Economia Politica de la transicion economica

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La Transición Económica: Aspectos de Economía Política Humberto García Larralde, presidente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, humgarl@gmail

Consideraciones iniciales Venezuela requiere de un cambio radical en la forma en que viene conduciendo su economía. Lamentablemente, la negativa de las autoridades del Banco Central de Venezuela a cumplir con sus deberes y publicar las cifras sobre el comportamiento de las principales variables económicas del país dificulta conocer las dimensiones del problema y obliga a acudir a estimaciones independientes. Desde 2012 se ha evidenciado una caída sostenida de la actividad productiva nacional que, según cálculo de algunos analistas, fue de entre 10 y 12%, sólo en 2015. Ello ha significado una reducción en el ingreso per cápita promedio del 24% durante el trienio que culminó el 31 de diciembre de 2015. Asimismo, según estas fuentes, la inflación estuvo en torno al 500% en el año que culminó y, a pesar de los recurrentes incrementos del salario básico, la pérdida de su poder adquisitivo resultó ser superior al 20%. A ello se añade el desabastecimiento extendido de medicamentos y alimentos, con su trágica secuela de muertes evitables, hambre y deterioro extremo en las condiciones de vida del venezolano. Finalmente, la excesiva dependencia de las exportaciones petroleras para la provisión de las divisas requeridas para pagar importaciones y otros compromisos externos del país ha contribuido a que este panorama fuese aún más desolador, dada la caída significativa del precio del barril de crudo. Los economistas coinciden en que la situación descrita es resultado de políticas desacertadas que, no obstante sus consecuencias adversas, el gobierno ha insistido obstinadamente en mantener. Déficits fiscales sostenidos, mayores al 15% del PIB y financiadas mayoritariamente por emisión monetaria han alimentado crecientes presiones inflacionarias. Ello se empeora con un régimen cambiario disparatado en el que la tasa oficial de cambio más baja (10 Bs./$) fue, a comienzos de 2017, 67 veces más barata que la otra tasa oficial (DICOM) y más de 300 veces menor que la que se registra en el mercado paralelo. Las oportunidades para el enriquecimiento especulativo con diferenciales tan altos son enormes y conducen a una perniciosa utilización de las escasas divisas disponibles en perjuicio de los requerimientos reales de la economía. Por su parte, las actividades productivas y comerciales han sido maniatadas con una panoplia de controles y regulaciones que, al lado de la inseguridad jurídica sobre los derechos de propiedad, sobre las garantías procesales para la resolución de disputas y para el despido de trabajadores improductivos, se han traducido en estrategias defensivas por parte del empresariado. Ello ha resultado en niveles precarios de inversión y escasa capacidad para generar empleo. A ello se le suman las estatizaciones y confiscaciones de empresas a lo largo de los gobiernos de Chávez y Maduro, que han destruido capacidades productivas y dilapidación de recursos. Todo lo anterior se traduce en desempleo y remuneraciones crecientemente insuficientes para cubrir las necesidades básicas de las mayorías, es decir, en un empobrecimiento extendido de los venezolanos. Superar las adversidades antes citadas requiere enrumbar la economía hacia el desarrollo competitivo de sus sectores industrial, agrícola y de servicios, en un marco de estabilidad macroeconómica y de seguridades jurídicas, para disminuir la excesiva dependencia de la exportación de hidrocarburos y poder generar empleo productivo. Con las actuales políticas se produce todo lo contrario y la situación sólo habrán de agravarse. Por razones que esperamos poder explicar en las siguientes líneas, el cambio necesario ameritará un cambio en la conducción política del país.

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En materia estrictamente económica, un nuevo gobierno enfrentará de inmediato la imperiosa necesidad de cerrar la brecha del desabastecimiento, abatir la inflación y revertir el deterioro real del poder adquisitivo de los venezolanos. Tal desafío se inscribe en una política de estabilización macroeconómica que reduzca drásticamente el déficit público, elimine su financiamiento monetario, unifique el tipo de cambio y libere las capacidades productivas de la economía. Más hacia el mediano y largo plazo, son menester reformas estructurales que promuevan el emprendimiento y la innovación, atraigan capitales extranjeros, promuevan exportaciones y generen empleos productivos cada vez mejor remunerados, en un marco de justicia social. Estas medidas habrán de ser abordadas en detalle por otros trabajos de este libro. Aquí nos restringiremos a señalar algunos problemas de su instrumentación desde la perspectiva de la economía política. En las siguientes líneas se examinarán los posibles riesgos de un programa para la transición desde la perspectiva de la economía política. Se inicia el trabajo con una breve conceptualización del término, que permite enfatizar la importancia del marco institucional a partir del cual pueden entenderse las opciones de transformación. En el caso venezolano es imprescindible hacer referencia a la influencia de la renta petrolera en la conformación de instituciones, formales e informales, que han permeado en la conducta política y económica de sus habitantes. Tal conducta facilitó la instalación del chavismo como opción política y condicionarán las posibilidades de un programa para la transición hacia un gobierno democrático con una economía competitiva. Estas reflexiones iniciales permiten adentrarse, en la segunda sección del trabajo, referido a lo que el Banco Mundial llama el contexto de las reformas. La caracterización de cómo el rentismo se expresa en el régimen de Chávez se examina en sus aspectos macro y microeconómicos, que ponen al descubierto, a su vez, los poderosos intereses que se fueron articulando en torno a las políticas de intervención y control que ello significó. Esto permite entender la naturaleza de los riesgos que enfrentarán las reformas que deberán instrumentarse, identificando los sectores sociales que pudieran resultar afectados adversamente y las motivaciones políticas de los que se han beneficiado con el actual estado de cosas para manipularlos en aras de sabotear ese proceso. El escrito aborda de seguidas los probables riesgos en torno a la instrumentación de cuatro grandes áreas de reforma en una tercera sección referida a la arena de las reformas, y sugiere vías para enfrentarlos de manera exitosa. Culmina el escrito con unas breves consideraciones finales enfatizando la importancia de una correcta conducción política del proceso de transición. El enfoque de economía política Los cambios económicos afectan de distintas formas a diferentes grupos de la sociedad. En el caso de cambios fundamentales inducidos por políticas públicas y/o por modificaciones sustanciales del marco institucional, el impacto en algunos sectores tiende a ser significativo. No es de extrañar, por tanto, que entre los sectores adversamente afectados se generen resistencias a su instrumentación que pueden reducir los alcances y los efectos del cambio buscado e, incluso, lograr que éste sea abortado o revertido. Por ende, examinar el proceso de reforma desde la perspectiva de la economía política constituye un valioso apoyo para detectar los sectores afectados, la posible magnitud o alcance de las transformaciones a realizarse en el bienestar de estos sectores, así como la manera en que los diseños de política, la secuencia y el timing de su instrumentación, puedan contribuir a que el proceso resulte exitoso. En particular, es preciso identificar quiénes o qué sectores resultarán previsiblemente ganando de las reformas implementadas y quiénes o qué grupos habrán de ser perjudicados. Como es evidente, el enfoque propuesto obligatoriamente entra a considerar implicaciones propiamente políticas de los cambios económicos propuestos. El papel de las instituciones es, al respecto, central,

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en tanto que generan incentivos que habrán de favorecer o aplacar determinadas conductas que pueden reforzar o oponerse a las transformaciones buscadas. La economía política puede entenderse, siguiendo al Banco Mundial (2008), como un análisis que estudia los vínculos entre política y economía, basándose en teorías económicas, aspectos legales, así como en las ciencias sociales y políticas. El término adquiere carta de residencia con los inicios del capitalismo en la Europa occidental, que obligó a los pensadores a tratar de describir el orden emergente y explicar sus “leyes” o pautas de funcionamiento, desentrañar a qué principio ordenador respondían, cómo participaban los diversos integrantes de una sociedad en la generación, distribución y usufructo de la riqueza, y cuál era, en realidad, la esencia de ésta. No otra cosa se planteaba que el dilucidar la estructura societaria que iba conformando la dinámica económica capitalista e, ineluctablemente, el orden a que daba sustento. De ahí la naturaleza necesariamente política de tal indagación, obligada a descubrir los intereses en juego, los criterios de justicia a que respondía y las instituciones que, en atención a ello, iban conformando la Modernidad. Este foco de atención agrupó a los llamados economistas clásicos, entre los cuales cabe destacar a Adam Smith, David Ricardo, Carlos Marx y John Stuart Mill. El enfoque de economía institucional es muy importante para dilucidar la naturaleza de un régimen y los sectores que resultan beneficiados de su dinámica de funcionamiento. El premio Nobel en Economía, Douglass North (1993), considerado por muchos como el “padre” de la nueva economía institucional define a las instituciones como las reglas de juego de una sociedad. Representan “las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana” (op. cit.,:13). Reducen la incertidumbre de estas interacciones al limitar el conjunto de decisiones a tomar y al estructurar los incentivos que las moldean. En este orden, las instituciones pueden reducir los costos de información y negociación, y facilitar soluciones de cooperación. En su ausencia, o en presencia de instituciones basadas en la fuerza y no en soluciones de cooperación, la tentación por engañar en el intercambio aumenta, ya que no existen las penalidades inherentes a la acción conminatoria por parte del poder. Las instituciones pueden ser formales, expresadas en leyes, reglamentos y otras normas explícitas, o informales, atinentes a los hábitos, costumbres y demás aspectos de cultura imperante en una sociedad. Estas últimas se plasman en códigos de conducta que tienden a ser “más resistentes o impenetrables a las políticas deliberadas” (idem.,:17). Las instituciones no deben confundirse con las organizaciones. Las primeras, en el marco de las restricciones que plantea todo problema económico, crean oportunidades de acción. Para aprovecharlas, se forman organizaciones específicas, entre las cuales están las empresas, organizaciones civiles de diversa índole, y los órganos de coordinación y ejecución de políticas. Conforme van evolucionando los organismos e interactúan con las instituciones, se generan presiones para que éstas se ajusten a los nuevos desafíos. Esto va a depender, desde luego, del margen de acción de tales organizaciones, es decir, del grado en que el marco institucional sea plural y democrático. North señala que la acumulación de normas interactuando con las costumbres tiende a propiciar el desarrollo institucional en una orientación determinada. En tal sentido, la evolución de las instituciones es “trayectoria dependiente”, ya que los rendimientos crecientes en actividades repetitivas generan incentivos que inducen reformas en una direccionalidad particular. El marco de certidumbre que ofreció el desarrollo de las instituciones pro mercado a los Estados modernos de Europa Occidental fue reduciendo, junto con el desarrollo tecnológico, los costos de las

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transacciones económicas. Ello redundó en la estructuración de mecanismos que protegían el intercambio, con la coerción de las leyes y de los aparatos represivos que aseguraban su cumplimiento, conformando los elementos de un Estado de Derecho. La superación de las autocracias redundó, a su vez, en una mayor eficiencia de la política, reduciendo todavía más los costos de información y transacción de las actividades económicas. Finalmente, la reducción en estos costos fue plasmándose en transformaciones organizacionales -“instrumentos y técnicas específicas y de obligatoriedad característica” (ibid.,: 160)- que fueron moldeando la estructura propiamente dicha del Estado y de sus relaciones con la sociedad. La mayor libertad, eficiencia y cobertura en el intercambio, tanto a nivel nacional como internacional, se asocia a estas transformaciones. Ello se plasma, hoy, en las modernas economías de mercado de los países avanzados. En los países en desarrollo, el Estado carece frecuentemente de la capacidad de hacer cumplir las normas, por lo que la institucionalidad en torno a los derechos de propiedad suele ser débil. La pervivencia de costumbres y hábitos propios de sociedades premodernas –instituciones informales-, “relativiza” la observación de la ley. Cumplir ésta pasa a depender del cálculo que hagan los que ejercen el poder entre los incentivos y los desincentivos involucrados. La debilidad de este marco institucional facilita conductas basados en la fuerza y el engaño, que disuaden la cooperación entre las partes. Al reducirse la certidumbre en el intercambio, también se complica la información requerida, lo cual se refleja en un incremento en los costos de transacción por la necesidad de exigir garantías y mecanismos de verificación para que el intercambio se dé. Según North, las instituciones económicas se transforman a través del tiempo en respuesta, fundamentalmente, a cambios en los precios relativos de los recursos que son centrales al desempeño económico. Estos cambios modifican la estructura de incentivos y dan lugar a “dolientes” que luchan por modificar el marco institucional a su favor, lo cual puede conducir a transformaciones de naturaleza revolucionaria, en el sentido de que intentan una ruptura radical con el orden existente. En ello pueden incidir consideraciones de naturaleza ideológica, elemento institucional informal que, en algunos casos, tiene gran significación. Ésta va a tener mayor impacto si se formula como asociada a modificaciones favorables, en términos de mayores beneficios y/o reducción de costos, para un sector de partidarios, lo cual fortalece su poder de acción y negociación frente a terceros. No obstante, los cambios proseguidos tienden a incrementar la tensión con las instituciones informales sembradas en la cultura y la tradición, por lo que suele prevalecer cierta continuidad en todo proceso de cambio. Por estas y otras razones, North considera que las transformaciones suelen ocurrir más bien en la forma de adaptaciones marginales. Ello se asocia a modificaciones en la correlación de fuerza de distintos actores en función de los cambios en los precios relativos antes mencionados. Las consideraciones anteriores son importantes en la medida en que se ubique el programa de reformas propuestas para Venezuela como uno de transición entre formas excesivamente intervencionistas del Estado en el quehacer económico a una economía fundamentada mucho más en las interacciones mercantiles. Siguiendo la metodología del informe del Banco Mundial antes citado, el análisis de economía política debe contemplar primero el contexto en el que se proponen las reforma, luego la arena en el que incurren estas reformas y, finalmente, el proceso propiamente dicho de reformas (Op. cit.,:9-10). El marco institucional para las transformaciones propuestas se refiere al contexto de reformas. Va a condicionar la efectividad y alcance de las mismas, y a poner al descubierto limitaciones que podrían obligar a la modificación de las instituciones existentes.

