El aporte chileno a los Derechos Humanos a cincuenta años de la “Declaración Universal de los Derechos Humanos”

El aporte chileno a los Derechos Humanos a cincuenta años de la
"Declaración Universal de los Derechos Humanos"

Sergio Peña-Neira

Resumen: Las aportaciones chilenas al Derecho internacional de los Derechos
Humanos no son menores ni en calidad ni cantidad. Don Hernán Santa Cruz fue
el generador, la fuente o causa eficiente de este aporte a través de la
Declaración Universal de los Derecho humanos. Cuando le pregunté acerca de
los fundamentos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, "se
hayaban en los principios básicos de todas las culturas" fue su respuesta.
A su vez el aporte del gran internacionalista chileno Alejandro Álvarez no
fue menor en calidad ni en cantidad. La pregunta en torno a los aportes a
los Derechos humanos y a la Declaración Universal sobre los Derechos
Humanos nos lleva a proponer como hipótesis del trabajo que este tema
existía como base o fundamento del quehacer internacional de juristas
chilenos mucho antes que siquiera fuere resuelto escribir la declaración
misma.

Introducción
Cuando en 1948 se aprobó la "Declaración Universal de los Derechos
Humanos", no hubo mayor interés en el aporte chileno a estos convenios
internacionales. La participación chilena en dicha conferencia se enmarcaba
en o que había sido el trabajo de juristas chilenos en la Conferencia de
Versalles de 1919 para la creación de la Liga de la Sociedad de las
Naciones y de la entonces Oficina Internacional del Trabajo hoy
Organización Internacional del Trabajo. Es en este contexto histórico donde
pensadores provenientes de la corriente socialista democrática chilena
creyeron que era posible lograr obtener un mundo mejor a través de
iniciativas internacionales que se aplicaran a los Estados como Sujetos del
Derecho internacional y que los mismos los aplicaran en cada uno de los
países miembros de dichas organizaciones. Esta corriente laica se
contrapone a una corriente similar de carácter cristiano católica
proveniente o con fuerte raigambre en aquel tiempo en Europa. La creación
de la Oficina Internacional del trabajo fue gracias al aporte de un
profesor de Derecho civil de la Universidad de Chile, don Alejandro Álvarez
(luego Juez del a Corte Internacional de Justicia y fundador del Instituto
de Altos Estudios internacionales de la Universidad de Paris) y don Moisés
Poblete Troncoso, profesor titular de Derecho del Trabajo en la Casa de
Bello quien participó y trabajó en dicha oficina junto al Director de la
misma el señor Albert Thomas. Estos juristas entregaron al Derecho
internacional y a los Derechos Humanos mucho de sus fundamentos a través de
trabajos de investigación y estudios internacionales que permitieron
desarrollar las normas jurídicas que protegieron a los individuos en su
desarrollo como personas. Pero ello no era extraño al desarrollo de la
política chilena. En Chile se aprueba en 1924 una serie de leyes que fueron
la base de lo que se denominó con posterioridad el Código del Trabajo
(leyes 4056, 4057, 4058, 4059) y que se presentaron como una búsqueda de la
protección a los trabajadores. El substrato de protección a los
trabajadores tuvo como uno de los elementos de trabajo las ideas que se
desarrollaron en la Oficina Internacional del Trabajo.
El cambio de perspectiva en esta materia
Hoy dicha perspectiva ha cambiado dado que el trabajo tesonero de algunos
de dichos Hombres de Derecho chilenos ha dado como resultado un mundo en
donde es posible que los Derechos de las personas sean respetados. En un
principio se miró con escepticismo el desarrollo de la organización
internacional que se relaciona con la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Estados
Americanos logró establecer un grado de respeto a los derechos de las
personas que no se veía ni siquiera antes de la conflagración mundial
europea de 1939 a 1935. Más que un aporte a la Declaración Universal de Los
Derechos Humanos juristas chilenos han hecho aportes para la consagración
de Derechos Humanos a nivel internacional, elaborándolos, o exigiendo su
aplicación aun frente a la amenza de la muerte.
1. La "Declaración Universal de los Derecho Humanos"
La "Declaración Universal de los Derechos Humanos" (Declaración) de
1948 tuvo a uno de sus principales redactores en el Embajador chileno D.
