó la coyuntura de control y regulación política del desempeño periodístico en los medios de comunicación al incorporar la Doctrina de la Seguridad Nacional a la vida política argentina. Fue otra de las herramientas destinadas a censurar escritos de la prensa que las autoridades podían considerar como perturbadores del orden e incitadores de la violencia. Las guerrillas empezaban a actuar. Con el retorno del peronismo a la vida política (1973) el mapa mediático simula modificarse pero, en concreto, no se crean las condiciones que posibiliten una legislación en materia de medios de comunicación que permita un reordenamiento verdaderamente democrático. La televisión pasa a manos estatales, se expropian las licencias de explotación y se intervienen los canales. El vacío de poder, la represión parapolicial y los desaciertos en materia económica provocan el descontento popular y el accionar militar que da lugar a un nuevo golpe de estado. La última dictadura argentina del siglo XX (1976-1983) toma el poder decidida a “instaurar el orden” al precio que sea, no sólo en el ámbito político y social sino también en el cultural y mediático. En 1978 con la realización del Mundial de Futbol en Argentina la Junta Militar vio la oportunidad de infundir una imagen de ellos mismos y su política hacia el país y el mundo a través de la propaganda y el control de cada publicación de la prensa y cada transmisión televisiva y radial. Tras la experiencia del evento deportivo que desató la euforia popular y la fugaz “aceptación” del gobierno de Videla, en 1980 se elabora una nueva Ley de Radiodifusión impregnada del espíritu militarista que caracterizó a la dictadura. La ley, disponía un fuerte control de la actividad de la prensa sobre lo que fuera conveniente a los intereses de la Nación, que lisa y llanamente no fue otra cosa más que los intereses del gobierno de facto. Fue condicionada directamente por los intereses políticos de la Junta Militar más allá de la regulación de frecuencias y licencias. Nació en el contexto internacional de la Guerra Fría, la polarización mundial entre oriente y occidente, el auge del conservadorismo político y el liberalismo económico. La coyuntura social, política, económica y cultural en la que fue gestada la ley dice mucho de sí misma y de los propósitos que persigue. La dictadura planteó el carácter de la ley de radiodifusión como una herramienta más en la sistemática

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represión y aniquilamiento de la oposición, por una parte; y como una vía de control de la palabra y adoctrinamiento social, por otra. El recorrido histórico de la ley de medios por todo el siglo XX demuestra la puja existente entre dos grandes modelos: la estatización de los medios y su explotación en manos privadas. Estas dos variables presentadas como antagónicas por diferentes intereses políticos de cada gobierno se concretaron necesariamente mediante leyes y decretos. Sin embargo, la experiencia demuestra que prevalecieron los sistemas mixtos. Durante el peronismo, existió un control mayoritario de parte del Estado y las oficinas dependientes del Poder Ejecutivo sobre las radios, al tiempo que también participaron empresarios allegados al poder70. Lo mismo sucedió cuando nació la televisión, que contó con la activa participación empresarial de Jaime Yankelevich. En las dictaduras que siguieron a la deposición del peronismo, los opositores de Perón tuvieron espacios en las radios y desempeño en la prensa, mas no así los opositores a dichas dictaduras. El Estado, encarnado en las Fuerzas Armadas, controló, incluso censuró el ejercicio periodístico en la prensa y radio, más preocupados por los mensajes que por los propietarios de esos medios. Durante la tercera presidencia peronista se estatizaron los canales de televisión y sus productoras. No obstante, la propiedad de las radios y la prensa no fueron modificadas como sucedió con la televisión. Durante la última dictadura, como los canales de televisión ya formaban parte del Estado, los militares tan sólo cambiaron la figura de los interventores en cada canal por un miembro de cada fuerza. Así, los modelos de medios que planteó cada gobierno a través de sus legislaciones estuvieron motivados por cuestiones políticas, técnicas, culturales o una mezcla de todas ellas. La historia así lo demuestra. En ciertos períodos históricos el progreso tecnológico de los medios demandó la regulación de ese campo, en otros fue la intervención política de los mismos la que sentó las condiciones de su funcionamiento. Por lo antedicho, es interesante analizar el caso de la ley 22.285 de 1980 sancionada en plena dictadura y el caso de la ley 26.522 que la reemplaza, sancionada 29 años después bajo régimen democrático. Ambas constituyen las dos últimas grandes legislaciones regulatorias de los medios de comunicación. Son disímiles entre sí en su 70

Los propietarios de los medios eran empresarios peronistas que pudieron consolidar sus grupos de medios con la aceptación del Estado que los controlaba indirectamente. Radi o Belgrano pertenecía Jaime Yankelevich, Editorial Haynes y Editorial Alea (ex democraci a) era de Vi cente Carl os Aloé, y Editorial l a Razón y Red Splendid de Ricardo Peralta Ramos.

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origen y el contexto en el que nacen, pero para poder dilucidar todas las posibles similitudes y diferencias, rupturas y continuidades, es necesario explorar las raíces que conllevaron su elaboración, sus puntos más importantes y el propósito que rige a cada una.

2.2 LEY DE LA DICTADURA VS LEY DE LA DEMOCRACIA “Una nueva ley de radiodifusión es la madre de todas las batallas” Gabriel Mariotto, Interventor del Ex COMFER

Tanto en un sistema democrático como en uno dictatorial las leyes forman parte de las herramientas con que cuenta el Estado para controlar las producciones sociales públicas y privadas a través de concesiones, controles y el establecimiento de ciertos límites a todas las actividades que rodean la vida de las personas. En este sentido, la ley de medios de la dictadura operó como un instrumento adecuado para llevar a cabo la dura intervención que el Estado, enmascarado en las decisiones de la Junta Militar, consideraba necesario para concretar un proyecto político que tenía como objetivo primario el aniquilamiento de la guerrilla y la instalación de un modelo económico en beneficio de los grandes capitales. A su vez, la ley sancionada en democracia, que reemplaza a la legada de la dictadura, también forma parte de un conjunto de reglas que el Estado implementa para regular la comunicación. Según sus apologetas, para generar mayores espacios de participación democrática en los medios y, según sus detractores, para controlar la información y amordazar al periodismo. El análisis que sigue a continuación indaga en las particularidades de cada ley, análisis que no puede prescindir del estudio de la coyuntura histórica en la cual nacieron, los motivos que la llevaron a su discusión y sanción y, por último, examina las rupturas y continuidades que comportan ambas.

2.2.1 CONTEXTOS En 1980 la dictadura que tomó el poder el 24 de marzo de 1976 sancionó la ley 22.285 de Radiodifusión. Hacia 1980, la guerrilla había sido atacada hasta provocar su aniquilamiento, toda voz de oposición política silenciada, los intelectuales disidentes al

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régimen exiliados y miles de argentinos detenidos/desaparecidos. En el contexto internacional, Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaban los principales espacios de poder de la Guerra Fría en un mundo cada vez más polarizado. Europa atravesaba políticas de gobiernos liberal-conservadores basadas en recortes del gasto público, privatizaciones del activo estatal, desregulación de los mercados y flexibilización laboral. En materia de medios de comunicación, la televisión en Argentina aún no había incorporado la pantalla a color, las trasmisiones satelitales no eran habituales ya que formaba parte de una tecnología en desarrollo e Internet era un medio inexistente. Los medios de comunicación sólo estaban centrados en el circuito prensa-radio-televisión. Con la realización del Mundial de Futbol en 1978 la televisión argentina logró un salto de calidad adquiriendo color en sus pantallas dos años antes de sancionarse la ley de radiodifusión. Sin embargo, el ejercicio periodístico se mantuvo bajo fuertes presiones de los militares en el poder con el cercano antecedente de los asesinatos a periodistas y el cierre de publicaciones. La dictadura que usurpó el poder en 1976 aplicó sistemáticamente la tortura y la desaparición forzada de personas, en este sentido, era inevitable que una ley como la 22.285 no adopte también alguno de esos rasgos característicos del gobierno genocida. En efecto, el propósito de la ley no fue otro que el de constituir un marco legal que permita las arbitrariedades y abusos a los que estaba acostumbrada la Junta Militar. La historia pudo demostrar que la dictadura no sólo buscaba intervenir el campo de la cultura y la comunicación para exaltar los valores nacionales y regimentar la sociedad sino también para hacer posible la magnificación de la imagen gubernamental invisibilizando a los enemigos políticos. Este es el contexto del nacimiento de la ley 22.285, el de la represión, la desaparición de personas, el asesinato de periodistas, la censura, la persecución de los disidentes y la “lucha antisubversiva”. El fin de la dictadura y la instauración del “Nunca Más” consolidaron la conciencia popular de evitar otro estallido de las cúpulas militares en un intento de asalto al poder. A pesar de que muchas de las disposiciones legales heredadas del “Proceso” fueron derogadas durante el período constitucional, la ley de radiodifusión de la dictadura nunca logró ser reemplazada. Hasta el año 2009.

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El 18 de marzo de 2009, la presidente Cristina Fernández de Kirchner encabezó un acto en el Teatro Argentino de La Plata71 en donde presentó el anteproyecto de ley de medios que reemplazaría a la ley de la dictadura. De la presentación participaron miembros del gabinete de gobierno, representantes de organizaciones de Derechos Humanos, artistas, sindicalistas y periodistas, entre otros. La presidente destacó que la sanción de una nueva ley de radiodifusión que reemplace a la 22.285 es una deuda de la democracia: “tuvimos una evolución tan vertiginosa en los últimos 20 o 30 años que necesitamos un nuevo soporte legal para este nuevo sistema de comunicación. Y que sea garantía de que todo el mundo pueda expresarse y que todos puedan acceder a la comunicación. Y para que cada ciudadano pueda formar su propia opinión sin que nadie le diga desde una radio o un diario que es lo que debe pensar"72. La mandataria también se ocupó de aclarar que “este no es un proyecto de Cristina, ni del Gobierno, ni de un partido, sino una propuesta que ponemos a consideración de los argentinos”73. En lo sucesivo, el proyecto de ley sería sometido a debate durante tres meses en foros de discusión públicos en sindicatos, organizaciones sociales y universidades de la que participarían estudiantes, trabajadores de prensa, miembros de organizaciones sin fines de lucro y de medios alternativos. La medida anunciada desató la polémica en la oposición que consideró la discusión del proyecto como parte de la estrategia política del gobierno mientras se desarrollaba la campaña electoral legislativa. Asimismo, manifestaron que el debate de la ley se producía en un espacio que no era el correspondiente, alegando que el ámbito de discusión de todo proyecto de ley es el Congreso de la Nación. Por último, las denuncias señalaban que la ley estaba dotada de una intencionalidad política destinada a erradicar los medios de comunicación críticos del gobierno. En realidad, el proyecto de ley nace resultado del trabajo de la Coalición por una Radiodifusión Democrática conformada en 2004 por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) que presentó 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación en donde sentaba las bases insoslayables que debía abordar la ley reemplazante de la 71

Fue el escenario donde Cristina Fernández lanzó su candidatura en 2005 a senadora y a presidente en 2007. 72 Pefil, 18 de marzo de 2009. “Cristina presentó el proyecto de ley de radiodifusión” En: http://www.perfil.com/contenidos/2009/03/18/noticia_0029.html 73 Clarín, 19 de marzo de 2009. “Cristina presentó el borrador del proyecto de ley de medios”, por Rodolfo Lara. Véase http://edant.clarin.com/diario/2009/03/19/elpais/p-01880339.htm

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22.285. De la elaboración del proyecto participaron miembros de organismos de Derechos Humanos, de sindicatos de prensa, de universidades, radios comunitarias y asociaciones no gubernamentales. El gobierno de Cristina Kirchner no fue partícipe de la gestación de la ley sino de su promoción a través de los foros de debate y en la instalación del asunto en la agenda pública. Si bien la posibilidad de una nueva ley de radiodifusión ya se encontraba presente en la plataforma electoral74 con la que CFK llegó al poder, el gobierno nacional tan sólo promovió el proyecto de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. Aún así, la oposición temía una ley de medios que cercenara la libertad de expresión. A pocos meses de asumir la presidencia, Cristina Fernández de Kirchner, a través de su Ministro de Economía Martín Losteau anunció la aplicación de la Resolución 125/08 que establecía un nuevo esquema de retenciones móviles al agro. La medida provocó el descontento de las principales entidades agropecuarias que denunciaron que se trataba de una medida netamente recaudatoria y fiscalista. El 11 de marzo de 2008, la patronal agropecuaria inició una fuerte protesta, con movilizaciones, tractorazos y cortes de ruta en todo el país durante 129 días. Conforme pasaban los días, el descontento popular crecía; el conflicto adquirió dimensiones cada vez más grandes afectando a diversos sectores de la sociedad que se veían impedidos de acceder a productos de primera necesidad y a circular normalmente por las rutas del país. La tensa relación establecida entre el gobierno y el agro colocó a la sociedad en una disyuntiva. Lo que parecía ser tan sólo una resolución ministerial destinada a “frenar la sojizacion” sin comprometer la rentabilidad del sector, devino en una cruzada en la que, de repente, la sociedad entera se veía implicada. Los grandes medios de comunicación nacionales no se mantuvieron ajenos a esta disputa, por el contrario, contribuyeron a acentuar la polarización latente. Los canales de televisión mostraban un gobierno confrontativo que no ofrecía respuestas al conflicto, la prensa se hacía eco del malestar de las capas medias y altas de la sociedad que de manera desorganizada protestaban al ritmo de las cacerolas. El gobierno, por su parte, alentaba el conflicto con pautas publicitarias que arremetían contra las instituciones agrarias y con verborragicos discursos presidenciales donde se ridiculizaba la protesta75.

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Plataforma Electoral Frente Para la Victoria “El Estado: Arbitro de las relaciones sociales”. Véase: http://www.argentinaelections.com/PLATAFORMA%20ELECTORAL%20FPV.doc 75 El conflicto reavivó el glosario peronista de la década del ’50 en adjetivos como “gorila”, “oligarquía terrateniente”, “cabeza”, etcétera. Según Beatriz Sarlo: “Durante el conflicto con el campo, los intelectuales de Carta Abierta propusieron un adjetivo para calificar a los opositores y a sus acciones: destituyente, clima

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A dos semanas de iniciado el paro, la presidente fustigó: “Recuerdo esa Argentina de los años 2003, 2002, 2001, miles de argentinos en piquetes, cortando calles, rutas porque les faltaba trabajo, porque hacía años que habían perdido su trabajo o, tal vez, en el 2001, porque se habían apropiado de los depósitos de pequeños ahorristas de la clase media. Eran los piquetes de la miseria y la tragedia de los argentinos. Este último fin de semana largo nos tocó ver la contracara, lo que yo denomino los piquetes de la abundancia, los piquetes de los sectores de mayor rentabilidad. La Argentina ha cambiado, se ha transformado de aquella tragedia a esto que parece casi un paso de comedia”. Finalmente, “el 17 de junio la presidenta Fernández, envió al Congreso un proyecto de ley sobre las retenciones a las exportaciones de granos y las compensaciones a los pequeños productores, con el fin de que sea el Poder Legislativo el que resuelva en definitiva la situación. En la madrugada del 17 de julio, la Cámara de Senadores, en una votación que debió ser desempatada por el Vicepresidente de la Nación, rechazó el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, que había sido previamente aprobado con modificaciones por la Cámara de Diputados. El 18 de julio la Presidenta de la Nación ordenó dejar sin efecto la Resolución 125/08, luego de lo cual uno de los dirigentes ruralistas dio por terminado el conflicto”76. Durante el período que comprendió el inicio y el final del “lock-out” patronal agrario, sucedieron hechos destacables a la hora de analizar las denuncias de la oposición respecto del proyecto de ley de radiodifusión auspiciado por el gobierno. No en cuanto a la gestación de la ley sino en la coyuntura en la que emergió. La demora en la resolución del conflicto implicó el descontento de las clases medias que veían en el sector agropecuario una víctima arbitraria del gobierno que recién asumía pero que mantenía continuidad con la gestión anterior. Por su parte, el gobierno instaló la idea de que el campo buscaba desestabilizarlo en una clara maniobra destituyente. Ante ello, los oficialistas recordaban el pasado de la Sociedad Rural, que durante la última dictadura militar (1976-1983) apoyó las políticas neoliberales que destituyente. Adoptado de inmediato por el gobierno, tuvo gran éxito. Fue el primer gran aporte de Carta Abierta al discurso kirchnerista […] Se usaron muchas otras palabras (oligarquía, clases dominantes, entre las más repetidas), pero “destituyente” alcanzó la máxima capacidad descriptiva y valorativa entre quienes apoyaban al gobierno y obligó a los demás a discutir su exactitud”. Véase La audacia y el cálculo. Bs As: Sudamericana, 2011 p 132 76 “Paro agropecuario patronal en Argentina de 2008” en Wikipedia, la enciclopedia libre. Véase: http://es.wikipedia.org/wiki/Paro_agropecuario_patronal_en_Argentina_de_2008

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acompañaron la cruenta represión social, mientras ahora veía sus intereses económicos comprometidos por la resolución 125. Durante los cuatro meses que duró el lock-out, la protesta adquirió dotes explícitamente políticos y, a su vez, polarizó a la sociedad entre aquellos que estaban a favor de la protesta agropecuaria y aquellos que veían en ella un intento golpista. A su vez, el gobierno agudizó su mirada sobre aquellos medios que hicieron una cobertura periodística del acontecimiento que no favorecía la imagen presidencial y la medida adoptada. Clarín y La Nación77, entre ellos. A 26 días de iniciada la protesta del campo, Cristina Fernández dio a conocer la creación de un observatorio de medios con fuertes críticas a la cobertura mediática del conflicto agrario. En aquella oportunidad, destacó la condición de “golpistas” a los ruralistas que mantenían el corte de rutas y a los medios de comunicación que reproducían una sola versión de los hechos, a quienes ponderó como “generales mediáticos”78. La reacción de los medios de comunicación79 y de las asociaciones de prensa no se hizo esperar. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) emitió un comunicado expresando preocupación por la medida gubernamental: “el Gobierno si realmente quiere que haya mayor pluralidad de voces, debería de dejar de lado buscar métodos sutiles de control sobre los medios a través de observatorios y, dedicarse, más bien, a reinsertar el debate en el Congreso por una ley de acceso a la información pública que incentivaría una mayor libertad de expresión en el país”80. A partir de aquí, el gobierno iniciaría una abierta disputa política con el diario Clarín. La Cámpora, organización formada por Máximo Kirchner, hijo de CFK, organizó escraches contra Clarín y Todo Noticias, el canal informativo de televisión del Grupo Clarín. El 25 de marzo de 2008, a tan sólo 14 días de iniciado el conflicto del campo, en una marcha en apoyo a la

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Clarín y La Nación, son las dos empresas que organizan anualmente la exposición agraria “Expoagro”. Clarín, 5 de abril de 2008. “Cristina avaló un informe con críticas para el periodismo”. En: http://edant.clarin.com/diario/2008/04/05/elpais/p-1644092.htm. Cristina Kirchner en un acto en plaza de mayo, el 1° de abril, expresó: “En estos días de marzo, amigos y amigas, hermanos y hermanas, donde he visto nuevamente el rostro de un pasado que pareciera querer volver… Tal vez muchos no lo recuerdan, pero un 24 de febrero de 1976 también hubo un lock out patronal allá por febrero del 76. Un mes después, el golpe más terrible, la tragedia más terrible que hemos tenido los argentinos. Esta vez no han venido acompañados de tanques, esta vez han sido acompañados por algunos generales multimediáticos que además de apoyar el lock out al pueblo, han hecho lock out a la información, cambiando, tergiversando, mostrando una sola cara”. 79 Una recopilación de cómo los principales diarios del país abordaron el asunto, puede encontrarse en: http://seniales.blogspot.com.ar/2008/04/observatorio-de-medios-as-lo-vieron.html 80 “Preocupa a la SIP creación en Argentina de un observatorio de medios gubernamental”. Disponible en: http://archivo.abc.com.py/sipiapa/articulos.php?pid=408846 78

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gestión presidencial en Plaza de Mayo se presentaron grafitis, pintadas y carteles que señalaban: “Clarín Miente”, “Todo Negativo” o “Clarín, el gran sojero argentino”. A raíz del conflicto que enfrentó al gobierno nacional con las entidades agropecuarias, la cobertura periodística fue el tema de debate en lo sucesivo. Cristina Kirchner empezó a utilizar la cadena nacional y los actos proselitistas para referirse a los términos en que los medios se referían a su gestión. La distinción política de oficialistas y opositores fue introducida al campo del periodismo, y hasta empezó a hablarse de periodismo militante para hacer mención a aquellos medios de comunicación que embanderaban su labor periodística en la defensa del modelo que encaran Néstor y Cristina. Si la cobertura periodística del paro agrario fue el eje que desató el conflicto del gobierno con los medios de comunicación, pronto se empezaría a hablar con énfasis de la posibilidad de crear un nuevo instrumento legal de radiodifusión que permitiera “incorporar nuevas voces”81 a las tradicionales en el relato de los acontecimientos. La coyuntura que envuelve el nacimiento de la ley 26.225 es la de un gobierno en pugna con un importante y tradicional sector económico en la historia del país, como el campo, y con los grandes medios de comunicación que durante el

conflicto abordaron críticamente la labor

gubernamental.

2.2.2 MOTIVOS “¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso?” Néstor Kirchner, durante un acto en el partido de Tres de Febrero

Los militares que asaltaron el poder el 24 de marzo de 1976 se propusieron erradicar la subversión y las causas que favorecieran su existencia. Durante los dos primeros años de gobierno, la Junta Militar se preocupó obsesivamente en “restituir el orden social”, lo que en realidad significaba

aniquilar a la guerrilla. Con motivo del

Mundial de Futbol en 1978, la dictadura observó que la exaltación del éxito deportivo podría ser extrapolada al campo de la política para ocultar sus crímenes, exaltar su imagen en el exterior y capitalizar la legitimidad política puertas adentro.

81

Las comillas responden a la forma en que fue presentada La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en múltiples foros de debate.

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La prensa, entonces, se mantuvo fuertemente condicionada mientras la censura formaba parte de una rutina autoritaria que, en su máxima expresión, desaparecía y torturaba a decenas de periodistas. Los canales de Televisión descansaban en manos de las fuerzas que integraban la Junta, y sobre las radios recaía la atenta escucha de los generales en el poder. La Doctrina de la Seguridad Nacional, incorporada durante la “Revolución Argentina”, constituía una herramienta importante a la hora de restringir ciertas libertades del oficio periodístico que podían ser perjudiciales para la dictadura. Sin embargo, el gobierno de facto no contaba, en su estrategia política, con un marco jurídico que le permitiera discrecionalidad en el control de los medios de comunicación. Por ello, en 1980 la dictadura sancionó la ley de radiodifusión como un útil instrumento de adoctrinamiento y consolidación de las identidades políticas del régimen. El principal móvil de la ley fue mantener a una prensa en órbita con los objetivos de la dictadura. La información periodística debía responder, no a los hechos de la realidad, sino a los “intereses nacionales” que representaba la Junta. Los medios que no reflejasen los ideales del “Proceso” padecían fuertes presiones, extorsiones y censuras. La ley, constituyó el arma ideal para el amedrentamiento hacia la prensa independiente y el camino hacia una prensa doctrinaria. La ley de medios “de la democracia”, por su parte, encarna una distancia política respecto de la ley de la dictadura. Sin embargo, el contexto de surgimiento de la ley incentiva un análisis más preciso sobre los motivos que provocaron que el proyecto de ley sea acompañado con tanto énfasis por el gobierno nacional. Amerita, en síntesis, abordar el discurso utilizado para promocionarla. En primer lugar, el oficialismo estableció la dicotomía entre una ley de la democracia y otra de la dictadura. Es claro que la diferencia existe en cuanto a que ambas se erigieron en épocas y contextos diferentes. Una bajo la peor de las dictaduras, y la otra, en democracia. En efecto, la base social que legitima a ambas leyes es diferente: por el modo de su sanción y el proceso que acompañó a la elaboración de cada una. La 22.285 fue gestada por un grupo reducido de militares e ideólogos del modelo de comunicación que identifica el periodismo como un órgano funcional a los intereses nacionales, mientras que la ley 26.522 fue pensada por un conjunto de organizaciones

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sociales que establecieron 21 puntos básicos para una radiodifusión democrática82 y cuyo proceso de discusión se desarrolló a través de foros organizados por el Estado. No obstante, a la ley de la dictadura se le realizaron cerca de 207 modificaciones durante el tiempo que se mantuvo vigente; una muestra clara del amparo recibido por los diferentes gobiernos que se sucedieron en democracia. Por otra parte, es relevante destacar que a menudo se han confundido los alcances de la ley con el sistema de gobierno que dio lugar a su creación. Se dice que la nueva ley es democrática por el orden político en el cual aparece en contraposición a la ley heredada de la dictadura, sin embargo, el hecho de que sea aprobada por un régimen democrático no implica que los alcances de la ley sean realmente tales. Además de la dicotomía “ley de la democracia vs ley de la dictadura”, el Gobierno y Clarín plantearon otra polarización: la de aquellos a favor de la ley de aquellos en contra.

En medio de esta lógica binaria, hubo sectores que repudiaron la ley de la

dictadura, que avalaron una nueva normativa en materia de medios, pero que rechazaban la ley promovida por el oficialismo. Una situación similar sucedió mientras tenía lugar el paro agropecuario, allí la dicotomía fue: apoyo a la Resolución 125, o bien, apoyo al paro del campo. En ambos casos, contrariar el régimen de retenciones o desestimar el proyecto oficial para regular la comunicación audiovisual era signo de alineamiento con la oposición y los medios de comunicación concentrados. O blanco o negro, la disputa no admitía grises. En palabras del periodista Luis Majul “de un lado, aparece el gobierno denunciando un supuesto intento de desestabilización perpetrado por un pulpo informativo cuyos dueños tienen ambición política, pretenden poner y sacar presidentes y utilizan su poder de fuego mediático para quedarse con los más variados negocios. Del otro lado, Clarín y sus aliados denuncian un desmesurado ataque a la libertad de prensa, el 83

periodismo y los periodistas supuestamente independientes” . Lógicamente, se trataba de una estrategia discursiva que establecía una falsa oposición. Establecer críticas al proyecto forma parte de la discusión de una nueva ley, no implica defender a un grupo empresarial de medios. “La argumentación que da lugar a una falsa oposición es siempre dogmática: se trata de un ardid para imponer una opinión. Es un argumento que […] al

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Al respecto véase: 21 puntos básicos para el derecho a la comunicación. Disponible en: http://es.wikisource.org/wiki/21_puntos_b%C3%A1sicos_por_el_derecho_a_la_comunicaci%C3%B3n 83 Hipercrítico.com, 15 de abril de 2008. “Diez claves para entender la pelea entre el Gobierno y Clarín” por Luis Majul. Disponible en: http://hipercritico.com/politica/673-la-pelea-entre-el-gobierno-y-clarin.html

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reducir la realidad a una sola alternativa con sus dos opciones opuestas -blanco, negro, sí 84

o no- impide el razonamiento” . Tomar en consideración la presentación discursiva de la ley de medios encarada por sus defensores es importante a la hora de referir la disputa que mantuvieron, y aún mantienen, Clarín y el Gobierno Nacional. El conflicto del agro dividió las aguas allí donde antes existían relaciones estables entre ambos. El ex gobernador santacruceño inició su acercamiento con el Grupo Clarín durante la campaña electoral del año 2003 cuando mantuvo una serie de reuniones (que luego se harían habituales) con el CEO del grupo, Héctor Magnetto. “[Kirchner] veía en Clarín mucho más que un diario, un canal de TV, una red de cables, de radios, etcétera: lo consideraba uno de los más grandes factores de poder en la Argentina […]”85. Durante el tiempo que este vínculo se mantuvo en pie, las decisiones más importantes adoptadas por los funcionarios del gobierno gozaban de un sobresaliente espacio en las tapas de Clarín. La visión de los medios que integraban el Grupo reflejaba un país en pleno crecimiento económico, con estímulos al consumo, avances en juicios por causa de lesa humanidad, progresos educativos, etc. En sí, un panorama muy diferente del denunciado por CFK sobre la cobertura de estos medios tras el conflicto agrario. Kirchner entendía las relaciones con el multimedio más grande de la Argentina como una cuestión de sostén en la estabilidad de su mandato porque, de hecho, consideraba al periodismo como una herramienta útil en el entramado del poder. En efecto, la “buena prensa” con la que contaba el primer gobierno kirchnerista no era gratuita. El gobierno avaló ciertas acciones del Grupo Clarín que lo beneficiaron económicamente en la reestructuración de sus cuentas y la gestación de nuevos negocios que ensancharon su poder empresarial86. Por supuesto, hubo quienes denunciaron el aval del gobierno hacia el Grupo Clarín como parte del acuerdo entre ambos y quienes consideraban que el “dejar hacer” del gobierno hacia Clarín formaba parte de un saludable acuerdo político que permitía lograr la preponderancia del relato oficial.

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Santamaría Suárez, L. y Casals Carro, M. J. La Opinión Periodística. Bs As: Docencia, 2000 p 267 Mochkofsky, Graciela. Pecado Original. Bs As: Planeta, 2011 p 158 86 A 24 días de asumido el gobierno de Néstor Kirchner, el Senado de la Nación sancionó la ley 25.750 de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales por iniciativa del saliente ex presidente Duhalde. Dicha ley fue conocida también como “Ley Clarín”. El 20 de mayo de 2005, el primer mandatario firmó el decreto 527/05 que extendía la duración de los plazos de las licencias de radiodifusión por diez años. Por último, el 7 de diciembre de 2007, a tres días de finalizar su mandato, aprobó la fusión de Cablevisión y Multicanal. 85

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La ruptura del vínculo Clarín-Gobierno evidenció una puja de intereses contradictorios. Significó el abandono del sostén discursivo que la prensa como “El gran diario argentino” podía darle a su gobierno, mientras que para el grupo mediático implicó el reordenamiento de su lugar en la estructura de medios del país y la pérdida de ciertas ventajas otorgadas durante la gestión de Néstor Kirchner. A partir de aquí, “el diario y el canal de noticias se convirtieron, desde el conflicto con el campo, en centros opositores: casi sin excepción, las noticias que involucraban al gobierno eran negativas, a veces, al punto del absurdo. Cuando, el 1° de enero de 2011, asumió la nueva presidenta de Brasil, Dilma Roussef, Clarín tituló en tapa: «Dilma asumió en Brasil pero no mencionó a la Argentina». El retrato de país había cambiado radicalmente: del previo al conflicto, en que, a través de los titulares, se pintaba un país en crecimiento que había salido exitosamente de la crisis, tenía una nueva presidenta que planteaba «Una profunda reforma del Estado», una economía que «Con ritmo menor […] igual creció el 8%», en el que se «Esperan señales de acercamiento a los Estados Unidos» y se «Lanzan créditos para sostener el consumo», se pasó sin transición a otro en el que «Se agrandó más la brecha entre ricos y pobres», «Cristina necesita más plata y lanzan otra moratoria», «Beneficia a más aliados del poder la obra pública»; en suma, un país del que no podía decirse nada bueno”87. La disputa pública entre el gobierno kirchnerista y el Grupo Clarín evidenciaba los temores que distintos organismos del sector periodístico88 y la oposición, compartían sobre las motivaciones que urgían al gobierno a la sanción de una nueva ley de radiodifusión. Ahí radica la importancia de la promoción discursiva de la ley que la identifica con valores universales como el respeto por los DDHH, la libertad de prensa, la pluralidad en la comunicación y el acceso a la información. El revestimiento lingüístico que el oficialismo impartió sobre el proyecto de ley, soslaya la presencia de un conflicto de intereses entre el gobierno de una nación y un multimedio, donde antes existía cohesión en asuntos políticos y económicos. De esta manera, presentar a la ley como una herramienta exclusivamente democrática evocando su contracara en la ley de la dictadura desvía la mirada de la discusión sobre los motivos que llevaron al gobierno a preocuparse

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Ibíd. Ob Cit. nota anterior. Pp 206-207 La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas (ADEPA), son algunos de los organismos periodísticos que plantearon señalamientos al proyecto de ley de radiodifusión.

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por su sanción, ya que evita discutir sobre la coyuntura que atraviesa la ruptura del vínculo Clarín-Gobierno. Recién, entonces, cuando el gobierno nacional rompe las relaciones que lo vinculaban con el principal grupo mediático de la Argentina es que considera la posibilidad de sancionar una nueva ley de radiodifusión. Si bien, como se explicó antes, constituía un punto en la plataforma electoral con la que CFK alcanzó la presidencia, durante todo el gobierno precedente (2003-2007) sancionar una ley que reemplace la normativa de la dictadura no implicó una preocupación mayor89. Así, existen indicios para explicar que el motor que impulsa la ley es la dañina pelea del Gobierno con Clarín, en dónde la posición monopólica del grupo mediático debe reducirse para incitar la pluralidad de voces y lograr la aparición de nuevos medios y actores sociales. En este sentido, la reducción de los medios que componen el grupo reduce también su influencia. Kirchner observó que la ley, en sus implicancias, podía afectar la estructura del holding mediático. Su promoción, entonces, hacía un doble trabajo: discursivamente, constituía una medida progresista ya que derogaba la ley de la dictadura, incluía un mayor incentivo hacia las producciones culturales nacionales e impedía la conformación de monopolios. Políticamente, afectaba la red de negocios del Grupo Clarín, que en parte, el Gobierno había contribuido a formar. En palabras de Beatriz Sarlo “[…] el kirchnerismo sólo recordó que quería con urgencia una nueva ley de medios audiovisuales cuando se agudizó la escalada contra el Grupo Clarín, ese al que en los primeros años de gobierno había considerado su aliado. Como sucedía con Kirchner, una ley que podría haber sido democrática y culturalmente interesante fue un arma en la riña cotidiana y eso le dio su sesgo a aspectos fundamentales, como la casi inevitable hegemonía del Poder Ejecutivo sobre los organismos de control y administración del sistema de medios”90.

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“Dentro de los ejes directrices que guiarían su gestión, Kirchner expuso un cuadro conceptual a seguir en materia de educación, salud, contención social, seguridad, economía, política internacional y derechos humanos. En este marco destaca la ausencia de mención alguna acerca de la comunicación o los medios masivos […]”. Califano, Bernadette. Medios y Políticas de comunicación en Argentina bajo el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) 2007, Tesis de Grado pp 31 Disponible en: http://sinca.cultura.gov.ar/archivos/documentacion/tesinas/Tesina%20Bernadette%20Califano.pdf Las cursivas me pertenecen. 90 Sarlo, Beatriz. La audacia y el cálculo. Bs As: Sudamericana, 2011 p 217

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2.2.3 RUPTURAS Y CONTINUIDADES Anteriormente, se advirtió que para analizar cada una de las leyes en cuestión, era necesario explicar el marco de surgimiento de ambas porque el proceso que exige la formación de una legislación no puede estar aislado de su contexto. Por otra parte, indagar en las motivaciones que tuvo cada gobierno para promover la sanción de las leyes de radiodifusión explica parte de su contenido y la finalidad que persigue cada una. Por ello, para explorar en las rupturas y continuidades, resulta indispensable la comparación entre los principales puntos que abordan ambas leyes. Entre ellos: el objeto de regulación y la libertad de expresión, licencias y licenciatarios, autoridad de aplicación y medios públicos91.

2.2.3.1. RADIODIFUSIÓN NO. COMUNICACIÓN SÍ. Entre la norma sancionada en plena dictadura y la legislación que la reemplaza, sancionada en democracia, existen notables diferencias. La ley 22.285 fija como objeto de regulación

a

“los

servicios

de

radiodifusión

[…] [que]

comprenden

las

radiocomunicaciones cuyas emisiones sonoras, de televisión o de otro género, estén destinadas a su recepción directa por el público en general, como así también los servicios complementarios” (art.1). La ley 26.522, en cambio, comprende ésos servicios no en términos de radiodifusión, sino en términos de Comunicación Audiovisual. La legislación reemplazante pretende regular los Servicios de Comunicación Audiovisual “en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación” (art.1). La principal diferencia que presenta el “espíritu” de la nueva ley de medios, respecto de la precedente, reside precisamente en el término Comunicación. La ley 26.522 entiende el derecho a brindar y recibir información como partes fundamentales del derecho a la comunicación, al que consideran un Derecho Humano. “Interpretando a la comunicación como un derecho humano y no como un negocio, nuestros oyentes y

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Fueron los temas que más polémica provocaron durante la discusión del proyecto.

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televidentes, serán considerados como ciudadanos, y no como meros consumidores”92, explica un documento publicado por el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), integrante de la Coalición por una Radiodifusión Democrática. La importancia de entender a la comunicación como un Derecho Humano excede las implicancias relativas a la actividad de los medios de comunicación. De este modo, la comunicación se erige en un derecho fundamental para el funcionamiento de la democracia. El abogado y profesor Ricardo Porto, especialista en medios de comunicación, explica “El derecho a recibir información constituye uno de los pilares básicos en donde se asienta el funcionamiento de la sociedad democrática. Si coincidimos con Nino en que la democracia es el gobierno de la discusión por excelencia, y que la verdadera justificación ética de ese sistema se basa en que las decisiones son tomadas en virtud de un debate amplio, libre y pluralista, debe convenirse que el derecho a recibir información constituye el prerrequisito básico de este

sistema.

[…] El ejercicio de todos los derechos del hombre parte del supuesto del derecho a estar informado, constituyendo tal prerrogativa el derecho originario, o, al decir de las Naciones Unidas, en «la piedra de toque de las restantes libertades»”93. La diferencia conceptual, entonces, no es menor. Comprender a la comunicación sólo en el marco de la radiodifusión es acortar los alcances de la ley. Por el contrario, abordar la comunicación, entendida fuera de las estructuras de la radiodifusión, configura un escenario de regulación y participación social más inclusiva. De esta manera, el objeto de la regulación de cada una de las leyes en cuestión difiere, en principio, por los términos en los cuales entienden a la comunicación. “La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. […] la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público en la que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión”. Así declara, el artículo segundo de la ley 26.522, a la comunicación 92

Nueva Ley de Medios Audiovisuales. Desafío para los medios comunitarios y populares. FARCO p 10 Disponible en: http://www.farco.org.ar/audios/docs/CartillaFARCO-leySCA.pdf 93 Porto, Ricardo. Derecho a la información. Bs As, Asociación de Graduados en Derecho y Ciencias Sociales, 1991. Citado por Hugo Mulerio en Palabra por Palabra. Bs As: Biblos, 2002 p 22

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audiovisual en su carácter de interés público. “En la práctica, ello significa que el ejercicio de la actividad radiodifusora no sería una facultad del estado y delegable a los particulares, sino reconocer al sujeto universal su derecho a la información y de poder informar por un medio en especial”94. Lo mismo cabe para la ley de 1980, sólo que, con las precisiones marcadas en el párrafo anterior, se refiere a los servicios de radiodifusión. En su artículo segundo, expresa taxativamente “Los servicios de radiodifusión se declaran de interés público”. Cabe notar, que así como el Estado está obligado a garantizar el derecho a expresión de todos los ciudadanos, la ley es tan sólo una herramienta para tal fin. Como bien explica Muleiro “Si los habitantes del país tienen derecho a estar informados de todo aquello que les concierne y de las acciones que influirán sobre su suerte personal, la de su grupo más cercano de pertenencia y la de la comunidad que integran, y si en esto se juega su suerte la calidad y profundidad de la democracia, queda claro que la demanda de información no debe dirigirse exclusivamente al poder que reúna el Estado o que al Estado le haya sido dejado, sino al poder en su concepción más vasta, con todos sus componentes y actores”95. El objeto de la ley, es decir, la regulación que se aplicará a partir de ésta, no puede estar exenta del derecho a la libertad de expresión ya que la incidencia sobre los servicios afecta el ejercicio en ellos. La normativa de 1980 establece que “Los servicios de radiodifusión deberán difundir la información y prestar la colaboración que les sea requerida, para satisfacer las necesidades de la seguridad nacional. A esos efectos el Poder Ejecutivo Nacional podrá establecer restricciones temporales al uso y a la prestación de todos los servicios previstos por esta ley” (art. 7). De esta manera, el ejercicio periodístico se veía fuertemente condicionado por la Doctrina de la Seguridad Nacional; la información publicada y emitida debía estar enmarcada en ella. De lo contrario, la dictadura aplicaría sus sanciones abusivas. La legislación de 2009, por el contrario, se ampara en la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 13 afirma “El ejercicio del derecho [a la libertad de pensamiento y expresión] no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores […]”. En este sentido, el texto de la nueva ley no establece explícitamente algún condicionamiento a la libertad de pensamiento, expresión, información o de prensa. Pero ciertos vacíos legales, que serán

94

Loreti, Damián M. El derecho a la información. Relación entre medios, público y periodistas. Bs As: Paidós, 1995 p 139 95 Mulerio, Hugo. Óp. Cit. p 23

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abordados al final de este capítulo, pueden dar lugar a situaciones que contradicen los valores sobre los que se asienta la norma.