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Es evidente que el intervencionismo del Estado y la subordinación de la acción del mercado a consideraciones políticas en nuestro país no se origina en la gestión de Chávez sino que hunden sus raíces en la conformación del Estado Nacional a principios del siglo XX al amparo de un ingreso petrolero creciente manejado por éste. Este contexto histórico es de gran importancia para comprender el comportamiento de muchos actores económicos y el por qué de cierta “funcionalidad” en el diseño de algunos elementos de la política del presente gobierno, no obstante sus desastrosos resultados. En atención a ello, la siguiente sección abordará de manera breve algunos aspectos de lo que puede llamarse la conducta rentista de muchos agentes económicos y cómo ello ha moldeado las actitudes referentes a la iniciativa privada y el libre discurrir de los mecanismos de mercado. I. CONTEXTO DE LA REFORMA: Elementos de la conducta rentista La explotación petrolera en Venezuela le ha proporcionado ingentes recursos al Estado para la prosecución de sus objetivos de política. La estrategia de “sembrar el petróleo” formulada inicialmente por Uslar, se materializó a través de un fuerte protagonismo público en los asuntos económicos, en particular a partir del llamado trienio adeco de 1945-48. Desde el Estado se instrumentaron incentivos diversos para alentar la inversión productiva a través de exoneraciones o exenciones de impuesto, financiamiento preferencial, una política de “compre venezolano”, y barreras arancelarias y de restricción cuantitativa a las importaciones para proteger la industria local. Igualmente, el Estado promovió los derechos gremiales de trabajadores y campesinos, así como la fijación de un salario mínimo y, posteriormente, recurrió a alzas de salario por decreto, sin mencionar sus esfuerzos en materia de salud, educación y seguridad social. Podría afirmarse que en Venezuela el petróleo permitió la construcción de los elementos de un Estado de Bienestar, pero no como resultado de las luchas reivindicativas de distintos sectores sociales, sino por la voluntad y convicción ideológica de los partidos de inspiración democrática que gobernaron a partir de esas fechas. El rol tutelar que se arrogó el Estado en el manejo de la economía colocó al sector privado en una situación subordinada. Si bien se edificó un marco legal de seguridad jurídica a la propiedad y de orden procesal, ello estaba sujeto, en última instancia, a la anuencia del Estado, que se entendía como representante de los supremos intereses de la Nación, por encima de los intereses particulares que pudieran expresar los empresarios. Un hecho indicativo de tal actitud, ya no de gobiernos democráticos de izquierda, sino de la dictadura, lo proporciona el caso del proyecto presentado a Pérez Jiménez por el Sindicato del Hierro, consorcio de 170 personas lideradas por Eugenio Mendoza, referente a la construcción de una Siderurgia Nacional, para lo cual solicitaban medidas de protección frente al acero importado. El dictador simpatizó con la idea, pero le hizo saber a los proponentes que el Estado se reservaría la ejecución del proyecto, desestimando la participación privada (Ruiz, H., 1997:157). Ello dio origen a la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR), culminada en 1958, de propiedad estatal. Cabe señalar que, como expresión de esta cultura “estatista”, las garantías económicas de la Constitución de 1961 fueron suspendidas el día siguiente de haber sido aprobada y no se restablecieron sino 30 años después bajo la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez. En manos del Estado quedaba la autorización por invertir en nuevas industrias, la potestad de expropiar negocios existentes, decisiones sobre los precios a los cuales vender las mercancías, salarios y condiciones laborales a ser cumplidas, así como cierta discrecionalidad en el otorgamiento de incentivos fiscales, financieros o de protección arancelaria a la producción doméstica. Progresivamente, tal discrecionalidad regulatoria, en el marco de la estrategia de industrialización por sustitución de importaciones, se fue permeando por intereses político-partidistas y/o de grupos

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económicos, dando lugar a significativas oportunidades para cosechar rentas. Por intermedio de relaciones privilegiadas con los responsables de la toma de decisiones capaces de afectar el desenvolvimiento de actividades productivas o comerciales, los dueños de negocio lograban cosechar ingresos sin que ello tuviese como contrapartida aportes al desarrollo competitivo de la economía. Asimismo, los trabajadores se acostumbraron a remuneraciones reales elevadas, dada la sobrevaluación del bolívar, y a su alza recurrente, sin que éstas estuviesen acotadas por incrementos de productividad. Con la bajísima inflación de los años ’50 y ’60, ello redundó en un ambiente en el que rendía mucho el sueldo, dando lugar a uno de los mayores niveles de vida de Latinoamérica. El intervencionismo estatal se acentuó, particularmente, bajo el gobierno de Jaime Lusinchi, ante las dificultades que enfrentaban las actividades productivas y comerciales por el agotamiento de la estrategia de orientación hacia adentro (“década perdida” de los años ‘80 y crisis de la deuda). Esta participación se extendió a la dirigencia laboral por medio de la influencia en las decisiones de gobierno del Buró Sindical de Acción Democrática cuando este partido ocupaba el poder y, desde luego, a las diversas instancias del Estado, tanto a nivel nacional como estadal y local. De ahí que diversos grupos de presión luchaban entre sí por su cuotaparte de renta a través de prácticas clientelares. Al hacerse imperativa la apertura y la liberación de la economía bajo el segundo gobierno de CAP, las actividades agrícolas e industriales revelarían su escasa capacidad de sobrevivencia sin el amparo estatal. Las características del rent-seeking (Krueger, 1974) venezolano han sido descritos, en su dimensión política, por Juan Carlos Rey (1991), quien lo caracterizó como un sistema semicorporativo de conciliación de élites. Ahí alude a la imbricación de intereses entre las élites políticas, económicas, sindicales, religiosas y militares en aras de estabilizar el régimen político democrático, basado en mecanismos diversos que se instituyeron para usufructuar estas rentas. El cabildeo o lobbying político resultó ser consustancial a este sistema y auspició prácticas de soborno, comisiones y otras corruptelas, sobre todo en contrataciones con el sector público, comentadas también por Karl (1996) al describir al PetroEstado. Justo es reconocer que la rivalidad entre los dos partidos mayoritarios que se alternaron en el gobierno (hasta 1993) logró la aprobación de leyes que penaban estas prácticas. Pero no logró erradicarlas, dada la magnitud de las rentas en juego y la complicidad entre funcionarios y hombres de negocio por buscarle la vuelta a tales prohibiciones. La evolución de este sistema, desde un marco conceptual ligeramente diferente, ha sido descrita también por Diego Bautista Urbaneja en su libro, La renta y el reclamo (2014). Desde esta perspectiva es factible argumentar la existencia de una continuidad en el ejercicio de prácticas populistas de gobierno, si bien con variantes y no exento de sobresaltos, entre la dinámica de la relación Estado – sector productivo a lo largo del siglo XX, con las distorsiones que irían a presentarse en el siglo XXI bajo la presidencia de Hugo Chávez. Con base en las consideraciones anteriores se pueden entresacar algunas características de la cultura rentista que se fue asentando bajo la estrategia de “sembrar el petróleo” y que permearon luego en el régimen de Chávez – Maduro: 1) Ataña al Estado tomar las decisiones estratégicas sobre la conducción de la economía, correspondiéndole el control de lo que son considerados industrias básicas. Debe procurarse que el desenvolvimiento de la economía obedezca a criterios de desarrollo definidos por el Estado, sin que necesariamente éstos respondan a razones económicas; 2) La relativa autonomía financiera del Estado, por ser perceptor de cuantiosos ingresos petroleros, lo hace menos dependiente de la tributación interna y, concomitantemente, se siente poco obligado a rendir cuentas (accountability) sobre el usufructo de los recursos públicos.

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3) Lo anterior se asocia a un alto grado de voluntarismo por parte de los distintos gobiernos, provistos de ingentes recursos para avanzar con sus políticas y proyectos particulares. Ello se ha traducido en un fortalecimiento del Presidencialismo y una amplia discrecionalidad en la toma de decisiones. Paradójicamente, atenta contra la concepción de sus políticas como “de Estado”, pues un nuevo gobierno no se sentirá comprometido a continuar con su ejecución. 4) Como ente tutelar del desarrollo, el Estado debe proveer las condiciones y elementos materiales con base en las cuales se logren estadios más elevados de bienestar, lo cual queda estipulado en una batería de derechos constitucionales. La iniciativa privada como motor del crecimiento tiene escaso reconocimiento. El Estado proveerá, sin que la provisión de los derechos guarde relación con el cumplimiento de los deberes por parte de quienes los demandan. 5) No hay un sentido de corresponsabilidad ciudadana en la provisión de los bienes públicos. De hecho, bajo la relación paternalista que existe con el Estado, hay escasa cultura ciudadana. 6) El sector privado, por proseguir intereses particulares, debe ser sometido a control y regulación Estatal para evitar que sus apetencias de lucro atenten contra los intereses colectivos por los que corresponde velar el Estado. Para muchos venezolanos, el empresario no lo es tal, sino un buscador de rentas que se vale de su poder económico e influencias. No es de fiar y siempre está dispuesto a saltarse los controles. 7) La generalización anterior hace que tenga escasa valoración el emprendimiento como fuente de negocios prósperos. La riqueza suele ser vista como fruto de herencia, conexiones y/o de la picardía. Poca estima se le da a los méritos, talentos y esfuerzos como fundamento del éxito económico. 8) Las desigualdades e injusticias económicas tienen que ver con la rapacidad y apetencias excesivas de los dueños de negocio. La actividad económica se concibe como un “juego sumacero” en el que suelen salir gananciosos los ricos, dada su influencia sobre los poderes político y judicial. 9) La propiedad privada y el apego al Estado de Derecho es visto, en última instancia, como relativos. No son considerados la base del orden social y político. Pueden ser vulnerados en función de asegurar los derechos que el Estado está obligado a asegurar (caso Caracazo, invasiones, etc.). Las características anteriores dibujan un clima institucional poco favorable al desarrollo vigoroso de una economía de mercado basado en la iniciativa privada. Se asocian, más bien, a un desapego a la norma, al bajo respeto por la propiedad ajena, a una expectativa de que el Estado tiene que cumplir con lo que cada quien considera son sus derechos, pero sin que medie para ello el cumplimiento de sus deberes. En un plano más político, al venezolano lo han llevado a creer que el país avanza realmente solo por la vía de las revoluciones, lo cual dificulta la consolidación de instituciones duraderas. Tiende a prevalecer la idea de la provisionalidad de muchas ejecutorias, que siempre podrán ser superadas por “alguien mejor”. Complementa el panorama un igualitarismo basado en la ausencia de una cultura meritocrática, la irreverencia como una virtud en sí misma -independientemente del contexto- y la valoración de quienes la exhiben como muestra de carácter, valentía y/o personalidad. Como puede apreciarse, el anterior cuadro tiende a hacer más aceptables regímenes de fuerza que, enarbolando banderas “revolucionarias”, prometen barrer con las “estructuras podridas” que sustentan privilegios e injusticias, limitan las aspiraciones del pueblo en nombre de preceptos “neoliberales” y son fuente de corrupción. En este sentido, el triunfo de Chávez, si bien produjo rupturas importantes

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con la vida política del país, también representó la continuidad de llevar hasta sus extremos muchas actitudes o formas de ser prevalecientes. El socialismo petrolero de Hugo Chávez a) A nivel Macroeconómico La prevalencia del Estado como ductor de la economía y la conformación de lo que Terry Lynn Karl (op. cit.) ha denominado el PetroEstado ha encontrado en las gestiones de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro sus expresiones más acabadas. El gobierno de Chávez se caracterizó por articular un dispositivo macroeconómico para maximizar la disponibilidad de ingresos en manos del fisco para la prosecución de sus fines políticos, saltándose los controles sobre su usufructo y aplicación. Ello se enmarcó dentro de lo que el propio Chávez denominó “socialismo petrolero”. “Este es un socialismo petrolero. No se puede concebir el modelo económico que queremos construir en Venezuela si no incluimos la gota petrolera. (…) Con el petróleo haremos la revolución socialista” 1.

La formidable base financiera que se logró acumular se volcó en un gasto público discrecional, incluyendo la instrumentación de diversos mecanismos para transferir recursos a sectores de bajos ingresos –las llamadas misiones2-, que constituyeron su base política de apoyo por excelencia3. No puede negarse que, durante los años de bonanza petrolera el consumo de estos sectores mejoró. Pero ello ocurrió en un marco de abatimiento de las instituciones del Estado de Derecho, en particular, las referentes a la rendición de cuentas, y la acción contralora de poderes autónomos y los medios de comunicación social, lo cual permitió el usufructo de los recursos públicos en función de intereses particulares o grupales. Entre sus elementos operacionales, pueden citarse los siguientes: •

Esfuerzos por maximizar la renta petrolera a través de la restricción de la producción, en concierto con el resto de la OPEP. Ello estaría encubriendo, además, la incapacidad de recuperar los niveles de extracción petrolera previos a la expulsión de casi 20.000 trabajadores de PdVSA en 2003;

•

Estimación de ingresos fiscales con base en precios del petróleo muy inferiores a los previsibles para disponer de excedentes para el gasto discrecional del Ejecutivo, autorizados a través de la de créditos adicionales aprobados por un poder legislativo displicente;

•

Decreto-ley de Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de Hidrocarburos, que pecha los “windfall profits” provenientes del alza en los precios del crudo. Obvia todo compromiso con los gobiernos regionales por vía del Situado Constitucional, centralizándolos en manos del Ejecutivo (Fonden);

•

Mejora en la recaudación fiscal del sector no petrolero rezagando el ajuste de la unidad tributaria con respecto a la inflación, con lo cual personas de ingreso real constante van siendo pechadas con tarifas cada vez mayores al aumentarse su ingreso en unidades tributarias;

Declaraciones recogidas por el diario, El Nacional, Pág. 4 Nación, 30 07 07. constituyen una especie de Estado paralelo a la estructura tradicional de ministerios e institutos, bajo supervisión directa de la Presidencia. Pueden mencionarse, entre otras, las siguientes misiones: Ribas, Alimentación, Barrio Adentro, Vuelvan Caras, Milagro, Guaicaipuro, Sucre, Identidad, Ciencia, Vivienda, Robinson, Revolución energética, Árbol, Música, financiadas por PdVSA. 3 Entre otras aplicaciones de estos cuantiosos recursos está la “compra” de aliados internacionales a través de ventas de petróleo generosamente financiadas, exoneraciones de deuda y otras ayudas. 1

