Dossier: Facciones y grupos políticos en la Hispanoamérica del siglo XIX

June 28, 2017 | Autor: Ignacio Zubizarreta | Categoría: History, Political History, Historia De América Latina
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Descripción

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ILLES I IMPERIS DOSSIER: FACCIONES Y GRUPOS POLÍTICOS EN LA HISPANOAMÉRICA DEL SIGLO XIX Coordinadores: Ignacio Zubizarreta Mario Etchechury-Barrera

GRIMSE GRUP DE RECERCA EN IMPERIS, METRÒPOLIS I SOCIETATS EXTRAEUROPEES

núm. 17 ❖ 2015

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Directors Josep M. Fradera (GRIMSE/UPF) i Josep M. Delgado (GRIMSE/UPF) Editors Martín Rodrigo y Alharilla (GRIMSE/UPF) i Claudia Contente (GRIMSE/UPF) Redacció Alexandre Coello (GRIMSE/UPF), María Dolores Elizalde (CSIC), Fernando Jumar CONICET (IdIHCS)/UNTreF/UNLP/ANH, Ruth de Llobet (National University of Singapore), Igor Perez Tostado (Pablo de Olavide), Gabriel Paquette (John Hopkins), Juan Inarejos (Universidad de Extremadura), Maite Ojeda Mata (GRIMSE/UPF), João Vicente Melo (UPF) Consell assessor Victor Hugo Acuña (Universidad de Costa Rica) – Luis Felipe de Alencastro (Escola de Economia de São Paulo-FGV/Sorbonne) – Luis Alonso Alvarez (Universidade da Coruña) – Gonzalo Alvarez Chillida (Universidad Complutense de Madrid) – Astrid Cubano (Universidad de Puerto Rico) – Raúl Fradkin (Universidad Nacional de Luján/UBA) – Alejandro de la Fuente (Harvard University) – Juan Carlos Garavaglia (UPF-ICREA-EHESS) – Carlos Marichal Salinas (Colegio de México) – Eloy Martín Corrales (UPF) – Carlos Martínez Shaw (UNED) – Juan Pan Montojo (UAM) – Consuelo Naranjo (CSIC) – Rebecca J. Scott (University of Michigan) – † Christopher Schmidt-Nowara (Tufts University) – Mauricio Tenorio (Chicago University) – Michael Zeuske (Universität zu Köln) Primera edició: setembre, 2015 Imagen de tapa: Don Quijote periódico satírico ilustrado. Fundador y editor: Eduardo Sojo. Buenos Aires, 1884-1891. Caricatura del 1-11-1888 GRIMSE Departament d’Humanitats / Universitat Pompeu Fabra Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona Tel.: 93 542 19 81 - Fax 93 542 16 20 e-mail: [email protected] Dipòsit legal: B. 22.451-2015 ISSN: 1575-0678 Distribució i comandes Edicions Bellaterra Navas de Tolosa, 289bis Tel. 93 349 97 86 - Fax 93 352 08 51 e-mail: [email protected]

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INDICE

7 INTRODUCCIÓN: «AQUÍ NO HAY PARTIDOS»: ESTUDIOS Y PERSPECTIVAS SOBRE LAS FACCIONES Y GRUPOS POLÍTICOS DEL SIGLO XIX HISPANOAMERICANO

I. Zubizarreta y M. Etchechury-Barrera

15 REPENSANDO EL PARTIDO/FACCIÓN EN LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA

Marta Bonaudo

43 DISCONFORMIDAD DE LA RECIENTE HISTORIOGRAFÍA ARGENTINA CON EL TÉRMINO FACCIÓN: BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN

Ignacio Zubizarreta

57 PROYECTOS POLÍTICOS Y FACCIONALISMO MILITAR. ECOS DE LAS CRISIS DE LA MONARQUÍA PORTUGUESA EN MONTEVIDEO, 1820-18124

Ana Frega Novales

91 MILICIAS Y CIUDADANÍA DE RESIDENCIA: LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1851 EN PERSPECTIVA TRANSNACIONAL

E. Blumenthal

113 DINÁMICAS DE MOVILIZACIÓN Y LÓGICAS DE SOCIALIZACIÓN DE LO POLÍTICO EN EL MUNDO RURAL VENEZOLANO, 1858-1859

Véronique Hébrard

137 ANTAGONISMO, POLÍTICA Y PARTIDOS EN LAS PROVINCIAS ARGENTINAS DEL SIGLO DIECINUEVE: EL CASO DE CÓRDOBA A FINES DE LOS AÑOS SETENTA

Laura Cucchi

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ARTÍCULOS:

159 LA CUADRATURA DEL CÍRCULO. GONZALO REPARAZ RODRÍGUEZ-BÁEZ (OPORTO, 1860-MÉXICO 1939) Y SU DEFENSA DEL IMPERIALISMO ESPAÑOL

J. Pich Mitjana, Juan Pastrana Piñero, Josep Contreras Ruiz

185 UN SINGULAR MODELO COLONIZADOR: EL PAPEL DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS EN LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA DE FILIPINAS, SIGLOS XVI AL XIX

M. D. Elizalde, X. Huetz de Lemps RESEÑAS:

223 Gabriella Dalla Corte, San Francisco de Asís del Laishí. Sensibilidades franciscanas en una misión indígena (Formosa, 1900-1965), Rosario, Protohistoria Ediciones, 2013, 277 pp., por Alexandre Coello

226 Joan Sculies, Josep Andreu Abelló. Els clarobscurs del catalanisme, Barcelona, Edicions de 1984, 2015, 446 pp., por Josep Contreras Ruiz

230 Matilde González-Izas, Territorio, actores armados y formación del Estado, Guatemala, Cara Parens-Universidad Rafael Landívar, 2014, 380 pp., por Juan Carlos Sarazúa

233 Carlos Martínez Shaw & José Antonio Martínez Torres (dirs.), España y Portugal en el mundo (1581-1668), Ediciones Polifemo, Madrid, 2014, 484 pp., por Joan-Pau Rubiés

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INTRODUCCIÓN: «AQUÍ NO HAY PARTIDOS»: ESTUDIOS Y PERSPECTIVAS SOBRE LAS FACCIONES Y GRUPOS POLÍTICOS DEL SIGLO XIX HISPANOAMERICANO Ignacio Zubizarreta Instituto Ravignani-Universidad de Buenos Aires-Conicet/ Universidad Nacional de La Pampa [email protected] Mario Etchechury-Barrera Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, Universidad de la República, Montevideo [email protected]

Populares y optimates en la antigua Roma. Azules y verdes en Constantinopla. Güelfos y gibelinos durante el Medioevo ítalo-germánico. Jacobinos y girondinos en la Francia revolucionaria. Pipiolos y pelucones en el Chile decimonónico. Halcones y palomas en Estados Unidos durante el siglo XX. Las facciones atraviesan la historia desde que existe la política. Y la política existe desde que el hombre es tal. Pero a pesar de su antigüedad, de su constancia casi obstinada en el tiempo, los investigadores encontramos aún –y en muchos aspectos– más sombras que luces a la hora de interpretarlas. Irreconciliablemente enfrentadas, su razón de ser semeja la muerte de su alter-ego, pero la presencia de su antagonista, no obstante, le da razón a su existir. A las facciones las encontramos en diversos ámbitos: dentro del mundo religioso, en el seno de la vida social más mundana o relacionadas al estricto reducto de la política. Las hubo durante los tiempos de emperadores y reyes, siguieron existiendo cuando las revoluciones liberales terminaron con el absolutismo dando paso a la República, y al día de hoy gozan de buena salud al interior de los partidos políticos que –según la teoría– estaban destinados a reemplazarlas. Pero las facciones se resisten al paso del tiempo. En buena medida porque sus fines no han mutado en lo esencial y son de algún modo constitutivos de la vida política: desde desplazar a un funcionario, imponer un lobby o vencer a una agrupación similar, hasta ocupar el poder de una ciudad, región o estado. Casi omnipresentes en nuestro pasado, demonizadas como factores de violencia, desorden, informalidad y divisionismo social, entenderlas y redescubrir cómo y porqué actuaban del modo que lo hacían resulta un gran desafío, en muchos aspectos, aún pendiente.

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Los trabajos del presente dossier1 marcan, en varios sentidos, un punto de llegada de la actual historiografía sobre las agrupaciones políticas decimonónicas en Hispanoamérica. Las colaboraciones que siguen este breve exordio dibujan una agenda posible de nuevas indagaciones, señalando aspectos poco explorados, sugestivas perspectivas metodológicas y estimulantes debates teóricos. Para comenzar, el enfoque actual de la problemática ya no permanece atado al estudio de la alta política que sin embargo, hasta bien entrado el siglo XX, caracterizó el modo de aproximarse a la cuestión. Así, se percibe el declive de una tendencia «atomista», centrada en el estudio de las agrupaciones políticas consideradas en sí mismas, al tiempo que emerge un espacio de estudios donde ese análisis se inserta en procesos más amplios. De esta manera, la reflexión sobre el accionar de las dirigencias y sus acuerdos o conflictos, tanto como las trayectorias de los grandes líderes partidarios, aun sin desaparecer de la escena, ha ido compartiendo el terreno con nuevas perspectivas y temas. Entre ellas, destacan las investigaciones sobre la politización de los sectores populares, la incidencia de los partidos en la construcción de la opinión pública, sus dimensiones inter-estatales, la circulación de múltiples lenguajes políticos al interior de sus entramados o sus vínculos con el macro-fenómeno de la guerra, entre otras múltiples variantes.

Ahora bien, más allá de esas nuevas perspectivas teóricas y enfoques que vienen a complejizar el tema, algunos viejos problemas persisten como ejes articuladores de la agenda de investigaciones. En ese sentido, el siempre reñido tópico de las definiciones, de la terminología y sus ambigüedades, sigue siendo uno de los puntos más debatidos. La historiografía tradicional latinoamericana, durante muchos años, ha denominado a los primeros movimientos políticos del siglo XIX como «facciones». Para el politólogo Andrés Malamud, luego del proceso de emancipación y ante las nuevas pautas de participación y representación política, «los portadores de ideas afines, intereses coincidentes o, incluso, simpatías personales, elaboraron los primeros lazos de solidaridad de las que en un principio serían llamadas “facciones”».2 Malamud considera –como muchos politólogos– que las facciones constituyeron una modalidad de movimiento político similar a los partidos, pero en una suerte de estado embrionario, precediendo temporalmente a estos últimos. Sin embargo, siguiendo la tesitura de las ciencias políticas, si las facciones eran defectuosos antecedentes de los partidos, en algunas regiones del planeta devendrían luego agru-

1. Los artículos aquí presentados forman parte del simposio núm. 11 «Puentes entre Latinoamérica y Europa. Faccionalismo, guerra y exilio durante el siglo XIX», coordinado por Ignacio Zubizarreta y Mario Etchechury-Barrera, que se desarrolló en el marco del XVII Congreso Internacional de la AHILA (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos), Berlín, 9-13 de septiembre de 2014. Por su parte, la colaboración de la Prof. Ana Frega fue presentada en la mesa «Monarquismos y republicanismos iberoamericanos: Los ensayos políticos en los procesos independentistas de América, 1808-1830», en el marco del mismo congreso. Agradecemos a los editores de Illes i Imperis por brindarnos la oportunidad de publicar el presente número temático. 2. MALAMUD, Andrés, «Partidos Políticos», en PINTO, Julio, comp., Introducción a la Ciencia Política. Buenos Aires, EUDEBA, 2003, p. 322.

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paciones institucionalizadas, orgánicas y representativas, mientras que en otras –bajo cierto revestimiento ficticio de partido– seguirían actuando como las facciones que eran con anterioridad. ¿Se trató de una falla evolutiva lo que impidió a las facciones iberoamericanas transformarse y hacer el salto hacia los «partidos» con características similares a los que surgirían en Estados Unidos y Europa occidental? Tratando de eludir esta trampa maniquea, se hace evidente que la contraposición entre «facción» y «partido», considerados como entidades diferenciadas, quizás sea demasiado esquemática como para que pueda articular los abordajes de la historiografía política contemporánea. Aunque vale destacar que esa tensión ya era propia del siglo XIX. Un periódico de Buenos Aires en 1829 y haciendo referencia a sus antagonistas los federales, recordaba: «Aquí no hay partidos: no hay más que salvajes salteadores por una parte, y hombres que quieren tener patria por otra.»3 Si términos como facción o faccionalismo han sido frecuentemente objetados, aludiendo, entre otros argumentos, a su contenido peyorativo y a su flaqueza conceptual,4 de ello no se desprende que todos los historiadores abocados al período hayan empleado estos conceptos de igual modo, ni que el sintagma «partido político» u otras categorías análogas vengan a suplantarlos con pleno éxito. Cambiar un término por otro no solucionaría el problema. De esta manera, el concepto, al designar realidades tan diversas entre sí, también terminaría, según lo señala Ignacio Zubizarreta en su artículo, por perder operatividad. Es decir que, tanto partido como facción, son categorías que poseen límites bastante claros si son empleados para analizar etapas amplias del pasado. En el mismo sentido, como toda dicotomía, esta contraposición teórica entre facción y partido implica invisibilizar otras formas de institucionalización de los entramados de acción política que no necesariamente tienen porqué orbitar entre ambos extremos. El problema pasa por no construir versiones reificadas que encubran y aplanen bajo un mismo rótulo, un conjunto amplio de espacios de sociabilidad autónomos, aunque comunicados entre sí e identificados, a veces más desde fuera que por sus propios miembros, con ciertas ideas y prácticas concretas que pueden variar desde las opiniones vertidas en debates hasta formas de vestirse o pronunciarse en público.5 En efecto, partiendo de la historiografía existente, no parece desprenderse un acuerdo sustancial sobre los elementos que deben tomarse en cuenta para definir a una agrupación política como partido, bando o facción, tal como se verá en los respectivos aportes de Marta Bonaudo e Ignacio Zubizarreta. Mientras algunos enfoques privilegian factores internos, como el nivel de cohesión ideológica y social, o la perduración en el tiempo de fidelidades y lealtades, otros autores han tomado una vía en cierto modo externa, que explora el grado de legitimidad del que gozaron esas agrupaciones en el interior de la

3. El Pampero, 18 de abril de 1829, Museo Mitre, 21.6.4. 4. SÁBATO, Hilda, «Los desafíos de la república. Notas sobre la política en la Argentina pos Caseros», Estudios Sociales, primer semestre 2014, vol. XXIV, pp. 77-117. 5. SALVATORE, Ricardo, «Expresiones federales, formas políticas del federalismo rosista», en GOLDMAN, Noemí, SALVATORE, Ricardo, comps., Caudillismos rioplatenses. Nuevas miradas a un viejo problema, Buenos Aires, Eudeba, 1998, pp. 189-222.

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esfera de la opinión pública. Además, como ha sido señalado en varias oportunidades, la presencia de grupos o fracciones que rompían por la vía de los hechos la unidad del cuerpo político, fue percibida a lo largo del siglo XIX de diversos modos que podían variar desde las miradas más complacientes, que apreciaban la instalación de un «disenso organizado», hasta –la mayor parte de las veces– aquellas que la condenaban de manera enfática, asociándola a formas políticas «caudillistas» disruptivas del orden público. Solo así se explicaría la proliferación, en la segunda mitad de dicho siglo, de proyectos fusionistas y conciliadores o la irrupción de corrientes anti-partidistas6 que apuntaban a superar estas «divisas», «banderías» o «personalismos» en aras de agrupaciones y programas de alcances «nacionales». Es que, en las sociedades hispanoamericanas, la tensión entre «unidad» y «pluralidad» se mantuvo latente casi a lo largo de todo el siglo XIX. Esa «unidad» no habría constituido necesariamente un caprichoso resabio del ancien régime unanimista, sino que probablemente operó también como un elemento modernizador en un sistema republicano sostenido por una representación soberana de sujetos colectivos (el pueblo, la nación, el interés general, la opinión pública, etc.). Si esa lógica de la «unidad», siguiendo la tesitura que presentará Bonaudo, predominó durante la primera mitad del XIX, años después se abriría paso a propuestas política más pluralistas. Los clubes electorales que nacieron al despuntar la segunda mitad del siglo antepasado representan un estimulante punto de mira desde donde observar ese proceso paulatino. En este periodo, en paralelo, se consolidaron partidos que albergaron una dimensión territorial que podría considerarse «nacional» trascendiendo así los más encorsetados límites de lo local/regional. Estos grupos políticos de la segunda mitad del siglo XIX (verbigracia, el PAN en Argentina, el Partido Civil peruano o el porfiriato mexicano)7 aceptaban tolerar cierta disensión en su interior, pero paralelamente mantenían la pretensión constante de hegemonizar la vida política nacional, imponiéndose sobre otras agrupaciones equivalentes. Aunque carecían de ciertas regulaciones internas, lograron desplegar mecanismos para generar candidaturas y disputar el poder. Pero además, plasmar en sus participantes cierto anclaje identitario y configurar un «nosotros». Si pasamos de las discusiones terminológicas suscitadas en cada época sobre la definición y niveles de legitimidad de las agrupaciones políticas y nos centramos en su naturaleza social e institucional, los desafíos se incrementan. Muchos de los grupos que ocasionalmente fueron designados por los propios contemporáneos como «partidos» o «facciones» –unitarios y federales o blancos y colorados en el caso del Río de la Plata– se asemejaron a densas coaliciones político-militares construidas alrededor de liderazgos

6. Sobre las corrientes anti-partidistas cfr. RILLA, José, «La tradición contra los partidos en el Uruguay», História, vol. 23, núms. 1-2, 2004, pp. 161-196. 7. Para comprender la dinámica política interna del PAN, recomendamos: ALONSO, Paula, Jardines secretos. Legitimaciones públicas. El Partido Autonomista Nacional y la política argentina de fines del siglo XIX, Buenos Aires, Edhasa, 2010. Para el caso del porfiriato en México SALMERÓN, Alicia, «Partidos personalistas y de principios; de equilibrios y contrapesos. La idea de partido en Justo Sierra y Francisco Bulnes», en ÁVILA, Alfredo y SALMERÓN, Alicia (coords.), Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo XIX, México, FCE, 2013, pp. 140-167.

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civiles o jefaturas militares de prestigio, distribuidas en un amplio arco geográfico. Al interior de esos entramados convergían intereses a menudo circunstanciales –cuando no contrapuestos– más identificados por sus comunes oponentes de turno que por un horizonte programático, con otros que daban cuenta de la existencia de discursos o núcleos identificadores permanentes que a la postre terminaban por dar sustento a lo que en el léxico de época se solía denominar como «causas». El «americanismo», la lucha contra las «injerencias extranjeras» o ciertas oposiciones de clase entre sectores populares y propietarios podían ciertamente dotarlos de coherencia y permanencia en el tiempo. En otros casos, y tal vez más nítidamente en la segunda mitad del siglo XIX, las agrupaciones políticas comenzaron a diferir por propuestas sobre cómo comprender la República y organizar el estado nacional.

En esa sintonía, el trabajo de Laura Cucchi parte de una lectura de Tulio Halperín Donghi sobre la supuesta ausencia de grandes controversias ideológicas en Argentina durante el periodo que transcurrió entre la caída de Juan Manuel de Rosas (1852) y la consolidación definitiva del estado nacional (1880). Dicha interpretación se sostiene en la existencia de conflictos motivados por algo que podría definirse como «faccionalismo» en su estado puro. En otras palabras, agrupaciones políticas estructuradas en base a liderazgos fuertes que combaten o compiten con otras de perfiles socio-económicos similares aunque en ocasiones con tradiciones divergentes. Según Cucchi, la historiografía posterior validó esa caracterización del periodo y su trabajo pretende enmarcarse en una reflexión que revise dicho marco interpretativo. El aporte que introduce la autora consiste en cuestionar el hecho de que el conflicto político haya sido originado puramente por disputas facciosas y que se ignore, no obstante, el enfrentamiento genuino por posturas u opiniones políticas diferenciadas. Pretende demostrar sus hipótesis sirviéndose de la experiencia del Partido Autonomista de Córdoba a fines de la década de 1870. Un caso bien distinto es el de la «Facción de la Sierra» analizado en la presente compilación por Véronique Hébrard. En su trabajo podemos observar cómo a partir de 1858 se introduce en la vida política venezolana un ecléctico movimiento –denominado en la época como facción– que aunque mantiene importantes conexiones con el Partido Liberal no se confunde con él, quedando demarcada una línea difusa. Como subraya la autora a partir de un minucioso análisis de expedientes judiciales y del seguimiento de trayectorias individuales, esta movilización armada –que en su discurso público nace para respaldar a un presidente liberal depuesto– respondió sin embargo a una amplia gama de fidelidades y lógicas políticas: desde redes clientelares nacidas en las haciendas hasta vínculos familiares o ideológicos que terminan por enlazar a una miríada de grupos con diversas culturas políticas. Los métodos de reclutamiento, el esparcimiento de rumores y pronunciamientos y las modalidades de «seducción» empleadas por los miembros de la Facción de la Sierra –que se traslucen en esporádicos fragmentos documentales– ejemplifican las sinuosas vías de la socialización política. Hébrard realiza un estudio morfológico de este movimiento partiendo del núcleo de los «cabecillas» hasta llegar a las bases sociales cam-

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pesinas y sus respectivos móviles. Descubre en ese enmarañado entramado un amplio arco de factores movilizadores que no pueden ser reducidos a una única racionalidad. En suma, el trabajo demuestra el potencial de una historia social de la política tantas veces convocada a renovar la comprensión del pasado.8 Dentro de los déficits historiográficos más notorios, sin duda figura el de las conexiones globales entre las formaciones políticas de cada ámbito geográfico con sus pares regionales o del resto del orbe. La integración de grupos locales dentro de «culturas políticas» más amplias constituye un fenómeno aún poco explorado, pese a los notables avances producidos en los últimos años.9 La reconstrucción de las redes de correspondencia entre líderes políticos de ambas orillas del Atlántico, la circulación de ideas y modelos o los circuitos conformados por una intensa inmigración de naturaleza política –exiliados, conspiradores, periodistas– demarcan todo un horizonte de futuras indagaciones que no se circunscribe, obviamente, a la política de «partidos». De ahí la importancia del trabajo presentado por Edward Blumenthal, que conecta dos episodios normalmente abordados por separado: la rebelión de Copiapó y el pronunciamiento de Justo José de Urquiza contra Juan Manuel de Rosas, ambos ocurridos en 1851 en Chile y el Río de la Plata respectivamente. En su aporte, el autor logra sumar una serie de nuevas problemáticas a la cuestión de las agrupaciones políticas decimonónicas. Por un lado, adiciona una dimensión trasnacional.10 Pero también y en base al estudio del rol de los exiliados argentinos en dicha localidad chilena, articula una explicación convincente del proceso de consolidación de las identidades políticas y nacionales, dejando entrever los estrechos contactos entre ambas modalidades identitarias. De este modo, nos brinda una cabal

8. PÉCOUT, Gilles, «Cómo se escribe la historia de la politización rural. Reflexiones a partir del estudio del campo francés en el siglo XIX», Historia Social, núm. 29, 1997, pp. 89-110. 9. Sin duda Iberconceptos, el proyecto-red internacional de Investigación en Historia Conceptual Comparada del Mundo Iberoamericano, dirigido por el Prof. Javier Fernández Sebastián, marca un punto de inflexión en la construcción de este cada vez más necesario mapa historiográfico trans-estatal. Cfr. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier (dir.), Diccionario político y social del mundo iberoamericano: la era de las revoluciones, 17501850. Madrid, Fundación Carolina, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009, t. I, y FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier (dir.), Diccionario político y social del mundo iberoamericano. Conceptos políticos fundamentales, 1770-1870, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Universidad del País Vasco, 2014, t. II, en 10 vols; MORELLI, Federica, THIBAUD, Clément, VERDO, Geneviève (eds.), Les Empires atlantiques, des Lumières au Libéralisme (1763-1865), Rennes, PUR, 2009; THIBAUD, Clément, ENTIN, Gabriel, GÓMEZ, Alejandro, MORELLI, Federica, (coords.), L’Atlantique révolutionnaire (Une perspective ibéro-américaine). Bécherel, Les Perséides, 2013; DIAZ, Delphine, MOISAND, Jeanne, SÁNCHEZ, Romy, SIMAL, Juan Luis (dirs.), Exils entre les deux mondes. Migrations et espaces politiques atlantiques au XIXe siècle, Rennes, Les Perséides, 2015, En la misma dirección debemos resaltar los recientes aportes colectivos, todavía en curso: PÉREZ LEDESMA, Manuel (ed.), Trayectorias trasatlánticas. Personajes y redes entre España y América. Madrid, Ediciones Polifemo, 2013, 2 vols., siglo XIX y XX; CABRERA, Miguel Ángel, PRO RUIZ, Juan, (coords.), La creación de las culturas políticas modernas, 18081833. Madrid, Marcial Pons, 2014, y CRUZ ROMERO, María, SIERRA, María, coords., La España liberal, 1833-1874. Madrid, Marcial Pons, 2014. 10. Blumenthal ha explorado en profundidad el sector chileno-boliviano del exilio anti-rosista en su tesis doctoral: Exils et constructions nationales en Amérique du Sud: proscrits argentins et chiliens au XIX siècle, París, Université Paris Diderot (París 7), noviembre de 2013.

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muestra sobre la porosidad y los vínculos existentes entre las fronteras en el gradual proceso de construcción de las naciones latinoamericanas visualizando a su vez cómo los conflictos civiles y políticos de una ciudad, de una región o de un país pueden afectar la realidad de otras jurisdicciones. Para concluir con los diversos aportes del dossier, Ana Frega aborda el intenso proceso de politización ocurrido dentro de las tropas luso-brasileñas en la Provincia Oriental/Cisplatina entre 1820 y 1824. La autora aborda el modo en que ese fenómeno se materializó a través de la creación de «logias» o «clubes» y de la circulación de pasquines, diarios y hojas sueltas que expresaban las diversas corrientes de opinión sobre los destinos políticos de Montevideo y su hinterland rural. Partiendo de un abordaje global que contempla las repercusiones locales de los procesos de las revoluciones liberales en España y Portugal (incluyendo la utilización de fondos documentales lusitanos), la autora se detiene en el itinerario político-militar de la División de Voluntarios Reales desde su formación en Portugal en 1815 hasta su participación en la invasión y ocupación de la Provincia Oriental a partir de 1816. Mediante un cuidadoso seguimiento de este cuerpo, Frega demuestra el modo en que las desavenencias y disputas de orden castrense, relativas a haberes impagos o cuestiones de estrategia y logística militar, recogían además distintos posicionamientos políticos vinculados a los sucesos de Portugal (como la revolución de Porto y la instalación de Cortes Constituyentes en Lisboa) y sus consecuentes repercusiones en Brasil y en la Cisplatina. Este trabajo aporta nuevas evidencias empíricas y reflexiones teóricas sobre el renovado tópico de la militarización de la política –o politización de las fuerzas de guerra– subrayando el modo en que las formaciones castrenses poseían –y ejercían– una notable autonomía que les permitía operar como «partido» o «facción» en contextos de crisis política.11

En el presente dossier hemos pretendido brindar algunos elementos que pueden ser útiles para la reflexión sobre las facciones y grupos políticos del siglo XIX iberoamericano, sin pretender agotar la lista de temas y problemas. Para ello organizamos los aportes partiendo de los usos conceptuales de los términos y sus diversas formulaciones en algunas áreas de Hispanoamérica (incluyendo las dificultades que implican dichos usos), para dar paso a la presentación de diversos casos de agrupaciones políticas locales o regionales, expues-

11. Sobre este mismo enfoque relativo a la politización de fuerzas de guerra cfr. RABINOVICH, Alejandro, «La máquina de la guerra y el Estado: el Ejército de los Andes tras la caída del Estado central del Río de la Plata en 1820», en GARAVAGLIA, Juan Carlos, PRO RUIZ, Juan, ZIMMERMANN, Eduardo (eds.), Las fuerzas de guerra en la construcción del Estado. América Latina, siglo XIX. Rosario, Prohistoria Ediciones, 2012, pp. 205-240; ETCHECHURY BARRERA, Mario, «Una guerra en busca de sus autores. Algunas notas metodológicas sobre la conflictividad regional en el Río de la Plata (1835-1845)», Illes i Imperis. Estudis d’historia de les societats en el món colonial i poscolonial. Barcelona núm. 15, 2013, pp. 75-100. A su vez, recomendamos: RABINOVICH, Alejandro y ZUBIZARRETA, Ignacio, (coord.), Foro: La movilización militar y las formas de la política en el espacio rioplatense, 1810-1880, Programa Interuniversitario de Historia Política. Julio de 2015: http:// historiapolitica.com/foros/movilizacion-militar/

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tos en orden cronológico, que permiten una mejor comprensión de la heterogeneidad de los movimientos que actuaron en el pasado. En este espacio, no solo se marca un punto de llegada de numerosas reflexiones, sino que se postulan múltiples vías que se abren de cara a la problemática central de las formas de acción política del siglo XIX.

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REPENSANDO EL PARTIDO/FACCIÓN EN LA EXPERIENCIA LATINOAMERICANA1 Marta Bonaudo ISHIR (CONICET-UNR) [email protected]

Facción y faccionalismo han sido conceptos claves que atravesaron la historia política a lo largo del siglo XIX. Ellos configuraron un eje central del debate en la conformación de las nuevas formas estaduales. El objetivo de este artículo es volver a reflexionar en clave comparativa sobre esa etapa de la vida de las sociedades latinoamericanas centrando el problema en el espacio del denominado «partido-facción». La preocupación por el partido deriva de la necesidad de comprender el conjunto de percepciones culturales y prácticas sociales que corrieron en paralelas con la formulación de los modelos representativos en aquellas décadas. El período analizado (1840/50-1890) muestra no sólo la multiplicación de tales experiencias sino también la complejidad de sus articulaciones. Nuestra hipótesis es que el partido decimonónico no sólo debe ser analizado como un modo de sociabilidad que se constituye para la política y recepta trasvases culturales. Al mismo tiempo, éste se reconfigura como una trama compleja, extensa, que se alimenta de un conjunto de formas asociativas y vehículos culturales en su disputa por ejercer el poder. En consecuencia, este no puede ser reducido a la tradicional lógica facciosa pero tampoco puede ser identificado con las agrupaciones masivas de hombres, típicas de fin de siglo o del siglo XX, ya que este tipo de organizaciones no estaba en la ley ni en las costumbres. PALABRAS CLAVE: Facción, Partido, Historia Política, Latinoamérica.

RETHINKING THE PARTY/FACTION IN THE LATIN AMERICAN EXPERIENCE Faction and Factionalism have been key issues in political history of Latin American throughout the nineteenth century. They have been the central axe of debates during the

1. Este trabajo forma parte del proyecto de investigación I+D+I «La construcción histórica de la inclusión y la exclusión políticas: España entre Europa y América Latina (1780-1910)» [HAR2012-32637], bajo la dirección de María Sierra, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y de la red de «Historia de las culturas políticas y de las identidades contemporáneas» [HAR2010-12369-E]. [Recibido: 23/2/2015 – Aceptado: 23/7/2015]

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conformation of the new state forms. The purpose of this paper is to rethink, in a comparative manner, about that phase of the Latin American societies, focusing on discussion inside the space of the denominated «party-faction». Concern about «political party» results from need of understand the set of cultural perceptions and social practices that have been running in parallel to formulation of representative patterns in those decades. The period analysed (1840/50-1890) shows not only the increasing number of such experiences but also complexity of its articulations. We consider the hypothesis that nineteenth-century party must be studied as a way of sociability that configures itself for the Politics and it receives cultural transfers. At the same time, it rebuilds itself as a complex and broad net which feeds on a set of associative forms and cultural vehicles in its dispute over exercising power. As a result of all this, the nineteenth-century party can’t be reduced to a traditional factional logic but neither it can be identified with massive groupings of men as we can find in the end for nineteenth century or during the twenty Century. These kind of organisations didn’t exist either in the law or in the costums. KEYWORDS: Faction, Political Party, Political History, Latin America.

Facción y faccionalismo han sido conceptos que atravesaron la historia política latinoamericana a lo largo del siglo XIX y configuraron un eje central del debate en la conformación de las nuevas formas estaduales, particularmente durante la segunda mitad del siglo. El objetivo de este artículo no es plantear un estado de la cuestión sobre el tema sino volver a reflexionar en clave comparativa sobre esa etapa de la vida de las sociedades latinoamericanas ubicando como nudo problemático al denominado «partido-facción» caracterizado de diversos modos: espacio de «banderías», de conspiración, de organicidad limitada y transitoria, de fragmentación y/o confrontación violenta en la disputa por el poder.2 En esta ocasión no solo nos interesa discutir algunas de esas perspectivas sino

2. El tema ha gestado un sin número de aportes, Ver, entre otros, CHIARAMONTE, José Carlos, Nacionalismo y liberalismo económico en la Argentina, 1860-1880, Buenos Aires, Solar-Hachette, 1971; HALPERÍN DONGHI, Tulio, Revolución y Guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla, Buenos Aires, Siglo XXI, 1994; DE LA FUENTE, Ariel, Los hijos de Facundo. Caudillos y montoneras en la provincia de La Rioja durante el proceso de formación del Estado Nacional Argentino (1853-1870), Buenos Aires, Prometeo, 2006; ZUBIZARRETA, Ignacio, Unitarios. Historia de la facción política que diseñó la Argentina moderna, Buenos Aires, Sudamericana, 2014; «Reflexiones sobre el “orden”: sus significados y su funcionalidad política durante las guerras civiles entre unitarios y federales», PolHis, núm. 11, 2013, pp. 117-127; Los unitarios: faccionalismo, prácticas, construcción identitaria y vínculos de una agrupación política decimonónica, 1820-1852, Berlin, Inauguraldissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors der Philosophie am Fachbereich Geschichtsund Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin vorgelegt, 2011; ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal. «Entre la unidad y la pluralidad. El concepto de partido-facción en el Perú, 1770-1870», Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, 2010, 39 (1), pp. 63-84; LOAYSA, Alex, «El club Progresista y la coyuntura electoral de 1849-1851» en ALJOVÍN DE LOSADA, C. y LÓPEZ, S. (eds.), Historia de las elecciones en el Perú. Estudios sobre el gobierno representativo, Lima, Instituto de Estudios Peruanos, 2005, pp. 395-424; AVILA, Alfredo-SALMERÓN, Alicia (coords.), Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México siglo XIX, México, FCE, 2012.

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también explorar el papel desempeñado por estas experiencias al interior de diferentes contextos «notabiliares». La preocupación por el partido está estrechamente vinculada con la necesidad de comprender el conjunto de percepciones culturales y prácticas sociales que corrieron en paralelas con la formulación de los modelos representativos que en aquellas décadas comenzaron a formalizarse desde la matriz liberal. En consecuencia, y más acá o más allá de las valoraciones que publicistas y políticos realizaran de aquel, nos enfrenta al desafío de analizar cómo se articuló el derecho electoral con tramas institucionales que permitieran uniformar la opinión que a través del mismo se expresaba, ordenándola y canalizándola. Además nos introduce en las diversas estrategias elegidas por quienes aspiraban a representarla, al tiempo que nos incita a observar detenidamente las variadas interacciones que los casos pueden ofrecernos entre reglas formales y reglas pragmáticas. El acercamiento propuesto –que no pretende ser exhaustivo sino indicativo de un debate– focaliza uno de los principales desafíos epocales que se les plantearon a los grupos liberales ante realidades disímiles, en el magma de un clima de ideas que atravesó sociedades y océanos.

Presupuestos iniciales ¿Cuál es nuestro punto de partida? En primer lugar, partimos de considerar a la sociedad liberal de ese momento como una sociedad que no operaba como un agregado de individuos en competencia. Ella emergía, en cambio, como un mundo en el que aun pervivían los antiguos vínculos y en cuyo interior se desenvolvían un conjunto de sujetos arraigados en cuerpos sociales-territoriales, asumidos como naturales.3 En segundo lugar, no convalidamos la concepción de que tales sujetos operaban disociadamente entre «lo público» y «lo privado». Sin restar mérito a los aportes de las tesis habermasianas sobre la configuración de la «esfera pública» –esfera de mediación entre el individuo y el estado y en donde la opinión tenía lugar– nuestra interpretación se orienta a pensar en cambio en una profunda y compleja interacción entre ambas «esferas». Por ende, compartimos las argumentaciones de quienes no conciben al espacio público como el «territorio» en que se debaten exclusivamente «valores monolíticos y racionales» ni en cuyo interior los ciudadanos actúan impulsados por el «interés general». La imagen que pretendemos recuperar –de acuerdo con esos criterios– es la de una sociedad en su dinámica plural, por momentos anárquica, siempre fluyendo. En ella, la configuración de una «opinión» no es el resultado de un «interés general» –salvo excepciones– sino de diferentes intereses en diálogo. Esto nos acerca a otra mirada sobre la «esfera pública», la de un espacio resignificado dentro del cual los grupos polemizan, negocian,

3. SIERRA, María, «La cultura política en el estudio del liberalismo y sus conceptos de representación», en PÉREZ LEDESMA, M., SIERRA, M., Culturas políticas: teoría e historia, Zaragoza, Institución Fernando el Católico (CSIC)-Excma Diputación de Zaragoza, 2010, p. 241.

