El despojo y la impunidad en Cerrejón

El despojo y la impunidad que rodea el Cerrejón
Por Daniel Edgar, 1 de diciembre 2015
El propósito del estudio adjuntado es revisar la historia y el desarrollo del complejo minero de carbón el Cerrejón. Ubicado en el departamento de La Guajira en el noreste de Colombia, las instalaciones y la infraestructura de Cerrejón incluyen un ferrocarril de 150 kilómetros de largo que conecta las zonas de explotación con el puerto donde esta exportado el carbón (Puerto Bolívar), varios aeropuertos y carreteras, más otras instalaciones industriales, comerciales y residenciales, todos ellos poseídos y manejados por un consorcio compuesto de tres empresas (BHP Billiton, Glencore/ Xstrata y Anglo American) que compró la mina de los dueños anteriores entre 2000 y 2002.
El complejo minero también cuenta con predios extensos del terreno que rodea la mina, adquiridos a través de un proceso largo y sistemático de expropiaciones y desplazamientos forzados de comunidades y campesinos combinado con la compra de haciendas y otras propiedades en la región; en total se han apoderado de aproximadamente 70.000 hectáreas de tierra. Supuestamente adquiridos para brindar espacios amortiguadores, en etapas sucesivas se han convertidos en zonas de producción.
El Cerrejón es una mina de carbón de cielo abierto gigante que ha transformado y ahora domina tanto la economía como el paisaje de La Guajira. La etapa de exploración comenzó a medianos de las setenta. La etapa principal de construcción y desarrollo del complejo comenzó a principios de las 80, la producción a gran escala comenzando unos años después. Desde el comienzo de producción a gran escala el territorio ocupado para la explotación y actividades relacionadas ha aumentado cada vez más, desplazando o afectando gravemente muchas comunidades alrededor de las zonas de explotación y transporte.
Muchas de las habitantes de las comunidades desplazadas desde las 80 siguen viviendo en condiciones mucho más peor que las que gozaban antes de su desplazamiento y algunas no han recibido indemnización ninguna, en violación tanto de las leyes y estándares Colombianas como internacionales. Aunque la planificación y construcción de nuevas aldeas para las comunidades desplazadas en las etapas más recientes de expansión han mejorado, sobre todo desde el desplazamiento de la comunidad de Tabaco que llamó la atención de los medios masivos por su brutalidad. Un alianza grande y diversa de organizaciones civiles están soportando las comunidades afectadas y los trabajadores en sus esfuerzos para obligar al gobierno y a las empresas respetar sus derechos constitucionales y humanos, con una campaña que sigue a pie para mejorar la contabilidad y responsabilidad de las empresas que poseen y manejan la mina.
Ya existe una gran cantidad de estudios y análisis de la historia y el desarrollo de Cerrejón. Un análisis detallado de la historia del proyecto escrito en 2007 revisa a fondo el desarrollo del complejo minero y la naturaleza y la escala de los impactos sociales, económicos y ambientales, y otros estudios y descripciones de las condiciones de los trabajadores y las comunidades desplazadas y afectadas han sido hechos por académicos y expertos de la minería y la salud y por los mismos miembros y representantes de las comunidades y los trabajadores de Cerrejón a lo largo de la campaña para aumentar la responsabilidad y la contabilidad tanto de las empresas como del gobierno colombiano (las referencias están en el documento adjuntado).
Al menos nueve comunidades han sido desplazadas debido a la construcción y expansión de la mina y la infraestructura asociada con ella: Palmarito, Media Luna, Cabeza de Perro, Oreganal, Manantial, Sarahita, Caracolí, Espinal y Tabaco. Cinco comunidades más (Tamaquito, Los Remedios, Roche, Chancleta y Patilla) han sido notificadas de que están "en línea de espera" para reubicación. Obligarán a dos más comunidades reubicarse si la propuesta de expansión más reciente es aprobado (discutido en más detalle en adelante). Muchas otras comunidades padecen de altos niveles de contaminación en el aire y el agua, afectando tanto la salud de los habitantes como sus cultivos y rebaños, y sus habitantes han perdido acceso a otras comunidades, fincas, oportunidades de trabajo, ríos y tierras comunales para cultivar, pescar, cazar, socializar y recrear debido a las operaciones mineras.
Hicieron informes regulares entre 2008 y 2010 algunos asesores contratados por los dueños de Cerrejón para llevar a cabo una evaluación y revisar las políticas sociales y ambientales de las empresas y los impactos de las operaciones sobre las comunidades en la región. Contrataron a los asesores después de que representantes de las comunidades y el sindicato principal de los trabajadores (Sintracarbón) solicitaron una revisión del manejo del complejo minero según las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales.
A pesar de dos fallos de las cortes más altas de Colombia declarando que los derechos constitucionales de los habitantes de tres comunidades desplazadas por la mina fueron violados gravemente y que los operadores de Cerrejón y el gobierno habían violado varias otras leyes y normas (por la Corte Constitucional en 1992 y la Corte Suprema en 2002), las empresas siempre afirman que han cumplido todas las leyes y trámites administrativas pertinentes y que han respetado los derechos constitucionales de los trabajadores y los habitantes de comunidades afectadas.