Hernán Santa-Cruz Barceló.
Su participación, gravitante, como el representante Latinoamericano a la
comisión que negoció y redactó el respectivo anteproyecto que fuera
finalmente aprobado en París. Este fue un trabajo que se basó
principalmente en los principios universales existentes en 1948 para la
defensa de los seres humanos principios tanto políticos culturales,
económicos como sociales sin los cuales no puede dignificarse la vida y,
por tanto, defenderse la misma.
Ciertamente, esta Declaración no estableció derechos ni obligaciones a los
Estados existentes al año 1948 y con posterioridad ni sus obligaciones
podrían ser impetradas ante tribunales nacionales. Es decir, las normas de
la Declaración son "norma común de realización para todas las personas y
todas las naciones" pero no establecen obligaciones internacionales nacidas
de un tratado. Ésta fue producto del trabajo de la Comisión de Derechos
Humanos dependiente del Consejo Económico y Social (Comisión) y fue esta
misma Comisión la encargada de iniciar el proceso de negociación y
redacción del texto de derechos o garantías a la persona humana con el
carácter internacional que finalmente derivó en dos textos diversos que se
conocen como el "Pacto de Derechos Civiles y Políticos" y el "Pacto de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales", ambos de 1966.
2. El aporte chileno en la Declaración y el Derecho a la alimentación
La Declaración como se ha expresado anteriormente en este texto hace
confluir conceptos de carácter fundamental en lo político y en lo
económico. Estos conceptos aun hoy constituyen piedra fundamental para el
desarrollo de los Derechos Humanos a nivel internacional. El artículo 25 de
la Declaración contiene el derecho a un nivel de vida adecuado con énfasis
en la alimentación que, si bien no es posible de ser probado, debería haber
sido redactado por el embajador Santa-Cruz B. o en el cual éste debió haber
tomado parte activa. Se pretende con el mismo asegurar "un nivel de vida
adecuado que le asegure así como a su familia (...) en especial la
alimentación (...)".
No debe pensarse, sin embargo, que este derecho contenido en la Declaración
no tuvo proyección en el Derecho internacional público.
En la "Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales" el embajador
Hernán Santa-Cruz B. redactó de su puño el texto del derecho a la
alimentación contenido en el artículo 11 número 2 y que reza:
"2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho
fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán
individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas,
incluidos los programas concretos, que se necesitan para:
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de
alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y
científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el
perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se
logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas
naturales;
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en
relación con las necesidades, teniendo en cuenta que se plantean tanto a
los países que importan productos alimenticios como a los que los
exportan".

Esta es una norma que se ha materializado a través de diferentes
instituciones y programas internacionales como los llevados adelante por la
Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación de la cual el
señor Santa-Cruz fue parte.
Pero esta no fue la única contribución al Derecho Internacional de
los Derechos Humanos efectuada por un chileno. El ex profesor de la Escuela
de Derecho de la Universidad de Chile y Juez de la Corte Internacional de
Justicia Dr. Alejandro Álvarez emitió una opinión disidente en la Opinión
Consultiva acerca de la situación jurídica del Sahara Sud Oeste en 1949
donde desarrolla el derecho de los pueblos al desarrollo. Esta opinión
disidente fue, según uno de sus biógrafos, una de varias a través de las
cuáles el Dr. Álvarez expresó la necesidad de alcanzar la equidad en las
relaciones internacionales entregando razones y fundamentos para un derecho
al desarrollo. Esta noción o fundamento del derecho al desarrollo vino a
ser la base, a su vez de los diferentes argumentos para el cambio de la
economía a través de un Nuevo Orden Económico Internacional movimiento que
tuvo al Derecho Internacional del Desarrollo y del Derecho Internacional
Comercial como exponentes jurídicos de estas ideas. La noción antes
explicada es la fundamentación jurídica de los conceptos vertidos por éste
distinguido jurista americano y que poco conocemos habiendo nacido y
estudiado en nuestro país.
La idea de un derecho al desarrollo, a su vez, ha sido desarrollada
por grandes internacionalistas norteamericanos como es el caso de Oscar
Schachter o Luis Henkin y cuya referencia hace inclusive el profesor D.