2.2.3.2. ¿PLURALIDAD DE VOCES? La ley, al entender a la comunicación como un derecho humano, establece una lógica transversal entre libertad de expresión, pluralidad, la cuestión de las licencias (titularidad y cantidad), y la concentración mediática. De este modo, la libertad de expresión es a la vez causa y consecuencia de la pluralidad de voces. Por una parte, que exista una amplia gama de comunicadores contempla que los servicios de comunicación audiovisual puedan llegar a ser desempeñados por diferentes posiciones y estilos comunicativos. En la otra cara de la moneda, la pluralidad en el uso de las licencias compone un aspecto destacado de la libertad de expresión en el intercambio de la información. Explica un documento de FARCO “Quienes defendemos la posibilidad de que todas las personas podamos expresarnos libremente sin censura, defendemos la “libertad de expresión” y el derecho a la información. Eso supone asegurar la diversidad y pluralidad de medios”96, y agrega más adelante “Cuando hablamos de pluralismo, nos referimos a un valor fundamental de la democracia, que hace referencia a la posibilidad que distintas voces, distintas miradas, de los más variados sectores sociales, tengan un espacio para decir, opinar, debatir, en definitiva, participar en igualdad de condiciones en el diálogo democrático”97. Por supuesto, la libertad de expresión y la pluralidad dependen, en la ley, de la cantidad límite de licencias concedidas a los prestadores de los servicios de comunicación. Pero no sólo de ello, sino también del sector al que pertenecen los licenciatarios. La ley diferencia tres sectores: el comercial, el público y el tercer sector. En el primer caso se trata de los medios de comunicación de gestión privada con fines de lucro, mientras que el segundo se refiere a los medios de gestión estatal (art 21, ley 26.522). El tercer sector incluye a los medios de gestión privada sin fines de lucro, entre los cuales menciona a “los cultos religiosos, las sociedades de fomento, las mutuales, las asociaciones civiles, los sindicatos y otros participantes de la vida cultural argentina”. Este heterogéneo continente social es incorporado a la nueva ley y conforma una de las 96

Ibíd. nota 92. Nueva Ley de Medios Audiovisuales. Desafío para los medios comunitarios y populares. FARCO p 9 97 Ibíd. p 12

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rupturas más importantes con respecto a la normativa legada de la dictadura. La inclusión de sectores postergados durante décadas, constituye un incentivo en favor del pluralismo. El artículo 89 de la ley 26.522 inc. f señala que [En oportunidad de elaborar el Plan Técnico de Frecuencias, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual deberá] reservar “f) El treinta y tres por ciento (33%) de las localizaciones radioeléctricas planificadas, en todas las bandas de radiodifusión sonora y de televisión terrestres, en todas las áreas de cobertura para personas de existencia ideal sin fines de lucro”. No obstante, el reconocimiento de nuevos actores en el proceso comunicativo no garantiza pluralidad sino establece, también, las herramientas que posibiliten la permanencia y estabilidad de esos nuevos actores que se incorporan al campo de los medios de comunicación. De esta forma, la distribución del espectro radioeléctrico es espuria, porque los nuevos actores político-sociales del tercer sector, a quien la ley reserva el 33% del espacio, al no contar con posibilidades de permanencia en el rubro ven condicionado la explotación de las licencias mientras que los licenciatarios que se mantienen de manera estable a lo largo de los años son aquellos que están a cargo de los grandes medios con mayores ingresos económicos. En caso de presentarse esta situación, se violaría el principio de la ley que establece considerar a la comunicación como un derecho humano y no como una actividad sometida a las leyes de la rentabilidad económica.

De hecho, una de las principales críticas realizadas a la ley es que la

inclusión del tercer sector como prestador de servicios de comunicación audiovisual no contempla sus mecanismos de sustentación económica. El artículo 151 autoriza a los pueblos originarios a la instalación y puesta en funcionamiento de sus medios de comunicación audiovisual; mientras que el 152 explicita sus medios de financiamiento, entre los cuales destaca la asignación del presupuesto nacional, venta de publicidad, donaciones, venta de contenidos de producción propia; auspicios, patrocinios y recursos específicos asignados

por

el

Instituto Nacional

de Asuntos Indígenas. Estas

especificaciones no se aplican a los medios de las organizaciones civiles sin fines de lucro. El problema por el financiamiento no es menor, ya que no todas las organizaciones del tercer sector están en igualdad de condiciones para acceder a la explotación de las licencias. Existen fundaciones que se encuentran sostenidas por fondos provenientes de grandes corporaciones lo que hace que cuenten con el capital económico necesario para la instalación y el funcionamiento de sus medios, a diferencia de otros cuyo financiamiento

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es insuficiente. Es ilustrativo comparar a instituciones como la Fundación Ford, la Iglesia Católica y la Fundación Noble, de Clarín, con asociaciones barriales o radios comunitarias. La brecha que separa el acceso a un adecuado financiamiento entre ellos es enorme. Así, la imprecisión de los métodos de financiamiento de estos prestadores condiciona el incentivo a la diversidad convirtiendo a ésta en una mera declaración de principios. Otra desventaja de la legislación vigente es que no discrimina entre las instituciones que integran el tercer sector y las razones sociales que ameritan su existencia. El ejemplo más claro lo representan los medios alternativos, comunitarios o populares que no se encuentran reconocidos en la ley. El artículo 4, que presenta una serie de definiciones técnicas nunca menciona a estos actores y tan sólo se refiere a las emisoras comunitarias sin aplicar sobre ellas ninguna regulación en concreto. En un comunicado difundido en mayo de 2010, la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA), se mostró disconforme “[…] sabemos que no hay ley que por sí misma garantice la labor de nuestros medios, pero también sabemos que el poder opera bajo su propio marco jurídico y que con las palabras fácilmente se juega, por lo que la “democratización” puede fortalecer los “amiguismos”, permitir el uso del espectro a ciertos sectores y dejar al margen a otros medios populares/alternativos/comunitarios, sobre todo de carácter independiente y autogestivo. Afirmamos que la libertad de expresión y el derecho a la comunicación se garantizan no sólo evitando cualquier tipo de monopolio (privado o gubernamental) si no resguardando los derechos de todos los sectores, pero sobre todo de aquellos que día a día construimos una comunicación solidaria, participativa y plural. Los medios alternativos/comunitarios/populares, cumplimos una función social distinta, tenemos características especiales y proyectos diferentes a otros medios de comunicación, aún de los llamados sin fines de lucro. Nuestros medios se construyen con la participación de los sectores populares y de las comunidades, junto a las diversas luchas de los movimientos sociales, políticos y culturales, lo que no es necesariamente así en todos los medios sin fines de lucro”98.

98

Posición de la Red Nacional de Medios Alternativos sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Disponible en: http://www.rnma.org.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=997&Itemid=29

75

2.2.3.3. CONCENTRACIÓN, MERCADO Y LICENCIAS La censura y la formación de monopolios, públicos o privados, afectan a la libertad de expresión y la pluralidad de los actores que intervienen en el proceso de la comunicación. La Constitución Nacional reconoce y repudia la censura en sus artículos 14 y 32. Por su parte, numerosos documentos jurídicos con rango constitucional reconocen derechos y afirman garantías a partir de ello, al tiempo que destacan la importancia vital de estos valores para el funcionamiento de una sociedad democrática. La dictadura de 1976 no sólo ejerció la censura de manera sistemática e indiscriminada, llegó incluso al asesinato de periodistas. La ley 22.285, gestada en este contexto, no necesitaba referirse a la censura ya que en ella se establecían serias limitaciones al contenido de la producción periodística. Sin embargo, la concentración mediática de tendencia monopólica no se desarrolló durante este período. De hecho, es un fenómeno desarrollado exclusivamente en el período democrático. En este sentido, la ley 26.522 no representa una ruptura con la normativa de la dictadura sino con las disposiciones incorporadas durante el menemismo, en democracia. “En 1989, recién llegado a la presidencia, Carlos Menem derogó el artículo 45, que negaba a las empresas periodísticas extender su actividad al campo de la televisión y radiofonía. Así quedaba abierto el camino para la privatización de los canales 11 y 13 (que se hizo el 23 de diciembre de ese año, cuando Televisión Federal y Artear se hicieron cargo de las emisoras). Canal 2 y Canal 9 ya habían regresado a manos privadas en 1983, por una decisión del general Reinaldo Bignone, tomada poco antes de las elecciones del 30 de octubre”99. Las medidas adoptadas por el menemismo en los albores de la década del noventa constituyeron la esencia de la política estatal orientada a “achicar el Estado” para “agrandar la Nación”. El 17 de agosto de 1989, se sancionó la ley 23.696 de Reforma del Estado, que permitía la “privatización total o parcial o a la liquidación de empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas cuya propiedad pertenezca total o parcialmente al Estado Nacional, incluyendo las empresas emisoras de radiodifusión y canales de televisión […] que hayan sido declaradas "sujeta a privatización"”100. Esta 99

La Nación, viernes 9 de octubre de 2009. “De Videla a los Kirchner, la historia de la ley de radiodifusión”. Ley 23.696 Capítulo II artículo 8. En el Anexo I de la ley figuran como privatizados: LS 84 TV Canal 11, LS 85 TV Canal 13, LR3 Radio Belgrano, LR 5 Radio Excelsior y todos los medios de comunicación del Estado 100

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medida -en conjunto con otras complementarias que sancionaría este mismo gobiernoformó la base sobre la cual nacieron los multimedios y se gestó la concentración mediática. Clarín, fue uno de los protagonistas de este fenómeno101. El decreto 1062 de 1998 modifica el inciso f) del artículo 46 de la ley 22.285. Este inciso además de prohibir la transferencia de “acciones del titular de una licencia radial sin autorización del Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), fijaba como condición sine qua non que ese permiso fuera otorgado siempre que hubiesen transcurrido cinco años desde la iniciación de las emisiones regulares de la frecuencia”102. De esta manera, la concentración mediática fue

posible

gracias

a

que

las licencias

podían ser

comercializadas a un mismo propietario sin que en ello mediara el control del COMFER. En la misma línea se ubicaba la última modificación al régimen de radiodifusión del menemismo. El Decreto de Necesidad y Urgencia 1005/99 abordaba tres ejes fundamentales que cambiaron el sentido de la ley sancionada en 1980, intensificando sus males. En primer lugar, amplía la cantidad de licencias de una persona física o jurídica. Así lo explica el diario Página/12: “El punto central del cambio es que la nueva ley establece que una misma persona jurídica y física puede explotar hasta 24 licencias de radiodifusión --es decir emisoras de televisión y radio-- cuando hasta ahora el máximo era de cuatro. Por otra parte, la nueva redacción fomenta la transmisión en red, lo que permite que desde una cabecera en Capital Federal se forme una cadena nacional de difusión”103. La nota periodística hace referencia al artículo 5 del decreto 1005 que modifica el artículo exceptuados: LS 82 ATC-Canal 7, LRA 1 Radio Nacional Buenos Aires, Radio Difusión Argentina al Exterior (RAE) y las emisoras que integran el Servicio Nacional de Radiodifusión. 101 “En el año 1990, con la privatización de varios medios de comunicación, Clarín comienza a expandirse a otros medios. Primero adquiere Radio Mitre. Luego, gana la licitación para operar el Canal 13 mediante su subsidiaria Arte Radiotelevisivo Argentino (ARTEAR). También incursiona en la televisión por cable mediante Multicanal en 1992. En 1993, Artear lanza el canal de cable: Todo Noticias (TN), y en 1994, la señal Volver, que transmite series y programas históricos de la televisión argentina. En el año 1996 aparece la versión online de Clarín y sale a las calles el Diario Olé, especializado en deportes. Asimismo, se crea el portal Ciudad Internet en 1997. En ese mismo año, también crea la Compañía Inversora de Medios de Comunicación S. A. (CIMECO), junto al diario La Nación. La firma administra matutinos en el interior del país; entre ellos, La Voz del Interior y Los Andes. El Grupo Clarín se constituye formalmente como Sociedad Anónima en 1999 e introduce como accionista minoritario a Goldman Sachs” Véase: Grupo Clarín. Wikipedia, la enciclopedia libre. En http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Clar%C3%ADn#cite_note-15 102 La Nación, viernes 2 de octubre de 1998. “Un decreto allanó el camino de Hadad” 103 Página/12, 29 de septiembre de 1999. "El decreto de la discordia" por Carlos Polimeni. En: http://www.pagina12.com.ar/1999/99-09/99-09-29/pag29.htm

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43 de la ley 22.285. Allí donde la ley establecía como máximo, la posibilidad de explotar un total de (4) cuatro licencias por titular, el decreto con la firma del presidente Menem establecía multiplicar por 6 esa cifra ya que el límite de cuatro licencias como máximo por persona física o jurídica con fines de lucro

“era congruente con un mercado

comunicacional poco desarrollado”. En segundo lugar, consideraba “oportuno suprimir el concepto de intransferibilidad de las licencias” y suspender el “impedimento para constituir redes privadas permanentes” ya que el contexto mediático de la ley era anacrónico al actual, en donde el mercado “ha variado dada la gran oferta de medios tecnológicos disponibles”. Por ello, el art. 7 del decreto, que sustituye al art. 68 de la ley de radiodifusión, afirma que “se podrán constituir redes privadas permanentes, con la previa autorización del COMITE FEDERAL DE RADIODIFUSION". El art. 10 incorpora el inciso i) al art. 85 de la ley 22.285, posibilitando “la transferencia de la titularidad de la licencia” dentro de los 180 días de otorgadas las licencias con autorización del PEN o el COMFER. Por último, el decreto 1005/99 desregula el tiempo de publicidad en los medios. Bajo la nueva normativa, “la promoción de programas propios de la estación” no es “computable como publicidad” (art. 8 inc. c). Además, dispone que la publicidad sea acumulable hasta 6 horas como máximo dependiendo de las horas totales de emisión. De esta manera, los 14 minutos en televisión y los 12 en radio que están dedicados a la emisión de publicidad “podrán ser ubicados en el momento que las emisoras quieran, acumulándolos hasta por un máximo de seis horas. Es decir que un canal podría transmitir dos horas seguidas sin publicidad y luego sumar los 24 minutos en una sola tanda”104. El compendio de modificaciones que realizó el gobierno menemista a la ley de radiodifusión de la dictadura, explicita de manera clara que aquella no favorecía o incentivaba la formación de monopolios multimediáticos sino que ello fue posible gracias a los cambios introducidos en la década del ‘90. En este sentido, como se dijo más arriba, la ley 26.522 modifica, en última instancia, las reformas introducidas en democracia bajo el menemismo.

104

Ibíd. nota anterior. “El decreto de la discordia” por Carlos Polimeni.

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Si la formación de monopolios afecta el derecho a recibir y brindar información, por ende, también afecta el derecho que consagra la libertad de expresión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 5/85 explica: “Las dos dimensiones mencionadas (supra 30) de la libertad de expresión deben ser garantizadas simultáneamente [que nadie sea arbitrariamente menoscabado o impedido de manifestar su propio pensamiento y el derecho colectivo a recibir cualquier información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno]. No sería lícito invocar el derecho de la sociedad a estar informada verazmente para fundamentar un régimen de censura previa supuestamente destinado a eliminar las informaciones que serían falsas a criterio del censor. Como tampoco sería admisible que, sobre la base del derecho a difundir informaciones e ideas, se constituyeran monopolios públicos o privados sobre los medios de comunicación para intentar moldear la opinión pública según un solo punto de vista”105. Dos de los mecanismos implementados para detener el proceso de concentración de la propiedad de los medios de comunicación en el mundo, consisten en limitar esa propiedad, por ejemplo, con un número fijo de licencias o estableciendo un porcentaje de mercado106. La ley 26.522 implementa ambos mecanismos. En primer lugar, modifica la multiplicidad de licencias retocadas por el menemismo. Luego, impone un límite porcentual a la explotación de las licencias en el mercado audiovisual. El artículo 45, inciso b), establece que una misma señal de contenidos de servicios de radiodifusión sonora o radiodifusión televisiva abierta puede contar cómo máximo de hasta diez licencias en el orden nacional. Un poco más del doble de la cifra que la dictadura ofrecía como tope para un mismo licenciatario (cuatro), y un poco menos de la mitad de la que estableció el decreto 1005/99 (veinticuatro). No obstante, el inciso c) del mismo artículo, admite “Hasta veinticuatro (24) licencias […] cuando se trate de licencias para la explotación de servicios de radiodifusión por suscripción con vínculo físico en diferentes localizaciones”. Es decir, veinticuatro licencias para la explotación de canales de cable, a los que acceden sólo los abonados al servicio. Asimismo, aclara que “la multiplicidad de licencias —a nivel nacional y para todos los servicios — en ningún caso 105

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de Noviembre de 1985. Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_05_esp.pdf 106 Así lo indica el párrafo siete de la nota que explica el artículo 45 de la ley 26.522.

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podrá implicar la posibilidad de prestar servicios a más del treinta y cinco por ciento (35%) del total nacional de habitantes o de abonados a los servicios referidos en este artículo, según corresponda”. En el plano local, la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) establece la posibilidad de que un mismo licenciatario posea una licencia para radio AM y una para FM o incluso dos, en el caso de que “existan más de ocho licencias en el área primaria de servicio”. En televisión, habilita a que un mismo licenciatario obtenga una licencia para televisión abierta, en caso de no ser ya poseedor de una licencia para televisión por suscripción. Lo mismo sucede en el caso adverso, se permite hasta una licencia para televisión por suscripción, siempre y cuando éste, no sea titular de una licencia para televisión abierta. De cualquier manera, el artículo 45 es claro cuando se refiere al número total de licencias que un mismo licenciatario puede mantener en una misma localización. “En ningún caso la suma del total de licencias otorgadas en la misma área primaria de servicio o conjunto de ellas que se superpongan de modo mayoritario, podrá exceder la cantidad de tres (3) licencias”. Así, la ley 22.285 con las modificaciones realizadas a partir del Decreto 1.005/99, establece también que, en el plano local, una misma persona física o jurídica puede poseer una licencia de radiodifusión sonora, una de televisión y una de servicios complementarios de radiodifusión, siempre que las dos primeras no sean las únicas prestadas por la actividad privada (art. 43, inc. b). La ley del año 2009, a diferencia de la de 1980, discrimina, en el plano local, la atribución de licencias entre servicio de radiodifusión sonora de FM y AM. Del mismo modo que distingue entre los servicios de radiodifusión televisiva abierta y los de televisión por suscripción. La medida que incorpora la ley SCA de reducir la cantidad de licencias que un mismo licenciatario puede tener en su poder, de veinticuatro a diez resulta progresiva, en tanto y en cuanto, reduce el marco de acción en el cual es posible la formación de monopolios. No obstante, el cuerpo de la ley no explica la razón por la cual un número máximo de 10 licencias constituye un límite a la concentración mediática y la formación de monopolios. Así como tampoco da cuenta de por qué el valor que representa el 35% por ciento del total de abonados se considera un tope razonable al alcance de los servicios por suscripción.

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La cuestión de las licencias guarda una conexión lógica con los límites a la concentración mediática y, en este sentido, con las implicancias que recaen sobre la libertad de expresión y el pluralismo. Explica la CIDH: “Son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones de funcionamiento deben adecuarse a los requerimientos de esa libertad. Para ello es indispensable, inter alia, la pluralidad de medios, la prohibición de todo monopolio respecto de ellos, cualquiera sea la forma que pretenda adoptar, y la garantía de protección a la libertad e independencia de los periodistas”107. La ley 26.522 también establece que las licencias otorgadas sean de carácter intransferible (art. 41), lo cual desestima la formación de redes de medios ya que, a su vez, evita el surgimiento de un “mercado de licencias”. Por otra parte, los artículos 24 y 25 se refieren a los requisitos que las personas físicas y las personas de existencia ideal, respectivamente, deben reunir para estar en condiciones de ser adjudicatarios de licencias de radiodifusión. También, en este caso, la ley sancionada en democracia no presenta sólo diferencias con el texto de la ley que planteó de la dictadura sino con las modificaciones incorporadas en la década menemista. El 17 de agosto de 2005, el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.053 que sustituye el artículo 45 de la ley 22.285, en donde reconoce a las asociaciones sin fines de lucro como licenciatarios para explotar los servicios de radiodifusión. Uno de los puntos más importantes en los artículos citados, establecidos por la ley sancionada en 2009, es que inhabilita a ex funcionarios de gobiernos de facto a acceder a explotar los servicios de radiodifusión (art. 24 inc. c). Sin embargo, es importante no pasar por alto que en 2005, a más de veinte años de recuperada la democracia, el Congreso sustituyó un artículo de la ley de la dictadura, para que las entidades sin fines de lucro pudieran ser licenciatarias admitiendo, a su vez, (en flagrante contradicción) que ex funcionarios de gobiernos de facto pudieran hacer uso de radios o canales de televisión. En esto reside, precisamente, una de las rupturas más importantes reconocidas en la ley SCA respecto de sus antecedentes. Los artículos referidos a las condiciones de admisibilidad también señalan la distancia que debe existir entre los licenciatarios y el sector comercial y público. El inciso i) del artículo 24 expresa: “No ser director o administrador de persona jurídica, ni accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones que conforman la 107

Ibíd. nota anterior. Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-5/85 del 13 de Noviembre de 1985.

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voluntad social de una persona jurídica prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal”. El artículo 25, por su parte, referido a las personas de existencia ideal, señala en su inciso d): “No ser titular o accionista que posea el diez por ciento (10%) o más de las acciones o cuotas partes que conforman la voluntad social de una persona de existencia ideal titular o accionista de una persona de existencia ideal prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público nacional, provincial o municipal”. En ambos casos se indica que los licenciatarios no pueden ser extranjeros, ni poseer vínculos con “empresas de servicios de comunicación audiovisual extranjeras”. Estas resoluciones no sólo

plantean la creación de un marco de acción que

imposibilite la formación de un mercado oligopólico sino que también resguardan el valor de la comunicación dentro de los límites nacionales. No obstante, si bien las medidas planteadas en la ley protegen la pluralidad de voces y con ello, la diversidad de los actores de la comunicación, su garantía no puede quedar sometida a un mercado de medios desconcentrado solamente sino en la fehaciente diversidad de sus contenidos. Como explican Becerra y Mastrini “históricamente se ha definido que la forma de garantizar el pluralismo es a través de la diversidad de medios y de la expresión pública de diferentes definiciones políticas. Este derecho no debe quedar confinado a la garantía de una estructura de propiedad no oligopólica, sino que también debe asegurarse la multiplicidad de contenidos en los medios. Esta diversidad de propietarios y contenidos debe quedar reflejada en todos los niveles relevantes: el político, el cultural y el lingüístico”108.

2.2.3.4. AUTORIDAD DE APLICACIÓN Previo a su sanción, uno de los aspectos que más polémica despertó durante el debate de la ley de medios fue el referido a la Autoridad de Aplicación. La relación del Gobierno con los medios de comunicación había padecido un giro de 180° grados tras el conflicto agrario, y las denuncias presentadas por la oposición hacían suponer que la ley de medios, que reemplazaría a la ley de la dictadura, sería arbitraria. Por supuesto, la composición de los organismos capaces de velar por el cumplimiento de la ley es de 108

La concentración mediática argentina: de eso no se habla por Martín Becerra y Guillermo Mastrini, en Derechos Humanos en Argentina. Informe 2007. Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) p 462 Véase en: http://www.cels.org.ar/common/documentos/informe_anual_2007.pdf

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suma importancia ya que de ahí deriva el hecho de que la norma tenga un cumplimiento arbitrario o no. La ley de facto de 1980, creó el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) como “un organismo autárquico, con dependencia del Poder Ejecutivo Nacional. Su conducción [era] ejercida por un Directorio formado por UN (1) presidente y SEIS (6) vocales designados por el Poder Ejecutivo Nacional a propuesta del organismo que representan; durarán TRES (3) años en sus funciones y podrán ser nombrados nuevamente por otros períodos iguales”109. De esta manera, la designación del directorio que integra la autoridad de aplicación quedaba sujeta a la total discrecionalidad del Poder Ejecutivo. En aquél caso, bajo la autoridad de las fuerzas que integran la Junta Militar. En efecto, la ley aclara que los integrantes del Directorio serán representantes de los “Comandos en Jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, Secretaría de Información Pública, Secretaría de Estado de Comunicaciones y Asociaciones de Licenciatarios, UNO (1) correspondiente a radio y el otro a televisión. Como órgano asesor del Directorio actuará una Comisión formada por representantes de todos los Ministerios del Gobierno Nacional y de la Secretaría de Inteligencia de Estado”110. Durante los años que siguieron a la caída de la dictadura, ningún gobierno modificó este apartado de la ley 22.285. De ahí que el ex COMFER fuera intervenido en cada recambio presidencial. La ley SCA representa un avance en la medida en que desafecta este artículo oponiendo uno de tendencias mucho más democráticas, pero al que es necesario establecer algunas precisiones. El artículo 10 crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) “como organismo descentralizado y autárquico”. Lo que implicaría que las funciones que antes el COMFER realizaba dentro de la órbita discrecional del Estado, ahora el AFSCA lo haría fuera de ella. Al igual que en la ley de facto, el número de miembros del Directorio que plantea la nueva ley también es de siete integrantes aunque varían diametralmente la procedencia de los miembros y el mecanismo de su designación. Mientras que en la normativa de 1980 todos los miembros de la autoridad de aplicación eran designados por el Gobierno, la ley que la reemplaza deja en manos del Poder Ejecutivo sólo la designación de su presidente y un director. Sin embargo, también le corresponde a éste el nombramiento de 109 110

Ley 22.285 Título IX De las autoridades. Artículo 96 Ibíd. nota anterior

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los restantes integrantes del directorio111 que hayan sido propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y por el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual. De ello se desprende que, si bien el hecho de que las minorías representadas en el Congreso de la Nación cuenten con la posibilidad de proponer los candidatos para ocupar el directorio representa un mecanismo más pluralista que aquel que establecía la norma precedente, el método actual no cimenta la independencia total de la autoridad de aplicación respecto del poder ejecutivo. Y es sumamente importante, ya que entre sus funciones está la de “elaborar y aprobar los pliegos de bases y condiciones para la adjudicación de servicios de comunicación audiovisual”. Es decir, si parte de los funcionarios que integran la AFSCA se encuentran en la estructura política de un gobierno, la asignación de las licencias puede verse afectado por intereses políticos. Al respecto, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su Informe Anual 2008, expresa: “Es esencial que todo el proceso de asignación y regulación esté orientado por un órgano técnico independiente del gobierno, que goce de autonomía frente a presiones políticas coyunturales, que se encuentre sometido a todas las garantías del debido proceso y que se someta al control judicial. Reglas como las anteriores permitirán proteger a las radios y canales comerciales de injerencias abusivas y les darán la seguridad de que cualquiera sea su orientación no serán objeto de decisiones arbitrarias”112. Otro aspecto importante lo representa la duración de los cargos del presidente y directores de la autoridad de aplicación. La ley SCA expresa que “el presidente y los directores durarán en sus cargos cuatro (4) años y podrán ser reelegidos por un período. La conformación del directorio se efectuará dentro de los dos (2) años anteriores a la finalización del mandato del titular del Poder Ejecutivo nacional, debiendo existir dos (2) años de diferencia entre el inicio del mandato de los directores y del Poder Ejecutivo 111

Ley 26.522 Título II, Capítulo I , Art. 14: “El directorio estará conformado por un (1) presidente y un (1) director designados por el Poder Ejecutivo nacional; tres (3) directores propuestos por la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que serán seleccionados por ésta a propuesta de los bloques parlamentarios, correspondiendo uno (1) a la mayoría o primer minoría, uno (1) a la segunda minoría y uno (1) a la tercer minoría parlamentarias; dos (2) directores a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual, debiendo uno de ellos ser un académico representante de las facultades o carreras de ciencias de la información, ciencias de la comunicación o periodismo de universidades nacionales”. 112 Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, Informe Anual 2008, Cap. V, pto. 5, ap. 106, p. 227. Citado en Aportes para la discusión legislativa sobre una nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Observaciones sobre autoridades de regulación y medios públicos. Asociación por los Derechos Civiles – Septiembre 2009. Disponible en: www.adc.org.ar/download.php?fileId=456

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nacional”. Aquí, es destacable que la duración de los cargos mencionados no coincida con los términos de cada mandato presidencial. Si esto no fuera así, es decir, si la duración de los cargos directivos del AFSCA coincidiera con la duración de la gestión del Poder Ejecutivo, la independencia del organismo podría verse afectada. Hasta aquí, el desarrollo de las rupturas y continuidades entre la ley 22.285 y la 26.522 ha atravesado las cuestiones atinentes al objeto de regulación, la libertad de expresión, la multiplicidad de licencias y los principales aspectos de la estructura y funcionamiento de la autoridad de aplicación. Por último, el análisis de los medios públicos en el texto de ambas leyes es imprescindible.

2.2.3.5. MEDIOS PÚBLICOS El sistema de medios de comunicación del Estado ha sido, tradicionalmente, confundido con un sistema de medios gubernamental, cuya línea editorial corre a la par de la política del gobierno de turno. La historia da cuenta de ello. Las radios fueron estatizadas durante el peronismo, la primera transmisión de la Televisión Pública “mostró a una Evita de piel y huesos, de trajecito negro, pronunciando su discurso póstumo. El edificio donde todavía funciona se inauguró en 1978, cuando la dictadura militar inició las transmisiones color de la Copa Mundial de Fútbol, con objetivos nada deportivos como desviar los ojos de sus crímenes de lesa humanidad”113. Por otra parte, la presencia de programas que explícitamente favorecen o benefician al oficialismo o grupos cercanos al poder en la pantalla de la televisión pública y el aire de Radio Nacional, constituyen parte de graves episodios a través de la historia, que generan inseguridad y confusión en la ciudadanía acerca de lo público y lo gubernamental en el manejo de los medios del Estado. En tal coyuntura, la discusión de una nueva ley de medios ameritaba abordar esta problemática. En el Congreso, los bloques opositores criticaron fuertemente la actual política de medios públicos, denunciaban que la consecuencia inmediata de que un medio público funcione como uno gubernamental es la restricción de la libertad de expresión por cuanto no promueve la pluralidad de voces y, que de esta manera, también la diversidad 113

Todo o nada… Estado y Medios en pie de guerra por Ludueña, María Eugenia en ¿Por qué nos odian tanto? Estado y medios de comunicación en América Latina. Omar Rincón [Editor]. Centro de Competencia en Comunicación para América Latina Friedrich Ebert Stiftung p. 275 Disponible en: http://www.c3fes.net/docs/porquenosodian.pdf

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de puntos de vista se ve afectada cuando

se favorecen determinadas perspectivas

ideológicas en desmedro de otras. En concreto, ¿qué es un medio público? La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) explica que “los medios públicos cumplen un rol fundamental para garantizar la libertad de expresión, entendida como el derecho a emitir, recibir y buscar informaciones y opiniones de toda índole, en condiciones que garanticen la pluralidad informativa, ya que a través de ellos se puede ofrecer una pluralidad de perspectivas, dando voz a todos los sectores de la sociedad, sin enrolarse en ninguna corriente específica de opinión, de modo tal de asegurar el derecho de acceder a información diversa”114. Ambas leyes, pecan de no definir qué es un medio público. El artículo 35 de la ley de facto, explica su “cometido”, es decir, los objetivos fijados por la dictadura que debía cumplir la televisión y radio estatales. La legislación actual, por su parte, a pesar de contar con un apartado dedicado exclusivamente a definiciones115, tampoco puntualiza a los medios de comunicación públicos. Sin embargo, indica los objetivos y obligaciones que han de cumplir Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA S.E.) creados a partir de la ley. El hecho de que servicios tan destacados como lo son los medios públicos, no se encuentren definidos en el texto de la ley, no es una cuestión de importancia menor. Al no estar definidos, la norma legisla sobre algo impreciso. La inexactitud acerca de qué es y qué función cumplen los medios propiedad del Estado da lugar a que su funcionamiento sea el mismo del que tradicional y equivocadamente ha sido; el de su uso como medios gubernamentales. A pesar de ello, la ley vigente contempla otras cuestiones que la legislación anterior pasa por alto. A los fines de garantizar que los medios públicos tengan igual alcance que los medios privados, la ley sancionada en democracia considera a los primeros como complementarios de los segundos, a diferencia de la anterior legislación que señalaba que los medios públicos funcionarían “subsidiariamente respecto de las estaciones privadas, cuando así lo exijan razones de seguridad nacional, solamente en

114 115

Ibíd. Óp. Cit. Aportes para la discusión… Asociación por los Derechos Civiles – Septiembre 2009 p 11 Véase Capitulo II Definiciones. Artículo 4 de la ley 26.522

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aquellos lugares adonde no concurra la actividad privada, por su baja densidad demográfica o escaso interés comercial”116. A pesar de que el texto de la ley no indique una definición de medios públicos, los artículos 121 y 122 establecen sus objetivos y obligaciones que, de alguna manera suplen la ausencia respectiva. De los primeros, se destacan la promoción y el desarrollo del respeto por los DDHH, y el respeto y la promoción del “pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico”. Éste último, implica la búsqueda de una lógica operacional diversa y plural, lo contrario de la negativa tradición que portan los medios públicos117. De las obligaciones establecidas en la ley, se subraya la importancia de “asegurar la información y la comunicación con una adecuada cobertura de los temas de interés nacional, regional e internacional”, “difundir las actividades de los poderes del Estado” y ofrecer el acceso global, en el conjunto de la programación de RTA S.E., a “la participación de los grupos sociales significativos, como fuentes y portadores de información y opinión”118. Para que los medios del Estado sean asumidos como públicos, fuera de injerencias gubernamentales y presiones partidarias, es necesario garantizar su independencia e imparcialidad frente a los grupos de poder político y económico. En el primer caso, la dirección de los medios de comunicación estatales debe ser plural e independiente de las esferas políticas que intervienen en la sociedad. Para la independencia económica, los mecanismos de financiación no deben quedar sujetos exclusivamente a los ingresos por publicidad privada o, en otros términos, “que la

116

Ley 22.285 Título III Del Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR) Art. 33 inc. c) No obstante, esta clausula ya había sido modificada en 2003. Explica Martín Becerra: “fue Eduardo Duhalde en marzo de 2003 con su decreto PEN 1.214 quien [modificó] una cláusula de la vieja ley de radiodifusión de Videla (artículo 11 de la ley 22285) que prescribía ese rol subsidiario al Estado en la prestación de los servicios audiovisuales. Precisamente porque los medios estatales actuaban con un rol subsidiario y habituados a su desprestigio, no representaban competencia ni molestia alguna al predominio que ejercieron (y ejercen) los medios comerciales privados”. Véase: Becerra, Martín. “Medios de comunicación oficiales: transgresión y propaganda”. Revista El Estadista n° 30. Disponible en: http://elestadista.com.ar/?p=582 117 “En nuestro país, los medios de comunicación audiovisuales gestionados por el Estado no se corresponden estrictamente con la definición de “medios públicos” ya que carecen de mandato de servicio público y su integración es definida, exclusivamente, por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional, sin ningún tipo de participación del Congreso ni de la sociedad civil”. Ibíd. Óp. Cit. Aportes para la discusión… Asociación por los Derechos Civiles – Septiembre 2009 p 11 118 Incisos 4), 6) y 9) respectivamente, del art. 122 de la ley 26.522

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posibilidad de emitir publicidad no desvirtúe la razón de ser de las emisoras públicas ni influencie su programación”119. A los fines de garantizar la independencia política de los medios públicos, “la estructura y designación de los miembros del Directorio deben tener por objetivo prevenir una indebida influencia por parte de cualquier fuerza política particular”120. En relación a esto, la ley SCA presenta notables diferencias respecto de la normativa precedente. La ley de facto, entiende al Servicio Oficial de Radiodifusión como dependiente de la Secretaría de Estado de Comunicaciones, que a su vez integra el COMFER, a su vez integrado por representantes de las diferentes Armas que forman parte de la Junta Militar. La existencia de un directorio que delibera y organiza los contenidos y recursos de los medios del Estado, es nula. El conjunto de la sociedad civil, tampoco cuenta con participación alguna en la estructura y organización del organismo. Peor aún, la injerencia del poder político está permitida y de ello no se desprende ninguna garantía de independencia. Sirva de ejemplo el art. 34 de la ley de facto, cuando expresa que la Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación orientará y supervisará la programación que elabore la Secretaría de Estado de Comunicaciones para su difusión por las estaciones del Servicio Oficial de Radiodifusión (SOR). La ley vigente, por su parte, no prohíbe expresamente que un medio público favorezca a algunos sectores sociales en desmedro de otros. No obstante, plantea una organización y administración de los medios públicos muy diferente de la establecida por la dictadura. Si bien la ley crea Radio y Televisión Argentina S.E. “bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo” (art. 199), a su vez crea un organismo encargado de ejercer “el control social del cumplimiento de los objetivos” fijados para los medios del Estado como lo es el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos (art. 124). También habilita el Directorio para administrar sus recursos y garantizar la calidad del servicio. De esta manera, ninguna secretaría que trabaje dentro de la órbita del PEN interviene en la gestión de los medios estatales. La cantidad de miembros que integrarán el Directorio y las condiciones fijadas para su designación y permanencia son idénticas a las que la ley 119

Los medios públicos en la discusión por una nueva ley de radiodifusión por Califano, Bernadette y Rabinovich, Eleonora en Revista Tram[p]as de la Comunicación y la Cultura N° 67 Septiembre-Octubre 2009 p 56 Disponible en: www.adc.org.ar/download.php?fileId=475 120 Ibíd. nota anterior

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aplica para el Directorio del AFSCA: un presidente y un director designados por el Poder Ejecutivo Nacional, tres directores a propuesta de la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual y, dos a propuesta del Consejo Federal de Comunicación Audiovisual121. El financiamiento fue otro aspecto de suma importancia en el debate suscitado sobre los medios de comunicación del Estado. Desde luego, como servicio público, las exigencias y obligaciones sobre estos medios no pueden ser las mismas que aquellas demandadas hacia los medios de comunicación privados. Aquí, la lógica de funcionamiento no está sometida al lucro comercial sino a satisfacer las necesidades de un servicio de mandato público y, como tal, no solo adquiere relevancia de dónde provienen los fondos sino también el porcentaje que representa cada uno de los ingresos que requieren Radio y Televisión Argentina S.E. para su correcto funcionamiento. La ley 26.522 especifica como mecanismos de financiación de los medios públicos a un porcentaje del gravamen creado para la explotación de los servicios regulados, asignaciones presupuestarias, la venta de publicidad, la comercialización de su producción de contenidos audiovisuales, auspicios o patrocinios, y legados, donaciones, etcétera122. La ley 22.285, por su parte, no sólo es más imprecisa para establecer las vías de financiamiento sino también más arbitraria en su asignación. La Secretaría de Estado de Comunicaciones, por ejemplo, es la oficina encargada de recibir las donaciones, contribuciones, herencias, etc.; dentro de la órbita del Poder Ejecutivo. También la asignación de fondos provenientes del Presupuesto General de la Nación es inexacta (porque no da cuenta del porcentaje destinado a la radiodifusión estatal) y discrecional (porque al estar suspendida la actividad legislativa, el presupuesto es elaborado por la Junta Militar). La legislación vigente admite un sistema de financiamiento mixto entre los fondos públicos y los ingresos privados derivados de la venta de espacios publicitarios. Desde luego, un

presupuesto oneroso no determina la calidad de los contenidos, pero sí

condiciona el correcto desempeño de un medio público, por ende, como explican Calidano y Rabinovich, su financiamiento “debe ser suficiente, apropiado y estable. Suficiente para

121 122

Véase nota 104 de este trabajo. Ley 26.522 Título VII Capítulo IV art. 136 inc. a) a f)

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poder lograr sus objetivos, apropiado teniendo en cuenta el rol que cumplen, y estable en el sentido de que el mismo sea sostenido a lo largo del tiempo”123. Por otra parte, ¿qué sucede si los medios de comunicación estatales quebrantan el cumplimiento de sus objetivos y obligaciones? ¿Y qué, si mantienen una lógica de operación gubernamental y con ello restringen la libertad de expresión? En caso de que los medios públicos sean vehículo de prácticas sometidas a las presiones del poder político y económico comprometiendo su independencia e imparcialidad, ¿qué sanciones le corresponden? El régimen de sanciones de la ley indica que quienes se encuentran sujetos a sanciones son los titulares de licencias o autorizaciones, como así también “las productoras de contenidos o empresas generadoras y/o comercializadoras de señales o derechos de exhibición”124. Sin embargo, el texto no ofrece especificación alguna sobre las sanciones que recaerán sobre las señales estatales en caso de incurrir en incumplimiento sobre las disposiciones legales de la ley. Está claro, que los medios de gestión estatal no tienen la misma razón de ser que los medios de comunicación privados, por lo tanto, las sanciones que se aplican a los segundos no puede ser la misma que la que debiera aplicarse a los primeros. Éstas no necesariamente deben ser económicas hacia la radio y televisión públicas, ya que ello devendría en perjuicios para todos los abonados pero sí, al menos, referidas hacia quienes deben velar por el correcto desempeño y fortalecimiento de los medios públicos.