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defienden sus intereses particulares y diversos.4 A través de ella pretendemos desdibujar el intento de la discursividad liberal de correr un «velo de ignorancia» sobre los clivajes sociales, étnicos, culturales, ya que la propia dinámica de los grupos recurrentemente perforó la pretendida unidad y homogeneidad del espacio. Estos presupuestos iniciales, tan sintéticamente esbozados, nos sirven para ir delineando nuestro acercamiento a la problemática del partido político decimonónico, partido que no sólo no escapó a las marcas fuertes de las sociedades en las que emergió sino que se nos ofrece como un excelente laboratorio para poner en diálogo dimensiones sociales y culturales de la política. Como ya lo habían mostrado otros autores, comenzando por Maurice Agulhon5 y, en el caso latinoamericano, F. X. Guerra,6 en el siglo XIX se hizo notoria una propensión de la política a utilizar estructuras tomadas de la sociabilidad y, a ésta última, a involucrarse en la vida política. La evolución hacia la asociación política conllevó –como lo afirmaba Agulhon– un deslizamiento de un estilo antiguo de sociabilidad a uno nuevo en el que los lazos asentados en «afinidades» o «amistades» políticas –una manera particular de expresar miradas del mundo, opiniones comunes– articulaban lo público con lo privado dando lugar a formas relacionales específicas.7 Paralelamente cabe señalar que, si las formas antiguas no desaparecieron al interior de esas dinámicas, tampoco es posible asimilar este tipo de «partidos», «facciones», «clubes» a las configuraciones de mediación política sustentadas en las agrupaciones masivas de hombres, típicas de la coyuntura finisecular decimonónica o del siglo XX, ya que este tipo de organizaciones ni estaba en la ley ni en las costumbres.8 ¿Cómo pensar entonces tales experiencias? A nuestra ayuda acuden las propuestas sobre las culturas políticas de Sirinelli y Berstein, que nos permiten recuperar al interior de las mismas una concepción del partido no sólo como un modo de sociabilidad que se constituye para la política, que recepta trasvases culturales sino que además se reconfigura como una trama compleja, extensa, que se alimenta de un conjunto de formas asociativas y vehículos culturales en su disputa por ejercer el poder.9

4. HABERMAS, Jurgen, Historia y crítica de la opinión pública, Barcelona, Ediciones G. Gili, 1994. Ver, entre otros, FRASER, Nancy, «Reconsiderando la esfera pública: una contribución a la crítica de la democracia existente», Entrepasados, núms. 12-13, Buenos Aires, 1997, pp. 87-114; CALHOUN, Craig (ed.), Habermas and the Public Sphere. Cambridge MA, The M.I.T. Press, 1991; BAKER, Paula. The Moral Frameworks of Public Life: Gender, Politics and the State in Rural New York, 1870-1930, New York, Oxford University Press, 1991. 5. AGULHON, Maurice, El círculo burgués, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2009. 6. GUERRA, François-Xavier, Modernidad e Independencias: ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Madrid, MAFRE, 1992; México. Del Antiguo Régimen a la Revolución, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, t. I, pp. 126 y ss.; ALZATE GARCÍA, Adrián, «Pedagogía societaria en el régimen radical colombiano (1863-1878). La enseñanza del «buen sufragio» y el aprendizaje de la política moderna», Historia Crítica, n.º 42, Bogotá, 2010, pp. 182-203. 7. GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar, «La sociabilidad y la Historia Política» en PANI, E. y SALMERON, A. (coords.), Conceptualizar lo que se ve. Homenaje a François-Xavier Guerra, México, Instituto Mora, 2004, p. 445. 8. AGULHON, M., El circulo… cit., p. 128 9. Ambos historiadores apelan a los conceptos de tradición y familia política dentro de las cuales se inte-

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Indudablemente los partidos políticos como experiencias diferenciadas, sólo podían desarrollarse al calor de la regulación y garantía del ejercicio de derechos civiles como los de opinión, reunión y asociación que les ofrecían los textos constitucionales. Sin embargo, aunque las constituciones latinoamericanas bastante tempranamente convalidaron tales libertades, dichas sociedades experimentaron en sus prácticas la enorme dificultad con que las lógicas liberales enfrentaban las perspectivas plurales. Se detecta en ellas, como pudimos corroborar ya desde la etapa previa a los procesos revolucionarios, la emergencia de espacios o sociedades en los que se discutía en torno a la política. No obstante, el período que tomamos como eje (1840/50-1890) muestra no sólo la multiplicación de tales experiencias sino también la complejidad de sus articulaciones. Por otra parte, nos permite percibir cómo este tipo de organizaciones atraviesa dinámicamente todas las tramas sociales, superando el ámbito de las elites aun cuando ellas no pierden su centralidad y su capacidad de control. Paralelamente cómo, por diversos canales, el partido interviene en esos procesos de socialización política, de «pedagogía cívica» generados por los diferentes movimientos asociativos, operando ya como una de las vías a través de la cual el ciudadano accede a ese «aprendizaje» de la cosa pública, del significado del nuevo lazo social, ya cual factor de transformación de la sociedad y de las representaciones que ésta se da a sí misma, ya estructurando los comportamientos políticos individuales sin perder su carácter de fenómeno colectivo.

El partido entre binomios 1. Unidad/pluralidad La experiencia de los partidos en la etapa republicana latinoamericana aparecía, en primera instancia, como un desafío al orden. Un orden que había sido difícil restituir, luego de luchas civiles, de confrontaciones con países vecinos o de la crisis de ciertos autoritarismos. En esta dirección, las nuevas repúblicas atravesaron un proceso complejo ya que al articular un fuerte vínculo entre soberanía y voluntad nacional, se orientaron hacia un concepto de la representación política que reposaba preferentemente en sujetos colectivos como el pueblo o la nación. Al colocar por sobre los intereses de las partes, el interés general encarnado en esa figura pueblo como un todo, vincularon no pocas veces la noción de partido con un orden fracturado y, por lo tanto, inaceptable para sus frágiles

grarían las formaciones partidarias. Ver, BERSTEIN, Serge (dir.), Les cultures politiques en France, Paris. Editions du Seuil, 1999, pp. 13 y 23; SIRINELLI, Jean F., Histoire des droites in France, Paris, Gallimard, 1992, t. II, pp. 2-4. Una perspectiva ilustrativa y en diálogo con la francesa para el caso italiano se sintetiza historiográficamente en ZURITA ALDEGUER, Rafael, «La sociabilidad en la historia política del ochocientos: un recorrido por la historiografía italiana», Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, 4, 2005, pp. 219-229.

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unidades.10 Paralelamente pensaron que la forma partido podía violentar la libertad de las conciencias individuales y condicionar la formación de una voluntad general.11 Como bien lo ha señalado Cristóbal Aljovin analizando la realidad peruana, la tensión unidad/pluralidad formó parte del lenguaje y de las prácticas políticas del mundo Atlántico desde las revoluciones del siglo XVIII. No obstante, a lo largo del siglo XIX –particularmente entre la primera y la segunda mitad– se produjeron cambios en la relación de ese binomio. Si en la primera mitad primó la lógica de la unidad, la urgencia de la cohesión y se tuvo una traumática percepción de la competencia, durante la segunda mitad la potencialidad de las prácticas asociativas de todo tipo, la dinámica impuesta por las interacciones de los grupos en la búsqueda de representación de sus intereses así como las transformaciones institucionales fueron dando cabida a otras miradas sobre la vida política, miradas más plurales que de todos modos no hicieron desaparecer totalmente del horizonte la búsqueda de la unidad.12 Si bien perspectivas similares caracterizaron a diversas experiencias latinoamericanas, cada una de ellas fue mostrando sus especificidades en cuanto a los tiempos de cambio y los modos de inflexión. En el caso peruano, Aljovín y otros analistas señalaron la década de 1850 como una coyuntura en la que se observaba un afianzamiento de los clubes electorales en el territorio nacional, de lo que daba cuenta la elección presidencial de 1851.13 Tal situación se vinculaba tanto con la disminución de la injerencia de las elites acompañada de una mayor presencia de la administración estatal en las elecciones locales como con la introducción de un régimen de elecciones directas.14 Pocos años después aparecía en Lima, de la mano de Juan Espinosa, un Diccionario del Pueblo (1855) que recuperaba la utilidad de los partidos como espacios de principios y de debate ideológico pero rechazaba aquéllos ligados exclusivamente por vínculos personales.15 Al interior de una república que co-

10. Resulta interesante señalar que, como lo indican Alfredo Avila y Alicia Salmerón para el caso mexicano pero cuya caracterización puede hacerse extensiva a otras experiencias latinoamericanas, el concepto de partido estuvo asociado más a la acción de «partir» que a la de «participar». Ver AVILA, Alfredo y SALMERÓN, Alicia (coords.), Partidos… cit., p. 9. 11. Ver, entre otros, ROSANVALLON, Pierre, Le peuple introuvable, Paris, Editions Gallimard, 1998, pp. 173 y ss.; PALTI, Elías, El tiempo de la política, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2007, pp. 175-176; AVILA, A. y SALMERON, A., «Introducción» en AVILA, Alfredo y SALMERÓN, Alicia (coords.), Partidos… cit., pp. 9-10, nota 1. Según Avila, esto no era un resabio del Antiguo Régimen español –como lo consideraba Guerra– sino resultado de una concepción moderna de la soberanía nacional, considerada única e indivisible. 12. ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal, «Entre la unidad… cit.; PERALTA RUIZ, Víctor, «Las trampas de la imparcialidad. El comercio y el gobierno del general Ramón Castilla. Perú 1845-1850», Debate y perspectiva. Cuadernos de Historia y Ciencias Sociales, núm. 3, Madrid, MAPFRE, 2003, pp. 85-87; JOHANSSON, Frédérik, «El imposible pluralismo político: del exclusivismo y otros vicios de los partidos políticos en el México de la Reforma» en AVILA, Alfredo y SALMERÓN, Alicia (coords.), Partidos… cit., pp. 106-139. 13. MC EVOY, Carmen, La utopía republicana, Lima, Pontificia Universidad Católica de Perú, 1997, p. 74 14. ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal, «Sufragio y participación política: Perú 1808-1896» en ALJOVÍN DE LOSADA, C. y LÓPEZ, S. (eds.), Historia…, cit., p. 59. 15. Ver ALJOVIN DE LOSADA, C., «Entre…» cit., p. 67: «utilísima cosa cuando hay dos en un pueblo, que se vigilan mutuamente y que pretenden ser cada uno el único capaz de hacer la felicidad de todos los asociados».

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menzaba a regular con claridad los vínculos con el poder y reconocía a todo ciudadano el derecho de asociarse «sin comprometer el orden público»,16 parecieron tomar cuerpo las organizaciones partidarias. Estas, como aquel partido Civilista de la década de los ’70, no sólo se consolidarían en el tiempo sino que irían formalizando sus estructuras y asumiendo posiciones comunes en el devenir parlamentario.17 El proceso de maduración seguido por experiencias partidarias como la del partido Civilista condujo incluso a sus miembros a una aceptación relativamente rápida de la divergencia de intereses e ideologías que expresaban las formas partidarias así como a la necesidad de competir normalmente por los espacios de representación.18 Trece años antes de la publicación de Espinosa, ciertas editoriales del periódico mexicano El Siglo Diez y Nueve ofrecían, en cambio, una imagen diferente. El mundo «notabiliar» mexicano mostraba aun su reticencia a todo lo que violentara la unidad. Si bien aceptaba por entonces la diversidad de opiniones en el tratamiento de las cuestiones públicas no convalidaba las provenientes de organizaciones más permanentes que se incorporaban al debate con posturas definidas previamente y que –según los contemporáneos– distorsionaban el sentido del mismo.19 Sin embargo, superados ya los turbulentos años de Santa Ana y del proyecto imperial francés, los liberales mexicanos con Benito Juárez a la cabeza asumieron actitudes positivas al legitimar las discusiones que provenían de intereses y posturas ideológicas diversas y se expresaban a través de los partidos. Las páginas de El Elector, entre cuyos redactores figuraban Ignacio Ramírez o Francisco Zarco, daban muestras del nivel de tolerancia alcanzado frente al disenso y a la competencia partidaria, sin perder de vista la posibilidad de la unidad: Todo partido propiamente tal, representa un derecho político, sostiene uno ó muchos intereses sociales, y por lo mismo tiene derecho a hacerse escuchar. Una minoría despreciada se ve

16. LOAYSA, Alex, «El Club Progresista y la coyuntura electoral de 1849-1851», en ALJOVÍN DE LOSADA, C. y LÓPEZ, S. (eds.), Historia … cit., p. 398 17. Ver, MC EVOY, Carmen., La Utopía… cit., pp. 55 y ss.; MÜCKE, Ulrich., «Estado nacional y poderes provinciales. Aspectos del sistema político peruano antes de la Guerra con Chile», Anuario de Estudios Americanos, t. LVI, 1, 1999, pp. 173-194 18. «Los diversos intereses sociales y la distinta manera de realizarlos, dan lugar a la existencia de los partidos, que luchan por asumir la dirección de los negocios públicos; y en medio de esa lucha constante que es la vida de los pueblos democráticos, sólo puede imperar la voz de las mayorías. […] La existencia de diversos partidos no es ciertamente una calamidad para el país, sino, antes bien, el síntoma de que late vigorosa en sus entrañas la vida republicana», Diario de los debates de la Cámara de Diputados del Perú, Congreso ordinario de 1878, 1: 86, extraído de ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal, «Entre…, cit., p. 81 19. «No se crea que entendemos por partidos la ecsistencia de diversas opiniones políticas: la simple opinión jamás puede ser perjudicial, y antes bien produce resultados benéficos […]. Entendemos por partidos las diversas comuniones políticas que fijándose en ciertos y determinados principios, se convienen espresa ó tácitamente en promover por todos los medios posibles, el imperio de esos principios en cualquier oportunidad que se presente. Bajo este sentido, que es el que la razón da á la palabra partido entre nosotros, creemos que no habrá ningún mexicano que blasonando de serlo, estime conveniente la ecsistencia de los partidos. Debemos por lo mismo abjurar de ellos, para disfrutar de una felicidad nacional positiva». «Partidos», El Siglo XIX, 10/3/1842. Extraído de PALTI, Elías, «¿De la República posible a la República verdadera? Oscuridad y transparencia de los modelos políticos», Historia Política.com, pp. 6-7.

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casi siempre precisada á conspirar: una minoría representada usa el arma legítima de la discusión… Está dicho nuestro programa. Queremos que los ciudadanos se expliquen y se entiendan entre sí: queremos que cada uno atienda y siga las inspiraciones de su propia conciencia: queremos que trabajen todos con asiduidad y empeño en la obra importantísima de constituir un poder público, que sea la expresión de la voluntad general, que conozca o procure conocer nuestras necesidades sociales, que comprenda y sepa desarrollar nuestras instituciones políticas…20

Evidentemente las elites mexicanas, liberales o conservadoras, comenzaban a coincidir discursivamente en la necesidad de ampliar la participación política y alejarse de aquellas formas de lucha política basadas en la confrontación violenta y/o la exclusión del adversario.21 No obstante, dadas las disímiles concepciones del mundo y de la conformación de las nuevas comunidades políticas que tenían liberales y conservadores, era poco factible la consolidación de perspectivas plurales sin la eliminación del rival.22 Por su parte, los planteos en la dinámica argentina a mediados del siglo se asemejaban a las de las elites ilustradas mexicanas de los cuarenta. Las miradas pergeñadas en torno al proceso de construcción del sistema de representación por publicistas y políticos reiteraban el rechazo a la concepción de un partido-parte. Frente al desafío de la República, de la Nación, el imperativo era alejarse de la sombra de unitarios y federales y, bajo las lógicas de unidad en torno a los principios, consolidar la moral cívica. Bartolomé Mitre urgía en 1858 con su diagnóstico a avanzar en dicha consolidación: … Pugnan en estos países dos elementos opuestos, que forman la composición de dos partidos, el uno que tiende a la explotación de la sociedad, y ha menester el amparo de los gobiernos personales, el otro que aspira a la moralidad, al trabajo, a la consideración pública, y ha menester de un orden regular de cosas, que sólo puede existir bajo el imperio de las instituciones… El triunfo de uno de esos elementos que se organizó en partido político llamándose a sí propio «federal», al cual se agregan con el notable de fusionistas todos los intereses bastardos o egoístas, importaría la elevación del gobierno personal, que de nuestro modo de ser, tiene que hacerse necesariamente brutal y sangriento. El triunfo del elemento opuesto, a quien se obligó a organizarse en partido político, en defensa propia, con el nombre de unitario, al cual se ha reunido toda la juventud honrada y generosa que venera los grandes sacrificios y las grandes virtudes, importa el mantenimiento del gobierno representativo que nos rige, bajo el cual la ley es una verdad, una realidad la justicia, un hecho el respeto a los derechos y garantías del último ciudadano…23

Tendiendo puentes con el pasado, ese partido unitario resignificado –que Mitre denominaba Partido de la Libertad– aparecía como el único portador de la verdad, en el

20. El Elector, 22/4/1869, t. I, núm. 2. 21. JOHANSSON, Frédérik, «El imposible pluralismo…, cit., p. 114 22. Ibídem, p. 128. 23. Mitre, B., Los Debates, 14/2/1858 en HALPERÍN DONGHI, Tulio, Proyecto y construcción de una Nación, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1980, p. 168

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que habían convergido todos los que defendían las normas y la justicia y que, por ende, con su consolidación culminaba ese proceso, «refundiéndose en el organismo del pueblo por la asimilación de sus intereses y tendencias, con los intereses y las tendencias de la universalidad de los ciudadanos…»24 Ese partido-pueblo, convocante de la totalidad de los ciudadanos, fue, sin duda, uno de sus argumentos discursivos fuertes tanto en la lucha contra la Confederación como durante su presidencia. Sin embargo, el mitrismo no logró concretarlo y operó como una parte más en la disputa política.25 José Hernández aludía indirectamente a ello cuando en 1869 recuperaba la dirección que se había proyectado desde el triunfo de Pavón (1861) y continuaba sosteniendo el deber ser del nuevo orden: … Los partidos no tienen ya razón de ser. Se han disuelto al día siguiente de Pavón. No hay más que ciudadanos argentinos bajo los auspicios de la constitución nacional. La fusión moral desde entonces es un hecho, pues que ya no existe la desinteligencia de las opiniones, la separación de los partidos excluyentes… La fuerza de los principios es la que está destinada a absorber a los partidarios y a confundirlos en los propósitos comunes de la vida social y política.26

De algún modo las afirmaciones de Hernández, traducidas políticamente, convalidarían una de las estrategias implementadas tanto a nivel del poder central como de los poderes provinciales en las dos décadas siguientes: el principio de «conciliación». El surgiría cuando las autoridades gubernamentales de distinto tipo reconocieran el derecho de la oposición a expresar sus divergencias, sus desacuerdos. Tal aceptación intentó desestructurar los intentos de imponer tales disidencias por la fuerza. Esta dinámica que también emergió en otros espacios latinoamericanos, se expresó de manera singular en la política de conciliación de Nicolás Avellaneda tratando justamente de reintegrar políticamente al Partido Nacional luego de la revolución de 1874.27 Tanto en Argentina como en México la tensión entre el ser y el deber ser de los partidos se proyectaba aún entre los setenta y los noventa. El pluralismo confrontaba en ese debate con el exclusivismo y la unanimidad.

24. Mitre, B., Los Debates, 15/2/1857 en HALPERÍN DONGHI, Tulio, cit., p. 181. 25. Algunas experiencias provinciales de las décadas de los ’70 recuperarían la tradición del Partido de la Libertad. Ver CUCCHI, Laura, «Opinión pública, legitimidad y partidos. Miradas sobre el adversario político en Córdoba a finales de los años setenta del siglo XIX». Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, núm. 38, 2013, pp. 75-103. 26. HERNÁNDEZ, José. El Río de la Plata, 1º/12/1869 en HALPERÍN DONGHI, Tulio, Proyecto y… cit., p. 278. 27. Si bien la misma se frustró resultó uno de los tantos intentos de construcción de nuevos consensos. Ver, entre otros, LETTIERI, Alberto. «Repensar la política facciosa: la Conciliación de los partidos políticos de 1877 en Buenos Aires», Boletín de Historia Argentina y Americana «Dr. E. Ravignani», Buenos Aires, n.º 19, 1999, pp. 35-80; CUCCHI, L., «Opinión…» cit., p. 77 y ss.; CUCCHI, L., NAVAJAS, M. J. «Garantizar el orden: debates sobre el derecho de revolución y el federalismo en el Congreso Nacional durante la intervención a Corrientes de 1878» en PolHis, Buenos Aires, núm. 11, 2013, pp. 59 y ss.; PAZ, Gustavo. «Años turbulentos. Política provincial e instituciones nacionales, Jujuy 1875-1880», en BRAGONI, B.-MIGUEZ, E., Un nuevo… cit., pp. 159-179.

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En algunas experiencias como las del Partido Liberal del Porfiriato o la del Partido Autonomista Nacional (PAN) argentino dicha tensión terminaría traduciéndose –tal como lo planteaba un intelectual y político mexicano como Justo Sierra– en la presencia de un partido de dimensiones nacionales, plural en su interior por su capacidad de albergar las disidencias y en condiciones de hegemonizar la vida política.28

2. Consenso/violencia Las ejemplificaciones precedentes si bien dan cuenta de la tensión unidad/pluralidad que recorría la dinámica política de esas sociedades, también ponen en evidencia que aquélla aparecía plagada de episodios violentos protagonizados por las fuerzas partidarias. Tales escenas desplazaban la atención hacia el otro binomio, el de consenso/violencia y reinstalaban la concepción peyorativa del partido como «facción», «bando» cuyas acciones conducían a poner en riesgo «la cohesión social».29 Las imágenes que algunos cientistas políticos contemporáneos nos brindan tienen aires de familia con las que los diccionarios del XIX recuperaban. Dos acepciones ligadas a facción del diccionario de la Real Academia Española de 1843 nos interesan: 1. «f. Acción militar. La parcialidad de gente amotinada o rebelada, Sedidiosus coetus»; 2. «Bando, pandilla, parcialidad o de partido en las comunidades o cuerpos. Factio, partes».30 Mientras la primera vinculaba la facción a una lógica de violencia ilegítima cual sustituto de la acción cívica pacífica, la otra cargaba negativamente la idea de parcialidad acercándola a la forma peyorativa cuando no delictiva de «la pandilla». Esta perspectiva se potencia si acudimos al concepto «faccioso»: «SA. adj. inquieto, revoltoso, perturbador de la paz y quietud pública. Factiosus».31

28. Ver, entre otros, SALMERON, Alicia. «Partidos personalistas y de principios; de equilibrios y contrapesos. La idea de partido en Justo Sierra y Francisco Bulnes» en AVILA, Alfredo y SALMERÓN, Alicia (coords.), Partidos… cit., pp. 149 y ss.; ALONSO, Paula. Jardines secretos, legitimaciones públicas. Buenos Aires, Edhasa, 2010, pp. 30 y ss.; MIGUEZ, Eduardo. Mitre Montonero. La Revolución de 1874 y las formas de la política en la organización nacional. Buenos Aires, Sudamericana, 2011, pp. 161 y ss. Aún en 1897, Mitre –vinculado por entonces con el PAN– continuaba reiterando discursivamente su preocupación por la unidad en el meeting de la Plaza de la Libertad: «… la política efectiva debe ser impersonal, entendiendo por tal, la que se inspira ante todo en el sentimiento colectivo del bien público, subordinando a él todos los intereses, porque esto es lo único que da su razón de ser a los partidos orgánicos de principios en una república». La Capital, 17/8/1897. 29. GUERRA, F. X., Modernidad… cit., p. 360. 30. ALJOVIN DE LOSADA, C., «Entre… » cit., p. 68. 31. Ibídem, p. 67. Diccionario de 1780 que, según el autor, no muestra modificaciones con los del siglo XIX.

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El editorial de un diario provinciano argentino –refiriéndose en 1868 a la disputa política en Buenos Aires entre los partidarios de Bartolomé Mitre y de Adolfo Alsina– recreaba aquellas prácticas tildadas como «facciosas»: … De los Clubs de la Chupandina, de la Pandilla, de los Crudos, de los Cocidos, salieron los ciudadanos turbulentos que desenfrenados e iracundos rasgaban los registros, despedazaban las mesas y convertían cada Parroquia en un campo de batalla. El Club Libertad la pandilla y los crudos con registros falsificados, con los peones de la aduana y del ferrocarril, acaudillados por sus respectivos capataces, con la mas decidida protección oficial en todo tiempo, y hasta con el apoyo de la soldadesca armada, triunfó primero del Club Independencia los chupandinos y después del Club del Pueblo los cocidos, ambos opositores al esclusivsmo (sic) y monopolio del Libertad, quedando este hasta ahora dueño del campo electoral y contando hoy mas que nunca con los mismos poderosos pero indignos elementos…32

Desde la perspectiva de los contemporáneos, la pugna facciosa tenía como objetivo central neutralizar al adversario político, «adueñarse» del campo electoral, dejándolo fuera del juego. Lo prioritario para quienes compartían tales prácticas era obtener la victoria y luego, si existía la posibilidad, legitimar el poder. La lógica facciosa aparecía en escena con diversos rostros y desplegando niveles diferenciales de violencia. Cuando el adversario político se identificaba con el líder, vivenciado en clave de «enemigo», la decisión podía oscilar entre la cárcel, el destierro o lisa y llanamente el asesinato.33 Sin embargo, en la mayoría de las oportunidades bastaba con ponerlo en la imposibilidad de actuar con eficacia tanto en la organización de su partido como en las instancias electorales. Se buscaba, fundamentalmente, inhibir al «otro» a través de acciones diferentes. Estas, a veces se orientaban a evitar que el adversario se instalara políticamente, condicionándolo tanto en el ejercicio de sus derechos de reunión como de expresión. En esta última dirección se apelaba a la censura de los periódicos afines, la suspensión de subven-

32. La Capital, Rosario, 21/1/1868. Ver, entre otros, MACÍAS, Flavia. «Violencia y política facciosa en el norte argentino. Tucumán en la década de 1860». Boletín Americanista, Universidad de Barcelona, núm. 57, 2007, pp. 15-34; Armas y política en la Argentina. Tucumán, siglo XIX. Madrid, CSIC, 2014; SABATO, Hilda, La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880, Buenos Aires, Sudamericana, 1998; BRAGONI, Beatriz. «Cuyo después de Pavón: consenso, rebelión y orden político, 1861-1874», en BRAGONI, B. Y MÍGUEZ, E. (eds.), Un nuevo orden político. Provincias y Estado Nacional, 1852-1880. Buenos Aires, 2010, Biblos, pp. 29-60. La idea de sedición y anarquía recorre el debate latinoamericano. Ver, entre otros, TORO BLANCO, Pablo. «El Partido Radical: Notas sobre una forma de sociabilidad política en el Chile del siglo XIX». Historia, vol. 28, 1994, pp. 299-310; IRUROZQUI, Marta. «Muerte en el Loreto. Violencia política y ciudadanía armada en Bolivia (1861-1862)». Revista de Indias., núm. 246, 2009, pp. 129-157; «La alquimia democrática. Ciudadanos y procedimientos representativos en Bolivia (1825-1879)» Historica, II, 2, 2008, pp. 33-69; ESCALANTE GONZALBO, Fernando. Ciudadanos imaginarios, México D.F., El Colegio de México, 1992; ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal, «Sufragio y participación política: Perú 1808-1896» en ALJOVÍN DE LOSADA, C.; LÓPEZ, S. (eds.), Historia…, pp. 66 y ss. 33. MC EVOY, C., La Utopía… cit., p. 103; BONAUDO, Marta. «Revisitando a los ciudadanos de la República Posible. Santa Fe, 1853-1890», Anuario del IEHS, núm. 18, Tandil, UNCPBA, 2003, p. 222; ALZATE GARCÍA, A., «Pedagogía…» cit., p. 52.

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ciones, el rechazo de inscripción de editores o redactores responsables, el manejo discrecional del denominado delito de imprenta pero también a los empastelamientos de las máquinas.34 Con frecuencia, la violencia más que como hecho se desplegaba como amenaza para doblegar resistencias y voluntades, minar la cohesión y combatividad del grupo adversario, desmoralizar a sus miembros. Su operatividad era mayor cuanto menor fuera la cohesión previa del grupo opositor ya que con frecuencia éste solía terminar desintegrándose ante la posibilidad de una represión. La lucha política se dibujaba entonces como un juego de ataque y contraataque que tenía su escenario privilegiado tanto en las instancias de convalidación de candidaturas como en las del reclutamiento de electores en vísperas eleccionarias y/o en la propia elección. Las instancias de instalación de clubes y /o convalidación de candidaturas solían operar como actos de afirmación de la presencia de un grupo en el espacio público. A veces esa presencia masiva adquiría una fuerte carga de violencia simbólica –no exenta de presiones concretas– y expresaba –particularmente en las movilizaciones con la presencia de militares y grupos armados– una verdadera acción demostrativa de poder tanto para atraer la atención como para lograr apoyo. Al mismo tiempo podía cumplir la función de favorecer la formación de la conciencia del propio grupo y de efecto demostración ante el otro.35 El grado máximo de expresión facciosa para muchos actores, aquella que ponía realmente en riesgo la «cohesión social» y marcaba la forma extrema de la violencia era el «hecho revolucionario». Paradójicamente, sus gestores ponían en tela de juicio la «ilegitimidad» de sus acciones. Ellos formaban parte de grupos que ni habían rechazado ni soslayado inicialmente las pautas de los regímenes representativos instaurados en los nuevos estados latinoamericanos. Pero en tales coyunturas reivindicaban, a través de estas acciones disruptivas, su derecho como pueblo –en tanto sujeto colectivo y titular originario de la soberanía– a reapropiársela cuando se hallaran frente a situaciones de abuso de autoridad, violaciones flagrantes del orden legal y en defensa del pacto constitutivo que lo sustentaba. Las argumentaciones discursivas que validaban tales acciones, cuyo sujeto central era el ciudadano en armas, solían estar acompañadas del reconocimiento del fracaso de las vías pacíficas para restituir el orden que evaluaban avasallado. Nuevamente una referencia argentina nos sirve para la reflexión: las palabras de Mitre, recogidas en el diario La Nación de 1874, previas a su levantamiento en armas como cabeza del Partido Liberal:

34. Algunos casos argentinos pueden ilustrar tal operatoria. Ver BONAUDO, Marta, «Revisitando…» cit., pp. 222-224; SABATO, Hilda, La política en… cit., pp. 77-169; CHAVES, Liliana, Tradiciones y rupturas de la élite política cordobesa (1870-1880), Córdoba, Ferreyra Editor, 1997, pp. 86 y ss. 35. ALZATE GARCÍA, A., «Pedagogía…» cit., p. 186; BRAGONI, Beatriz. «Los avatares de la representación. Sufragio, política y elecciones en Mendoza, 1854-1881» en SABATO, H-LETTIERI, A. (comp.) La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces. Buenos Aires, FCE, 2003, pp. 207-221; BRAVO, María Celia, «La política “armada” en el norte argentino. El proceso de renovación de la elite política tucumana (1852-1862)» en SABATO, H.; LETTIERI, A. (comp.), La vida… cit., pp. 249 y ss.

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… Estudiando la situación en que se encuentra el país, decíamos que agotados los medios de opinión, y colocada la situación en el terreno de la fuerza, el pueblo en virtud de lo establecido en el artículo 21 de la Constitución tenía el derecho y el deber de armarse en defensa de la patria y de la misma constitución.36

En esta instancia el partido desarrollaba todas sus capacidades para motorizar un hecho político cargado de violencia, tal vez operando –como lo planteaba Fernando Escalante en relación a los notables mexicanos en el Porfiriato– cual gestor de la desobediencia controlada de sus clientelas.37 Indudablemente, la finalidad última de esta apelación a la violencia era recuperar un nuevo umbral de equilibrio. En consecuencia, al éxito o al fracaso de cada levantamiento sucedía una restitución de un orden «original», consensuado y legítimo, a partir del cual retomaban las vías pacíficas de la competencia por el poder. Por ello, consideramos que identificar exclusivamente al partido decimonónico con lo faccioso, lo anárquico, lo violento, con un actor colectivo cuyo objetivo era la ruptura recurrente del orden, significa reducir nuestras posibilidades de interpretación de la vida política de esas repúblicas. Nuestra propuesta se orienta a profundizar el análisis sobre esa otra dimensión del partido en la que éste aparece como constructor de consensos, de alianzas, de acuerdos dentro de reglas de juego institucionales.

El partido en la búsqueda de consensos, organización y construcción identitaria Nuestro objetivo en este parágrafo es observar cómo un conjunto de actores fueron pergeñando formas de operar en la tensionada dinámica de construcción de consensos y resolución de los conflictos relativos al poder, al tiempo que adquirían, resignificaban y/o hacían «uso» de sus capacidades cognitivas, relacionales y organizacionales. Pensar en un laboratorio de este tipo a escala latinoamericana no es tarea fácil y mucho menos cuando existen diferencias sustantivas entre los países para el tratamiento del tema. No obstante, creemos que es posible intentar algunas estrategias comparativas, tomando como base tres ejes de exploración que pueden considerarse compartidos.

36. Este argumento se verá reiterado en la realidad argentina y en otros espacios. Ver, por ejemplo, SÁBATO, Hilda. Buenos Aires en armas. La revolución de 1880. Buenos Aires, Siglo XXI, 2009; «Resistir la imposición: revolución, ciudadanía y República en la Argentina de 1880» Revista de Indias, núm. 245, 2009, pp. 159181; MALAMUD, Carlos y DARDÉ, Carlos (eds.), Violencia y legitimidad. Política y revoluciones en España y América Latina, 1840-1910, Santander, Universidad de Cantabria, 2004; FORTE, Riccardo, GUAJARDO, Guillermo (coords.), Consenso y coacción. Estado e instrumentos de control político y social en México y América Latina (siglos XIX y XX), México, El Colegio de México y el Colegio Mexiquense, 2000; JOHANSSON, Frédérik, «El imposible pluralismo…», cit., p. 126. 37. ESCALANTE GONZALBO, Fernando, Ciudadanos… cit., p. 132.

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1. Las marcas de origen De la misma manera que sucedió en algunos espacios europeos, –especialmente en aquéllos que más tardíamente se unificaron– se gestó en las nuevas repúblicas latinoamericanas la necesidad de conducir directamente desde las administraciones centrales, el proceso de formación de la representación, ya que en muchas realidades el partido era una ausencia más que una presencia. En esa dirección, fue necesario que, al mismo tiempo que se organizaba el régimen constitucional, se radicara y difundiera el sistema, se movilizara al elector y se dieran a conocer las reglas del juego.38 Esto condujo con frecuencia a que los gobiernos operaran invadiendo las esferas propias de una dinámica partidaria, introduciendo los aparatos administrativos y las herramientas institucionales que se estaban configurando al servicio del partido de gobierno y orientando recursos significativos para concretar adhesiones.39 Las diferentes repúblicas mostraron un amplio abanico de situaciones en el campo electoral que iban desde diversas estrategias de implementación del sufragio censitario a la vigencia de criterios de universalidad cuando no a la coexistencia de ambas modalidades en diferentes espacios de una misma república.40 Paralelamente, en el ejercicio de esos actos soberanos, los ciudadanos se enfrentaron a la ausencia de normativas en torno a la lucha política, los fenómenos de movilización y/o de configuración de candidaturas, mecanismos que supuestamente debían generarse o desde las instancias estaduales o desde las propias sociedades civiles. Estas situaciones, por una parte, transformaron el juego político. Las propias tramas de los denominados partidos de gobierno se vieron impactadas por el despliegue de alianzas y rivalidades, de competencias que las atravesaban vertical y horizontalmente y que, aunque se resolvieran de manera diferenciada, ponían en tensión todos los espacios gubernamentales (centrales, provinciales, locales).41 Concomitantemente, esta dinámica no sólo produjo con frecuencia un desconocimiento o una devaluación sino incluso una vituperación de la legitimidad de otros lazos organizativos que se iban gestando en la sociedad y que expresaban visiones alternativas o diferenciadas de la gubernamental.