Kennedy al efectuar una análisis del tema del desarrollo y los derechos
relacionados al mismo.
2.1. La equidad como leitmotiv: La división equitativa de beneficios en la
utilización de los recursos genéticos
No es posible, sin embargo, dejar de mencionar la Convención sobre la
Diversidad Biológica de 1992 y cuya entrada en vigor es de 1994. Esta
convención ha sido considerada por el Presidente del Panel
Intergubernamental que negoció el texto como la primera convención sobre el
desarrollo sostenible.
Pues bien, en el subgrupo número 1 de negociación se discutió el tema de
los beneficios de los recursos naturales que sirven de base para la
generación de productos provenientes de la diversidad biológica y dichos
beneficios requieren ser repartidos entre los Estados que han llegado a un
acuerdo sobre el asunto sobre la base de la soberanía de uno de ellos sobre
los recursos genéticos. Ello se concretó en el artículo 15 de la citada
convención donde se admitía acceso a los recursos genéticos de un país rico
en el mismo a cambio de acceso a las tecnologías como elemento fundamental
de cambio. Pero en caso se obtuviera algún beneficio de los recursos
genéticos obtenidos de un país cuyos recursos hubieren sido extraídos por
otro Estado conforme a las normas de la convención ellos deben ser
repartidos equitativamente conforme al artículo 15 de la convención citada
que no reproduciremos aquí. Esta división de los beneficios debe ser
equitativa, es decir posible de ser calificada como justa de acuerdo al
concepto expresado por el profesor Philipe Sands.
La aplicación de esta idea de una debida consideración a la justicia y
particularmente a la distribución de la riqueza emanada de un recurso
natural como puede ser la combinación química de los genes, una cuestión
que debe verse de manera diferente. Si en el caso de la convención el
reparto entre Estados debe efectuarse conforme a una equidad que considere
a las partes y particularmente la contribución del país de origen en el
caso de la distribución interna o nacional de dichos beneficios deberá
mirarse de manera diferente y por tanto aplicarse criterios que justifiquen
equidad distributiva o sobre la base de algún otro criterio.
3. Proyección de la Declaración en los derechos nacionales
Un aspecto no menor es el modo o manera en que derechos nacionales
han expresado los derechos reconocidos en la Declaración. En el caso
chileno el artículo 19 de la Constitución Política del Estado reproduce de
manera sistemática muchos de los derechos contenidos en la Declaración en
la forma de garantías conferidas a las personas. Más aun, la norma de
cierre del artículo 19 referido reproduce la imposibilidad de suprimirse
los derechos y libertades proclamadas por la Declaración y que en lenguaje
del número indicado se habla de afectar los "derechos en su esencia".
La Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, hoy Alemania,
contiene un decálogo de derechos y garantías constitucionales que fueron
redactadas en el mismo tiempo en que fue redactada la Declaración.
Asimismo, a través de leyes diversos países en el mundo han
desarrollado los derechos contenidos en la declaración misma y la justicia
así como la equidad ha alcanzado a leyes nacionales estableciendo como
fundamento los derechos contenidos en la Declaración que el señor Santa
Cruz B. desarrolló complementado con la fuerza de las opiniones disidentes
del juez señor Álvarez.
4. Conclusión
En conclusión es posible indicar una línea de continuidad en la
participación de la protección de los derechos humanos y su aplicación
internacional por parte de chilenos que han mirado las garantías a las
personas no sólo en su faz civil y política sino en las diversas
manifestaciones de carácter social, cultural y económica. Ello por cierto
no es menor o carente de importancia sino de una fuerza y vitalidad
absolutamente imprescindible para la defensa de tales derechos.

Profesor en la Universidad Arturo Prat de Chile. Profesor en la
Universidad de Chile. Profesor en la Universidad del Mar, Escuela de
Comercio. Executive Masters y Postgraduate Degree in International and
European Union Relations and Management (University of Amsterdam). Ph. D.
(c) in Law. Licenciado en Derecho. Un texto similar pero más suscinto fue
presentado a las Jornadas de Derecho público que se organizaron en 2007 por
la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en la inauguración del
año académico de la Escuela de Derecho de la Universidad Arturo Prat de
Chile en 2008..