2.2.4. VACÍOS “Hoy, estamos apretando a los periodistas (con un fuerte abrazo)” Saludo de la Presidencia de la Nación por el día del periodista, publicado en Clarín el 7 de junio de 2005

Así como es importante subrayar que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual habilita el marco jurídico para incorporar nuevos actores en la comunicación social, que insiste en desarticular a los monopolios mediáticos y promover el pluralismo imponiendo límites a la concentración –por citar sólo algunos ejemplos de las virtudes que se le reconocen– es inexorable, también,

destacar la persistencia de ciertos vacíos

legales de suma notoriedad no sólo heredados de la Ley de Radiodifusión de 1980 sino 123

Ibíd. nota 113 Óp. Cit. Los medios públicos en la discusión por una nueva ley de radiodifusión por Califano, Bernadette y Rabinovich, Eleonora p 56 124 Ley 26.522 Título VI art. 101

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intensificados bajo el período constitucional. “Es un triunfo haber doblegado cierta idea de que no había que regular al sector. Ningún país de América Latina tuvo una ley integral como ésta. Es muy buena, pero necesita leyes complementarias para no quedar en letra escrita”125, puntualiza Martín Becerra, profesor de la Universidad de Quilmes. La regulación de la pauta publicitaria oficial y el acceso a la información pública constituyen dos problemáticas que no han sido claramente debatidas y estudiadas en específico, ni aún contempladas en el marco legal vigente. La falta de una regulación precisa sobre ambos asuntos crea el ámbito propicio para ciertos abusos que violentan los principios en los que se erige la nueva ley de medios. Actualmente, lo que debiera ser publicidad de las acciones del Estado es propaganda política. Esto es posible debido, no sólo, a la ausencia de normas particulares o escasos controles en la materia, sino porque existe un contexto jurídico que así lo permite, o que en su defecto es tan general que resulta ineficaz. La única referencia hacia la regulación de la pauta oficial en el texto de la ley 26.522 establece aspectos formales en cuanto a la transmisión de los avisos oficiales y de interés público y, en términos generales, declara que “el Estado deberá contemplar criterios de equidad y razonabilidad en la distribución de la misma, atendiendo los objetivos comunicacionales del mensaje en cuestión” (art. 76). El artículo citado evita especificar en qué consisten esos “criterios de equidad y razonabilidad”, lo cual permite una interpretación arbitraria y profundamente subjetiva. El marco legal que, en la actualidad, organiza la distribución de la publicidad oficial es el Decreto 14/2011, en el cual se faculta a la Secretaría de Comunicación Pública para que planifique, ejecute y supervise las campañas de comunicación institucional del sector público. Esta oficina funciona dentro de la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia, una dependencia netamente política. El procedimiento de asignación de publicidad estatal no está enmarcado dentro del accionar de organismos públicos ajenos a interferencias políticas, por el contrario, es una estructura política la que decide cómo, cuánto y a quién asignarla. En tal sentido, la distribución de la pauta oficial está motivada por intereses políticos que, no sólo desvirtúan la razón de ser de la publicidad 125

Citado en Todo o nada… Estado y Medios en pie de guerra por Ludueña, María Eugenia en ¿Por qué nos odian tanto? Estado y medios de comunicación en América Latina. Omar Rincón [Editor]. Centro de Competencia en Comunicación para América Latina Friedrich Ebert Stiftung p. 264

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de los actos del Estado transformándola en propaganda política sino que, a su vez, condicionan los contenidos periodísticos de los medios de comunicación. La Asociación por los Derechos Civiles menciona, entre otras irregularidades, la asignación discriminatoria de la publicidad oficial a medios favoritos y aliados políticos, la utilización de la pauta oficial con fines propagandísticos y la asignación injustificada en ciertos diarios y canales de televisión126. En un mercado mediático altamente concentrado como el de Argentina, la competencia entre las diversas empresas periodísticas es inequitativa y despareja. Los grupos empresarios de medios de comunicación concentrados tienen la posibilidad de ser prestadores de una cantidad mayor de avisos publicitarios, lo que les reporta ingentes ingresos económicos, en comparación con aquellos medios más pequeños y menos desarrollados. “Para paliar esta dificultad, hay quienes sostienen la importancia de distribuir de manera discriminatoria la publicidad oficial, permitiendo –gracias a los recursos de la publicidad del Estado– ampliar la voz de periodistas y medios de comunicación local, de los medios más pequeños y de los que critican a las empresas del sector privado que se constituyen como principales anunciantes. Este criterio tiende a confundir los objetivos de la publicidad oficial con los objetivos de una política de subsidio estatal en el marco de una política comunicacional, que podría ser válida y aun necesaria. Los recursos del Estado que se utilizan para el pago de la publicidad oficial tienen un objetivo distinto a los objetivos que se pueden plantear para una determinada política de comunicación social. La posibilidad de decidir discrecionalmente, sin reglas claras, cómo y a quién se le otorga publicidad oficial abre la puerta a la arbitrariedad. La posible violación indirecta a la libertad de expresión surge porque las decisiones arbitrarias conllevan el riesgo de ser usadas como presión hacia los medios de comunicación críticos a la gestión de gobierno”127. El acceso a la información pública también es un derecho que no está debidamente garantizado y respetado, y que la nueva legislación en medios de comunicación pasa por alto. La herramienta legal que reglamenta el acceso a la 126

Véase: El precio del silencio: abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina. Bs As: Asociación por los Derechos Civiles; New York: Open Society Institute, 2008. Y: Una censura sutil: abuso de publicidad oficial y otras restricciones a la libertad de expresión en Argentina. Bs As: Open Society Institute, 2005. 127 Óp. Cit. Una censura sutil. p 6

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información pública es el decreto 1172/03 que tan sólo indica el mecanismo para demandar la información requerida a los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la jurisdicción del Poder Ejecutivo Nacional. Aquí también, como en el caso de la administración de la pauta publicitaria oficial, es una oficina dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Presidencia la encargada del acceso a la información pública128. Es significativo que en ambos casos, las decisiones que deberían ser tomadas por organismos que trabajen fuera de la estructura de gobierno sean tomadas precisamente por oficinas y dependencias organizadas en base a designaciones políticas. Ello también importa a la hora de garantizar la libertad de expresión ya que, en ocasiones, “los gobiernos le niegan el acceso a la información pública a un determinado medio en particular, en represalia por haber efectuado una cobertura crítica”129, lo cual constituye una de las formas que adquiere la censura indirecta. Queda claro, entonces, que la exposición de los vacios legales que conlleva la última ley de medios no está simplemente dirigida a establecer críticas hacia ella sino que comporta un llamado a discusión de otros asuntos que complementan la eficacia regulatoria sobre los medios de comunicación reduciendo el escenario en el cual se desarrollan las violaciones a los derechos consagrados a partir de la ley de servicios de comunicación audiovisual.

128 129

Se refiere a la Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia. Óp. Cit. El precio del silencio. p 13

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3. EXCURSO TEÓRICO

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El enfrentamiento político entre el Gobierno Nacional y el Grupo Clarín exige un análisis exhaustivo por la complejidad de actores y sectores afectados y por la magnitud del conflicto desatado. Entre los historiadores es común señalar que el análisis de los episodios históricos amerita una distancia no sólo temporal sino afectiva e intelectual, para evitar que la propia experiencia afecte el curso del análisis y sean pasados por alto diferentes puntos de vista. El conflicto que nos convoca merece integrarse en esta perspectiva. No obstante, a pesar de la corta distancia histórica que separa a la actualidad de los hechos producidos tras la disolución del tándem Clarín-Gobierno y del inicio de las discusiones sobre una nueva ley de medios, es posible explorar algunos aspectos de este problema. El conflicto ClarínGobierno representa todo un paradigma que pone en tela de juicio la función social de la prensa, sus alcances y limitaciones, la labor del periodista y la manera en que el público concibe la práctica periodística. Por otra parte, constituye un nuevo capítulo en la relación histórica que liga a los gobiernos de turno con la Prensa. Así las cosas, el estudio de este conflicto puede adquirir diferentes características y dimensiones adoptando como unidad de análisis a distintos aspectos de los actores involucrados, Clarín y el Gobierno. Como el título del trabajo indica, el estudio aquí es sobre el diario Clarín. Particularmente sobre la forma en que sus editoriales construyeron discursivamente una imagen específica, a diferencia de otros medios, sobre la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y con ello de sus defensores e impulsores, como el mismísimo Gobierno Nacional, entre el 27 de agosto y el 10 de octubre de 2009, lapso que comprende el inicio y el cierre del debate parlamentario sobre el proyecto de ley sancionado.

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Antes de emprender la tarea del análisis de los editoriales de Clarín, es preciso establecer algunas consideraciones teóricas fundamentales que complementan las Perspectivas reseñadas al inicio de este trabajo y que permitirán una comprensión global del análisis que sigue.

3.1 LA PRENSA: INSTITUCIÓN, EMPRESA Y ACTOR Se ha marcado, de manera insistente, que la prensa es una institución primaria en el funcionamiento y fortalecimiento de la democracia. El extremo ha llegado a indicar que “sin periodistas no hay democracia” o, a decir de Winston Churchill que “los periodistas son los perros guardianes de la democracia”130. Si de confirmar o refutar estas aseveraciones se trata, ante todo es necesario plantear ciertos interrogantes que permitan dilucidar, en el intento de contestarlos, cuál es el rol y la función que la sociedad demanda de la prensa. El periódico, en tanto medio de comunicación, es una parte importante de las relaciones entabladas en el seno de la sociedad. A simple vista cumple con el rol social de informar, suple la necesidad demandada de obtener información de parte de la sociedad. Esa información requiere de investigación, preparación, en fin, de una serie de recursos con los cuales el periodista puede reconstruir un hecho cualquiera que merezca la atención por parte de los lectores. Estos recursos son variados. Pueden ser económicos como el dinero que el periodista necesitará para cubrir los viáticos, hacer llamadas telefónicas o adquirir algún instrumento que le permita satisfacer las necesidades laborales para hacer mejor su trabajo. Pueden ser intelectuales, y aquí se verá involucrada la serie de aptitudes en el estudio de la comunicación, en la experiencia realizando una entrevista o en la sagacidad para obtener información que es de difícil acceso. Por otra parte, seguramente el periodista que está realizando la investigación que el periódico publicará entre sus páginas, necesitará de la colaboración de otros colegas que trabajarán conjuntamente con él. Al momento de la redacción, el periodista también empleará un compendio de normas claras y preestablecidas para hacer la mejor presentación posible de los hechos investigados, es decir que la narración tendrá un esquema determinado según los géneros a los que se circunscriba. Una vez que cierre la edición y las imprentas se encuentren ya imprimiendo el periódico que por la mañana 130

En este sentido, es dable citar a Thomas Jefferson quien expresó: “Prefiero periódicos sin Gobierno, que Gobiernos sin periódicos”.

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algún ciudadano recibirá en la puerta de su hogar, la lectura estará ceñida a los límites impuestos por la estructura de la narración que mejor exponga los acontecimientos, algún género periodístico cualquiera que el periodista juzgue adecuado para la exposición de la información. Así, la labor que un periódico tiene como objetivo primario, informar, compromete una red de relaciones sociales, intelectuales, culturales y económicas que hacen de la prensa una institución del sistema que cumple con demandas de la sociedad con un grado de responsabilidad diferente al de cualquier otra institución social, la responsabilidad de “un medio que trasciende la mera entrega de noticias”131. El carácter institucional de la prensa –su legitimidad social– no nace per se con ella, por el contrario, es adquirido a lo largo del tiempo debido principalmente a la credibilidad de los lectores que diariamente pagan por el periódico, como dice Zegers “el reconocimiento de un órgano de prensa como institución depende del consenso social”132. El periódico, tiene la responsabilidad de fortalecer el derecho a brindar y recibir información. Pero dados los alcances de la prensa, en tanto medio de comunicación masivo, su responsabilidad social excede la libertad de expresión. Se espera de la prensa que informe conforme sucedan los hechos de la realidad, lo más objetivamente posible. “Lo que los medios de comunicación hacen es ofrecernos el presente social. Sin ellos, el presente social resultaría pobre y encogido, sería apenas el de la familia, la vecindad más inmediata, el medio de trabajo. Gracias a los medios, vivimos en el mundo y sabemos lo que está pasando un poco en todo el mundo. Más aún, gracias a los medios percibimos la realidad no con la fugacidad de un instante aquí mismo, sino como un período consistente y objetivado, como algo que es posible percibir y comentar, como una referencia general. […] El conjunto de los medios forma hoy un círculo de realidad envolvente que se convierte en referencia diaria de nuestra vida, telón de fondo de la vida en común”133. La responsabilidad social de la prensa, entonces, excede “la mera entrega de noticias” ya que conforma “el presente social de referencia”. No obstante, el interrogante

131

Zegers, Cristián. El diario considerado como institución. Discurso de incorporación a la Academia de Ciencias Sociales del Instituto de Chile, pronunciado el 8 de junio de 1988 en la Aula Magna Manuel José Irarrázaval de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile. P 315 En: www.cepchile.cl/dms/archivo_1218_1150/rev32_zegers.pdf 132 Óp. Cit. p 317 133 Gomis, Lorenzo. Teoría del Periodismo. Barcelona: Paidós Comunicación, 1991 pp 14-15

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sobre la función social del periodismo aún no ha sido debidamente respondido. Lorenzo Gomis orienta la respuesta; entiende al periodismo como “un método de interpretación de la realidad social” en donde el periodista ocupa el rol de “operador semántico” encargado de la “elaboración y presentación de los diferentes mensajes periodísticos” que, como tal, “está obligado a manipular lingüísticamente una realidad bruta para conseguir elaborar un mensaje adecuado mediante una acertada codificación”134. Gomis, destaca la labor del periodista. No entiende a la prensa como una institución homogénea de la sociedad exenta de contradicciones. Por el contrario, entiende que la prensa, en su función de interpretar la realidad y hacerla aprehensible, está sometida a debates internos, a la selección de los hechos de la realidad que el diario mismo considera como importantes, a un proceso, en fin, que involucra diferentes puntos de vista. Si la “interpretación de la realidad social” es la función social que cumple el periodismo, entonces ello implica que la prensa no transmite fielmente la realidad social tal como es, como profesa, sino que la interpreta y, a partir de ella, configura un modo de mirar las cosas. Un modo de ver la realidad que propone el periódico para que forme el “presente social de referencia” de los lectores. Si los medios de comunicación del presente, entre ellos la prensa, constituyen el marco de referencia a través del cual las personas conocen una realidad que le es ajena, se debe a que esas personas confían en la información que los medios transmiten, la consideran veraz. La credibilidad que los medios de comunicación reciben de parte de sus públicos, se debe a estrategias comunicativas que muestran la distancia entre la realidad y el medio, la neutralidad, la imparcialidad, la independencia. A decir de los medios, la objetividad. El diccionario de la Real Academia Española define al término como “perteneciente o relativo al objeto en sí mismo, con independencia de la propia manera de pensar o de sentir (o de las condiciones de observación) que pueda tener cualquier sujeto que lo observe o considere”. La prensa, por su parte, define su tarea en esos términos, esto es, que la información que publica está ceñida a la realidad en sí misma, tal como los hechos 134

Óp. Cit. Teoría del Periodismo, pp. 35-38

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suceden, con independencia de la subjetividad de quienes hacen la noticia. Una tarea imposible. No obstante, forma parte de la identidad que la prensa se ha adjudicado y que el público ha consentido, otorgándole así su legitimidad institucional. La profesora Ana María Miralles critíca el concepto de objetividad que la prensa se atribuye. Según ella, de la pretendida objetividad de la prensa “surgió aquél dogma de la información como “espejo de la realidad” y la necesidad de crear unos moldes informativos llamados géneros periodísticos que dieran buena cuenta de ella. “[…] La asepsia, el distanciamiento de los periodistas frente a los hechos, y la redacción expositiva son los otros elementos que dan forma a la objetividad del discurso periodístico. Esta ausencia de compromiso frente a los hechos, al menos en apariencia, ha creado la sensación de que, tras el modelo liberal de la información, no hay un proyecto político, que se trata de un modelo neutral. […] La objetividad –concluye Miralles– se ha presentado como una estructura narrativa diseñada para mostrar la realidad y al mismo tiempo para ocultarla […]”135. La noticia, entonces, soslaya la subjetividad del periodista, es el periódico como un todo, como medio, como institución legítima de la sociedad quien presenta la noticia. La prensa evita toda referencia que indique la presencia del sujeto que la redacta. Al eliminar toda marca personal, la prensa dota a la noticia de “objetividad”; no hay lugar para el sujeto, por lo tanto, no hay subjetividad. Reconocer a la noticia como objetiva es desconocer la labor del periodista y desvirtuar la función social del periodismo. Es entender, erróneamente, al periodista y al medio como ajenos a la realidad, como entes inertes que captan los hechos de la realidad tal y cual son en verdad. Como señalan Vicente Leñero y Carlos Marín, “el tratamiento de los hechos en cada medio informativo expresa un modo de percibir y enjuiciar la realidad, proyecta una posición política frente a los hechos. El periodismo, entonces, es intrínsecamente parcial”136. ¿La objetividad, entonces, es una cualidad periodística o una estrategia discursiva que cumple roles económicos? Porque, si la prensa se proclama como objetiva a los fines

135 136

Miralles, Ana María. Periodismo, opinión pública y agenda ciudadana. Bogotá: Norma, 2002 p 37-39 Leñero, Vicente y Marín, Carlos. Manual de periodismo. México: Grijalbo, 1986 p18

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de ganar credibilidad, principal capital simbólico que se pone en juego en la relación prensa-público, y a partir de esa credibilidad es que los lectores consumen el diario, podría decirse que la objetividad es utilizada como una herramienta para captar lectores. Para garantizar, en fin, que lo que dice el diario es Verdad. En efecto, la objetividad es un atributo demandado por la sociedad. “La ciudadanía se indigna ante cualquier intento de dirigismo político e ideológico. Sabedores de eso, la estrategia actual de los medios es disimular a toda costa la intencionalidad para que pase inadvertida a las audiencias y pueda ser efectiva. El objetivo es proporcionar (u ocultar) al lector, oyente o espectador determinados elementos de contexto, antecedentes, silenciamientos o métodos discursivos (en el caso de los medios audiovisuales las posibilidades son infinitas) para que llegue a una conclusión y posición ideológica determinadas, pero con la percepción de que es el resultado de su capacidad deductiva y no del dirigismo del medio de comunicación. De ahí la importancia de denunciar las falsas objetividades y neutralidades para dignificar un periodismo de principios y valores”137. Así como es preciso entender a la prensa como una institución que suple la necesidad social de recibir información veraz, es también posible comprenderla como una empresa periodística. Si la prensa es también una empresa, entonces el periódico es el producto y, dentro de él, las noticias son consumidas como tales. A su vez, los lectores son entendidos también como consumidores del producto que la prensa como empresa, vende: el periódico. La prensa, como toda empresa capitalista, requiere del lucro, del rédito económico para existir. La prensa, entonces, se define también por sus relaciones económicas. El problema aquí, reside en la posibilidad de que dichas relaciones económicas afecten o condicionen la práctica periodística y, con ello, el “marco social de referencia”. Si, como explica Jürgen Habermas, “La información periodística profesional obedece […] a las mismas leyes del mercado, a cuyo surgimiento debe ella su propia existencia”138, entonces el periodismo se encuentra sometido a las fluctuaciones del mercado, a lo vendible o consumible. Entonces sí, la disciplina económica de la empresa periodística afecta y condiciona la labor periodística y, con ello, el contenido informativo y noticioso del medio. “Implícita o explícitamente, cada texto periodístico entraña una carga subjetiva, 137

El periodista, la objetividad y el compromiso por Pascual Serrano en Sala de Prensa - Artículos Véase: http://www.saladeprensa.org/art1002.htm 138 Véase el primer capítulo de este trabajo.

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política, originada en la formación de cada periodista y en el interés económico, político, ideológico, de cada empresa periodística”139. Si la prensa, como institución social constituye el marco social de referencia excediendo así la mera transmisión de noticias y las implicancias económico-comerciales de la empresa periodística ¿de qué otra manera es posible entender la presencia de la prensa en la sociedad? Para responder al interrogante planteado es preciso retomar las perspectivas señaladas en el primer capítulo de este trabajo sobre las relaciones de la prensa y la opinión pública. Allí se indicó que la prensa fue un articulador de la opinión pública en la Europa de los siglos XVII y XVIII cuando el periódico era discutido en los cafés y salones literarios. Aún hoy esa función es desempeñada por la prensa aunque con diferentes matices por la presencia de nuevos medios de comunicación y el desarrollo de nuevas tecnologías que permiten múltiples y variadas formas de acceso a la información. Así, la prensa al constituirse como un fuerte articulador de la opinión pública adquiere, a su vez, una función política clara. No permanece ajena a los conflictos sociales, al contrario, se hace eco de ellos. En síntesis, la prensa no es tan sólo un medio de comunicación masivo. El desarrollo de las diferentes formas de abordar a la prensa permite identificar en ella a una institución social, a una empresa periodística y a “un actor puesto en interacción con otros actores del sistema social”. Para Héctor Borrat, el periódico en su interacción social merece ser entendido como un actor político ya que “es capaz de afectar el proceso de toma de decisiones en el sistema político. […] Su ámbito de actuación es el de la influencia, no el de la conquista del poder institucional o la permanencia en él. El periódico pone en acción su capacidad para afectar el comportamiento de ciertos actores en un sentido favorable a sus propios intereses: influye sobre el gobierno, pero también sobre los partidos políticos, los grupos de interés, los movimientos sociales, los componentes de su audiencia. Y al mismo tiempo que ejerce su influencia, es objeto de la influencia de los otros, que alcanza una carga de coerción decisiva cuando esos otros son los titulares del poder político”140.

139

Ibídem nota 136 Borrat, Héctor. El periódico, actor del sistema político. En:http://www.raco.cat/index.php/analisi/article/viewFile/41078/89080 140

Análisi

12,

1989

p

67

101

Ya que han sido contestados los interrogantes propuestos, se hace imperioso dilucidar otros. ¿De qué manera es posible captar la dimensión de actor político de un diario? En primer lugar, es preciso notar que cuando se utiliza la terminología de actor, significa que preexiste, en el seno de la sociedad, un conjunto de procesos y conflictos que sobre los cuales la prensa toma partida. Borrat, insiste en que la dinámica de los conflictos sociales es lo que motoriza la toma de posturas del diario, “Percibir al periódico como actor del sistema político es considerarlo como un actor social puesto en relaciones de conflicto con otros actores y especializado en la producción y la comunicación pública de relatos y comentarios acerca de los conflictos existentes entre actores de ese y de otros sistemas políticos. “El conflicto se presenta así como la categoría clave para orientar esta búsqueda. Como comunicador de un discurso polifónico sobre la actualidad política, social, económica y cultural dirigido a una audiencia de masas, el periódico es narrador y muchas veces también comentarista de aquellos conflictos noticiables que ha decidido incluir y jerarquizar en sus temarios. Como grupo de interés, puede ser participante directo de conflictos internos, de conflictos con sus pares y con los otros medios de comunicación de masas y de conflictos con cualquier otro actor social”141. El análisis de la prensa como actor político no puede prescindir del análisis de la cobertura periodística que ella hace de esos conflictos sociales, de la representación lingüística que hace el diario sobre la realidad que retrata o explica. Para ello es imprescindible indagar en los modos de presentar los acontecimientos y qué estrategias y herramientas son utilizadas para tal caso. Los géneros periodísticos operan en este sentido. Constituyen la estructura narrativa en la cual los hechos de la realidad son expuestos. A grandes rasgos, la actividad periodística convive entre hechos (facts) y comentarios (comment), entre la información y la opinión. Y entre ellos, hay quienes destacan la presencia de los géneros interpretativos. Sin embargo, es a partir de estos dos grandes grupos que se desprenden los géneros periodísticos, que han sido elaborados y reelaborados históricamente en diferentes períodos de la historia de la 141

Óp. Cit. Borrat, Héctor. El periódico, actor del sistema político. p 69

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prensa. Los géneros se clasifican atendiendo a la función comunicativa que mejor desempeñan cada uno. Para Gomis “En el periodismo como método de interpretación sucesiva de la realidad social corresponde a los géneros periodísticos cumplir distintas funciones para responder también a diversas necesidades sociales y satisfacerlas. La información y el comentario son dos necesidades sociales distintas. Necesitamos estar informados para saber qué pasa y qué significa cada uno de los hechos en el conjunto de los acontecimientos actuales. Necesitamos formarnos una opinión de las cosas y comentarlas para saber en qué van a afectarnos y qué podemos hacer para sacar provecho de ellas o hacerles frente eficazmente y evitar el mal que podrían producirnos”142. Sin embargo, existe también un orden que explica esas diferencias. La prensa necesita primero aportar datos, narrar los hechos en bruto, lo más ceñido a cómo han tenido lugar para recién, contextualizar, establecer juicios y hacer proyecciones sobre consecuencias de los hechos relatados en el contenido noticioso del diario. El desarrollo de la información importa a los géneros como la noticia, la crónica o el reportaje. A la opinión le caben la crítica, la columna o el editorial. Queda claro, entonces, que es la información, primero, la que prepara el terreno para su valoración y enjuiciamiento, posteriores. Según Leñero y Marín, la noticia, como vehículo más representativo de presentar la información, “es el género fundamental que nutre a todos los demás [géneros]”143. A su vez, son los géneros de opinión los que explican y orientan la interpretación de las informaciones que publica el mismo diario. En este sentido se manifiestan Armañanzas y Díaz Noci, siguiendo a Gomis, cuando explican que “la función de los comentarios es hacer comprender las informaciones, de la misma manera que la función de la información es alimentar los comentarios. Según esto, la noticia hace hablar a la gente, hace que piense, y lo que la gente piensa y dice cuando conoce una noticia es el comentario”144. La prensa, entonces, es generadora de opinión: “la información define al periódico, pero la opinión lo justifica”145.

142

Óp. Cit. Teoría del Periodismo, pp. 44-45 Leñero, Vicente y Marín, Carlos. Manual de periodismo. México: Grijalbo, 1986 p40 144 Armañanzas, Emy y Díaz Noci, Javier. Periodismo y argumentación. Géneros de opinión. Universidad del País Vasco, 2002 p 80 145 Santamaría Suárez, L. y Casals Carro, M. J. La Opinión Periodística. Bs As: Docencia, 2000 p 107 143

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La funcionalidad a que atiende cada género periodístico no es lo único que distancia la información de la opinión, otro factor es la preponderancia de los primeros sobre los segundos en la estructura del periódico. Es evidente que el contenido noticioso excede ampliamente al contenido opinativo. Es dificultosamente probable que un ciudadano común acceda a comprar el diario para leer, prioritariamente, la sección de opinión antes que la informativa. Ello responde a que en primer lugar, es necesario informar, narrar, responder a los interrogantes más acuciantes para captar la “esencia” de los hechos para luego, en segundo lugar, explicar qué ha sucedido a través de los géneros interpretativos y, en tercer lugar, calificar-los, enjuiciar-los y valorar-los en la sección de opinión. A pesar de las diferencias establecidas entre los diferentes géneros periodísticos de información, interpretación y opinión, en la prensa, éstos no siempre se encuentran claramente demarcados. Por el contrario, en algunos textos conviven estilos y fórmulas de diferentes géneros primando la hibridez en ellos. Gonzalo Martín Vivaldi, explica que “Como en todo campo artístico, y el periodismo es también arte, hay un entrecruce de rasgos: artículos que tienen mucho de crónicas; crónicas que son propiamente artículos, y reportajes especiales que, por su tono y enfoque, rozan el campo de la crónica o del artículo”146.

3.2 LA IMPORTANCIA DE LA OPINIÓN EN EL PERIÓDICO Si como expresa Vivaldi, existe una problemática en torno a la definición y al establecimiento de categorías claras sobre los géneros periodísticos en general, los géneros de opinión no escapan a este planteo. Si bien no existe unanimidad en la clasificación de los textos de opinión, Lorenzo Gomis sugiere como criterio de clasificación de los mismos la funcionalidad a la que atiende cada uno de los géneros. No obstante, a pesar de la confusión existente ante la variedad y la amplitud de las clasificaciones elaboradas por diversos teóricos e investigadores del periodismo, es

146

Vivaldi, Gonzalo Martín. Géneros Periodísticos. Madrid: Paraninfo, 1979 citado en BERNARDI, María Teresa y Fabián BERGERO (2006) "Los géneros periodísticos: apuntes para una taxonomía propia". Redaccion, sitio web del Área Periodismo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. General Roca: Universidad Nacional del Comahue. Disponible en: http://red-accion.uncoma.edu.ar/asignaturas/generos.htm

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posible reconocer las características generales de los textos de opinión147. Según Armañanzas y Díaz Noci, “Lo que presentan en común todos los géneros de opinión es que trabajan sobre ideas, deducen consecuencias de unos acontecimientos más o menos actuales. Si no lo son, tratarán de asuntos vigentes, es decir, que laten dentro de la vida social, o recobrarán la actualidad a raíz de un hecho que acabe de ocurrir como por ejemplo, el fallecimiento de un personaje que pone de actualidad acontecimientos que ya pertenecen a la historia reciente”148. Asimismo, existen dentro de los mismos géneros de opinión ciertos rasgos diferenciales que distinguen, por ejemplo, el editorial de la columna o la crítica del suelto149. La columna, explican Santamaría Suárez y Casals Carro, es un “artículo firmado que se publica con regularidad y que ocupa un espacio predeterminado en el periódico […] puede ser razonador o lo contrario, falaz; orientador o enigmático; analítico o pasional; enjuiciativo o narrativo; y siempre valorativo, subjetivo, porque no puede ser de otro modo”150. La crítica, por su parte, “es un género que está inserto en el mundo de la cultura, del arte, y suele circunscribirse a un lector interesado por este ámbito y quizá por ello es un género aparte. En concreto, se ocupa de la labor de un artista y no de sus interioridades”151. El suelto, por su parte, puede señalarse como un subgénero debido a que es una variante del editorial. Es definido como “la breve valoración, anónima o no, de un hecho, expresada en un lenguaje muy desenfadado”152. A su vez, “suelen ser críticas emocionales que permiten ver aspectos ideológicos con más transparencia que los razonamientos de un buen artículo editorial”153. A pesar de las diferencias establecidas entre los textos de opinión señalados, si hay algo común a ellos es que su presencia puede convivir con los textos informativos o en diferentes secciones del diario. El editorial,

147

Texto de opinión o texto argumentativo es la expresión utilizada por Armañanzas y Díaz Noci para englobar a los genéricos términos de comentario y artículo según la denominación de otros autores. Considero pertinente emplearla para librar de ambigüedades a los géneros de opinión a desarrollar. 148 Armañanzas y Díaz Noci Óp. Cit. p 85 149 Se sigue aquí la clasificación de los géneros de opinión propuestos por Santamaría Suárez y Casals Carro en Óp. Cit. La opinión periodística… 150 Óp. Cit. p 303 151 Rasgos diferenciales de los géneros periodísticos de opinión por Pastora Moreno Espinosa en Sala de Prensa – Artículos. Véase en: http://www.saladeprensa.org/art501.htm 152 Armañanzas y Díaz Noci Óp. Cit. p 84 153 Santamaría Suárez y Casals Carro Óp. Cit. p 293

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por el contrario, está integrado en una sección particular, claramente identificable en la estructura del periódico. De los géneros de opinión indicados, el editorial es el que se destaca por ser el vehículo ideológico que refleja el posicionamiento de la publicación frente a los acontecimientos sobre los cuales ha informado. José Luis Martínez Albertos lo define como el “artículo periodístico sin firma que explica, valora y juzga un hecho noticioso de especial importancia. Este juicio colectivo e institucional se formula de acuerdo con una convicción de orden superior que refleja la postura ideológica de cada periódico”154. La importancia del editorial, entonces, es insoslayable. Es el espacio que se reserva el medio, la empresa, la institución para destacar su pensamiento, su ideología, sus valores. Es a través del editorial que la prensa se erige como “un máximo representante de las corrientes ideológicas que discurren por las venas del cuerpo social. Por todo ello, el rango del editorial es superior a todos los demás artículos de opinión que aparecen en los diarios. Las columnas, las críticas, los otros artículos de opinión firmados –tribuna pública– representan las ideas y razonamientos de quienes los firman que, aun estando en connivencia ideológica con el periódico, no suelen alcanzar el eco político del editorial. El editorial supone la identificación de la prensa como órgano de opinión y de representación social”155. El editorial, no sólo es el texto argumentativo que mejor representa a los géneros de opinión, sino que, a su vez, excede la interpretación periodística ya que apunta, inexorablemente, a la influencia. La importancia del editorial en la estructura del periódico no sólo radica en hacer explícita la perspectiva con la que la institución reflexiona sobre los hechos de la realidad, sino que es a partir de él que se manifiesta el carácter de actor político del periódico al trabajar en la influencia sobre los lectores y la formación de la opinión pública. Muchos autores insisten en señalar que en realidad, es en la sección informativa de un diario en donde más se ejerce la influencia comparado con la opinión que desarrolla. No obstante, la opinión convive a lo ancho y a lo largo del periódico con la información. Como explica Mónica Viada, la separación física (y conceptual) –entre 154 155

Martínez Albertos, José Luis. Curso general de redacción periodística. Barcelona: Mitre, 1983 pp 379-387 Santamaría Suárez y Casals Carro Óp. Cit. p 280

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información y opinión– “se mantiene hasta la actualidad, pero es más una ilusión que una realidad porque hace ya varios años que ambos componentes aparecen diseminados en todo el periódico, en una misma sección y hasta en la construcción de la noticia misma”156. Es por eso que las autoras de La opinión periodística afirman que “[…] el modo de presentar los hechos en las informaciones y el proceso de selección constituye un modelo de persuasión basado en la selección previa con fines ideológicos. Esto influirá en la forma de utilizar esos hechos con el objeto de construir un artículo de opinión en el cual se juzguen y valoren y, además, sirvan como pretexto a la hora de sustentar opiniones ideológicas. […] Por eso, no conviene considerar que la opinión de un periódico sólo aparece en su página editorial. Todo el periódico es un discurso ideológico […]”157. El periodismo de opinión, en donde prima el editorial, ha cobrado cada vez más importancia con el paso del tiempo. Esto, en parte, está motivado por el vertiginoso progreso tecnológico que afecta directamente a la comunicación de masas modificando radicalmente los modos de hacer periodismo y las modalidades de acceso, procesamiento y lectura de la información. Actualmente, con la aparición y el desarrollo del periodismo digital, la información y las noticias están signadas por la velocidad, la rapidez y lo inmediato. Ante tal coyuntura, el periodismo de opinión cobra un nuevo significado, se destaca por ser el lugar donde existe un nuevo tiempo de asimilar la realidad, diferente al de la inmediatez que ofrecen las nuevas plataformas informativas. El periodismo de opinión, ocupa así, el lugar de la reflexión, del análisis pausado, más incisivo y, a su vez, más intenso, que explora aspectos que la velocidad de la transmisión de noticias actual, inevitablemente, pasa por alto. Los textos argumentativos le confieren, entonces, un nuevo sentido a la lectura de la prensa gráfica, una revitalizada modalidad de lectura, un nuevo acercamiento hacia la prensa, y con ello, a los géneros de opinión, en donde destaca el editorial, portavoz ideológico de la publicación. Constituyen, a decir de Mónica Viada, “una pausa oxigenante”. Como se indicó anteriormente, siguiendo a Héctor Borrat, el diario como actor político trabaja, no sobre la conquista del poder o la permanencia en él, sino sobre la influencia que el público admite de parte de la prensa en su reconocimiento institucional.

156

Periodismo de opinión: una pausa oxigenante en la era del vértigo informativo por Mónica María Viada en Sala de Prensa – Artículos. Disponible en: http://www.saladeprensa.org/art500.htm 157 Santamaría Suárez y Casals Carro Óp. Cit. pp 41-42

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De esta forma, la prensa destaca su faceta formadora de opinión, sobre todo a partir de la inusitada importancia que han recobrado los textos de opinión.

