El desencanto de Militares y Gobierno
José Chalco Salgado
Parece que el encanto entre militares y gobierno terminó. O al menos, con la destitución y posesión de nuevos mandos castrenses; se ha impuesto la batuta del régimen político sobre el de las armas.
El desencanto entre Fuerzas Armadas y Gobierno no inicia precisamente por causas que parecían debían comprometer su relación. Por ejemplo, no fue motivo de ruptura la recordada muerte de la ministra de defensa cuencana y su hija en un helicóptero militar cargado con armamento; tampoco constituyó causa de enemistad las inconclusas respuestas a las denuncias por la compra de los inservibles aparatos aéreos Dhruv; aún menos motivó distanciamiento las últimas enmiendas constitucionales que quitaron competencias exclusivas de las FFAA para adquirir una complementaria: la protección interna y orden público que antes serían propias de la policía nacional.
Las razones del actual impase son los predios de Los Samanes. Aunque aún queda una duda: ¿realmente es una discordia, o finalmente una imposición del Gobierno a las Fuerzas Armadas?.
Que los predios vendidos debieron únicamente costar cerca de siete millones, parece una apreciación a conveniencia. Cosa distinta es señalar que el avalúo municipal de Guayaquil no tenía actualizado el valor comercial a la fecha; lo que es una constante en los avalúos municipales de todo el país. De hecho, el art. 58 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública vigente desde la Asamblea Constituyente de Montecristi, expresamente determina que en la compra de bienes inmuebles se observará: "(…) los precios comerciales actualizados de la zona.". Nótese: precio comercial y actualizado.
Luego, hay que destacar que el bien inmueble del conflicto no fue tampoco declarado como uno de utilidad pública, sino que atendió a una negociación directa entre las partes que intervinieron en la celebración de un contratado solemne. Incluso, el mismo Presidente el 20 febrero del 2010, en enlace nro. 160 desde Sangolquí - puede el lector comprobar- sostuvo que los terrenos del Issfa alcanzaban un valor aproximado de USD 80 millones. Entonces, ¿ahora todos han cometido el exculpante "error de buena fe"?.
Pero hay algo más alarmante. Retirar USD 41 millones de las cuentas del Issfa y transferir inmediatamente al Ministerio del Ambiente por orden presidencial suena bastante grosero bajo el entendimiento del respeto al ordenamiento jurídico del país. Pues, partimos de la comprensión que nos encontramos en un Estado Constitucional de Derecho o ¿acaso esta realidad ya cambió?.
Se revela una vez más la débil institucionalidad del sistema ecuatoriano. Los problemas no pueden ser solucionados con una desmedida dosis de voluntarismo presidencial; al contrario, deben seguir procedimientos reglados a fin de frenar el ilimitado poder con el que puede contar un poder político de turno. Así, los conflictos se han de dirimir bajo causes jurídicos que blindan la existencia de seguridad y respeto al orden constituido; el independiente poder judicial para ello surgió.
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