Francisco Walter Linares, Discurso de Recepción del profesor de Derecho
del Trabajo señor Francisco Walker Linares (don Moisés Pobrete Troncoso) en
Anales de la Facultad de Derecho, Cuarta Época, Vol. III, Años 1961-1963,
No.3, que se encuentra en
(15.7.08).
Es necesario apuntar que el profesor Pobrete fue el primero en efectuar un
análisis de la condición social de los indígenas, particularmente en el
Perú, y que ello fue plasmado en un texto.
Resolución 217 (III) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 10
de diciembre de 1948. Oriol Casanovas y La Rosa Casos y textos de Derecho
internacional público, Tecnos, Cuarta Edición, Madrid, 1988, p. 158 ss.
Patricio Aylwin en VV.AA., Hernán Santa-Cruz Barceló: un homenaje en la
Cepal (7 de mayo de 1989), Fundación Felipe Herrera, Instituto de Estudios
Internacionales de la Universidad de Chile y Organización de Naciones
Unidas, Santiago de Chile junio 2000, 9,10,13. Inclusive se hace presente
en el texto que el Sr. Santa-Cruz tomó parte tanto en el Comité de
Redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que constaba
de 8 miembros y presidida por la señora Eleanor Roosevelt y en la discusión
posterior indicando que con la declaración se alcanzaba el que "nadie
podría (violar estos derechos) sin convertirse en un paria de la Comunidad
Internacional". Como indiqué en 1946, el Consejo Económico y Social de la
ONU creó, en virtud del artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, la
Comisión de Derechos Humanos. A este organismo, formado por 18
representantes de Estados miembros de la Organización, se le encomendó la
elaboración de una serie de instrumentos para la defensa de los derechos
humanos. Dentro de la Comisión se creó un Comité formado por ocho miembros,
que serían Eleanor Roosevelt (nacional de Estados Unidos), René Cassin
(Francia), Charles Malik (Líbano), Peng Chun Chang (China), Hernán Santa
Cruz (Chile), Alexandre Bogomolov/Alexei Pavlov (Unión Soviética), Lord
Dukeston/Geoffrey Wilson (Reino Unido) y William Hodgson (Australia). Fue
también de especial relevancia la intervención de John Peters Humphrey, de
Canadá, director de la División de Derechos Humanos de la ONU.

(15.07.08).
Shigeru Oda, El individuo en el Derecho internacional en Max Sorensen,
Manual de Derecho internacional público, Quinta reimpresión, Fondo de
Cultura Económica, México, 480.
Resolución 2200 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16
de diciembre de 1966. , Oriols Casanova y La Rosa, p. 371-395.
Oriols Casanovas y La Rosa, 361.
José Manuel Ocampo en VV.AA., Hernán Santa-Cruz Barceló: un homenaje en la
CEPAL(7 de mayo de 1999), 9.
Oriol Casanovas y La Rosa, 374.
Alejandro Álvarez, Dissenting Opinion on the West-Saharan case 1949
(9.10.07).
David Kennedy, Laws and Developments in Amanda Perry-Kessart and John
Hartchard, Law and Development: Facing complexity in the XXIth Century,
Cavendish Publishing, 2003.
Vicente Sánchez, The Convention on Biological Diversity: Negotiations and
contents en Vicente Sánchez y Calestous Juma, Biodiplomacy, ACTS, 1994,
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V. Ramantha Rao and Kenneth W. Riley, The use of biotechnology for the
conservation and utilization of plant genetic resources en Plant Genetic
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Phillipe Sands, Principles of international environmental law I,
Manchester University Press, 1995, 124.
Oriols Casanova y La Rosa, 362.
Bundeszentrale für Politische Bildung, Grundgesetz für die Bundesrepublik
Deutschland, Bonn, 1989, 21-30.


























FindArticles > Commonweal > Oct 12, 2001 > Article > Print friendly
The sources of 'rights talk' : Some are Catholic
Mary Ann Glendon
On December 10, 1948, the UN General Assembly adopted the Universal
Declaration of Human Rights (UDHR). There were no dissenting votes,
although the Soviet bloc, Saudi Arabia, and South Africa recorded
abstentions. The Declaration quickly became the principal inspiration of
the postwar international human-rights movement; the model for the majority
of rights instruments in the world--over ninety in all; and it serves today
as the single most important reference point for discussions of human
rights in international settings.