2Éstas

9

•

Creación de numerosas contribuciones especiales y exacciones al sector privado para alimentar programas específicos del Ejecutivo;

•

Creación de fondos diversos para acumular recursos extra presupuestarios a libre disposición del Ejecutivo. Entre otros: Fonden, Fondespa, Fondo Miranda, Fondo Bicentenario, Fondo Simón Bolívar y Fondo Social para la Captación y Disposición de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública Nacional;

•

Contabilización fraudulenta de ganancias cambiarias en el Banco Central que fueron transferidas al fisco como dividendos; Cuadro N° 1 VENEZUELA Recursos amasados por el Estado 1999 - 2014 Millones de USD Deuda Pública Externa

Incremento

Ingresos

Población Total/Pob. (miles)

USD

4,628

-504

12,178

9,760.95

54,518

23,413

2,328.6

29,067

6,310

2,294

16,735

11,128.96

65,536

23,867

2,745.8

26,104

10,685

1,412

27,874

11,887.53

77,962

24,311

3,206.9

2001

25,942

15,207

4,360

21,745

13,951.27

81,206

24,766

3,279.0

2002

27,702

13,952

505

21,532

10,238.63

73,930

24,934

2,965.0

2003

28,853

14,956

2,155

22,029

9,843.71

77,837

25,383

3,066.5

2004

28,138

15,812

141

32,871

13,007.95

89,970

25,831

3,483.0

2005

30,534

15,985

2,569

48,143

16,395.82

113,627

26,276

4,324.3

2006

26,951

16,853

2,715

57,972

18,313.34

117,374

26,724

4,392.0

2007

39,244

16,747

12,186

62,947

20,836.54

151,961

27,172

5,592.6

2008

50,902

14,199

9,111

89,035

21,303.71

184,550

27,618

6,682.2

2009

68,525

24,736

28,160

54,178

20,087.53

195,686

28,063

6,973.2

2010

88,652

34,735

30,126

62,317

19,025.14

234,855

28,507

8,238.4

2011

103,140

35,840

15,593

88,131

22,275.41

264,979

28,946

9,154.2

2012

113,112

59,387

33,519

93,569

21,251.19

320,838

29,382

10,919.6

2013

112,103

66,746

6,351

85,603

16,598.98

287,402

29,814

9,639.9

2014

117,217

77,789

16,157

71,731

16,575.08

299,469

30,241

9,902.6

161,923

868,590

272,482

1,302,995

1998

28,455

1999 2000

Totales (1999-2014)

Interna 1/ Deuda Pública Export. Petr.no Petrol. 2/ TOTALES

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1/ Convertido a dólares según tipo de cambio oficial de cada año. 2/ Convertido a dólares según tipo de cambio que refleja PPA cada año. FUENTE: Deuda pública interna, Ministerio de Finanzas; Deuda pública externa, exportaciones e ingresos internos, BCV; Población, INE

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•

Conversión de PdVSA y otros entes en ejecutores directos de gasto social, sin supervisión de la Asamblea Nacional ni mecanismos claros de rendición de cuentas;

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Fuerte endeudamiento público;

•

Afianzamiento de la producción petrolera futura como garantía del fuerte endeudamiento con China, por un orden de USA $60 millardos;

•

Control de cambio instrumentado desde comienzos de 2003, que represó la liquidez en el interior de la economía e hizo bajar las tasas de interés en los mercados financieros domésticos. Ello redujo el servicio de la altísima deuda interna contraída por el fisco. Pero el racionamiento del dólar impulsó un mercado negro como referencia para los precios de muchos bienes importados.

•

Reforma de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público para permitir la contratación de deuda a discreción del Ejecutivo, sin necesidad de “contar con la autorización de la Asamblea Nacional ni con la opinión del Banco Central de Venezuela" (art. 81).

Adicionalmente, reformas sucesivas de la Ley del Banco Central de Venezuela han permitido: •

El usufructo discrecional de reservas internacionales “excedentarias” estimadas en cada período, que se canalizaron al Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), sin la debida rendición de cuentas;

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Financiamiento del BCV al “Estado y a entes públicos y privados”, sujeto a decisión del Presidente de la República (art. 37 de la reforma de esta ley hecha el 30 12 2015).

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Acumulación de divisas petroleras en el Fonden, al cesar la obligación de su venta íntegra al BCV.

En total, sumando los ingresos por exportación de petróleo, el incremento de la deuda pública, tanto interna como externa, y los impuestos a las actividades no petroleras, el sector público ha manejado una cantidad superior a los 1,3 billones de dólares (1,3 x 1012) entre 1999 y 2014, como lo revela el cuadro N° 1. b) A nivel microeconómico Bajo el argumento de defender el poder adquisitivo del pueblo trabajador y evitar prácticas especulativas que atentasen contra los intereses de la Nación, se han instrumentado una serie de controles y regulaciones sobre la economía por parte del Ejecutivo que interfieren directamente los mecanismos de mercado para asignar recursos y para canalizar las transacciones entre compradores y vendedores. Éstos han sido sustituidos por criterios discrecionales divorciados del costo de oportunidad de producir y/o comercializar bienes y servicios y usados frecuentemente como excusa para la extorsión por parte de funcionarios civiles y militares. Son, en tal sentido, fuente principal de corruptelas y del enriquecimiento ilícito de éstos. Su aplicación se ha exacerbado recientemente alegando la existencia de una “guerra económica” de la burguesía y el imperio contra la “revolución” (¡!). Ello ha servido de excusa para un Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica4 -

Gaceta Oficial N° 6.227 Extraordinario, del 13 de mayo de 2016. Según el artículo 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el decreto debe ser aprobado por la Asamblea Nacional y, conforme al artículo anterior 4

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en contra de la opinión de la Asamblea Nacional- que facilita aún más el usufructo discrecional de los recursos sociales. Pueden citarse las siguientes áreas de aplicación: Control de precios: A través de sucesivas reformas de lo que inicialmente fue la Ley de Protección del Consumidor se arribó finalmente a una Ley Orgánica de Precios Justos, promulgada por decreto presidencial el 21 de noviembre 20135, que cambia radicalmente sus propósitos originales. De un instrumento para garantizar los derechos del consumidor y educarlo en esos derechos, se pasa a una norma para fijar y controlar precios, dotada de los mecanismos de fiscalización de éstos, así como de los márgenes de ganancia de las empresas, con severas sanciones por incumplimiento. La ley tiene un carácter fuertemente punitivo, y las sanciones van desde multas a confiscación de bienes y suspensión de la licencia o autorización para operar, sin que ello eximia “a las infractoras o los infractores sancionados, de su responsabilidad civil, penal o administrativa” de acuerdo a otros instrumentos legales existentes. Entre otras infracciones, la ley contempla el Acaparamiento, Boicot y la Desestabilización de la Economía (art. 54-6), cuya descripción se presta a interpretación discrecional por parte de los inspectores, abriendo así amplias posibilidades de extorsión. Para velar por esta ley, se crea una Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos SocioEconómicos (SUNDDE) que, de conformidad con sus atribuciones, pasa a ejercer la función de “policía de precios”. Distribución de alimentos y medicamentos: Ya en 2008 había sido aprobado el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Entre otras disposiciones, regula y somete a control la movilización de productos agroalimentarios en el mercado interno. Se apoya en la supervisión de la Guardia Nacional en Alcabalas y a las puertas de despacho de las empresas, de las guías que autorizan la movilización de mercancías dentro del territorio nacional. La restricción al transporte de bienes también ha sido tomada en previsión del llamado “contrabando de extracción” de mercancías cuyos precios han sido fijados por la SUNDDE y/o que estén subsidiados, hacia países vecinos. Este “contrabando” recibe incentivos sumamente atractivos por la diferencia entre las tasas oficiales de cambio con la que registra el mercado paralelo. Más recientemente, el presidente Maduro decretó la creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano6 que, en el marco del Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica antes mencionado, pone en manos militares las medidas concernientes al abastecimiento nacional de alimentos y medicamentos. Se crea un Comando para el Abastecimiento Soberano, en la forma de una “Comisión Presidencial de carácter operativo y directo”. El Ministro de la Defensa y Comandante Estratégico Operacional (CEO) asume la jefatura del Órgano Superior de este Comando. Su estructura es de naturaleza castrense, con un Estado Mayor para cada uno de los vértices operativos a que se refiere su decreto de creación7, Comandos Regionales y “equipos técnicos de carácter cívico-militar”. (# 338), tendría una duración de 60 días, prorrogable una sola vez con el visto bueno del órgano legislativo. Ninguna de estas condiciones se cumplió en el presente caso. 5Gaceta Oficial Nº 40.340, 23 de enero de 2014 6 Decreto Nº 2.367 del 07 de julio de 2016. 7 Atención de la Producción Eficiente y Sostenible; Logística Oportuna; Construcción y Consolidación de un Nuevo Sistema de Distribución y Comercialización; Conformación de un nuevo Sistema de Determinación de Costos, Rendimientos y Precios Justos; Consolidación de todas las Formas de Organización y Atención Integral de los Actores que Intervienen en los Procesos Productivos; Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral de la Patria; Impulso de la investigación y desarrollo aplicado a los procesos productivos vinculados a los distintos Motores contemplados en este Decreto, y a la sustitución de importaciones.

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Dispone de un Segundo Comandante Estratégico Operacional en la persona del Jefe del Estado Mayor Conjunto del Comando de igual nombre de la FANB. Según este decreto, los entes de la Administración Pública con competencia en materia de abastecimiento deberán obedecer… “…las directrices, regulaciones e instrucciones emanadas del Comando para el Abastecimiento Soberano en las materias de su competencia, debiendo someterse a su coordinación para la ejecución de sus actividades en dichas materias.” (art. 8)

Conforme a su artículo 7, el Comando para el Abastecimiento Soberano… “…podrá establecer, a cargo de determinadas categorías de sujetos de las cadenas productivas y de distribución de los rubros señalados el artículo 1 de este Decreto, la obligación de vender a determinadas empresas u otros entes estatales el porcentaje de su producción que sea necesario, con los requisitos y condiciones que estableciere previamente mediante Resolución, o fueren acordados mediante Convenios, de conformidad con el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Precios Justos.”

Es decir, “legaliza” la expropiación discrecional de parte de la producción de las empresas. Durante años, el gobierno procuró atender las demandas de los sectores de menores recursos por productos subsidiados y/o de precios regulados a través de la red pública de establecimientos comerciales: Mercal, Abastos Bicentenario, Corporación CASA, PdVAL y otros, pero terminó desechándolos por sus altos costos de funcionamiento y porque las largas colas que se formaban a las puertas de estos establecimientos visibilizaban dramáticamente la escasez creciente de productos y, por ende, el fracaso de sus políticas al respecto. La red física se viene usando, entonces, de apoyo logístico para la implantación de mecanismos de distribución directa a los hogares denominados Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAPs). Supuestamente los CLAPs serían instancias de un Poder Popular integrado por Consejos Comunales, otros miembros de la comunidad y pequeños comerciantes y productores, pero la presencia de representantes del Frente de Mujeres del PSUV (UNAMUJER), de las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) y del Frente Francisco de Miranda no dejan lugar a dudas de la intención de someter este mecanismo a control políticopartidista. Por otro lado, la columna vertebral logística de los CLAPs descansa en los operativos militares arriba mencionados. El mecanismo de los CLAPs consiste en la distribución de bolsas de algunos productos básicos a precios módicos directamente a los hogares de las personas inscritas para ello. En el mejor de los casos, es decir, en aquellos hogares que reciben de manera regular y periódica estas bolsas, de ninguna manera alcanzan para cubrir los requerimientos mensuales de una familia tipo, según las numerosas denuncias realizadas. En muchos casos, la distribución está lejos de ser regular y varían arbitrariamente los artículos que conforman las bolsas. Es decir, como intento de sustituir los mecanismos mercantiles de abastecimiento de la población, ha sido un fracaso. No obstante, el gobierno defiende su existencia, llegando a afirmar que es uno de los mecanismos fundamentales de la “revolución”, poniendo en evidencia su funcionalidad para con la prosecución de sus fines políticos. La intención de utilizar el abastecimiento de bienes y servicios a precios regulados o subsidiados como mecanismo de control social encuentra aún mayores posibilidades de concreción con la instrumentación de una Tarjeta Socialista, Tarjeta de la Patria o Tarjeta de Misiones Socialistas. Ésta será requisito para registrar aquellos beneficiarios de los distintos programas sociales del gobierno. Entre otras cosas, autoriza el acceso a los productos en cuestión, incluyendo vivienda, por lo que