3.3 DEL PERIODISMO DE OPINIÓN COMO DISCURSO Y DEL ANÁLISIS CRÍTICO DEL

DISCURSO COMO HERRAMIENTA PARA DESENTRAÑAR EL CARÁCTER DE ACTOR

POLÍTICO DEL DIARIO El periodismo de opinión, dentro del periódico, es una intervención con un objetivo específico: provocar en el lector el convencimiento de que la postura expuesta en él, es la correcta. Es el trabajo de la influencia, de la persuasión, de la presentación de las ideologías latentes en el contenido informativo. En el particular caso del editorial, en donde es el medio quien se pronuncia a raíz de los acontecimientos acaecidos en el seno de la sociedad, la influencia se establece a partir de las ideas que transmite la prensa. Esta lectura, permite entender al diario, a través del periodismo de opinión, como un actor político que produce un discurso en el cual se explicita una ideología que, a su vez, es luego sometida a la discusión pública, cultural, política y social, pero que junto al objetivo de ser influyente pretende erigirse en dominante. Quedan establecidos así tres conceptos ineludibles en el estudio presente: discurso, ideología e ideología dominante. El concepto de discurso nace entre 1960 y 1970 producto del abordaje de múltiples disciplinas científicas entre las que destacan la semiótica y la lingüística. En el campo de las ciencias sociales se han despertado innumerables discusiones en torno a su significado dado los diversos enfoques a los cuales ha sido sometido. “En una acepción amplia, el Discurso es una práctica social, un suceso de comunicación a través del cual las personas utilizan el lenguaje para transmitir ideas o creencias, estableciendo una interacción verbal”158. El discurso, entonces, inexorablemente implica la dimensión lingüística pero su significado no se agota allí, ya que es comprendido en un sentido más amplio, como práctica e interacción social.

158

Discurso por Carolina E. López, Universidad Nacional del Sur en Proyecto: Diccionario del pensamiento alternativo. CECIES [Centro de Ciencia, Educación y Sociedad] Véase: http://www.cecies.org/articulo.asp?id=178

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Como explica Carolina López, los estudios sobre el discurso merecen comprenderlo no “como producto, es decir, como una secuencia lingüística cerrada sobre sí misma” sino como un proceso, “atendiendo a los aspectos dinámicos del concepto. Bajo esta concepción, se considera que el Discurso es interactivo, porque los interlocutores negocian enunciados entre sí, cada uno en función del otro; es una forma de acción, al constituir un acto dirigido a modificar una situación; se desarrolla en un contexto que le da sentido; es captado en un interdiscurso, pues sólo cobra sentido en el interior de un universo de otros discursos a través del cual debe abrirse camino”159. De esta manera, cabe identificar a Clarín como un actor que en tanto tal es, a su vez, un interlocutor que negocia enunciados con otros interlocutores, o actores, cuyo discurso está orientado a modificar una situación o, a decir de Héctor Borrat, afectar el proceso de toma de decisiones del sistema político. Así, el discurso es comprendido y analizado en torno a las relaciones e interacciones sociales que provoca, rechaza o intensifica en la sociedad. Si Clarín produce uno o varios discursos en el seno del periódico que luego son sometidos a la valoración social, es él también parte de un discurso en un nivel más amplio y global. Para el lingüista Teun A. van Dijk, “El discurso, y otras interacciones socialmente situadas cumplidas por actores sociales, pertenecen típicamente a lo que se suele denominar el «micro-nivel» del orden social, mientras que las instituciones, los grupos y las relaciones de grupos, y por tanto el poder social, se emplazan usualmente en su «macro-nivel»”160. Clarín, entonces, como empresa, institución y actor se integra en el macro-nivel, mientras que el periódico y los discursos en él contenidos, se insertan en el micro-nivel. La ideología, por su parte, se entiende -siguiendo a van Dijk- como parte de un proceso cognitivo. En este sentido, es un sistema de ideas y creencias que opera en las personas como representaciones y modelos mentales sobre la realidad. Sin embargo, la ideología no queda circunscripta a la esfera individual, sino que, por el contrario, es socialmente compartida por los actores sociales integrantes de grupos determinados que comparten el mismo sistema de creencias. No obstante, las ideologías en tanto sistemas de creencias no comportan valores y características estáticas, por el contrario, “organizan

159

Ibíd. Discurso por Carolina E. López Teun A. van Dijk. El análisis crítico del discurso en Anthropos (Barcelona), 186, septiembre-octubre 1999, p 25. Disponible en: http://www.discursos.org/oldarticles/El%20an%E1lisis%20cr%EDtico%20del%20discurso.pdf 160

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las actitudes de los grupos sociales que consisten en opiniones generales organizadas esquemáticamente acerca de temas sociales relevantes […]”161. Si la ideología, entonces, comporta un conjunto de valores y creencias que moldea la forma en que se concibe la realidad y es un catalizador de actitudes y, por ende, de acciones puntuales de grupos sociales determinados; se expresa, comparte, transmite, re-significa y contradice, ineludiblemente, a través de la interacción social que implican los discursos. Ello indica que la ideología no puede comprenderse sólo a través del análisis de los esquemas cognitivos sino a través de las relaciones sociales establecidas a partir de la producción y re-producción de los discursos. Asimismo, al convivir, en el seno de la sociedad, innumerables grupos sociales, cada uno con una ideología en particular, son ellos quienes ponen en juego los discursos que cuestionan o sustentan el orden social imperante en el intento de establecer un sistema de referencia social que prime sobre los restantes; en suma, que sea dominante, a partir del cual, cada elemento que compone la red de relaciones sociales cobra un nuevo valor ideológico. Así, la sociedad entera se encuentra atravesada por relaciones de dominación. En efecto, el profesor Alejandro Raiter plantea la “existencia de un discurso dominante en toda comunidad lingüística”. Para él, el discurso dominante “es una red de referencias conformadas por contenidos presentes en el sentido común que tiene la posibilidad –por estar presente como tal en la inmensa mayoría de los miembros de la comunidad; por ser, por lo tanto, aceptado como válido– de calificar todos los otros discursos posibles, todos los otros contenidos del sentido común, de los sistemas de creencias, de establecer, en definitiva, los valores concretos de la mayoría de los signos”162. Para que no queden dudas, Raiter destaca que el discurso dominante no es algo abstracto, “sino que es algo muy concreto, que usamos en todo momento que enunciamos. Cada momento oímos, procesamos y enunciamos el discurso dominante como “materialización de la conciencia”, expresión y refuerzo de las representaciones en nuestro sistema de creencias. Es este discurso dominante el que determina qué es un saber y qué una “creencia sin fundamento”, […] qué es oportuno y qué no en diferentes contextos para los roles

161

Teun A. van Dijk. Análisis del discurso ideológico. Traducción de Román Alvarado. En Versión (México D.F.), 6, 1996, pp. 15-43. Véase en: http://segundaslenguaseinmigracion.com/L2ycomptext/Anlisisideolgico.pdf 162 Raiter, Alejandro. Lenguaje y sentido común. Las bases para la formación del discurso dominante. Bs As: Biblos, 2003 p 171

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posibles que podemos desempeñar”163. Un ejemplo ilustrativo de ideología dominante lo representa el discurso racista imperante en la sociedad norteamericana en la primera mitad del siglo XX, ampliamente conocido bajo el rótulo de “segregación racial”. El rol que le cabe a la prensa, como formadora de opinión y creadora del marco social de referencia, en la institución de las ideologías dominantes es crucial, ya que opera como articuladora de discursos que sustentan el orden social actual. Las ideologías, por lo tanto, son articuladas a partir de las interacciones sociales que implican los discursos o, en otras palabras, los discursos son articuladores de las ideologías. Ahora bien, planteados los conceptos precedentes ¿de qué manera es posible desentrañar la relación existente entre ellos? ¿Cómo interpretar el discurso? Y, en específico, ¿cómo explicar el carácter de actor político de Clarín en el estudio de sus discursos y la ideología contenida en él? A los fines del presente trabajo, el Análisis Crítico del Discurso (ACD) es la herramienta que mejor responde esos interrogantes. El ACD aborda el estudio del discurso a partir de una perspectiva social, política y crítica de las relaciones de poder establecidas en la sociedad. Plantea, un análisis de la situación comunicativa en un contexto amplio atendiendo a diversos factores que exceden el mero análisis lingüístico. Es, por esto, que se lo considera supralingüístico, es decir, que su análisis no se agota en el estudio de las estructuras lingüísticas inherentes al discurso sino que su estudio plantea el abordaje de los contextos políticos, sociales, culturales y económicos en que se producen y reconocen los discursos, y dentro de ellos, las ideologías. En palabras de van Dijk “El Análisis Crítico del Discurso está relacionado con el poder y el abuso de poder y cómo estos son producidos y reproducidos por el texto y el habla. El Análisis Crítico del Discurso se enfoca en los grupos e instituciones dominantes y en la forma en la que éstos crean y mantienen la desigualdad social por medio de la comunicación y el uso de la lengua. El ACD también centra su atención en la que los grupos dominados se resisten y oponen discursivamente a dicha dominación. El ACD no 163

Ibíd. Raiter, Alejandro Óp. Cit. p 175

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es un tipo de método ya establecido de análisis del discurso; se trata más bien, de una perspectiva o una actitud crítica enfocada hacia problemas sociales importantes”164. A diferencia del Análisis del Discurso ordinario cuyo campo de intervención teórica es más formal y circunscripto a las “interacciones verbales y la dimensión interpersonal”. El adjetivo crítico del Análisis del Discurso plantea, a su vez, la postura que debe adoptar el analista. “Como todos los investigadores –señala Van Dijk–, los analistas críticos del discurso deberían ante todo ser críticos de sí mismos y de los demás en su propia disciplina y profesión. La «crítica» a la que se refiere el adjetivo «crítico» en el ACD va sin embargo más allá de las conocidas vigilancia y autocrítica profesionales. Los investigadores críticos no se contentan con ser conscientes de la implicación social de su actividad (como cualquier sociólogo de la ciencia lo sería), sino que asumen posiciones explícitas en los asuntos y combates sociales y políticos. Y lo hacen no sólo como ciudadanos, sino también en tanto que, precisamente, investigadores. Aspiran a producir conocimiento y opiniones, y a comprometerse en prácticas profesionales que puedan ser útiles en general dentro de procesos de cambio político y social, y que apoyen en particular a la resistencia contra el dominio social y la desigualdad”165. Otras voces autorizadas, como Norman Fairclough y Ruth Wodak, explican que “El Análisis Crítico del Discurso interpreta el discurso como una forma de “práctica social”. El hecho de describir el discurso como práctica social sugiere una relación dialéctica entre un suceso discursivo y las situaciones, instituciones y estructuras sociales que las enmarcan. Ahora bien, una relación dialéctica es siempre bidireccional: el suceso discursivo está moldeado por las situaciones, instituciones y estructuras sociales pero a su vez les da forma. Otra manera de expresar este fenómeno es decir que lo social moldea el discurso pero que este, a su vez, constituye lo social: constituye las situaciones, los objetos de conocimiento, la identidad social de las personas y las relaciones de estas y de los grupos entre sí. Las constituye en el sentido de que contribuye a sustentar y reproducir el statu quo social, y también en el sentido de que contribuye a

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Teun A. van Dijk. Discurso y Dominación. Universidad Nacional de Colombia. Sede Bogotá. Facultad de Ciencias Humanas. Grandes conferencias en la Facultad de Ciencias Humanas, N° 4, Febrero de 2004. Diponible en: http://segundaslenguaseinmigracion.com/L2ycomptext/Discursoydominacion.pdf 165 Ibíd. Teun A. van Dijk. El análisis crítico del discurso pp 23-24

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transformarlo”166. Tanto Fairclough, Wodak y van Dijk entienden al ACD indisolublemente ligado a las prácticas y acontecimientos sociales precisamente porque de ello se desprende su condición crítica excediendo la mera cuestión lingüística. No obstante, ello no debe impedir el análisis formal del discurso, ya que “el ACD sólo puede realizar sus objetivos si es, ante todo, (buen) análisis del discurso”, por lo que “Sus prácticas sociales y políticas no deberían contribuir solamente al cambio social en general, sino también a avances teóricos y analíticos dentro de su propio campo”167. La característica crítica del análisis del discurso evidencia la actitud del analista a través del cual hace su acercamiento al estudio de ésas interacciones sociales. El ACD se erige,

entonces, como herramienta necesaria para desentrañar los elementos

condicionantes y determinantes contenidos en los discursos que afectan las prácticas sociales. “A través de un enfoque lingüístico-discursivo, los analistas críticos tratan de mostrar cómo las fuerzas dominantes de una sociedad construyen versiones de la realidad que favorecen sus propios intereses”168. El Análisis Crítico del Discurso, planteado en estos términos y, a los fines de este trabajo, persigue la finalidad de explicitar la ideología subyacente a los discursos presentes en los editoriales del diario Clarín, cuál es el modo de ver las cosas para el periódico y la función que éstos cumplen durante el proceso de sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual; de qué manera Clarín construye -en el discurso periodístico- la imagen de la ley y, a partir de ella, del gobierno como impulsor de ésta y de los defensores de la nueva normativa en debate.

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Norman Fairclough y Ruth Wodak, “Análisis critic del discurso”, en Teun van Dijk (comp.), El discurso como interacción social, Barcelona, Gedisa, 2000, p. 367. Citado en: Narvaja de Arnoux, Elvira. Análisis del discurso. Bs. As: Santiago Arcos Editor, 2006 pp 14-15 167 Teun A. van Dijk. Óp. Cit. El análisis crítico del discurso p 24 168 Ana María Franquesa S. Breve reseña de la aplicación del análisis crítico del discurso a estructuras léxicosintácticas. En Onomazein [Revista semestral de Lingüística, Filología y Traducción de la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile] 7 (2002) 449-462. pp 452 Véase en: http://onomazein.net/7/aplicacion.pdf

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4. CLARÍN

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“Un diario debe proveer no sólo el insumo informativo que requieren sus lectores para manejarse cotidianamente. También debe orientarlos para poder descifrar a cada paso las claves de un mundo en permanente cambio e ingresar con un mayor bagaje de ideas en escenarios en los que hay un fuerte componente de incertidumbre”

Ernestina Herrera de Noble, directora del diario Clarín

“No hay ningún crimen que se cometa en el periodismo, ni siquiera el de sensacionalismo espeluznante, ni el de inexactitud general, que subvierta mas en el principio de la prensa libre y que sea más indefendible que el crimen de dar cierta tendencia a las noticias, para que se ajusten a la política editorial… Apartarse de lo objetivo en las columnas dedicadas a las noticias no sólo es una sangrienta burla de la prensa libre, sino que crea un arma innoble que se pone en manos de pandilleros del periodismo”

Grove Patterson

El 27 de agosto de 2009, luego de una serie de debates en canales de televisión, de críticas y refutaciones en las páginas de los principales diarios y revistas del país, y de una serie de foros públicos de debate, finalmente el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que reemplazaría a la Ley de Radiodifusión de la última dictadura militar, iba a ser discutida en el Congreso de la Nación. El hecho mismo de que el proyecto sea parte de la agenda parlamentaria constituía todo un acontecimiento destacable históricamente porque, por primera vez en más de veinte años de gobiernos electos democráticamente, nunca ningún proyecto de estas características pudo ser abordado en el recinto. Desde el momento mismo en que la presidente realizó la presentación del anteproyecto, todo lo relacionado a la ley adquirió relevancia social, no sólo por la dimensión histórica que implicaba su discusión, sino también por el inminente reemplazo de una normativa obsoleta legada de la última dictadura.

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Ante tal coyuntura, los medios cubrieron periodísticamente algunos de los debates públicos, se generaron discusiones dentro de programas radiales o televisivos, y numerosos columnistas sentaron posición sobre el tema. Sin embargo, la cobertura periodística del asunto, no fue una cobertura cualquiera ya que al recaer sobre los mismos medios de comunicación la regulación de la ley en debate, ellos ya eran parte involucrada en los conflictos sociales que relataban sus propias noticias. Además, el caldeado clima social desatado tras el paro patronal agropecuario había establecido la disputa entre el Gobierno Nacional y Clarín169, lo que acentuaba las denuncias y críticas al proyecto oficial y la cobertura de los medios. Si bien la ley 26.522 no establece una regulación directa sobre la prensa, muchos diarios y revistas son propiedad de un mismo grupo empresarial que posee también radios y canales de televisión. Por lo tanto, la sanción de una ley como la citada si no interviene directamente sobre la prensa, al menos sí sobre los medios que pertenecen al mismo grupo empresarial, con lo cual se afecta a los mismos intereses económicos170. De este modo, la cobertura periodística de parte de la prensa sobre el proceso de sanción de la ley SCA se vio afectada, a su vez, por intereses empresariales. El diario Clarín, por ejemplo, es integrante de un grupo mediático que integran, entre otros, Radio Mitre, la señal televisiva de noticias TN o el canal de aire Canal Trece. En este sentido, el caso del diario y el Grupo Clarín es paradigmático. Los editoriales que el diario publicó en el lapso comprendido entre la fecha en que el proyecto ingresó a la Cámara Baja del Congreso, hasta que el 10 de octubre fuera sancionada y promulgada por la Cámara de Senadores, constituye una muestra de cómo diferentes factores sociales, culturales, políticos, jurídicos, económicos, influyen en la manera en que la institución, el medio y la empresa percibe la realidad, la interpreta y valora. Y evidencia, por otra parte, el comportamiento de la prensa en un conflicto que la involucra, que la afecta y de la que ella misma forma parte. El estudio de los editoriales de Clarín permitirá entender cómo, a través de un texto de opinión que refleja su pensamiento y posicionamiento ideológico frente a la

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Véase al respecto en el capítulo 2 de este trabajo, los apartados Contexto y Motivos El caso de diarios que pertenecen o están vinculados a un grupo empresarial que posee medios audiovisuales es numeroso. Por ejemplo: Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, El Cronista, Diario Uno (Mendoza), La Capital (Rosario), La Voz del Interior (Córdoba), Los Andes (Mendoza), entre otros. 170

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realidad, el diario adquiere un rol político, se erige como actor político que interviene en el proceso de sanción de la ley de medios.

4.1 EXPRESIÓN O EXTORSIÓN La sección de Opinión de Clarín, publica los resultados de una encuesta disponible en el sitio web del diario, las cartas de lectores, columnas destacadas bajo el rótulo de Tribuna y Debate y, por supuesto, los editoriales que varían dependiendo de la trascendencia social del asunto que trate. En ciertos casos publica dos editoriales, y en otras oportunidades, tan sólo uno pero de una extensión mayor. Estos textos mantienen un esquema fijo: el título que manifiesta el asunto a editorializar, el cuerpo argumentativo y una conclusión destacada en Negrita que sintetiza las ideas principales. El día en que el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA) empezara a ser tratado en el Parlamento, Clarín publicó dos editoriales. El primero, y más importante, se tituló “Fallo de la Justicia por Cromañón” y el segundo, más conciso, “Un instrumento contra el delito”. Ese día, la presidente envió el proyecto de ley al Congreso con fuertes críticas hacia los medios como Clarín y La Nación: “Conceptos como libertad de expresión, libertad de prensa y derecho a la información –explicaba Cristina Kirchnerdeben ser concebidos e interpretados en su correcta interpretación. Libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión. Libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa. Derecho a la información significa el derecho a toda la información, no al ocultamiento de una parte o a la distorsión y la manipulación de la otra parte”. El contexto político social que enfrentaba al gobierno nacional con el diario Clarín se había gestado hacía tiempo ya, y el conflicto había atravesado por diferentes etapas. Al día siguiente, el 28 de agosto, el diario Clarín motivado por el discurso presidencial publicó un editorial en respuesta a las declaraciones presidenciales pero con referencias al debate parlamentario de la ley de medios. Bajo el sugestivo título “Lo que molesta es la impotencia para controlar y manipular a los medios”, Clarín desarrolla categóricamente la idea de que la ley es parte de una nueva ofensiva contra el medio, al tiempo que, una herramienta para cercenar la libertad de expresión. Ese mismo día, la nota principal -referida al tema que aborda el editorialtitulaba “Presentan la ley para controlar a los medios” acompañada de otras nueve noticias que retrataban diferentes aspectos del mismo asunto, entre ellas: “Las agresiones

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no cesan: más afiches, pintadas y ataques en contra de Clarín”, “El proyecto de ley avanzó al ritmo de los conflictos” y “El proyecto del oficialismo mantiene todos sus aspectos más polémicos”. El discurso periodístico del diario, bajo los ropajes de la noticia objetiva, ya alertaba al lector acerca del carácter de la nueva ley. El editorial, no sólo continúa con ese discurso sino que lo acentúa identificando a sus responsables en el gobierno nacional. Así, desde el inicio, se lee: “Existe una concepción muy particular de la democracia y de la libertad de expresión en un Gobierno cuyos principales voceros, comenzando por la propia Presidenta, se empeñan en señalar que los medios de comunicación independientes constituyen una suerte de interferencia, estorbo o amenaza para la ciudadanía. En base a esa idea, se ha lanzado una verdadera campaña de acoso contra las empresas periodísticas que no pueden controlar, presentándolas como un obstáculo o una desviación del interés colectivo. “Para esto no sólo están haciendo un uso desvergonzado de las herramientas del poder público, con acciones oficiales o paraoficiales, como lo es la propaganda difamatoria en la Capital o en el interior del país, sino también confluyen otros factores que tratan de esconder sin éxito, tras una pátina de pretendido profesionalismo, sus desmesuradas ambiciones particulares. Confluyen así, objetivamente, con la arrogancia y soberbia del poder.”

Es notable que, en primer lugar, en el editorial no se hace una referencia a un nosotros sino a un ellos. Es decir, se enfatiza primero los atributos negativos del gobierno respecto de los medios de comunicación, a modo de contexto y, luego, se describe alguna de las acciones que caracterizan e identifican, según Clarín, al gobierno nacional. Todo ello parte de una concepción muy particular de la democracia y de la libertad de expresión que posee el gobierno, y por ende, en base a esa idea es que se han pergeñado los ataques a las empresas periodísticas. En el primer párrafo de este pasaje se destacan dos asuntos particularmente importantes. Primero, que la disputa que mantienen el multimedio más grande e importante de Argentina con el Gobierno no es fruto, como se explicó en los capítulos Contextos y Motivaciones, de un conflicto de intereses en pugna sino de una concepción muy particular de la democracia inherente al gobierno de turno, ocultando así los lazos que antes unían a ambos. De esta manera, es el gobierno quien tiene una idea errónea y desacertada sobre la relación que debe mantener con los medios

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de comunicación, y es Clarín quien juzga al gobierno desde los valores que lo identifican como lo opuesto a lo que el gobierno debería ser o hacer. En segundo lugar, los editorialistas consideran que los ataques que denuncian hacia los medios de comunicación de parte del gobierno nacional, se hacen contra las empresas periodísticas que [los gobernantes] no pueden controlar. En este sentido, cabe señalar que Clarín no habla sólo de medios de comunicación o de la prensa en general, sino de las empresas que como tales, defienden negocios, es decir, rescata el valor comercial de los medios de comunicación, dejando en claro que la ofensiva contra los medios, en parte, ataca la libertad de expresión pero también sus relaciones económicas. Además, Clarín no habla sólo en nombre de sí mismo, sino de las empresas periodísticas que como el propio diario y el grupo empresarial que integra, se ven afectadas por la legislación que se debate en el Congreso. El discurso que emana del editorial referido distingue a Clarín y las empresas periodísticas similares a él como parte de un grupo social de pertenencia o ingroup y al gobierno nacional y sus acólitos como pertenecientes a un grupo ajeno o outgroup. La selección léxica para hacer referencia a uno u otro grupo, entonces, pone de relieve la estrategia discursiva establecida en el editorial en donde subyace la semántica ideológica. “…En general –explica van Dijk– se tiende a describir en términos positivos a los grupos a los que pertenecemos (ingroups) y a sus miembros, así como a sus amigos, aliados o seguidores, mientras que a los grupos ajenos (outgroups), enemigos u oponentes se les describe en términos negativos. […] Esto es, suponemos que las representaciones mentales de estos grupos, en términos de esquemas de actitudes e ideologías subyacentes, conllevan conceptos evaluativos globales que influyen también en la selección léxica (otros aspectos –como las limitaciones de contexto– son equivalentes). Esto no solamente queda claro en los adjetivos o los sustantivos usados para describir al grupo al que se pertenece (ingroup) y a los otros grupos (outgroup) y sus atributos, sino también en las estructuras complejas que relacionan a estos grupos con acciones, objetos, lugares, o acontecimientos específicos”171. Ya en el segundo párrafo del editorial, se describe a grosso modo algunas actitudes que dan cuenta de la equivocada concepción de la democracia del oficialismo 171

Teun A. van Dijk. Análisis del discurso ideológico. Traducción de Román Alvarado. En Versión (México D.F.), 6, 1996, p 23-24http://segundaslenguaseinmigracion.com/L2ycomptext/Anlisisideolgico.pdf

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según Clarín, como por ejemplo el uso desvergonzado de las herramientas del poder público destinadas a la propaganda difamatoria, en referencia a las agresiones que se iniciaron desde la irrupción del conflicto que enfrentó a las patronales agropecuarias con el oficialismo. Éstas consistieron en pintadas con la leyenda “Clarín Miente”, intimidaciones a directivos del Grupo Clarín en sus viviendas particulares, ataques a las corresponsalías de Clarín y pedradas contra una oficina de Cablevisión. En muchos casos, las ofensivas llevaban la firma de “JP Descamisados”, una agrupación política afín al oficialismo y, según la visión de Clarín, se intensificaron con motivo del inminente debate parlamentario de la ley de medios. Los hechos descritos en las noticias del diario efectivamente sucedieron, pero en el editorial son explícitamente referidos con juicios de valor. Es por ello que, continuando con la estrategia discursiva de presentar las acciones, actitudes y valores del gobierno como outgroup de manera negativa, se habla de la arrogancia y soberbia del poder. El 20 de agosto, siete días antes de que el proyecto de ley sea girado al Congreso, CFK firmó un convenio entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP) para la transmisión de eventos futbolísticos. Allí, durante el acto que celebró el acuerdo, proclamó un discurso que generó inquietud por una comparación entre la televisación del fútbol y la desaparición de personas durante la dictadura: “Hoy hemos dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte, hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina. ¿Saben por qué? Porque no es posible que solamente el que pueda pagar pueda mirar un partido de fútbol, que además le secuestren los goles hasta el domingo aunque pagues igual, como te secuestran la palabra o te secuestran las imágenes, como antes secuestraron y desaparecieron a 30 mil argentinos.”

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Las declaraciones merecieron la cobertura periodística informativa de parte del diario mas no así el análisis en la sección de opinión. Nueve días después, el editorial en cuestión retoma los dichos de CFK a los que cataloga como una obscena demostración 172

Véase “Discurso de Cristina Fernández en el acto de firma de convenio entre la AFA y el SNMP”. En: http://es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_Cristina_Fern%C3%A1ndez_en_el_acto_de_firma_de_convenio_ entre_la_AFA_y_el_SNMP

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de pragmatismo y oportunismo ramplón debido a un peligroso clima de triunfalismo que favorece esa incontinencia verbal. La mención de las excesivas declaraciones presidenciales en el cuerpo argumentativo del editorial, constituye la exposición de un antecedente consistente en demostrar que el exabrupto no es el único o el primero sino que la referencia a la “libertad de extorsión”, expresada por la presidenta el día que el proyecto de ley fuera girado al Congreso, es parte habitual del discurso presidencial. Asimismo, el editorial insiste en señalar que lo que dice o piensa el gobierno es erróneo, equivocado o inexacto al decir que la Presidenta cometió un gravísimo error al comparar un negocio de la AFA, su actual socio, con los desaparecidos y también cuando expresa: Ayer, al anunciar el envío del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales volvió a cometer otro grave error al desconocer no sólo los proyectos anteriores que habían sido remitidos al Congreso sino las 147 reformas legislativas que se introdujeron a la actual ley. Un párrafo más adelante retoma la insistencia en los errores del gobierno, esta vez referidos a la victoria de la oposición en las elecciones legislativas de 2009: “La creencia equivocada que la derrota electoral ha sido producto de la información y crítica del periodismo independiente y, en particular, del Grupo Clarín, es una coartada para ignorar la contundencia de la decisión popular, y ha determinado esta suerte de declaración de guerra santa, con la activa colaboración de quienes, de manera ilusoria, ingenua o interesada, creen que van a quedar a salvo de esta concepción autoritaria que anima a esta administración”.

El 28 de junio se desarrollaron las elecciones legislativas para renovar las bancas de la Cámara de Diputados y Senadores. Los comicios, que debían celebrarse el domingo 25 de octubre, fueron adelantados por iniciativa del oficialismo, a través de la ley 26.495 sancionada el 16 de marzo, bajo el argumento de que “Sería suicida embarcar a la sociedad de aquí hasta octubre en una discusión permanente cuando el mundo se cae a pedazos y estos se nos pueden caer encima”173 en alusión a la inminente crisis financiera internacional. Sin embargo, una semana atrás se habían llevado a cabo las elecciones en la provincia de Catamarca en donde el oficialismo fue derrotado en manos del Frente Cívico y Social integrado por una mayoría de cuadros del radicalismo. La elección se polarizó entre quienes respondían políticamente al Frente Para la Victoria kirchnerista y al 173

Clarín, 14 de marzo de 2009 “Movida kirchnerista: Cristina anuncia que adelanta la elección” Véase en: http://edant.clarin.com/diario/2009/03/14/elpais/p-01877105.htm

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Frente Cívico y Social, aliado al vicepresidente Julio Cobos, opositor desde el voto “no positivo” que puso fin al debate parlamentario sobre la resolución 125. Más allá de los argumentos referidos sobre la decisión de adelantar las elecciones legislativas, la derrota electoral en Catamarca fue un hecho insoslayable en la decisión presidencial. Una interpretación, no del todo desacertada, sobre el resultado de la votación indica que el adelantamiento de los comicios legislativos fue motivado, en parte, para evitar una tendencia desfavorable y generalizada en el resto del país a las ambiciones kirchneristas. A tan sólo dos días de sancionada la ley que permitía adelantar los próximos comicios legislativos, Cristina Fernández realizó la presentación del anteproyecto de ley de radiodifusión entre aplausos de la centroizquierda y denuncias de la oposición. La campaña política para conquistar los escaños del Congreso estuvo teñida de ofensivas, denuncias, escraches y verborrágicos discursos entre los principales referentes de las fuerzas políticas que pugnaban por incrementar el número de sus congresistas o el acceso a ellos. A poco más de un mes de las elecciones, el Frente Para la Victoria presentó al entonces Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Sergio Massa, y al Gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, como candidatos. El hecho generó polémica debido a que éstos no tenían la intención expresa de asumir sus cargos en caso de resultar electos. Clarín recurrió, entonces, a la categoría periodística de “candidaturas testimoniales”. En este sentido, los apoderados de los partidos UCR, ARI y GEN hicieron presentaciones destinadas a impugnar las candidaturas de Scioli y Massa quienes, por su parte, recurrieron a la Cámara Nacional Electoral a los fines de contrarrestar las denuncias de la oposición, logrando así que las pretendidas impugnaciones fueran desestimadas. Una situación similar atravesó el ex presidente Néstor Kirchner cuando se planteó que no contaba con los años de residencia necesarios para candidatearse en Buenos Aires. Imputación que también fue rechazada. Finalmente, la elección tuvo lugar y los resultados no fueron los esperados desde el oficialismo. El Frente Para la Victoria (FPV) obtuvo el 30,7% de los votos detrás del Acuerdo Cívico y Social con el 30,9%. Una mirada superficial admitiría que se trata de un empate. Sin embargo, las verdaderas conclusiones daban cuenta de que el oficialismo había perdido escaños en ambas cámaras. Antes de las elecciones, el FPV contaba con

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116 diputados, mientras que luego de los sufragios el número se reducía a 87174. En la Cámara de Senadores, según informó Clarín, “El Gobierno perdió cuatro bancas en el Senado y con ellas el quórum, que es de 37. Con 36 senadores propios, necesitará al menos de un aliado para tener mayoría, un hecho inédito de la administración kirchnerista, si se descuenta la dramática sesión de las retenciones móviles”175. En el marco de la derrota electoral, Kirchner renunció a la conducción del Partido Justicialista y se produjeron cambios en el Gabinete de Ministros. El clima de provocaciones y denuncias no había quedado circunscripto a la campaña, por el contrario, continuaron incluso meses después de los comicios. Tal es el caso del diputado electo por la provincia de Buenos Aires, Francisco de Narváez quien tras derrotar al kirchnerismo en su distrito, declaró vulgarmente durante un acto en Guernica, ciudad cabecera del partido Presidente Perón: "Estoy recorriendo la provincia y donde me encuentro con los vecinos me dicen gracias por haberle roto el culo a los pingüinos". Tanto la campaña electoral como las elecciones transcurrieron mientras el anteproyecto de ley de medios era discutido en universidades, sindicatos, foros públicos y los mismos medios de comunicación. Asimismo, se desarrollaron con la particularidad de un gobierno enfrentado abiertamente con los medios de comunicación, lo que hacía sostenible la hipótesis de que la cobertura mediática no sería imparcial. Los medios se polarizaron así entre opositores y oficialistas, categoría empleada hasta entonces sólo para hacer referencia a parcialidades políticas. Tras la derrota, funcionarios del gobierno nacional indicaron que la manera en que Clarín y los medios corporativos reflejaron los actos de campaña formó una tendencia negativa sobre el oficialismo, lo que inexorablemente influyó en el resultado electoral. En una entrevista concedida al sitio Política Argentina, el Subsecretario General de la Presidencia, Gustavo López, consideró que “[los medios] Colaboraron a la derrota. […] Los medios contribuyeron y mucho a que se produjera este resultado electoral. Hacía años que no veía una manipulación tan feroz”176.

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Para más detalles sobre éstos resultados electorales véase el artículo de Wikipedia “Elecciones de Argentina de 2009” en http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Argentina_de_2009 175 Clarín, 29 de junio de 2009. “Senado: el kirchnerismo se quedó sin quórum propio” por Atilio Bleta. 176 Entrevista a Gustavo López, 30 de julio de 2009. Política Argentina, Volver al Debate Político. Véase en: http://www.politicargentina.com/2009/07/entrevista-a-gustavo-lopez/

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Ante la postura sostenida por miembros del gobierno, Clarín advierte que adjudicar la derrota electoral a la influencia de los medios de comunicación es una creencia equivocada que ha determinado una guerra santa contra el periodismo independiente y, en particular, el Grupo Clarín. El editorial considera a los medios que integran el Grupo Clarín como modelos representativos del periodismo independiente. En efecto, la señal televisiva de noticias TN hace gala de ello con su slogan. Al mencionar el concepto de Guerra Santa hace referencia a una idea asociada al terrorismo y al fanatismo religioso, sobre todo a partir de los trágicos atentados a las Torres Gemelas y a las invasiones de Estados Unidos a Irak y Afganistán. Con ello, Clarín asocia al gobierno con un fanatismo que adopta como enemigos a los medios del Grupo Clarín a quienes, presuntamente, pretende erradicar. Hasta aquí, los editorialistas han caracterizado a las acciones del gobierno referido a los medios de comunicación como equivocadas e incorrectas en expresiones como: “…una concepción muy particular de la democracia y de la libertad de expresión…”, “En base a esa idea…”, “…la Presidenta cometió un gravísimo error…”, “…volvió a cometer otro grave error…”, “La creencia equivocada…”. Una vez establecidas las características negativas del gobierno, Clarín se propone establecer las cualidades y valores que debiera poseer una sociedad democrática en donde los medios de comunicación cumplen un rol vital en el sostenimiento del sistema, contraponiendo así la postura oficial. “Una sociedad libre y desarrollada se distingue como tal por la calidad y cantidad de sus medios de expresión y comunicación. […] En una concepción genuina y realista de la democracia, la actividad privada y la acción pública no se plantean como constelaciones antitéticas sino como componentes necesarios de la dinámica social, aun cuando puedan suscitarse naturales conflictos y tensiones.”

Clarín habla de una concepción genuina y realista de la democracia en contraposición a la concepción muy particular de la democracia sostenida por el oficialismo, señalada más arriba. De esta manera, contrasta las ideologías del Gobierno y del multimedio; es el momento del desarrollo de las características del ingroup o grupo de pertenencia, en donde el diario se describe a sí mismo como un medio de comunicación independiente cuya existencia se encuentra apoyada en pilares fundamentales entre los que se destaca la credibilidad reflejada en

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“[…] la preferencia de lectores, televidentes, oyentes, cibernautas, clientes y anunciantes, […] [esa credibilidad] no es factible sin un respaldo económico que permita, precisamente, garantizar condiciones de independencia respecto de cualquier manipulación o presión por parte de gobiernos, funcionarios o grupos de interés e influencia. Cuando una empresa periodística carece de rentabilidad, construida y obtenida en base a reglas y a códigos de conducta, pasa a depender de los subsidios públicos o privados, y en consecuencia inevitablemente queda asociada a los intereses de quienes proveen su sustento. Su credibilidad, más temprano que tarde, se verá mellada e irá desapareciendo.”

Apoyado en el valor de la credibilidad, que se refleja indefectiblemente en la elección de los consumidores, quienes pagan por acceder a los contenidos que proporcionan los medios del Grupo Clarín, el diario se presenta a sí mismo como independiente y libre de presiones de gobiernos, funcionarios o grupos de interés e influencia. Sin

rentabilidad,

dice,

una empresa periodística pasa a depender

económicamente de subsidios públicos o privados, de tal manera que su independencia se ve afectada y, por ende, su credibilidad. Aquí, Clarín omite el hecho de que su credibilidad ya se veía afectada al desarrollarse el conflicto agropecuario y que, peor aún, los negocios que comparte el multimedio del que forma parte sí afectan la tan mentada independencia. De hecho, un informe elaborado en el año 2010 por el Laboratorio de Industrias Culturales, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Nación, que aborda el estudio de “la pérdida de exclusividad y centralidad del diario como fuente de información” da cuenta de ello. Tomando datos estadísticos ofrecidos por el Instituto Verificador de Circulaciones, acerca de la cantidad de ejemplares vendidos desde mediados de siglo XX hasta el año 2010, el informe arroja como resultados la tendencia “a la baja” de títulos y ejemplares progresivamente en el tiempo, entre ellos Clarín. Si bien “En el período 19581974, la Argentina alcanza los mayores índices de producción en cuanto a títulos y a ejemplares de diarios de toda su historia, con el pico más alto en 1970 […] A partir de 1976, sobre la base de una doble combinación de represión social y política, destrucción del aparato productivo y, por consiguiente, depresión del mercado interno, como en otros aspectos de la economía y la vida social también las industrias culturales decaen”177. En 177

“Diarios. Concentración y caída en la venta de ejemplares”. Click 19. Boletín informativo del Laboratorio de Industrias Culturales. Año 5. N° 19. Junio 2010 p2. Disponible en: http://sinca.cultura.gov.ar/archivos/documentacion/investigaciones/CLICK5-19Concentracion_Caida_Venta_Ejemplares.pdf

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la década de los 80 los diarios más vendidos, Clarín y La Nación, acaparan el 20% y el 9% por ciento del mercado respectivamente, debido en parte a la adquisición de las acciones de Papel Prensa, por parte de estas empresas. Sobre la última década del siglo XX, el informe señala que existe una mayor producción de títulos mas no así de ejemplares, habida cuenta de la creación de ediciones digitales de los diarios, lo que muestra “de manera bastante directa, el impacto de las nuevas tecnologías”. En la historia reciente, el documento indica que Clarín pasó de vender 397 mil ejemplares diarios en marzo de 2008 a 320 mil en marzo del 2010. Esa depreciación es explicada “bajo la hipótesis del declive general del diario en papel. En efecto, la tendencia a la baja de Clarín como diario generalista podría vincularse en el largo plazo con la pérdida de exclusividad y centralidad del diario en papel […] [de la misma manera que] podría vincularse con la alta difusión de Internet y sus nuevos soportes, recientemente alimentada por el desarrollo y oferta a escala masiva de mejores servicios de conectividad, de la cual la expansión de las versiones digitales de los diarios es un fenómeno creciente experimentado por los principales diarios del mundo”. No obstante, las causas no se agotan en una interpretación formal, sino que abarcan móviles políticos e incluso sociológicos entre 2008 y 2010. La baja en sus ventas, que conlleva la pérdida de lectores, pone de “manifiesto el impacto sufrido en la credibilidad del diario, entendiéndose ésta como valor intangible característico de un producto cultural. En tal sentido, el contrato con 1 de cada 5 de sus lectores podría haberse visto afectado en el contexto social y político en que, por un lado, se desarrolló el conflicto agropecuario (2008) y, por el otro, se debatió y sancionó la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009). Ambas situaciones explicitaron en el espacio público que los medios y la “industria cultural”, lejos de funcionar en un terreno de “neutralidad informativa”, forman parte de una trama compleja de intereses. Quizá como correlato de este fenómeno, el segundo diario que evidencia una mayor caída en sus ventas es el cordobés La voz del interior, también perteneciente al grupo Clarín”178. En el progreso de la lectura del editorial, Clarín continúa desarrollando la estrategia discursiva de contraponer los valores que identifican y representan al Gobierno y al mismo medio.

