El debate sobre las armas de fuego y crimen: entre Connecticut y Bogotá 1 Reflexión bien argumentada sobre por qué la sola restricción al porte de armas no es la solución. Al comparar ambas sociedades, queda clara la necesidad de una política criminal integral.
Ervyn Norza-Céspedes 2 Juliana Coronado-Neira3 Otra masacre, pero allá El pasado viernes 14 de diciembre de 2012 se produjo en Estados Unidos la peor matanza en un centro de estudios desde 2007, tras la vivida en Virginia Tech, y unos pocos meses apenas desde la tragedia de Colorado. El debate en torno a la legislación sobre porte de armas en el país del Norte vuelve a dominar la agenda pública en el mundo entero. Desde finales de 2011, este tema está muy presente en Colombia. Se ha planteado la prohibición del porte de armas de fuego como medida de control y prevención de delitos, lo cual dio pie al intercambio de opiniones sobre el alcance de la medida para la seguridad y convivencia. Los resultados obtenidos por Bogotá durante 2012 en la reducción de la tasa de homicidios se atribuyen en parte a una aplicación severa de esta medida. El caso particular de Estados Unidos Si el acceso a las armas en sí mismo indujera un aumento en las tasas de homicidios, Estados Unidos debería tener una de las tasas más altas del mundo. No obstante, según la Small Arms Survey1 , los ciudadanos de Estados Unidos poseen alrededor de 270 millones de armas de fuego, es decir un promedio aproximado de 90 armas de fuego por cada 100 personas2 . Sin embargo, en el estudio global sobre homicidios publicado en 2011 por la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC, por su sigla en inglés) se reporta una tasa por debajo de 10 homicidios por cada cien mil habitantes para Estados Unidos, mientras las tasas más altas corresponden a Honduras y el Salvador — por encima de los 60 homicidios por cada cien mil habitantes — y Colombia terminó el 2011 con una tasa de 32, que refleja una disminución en los últimos años. El país del Norte tiene una larga tradición de protección de los derechos individuales. Y sus ciudadanos valoran en alto grado esta tradición. El problema estadounidense no son los homicidios individuales, sino los múltiples. Su tratamiento no puede ser el mismo. Según los últimos estudios, el 75 por ciento de los asesinatos en masa cometidos en el mundo se han producido en los Estados Unidos, específicamente en California, Texas, Nueva York, Illinois 1
Este artículo fue publicado en la revista Razón Publica en enero del año 2013. Capitán de la Policía Nacional de Colombia. Psicólogo, Magister en Psicología Jurídica, Magister en Criminología y Victimología, miembro honorario de la Asociación Colombiana de Criminología y representante en Colombia de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Correo:
[email protected] 3 Politóloga con énfasis en Gestión Pública de la Pontificia Universid ad Javeriana. Experiencia en áreas de seguridad, criminalidad, justicia transicional y desarrollo. Correo:
[email protected] 2
y Florida. Por lo tanto, es evidente la necesidad de revisar la forma como la comunidad académica y las instituciones de policía utilizan la técnica de perfilación para analizar y comprender las características de la población delincuencial. Por otro lado, otros estudios estadounidenses3 han demostrado que las políticas de prohibición de armas no impresionan mucho a los asesinos en masa y que las zonas libres de armas pueden producir, además, una falsa sensación de seguridad: los fusilamientos masivos ocurren generalmente en lugares donde las armas de fuego están prohibidas (lugares públicos, escuelas, salas de cine). Mahbub ul Haq — el creador del Informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas — sostenía que el objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones de las personas generando un ambiente propicio para que la gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa, lo que implica ser protegida contra el crimen y la violencia, entre muchas otras cosas. Sin embargo, este desarrollo no debe implicar una excesiva intervención estatal y por tanto un gran número de medidas restrictivas: la seguridad no depende de una reducción mediática y efímera de situaciones coyunturales de criminalidad. De igual manera cabe resaltar que el mismo viernes 14 de diciembre se evitó otro tiroteo masivo en Oklahoma, a pesar de que Connecticut