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servirá como tarjeta de racionamiento electrónica bajo control del Estado. Denuncias recientes señalan que en distintas partes del país se está condicionando la inscripción para esta tarjeta a que el solicitante también suscriba un petitorio para desactivar la Asamblea Nacional, hoy dominada por las fuerzas democráticas. Por último, cabe mencionar, a nivel bancario la aplicación de “gavetas” crediticias obligatorias, extendiéndolas a los microcréditos, la vivienda, el turismo y la industria, además de la agrícola, a tasas reales negativas. Las especificaciones para la concesión de financiamiento a través de la cartera agrícola han sido ampliados y sometidos al control del Comando para el Abastecimiento Soberano, según el artículo 9 del decreto respectivo. En resumen, se ha conformado un dispositivo amplio para la aplicación de medidas de control y sanción sujetos a la discreción del funcionario público -civil o militar- encargado de su cumplimiento. Los controles de precio y las regulaciones punitivas han representado una veta sumamente lucrativa para el arbitraje (reventa de productos, gasolina o dólares regulados, a precios muy superiores), la sobrefacturación de importaciones, el desvío de recursos para fines particulares y la extorsión por parte de funcionarios militares y/o civiles con incumbencia al respecto en virtud de las normas interventoras implantadas, sin mencionar las contrataciones turbias del gobierno y de empresas públicas. El múltiplo del precio a que se consiguen muchos bienes por sobre el regulado, el diferencial entre el precio en el que se vende la gasolina en Venezuela con el de los países vecinos y el abismo entre la cotización Dipro del dólar y la de Dicom o, más aun, la del mercado paralelo, dan una idea de las inmensas oportunidades de “negocio” involucradas. Adicionalmente, ciertos derechos y/o beneficios como la Pensión de Vejez se prestan, asimismo, para pagos “por debajo de cuerda” para poder ser disfrutados. Estas prácticas se han afianzado con la impunidad, la ausencia de transparencia y la no rendición de cuentas, así como con la complicidad desde las altas esferas del poder. Así lo atestigua la defensa inmediata e irreflexiva por parte del presidente Maduro de aquellos acusados de narcotráfico, lavado de dinero y de otras irregularidades. Particular significación ha adquirido la participación militar en estos mecanismos, pues hoy constituyen el principal sustento del gobierno. En atención a ello, pareciera existir una intención deliberada por corromper a estamentos directivos de la Fuerza Armada con el fin de hacerlos cómplices de las irregularidades que pueden cometerse con los mecanismos antes referidos. Junto a militantes del PSUV, los militares controlan la importación y distribución de alimentos, “custodian” todo lo que pasa por las fronteras, extorsionan a empresas y confiscan sus productos, se les entrega una “patente de corso” para intermediar en la explotación petrolera y minera mediante la creación de la empresa Camimpeg y se les involucra en irregularidades como el apoyo al tráfico de estupefacientes, según denuncias de la DEA. c) El marco institucional Las medidas mencionadas se han llevado a cabo en el marco del desmantelamiento deliberado del Estado de Derecho por parte del movimiento político que ocupa el poder. Sin entrar en detalles, se han menoscabado los derechos individuales, civiles, políticos y económicos consagrados en nuestra Carta Magna. En el plano estrictamente económico, la violación de los derechos de propiedad y la sumisión de lo que deberían ser garantías procesales a consideraciones políticas se ha reflejado en numerosas expropiaciones y confiscaciones de activos productivos, que ha redundado en un clima de gran incertidumbre y de inseguridad jurídica. Junto al acoso al sector privado por la batería de controles y regulaciones antes referidas, ha provocado en muchas empresas una conducta de sobrevivencia,

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focalizado en el corto plazo y poco dispuestos a nuevas inversiones. Más allá, la desconfianza y la incertidumbre han desestimulado severamente la propensión a incurrir en los riesgos de la innovación y del cambio tecnológico, afectando adversamente, junto al exceso de controles y regulaciones, y el deterioro de servicios, su capacidad competitiva. Puede argumentarse, más bien, que los incentivos que se desprenden de esta situación propenden a que el dueño de un negocio preste más atención a las oportunidades que le deparan los cambios continuos en las reglas de juego, los diferenciales de precios y la instrumentación discrecional de las normas que afectan el desempeño de su empresa, para sacar provecho de ellas en función de mejor su rentabilidad, dejando a un lado la innovación y la mejora productiva. En tal sentido, tiende a prevalecer un proceder muy tentado por acciones especulativas, en detrimento del emprendimiento propiamente dicho. En un plano macro, el desmantelamiento del Estado de Derecho se expresa en la centralización del poder y la toma de decisiones en manos de la Presidencia de la República, y la sumisión a él de los demás poderes. Se ha dado al traste con el equilibrio y autonomía de los poderes públicos, llegando al extremo de desconocer abiertamente las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional. Además de desconocer las potestades legislativas, de contraloría y de interpelación de funcionarios que tiene la Asamblea -ahora denominada por fuerzas democráticas- el presidente Maduro, amparándose en el TSJ, ha hecho uso de créditos adicionales y aprobado el presupuesto nacional para 2017 obviando la necesaria aprobación del Órgano Legislativo. El Poder Público que, mediante el sufragio, expresa la pluralidad de preferencias que resume el ejercicio

de la soberanía popular es, a nivel nacional, la Asamblea Nacional. En nombre del pueblo que la eligió, toca a la Asamblea –entre otras cosas- velar por la administración adecuada de los recursos que, en ejercicio de su soberanía, son entregados al Estado para que éste atienda sus intereses colectivos como Nación. El instrumento mediante el cual ello debe ocurrir es la Ley de Presupuesto, que debe ser aprobada, junto con todo crédito adicional, por parte de la Asamblea Nacional (art. 187 y 313). La Constitución es tajante al afirmar que no puede ejecutarse ningún gasto “que no esté previsto en la Ley de Presupuesto” (art. 314). Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia -ilegítimamente designado por desatender los requisitos y procedimientos pautados en la Constitución para ello-, en clara y manifiesta violación del orden constitucional, aprobó el 11 de octubre usurpar tales atribuciones arrogándose la potestad –no prevista en ningún texto legal- de ejercer por su cuenta y de manera exclusiva esta acción contralora, al declarar: “Que en esta oportunidad el Presidente la República deberá presentar el presupuesto nacional ante esta máxima instancia de la jurisdicción constitucional, dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la presente decisión, bajo la forma de decreto que tendrá rango y fuerza de ley, la cual ejercerá el control de ese acto del Poder Ejecutivo Nacional, conforme a lo previsto en el Texto Fundamental, todo ello en garantía de los principios constitucionales que rigen la materia presupuestaria”.

Ello viola el orden constitucional, en particular, lo dispuesto en sus artículos 7, 25 y 139, además de los antes citados. Al escamotear la voluntad popular de una manera tan arbitraria, el Ejecutivo pone de manifiesto también su desacato de lo contemplado en el artículo 145: “Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna…” Es decir, la acción de los poderes públicos -salvo la Asamblea Nacional por estar en manos opositoras- se orienta por los fines políticos dictados desde el Ejecutivo y no por la observancia de la ley. En fin, la apropiación de bienes públicos para

uso personal -camionetas, escoltas, viáticos generosos y otras prerrogativas que se han otorgado los

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jerarcas chavistas a través de los años- no deben someterse al escrutinio de un poder legislativo independiente. Mucho menos las comisiones y demás exacciones al tesoro nacional a través del manejo discrecional, sin rendición de cuentas, de las partidas de gasto. Alteraciones al orden constitucional como las reseñadas ponen de manifiesto el arbitrio discrecional de

quienes manejan las palancas de decisión del Estado, con que usufructúan los recursos que el país les ha confiado para su sana y correcta administración. Se “legaliza” abiertamente un Estado Patrimonialista –figura introducida por Max Weber (1978)- caracterizado por la confusión del patrimonio público perteneciente a la Nación, con el patrimonio privado de quienes están al frente del Estado. En nombre del socialismo son privatizados los bienes públicos por parte de una oligarquía que detenta el poder para la prosecución de sus fines particulares. El régimen se ha arrogado la fijación de precios de los bienes y servicios, y de los canales a través de los cuales deben ser comercializados; decide quién contrata con el Estado y bajo qué modalidades, qué cosas importar y cómo, y a quiénes se les entregan dólares preferenciales. Asimismo, asume la prerrogativa exclusiva de asignar concesiones mineras y petroleras y se reserva otras a discreción, sin rendir cuentas y eximiéndose de la acción contralora de la Asamblea Nacional y de los medios de comunicación. Más allá, la “validación” otorgada por un TSJ írrito para saltar los controles y resguardos que establece la Constitución en materia presupuestaria equivale a una patente de corso para ignorar cualquier limitación a la abierta expoliación de los recursos pertenecientes a todos los venezolanos por parte de quienes están en el poder. No hay restricción institucional alguna, una vez abatido el Estado de Derecho, para evitar que los dineros públicos sean apropiados para cualquier manejo irregular que puede ocurrírsele a la actual oligarquía. El país está a su libre albedrío. Los resultados económicos de las medidas tomadas han sido sumamente adversos. Sin entrar a hacer un balance detallado, pues no es el objetivo del presente capítulo, el país ha experimentado una caída de sus actividades productivas desde 2013 que pudiera llegar a un 30%. La inflación ha sido la más alta del mundo por cuatro años consecutivos. Por su parte, el empeño del Ejecutivo de privilegiar el pago de la deuda externa, aun con la drástica caída en los ingresos por exportación del crudo, ha significado una reducción brutal de las importaciones, agravando severamente el desabastecimiento de alimentos y medicinas, y avivando las alzas de precio. En consecuencia, la población ha sufrido un proceso acelerado de empobrecimiento, con graves secuelas en materia de hambre y desnutrición, muertes por no conseguir los medicamentos y/o los tratamientos requeridos, incremento en la mortalidad infantil y de madres parturientas, además de la morbilidad relacionada con distintos padecimientos. A pesar de esta situación, el presidente Maduro se ha negado obstinadamente a rectificar sus políticas. Desde hace más de dos años, el Banco Central de Venezuela y el Ministerio para la Salud, entre otros, han desistido de publicar las estadísticas económicas y sobre salud a que están obligados, en un ejercicio de criminal irresponsabilidad por ocultarle a los venezolanos las terribles consecuencias de las políticas del gobierno. La razón de esta negativa a rectificar no es otra que los poderosos intereses creados en torno a la expoliación de la riqueza social, atrincherados en los nodos decisorios del Estado en virtud de las medidas que se han venido comentando. Los escándalos de corrupción reseñados a nivel internacional referentes a los millardos de dólares sifonados a cuentas en bancos de Andorra, República Dominicana, Panamá y otros países; el escamoteo del fondo de jubilaciones de PdVSA; las comisiones y negocios fraudulentos contratados en nombre de esta empresa; y las fortunas amasadas

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por tráfico de estupefacientes a través de Venezuela -con la vista gorda o complicidad activa de las autoridades-, dan una idea de las magnitudes de dinero en juego. El Estado Patrimonialista se ha defendido desmantelando las instituciones del Estado de Derecho y desatando una ofensiva ideológica que procura legitimar ante los suyos los desmanes que ha ocasionado, bajo el pretexto de estar enfrentando “enemigos” que están al servicio del imperialismo, culpables de desatar una “guerra económica” contra la “revolución”. Las características de la ideología en este atrincheramiento del Madurismo en el poder, desafiando los preceptos constitucionales referidos a la alternabilidad democrática y el respeto por los derechos individuales, civiles, políticos, económicos y sociales, son tratados en el siguiente capítulo. Basta por señalar por ahora que las medidas de control y regulación sobre las que se fundamentan las acciones depredadoras de la oligarquía en el poder, así como el usufructo discrecional de la renta petrolera hecho posible por la violación de las normas establecidas en la Constitución y las leyes, encuentran asidero en los distintos elementos de la cultura rentista a los que se hizo referencia al comienzo de este capítulo. Por demás, la destrucción de la capacidad productiva doméstica y el rezago en el ajuste del tipo de cambio han exacerbado la dependencia del ingreso petrolero y, con ello, los efectos adversos de la llamada “enfermedad holandesa”. El Estado se arroga la potestad de determinar cómo es que deben abordarse las necesidades de la población, esgrimiendo un difuso proyecto “socialista” para ello. En el imaginario construido para justificarse ante los suyos, la “guerra económica” atenta contra las supuestas “conquistas” de la revolución, obligando al Estado a fijar precios de los bienes y servicios, y determinar sus condiciones de distribución y comercialización. Por otro lado, el Presidente decreta incrementos salariales de manera recurrente, manifestando con ello su disposición a proteger la remuneración de los trabajadores. No importa que ello alimente una mayor inflación, la ilusión monetaria en el corto plazo contribuye a cosechar réditos políticos por el beneplácito de los asalariados. Los contratiempos y/o consecuencias negativas de este intervencionismo obligan, en el marco de este esquema, a reforzar aún más los mecanismos de control y de regulación, y a complementarlos con medidas de expropiación o confiscación de activos privados, supuestamente para resguardar los intereses del pueblo. El acoso al sector privado no sería tal, sino el resultado de su negativa a someterse a los cánones que definen el bien común, responsabilidad del Estado. Esta perspectiva se ceba en la cultura paternalista y en las expectativas de muchos de que corresponde al Estado asegurar las condiciones de vida que demandan, en desapego de criterios de corresponsabilidad para que éstas puedan generarse. Asimismo, la acción del Estado contra la empresa privada respondería a criterios de justicia social y de protección del débil. La conducta expoliadora de la oligarquía se nutre también de la precaria cultura ciudadana del venezolano, lo cual lo hace vulnerable a prédicas demagógicas que buscan someterlo a los propósitos de control de regímenes autocráticos. Como la empresa privada sólo persigue intereses subalternos, muchos de los cuales atentan contra las “conquistas” del pueblo, corresponde a los funcionarios públicos una administración cerrada de los asuntos económicos para ponerle coto. II. LA ARENA DE LA REFORMA Consideraciones generales Siguiendo con la útil clasificación que hace el Banco Mundial (op. cit.) de los distintos elementos que conforman el análisis de economía política de procesos de reforma, corresponde examinar los aspectos relacionados con los que ahí llaman la arena de la reforma. Ésta comprende, además de las instituciones que gobernarían el proceso de transición en cada sector, los “dolientes” (stakeholders)