178

Ibíd. p 4

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“Lo que verdaderamente molesta a los Gobiernos que se enfrentan a medios de comunicación de amplia difusión, con calidad periodística y solvencia económica, no es tanto dicha fortaleza como la impotencia para domesticar, controlar o manipular su presencia y evitar el reconocimiento en la sociedad. Por eso es que se ataca sus dos pilares: credibilidad e independencia. Recordamos así las campañas que se han lanzado que rezan que "Clarín miente" en la que se involucró personalmente el matrimonio Kirchner y cuyo punto de partida fue aquel insulto al prestigioso y célebre artista, Hermenegildo Sábat.”

Nótese aquí que ya no se habla del gobierno de turno en singular sino en plural. Se trata de una generalización, sitúa al gobierno de Cristina Fernández, implícitamente, como representante de políticas que comparten gobiernos afines en la región latinoamericana respecto de los medios de comunicación, entre los cuales se reconoce al mismo Clarín como portavoz de los medios de amplia difusión, con calidad periodística y solvencia económica, mientras en frente hay un gobierno que pretende, con impotencia, domesticarlos, controlarlos o manipularlos y evitar su reconocimiento en la sociedad. Se establece así la polarización: de un lado, un medio creíble e independiente que soporta las ofensivas de un gobierno, situado del lado opuesto, que a partir de una idea incorrecta sobre el funcionamiento de la democracia incurre en graves hechos que lesionan los valores sobre los que se erige una sociedad libre y desarrollada. Ejemplifica esta idea con el recuerdo de las campañas desatadas en todo el país con la consigna de “Clarín miente” y la adjetivación de “cuasi mafioso” a una ilustración de Hermegenildo Sábat por parte de la presidenta durante un acto en plaza de mayo en abril de 2008179. Una vez señalados los contrastes, Clarín recurre nuevamente a marcar los errores y defectos del gobierno en la interpretación que da a su relación con los medios de comunicación. Habla ahora de “La concepción equivocada…”, “Esa creencia […] lleva a cometer estos graves errores…”, “…esa idea distorsionada”, “…una visión estrecha, simplista, ideologizada e interesada”. Tras esto, se defiende de las acusaciones que identifican a los medios del Grupo Clarín como defensores de negocios e intereses económicos argumentando que la independencia de la prensa es entendida en relación a los poderes públicos. Para ello, utiliza el argumento de autoridad citando una declaración de la UNESCO cuando instituyó 179

Véase Clarín, 2 de abril de 2009. “Cristina se enojó con un dibujo de Sábat”

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el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Según Santamaría Suárez y Casals Carro, “se recurre a este argumento cuando el acuerdo sobre lo que se expresa corre el riesgo de ser discutido; en este caso, la autoridad a la que se apela se la considera a priori indiscutible, única razón: es la prueba”180. Clarín se apoya en la legitimidad de la UNESCO para desestimar las acusaciones oficiales, dejando en claro que éstas no tienen asidero sobre Clarín y que por lo tanto merecen ser desestimadas. El editorial continúa con el establecimiento de los valores que Clarín considera indispensables, no ya para una sociedad democrática, sino para el correcto funcionamiento de los medios de comunicación en ella. No obstante, no deja de marcar la defectuosa mirada del gobierno sobre la realidad argentina. En el tramo final del editorial, se describe en términos muy precisos al oficialismo, no como Gobierno sino como corriente ideológica: “Si algún modelo sirviera de aproximación a la concepción verdadera del kirchnerismo sobre la función y desempeño de los medios, habría que rastrearlo en los períodos hegemónicos de los gobiernos ejercidos por Néstor Kirchner en Santa Cruz. En ellos surge que a través de una combinatoria de medios adictos, sojuzgados por el arbitrio de una pauta publicitaria diseñada para silenciar voces críticas, se impuso en esa provincia un curioso reinado de la libertad proclamada sin libertades efectivas, como no hayan sido las del poder sin límites y las expresiones disidentes conculcadas, las mismas que ahora se presume defender.”

En los pasajes anteriormente citados, Clarín hacía mención de la errónea concepción, idea o creencia del Gobierno sobre los medios de comunicación. Esta vez reitera esa idea, pero apuntando categóricamente sobre quienes ejercen el poder, el kirchnerismo. A lo largo de la historia política argentina el uso del sufijo ismo ha sido reiteradamente utilizado para catalogar a las diferentes corrientes y doctrinas que han intervenido políticamente en el curso de la sociedad. Los ejemplos son vastos: sobre la primera mitad del siglo XX, principalmente Radicalismo y Peronismo con una participación más marginal del Socialismo (no marxista). Luego surgieron el Militarismo, el Frondizismo, Alfonsinismo, Menemismo, en menor medida el Duhaldismo y por último, sobre inicios del 180

Óp. Cit. La opinión periodística p 252

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siglo XXI, el kirchnerismo. En la mayoría de los casos el sufijo está ubicado detrás del apellido de la figura pública que representa una corriente o movimiento político. Ello es así, debido a los personalismos en la historia política argentina y al sistema presidencialista que ha contribuido con creces a este modo de entender los procesos políticos. Puntualmente, se empezó a nombrar de manera habitual al kirchnerismo, a nivel nacional, cuando Néstor Kirchner llegó a la presidencia. Clarín trae a colación su paso por la gobernación de la provincia del sur, al que denomina como “hegemónico”, para ilustrar que el germen del autoritarismo ya se encontraba allí. Propone, sin precisar datos puntuales, recordar a medios adictos, la asignación de la pauta publicitaria de manera arbitraria como método de censura indirecta y que las únicas libertades en los casi doce años que gobernó Santa Cruz fueron las del poder sin límites y las expresiones disidentes conculcadas. Esta caracterización del kirchnerismo en el editorial opera en un doble sentido. En primer lugar, es una forma de explicar que las acciones que desarrolla el gobierno de turno, respecto de los medios de comunicación, no es coyuntural sino genética. Que es inherente al kirchnerismo utilizar a los medios como una plataforma de sostén ideológico de las ideas y actitudes que propone. Soslaya, de esta forma, la importancia que tuvo el paro patronal agropecuario en el cambio de relaciones entre el gobierno y el multimedio. Así, debido a los antecedentes acontecidos en Santa Cruz bajo el gobierno de Néstor Kirchner, es Clarín el blanco de las ofensivas oficiales por el hecho de informar con independencia y realizar críticas sin intereses mediatos, mientras el gobierno ataca a un medio de comunicación díscolo de la política oficial. En segundo lugar, opera en el sentido de contextualizar sus acciones, de situarlas históricamente. De la misma manera que antes el editorial se refiere al discurso en el que CFK comparó la transmisión de futbol argentino de primera división con los desaparecidos de la dictadura, se refiere ahora al pasado de Kirchner a cargo de Santa Cruz, con el objeto de presentar un antecedente del comportamiento político del kirchnerismo que evidencia un accionar que no es nuevo, sino que es parte esencial de esa corriente ideológica. Por otra parte, la mención del kirchnerismo como conducción del gobierno es una identificación que sirve para describir una modalidad política personalista en el ejercicio del poder. Es por ello que luego Clarín advierte cuál es la genuina representación democrática que, no es precisamente, la que se concentra en una sola persona. Un

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eufemismo para decir que el Kirchnerismo no es ejemplo de una verdadera representación democrática. Conforme transcurre la lectura de los últimos párrafos del editorial es notable la delimitación entre los valores que identifican al gobierno y los que representan a Clarín, atribuyendo a los primeros características negativas y al segundo, principios universalmente aceptados e institucionalizados181. Retoma explícitamente la idea de que los abusos gubernamentales en materia de medios de comunicación no son exclusivos de Argentina sino que son compartidos en gran parte de la América Latina bajo gobiernos autoritarios, intolerantes y censores al tiempo que exhorta a éstos Gobiernos a aprender de la historia. De esta manera Clarín acusa a los liderazgos latinoamericanos de cometer los mismos errores del pasado socavando la existencia de medios independientes. Si bien en todo el editorial no hay tan sólo una mención a la ley de medios ésta se ve implícita en cuanto que forma parte de las incorrectas acciones del gobierno destinadas a perjudicar a los medios independientes. El carácter del editorial oscila entre un diálogo y un monólogo. Clarín desarrolla su visión acerca de cómo el gobierno nacional ha efectuado todas sus acciones en materia de medios de comunicación destinadas a silenciar las voces críticas de los medios independientes. Habla de errores sí, pero los integra dentro del comportamiento político inherente al Kirchnerismo. Le concede el lugar a la palabra al oficialismo sólo para dar lugar a las respuestas que Clarín tiene para dar frente a las acusaciones que éste le formula. El cuerpo argumentativo del editorial se convierte en un monólogo en tanto que sólo suple la necesidad de aclarar que todas las características que el gobierno atribuye a Clarín son apócrifas o “gratuitas” tal como reza la conclusión: “La aventurada mención a la "libertad de extorsión" es una acusación gratuita y debería ser dirigida a una administración que no ha hecho otra cosa que tratar de silenciar al periodismo.

181

Sobre el oficialismo recaen adjetivos como arrogancias, soberbia, obscenidad, manipulación, presión, hostil al periodismo, hegemónico, silencia a las voces críticas, autoritarismo, intolerancia y censura. A Clarín, por su parte, se le atribuyen características de medio independiente, periodismo independiente, credibilidad, fortaleza, calidad periodística, solvencia económica y prensa libre. En el primer caso se trata de una lexicalización negativa, mientras que para el segundo se trata de lo contrario, la atribución de valores socialmente aceptados.

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No existe democracia sin pluralismo. La promoción de una prensa con libertad, independiente y pluralista es un componente esencial de toda sociedad democrática.”

A su vez, el uso monopólico de la palabra que hace Clarín permite pasar por alto algunos hechos destacados como cuando se refiere a que es un medio independiente de presiones económicas o subsidios estatales por su solvencia económica. Así, omite explicar que ello se debe a múltiples factores como leyes que favorecieron la concentración de la propiedad de los medios, su relación con la última dictadura militar o la adquisición de parte del paquete accionario de Papel Prensa en circunstancias no del todo claras. “Lo que molesta es la impotencia para controlar a los medios” es un editorial de suma importancia al objeto de estudio de este trabajo no sólo por ser el primero en salir publicado, a partir del ingreso del proyecto de ley al Congreso, sino por su extensión y porque muestra cómo Clarín construye ideológicamente la imagen discursiva de lo que representa el gobierno y, por extensión, todos sus proyectos políticos. El establecimiento de una clasificación de los editoriales que dé cuenta de los juicios vertidos en ellos y los recursos y argumentos empleados profundiza el abordaje del diario como actor político ya que permite identificar cuál es el tono y la finalidad que persigue cada texto de opinión. En este sentido, para Santamaría Suárez y Casals Carro “Si hacemos una escueta clasificación de los juicios en los artículos editoriales, ésta nos ayudará a comprender cómo se llega a determinadas conclusiones ideológicas y también el verdadero sentido del discurso. […] Partiendo de estas bases elementales en cuanto al estilo del artículo editorial, se puede emprender una clasificación de los editoriales que dependerá de la forma de construir y presentar los argumentos y sentencias, es decir, del modo de expresión elegido para pronunciarse sobre los hechos y las realidades”182. Las autoras clasifican a los editoriales, según sus modos argumentativos, en analítico o expositivo, explicativo, combativo, crítico, admonitorio, predictivo, apologético y de diatriba. Atentas a que la clasificación se trata de un modelo de referencia “ideal” es posible encontrar editoriales que se correspondan a una sola categoría, “aunque lo más frecuente es que hallemos editoriales que correspondan a dos o tres de los tipos

182

Óp. Cit. La opinión periodística p 286 y ss.

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clasificados” ante lo cual advierten que “lo importante en esos casos es determinar cuál de los tipos predomina para así comprender la función que determina al artículo editorial analizado y, con ello, establecer la intención del editorialista y, a la postre, del periódico como órgano vivo e ideológico”183. El editorial analizado hasta aquí puede integrarse en dos categorías, cada una de las cuales es necesario desarrollarlas. En primer lugar, se trata de un artículo combativo. Este tipo de editoriales “es característicos de aquellos periódicos que mantienen una posición ideológica en pugna con el poder instituido. Debido a esta postura doctrinaria y hasta apasionada no es dialéctico en modo alguno, sino, por el contrario, se construye como un instrumento de lucha de clases o de partidos, o como arma de reivindicaciones de cualquier tipo: morales, sociales, políticas, económicas, religiosas, etcétera. […] Busca una acción del receptor que se encamine hacia los pasos marcados por este tipo de editorial. Para ello, emplea la denuncia, la visión unilateral de lo acaecido; y la exposición de los datos que maneja han sido, por tanto, cuidadosamente seleccionados. Las jerarquías de los valores son muy representativas de esta clase de editoriales. Y atendiendo a esta jerarquización –el orden, el derecho, la patria, la libertad religiosa, la libertad individual, etcétera,– acentúa las protestas contra todo aquello que considere que pueda atentar contra el ordenamiento de los valores; los juicios son condenatorios con frecuencia y la oposición ejercida, intransigente”. En el cuerpo argumentativo del editorial, los ejemplos que ilustran la categoría de combativo son vastos. El contexto social y político da muestra clara de que entre el Gobierno y Clarín hay una disputa pública en la que las ideologías de cada uno se polarizan reflejando claramente los contrastes. La selección léxica de los adjetivos que acompañan a las palabras asociadas a las acciones y características del gobierno operan en este sentido. Se percibe, además, la función apelativa que busca la adhesión del lector; que éste se pronuncie en contra de un gobierno que hostiga a la prensa independiente y a favor de un medio cuya existencia es vital en una sociedad democrática. Asimismo, se nota claramente, en el contraste de valores que representan al Gobierno y a Clarín: un Gobierno autoritario y hostil al periodismo, de un lado, y un medio que se erige en defensor de la libertad de expresión, por el otro. El tono combativo es el preponderante del editorial.

183

Ibíd.

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Siguiendo con la clasificación, en segundo lugar se trata de un editorial Admonitorio en donde se “exhorta al cumplimiento de reglas, advierte de los peligros, señala experiencias anteriores como ejemplos a seguir o a evitar, llama a la concordia, al orden, a la paz. Este tipo de editoriales se alzan como una voz superior que advierte de los peligros de cualquier desviación que, por supuesto, supone una visión netamente ideológica”. Esto se ve reflejado en varios pasajes del editorial en estudio, se señala la experiencia kirchnerista en la gobernación de Santa Cruz, o las declaraciones en donde la presidente compara a la televisación del fútbol con los desaparecidos al tiempo que se indican los peligros que conlleva que ésa administración sea la que presida la nación. Sobre el final del texto argumentativo hay una clara exhortación a “aprender de la historia” dirigida a los gobiernos latinoamericanos. Por otra parte, cuando Clarín señala los valores sobre los cuales debe asentarse una sociedad libre y desarrollada adopta una postura moralista y de claro llamado a seguir esos lineamientos como una vía para alcanzar el orden, la paz. Ello también puede leerse como una estrategia que expresaría un discurso no sólo combativo sino conciliador, más racional, tendiente a aminorar el alcance de la pelea Clarín-Gobierno y de esa forma proponer que en realidad es Clarín quien se defiende de las acusaciones y ofensivas que la conducción kirchnerista le imputa al medio.

4.2 LESIONES E INTIMIDACIONES La posición de Clarín respecto del gobierno y de la ley de medios es explícita y se hizo evidente en la mayoría de los artículos editoriales que circularon durante el debate parlamentario en los cuales se reiteran muchos de los elementos y recursos empleados en el editorial analizado anteriormente. El 31 de agosto Clarín publica dos editoriales concisos. El primero se tituló “Tragedias viales por imprudencia” en donde el diario exhorta al cumplimiento de normas y la aplicación de sanciones a las infracciones viales para evitar accidentes de tránsito que dependen de la responsabilidad de los conductores. La relevancia social que tiene para Clarín un tema como los accidentes viales en comparación con la ley de medios y el conflicto que lo enfrenta al gobierno nacional es clara y se refleja no sólo en el tono en que están redactados los editoriales sino también en los alcances y las responsabilidades a las que lo atribuyen.

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El segundo editorial de ese día “Lesiones a la libertad de prensa” es también de una extensión menor en comparación con el editorial del 28 de agosto pero no menos importante por las ideas vertidas en él. Aquél editorial estuvo motivado por dos hechos puntuales: el ingreso del proyecto de ley de medios a la Cámara de Diputados y el discurso presidencial que hacía mención a la “libertad de extorsión”. La publicación de “Lesiones a la libertad de prensa”, por su parte, fue producto de una solicitada formulada por diferentes asociaciones de empresas periodísticas de Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Brasil y Argentina que advertían sobre el “Sostenido deterioro de la Libertad de Expresión”184. La solicitada, publicada el 21 de agosto, fue cubierta por Clarín en tan sólo una noticia185 el mismo día que fue emitido. A su vez, ningún texto de opinión abordó el asunto, salvo este editorial diez días después. Que el pronunciamiento de las asociaciones de prensa latinoamericanas haya sido el catalizador del editorial que lo aborda diez días luego indica un uso estratégico de los editoriales de parte de Clarín. Difícilmente un periódico se pronuncie ideológicamente sobre un suceso destacable a nivel social a más de una semana de producido el hecho. Sin embargo, Clarín lo hace con la declaración de las entidades que reúne a las empresas periodísticas latinoamericanas. En este caso, el editorial no está directamente determinado por un hecho destacado en la inmediatez; en la actualidad más próxima temporalmente, sino que es el contexto político y social, la coyuntura del debate parlamentario sobre la ley de medios, lo que justifica el abordaje del comunicado en el cuerpo del editorial. Asimismo es una manera de mantener vigente la denuncia hacia los gobiernos latinoamericanos sobre la situación de los medios de comunicación, en especial el caso de Argentina y la ley de medios. Por otra parte, esa utilidad estratégica que el medio asigna a sus editoriales está orientada a un fin específico que excede la mera declaración y el pronunciamiento político, apunta a incidir en el curso de los acontecimientos de la realidad, a que la postura de Clarín se refleje en el debate parlamentario y, en consecuencia, se adopte una medida favorable a los intereses del medio; intereses que están asociados, en el discurso,

a la libertad de prensa, a la

independencia política y económica y a la objetividad periodística.

184

Véase: Declaración Libertad de Prensa “Sostenido deterioro de la Libertad de Expresión”, 21 de agosto de 2009. ADEPA. En: http://www.adepa.org.ar/secciones/ldp/nota.php?id=249 185 Clarín, 21 de agosto de 2009. “Inquietud por el hostigamiento a la prensa en América Latina” http://edant.clarin.com/diario/2009/08/21/elpais/p-01982317.htm

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El análisis del editorial en cuestión exige un abordaje en dos partes. Una primera parte, abarca su título y los dos primeros párrafos, mientras que una segunda parte incluye los últimos párrafos y la conclusión. El título del editorial, “Lesiones a la libertad de prensa” es particularmente importante ya que equipara la mentada libertad de prensa a Clarín. Ya no se trata de una asociación, sino de la afirmación de que Clarín representa la libertad de prensa. Por otra parte, el adjetivo “lesiones” implica toda una carga ideológica, un juicio de valor, una toma de postura. Sirva de ejemplo que cuando el diario informó sobre el comunicado de las entidades que nuclea a las empresas periodísticas de Latinoamérica tituló “inquietud”, mientras aquí habla de “lesiones”. Los dos primeros párrafos sientan una denuncia contra el “hostigamiento” a los medios periodísticos que no acompañan los intereses o políticas de los gobiernos latinoamericanos. Justifica este punto de vista algunos ejemplos que caracterizan el comportamiento de los gobiernos de estos países hacia sus medios de comunicación; acciones que “se han convertido en recurrentes por parte de gobiernos o funcionarios molestos por las críticas o investigaciones publicadas en los medios”. Nuevamente, la cita de autoridad es uno de los argumentos utilizados para garantizar legitimidad en el discurso ideológico de Clarín. En este caso “las entidades que nuclean a las empresas editoras de diarios y periódicos de América Latina” son considerados jueces que emiten una sentencia que, en este caso, alerta sobre los ataques a las empresas periodísticas por parte de los gobiernos latinoamericanos. No obstante, es importante no pasar por alto que quienes integran éstas entidades periodísticas son los empresarios dueños de los medios de comunicación, por lo tanto, su visión está claramente afectada por los intereses empresariales. En este sentido, el argumento de autoridad se convierte en falaz ya que el uso de la cita no es ajeno a los intereses del diario sino que está comprometido en ello. La cuestión no es menor, ya que a partir del comunicado de esas entidades es que es presentado el editorial. La segunda parte del editorial integra a los dos párrafos siguientes y la conclusión remarcada en negrita. Allí ya no se trata de una denuncia sino del establecimiento de cómo deberían ser tenidos en cuenta los medios de comunicación en el funcionamiento de “una sociedad libre y democrática”. Aquí, al igual que en el editorial anterior, la función que cumple este pasaje es el de contraponer la visión del diario con la acción ofensiva del

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Gobierno. Se trata implícitamente de una disyuntiva, de una apelación a que el lector tome postura en la binaria disputa Gobierno vs Clarín. Sobre el final, y como muestra de una continuidad discursiva e ideológica en los editoriales aparecidos a partir del ingreso del proyecto de ley al Congreso nacional, uno de los juicios concluyentes de “Lo que molesta es la impotencia…” es retomado para concluir el editorial “Lesiones a la libertad de prensa”. El primer editorial rezaba: “Socavar la existencia de medios independientes no es otra cosa que socavar esos fundamentos que nos alejan del silencio y del monólogo; que nos defienden de la imposición de cualquier autoritarismo.”

El segundo, expresa: “No está de más reiterarlo, socavar la existencia de medios independientes es erosionar las herramientas que nos defienden de la imposición de cualquier tipo de autoritarismo.”

Clarín insiste en este señalamiento para reafirmar su postura respecto del gobierno. Los pasajes citados tienen la particularidad de articular tanto la denuncia de Clarín hacia las políticas del Gobierno sobre los medios de comunicación, como también, implícitamente, del establecimiento de la importancia de los medios en el funcionamiento de la sociedad, en donde Clarín se asume como vital. En primer lugar, considera que la existencia de los medios independientes es de suma importancia para contrarrestar cualquier autoritarismo que proceda de las esferas de poder del Estado. En segundo lugar, sin hacer mención al Gobierno se refiere a él en cuanto a que es el Estado quien intenta, a través de legislaciones como la ley SCA, socavar o erosionar la existencia de los medios independientes. Por otra parte, es importante notar que en las citas de ambos editoriales hay una marca lingüística que da cuenta de la presencia del locutor que a su vez integra al alocutario. Se trata de la deixis, es decir, la identificación de la persona que habla en un contexto espacio-temporal determinado. En específico, el pasaje argumentativo expresa “… nos defienden de la imposición de cualquier autoritarismo”. El pronombre nosotros,

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primera persona del plural, es inclusivo, equivale al “yo” que habla y al “tú” plural al que se dirige, en donde Clarín es tan importante como cada uno de los ciudadanos a quienes está dirigido el discurso. El análisis de estas marcas textuales que permiten identificar al sujeto de la enunciación implica, no el mero señalamiento lingüístico, sino la tarea de revelar cuál es el sentido en el discurso ideológico del editorial. Al emplear el nosotros Clarín hace que su discurso cobre una nueva legitimidad, es una apelación directa al público no en tanto tal, sino en tanto ciudadanos a los cuales advierte por las consecuencias de una política de estado tendiente a socavar la existencia de los medios independientes. Es decir, Clarín advierte que las decisiones políticas ejecutivas y legislativas promovidas por el oficialismo respecto de los medios de comunicación son tan perjudiciales para el mismo diario como para la sociedad toda. Siguiendo la clasificación establecida por Santamaría Suárez y Casals Carro, este editorial se encuentra a mitad de camino entre el combativo y el admonitorio. Por una parte, argumenta con una visión claramente parcial acerca de las acciones que presionan, causan interferencias y “restricciones contra propietarios, periodistas y trabajadores de medios de comunicación”. Ello se ve reflejado en la primera parte del texto argumentativo. Por otra parte, el editorial cumple con las características de uno admonitorio en la segunda sección del texto. Allí pretende mostrar un razonamiento sin una carga semántica que aluda al Gobierno de manera directa en donde a su vez se muestra equilibrado; “su tono quiere ser sereno y reflexivo”, toma cierta distancia de la denuncia hacia las acciones hostiles para sentar su modo de ver las cosas. En esta parte, “predomina una función expresiva, ya que la autoridad del emisor es la que advierte, la que pone las cosas en su sitio. Y apela al receptor a preocuparse por los temas tratados”. Ello es claro cuando emplea la primera persona del plural (nos) y equipara su trascendencia social como institución a todos los miembros de la sociedad que peligran si se socava la existencia de los medios independientes. Mientras Clarín desarrollaba su discurso en los editoriales, la ley empezaba a ser discutida en comisiones de la Cámara de Diputados. El jueves 3 de septiembre de 2009, con la presencia del interventor del COMFER, Gabriel Mariotto, el proyecto oficial fue analizado en la comisión de Libertad de Expresión, presidida por la radical Silvana Giudici; Comunicación, tutelada por el oficialista Manuel Baladrón; y Presupuesto dirigida por el diputado kirchnerista Gustavo Marconato. Según una noticia del diario Clarín, publicada al día siguiente del inicio del debate en comisiones, “después de más de seis horas [de

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discusión, los diputados] aceptaron votar el cronograma y definieron una agenda acotada, favorecidos por la mayoría de los integrantes de las dos comisiones que dominan [los diputados kirchneristas]. De tal modo, el debate comenzará con una audiencia pública el próximo martes, en el Congreso, que podrían extenderse no más allá del jueves. Para el viernes convocarán de nuevo al plenario y allí el oficialismo podría emitir dictamen con el fin de llevar el proyecto a votación en menos de quince días”186. Las instancias decisivas que conducían a la media sanción del proyecto de ley estaban cada vez más próximas. “Intimidación a la libertad de prensa” es otro editorial con características similares al analizado recientemente. Publicado el 5 de septiembre, denuncia las acciones hostiles al diario Clarín de parte de agrupaciones políticas afines al oficialismo. Una primera similitud con el editorial del 31 de agosto es su título; ambos hacen mención a la libertad de prensa como objeto de ofensivas. Antes fueron lesiones, ahora intimidación. Toda ofensa, disputa o ataque al diario es inmediatamente asimilado a la libertad de prensa. Tal como en el caso anterior, Clarín es la libertad de prensa. Se trata de la utilización de una figura retórica, en este caso, la metonimia. Esta figura es “un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación semántica existente entre ambas”187. En este caso, las agresiones dirigidas hacia Clarín son dirigidas hacia la libertad de prensa. El mensaje que Clarín pretende afirmar es el de que es víctima de los ataques del gobierno kirchnerista y no parte del enfrentamiento con el Gobierno. De esta manera, impersonaliza la disputa, es el Gobierno quien no solo afecta al medio sino que lesiona o intimida la libertad de prensa. Sin embargo, pasajes más adelante hay un reconocimiento de la coyuntura política cuando expresa que:

“Si bien las agresiones están dirigidas específicamente a esta empresa, deben considerarse formas de rechazo y de intimidación al periodismo independiente en general. Por ese motivo es preocupante que, al margen del enfrentamiento del Gobierno con Clarín, las autoridades no hayan dado muestras de preocupación.”

188

186

Clarín, 4 de septiembre de 2009. “El oficialismo limita el debate para apurar la ley de medios” Metonimia, en Wikipedia, La enciclopedia libre. Véase http://es.wikipedia.org/wiki/Metonimia 188 Las cursivas no son del texto original. 187

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El editorial cumple un doble propósito. Por un lado sienta la denuncia hacia los ataques vandálicos que padecieron los directivos y edificios del Grupo y el diario Clarín. Por otro lado, acusa al gobierno nacional de mantener silencio e inacción sobre estos acontecimientos vinculando, de esta manera, la complicidad oficial. A su vez, cumple el cometido de establecer la idea de que no es parte de un conflicto con el Gobierno sino que es éste quien emprende ofensivas contra los medios independientes y la libertad de prensa. Clarín evita asumir ese rol como una estrategia discursiva. Pretende situarse a la misma altura que la libertad de prensa y con ello, por fuera de la categoría de simple diario o empresa periodística. En este caso, se trata de un editorial crítico en donde “generalmente se manifiesta un juicio duro o en tono de advertencia […] y cuida de dar una imagen de imparcialidad e independencia”. Mientras tanto, el proyecto de ley pasaba a ser discutido en audiencias públicas de la Cámara de Diputados entre los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre, con una amplia participación de figuras e instituciones que apoyaban el proyecto, mientras que la participación de miembros de la oposición y entidades periodísticas críticas era considerablemente inferior. Todo lo acontecido en las audiencias fue seguido por el diario Clarín en donde las críticas a la ley eran parte constitutiva de la información publicada. Las noticias del diario hacían sus críticas cada vez más manifiestas y entre las fuentes más citadas se encontraban aquellas cuya visión del proyecto de ley era negativa. La edición impresa de Clarín del 8 de septiembre contiene noticias en donde advierten que el cronograma de audiencias planificadas por el oficialismo forma parte de una “estrategia para apurar el debate y limitar en tres días las audiencias sobre el proyecto de Servicios de Comunicación Audiovisual enviado por el Ejecutivo”189. Asimismo, otras noticias se referían al proyecto como “ley mordaza”190 o de control estatal de medios191. Lo llamativo de las noticias de Clarín publicadas durante el tratamiento parlamentario de la ley de medios es que, en muchos casos, está presente una fuerte carga valorativa en ellas en un grado similar al de los editoriales. El hecho no es menor, ya que es el contenido informativo del diario, pretendidamente objetivo, el que ocupa mayores espacios en la estructura del periódico. El editorial entonces, aborda los hechos 189

Clarín, 8 de septiembre de 2009, “Ley de Medios: la primera “audiencia pública” arrancará hoy sin público” 190 Ibíd. “El País de España habla de la “ley mordaza” de los Kirchner”, y “Una nueva “ley mordaza” que apunta a silenciar determinadas voces” del 6 de septiembre de 2009. 191 Ibíd. “Crítica europea al control estatal de los medios”

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con los juicios de valor que le competen a su tipología pero reforzando el mensaje elaborado en las noticias. La insistencia de Clarín en mostrar que es víctima de un Gobierno que presiona a los medios independientes continuó en el único editorial publicado en la edición del 11 de septiembre “Operativo de Intimidación a los medios de prensa”. El título reitera la palabra intimidación cuando se refiere a los medios de comunicación. Aunque sin hacer alusión a la libertad de prensa se trata del mismo recurso empleado en el editorial anterior cuando se equipara al diario con un valor, derecho, idea o grupo social de relevancia. Mantiene el recurso de la metonimia, en este caso, del cambio de la parte (Clarín) por el todo (medios de prensa). La noticia que cubrió el acontecimiento tituló, en cambio, “Operativo oficial de intimidación a Clarín”192 sin hacer referencia a la prensa en general sino al mismo diario como único afectado. De esta manera, se delimita claramente la función informativa y la enjuiciativa en cada uno de los textos. En la primera circunscripta a lo específico, en la segunda, haciendo extensivo el nombre del diario a “los medios de prensa”. El texto de ese editorial aborda el registro que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) llevó a cabo en la redacción del diario Clarín con la presencia de alrededor de 200 inspectores. El procedimiento, considerado como una intimidación por parte del diario, es atribuido a una noticia193 publicada el día anterior en la que se relata una operación irregular de parte de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) en el otorgamiento de $10 millones de pesos en carácter de subsidios a una empresa de engorde de ganado de la localidad de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Según la noticia, la ONCCA “responde al ultrakirchnerista Ricardo Echegaray” titular de la AFIP, a quien el editorial le asigna una “responsabilidad, cuanto menos indirecta, en el caso”. “La inspección impositiva se produjo, además, en el contexto de una dura ofensiva del Gobierno para hacer votar en el Congreso una ley de medios que acumula serias objeciones incluso desde sectores cercanos al oficialismo, y en el curso de la cual, funcionarios oficiales y el ex presidente Néstor Kirchner realizaron reiteradas críticas a Clarín y a los medios de difusión independientes. Una de las más importantes objeciones que se le formulan al proyecto, es que otorga al Poder Ejecutivo la 192

Clarín, 11 de septiembre de 2009, “Operativo oficial de intimidación a Clarín”. Clarín, 10 de septiembre de 2009, “Pagan $10 millones de subsidios a una empresa sin habilitación” por Matías Longoni

193

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capacidad de decidir sobre la renovación de las licencias de medios de difusión. Por esta cláusula, el gobierno de turno tendría una amplia capacidad para presionar sobre medios que no respondan a sus intereses. El operativo intimidatorio realizado por la AFIP, cuyo director es, por otra parte, un firme seguidor del ex presidente Kirchner, aviva los temores por la eventualidad de que el Gobierno cuente con facultades para influir sobre el destino de los medios de prensa.”

Este pasaje es particularmente importante porque por primera vez, desde que el proyecto de ley fuera girado al Congreso, un editorial de Clarín se refiere explícitamente a la ley de medios. Además, reconoce la coyuntura política del enfrentamiento con el gobierno y advierte sobre el futuro de la legislación teniendo en cuenta la acción de un organismo como la AFIP. Por otra parte, está claramente establecido lo que la ley de medios constituye para Clarín, una ofensiva hacia los medios de comunicación. El calificativo ‘duro’ refuerza esta idea. De hecho, la inspección impositiva de la AFIP es contextualizada en el marco de la discusión de la ley de medios, la cual cuenta, según Clarín, con serias objeciones incluso de parte del mismo oficialismo.

Entre las objeciones que menciona el editorial se

encuentra la de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo en “la renovación de las licencias de medios de difusión”. Según el análisis realizado en

el segundo capítulo de este

trabajo, dedicado al estudio de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la Autoridad de Aplicación no garantizaba la independencia del Gobierno aunque tampoco su necesaria discrecionalidad. No obstante, es preciso señalar que la posición de Clarín en sus editoriales es sobre el proyecto que se debatía en la Cámara de Diputados, no sobre la ley finalmente sancionada. El texto del proyecto oficial expresaba que la AFSCA se desempeñaría dependiendo de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros, lo que sí afectaba la independencia del organismo respecto del Poder Ejecutivo194. En este sentido, las advertencias de Clarín tienen asidero, a pesar de pecar de alarmistas. Por otra parte, hay una fuerte mención a las intenciones del Gobierno de “hacer votar” la ley. La oración tiene el propósito de dar a entender que el oficialismo busca no sólo una rápida sanción de la ley sino que ésta es forzosa, es decir, a pesar de la 194

Esta parte de la ley fue modificada. El texto sancionado habla de la autoridad de aplicación como un organismo descentralizado y autárquico.

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resistencia de algunos legisladores. Todas estas expresiones ilustran las acusaciones que el medio formula al kirchnerismo sobre su modus operandi. El editorial denuncia una actitud avasallante del oficialismo sobre la oposición. En efecto, las noticias del diario así lo atestiguaban195. El Gobierno tenía un interés real en que la ley fuera sancionada antes del recambio de bancas en el Congreso, que se concretaría el 10 de diciembre. La oposición mantenía el mismo interés pero en la situación contraria: que el proyecto sea tratado pasada esa fecha. El oficialismo, que había sido derrotado en las pasadas elecciones legislativas, ya no contaba con quórum propio y esa coyuntura era claramente desfavorable a las modificaciones y concesiones que podían realizarse al proyecto oficial. De ahí la insistencia del Gobierno en que el proyecto fuera sancionado con la composición parlamentaria en la que el oficialismo contaba con la mayoría y el quórum propio. Sobre el segundo párrafo del pasaje citado arriba, al referirse a Ricardo Echegaray, director de la AFIP, Clarín no recurre a una lexicalización negativa. Por el contrario, asocia su nombre al del Néstor Kirchner como un “firme seguidor”. De esta manera, lo ubica en la misma categoría a la del ex presidente, es decir, con sus mismas características y atributos. Se trata de una comparación negativa. Por ello, el párrafo siguiente trae a colación ciertas actitudes de Kirchner en relación a la prensa que lo identifican con el operativo desplegado por la AFIP a cargo de Echegaray, su director: “Cabe recordar que, desde el comienzo de su gestión, el ex presidente Kirchner dio muestras de un profundo malestar con la prensa independiente y realizó diferentes formas de presión sobre la misma. Esta conducta fue seguida por los funcionarios y grupos políticos adictos y por el actual Gobierno.”

El editorial cierra con un mensaje claro: la inspección impositiva de la AFIP, en el contexto de discusión parlamentaria de la ley de medios, constituye un escenario de creciente amenaza sobre los medios de comunicación y los periodistas independientes, escenario que puede agravarse en caso de aprobarse la ley en debate. El cometido de este editorial es advertir al lector de los males que se avecinan. Para ello, los editorialistas incorporan al texto palabras que grafican el estado de alerta, entre ellas: intimidación, amenaza, presiones, operativo intimidatorio, capacidad de presión, actuaciones arbitrarias. Se trata de advertir que el proyecto oficial está viciado de los males que le son 195

Clarín, 7 de septiembre de 2009. “Mariotto confía en que se aprueba antes de diciembre”.