38. ROMANELLI, Raffaele, «Sistemas electorales y estructuras sociales. El siglo XIX europeo», en FORNER, Salvador (coord.), Democracia, elecciones y modernización en Europa, Madrid, Cátedra, 1997, pp. 23-46. 39. IRUROZQUI, M., La armonía… cit., p. 31. Johansson destaca, acertadamente desde nuestra perspectiva, para el caso mexicano la no distinción, por parte de los actores de la época, entre poderes y burocracia, entre gobernantes y funcionarios públicos. De acuerdo con sus apreciaciones esto se vinculaba claramente con concepciones exclusivistas de poder. JOHANSSON, Frédérik, «El imposible pluralismo…, cit., p. 117. 40. Ver, entre otros, ALZATE GARCÍA, A., «Pedagogía…» cit., p. 18; IRUROZQUI, M., La alquimia democrática… cit., p. 45; CUCCHI, Laura, «Opinión…» cit., 80 y ss.; SCHMIT, Roberto, «El poder político entrerriano en la encrucijada del cambio, 1861-1870» en BRAGONI, B.; MIGUEZ, E. (eds.), Un nuevo orden… cit., pp. 135 y ss. 41. Ver, entre otros, GUERRA, F. X., México… cit., t. I, pp. 74 y ss.; BÉRTOLA, Elizabetta, «Las oportunidades del poder. Suplencias e interinatos políticos en la práctica del compromiso y del control electoral en el México porfirista(1876-1911)» en MONTALVO ORTEGA, E. (coord.), El Aguila Bifronte. Poder y Liberalismo en México, México D.F., INAH, 1995, p. 178 y ss. También la experiencia del Partido Autonomista Nacional argentino en ALONSO, Paula, Jardines… cit., pp. 33 y ss.

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No obstante ello, hubo configuraciones emergentes de la sociedad civil. Algunas operaron cual resignificaciones de experiencias previas del tipo de sociedades patrióticas, tertulias, asociaciones artesanales, sociedades democráticas, logias masónicas o círculos.42 Pero otras, en cambio, surgieron específicamente como partidos o clubes políticos orientados a aglutinar sujetos con «afinidades políticas», a «uniformar» opiniones y a competir en la lucha por el poder.43 Originados desde arriba por los gobiernos o desde la esfera pública por los notables, apelando a diferentes vehículos relacionales y/o utilizando diversos recursos materiales y simbólicos, los desafíos impuestos por el nuevo orden obligaron a unos y a otros a buscar caminos de convergencia que condujeron a redefinir las formas partidarias. Entre aquéllos adquirió un lugar central el problema de la espacialidad de las relaciones políticas. Las experiencias previas a la sanción de los pactos constitutivos que dieron vida a las nuevas repúblicas, escasamente se relacionaron con formas partidarias estructuradas y con proyecciones políticas que fueran más allá de las esferas locales o provinciales. Por ende, las nuevas coyunturas impusieron la necesidad de desarrollar un fluido diálogo entre gobiernos centrales, provinciales y locales, con autoridades políticas y administrativas y con las más diversas formas a través de las cuales se ejercía el poder en dichas sociedades. Ello conllevó a dirimir posibilidades o límites para un paulatino proceso de desterritorialización de la política. Tanto desde los poderes centrales como desde los provinciales o estaduales devino urgente la modificación de la concepción de la política concebida exclusivamente como asunto local, transformándola en cuestión provincial o nacional. Ello se traduciría en la búsqueda de fórmulas que condujeran a superar las trabas y fragmentaciones existentes. En dicha búsqueda operarían tanto quienes detentaban puestos de gobierno como quienes pugnaban por acceder a ellos desde la sociedad civil. Los acuerdos entre los grupos emergentes de la sociedad civil así como los gestados entre las elites locales y aquellas situadas en los gobiernos provinciales/estaduales o centrales no fueron un tema para discutir con el conjunto de los ciudadanos. Particularmente en este último caso, aquellos se resolvieron en el juego cruzado de la legítima influencia de los poderes centrales con los notables portadores de influencia natural en sus propios distritos. La negociación de influencias apuntaba indudablemente a la capacidad de mo-

42. Entre otros, GUERRA, F. X., Modernidad… cit., pp. 165 y ss.; GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco, Curso y discurso del movimiento plebeyo 1849/1854, Bogotá, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 1995, p. 31; SOUCY, D., SAPPEZ, D. «Autonomismo y masonería en Cuba», REHMLAC, vol. 1, núm. 1, 2009, pp. 91-99; LOAIZA CANO, G., «La masonería y las facciones del liberalismo colombiano durante el siglo XIX. El caso de la masonería de la Costa Atlántica», Historia y Sociedad, núm. 13, Medellín, Colombia, 2007, pp. 65-89; VÁSQUEZ SEMADENI, María Eugenia, «La masonería en México, entre las sociedades secretas y patrióticas 1813-1830», REHMLAC, vol. 2, núm. 2, 2010, pp. 19-33; GREZ TOSO, Sergio. «La reivindicación proteccionista artesanal y la constitución del movimiento popular(Chile, 1826-1885)», Santiago de Chile, Memoria Chilena, p. 5; GARCIA MORA, Luis Miguel, «La fuerza de la palabra. El Autonomismo en Cuba en el último tercio del siglo XIX», Revista de Indias, 2001, vol. LXI, núm. 223, p. 717. 43. Para el caso argentino, ver, entre otros, GONZÁLEZ BERNALDO, P., Civilidad… cit., especialmente pp. 285-304; NAVAJAS, María José, «Los clubes políticos en Tucumán. Discursos, representaciones y prácticas», Estudios Sociales 36, 2009, pp. 9-35; BONAUDO, M. «Revisitando…» cit., pp. 213-232.

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vilizar y transferir lealtades, adhesiones, alianzas desde una compleja trama que se integraba a partir de ese momento a la forma partido. Los parlamentos aparecían, en este plano, como los escenarios paradigmáticos en los que se reflejaba el juego de pactos. Si bien, tanto los referentes para intervenir en las negociaciones como los potenciales representantes surgían de espacios sociales fuertemente enraizados en el territorio –cual integrantes de dirigencias reconocidas y naturalizadas por la comunidad a partir del criterio de distinción– hubo injerencias continuas de unos poderes sobre otros, produciendo movimientos de ida y vuelta desde lo local a lo nacional y viceversa. Ello dio como resultado cambios recurrentes en los espacios de participación y representación de las elites «notabiliares» y la gestación de un verdadero proceso de circulación de sus miembros con el objetivo de configurar un régimen de dominación a escala «nacional».44

2. Recursos relacionales y organizativos La caracterización precedente de los orígenes del partido político decimonónico impactó, sin duda, en sus condiciones de organicidad y permanencia. Algunos autores consideraron que estas configuraciones no tenían organización interna porque carecían de reglas formales o informales tanto para la elección de candidaturas como para la articulación de los intereses de sus líderes.45 Sin embargo, los análisis de caso en diversas realidades nos permiten plantear que pese a la inexistencia de pautas orgánicas en su interior, los partidos decimonónicos dieron muestra de su capacidad práctica para generar candidaturas y disputar el poder. Cada partido hizo viables estrategias para instalar imágenes y discursos que convalidaban la figura de un candidato como representante del espacio. Hubo un complejo trabajo de sus miembros para concretar adhesiones privadas –generalmente a través de cartas o petitorios firmados– que se publicitaban en periódicos afines y permitían proyectar al candidato hacia espacios regionales o nacionales. Paralelamente, sus integrantes lograron reunir aportes económicos que sostuvieran las campañas, gestando el desplazamiento de su referente en viajes proselitistas, promoviendo banquetes, marchas, mitines.46

44. MC EVOY, C., La Utopía… cit., p. 65; IRUROZQUI, M., La armonía…, cit., pp. 40-41; ALJOVIN DE LOSADA, C., «Sufragio…» cit., p. 59; BONAUDO, Marta, «Una reflexión en torno a los mediadores políticos en la segunda mitad del siglo XIX. El partido como problema » en HEINZ, Flavio (org), Experiencias nacionais, temas transversais: subsídios para uma história comparada da América Latina. São Leopoldo, Oikos, pp. 56-73; CUCCHI, L., «Opinión…» cit., 80 y ss. 45. En esta dirección resultan relevantes los análisis en torno al Partido Autonomista Nacional en Argentina. ALONSO, Paula, Jardines secretos… cit., p. 358. Otros autores, sin hacer hincapié en estos aspectos, destacan básicamente lo que consideran ausencia de regularidades y pautas en las interacciones entre sus miembros. 46. ALJOVIN DE LOSADA, C., «Sufragio…» cit., pp. 60 y ss.; BONAUDO, Marta, «Estanislao Zeballos: el hombre de acción política que no se haría jamás un profesional» en FERNÁNDEZ, Sandra y NAVARRO, Fernando (comp.), Scribere est agere. Estanislao Zeballos en la vorágine de la modernidad argentina, La quinta pata & Camino Ediciones, Rosario, 2011, pp. 81 y ss.; HIRSCH, L.-SANTOS, J. J. «Campañas electorales en la provincia de Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX. Las giras políticas del mitrismo en 1873/1874 y1893/1894» en PoHis, núm. 11, 2013, pp. 106-116.

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Todo esto daba muestras de la puesta en juego de un conjunto de recursos relacionales y organizativos de los partidos al interior de las nuevas repúblicas. ¿Cómo caracterizar entonces inicialmente este tipo de experiencias? Partimos del criterio de considerar al partido como un portador social de cultura que remite, en primer lugar, a un entramado más amplio que el simple club político. Este espacio relacional desarrolló una dinámica que no pocas veces confrontó un modelo de representación política de corte liberal y republicano moderno con unas representaciones, imaginarios y rituales vinculados con el poder que devenían de otras experiencias materiales y simbólicas. Su accionar en este período estuvo orientado a dar respuesta a un doble desafío. Por un lado, competir y derrotar a las «máquinas» gubernamentales o adversarias precedentes, por el otro, romper con las experiencias previas de clubes aislados e inconexos, ya que ahora el horizonte de la política se había desplazado a escala nacional. En consecuencia, su organización asumió la forma concreta de una constelación –con fronteras imprecisas e inestables– que en su dinámica ponía en movimiento una compleja articulación de redes, asociaciones y vehículos culturales que las acompañaban con el objeto de promover cohesión y adhesión política. La configuración de estas constelaciones tornó imprescindible la gestación y /o activación de los recursos relacionales de sus miembros así como el desarrollo de estrategias organizativas. Los partidos /constelación necesitaban para dar operatividad a sus trabajos electorales manejar información confiable, agilizar la transmisión de las mismas, articular los diferentes núcleos (clubes, secciones, «esferas», sociedades, ateneos, círculos), concientizar a sus miembros y movilizarlos a fin de convalidar y legitimar su pugna por el poder. Para cumplir con tales objetivos los clubes precedentes, convertidos ahora en núcleos básicos de los partidos, se integraron a otra forma de gestión que pretendía articular espacial, social e «institucionalmente» a las élites y a los diferentes grupos que adherían al proyecto.47 La envergadura de esta trama organizacional y su nivel de desarrollo fue altamente variable en el tiempo y en el espacio. A su vez, este sistema de interacciones entre diferentes clubes, sociedades, círculos, dio vida a un verdadero diseño reticular en cuyo interior operaban los contactos, se volvían viables las decisiones, se transmitían bienes simbólicos o materiales, se generaban multiplicidad de servicios y circulaban informaciones significativas con miras a la acción. Ciertos clubes de base local o provincial no desestimaron la tradicional apelación a las dimensiones familiares, parentales y/o amicales ya que aún en esta etapa los modos de hacer política continuaban reivindicando el valor de los vínculos afectivos para la cons-

47. Ver, entre otros, NAVAJAS, María José, «Los clubes políticos …», cit., p. 10; ALJOVIN DE LOSADA, C., «Sufragio…», cit., p. 60; HORA, R., «Autonomistas, Radicales y Mitristas: el orden oligárquico en la provincia de Buenos Aires (1880-1912)», Boletín de Historia Argentina y Americana «Dr. E. Ravignani», Buenos Aires, núm. 23, 2001, pp. 39-77.

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trucción del consenso. Todavía esos agrupamientos prolongaron durante bastante tiempo en sus estrategias y en sus pautas organizativas públicas, las lógicas de una sociabilidad privada, jerárquica, marcada por el principio de distinción. Sus gestores, impelidos por la soberanía del número, aspiraron a incrementar los niveles de inclusión pero siempre en clave subordinada. Sin embargo, paulatinamente comenzaron a configurarse otras experiencias –a veces diferenciadas generacionalmente de las anteriores– que no sólo buscaron ampliar su base de sustentación interpelando a nuevos actores sociales sino que se plantearon como impersonales y principistas, utilizando un lenguaje acorde con los códigos cívicos de libertad e igualdad que ponían en primer plano las apelaciones al «ciudadano». Algunas de ellas organizaron estructuras más complejas, deliberativas, con principios y valores que intentaron traducir en clave programática.48 A los clubes políticos sumarían su esfuerzo un conjunto de sociedades y círculos –multiplicados en todas las realidades– dispuestos a respaldar los objetivos políticos y eleccionarios de cada partido, potenciando y ampliando las agendas de los mismos a medida que se incorporaban otras voces, otros intereses. Así, por ejemplo, el Partido Liberal colombiano había logrado integrar a las sociedades democráticas y republicanas en tanto el Partido Conservador tuvo como aliadas a las sociedades populares o aquellas sociedades católicas que combinaban la defensa de la religión con la militancia política.49 A su vez, la Sociedad Independencia Electoral peruana –núcleo del futuro partido Civilista– sumaba desde sus primeros pasos al Club Universitario de Lima, la Sociedad Amigos de los Indios o el Club Militar 2 de Mayo. Por su parte, al Partido Republicano chileno convergieron, entre otros, la denominada Sociedad Escuela Republicana, el Club de los Invisibles, las sociedades de artesanos y las mutualistas de obreros.50 Si bien las referencias sobre el papel cumplido por estas asociaciones al interior del partido/constelación son todavía escasos, los análisis parciales –especialmente aquellos relativos a las logias masónicas o a sociedades de ayuda mutua o de artesanos– permiten destacar su involucramiento en la concientización de los actores políticos, familiarizándolos con el mundo de derechos y obligaciones que se les concedían e imponían y con las

48. Ver MC EVOY, C., La Utopía… cit., pp. 55 y ss.; BONAUDO, M., «De representantes y representados: Santa Fe finisecular (1883-1893)» en SABATO, Hilda (coord.), Ciudadanía política y formación de las naciones, México D.F., FCE, 1999, pp. 271 y ss.; GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco. Curso y… cit., p. 61 y ss.; PANI, Erika, «Entre la espada y la pared: el partido conservador(1848-1853)» en AVILA, Alfredo y SALMERÓN, Alicia (coords.), Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México siglo XIX, México, FCE, 2012, pp. 76-105. La Sociedad Independiente Electoral del Perú, el Partido Constitucional santafesino, el Partido Autonomista de Córdoba, el Partido Liberal de Colombia, el Partido Conservador de México muestran –entre otros– la emergencia de estructuras de construcción política de mayor complejidad, con programas y desarrollo de estrategias orgánicas de acción. 49. ALZATE GARCÍA, A., «Pedagogía societaria…» cit., p. 186-187; GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco. Curso y… cit., p. 61 y ss. 50. MC EVOY, C., La Utopía… cit., p. 63; GREZ TOSO, Sergio, «La reivindicación proteccionista artesanal y la constitución del movimiento popular (Chile, 1826-1885)», Santiago de Chile, Memoria Chilena, pp. 5 y ss.

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nuevas prácticas que como partícipes del pacto debían desarrollar. También tuvo importancia el estímulo en estos espacios para discutir los problemas centrales del nuevo orden y las orientaciones brindadas para la defensa de sus propias agendas. Era evidente que este despliegue de pedagogía cívica por parte de las asociaciones estaba destinado a neutralizar las distorsiones del voto, favorecer la autonomía y libertad de los votantes, alejándolos al mismo tiempo de las presiones de los notables y de las tácticas violentas. La interacción de estos diferentes espacios, social y funcionalmente tan heterogéneos en su composición (sectores populares, artesanos, comerciantes, hacendados, profesionales, funcionarios, miembros de las milicias, periodistas, etc), tornó imprescindible la presencia de un conjunto de agentes y/u operadores políticos de distinto nivel y origen, encargados de informar, verificar y/o neutralizar rumores, articular núcleos o círculos diferentes, intentar recomponer las fracturas, recompensar avales. Cuando los trabajos electorales se ponían en marcha todos estos escenarios resultaban propicios para rearticular adhesiones, medir fuerzas, dando claras muestras del capital político acumulado por el grupo en su conjunto. En segundo lugar, los partidos debieron discutir y poner en práctica diversas tácticas de comunicación y de propaganda. En este plano debemos destacar que, si bien las experiencias estaduales de la segunda mitad del siglo XIX latinoamericano diferían en sus niveles de desarrollo y control jurisdiccional, la mayoría de ellas experimentaron notorios avances comunicacionales a través del correo, el telégrafo o incluso de la extensión de sus redes ferroviarias. Tales recursos proporcionaron el soporte material para transmitir fundamentalmente informaciones al tiempo que favorecían el desarrollo de los trabajos electorales. El manejo de la información era clave para las formaciones partidarias porque resultaba imprescindible conocer con qué fuerzas se contaba, cuáles eran las cabezas institucionales o grupales cuya opinión conllevaba a lograr nuevos apoyos, qué avales había que buscar, que pérdidas debían enfrentarse, cómo se movía el adversario o bien qué voluntades se podían cooptar antes que lo hiciera el rival de turno.51 Si los contactos epistolares y las redes telegráficas fueron significativos para la ampliación del campo de vínculos «afines», dinamizando la toma de decisiones y facilitando las articulaciones entre núcleos de base y estructuras directivas, la prensa operó como un importante canal de propaganda y, en el caso específico de ciertos periódicos, como forjadora de opinión. Desde los espacios editoriales afines, los partidos hicieron circular panfletos, folletos, manifiestos, ensayos, pero, fundamentalmente diarios o periódicos. Aun cuando una gran parte de estos últimos estuvo más preocupado por el mercado electoral que por el editorial, sus editores y periodistas se vieron obligados a abrir aquella agenda de tópicos de debate que inicialmente habían respondido exclusivamente a los intereses de los notables. A partir de ese momento, algunas publicaciones excedieron en sus interpelaciones 51. Ejemplos de tales estrategias en ALJOVIN DE LOSADA, C., «Sufragio… cit., p. 60 y ss.; BONAUDO, Marta, «Estanislao Zeballos…», cit., pp. 81 y ss.

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al público de las elites. Ellas se volcaron hacia otros públicos a los que consideraron como receptores clave de las opiniones, valores y pautas de comportamiento que emitían quienes pretendían convertirse en sus referentes y representantes.52 Las formas partidarias que se consolidaban en el campo político fueron otorgando densidad a esos espacios públicos en construcción. Tanto a través de sus prácticas asociativas, de sus órganos de opinión como de sus rituales intentaron dar muestras claras de civilidad. Posiblemente el momento de mayor tensión era el de la movilización y el de la ocupación política de la calle por parte de estas agrupaciones. Dicho ritual –que aparecía fuertemente diferenciado de otros rituales sociales o religiosos– operó en dos claves, la violenta –como lo señaláramos en páginas anteriores– y la cívica, convocante, aglutinante, ordenada, pacífica e incluso silenciosa.53 Consideramos que al mirar el problema desde esta perspectiva, la lente amplía nuestras posibilidades de comprensión y nos permite avanzar.

3. Identidades/lealtades Uno de los mayores déficits que la historiografía atribuyó al partido decimonónico fue, por una parte, la labilidad de sus identidades; por otra, la ausencia de programas. Estos dos aspectos no sólo contribuyeron a incentivar la carga peyorativa sobre tales formaciones, acentuando su identificación con la facción –tal como lo hicieran los contemporáneos– sino que desdibujaron toda posibilidad de pensarlo como lugar de anclaje identitario. Nuestro objetivo en este último plano es, por ende, introducir algunas reflexiones con miras a estimular nuevos acercamientos. Partimos de considerar que toda configuración identitaria es fruto de un conjunto de factores: intereses, emociones, valores compartidos, visiones del mundo. El verdadero desafío ante cada experiencia es poder dar cuenta de cómo se articulan, cuál es el alcance y peso de tales factores y cómo operan en el despliegue de la acción colectiva.54 Por otra parte, si nuestra búsqueda se orienta hacia el partido decimonónico no deberíamos perder de vista que los sujetos que se involucraron en él provenían de universos relacionales disímiles, ocupaban posiciones diversas, con frecuencia contradictorias, ge-

52. La bibliografía es amplísima. Ver a tenor indicativo ALONSO, Paula, Jardines… cit. y por la misma autora, Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de los estados nacionales en América Latina, 1820-1920, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2004; GARCIA MORA, Luis Miguel, «La fuerza de la palabra…», cit.; GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco. Curso y… cit.; HALPERIN DONGHI, Tulio. José Hernández y sus mundos, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1983, pp. 144 y ss.; BONAUDO, Marta, «De la opinión publicada a la opinión pública» en BONAUDO, Marta (dir.), Imaginarios y prácticas de un orden burgués. Rosario, 1850-1930, Rosario, Prohistoria, 2005, pp. 71-96; CUCCHI, L.-NAVAJAS, M. J. «Un actor “incómodo”: prensa política en Córdoba y Tucumán a fines de la década de 1870. Discursos, prácticas y representaciones», Revista Secuencia, Instituto Mora, México D.F., núm. 82, 2012, pp. 41-71. 53. Ver, entre otras, SÁBATO, Hilda. La política en las calles, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2008 y MCEVOY, C., La Utopía… cit., pp. 71-72. 54. Ver, GONZÁLEZ BERNALDO, P., Civilidad…, cit., p. 21-22.

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nerando –como diría Mouffe– identidades contingentes y ambiguas.55 Nuestra perspectiva, no sólo nos aleja de toda concepción que conduzca a pensar a las identidades como preconstituidas sino que también nos impide suponer que tales sujetos –por el hecho mismo de haber establecido ciertos vínculos con tal o cual formación– quedaban ligados a ella permanentemente por lazos de lealtad y/o fidelidad política.56 Paralelamente, no deberíamos desestimar un hecho que diversas investigaciones enfatizan: los logros electorales alcanzados por ciertos partidos en esa etapa no solo fueron consecuencia de su capacidad organizativa sino de su habilidad para garantizar un marco amplio de fidelidades. Estas formaciones de fronteras tan lábiles, aunque no lograron desprenderse de la presencia de aquéllos «saltimbanquis» que profesaban «alternativamente todos los principios y todas las doctrinas», pudieron configurar un «nosotros», definir una cierta figuración identitaria cuyas huellas intentamos seguir. Sin duda, hubo sujetos que entraron a la escena política con escasa conciencia del valor del voto y del significado de las representaciones. Para lograr su adhesión y producir su inclusión, no pocos notables revitalizaron antiguas devociones y tradiciones nutridas por relaciones de protección o dominio. A medida que la dinámica política se desarrollaba, tales interacciones se vieron inficionadas por los parámetros del interés y del cálculo. Pero ni unas ni otras garantizaron la permanencia de las fidelidades. Tales prácticas tampoco favorecieron la emergencia de identidades grupales definidas. Cuando faltaron las contrapartidas, algunos miembros de las elites apelaron a estrategias de control y de presión sobre sus electores. Tácticas cortoplacistas que evidenciaban aun más la imprevisibilidad de los acuerdos o consensos construidos desde este lugar. Estas, sin embargo, no fueron las únicas vías utilizadas para articular vínculos políticos. Diferentes análisis comenzaron a mostrarnos el papel jugado por ciertas articulaciones discursivas en la emergencia de «sistemas de sentidos de pertenencia», más estables o más volátiles, que darían cuenta de formas de agregación y disociación de los actores.57 En un magma de identidades superpuestas y en tensión, ¿cómo construyeron estos partidos consensos, qué interpelaciones utilizaron para aglutinar y, como contrapartida, para diferenciar? Un ejemplo nos lo proporcionan las experiencias de la Sociedad Democrática de Bogotá, de la Sociedad Liberal Obandista o de la Sociedad Independiente de Artesanos de Ruana Obandista, recuperadas por Gutiérrez Sanin para el período 1849-1854. Ellas nos muestran la búsqueda de sentidos de identidad y, a su vez, de diferenciación basados en comportamientos y valores compartidos, percepciones en torno a la lucha social, las

55. MOUFFE, Chantal, El retorno de lo político, Barcelona, Paidos, 1999, p. 109 y ss. 56. González Bernaldo rebate en este sentido la idea de «máquina» de Cochin. Ver GONZÁLEZ BERNALDO Pilar Civilidad… cit., p. 441. 57. Ver, entre otros, GUTIÉRREZ SANÍN, Francisco. Curso y… cit., pp. 28 y ss.; DE LA FUENTE, Ariel. «Resistencias a la formación del Estado nacional e identidad partidaria en la provincia de la Rioja: los nuevos significados del federalismo en la década de 1860» en BRAGONI, B. y MIGUEZ, E., Un nuevo… cit., pp. 61-78; LOAIZA CANO, G., «La masonería…», cit.

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consignas y programas, pero también a partir de las marcas de la cultura material, capaces de «suscitar una poderosa simbología».58 Paralelamente, Carmen Mc Evoy, nos ofrece para la década de 1870 en el Perú un acercamiento altamente estimulante en torno a la organización política denominada Sociedad Independencia Electoral, germen del partido Civilista que mencionáramos anteriormente. En este caso, los promotores de la SIE, asumiéndose como «herederos directos y ejecutores de la tradición republicana inicial», lograron no sólo establecer vínculos de continuidad entre experiencias «gloriosas» del pasado y su proyecto sino gestar una discursividad que permitió atraer a un conjunto altamente heterogéneo de actores sociales y políticos. Partiendo de un discurso republicano, de corte nacionalista, ellos fueron desplegando en la escena pública consignas de igualdad, de moralidad, de inclusión, en las que llamativamente convergieron las concepciones comunitarias y corporativas de la tradición hispánica con las del nuevo orden, ligadas a la libertad, la seguridad y la propiedad privada. Sus gestores, impulsados por la necesidad de alcanzar la unidad de «la familia peruana» y de involucrar a un conjunto de actores a participar políticamente, desarrollaron una ardua y compleja construcción de redes de dimensión nacional. Dicha construcción –fruto de lo que la autora caracterizó como una lectura eficaz de los cambios socio-económicos que se estaban operando– ayudó a plasmar una identidad diferenciada frente al partido opositor. Las interpelaciones a partir de claves discursivas como ciudadanía, orden y trabajo sirvieron para alimentar un «nosotros» ante los «otros», mirados como sus opuestos: plebe, desorden, vagancia.59 Una tercera experiencia nos la plantea Grez Toso al interior de la crisis chilena de los años setenta, momento en el que no sólo se produce un estrechamientos de los vínculos entre asociaciones mutuales y de artesanos urbanos afectados por la crisis sino también su confluencia con sectores intelectuales y burgueses en un club sociopolítico denominado Sociedad Escuela Republicana y en un emergente Partido Republicano. Dichos club y partido, considerados por el autor como «expresión de un avanzado liberalismo de raigambre popular», fueron aglutinando a un conjunto de actores sociales tras banderas de defensa de intereses afectados por la crisis y a través de su órgano periodístico El Taller, se presentaron en la escena política defendiendo un programa de reforma aduanera orientada a dar protección a la industria nacional, abolición de los monopolios del Estado y de los particulares, colonización de las provincias del sur con familias chilenas, protección de las empresas mineras del norte «para crear, así, centros de trabajo para el pueblo obrero», facilitación de los transportes marítimos y terrestres para ayudar al comercio entre las provincias como una manera de aumentar las fuentes de trabajo, y una

58. Ibídem, pp. 32-33. Un acercamiento interesante a esa misma etapa en LOAIZA CANO, G., «Del débil utopismo de las élites a la formación de una cultura política popular en Colombia», en ILLADES, C.-SCHELCHKOV, A. (coords.), Mundos posibles. El primer socialismo en Europa y América Latina, Cuajimalpa, El Colegio de México-UAM, 2014, pp. 189-229. 59. MC EVOY, C., La Utopía… cit., pp. 55 y ss. Sugerentes en este sentido son también las reflexiones de Grez Toso sobre Sociedad Escuela Republicana(1876) y sobre el Partido Democrático (1887) en GREZ TOSO, S., «La reivindicación…» cit.

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«justa distribución de las contribuciones».60 El programa articulaba niveles de consenso provenientes de diferentes grupos sociales y tendía a perfilar tanto la identidad partidaria como la de los representantes del espacio que se planteaba competir en la contienda electoral. Si bien la experiencia se frustró por el estallido de la Guerra del Pacífico (1879) sus planteos no desaparecieron ni del imaginario ni de las prácticas de los movimientos sociales que se integraron a la misma. Indudablemente, nuestro dilema en este plano, reside no sólo en descubrir cómo diversos actores se involucraron en el juego político sino porqué lo hicieron vinculándose a tal o cual experiencia partidaria.61 Debemos dilucidar en esta dirección si hubo transmutaciones de los vínculos personales y cómo se produjeron; si se hibridaron las lealtades personales con otras grupales; si en determinadas coyunturas se fue configurando una concepción de equivalencia de las diversas luchas que los sujetos motorizaban frente a la dominación.

Reflexiones finales Como vemos, todavía queda mucho por explorar. Sin embargo, al final de estos acercamientos, luego de un intento de reflexionar en clave comparada para interrogar nuevamente las experiencias partidarias en las repúblicas decimonónicas, creemos que ya no podemos reducirlas a la tradicional lógica facciosa. Este actor colectivo no puede ser ya considerado exclusivamente como un factor de ruptura recurrente del orden. Si por momentos en sus trayectorias apelaron a la violencia, resulta evidente que su objetivo era integrarse a las tramas institucionales orgánicas impuestas por las constituciones republicanas. Por ello, para hacer política debieron redefinir el espacio de la misma –diferenciándose de las dinámicas precedentes– y proyectarlo desde lo local a lo nacional. Los partidos/constelaciones de los que se valieron para competir electoralmente, si bien tuvieron diferentes grados de organicidad, dieron muestras de su capacidad para generar e instalar candidaturas, logrando adhesiones e incluso «sentidos de pertenencia», identidades compartidas. Paralelamente si bien algunos de ellos pergeñaron agendas exclusivamente ligadas a los intereses de los grupos «notabiliares», otros las ampliaron en la búsqueda de mayores consensos, equiparando demandas que involucraban a otros actores sociales. Si en los primeros casos siguieron primando las jerarquías y las cooptaciones subordinadas, en los segundos iban acrecentándose los vínculos horizontales y de equidad. Sin duda, las dimensiones partidarias de esta etapa y los modos de hacer política mostraban cualitativamente continuidades y rupturas con respecto a las de la primera

60. GREZ TOSO, Sergio, «La reivindicación…» cit., p. 6-7. 61. El cómo se involucraron fue una preocupación central para Raffaele Romanelli analizando el mundo europeo y latinoamericano en la modernidad, Ver ROMANELLI, Raffaele, «Electoral Systems and Social Structures. A comparative perspective» en ROMANELLI, Raffaele (ed.), How did they bécame voters. Kluwer Law International, The Netherlands, 1998, p. 7.

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mitad del siglo pero también aparecían diferenciadas de las configuraciones partidarias de masas que iban a sucederles en la década final y en los primeros años del siglo XX. El camino se ha complejizado, el desafío es seguramente mayor pero está abierto…

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DISCONFORMIDAD DE LA RECIENTE HISTORIOGRAFÍA ARGENTINA CON EL TÉRMINO FACCIÓN: BREVE ESTADO DE LA CUESTIÓN1 Ignacio Zubizarreta Instituto Ravignani-Universidad de Buenos Aires-Conicet/ Universidad Nacional de La Pampa [email protected]

En este trabajo presento a discusión una serie de interrogantes sobre la utilización del término «facción» y sobre su cuestionable capacidad para aglutinar en él a todas las alternativas o movimientos políticos que existieron en Argentina entre el proceso independentista y la formación de los partidos políticos modernos a fines del siglo XIX. Introduzco un análisis general de lo que comúnmente se entiende por «facción» y cómo ese término suele ser empleado por la historiografía. Luego, despliego los recientes cuestionamientos de algunos investigadores hacia la utilización indistinta de ese vocablo y analizo los argumentos que se esgrimen con ese fin. PALABRAS CLAVE: Facción, historia política, siglo XIX, debates historiográficos.

DISAGREEMENT IN CURRENT ARGENTINE HISTORIOGRAPHY ABOUT THE TERM FACTION: A BRIEF STATE OF THE ART

In this paper, I present for discussion an inquiry into the use of the term «faction» and its questionable capacity to bring together in one category, all of the political movements that existed in Argentina between the independence process and the formation of modern political parties at the end of the nineteenth century. Firstly, I present a general analysis of what is usually understood with the term «faction», and how it is used in the historiographical

1. El presente trabajo, con modificaciones posteriores, e inédito hasta este momento, fue presentado como ponencia en la mesa: Puentes entre Latinoamérica y Europa. Faccionalismo, guerra y exilio durante el siglo XIX, Congreso AHILA 2014, Berlín. [Recibido: 18/2/2015 – Aceptado: 23/7/2015]

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literature. Then, I examine the arguments of some recent historians who have questioned the indiscriminate use of the term. KEYWORDS: Faction, political history, nineteenth century, historiographical debate.

Introducción Si durante el periodo hispano-colonial el régimen monárquico no brindó un espacio para la existencia de alternativas políticas diversas, la presencia de camarillas demuestra que la unanimidad del dominio real no estaba, sin embargo, exenta de tensiones internas, las que se irían acrecentando con los intentos de la corona por implementar las reformas borbónicas.2 Pero, si esas tensiones recién se explicitarían de forma nítida en el proceso de emancipación americana, no dejarían como corolario, al menos en el Río de la Plata, una situación caracterizada por la existencia de espacios políticos netamente diferenciados y estables. Recién, promediando la década de 1820, nos toparemos con el surgimiento de agrupaciones políticas algo más definidas, con un elenco de actores relativamente estable y con discursos que remiten a propuestas divergentes, tal como se puede atestiguar en los debates suscitados en las Asambleas Constituyentes (1824-1827)3 y en buena parte de los periódicos de ese lapso.4 Nos referimos a «unitarios» y «federales»,5 asumidos por la historiografía tradicional6 como los primeros «partidos políticos nacionales» de cierta envergadura. Paulatinamente, al menos en el ámbito académico y en relación al siglo XIX, el término «partido» sería reemplazando por el de «facción», puesto que se consideró que las diferencias con aquellos «partidos» orgánicos y programáticos que na-

2. GELMAN, Jorge, «La lucha por el control del Estado: administración y elites coloniales en Hispanoamérica», en TANDETER, Enrique y Jorge HIDALGO LEHUEDÉ (dirs.), Historia General de América, España, Ediciones Unesco/ Editorial Trotta, 2000, vol. IV, pp. 251-264. 3. RAVIGNANI, Emilio (dir), Asambleas constituyentes argentinas, Buenos Aires, Instituto de Investigaciones Históricas, Facultad de Filosofía y Letras. (Periodo 1824-1827, t. I–III) Universidad de Buenos Aires, 1937. 4. Para comprender las ideas federales, recomendamos ver el periódico «El Tribuno», y para las unitarias, «El Nacional» o «El Argos de Buenos Aires», todos ellos sitos en la Sala del Tesoro de la Biblioteca Nacional. 5. Unitarios y federales, surgidos en la década de 1820, fueron las dos agrupaciones políticas más preponderantes de la Argentina de la primera mitad del siglo XIX. Los primeros, eran centralistas de tendencia liberal y europeizante, su figura más reconocida fue Bernardino Rivadavia, que ocupó fugazmente el poder de un frágil estado nacional entre 1826 y 1827. Los federales, en cambio, perseguían un alto grado de soberanía de las provincias, y estuvieron vinculados a varios líderes regionales: Juan Manuel de Rosas y Manuel Dorrego, porteños; Facundo Quiroga, Estanislao López y Alejandro Heredia, del interior del país. Para ver este periodo histórico: TERNAVASIO, Marcela, Historia de la Argentina, 1806-1852, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009. 6. Por «historiografía tradicional» entiendo, en un sentido amplio y simplificado, a las corrientes historiográficas liberal y revisionista que predominaron hasta bien avanzada la segunda mitad del siglo XX. Para una explicación más extensa de esta temática, ver: ZUBIZARRETA, Ignacio, «Unitarios en Argentina ¿los buenos o los malos de la historia? La construcción antagónica de la imagen de una facción política decimonónica a través de las corrientes historiográficas liberal y revisionista», Iberoamericana, Año XIII (2013), N. 49, pp. 67-88.