tiene leyes más duras en cuanto al control de armas. Oklahoma ha sido un estado tradicionalmente protector de los derechos de la segunda enmienda4 , lo que nos permite ir más allá del papel legislativo. Si bien las leyes son herramientas fundamentales de un Estado para el control de la sociedad, el papel de la comunidad, la creación de tejido social, la responsabilidad individual y la conciencia ciudadana resultan siendo más poderosos y duraderos que cualquier ley. De todas formas, la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos es limitada; la Policía de Oklahoma informó que sin la ayuda de los informes de la propia comunidad sobre conductas extrañas y cambios de comportamiento del homicida potencial, la tragedia no se hubiera podido evitar. En cuanto a esta última parte, es importante resaltar el papel que juegan las redes sociales por Internet y su seguimiento en la actualidad, pues se ha demostrado que la mayoría de homicidas estadounidenses habían expuesto sus ideas de manera previa en la red. No basta con la restricción En materia de política criminal — y en particular frente al homicidio u otros crímenes violentos — efectivamente las primeras medidas adoptadas suelen girar en torno a restricciones al porte de armas de fuego. Sin embargo la evidencia empírica demuestra que por sí sola no suele ser la medida más efectiva para reducir las muertes violentas.5 Conviene pues no solo pensar en el arma como el detonante de una conducta violenta, sino tratar de abarcar la multiplicidad de variables que inciden sobre los hechos criminales, componentes individuales y sociales del complejo comportamiento criminal. Para Colombia, por ejemplo, se han identificado variables como la desestructuración del tejido social, la ausencia de corresponsabilidad, la dificultad en la consciencia ciudadana, la
impulsividad o poco control de impulsos en el colombiano, la ingestión de alcohol y de sustancias psicoactivas, las reacciones de tomarse la justicia por las vías de hecho, solo para mencionar algunas que requieren atención en el momento de reflexionar en políticas públicas para prevenir el crimen. En Bogotá, además de la prohibición, se han adoptado otras medidas administrativas y de policía, como el decreto 263 del 23 de junio de 2011, por el cual se adoptan medidas de policía para garantizar la seguridad y convivencia ciudadana y la protección de los derechos y libertades públicas, incluyendo el expendio y consumo de licores y bebidas embriagantes. De otra parte, sí revisamos la eficacia de las medidas restrictivas — porte de armas y ley seca — tomando como muestra la ciudad de Bogotá, encontramos que en 2010 y 2011, durante los periodos en los cuales hubo únicamente prohibición de porte de armas, no se observaron disminuciones sustanciales en homicidios. Pero durante los periodos en que además rigió la ley seca, la reducción de muertes violentas con armas de fuego se ubicó entre el 70 y el 80 por ciento. En Colombia, las armas de fuego efectivamente son utilizadas para cometer el 80 por ciento de los homicidios, pero el disparo de proyectiles sin un objeto fijo o el uso irresponsable de las armas de fuego6 dejan entrever un panorama crítico en el número de víctimas lesionadas y ultimadas, sin dolo aparente ni premeditación criminal7 , tal como ha ocurrido desafortunadamente en los últimos días. Un alto porcentaje de los delitos suelen cometerse en Colombia con armas ilegales, de manera que las armas legales objeto de una restricción severa aportarían reducciones no muy significativas en las estadísticas del delito. Sin embargo, con esta medida se minimizarían posibles lesiones comunes, muertes accidentales y homicidios involuntarios. Por otro lado, la delincuencia organizada o el delincuente común acceden con mayor facilidad a las armas clandestinas e ilegales, no solo por tener acceso a ellos a precios más bajos que los establecidos por INDUMIL, sino también, por el anonimato 8 que les garantiza el uso de armas hechizas o sin ningún tipo de control. Para ilustrar los argumentos expuestos hasta aquí, basta con analizar las siguientes cifras oficiales: “El total de armas incautadas en 2011 por la Policía Nacional correspondió a 37.965 (82 armas por cada cien mil habitantes); de las cuales el 71 por ciento fueron ilegales y el 29 restante armas legales. En cuanto a los tipos de armas incautadas, el 53 por ciento eran