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inherentes al kirchnerismo respecto de los medios de comunicación. Un mensaje de características similares al de este editorial fue difundido por el canal de noticias del Grupo Clarín, en el cual se advertía: “TN puede desaparecer”. El canal de cable Volver, propiedad del mismo grupo empresarial, también difundió un spot en el que rezaba: “Volver será la primera víctima de la nueva Ley de Medios. Y no será la última. No perdamos la memoria”. Tanto el propósito del mensaje editorial de Clarín como los anuncios televisivos de TN y Volver, reflejan una postura corporativa de los medios del Grupo Clarín sobre la nueva ley de medios. Las acciones desarrolladas por los agentes de la AFIP, hacen del medio parte de sus propias noticias, que Clarín sea la noticia y que la información publicada, al tiempo que constituya una denuncia hacia el gobierno, sea autorreferencial y permita reforzar la idea del diario como principal perjudicado por la nueva ley de medios. Como se observa, el editorial refuerza la carga ideológica que subyace en el contenido noticioso del diario con el enjuiciamiento propio del texto argumentativo. “Operativo de Intimidación a los medios de prensa” se inscribe a mitad de camino entre el editorial de tipo explicativo y el predictivo. Justifica la primera clasificación, los pasajes descriptivos del editorial en donde se relatan las acciones llevadas a cabo por inspectores de la AFIP y las razones que explican las mismas. Para las autoras de La opinión periodística el editorial explicativo “Manifiesta desde el principio las presuntas causas de los acontecimientos y relaciona los hechos en busca de una comprensión clara y dialéctica, intentando con ello poner de relieve los diferentes motivos que hayan podido provocar los hechos a los que se refiere…”. Por otra parte, es predictivo porque “… sobre la base del análisis de situaciones, diagnostica resultados de tipo social y político […] Utiliza el método de la interpretación de las causas de un modo determinista para prever las consecuencias de una determinada acción o hecho”. Ello se ve en los últimos párrafos del editorial en donde se alerta sobre el futuro del periodismo teniendo en cuenta las acciones hostiles a un medio de prensa como Clarín en el marco del debate parlamentario de la ley de medios: “Todo configura, por lo tanto, un escenario de creciente amenaza para el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas independientes, que puede agravarse de aprobarse un nuevo régimen legal que amplíe la capacidad de presión o de actuaciones arbitrarias de este o de futuros gobiernos” concluye el texto de opinión.

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Las denuncias de Clarín no se agotaron en ese editorial, por el contrario, continuaron durante la semana. La tapa de la edición dominical del 13 de septiembre rezaba en su título principal: “Hubo 15 operativos simultáneos para intimidar a Clarín”. El editorial de aquella edición, “Distorsiones en el funcionamiento del Estado”, no hace mención explícita de la ley de medios o la coyuntura del debate parlamentario, pero menciona “la utilización del aparato del estado con fines intimidatorios sobre el sector privado” en referencia a los procedimientos fiscales llevados a cabo por la AFIP. El texto retoma el concepto de intimidación y la ofensiva padecida por el sector privado en manos del Gobierno, ambos temas presentes en los editoriales analizados previamente. La comprensión del editorial, sin ser específico, depende de la intertextualidad, es decir, la relación entre textos en los cuales hay una vinculación implícita o explícita sobre los temas abordados. Una categoría más específica, aplicable al caso, es el de la intratextualidad, o relación entre textos de un mismo autor. Aquí, el vínculo es entre los editoriales del diario Clarín en los cuales hay una referencia, implícita, sobre los mismos hechos en el marco de la discusión de la ley de medios. Sobre el final del editorial hay un desarrollo más claro de la idea vertida en el inicio: “También han tenido lugar, finalmente, numerosos casos de utilización de la posición estatal para presionar al sector privado, como ha sucedido largamente en las negociaciones sobre fijación de precios. Esta conducta tuvo, días pasados, una manifestación aguda, con el envío de unos doscientos inspectores al diario Clarín, así como a domicilios de directivos del Grupo y a empresas pertenecientes o vinculadas a personas de la oposición.”

Clarín enfatiza sus advertencias sobre la conducta del Gobierno, a través de organismos oficiales, en el marco del debate por la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante la eventual media sanción del proyecto. En efecto, el 16 de septiembre, el proyecto oficial estaba listo para ser abordado en el recinto luego de recibir la mayoría de firmas entre los miembros que formaron parte del plenario de las comisiones de Comunicación, Presupuesto y Libertad de Expresión. El Frente Para la Victoria, que impulsó la normativa, obtuvo 57 firmas en el dictamen de mayoría con el apoyo de los bloques de Encuentro Popular y Social, Solidaridad e Igualdad, el Partido de la Concertación y el Partido Socialista196, quienes habían formulado modificaciones que 196

Según el portal de noticias La Campana Web “El dictamen de mayoría reunió 57 firmas: 13 de la comisión de Libertad de Expresión, sobre los 23 diputados que la integran; 25 de la comisión de

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fueron integradas al texto que sería debatido en el recinto parlamentario. Tras la obtención del dictamen de mayoría, la Cámara de Diputados sesionó a partir de las diez de la mañana en una jornada que duró hasta las primeras horas del día siguiente. El resultado de la maratónica sesión fue la media sanción de la ley que contó con 147 votos positivos, 4 en contra y una abstención. La oposición, que participó del debate, se retiró en los instantes previos a la votación. El día que la ley se debatía en el recinto de la Cámara de Diputados, Clarín publicó dos editoriales: “El aporte del Rojas a la cultura” referido a los 25 años del Centro Cultural Ricardo Rojas de la Universidad de Buenos Aires, y “Signos de peligro para la ciudadanía” dedicado al funcionamiento discrecional de un organismo como la AFIP. La publicación de ambos editoriales es llamativa por un doble motivo. Por un lado, dada la relevancia del tratamiento del proyecto, que Clarín cataloga en sus noticias como “mordaza” o “de control de medios”, se espera que el diario se pronuncie de manera clara y exhaustiva sobre los acontecimientos que indefectiblemente irían a producirse en la jornada parlamentaria del 16 de septiembre. Por otra parte, no sólo no publica un editorial que dé cuenta de ello sino dos, en los cuales no existe tan sólo una mención a la ley ni a los acontecimientos por venir, sobre los que el periódico ya venía alertando en ediciones pasadas. No obstante, el hecho de que la publicación portavoz de la ideología del medio no aborde el tema no indica que en el resto de la sección de opinión no haya siquiera una columna dedicada a ello. En efecto, sólo en la columna de opinión del periodista Eduardo van der Kooy “La pieza clave de los Kirchner en el intento por reflotar el plan del 2011”, hay un tratamiento del proyecto de ley enmarcado en las ambiciones políticas del oficialismo en vista de las próximas elecciones presidenciales. El texto “Signos de peligro para la ciudadanía” cobija en su título la misma señal de advertencia que los editoriales anteriores mantenían en sus juicios, sólo que de una manera más explícita al emplear los conceptos de peligro y ciudadanía. Desde el inicio del editorial, Clarín siembra inquietud y despierta incomodidad:

Presupuesto, sobre un total de 49; y 19 de la comisión de Comunicaciones, sobre un total de 31”. En: http://lacampanaweb.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2159%3Aley&catid=1%3Al atest-news&Itemid=57

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“El operativo intimidatorio de la AFIP contra Clarín, realizado el pasado jueves 10, plantea serios interrogantes sobre el funcionamiento del Estado y una sombra de peligro para la ciudadanía.”

Del pasaje citado se desprenden algunos elementos a tener en cuenta. En primer lugar, el editorial afirma que el operativo de la AFIP, realizado 6 días antes, ya no sólo es intimidatorio, como planteaba anteriormente, sino que es un ataque contra Clarín. En segundo lugar, cuando alude a los serios interrogantes que presenta el operativo intimidatorio de la AFIP, lo que busca es generar inquietud, dudas y preguntas que los lectores se plantearan respecto de los organismos del Estado en busca de respuestas que Clarín pretende responder o, al menos, orientar. En tercer lugar, emplea una metáfora que intensifica el mensaje alarmista en la frase “sombra de peligro para la ciudadanía” insinuando que se avecinan tiempos negros, oscuros, difíciles. Ello genera alarma y preocupación en los lectores ya que está asociado con un concepto que, en las culturas occidentales, es símbolo del mal, de lo impuro. La sombra representa lo negro, es decir, lo opuesto a la luz, a la claridad y a la pureza. Es común, en las sociedades occidentales, el uso de ciertas expresiones que asocian lo negro con hechos negativos o luctuosos. En numerosas ocasiones se habla de lista negra (lo indeseable), mercado negro (lo ilegal), oveja negra (lo indisciplinado), entre otras. La afirmación de Clarín se inscribe en esta misma línea discursiva. Por otra parte, Clarín hace extensiva su condición de agredido, no ya a los medios de prensa, sino al conjunto de la sociedad. Es decir, amplía los alcances de las acciones desarrolladas por el Estado. “En este sentido, el operativo intimidatorio realizado por la AFIP contra empresas y directivos del Grupo Clarín, representa una potencial amenaza para el conjunto de los contribuyentes que pueden ser objeto de una acción semejante.”

El empleo de ese recurso retórico pretende no sólo generar una sensación de inseguridad ante los organismos estatales gerenciados por funcionarios oficialistas sino ubicar, en la misma categoría política y social, a un multimedio con gran poder económico y de influencia como el Grupo Clarín a la par de cualquier ciudadano común. La relevancia de la oración viene dada, no por lo que expresamente dice el editorial sino por lo que intenta comunicar. En este caso que, si un grupo empresarial de la magnitud de Clarín puede ser víctima de la arbitrariedad de entidades públicas también pueden serlo,

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de la misma o “semejante” manera, toda la sociedad. Es un razonamiento silogístico, tautológico y reduccionista cuyo fin es apelar directamente a las emociones de temor e inseguridad de los lectores: La AFIP intimida a Clarín Clarín es parte integrante de la Sociedad (en tanto institución social) Por lo tanto, la AFIP intimida (o puede llegar a hacerlo) a la Sociedad (o ciudadanía)

Es esto, precisamente, lo que justifica la aplicación de palabras y oraciones de fuerte carga emotiva como “peligro”, “amenaza”, “riesgo”, “seria preocupación”, “situación de extrema gravedad” y “acciones delictivas de los funcionarios”. Sin embargo, no es la primera vez, desde que el proyecto de ley empezara a recibir tratamiento legislativo, que un editorial de Clarín recurre al empleo de esta herramienta discursiva. De hecho, ha sido utilizada en la mayoría de los editoriales publicados en ese período, en particular el de la edición del 11 de septiembre, “Operativo de intimidación a los medios de prensa”. Por último, como en “Lesiones a la libertad de prensa”, otro de los textos estudiados, en donde Clarín emplea el nosotros para equipararse a sus lectores, aquí también está presente el uso del deíctico, la marca lingüística de la presencia del locutor: Sin embargo, según el Gobierno, la responsabilidad de los hechos no es de la dirección de la AFIP sino de un funcionario desleal y, posiblemente de una operación de los servicios de inteligencia. Si la versión oficial no es una excusa destinada a deslindar graves responsabilidades, nos está diciendo que el organismo recaudador es una suerte de tierra de nadie fuera del control de su director y del Gobierno, lo cual refuerza el riesgo a que están sometidos los ciudadanos.”

La utilización del “nos”, primera persona del plural, persigue la finalidad de reforzar la idea expresada anteriormente, de una supuesta igualdad social entre Clarín y cada uno de los ciudadanos. Además, retóricamente plantea un compromiso de parte del diario con la sociedad que, en tanto tal, unifica la defensa de los derechos de ambos frente a un mismo adversario que pretende avasallarlos. Si de establecer una clasificación se trata, “Signos de peligro para la ciudadanía” se encuentra a mitad de camino entre el editorial crítico y el admonitorio. Del primero cobra relevancia “el juicio duro o en tono de advertencia”, mientras que del segundo se destaca la exhortación al cumplimiento de

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reglas, la advertencia de peligros, etc. “Este tipo de editoriales se alzan como una voz superior que advierte de los peligros de cualquier desviación que, por supuesto, supone una visión netamente ideológica […] apela al receptor a preocuparse por los temas tratados”197. Si bien el último editorial analizado fue publicado el mismo día en que se aplicó la media sanción, llamativamente los editoriales de los días sucesivos tampoco abordaron el asunto, salvo algunas columnas de opinión198 en las cuales se hicieron mínimas acotaciones sobre la ley. Recién la versión dominical del 20 de septiembre admite un tratamiento más profundo en la sección de Opinión. En aquella edición cuatro columnas están dedicadas a explicar, desde distintas perspectivas, las implicancias de la nueva etapa que se abre tras la media sanción del proyecto oficial. El editorial “Un proyecto que habilita presiones sobre los medios” es el único, hasta aquí, que aborda en específico la ley medios incorporando juicios sobre datos y hechos coyunturales. El texto se ubica, cronológicamente, entre la media sanción del proyecto y el inicio de su tratamiento en el Senado. Por ello, cumplirá un doble objetivo: retomar el hecho acaecido en la Cámara Baja y hacer una proyección sobre lo que sucederá, a partir del día siguiente, en la Cámara Alta. En este sentido, el editorial dirige sus críticas en una doble vertiente. En primer lugar, establece críticas acerca de la metodología llevada a cabo por el oficialismo para lograr la media sanción. En segundo lugar, denuncia las maniobras que impartirán los senadores “K” a los fines de lograr su sanción final. En los hechos, dada la aprobación del proyecto oficial en Diputados, en la cual Clarín no pudo influir de manera determinante para evitar la sanción o al menos inducir algún cambio medular, este editorial constituye una bisagra en el seno de los acontecimientos en curso porque busca producir algún efecto que no pudo lograr mientras el proyecto se discutía en las distintas comisiones de la Cámara Baja. Por ello, destaca las falencias e irregularidades que tuvo su discusión para advertir las características que hereda la media sanción en vista del debate en el Senado. Es posible notar estas características negativas en diferentes pasajes del texto:

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Óp. Cit. Santamaría Suárez y Casalls Carro, p 290-291 Entre ellas se encuentran “Ley de necesidad y urgencia” por Ricardo Roa, editor general adjunto de Clarín, del 17 de septiembre de 2009; “Crítica privada, apoyo público”, por Ricardo Kirschbaum, editor general de Clarín, y “Los Kirchner rehacen un polo de poder para la transición y después”, por Eduardo van der Kooy, éstos últimos de la edición del 18 de septiembre 198

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El oficialismo ejerció presión

“La media sanción al proyecto de ley de medios en la Cámara de Diputados bajo la presión del oficialismo, crea la perspectiva de crecientes dificultades para la libertad de expresión a la vez de la posibilidad de que sean lesionados derechos adquiridos.”




Esa presión se manifestó en la urgencia por aprobarlo rápidamente, por un interés meramente político

“El kirchnerismo gobernó durante seis años con la legislación vigente hasta que, por razones de interés político, comenzó a presionar por la aprobación de una nueva ley.”




La presión del oficialismo, en la que insiste Clarín, alteró las normas y procedimientos establecidos en la Cámara de Diputados.

“En esta línea, se promovió una aprobación en la Cámara de Diputados, impidiendo un análisis detallado de una legislación de enorme complejidad e incurriendo incluso en alteraciones de las normas de procedimiento del Cuerpo.”

Como se observa, la ley está teñida de todos los males que se le imputan al kirchnerismo. Hay énfasis en demostrar que la media sanción fue ilegítima y que, por ende, todo el procedimiento siguiente también lo será. Como se explicó recientemente, el editorial está dividido en dos partes, no delimitadas gráficamente, que ponen de manifiesto las dos vertientes en las que se bifurcan las críticas: sobre la media sanción, por un lado, y sobre el consiguiente debate, por otro. El primero es evidente en los párrafos citados. El segundo, ilustra, de manera indirecta, el espacio que abre la ley de medios: “La posibilidad de que un gobierno tenga capacidad para presionar a los medios de difusión es siempre preocupante, pero mucho más cuando esa posibilidad cae en manos de uno que ha demostrado una reiterada hostilidad con la prensa independiente.”

Para Clarín la ley abre la posibilidad de presionar a los medios ya que es entendida como un instrumento de presión. A su vez, el kirchnerismo representa un gobierno hostil a la prensa independiente. Aquí, es relevante centrar el análisis en el concepto de independiente, porque el mismo plantea la existencia de medios que no revisten tal condición. A partir de este concepto, Clarín considera que el gobierno tiene un

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trato agresivo hacia los medios independientes, admitiendo que existen otros medios cuya independencia está afectada o es directamente nula, con quienes la relación es diametralmente opuesta. Es decir que el editorial denuncia un trato preferencial de parte del Estado hacia los medios afines a la política del Gobierno Nacional. Asimismo establece una delimitación entre “medios independientes”, entre los cuales se integra Clarín, y “medios dependientes”. El texto omite emplear la categoría de “medios dependientes”, pero asume su existencia al marcar que el diario pertenece al grupo opuesto199. Por otra parte, el editorial destaca los atributos que considera negativos, polémicos y peligrosos del texto de la ley. Entre ellos menciona la violación de los derechos adquiridos, el agravamiento de la inseguridad jurídica y el aumento de la discrecionalidad de los gobiernos en la toma de decisiones que afectan a los medios de comunicación. Todas estas características condensan lo que expresa el título del editorial, las presiones de las que habla el texto argumentativo. Ya sobre el final del texto, el último párrafo denuncia una estrategia de las bancadas oficialistas tendiente a restringir el debate y apurar la aprobación del proyecto: “El propósito de acelerar la aprobación del proyecto oficial y de impedir el debate profundo y el consenso se repite en la estrategia oficial de demorar el envío del proyecto al Senado, para reducir el tiempo disponible para su discusión. Con ese objeto, se utilizó una chicana de procedimiento por la cual se evitará que el proyecto sea presentado en la Cámara Alta por su presidente, Julio Cobos, quien considera necesario girarlo a cinco Comisiones que entienden en temas vinculados con la comunicación”.

Según explicaron las noticias de Clarín, el bloque oficialista pretendía que el proyecto sea discutido en tan sólo dos comisiones, al tiempo que planteaban que la sesión se realice el 7 de octubre. La bancada Radical, por su parte, tenía intenciones de que el texto se discuta en cinco comisiones con un debate de tres semanas con fecha de sesión para el 14 de octubre. Claramente, las posturas contrastaban y las razones que 199

De hecho, en el primer editorial analizado en este capítulo, ya se había empleado el distintivo de “medios adictos” para describir y graficar la situación de los medios de comunicación en la Santa Cruz gobernada por Néstor Kirchner. Si hay una característica que adoptaron los medios de comunicación en la coyuntura política del conflicto patronal agropecuario, primero y, durante el debate por la ley de medios, después, es la oposición binaria de medios oficialistas y opositores. Véase: en el capítulo 2, el apartado Contextos.

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argüían de uno y otro sector también. Los senadores kirchneristas consideraban suficiente la discusión en las comisiones de Presupuesto y Hacienda;

y Sistemas, Medios de

Comunicación y Libertad de Expresión. Con ello la sanción se haría en menor tiempo, lo que la oposición, encabezada por el Radicalismo, consideraba que acortaba los alcances del debate parlamentario y constituía toda una artimaña destinada a votar el proyecto con la menor cantidad de modificaciones. De esta manera, se pensaba en la disyuntiva de que el oficialismo restringía el debate, mientras la oposición buscaba ampliarlo. En los días sucesivos a la media sanción del proyecto, en el oficialismo se debatía internamente las estrategias a desarrollar para lograr un tratamiento rápido y con la menor cantidad de modificaciones posibles. El vicepresidente Julio Cobos, ya había manifestado, en consonancia con las bancadas opositoras, su intención de girar el proyecto a cinco comisiones, lo que iba a contramano de las aspiraciones oficiales. Por ello, el kirchnerismo especulaba con la posibilidad de girar el texto con media sanción al Senado en los días en que Cristina Fernández realice una gira de viajes al exterior, con lo cual Cobos ocuparía la Presidencia de la Nación y José Pampuro, la Presidencia Provisional del Senado. De esta manera, las bancadas proclives a la aprobación de la ley podrían discutir el texto en las dos comisiones mencionadas evitando que el proyecto sea presentado por el vicepresidente. Por ello, el párrafo final del editorial se refiere al uso de una chicana. En el contexto del editorial, esta palabra está empleada en referencia a la primera acepción del término que señala la Real Academia Española (RAE): “Artimaña, procedimiento de mala fe, especialmente el utilizado en un pleito por alguna de las partes”. Sin embargo, la palabra se inscribe en un contexto y un lugar específicos en donde chicana admite, también, una acepción más ligada al ámbito de las provocaciones políticas. En Argentina, chicana, incorporada al habla cotidiana por la jerga del lunfardo, implica una actitud provocadora, desafiante, irónica, sarcástica, sin argumentación, sin discusión, tendiente a señalar errores y contradicciones. Es utilizado de manera jocosa, jactanciosa e incluso burlista. Ahora bien, circunscripto a un diario argentino y en específico a un editorial que denuncia un conflicto de intereses políticos, el empleo de esta unidad léxica no es casual u azaroso, sino que admite una doble interpretación. Una, es la señalada arriba que convalida la RAE, y la otra, es la que señalaría que el oficialismo “pasa por encima” la autoridad del vicepresidente Julio Cobos, quien intentaba que el número de comisiones que estudien el proyecto sean más que las propuestas por las bancadas oficialistas. En

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efecto, los editorialistas de Clarín son conscientes de ello. De hecho, el editorial del día anterior, es decir, del sábado 19 de septiembre, defiende la legitimidad política de la figura del vicepresidente200. Finalmente, el 21 de septiembre el proyecto con media sanción ingresó al Senado para ser abordado en las dos comisiones propuestas por el kirchnerismo. En la edición de Clarín de aquél lunes el editorial, que rezaba en su título “Normas contra la libertad de prensa”, se refería, no al debate parlamentario de la ley de medios, sino al proyecto de ley girado por la propia presidente al Congreso el 11 de septiembre, que despenaliza el delito de calumnias e injurias. Recién dos días después de ingresado el proyecto a la Cámara Alta se decidió hacer lugar a los pedidos de la oposición ampliando el número de comisiones a cuatro, incorporándose a las establecidas las de Asuntos Constitucionales y la de Industria y Comercio. Una vez que fueron conformadas las comisiones en las que se debatiría la ley, el 24 de septiembre el Senado dio inicio a la discusión en diferentes plenarios que se extendería hasta el 2 de octubre, día en el cual los senadores fijaron la fecha de sesión de la Cámara para una semana después, es decir, para el 9 de octubre. Las instancias finales estaban cada vez más próximas y los tiempos para incorporar modificaciones se acortaban cada día más. Mientras los plenarios tenían lugar en el Senado, en las tapas de Clarín el tema no tenía preponderancia y escasas columnas de opinión rozaban el tema. De hecho, en la semana que va del lunes 21 de septiembre al domingo 27 en ninguna edición el debate por la ley de medios del Senado mereció la primera plana y tan sólo tres de las siete ediciones se ocuparon del caso en pequeños recuadros de la tapa. Con los editoriales sucedía lo mismo. Tan sólo dos ediciones publicaron editoriales que guardaban relación con la discusión en curso. Uno, fue el del viernes 25 de septiembre, que reflexionaba sobre las leyes que no han sido reglamentadas por el Poder Ejecutivo al tiempo que señalaba la falta grave institucional que esto implica. Su título era “Leyes suspendidas por el Ejecutivo”. El segundo fue el de la edición dominical, “Incertidumbre por el deterioro de la seguridad jurídica” que, si bien menciona al proyecto de ley de medios, no constituye el tema central del texto. No obstante, reviste una relevancia considerable porque juzga a la ley situándola en el marco de la inestabilidad jurídica y sus consecuencias. Además es relevante porque define una

200

Se trata del editorial titulado “La responsabilidad del vicepresidente”.

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mirada corporativa y empresarial de otros conflictos, lo que también es aplicado al conflicto que enfrenta a Clarín con el Gobierno. La Seguridad Jurídica, a grosso modo, constituye la garantía otorgada por el Estado de que el conjunto de legislaciones y derechos establecidos en una sociedad sean respetados o, en el caso de que sean violentados, existan procedimientos y mecanismos que permitan el resguardo y resarcimiento de los daños producidos. Es, también, el grado de certeza con que cuenta la sociedad de que el marco legal vigente sea respetado. La Inseguridad Jurídica, por su parte, implica lo contrario. La incertidumbre o falta de certezas en el cumplimiento de las normativas que la sociedad se ha dado. La figura de la inseguridad jurídica es usualmente empleada cuando, por ejemplo, se estatizan empresas ya que se considera que el Estado quebranta el derecho a la propiedad privada. En este marco, se considera que las acciones llevadas a cabo por el Estado desalientan las inversiones privadas y disipan la confianza en las garantías que él mismo compromete. Este es el eje fundamental del editorial que se analizará a continuación y en el cual la ley de medios está enmarcada. En primer lugar, es importante señalar cómo está organizado el texto. El título indica claramente la materia sobre lo que se va a editorializar. Su contenido consta de diez párrafos y la conclusión remarcada en negrita que sintetiza los argumentos. Los primeros cuatros párrafos forman parte de una presentación general del problema de la inseguridad jurídica que Clarín considera un viejo problema argentino que se agrava en estos días a causa de diversos aspectos de la política gubernamental, y que tiene repercusiones tanto en el interior del país como en el exterior. Para el diario, la cultura del respeto a los contratos es una condición de la seguridad jurídica y un estímulo al ahorro y la inversión. Por el contrario, la inseguridad jurídica o la ausencia de esas condiciones conducen necesariamente al debilitamiento económico y las turbulencias políticas. Como se observa, estos primeros párrafos introductorios delimitan las causas y consecuencias de la inseguridad jurídica. Más adelante, las sitúan en el contexto de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en los cuales se han producido reiterados episodios de desconocimiento de reglas de juego establecidas y de agresión a las instituciones. En ese marco, en esos episodios, es que Clarín enmarca la ley de medios: “Entre los últimos episodios del fenómeno referido es la inclusión, en el proyecto de ley de medios que actualmente se discute en el Senado, de una cláusula que, de ser

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aprobada, obligaría a varias empresas, incluida Clarín, a vender en tiempo perentorio alguna de sus empresas. Esto implicaría un desconocimiento de derechos adquiridos en base a contratos realizados con el Estado, que afectaría los planes de expansión de las firmas y ocasionaría importantes pérdidas por la desvalorización de los activos que deberían ser liquidados, así como pérdidas de empleos.”

Estos dos párrafos son de un valor fundamental para el análisis de la importancia que Clarín le otorga a la ley de medios. Son, precisamente, estos párrafos los que ameritan el abordaje del texto argumentativo. Es claro notar que no emplea recursos retóricos destacados o alguna unidad léxica en particular que dé lugar a dobles interpretaciones. Es concreto y taxativo en su mensaje: La ley de medios contempla, en su artículo 161, el plazo de adecuación a la normativa para desmonopolizar a los grandes conglomerados mediáticos. Esto se ve implicado en el marco de la inseguridad jurídica por cuanto desconoce derechos adquiridos. Las consecuencias: desvalorización de los activos y despidos. Esto evidencia la postura que asume Clarín frente a la ley de manera diferente a como había abordado el conflicto en los editoriales precedentes. Ya no se trata de una violación a derechos y valores socialmente aceptados como la libertad de expresión y la libertad de prensa sino que, en este caso, se destacan las afecciones económico-empresariales que implica la nueva ley de medios. Muestra, manifiestamente, una postura corporativa, empresarial y patronal del problema planteado por el artículo que fija los plazos de adecuación a la ley. Una discusión netamente formal del texto y de la interpretación de la ley apuntaría a clarificar lo que reza el artículo 161 (adecuación) y lo que interpreta Clarín (desinversión). Sin embargo, ese no es el problema principal que plantea el análisis del editorial, sino el por qué el editorial enfatiza esta cualidad de la ley y por qué juzga a la ley en los términos planteados. Y la respuesta necesariamente se traduce en la mirada aplicada a la ley en vista del problema que se plantea al conjunto de medios que integran el Grupo Clarín, respuesta ésta que nada tiene que ver con la Libertad de Prensa sino con el resguardo de la propiedad de esos medios de comunicación y sus correspondientes contratos y negocios económicos. Esto se ve claramente evidenciado en las consecuencias que deduce Clarín con la aplicación de la ley: la desvalorización de los activos de los medios y el despido de los trabajadores de esos medios. Éste último efecto

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es un claro indicador de las acciones que llevaría a cabo la dirección empresarial de Clarín en caso de sancionarse la ley. Un ejemplo claro e ilustrativo de las secuelas económico- sociales que se derivan del conflicto entre Clarín y el Gobierno Nacional, secuelas que recaerían indefectiblemente sobre la situación de los trabajadores de prensa. Por otra parte, es importante destacar que, en el marco de la discusión por una nueva ley de medios en el Senado, la apelación de parte de Clarín a la seguridad jurídica está orientada a solicitar la intervención del Estado, en tanto y en cuanto, no violente el esquema de propiedad de los medios del Grupo Clarín. En este sentido, apelar a la seguridad jurídica forma parte de una exhortación institucionalista a respetar derechos adquiridos, lo que en términos concretos es mantener intacta la propiedad de los medios de comunicación. De esta manera, Clarín desarrolla un punto de vista liberalconservador201. Rechaza de plano la regulación del Estado en el mercado. No desea la intervención del Estado en la regulación de los medios audiovisuales sino en la garantía de que el régimen de propiedad existente se mantenga. Esto se expresa con más contundencia en el último párrafo que cierra el editorial, cuando toma en cuenta otro conflicto social considerable y lo juzga a partir de la inseguridad jurídica y la participación estatal: “Cabe señalar finalmente, la prolongada ocupación de la planta de Kraft en Pacheco, que ha violado la libertad de trabajo y usurpado una propiedad durante más de un mes, y que pudo extenderse por la ausencia de una intervención adecuada del Estado para resguardar los derechos de la empresa.”

El pasaje se refiere a las medidas de fuerza llevadas a cabo por los 160 trabajadores despedidos por Kraft Foods el 18 de agosto que, para la fecha en que se publicó el editorial, llevaba ya cinco semanas. Ese conflicto nació producto de la organización de los trabajadores para exigir medidas higiénicas y sanitarias elementales como alcohol en gel y toallas de papel. Todo ello en el contexto del pico epidemiológico de la Gripe A. Ante los pedidos de los trabajadores, la empresa contestó con despidos. Ante la coyuntura profundamente desfavorable, los despedidos tomaron la fábrica.

201

Esto es: liberal en materia económica y conservador en lo político.

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Clarín, entonces, se refiere al conflicto como una manifestación de violación a la libertad de trabajo y usurpación de la propiedad. La mención de las medidas de los trabajadores despedidos de Kraft es particularmente importante a la hora de analizar la postura que adopta Clarín y el modo en que entiende este conflicto ya que opone los derechos y libertades propios de los trabajadores a los derechos y libertades de la empresa productora de alimentos. Considera que la toma de la fábrica no constituye el ejercicio del, constitucionalmente reconocido, derecho de huelga sino que constituye un atentado a la libertad laboral. También desconoce la libertad sindical y la legitimidad del reclamo oponiéndolo a la modalidad que reviste: la toma de la fábrica que Clarín define como usurpación. La toma de posición de Clarín en el conflicto que plantea la nueva ley de medios es la misma postura que plantea frente a la protesta social de los trabajadores de Kraft: la defensa de la propiedad empresarial y la exigencia de la intervención del Estado para resguardo de los derechos que la afectan202. Siguiendo con la clasificación establecida, “Incertidumbre por el deterioro de la inseguridad jurídica” se inscribe a mitad de camino entre el editorial Explicativo y el Crítico. Justifica la primera clasificación, las descripciones que señalan causas y deducen consecuencias. Ello es claro cuando señala como factores que contribuyen a la inseguridad jurídica la manipulación de las estadísticas oficiales, la toma de la planta de Kraft o el artículo 161 que fija los plazos de adecuación a la ley de medios. De todos ellos, se establecen como consecuencias la desinversión, el estancamiento económico y las turbulencias políticas. Es característico de este tipo de editoriales el uso de juicios sintéticos. Para Santamaría Suárez y Casals Carro, “todos los juicios sintéticos son a posteriori, es decir, implica el conocimiento de unas causas y el establecimiento de unas consecuencias deducibles. Esta clase de juicios son los más frecuentes en los artículos editoriales porque obliga al análisis y a la deducción sintética, al pronunciamiento 202

Esta misma postura mantuvo el editorial del 27 de junio de 2002, al día siguiente del crimen de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en la Estación Avellaneda. El editorial de aquella edición, “La crisis, la violencia y las políticas públicas”, tilda a los piqueteros como “grupos provocadores”, prioriza el método por sobre el contenido, critica la pasividad e ineficacia del accionar policial y concluye, no acerca del crimen de los manifestantes, sino sobre las incidencias del hecho en la economía: “Este escenario puede tener, finalmente, consecuencias políticas adversas ya que, tanto en el país como en el exterior, sucesos como los vividos ayer serán tomados como indicadores de falta de gobernabilidad e inestabilidad. Eso actuará como un desincentivo para el respaldo al sistema institucional o a la inversión productiva, lo cual indica la urgencia de actuar para ofrecer mejores condiciones de vida a la población y enfrentar con eficacia los conflictos que se presenten”. La tapa de aquella edición mostraba una fotografía del crimen difusa y el título principal fue: “La crisis causó dos nuevas muertes”. Las mismas tesis se encuentran en el editorial del 6 de octubre de 2009, “Preocupación por la escalada de conflictos sociales”.

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ideológico”. La segunda clasificación, se caracteriza por el tono en que está redactado el editorial. Hay una reflexión en torno a un problema en específico que afecta directamente los intereses del diario y el Grupo Clarín, pero a diferencia de otros textos de opinión analizados aquí, en este caso en particular no hay una apelación a las emociones sino a la relación encauzada entre las causas y consecuencias planteadas. Según las autoras citadas, el editorial crítico “manejará el análisis de las causas y la síntesis de las posibles consecuencias para persuadir por la racionalidad de lo que juzga. Cuida con un tono frío y firme, de crear una imagen de intelectualidad o de raciocinio que supera cualquier tentación emocional”203. Ello se manifiesta, en el editorial, en las reiteradas citas en defensa de los derechos adquiridos, el respeto a las leyes y la demanda de que el Estado intervenga para resguardo de los derechos y garantías. La ley de medios, entonces, es comprendida como un factor de desestabilización jurídica que afecta diferentes relaciones sociales pero, por sobre todo, relaciones e intereses económicos.

4.3 CONSTRUYENDO MEDIOS Si el editorial estudiado recientemente asocia el pronunciamiento ideológico del diario y los intereses empresariales de sus propietarios, el mensaje del Grupo Clarín publicado en la edición impresa del domingo 4 de octubre del 2009, titulado “64 años creyendo en el país y construyendo medios argentinos” acentúa aún más esa relación ya que hay ciertos elementos que dan cuenta de una gran similitud entre los argumentos vertidos en los editoriales y las ideas desarrolladas en el mensaje corporativo que, en el plano de la influencia y la intervención política, no es casual. Si bien el estudio de los géneros de opinión planteados en este trabajo sólo aborda los editoriales que directa o indirectamente se refieren a la ley de medios y el debate en curso, el mensaje del Grupo Clarín plantea la posibilidad de analizar la ligazón que une la ideología desarrollada en los editoriales y la postura empresarial adoptada frente a la discusión de la ley de medios. Por lo tanto, el análisis que sigue a continuación, persigue la finalidad de dilucidar los nexos que ligan a ambos textos. En primer lugar, es preciso situar contextualmente el texto. Como se mencionó fue publicado en la edición dominical del 4 de octubre, cuando ya habían sido consumadas las siete audiencias del plenario de las comisiones que estudiaban el proyecto. La ronda 203

Santamaría Suárez y Casals Carro. Óp. Cit. pp 286-291

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de plenarios se desarrolló entre el 24 de septiembre y el 2 de octubre. El Grupo Clarín tenía prevista su participación en el último plenario pero se abstuvo de participar. Las razones que argüían los directivos del grupo es que mientras tenía lugar el debate y aún cuando no se había agotado la lista de oradores, el bloque oficialista de senadores planteaba la firma del dictamen para su votación en la Cámara Alta. El hecho recibió duras críticas de parte de las bancadas opositoras quienes consideraban que se estaba suprimiendo el debate para así votar rápidamente la ley. En este sentido, Jorge Rendo, director corporativo de Relaciones Externas del grupo Clarín, expresó: “Visto el curso de los acontecimientos producidos esta tarde en ese plenario, resulta claro que nuestra presencia no se traducirá en una contribución real al debate"204. Dos días después, el Grupo Clarín emite su comunicado motivado principalmente por la ausencia de su participación en la ronda de plenarios. El texto es una defensa de todas las acusaciones que se le han formulado a los medios del grupo en el marco de la discusión de la nueva ley de medios. Está redactado en la primera persona del plural de principio a fin, algo que en algunos editoriales sólo lo hacía como parte de una estrategia discursiva tendiente a situarse en la misma categoría social que los lectores, con la salvedad de que en este comunicado el nosotros no es inclusivo, es decir, no pretende incluir al lector sino que es un nosotros exclusivo en el que hablan directamente los directivos del Grupo: “Usted conoce Clarín. Somos un diario que nació en 1945 con una mirada nueva”, reza la primera oración. No obstante, lo más destacado del mensaje, no se encuentra en el nivel léxicosintáctico sino en las ideas plasmadas en él que explicitan la relación con las ideas desarrolladas en los editoriales. El mensaje puede fragmentarse en tres partes. Una primera parte, es la que destaca el nacimiento del diario Clarín, su crecimiento en otras áreas de la comunicación y la propiedad de los mismos bajo capitales nacionales. Una segunda parte, en donde se refutan las acusaciones que pesan sobre el diario. “Clarín está siendo estigmatizado con intenciones políticas. Por eso vale aclarar algunos puntos”, sostienen. En esta parte, Clarín niega ser un monopolio amparándose en 204

Véase: Clarín, 2 de octubre de 2009. “Ley de medios: el oficialismo apuró la clausura del debate en comisión”, por Atilio Bleta.

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la competencia con otros medios nacionales, desmiente que haya intenciones ocultas en la adquisición de nuevos medios de comunicación y subraya la legalidad del grupo “Cada uno de nuestros pasos los dimos cumpliendo la ley”. En tercer lugar, establece críticas hacia la ley de medios al tiempo que el discurso se enfoca más en la coyuntura que antagoniza a Clarín y el Gobierno Nacional. Esta tercera parte, de un contenido categóricamente más político, e incluso retórico, es la más importante para establecer los nexos con los otros editoriales analizados hasta aquí. El editorial del 28 de agosto “Lo que molesta es la impotencia para controlar y manipular a los medios” manifiesta, ya desde su título, parte del contenido del mensaje empresarial. Allí está presente la denuncia sobre la persecución que hace el Gobierno Nacional contra Clarín: “[…] Se ha lanzado una verdadera campaña de acoso contra las empresas periodísticas que no pueden controlar, presentándolas como un obstáculo o una desviación del interés colectivo.”

Mientras que en “64 años creyendo en…” esa idea persiste: “En los últimos meses, se ha emprendido una batalla contra un grupo periodístico nacional. No es inusual que los gobiernos se molesten con los medios: la tensión prensa-poder es natural en la democracia.”

En ambos casos, y con matices diferentes, la idea subyacente es la misma: los grupos y empresas periodísticas son agredidas por el Gobierno. En el primer caso se habla de “campaña de acoso”, mientras en el segundo de “batalla”. Nótese que la unidad léxica campaña, presente en el primer editorial analizado en este capítulo, está también presente en el comunicado corporativo: “Una campaña direccionada a Clarín pero que lo excede como destinatario. Y que revela un objetivo muy claro: desacreditar a los medios de comunicación como contrapeso en la democracia.”