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cieron recién hacia el epílogo de esa misma centuria7 (la Unión Cívica, el Partido Socialista, etc.), eran demasiado evidentes. La obra de Tulio Halperín Donghi, Revolución y Guerra, colaboraría tal vez como ninguna otra en afianzar y legitimar ese último vocablo entre los historiadores abocados a estudiar la historia argentina decimonónica.8 Pero: ¿qué entendemos por «facción»? ¿Se trata de un término de época? ¿Le otorgamos un significado similar al dado en el pasado que historiamos? ¿Hemos desplazado un término «inadecuado» por otro más pertinente? Es evidente que la mayoría de los trabajos historiográficos actuales, no sólo argentinos sino también latinoamericanos, dan por sentado una serie de características bastante similares y uniformes cuando se refieren a las facciones. Además, por lo general, no hay en ellos una definición del término, tan frecuentemente empleado; mucho menos una problematización del mismo.9 Esa situación no debería sorprendernos. Desde hace bastante tiempo, tal como se verá en el punto siguiente, se ha logrado consolidar una suerte de consenso de lo que «facción» y «faccionalismo» significan. No obstante, la aquiescencia comienza a resquebrajarse. Algunos investigadores cuestionan la utilidad indiscriminada de un término que parece cobijar laxamente los más diversos movimientos políticos que actuaron entre el periodo independentista y el ocaso del siglo XIX. En el presente trabajo, en un primer momento, presento raudamente un análisis general de lo que comúnmente se entiende por «facción» y cómo ese término suele ser empleado por la historiografía. En un segundo paso, despliego los recientes cuestionamientos de algunos investigadores hacia la utilización indistinta de ese vocablo y analizo los diversos argumentos que se esgrimen con ese fin.

Nociones generales sobre el faccionalismo Si por razones de espacio me veo en la obligación de ser conciso, podría definir –siguiendo los parámetros de la bibliografía teórica–10 a una facción como una agrupación de individuos que se concentran y conforman una coalición temporal con el objeto de lograr uno o varios fines determinados a través distintas modalidades de participación –política, militar, económica, etc.–. Dicha agrupación, generalmente en competencia –y muchas

7. Para una explicación teórica que remarca las diferencias entre las agrupaciones políticas del siglo XIX y los partidos «modernos», ver MANIN, Bernard, «Metamorfosis de la representación.», en DOS SANTOS, Mario (coord.), ¿Qué queda de la representación política?, Caracas, Nueva Sociedad, 1993, pp. 237-252. 8. HALPERÍN DONGHI, Tulio, Revolución y guerra. Formación de una elite dirigente en la Argentina criolla. Buenos Aires, Siglo XXI, 1972. 9. Es al menos curioso que, en una obra muy reciente, Redes, faccionalismo y liberalismo, Sonora, 18501876 de Zulma Trejo, a pesar de que las facciones, tal como lo indica el título de la investigación, forman parte del centro de interés de la misma, no se advierte una definición sobre dicho objeto de estudio. Ver TREJO CONTRERAS, Zulema, Redes, faccionalismo y liberalismo, Sonora, 1850-1876, México, El Colegio de Sonora, El Colegio de Michoacán, 2012. 10. Recomendamos, por su claridad argumentativa: LANDE, H. Carl, «The dyadic basis of clientelism», en SCHMIDT, Steffan; GUASTI, Laura; LANDE, Carl H. y James C. SCOTT (eds.), Friends, Followers, and Factions. Berkeley, University of California Press, 1977, pp. 23-47.

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veces incluso en constantes conflictos con otras de su tipo–, no guardaría una jerarquía orgánicamente establecida, pero sí contendría escalas no formales que remiten en el nivel superior a la voluntad de un líder. Este último suele actuar con fines personalistas, moviliza por atracción y liderazgo y carece de propuestas políticas claramente definidas. Algunos ropajes ideológicos, no obstante, le sirven al cabecilla de fachada para atraer voluntades de diversa índole. Pero, también se ve obligado, en un sistema de connotaciones clientelísticas, a la asignación de favores de los más variados para retribuir el apoyo material y simbólico que se le presta.11 Si el término «facción» puede englobar una serie de características bastante precisas que sirven para definir a las agrupaciones decimonónicas, también constituyó un vocablo, junto con «partido», muy utilizado durante todo el siglo XIX. De hecho, ambas entradas nos remiten a ideas bastante similares. Tomás de Iriarte, un ilustrado militar que actuó en las guerras independentistas rioplatenses –más tarde también lo haría en las contiendas civiles–, aseguraba, en relación a los partidos de su tiempo, «jamás se ha combatido en obsequio de un principio, por defender un sistema, porque la cuestión ha sido siempre constantemente de personas, de intereses individuales».12 Esta temprana reflexión nos lleva a pensar que durante la primera mitad del siglo XIX ya existía una conciencia de cómo debía actuar un «partido político». Al respecto, convivían –no sólo en el contexto del Río de la Plata, sino en Occidente en general– dos interpretaciones que no cuadraban entre sí: por un lado, la convicción de que «partido» y «facción» eran dos términos equivalentes, de connotación negativa;13 mientras que por otro, como lo demuestra Iriarte, existió también el discernimiento de que los partidos debían actuar en base a «principios» y «sistemas», evitando seguir las veleidades de un líder. Según la idea que predominaba en la primera mitad del siglo XIX, las facciones se movilizaban por intereses particulares, practicaban medios de acción sesgados, engañaban a sus prosélitos y embestían contra los hombres honrados para lograr su fin último: ocupar el poder y enriquecerse a su cuenta.14 Las facciones encarnaban en el ideario so-

11. La definición de facción elaborada por Marta Bonaudo se asemeja bastante a la presentada arriba. Para dicha autora, facción remite a un «… órgano de mediación en el que se sintetizaban formas de hacer política que asumían los actores sociales antiguos, sin recurrir a propuestas programáticas reveladoras de intereses antagónicos. En realidad, lo que se estaba reflejando era que cada facción representaba a un grupo que disputaba con otro u otros, el poder. Su identidad giraba en torno a una personalidad fuerte de la red y tenía realineamientos diferenciales –nunca permanentes– en un mapa político que comenzaba a adquirir dimensiones nacionales. En consecuencia, las redes parentales, los vínculos personales y una estructura clientelar jerárquicamente organizada constituyeron las bases a partir de las cuales estos actores controlaban el espacio del club o partido y competían por el dominio del público». Por la cita, ver BONAUDO, Marta (dir.), Liberalismo, Estado y orden burgués (1852-1880), t. IV, ColecciónNueva Historia Argentina, Sudamericana, Buenos Aires, 1999, pp. 58-59. 12. IRIARTE, Tomás. Rosas y la desorganización nacional. Buenos Aires: Ediciones Argentinas, 1945, p. 164. 13. ROSANVALLON, Pierre, «Partis et factions», en RAYNAUD, Philippe y Stéphane RIALS, Dictionnaire de philosophie politique, Paris, Quadrige/PUF, 2003, p. 525. 14. Así lo parecen avalar algunos periódicos de la década de 1820, ver: El Centinela, 24 de noviembre de 1823, Biblioteca Nacional, Sala del Tesoro y El Duende de Buenos Aires, 7 de noviembre de 1826, Biblioteca

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cial decimonónico el mal que significaba la segmentación de la sociedad en grupúsculos con intereses egoístas y particulares. Tanto la vieja tradición corporativa y de antiguo régimen, como las ideas más modernas introducidas por el pensamiento ilustrado, rechazaban cualquier forma de fraccionamiento partidario puesto que llevaba a la división del cuerpo político. Esta idea, comúnmente adjetivada como unanimismo, nacía, según Rosanvallon, como un rechazo natural a la disidencia, enmarcada en una concepción social de comunidad política armoniosa.15 Incluso todavía luego de la Revolución francesa seguiría existiendo en Europa desconfianza y rechazo hacia las asociaciones políticas intermedias, como las sociedades populares, los clubes, los partidos, etc. ya que éstos eran tildados de atentar contra los gobiernos y la «voluntad general» que los sostenían. En cambio, el historiador François-Xavier Guerra hace hincapié en el unanimismo como reflejo del pensamiento característico del Antiguo Régimen, el que aún luego de las independencias rigió por cierto tiempo bajo la metáfora del cuerpo como la representación de la unidad política antes encarnada por el Soberano en tanto cabeza de esa unicidad corporal.16 Esto no sólo se habría manifestado en el ámbito rioplatense sino también en otras latitudes latinoamericanas, tal lo demuestran algunos trabajos recientes.17 No obstante, Ávila y Salmerón remarcan que, para el caso mexicano, esa visión negativa hacia los partidos y facciones no fue siempre constante; es decir, si bien continuó siendo negativa durante todo el siglo XIX y parte del consecutivo, algunos de sus significados irían mutando al calor de los cambios políticos internos y externos.18 De acuerdo a varios trabajos historiográficos, parece evidenciarse que aquellas características negativas que conllevaba el término «facción» se conservaron en su utilización académica actual. El faccionalismo imposibilitaría el acuerdo político, motivaría la fricción y promovería una solución judicial19 –para apartar a los opositores de la escena pública– en el mejor de los casos, o lisa y llanamente una respuesta armada y violenta. Ade-

Nacional, Sala del Tesoro. Pero también, esa caracterización facciosa suele estar avalada por el parecer de algunos investigadores que trabajan la temática actualmente. Ver: JIMÉNEZ POLANCO, Jacqueline, «Los partidos políticos en la República Dominicana, 1830-1930: Del faccionalismo caudillista al antipartidismo trujillista», tesis inédita sita en el Instituto Iberoamericano de Berlín, pp. 141-142. 15. ROSANVALLON, Pierre, La legitimidad democrática. Imparcialidad, reflexividad, proximidad. Buenos Aires, Manantial, 2009. 16. GUERRA, François-Xavier, «La metamorfosis de la representación en el siglo XIX», en COUFFIGNAL, Georges (comp.), Democracias posibles: el desafío latinoamericano, México, FCE, 1994. 17. ÁVILA, Alfredo y SALMERÓN, Alicia (coords.), Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo XIX, México, FCE, 2012; ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal, «Entre la unidad y la pluralidad. El concepto de partido-facción en el Perú 1770-1870», en Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, 2010, 39 (1): 63-84, HÉBRARD, Véronique, Soutenance d’Habilitation à Diriger des Recherches: «Nation, conflits civils et construction d’un rapport au politique. Venezuela, XIXe siècle», inédita, CAETANO, Gerardo, Partidos. «La cuestión de los partidos: el pleito entre distintas maneras de concebir la asociación política», en CAETANO, Gerardo (coord.), Historia conceptual. Voces y conceptos de la política oriental (1750-1870), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2013, pp. 197-214. 18. ÁVILA, Alfredo y SALMERÓN, Alicia (coords.), Partidos… cit., Introducción. 19. Sobre la judicialización del enemigo político en tiempos revolucionarios rioplatenses, recomendamos: PALOSTRELLI, Irina, «Excluir y castigar a los opositores en la Revolución. Notas sobre el juicio de residencia dispuesto por la Asamblea del año XIII», PolHis, Año 6, núm. 12, segundo semestre 2013, pp. 73-82.

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más, siguiendo una definición ensayada por Marta Bonaudo (ver nota a pie número 6), a partir de la segunda mitad del siglo XIX las facciones obraban sobre un «mapa político que comenzaba a adquirir dimensiones nacionales».20 Esa «dimensión nacional» ha servido, por ejemplo, para que durante el proceso de emancipación, la historiografía argentina haya considerado como facciones a «morenistas» y «saavedristas», pero nunca utilizara con frecuencia ese mismo término para categorizar o definir los bandos de «patriotas» y «realistas». Para Alejandro Rabinovich, las algo posteriores guerras facciosas entre unitarios y federales jugaron un rol fundamental en «el camino hacia la configuración de una verdadera identidad de carácter nacional, en desmedro de las hasta ahora predominantes identidades provinciales o de la ya lejana identidad americana.»21 De este modo, pareciera que las grandes facciones gozaron de una esfera territorial que trascendía el estricto ámbito local y, tal vez hayan colaborado –sin necesariamente buscarlo–, en paralelo, a forjar una identidad «nacional». Eso sólo pudo haber sido de ese modo considerando a las facciones como formadoras de un marco identitario común, en tiempos en que aún no existía una identidad nacional claramente definida. Incluso, las alianzas inter-faccionales que se establecieron en el ámbito rioplatense entre unitarios y colorados o entre federales y blancos durante la década de 1830, si bien demuestran la dimensión regional de sus intereses comunes y campos de acción,22 no por ello debe perderse de vista que cada agrupación política acordaba con su aliada para imponerse en un ámbito «nacional». Los unitarios apoyaron a Fructuoso Rivera acordando una futura retribución para que luego, en el poder, el caudillo oriental pudiera intervenir en su favor para derrocar al gobernador bonaerense Juan Manuel de Rosas. A su vez, Manuel Oribe forjó alianza con este último y lideró la campaña del interior en la Confederación Argentina a sabiendas que luego debía recibir colaboración militar para recuperar el Estado Oriental. La labilidad de las fronteras y la debilidad de los Estados de ese momento no deben ocultarnos una –compleja e indeterminada– dimensión «nacional» que los actores proyectaban y consideraban a la hora de actuar dentro de sus agrupaciones partidarias.23 Para Eduardo Míguez la caída del rosismo implicó ciertos cambios, pero al menos durante la segunda mitad del siglo XIX, no demasiados en relación a las formas de la política «facciosa». De hecho, esos cambios significaron incluso una profundización de la dinámica faccional. Siguiendo al autor recién mencionado:

20. ÁVILA, Alfredo y SALMERÓN, Alicia (coords.), Partidos… cit. 21. RABINOVICH, Alejandro, «Las guerras civiles rioplatenses: violencia armada y configuraciones identitarias (1814-1852)», en LORENZ, Federico, Historia de la guerra en Argentina, Ariel, 2015 (en prensa), p. 17. 22. Recomendamos al respecto: ETCHECHURY BARRERA, Mario, «Una guerra en busca de sus autores. Algunas notas metodológicas sobre la conflictividad regional en el Río de la Plata (1835-1845)», Illes i Imperis (Monográfico), Justicia, violencia y construcción estatal, núm. 15, 2013, pp. 75-100. 23. En esa misma dirección se encuentran las ideas de Pilar González, ver GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar, «La “sociabilidad” y la historia política», Nuevo Mundo Mundos Nuevos, Paris, EHESS, 17/02/2008 [en línea] .

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… la alusión a las denominaciones del viejo faccionalismo de la etapa rosista siguió en ocasiones vigente en el horizonte de referencias, y [a pesar de] la denominación Federal aplicada a algunas facciones provinciales que reconocían el liderazgo nacional de Urquiza, resulta abusivo suponer una continuidad entre los viejos Unitarios y los nuevos Liberales, o entre los Federales anteriores a 1852, y quienes son identificados con ese rótulo [por otros, o por ellos mismos] en la etapa constitucional.24

Para Míguez, la Constitución Nacional de 1853, adoptada por Buenos Aires recién en 1859, mostraba a las claras que las diferencias entre esta última y la Confederación urquicista eran de naturaleza facciosa y no programática.25 De ese modo, siempre siguiendo a Míguez, seríamos testigos de una «erosión de las viejas identidades políticas», diluidas gracias a una «amplia coincidencia en torno a un programa de modernización de la nación» de naturaleza republicana-liberal. Disgregadas las «viejas identidades políticas», no quedaría en pie otra cosa que el faccionalismo en su estado puro, el que sin embargo apelaría a los discursos que conocía y le resultaban efectivos en aras de lograr legitimidad.26 Esa explicación, aquí sintetizada, sobre el comportamiento «faccioso» de los actores políticos, que explicaría el origen y las formas de resolución (casi siempre violentas) del conflicto político, podría aplicarse temporalmente, según Míguez, a la casi totalidad de la segunda mitad del siglo XIX. Pero esa visión operativa del faccionalismo tiene también sus detractores.

Disconformidad ante un término complejo Para Hilda Sabato la «clave facciosa» sería insuficiente para comprender las prácticas políticas de dicho periodo. Por un lado, considera que el término «facción» contiene una serie de problemas al arrastrar una carga peyorativa fruto de haber sido vertido frecuentemente en el siglo XIX para descalificar al adversario político. Así, Sabato considera difícil que la utilización actual del término pueda prescindir de ese sesgo negativo. Por otro lado, «dada la escasez de formalizaciones sistemáticas de ese concepto –muy usado pero poco teorizado– se ha convertido en una categoría de escasa densidad conceptual pero con pretensiones explicativas amplias: su mero uso parece bastar para dar cuenta de una

24. MÍGUEZ, Eduardo, «Política y partidos durante la Organización Nacional», en LANTERI, Ana Laura (coord.), Actores e identidades, en la construcción del Estado Nacional, Buenos Aires, Teseo, 2013, pp. 171210. 25. Luego de la batalla de Caseros, que en 1852 diera por tierra con el poder de Juan Manuel de Rosas, el país se fragmentó en dos entidades: la Confederación Argentina comandada por Justo José de Urquiza –vencedor de Caseros–, y el Estado de Buenos Aires. Esa escisión se mantendría durante casi 10 años. La Constitución de 1853 fue promulgada por las autoridades de la Confederación Argentina, y luego aceptada por todas las provincias, exceptuando el Estado de Buenos Aires, en abierta disidencia con Urquiza. Para comprender mejor esa coyuntura histórica, ver GOROSTEGUI DE TORRES, Haydée, La Organización Nacional, Buenos Aires, Paídos, 2000. 26. MÍGUEZ, Eduardo, «Política y…» cit.

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forma de funcionamiento político.»27 Por «faccioso», Sabato entiende un término que pretende explicar lo que no explica, o más bien: «desalienta las preguntas en torno a cómo funcionaban efectivamente las diferentes agrupaciones políticas que tomaron forma en el período pos Caseros.»28 Ariel de la Fuente tampoco se muestra del todo conforme con el concepto de facción. Aunque mantiene una actitud prudente, cuando limita el alcance de sus interpretaciones al estrecho ámbito del espacio por él estudiado, afirma que: … el concepto de política facciosa es insuficiente para explicar el conflicto entre unitarios y federales durante el proceso de formación del Estado en La Rioja. Las identidades políticas estaban diferenciadas social e ideológicamente y, lo más importante, las lealtades partidarias débiles (la supuesta tendencia de los actores a cambiar de bando, un elemento importante en el argumento de la política facciosa) no parecen haber sido una característica dominante en la política de las zonas rurales de La Rioja. La falta de continuidad en la alineación partidaria parece haber sido más común entre los políticos urbanos y profesionales, sin una base propia de seguidores y de poder, que entre los caudillos rurales y su clientela que mostraron una notable continuidad en sus afiliaciones.29

De este modo, De la Fuente considera que las diferencias de –lo que él denomina como– «partidos», estaban arraigadas de larga data y se basaban en posturas ideológicas enconadas y aglutinadas en redes parentales relativamente estables. La caída de Rosas trajo aparejados ciertos cambios, pero los hábitos y conductas políticas seguirían, por algún tiempo, dominados por los clivajes entre unitarios y federales. De la Fuente también desdobla los comportamientos de las agrupaciones políticas entre aquellas que se encontraban inmersas dentro de lógicas propiamente urbanas y aquellas específicas del mundo rural. Además, y a diferencia de lo que sostenía Halperín Donghi en Revolución y Guerra, los conflictos políticos entre unitarios y federales no se circunscribirían a una lucha intraelite por el dominio del Estado, sino que involucrarían a todos los sectores de la sociedad. En conclusión, De la Fuente juzga más acertado llamar a las «facciones» como «partidos», puesto que, entre otras cosas, considera que así eran denominados en ese tiempo y estima más pertinente utilizar los apelativos originarios. Laura Cucchi también se adhiere a las posturas recientes que reflejan la inconveniencia de emplear el término «facción» para hacer referencia a las agrupaciones políticas decimonónicas (principalmente para aquellas que actuaron en la segunda mitad del siglo XIX). Según esta autora:

27. SABATO, Hilda, Prólogo de la obra ZUBIZARRETA, Ignacio, Los Unitarios: faccionalismo, prácticas, construcción identitaria y vínculos de una agrupación política decimonónica, 1820-1852, Historamericana, Verlag Hans-Dieter Heinz, Stuttgart, Alemania, 2012, p. 10. 28. SABATO, Hilda, «Los desafíos de la república. Notas sobre la política en la Argentina pos Caseros», en Estudios Sociales, primer semestre, n. 46, 2014, pp. 77-117. 29. DE LA FUENTE, Ariel, Los hijos de Facundo. Caudillos y montoneras en la provincia de La Rioja durante el proceso de formación del Estado Nacional Argentino, Buenos Aires, Prometeo, 2007, pp. 252-253.

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… el esquema del faccionalismo nos impide ver la heterogeneidad de posturas que se dieron entonces sobre algunas cuestiones clave del funcionamiento republicano. Ofrece un diagnóstico en cierto sentido cínico de la vida política al descartar a priori cualquier vínculo entre creencias y acción explicando todo el comportamiento en base a ansias de poder o a impulsos instrumentales de otro tipo. Soslaya, por ese motivo, que entonces se delinearon miradas distintas –y en abierta contienda– sobre la naturaleza de la política y el rol de los partidos.30

Las críticas de Cucchi, exhibidas en un artículo del presente dossier, se insertan en un trabajo donde analiza la dinámica política cordobesa a fines de la década de 1870. A lo largo de sus páginas, aduce que hacia el final del periodo que estudia, «se produjeron algunos cambios en las formas de concebir al adversario y a las oposiciones que impactaron en las pautas de relación entre las agrupaciones políticas». Así, el autonomismo,31 desde la cúspide del poder en Córdoba, no «retrató a sus adversarios como movidos meramente por un deseo de poder o por intereses privados de algún tipo. Impugnó la retórica opositora desarmando esas equivalencias entre un partido y el conjunto de los intereses legítimos y reconoció un lugar a las oposiciones.»32 De este modo, si bien aún no existían los «partidos» modernos que surgirían poco tiempo después, ya avizoramos el comienzo del fin de las «facciones» o de la política «facciosa» que caracterizó el grueso del siglo XIX. Las estrategias de «fusión» de «partidos», como habían sido promovidas desde la llegada de Urquiza al poder en 1852 (y, especialmente, durante la presidencia de Nicolás Avellaneda, quien impulsó la «conciliación» en la década de 1870), no sólo no se mostraron exitosas, sino que, en algún punto, seguían negando la aceptación del adversario político actuando en un espacio diferenciado y autónomo del poder.33 Aún así, las nociones de «partido» y de «facción» comenzaban gradualmente a mutar. Para Nora Souto: «vinculado estrechamente a la reactivación que experimentó la vida política tras la caída de Rosas, comenzó a advertirse algún cambio en la valoración de la idea de partido. Esto se manifestó, en primer lugar, en la paulatina disociación entre partido y facción: ilustrado, patriótico, respetable, digno, adjetivaban al primero, mientras que la segunda aparecía ligada al odio y al egoísmo.»34

30. CUCCHI, Laura, «Antagonismo, política y partidos en las provincias argentinas del siglo XIX: el caso de Córdoba a fines de los años setenta», en ponencia para el Congreso Ahila 2014, inédito, p. 22. 31. Agrupación política surgida en Buenos Aires a principios de la década de 1860 y liderada por el liberal y ex unitario Adolfo Alsina. Logró ramificarse en algunas provincias del interior, como por ejemplo, en Córdoba, de la mano de jóvenes liberales, entre ellos: Antonio Del Viso y Miguel Juárez Celman. Unificado al Partido Nacional en 1874, el Partido Autonomista Nacional dominará la escena política hasta 1916 y el asenso al poder del radicalismo. Para un panorama del periodo: SABATO, Hilda, Historia de la Argentina, 1852-1890, Buenos Aires, Siglo XXI, 2012. 32. Ibídem, p. 21. 33. Es factible que, como me lo hizo notar atinadamente Leonardo Hirsch, entre la «fusión» urquicista y la «conciliación» promovida por Avellaneda, haya existido un desplazamiento en la concepción del funcionamiento y de los fines de los partidos políticos. La «fusión» pretendía la eliminación de los partidos previamente existentes. En cambio, la «conciliación» aceptaba –implícitamente y de algún modo– la disidencia, reconocía al adversario, e intentaba acordar con él de manera más persuasiva. 34. SOUTO, Nora, «Partido/facción (Argentina)», en Diccionario político y social del mundo iberoameri-

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Hasta aquí hemos retratado de forma sucinta y, según la perspectiva de la historiografía argentina reciente, el significado del término «facción». Constatamos que esa definición guardaba en el siglo XIX un marcado sesgo negativo, puesto que nadie se identificaba bajo esa denominación: más bien era endilgada al adversario. Esa carga peyorativa, de algún modo u otro, logró filtrarse en algunos de los recientes trabajos que utilizan dicho término. Ciertos historiadores, no obstante, manteniendo la utilización de «facción» en sus análisis históricos, han estado muy lejos de mostrarnos una imagen simplista de las agrupaciones que retratan en sus estudios.35 Por el contrario, han demostrado que los movimientos políticos que predominaron en el siglo XIX constituyeron complejos entramados humanos caracterizados por liderazgos que respondían y representaban a amplias bases sociales que participaban en la toma de decisiones colectivas. Pero también, que estos movimientos se encontraban consustanciados con ciertas formas identitarias y propuestas políticas que lejos estaban de carecer de contenidos ideológicos, a veces laxos, pero no por ello ausentes. Aunque «facción» pueda, según ciertas posturas, remitirnos a diversas formas de acción política, quisimos reflejar la actual disconformidad de algunos investigadores en el uso de dicho término. Por razones que parecen semejarse, argumentan que, a través de su utilización, se simplifican los procesos políticos obturando vías de explicación alternativas que reflejen mejor la naturaleza real de la dinámica de las agrupaciones de ese periodo y de la vida republicana.

Conclusión La existencia de las facciones parece remontarse, siempre aludiendo al espacio rioplatense, al mismo proceso emancipador. Y continuarían su marcha al menos hasta fines del siglo XIX. Si ellas representan la contracara de los «partidos» por no haber sido ni programáticos, ni orgánicos, ni tolerantes a la divergencia (entre otros ítems), es muy difícil imaginar que la mera aparición de los modernos partidos lograra revertir rauda y automáticamente las características recién aludidas de las facciones, habiendo estado éstas últimas tan enraizada en las prácticas decimonónicas. De lo recién expuesto, surgen una se-

cano. La era de las revoluciones, 1770-1870; FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier (dir), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014, vol. II, en 10 tomos. Tomo Partido/facción, ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal (ed.), Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2014. 35. Para poder ver algunos trabajos que demuestran una utilización de «facción» muy alejada de aquella simplista que caracterizamos arriba, recomendamos, entre otros: TERNAVASIO, Marcela, La Revolución del voto. Política y Elecciones en Buenos Aires. 1810-1852, Buenos Aires, Siglo XXI, 2002; MYERS, Jorge, Orden y Virtud, el Discurso Republicano en el Régimen Rosista, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes, 1995; GELMAN, Jorge, Rosas bajo fuego. Los franceses, Lavalle y la rebelión de los estancieros, Buenos Aires, Sudamericana, 2009; GARAVAGLIA, Juan Carlos, San Antonio de Areco, 1680-1880: un pueblo de la campaña, del antiguo régimen a la modernidad argentina, Buenos Aires, Prohistoria ediciones, 2009; FRADKIN. Raúl O., Historia de una montonera. Bandolerismo y caudillismo en Buenos Aires, 1826, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006; DI MEGLIO, Gabriel, ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo (1810-1830), Buenos Aires, Prometeo, 2008.

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rie de interrogantes que quisiera explicitar: la «facción» ¿es un concepto?, ¿articula y define modos de comportamientos políticos precisos? Por lo pronto, contamos con escasas reflexiones al respecto. ¿Se trata de un término que logra aglutinar, sin tensiones, las prácticas políticas nacidas en los tiempos de «saavedriastas y morenistas» y concluidas con el surgimiento de la Unión Cívica a fines del siglo XIX? Todo lo que existió en el medio de esos dos extremos temporales, ¿guarda alguna coherencia u homogeneidad que haga apropiada la utilización de un término englobante y laxo como «facción»? Considero que anatemizar el término «facción» y dejar de utilizarlo no resuelve per se nuestras lagunas, ni necesariamente enriquece las perspectivas de análisis. Puede resultar, incluso, anodino reemplazarla por alguna voz más apropiada, si se encontrara otra alternativa. Aunque, por otro lado, debo admitir que no logra convencer del todo la perspectiva «facciosa» que minimiza intereses ideológicos y otras motivaciones en los actores políticos del siglo XIX ofreciéndonos, retomando las palabras de Cucchi, «un diagnóstico cínico de la vida política». Así, la utilización del término «facción» podría motivar mayores y nuevas reflexiones sobre su valor analítico. Pero también, delimitarse mejor en sus significados, encontrando de esa manera contornos más precisos. Descubriríamos, tal vez, que existieron dinámicas «facciosas» durante el siglo XIX, pero no fueron las únicas en circulación. Probablemente, hayan coexistido con otras formas del accionar político. Por solo dar un ejemplo ilustrativo, a través de mis estudios doctorales he podido constatar que los unitarios nacieron como una agrupación política sostenedora de ideales y proyectos, mientras carecían de un exclusivo líder carismático que los acaudillara (imagen que contrasta con el paradigma que hemos retratado de «facción»).36 Eso no implica, necesariamente, que el unitarismo no haya llevado a cabo comportamientos «facciosos», o que sus integrantes no realizaran prácticas, en ciertos momentos, que podrían ser juzgadas de «facciosas», según la clásica definición de ese término ya ensayada y consensuada historiográficamente. En síntesis, en este trabajo quise poner a discusión una serie de interrogantes sobre la utilización del término «facción» y a su cuestionable capacidad para aglutinar en él a todas las alternativas o movimientos políticos que existieron en Argentina entre el proceso independentista y la formación de los partidos políticos modernos a fines del siglo XIX. Si existe cierto consenso en que las «facciones» son grupos políticos que se singularizan por una serie precisa de características (ausencia de ideologías, fuertes liderazgos personalistas, clientelismo, no reconocimiento del adversario político, etc.), ¿bajo qué categorías podríamos denominar a aquellos movimientos que no cumplen fielmente con esa caracterización? ¿Sería correcto rotularlas como «facciones», considerando la implicancia y significación que dicho concepto conlleva a priori, sólo por compartir con otras una misma época? Resulta imposible hacer historia sin utilizar categorías, modelos, definiciones que logren simplificar la enmarañada e inaprensible realidad de un pasado remoto. También parece evidente que esas categorías analíticas deben ser lo más precisas posibles y gozar de la aceptación y el consenso de la comunidad académica. Y esto último es lo que, a mi

36. ZUBIZARRETA, Ignacio, Los Unitarios: faccionalismo… cit.

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criterio, comienza a cuestionarse en torno a «facción». Pero, a pesar de algunas opiniones acerca de lo estéril que puede resultar servirse de esa definición, no parece haber una palabra que logre condensar con éxito, si ella existiese, las características propias de las agrupaciones políticas decimonónicas. Y eso porque, justamente, no existió una modalidad monolítica de comportamiento o accionar en dichas agrupaciones. De allí a que, reemplazar un término por otro no parecería ser una adecuada resolución del problema. Es pertinente, entonces, seguir reflexionando de cara a esta cuestión. De ese modo, se debería tratar de definir mejor el concepto de facción para poder circunscribirlo y otorgarle significados delimitados y más precisos. Así, podría reflejar ciertas formas del accionar político más relacionadas a la caracterización de las mismas, a la modalidad de sus comportamientos, que a su ubicación temporal. Para concluir, si este trabajo no logra resolver los problemas que en él se introducen, al menos pretende desplegarlos y presentarlos a debate y reflexión. Esperamos que, en ese marco, se pueda seguir avanzando por la senda que se traza en muchas de las investigaciones que acompañan, en forma de artículos, el presente dossier.

Bibliografía Fuentes El Centinela, Biblioteca Nacional, Sala del Tesoro, (Buenos Aires, Argentina). El Duende de Buenos Aires, Biblioteca Nacional, Sala del Tesoro, (Buenos Aires, Argentina). El Nacional, Biblioteca Nacional, Sala del Tesoro, (Buenos Aires, Argentina). El Tribuno, Biblioteca Nacional, Sala del Tesoro, (Buenos Aires, Argentina). RAVIGNANI, Emilio (dir), Asambleas constituyentes argentinas, Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Históricas, Facultad de Filosofía y Letras. (Periodo 1824-1827, t. I-III) Universidad de Buenos Aires, 1937.

Bibliografía secundaria ALJOVÍN DE LOSADA, Cristóbal, «Entre la unidad y la pluralidad. El concepto de partido-facción en el Perú 1770-1870», Bulletin de l’Institut Français d’Études Andines, 2010, 39 (1) pp. 63-84. ÁVILA, Alfredo y Alicia SALMERÓN (coords.), Partidos, facciones y otras calamidades. Debates y propuestas acerca de los partidos políticos en México, siglo XIX, México, FCE, 2012. BONAUDO, Marta (dir.), Liberalismo, Estado y orden burgués (1852-1880), t. IV, Colección Nueva Historia Argentina, Sudamericana, Buenos Aires, 1999, pp. 58-59. CAETANO, Gerardo, Partidos. «La cuestión de los partidos: el pleito entre distintas maneras de concebir la asociación política», en CAETANO, Gerardo (coord.), Historia conceptual. Voces y conceptos de la política oriental (1750-1870), Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2013, pp. 197-214.

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PROYECTOS POLÍTICOS Y FACCIONALISMO MILITAR. ECOS DE LA CRISIS DE LA MONARQUÍA PORTUGUESA EN MONTEVIDEO, 1820-18241 Ana Frega Novales Universidad de la República, Uruguay [email protected]

Las revoluciones liberales en España y Portugal, la independencia de Brasil y los procesos de organización estatal en las antiguas Provincias Unidas del Río de la Plata generaron el espacio para la concreción de nuevas alianzas políticas y sociales. Uno de los focos de tensión era el destino político de la Provincia Oriental o Cisplatina, controlada por fuerzas militares luso-brasileñas desde 1820. El artículo estudia las divisiones al interior de las fuerzas militares luso-brasileñas en la Provincia Oriental/Cisplatina entre 1820 y 1824 y sus repercusiones en las elites hispano criollas montevideanas. Entre otras fuentes, analiza las actas del Conselho Militar instalado en Montevideo en marzo de 1821 y los debates desarrollados en panfletos y hojas sueltas. PALABRAS CLAVE: fuerzas armadas, monarquía constitucional, revolución de independencia, faccionalismo, opinión pública.

POLITICAL PROJECTS AND MILITARY FACTIONALISM. ECHOES OF THE CRISIS OF THE PORTUGUESE MONARCHY IN MONTEVIDEO, 1820-1824. The liberal revolutions in Spain and Portugal, the independence of Brazil and the processes of state organization on the former Provincias Unidas del Río de la Plata generated the

1. El artículo es un avance del proyecto de investigación I+D «Guerra, orden social e identidades colectivas en la Banda Oriental, 1816-1824» con apoyo de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la Universidad de la República (Udelar) desarrollado en el marco de mi cargo de profesora del Departamento de Historia del Uruguay (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Udelar) en régimen de dedicación total. Amplía la ponencia presentada en el XVII Congreso de AHILA realizado en Berlín del 9 al 13 de septiembre de 2014. La documentación portuguesa fue relevada en el marco de una beca de investigación de dos meses concedida por la Fundação Calouste-Gulbenkian en 2012. [Recibido: 31/3/2015 – Aceptado: 18/6/2015]

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space for the creation of new political and social alliances. One of the tension focuses was the political destiny of the Provincia Oriental or Cisplatina, controlled by Luso-Brazilian military forces since 1820. The article examines the divisions within the Luso-Brazilian military forces in the Provincia Oriental/Cisplatina between 1820 and 1824 and their impact on the Hispanic-Criollo elites of Montevideo. Among other sources, it analyzes the records of the Conselho Militar installed in Montevideo in March 1821 and the discussions in the media (pamphlets and flyers). KEYWORDS: armed forces, constitutional monarchy, independence revolution, factionalism, public opinion.

Introducción El artículo se inscribe en los estudios sobre la crisis de los imperios ibéricos, y más particularmente en las aproximaciones que buscan recuperar la dinámica de las revoluciones de independencia en la definición de soberanías y territorios.2 El «Atlántico Ibérico», en la expresión de Jeremy Adelman, presenta interesantes líneas en común entre las que se incluyen la circulación de ideas sobre representación y libertad civil y política, el hecho de estar alineado –forzosamente– con la misma potencia extranjera (Gran Bretaña), o la existencia de alzamientos de tipo confederal como reacción a movimientos centralizadores, por ejemplo, en Pernambuco y la Provincia Oriental.3 En sus estudios sobre la formación de los estados nacionales en Iberoamérica, José Carlos Chiaramonte ha resaltado la importancia de las doctrinas comprendidas en el derecho natural y de gentes, en sus distintas versiones, como base de la legitimidad del accionar de los grupos dirigentes.4 Al analizar la emergencia de pueblos soberanos, así como movimientos de resistencia a las pretensiones hegemónicas de las ciudades principales en los antiguos dominios españoles y lusitanos en América, mostró que la independencia era compatible con la pertenencia a una unidad política mayor y que la dicotomía tradición-modernidad era insuficiente para comprender la complejidad, los ritmos y los alcances de los cambios y permanencias desatados por la revolución.