If you are like most Americans, and like me before I got interested in the
Declaration, you probably do not stay up nights thinking about the United
Nations and its various pronouncements. But what I discovered about the
history of the Declaration in doing research for my book, A World Made New,
should be of particular interest to Catholics as well as to all those
concerned about protecting human rights. Let me begin with a little
background.
During World War II, the idea began to percolate that there should be some
kind of international bill of rights--a common standard to which all
nations could aspire--and by which they could measure their own and each
other's progress. One of the first suggestions came from Pope Pius XII,
who, in a June 1941 radio address, called for an international bill
recognizing the rights that flowed from the dignity of the person. Another
came from the British writer H.G. Wells in a little pamphlet subtitled,
"What Are We Fighting For?" But in practical terms, the most consequential
support came from several Latin American countries, which composed twenty-
one of the original fifty-five member nations of the UN when it was founded
in 1945.
Largely due to the insistence of the Latin Americans, joined by other small
nations, the UN established a Human Rights Commission composed of members
from eighteen different countries. It was chaired by Eleanor Roosevelt who
was just then making a new life for herself after the death of her husband.
When the Human Rights Commission set to work in early 1947, its first major
task was to draft a "bill of rights" to which persons of all nations and
cultures could subscribe. But that assignment rested upon a couple of
problematic assumptions: no one really knew whether there were any such
common principles, or what they might be. So unesco asked a group of
philosophers--some well known in the West, like Jacques Maritain, and
others from Confucian, Hindu, and Muslim countries--to examine the
question. These philosophers sent a questionnaire to still more leading
thinkers, from Mahatma Gandhi to Teilhard de Chardin, and in due course,
they reported that, somewhat to their surprise, they had found that there
were a few common standards of decency that were widely shared, though not
always formulated in the language of rights. Their conclusion was that this
practical consensus was enough to enable the project to go forward.
The judgment of the philosophers was borne out by the experience of the
delegates on the Human Rights Commission. This group, too, was highly
diverse, but they had few disagreements over the content of the
Declaration. Their disputes were chiefly political, and mainly involved the
Soviet Union and the United States hurling accusations of hypocrisy against
each other.
The framers of the UDHR, like legal drafters everywhere, had done a good
deal of copying. They drew many provisions from existing constitutions and
rights instruments. They relied most heavily on two draft proposals for
international bills that were themselves based on extensive cross-national
research. One of these proposals was prepared under the auspices of the
American Law Institute, and the other was a Latin American document that
became the 1948 Bogota Declaration of the Rights and Duties of Man.
The final draft was a synthesis drawn from many sources--and thus a
document that differed in many ways from our familiar Anglo-American rights
instruments--most noticeably in its inclusion of social and economic
rights, and in its express acknowledgment that rights are subject to duties
and limitations. It also differed from socialist charters, notably with its
strong emphasis on political and civil liberties.
Several features of the Declaration set it apart from both Anglo-American
and Soviet-bloc documents, and these should be kept in mind as contests
over the meanings of the Declaration's provisions continue. Consider the
following: its pervasive emphasis on the "inherent dignity" and "worth of
the human person"; the affirmation that the human person is "endowed with
reason and conscience"; the right to form trade unions; the worker's right
to just remuneration for himself and his family; the recognition of the
family as the "natural and fundamental group unit of society" entitled as
such to "protection by society and the state"; the prior right of parents
to choose the education of their children; and a provision that motherhood
and childhood are entitled to "special care and assistance."
Where did those ideas come from? The immediate source was the twentieth-
century constitutions of many Latin American and continental European
countries. But where did the Latin Americans and continental Europeans get
them? The proximate answer to that question is: mainly from the programs of
political parties, parties of a type that did not exist in the United
States, Britain, or the Soviet bloc, namely, Christian Democratic and
Christian Social parties.
And where did the politicians get their ideas about the family, work, civil
society, and the dignity of the person? The answer is: mainly from the
social encyclicals Rerum novarum (1891) and Quadragesimo anno (1931). And
where did the church get them? The short answer is that those encyclicals
were part of the process through which the church had begun to reflect on
the Enlightenment, the eighteenth-century revolutions, socialism, and the
labor question in the light of Scripture, tradition, and her own experience
as an "expert in humanity."