De este pasaje, las dos oraciones que lo componen guardan estrecha relación con pasajes de otros editoriales y las estrategias discursivas desarrolladas en ellos. En primer

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lugar, en la primera oración está plasmada una de las estrategias establecidas en el editorial “Lesiones a la libertad de prensa”. Allí se expresa que: “Si bien las agresiones están dirigidas específicamente a esta empresa, deben considerarse formas de rechazo y de intimidación al periodismo independiente en general.”

Es decir que en ambos textos se formula la misma idea: una campaña con agresiones que direccionada o dirigida específicamente a Clarín, a esta empresa, lo excede como destinatario ya que afecta al periodismo independiente en general. La estrategia se revela en la intención de que la disputa Clarín vs Gobierno se extienda al conjunto de los medios de prensa, a que sean más los afectados por las acciones oficialistas y por la legislación en debate. Ciertamente, pretende despertar la reacción de otros medios de comunicación. Con la segunda oración del pasaje citado sucede lo mismo. La similitud de sus planteos se encuentra ligada al editorial “Lesiones a la libertad de prensa” y también a “Lo que molesta es…”, ya que ambos sostienen la misma tesis “No está de más reiterarlo, socavar la existencia de medios independientes es erosionar las herramientas que nos defienden de la imposición de cualquier tipo de autoritarismo.”

Tanto el debilitamiento del que habla el comunicado como la socavación que pronuncian los editoriales apunta a la misma idea. De hecho, debilitar y socavar, son sinónimos. Además, ambos textos definen a los medios de comunicación como “contrapeso de la democracia” o como “herramientas” de defensa ante los autoritarismos, destacando así la función de los medios en el sistema. Por último, y en términos más generales, ciertos pasajes del comunicado guardan relación con otros textos analizados previamente. Por ejemplo, cuando el mensaje del Grupo Clarín señala: “No estamos en guerra con nadie. Aunque nos ataquen seguiremos contando lo que entendemos le pasa y le interesa a la sociedad. Eso quizás molesta. Y por eso las

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campañas sucias, los panfletos paraoficiales, las intimidaciones de la AFIP, el uso de organismos públicos como herramientas de apriete.”205

Las mismas referencias son claras en la mayoría de los editoriales denunciativos. Las campañas sucias y los panfletos paraoficiales en los editoriales del 28 y 31 de agosto y del 5 de septiembre. Las intimidaciones de la AFIP y los organismos públicos en “Operativo de intimidación a los medios de prensa” y “Signos de peligro para la ciudadanía”. A su vez, hay una demanda a la protección de la seguridad jurídica y los derechos empresariales del Grupo Clarín, íntimamente ligado a los planteos volcados en el último editorial analizado en este trabajo, titulado “Incertidumbre por el deterioro de la seguridad jurídica”. Como se observa, los lazos existentes entre la ideología expuesta en los editoriales y la desarrollada en el mensaje empresarial son reales y muy concretos. No sólo teniendo en cuenta las similitudes de los planteamientos y los argumentos empleados en ambos, sino también si se atiende a que el Mensaje del Grupo Clarín suplanta al editorial en la edición del domingo 4 de octubre y que acompaña al resto de los editoriales de la semana hasta el viernes 9, día en que sesiona el Senado. Es decir, el diario se pronuncia ideológicamente a través de su editorial pero acompañado, durante toda la semana, del mensaje del grupo propietario del medio. Ello pone de manifiesto la estrecha relación existente entre la ideología del periódico y la ideología de los dueños de los medios.

4.4 NUEVA OFENSIVA Todo el proceso iniciado desde que el anteproyecto de ley de radiodifusión fuera presentado en sociedad por la presidente –pasando por las discusiones en foros organizados por el Estado hasta su discusión en el Congreso de la Nación– llegaba a su fin el viernes 9 de octubre cuando el proyecto se tratara en el recinto del Senado. La ronda de plenarios había finalizado el viernes 2 y recién siete días después sesionaría la Cámara Alta. Como durante toda esa semana no hubo actividad legislativa las noticias de Clarín sobre la ley de medios se enfocaron en dos asuntos. Por un lado, las estrategias y alianzas planeadas por el bloque oficialista para sumar votos positivos a la hora de votar el proyecto. Por otro lado, las voces de figuras e instituciones contrarias a la aprobación 205

El resaltado no pertenece al texto original.

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de la ley, independientemente que éstas fueran legítimas o especialistas en la materia206. En la sección Opinión, mientras tanto, el mensaje del Grupo Clarín “64 años creyendo en el país y construyendo medios argentinos”, ‘acompañaba’ cada uno de los editoriales publicados en los días previos a la sesión del Senado. En el día decisivo, las puertas del Congreso se abrieron temprano en la mañana. El cuerpo tenía previsto el inicio de la sesión para las 10am. Previo al tratamiento, se rindió homenaje a la cantautora Mercedes Sosa, quien había fallecido el domingo pasado. Se estipulaba que la sesión duraría como mínimo doce horas. De hecho, la votación en general del proyecto se dio recién a las 2:26 de la madrugada del sábado 10 de octubre, habiendo transcurrido alrededor de catorce horas y media de exposiciones y debates. En la edición del viernes 9, Clarín publica el editorial “Nueva ofensiva oficial contra la libertad de prensa” junto al mensaje corporativo del Grupo Clarín. El título reitera el discurso de otros editoriales y se destaca por dos motivos. Por un lado, que sea una nueva ofensiva habla de la existencia de otras ya conocidas públicamente que, luego, en el cuerpo argumentativo están claramente especificadas. Por otra parte, Clarín vuelve a hacer extensiva su condición de agredido a un derecho socialmente reconocido y fundamental en la coyuntura del debate parlamentario como lo es la libertad de prensa. El tema que aborda el texto no es el de la votación de la ley de medios sino la denuncia de las intenciones oficiales de expropiar la empresa productora de papel de diarios, Papel Prensa S.A., en la cual Clarín y La Nación tienen participación accionaria junto al Estado Nacional207. En esto, precisamente, reside la ofensiva oficial que Clarín atribuye al objetivo primario de controlar la información. “La ofensiva gubernamental se debe, por lo tanto, a su objetivo de controlar la información el cual reconoce varias etapas. Desde las primeras instancias de su gobierno, el ex presidente Néstor Kirchner manifestó en forma sistemática su enojo con las informaciones y opiniones críticas, y el nivel de agresividad de su actitud fue creciendo con el correr del tiempo, despertando la preocupación y la crítica en asociaciones periodísticas y de medios de comunicación en la Argentina y en el exterior. A esto le siguió una ofensiva directa contra el Grupo Clarín que se cristalizó 206

La tapa de Clarín del martes 6 de octubre de 2009, reza: “Ley de Medios: el campo cuestiona el apuro oficial”. 207 Véase: “Moreno reveló un plan oficial para expropiar Papel Prensa” y “”Mis muchachos, expertos en partirle la columna al que hable”, ambas publicadas en la edición impresa de Clarín del jueves 8 de octubre de 2009.

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en ataques verbales, ataques a locales del diario y en un operativo de inspección de la AFIP, dirigida por un fiel seguidor de Kirchner. Finalmente el ataque se extendió a la amenaza de intervención de Papel Prensa.”

Para el editorial, la tentativa de expropiación del gobierno sobre Papel Prensa S.A. constituye el último episodio de la ofensiva contra la libertad de prensa, precedida por las pintadas, escraches, operativos intimidatorios de la AFIP, etc. Todos hechos, que oportunamente denunciaron algunos editoriales previos. En la misma categoría se incluye a la ley de medios. No de manera directa en el editorial presente, pero sí de manera asociada. De hecho, sus noticias lo confirman. La tapa de Clarín de ese mismo día expresaba “Entre sospechas y denuncias votan la ley de medios”, mientras que la del día siguiente, cuando el proyecto se convirtió finalmente en ley, decía “Kirchner ya tiene la ley de control de medios”. Por su parte, uno de los habituales columnistas del diario, Eduardo van der Kooy, asocia ambos asuntos tras la aprobación de la ley. Él dice que: “Resulta imposible, a esta altura, desgajar la ley de medios que el kirchnerismo aprobó -en general- con holgura en el Senado de la furiosa irrupción que Guillermo Moreno, el secretario de Comercio, hizo hace diez días sobre la empresa Papel Prensa.”

208

En este sentido, el editorial considera que, en caso de aprobarse la ley de medios, se otorgaría una herramienta al Gobierno para el cercenamiento de las libertades de prensa y expresión, lo que indefectiblemente allana el camino para este tipo de presión mafiosa, característica del kirchnerismo. “La perspectiva de que un Gobierno hostil a la prensa y capaz de utilizar métodos mafiosos para presionar a las empresas y a sus propios funcionarios, obtenga el control de la distribución del papel entre los diarios es un peligro para la libertad de prensa. Mucho más si logra imponer una ley de medios que le otorgaría más armas de coacción contra los medios.”

Las palabras empleadas para describir la coyuntura tanto de Papel Prensa como de la ley de medios son contundentes e ilustran a qué asocia, Clarín, la ley resultante de la discusión en el Congreso. Ya no se plantea al kirchnerismo como un gobierno hostil a la prensa sino ya como un gobierno con métodos mafiosos que apunta a manipular a los 208

Clarín, 10 de octubre de 2009. “Otro paso de los Kirchner en una ofensiva que no encuentra límites” por Eduardo van der Kooy.

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medios y controlar la información. Además, la ley es presentada como un “arma” de coacción contra los medios. Lo cual establece la idea de que la legislación se convierte, así, en un instrumento para producir daño, herir o matar. Desde luego que las armas también pueden entenderse como elementos para una defensa, pero no es este el caso ya que Clarín sólo se afirma como víctima de este enfrentamiento, no como victimario. Ello, además, forma parte de asumir que el contexto de discusión de la ley es la ‘batalla’ del Gobierno contra Clarín en donde la ley opera como un arma para derrotar a un adversario, en este caso del primero contra el segundo. La mañana del sábado 10 de octubre, las principales portadas de diarios y titulares de noticieros radiales y televisivos relataban lo que era la noticia del día y quizás de los últimos veinte años en materia de comunicación: la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, reemplazante de la ley 22.285 de Radiodifusión, constituía el nuevo marco legal que reglamente el desenvolvimiento de los medios de comunicación audiovisual. La votación se resolvió con 44 votos a favor y 24 en contra.

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5. CONCLUSIÓN(ES)

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“Cuando se descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante” Ryszard Kapuscinski

Si existe una constante en este trabajo, esa ha sido destacar la importancia de prestar especial atención al contexto político social en el que se insertan los conflictos y polémicas desatadas en el curso de los acontecimientos que tienen lugar en el seno de la sociedad. El contexto forma parte de la base real y concreta sobre la cual se cimentan todas las discusiones y debates. En este sentido, la presente tesis se inserta también en un marco social mucho más vasto y del cual da cuenta. Los estudios sobre los medios de comunicación se remontan a principios del siglo XX y se han extendido hasta la actualidad. Una actualidad atravesada por la dinámica que imponen las nuevas modalidades comunicativas de los medios de comunicación y sus plataformas. Actualmente, al progreso tecnológico que acompaña el desarrollo de los mass media se lo ha catalogado como una ‘revolución’. Se habla, de manera insistente, de una ‘revolución tecnológica’. La irrupción de nuevas modalidades comunicativas ha puesto en crisis los modos tradicionales de comunicación y ha abierto, de manera simultánea, nuevas formas de aprehensión de la realidad circundante. Con ello, no sólo aparecen en escena nuevas maneras de interpretar y criticar la realidad de la comunicación mediada tecnológicamente sino también nuevas interpretaciones y criticas que reflejan, indefectiblemente, posiciones emergentes de nuevos actores sociales, con sus consecuentes planteos políticos, culturales, económicos, etc. Es la misma construcción de la realidad la que se ha puesto en el primer plano de la discusión. Con ello, los medios de comunicación han sido el eje de críticas y miradas

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centradas principalmente en la construcción de la noticia, la participación democrática en ella, la agenda de los grandes medios de comunicación, etcétera. El criticismo hacia los medios de comunicación tradicionales se ha generalizado y con motivos totalmente válidos. Se discute, nada más ni nada menos, que la propia visión de mundo y de sociedad difundida mediáticamente. Este debate ha brotado con inusitada intensidad en la última década en Argentina y ha cobrado una marcada relevancia social a partir del conflicto patronal agropecuario de 2008, que enfrentó a Clarín y el Gobierno. Además, la irrupción de una nueva ley de radiodifusión aumentó también la discusión sobre el rol de los medios de comunicación en la sociedad y la intervención del Estado en su regulación. Los medios, desde luego, no fueron ajenos a esta discusión sino que formaron parte activa de la misma. En este sentido, el caso de Clarín y la Ley de Medios, es paradigmático ya que el diario adquiere un rol marcadamente político y se erige como actor político.

5.1 EL GRAN DIARIO ARGENTINO Durante los cuarenta y cinco días que duró el debate parlamentario de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Clarín dedicó pocas tapas relacionadas con la ley y tan sólo ocho editoriales se refirieron a ella directa o indirectamente. Ello, sumado al hecho de que la ley haya sido finalmente sancionada, podría llevar a pensar que la influencia de Clarín fue nula o escasa frente a su tratamiento parlamentario. Sin embargo, el análisis de las características de actor político del medio, en el estudio de sus editoriales, exige un abordaje que supera las categorías cuantitativas. En los editoriales de Clarín están presentes caracterizaciones sobre la realidad política del país, de sus gobernantes, de sus leyes, de sus instituciones y de las responsabilidades que le caben a sus ciudadanos. En el marco de una fuerte y abierta pugna con el Gobierno Nacional, Clarín explica en qué consiste la ley de medios, qué implica y cuáles son sus consecuencias. En este sentido, las propiedades que Clarín adjudica al kirchnerismo son las mismas que luego asocia a la nueva normativa. En primer lugar, hay una clara delimitación entre los valores y actitudes que diferencian a Clarín y al Gobierno. El primero se presenta a sí mismo como un modelo

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representativo de medio de comunicación independiente mientras que el segundo es presentado como una amenaza a la existencia de éstos. La polarización entre ambos es acentuada y los contrastes, evidentes. En todo momento, los editoriales de Clarín apuntan a soslayar el conflicto que antecede (y que atraviesa de principio a fin) el debate parlamentario de la nueva ley de medios. Por ello, se describe a sí mismo como víctima de los ataques pergeñados por el kirchnerismo sin explicar el proceso que conlleva a la ruptura del vínculo que antes existía y que llegó a su fin tras el lock-out patronal agropecuario. Así, en frente del periódico fundado por Noble, el Gobierno K es el victimario que entiende a los medios de comunicación ‘críticos’ como un obstáculo en la consecución de los fines políticos que persigue. Ya en el primer editorial analizado en este trabajo se manifiesta una idea central en la manera en que Clarín entiende el conflicto. No se trata de una puja de intereses, sino de una actitud inherente al propio kirchnerismo. Por ello, los textos hablan de una concepción o idea errónea de la democracia y los medios de comunicación. En este sentido, la ley de medios es también parte de la idea de comprender a la democracia y a los medios de este modo. Por lo tanto, la ley está impregnada de las características que Clarín le adjudica al gobierno kirchnerista. Tal como se explicó en el capítulo Leyes, la nueva legislación de medios afecta los intereses económico-empresariales del Grupo Clarín, propietario del matutino porteño. El oficialismo, por su parte, se encargó de señalar que la nueva normativa establecería la apertura de más medios de comunicación, de más trabajo para los periodistas, de una comunicación plural y democrática, y de otras particularidades que la presentaban como una medida de carácter netamente progresista. No obstante, el contexto en el que se inscribe y las características que adoptó el debate civil y parlamentario ponen de manifiesto otras cualidades ineludibles que no fueron tenidas en cuenta. En este marco, la estrategia discursiva de Clarín consistió en transmitir la idea de que no era sólo él o el grupo mediático al que pertenece sino un conjunto de actores y derechos sociales más amplios los afectados –entiéndase perjudicados– por la ley. Por ello, expresa que la libertad de expresión y de prensa o el conjunto de la ciudadanía son los que están en riesgo en caso de aprobarse y aplicarse la ley de medios. Clarín, al hacer extensiva su condición de afectado por la ley, apela al pronunciamiento de las instituciones y asociaciones en defensa de los derechos y garantías que se ven avasallados por la nueva norma. Esos derechos afectados y la falta de garantías están basados en la defensa de

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los intereses que la empresa periodística considera fundamentales para su existencia como la defensa de la competencia, la seguridad jurídica y el resguardo de la propiedad privada. Clarín entiende el ataque a la libertad de expresión y de prensa a partir de estos preceptos que, bajo el nuevo marco legal, afectan directamente la estructura de propiedad del holding mediático. El gobierno, por su parte, también comprendía la batalla por la “democratización de la palabra” en esos términos: la desarticulación de los monopolios periodísticos con Clarín como principal referente. Esta posición ideológica se hace explícitamente manifiesta cuando, en el transcurso de la última semana previa a la sanción de la ley de medios, los editoriales van acompañados de un mensaje corporativo de los propietarios de la empresa. Si algo tienen en común todos los editoriales analizados aquí, es que enmarcan la ley de medios en las actitudes que le son propias a la corriente política que la impulsa. Las críticas no son unidireccionales sino que varían dependiendo de lo que acontece en el Congreso. Por ello, en los primeros textos se expresa, en términos generales, la ofensiva que, afectando a Clarín, es extensiva a otros actores de la comunicación o a las libertades de prensa y expresión. Más adelante, el discurso está enfocado en la particularidad específica de los artículos 45 y 161 que afectan directamente la arquitectura mediática sobre la cual se edifican las propiedades del Grupo Clarín. En concreto, la ley fue finalmente aprobada en concordancia con las intenciones oficiales ya que, además, el proyecto no recibió modificaciones medulares que impliquen una orientación diferente y, verdaderamente, más profunda en la democratización de la comunicación. Entonces, ¿por qué considerar a Clarín como un actor político mientras el debate por la ley de medios tenía lugar en el Poder Legislativo? Para responder al interrogante planteado, es preciso reconsiderar los elementos que forman parte de la respuesta. En primer lugar, la coyuntura político-social en la cual se asienta la nueva ley de medios: el conflicto entre Clarín y el Gobierno Nacional. En segundo lugar, la nueva legislación bajo tratamiento parlamentario y, por último, los editoriales del diario Clarín que desarrollan una perspectiva ideológica totalmente opuesta a la ley.

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Si se entiende al discurso como práctica e interacción social, un género periodístico de la talla del editorial merece ser comprendido como tal ya que emprende una interacción comunicativa sobre la base de la influencia y la persuasión. Para Héctor Borrat, la cualidad de actor político de un diario es entendida a partir de la capacidad de afectar el proceso de toma de decisiones en el sistema político. En este sentido, los editoriales de Clarín representan toda una toma de postura ideológica cuya finalidad reside en incidir en el terreno de los acontecimientos. En efecto, la finalidad de cualquier editorial implica el convencimiento del lector. Es por ello que, el editorial en tanto discurso, no puede prescindir de las características que rodean el entorno social pues de ello se nutre y a ello intenta modificar o sostener. En esto reside, precisamente, la dialéctica de los discursos de los cuales hablan Fairclough y Wodak. En el contexto en el que se inserta el debate por la nueva legislación de medios, Clarín es parte afectada y, por ende, un actor fundamental en este proceso. Si como se explicó anteriormente, los medios de comunicación forman el marco social de referencia, al estudiar un diario como Clarín, que integra uno de los grupos mediáticos más grandes de habla hispana, esa consideración exige ser abordada con los alcances que esto implica. Como un medio cuyos alcances, por sus características monopólicas, abarca a una gran cantidad personas y sus modos de entender el presente. Clarín, entonces, es un actor político no sólo por estar afectado por la nueva normativa, sino porque elabora una construcción discursiva específica que persigue el objeto de intervenir en el proceso de toma de decisiones. Es por ello, que la cualidad de actor político no puede entenderse sólo a partir del abordaje de categorías cuantitativas, ya que no existe una ligazón correlativa entre lo que postula Clarín y lo que efectivamente sucedió en el Congreso de la Nación. Por ello, el hecho de que la ley haya sido sancionada, a contraluz de lo que planteaba Clarín, no necesariamente explica que éste no haya actuado en un sentido político tendiente a modificar los sucesos en curso. El mismo Borrat establece que el carácter de actor político está explicitado por la afectación de la toma de decisiones, es decir, de su condicionamiento mas no así de su determinación. Por otra parte, el empleo del ACD como herramienta metodológica para captar la condición de actor político del diario amerita, indefectiblemente, tomar en cuenta la ideología contenida en su discurso ya que, de esa manera, se entiende a raíz de qué aspectos el diario interviene en los diferentes procesos sociales. El estudio de los

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editoriales mostró cómo Clarín desarrolla un punto de vista que contrasta claramente con los valores que identifican al Gobierno. Pero, por otra parte, también muestra que las verdaderas preocupaciones volcadas en los editoriales están estrechamente relacionadas con los intereses económicos y empresariales que se ven afectados. De esta manera, el carácter de actor político de Clarín se manifiesta en tanto y en cuanto se vean violentados los aspectos económicos de la empresa periodística. Es decir, la orientación de la crítica política-ideológica de Clarín se expresa en la medida en que la ley limita el desarrollo y la expansión económica del grupo empresarial propietario del medio. O bien, en otros términos, son las condiciones y características económicas del contexto las que determinan las ideas desarrolladas políticamente en los editoriales del diario. Todo un indicador de la comunicación entendida en términos capitalistas y lucrativos. Esta situación pone de manifiesto que la verdadera preocupación del diario, en tanto es un reflejo de la ideología corporativa, no está enfocada en la libertad de expresión o la libertad de prensa sino en el resguardo de los intereses de la empresa que garantiza la existencia del diario en tanto medio e institución social. Lo cual, también explica parte de los debates que tuvieron lugar sobre los medios de comunicación y la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

5.2 UN DEBATE NECESARIO En específico, la discusión por una nueva ley de radiodifusión se enmarca en el contexto de una puja de intereses. Pero, a su vez, bajo un orden económico que preexiste a la ley y que corre paralelo al desarrollo del periodismo. El capitalismo. Jürgen Habermas fue quien se encargó de señalar que el nacimiento del periodismo fue producto de una serie de condiciones mercantiles que hicieron posible, asimismo, el establecimiento del capitalismo. Para él, “La información periodística profesional obedece a las mismas leyes del mercado, a cuyo surgimiento debe ella su propia existencia”

Es decir, que la actividad periodística se encuentra indisolublemente ligada a las características que reviste ese orden económico. No obstante, ello no formó una parte constitutiva fundamental en las instancias de debate en las que se produjo la discusión de una nueva ley de medios. La lógica de funcionamiento de los medios de comunicación bajo el sistema capitalista jamás fue cuestionada. Por el contrario, las dicotomías bajo las

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cuales fue presentada la nueva normativa (ley de la democracia vs ley de la dictadura, o ley de medios K vs Clarín) acortaba gravemente los alcances de la discusión ya que necesariamente pasaba por alto el esquema económico bajo el cual operan los medios de comunicación. Si bien la ley 26.522 comprende el objeto de regulación en un sentido más amplio que el de la 22.285, ambas coinciden en la lógica de gestión y funcionamiento de los medios de comunicación. De hecho, la ley sancionada en 2009 expresa, incluso en el primer artículo, el fomento a la competencia. Es decir, ambas comparten el hecho de comprender a los medios de comunicación en el marco de una competencia capitalista. En este sentido, los contenidos que producen y difunden los mass media son entendidos como productos sometidos a las leyes de la oferta y la demanda, a las fluctuaciones del mercado. Es decir, como mercancía. Así, si la comunicación está atravesada por intereses económicos en los cuales se destaca la búsqueda de ganancia, en síntesis, de la obtención del lucro, la información no estará orientada a satisfacer las necesidades sociales o crear el marco social de referencia en el cual se fomente la participación democrática y pluralista sino a la satisfacción de necesidades de consumo. Y a partir de allí, de comprender a los comunicadores no como tales sino como consumidores, algo que contrasta tajantemente con lo que propone FARCO que destaca que la ley SCA considera a la comunicación como un Derecho Humano y no como un negocio, cuando en realidad se trata de todo lo contrario. La nueva ley no sólo no cuestiona el carácter lucrativo de la comunicación bajo el sistema capitalista, sino que le da un nuevo impulso ya que fomenta la competencia. Es más, bajo un marco legal que admite la competencia y los intereses económicos que median en la comunicación, la libertad de prensa y expresión no está garantizada sino negociada. Sirva de ejemplo que bajo la finalidad de la desconcentración y democratización de la comunicación, se admite la competencia capitalista que es la misma que lleva consigo la tendencia a la concentración de los medios de producción y, en este sentido, también al de los medios de comunicación. Es decir, es bajo el mismo sistema económico en el que se generaron las condiciones de creación y consolidación de los monopolios mediáticos que atentan contra la ‘pluralidad de voces’ en el que se admite ahora la ‘competencia’ con la finalidad de impedir que se conformen nuevos conglomerados concentrados de medios de comunicación. Toda una contradicción.

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Por otra parte, una ley que pretende garantizar la libertad de prensa no puede prescindir de quienes trabajan en la elaboración de la noticia. Si otra cualidad en común tienen la ley de medios de la democracia y de la dictadura es que en ambas no hay una sola mención a los trabajadores de prensa o al Estatuto del Periodista Profesional. Lo que es un claro indicador de la orientación social de la nueva ley. En este sentido, ¿sobre quienes recaen las libertades de expresión y de prensa si los propios periodistas no están contemplados en tan sólo un artículo del texto de la ley? La discusión por la democratización de la comunicación debería atender a dos problemas. El funcionamiento y gestión de los medios de comunicación, por un lado, y el marco legal sobre el cual estos operan, por otro. Sobre el primer punto, los medios de comunicación poseen una orientación que responde a los intereses económicos y no al fomento del debate y la discusión pública. Actualmente, las mediciones de audiencia siguen siendo el parámetro sobre el cual se sostienen determinadas producciones audiovisuales atendiendo a lo vendible y consumible y no a las necesidades sociales en materia de información. Es por ello que, como demuestra la investigación realizada sobre los editoriales de Clarín, bajo la gestión capitalista de los medios de comunicación el diario se erige en actor político en tanto y en cuanto se ven beneficiados o perjudicados sus intereses económicos. Bajo una orientación diferente, contraria a la actual, los medios de comunicación debieran funcionar como actores políticos que atiendan a las necesidades sociales y al desarrollo y fomento de las discusiones que afectan, directa o indirectamente, al conjunto de la sociedad. Sobre el segundo asunto, el marco legal sobre el que se desenvuelva la actividad de los medios de comunicación debiera comprender a los procesos sociales fuera de la lógica mercantil bajo la cual actúan los medios y, desde luego, integrar la labor de los trabajadores de prensa que son los principales afectados por el funcionamiento comunicacional de la empresa periodística que amolda los hechos a la política editorial en pos de concretar sus objetivos que, antes que todo, privilegia el rédito económico. Las limitaciones de la ley de medios son visibles en la actualidad en donde no se han generado espacios de participación democrática de la comunicación que sean socialmente significativos y que constituyan una bisagra en los modos de hacer del periodismo y la comunicación precedentes. La lógica de funcionamiento capitalista de los

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medios de comunicación, cuya información obedece a las leyes del mercado sobre la cuales se asienta, no se han modificado y la concentración mediática aún persiste. La reflexión sobre el rol de los medios y la participación del Estado, en la implementación de leyes que regulan la comunicación, merece un debate más profundo libre de dicotomías reduccionistas y que, inexorablemente, amplíe los alcances de sus críticas, incluso para cuestionar la lógica de funcionamiento de los medios de comunicación y el sistema que la posibilita. Sólo en el marco de ese debate, necesario, podrán sacarse conclusiones que apunten a otro tipo de medios y, desde luego, a otra comunicación. Si algo pretende este trabajo es, precisamente, contribuir a ese debate. Entender la dinámica de los medios de comunicación bajo el sistema capitalista amerita una lectura que implica, inexorablemente, una alternativa comunicacional diferente que apueste a un desarrollo de medios plurales y despojados de una lógica de funcionamiento mercantilista. A su vez, implica comprender que detrás de cada línea del periódico median intereses políticos determinados económicamente. Por lo tanto, el diario debe ser encarado en ese sentido: políticamente.

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6. ANEXOS

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6.1 CRONOLOGÍA

DEL TRATAMIENTO PARLAMENTARIO DE LA

LEY

DE

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL


Luego de una serie de foros públicos de debate en gran parte del país, el 27 de agosto de 2009 el proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue enviado al Congreso de la Nación.




El 3 de septiembre, la Cámara de Diputados de la Nación inicia el tratamiento del proyecto en plenario de las comisiones de Comunicación, Presupuesto y Libertad de Expresión. En dicha oportunidad, se resolvió la convocatoria a audiencias públicas.




El 8 de septiembre se llevó a cabo la primera audiencia pública desde las 9.30 de la mañana, en la cual hubo 44 oradores anotados. La participación de la oposición fue reducida.




La segunda audiencia se realizó el miércoles 9 de septiembre. De la jornada participaron la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) que sumaron críticas al proyecto oficial. Además, contó con la participación del cineasta Juan José Campanella y del Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.




La tercera audiencia de la Cámara de Diputados fue el 10 de septiembre. Contó con la participación de la Iglesia, a través del presidente de la Comisión Episcopal de Comunicación Social, arzobispo Agustín Radrizzani quien se mostró favorable al proyecto. La Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), que no pudo participar de la primera audiencia, también fue parte de la jornada sumando sus críticas a la ley.




La cuarta y última audiencia, se desarrolló el 11 de septiembre y contó con 62 oradores. Entre ellos, se hicieron escuchar las voces del Grupo Clarín: Rubén Corda, gerente general de Radio Mitre y el gerente de Asuntos Jurídicos de Artear. Entre las voces que adhirieron al proyecto de ley, sobresalió la participación del periodista uruguayo Víctor Hugo Morales quien criticó fuertemente la actitud adoptada por los medios del Grupo Clarín.




El 14 de septiembre, convocada por la bancada opositora y la Cámara de Diputados de Mendoza, se realizó una audiencia en esa provincia con 90 expositores de los cuales 74 se mostraron a favor de la ley y 16 en contra. El foro de debate duró aproximadamente 13 horas. El mismo día, en Casa Rosada,

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Cristina Fernández de Kirchner junto al titular del COMFER, Gabriel Mariotto, anunció en conferencia de prensa que el artículo que permitía a las empresas telefónicas participar de la explotación de canales de televisión sería eliminado del proyecto oficial. “Lo hacemos para desterrar las excusas para no tratar la ley”, explicó.


Las comisiones de Comunicación, Presupuesto y Libertad de Expresión se reunieron en plenario el 15 de septiembre en donde se dieron a conocer las modificaciones realizadas al proyecto. De los 157 artículos del texto original, 101 recibieron cambios. De esta manera, el proyecto que originalmente contaba con 157 artículos pasó a tener 166 tras las modificaciones incorporadas.




Finalmente, la Cámara de Diputados sesionó el 16 de septiembre para tratar los dictámenes elaborados en los plenarios de comisiones. Luego de un debate que duró más de 10 horas, el 17 de septiembre a las 1:15 de la madrugada la ley de medios obtuvo media sanción. Votaron a favor del proyecto 147 diputados, 4 en contra y sólo una abstención. Al momento de la votación, había 153 bancas ocupadas y 104 ausentes. Los bloques parlamentarios opositores abandonaron el recinto arguyendo objeciones reglamentarias y procedimentales.




Cuatro días después de la media sanción de la Cámara de Diputados, el 21 de septiembre el proyecto ingresó al Senado para ser abordado en dos comisiones: Presupuesto y Hacienda;

y Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de

Expresión del Senado de la Nación.


El 23 de septiembre, se sumaron al tratamiento del proyecto las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Industria y Comercio. De esta manera, el Senado abordaría la ley de medios en cuatro comisiones.




El 24 de septiembre inició la ronda de plenarios de las comisiones intervinientes. Al igual que en Diputados, contó con la presencia del ex interventor del COMFER, Gabriel Mariotto y la participación del cineasta Tristán Bauer, director del Sistema Nacional de Medios Públicos. Las principales críticas y refutaciones de la jornada estuvieron enfocadas en la composición de la Autoridad de Aplicación y el artículo 161 que fija la fecha límite para la adecuación a la normativa.




La segunda reunión del plenario de comisiones del Senado tuvo lugar el viernes 25 de septiembre. Expusieron representantes de radios comunitarias, cooperativas telefónicas y pueblos originarios quienes respaldaron la nueva normativa en debate.

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Tras el fin de semana, el plenario de comisiones retomó la actividad el lunes 28 de septiembre. En el Senado, desfilaron organizaciones sociales sin fines de lucro como la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La participación más destacada fue la de Hebe de Bonafini, de Madres de Plaza de Mayo, quien se mostró a favor de la aprobación de la ley, “si no estás con esta ley y querés la que está, es porque estás con la dictadura sangrienta a la que no vamos a olvidar ni a perdonar”, sentenció.




El martes 29 de septiembre se desarrolló el cuarto plenario de comisiones que contó con la participación de especialistas en derecho, constitucionalistas y medios de comunicación.




Durante la quinta audiencia en el Senado, realizada el 30 de septiembre, se oyeron fuertes críticas al proyecto provenientes de entidades que nuclean a los propietarios de medios de comunicación. En este sentido, la Asociación Argentina de Televisión por Cable (ATVC), la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (ARPA) y la Asociación de Teledifusoras Argentinas (ATA) se mostraron reticentes a la aprobación del proyecto.




De la sexta audiencia de comisiones del Senado participaron los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saa, y del Chaco, Jorge Capitanich. El primero se mostró contrario al proyecto, mientras el segundo se declaró a favor. A su vez, la comunidad universitaria participó del debate a través de Aldo Caballero, Rector de la Universidad Nacional de Misiones y de Juan Carlos del Bello, Rector de la Universidad Nacional de Río Negro, en representación del Comité Universitario Nacional, que nuclea a Universidades Nacionales, Institutos Universitarios y Universidades Provinciales reconocidas por la Nación. Los rectores se mostraron a favor del proyecto. La cita tuvo lugar el 1 de octubre.




La séptima y última reunión del plenario de comisiones se desarrolló el 2 de octubre. En aquella oportunidad los directivos del Grupo Clarín, que iban a ser partícipes del debate, se abstuvieron y desestimaron la posibilidad de sentar una posición oficial del grupo empresarial en el seno del debate en curso. Quienes sí expusieron en aquella oportunidad fueron, Gabriel Mariotto, interventor del COMFER, y Ceferino Namuncurá, de la Comisión Nacional de Comunicaciones

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(CNC). En el trámite de la reunión, se firmó el dictamen que resolvió abordar el proyecto en el recinto parlamentario en siete días, es decir, el 9 de octubre.


El viernes 9 de octubre fue la instancia decisiva para la sanción de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En una sesión que inició en horas de la mañana y que se extendió por alrededor de quince horas, el proyecto fue finalmente aprobado por 44 votos a favor y 24 en contra en la madrugada del 10 de octubre. Ese mismo día, la Presidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner promulgó la ley.




El 22 de octubre de 2009 se sancionaron dos decretos bajo la nueva legislación de medios. El decreto 1525/09 que crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y el 1526/09 que crea Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado.

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6.2 EDITORIALES 1. viernes 28 de agosto de 2009 EDITORIAL

Lo que molesta es la impotencia para controlar y manipular a los medios Existe una concepción muy particular de la democracia y de la libertad de expresión en un Gobierno cuyos principales voceros, comenzando por la propia Presidenta, se empeñan en señalar que los medios de comunicación independientes constituyen una suerte de interferencia, estorbo o amenaza para la ciudadanía. En base a esa idea, se ha lanzado una verdadera campaña de acoso contra las empresas periodísticas que no pueden controlar, presentándolas como un obstáculo o una desviación del interés colectivo. Para esto no sólo están haciendo un uso desvergonzado de las herramientas del poder público, con acciones oficiales o paraoficiales, como lo es la propaganda difamatoria en la Capital o en el interior del país, sino también confluyen otros factores que tratan de esconder sin éxito, tras una pátina de pretendido profesionalismo, sus desmesuradas ambiciones particulares. Confluyen así, objetivamente, con la arrogancia y soberbia del poder. La obscena demostración de pragmatismo y oportunismo ramplón al anunciar un acuerdo para televisar el fútbol, en el que la Presidenta cometió un gravísimo error al comparar un negocio de la AFA, su actual socio, con los desaparecidos sólo ha sido posible por ese peligroso clima de triunfalismo que favorece esa incontinencia verbal. Ayer, al anunciar el envío del proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales volvió a cometer otro grave error al desconocer no sólo los proyectos anteriores que habían sido remitidos al Congreso sino las 147 reformas legislativas que se introdujeron a la actual ley. La aventurada mención a la "libertad de extorsión" es una acusación gratuita y debería ser dirigida a una administración que no ha hecho otra cosa que tratar de silenciar al periodismo mediante la presión directa, la descalificación y la extorsión económica. El manejo arbitrario de la pauta publicitaria, premiando a los amigos y sofocando a los enemigos, es una demostración palmaria de los que utilizan los métodos que cínicamente denuncian. La creencia equivocada que la derrota electoral ha sido producto de la información y crítica del periodismo independiente y, en particular, del Grupo Clarín, es una coartada para ignorar la contundencia de la decisión popular, y ha determinado esta suerte de declaración de guerra santa, con la activa colaboración de quienes, de manera ilusoria, ingenua o interesada, creen que van a quedar a salvo de esta concepción autoritaria que anima a esta administración. Una sociedad libre y desarrollada se distingue como tal por la calidad y cantidad de sus medios de expresión y comunicación. Las libertades, la igualdad de oportunidades y las posibilidades de generar prosperidad económica se articulan con el ideario democrático no sólo como preceptos constitucionales o promesas abstractas sino como valores concretos, encarnados en las prácticas individuales y sociales.

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En una concepción genuina y realista de la democracia, la actividad privada y la acción pública no se plantean como constelaciones antitéticas sino como componentes necesarios de la dinámica social, aun cuando puedan suscitarse naturales conflictos y tensiones. El presupuesto básico de la existencia de medios de comunicación independientes está apoyado en pilares fundamentales. Uno de los principales es la credibilidad. No existe fortaleza posible si un medio no es creíble en las informaciones que transmite, en las interpretaciones y análisis que difunde, en las visiones alternativas y enfoques que puede ofrecer para la mejor formación de la opinión pública. Esta fortaleza que se refleja en la preferencia de lectores, televidentes, oyentes, cibernautas, clientes y anunciantes, no es factible sin un respaldo económico que permita, precisamente, garantizar condiciones de independencia respecto de cualquier manipulación o presión por parte de gobiernos, funcionarios o grupos de interés e influencia. Cuando una empresa periodística carece de rentabilidad, construida y obtenida en base a reglas y a códigos de conducta, pasa a depender de los subsidios públicos o privados, y en consecuencia inevitablemente queda asociada a los intereses de quienes proveen su sustento. Su credibilidad, más temprano que tarde, se verá mellada e irá desapareciendo. Lo que verdaderamente molesta a los Gobiernos que se enfrentan a medios de comunicación de amplia difusión, con calidad periodística y solvencia económica, no es tanto dicha fortaleza como la impotencia para domesticar, controlar o manipular su presencia y evitar el reconocimiento en la sociedad. Por eso es que se ataca sus dos pilares: credibilidad e independencia. Recordamos así las campañas que se han lanzado que rezan que "Clarín miente" en la que se involucró personalmente el matrimonio Kirchner y cuyo punto de partida fue aquel insulto al prestigioso y célebre artista, Hermenegildo Sábat. La concepción equivocada de que los votantes dan un gigantesco cheque en blanco a los gobernantes lleva invariablemente a considerar hostiles al periodismo que, desde la autonomía, ejerce la crítica y mantiene el escrutinio permanente de funcionarios, gestión pública y sistema político. Esa creencia de "democracia delegativa", lleva a cometer estos errores graves que son, en realidad, el afán e interés de mantener el control del poder con una concepción autoritaria, aunque se envuelvan en banderas "democráticas". Solamente esa idea distorsionada, la que coloca a los gobernantes como exclusivos representantes de la voluntad popular y de los intereses de la Nación, puede llevar a confundir el lugar de los medios de comunicación independientes con el de una corporación cerrada, un competidor político o, en el peor de los casos, un enemigo existencial que hay que destruir. También se pretende desvirtuar esa condición de independencia asociándola a los intereses económicos del medio, como si éstos fueran en detrimento de su credibilidad. La declaración de la UNESCO que instituyó el Día Mundial de la Libertad de Prensa, es muy clara al respecto: "Por prensa independiente debe entenderse una prensa sobre la cual los poderes públicos no ejerzan ni dominio político o económico, ni control sobre los materiales y la infraestructura necesarios para la producción y difusión de diarios, revistas y otras publicaciones periódicas".