2. Entre los pioneros de esta renovación historiográfica se cuentan HALPERÍN DONGHI, Tulio, Reforma y disolución de los imperios ibéricos, 1750-1850, Madrid, Alianza, 1985; GUERRA, François-Xavier, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones hispánicas, Madrid, Mapfre, 1992; ANNINO, Antonio; Luis CASTRO LEIVA; François-Xavier GUERRA (dirs.), De los Imperios a las Naciones: Iberoamérica, Zaragoza, Iber Caja, 1994 y CHIARAMONTE, José Carlos, Ciudades, Provincias, Estados: Orígenes de la Nación Argentina (1800-1846), Buenos Aires, Ariel, 1997. 3. ADELMAN, Jeremy, Sovereignty and Revolution in the Iberian Atlantic, Princeton, Princeton University Press, 2007. 4. CHIARAMONTE, José Carlos, Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempo de las independencias, Buenos Aires, Sudamericana, 2004, passim.

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En trabajos anteriores he resaltado que la formación del Estado Oriental del Uruguay fue uno de los resultados históricamente posibles en la coyuntura revolucionaria, estudiando las constelaciones de fuerzas políticas y sociales en el área platense, sus intereses, sus confrontaciones y los proyectos no concretados.5 En este artículo procuro indagar cómo fueron percibidas en el Río de la Plata a comienzos de la década de 1820 las alternativas políticas lusitanas y cómo impactaron a nivel de las fuerzas de guerra en conflicto. En 1820 la Provincia Oriental del Uruguay, renombrada al año siguiente como Cisplatina, quedó bajo dominio luso-brasileño. Las fuerzas orientales comandadas por José Artigas habían sido derrotadas por un «Ejército Pacificador» al mando del Brigadier Carlos Frederico Lecor, que había iniciado operaciones en el segundo semestre de 1816 y ocupado Montevideo en 1817. En forma paralela, en la península Ibérica se produjo el triunfo de pronunciamientos militares de corte constitucionalista. Las repercusiones en América fueron variadas. España envió comisiones que procuraban la reincorporación de los territorios americanos a la monarquía constitucional que se había restablecido, a la vez que reforzaba sus reclamos a Portugal para la devolución de la banda norte del Río de la Plata. En el caso del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, el cambio de régimen exigió el retorno del rey Juan VI a Lisboa, a la vez que en Brasil cobraron mayor fuerza los movimientos que reaccionaban contra la posibilidad de que el alejamiento del monarca rebajara esos territorios a un estatuto colonial. Un episodio –la división de las fuerzas luso-brasileñas ante la crisis de la monarquía portuguesa y la independencia de Brasil– es la puerta de entrada al análisis de controversias y enfrentamientos sobre soberanía, independencia y orden social en distintas escalas y respecto a distintos centros políticos. La politización de las fuerzas de guerra y la formación de grupos o facciones –en este caso llamados «clubes» o «logias» por sus opositores– fue un hecho común durante la revolución de independencia.6 En la división del ejército luso-brasileño confluyeron reivindicaciones corporativas, posturas ideológicas y discusiones en torno a la «cuestión cisplatina», a la vez que quedó expuesto un complejo entramado de lazos y relaciones a ambos lados del Atlántico. La presencia de la División de Voluntarios Reales del Rey (Divisão de Voluntários Reais d’El Rei) y de fuerzas militares de San Pablo, Santa Catalina y Río Grande del Sur, así como de civiles luso-brasileños, transformó a la ciudad de Montevideo en un escenario más de los debates sobre los destinos de la monarquía portuguesa. Los proyectos y las alianzas de las elites hispano-criollas en el Río de la Plata sobre el futuro político de la provincia se mezclaron en esas disputas. Españoles, portugueses, brasileños, bonaerenses («porteños») y «orientales» reclamaban sus derechos sobre el territorio de la banda oriental del río Uruguay.

5. Véase, FREGA, Ana, Pueblos y soberanía en la revolución artiguista, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2007 y FREGA, A. (coord.), Historia regional e independencia del Uruguay. Proceso histórico y análisis crítico de sus relatos, Montevideo, Ediciones de la Banda Oriental, 2009. 6. Véase, por ejemplo, THIBAUD, Clément, Repúblicas en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de independencia en Colombia y Venezuela, Bogotá, Planeta, IFEA, 2003.

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El primer lustro de la década de 1820, es decir, los años que median entre la derrota de José Artigas en 1820 y el reinicio de las acciones armadas por la independencia en 1825, ha sido objeto de un tratamiento escaso por parte de la historiografía uruguaya tradicional. Entre las razones que pueden haber llevado a ese rezago relativo pueden contarse el peso de un enfoque esencialista de la nación y la centralidad otorgada a los «héroes fundadores». A pesar de lo anterior, y aun participando de esa concepción nacionalista, los trabajos de Juan E. Pivel Devoto7 y Martha Campos de Garabelli,8 así como las ediciones documentales realizadas por Flavio A. García9 incursionaron en la mirada portuguesa de la «cuestión cisplatina». Particularmente la obra de Campos de Garabelli, sustentada en una amplia compulsa de fuentes en archivos uruguayos y argentinos y en el manejo de prensa periódica e impresos de ambas orillas del Rio de la Plata, describió las características de la dominación luso-brasileña en su primer tramo, anotó las controversias generadas al interior del ejército de ocupación y estudió en detalle las gestiones realizadas en 1822 y 1823 por las elites hispano orientales que quedaron en Montevideo para lograr una alianza regional que apoyara el reinicio de las luchas por la independencia. Desde otra perspectiva, el equipo integrado por Lucía Sala, Julio Rodríguez, Nelson de la Torre y Rosa Alonso estudió los conflictos por tierras y ganados en la década de 1820, abordando especialmente los lazos entre las elites hispano-orientales y las fuerzas de ocupación, los derechos de propiedad y los lazos de dependencia personal, y «el movimiento anticolonial de 1822-1823».10 Al indicar las causas de la derrota del movimiento, los autores destacaron el peso de los «caudillos militares» que optaron por la unión con Brasil y la negativa del gobierno bonaerense a brindar apoyo, «para eludir una posible y temida reedición de la revolución radical del tipo de 1815».11 El trabajo retoma el estudio del primer lustro de la década de 1820 desde otra perspectiva. Enmarca la temática en el contexto regional conflictivo, pautado por los efectos sociales y económicos de la prolongación de la guerra y la construcción de gobiernos estables; y en una coyuntura internacional signada por las luchas entre el liberalismo y el orden del Antiguo Régimen, así como por la búsqueda de un nuevo equilibrio luego de la

7. PIVEL DEVOTO, Juan E., «El Congreso Cisplatino. (1821)», Revista del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, t. XII, 1936, pp. 111-424. 8. CAMPOS DE GARABELLI, Martha, La revolución oriental de 1822-1823. Su génesis, Montevideo, Junta Departamental de Montevideo, 1972, t. 1, y Junta de Vecinos, 1978, t. 2. 9. GARCÍA, Flavio A., «Las Cortes de Lisboa y la Provincia Oriental (Traducción)», Boletín histórico del Estado Mayor de Ejército, núm. 68, enero-marzo 1956, pp. 33-64, núm. 69, abril-junio 1956, pp. 91-129 y núm. 70, julio-diciembre 1956, pp. 86-130. 10. ALONSO, Rosa y otros, La oligarquía oriental en la Cisplatina, Montevideo, Ediciones Pueblos Unidos, 1970. Este libro forma parte de una investigación mayor realizada por Sala, Rodríguez y de la Torre sobre «la revolución agraria artiguista», que analiza la revolución de independencia en la Banda Oriental tomando como eje las luchas por la apropiación de tierras y ganados en un periodo que va desde el siglo XVIII hasta los primeros años del Estado Oriental independiente. 11. ALONSO, Rosa y otros, La oligarquía… cit. pp. 160-161. Refieren al año en que el artiguismo alcanzó mayor expansión en el Río de la Plata y en la Provincia Oriental se avanzó en medidas que procuraban el igualitarismo social.

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derrota de Napoleón. En la primera parte se trata la ocupación militar de la provincia, resaltando la existencia de conflictos en los mandos por la marcha de las operaciones militares y una incipiente movilización política, apoyada por la circulación de periódicos y panfletos. A continuación, se abordan las repercusiones del movimiento constitucionalista de 1820, especialmente la acción de un grupo o facción que promovió la formación de un Consejo Militar (Conselho Militar) que alineara a los Voluntarios Reales con la Revolución do Porto. El siguiente apartado se ubica en 1822-1823, cuando se produce la fractura de la monarquía portuguesa y la independencia de Brasil, presentando la alineación de las fuerzas políticas y sociales en torno a los proyectos de reconfiguración política del espacio platense. Por último, y en estrecha relación con el punto anterior, el artículo analiza la «escandalosa guerra de papeles» que se desató entre los distintos grupos de militares y civiles sobre el destino político de la provincia, donde el debate sobre independencia, soberanía popular, pacto social y otros conceptos políticos alcanzó las calles. Para la elaboración de este trabajo, avance de una investigación mayor en curso, se han consultado, entre otras fuentes, las actas del Consejo Militar entre marzo de 1821 y agosto de 182212 y los folletos y hojas sueltas con que los distintos grupos procuraron dirigir la «opinión pública».13 En el primer caso, se trata de un cuerpo documental particularmente rico para conocer las posiciones de las facciones que se conformaron en el ejército portugués a raíz de la revolución de Porto, así como las demandas y conflictos de un cuerpo castrense metropolitano apostado en un espacio colonial. La creación misma de ese Consejo Militar constituyó una expresión de la politización de las fuerzas en armas. Por el carácter reservado de sus deliberaciones, que habilitaba a sus miembros a volcar opiniones y lecturas del tiempo político que estaban viviendo, permite acceder a valoraciones y diagnósticos que expresamente no se hicieron públicos en aras del mantenimiento del «orden social». En cuanto a las hojas sueltas y panfletos, con una circulación mayor que la prensa periódica, incluyen las proclamas de los distintos grupos, anuncios al público, reimpresiones de artículos extranjeros, así como textos en tono satírico y mordaz, o bien erudito, sobre la coyuntura política.

La ocupación luso-brasileña de la margen septentrional del Río de la Plata Durante la guerra contra los franceses el ejército lusitano había sido organizado y disciplinado bajo la comandancia de Lord Beresford, quien continuó en el cargo una vez al-

12. Archivo Histórico Militar, Portugal (en adelante AHM-PT), Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6, 547 folios conteniendo 110 actas fechadas entre el 21/III/1821 y el 26/VIII/1822. En febrero de 2015, a través de un acuerdo bilateral entre los Ministerios de Defensa de Uruguay y Portugal, se ha hecho entrega a la Universidad de la República de Uruguay de una copia digital de fondos documentales correspondientes a la División de Voluntarios Reales, cuyo análisis permitirá profundizar las líneas trazadas en este artículo. 13. Se consultaron las hojas sueltas y panfletos existentes en Colección «Primeros Impresos» de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Acceso por: .

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canzada la paz.14 La paz en la metrópoli habilitó la formación de una División de Voluntarios Reales del Príncipe (luego pasó a ser del Rey) con destino a América. En 1815 la corte en Río de Janeiro temía un posible «contagio» de las ideas de república, libertad e igualdad impulsadas por el artiguismo, que se sumaba al antiguo interés por la expansión territorial hasta la ribera norte del Río de la Plata.15 El enrolamiento fue promovido mediante el otorgamiento de ciertas ventajas como, por ejemplo, la garantía de seguir perteneciendo al ejército de Portugal y la promesa de que al término de la campaña serían reintegrados a sus respectivos cuerpos con las patentes o ascensos que hubieran alcanzado. Al frente de la División se colocó al Teniente General Carlos Frederico Lecor, quien fue agraciado con el título de Barão de Laguna en 1818.16 La División contaba con dos brigadas comandadas los brigadieres Jorge de Avilez Juzarte de Sousa Tavares y Francisco Quevedo Pizarro, cuatro batallones de cazadores comandados por los tenientes coroneles Manoel Jorge Rodrigues, Francisco de Paula Rosado, António José Claudino Pimentel y João Crisóstomo Calado, dos cuerpos de caballería con los tenientes coroneles Antonio Manoel de Almeida Pessanha y João Vieira Tovar de Albuquerque como comandantes y un cuerpo de artillería al mando del mayor Maximiliano Augusto Penedo. El número total de efectivos alcanzaba unos cinco mil hombres entre oficialidad y tropa, arribando a Río de Janeiro en marzo de 1816.17 A las tropas europeas se sumaron las organizadas en la Capitanía de San Pedro de Río Grande y otros territorios de Brasil. Las operaciones militares en la Provincia Oriental se iniciaron por tierra y por mar en el segundo semestre de 1816.18 La proclama dirigida a «los pueblos de la margen izquierda del Río de la Plata» resaltaba que la lucha era contra «el tirano Artigas», cuya conducta «no puede hazer la fortu-

14. Lord Beresford (1768-1854) había encabezado la expedición militar británica que durante un mes y medio ocupó la ciudad de Buenos Aires en 1806. En 1809 se le encomendó la dirección de las fuerzas armadas que luchaban contra Napoleón en Portugal y en 1812 se le otorgó el título de Marqués de Campo Maior. 15. Véase PIMENTA, João Paulo, Estado e nação no fim dos impérios ibéricos no Prata (1808-1828), San Pablo, Hucitec/Fapesp, 2002. 16. Carlos Frederico Lecor (Faro, 1764-Río de Janeiro, 1836). En 1792 ingresó como cadete en el regimiento de artillería de Algarve. Veterano de la guerra peninsular, donde obtuvo el grado de mariscal de campo, en julio de 1815 fue ascendido a teniente general. Comandante en Jefe de la División de Voluntarios Reales del Príncipe (llamada del Rey luego del fallecimiento a comienzos de 1816 de María I), contrajo matrimonio en Montevideo en 1818 con Rosa de Herrera, integrante de las familias principales de Montevideo. Se pronunció en favor del Imperio de Brasil, que le reconoció su título nobiliario el 2/I/1823 y lo elevó a Vizconde el 4/ IV/1825. Recibió varias condecoraciones como la de AVIZ y Cristo, así como medallas y distinciones. En 1825 debió afrontar un levantamiento armado por la independencia, que se transformó en una guerra entre el Imperio de Brasil y las Provincias Unidas del Río de la Plata. A mediados de 1828, iniciadas ya las negociaciones de paz, se retiró hacia Rio Grande del Sur y luego se instaló en Río de Janeiro. Solicitó reforma, la que le fue concedida en 1832 con el grado de mariscal de campo. 17. Beresford introdujo algunos cambios organizativos, entre ellos, la transformación de los batallones 3º y 4º de cazadores en regimientos de infantería, poniendo a su frente a los coroneles João Carlos de Saldanha y Francisco de Paula Azeredo. Véase LACERDA MACHADO, F. S. de, O Tenente-General Conde de Avilez: 1785-1845. II. Expediçao de Montevidéo, Gaia, Ed. Pátria, 1932, pp. 21-34. 18. Véase DUARTE, Paulo de Queiroz, Lecor e a Cisplatina (1816-1828), Rio de Janeiro, Biblioteca do Exército, 1985, pp. 136-169.

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na de vuestro País, ni vuestros vecinos pueden fiarse en sus relaciones políticas».19 El texto anunciaba que las tropas no marchaban «a conquistar ni arruinar» las propiedades de los vecinos, sino a restablecer la tranquilidad», para lo cual Lecor había sido nombrado por el rey de Portugal como «Jefe de un Gobierno Interino en esta Provincia». El control luso-brasileño de la Provincia Oriental contó con el apoyo de las elites locales, que veían la influencia de las ideas artiguistas como una amenaza a sus posiciones y posesiones. El gobierno de la Provincias Unidas con sede en Buenos Aires también respaldó y promovió la expansión lusitana, considerada como medio para frenar el avance del «Sistema de los Pueblos Libres» en el espacio rioplatense. Los españoles europeos, si bien no contaban con medios para recuperar los territorios perdidos, recelaban de las aspiraciones lusitanas de correr las fronteras del Brasil hasta el Río de la Plata.20 Las capitulaciones que dieron fin a la lucha armada en la Provincia Oriental contemplaron los fueros y privilegios de los pueblos, el mantenimiento de los cabildos, la garantía de las propiedades y la promesa de que las fuerzas milicianas no serían obligadas a servir fuera de su jurisdicción. Lecor fue reconocido como Capitán General con atribuciones políticas, militares, de justicia y hacienda. A su alrededor se conformó un grupo conocido como el «Club del Barón». Sus integrantes, entre los que se contaban prominentes miembros de las elites hispano-orientales como Nicolás Herrera, Lucas José Obes, Tomás García de Zúñiga, Juan José Durán, Gerónimo Pío Bianqui y Fructuoso Rivera, ocupaban importantes cargos en el gobierno, la administración, la justicia y las fuerzas militares, y recibieron títulos y distinciones, estancias, ganados y privilegios mercantiles. Al interior de la División de Voluntarios Reales, sin embargo, se expresaban algunas tensiones derivadas de la campaña militar (discrepancias sobre el orden de las marchas, atrasos en el pago de haberes, entre otras) y de las luchas de poder al interior de la monarquía portuguesa.21 La permanencia del rey en América y el hecho de que lord Beresford fuera ascendido en 1816 a mariscal general de todas las tropas en Portugal y Brasil generaban malestar en los mandos castrenses. Las dificultades financieras para sostener una crecida oficialidad y cumplir con los pagos a la tropa agravaban un ambiente ya propicio para motines o pronunciamientos. En palabras de Beresford, la política aconsejaba mantener los pagos al día, advirtiendo que había «gente» que se encargaba de que los soldados no desconocieran o no olvidaran la actitud del gobierno al respecto. De otra forma, continuaba el mariscal general, en la ocasión en que las fuerzas armadas fueran 19. COMISIÓN NACIONAL «ARCHIVO ARTIGAS» (en adelante CNAA), Archivo Artigas, Montevideo, Imprimex, 1998, t. XXXI, pp. 89-90. 20. En noviembre de 1819 se produjo la detención y extrañamiento a Brasil de más de un centenar de españoles europeos, implicados en actividades de apoyo a la expedición militar con destino al Río de la Plata que se estaba preparando en la península. Véase CUADRO, Inés, Los Imperios Ibéricos en Montevideo. La conflictiva convivencia entre españoles, lusitanos y orientales (1817-1820), Tesis de Maestría, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, 2011. 21. Esos problemas no eran privativos de las tropas lusitanas. Un sugerente análisis de las fuerzas en armas en el Río de la Plata puede consultarse en FRADKIN, Raúl, «Formas de hacer la guerra en el litoral rioplatense», en BANDIERI, Susana (ed.), La historia económica y los procesos de independencia en la América hispana, Buenos Aires, AAHE / Prometeo, 2010, pp. 167-213.

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más necesarias, presentarían sus reivindicaciones sobre salario, vestuarios, etcétera y sería una suerte si limitaban sus reclamos a lo que por derecho les correspondía.22 La dura resistencia encontrada en las fuerzas de guerra artiguistas y en las poblaciones rurales produjo desavenencias en la División de Voluntarios Reales sobre la conducción de la campaña militar. En su comunicación a las autoridades a comienzos de 1818, Lecor aludió a los peligros que ocasionaba la falta de colaboración que encontraba en comandantes como Jorge de Avilez, Francisco Pizarro o Bernardo da Silveira Pinto. Por sus «partidos», «su mal entendido sistema, e opiniões intempestivas», daban lugar a que se corriera el rumor de la «desunião de ideas» que reinaba en el bando portugués y el estado «agonizante» de los intereses lusitanos en el territorio oriental.23 Como contrapartida, en los papeles de Vitório de Sousa Coutinho, 2º Conde de Linhares, quien se desempeñó como ayudante general del brigadier Bernardo da Silveira Pinto, se encuentra un borrador inconcluso titulado «Memoria militar sobre a occupação da Cap.a do Rio da Prata», donde se sostenía que si se hubieran observado las reglas del arte de la guerra, «não teriamos tido nenhuma das difficuldades que encontramos, e desde logo o pays se teria subjugado».24 A estas diferencias en la dirección de las operaciones militares se sumaron intervenciones en espacios públicos y producción de escritos de contenido político, que daban cuenta de un cierto estado de agitación en la División de Voluntarios Reales, que se correspondía con la situación de las fuerzas de guerra en la metrópoli. En marzo de 1818 Lecor acusó al capitán Antonio Duarte Pimenta de ser «Cidadão perverso», «revolucionario, discursista perigoso de lojas, esquinas, e Cafés para os ignorantes, e ociozos que uzão frequentar aquelles lugares e com mania politica».25 Este oficial había arribado a América como capitán de una de las compañías del 3r. batallón de cazadores comandando por el entonces teniente coronel Antonio José Claudino de Oliveira Pimentel y contaba con antecedentes de mal comportamiento.26 En la denuncia de 1818, Lecor incluía también la posición de Duarte Pimenta ante la llamada «conspiración de Gomes Freire», movimiento militar desbaratado por Beresford

22. Beresford al Conde da Barca, Lisboa, 11/VIII/1817, transcripto en NEWITT, Malyn, «Lord Beresford e os governadores de Portugal», en NEWITT, M. y ROBSON, Martin, Lord Beresford e a Intervenção Britânica em Portugal, 1807-1820, Lisboa, Imprensa de Ciências Sociais, 2004, pp. 111-114. 23. Citado en CAMPOS DE GARABELLI, cit., t. 1, p. 184. En sus comunicaciones, Lecor también aludió a la animadversión que causaba en los naturales de la provincia la desigualdad de trato que tenían con los españoles europeos (a quienes protegían), en detrimento de los americanos. 24. Arquivo Nacional Torre do Tombo, Portugal, Fondo Condes de Linhares, maço 78, doc. 108. 25. Lecor a Vila Nova Portugal, Montevideo, 21/III/1818, citado en CAMPOS DE GARABELLI, cit., t. 1, pp. 180-182. 26. En julio de 1816, tras haber sido reprendido severamente por mandar robar en estancias cercanas al campamento forraje para la caballada, «convidou alguns dos seus camaradas para se conjurarem contra Claudino». Véase PIMENTEL, Julio Máximo de Oliveira, Visconde de Villa Maior, Memorial biographico de um militar illustre O General Claudino Pimentel, Lisboa, Imprensa Nacional, 1884, pp. 101-102. Según este autor, el 5/ XI/1821 (Ordem do dia núm. 30) un consejo de guerra le habría otorgado perdón en atención al tiempo pasado en prisión y en 1827 habría pasado a Lisboa a servir en la «policía secreta».

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y severamente reprimido el año anterior en Portugal.27 Según Lecor, «ao passo em que misteriosamente lhes apertava as mãos», Duarte Pimenta habría dicho a algunos sujetos que la «pequena convulsão de Portugal» «foi mal succedida por que foi feita com pouco talento», agregando: «se aqui a houver de ter melhor resultado».28 Lecor informó que Duarte Pimenta mantenía «correspondencias com os Redactores Portuguezes d’Inglaterra» y habría sido autor de panfletos contrarios a la disciplina militar. Entre los ejemplos citaba el titulado «ligeiro esboço da guerra do Sul» donde se cuestionaban las órdenes reales, una sátira contra Beresford y una invectiva contra el Intendente de víveres de la División. Las acusaciones de Lecor dan cuenta de la lectura en Montevideo del Correio Braziliense, editado por Hipólito da Costa en Londres, aun cuando su circulación había sido prohibida en todos los dominios lusitanos. Las críticas de Duarte Pimenta abordaban la coyuntura política portuguesa y los reclamos concretos de los contingentes apostados en la Banda Oriental, expresando o promoviendo el descontento popular. Es este uno de los primeros indicios de la existencia de grupos de acción política al interior de la División. Se apelaba a la tropa argumentando los incumplimientos de la relación contractual bajo la que se habían enrolado, y se posicionaba al ejército como el garante de la libertad frente al despotismo. La reacción de Lecor, a su vez, expresó los temores frente a la movilización popular y la circulación de textos –manuscritos o impresos– que la promovieran. Asimismo, era tributario de una concepción que no reconocía en los sectores populares la capacidad de formular demandas propias. El episodio, además, ejemplifica las conexiones y prácticas comunes en los dominios portugueses a un lado y otro del Atlántico. Las autoridades no respondieron a la solicitud de traslado y Lecor debió reiterar al año siguiente sus denuncias. Lo acusó de promover la deserción de las tropas aduciendo que no recibían la paga prometida y que la guerra que sostenían era injusta. Lecor agregó un elemento más: su conexión con las fuerzas orientales que resistían la ocupación. Indicó que estando Duarte Pimenta preso en la Ciudadela de Montevideo le habría manifestado al hermano del Jefe de los Orientales, Manuel Francisco Artigas, también prisionero, su «ardente desejo» de que pudieran aniquilar la tiranía que pretendía sujetarlos.29 Estas acusaciones de mal comportamiento e insubordinación habrían dado lugar a una condena a tres años de prisión, según lo indicado por el encargado de negocios francés en Río de Janeiro, coronel Maler, cuando se refería a él como uno de los cabecillas del pronunciamiento de las tropas portuguesas ocurrido en Río de Janeiro el 26 de febrero de 1821. Sin embargo, el agente francés agregaba que el entonces mayor Duarte Pimenta gozaba de la protección de «pessoas da familia real» y había sido destacado a la India.30

27. PEDREIRA, Jorge y COSTA, Fernando Dores, D. João VI. Um príncipe entre dois continentes, San Pablo, Companhia das Letras, 2008, pp. 326-340. 28. Citado en CAMPOS DE GARABELLI, La revolución… cit., t. 1, pp. 180-182. La referencia al «misterioso» apretón de manos podría indicar la pertenencia a una sociedad secreta o de origen masón. 29. CNAA, Archivo Artigas, Montevideo, Tarma, 2006, t. XXXVI, pp. 12-13. Lecor a Vila Nova Portugal, 10/I/1819. 30. Citado en CAMPOS DE GARABELLI, La revolución… cit., t. 1, p. 179. La carta de Maler está fecha-

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La movilización, descripta como la obra de «três o quatro botafogos»,31 exigió que Brasil adoptara la misma constitución que Portugal.32

Los Voluntarios Reales ante el movimiento constitucionalista lusitano Las fuerzas de ocupación no fueron ajenas a los cambios generados por la revolución de Porto y la instalación de Cortes Constituyentes en Lisboa a fines de 1820, ni tampoco a sus repercusiones en Brasil en los primeros meses de 1821. Las noticias circulaban a través de cartas particulares y periódicos. La Gazeta de Buenos-Ayres comunicó el pronunciamiento militar constitucionalista y la instalación de una Junta provisional en Bahía, transcribió el decreto que disponía el traslado del Príncipe Pedro a Portugal, así como la convocatoria a los procuradores a la Corte para «adaptar» la constitución que se aprobara en Lisboa. Dio cuenta también del movimiento del 26 de febrero en Río de Janeiro, que culminó con el juramento por parte de Pedro de Alcántara a nombre del rey, de «observar, guardar, y mantener perpetuamente la constitución, tal cual se hiciere en Portugal por las cortes».33 En Montevideo, el elemento desencadenante de la movilización fue la noticia de que el Rey había decidido separar del ejército portugués a la División de Voluntarios Reales, lo que podía conllevar la suspensión del regreso a Portugal y de las compensaciones prometidas al momento del enrolamiento. Entre los motivos de la resolución regia del 1º de diciembre de 1820 estaba el alto costo que representaba para las arcas reales mantener el ejército apostado en el Río de la Plata. La Junta de Gobernadores en Lisboa había informado en junio de ese año la imposibilidad de entregar al Banco de Río de Janeiro los 600.000.000 réis anuales que insumían esos contingentes armados.34 Junto a las reivindicaciones propias del cuerpo militar, el movimiento proclamó en Montevideo la monarquía constitucional, asumiendo de esta forma la representación del «sentir de la nación» en estos lugares.

da el 28/II/1821. Véase también OLIVEIRA LIMA, Manoel de, Dom João VI no Brazil, 1808-1821, Río de Janeiro, Typ. do Jornal do Commercio, 1908, vol. 2, p. 1092. 31. «Botafogo», además de un término militar (pieza de artillería), significaba «o que atiça discórdias», y como adjetivo, «que vomita fogo», según el Diccionario da lingua portugueza composto pelo padre D. Rafael Bluteau y accrescentado por Antonio de Moraes Silva natural do Rio de Janeiro, Lisboa, Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789, vol. 1, p. 192. La expresión es del Duque de Palmela, referida en general a los instigadores del movimiento militar. Citada en ALEXANDRE, Valentim, Os sentidos do Império. Questão nacional e questão colonial na crise do Antigo Regime português, Porto, Edições Afrontamento, 1993, p. 528. 32. Para una relación sintética de los intereses en juego véase PEDREIRA, y COSTA, D. João VI… cit., pp. 351-363. 33. Gazeta de Buenos-Ayres, 14/III/1821, pp. 211-212. Reimpresión facsimilar disponible en . Véase también el número correspondiente al 21/III/1821, p. 216, «Carta fidedigna de un buen americano de Montevideo». Como se vio, el mayor Duarte Pimenta habría sido uno de los cabecillas del movimiento. 34. PEDREIRA, y COSTA, D. João VI… cit., pp. 342-343.

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Al frente del pronunciamiento se encontraba el comandante del 1º regimiento de infantería, coronel António José Claudino de Oliveira Pimentel.35 En una proclama que circuló impresa en hoja suelta, Pimentel exhortó a los soldados a imitar al «valeroso Exercito Portuguez» del que formaban parte, uniendo sus votos a los de ellos, «jurando a Constituição por elle jurada, acclamando a nossa Santa Religião, e a Sagrada Pessoa do Nosso Bom Rey, o SENHOR D. JOÃO VI».36 Un manifiesto firmado por diecinueve oficiales encabezados por Pimentel planteó la posición y las demandas de la División de Voluntarios Reales. En la época se los calificó de «carbonarios» por sus inclinaciones liberales, sin que ello supusiera una vinculación real con ese grupo.37 La información acerca de cómo se preparó este pronunciamiento es escasa y proviene de sus opositores, que lo tildaron como resultado de una «assembleia» o «socciedade Nocturna».38 Cabe señalar que la mención a facciones o «espíritu de partido» eran descalificativos que cada grupo solía emplear con sus opositores.39 Una veta a explorar son los posibles lazos con Río de Janeiro o Río Grande del Sur, donde antiguos oficiales de la División habían sido protagonistas de movimientos afines, o con otras zonas que resistieron la independencia de Brasil.40 Los diecinueve firmantes del Manifesto pertenecían al 1º regimiento de infantería (su coronel, Antonio Claudino Pimentel, el ayudante Claudio Caldeira Pedroso, el capitán Pedro Antonio Rebocho), al 2º regimiento

35. António José Claudino de Oliveira Pimentel (Moncorvo, 1776-Porto, 1831) peleó en la campaña contra los franceses, donde alcanzó el grado de mayor y recibió la Condecoración de la Cruz. Se integró a la División de Voluntarios Reales como comandante del tercer batallón de cazadores con el grado de teniente coronel. En Río de Janeiro, sin embargo, se le quitó el comando, hecho que protestó ante distintas autoridades, obteniendo la promesa de un nombramiento de coronel agregado y la declaración de que no había cometido insubordinación (PIMENTEL, Memorial… cit., pp. 78-94). Luego de su regreso a Portugal a mediados de 1822, obtuvo el grado de Brigadier. Sufrió exilio y prisión en varias oportunidades por su apoyo al constitucionalismo liberal. Fue diputado de las Cortes cartistas por la provincia de Trás-os-Montes. En 1829 fue encarcelado y condenado, falleciendo en prisión (CASTRO, Zilia Osório de [dir.], Diccionário do Vintismo e o primeiro Cartismo, 1821-1823 e 1826-1828, Lisboa, Assembleia da República, 2002, vol. II, pp. 382-386). 36. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 7. Proclamação. Hoja impresa sin pie de imprenta. 37. Museo Histórico Nacional, Montevideo, carpeta 1373. Juan Manuel de la Sota (1849), Cuadros Históricos, 2ª parte, cuadros 7 a 10, manuscrito. 38. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 7. Exposición del teniente Joze dos Santos Pereira, elector para nombrar vocal por el 1º batallón de Cazadores apostado en Colonia, 2/IV/1822. 39. Para el estudio de los grupos o facciones han sido de utilidad los planteos sobre la «sociabilidad asociativa» realizados por GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar, «La “sociabilidad” y la historia política», en PANI, Erika y SALMERÓN, Alicia (coords.), Conceptualizar lo que se ve. François-Xavier Guerra Historiador. Homenaje, México, Instituto Mora, 2004, pp. 419-460. 40. Más adelante se hará referencia a los apoyos recibidos de Bahía y Río Grande. Aquí interesa mencionar la actuación de Jorge de Avilez Juzarte de Sousa Tavares (Portalegre, 1785-Lisboa, 1845) como teniente general, gobernador de las armas de la Corte y la provincia de Río de Janeiro en julio y octubre de 1821 (exigió al Príncipe Regente el respeto a las bases constitucionales y a las decisiones de las Cortes reunidas en Lisboa), así como su dimisión y acantonamiento luego de que en enero de 1822 Don Pedro hiciera pública su decisión de permanecer en Brasil. Retornado a Portugal en mayo de 1822 fue sometido a consejo de guerra y degradado, si bien en 1827 obtuvo una sentencia favorable. Habría sido miembro de la masonería. Se enfrentó a las tropas miguelistas, sufrió prisión como otros liberales, integró el parlamento en varias oportunidades, en 1834 recibió el título de Vizconde de Reguengo y en 1840, de Conde de Avilez. CASTRO, Diccionário… cit., vol. II, pp. 785-787.