de tipo revólver, 22 por ciento pistola, 21 por ciento escopeta, 2 por ciento fusiles y otro 2 por cientos una gran variedad (ametralladora, carabina, bazuca, lanza misil, mortero, punto 50, rifle, rocket y subametralladora)”. En el último año, cerca del 55 por ciento de los homicidios en Colombia y del 62 por ciento en Bogotá provienen de un conflicto social disperso que desata la emotividad o el impulso visceral9 del victimario: el agresor busca canalizar su agresividad en la víctima, sin medir las consecuencias de su conducta. Se convierte en homicida sin premeditar10 la muerte de su víctima y utilizando cualquier tipo de arma accesible para cometer su ilícito. En conclusión, si lo que busca la política pública es reducir la violencia homicida del país, lo más conveniente es acompañar la restricción del porte de armas de fuego con medidas complementarias de prevención de conductas predisponentes o de riesgo, dirigiendo
estrategias de cultura ciudadana enfocadas a mitigar los efectos del conflicto social disperso con mecanismos de resolución de conflictos, medidas alternativas para dirimir problemas de convivencia y un énfasis especial en el control y regulación del consumo de licor . Acciones articuladas La prohibición del porte de armas de fuego, por sí sola, puedes ser una medida mediática y populista, equiparable para el caso colombiano con el populismo punitivo 11 , pero que requiere ser tomada con la mayor precaución y sustentada en estudios empíricos. Si bien, para el caso de Bogotá, las cifras corroboran la efectividad de la medida12 , es necesario tener en cuenta que ella apunta principalmente a la prevención y al control de conductas violentas, que ha sido acompañada de un cúmulo de medidas y acciones administrativas y de policía; pero que sí se hubiese aplicado como única medida, quizás no habría sido suficiente para lograr grandes avances. Se proponen entonces las siguientes acciones que deberían ser adoptadas en el marco de una política criminal integral, sostenible en el tiempo y ajustada en función de los avances:
Las medidas de prohibición de armas de fuego deben acompañarse de otras orientadas al conflicto social disperso o control ciudadano del comportamiento violento, de resolución de conflictos, es decir, de todas aquellas encaminadas a consolidar el tejido social y crear una cultura de convivencia y seguridad, incluyendo la regulación de la ingesta de licor y la ubicación territorial de zonas exclusivas para el esparcimiento – POT, “rumba” y consumo — que permitan a las autoridades concentrar sus esfuerzos de control en una sola zona y no atomizarlos por toda la ciudad.
Respecto de las armas de fuego, la estrategia debería incluir un control más riguroso en la expedición de los permisos para porte y tenencia, donde se estudien no sólo los antecedentes penales, sino también el componente psíquico y social, que pudiera detectar sujetos con indicios de peligrosidad.
En el momento de renovar los permisos, es preciso volver a efectuar el proceso realizado cuando se solicitó el permiso por primera vez, para evaluar periódicamente al individuo y valorar la pertinencia de su renovación.
El permiso debería ser renovado semestralmente. Se debe aprovechar para efectuar un trabajo criminalístico riguroso, que garantice verificar la identificación de cada arma, su estructura, la huella en la ojiva que deja el disparo, y posibles alteraciones del cuerpo del arma, entre otros elementos.
Se debe actualizar permanentemente la base de datos balística que permita identificar fácilmente las vainillas u ojivas que se encuentren en la escena del crimen, y poder así ubicar el arma utilizada y a quien pertenecía, agilizando el ejercicio de las persecución judicial y penal de los responsables.
Fortalecer y optimizar un sistema de investigación criminal especializado en el tráfico de armas en Colombia de carácter interméstico13 , para desarticular las redes de traficantes y comercializadores de armas de fuego.
Esto resulta necesario, porque en el país se persiguen con mayor prioridad delitos de impacto o resonancia pública como el homicidio, el secuestro, el hurto, el terrorismo, entre otros, cuyo común denominador es el tráfico de armas de fuego. El sistema mencionado debe contar con investigadores, peritos, fiscales y jueces exclusivos para este fenómeno criminal que es transversal a todas las conductas criminales.