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que serían afectados y sus respectivos intereses económicos y políticos. El informe del BM señala que la mayoría de los riesgos asociados al proceso de reforma se asocian a los intentos de captura de rentas por parte de las élites. En las secciones precedentes se han hecho algunas consideraciones al respecto referidos a la situación existente. Estos riesgos deben abordarse también al examinar el proceso de reformas propiamente. En particular, el Banco Mundial sugiere pasearse por las siguientes inquietudes (Ibid.,:3): 1) ¿Cuáles son los riesgos políticos y económicos más significativos que podrán enfrentar los cambios de política? 2) ¿En qué contexto operan estas variables? 3) ¿Cómo podrían estas variables impactar el proceso de reformas y sus resultados? 4) ¿Cómo mejor abordar estas variables a través de la gestión efectiva de las oportunidades y los riesgos de economía política? En las siguientes páginas se espera abordar estos aspectos con relación a algunas de las reformas que comprenderían una agenda de transición económica para Venezuela en 2017. Cabe enfatizar nuestra convicción de que éstas necesariamente requerirán de un cambio de gobierno, dados los intereses creados en torno al mantenimiento de la actual matriz de políticas intervencionistas, de control y de centralización de la toma de decisiones en un pequeño grupo vinculado con el Presidente de la República. Asimismo, en el contexto previsible de ejecución de políticas para el cambio por parte de un nuevo gobierno, no puede descartarse niveles peligrosos de conflictividad política e intentos de saboteo por parte de los sectores oficialistas desplazados. Ello se nutre, además, por su naturaleza fascista (García L., H., 2009), indispuesta a la búsqueda de consensos y a la celebración y cumplimiento de acuerdos, pues para ellos la política es la prosecución de la guerra por otros medios (parafraseando a Clausewitz). En atención a ello, la acertada conducción política del proceso de reformas muy probablemente será decisivo para afianzar las posibilidades de éxito en los primeros momentos. Ello ataña al liderazgo democrático, pero también a la consistencia y solvencia del programa de reformas y a la posibilidad de contar con financiamiento internacional para respaldarlo. Los pasos iniciales deberán contar con el mayor respaldo político posible y orientarse a responder a las expectativas de mejora cobijados por la mayoría de la población durante los últimos años. La capacidad de respuesta del nuevo gobierno en este contexto estará condicionada por la forma en que accede al poder, si desplazando totalmente a las fuerzas de la oligarquía militar-civil que hoy lo detenta, o a través de negociaciones que resultan en alguna forma de “co-habitación” en un gobierno de carácter mixto. Como estas son cosas que no pueden anticiparse y que escapan del presente análisis, concluiremos señalando la importancia, en mi opinión decisiva, de atender las demandas y expectativas de justicia social y de equidad en la instrumentación de las reformas. Es decir, la conducción de éstas no puede reducirse sólo a aspectos tecnocráticos relacionados con su consistencia y eficacia, sino también considerar su impacto en aquellos sectores más vulnerables a las prédicas revanchistas y a los propósitos de saboteo del chavismo. En tal sentido, la compatibilización de las medidas con mecanismos de compensación y/o transferencia de recursos a los sectores más vulnerables, ahí donde sea posible, podrá ser crucial. Dado el deterioro acelerado de la situación venezolana, tanto en lo económico como en lo político, es imperativo tener preparados los aspectos fundamentales de un programa de transición una vez se viabilice políticamente su instrumentación. Un nuevo gobierno no puede darse el lujo de improvisar medidas para recuperar la economía: debe tener lista una visión lo más clara posible de las políticas a aplicar y sobre cómo mejor aplicarlas. En particular, la necesidad de recurrir al financiamiento internacional para aliviar la restricción externa que hoy asfixia a la actividad económica y poder

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estabilizar un tipo de cambio que refleje su productividad relativa hace obligatorio disponer de un plan creíble, basado en información precisa, que respalde tal solicitud. La confianza de los inversionistas en las perspectivas de mejora futura del país depende de ello, junto a la aplicación de reglas de juego claras y atractivas. Entre los economistas se han forjado consensos básicos en torno a la naturaleza de los problemas a afrontar y respecto a los lineamientos principales de un programa para la reconstrucción de la economía venezolana. Hay coincidencia en la necesidad de derrotar cuanto antes la inflación y reactivar el aparato productivo para poder abastecer al mercado doméstico, sustituir importaciones y generar empleos bien remunerados. Los objetivos generales de política para ello serían: 1) Sanear las cuentas fiscales, reduciendo drásticamente los déficits y, con ello, su financiamiento monetario, para abatir la inflación; 2) Unificar el tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio real y en condiciones que permitan la libre transacción de divisas, con el fin de superar la severa restricción externa que tiene ahogada la economía doméstica; 3) Contratar financiamiento externo para solventar la insuficiencia de divisas por la caída en los precios internacionales del petróleo, estabilizar el tipo de cambio, cubrir la brecha de importaciones y cumplir con los compromisos externos de la nación; 4) Desmantelar el cúmulo de controles y regulaciones que han asfixiado a la actividad económica interna, posibilitando la liberación y aprovechamiento cabal de sus capacidades productivas, fuertemente menoscabadas actualmente; 5) Consolidar un marco institucional que afiance los derechos de propiedad, permita la oportuna y eficaz resolución de controversias, promueva la competencia interna, asegure los derechos laborales, ambientales y de los consumidores e instaure un clima de confianza que haga a la economía venezolana un ámbito favorable al emprendimiento y la inversión. Lamentablemente, la falta de información oficial dificulta conocer la magnitud de las brechas y de los problemas a superar, la capacidad de respuesta que pueda tener la industria petrolera y otros sectores productivos ante un programa coherente para la transición económica, y los problemas específicos que confronta la gestión pública. Esto dificulta la recomendación de los instrumentos de política más adecuados, así como entender la naturaleza de sus encadenamientos y secuencias, la estrategia para liberar y estabilizar el tipo de cambio, y los mecanismos de compensación social más eficaces, entre muchos otros aspectos. Finalmente, es menester conectar las políticas para la transición con las reformas estructurales necesarias para impulsar un modelo económico que supere las limitaciones del rentismo petrolero. Debe entenderse que la mejora sostenida del bienestar de los venezolanos no puede descansar en la perspectiva de un aumento continuado de los ingresos externos provenientes de la exportación de crudo. El mercado petrolero internacional está experimentando una transformación estructural con la aparición de nuevas tecnologías de extracción y con los compromisos asumidos para reducir hacia futuro el consumo de combustibles fósiles por razones ambientales, lo cual hace poco previsibles en los próximos años precios del crudo como los evidenciados entre 2004 y 2014. Una economía pujante solo será posible desarrollando capacidades competitivas en otras áreas que permitan reemplazar progresivamente al petróleo como fuente principal de ingresos externos. Cómo utilizar la renta petrolera para facilitar esa transición, cuáles son los instrumentos de política más apropiados, las reformas estructurales que se deben adelantar y cómo se entrelazan con las medidas instrumentadas durante el período de transición, forman obligatoriamente parte de las reflexiones a desarrollar.

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Vislumbrar hacia dónde queremos que se desarrolle la economía, el proyecto de país al que aspiramos y el marco institucional que lo hará factible, y lograr los consensos necesarios para su viabilidad política, social y económica, es un desiderátum de las generaciones presentes de venezolanos para con el futuro del país. A continuación se esbozarán brevemente algunas consideraciones de economía política relacionadas con cuatro grandes áreas de reforma que por fuerza habrán de sustentar el programa de transición, a saber: 1) El saneamiento de las cuentas del sector público, la reducción significativa de los déficits y la eliminación de su financiamiento monetario; 2) La unificación del tipo de cambio en torno a sus valores reales de equilibrio y la creación de las condiciones que permitan la libre concurrencia en el mercado de divisas; 3) La concertación del financiamiento internacional adecuado para aliviar la asfixia del sector externo que tiene postrada la economía, atender los compromisos externos y coadyuvar con la estabilización del tipo de cambio; 4) El levantamiento del sistema de controles, regulaciones y normas punitivas de manera de restablecer las garantías a la iniciativa privada y, con ello, la confianza de los inversionistas. El saneamiento de las cuentas fiscales La necesidad de abatir la inflación para revertir el proceso acelerado de empobrecimiento de la población venezolana exige reducir los abultados déficits de la gestión pública, eliminar el financiamiento de éstos por medio de la impresión de dinero por parte del BCV y elevar la calidad de la ejecución presupuestaria. El déficit del sector público ha sido superior al 15% del PIB desde 20128. Reducir el déficit implica mejorar los ingresos y contener o reducir los gastos. En cuanto a lo primero, caben las siguientes acciones: a) Sincerar los precios y tarifas de los bienes y los servicios públicos, incluyendo la gasolina; b) Mejorar la recaudación de la tributación interna; c) Vender activos. Sincerar precios y tarifas de los bienes y los servicios públicos, incluyendo la gasolina. El ajuste de precios y tarifas tendrá un impacto adverso en el presupuesto de los usuarios. En tal sentido, el principal riesgo vendría por el rechazo de la población afectada, que pudiera llegar a ser incluso violento, comprometiendo o logrando echar para atrás la ejecución de estas medidas. El contexto en el cual ocurre es el de una población acostumbrada y expectante ante el rol “justiciero” de un Estado que se supone debe evitar que los precios de los bienes que vende y de los servicios que presta estén fuera de alguna proporción prestablecida según referentes históricos. Por otro lado, habría una fuerza política desplazada -el chavismo- muy identificada con los controles y con la retórica populista asociada, dispuesta a avivar los conflictos que puedan presentarse para sacarles el mayor provecho político, con la intención de desestabilizar al nuevo gobierno y crear las condiciones para su retorno al poder.

La última información oficial corresponde al Informe ante SEC de EE.UU., por parte del Gobierno de la Bolivariano de Venezuela, del 27/10/2014. De acuerdo a esta fuente el déficit del Sector Público Restringido fue del 17,5% del PIB en el 2012 y de 16,9% en el 2013. 8

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Por su parte, la electricidad está fuertemente subsidiada y, como constituye insumo básico de la vida moderna, el incremento de la tarifa tendrá un impacto directo en el presupuesto de los hogares. Pero el deterioro del servicio es tal, con recurrentes apagones y accidentes laborales -sobre todo en el interior del país-, que requerirá sustanciales inversiones e importantes gastos para su mejoramiento (upgrading). Es decir, atender las necesidades del sector eléctrico demandará fuertes sumas que un Estado sobre-extendido como el actual, con ingresos a la baja por la caída en la actividad productiva y el altísimo costo de recurrir al financiamiento internacional, no estará en capacidad de proporcionar de inmediato. En el caso del precio de la gasolina, su ajuste permeará necesariamente en los costos del transporte de pasajeros y de carga, por lo que ello no afectará exclusivamente a los que poseen vehículos. Además, esta medida en el pasado fue un detonante del llamado “Caracazo” y hay una gran sensibilidad en torno a su eventual instrumentación. Pero el subsidio a los combustibles en el mercado doméstico representa un sacrificio enorme para PdVSA (unos $15 millardos al año, estimado al costo alterno de exportación). Finalmente, debe considerarse que el gobierno ha asumido la venta de productos subsidiados a través de sus redes de comercialización y/o directamente a los hogares (bolsas CLAPs). Reducir o eliminar estos subsidios en condiciones de extendida pobreza y remuneraciones reales muy bajas sería trágico para muchas familias de bajos ingresos. El nuevo gobierno no puede ser indiferente a esta situación. Cabe señalar que parte importante del subsidio implícito en estos mecanismos de reparto proviene de la importación de alimentos y medicamentos con el dólar oficial más barato (10 Bs/$) y sin pagar impuestos, por lo que su consideración se abordará más adelante al examinar posibles implicaciones de la unificación cambiaria. El ajuste de precios y tarifas por estos conceptos es, por ende, muy importante desde el punto de vista de los ingresos del Estado y el impacto que se espera de él de ninguna manera desestimable. En tal sentido, la paralización de su instrumentación por no saber responder a los riesgos planteados podría comprometer sustancialmente la reducción del déficit y, con ello, las posibilidades de abatir la inflación. Un mal manejo en su instrumentación indudablemente se convertirá en punta de lanza del chavismo por avivar el rechazo al nuevo gobierno y agrupar fuerzas para retornar al poder. En atención a las consideraciones hechas, el programa de transición deberá gestionar efectivamente las oportunidades y los riesgos involucrados, como aconseja el estudio del Banco Mundial. Entre otras cosas, debe tomarse en cuenta la mejor secuencia y el timing de las subidas de precios y de tarifas, así como mecanismos de compensación a los sectores más vulnerables. Cabe mencionar como ejemplo el exitoso programa de Irán para “acomodar” entre la población el incremento en el precio de la gasolina9. Asimismo, debe pensarse en la mejor estrategia para incrementar la facturación de servicios como el de la electricidad, si hacerlo gradualmente o de una vez. Todo ello debe sopesarse con relación a las urgentes necesidades por sanear las cuentas públicas. La credibilidad en un programa de ajuste de esta naturaleza y su impacto en la confianza de los actores económicos -crucial para abatir la inflación, contener las tentaciones especulativas, estabilizar el tipo de cambio e incentivar las inversiones- es crucial. Su gestión ineficaz y/o su entrabamiento por la resistencia de sectores afectados podría significar un duro revés para el programa de reformas. Contar rápidamente con un crédito puente que permitiese atender simultáneamente los requerimientos de compensación y/o de instrumentación “suavizada” necesarios para viabilizar social y políticamente

Se le abrió a cada jefe de familia una cuenta bancaria para abonarle una suma recurrente con cargo a los incrementos en el precio de venta de la gasolina. 9