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de infantería (capitán Antonio Manoel de Meirelles y capitán de la 4ª compañía Manoel Jeremias Pinto), al 1º regimiento de caballería (mayor comandante João Nepomuceno de Macedo, capitanes José María de Sá Camello, João Xavier de Moraes Rezende y Lopo de Vasconcellos Pereira de Abreu e Lima, teniente Joze de Mendonça David), al 2º regimiento de caballería (capitán Joaquim Antonio de Moraes Palmeiro, mayor Joze de Barros Abreu, capitanes Manoel Joaquim Barredo Praça y João Baptista Mendes de Oliveira, teniente ayudante João Tavares de Almeida, teniente Domingos Egidio de Freitas), junto a Manoel Freire Rebocho de Andrade, teniente graduado, diputado asistente de cuartel maestre general, Joze de Mello Pacheco de Rezende, teniente mayor de la brigada de caballería y Joze de Vasconcellos Bandeira de Lemos, capitán del 2º batallón de cazadores y comandante interino del 2º de Libertos.41 La «Logia» o «Club de los Diecinueve» exigió en ese manifiesto la formación inmediata de un Consejo Militar presidido por Lecor e integrado por un oficial de cada cuerpo de la División, electo a pluralidad de votos de su respectiva oficialidad. El Consejo elegiría de su seno un vicepresidente y un secretario. La Gazeta de Buenos-Ayres publicó el 28 de marzo noticias de los sucesos y una traducción del Manifiesto firmado por los diecinueve oficiales. En su versión: «Tres regimientos, que estaban acantonados fuera de la plaza, amanecieron en ella el 20 comandados por el coronel Claudino: hicieron venir á su posición al general Lecor, y lo obligaron à jurar la constitución, que ha de formarse, y regir en Portugal. Há 22 meses, que las tropas están impagadas».42 Para los contemporáneos quedó de manifiesto la lucha por el poder que se había instalado. El 21 de marzo de 1821 se instaló el Consejo Militar presidido por el Barón de la Laguna. El cargo de vicepresidente lo ocupó Pimentel y como secretario con voto fue designado el coronel graduado Miguel Antonio Flangini. El acta registraba que la acción del Consejo apuntaba a proponer medidas para mejorar la dirección de la División sin disminuir «em ponto algum» la autoridad del Comandante en Jefe en aquellos asuntos relativos a la Capitanía General y gobierno de la Provincia.43 Los comandantes y oficiales superiores juraron el 27 de marzo la Constitución a ser redactada por las Cortes. El nombramiento del representante de cada cuerpo al Consejo sería por medio de electores: el estado mayor; «o pequeno estado maior»; los oficiales de cada compañía; los sargentos primeros y segundos y el furriel; y los tambores tendrían un elector cada uno; y los cabos y «anspeçadas», dos.44 En forma paralela, se dispuso el tras-

41. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 7. Manifesto, Montevideo, 20/III/1821. Hoja impresa sin pie de imprenta. 42. Gazeta de Buenos-Ayres, cit., 28/III/1821, pp. 222-223. La versión del Manifiesto tiene algunas omisiones respecto al original. 43. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. Acta núm. 1. 44. Diario das Cortes, vol. 7, p. 188. Sesión del 20/VIII/1822. Acceso por: . Véase, por ejemplo, el acta de la reunión realizada los días 17 y 18 de febrero de 1822 en Colonia del Sacramento para nombrar un representante del 1º batallón de Cazadores. Participaron unos 31 electores entre los que había oficiales, sargentos, cabos, soldados y

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paso de los fondos del consulado a la tesorería de la provincia, entre otros fines, para «subvenir al socorro de las tropas».45

«Hum pacto social-militar» Con esta expresión describió el coronel Pimentel en junio de 1821 la unión de oficiales y soldados y su voluntad de seguir juntos hasta el regreso a su país natal, apelando a la experiencia vivida, a la identidad como cuerpo: «a Divisão he hum Corpo d’irmãos, e companheiros inseparaveis».46 El Consejo Militar envió sendos comisionados a la corte en Río de Janeiro y al gobierno en Portugal para dar cuenta de su instalación y propósitos. Los objetivos eran demostrar la legitimidad de la instalación de esa institución –un poder de facto surgido de un movimiento militar– en el contexto de la «regeneración» de la monarquía portuguesa y la situación concreta en la Cisplatina, confirmar la legalidad de sus resoluciones y lograr que sus demandas fueran atendidas. Los defensores del Consejo Militar sostenían que su creación había quedado legitimada por el artículo 1º del decreto de las Cortes Generales del 24 de abril de 1821. Allí se establecía que serían tomados como legítimos todos los gobiernos establecidos o que se establecieran en los Estados Portugueses de Ultramar e Islas Adyacentes para abrazar la «Sagrada causa de la Regeneración Política de la Nación Portuguesa». Asimismo, serían declarados «beneméritos de la patria» los que hubieran planeado, desarrollado y ejecutado la referida Regeneración.47 Sin embargo, no fue esa la posición en Lisboa. En un primer momento, la Cortes otorgaron una «mención honrosa» a la declaración de firme adhesión a «la causa de la regeneración» y obediencia al cuerpo legislativo realizada por Pimentel en su nombre y el de su brigada.48 Al poco tiempo, la Comisión Diplomática de la Cortes de Lisboa planteó

un corneta (AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 7). «Anspeçada» o «anspessada» era un oficial inferior, primer puesto del ejército debajo del cabo de escuadra. VIEIRA, Domingos, Grande diccionario portuguez ou Thesouro da lingua portugueza, Porto, Casa dos Editores Ernesto Chardron e Bartholomeu H. de Moraes, 1871, vol. 1, p. 440. 45. CAMPOS DE GARABELLI, La revolución… cit., t. 1, pp. 243-244. 46. La intervención se enmarcó en el duro cuestionamiento a la orden del Príncipe Regente de embarcar el 2º regimiento de infantería y las dos compañías de caballería con destino a Río de Janeiro. En la misma dirección se pronunciaron el mayor João Nepomuceno de Macedo, comandante de una de las compañías de caballería que debía embarcarse, y el teniente Claudio Caldeira Pedroso, del 1º regimiento de infantería. En un estilo que rememoraba el principio de «se obedece pero no se cumple», propusieron elevar a Su Alteza Real una relación de los peligros que implicaba el cumplimiento de la referida orden. En los hechos, estaban cuestionando la autoridad del Príncipe Regente y así fue visto por los contemporáneos. (AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. Acta núm. 12 del 9/VI/1821. Adjuntas al acta están las memorias leídas por el coronel Pimentel, el mayor João Nepomuceno de Macedo y el teniente Claudio Caldeira Pedroso). 47. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. Acta núm. 21 del 4/VIII/1821, intervención del coronel Pimentel. 48. Diário das Cortes Geraes e Extraordinarias da Nação Portugueza, vol. 5, p. 964. Sesión del 26/

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la ilegalidad del Consejo Militar –llegaban al punto de hacer actas con la formalidad de las asambleas deliberantes, observaba el informe– y en vista a la intolerable insubordinación de la tropa y al quebrantamiento de la disciplina, propuso que se autorizara al gobierno a remover de Montevideo a la División de Voluntarios Reales.49 En los hechos, la formación del Consejo planteaba un modelo de «ejército deliberante» que desafiaba las nociones tradicionales de la disciplina militar. Sus miembros eran representantes electos por cada uno de los cuerpos de la División de Voluntarios Reales, las decisiones se tomaban a pluralidad de votos, las órdenes debían ser dictadas por Lecor «em Conselho Militar» y era un espacio de denuncia de presuntos actos de corrupción y despotismo en los mandos castrenses, así como de cuestionamiento de aquellos decretos reales que podían contravenir los intereses de la División. En el seno del Consejo Militar surgieron algunas discrepancias acerca de la integración y el alcance de su autoridad, en el marco también de una creciente politización y definición de posiciones en torno al futuro de la monarquía portuguesa. A modo de ejemplo, el teniente Jõao da Cunha Lobo, representante del 1º batallón de Cazadores, planteó en la sesión del 9 de agosto de 1821 la necesidad de dar a conocer las actas del Consejo en los distintos cuerpos de la División, lo que suponía trasladar el principio de publicidad aplicado en las discusiones de las Cortes Constituyentes a este organismo militar. La finalidad era evitar la desconfianza de aquellos que los habían nombrado sus «procuradores» o «representantes». Decía Lobo: Nós fomos nomeados Plenipotenciários pelas nossas respectivas Corporações, e estas tem o direito legal de nos tirarem contas dos nossos trabalhos: a nossa conducta lhes deve ser patente, para poderem censurar ou louvar nossas acções: a Autoridade que nos constituiu não cedeu estes direitos, e pode remover-nos quando o nosso comportamento lhes seja contrario.50

El fondo del asunto, sin embargo, era la constitución misma del Consejo y la legalidad de sus actos. En febrero de 1822, en ocasión de tratarse la elección de un representante del 1º batallón de Cazadores en Colonia del Sacramento, Cunha Lobo sostuvo que juzgaba al Consejo como la obra «de huma facção particular», denunciando su «falta de autoridad, e de liberalismo».51 El 1º batallón de Cazadores, comandado por el coronel graduado Manoel Jorge Rodrigues, se pronunció en varias ocasiones contra la legalidad del Consejo y la actuación de Pimentel. En abril de 1822, en una representación elevada al Soberano Congreso Nacional,

IV/1822. Acceso por: . 49. Diário das Cortes…, vol. 7, p. 188. Sesión del 20/VIII/1822, cit. 50. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. Memoria adjunta al acta núm. 22 del 9/VIII/1821. Proponía que las actas fueran enviadas a los comandantes de los cuerpos para que tomaran conocimiento sus oficiales, quedando prohibida su reproducción o difusión fuera de los cuarteles. 51. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 7. Copia del acta de la reunión de electores para nombrar un representante del 1º batallón de Cazadores al Consejo Militar, Colonia del Sacramento, 17/II/1822.

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acusaba a Pimentel de haber introducido los fantasmas de «huma licencioza Liberdade» y blasfemar «contra os honrados constitucionais que aborrecem a sua ambição desmedida».52 En los primeros meses de 1822 se produjo una ofensiva contra el Consejo que incluyó también la movilización pública.53 Uno de los puntos fuertes del enfrentamiento en el primer semestre de 1822 se produjo poco después del alejamiento de Pimentel de la ciudad.54 El 9 de mayo, el comandante del 1º regimiento de infantería, teniente coronel João Joaquim Pereira do Lago, presentó a su oficialidad un papel ya firmado por algunos oficiales de diferentes cuerpos, tendiente a derribar el Consejo Militar. Caldeira Pedroso dio cuenta del hecho en la sesión del 18 de mayo, condenando la intriga con el objeto de «tornar odiozos» a la misma División a los diecinueve oficiales que habían impulsado «movimento Patriótico» del 20 de marzo. El episodio concluyó cuando, ante la actitud de los oficiales que se negaron a firmar el texto porque era «incendiario» y tendía a «huma sublevaçao», el teniente coronel Lago señaló que él tampoco lo haría. La preocupación de Caldeira Pedroso al formular la denuncia era desarticular ese partido «destructor», integrado por altos oficiales, muy próximos al comandante en jefe de la División. En la pulseada, el «Club de los Diecinueve» denunció los pronunciamientos de algunos oficiales en contra de la autoridad del Consejo –en el 1º regimiento de infantería y en el 2º regimiento de caballería– advirtiendo sobre las consecuencias perniciosas que la división en partidos tendría para los intereses de la monarquía.55

La movilización de la tropa y el orden social El grupo «de los diecinueve» había apelado a tradicionales reivindicaciones sobre pago de haberes para movilizar a la tropa y presionar para la instalación del Consejo Militar. En el marco de la situación de inestabilidad política y del agravamiento de los atrasos en los pagos, se abrió el espacio para acciones más o menos espontáneas que pusieron en cuestión la capacidad de los mandos para mantener la disciplina. A lo largo del año 1821 y comienzos de 1822 se produjeron varios motines exigiendo el pago de los sueldos, la mejora en la ración y el regreso a Portugal. La novedad es que habrían sido promovidos «desde abajo», en tanto las actas dan cuenta de la participación de cabos y sargentos como cabecillas. Las autoridades procuraron disminuir la gravedad de los hechos, aunque los rumores y noticias se filtraron. A continuación se presentan las discusiones generadas al interior del Con-

52. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 7. La carta está fechada el 6/IV/1822 y adjunta varios documentos sobre la posición de ese batallón y la actuación del Consejo Militar, incluyendo ejemplares de los impresos del 20 de marzo de 1821. 53. En la sesión del 7 de marzo se denunció en el Consejo que hacía tres noches que un grupo de oficiales cantaba responsos fúnebres en una calle de la ciudad a quienes suponía amigos de los «dicinueve». AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. Acta núm. 67. 54. En la sesión del 29 de abril de 1822 Pimentel anunció que el Rey lo había nombrado Gobernador de las Armas de Mato Grosso. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. 55. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. Actas de los días 18, 20, 23 y 29/V/1822.

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sejo Militar, donde si bien hubo distintas posiciones sobre los orígenes o las soluciones a aplicar, se coincidió en que ponían en peligro el mantenimiento del orden político y social. En la noche del 23 de julio de 1821, el 2º regimiento de infantería abandonó su cuartel en los extramuros de Montevideo y se dirigió a la ciudad. Desistió de su amotinamiento ante la promesa hecha por el Barón de la Laguna de que se les pagaría prontamente. En el seno del Consejo Militar quedaron en evidencia las fricciones entre los cuerpos y los oficiales. El capitán Manuel Jeremías Pinto expuso las quejas y las opiniones de los soldados: atraso en los pagos, mala calidad de la carne, menor peso de la ración de pan, deseo de retornar a Portugal. A esto se sumaba la circulación de rumores «perjudiciales», tanto sobre la dignidad e importancia del Consejo Militar, «de quem se dizia que era nullo», como sobre algunos «Empregados publicos do Exercito, cuja interferencia era desagradavel aos Soldados».56 Es interesante anotar que la medida disciplinaria propuesta fue la emisión de una orden del día o un oficio particular al 2º regimiento de infantería que insinuara que el «desvío» nació de un «seductor estrangeiro», de modo de ocultar el origen interno del descontento. Junto a ello se planteó la necesidad de cumplir puntualmente con el pago del prest,57 procurar amortizar la deuda de sueldos impagos y publicar mensualmente un balance de los ingresos y gastos de la División. En una memoria presentada a los pocos días de creado el Consejo Militar, el coronel Pimentel había advertido que el «tribunal de la opinión pública» condenaba la manera «escandalosa» del gobierno económico de la provincia. Denunciaba el enriquecimiento de algunos funcionarios públicos, mientras a los soldados se les debía veintitrés meses de prest y a los oficiales se les pagaba en letras de difícil canje; los contratos para el abasto de carne al ejército y la marina; la acumulación de empleos y los manejos turbios en la aduana que, en su opinión, eran el blanco «das maldições do publico, a cujas vistas penetrantes nada escapa». La ocurrencia de agitaciones o levantamientos en la tropa era inevitable si no se tomaban medidas: As ideas sobre Governos liberaes tem-se generalisado athe á classe de Soldado, esta classe como a mais numeroza, e que tem em si a força real, vendo que nada ganhou na nova ordem de coizas, pode romper em dezatinos a que está propença, e nascerem d’aqui, e em pouco tempo, malles que não possão ter remédio.58

La noche del 30 al 31 de diciembre de 1821 se amotinó el 1º regimiento de infantería por las mismas razones. El Consejo Militar abordó el tema con preocupación.59 Caldeira

56. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. Acta núm. 19 del 26/VII/1821. 57. «Prest: El sueldo que abona el Estado al individuo de tropa. Verdaderamente no se alcanza porqué en el soldado se ha de llamar prest y en el oficial paga o sueldo. […] Esta voz francesa vino envuelta en el aluvión de galicismos que por los años 1702 y siguientes trajo la dinastía borbónica». ALMIRANTE Y TORROELLA, José, Diccionario militar, etimológico, histórico, tecnológico, con dos vocabularios francés y alemán, Madrid, Imprenta y Litografía del Depósito de la Guerra, 1869, p. 923. 58. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. Acta núm. 21 del 4/VIII/1821. La memoria fue presentada el 31/III/1821 y leída nuevamente en esta sesión. 59. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. Acta núm. 51 del 3/I/1822.

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Pedroso hizo referencia a las razones de fondo del motín –atraso en el pago del prest y aspiración de regresar a Portugal– y al clima de desconfianza en la tropa por murmuraciones, pasquines y discursos sediciosos, alimentado también por quienes querían cambiar el gobierno de la provincia. El cumplimiento con el pago de haberes era la única forma de evitar nuevos motines. La memoria presentada por el coronel Pimentel avanzaba en la misma dirección. Su planteo, si bien condenaba la indisciplina, reconocía con claridad la justicia de los reclamos. La riqueza de algunos funcionarios, comerciantes y hacendados contrastaba con la desnudez de la tropa y el atraso en los pagos: Acazo ignora o Soldado que huma grande parte dos rendimentos da Provincia são empregados no pagamento mensual dos grandes salarios pagos sem falencia á multidão de funccionarios Civis, Militares do paiz, sem que nem huns nem outros contribuão a menor cousa para a segurança d’ella? Acazo ignoram os Soldados que o Corpo de Comercio, e ricos proprietários pode fazer hum empréstimo para ajudara amortizar a divida? Acazo ignoram os Soldados que milhares de cavalos pertencentes á Nação foram innutilisados nas escandalosas corridas de milhares, milhares de rezes em proveito de particulares, que se enriquecerão em quanto os Soldados sofrem huma divida excessiva de Pret, de Camisas, de Capatos [sic: ¿sapatos?], de Calsas, e de outros objetos de seus vencimentos?

Además de las medidas económicas –rebaja de los sueldos de los funcionarios, empréstito voluntario a comerciantes y hacendados, venta de tierras y ganados, entre otras–, Pimentel proponía la formación de una Junta Gubernativa, como había en otras capitanías de Brasil.60 Avanzaba un paso más hacia la constitución de gobiernos locales que dependieran directamente de la autoridad metropolitana. La participación política de las fuerzas de guerra se había transformado en un hecho corriente en la «era de las revoluciones». En su estudio sobre la «plebe urbana» de Buenos Aires, Gabriel Di Meglio da cuenta de la creciente movilización de los sectores populares enrolados en los distintos cuerpos de milicianos o veteranos y de la creación de «nuevas identidades al reconocerse como parte de un cuerpo militar determinado».61 Asimismo, Di Meglio subraya que con la revolución aparecieron los motines militares dirigidos por plebeyos en protesta por el atraso en los pagos, la conducta de algún oficial o el reclamo porque no se hubieran respetado sus derechos. En los días siguientes hubo otros incidentes de diferente magnitud. El 6 de enero de 1822 se resolvió la recaudación de una contribución extraordinaria por un monto de 300.000 pesos a descontar de los derechos de aduana, cuya fijación generó múltiples protestas.62 La promesa realizada a las tropas de la División era el pago de un sueldo completo cada quince días, a efectos de ir amortizando la deuda.

60. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. Acta núm. 21 del 4/VIII/1821. 61. DI MEGLIO, Gabriel, ¡Viva el bajo pueblo! La plebe urbana de Buenos Aires y la política entre la Revolución de Mayo y el rosismo, Buenos Aires, Prometeo, 2006, pp. 312-313. 62. CAMPOS DE GARABELLI, La revolución… cit., t. 1, pp. 244-252.

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Tensiones y partidos ante la fractura de la monarquía portuguesa y la independencia de Brasil63 En abril de 1821, en los días previos al retorno de Juan VI a Portugal, se había resuelto convocar a un Congreso Extraordinario de diputados de los territorios ocupados, a los efectos de que se expresaran sobre el destino político de la provincia. Las sesiones se iniciaron en Montevideo el 15 de julio. El congreso resolvió la incorporación de la Provincia Oriental –que pasaría a llamarse Cisplatina– al «Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarves, Constitucional». La decisión se sustentó en la falta de medios para constituirse en nación independiente, la convulsionada situación de las provincias del antiguo virreinato, y el carácter liberal y constitucional de la monarquía portuguesa. La incorporación se realizaría con ciertas condiciones que preservaran privilegios territoriales y políticos para las elites locales. Además, se resolvió el mantenimiento del Barón de la Laguna «en el mando de este Estado», la aceptación de las bases constitucionales de la nación portuguesa, el reclamo de representación en las cortes de Lisboa y el nombramiento de un Síndico Procurador del Estado para velar por el cumplimiento de esas condiciones hasta que el texto constitucional entrara en vigencia. El 31 de julio se celebró el pacto de incorporación y el 5 de agosto los miembros del Congreso, Lecor y las demás autoridades y funcionarios prestaron los juramentos correspondientes. La resolución de la «cuestión cisplatina» se jugaba en distintas escalas territoriales y de poder. [Distintas] voces se levantaron objetando la legitimidad de lo actuado, argumentando que los diputados no habían sido electos libremente o que habían sesionado bajo la presión de las tropas de ocupación.64 La incorporación votada en el Congreso dificultaba también las relaciones diplomáticas entre las monarquías ibéricas. La corte española protestó formalmente reclamando sus derechos territoriales y el Ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Silvestre Pinheiro Ferreira, cuestionó los procedimientos seguidos por el Barón de la Laguna y procuró que el mando de las tropas expedicionarias en la Banda Oriental fuera asumido por el entonces Gobernador y Capitán General de Rio Grande do Sul, Brigadier João Carlos de Saldanha.65 El Consejo Militar se hizo cargo de la nueva situación política. Dispuso que en sus sesiones estuvieran presentes las Bases constitucionales y las condiciones votadas en el

63. En los últimos años se ha renovado el estudio de la independencia en Brasil. Para este artículo se ha consultado de PIMENTA, João Paulo, Estado e Nação…cit y Brasil y las independencias de Hispanoamérica, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat Jaume I, 2007, así como FERREIRA, Fábio, O General Lecor, os Voluntários Reais e os conflitos pela independência do Brasil na Cisplatina (1822-1824), Tesis de Doctorado, Universidade Federal Fluminense, 2012. 64. Una abundante selección documental sobre la convocatoria, deliberación, resoluciones y repercusiones de este Congreso, precedida de una introducción puede consultarse en PIVEL DEVOTO, «El Congreso…» cit. y CAMPOS DE GARABELLI, La revolución… cit., t. 1 y 2. 65. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Fondo Ministério de Negócios Estrangeiros, Libro 622, fs. 19v-22v. Pinheiro Ferreira a Saldanha, Lisboa, 20/XII/1821.

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Congreso, «a fim de que no Concelho se não tomem deliberações contrarias ao desposto nas Bazes da Constituição, ou nas Condições do Congresso desta Província».66 En realidad, el tema que preocupaba al coronel Pimentel era la capacidad de acción del Consejo Militar, en tanto parecía que Lecor y el «Club del Barón» habían afirmado su poder tras el Congreso Extraordinario. El 13 de febrero de 1822 partieron de Montevideo el Dr. Lucas J. Obes y el Brigadier Feliciano Telles de Castro Aparicio a los efectos de presentar las actas del Congreso Extraordinario en Lisboa, debiendo detenerse previamente en Río de Janeiro. Durante su estadía en esa ciudad, Obes integró el Consejo de Procuradores Generales de las Provincias del reino de Brasil en representación de la Cisplatina. Junto a Joaquim Gonçalves Ledo y Mariano de Azevedo Coutinho suscribió en junio de 1822 el requerimiento para la convocatoria a una asamblea de representantes de Brasil.67 En Lisboa, la Comisión Diplomática de las Cortes planteó a fines de abril de 1822 la desocupación de la margen septentrional del Río de la Plata. El diputado por la Capitanía de San Pablo, José Feliciano Fernandes Pinheiro, futuro Vizconde de San Leopoldo (1826), salió al cruce de la propuesta defendiendo los derechos sobre la Cisplatina: «sempre teve os direitos, geralmente admittido entre as nações, de posse e primeira povoação de todo o continente do Brazil até marcar ao sul como o Rio da Prata».68 Las Cortes rechazaron por 84 votos contra 28 el retiro de las tropas luso-brasileñas de la Cisplatina. Las posturas independentistas del Príncipe Regente Don Pedro generaron reacciones de los partidarios de Juan VI en Brasil y en la Cisplatina. Las tensiones al interior del ejército luso-brasileño se intensificaron a comienzos de 1822, haciendo previsible la ruptura que se produjo en los meses siguientes. Según una noticia sobre Montevideo publicada el 6 de marzo de 1822 en El Argos de Buenos Aires, los «partidos sobre las cuestiones portuguesas» eran dos –por la unidad de la monarquía o por la independencia «a que camina el Brasil»–, manteniendo el Barón de la Laguna «grandes compromisos con uno y otro partido». A continuación, el artículo se refería a otros dos partidos existentes en Montevideo, «que pueden ser calificados por el partido de los serviles, y el partido de los naturales», es decir, los que apoyan la ocupación y aquellos que «se sostienen independientes».69 Es interesante la adopción del término «serviles» –usado en España para descalificar a los contrarios a la constitución– para los partidarios del dominio lusobrasileño. Agregaba la nota que si bien los movimientos al interior del ejército parecían «sofocados», el 2 de marzo se había dado la orden para que los oficiales durmieran en la ciudadela al frente de sus compañías a fin de evitar «las asonadas anunciadas dentro y fuera de la plaza».

66. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. Acta del 4/VIII/1821. 67. PIVEL DEVOTO, Juan E., «Lucas José Obes y la independencia del Brasil», Marcha, Montevideo, núm. 444, 3/IX/1948, pp. 8-9. Cabe señalar que Obes no continuó su viaje a Lisboa y que la asamblea convocada fue considerada ilegal por la Cortes de Lisboa. 68. Diário das Cortes…, vol. 5, p. 1022. Sesión del 30/IV/1822. Acceso por: . 69. El Argos de Buenos Aires, 6/III/1822, pp. 3-4. «Montevideo».

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En contraste con este clima de inestabilidad, del otro lado del Río de la Plata el Tratado del Cuadrilátero suscripto a comienzos de 1822 restableció la paz y las relaciones mercantiles entre las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.70 Las elites hispano-criollas montevideanas se dividieron. Mientras una parte apoyó la unión con Brasil, otra procuró una alianza con las antiguas Provincias Unidas del Río de la Plata. Coincidían, sin embargo, en la necesidad de pertenecer a una unidad política mayor que garantizara la estabilidad política y el orden social, e impidiera el retorno de la «anarquía» impulsada por algunos jefes artiguistas y sus seguidores, fundamentalmente del medio rural.

Lecor y el «partido» pro-brasileño La permanencia de los Voluntarios Reales del Rey en Montevideo era vista como un obstáculo por quienes apoyaban la unión con Brasil. En marzo de 1822, una comunicación del Ministro José Bonifacio de Andrada a Lecor manifestaba la conveniencia de «dissolver semelhante Tropa pestiferada do mais espirito de desorden e anarchia». Promovía dar de baja a los efectivos que desearan establecerse en la región, incorporar al ejército brasileño a los que fueran leales al Príncipe Regente, y embarcar rumbo a Europa al resto. Asimismo, indicaba que los gastos de la División debían sufragarse con recursos de la Provincia Cisplatina.71 Al interior de la fuerza militar los ataques del grupo lecorista se centraron en el Consejo, al que, como se vio, procuraban disolver. La situación se tornó más tensa a fines de junio de 1822. El periódico El Pacífico Oriental publicó el 27 de junio una serie de documentos sobre la inclinación pro brasileña del Barón de la Laguna, la actuación de Lucas Obes y la convocatoria a una asamblea constituyente en Brasil.72 Al día siguiente, el Consejo Militar emitió una proclama donde reafirmaba la adhesión al Soberano Congreso de la Nación y al rey, y tomaba distancia de las acciones separatistas del gobierno de Río de Janeiro. A pesar de que esta declaración contó con la firma de Lecor como presidente del Consejo Militar y del Brig. Álvaro da Costa de Souza Macedo, nuevo vicepresidente tras la partida del coronel Pimentel, la ruptura era inminente. La Proclamação impresa que circuló en Montevideo terminaba efectuando una consulta «as Corporações» acerca de

70. El análisis de la situación de los estados-provincias del Litoral de los ríos Paraná y Uruguay excede los objetivos de este artículo. Un repaso de las grandes líneas puede consultarse en GOLDMAN, Noemí (dir.), Revolución, República, Confederación (1806-1852), Buenos Aires, Sudamericana, 1998. 71. CAMPOS DE GARABELLI, La Revolución… cit., t. 1, pp. 255-257. 72. El Pacífico Oriental, Montevideo, Montevideo, 27/VI/1822, pp. 240-250 citado por GONZÁLEZ, Wilson, Prensa periódica y circulación de ideas en la Provincia Oriental, entre el final de la dominación española y la independencia (1814-1825), Tesis de Maestría, Universidad de la República, Uruguay, 2013, pp. 317-318. El 4 de julio, en lo que sería el último número de esta publicación, el editor Francisco de Paula Pérez cuestionó la actividad desarrollada por Obes, violatoria del mandato con que había salido de Montevideo.

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las medidas que consideraban apropiado adoptar.73 La proclama seguía el camino de la deliberación y la participación al interior de las fuerzas castrenses que había promovido la formación del Consejo Militar pero, en este caso, abría la posibilidad para que las fuerzas pro-brasileñas se reagruparan al amparo de la libertad de opinión de los distintos cuerpos de Voluntarios Reales. En julio y agosto circularon impresos varios pronunciamientos como, por ejemplo, el del 1º batallón de Cazadores apostado en Colonia, bajo el comando del coronel graduado Manoel Jorge Rodrigues, en el que se reiteraba la posición contraria a la creación y actuación del Consejo Militar.74 El «Club del Barón», conocido luego como «Logia Imperial» por su apoyo al emperador Pedro I, continuó sus trabajos en favor de la incorporación de la Cisplatina a Brasil. Seguía la línea del llamamiento formulado por el Príncipe Regente el 1º de agosto de 1822: «Do Amazonas ao Prata não retumbe outro écho, que não seja –INDEPENDÊNCIA– Formem todas as nossas Províncias o feixe mysterioso, que nenhuma força pode quebrar».75 Como ha señalado el historiador João Paulo Pimenta, la Cisplatina se había convertido «definitivamente, en una cuestión brasileña».76 El rompimiento se produjo a comienzos de setiembre de 1822. Con el pretexto de pasar revista a las tropas apostadas en las cercanías de Montevideo, el Barón de la Laguna abandonó la ciudad el 11 de ese mes. Siguieron sus pasos Thomas García de Zuñiga, Nicolás Herrera, Juan José Durán y otros funcionarios del bando pro brasileño. En un primer momento el cuartel general se instaló en Canelones y luego se trasladó a la villa de San José, desde donde Lecor procuró el control del resto del territorio provincial. El 12 de octubre de 1822 en la villa de San José se procedió a la aclamación solemne de don Pedro I como Emperador de Brasil. Al día siguiente, el Barón de la Laguna se dirigió al gobierno riograndense informando que iba a enviar circulares a los cabildos del Estado convocando un congreso de diputados para aclamar y reconocer a Pedro I y «solemnizar debidamente» la incorporación a Brasil.77 Por diversas vías se promovió el pronunciamiento de los funcionarios, las fuerzas militares y los demás pueblos de la provincia.78 En previsión de las acciones de los «disidentes» militares y civiles, Lecor solicitó el envío de contingentes armados. El Barón de la Laguna también procuró ganar para su partido a los oficiales y tropa

73. Publicado en Montevideo, Imprensa de Perez. Véase también CAMPOS DE GARABELLI, La Revolución… cit., t. 1, pp. 264-267. 74. «Resposta do 1º Batalhão de Caçadores da Divizão de Voluntarios Reaes d’El Rey á Circular de 30 de Junho de 1822», Montevideo, Imprensa de Pérez. La respuesta está fechada el 8/VII/1822. 75. «Manifesto de S.A.R. o principe regente constitucional e defensor perpetuo do Reino do Brasil aos povos deste reino». Palacio do Rio de Janeiro, 1/VIII/1822. Disponible en . 76. PIMENTA, Brasil y las independencias… cit., p. 103. Énfasis en el original. 77. Revista do Archivo Publico do Rio Grande do Sul, núm. 7, setiembre 1922, pp. 337-339. Barão da Laguna a Junta do Governo da Província do Rio Grande de São Pedro do Sul. Cabe señalar que no se reunió ningún congreso y que la aclamación e incorporación se realizó en cada localidad. 78. CAMPOS DE GARABELLI, La Revolución… cit., t. 2, pp. 45-64. Véase también, FERREIRA, O General… cit.

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que se habían manifestado leales a Juan VI. Combinó los argumentos políticos, la presión militar –la ciudad de Montevideo fue sitiada por tierra y se intentó bloquearla por mar– y el ofrecimiento de beneficios económicos. En febrero de 1823, por ejemplo, emitió un bando disponiendo que todos los soldados que quisieran regresar a Portugal recibirían cincuenta pesos al momento de presentarse en el Cuartel General y serían transportados por cuenta del Estado; y que aquellos que quisieran permanecer en la provincia recibirían cien pesos para establecerse. También se ofrecían ventajas a los que optaran por continuar en la actividad militar, ya fuera en el ejército brasileño o en las compañías fijas de Montevideo, Maldonado o Colonia.79 En el marco de estos enfrentamientos también se produjo una división al interior de las elites orientales que apoyaban al Imperio. El Barón de la Laguna conservaba el apoyo, entre otros, del Síndico Procurador del Estado Thomas García de Zuñiga y refería a sus opositores como el «Club de Canelones», incluyendo en él a figuras como Lucas Obes y Nicolás Herrera.80 Estos cuestionaban la suma de poderes que tenía Lecor. «Es preciso contemporizar con la opinión, y hoy más que nunca, y hacer persuadir a los Pueblos que no se les gobierna militarmente, y que su Gobierno no es militar», escribía Herrera a Obes el 1º de agosto de 1823.81 Si bien compartían la necesidad de una fuerza exterior para afirmar un gobierno estable –el fantasma de la «anarquía» siempre presente– abogaban por la paulatina instalación de un gobierno civil.

Los leales a Juan VI La agitación política se incrementó en Montevideo ante las actitudes separatistas del Príncipe Regente. Un contemporáneo informaba en agosto de 1822 que documentos brasileños habían sido «pateados públicamente por los Oficiales Europeos en el Café de Antonio» y que en el Consejo Militar se le habría exigido a Lecor que «decidiese si obedecia à el Rey, ó àl Príncipe, y q.e en el primer caso, hiciera immediatam.te salir de esta Provincia las Tropas Continentales».82 Las posiciones se radicalizaron. Por un lado, el Príncipe Regente ordenaba la inmediata disolución del Consejo Militar porque: «quaesquer actos em que numa porção de tropas se constitue Legisladora, e reguladora de seus proprios interesses, são totalmente

79. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 17, legajo 12. Copia del decreto fechado en Cuartel Gral. no Campo do Pastoreio de Pereira, 26/II/1823. 80. PIVEL DEVOTO, Juan E., «Lucas J. Obes y la Comisión Imperial de Canelones«, Marcha, 19/ XI/1948, núm. 455, pp. 8-9. 81. CAMPOS DE GARABELLI, La Revolución… cit., t. 1, pp. 469-470. El análisis de los enfrentamientos entre la «Logia imperial» y el «Club de Canelones» requiere mayor investigación y excede a los objetivos de este artículo. 82. Citado en CAMPOS DE GARABELLI, La Revolución… cit., t. 1, pp. 276-277. Carta de Silvestre Blanco a Juan O. Blanco (Bernardino Rivadavia), Lomas, 30/VIII/1822. La referencia a «tropas continentales» corresponde a las del «Continente» de Río Grande del Sur.

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anarchicos, e destroem a subordinação devida as authoridades legitimamente constituídas».83 Por otro, «Hum Portuguez verdadeiro constitucional» fundamentaba el derecho y la necesidad de lo actuado por los Voluntarios Reales que permanecieron en Montevideo, así como el nombramiento del Brigadier Álvaro da Costa de Souza Macedo como Comandante interino de la División. Apelaba al ejemplo del pronunciamiento militar en la ciudad de Porto: «quando finalmente se pertende entronizar o Despotismo, ou a tirannia, à quem pertencerá obviar o mal commum? Não será a força armada, unica classe, a cujo alcance está o revocar, e restablecer a ordem perdida?».84 Ante la acusación de Lecor de que todo era obra de una «sociedade secreta», el anónimo autor ironizaba sobre el tipo de sociedad que sería aquella que se había pronunciado por la «extincção» de la División: «Sociedade literaria!… Sociedade Filozofica!… E por desgraça tão Filozofica, que nenhum pezo, ou remorso lhe cauza a perdição de tanta gente». El Consejo Militar, sin embargo, parece haber funcionado con menor regularidad en los meses siguientes al alejamiento de Lecor, tal vez por la partida de Pimentel o por la situación en que quedó la División luego de la fractura. Otra razón puede hallarse en las diferencias ideológicas entre Pimentel y da Costa, ya que este último no pertenecía al grupo que impulsaba ideas liberales y constitucionalistas.85 Sin la posibilidad de recibir apoyo de Portugal, los Voluntarios Reales especulaban con el regreso del Brig. João Carlos de Saldanha a la Cisplatina. Gobernador y Capitán General de Rio Grande do Sul desde agosto de 1821, Saldanha había pasado a ser Presidente de la Junta Provisoria de Gobierno instalada en febrero de 1822 y contaba con el apoyo de una parte «da Tropa e povo» que reclamó que conservara atribuciones de Comandante de Armas.86 A mediados de ese año, conocida la convocatoria a una asamblea

83. El Patriota, Montevideo, núm. 7, 27/IX/1822, pp. 31-32, «Montevideo». Aclara el editor que los documentos han sido proporcionados por Miguel A. Flangini, secretario vocal del Consejo Militar hasta que abandonó la ciudad junto a Lecor. En el número anterior había informado que la orden de Lecor al respecto había llegado a la ciudad el día 14, en vísperas del baile convocado por el «aniversario de la constitucion portugueza». Agradezco a Wilson González haberme facilitado una copia digital de este periódico. Véase también El Argos de Buenos Aires, 28/IX/1822, pp. 3-4, «Provincias del Río de la Plata. Montevideo» que publica el decreto en español y CAMPOS DE GARABELLI, La Revolución… cit., t. 1, p. 277. 84. «Problema resolvido», Montevideo, 7/X/1822, Imprenta de Torres. 85. Don Álvaro Da Costa de Souza Macedo (Lisboa 1789-Boulogne sur Mer 1840), era hermano del conde de Mesquitella. Peleó en la guerra contra Napoleón, siendo ayudante de campo del coronel Harvey. Se incorporó a la División de Voluntarios Reales como teniente coronel, diputado del ayudante general. En 1821 fue ascendido a brigadier. Al regresar a Portugal obtuvo el cargo de gobernador militar de Setúbal a fines de 1824. Apoyó el levantamiento del Infante Don Miguel. Fue nombrado gobernador de la Isla de Madeira. Recibió el título de Conde da Ilha da Madeira, el que le fue quitado luego de la derrota del miguelismo en 1834. Se amparó en la amnistía y licencia para abandonar el país otorgada al término de la guerra civil, retirándose a España para unirse a la lucha de los carlistas. Falleció el 23/I/1840 en Francia, de acuerdo con una comunicación de la repartición provisional de liquidaciones al ministro de negocios de la guerra fechada el 13/V/1840 (AHM-PT, PI, caja 201). 86. PICCOLO, Helga, «O processo de independência numa região fronteiriça: o Rio Grande de São Pedro entre duas formações históricas», en JANCSÓ, I. (org.), Independência: história e historiografia, San Pablo, Fapesp / Hucitec, 2005, pp. 577-613. También sumó atribuciones de Presidente de la Junta de Hacienda Pública y de la Junta de Justicia.