The most articulate advocate of this complex of ideas on the Human Rights
Commission was a Lebanese Arab of the Greek Orthodox faith, Charles Malik.
In reading the old UN transcripts, I was struck by Malik's frequent use of
terms like the "intermediate associations" of civil society, and by his
emphatic preference for the term "person" rather than "individual." When I
had the opportunity to meet Charles Malik's son, Dr. Habib Malik, I asked
him if he knew where his father had acquired that vocabulary. The answer
was: from the heavily underlined copies of Rerum novarum and Quadragesimo
anno, which Malik kept among the books he most frequently consulted.
Contrary to what is now widely supposed, the most zealous promoters of
social and economic rights were not the Soviet bloc representatives but
delegates from the Latin American countries. Except for the Mexican
delegates, most of these people were inspired, not by Marx and Engels, but,
like Malik, by Leo XIII and Pius XI. Their focus was not on the
exploitation of man by man, but on the dignity of work and the preferential
option for the poor.
Catholic social teaching, however, was just one of many sources of
influence on that impressively multicultural document. Considering some of
the ways in which the Catholic influence was reciprocated is harder to
follow. It begins, I believe, in Paris in 1948 when the Human Rights
Commissioners were trying to round up support from as many nations as
possible for the final vote on the Declaration. A key figure in that
lobbying process was the French member of the Commission, Rene Cassin.
Cassin was a distinguished French lawyer who described himself as a secular
Jew. He had lost twenty-nine relatives in concentration camps, and was
later to win the Nobel Peace Prize for his human-rights activities. There
is an intriguing sentence in Cassin's memoirs where he says that in the
fall of 1948 he was aided on several occasions by the "discreet personal
encouragements" of the papal nuncio in Paris. That nuncio was none other
than Angelo Roncalli, the future Pope John XXIII.
Roncalli's subsequent actions suggest that events in the UN that fall must
have made a great impression on him. It also seems clear that he must have
agreed with Maritain and other Catholic thinkers that there was value in
discussing certain human goods as rights, even though the biblical
tradition uses the language of obligation. In Pacem in terris (1963), John
XXIII referred to the Universal Declaration by name and called it "an act
of the highest importance."
Many Catholics were surprised, and some were even shocked, at the extent to
which the documents of Vatican II, and John XXIII's encyclicals Pacem in
terris and Mater et magistra (1961), seemed to reflect a shift from natural
law to human rights. Some writers regard this shift as mainly rhetorical,
an effort on the part of the church to make her teachings intelligible to
"all men and women of good will."
But I believe it was more than that. I would say it was also part of the
church's shift from nature to history, as well as her increasing openness
to learning from other traditions. The church has always taught, with Saint
Paul, that our knowledge of truth in this life is imperfect. But she has
not always been so forceful as John Paul II was in Centesimus annus (1991)
when he insisted that Christian believers are obliged to remain open to
discover "every fragment of truth...in the life experience and in the
culture of individuals and nations."
Needless to say, the church's adoption of rights language entailed the need
to be very clear about the fact that she does not always use that
terminology in the same way it is used in secular circles. Those who think
the church should never have gone down that road at all often fail to
notice two important facts about the church's use of rights language.
First, the rights tradition into which the church has tapped is the
biblically informed, continental, dignitarian tradition which she herself
had already done so much to shape. "The Catholic doctrine of human rights,"
Avery Dulles points out, "is not based on Lockean empiricism or
individualism. It has a more ancient and distinguished pedigree."
Second, the church did not even uncritically adopt the dignitarian vision.
In Vatican II's Gaudium et spes, the council fathers say that the movement
to respect human rights "must be imbued with the spirit of the gospel and
be protected from all appearance of mistaken autonomy. We are tempted to
consider our personal rights as fully protected only when we are free from
every norm of divine law; but following this road leads to the destruction
rather than to the maintenance of the dignity of the human person." In the
same vein, John XXIII noted in Pacem in terris that everything the church
says about human rights is conditioned by their foundation in the dignity
that attaches to the person made in the image and likeness of God, and
everything is oriented to the end of the common good.