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estas medidas y, por otro lado, generar los ingresos que se requieren para reducir los déficits y controlar la inflación, pudiera ser la clave del éxito. Mejora en la recaudación de la tributación interna. Buena parte de esto ataña a aspectos de naturaleza técnica que no serán abordados acá. Algunas consideraciones a tomar en cuenta, sin embargo, serían las siguientes. El impacto de este esfuerzo no ocurriría de inmediato y estará sujeto a la recuperación de la actividad económica. Un aspecto no desestimable del mismo pudiera estar en la instauración de la transparencia y la reducción de las corruptelas de todo tipo, más que en posibles cambios normativos. Por otro lado, de lograrse un éxito rápido en la lucha contra la inflación, habrá que tomar en cuenta la caída -que puede ser significativa- de los ingresos nominales del fisco por reducción drástica del impuesto inflacionario. Finalmente, el impacto de sincerar el precio de la divisa como parte del proceso de unificación cambiaria tendrá un efecto en la recaudación tributaria en bolívares, directamente por los ingresos por aduana, e indirectamente al afectar las magnitudes nominales (en bolívares) de las actividades domésticas imponibles. En particular, el saldo externo de la gestión pública -si superavitaria o deficitaria- determinará si esta sinceración mejora o desmejora en términos netos las finanzas públicas. En principio este esfuerzo no parece tener mucha visibilidad desde el punto de vista político ni ser muy vulnerable a las intenciones de saboteo. Por su bajo perfil político y por el hecho que su impacto sólo se hará conocer en el tiempo, se vislumbran pocos riesgos en su instrumentación y, por tal motivo, las exigencias para su adecuada gestión parecen reducirse a los aspectos técnicos más idóneos. Pudiera, sí, generar fuerte resistencia por parte de aquellos que se han beneficiado de exenciones no justificadas en el pago de impuestos y/o de otras irregularidades relacionadas con esta materia, que ahora tendrían que rendir cuentas. No obstante, ello pudiera proveer también una oportunidad para cosechar dividendos políticos al demostrar la disposición del nuevo gobierno por sanear la economía y exigir reparos a quienes han estafado al fisco. Venta de activos. Aquí nos estamos refiriendo básicamente a la venta de empresas públicas al sector privado. Esta acción tiene un impacto puntual, de una sola vez, en los ingresos del Estado, pero un impacto prolongado en el gasto público que, en el tiempo, pudiera ser más significativo al eliminarse el desaguadero de dineros que representa la operación de empresas ineficientes de gestión altamente deficitaria. En el tiempo también cabría esperar una mejora en los ingresos públicos por la recaudación de impuestos sobre estas empresas ahora privatizadas, suponiendo que logren prosperar. Y en este aspecto reside, quizás, el mayor desafío de este esfuerzo. La experiencia de la privatización de empresas en América Latina en los años ’90 arroja, entre sus enseñanzas, que más importante suele ser las condiciones y el marco regulatorio en que se logra el traspaso de propiedad de las empresas que el monto de ingresos recaudados al venderlas (Torres, G., 1994). Es decir, maximizar el precio de venta no debería ser el objetivo fundamental, sino garantizar el funcionamiento adecuado, preferiblemente óptimo, de los establecimientos privatizados, en particular si se trata de empresas que prestan servicios públicos (electricidad, telefonía, transporte, agua, etc.). El contraste entre la privatización de la telefónica en México y la manera como se produjo la de la CANTV en Venezuela es aleccionador, pues aquí se logró inmediatamente una mejora significativa en la prestación del servicio y su adecuación como plataforma para las nuevas tecnologías de interconexión que estaban emergiendo en los ’90, mientras que en México se prestó para prácticas monopólicas del nuevo dueño que poco mejoraron la calidad del servicio. Por lo tanto, es decisivo hacer explícitos los criterios que definirán las condiciones de desempeño buscadas y plasmarlos en el

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marco regulatorio correspondiente. En algunos casos, mecanismos democráticos de consulta entre los dolientes o sectores afectados pudiera ser decisivo. Desde esta perspectiva se hace evidente que la venta de activos no deberá ocurrir de espaldas a la población ni de manera intempestiva sólo para generar de inmediato ingresos que, por demás, pudieran despilfarrarse en un gasto público desordenado. Deberá inscribirse en un proceso de reestructuración del Estado. Tomará su tiempo en muchos casos, requiriendo su preparación adecuada según sean las circunstancias particulares del activo a venderse. Un caso particular plantea las estatizaciones o confiscaciones de empresas privadas, del campo y de la ciudad, por parte del presente régimen. En la mayoría de los casos sus antiguos dueños no han sido debidamente indemnizados. Por otro lado, muchas de estas empresas han sido descapitalizadas y seriamente afectadas en su capacidad para producir ingresos. De manera que habría que estudiar caso por caso para saber si compete simplemente devolver estos activos a los expropiados o someterlos a algún procedimiento de mejora y posterior venta. En torno a muchas de ellas se han creado intereses asociados a su expoliación, que deberán ser neutralizados para reducir las posibilidades de conflicto. El mayor riesgo en este proceso parece provenir del contexto nacionalista en que se ha formado la cultura política venezolana. La idea es que corresponde al Estado, como representante de la Nación, operar estas empresas, muchas de ellas consideradas estratégicas. Para el presente gobierno, imbuido en concepciones militaristas referentes a la seguridad nacional, la venta de empresas del sector eléctrico, telefónico o de las industrias básicas de Guayana, de la petroquímica y, posiblemente, de componentes de la industria petrolera estatal, pudiera proyectarse como un atentado a nuestra seguridad y a nuestra soberanía. La capacidad de manipular la opinión pública y, en particular a la Fuerza Armada, para oponerse a esta acción pudiera dar al traste con la misma. En el caso de que estas empresas sean compradas por capitales foráneos aumenta la vulnerabilidad ante estos intentos de manipulación, por aquello de la entrega al “imperio” de recursos valiosos que nos pertenecen. Ésta sería una veta del que el chavismo desplazado gustosamente sacaría provecho. Por otro lado, estos intentos de saboteo podrían conseguir una base de apoyo en los empleados o trabajadores que queden redundantes al privatizar estas empresas. El impacto de no poder sobreponerse a esta resistencia se sentirá más por la vía del gasto, pues el fisco tendrá que continuar transfiriendo dineros con cargo en el presupuesto para poder cuadrar las cuentas de muchas de estas empresas y/o endeudarse para ello. En atención a su vulnerabilidad ante denuncias patrioteras y tomando en cuenta que difícilmente se podrán producir los resultados esperados en un plazo relativamente corto, el mejor desempeño de estas acciones privatizadoras parece descansar en su adecuada preparación, la información exhaustiva a la población sobre sus alcances y propósitos, y, de manera especial, de su conducción política. La reducción de los gastos tiene que ver con dos de los elementos ya examinados, v.g., la venta de activos y el sincerar los precios de los precios a los que el Estado vende algunos bienes, incluyendo los combustibles y las tarifas de los servicios públicos. En el primer caso, porque la enajenación de empresas deficitarias indudablemente aliviará el gasto público y, en el segundo, mejora significativamente el flujo de caja de PdVSA. Dada la complejidad y especificidad de la industria petrolera venezolana, todo lo concerniente a su reestructuración y mejora no será tratado en este

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capítulo, debiendo ser objeto de análisis por parte de especialistas del área. Queda por considerar todo lo atinente a la reestructuración del Sector público como un todo, y de los gobiernos Nacional y regionales para mejorar la eficiencia del gasto, reducir duplicidades, corruptelas y despilfarros y lograr una mejor coordinación entre sus distintas instancias a fin de incrementar la eficacia del gasto. Estas son acciones bastante complejas, pero para su abordaje se dispone, afortunadamente, de experiencias exitosas muy bien documentadas de las cuales extraer enseñanzas y de programas de cooperación al respecto conducidos por el Banco Mundial, Banco Interamericano, Corporación Andina de Fomento y otras instancias. Es decir, en este campo existe un capital muy valioso de experticia que puede ser contratada para asesorar en la conducción del proceso. Entre los riesgos a ser tomados en cuenta están, en primer lugar, el de no tener una idea clara de qué es lo que se propone, su alcance y sus posibles implicaciones. Ello no puede precisarse sin una adecuada discusión acerca del proyecto de país deseado, la relación Estado-Sociedad y con el sector privado de la economía que debe prevalecer, los procedimientos más idóneos para la construcción de ciudadanía y los distintos mecanismos de empoderamiento y participación democrática en la toma de decisiones que se desean promover. Ello se inscribe en el retorno a un Estado de Derecho que restablezca las garantías ciudadanas, políticas, económicas y sociales, y en un proceso de descentralización que acerque las instancias de decisión a las comunidades, que las involucre en su gestión. Es este un proceso eminentemente político pero que, por esta misma razón, se presta a demagogia y es vulnerable a las tentaciones populistas y clientelistas de la tradición política venezolana. Quizás el mejor antídoto a esta amenaza sería la más amplia discusión entre la ciudadanía sobre la sociedad que queremos, que contemple la asimilación y difusión provechosa de experiencias exitosas en países similares al nuestro. Es decir, la mejor garantía está en el ejercicio pleno de la democracia en el forjamiento de consensos amplios sobre estos asuntos. El otro riesgo lo plantea el exceso de personal que quedaría cesante con la reestructuración y con la venta de empresas al sector privado. El entramado legal existente y las trabas que pudiera interponer los remanentes de un poder judicial interesado -por motivos de sobrevivencia- en obstaculizar las acciones del nuevo gobierno, amén de las penurias que pudiera representar para muchos de quienes se verán privados de un empleo en el sector público, pudiera ser fuente de conflicto. Dependiendo de la manera en que el nuevo gobierno acceda al poder, habrá más o menos apoyo y mayor o menor ímpetu político para incluir la limpieza del poder judicial dentro de las primeras reformas y proceder, de manera ordenada, con la reestructuración del sector público. El mayor peligro en este caso sería no afrontar o desconocer las necesidades de los que quedan cesantes, dado el contexto político y las ansias de revancha que pudieran presentarse. La experiencia japonesa de los años ’50 y ’60, y la de algunos países asiáticos (los llamados “tigres”) posteriormente, arrojan interesantes experiencias relacionados con programas de readiestramiento y reinserción de trabajadores cesantes en sectores productivos que pierden su competitividad. Guardando las distancias, debería intentarse la adaptación de los procedimientos utilizados para el caso que nos concierne. Nuevamente, la disponibilidad de recursos y de la asistencia técnica idónea para acometer este proceso será decisivo. Corresponde a la dirigencia política nacional el diagnóstico acertado del problema, así como los alcances y limitaciones de los programas que se propongan instrumentar para su superación. Eliminación del financiamiento monetario a la República por parte del BCV. Este aspecto responde a una decisión administrativa que haga cesar el financiamiento del BCV al gobierno y/o a empresas del

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sector público. Tiene base legal clara en la reforma de la Ley del Banco Central efectuada por la Asamblea Nacional en 2016, pero saboteada por el TSJ. A mi entender, los dolientes que pudieran estar asociados a esta decisión se asocian a las actividades que pudieran verse desplazadas al reducirse el acceso a PdVSA de esta fuente de financiamiento. Cabe examinar, en particular, si ello afecta las posibilidades de financiar programas de transferencia a los sectores de menores recursos, como se intenta hacer con las misiones. El flujo de caja de PdVSA habrá de mejorar notablemente si se sincera el precio de los combustibles para el mercado doméstico y se coloca en cabeza de la República el pago del servicio de los préstamos de la China. No obstante, esta mejora debe orientarse a evitar que siga el deterioro de la capacidad productiva de la empresa, por lo que no quedaría mucho campo para financiar actividades distintas a la de su misión corporativa. Por demás, estas actividades corresponde realizarlas los distintos órganos del Estado estructurados para ello y no la empresa petrolera, que ha visto desdibujada su misión corporativa con estas responsabilidades, en detrimento de la activación de su potencial productivo. Ello ha redundado en pérdidas, como lo reconoce la misma empresa en sus estados financieros más recientes. El “hueco” financiero es cubierto con endeudamiento y con la maquinita del BCV. Al separar a PdVSA del financiamiento directo de programas sociales, éste provendría de la tributación, incluyendo lo que ella paga. Tomando en cuenta que la empresa alega haber estado erogando en el orden de 20 a 30 millardos de dólares para los programas sociales y el FONDEN10, es dudoso que, por la vía impositiva ordinaria, pueda cubrirse tal monto al eliminarse el financiamiento del BCV. En el lado positivo estará que, en la medida en que la lucha contra la inflación sea exitosa en el corto plazo, los requerimientos en bolívares para los programas que se deseen conservar no seguirán incrementándose. Ello debe aprovecharse en términos de resaltar ante el país la importancia de recuperar la institucionalidad como herramienta para resolver los problemas económicos. Por último, no debe desestimarse la oposición que puedan representar las mafias asociadas con el uso de estos créditos del BCV. La magnitud de los negocios turbios que pudieran estarse cobijando a la sombra de la impresión irresponsable de dinero no son conocidos pero, en ausencia de contraloría y rendición de cuentas, y tomando en cuenta la manera como se intenta ocultar el financiamiento monetario en las cuentas que presenta el BCV, no deben ser insignificantes. Pero siendo casi políticamente “neutra” la eliminación de este financiamiento, no debe ser problema desenmascarar a quienes se lucraban irregularmente de esta fuente. La unificación del tipo de cambio El éxito en el combate a la inflación precisa de la estabilización y unificación del tipo de cambio. Ello debe fundamentarse en los anclas fiscal y monetario mencionados arriba, pero tiene sus propias particularidades. En las siguientes líneas no se entrará a discutir las modalidades específicas en que esta reforma debería discurrir, sino suponer que habrá de unificarse, cuanto antes, el tipo de cambio en torno a sus valores reales de equilibrio (TCRE)11 para las transacciones corrientes de la balanza de pagos. El objetivo sería el acceso libre de la divisa para importar insumos, equipos y bienes, de forma de permitir una respuesta rápida de la economía ante el conjunto de reformas que se tomarían en una agenda de transición. La cuenta financiera sería liberada (a la misma y única tasa) una vez se PdVSA, Informe de Gestión Anual, años varios. El TCRE respondería a aquella cotización de la divisa que iguala la capacidad adquisitiva externa del bolívar con su poder adquisitivo interno. Esta concepción, basada en la PPA, es vulnerable a los diferenciales de inflación con los socios comerciales, por lo que su estabilización supone el éxito en el combate a la inflación. 10 11