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constituyente en Brasil, Saldanha se había pronunciado en favor de Juan VI y las Cortes de Lisboa, pidiendo pasaporte para dirigirse a Portugal desde Montevideo.87 El Argos de Buenos Aires informó sobre la existencia de comunicaciones entre oficiales portugueses y Saldanha para que éste fuera a Montevideo a «deponer al Barón de la Laguna y tomar el mando del ejército y la provincia».88 El plan fracasó porque el partido independentista en Río Grande logró controlar la situación y Saldanha fue enviado a Río de Janeiro. Otro posible aliado para los Voluntarios Reales en Montevideo era el Comandante das Armas de la Provincia de Bahía, el Teniente coronel Ignacio Luiz Madeira de Mello, quien prestó socorros para financiar las tropas y servía de enlace con el gobierno en Lisboa.89 Los enfrentamientos entre los dos «partidos» de los Voluntarios Reales facilitaron que la «Sociedad de los Caballeros Orientales» retomara sus actividades en Montevideo.90 Entre sus integrantes revistaban cabildantes, diaristas y militares orientales y emigrados de Buenos Aires, que procuraban aprovechar la disidencia de las tropas de ocupación para lograr la independencia de la provincia e implantar una nueva autoridad política.91 En el Cabildo, Cristóbal Echevarriarza propuso en la sesión del 11 de julio de 1822 declarar nulo, por «excedido escandalosamente en sus funciones», lo actuado por el Síndico del Estado al nombrar a Lucas Obes como diputado ante el Príncipe Regente.92 Aunque la moción no fue aceptada, marcó el acercamiento a las posturas del Consejo Militar, el que se profundizó una vez que Lecor abandonó la ciudad. En diciembre de ese año promovieron desde el Cabildo la convocatoria a una asamblea para resolver el destino de la Provincia, iniciativa que no logró el respaldo del Comandante interino de la División de Voluntarios Reales. El siguiente paso fue la renovación de los integrantes del Cabildo por «elección popular».93 En enero de 1823, el nuevo Cabildo se proclamó como Representante de la Provincia y nombró en su seno una comisión con las facultades y atribuciones de un Capitán General y Superintendente de la Provincia.94

87. En Montevideo circuló un impreso con la «Conrespondencia do Brigadeiro João Carlos de Saldanha com o Governo Provizorio de S. Pedro do Sul». Véase también la documentación publicada en la Revista do Archivo Publico do Rio Grande do Sul, núm. 7, cit. 88. El Argos de Buenos Aires, 21/IX/1822, p. 4, «Provincias del Río de la Plata. Montevideo». 89. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 17, legajo 12. Entre otros documentos, copia de oficio del Consejo Militar a Ignacio Luiz Madeira de Mello, fechada en Montevideo, 12/III/1823. 90. Véase CAMPOS DE GARABELLI, La Revolución… cit., t. 2, pp. 8-12. Véase también SILVA VALDEZ, Julio, «Los Caballeros Orientales», Marcha, Montevideo, 23/XI/1945, pp. 13-16 y «Más sobre los «Caballeros Orientales», 7/XII/1945, p. 16. Según indicaba la «Constitución Orgánica del Orden de Caballeros Orientales», podían ser miembros «todos los hombres de importancia del país», organizándose en tres grados jerárquicos: caballeros, consejeros y ancianos (CAMPOS DE GARABELLI, La Revolución… cit., t. 2, 417-420). 91. Con fuertes vínculos con la logia Lautaro, una lista tentativa de integrantes incluye a Santiago y Ventura Vázquez, Juan Francisco Giró, Francisco J. Muñoz, Juan Benito Blanco, Cristóbal Echevarriarza, Lorenzo J. Pérez, Gabriel A. Pereira, Francisco Solano Antuña, Manuel e Ignacio Oribe, Antonio Díaz, Francisco Aguilar, Domingo Cullen, Tomás de Iriarte y Carlos Ma. de Alvear, entre otros. 92. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Acuerdos del Extinguido Cabildo de Montevideo, Montevideo, 1941, vol. 14, pp. 144-148. 93. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, cit., pp. 176-180 y 181-184. Actas del 24 y 31/XII/1822. 94. Ibídem, pp. 185-190. La comisión se integró con Manuel Pérez, Alcalde de Primer Voto, Luis Eduardo Pérez, Alcalde Provincial y Juan Francisco Giró, Síndico Procurador General de la Ciudad.

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Es interesante observar estos hechos desde la perspectiva del brigadier Álvaro da Costa. A comienzos de 1823 informaba a las autoridades lusitanas sobre la difícil posición política en que se hallaba. Las fuerzas de Lecor estaban apostadas a dos leguas, continuaban promoviendo la deserción de los leales a Juan VI y habían obligado a los pueblos de la campaña a prestar juramento al Emperador; mientras que en Montevideo, el «actual Cabildo eleito popularmente» expresaba «os dezejos, e amor pela independencia» que tenían la mayor parte o casi todos los habitantes de la provincia. En esas circunstancias, las preocupaciones de Álvaro da Costa eran no perder autoridad y que el cabildo no intentara ninguna acción sin su consentimiento. Para ello, «negando huma vez, e concedendo outras o que se me pedia, vim a cortar as trascendentes aspirações que não só podião comprometter a nossa segurança, mas dificultar o plano do que S.M. em Sua Alta Sabedoria conssertasse à respeito do Brazil».95 En este contexto de tensas relaciones entre los Voluntarios Reales que permanecieron en Montevideo y las tropas al mando del Barón de la Laguna se produjeron algunos choques de armas. El 17 de marzo de 1823 tuvo lugar una acción bélica en las cercanías de Montevideo contra las fuerzas imperiales. Si bien no acarreó mayores consecuencias, es interesante hacer notar los cambios de bando en las fuerzas que apoyaban a Lecor, especialmente aquellas integradas por habitantes de la provincia. En esa acción armada, además de los Voluntarios Reales, intervino parte del Cuerpo de Dragones que había desertado del ejército brasileño.96 También el Cabildo montevideano ofreció beneficios económicos a los desertores, aprobando, por ejemplo, una retribución a las milicias del departamento de Canelones (unos trece oficiales y 200 hombres aproximadamente) que se habían incorporado a las filas «de la Libertad».97 En el segundo semestre de 1823, sin embargo, se abrió un espacio para llegar a un acuerdo entre los jefes de las fuerzas luso-brasileñas. La posición del Imperio se había fortalecido, mientras que en Portugal peligraba el régimen liberal. Los Voluntarios Reales, a su vez, dependían de las remesas que pudieran llegar de Brasil y aguardaban los medios necesarios para regresar a la península. El 18 de noviembre de 1823 se suscribió una convención por la cual la ciudad de Montevideo quedaría bajo el control de Lecor como Comandante en Jefe del Ejército de Su Majestad el Emperador en el Estado Cisplatino, en tanto la División de los Voluntarios Reales que permanecía leal a Juan VI recibiría apoyo para retornar a Portugal. El arroyo Miguelete serviría de línea divisoria entre los dos ejércitos mientras se realizaban los preparativos.98 A fines de febrero de 1824 comenzaron las operaciones de embarque de las tropas lusitanas, a la par que ingresaban a la ciudad fuerzas imperiales. El 2 de marzo, finalizado el em-

95. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 1. Da Costa al ministro de justicia, Joze da Silva Carvalho, Montevideo, 25/II/1823. 96. PIVEL DEVOTO, Juan E., «Lucas J. Obes y la Comisión Imperial de Canelones», Marcha, núm. 456, 26/XI/1948, pp. 8-9. 97. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, cit., pp. 201-202. Acta del 17/III/1823. 98. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 22, legajo 11. La convención fue ratificada al día siguiente.

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barque, Álvaro da Costa franqueó la entrada a Montevideo del resto de las «tropas brazilicas».99 «Guerra de papeles» La prensa, las prácticas de lectura y la definición de la «opinión pública» y su papel constituyen pilares centrales en la formación de espacios públicos de acción política.100 La circulación de panfletos –manuscritos o impresos– acompañó la presencia de la corte portuguesa en Río de Janeiro y tuvo un gran impulso con las disposiciones que favorecían la libertad de imprenta. Si bien en pocas ciudades había casas tipográficas, esta literatura circulaba por Brasil y la Cisplatina, y cruzaba el Atlántico en un sentido y en otro.101 La vigencia de la libertad de imprenta en Montevideo también ambientó el crecimiento de la actividad periodística y editorial. Las autoridades mostraron una especial preocupación por la circulación de noticias y la edición de panfletos. La proclama de Pimentel y el manifiesto de los diecinueve oficiales circularon impresos en los cuarteles y en la ciudad, como parte del operativo de presión al comandante de los Voluntarios Reales. Pero una vez constituido el Consejo Militar, una resolución del cuerpo exhortó a ejercer un uso limitado de ese derecho a efectos de evitar cualquier alteración del orden público: a pesar de ser a liberdade da Imprensa hum Direito nato a todo o Cidadão Constitucional, esta Divisão attendendo às circunstâncias novissimas, em que ella se acha colocada neste Paiz, e por huma judiciosa contemplação com os respeitos da Politica, suspendia o uso daquelle Direito athé chegar a Portugal, imprimindo-se só e particularmente algum papel essencial.102

La resolución, fruto de un acuerdo de circunstancias, contrariaba los principios liberales que inspiraban a parte de los miembros del Consejo. Un mes más tarde, el teniente ayudante Claudio Caldeira Pedroso, quien representaba al 1º regimiento de infantería en lugar de Pimentel, propuso reconsideración del asunto.103 Obtuvo por respuesta que

99. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 22, legajo 35. Oficio de Álvaro da Costa al Conde de Subserra fechado en Lisboa, 20/I/1825. El convoy hizo vela el 8 de marzo de 1824. 100. Es de destacar el trabajo pionero de GUERRA, François-Xavier, LEMPÉRIÈRE, Annick y otros, Los espacios públicos en Iberoamérica. Ambigüedades y problemas. Siglos XVIII-XIX (México, Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Fondo de Cultura Económica, 1998) que abrió un campo de reflexión, investigaciones y debate historiográfico. 101. CARVALHO, José Murilo de; BASTOS, Lúcia y BASILE, Marcello (eds.), Às armas cidadãos. Panfletos manuscritos da independência do Brasil (1820-1823), San Pablo, Companhia das Letras, 2012. 102. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. Acta del 21/III/1821, resolución núm. 7. 103. Claudio Caldeira Pedroso era veterano de la guerra peninsular, obteniendo la Condecoración de la Cruz. Se incorporó a la División de Voluntarios Reales como ayudante teniente bajo el comando de Pimentel. De regreso a Portugal recibió la Cruz de Oro por su servicio en América (Gazeta de Lisboa, 30/VI/1825, p. 625). Alcanzó el grado de teniente coronel y en la década de 1830 fue el jefe del Estado Mayor de la 8ª División militar, actuando en las operaciones contra los guerrilleros partidarios del Infante Don Miguel (AHM-PT, Div. 1, 21ª Sección, Cajas 9 y 12).

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aquel que deseara escribir algo que fuese lícito en los términos de la ley de imprenta, lo mandara imprimir a Río de Janeiro o a Buenos Aires.104 El 25 de octubre de 1821 planteó por tercera vez su reclamo, argumentando que no podía admitirse que «os Individuos que compoem a Divisão dos V.R. d’ElRei, sejão os Unicos Portuguezes, […] que estejãm privados do mais nobre regalia do Cidadão Constituicional».105 El tema fue postergado en varias oportunidades hasta que, finalmente, luego de una acalorada discusión, se resolvió que los miembros del Consejo presentaran en la sesión siguiente sus votos por escrito. Los firmantes del manifiesto de los diecinueve que integraban el Consejo dieron su voto favorable. El coronel Pimentel, por ejemplo, fundamentó su posición en la «primeira de todas as Leis de povos livres: a Lei he igual para todos», y en la facultad de hacer «tudo o que a lei não prohibe».106 La argumentación en contra, especialmente del presidente y el secretario de Consejo, sostenía la suspensión de ese derecho por la delicada situación política en que se encontraba la plaza. A pesar de estas limitaciones, el material impreso de contenido político aumentó su circulación. También se recurrió a la prensa bonaerense, donde casi diariamente aparecían noticias o comentarios sobre Montevideo. Producida la ruptura de las fuerzas de ocupación, todos los «partidos» o grupos de opinión procuraron ganarse el favor de la «opinión pública». El Brigadier Manoel Marques de Souza, en una comunicación al gobierno de Rio Grande do Sul fechada el 19 de diciembre de 1822, daba cuenta «dos incendiarios e insulentes papeis que diariamente ali [Montevideo] se imprimem para fazer circular pela Campanha».107 En la Cevadilha para os Corcundas Luzitanos no Estado Cis-platino, por ejemplo, folleto de cuatro páginas firmado por «Hum tabaquista constitucional», se defendía la actuación y legitimidad del Consejo Militar –«o terror dos sectarios do velho Despotismo»– y se condenaba el «machiavelismo» de Lecor y su «cáfila sanguinaria».108 El término mordaz y peyorativo «corcunda» o «carcunda», que podría traducirse como joroba / jorobado, comenzó a usarse por los constitucionalistas lusitanos para designar a los partidarios del absolutismo y por los independentistas brasileños para descalificar a los leales a Juan VI.109 En Montevideo, el uso se trasladó hacia los «imperiales» o «abrasilerados». El folleto apelaba a los lazos de sangre y a los intereses que unían recíprocamente a los lusitanos de «ambos mundos». Acusaba a Lecor y a aquellos que no obedecieran a la «Soberania da Nação, e ao Rey Constitucional» de reos de lesa nación y traidores y culminaba con una convocatoria:

104. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. Acta del 21/IV/1821. 105. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. Memoria adjunta al acta núm. 33 del 25/X/1821. 106. AHM-PT, Div. 2, 1ª Sección, Caja 25, legajo 6. Voto incluido en el acta núm. 39 del 12/XI/1821. 107. Revista do Archivo Publico do Rio Grande do Sul, núm. 7, cit., pp. 335-336. 108. Editado en 1822 en la Imprenta de Torres. 109. El mote podía representar tanto su carácter de aduladores (la joroba les habría salido por su postura reverencial obsecuente) o su condición de moralmente deformes por defender el absolutismo. Véase NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das, Corcundas e constitucionais. A cultura política da independência (1820-1822), Rio de Janeiro, Revan, Faperj, 2003.

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«concorramos sim para a salvação da nossa Patria: não alcemos contra ella nossos braços á semelhança desses filhos bastardos e mal agradecidos […] fujamos sim de seu halito impestado para o seio da nossa Chara Patria, vamos ali gozar das dilicias de huma Constituição Liberal, em quanto elles agrilhoados pelos dourados ferros do mascarado Despotismo gostão os venenosos frutos, que se estão sazonando na arvore da Independencia plantada pela facção do Rio de Janeiro.»

El bando imperial, por su parte, atacaba A peste militar em Montevideo. Un panfleto de cuatro páginas con ese título denunciaba la acción de los oficiales que habían impulsado la creación del Consejo Militar: Aonde a Moral e a vida civil, a Politica e a administração publica, as Leis e uzos do paiz são aniquilados e confundidos pela influencia da força armada, e habilitados os inimigos domesticos para opprimirem os povos com a guerra; aonde a baioneta assusta o cidadão pacifico, a verdade se offusca por meio de vilipendiosos escritos, e os espiritos falsos achão apoio para diffundirem anarquia e odio […].110

En opinión del anónimo autor, esa facción confundía «o soldado com o cidadão», sembraba «o veneno da indisciplina e licença militar» y realizaba acuerdos con los «insurgentes do Rio da Prata (conhecidos entre nos com o epitheto de Patrias)».111 El folleto describía las distintas especies de esta «peste»: la de «energumenos revolucionarios com fumos de legisladores y basofia de sábios»; «dos que ambicionão postos por todo o preço; dos que pertendem meter a mão nos cofres das thezourarias» y la «de ignorantissimos liberaes por imitação». El coronel Claudino Pimentel, por ejemplo, figuraba en el primer grupo como «O farisaico», y el Brigadier Álvaro da Costa Macedo estaba en el segundo, como «O Commandado», aludiendo a su débil posición y carencia de poder real. Vinculados unos panfletos con otros, se iban potenciando entre sí y profundizando el enfrentamiento. Los «Caballeros Orientales» se sumaron a esta «guerra de papeles». Además de la edición de periódicos,112 divulgaron sus ideas a través de hojas sueltas y panfletos escritos en un lenguaje burlón y satírico en español o en portugués, firmados con seudónimos como, por ejemplo, «el duende de antaño», «el duende de todas las horas» o «el duende exentero».113 En unos casos, el objetivo era desacreditar a los integran-

110. Sin pie de imprenta. 111. La referencia a los «patrias» corresponde al levantamiento armado promovido por los «Caballeros Orientales» a comienzos de 1823. 112. Véase GONZÁLEZ, Prensa periódica… cit., pp. 370-374 y PIMENTA, Brasil y las independencias… cit., pp. 115-129. Cabe señalar que en estos años, por primera vez, se produjo la publicación simultánea de más de un periódico en Montevideo: El Pampero (diciembre 1822-mayo 1823), La Aurora (diciembre 1822-abril 1823), El Aguacero (abril-octubre 1823), El Ciudadano (junio-julio 1823) y Los Amigos del Pueblo (agosto-setiembre 1823). Entre los editores figuraban Antonio Díaz, Santiago Vázquez, Juan Francisco Giró, Francisco Solano Antuña y José Catalá y Codina. 113. «Exentero» proviene del latín y significa «desentrañar, y sacar las tripas, y cosas inferiores». FERNÁNDEZ DE SANTAELLA, Rodrigo, Vocabularium, seu Lexicon ecclesiasticum latino-hispanicum…, Madrid, D. Antonium Espinosa, 1789, p. 206. Versión electrónica en .

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tes del «Club del Barón» ante la opinión pública, recurriendo a escenificaciones y diálogos que los ridiculizaban y haciendo referencia también a los títulos nobiliarios y condecoraciones que les habría concedido el Emperador.114 Otros panfletos se centraban en la difusión de informaciones –no necesariamente veraces– acerca de la situación regional y los apoyos de las provincias al levantamiento armado que estaban organizando. De carácter más doctrinario, algunos impresos desarrollaban razonamientos contrarios a la incorporación al Imperio brasileño. La reacción de los partidarios de Lecor no se hizo esperar. A los «duendes» se opusieron los «brujos» –tales los seudónimos usados–, que además de recurrir a la crítica y la burla, alimentaban las viejas rivalidades contra los «porteños». «Tú sabes que por acá los orientales no gustan de esa gente», escribía «El más aficionado de los Brujos» a «El más amado de los duendes», «porque dicen los dejaron en la estacada, no los ayudaron en otro tiempo, y hasta algunos creen que los vendieron».115 Otros panfletos favorables al partido de los «abrasilerados» buscaron reforzar sus argumentos presentándolos como el resultado lógico y racional de un examen neutral de las opciones disponibles.116 La prensa «puso el lenguaje de la política al alcance de grandes grupos de lectores, directos o indirectos», señaló Javier Fernández Sebastián para el caso español.117 En pocos años se había producido una ampliación de los espacios de discusión y lectura colectiva en los que interactuaban diferentes grupos sociales y culturales. Por lo que señala el antiguo secretario del Consejo Militar luego de haberse alejado de la ciudad junto con Lecor, además de escritos circularon caricaturas: Miguel Antonio Flangini roga aos Senhores, que nestes ultimos tempos tanto o tem presenteado com anonimos, pasquins, e caricaturas, em que se achão fielmente retratados o caracter, e os sentimentos de seus auctores, queirão empregar com mais lucro o seu trabalho na inteligencia de que com elle nem o mortificão, nem o fazem separar das suas verdadeiras obrigaçoens.118

En noviembre de 1822, «El Conciliador o el amigo de la paz» propuso terminar con la «escandalosa guerra de papeles» y limitar la discusión «á las cuestiones de derecho y de pública conveniencia».119 En su opinión, los panfletos que cuestionaban la fama o el buen nombre de los miembros de las elites, escritos con un lenguaje vulgar que hasta un «mocito de tienda» podía entender, atacaban las bases del orden social. A los pocos días apa-

114. Véase, por ejemplo, El duende de Antaño, Montevideo, Imprenta de los Ayllones y compañía, o Diálogo entre el general Lecor, D. Tomás García y D. Nicolás Herrera, Montevideo, Imprenta de los Expósitos. 115. Hoja suelta, sin fecha, publicada en Imprenta de Torres. 116. Véase, por ejemplo, Observador imparcial, sin pie de imprenta. 117. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, Javier, «Cabalgando en el corcel del diablo. Conceptos políticos y aceleración histórica en las revoluciones hispánicas», en FERNÁNDEZ SEBASTIÁN, J. y CAPELLÁN DE MIGUEL, Gonzalo (eds.), Conceptos políticos, tiempo e historia, Madrid, Universidad de Cantabria-McGraw-Hill Interamericana de España, pp. 435-436. 118. El Patriota, Montevideo, 20/IX/1822, núm. 6, p. 30. «Avisos». 119. El Conciliador o el amigo de la paz a los nuevos publicistas, por «El amigo de la Paz», Montevideo, Imprenta de Torres, 4/XI/1822.

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reció la respuesta de «unos mocitos de tienda» al «señor conciliador». Si bien se trata de un seudónimo, el panfleto reivindicaba que aunque fueran considerados «la hez, é ínfima clase del pueblo», eran «gente de provecho» y tenían «luces mui superiores» a los «papelucheros».120 A continuación, el texto se concentraba en los temas planteados por el «conciliador»: la voluntad general de la provincia ya se había pronunciado en favor de la independencia de todo poder extranjero, y aunque «solo puede ser feliz con su independencia absoluta», era más ventajosa la alianza con Buenos Aires y las demás provincias del Río de la Plata. Otro ejemplo de esta ampliación y diversificación de los públicos es el panfleto titulado Un patriota a los mocitos de tienda, firmado por «Un pulperito oriental», donde se argumentaba en distintas claves contra los «imperiales»: Oriental he dicho; porque esto de Cis-platina, me huele a venta ó traición […] Lo nuevo de la espresion […] me puso en curiosidad de saber porque era tan inversa de Oriental, si segun decían, valía lo mismo; […] hice una consultita á cierto sugeto instruido que saca fiado el gasto de mi casa, y me contestó que cis valía tanto como de este lado ó para acá y que platino ello mismo lo decía, pues era […] entre nosotros la mosca, la argent &&. Luego, dige yo, si cis quiere decir para acá y platino plata; se deduce de esto claramente, que poniendo las dos palabras en boca de los que negociaron la incorporación de la provincia, ella fue vendida.121

Luego de este toque irónico, el impreso repasaba los efectos de la dominación lusobrasileña, denunciaba la acción de la «Logia Imperial» y terminaba recordando el poder de los ayuntamientos para decidir los destinos de un pueblo. Otro impreso, firmado por «el duende de todas las horas», resaltaba los «argumentos de los valientes mocitos de tienda, de los pulperitos patriotas, y otros mil que se han propuesto á defender nuestros derechos» para confundir y aislar «a los implacables enemigos los imperiales, laguninos, corcundas o serviles que pretenden por todos los medios que están a sus alcances, nuestra eterna esclavitud e ignominia».122 El llamado era a la unión de los compatriotas, entendiendo por tales a «todos los hombres de bien que se interesen en la libertad y felicidad del país», sin importar si habían nacido en Europa o en América.123 Montevideo era el escenario de debates sobre la independencia, la soberanía y el orden social que atravesaban ambos lados del Atlántico. Junto a ello, la experiencia de la guerra había forjado lealtades e identidades –«hermanos» y «compañeros» en términos de Pimentel–, en torno a diversos proyectos políticos.

120. Contestación al Señor Conciliador o Amigo de la Paz, por «Unos mocitos de tienda», Montevideo, Imprenta de Torres, 8/XI/1822. 121. Un Patriota a los Mocitos de Tienda, por «Un pulperito patriota». Montevideo, ca. 1822, Imprenta de Torres. 122. Sr. Duende de día, por «El duende de todas las horas», Montevideo, Imprenta de Torres, 4/XII/1822. 123. Véase Reflexiones de un Oriental y Continuación de las Reflexiones del Oriental, por «Un amante de su país», Montevideo, Imprenta de Torres, 15 y 23/XII/1822.

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Palabras finales El marco de las revoluciones promovió la politización de las fuerzas de guerra y generó nuevos espacios para la política. El «desborde» de la cultura impresa por fuera de los límites de la República de las letras o el surgimiento de asociaciones, sociedades secretas o logias con fines políticos son algunas de las manifestaciones de las transformaciones. El artículo se centró en los posicionamientos y las acciones de la División de Voluntarios Reales en estas circunstancias. El pronunciamiento militar en Portugal habilitó, en los hechos, a que en otras partes de los dominios lusitanos las fuerzas en armas asumieran la defensa de la «verdadera libertad» y se opusieran al «despotismo enmascarado». En el estado de la investigación no es posible afirmar que los diecinueve oficiales hubieran generado una estructura institucional propia, tal como sus opositores denunciaban (un «club», una «logia», una «sociedad nocturna»), que funcionara en paralelo al Consejo Militar. De todas maneras, coincidían en el rol político que debían desempeñar las fuerzas en armas en esa coyuntura y en la orientación de sus acciones en pro de la defensa de posturas liberales y constitucionalistas. Asimismo, han quedado en evidencia lazos con movimientos de tendencia similar en Brasil, en algunos casos fortalecidos por la antigua pertenencia a la División de Voluntarios Reales de los involucrados. El Consejo Militar, por su parte, fue el escenario de las posiciones divergentes al interior del ejército. Además de las divisiones en torno a la posición de Brasil, se enfrentaron distintas miradas sobre la institución militar y el carácter de la monarquía. La propuesta de un «ejército deliberante», comprometido con la «regeneración» de la nación portuguesa y garante de los derechos ciudadanos, encontró opositores aun después del alejamiento de los partidarios de la independencia de Brasil. El pronunciamiento final del Consejo en favor de la integridad de la corona portuguesa no ocultó las diferencias con la posición del Comandante interino de la División de Voluntarios Reales, futuro defensor del miguelismo y el carlismo en la península Ibérica. La movilización de la tropa se transformó en un hecho corriente en Montevideo. Los contemporáneos debatieron acerca del papel del pronunciamiento militar del 20 de marzo de 1821 en los tumultos y motines que se sucedieron. Las razones esgrimidas por los protagonistas de las acciones referían a reivindicaciones muy concretas, ligadas al cobro de haberes, vestuario, alimentación, alojamiento, reconocimiento de servicios y ascensos que formaban parte de una especie de contrato tácito a la hora del enrolamiento. Sin embargo, aun cuando los motivos de la movilización podían ser considerados «tradicionales» en el cuerpo militar, los contemporáneos vieron como una novedad la conciencia creciente en su poder y capacidad de acción. Así lo testimoniaba el comandante del 1º batallón de Cazadores al reconocer que «os Soldados, [estão] hoje costumados a serem convocados para tudo».124 A su vez, las (des)calificaciones de estos movimientos y sus cabecillas como «sediciosos», «energumenos revolucionarios», daban cuenta del temor a una ruptura del «orden social». 124. «Resposta do 1º Batalhão de Caçadores da Divizão de Voluntarios Reaes d’El Rey á Circular de 30 de Junho de 1822», cit., fechada el 8/VII/1822.

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Han quedado muchos temas a profundizar sobre la presencia de la División de los Voluntarios Reales en Montevideo en un contexto de redefiniciones políticas y sociales; entre ellos, el estudio de las redes político-militares que sustentaron estos movimientos o las expectativas e intereses de soldados alejados de su «patria». Asimismo, y en esta perspectiva del «Atlántico Ibérico», sería interesante buscar líneas comparativas con los ejércitos españoles apostados en América en esa fecha. La experiencia castrense en Montevideo en el primer lustro de la década de 1820 dio cuenta de la confluencia y confrontación de fuerzas europeas y americanas, de proyectos monárquicos y republicanos y de propuestas afines al Antiguo Régimen o al liberalismo, que contribuyeron a dibujar, en un contexto de gran incertidumbre a los dos lados del océano, proyectos de incorporación, anexión, unión o independencia para los territorios al este del río Uruguay.

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MILICIAS Y CIUDADANÍA DE RESIDENCIA: LA REVOLUCIÓN CHILENA DE 1851 EN PERSPECTIVA TRANSNACIONAL Edward Blumenthal Universidad Paris 7 Diderot – Paris Sorbonne-Cité [email protected]

Este trabajo analiza la participación de emigrados políticos y peones/soldados, originarios del Río de la Plata, en la Revolución de 1851 en Copiapó, Chile. Utilizando un enfoque transnacional para interpretar el papel jugado por «argentinos» en el sofocamiento de la rebelión, se examina el lugar de los extranjeros en la vida política de la ciudad y las milicias. Los emigrados notables organizaron milicias argentinas con el fin de defender la ciudad de la rebelión, y para «argentinizar» los peones rioplatenses y fomentar expediciones armadas a las provincias limítrofes en el contexto del pronunciamiento de José Justo de Urquiza contra Juan Manuel de Rosas. Se resaltan así las conexiones entre revoluciones de ambos lados de la cordillera y la necesidad de analizar desde una perspectiva transnacional los estudios sobre la construcción nacional. PALABRAS CLAVE: Argentina, Chile, milicias, transnacionalismo, ciudadanía.

MILITIAS AND RESIDENTIAL CITIZENSHIP: THE CHILEAN REVOLUTION OF 1851 IN TRANSNATIONAL PERSPECTIVE This article analyzes the participation of political émigrés and peon/soldiers, both originating in the Rio de la Plata, in the 1851 revolution in Copiapó, Chile. Using a transnational approach to interpret the role of «Argentinians» in putting down this rebellion, the author examines the place of foreigners in the political life of the city, in particular in the militias. Émigrés notables used the organization of Argentinian militias to defend the city from the rebellion to «argentinize» the peons and encourage armed expeditions to border provinces

1. El autor agradece los comentarios realizados en el simposio núm. 11 del XVII Congreso de la AHILA (Berlín, 9-13 de septiembre de 2014) donde una versión preliminar de este trabajo fue presentada, así como a los árbitros anónimos de la revista. Todos los comentarios permitieron mejorar sustancialmente el trabajo. [Recibido: 26/2/2015 – Aceptado: 18/6/2015]

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in the context of José Justo de Urquiza’s proclamation against Juan Manuel de Rosas. This brings out the connections between revolutions on both sides of the Andes and the need to study nation building from a transnational perspective. KEYWORDS: Argentina, Chile, militias, transnationalism, citizenship.

Entre 1851 y 1852 ocurrieron dos hechos clave en Chile y la Argentina que fueron considerados por la historiografía de ambos países como dos acontecimientos separados: la guerra civil chilena de 1851 y el levantamiento armado de José Justo de Urquiza que depuso al gobernador de gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, en la batalla de Caseros de 1852. Sin embargo, varias cuestiones los vinculaban, entre ellas, la del fenómeno del exilio. En efecto, emigrados argentinos participaron en conflictos políticos chilenos y, a su vez, estos conflictos provocaron el exilio de jóvenes chilenos hacia la Confederación Argentina.2 El objetivo de este trabajo consiste en examinar las conexiones entre las dos revoluciones a partir del estudio de los emigrados argentinos en Copiapó a fines de 1851. En esta ciudad chilena, la población argentina, que contaba con una gran cantidad de exiliados, tenía un papel destacado en la minería, el comercio, el periodismo y la abogacía. También había varios peones migrantes, originarios del Río de la Plata, que trabajaban en las minas. Estos peones participaron en varios cuerpos militares, primero en los batallones cívicos en la década de 1840, lo que prefiguró la creación de milicias argentinas que ayudaron a sofocar la rebelión que se explotó en la ciudad en 1851, antes de cruzar la frontera hacia la Rioja y Tucumán en 1852. El análisis de los debates en torno de la participación ayudaría a la comprensión de la construcción de la ciudadanía en un contexto local. Durante 1850, la Sociedad de la Igualdad, organizada por dos jóvenes chilenos que habían residido en París en 1848, Francisco Bilbao y Santiago Arcos, creció y abrió filiales a lo de largo Chile. Organizando a los artesanos y a los sectores populares urbanos en un espacio de debate y de intercambio para que utilizaran sus derechos como ciudadanos, la asociación rápidamente participó en las luchas electorales y la campaña contra el candidato oficialista, Manuel Montt. Las autoridades chilenas utilizaron sus facultades extraordinarias para clausurarla a fines de 1850. A partir de este momento, estallaron levantamientos armados en varias ciudades de Chile. La guerra civil comenzó en septiembre de 1851, cuando fuerzas de oposición ocuparon la ciudad de La Serena, a unos 350 kilómetros de Copiapó. Las fuerzas leales al gobierno de Santiago, que sostenían la candidatura de Montt, sitiaron la ciudad, y ésta cayó a fines de diciembre. Una rebelión paralela en el sur, bajo el mando del general José María de la Cruz, fue derrotada el mismo mes. Este con-

2. Los actores utilizaban el término «emigrado» o «proscrito». Para exilios argentinos y chilenos en el siglo XIX ver BLUMENTHAL, Edward, Exils et Constructions Nationales En Amérique Du Sud: Proscrits Argentins et Chiliens Au XIXe Siècle, Tesis de doctorado, Université Diderot Paris 7, 2014.

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flicto representó un momento clave en la formación de una generación de hombres públicos e intelectuales en Chile, que comenzarían a compartir el poder en la década de 1860.3 Para comprender los acontecimientos en Copiapó es importante recordar la cronología en el Río de la Plata. El pronunciamiento de Urquiza contra Rosas, en mayo 1851, que llamó a un proceso de organización constitucional de la república, desencadenó un conflicto entre Urquiza y sus aliados –brasileños, correntinos, orientales y rioplatenses emigrados– y Rosas, que culminaría en la batalla de Caseros, el 3 de febrero 1852. El movimiento de Urquiza abrió el camino al lento proceso de construcción de la Argentina como república.4 La campaña de Urquiza coincidió con la rebelión en Chile. Esta coyuntura fue importante en la ciudad de Copiapó, donde la participación de los emigrados rioplatenses en la política local representó un ejemplo del impacto que tenían los flujos migratorios en los proyectos y conflictos de las dos naciones. La nacionalidad y la identidad nacional es un tema de debate en la historia del Río de la Plata, donde el peso de las identidades regionales permaneció fuerte.5 Las primeras ideas de nacionalidad en el Río de la Plata emergieron con el romanticismo en las décadas de 1840 y 1850, y a partir de este momento los proyectos políticos comenzaron a entenderse en clave nacional.6 El ejemplo de 1851 representa una coyuntura interesante en que la emigración política forzó a una reflexión de los exiliados sobre su país de origen –una «Argentina» todavía no constituida– y sobre la comunidad local donde vivían. Los estudios sobre la guerra civil de 1851, en particular en el norte del país, se han concentrado mayoritariamente en el papel de los sectores populares en Copiapó. En ellos predominó un análisis esencialmente de clase, que excluye las conexiones existentes en3. Para el relato clásico de estos acontecimientos ver VICUÑA MACKENNA, Benjamín, Historia de Los Diez Años de La Administracion de Don Manuel Montt, Santiago. Impr. chilena, 1862-1863. En particular, t. I, Levantamiento i sitio de la Serena para los acontecimientos de este artículo. Ver, también, GAZMURI, Cristián, El «48» Chileno: Igualitarios, Reformistas Radicales, Masones Y Bomberos, Santiago, Universitaria, 1999. Utilizo los términos «liberales» y «conservadores» aquí más bien para comodidad, y no por sugerir una supuesta homogeneidad ideológica de partido. En efecto, sectores amplios de las élites chilenas suscribieron a supuestos «liberales» como el sistema contractualista republicano, o el poder de la educación, la prensa y más generalmente la «civilización» como principios sobre los cuales se construye la nación. Más allá de estos matices, importantes sectores de la oposición chilena sí se referían a ellos mismos como liberales frente a un gobierno «pelucón» que miraban como conservador y autoritario. 4. SCOBIE, James R., La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina, 1852-1862, Buenos Aires, Hachette, 1964. 5. Ver, por ejemplo, CHIARAMONTE, José Carlos, «Formas de Identidad En El Río de La Plata Luego de 1810», Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana D. Emilio Ravignani, núm. 1, Buenos Aires, 1989, pp. 71-92. El uso del adjetivo «argentino» para calificar a los emigrados no debe entenderse de manera teleológica. No supone la preexistencia de una nación argentina que sería el resultado del lento proceso de organización nacional a partir de Caseros. Se usa porque aparece así en las fuentes. Los emigrados principales se referían a ellos mismos como argentinos. En este sentido se debe entender como una referencia a un proyecto político comprendido en clave nacional. 6. MYERS, Jorge, «La revolución en las ideas: la generación romántica de 1837 en la cultura y en la política argentinas», en GOLDMAN, Noemí (ed.), Nueva Historia Argentina, Tomo 3, Revolución, República, Confederación (1806-52), Buenos Aires, Sudamericana, 1998; STUVEN, Ana María, La seducción de un orden: las elites y la construcción de Chile en las polémicas culturales y políticas del siglo XIX, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2000.