Para que las propuestas aquí mencionadas sean efectivas, deberá organizarse una mesa de coordinación y seguimiento en los planos nacional y local, que propenda por su cumplimiento y efectúe los ajustes necesarios.
En fin, no todas las sociedades están preparadas para el porte controlado de armas; es necesario un Estado fuerte (pero no intrusivo) capaz de ejercer un efectivo control territorial y el monopolio de la justicia. No todas las armas deben entrar en el sistema de porte controlado: las armas largas y las automáticas deben ser de uso exclusivo de la Fuerza Pública.
El debate público sobre la prohibición de armas de fuego requiere mucho rigor, no debe estar contaminado por coyunturas mediáticas y deben evitarse los efectos colaterales, como el crecimiento del mercado negro, que siempre debe ser monitoreado y contrarrestado14. Referencias
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Small Arms Survey (2007). La ciudad y las armas. Citado por Reyes, 2011 en “La amenaza de las armas pequeñas, ligeras y explosivos ALP-ME. Análisis preliminar del caso colombiano”. Un informe presentado en el año 2011 por la Universidad El Rosario, a través del Observatorio de Drogas ilícitas y Armas; enuncia que en el país existen alrededor de 1.800.000 armas legales en manos de los ciudadanos; es decir 4 por cada cien personas , de las cuales 700.000 aproximadamente tienen vencidos los permisos. John Lott, de la Universidad de Maryland y William Landes de la Universidad de Chicago, (1999). La llamada “segunda enmienda” a la constitución norteamericana hace parte de la carta de derechos que fue aprobada en 1971 y que permite o atribuye el derecho a la posesión de armas. El porte de armas debe ser una medida, dentro de un conjunto de acciones articuladas, que se complementen en la visión holística contra el delito. Ley 1453: art. 356ª - Quien teniendo permiso para el porte o tenencia de armas de fuego la dispare sin q ue obre la necesidad de defender un derecho propio o ajeno contra injusta agresión actual o inminente e inevitable de otra manera. Aunado a que la radiografía en este fenómeno a nivel nacional según datos de la Policía Nacional arroja el siguiente panorama: “En el 2003 las lesiones comunes ocurridas con balas perdidas fueron 5, posteriormente en el 2010 se reportaron 306 personas lesionadas con proyectiles de los cuales se desconocía su origen y en el 2011 se culminó el año con 329. En cuanto al homicidio por esta misma modalidad, en el 2003 ocurrieron 29 casos a través de la inadecuada manipulación de armas de fuego (inexperticia - mal uso: Disparo de proyectiles sin un objeto fijo o el uso irresponsable de las armas de fuego), en el 2010 culminó con 86 muertes, y en el último año 55 personas perdieron la vida en esta misma forma”. Este anonimato está representado en la dificultad para las autoridades encargadas de la persecución judicial y penal, de lograr la identificación criminalística del arma utilizada, la ojiva impactada y el posible
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responsable del uso de ella. Dificultad que se reduce sí se utiliza un arma legal con permiso para porte o tenencia, de tal manera que para las autoridades aumenta la probabilidad de identificar el autor del delito. Los impulsos, pasiones, sentimientos, dificultad para dirimir conflictos, ausencia de control racional de la ira, entre otros. Elaborado previamente el comportamiento criminal a desarrollar para el delito. La analogía funciona en la práctica de igual manera para el caso estadounidense: Los estados con aplicación de cadena perpetua o pena capital, manejan índices altos de criminalidad (mayores que aquellos estados que no contemplan estas penas). De igual manera, los estudios demuestran que estados con legislación dura sobre el porte de armas, son aquellos que más han presentado casos de asesinatos en masa. El éxito, está relacionado con un engranaje de acciones en la ciudad capital. Interméstico, haciendo referencia a que este problema no es solo doméstico o nacional, sino que tiene una connotación trasnacional. Se afirma acá que la prohibición del porte de armas, podría aumentar la demanda en el mercado ilegal y por tanto aumentaría su precio, sin embargo esto no se vería reflejado en una disminución de la compra de estas, puesto que se parte de la hipótesis de que las armas funcionan dentro de este como un bien inelástico.