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generase la confianza suficiente para minimizar ataques especulativos contra el bolívar que pudiesen poner en peligro el proceso de estabilización. Mientras, tendría que operar algún mecanismo de racionamiento como el de CADIVI (mejorado). Si bien ello no elimina la posibilidad de que continúe existiendo un mercado paralelo, ni que se incurran en prácticas de sobrefacturación de importaciones o subfacturación de exportaciones para alimentar prácticas de arbitraje con esta cotización -más alta, la idea es que la liberación de la cuenta financiera pueda proceder lo más rápido posible y reducir las oportunidades para que sigan existiendo estas prácticas. Contar con un generoso financiamiento externo para estabilizar el precio de la divisa en torno a los valores propuestos será crucial en las primeras de cambio, hasta que la economía pueda generar bases crecientes y amplias para la generación y captación de divisas en los mercados internacionales. Visto así, el riesgo principal que podría afectar la unificación del tipo de cambio parece provenir del efecto del pass-through sobre los precios de bienes que se importan actualmente a cotizaciones oficiales bajas o cuyos insumos (y los de la producción de servicios) así lo sean. Un efecto adverso sobre el nivel de precios domésticos habrá de ocasionar el rechazo de consumidores, sobre todo si la idea es que esta medida se asocie al levantamiento de las regulaciones excesivas y los controles de precio (ver más adelante). El impacto del pass-through habrá de depender, por ende, del nivel en torno al cual pueda estabilizarse el precio de la divisa y de la proporción de importaciones que se realizan hoy por debajo o por encima de ese nivel. Estimaciones muy sencillas ubicarían el TCRE para comienzos del 2017 entre 500 y 600 bolívares por dólar, ligeramente por debajo (o, dependiendo del cálculo, igual a) el llamado tipo de cambio DICOM12. No obstante, como señala el ya clásico trabajo de Dornbusch (1976), suele presenciarse lo que él llamó un “overshooting” o una sobredevaluación inicial al liberar de golpe el precio de una divisa sujeto a controles. Aun cuando no se libere a la par la cuenta financiera, las expectativas adversas en contra de las posibilidades de que el tipo de cambio se estabilice rápidamente pueden ocasionar la aparición/ampliación de un mercado negro y reacciones de naturaleza especulativa realizadas a través de los canales antes mencionados (sobrefacturación, subfacturación) que atentarían contra una estabilización sin fricciones, aun cuando se acierte en torno a los niveles iniciales del TCRE. El minimizar estas expectativas adversas es, por ende, un aspecto de gran importancia para el éxito de la reforma. En este escrito no se pretende realizar una estimación del pass-through. Ello correspondería a otro trabajo más especializado sobre el tema. Se parte, empero, de la noción de que poco más de la mitad de las importaciones la viene haciendo durante el último año y medio el sector público, la mayoría a la tasa de Bs 10/$. La otra parte (menos de la mitad) las realiza el sector privado, en su mayoría a tasas de cambio asociadas al precio de la divisa en el mercado paralelo. Las compras del sector público suelen concentrarse en bienes alimenticios de primera necesidad, medicamentos e insumos para el gobierno y empresas públicas. El del sector privado incluye prácticamente todo lo demás. Esta visión gruesa señalaría un impacto adverso en el precio doméstico de las primeras importaciones y una reducción significativa en los precios internos de las que hace el sector privado. Saber con cierto grado de aproximación el efecto neto escapa de las pretensiones de este escrito13. Cabe señalar, sin embargo, que el efecto “positivo” sobre los precios de importar con un dólar tan barato (Bs. 10/$) no se traduce proporcionalmente en abaratamiento al consumidor final. Además, está asociado a fuerte racionamiento y, por consiguiente, a la proliferación de mecanismos de reventa (“bachaqueros”) a 675 Bs/$ a comienzos de enero, 2017. Parte de las importaciones del sector público, aunque minoritaria, se hacen a tasas superiores a Bs. 10/$ y una porción de las privadas tiene acceso a la tasa DICOM e incluso, a la DIPRO (Bs. 10/$). 12 13

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precios muchas veces superiores incluso a que si se hubiesen adquirido al tipo de cambio del mercado paralelo. Por otro lado, la ineficiencia administrativa de los controles y regulaciones, y de las corruptelas asociadas, aumenta la estructura de costos de la distribución pública de bienes cuyo precio es regulado. De forma que el efecto del pass through sobre aquellos sectores de la población surtidos a través de mecanismos como las bolsas CLAPs,, habrá de ser menor de lo que sugiere el ajuste del tipo de cambio (de Bs. 10 a 600, p. ej.). Por demás, es notorio que estas bolsas no cubren plenamente las necesidades de aquellas familias que las reciben. Viendo el panorama completo, entonces, incluyendo los precios de reventa de los bienes que se importan a Bs. 10 para aquellos sin acceso a los bienes regulados, el efecto promedio en el alza de precios de las importaciones hechas al tipo de cambio más bajo pudiera ser comparativamente reducido. Por el contrario, dadas las alzas recientes de precio de las importaciones privadas, asociadas al salto en las cotizaciones del dólar en el mercado paralelo, la estabilización del tipo de cambio a niveles que pudieran estar a un cuarto de esa cotización podría reducir significativamente estos precios, siempre que se asegurase un ambiente de competencia efectiva. Las líneas anteriores no pretenden determinar el balance neto sobre los precios de la estabilización del tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio. Sin embargo, permite pensar que el efecto sería más positivo que negativo. Para saberlo, habría que hacer un ejercicio cuantitativo que no se pretende realizar aquí. Sea como fuera, existen tres requerimientos que serán importantes a la hora de evaluar el impacto de esta medida y los riesgos que ello implica: 1) Identificar a la población doliente que depende en gran medida del reparto; 2) Sopesar el efecto de la reaparición de artículos hoy desaparecidos en los anaqueles de los negocios a nivel nacional; y 3) La importancia decisiva de la competencia, incluyendo el resultante de la libre importación, sobre el nivel general de precios, en particular, de aquellos bienes que se importan actualmente con dólares “paralelos”. La población doliente de las importaciones hechas a Bs. 10/$ está constituida fundamentalmente por la base de apoyo social del chavismo y es, por ende, muy vulnerable a la manipulación política para descarrilar la unificación cambiaria. No puede olvidarse que es éste quizás la expresión más emblemática de los estigmatizados ajustes “neoliberales”; el impacto sobre los precios de una devaluación que busca sincerar el precio de la divisa. Siendo ese el contexto y suponiendo que la población afectada está prejuiciada contra este ajuste, es menester que el nuevo gobierno desmonte rápidamente esa amenaza. La gestión efectiva de esta reforma debe hacer buena la reaparición de negocios bien abastecidos y el efecto de reducción de precios de muchos bienes. La promoción de una competencia efectiva para la provisión de estos bienes será decisiva, sobre todo de las importaciones, que ahora se podrán hacer libremente a una cotización del dólar muy inferior a la del mercado paralelo. Entre otras cosas, requiere una simplificación drástica de los procedimientos de importación para aupar la entrada de nuevos concurrentes. Y aquí podrán aparecer otros riesgos. Uno, relacionado con las presiones proteccionistas de industriales y/o comerciantes que se sentirán amenazados por esta competencia, y dos, la posibilidad de que se relajen ciertas normas de calidad y de seguridad que puedan poner en peligro a los consumidores. No es éste el espacio para la proposición de políticas específicas, pero pienso que el éxito de la unificación cambiaria está muy vinculado con el rechazo a que se apliquen medidas proteccionistas. Respecto a las garantías de calidad / seguridad de lo que se importa, ello es potestad de los órganos especializados del Estado Sencamer). Pero el deterioro de la administración pública pone en duda la capacidad para cumplir

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rigurosamente con estas funciones y obliga a recuperar las competencias de estos organismos. En todo caso, debe evitarse la exigencia de especificaciones técnicas con fines proteccionistas. Calibrando el impacto de una adecuada gestión de la unificación y liberación cambiaria, y de su manejo político -en el sentido de desmontar los intentos de manipulación de la población afectada para hacerlas fracasar- se podrá decidir si se ameritan acciones específicas para atender a aquellos sectores dependientes de las bolsas CLAPs. Algún mecanismo de compensación podría ser decisivo como respuesta a la desmejora que podrían sufrir estos sectores. Podría pensarse en transferencias bancarias, aprovechando y mejorando la iniciativa ya asumida por el gobierno de la llamada “Tarjeta Socialista” (que habría que cambiar de nombre) o manteniendo un sistema como los CLAPs en el corto plazo. Pero mantener provisionalmente este mecanismo de reparto requerirá mejorar su eficiencia y eficacia, lo cual podría enfrentar las roscas y grupos partidistas encargadas hasta ahora de su manejo. Por lo tanto, la apertura de formas de contraloría social con integrantes no chavistas de la comunidad debe promoverse activamente. Por otro lado, la manera como se anuncia la continuidad de este dispositivo de reparto deberá enfatizar su carácter temporal y relacionarse con medidas orientadas a mejorar la remuneración salarial y/o para la reinserción progresiva de estas personas en el mercado de trabajo. Estos últimos aspectos atañan a reformas de naturaleza estructural que sólo habrán de madurar hacia el mediano y largo plazo. De ahí el peligro de que se conciba a los CLAPs (o su sustituto) como un derecho que debe permanecer. No debe olvidarse que muchos de los recipientes de estas bolsas son beneficiarios también de transferencias a través de algunas misiones. De manera que un adecuado manejo de los mecanismos de compensación dirigidos a estos sectores, que neutralice los intentos de manipularlos para desestabilizar al nuevo gobierno y atienda satisfactoriamente sus expectativas, enfrenta el desafío de evitar que ello se convierta en un programa permanente que sea una carga para el fisco y una “cabeza de playa” para la introducción y permanencia de otras políticas populistas. Tanto la estabilización del tipo de cambio, como la implementación de algunas medidas compensatorias requerirán de importantes respaldos financieros. En el primer caso, porque, en los actuales momentos, simplemente no hay dólares para estabilizar el tipo de cambio en torno a los niveles deseados. No contar con apoyo internacional en la oferta de divisas significará que las posibilidades de estabilización necesariamente se harán con un precio de la divisa bastante más alto, acentuando las probabilidades de un efecto negativo del pass-through. Cabe señalar que los organismos financieros internacionales como el FMI que prestarían estos recursos tienen un historial de renuencia ante la permanencia de gastos corrientes improductivos como los mecanismos compensatorios que aquí se sugieren. De manera que un reto adicional es disponer de un equipo negociador altamente calificado, con un programa claro de políticas, que permita incluir a éste y/u otros posibles programas compensatorios temporales entre los destinos de un gasto público financiado por estos organismos. Por último, debe preverse la generación de condiciones que permitan levantar en el plazo más corto posible, las restricciones en la cuenta financiera de la balanza de pagos. Ello dependerá decisivamente de la capacidad de generar confianza con el conjunto de medidas adoptadas en el corto plazo y del manejo político y técnico que de ellas se hagan14. El margen significativo para la recuperación de la economía, dado los niveles de destrucción a que ha sido sometida -capacidad ociosa, servicios Ver el trabajo de Luis Zambrano Sequín, “Consideraciones sobre la transición económica, la velocidad de los ajustes y la Secuencia de las Reformas”, Serie Papeles de Trabajo 001-2016 - Una Agenda Económica para la Transición, ANCE. 14

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públicos cuyo pobre desempeño puede mejorar prontamente y una de las fuerzas laborales más baratas del hemisferio occidental- auguran oportunidades de inversión de capital extranjero y de generación creciente de exportaciones no tradicionales que pudiesen reemplazar el “sustento FMI” del tipo de cambio y normalizar las transacciones a través de la cuenta financiera. Explorar las implicaciones de ello no se va a hacer aquí. Basta con señalar que mantener la disparidad en el tratamiento de la cuenta corriente y la cuenta financiera habrá de alimentar los incentivos perversos mencionados arriba que minarían significativamente la confianza en la estabilidad del tipo de cambio a los niveles pretendidos, generando expectativas adversas que pudieran hacer fracasar el intento. Las experiencias de cómo fue afrontado este desafío por parte de otros países latinoamericanos -tanto las exitosas como las fracasadas- ofrecen importantes enseñanzas para el mejor manejo de esta reforma. La concertación de un generoso financiamiento internacional La inclusión de ésta como una de las medidas fundamentales a tomar en el corto plazo no cuenta con consenso entre los economistas. Algunos piensan que no será necesario acudir a los organismos financieros internacionales, pues un programa de reformas bien formulado y conducido inteligentemente, en una economía que dispone de mano de obra baratísima, habrá de atraer crecientes recursos externos hacia la explotación petrolera pero también hacia otros sectores, que lo harían innecesario. Si bien hay peso en este argumento, las magnitudes requeridas y la urgencia de contar con estos recursos de inmediato parecen desaconsejar que se prescinda de acudir a estos organismos. En particular, la unificación del tipo de cambio en niveles de precio que no exacerbaran las presiones alcistas sobre los precios internos y el saneamiento de las cuentas públicas sin que ello comprometa el financiamiento de transferencias y/u otros mecanismos de compensación social en el corto plazo, podría ser bastante oneroso, social y políticamente hablando, si no se cuenta con importantes créditos foráneos. Por demás, la confianza que da a los inversionistas e instituciones financieras la presencia del FMI representa un plus que no debe subestimarse. Es decir, las reformas pudieran instrumentarse sin el financiamiento externo, pero a un costo bastante más alto y con mayores riesgos de que descarrilen. El principal riesgo en la concertación de financiamiento con organismos como el FMI es de naturaleza política. En un contexto histórico en el que ha prevalecido la satanización de estos organismos, artífices de los tan vilipendiados “ajustes neoliberales” hay bastante campo para que prédicas nacionalistas y/o de justicia social puedan lograr un nivel de oposición política que impida la viabilidad de una negociación conducente al otorgamiento de este tipo de financiamiento. Y no me refiero exclusivamente a la oposición que pudiera provenir de las filas chavistas fanatizadas. También en sectores de oposición se encuentra gran adversidad a someterse a las condicionalidades que impondría la cesión de estos préstamos. Para ello invocan la experiencia de los programas de ajuste bajo el llamado Consenso de Washington. Otros elementos de riesgo se encuentran en que se conforme un equipo negociador que no esté a la altura de un acuerdo provechoso o que no esté respaldado con un programa coherente de transformación y/o de una autorización clara y que, por ende, resulte en una condicionalidad muy rígida o poco apropiada, con grandes costos políticos y sociales para el proceso de transición. Por otro lado, la debilidad y deterioro del aparato administrativo del Estado afectará sin duda la ejecución de las metas planteadas, comprometiendo la entrega de los recursos en los plazos requeridos (timing). En este caso pudiera ser provechoso atar esta negociación a financiamientos paralelos del Banco