In this context, some of the most striking interactions between Catholic
social thought and human rights have occurred in the field of international
advocacy. With more than 300,000 educational, health-care, and relief
agencies serving mainly the world's poorest inhabitants, the church has
become an outspoken advocate of social justice in international settings.
But it is a hard sell. Challenging passages like this one from John Paul
II's 1997 World Day of Peace message do not sit particularly well with
affluent nations and first-world interest groups:
Living out [the] demanding commitment [to solidarity] requires a total
reversal of the alleged values which make people seek only their own
good:
power, pleasure, the unscrupulous accumulation of wealth...A society of
genuine solidarity can be built only if the well-off, in helping the
poor,
do not stop at giving from what they do not need. Those living in
poverty
can wait no longer: They need help now and so have a right to receive
immediately what they need [emphasis supplied].
At first glance, words like "a right to receive what one needs" sound
uncomfortably like simplistic, secular social advocacy. But the church's
use of rights language in this context cannot be equated with crude
mandates for state-run social engineering programs. For one thing, the
church has always refrained from proposing specific models: her gift to
political science has been, rather, the principle of subsidiarity--which is
steadily attracting interest as the United States debates the pros and cons
of delivering many social services through faith-based institutions.
Moreover, the church teaches solidarity not as a policy, but as a virtue--a
virtue that inclines us to overcome sources of division within ourselves
and within society. Like any other virtue, solidarity requires constant
practice; it is inseparable from personal reform.
The church's advocacy of the preferential option for the poor has led her
to become a staunch defender of the Universal Declaration as an integrated
whole. While most nations take a selective approach to human rights, the
Holy See consistently lifts up the original vision of the Declaration--a
vision in which political and civil rights are indispensable for social and
economic justice, and vice versa.
As for the future, I believe the dialogue between Catholicism and the human-
rights tradition will continue, and that it will be beneficial to both. One
may even imagine that the resources of the Catholic tradition may be
helpful in resolving several thorny dilemmas that have bedeviled the human-
rights project from its outset, especially the dilemmas arising from
challenges to its universality and its truth claims. The long Catholic
experience in the dialectic between the core teachings of the faith and the
various cultural settings in which the faith has been received helps us to
see that to accept universal principles does not mean accepting that they
must be brought to life in the same way everywhere. The experience of
Catholicism with the inculturation of its basic teachings shows that
universality need not entail homogeneity.
The framers of the UDHR had similar expectations for the relatively short
list of rights that they deemed fundamental. Their writings reveal that
they contemplated a legitimate pluralism in forms of freedom, a variety of
means of protecting basic rights, and different ways of resolving the
tensions among rights, provided that no rights were completely subordinated
to others. As Jacques Maritain put it, there can be many different kinds of
music played on the Declaration's thirty strings.
Another dilemma for the human-rights project is the challenge of
historicism and relativism. If there are no common truths to which all men
and women can appeal, then there are no human rights, and there is little
hope that reason and choice can prevail over force and accident in the
realm of human affairs. It is one thing to acknowledge that the human mind
can glimpse truth only as through a glass darkly; and quite another to deny
the existence of truth altogether. Hannah Arendt has warned, "The ideal
subject of totalitarian rule is not the convinced Nazi or the convinced
Communist, but people for whom the distinction between fact and
fiction...and the distinction between true and false...no longer exist."
The Reason that the church defends is not the calculating reason of Hobbes--
in the service of the passions--nor is it narrow scientific rationalism. It
is the dynamic, recurrent, and potentially self-correcting process of
experiencing, understanding, and judging that has animated her best
theologians from Thomas Aquinas to Bernard Lonergan.
I trust that my enthusiasm for Catholic social thought and philosophy as
seen in the light of the Universal Declaration of Human Rights will not be
understood as unbridled boosterism. I am well aware that much of what our
tradition has to offer was learned painfully after mistakes and sad
experience. But when it comes to the creation and continuing relevance of
the Declaration, the church has reason to be proud of its contribution.
Mary Ann Glendon is the Learned Hand Professor of Law at Harvard
University. Her most recent book is A World Made New: Eleanor Roosevelt and
the Universal Declaration of Human Rights (Random House). This article is
adapted from this year's Marianist Award lecture given at the University of
Dayton.
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