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Los medios de comunicación no son meras correas de transmisión entre la sociedad y el Estado (o entre el Estado, el Gobierno, y la sociedad), como lo sostiene una visión estrecha, simplista, ideologizada e interesada. Los medios, hay que recordarlo, son fundamentalmente un vehículo para ejercer un derecho fundamental de los ciudadanos. En las sociedades actuales, y merced a las formidables oportunidades y herramientas surgidas de la revolución tecnológica, los nuevos soportes y formatos, los medios de comunicación -diarios, canales de televisión, radios, portales, blogs, etc.- son también espacios sociales donde se desarrollan intercambios, se reflejan temáticas e inquietudes, se denuncian negociados y corruptelas, se originan proyectos, se debaten ideas, se polemiza apasionadamente, se construyen proyectos. Lo peor que pueden hacer los Gobiernos es pretender apropiarse de esos espacios de libertad, orientarlos y maniatarlos, con el pretexto de que se está "democratizando" la información. Un Gobierno que sistemáticamente ha sido enemigo de la práctica profesional del periodismo, trabando y obstaculizando la labor de informar, manipulando las estadísticas oficiales a su gusto, oscureciendo su gestión e impidiendo un seguimiento cercano de los actos oficiales, en todas sus etapas, no puede arrogarse banderas que en sus manos se convierten en mentiras verdaderas. Si algún modelo sirviera de aproximación a la concepción verdadera del kirchnerismo sobre la función y desempeño de los medios, habría que rastrearlo en los períodos hegemónicos de los gobiernos ejercidos por Néstor Kirchner en Santa Cruz. En ellos surge que a través de una combinatoria de medios adictos, sojuzgados por el arbitrio de una pauta publicitaria diseñada para silenciar voces críticas, se impuso en esa provincia un curioso reinado de la libertad proclamada sin libertades efectivas, como no hayan sido las del poder sin límites y las expresiones disidentes conculcadas, las mismas que ahora se presume defender. La genuina representación democrática no es la que se concentra en una persona, figura o institución: es el resultado del libre juego entre las instituciones, representaciones y mediaciones políticas y sociales. Es por eso que no existe democracia sin pluralismo. Una democracia es débil y pobre cuando sus medios de comunicación son débiles y maleables. La democracia se desvirtúa cuando los gobernantes se atribuyen la exclusividad de la representación popular y se disfrazan de víctimas frente a las manifestaciones plurales de una sociedad libre. La promoción de una prensa con libertad, independiente y pluralista es un componente esencial de toda sociedad democrática. La ausencia de democracia coarta la libre expresión, pero el deterioro de la libertad de prensa afecta inequívocamente la vigencia plena de las libertades e instituciones democráticas. La Argentina y gran parte de la América latina lo han experimentado en carne propia a lo largo de décadas de autoritarismo, intolerancia y censura. La existencia de gobiernos democráticos no es, en tal sentido, un punto de llegada sino el requisito mínimo para la vigencia y desarrollo de las libertades y las oportunidades. Socavar la existencia de medios independientes no es otra cosa que socavar esos fundamentos que nos alejan del silencio y del monólogo; que nos defienden de la imposición de cualquier autoritarismo.

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Los Gobiernos deberían aprender de la historia. Los aliados circunstanciales, también. La aventurada mención a la "libertad de extorsión" es una acusación gratuita y debería ser dirigida a una administración que no ha hecho otra cosa que tratar de silenciar al periodismo. No existe democracia sin pluralismo. La promoción de una prensa con libertad, independiente y pluralista es un componente esencial de toda sociedad democrática.

2.

Lunes 31 de agosto de 2009

EDITORIAL

Lesiones a la libertad de prensa Varios países de la región están sufriendo un hostigamiento manifiesto hacia los medios periodísticos que no acompañan los intereses o políticas de los gobiernos. Preocupadas por esta tendencia, las entidades que nuclean a las empresas editoras de diarios y periódicos de América Latina denunciaron días atrás "el sostenido deterioro de la libertad de expresión", haciendo un recuento de los numerosos casos registrados en los últimos tiempos. Este hostigamiento abarca desde presiones e interferencias indirectas hasta restricciones y medidas de carácter regulatorio, judicial o tributario contra propietarios, periodistas y trabajadores de medios de comunicación. Incluye también la caducidad injustificada de licencias de estaciones de radio y televisión, la injerencia y cooptación gubernamental de medios privados y la asignación arbitraria de publicidad estatal, que se han convertido en prácticas recurrentes por parte de Gobiernos o funcionarios molestos por las críticas o investigaciones publicadas en los medios. Una sociedad libre y democrática se distingue como tal por la existencia de medios de expresión y comunicación independientes de los poderes gubernamentales y abiertos al pluralismo y la crítica. Por eso la democracia se deteriora cuando se pretende debilitar, manipular o cercenar la actividad de las empresas periodísticas y los medios de comunicación. No está de más reiterarlo, socavar la existencia de medios independientes es erosionar las herramientas que nos defienden de la imposición de cualquier tipo de autoritarismo. En varios países de la región existe un clima de hostigamiento hacia los medios periodísticos que no acompañan los intereses o políticas de los gobiernos. 3.

Sábado 5 de Septiembre de 2009

EDITORIAL

Intimidación a la libertad de prensa En las últimas semanas, varios directivos del Grupo Clarín, así como edificios de empresas del mismo o vinculadas a su actividad han sufrido ataques vandálicos y otras formas de agresión, con pintadas y expresiones oficialistas.

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Las autoridades no sólo no han producido ninguna muestra de inquietud oficial por los hechos, sino que el interventor del CONFER, Gabriel Mariotto, justificó las pintadas, en una explícita apología de la agresión y el patoterismo a la prensa. Los dos últimos hechos de esta serie han sido las pintadas en una receptoría de avisos del diario Clarin y una pegatina de afiches con expresiones agraviantes para un directivo del Grupo. En estos casos se han producido daños materiales y afectado la vida y el honor de las personas atacadas. Si bien las agresiones están dirigidas específicamente a esta empresa, deben considerarse formas de rechazo y de intimidación al periodismo independiente en general. Por ese motivo es preocupante que, al margen del enfrentamiento del Gobierno con Clarín, las autoridades no hayan dado muestras de preocupación. El silencio y la inacción ante grupos que agreden a un medio de difusión remite a tiempos oscuros de peligro para el periodismo y a la situación de otros países donde esas prácticas son parte de la política oficial habitual. Es de esperar, por lo tanto, que las autoridades asuman la situación en curso, para evitar eventuales daños mayores o una naturalización del ejercicio de la violencia contra la prensa independiente. La serie de ataques a Clarín, con términos del discurso oficial, son una intimidación para la prensa independiente. Las autoridades no se han pronunciado sobre el tema.

4.

Viernes 11 de septiembre de 2009

EDITORIAL

Operativo de intimidación a los medios de prensa En la tarde de ayer, la AFIP realizó un operativo de inspección en la sede de este Diario que, por sus características y por el contexto en que tuvo lugar, sólo puede considerarse como un acto de intimidación contra Clarín y contra la prensa independiente en general. En horas de plena tarea de la redacción, casi 200 agentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se presentaron para realizar una inspección, en un operativo inhabitual, por la cantidad de inspectores involucrada, aún en casos de extremada importancia y gravedad. Por otra parte, la empresa editora de Clarín, no está siendo investigada por cuestiones fiscales, por lo cual nada justificaba un operativo que excede largamente los procedimientos de inspección legales y normales a los que debe someterse cualquier empresa. Tres horas después de comenzado el operativo, que fue virtualmente transmitido por radio y televisión desde su comienzo, Ricardo Echegaray, titular de la AFIP, informó que no lo había ordenado. Esta sorprendente explicación -que de ser cierta pondrían de manifiesto un estado de descontrol en el órgano recaudador- no anula el hecho, más aún porque los inspectores permanecieron en la empresa. La medida de la AFIP puede explicarse por varias razones. Una de ellas, de orden puntual, puede ser que, en su edición de ayer, Clarín publicó una nota en la que daba

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cuenta que, hace cinco días, la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), otorgó un subsidio de 10 millones de pesos a una firma pecuaria de Carlos Casares que no contaba con permiso para operar, por lo que se trataría de un procedimiento irregular. La ONCCA fue dirigida, hasta 2008 por Ricardo Echegaray y, cuando éste se hizo cargo de la AFIP, la oficina de control se integró a la misma, por lo cual el funcionario tiene una responsabilidad, cuanto menos indirecta, en el caso. La inspección impositiva se produjo, además, en el contexto de una dura ofensiva del Gobierno para hacer votar en el Congreso una ley de medios que acumular serias objeciones incluso desde sectores cercanos al oficialismo, y en el curso de la cual, funcionarios oficiales y el ex presidente Néstor Kirchner realizaron reiteradas críticas a Clarín y a los medios de difusión independientes. Una de las más importantes objeciones que se le formulan al proyecto, es que otorga al Poder Ejecutivo la capacidad de decidir sobre la renovación de las licencias de medios de difusión. Por esta cláusula, el gobierno de turno tendría una amplia capacidad para presionar sobre medios que no respondan a sus intereses. El operativo intimidatorio realizado por la AFIP, cuyo director es, por otra parte, un firme seguidor del ex presidente Kirchner, aviva los temores por la eventualidad de que el Gobierno cuente con facultades para influir sobre el destino de los medios de prensa. Cabe recordar que, desde el comienzo de su gestión, el ex presidente Kirchner dio muestras de un profundo malestar con la prensa independiente y realizó diferentes formas de presión sobre la misma. Esta conducta fue seguida por los funcionarios y grupos políticos adictos y por el actual Gobierno. Todo configura, por lo tanto, un escenario de creciente amenaza para el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas independientes, que puede agravarse de aprobarse un nuevo régimen legal que amplíe la capacidad de presión o de actuaciones arbitrarias de este o de futuros gobiernos. La AFIP realizó un masivo operativo de inspección en Clarín. Por la magnitud del mismo y por el contexto en que se desarrolló sólo puede caracterizarse como un acto de intimidación contra el diario y contra la prensa independiente en general. Clarín publicó una nota sobre una irregularidad de un organismo que depende del jefe de la AFIP. Esto se da en el contexto de las presiones para aprobar una peligrosa ley de medios.

5.

Miércoles 16 de septiembre de 2009

EDITORIAL

Signos de peligro para la ciudadanía El operativo intimidatorio de la AFIP contra Clarín, realizado el pasado jueves 10, plantea serios interrogantes sobre el funcionamiento del Estado y una sombra de peligro para la ciudadanía.

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Los organismos recaudadores tienen un papel clave en la estructura del Estado y de la sociedad, porque están a cargo de la recaudación de los impuestos y porque maneja información confidencial de los contribuyentes de todo el país, tanto particulares como empresas, locales y extranjeras. Por estas condiciones deben operar con eficiencia y transparencia, y estar a salvo de cualquier sospecha de discrecionalidad o corrupción. En este sentido, el operativo intimidatorio realizado por la AFIP contra empresas y directivos del Grupo Clarín, representa una potencial amenaza para el conjunto de los contribuyentes que pueden ser objeto de una acción semejante. Sin embargo, según el Gobierno, la responsabilidad de los hechos no es de la dirección de la AFIP sino de un funcionario desleal y, posiblemente de una operación de los servicios de inteligencia. Si la versión oficial no es una excusa destinada a deslindar graves responsabilidades, nos está diciendo que el organismo recaudador es una suerte de tierra de nadie fuera del control de su director y del Gobierno, lo cual refuerza el riesgo a que están sometidos los ciudadanos. También implicaría que hay sectores de los servicios de inteligencia autónomos y con una enorme capacidad operativa, incluso para movilizar a centenares de funcionarios que no están bajo su competencia, lo cual es otro motivo de seria preocupación. Sea cual fuere el origen de los operativos, se trata de una situación de extrema gravedad, por lo cual es indispensable una investigación judicial profunda para establecer responsabilidades y, fundamentalmente, para proteger a la ciudadanía de las acciones delictivas de los funcionarios públicos, sea cual fuere su área de trabajo. El operativo de la AFIP contra Clarín pone de manifiesto que ese ente o los servicios de inteligencia, están virtualmente fuera de control y pueden representar un peligro para los ciudadanos.

6.

Domingo, 20 de septiembre de 2009

EDITORIAL

Un proyecto que habilita presiones sobre los medios La media sanción al proyecto de ley de medios en la Cámara de Diputados bajo la presión del oficialismo, crea la perspectiva de crecientes dificultades para la libertad de expresión a la vez de la posibilidad de que sean lesionados derechos adquiridos. Debido a su influencia en la vida ciudadana, el establecimiento de un nuevo régimen sobre medios de comunicación requiere una amplia y profunda discusión sobre el tema, como la búsqueda de consensos entre las partes involucradas, de la sociedad civil, el sector privado y el Estado. El kirchnerismo gobernó durante seis años con la legislación vigente hasta que, por razones de interés político, comenzó a presionar por la aprobación de una nueva ley.

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La estrategia no es sorprendente porque tanto el anterior como el actual Gobierno se han basado en la búsqueda de confrontación y la manipulación institucional en función de objetivos de poder. En esta línea, se promovió una aprobación en la Cámara de Diputados, impidiendo un análisis detallado de una legislación de enorme complejidad e incurriendo incluso en alteraciones de las normas de procedimiento del Cuerpo. Además, el oficialismo consiguió votos de último momento a cambio de introducir modificaciones cosméticas y, posiblemente, según surge de numerosos indicios, a cambio de favores políticos o de financiamiento para el futuro. Uno de los puntos modificados fue el sistema de licencias, que dejaba virtualmente en manos del Poder Ejecutivo el control de los medios. No obstante, según las cláusulas finalmente aprobadas, el Ejecutivo seguirá teniendo una decisiva cuota de presión. La posibilidad de que un gobierno tenga capacidad para presionar a los medios de difusión es siempre preocupante, pero mucho más cuando si esa posibilidad cae en manos de uno que ha demostrado una reiterada hostilidad con la prensa independiente. En el proyecto aprobado han permanecido, además, una serie de condiciones que obligarían a medios de difusión a desprenderse de parte de sus empresas en un tiempo perentorio, en una abierta violación de derechos adquiridos y en lo que constituye un nuevo aporte a la inseguridad jurídica que, desde hace años, está afectando al sistema institucional y a la economía. El proyecto incluye requisitos sobre contenidos que, bajo el argumento de fomentar la industria y la cultura nacionales, abren también la puerta a la discrecionalidad de los gobiernos sobre los medios de comunicación y la industria cultural. Tanto el oficialismo como quienes lo acompañan argumentan que con el proyecto se propone ampliar la diversidad de los contenidos y el mensaje emitido por los medios de difusión. Sin embargo, ese objetivo no se logra aumentando la capacidad de los gobiernos para presionar a los medios, sino ampliando los márgenes de libertad. El propósito de acelerar la aprobación del proyecto oficial y de impedir el debate profundo y el consenso se repite en la estrategia oficial de demorar el envío del proyecto al Senado, para reducir el tiempo disponible para su discusión. Con ese objeto, se utilizó una chicana de procedimiento por la cual se evitará que el proyecto sea presentado en la Cámara Alta por su presidente, Julio Cobos, quien considera necesario girarlo a cinco Comisiones que entienden en temas vinculados con la comunicación. El proyecto de ley de medios, aprobado a marcha forzada por Diputados, tiene cláusulas que permiten la presión de los gobiernos sobre los medios de difusión, viola derechos adquiridos y pueden dar lugar a arbitrariedades en materia cultural. Es grave considerando la actitud confrontativa del kirchnerismo y su hostilidad con la prensa independiente. Una ley de esta naturaleza requiere consultas y consensos.

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7.

Domingo 27 de septiembre de 2009

EDITORIAL

Incertidumbre por el deterioro de la seguridad jurídica La falta de reglas claras y de previsibilidad jurídica constituyen un viejo problema argentino que se agrava en estos días a causa de diversos aspectos de la política gubernamental, y que tiene repercusiones tanto en el interior del país como en el exterior. En las últimas décadas, en base a investigaciones históricas y a desarrollos teóricos, se ha consolidado la convicción de que la cultura del respeto a los contratos es un requisito fundamental para el desenvolvimiento de las economías porque estimulan el ahorro y la inversión. Sobre esta base puede asegurarse que la ausencia de esas condiciones condena a los países al debilitamiento económico y las turbulencias políticas. La Argentina se ha caracterizado históricamente por la debilidad de sus instituciones y por la vulneración de derechos adquiridos, dando lugar a un escenario de casi permanente inseguridad jurídica. La consecuencia de esta situación ha sido la incertidumbre de los agentes económicos, la cual se reflejó en la baja de la inversión y el consiguiente estancamiento. Desde el comienzo del gobierno de Néstor Kirchner y en el de Cristina Fernández de Kirchner se han producido reiterados episodios de desconocimiento de reglas de juego establecidas y de agresión a las instituciones. Estas conductas no se han traducido en crisis económicas por las excepcionales condiciones del mercado mundial. Pero la crisis ha reducido esa salvaguardia y ahora se plantea, en forma cada vez más aguda, la posibilidad de que la conducta oficial afecte las posibilidades de recuperación así como las negociaciones que se están emprendiendo con el FMI y el Club de París. Entre los últimos episodios del fenómeno referido es la inclusión, en el proyecto de ley de medios que actualmente se discute en el Senado, de una cláusula que, de ser aprobada, obligaría a varias empresas, incluida Clarín, a vender en tiempo perentorio alguna de sus empresas. Esto implicaría un desconocimiento de derechos adquiridos en base a contratos realizados con el Estado, que afectaría los planes de expansión de las firmas y ocasionaría importantes pérdidas por la desvalorización de los activos que deberían ser liquidados, así como pérdidas de empleos. Otro factor de incertidumbre es la continuidad en la manipulación de las estadísticas oficiales, a pesar de las promesas oficiales de revertir esa práctica. La publicación de un índice de pobreza que sigue bajando a pesar de evidente deterioro del mercado de trabajo y de los ingresos de la población -esto último incluso considerando el distorsionado índice de precios oficial- es un nuevo golpe a la credibilidad de los instrumentos utilizados para el cálculo económico y para la evaluación de los fenómenos económicos y sociales.

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La credibilidad de las instituciones se deteriora también cuando se utilizan los instrumentos del Estado para intimidar y presionar al sector privado, como ha sucedido con la inspección de la AFIP a Clarín y a otras empresas, y las crecientes evidencias de maniobras de corrupción que comprometen a funcionarios cercanos al matrimonio Kirchner y a ellos mismos. Cabe señalar finalmente, la prolongada ocupación de la planta de Kraft en Pacheco, que ha violado la libertad de trabajo y usurpado una propiedad durante más de un mes, y que pudo extenderse por la ausencia de una intervención adecuada del Estado para resguardar los derechos de la empresa. La falta de reglas claras y la violación de los contratos generan incertidumbre y afectan las decisiones económicas de largo plazo y el prestigio del país en el exterior. Este problema histórico de la Argentina se presentó en forma reiterada en el anterior y el actual Gobierno. El proyecto de ley de medios tiene cláusulas que afectan derechos adquiridos y que incrementan la desconfianza sobre el nivel de seguridad jurídica.

8.

Domingo 4 de octubre de 2009

MENSAJE DEL GRUPO CLARIN

64 años creyendo en el país y construyendo medios argentinos Usted conoce Clarín. Somos un diario que nació en 1945 con una mirada nueva. La de ser un diario masivo y de calidad. Que pueda llegar a todos. Que privilegie la información y que desde lo editorial apueste al desarrollo integral de la Argentina. Clarín fue asentándose: con los años se convirtió en el primer diario nacional y uno de los líderes de habla hispana. Sostenido por el trabajo de sus periodistas y el acompañamiento sus lectores. Cuidando la independencia empresaria como reaseguro de la periodística. Con una visión focalizada en el crecimiento del país, Clarín no sólo quiso ser espectador, sino protagonista de los cambios que vivieron los medios y las audiencias en las últimas décadas. No hicimos nada diferente de lo que hicieron grandes medios alrededor del mundo. Decidimos acompañar la evolución tecnológica. Invertimos para llegar a nuestros públicos a través de otros lenguajes, audiovisuales y digitales. Lo hicimos conscientes de que los medios de comunicación se globalizan cada vez más y creyendo importante preservar nuestro rol como actores argentinos. Actores con la dimensión suficiente para competir sin diluirse frente a los conglomerados internacionales que llegaban al país. Para sostener nuestros valores y nuestra identidad. Para producir, informar y entretener con nuestro acento. Así fuimos conformando el Grupo Clarín. Una compañía de capitales argentinos, cuyos accionistas y números son de dominio público. Aunque somos más pequeños, nuestra

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estructura es similar a la de otros grupos de medios de Iberoamérica, como Prisa de España, Globo de Brasil o Televisa de México. No fue fácil hacerlo desde aquí, en un país con discontinuidades, un menor tamaño relativo y contando únicamente con recursos propios. Si nos comparamos con el mundo, nuestra facturación es 66 veces menor a la de Telefónica, 40 veces menor a la de Time Warner y 24 veces menor a la de CBS. Nuestras inversiones, plantadas aquí, superaron los 20.000 millones de pesos en los últimos 20 años. Hoy cotizamos en las Bolsas de Londres y Buenos Aires pero tenemos el orgullo de haber crecido en la Argentina, de haber decidido quedarnos pese a las ofertas de compra de grupos extranjeros. E incluso de tener operaciones en Uruguay, Paraguay y México. Para cualquier país, una empresa como Clarín suele ser un exponente del emprendimiento privado, un motivo de orgullo nacional. Porque se trata de una voz de peso local en un mercado cada vez más transnacional. Porque genera empleo calificado y configura una importante industria cultural. Pero en la Argentina de hoy eso parece no contar. Clarín está siendo estigmatizado con intenciones políticas. Por eso vale aclarar algunos puntos. En ninguna de sus actividades el Grupo Clarín es un monopolio. De hecho, el mercado argentino de medios es uno de los más diversos del mundo. Y Clarín actúa en cada segmento compitiendo intensamente. Nos gusta la competencia. Nos estimula y estamos acostumbrados a ella. En Buenos Aires, Clarín compite con 12 diarios nacionales pagos de interés general, número muy difícil de encontrar en las principales capitales del mundo. Compite en los kioscos con La Nación, La Prensa, Diario Popular, Crónica, Página/12, Crítica de la Argentina, Bae, Buenos Aires Herald, El Cronista, Ambito Financiero, Perfil y Miradas al Sur. En el país compite con más de 200 diarios regionales y locales que son voces de referencia en su zona, donde los diarios nacionales tienen una inserción reducida. En televisión abierta, el grupo es titular de Canal 13, una de las cinco estaciones que se reciben en el Gran Buenos Aires. Allí mismo también se escuchan más de 550 radios. De todas ellas, Clarín participa en una AM y una FM (Mitre y La 100). Hay varios grupos que tienen más radios que las permitidas. No es nuestro caso. En canales de noticias, la Argentina cuenta con 5 señales nacionales, todas de dueños diferentes (Crónica TV, América 24, C5N, Canal 26 y TodoNoticias). Una de ellas, TN, es de Clarín. No hay otro país en el mundo con una oferta semejante. En Internet, cualquier persona puede distribuir contenidos. De los sitios más visitados del país, Clarín.com ocupa el puesto número 10. Los anteriores no son argentinos. Estamos orgullosos de sostener esta presencia en un espacio donde lo nacional suele caer en la insignificancia. En el mercado del cable, Clarín viene invirtiendo, desde 1993, en la conformación de una red que hoy encabeza Cablevisión. Es el primero entre más de 700 operadores, y siempre compite con otras opciones, en cable o en satélite. Conformó la primera red alternativa a las grandes telefónicas. Así logró, por ejemplo, una presencia en Internet que dinamizó el mercado de banda ancha.

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Se ha llegado a decir que Clarín tiene el 73% de las licencias de radiodifusión del país. Es falso. Para que quede claro: e n todo el país, Artear posee cuatro licencias de televisión abierta, sobre 42 existentes. Radio Mitre posee 9 licencias, sobre más de 5.000 existentes. El cable no es radiodifusión porque no usa éter: sus licencias son locales (a diferencia de la TV satelital, que goza de una licencia nacional). Cablevisión tiene un 47% de participación en ese mercado. Este porcentaje es similar o está por debajo de los mayores operadores de cable de países como Francia (65%), Italia (75%), España (57%), Alemania (52%), Reino Unido (50%), Chile (67%), Perú (82%) y Venezuela (50%), Brasil (46%), Colombia (46%) y México (46%). Clarín ha invertido siempre en la Argentina con una misión central: el periodismo y los medios de comunicación. Por eso tenemos los equipos de periodistas más numerosos y premiados del país. Por eso, muchos de los profesionales más prestigiosos han surgido de nuestros medios o eligen trabajar en ellos. En 1995, cuando se constituyó como tal, el Grupo se definió en esta actividad. No nos dedicamos a otra cosa. Clarín tiene medios porque esa es su razón de ser. No los tiene para otro fin. Somos el principal multimedios del país, pero no el único. Y nos gustaría que hubiera varios más. Lamentamos que colegas que iniciaron proyectos parecidos hayan decidido vender a lo largo de estas décadas. O que grupos fuertes, que parecían de largo aliento, se desarticularan según los ciclos políticos y económicos. Cada uno de nuestros pasos los dimos cumpliendo la ley. En 1990, cuando Artear se presentó a los concursos de Canal 11 y Canal 13, ganó los dos. Obtuvo los máximos puntajes y optó por la frecuencia del 13. Fue el único canal que no cambió, en 20 años, su composición accionaria. El único que no se vendió, que apostó siempre a la producción nacional, que se especializó en ficción y noticias. En paralelo, Artear generó señales nacionales para alimentar una grilla de cable donde hasta las noticias y el deporte venían desde afuera del país. Nos propusimos hacer contenidos argentinos, que reflejaran nuestra realidad, nuestra identidad, nuestra diversidad, nuestro talento, nuestra cultura. Así nació TN, realizado con los más altos estándares periodísticos y tecnológicos. O Volver, que se convirtió en un resguardo entrañable de la historia del cine y la televisión argentinos. O TyC Sports, con foco en los deportes y los deportistas nacionales. O Quiero, pensado para difundir la música de nuestros artistas. Canales de libre creación que no usan espectro radioeléctrico. Que contribuyen a dar trabajo, a generar y preservar contenidos nacionales. Sin razón técnica alguna, el proyecto de Ley de Medios pretende limitar o silenciar esas voces. ¿Eso es promover la diversidad? En el cable, Clarín comenzó con una operación en San Pedro. Fue creciendo en una industria madura, conquistando nuevos abonados y a partir de cables existentes. En los 90, el sector se extranjerizó: vinieron las grandes compañías norteamericanas: US West, Continental, TCI, Hicks, Liberty. Clarín hizo el esfuerzo y se mantuvo como el segundo operador nacional. Luego vino la crisis, con la deuda en dólares. El 95% de ella tomada en el exterior, por lo que se multiplicó por tres. Tuvimos que desprendernos de compañías importantes, como

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CTI y DirecTV. Reestructuramos esa deuda de manera privada, con recursos enteramente propios. Y tras la recuperación, volvimos a apostar en el país. Nadie nos regaló nada. En 2006 adquirimos el 60% de Cablevisión, lo que permitió que una compañía extranjera vuelva a ser argentina. Desde entonces, la empresa sumó 1000 nuevos empleados, no distribuyó dividendos e invirtió más de 550 millones de dólares en redes y digitalización. Como sucede en varios países de Europa y América, los cables se consolidaron para generar masa crítica y prepararse para competir con las grandes empresas de telecomunicaciones. Claro que mientras los países serios equilibran los mercados para que compitan entre iguales, aquí se quiere fracturar en partes a los locales. Sabemos que el futuro de nuestra industria pasa en gran medida por la banda ancha. Y esto requiere dos cosas, que el proyecto de ley desconoce. Primero, promover la inversión en redes alternativas y la competencia en Internet, para lograr mejor capacidad, velocidad y precio. En lugar de eso, se limita arbitrariamente el alcance de los cables y se destruyen sus inversiones recientes, discriminándolos frente a las telefónicas que pueden llegar al 100% de los hogares. Segundo, promover sólidas empresas audiovisuales para que nuestro talento no se diluya en un mar de contenidos globales. Los países del mundo y de la región lo entienden así, y por eso en lugar de ponerle trabas, acompañan a sus grupos de comunicación. No parece ser la intención hoy en la Argentina. La paradoja es que en varios aspectos, este proyecto se emparenta con la vocación de fragmentar y controlar que tenía la ley de la dictadura. Parece que se quiere regular para un escenario de hace treinta años, donde sólo existían la radio y la TV abierta. Hoy el cable, Internet y la digitalización multiplican al infinito las posibilidades. Deberíamos apostar a que nuestras producciones puedan llenar esos espacios. Sin embargo se imponen restricciones arbitrarias y alejadas de los ejemplos internacionales. ¿Cuál es la lógica de prohibir a un grupo tener un cable y un canal abierto en la misma área? Uno produce y otro transporta lo que producen muchos. Esta exclusión no existe en todo el mundo. ¿Cuál es la lógica de limitar a sólo una señal la que pueden producir los canales abiertos o los cables? Afuera sucede todo lo contrario: los canales abiertos y los cables son los principales productores de contenidos. Las cuatro cadenas privadas de televisión de EE.UU. producen señales de noticias propias (MSNBC, Fox News y CBS News) y otras señales temáticas (History Channel, ESPN, Disney Channel, Fox Sports, National Geographic, Bravo, USA Network, Discovery, etc). Lo mismo sucede con operadores de cable importantes, como Time Warner, que produce HBO, Cinemax, CNN o Cartoon Network. En los últimos meses, se ha emprendido una batalla contra un grupo periodístico nacional. No es inusual que los gobiernos se molesten con los medios: la tensión prensa-poder es natural en la democracia. Lo que sí resulta inaudito es que se haya puesto todo el aparato estatal (el formal y sus resortes más oscuros) para amedrentar, a través la estigmatización política y la difamación personal. Una campaña direccionada a Clarín pero que lo excede como destinatario. Y que revela un objetivo muy claro: desacreditar a los medios de comunicación como contrapeso en la democracia.

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No estamos en guerra con nadie. Aunque nos ataquen seguiremos contando lo que entendemos le pasa y le interesa a la sociedad. Eso quizás molesta. Y por eso las campañas sucias, los panfletos paraoficiales, las intimidaciones de la AFIP, el uso de organismos públicos como herramientas de apriete. 16 mil personas trabajan con nosotros. Somos uno de los principales generadores de empleo calificado en el país. Todas nuestras operaciones cumplen la ley. Quizás por eso quieren hacer una ley para que no la podamos cumplir. Coincidimos en que la democracia se debe una nueva ley de radiodifusión. Este proyecto pregona la democratización pero consagra un poder discrecional sobre los medios. Además busca atomizarlos y debilitarlos. Para que no se escuchen y dependan de las dádivas oficiales. O directamente para acallarlos. Este proyecto deja a los medios en estado de precariedad absoluta, al no respetar las licencias vigentes, algo que ni siquiera sucedió en Venezuela. Y autoriza que la única red de radio y TV que llegue a todo el país sea la del Estado. Cuando las leyes son pensadas contra algunos, cuando el personalismo utiliza el poder del Estado y no encuentra freno en las instituciones, están en riesgo las garantías de todos. Esto es parte de lo que el Grupo Clarín tenía pensado decir en el Senado de la Nación, antes de que se anticipara el final del debate en Comisión. Queremos compartirlo con los senadores y con toda la sociedad. Creemos que de nada sirve nuevamente forzar la polarización de un debate. Desde nuestro lugar apelamos a la racionalidad. A que se proteja no sólo la seguridad jurídica sino nuestro derecho a seguir apostando en el país. Confiamos en que el debate legislativo pueda servir para tener una mejor ley, que permita preservar la libertad de expresión, el desarrollo de la industria audiovisual y el acceso de más ciudadanos a los nuevos medios. Desde Clarín seguiremos trabajando, como siempre, en comunicar a los argentinos en su mismo idioma. Grupo Clarín Buenos Aires, 4 de octubre de 2009.

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Viernes 9 de octubre de 2009

EDITORIAL

Nueva ofensiva oficial contra la libertad de prensa La ofensiva del Gobierno contra Papel Prensa es una pieza más de un proyecto destinado a controlar la información, en la materia y en sus relaciones con la empresa privada en general.

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En una reunión con los representantes del Estado en la empresa Papel Prensa, el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, comunicó que los directores oficiales debían obedecer a Beatriz Paglieri, quien está propuesta como directora para la empresa, pero aún no asumió. En la ocasión Moreno afirmó que "con ley o sin ley, la que manda es Paglieri, por expresas instrucciones de la Señora Presidenta". El principal antecedente de Paglieri es que siguió las órdenes de Moreno en el área de Precios, cuando se intervino el INDEC en enero de 2007. Cabe recordar que el primer objetivo de esa intervención fue manipular el índice de precios al consumidor para que no reflejara la inflación real, una práctica que se mantiene inalterada hasta el presente, y que se extendió a otras estadísticas. El secretario acusó a Papel Prensa de ejercer un monopolio en la provisión de papel para diario y afirmó que el Ejecutivo podría intervenir la empresa mediante un decreto de necesidad y urgencia e incluso expropiarla. La realidad es que Papel Prensa abastece a más de 170 diarios y que su desempeño fue acompañado y aprobado por los directores nombrados por el Estado, que tiene el 27,5% de las acciones, incluso en los seis años que lleva la administración kirchnerista. La ofensiva gubernamental se debe, por lo tanto, a su objetivo de controlar la información el cual reconoce varias etapas. Desde las primeras instancias de su gobierno, el ex presidente Néstor Kirchner manifestó en forma sistemática su enojo con las informaciones y opiniones críticas, y el nivel de agresividad de su actitud fue creciendo con el correr del tiempo, despertando la preocupación y la crítica en asociaciones periodísticas y de medios de comunicación en la Argentina y en el exterior. A esto le siguió una ofensiva directa contra el Grupo Clarín que se cristalizó en ataques verbales, ataques a locales del diario y en un operativo de inspección de la AFIP, dirigida por un fiel seguidor de Kirchner. Finalmente el ataque se extendió a la amenaza de intervención de Papel Prensa. Esta última avanzada tuvo rasgos de presión mafiosa que, también, están en línea con actitudes anteriores del kirchnerismo. Desde el comienzo de su gestión, Kirchner realizó reiteradas ofensivas contra empresas privadas utilizando organismos del Estado y, en ocasiones, grupos políticos o sindicales adictos. El secretario Guillermo Moreno, que permaneció en su cargo en el actual Gobierno, fue el principal ejecutor de las presiones y amenazas hacia los empresarios. En esta ocasión, Moreno, amenazó a los directores del Estado con mandarle a sus matones, "expertos en partir la columna y en sacar ojos al que hable", si no seguían las directivas de la Presidenta. Como consecuencia de este episodio, dos directores estatales de Papel Prensa renunciaron y un consejero representante del Estado presentó una denuncia penal. El Grupo Clarín hizo lo propio. La perspectiva de que un Gobierno hostil a la prensa y capaz de utilizar métodos mafiosos para presionar a las empresas y a sus propios funcionarios, obtenga el control de la distribución del papel entre los diarios es un peligro para la libertad de prensa. Mucho más si logra imponer una ley de medios que le otorgaría más armas de coacción contra los medios. El avance del Gobierno para controlar Papel Prensa es parte de su hostilidad a la prensa independiente. El secretario Guillermo Moreno profirió amenazas de carácter mafioso. La perspectiva de que un Gobierno que apela a estos métodos pueda controlar la distribución del papel de diarios es un peligro para la libertad de

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prensa. Mucho más, si también logra imponer una ley de medios que le otorga armas de coacción contra los medios.

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Clarín, 2 de abril de 2009. “Cristina se enojó con un dibujo de Sábat” Clarín, 29 de junio de 2009. “Senado: el kirchnerismo se quedó sin quórum propio” por Atilio Bleta. Política Argentina. Entrevista a Gustavo López, por Facundo Alé, 30 de julio de 2009. Política Argentina, Volver al Debate Político. Véase en: http://www.politicargentina.com/2009/07/entrevista-a-gustavo-lopez/ Clarín, 21 de agosto de 2009. “Inquietud por el hostigamiento a la prensa en América Latina” Clarín, 4 de septiembre de 2009. “El oficialismo limita el debate para apurar la ley de medios” Clarín, 6 de septiembre de 2009, “El País de España habla de la “ley mordaza” de los Kirchner”, y “Una nueva “ley mordaza” que apunta a silenciar determinadas voces” Clarín, 7 de septiembre de 2009. “Mariotto confía en que se aprueba antes de diciembre”. Clarín, 8 de septiembre de 2009, “Ley de Medios: la primera “audiencia pública” arrancará hoy sin público” Clarín, 8 de septiembre de 2009, “Crítica europea al control estatal de los medios” Clarín, 11 de septiembre de 2009, “Operativo oficial de intimidación a Clarín”. Clarín, 10 de septiembre de 2009, “Pagan $10 millones de subsidios a una empresa sin habilitación” por Matías Longoni La Campana Web, 16 de septiembre de 2009. “Se trata hoy la ley de medios, en sesión especial”. En:http://lacampanaweb.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=2159%3 Aley&catid=1%3Alatest-news&Itemid=57 Clarín, 17 de septiembre de 2009, “Ley de necesidad y urgencia” por Ricardo Roa. Clarín, 18 de septiembre de 2009, “Crítica privada, apoyo público” por Ricardo Kirschbaum. Clarín, 18 de septiembre de 2009, “Los Kirchner rehacen un polo de poder para la transición y después” por Eduardo van der Kooy. La Nación, 18 de julio de 2010. “La TV se vale de los mundiales para avanzar” por Pablo Sirvén.

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OTRAS FUENTES La Cocina. En el medio hay una ley [Documental]. Dirección de David Blaustein y Osvaldo Daicich. Buenos Aires: Zafra Producciones, 2011 80 minutos. La crisis causó dos nuevas muertes [Documental]. Dirección de Patricio Escobar y Damian Finvarb. Buenos Aires: producción independiente. 2006 85 minutos.

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