Al mismo tiempo una sucesión de gobiernos colombianos (nacional, departamental y municipal) afirman que han cumplido todas las leyes y normas, una pieza fundamental de la versión oficial del desarrollo de la mina. Como consecuencia se han desarrollado dos versiones muy distintas de la historia de la mina, la versión oficial de las empresas y los gobiernos (una versión que la mayoría de los medios masivos y las noticias respaldan plenamente) y la versión contraria de muchos de los habitantes de comunidades afectadas y trabajadores diciendo que sus derechos han sido violado grave y constantemente.
Los informes de los asesores nombrados para revisar las condiciones sociales y ambientales alrededor de Cerrejón entre 2008 y 2010 son parciales a favor de las empresas con respecto a varios de los puntos disputados más importantes. Mientras los reportes critican algunos aspectos del manejo de la mina y contienen numerosas recomendaciones constructivas, algunas partes claves del análisis son muy superficiales, las alegaciones y exigencias claves de las comunidades y los trabajadores no son revisadas a fondo, y las recomendaciones positivas principales no han sido cumplidas por las empresas y el gobierno (tal como muchas de las medidas dictadas en los fallos de las cortes ya mencionados).
Los informes no contienen ni referencias ni bibliografía, el cual permite que los autores construyan su propio contexto e interpretación de la situación en Cerrejón y en la Guajira sin la oportunidad de averiguar la veracidad de sus afirmaciones (por lo menos lo hace mucho más difícil). Respeto a varios asuntos claves disputados las revisiones repiten y respaldan las declaraciones de las empresas y los gobiernos y descartan o desprecian las afirmaciones de los representantes de las comunidades afectadas y del sindicato sin investigar los hechos.
En este sentido, la primera revisión declaró su creencia absoluta que las empresas no tienen una política de estrangulación contra las comunidades afectadas por la mina (en particular las comunidades "en la lista de espera" para desplazamiento), a la vez reconociendo que en realidad eso es el resultado del incesante crecimiento de las zonas y cantidades de producción.
La afirmación de los asesores de Cerrejón en 2008 que las empresas no tenían (y no tienen a pie) una política de estrangulación no concuerde con las investigaciones y conclusiones llevado a cabo por cinco delegaciones internacionales que han investigado las condiciones de las comunidades afectadas y los trabadores (en 2005, 2006, 2007, 2009 y 2010) más muchos otros investigadores, a los cuales las explicaciones del sindicato y los representantes de las comunidades sobre las políticas y las practicas de las empresas no son meramente plausibles sino son absolutamente convincentes.
Las cinco delegaciones internacionales y muchos otros informes por expertos colombianos e internacionales describen las violaciones de los derechos de trabajadores y comunidades por parte de los dueños y dirigencia de Cerrejón como deliberado, estratégico y sistemático, actuando en colaboración estrecha con sucesivos gobiernos y funcionarios colombianos (sea actuando dentro o fuera de su autoridad oficial).
Estas conclusiones y declaraciones han sido confirmadas por el Tribunal Popular contra transnacionales en la Guajira que reunió en la Guajira el 3 y 4 de octubre de 2015. Compuesto de magistrados altamente calificados y experimentados dedicados a proteger y servir el pueblo en vez de los dueños de empresas y el Estado, recibieron y consideraron los testimonios de los representantes de las comunidades y los trabajadores en sitio. Las consideraciones y conclusiones del fallo del tribunal fue enfáticamente en contra de las empresas y el gobierno colombiano, hasta que incluso aprobaron una petición de las comunidades exigiendo que las empresas detengan todas las operaciones extractivas del complejo y sean expulsadas de la Guajira.
La corrupción y la impunidad que han gozado los dueños y manejadores de Cerrejón en Colombia es superado solamente por la corrupción e impunidad que les está protegiendo en sus países de origen y en las organizaciones internacionales. Las experiencias del sindicato de los empleados de Nestlé y Coca Cola, Sinaltrainal, es un ejemplo claro de eso.
Un informe reciente de Sinaltrainal documenta la larga y hasta ahora fútil búsqueda de justicia para lograr una investigación profunda de los hechos y la condena de los autores intelectuales y beneficiarios principales de los asesinatos de sus líderes y miembros contratados por Nestlé. El sindicato y la familia de uno de sus líderes asesinados (Luciano Romero) han asistido tanto las cortes colombianas como las de los EEUU y la Suiza, más el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Aparte de las cortes en Colombia, ningunas de las instituciones oficiales han intentado ni siquiera una investigación preliminar de los hechos, empleando todo tipo de artificio técnico para evitar investigar el papel y la posible culpabilidad de la gerencia de Nestlé por el crimen. La respuesta del TEDH in particular, el cual negó investigar el caso sin dar razón ninguna, fue muy distinta a su respuesta tan urgente, enérgica y categórica para lograr la liberación del mercenario israelí Yair Klein para prevenir su extradición de Rusia a Colombia.