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Mundial, Interamericano de Desarrollo (BID) y/o la Corporación Andina de Fomento para proyectos específicos de mejora y adecuación de aspectos particulares de la gestión pública. El levantamiento del sistema de controles, regulaciones y normas punitivas Esta medida es decisiva para que la economía pueda responder positivamente al conjunto de reformas que comprenderían el programa de transición. El levantamiento de los controles de precio, de tasas de interés, de las restricciones a la distribución y comercialización de productos, y del acceso a la divisa, del manejo adecuado de inventarios, de la contratación y despido de trabajadores y de las obligaciones sectoriales (gavetas) de crédito -y la lista puede ser bastante más larga- redundará en una activación de las fuerzas de mercado en pro de racionalizar la asignación de recursos productivos, generar oportunidades de negocio e incentivar el emprendimiento y la inversión. No obstante, pueden detectarse varios riesgos potenciales de tal política. En primer lugar, la agenda de transición debe “curarse en salud” contra la irrupción de modalidades de “capitalismo salvaje” que violen derechos adquiridos de trabajadores, consumidores, ambientales o de otra naturaleza. Nuevamente, en un contexto de cultura política y económica que ha retratado a los empresarios como persiguiendo intereses mezquinos, contrarios al bien común, existe un caldo de cultivo para hacer de los abusos, reales o imaginados, bandera para predicar la vuelta al control estatal. De ahí que el delicado equilibrio entre la iniciativa privada y las políticas de Estado que acoten los abusos en aras de resguardar estos derechos, requiere de la actualización de las normas existentes conforme a las mejores prácticas internacionales15. Por otro lado, es imprescindible que esta liberación ocurra en el marco de la promoción activa de la competencia. Reformas legales que restituyan una Ley de Protección al Consumidor, de Promoción de la Libre Competencia y que liberen las restricciones a la importación y a la inversión, serían algunos de los instrumentos que favorecerían un mercado doméstico competido. Lo otro sería un tipo de cambio que reflejara el poder adquisitivo real del bolívar afuera, que obligase a la producción doméstica a alinearse con las mejores prácticas internacionales. En esto, un gran atractivo será, lamentablemente, el abaratamiento extremo de la mano de obra venezolana que han producido las funestas políticas del llamado “socialismo del siglo XXI”. Y dada la alta capacidad ociosa del aparato productivo en los actuales momentos, el levantamiento de controles debería generar una respuesta inmediata, sin necesidad de invertir, que podría aportar visiblemente a un mayor abastecimiento interno. Tomando en cuenta estas consideraciones y dentro de una perspectiva optimista, el desmantelamiento de los controles y regulaciones debería poder evitar reacciones que terminen con su anulación. Caben las mismas previsiones que las discutidas con relación a la unificación cambiaria y la sinceración de los precios y tarifas de las empresas públicas, en el sentido de atender con transferencias u otros mecanismos de compensación a los sectores de la población que pudiesen verse adversamente afectados. En general, el resultado de tener comercios bien abastecidos de bienes cuyos precios serán menores -en algunos casos, bastante menores- a los que cobran los revendedores (bachaqueros) deberá asegurar la aceptación del público. Quedan los siguientes riesgos. Uno, el descosido del tejido industrial, que puede dificultar la reactivación de muchas actividades productivas luego de levantar los controles. No se trata sólo de ¿Cuáles son estas? Dependerá de los criterios con que se evalúan. En lo personal, me inclino por el balance que han podido lograr algunos países europeos para garantizar un elevado grado de seguridad social a la par de promover los niveles más altos de prosperidad. 15

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que existan o no los equipos, maquinarias y sus repuestos, sino del personal calificado que los operaba, calibraba o prestaba servicios de apoyo. Muchos se han ido del país en busca de mejores horizontes, otros se han desactualizado por inactividad. Muchas empresas pequeñas proveedoras de insumos y/o servicios específicos habrán desaparecido. Recomponer el tejido industrial tomará su tiempo y requerirá de políticas específicas y reformas estructurales que no compete discutir en este escrito. Pero la capacidad de detectar rápidamente cuellos de botella y poder superarlos donde sea posible será de gran ayuda. Mecanismos ágiles y eficaces de concertación entre el sector público y privado, y el acceso a un banco de especialistas financiados por programas de cooperación pudiera aumentar la capacidad de respuesta en algunos casos. Otro riesgo tiene que ver con la reacción de todos aquellos intermediarios, traficantes y beneficiarios de extorsionar, confiscar y aprovecharse de cualquier forma de estos controles. En lugar visible están los llamados “bachaqueros” que incluyen no sólo intermediarios pequeños que actúan por su cuenta, sino verdaderas mafias en las que participan funcionarios públicos y militares, que controlan canales de distribución, camiones, barcos y otros elementos de logística que los sitúa en un plazo inmediato en condiciones de sabotear los efectos de la liberación. Acciones policiales en el marco de una legislación anti-monopolio (promoción de la libre competencia), pudieran ser necesarios. Asimismo, la activa difusión de información que eduque al consumidor de las opciones disponibles y de los derechos que le asisten puede también ser un valioso elemento de ayuda. Pero la capacidad de actuar resueltamente contra estas mafias dependerá del respaldo político con que cuente el nuevo gobierno. Ello va a depender, entre otras cosas, de la forma como accede al poder. En cuanto a los bachaqueros al por menor, muchos de ellos exhiben cualidades de emprendimiento que pueden ser canalizados hacia actividades legales, con el apoyo debido, como es el caso en general de los buhoneros. Finalmente, está la capacidad de respuesta de un Estado que sustituye los controles ex ante de naturaleza policíaca por evaluaciones ex post y que trabajaría con incentivos y multas amparadas en instrumentos legales transparentes, en los que se minimiza la discrecionalidad, para la promoción de la competencia bajo los cánones deseados. Las insuficiencias del Estado para con estas tareas constituye una gran incertidumbre. El país seguramente habrá de beneficiarse de una rápida detección de estas fallas, una vez puestas en funcionamiento las nuevas políticas, que permita concentrar recursos y la contratar la asistencia técnica requerida para su superación. III. EL PROCESO PROPIAMENTE DICHO DE LAS REFORMAS Sería irresponsable y presuntuoso arriesgarse a aventurar algunas consideraciones sobre el proceso mismo de las reformas señaladas arriba, antes de que se sepan cuáles podrían ser las condiciones para que éstas pudiesen avanzar. El proceso político de cambio habrá de determinar en buena medida las restricciones y libertades para su instrumentación, y el alcance y posibles trabas que pudieran enfrentar. Como anticipo de los peligros que podrían enfrentar, se sugiere la lectura del material del profesor Zambrano en esta misma publicación. Consideraciones finales El enfoque de economía política escudriña los intereses que están en juego en la actividad económica, indagando quiénes se benefician y quiénes pueden resultar perjudicados y cómo se manifiesta ello en fuerzas que pueden alterar o revertir la acción de políticas instrumentadas, o conducir a cambios en las instituciones que las regulan. En este acometer, es necesario incurrir en campos más allá de lo estrictamente económico, como es el de la política propiamente dicha y de lo social, para descubrir los motivos que pudieran estar detrás de ciertas decisiones y/o del comportamiento de la economía.

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En este trabajo se ha intentado examinar las posibles fuerzas que se manifestarían de aplicar elementos básicos de un programa de transición que derrotara a la inflación, eliminara la asfixia del sector externo de la economía y le devolviera sus posibilidades de crecimiento sostenido con equidad. Este examen ha revelado la existencia de poderosos intereses comprometidos con las políticas intervencionistas actuales, en la forma de mafias de militares y civiles atrincheradas en los nodos decisorios del poder que lucran con las oportunidades de extorsión, confiscación, desvío de recursos y contrataciones fantasmas que le depara el actual sistema de controles y regulaciones, y la ausencia de transparencia y de rendición de cuentas sobre sus procederes. Son éstas las fuerzas que se movilizarían para sabotear o anular las reformas que conformarían un programa de transición. Puede afirmarse que, en nombre del “socialismo del siglo XXI”, se ha asentado una nueva oligarquía expoliadora que ha privatizado el usufructo de los bienes públicos para su particular provecho. Sin embargo, no se entenderían las razones de esta situación si no se examina el marco histórico o “estructural” del cual surge. Esto tiene que ver con la cultura rentista que resultó de la cuantiosa afluencia de ingresos por exportación de crudo a las arcas del Estado. El margen de acción a las políticas públicas y la ausencia de controles efectivos sobre las mismas que ello confirió, se tradujeron en incentivos distorsionados que fueron afianzando instituciones propias de un PetroEstado interventor, sustentado en prácticas populistas y clientelares. El desarrollo se entendió como responsabilidad y prerrogativa exclusiva del Estado, que sometió a los distintos actores de la economía a sus designios. En el marco de una estrategia de desarrollo orientada hacia adentro -la “siembra del petróleo”- el sector productivo privado creció al amparo de incentivos fiscales, financiamiento preferencial, altos niveles de protección y una moneda fuerte, todo ello dependiente de un ingreso petrolero creciente. Aun cuando demostró ser un callejón sin salida cuando dejaron de crecer -y de poder ser absorbidos productivamente- los ingresos externos, dejó sembrada valores, intereses y actitudes que alimentaron una versión redentora del viejo populismo, ahora cobijada en ropajes “socialistas”. En aras de centralizar el poder en sus manos, quien fuera Presidente de la República, Hugo Chávez, fue desmantelando las instituciones del Estado de Derecho y sustituyéndolas por decisiones tomadas a discreción para arrinconar al sector privado y concentrar los recursos económicos en su persona. El sistema de precios como regulador eficiente de las transacciones de mercado fue adulterado con controles y regulaciones de todo tipo que, junto a las expropiaciones y confiscaciones de instalaciones productivas, desmejoraron sustancialmente el desempeño de los recursos económicos. Mientras se mantuvo el precio del barril de crudo en torno a los 100 dólares por barril, se pudo enjugar los niveles crecientes de ineficiencia con elevados gastos sufragados por el petróleo. A la par, fueron asentándose los intereses a que se hizo referencia arriba en torno a la aplicación discrecional de los múltiples mecanismos de intervención en el quehacer económico en que ello derivó. Las distorsiones que ello provocó en la forma de inflación, desabastecimiento y ahogo del sector externo se acentuaron a niveles criminales al mantener este esquema de cosas aun cuando los precios del petróleo se habían desplomado en los mercados internacionales. En estas líneas, siguiendo los lineamientos metodológicos del Banco Mundial, hemos realizado un examen resumido de los posibles riesgos que enfrentaría un programa de reformas dirigido a corregir estas graves distorsiones y devolverle a la economía sus posibilidades de crecimiento con equidad. Tomando en cuenta el contexto en que se instrumentarían, se reflexionó sobre cuál podría ser la mejor gestión de estas reformas. Cabe señalar que, aunque tratadas en forma separada, ellas deben entenderse como formando parte de un conjunto coherente de iniciativas que se refuerzan

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mutuamente. La lucha contra la inflación a través del saneamiento de las cuentas fiscales es clave para poder estabilizar un tipo de cambio en torno a sus valores de equilibrio y éste, a su vez, será instrumental en la contención del alza en los precios. Por otro lado, la contratación de un crédito externo generoso proveería recursos con los cuales evitar que el ajuste fiscal impidiera compensar a aquellos que pudieran resultar afectados adversamente, a la vez que permitiría estabilizar el precio de la divisa en niveles competitivos -no subvaluado- contribuyendo también a abatir las presiones inflacionarias. Pero las oportunidades que ello significaría para la reactivación de la economía no podrían materializarse sin el levantamiento de los excesivos controles y regulaciones punitivas que tienen asfixiada al aparato productivo, como a los sistemas comercial y financiero. Es de esperar que los intereses atrincherados en torno al arsenal de medidas de control intentarán revertir el programa de transición, por lo que el nuevo gobierno debería prever mecanismos para enfrentar esta amenaza. Paradójicamente, el lamentable estado en que las políticas del gobierno han dejado a la economía y los trágicos niveles de empobrecimiento, hambre y muertes evitables que ello ha provocado, auguran un importante margen para la recuperación económica en el corto plazo. La capacidad ocioso, las potencialidades latentes a las que se les niega respiro, y una de las fuerzas de trabajo más baratas del hemisferio deberán traducirse, con un mix adecuado de políticas, en oportunidades inmediatas para la reactivación económica. Es decir, el programa de transición no tendría por qué significar mayores penurias a la población en general, pues su efecto inmediato sería el de liberar las fuerzas productivas, mejorar el abastecimiento y atemperar el alza en los precios. El país, que se ha visto sepultado por el severo y cruel ajuste contractivo impuesto por el gobierno de Maduro, encontrará en un programa coherente de reformas, con financiamiento externo, el marco para lo contrario, un ajuste de naturaleza expansivo. Ello habrá de favorecer el éxito de este programa, una vez que se despejen las condiciones políticas que permitan su adecuada instrumentación. No obstante, habrían de presentarse algunos efectos redistributivos, en particular relacionados con la sinceración de los precios, en torno a su costo de oportunidad, de bienes y servicios subsidiados y/o regulados. La unificación cambiaria, asimismo, implicaría un alza en los precios de algunos bienes (o insumos) importados. Compensar a los sectores que resulten perjudicados por estas medidas podría ser decisivo para evitar la manipulación interesada de las protestas que pudiera producirse por parte de las mafias que, al ser desplazadas del poder, habrían perdido su posición privilegiada para el saqueo de la riqueza social. Los intentos de desestabilizar el nuevo gobierno avivando la conflictividad social intentarían legitimarse apelando al imaginario populista “revolucionario” que la actual oligarquía se ha forzado en imponer a los venezolanos. Suponiendo que el programa de ajuste provea los recursos, bien por el saneamiento de la gestión pública, bien por el otorgamiento de créditos foráneos, para atender satisfactoriamente las demandas de compensación, el centro de la defensa del nuevo gobierno se trasladará a la arena política. Será la adecuada conducción política del proceso de reformas, con un liderazgo que anticipe los posibles escollos, que sea capaz de generar confianza y credibilidad, lo que determinará sus posibilidades de éxito. Esperemos que el aporte de los economistas en el diseño de un programa viable y eficaz, y la alerta sobre los riesgos que podrían enfrentar su instrumentación como el que aquí se intenta desde la perspectiva de la economía política, puedan contribuir a este éxito. REFERENCIAS García Larralde, Humberto (2009), El fascismo de siglo XXI: La amenaza totalitaria de Hugo Chávez Frías, Random House Mondadori, Colección Actualidad Debate, Caracas.

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