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tre ambos lados de la cordillera, y da por sentado que la politización popular tiene un sentido anti-gubernamental.7 Por otra parte, los relatos de las luchas militares contra Rosas pasan generalmente por alto el trabajo de organización, reclutamiento y militarización que existía en las fronteras exteriores de la futura República Argentina.8 Ciudades como Copiapó eran importantes bases de retaguardia, por la presencia significativa de emigrados argentinos que lucharon y contribuyeron con dinero. Como lo ha sugerido un estudio reciente sobre el exilio político, los conflictos políticos tendían a desbordarse por fronteras todavía porosas, con efectos imprevistos sobre los países de acogida.9 En este caso, los conflictos en las provincias interiores entre los aliados de Rosas y la oposición producían olas de emigrantes que se refugiaban en Chile, fuera del alcance de los poderes de los gobernadores federalistas.10 Los acontecimientos de 1850-1851 revelan la necesidad de comprender los procesos de construcción nacional, y las guerras civiles y conflictos políticos desde un contexto transnacional. Si bien los estudios transnacionales han demostrado que redes que excedían las fronteras existían ya en épocas anteriores a la presente ola de globalización, en general esos enfoques parten del marco de un estado nacional consolidado que poseía el control sobre dichas fronteras.11 En cambio, en América Latina a mediados del siglo XIX,

7. La bibliografía es abundante. ALVARADO, Daniel Palma, «Guerra Civil, Guerra Social Y Miedo Patricio. La Intervención Popular En Los Motiens de 1851», en Bohoslavsky Ernesto Lázaro y Godoy Orellana, Milton, Construcción Estatal, Orden Oligárquico Y Respuestas Sociales: Argentina y Chile, 1810-1930, 2010, pp. 239-63. GAZMURI, Cristián, El «48» Chileno. GREZ TOSO, Sergio, De la «regeneración del pueblo» a la huelga general: génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile (1810-1890), Santiago, Dibam, 1998; ILLANES, María Angélica, «Azote, salario y ley. Disciplinamiento y rebeldía de la mano de obra en la minería de Atacama, 1817-1852», en Chile Descentrado. Formación socio-cultural republicana y transición capitalista (1810-1910), Santiago, LOM, 2003, pp. 15-72. PÉREZ SILVA, Claudio, «Conflicto patricio y violencia popular en Copiapó durante la guerra civil de 1851. Avances de investigación y propuesta metodológica para el estudio de los motines y revueltas populares», Revista de Historia Social y de las Mentalidades, 2 (2011). 8. GELMAN, Jorge, Rosas bajo fuego: los franceses, Lavalle y la rebelión de los estancieros, Buenos Aires, Sudamericana, 2009, GOLDMAN, Noemí, y Ricardo Donato SALVATORE, Caudillismos rioplatenses: nuevas miradas a un viejo problema, Buenos Aires, Eudeba, 2005. DI MEGLIO, Gabriel, ¡Mueran los salvajes unitarios!: La mazorca y la política en tiempos de Rosas, Buenos Aires, Sudamericana, 2010. RABINOVICH, Alejandro, La Société Guerrière, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013. 9. SZNAJDER, Mario, y Luis RONIGER, The Politics of Exile in Latin America, New York, Cambridge University Press, 2009. 10. Un trabajo importante que tiene una aproximación más global a la coyuntura se encuentra en THOMSON, Guy (ed.), The European revolutions of 1848 and the Americas, London, Institute of Latin American Studies, 2002. Éste incluye capítulos sobre Chile y Argentina, pero se queda con el modelo de declinaciones nacionales de un fenómeno europeo, sin prestar mucha atención a las conexiones entre los ejemplos americanos. GAZMURI, Cristián, «Las revoluciones europeas de 1848 y su influencia en la historia política de Chile», pp. 159-191; ROCK, David, «The European Revolutions of 1848 in the Rio de La Plata», pp. 125-41. 11. Ver, por ejemplo, PORTES, Alejandro, «Conclusion: Theoretical Convergencies and Empirical Evidence in the Study of Immigrant Transnationalism», International Migration Review, núm. 37, 2003, pp. 874-92. Portes define las actividades transnacionales como «those initiated and sustained by noncorporate actors, be they organized groups or networks of individuals across national borders. Many of these activities take place outside the pale of state regulation and control.» PORTES, Alejandro, Economic Sociology: A Systematic Inquiry, Princeton, Princeton University Press, 2010, p. 197. Se puede distinguir lo transnacional de lo internacional y el multinacional por ser no estatal y privilegiar una visión «desde abajo».

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las nuevas fronteras políticas eran inestables; tenían poco tiempo de existencia y los estados no siempre controlaban sus territorios. En este contexto, es necesario examinar el impacto de flujos transnacionales en los mismos conflictos políticos al interior de los nuevos países que buscaban construirse.12

Los proscritos argentinos y la Sociedad de la Igualdad La relación de los emigrados argentinos en Chile, en especial los de la generación romántica de 1837, era ambigua. Aunque en las polémicas de la prensa sus protagonistas se encontraban muchas veces en conflicto con los sectores más conservadores de la sociedad chilena, en general apoyaron al bando oficial conservador; entre otras razones, porque tenían vínculos personales con el ministro y después presidente, Manuel Montt.13 Un texto de Félix Frías resume las motivaciones detrás de esta alianza y las conexiones ideológicas entre la lucha contra Rosas y el apoyo a Montt: «Las últimas noticias recibidas en Europa de la América del Sur, anuncian esos dos grandes acontecimientos«, a saber: la victoria de Montt y la caída de Rosas con unos meses de diferencia:14 Desde que llegué a Chile comprendí mui claramente que opositor i revolucionario en la república Arjentina debia simpatizar con los conservadores alli, que enemigo del gobierno arjentino, el peor de los gobiernos americanos, si es que la tiranía puede llamarse un gobierno, debia ser amigo del gobierno chileno, el mas regular i el mejor de los gobiernos de las repúblicas sud-americanas. Sí, desde entonces me pareció que la insurreccion era lejítima i patriótica en mi pais, como seria culpable en Chile. Confundir a Rosas con el jeneral Prieto o el jeneral Bulnes, atacarlos por los mismos medios, era a mis ojos el colmo de la locura, a mas de ser la violacion mas chocante de las reglas de la lójica.15

Frías justificó el apoyo a Montt en términos estratégicos pero también ideológicos, haciendo una clara distinción entre Argentina y Chile –a quien caracteriza como «el tesoro de América del Sur»– y comparando a Rosas con la oposición liberal chilena. Opiniones similares pueden encontrarse en los escritos de Sarmiento, Gutiérrez y Alberdi.16 En

12. En los últimos años unos investigadores han comenzado a examinar este tipo de circulación en el espacio andino. Ver, por ejemplo, BECHIS, Martha A., Susana BANDIERI, y Eduardo CAVIERES, Cruzando la cordillera…: la frontera argentino-chilena como espacio social, Neuquén, CEHIR, 2001. 13. Myers, «La revolución en las ideas», cit. 14. FRÍAS, Félix, «El Triunfo Del Gobierno De Chile y La Caída De La Tiranía En La República Argentina», Paris, El Mercurio, 14 de marzo 1852, en FRÍAS, Félix, La gloria del tirano Rosas, y otros escritos políticos y polémicos, Buenos Aires, El Ateneo, 1928, pp. 166-181. Apareció también en El Copiapino, 4 de junio 1852. 15. Ibid., pp. 170-1. En esta cita y las siguientes se usa la ortografía original. 16. Ver, por ejemplo, SARMIENTO, Domingo Faustino, A quien rechazan i temen? A Montt: A quien sostienen i desean? A Montt: quien es entonces el candidato? Montt, Santiago, J. Belin, 1850; «¿Conque Chile es ya de Rosas? Lo siento con toda mi alma», Florencio Varela, Montevideo, a J. M. Gutiérrez, Valparaiso, 19 de diciembre 1846, en GUTIÉRREZ, Juan María, Colección Doctor Juan María Gutíerrez: Archivo-Epistolario Buenos Aires, Biblioteca del Congreso de la Nación, 1979, vol. II, p. 83.

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efecto, varios participaron activamente en la campaña de Montt y en la defensa de su gobierno frente a la rebelión armada. La asociación entre emigrados y Montt era tan estrecha que llegó a preocupar a Alberdi: «Los argentinos, muchos de ellos –Tejedor, Lamarca y cien desconocidos–, han tomado una parte activa é imprudente en la guerra civil, que hoi divide á Chile.»17 De esta forma, los emigrados de Copiapó se encontraban en la encrucijada de tener que apoyar a un bando o a su rival en el conflicto político existente.

Peones y proscritos: Los argentinos de Copiapó La región minera de Copiapó era un centro importante de residencia de los proscritos rioplatenses en Chile. El norte minero era también un centro de actividad de la oposición, con un movimiento asociativo, ligado a la Sociedad de la Igualdad, y a diarios liberales. La presencia de un gran número de extranjeros –ingleses, franceses, estadounidenses y, sobretodo, rioplatenses– estaba, sin duda, relacionada con este hecho. Los proscritos se integraron en la estructura del poder, como en el resto del país. Los rioplatenses representaron el 16,5 % (8.389 individuos) de la población total de Copiapó de alrededor 50.690 individuos en 1854, en un momento de auge de la actividad minera.18 Entre los comerciantes mineros más importantes, con un asiento en la Junta de Minería, se encontraban varios proscritos del régimen de Rosas. Se trataba de una institución semipública, con una autoridad jurídica que articulaba el poder económico de los grandes comerciantes con los poderes públicos de la región.19 También hubo trabajadores argentinos en la administración pública. Antonio Aberastain, por ejemplo, ocupó el puesto de Secretario del Intendente y firmaba sus decretos.20 Varios abogados argentinos también trabajaron en la ciudad, ofreciendo servicios a los comerciantes y encargados de los

17. Alberdi à Frías, Valparaiso, 24 de noviembre 1851, en MAYER, Jorge y Ernesto MARTINEZ (eds.), Cartas ineditas a Juan Maria Gutierrez y a Felix Frias, Buenos Aires, Luz del Dia, 1976, pp. 251-2. Alberdi temía que una victoria de los opositores pudiera aumentar más la animosidad hacia los emigrados. Sin embargo, no todos los proscritos argentinos apoyaron al bando conservador. El ejemplo más notable es Bartolomé Mitre, quien apoyaba a la oposición desde las páginas de El Comercio, siendo desterrado a Perú en 1851 durante la represión de la Sociedad de la Igualdad. 18. VENEGAS, Hernán, El espejismo de la plata. Trabajadores y empresarios mineros en una economía en transición. Atacama 1830-1870, Santiago, Editorial USACH, 2008, pp. 138-140. Esta población disminuiría considerablemente en la década de 1860 debido al declive de la industria minera, que jugó un papel importante en la revolución de 1858. Podríamos agregar que la caída de Rosas fue sin duda un factor en el regreso de los proscritos a sus tierras de origen; en efecto, en estos años el porcentaje de europeos entre los extranjeros aumentó y el de rioplatenses disminuyó. 19. Ibid., pp. 95-97. Estos incluyen Nicolás Vega, su hijo Domingo, Felipe Cobo, Antonio Aberastain, Vicente Quezada, José María Cabezón y Domingo de Oro. Los nombres de José María Cabezón y Domingo de Oro aparecen también en los informes de la Junta publicados en El Copiapino, por ejemplo el 24 y 30 de enero 1852. 20. El Copiapino, 11 de mayo y 4 de junio 1846. Según Vicuña Mackenna, Carlos Tejedor ocupaba «ocasionalmente» también el puesto. VICUÑA MACKENNA, Historia De Los Diez Años De La Administracion De Don Manuel Montt, cit., vol. I, p. 268.

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pleitos de minas, como el propio Aberastain, Enrique Rodríguez y Carlos Tejedor.21 Otros se dedicaron al periodismo: durante años Tejedor fue el redactor en jefe del único diario de la ciudad, El Copiapino. Domingo de Oro, inversionista en las minas, pariente y aliado político de Domingo Faustino Sarmiento y una figura importante entre los rioplatenses en Copiapó, describió en detalle la colonia argentina en la ciudad, destacando la importancia de sus compatriotas en el comercio minorista. Los comerciantes argentinos de Copiapó aprovecharon sus contactos con sus compatriotas de Valparaíso quienes les asignaban créditos para vender sus productos en el centro minero. Oro resaltaba también la importancia que los rioplatenses tenían entre los sectores más populares de la ciudad: Los argentinos menos favorecidos de condición, de operarios y trabajadores, estaban en una proporción muy alta respecto a los otros. Huyendo de los males que les ocasionaban las agitaciones de su país y hallando fácilmente trabajo bien remunerado, que no encontraban en su país, afluían incesantemente de todas las provincias contiguas á la cordillera, y tanto hombres como mujeres.22

La industria minera era un factor importante en la recepción y la integración de los rioplatenses en la vida de Copiapó, desde los mineros más importantes hasta los obreros, pasando por los comerciantes y abogados que ofrecían servicios a los mineros. La cita de Oro sugiere también la dificultad de distinguir entre emigración política y económica. Copiapó se encuentra en las rutas que conectaban Chile con Cuyo y la Rioja, y la emigración de rioplatenses en Chile tiene antecedentes desde tiempos coloniales, cuando, con fines comerciales, se cruzaba la cordillera vinculando Cuyo con el Pacífico. La emigración política se inscribía en flujos migratorios que databan de tiempos coloniales, los cuales no pueden comprenderse desde una lógica nacional. Por otra parte, se puede suponer que una parte de los trabajadores mineros estaba integrada por soldados de las guerras civiles argentinas que, desde la década de 1830, cruzaban la cordillera después de sus sucesivas derrotas militares. Es posible que guardaran una cierta lealtad hacia sus jefes militares, como se puede observar en el caso de Domingo Faustino Sarmiento en 1836, quien trabajó como mayordomo en una mina de Nicolás Vega, después de haber luchado contra Facundo Quiroga.23 Se puede ver una dinámica similar en los recorridos del general Gregorio Aráoz de La Madrid en Chile, Bolivia y el Río de la Plata; La Madrid era seguido por soldados y oficiales.24 En este sen-

21. Para las profesiones ejercidas por exiliados ver BLUMENTHAL, Exils et constructions nationales, cit. pp. 141-193. 22. ORO, Domingo de, «Apuntes sobre los sucesos de la emigración argentina en Copiapó en 1851», Papeles de Domingo de Oro, Buenos Aires, Impr. de Coni hermanos, 1911, vol. II, pp. 264-265. Al parecer, «operarios y trabajadores» refieren al trabajo en las minas. 23. SARMIENTO, DF, Memorias (1884), en Obras de D. F. Sarmiento, Buenos Aires, Imprenta y Litografía Mariano Moreno, 1900, vol. XLIX, p. 91. 24. LA MADRID, Gregorio Aráoz de, Memorias del general Gregorio Aráoz de la Madrid, Buenos Aires,

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tido, se confunden flujos migratorios que siguen una lógica colonial con flujos de emigración consecuencia de las guerras civiles y conflictos políticos en el Río de la Plata. Aunque la importancia de la lealtad personal se resalta, los sectores más politizados se referían a ellos mismos como argentinos. Ahora bien, no sucedía necesariamente lo mismo con los peones originarios del Río de la Plata. Si bien es difícil seguir el paso de los soldados/peones argentinos –al parecer una parte importante de los trabajadores– se hace necesario examinar su inserción en la sociedad. Una tensión entre interés de clase y lealtad nacional se puede observar en una «representación confidencial» enviada por Sarmiento a Montt en septiembre de 1851. Según Sarmiento, sus «compatriotas residentes en Copiapó» le encargaron intervenir ante su amigo Montt respecto a «algunas vejaciones a que allí están expuestas las masas trabajadoras argentinas, y que hacen su situación insoportable». Sarmiento compara la situación de «las clases acomodadas» de rioplatenses en Copiapó, tratadas como cualquier otra nacionalidad extranjera, con los trabajadores, «gente sin representación e incapaces de hacer valer sus derechos.» Destaca el peso de los rioplatenses, y se refiere a ellos como la mitad de la «población trabajadora». Si bien se trata de una exageración, la cita refleja cómo los emigrados entendían su propio peso en Copiapó. Refiriendo a sus experiencias en la ciudad durante su primer exilio, Sarmiento recuerda que los peones argentinos sin la papeleta de conchabo eran a menudo encarcelados u obligados a trabajar en las obras públicas. «El primero que les brindaba el pais eran los trabajos forzados, el primer asilo la cárcel, hasta que encontraban un patrón que los rescatase.»25 Es interesante notar el uso de la palabra «argentina» para calificar a las «masas trabajadores», lo que demuestra que los proscritos como Sarmiento veían a los peones rioplatenses como compatriotas y una posible base de apoyo. Como veremos, esta relación sería determinante después del pronunciamiento de Urquiza. Sin embargo, la comunicación de Sarmiento sugiere la complejidad de la tensión entre ciudadanía y clase entre los proscritos en Copiapó. Sin una «representación» en un cuerpo político o en la Junta de Minería –o ante un consulado argentino, dada la ausencia de gobierno nacional en el Río de la Plata– no podían integrarse en la vida de la ciudad. «Ellos son los únicos sobre quienes pesa la desfavorable distinción entre extranjeros y nacionales; pero también sobre ellos gravan cargas, insoportables al menos en la manera de imponerlas», explicaba Sarmiento.26 Esta frase sugiere que los argentinos más acomodados, como los europeos, podían El Elefante Blanco, 2007, en particular su derrota en 1841 en Mendoza. Vicuña Mackenna sugiere algo parecido, Historia De Los Diez Años, cit., vol. I, pp. 254-255. 25. «Representación a nombre de argentinos de Copiapó (Confidencial) Señor Presidente de la República», en MONTT, Manuel y DF SARMIENTO, Manuel Montt y Domingo F. Sarmiento: Epistolario, 1833-1888, Santiago, Lom Ediciones, 1999, p. 98. Este documento fue enviado con una carta más informal, con fecha de septiembre 1850. Dado el contenido, es lógico pensar que se envió antes de los acontecimientos de 1851. 26. Ibid., p. 98 En este sentido destacaba que estaba en favor de un servicio uniformizado de las milicias locales, a saber que los «argentinos en Chile, (y) los chilenos en la República Argentina» participaran con «una contribución pagada a la seguridad común donde quiera que residamos», pero que de hecho se aplicaba de manera «gravosa y vejatoria», p. 99. Esto revela de nuevo la importancia de la residencia local en el momento de fijar los derechos y deberes cívicos.

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integrarse en la vida cívica de la ciudad en términos de una ciudadanía de residencia.27 Gracias a su incorporación a las élites económicas y culturales evitaban esta «distinción entre extranjeros y nacionales». Por su parte, los peones no sólo tenían que soportar las dificultades de su estado social, visibles en la necesidad de tener el conchabo, sino que también debían servir en las milicias de ciudadanos. Aunque Sarmiento destaca este aspecto coercitivo de la participación de los peones rioplatenses en las milicias locales, en realidad se sabe muy poco sobre las condiciones de su incorporación en las milicias, aparte de lo que decían las élites argentinas y chilenas, como veremos enseguida. Sin embargo, el interés de la «representación» no se encuentra en la veracidad de su descripción de la situación de los peones rioplatenses, sino en cómo los notables (en la acepción de elite) argentinos de Chile veían a estos peones. La situación penosa de estos peones que describía Sarmiento llevó a los dirigentes proscritos de Copiapó a resaltar la nacionalidad «argentina» de estos trabajadores, agravando las tensiones en el seno de la sociedad. «Una de las penosas consecuencias de la emigración es que no incorporándose inmediatamente los emigrados en la población nacional por el distintivo de extranjeros, los emigrantes forman entre si cuerpo de nación y se irritan y exasperan todos, por la injusticia aparente o real de que es víctima uno de ellos.»28 Propuso, entonces, una comisión «mixta» que incluía tres proscritos para resolver el problema, notando que aunque «(s)i se tratase de ciudadanos chilenos aquella intromisión sería intrusiva», la presencia de extranjeros en una comisión pública que buscaba gestionar los problemas de los peones rioplatenses no representaría una interferencia en los asuntos chilenos.29 Justamente, la presencia de una población «extranjera» y armada sería importante cuando explotara el conflicto. Entretanto, los notables argentinos de Copiapó, con el respaldo de Sarmiento, buscaban proteger a sus conciudadanos de lo que ellos calificaron como una situación desfavorable. Así, se destacó la «argentinidad» frente a la opinión pública chilena, que hasta entonces no se interesaba por el lugar de nacimiento en el momento de formar las milicias.

Las milicias y la ciudadanía de residencia

27. Para la ciudadanía de residencia ver GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar, «Etrangers à la nation, citoyens dans la cité: l’expérience politique des étrangers dans la ville de buenos aires pendant la deuxième moitié du XIXe siècle», en GONZÁLEZ BERNALDO, Pilar, Manuela MARTINI, y Marie-Louise PELUS-KAPLAN (eds.), Étrangers et Sociétés. Représentations, coexistences, interactions dans la longue durée, Paris, Presses universitaires de Rennes, 2008, pp. 115-127. La integración en la vida pública de la ciudad se entendía todavía en términos de la vieja categoría jurídica hispana del vecino HERZOG, Tamar, Defining nations: immigrants and citizens in early modern Spain and Spanish America, New Haven, Conn., Yale University Press, 2003 28. Sarmiento, «Representación (…)», p. 99. Sarmiento da el ejemplo de un joven emigrado encarcelado «por doce días con una barra de grillos» porque no se presentó al servicio de milicias, suscitando el enojo de los argentinos de la ciudad. 29. Propuso a Oro, Aberastain y Rodríguez. Oro y Rodríguez tendrían un papel importante en la organización del cuerpo militar argentino en Copiapó durante la guerra civil, como veremos

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Una de las quejas más frecuentes de los notables argentinos en Copiapó se refería al servicio militar en los batallones cívicos. Participar en estas milicias constituía un deber de todos los ciudadanos, aunque los límites de esta ciudadanía era discutibles.30 Si bien los «abusos» más graves habían disminuido con el tiempo, para Sarmiento el problema del servicio militar en las «guardias cívicas» continuaba: mientras que en el resto del país los peones gañanes y los domésticos eran eximidos del servicio, los peones «argentinos» tenían que cumplir con el servicio militar y las milicias se componían «en gran parte de argentinos». Estos peones, afirmaba Sarmiento, no podían pagar reemplazantes y eran víctimas de «estafas», «violencias e injusticias» de los oficiales encargados de reclutamiento.31 La participación de los emigrados en el servicio militar había sido un tema de disputa en la prensa local. En 1846, El Copiapino publicó una carta pública anónima que criticó la reincorporación de los argentinos en las milicias denominadas cuerpos cívicos. El autor protestaba que el intendente anterior los había dado de baja. Además, señalaba que la medida sólo apuntaba a los argentinos –y no a los demás extranjeros– y que iba en contra de «la lei de las naciones». Por lo demás, acusó al «dictador de Buenos-Aires», Juan Manuel de Rosas, de haber alistado chilenos en las milicias de esa provincia.32 El intendente de Copiapó, Vila, no tardó en reaccionar: afirmó que no se sabía si las 209 personas eran extranjeros o argentinos y, en todo caso, deberían certificar que no se trataba de chilenos. «De ese modo un Chileno que ha residido en Mendoza i vuelve a Chile despues de algunos años, quedaria eximido del servicio militar con solo decir soi extranjero –soi arjentino–.» Su argumento refleja los flujos migratorios entre zonas limítrofes y la dificultad de asignar una nacionalidad a poblaciones marginales y móviles. Además, el intendente respondió a la acusación, cuestionando si era realmente deshonroso servir en los batallones cívicos, y afirmando que los argentinos de Aconcagua y Santiago se habían prestado voluntariamente al servicio. Incluso, cuestionó si estos peones se identificaban realmente como argentinos. «¿Es justo que Chile mire con sospecha a los que Vd. llama arjentinos, i que los separa así no mas de las filas de nuestro(s) batallones cívicos?». A la cuestión del derecho natural, respondía citando la obra de Andrés Bello, y estableciendo una diferencia entre los extranjeros «habitantes», que deben «soportar todos los cargos que las leyes i la autoridad ejecutiva impone a los ciudadanos», y los

30. Para el funcionamiento de las milicias ver Rabinovich, La société guerrière, cit., pp. 133-155; para la relación entre milicias, vecindad y ciudadanía en Buenos Aires, ver CANSANELLO, Oreste C., «De súbditos a ciudadanos. Los pobladores rurales bonaerenses entre el antiguo régimen y la modernidad», Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, 11, 1995, pp. 113-39. Para la conexión entre milicias y sufragio en Chile, VALENZUELA, J. Samuel, «Hacia la formación de instituciones democráticas: prácticas electorales en chile durante el siglo XIX», Estudios Públicos, 66, 1997, pp. 215-57. 31. Sarmiento, «Representación (…)», p. 99. Por lo demás, son temas clásicos del servicio miliciano. 32. El Copiapino, 31 de mayo 1846. El intendente Ventura Lavalle estaba enfermo y había sido subrogado por Bernandino Antonio Vila, quien mandó «alistar a los (argentinos) licenciados de los cuerpos cívicos». Posteriormente «unos copiapinos», afirmando ser chilenos, escribieron al periódico apoyando la posición de los emigrados, justificándolo justamente en términos de un acontecimiento similar en Buenos Aires en 1831. El Copiapino, 18 de junio 1846.

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«transeúntes», exentos del servicio militar.33 En un editorial posterior, se desarrolló con detalle esta diferencia entre extranjeros residentes y no residentes: Los doscientos hombres (arjentinos si se quiere) que han vuelto a las filas del batallón cívico, tienen en Copiapó sus familias, su industria i están tan domiciliados en el pais como los mismos chilenos; son en rigor chilenos, porque han contraido nuestros hábitos, adoptado nuestros trabajos, i amalgamádose completamente con nosotros según sus respectivas clases. (…) Que mientras vivamos i ganemos plata en Copiapó, sea nuestra patria Copiapó.34

Sin embargo, la importancia de la residencia representaba una espada de doble filo. Al parecer, algunos chilenos también temían la presencia masiva de originarios del Río de la Plata en los cuerpos cívicos, acusándolos de querer aprovechar las milicias para lanzar incursiones en las provincias limítrofes como La Rioja. El ya citado editorialista de El Copiapino descartó estas acusaciones, que no eran infundadas, como se verá más adelante. Refiriéndose a una campaña del «Chacho» Peñaloza unos años antes, cuestionó si los vecinos participarían realmente en tal quimera: «Ningun arjentino de los que podian llamarse domiciliados en Copiapó quiso enrolarse en tan temeraria cruzada».35 Sin embargo, el comentario insinuó la posibilidad de que ciertos rioplatenses no residentes hubieran participado en las campañas militares. Así, se entiende que la participación en la vida pública en Chile no representaba ninguna contradicción con una identificación con los conflictos políticos argentinos. Como vimos, había emigrados que participaban en comisiones semi-públicas como la Junta de Minería o se proponían como miembros de la comisión para gestionar los peones argentinos (que al parecer nunca se realizó). Por otra parte, los emigrados acomodados jugaron un papel importante en la financiación de las campañas armadas de caudillos como el Chacho o el general La Madrid.36 En este sentido, la polémica en torno al servicio de los emigrados en las milicias era una forma de discusión implícita sobre el estatuto de los extranjeros en Chile durante la emigración masiva del país vecino. ¿Era chileno un vecino argentino emigrado a Copiapó? ¿Qué obligaciones tenía como vecino? Aunque ya existían maneras informales de asociar los extranjeros acomodados a una ciudadanía cívica vinculada al estado jurídico tradicional del vecino, en el contexto de la emigración masiva la categoría del vecino co-

33. El Copiapino, 4 de junio 1846. Es llamativo que Aberastain continuara firmando los decretos del intendente durante esta polémica. Véase también BELLO, Andrés, Principios de Derecho de Gentes, Santiago, Imprenta de La Opinión, 1832. 34. El Copiapino, 11 de junio 1846. El redactor es, sin duda, Jotabeche (José Joaquín Vallejo), fundador del periódico y redactor entre 1845 y 1847 antes de que Carlos Tejedor asumiera la redacción. 35. Ibid. Da a entender que el «Chacho» era uno de los emigrados reincorporados en la milicia por el decreto del intendente. 36. Por ejemplo, La Madrid explica en sus memorias cómo pedía dinero de los emigrados vecinos de las diferentes ciudades de Chile y Bolivia para montar sus expediciones al Río de la Plata. LA MADRID, Memorias, cit.

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menzó a cambiar. Los emigrados participaron como vecinos en la política de la ciudad, al mismo tiempo que formaban parte de redes políticas «extranjeras» que operaban en suelo chileno. Esta participación en la política argentina implicó que fuesen caracterizados como extranjeros en los debates públicos. El tema de clase surge implícitamente en el debate, ya que como regla general los residentes no eran peones «vagabundos» sin papeleta de conchabo. En esta época, anterior a los documentos de identidad, la papeleta de conchabo funcionaba como un documento para los trabajadores, pero no indicaba la nacionalidad de su poseedor; certificaba, simplemente el hecho de tener un trabajo, y por lo tanto no ser un vagabundo.37 Los comentarios del intendente sobre la domiciliación de los argentinos sugieren otra posibilidad, a saber que los rioplatenses hubieran podido utilizar el servicio en las milicias para convertirse en vecinos, facilitando así su integración en Chile.38 Aunque las fuentes utilizadas aquí no permiten elucidar la cuestión, es interesante que Sarmiento y la «representación» se hayan destacado el aspecto coercitivo de dicho servicio. Así, se destaca el origen extranjero de los peones y se revindica su propia autoridad sobre los «argentinos». El tema de la participación de los argentinos en las milicias nunca desapareció. Unos años después, con un flamante redactor, surgió de nuevo en El Copiapino: «Ahora bien ¿los arjentinos no son extranjeros? Sin duda que si, también. Podía dudarse de esto un poco cuando el virrei del Perú era soberano de Chile, como de la república vecina, pero no cuando se han escrito así las leyes de ambos estados y con (ilegible) el espíritu nacional.»39 Para los emigrados avecindados, con sus propios fines políticos, ser extranjero era quizás una evidencia, pero visiblemente no lo era para muchos chilenos, todavía apegados a nociones más antiguas de vecindad. El estatuto jurídico de las personas originarias de los países vecinos era todavía un tema de debate. El exilio ayudó así a fijar las diferencias entre chilenos y argentinos, en la medida en que los debates y sus prácticas asociadas participaban en la «argentinización» de los emigrados recordándoles su origen «extranjero». Además, el exilio señala la tensión entre ciudadanía local y los fines políticos de los notables argentinos, que aprovechaban esta integración para participar en la política rioplatense. Aunque los «abusos» contra extranjeros descritos por Sarmiento y por los dirigentes emigrados de Copiapó hubiesen disminuido, como lo pretendía Sarmiento, por su incorporación al cuerpo político de la ciudad como ciudadanos de residencia, el debate sobre la nacionalidad continuó, quizás debido a la misma participación en las milicias, y se reactivó violentamente con la rebelión anti-Montt en La Serena, y en la campaña contra

37. Para el funcionamiento de la papeleta ver SALVATORE, Ricardo Donato, Wandering Paysanos: State Order and Subaltern Experience in Buenos Aires During the Rosas Era, Duke University Press, 2003, p. 97. 38. «La filiación en la milicia debe tomarse como definitoria en la separación entre domiciliados y transeúntes, allí radica la importancia del padrón que se levantaba para avecindar». CANSANELLO, «De súbditos a ciudadanos», cit., p. 133. 39. El Copiapino, 12 de diciembre 1849. El redactor era, sin duda, Carlos Tejedor.

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Rosas en el Río de la Plata, entre 1851-1852. Las tensiones inherentes en la posición de emigrados argentinos, quienes buscaban utilizar su integración en la vida pública de la ciudad para apoyar la lucha contra Rosas, explotaron en el momento de organizar milicias «argentinas» en el contexto de dos guerras civiles paralelas en ambos lados de los Andes.

1851: El caudillo Álvarez y los vecinos emigrados Las revoluciones paralelas en ambos lados de la cordillera hicieron que las tensiones –de clase y entre la identificación argentina y la política local– se volvieran centrales. Como dijimos, el norte fue uno de los focos de resistencia militar más importantes contra la elección de Manuel Montt, sobre todo a partir de la rebelión en La Serena a fines de 1851. La presencia de un gran número de militares argentinos iba a ser determinante. Éstos, cómo los vecinos emigrados, observaban con atención los acontecimientos militares en el Río de la Plata, en particular, a partir del pronunciamiento de Urquiza contra Rosas en mayo de ese mismo año y los comienzos de la organización de la campaña militar que terminaría con la derrota del gobernador de Buenos Aires en Caseros. En la «Representación» de Sarmiento y los vecinos emigrados dirigida a Montt se había resaltado «su constante adhesión a los principios de orden, a que han prestado gratuita y espontáneamente el apoyo de sus personas y bienes cuando lo han habido menester.»40 Esta declaración de lealtad al régimen chileno muestra que los extranjeros avecindados comprendieron su participación política en términos de lealtad al orden social y político. Además, presagia su participación en el conflicto de 1851 en defensa de este orden. Domingo de Oro resumió la participación de los emigrados en los acontecimientos de 1851, donde él mismo había jugado un papel importante. Insistió que los argentinos de Copiapó no se inmiscuían en la política chilena, pero que una confluencia de «intereses argentinos» y «causas locales» –el temor de saqueos en la ciudad– habían llevado a la «parte más avanzada» de la emigración a apoyar a las autoridades chilenas en el norte contra la revolución.41 En efecto, Oro señaló su profundo desacuerdo con el gobierno chileno sobre la política argentina. Aunque Oro no considerara los emigrados como aliados naturales de las autoridades chilenas, este texto sirve para justificar su participación en la guerra civil. Sus declaraciones deben matizarse: era pariente y aliado político de Sarmiento, lo que indicaría una afinidad quizás más profunda con el oficialismo chileno. Sin embargo, su testimonio refleja cómo los emigrados entendieron la conexión entre la política chilena y la argentina. Oro relata que después de la toma de La Serena por los opositores a Montt en septiembre de 1851, el miedo a una rebelión popular en Copiapó provocó que las autoridades organizaran fuerzas militares de manera preventiva. Los comerciantes emigrados, 40. SARMIENTO, «Representación (…)», cit., p. 98. 41. ORO, «Apuntes (…)», pp. 267-268.

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al igual que los chilenos, vieron los acontecimientos en la ciudad vecina como una amenaza a su propiedad y a su situación. Según Oro, la falta de militares chilenos –a lo que se podría agregar la presencia de un número importante de exiliados argentinos– llevaron a las autoridades a reclutar tres oficiales argentinos para servir en el Huasco, Atacama. Además, el intendente Juan Augustín Fontanes pidió que Carlos Tejedor y Enrique Rodríguez reclutaran un cuerpo militar compuesto de extranjeros, mayoritariamente argentinos, para participar en el sitio de La Serena, y que Oro formara un cuerpo entre «los argentinos menos favorecidos» para defender a Copiapó. Oro aceptó bajo la condición de que los milicianos estuvieran exentos de toda obligación militar después de haber aplastado la rebelión.42 La participación de los argentinos en esta milicia tenía como objetivo específico sofocar la rebelión, pero debe también analizarse a partir de las polémicas de años anteriores respecto de la participación de los emigrados en las milicias locales. Los dirigentes emigrados siguieron la misma estrategia adelantada en la «Representación» a Montt, e insistían sobre el carácter «argentino» y «extranjero» de los milicianos, haciendo una excepción al servicio militar dada la situación difícil de la ciudad. Los «intereses argentinos» que Oro había mencionado se referían al pronunciamiento de Urquiza, que todos entendieron como el inicio de una guerra contra Rosas. La organización de un cuerpo militar argentino en Copiapó podría servir entonces en este contexto también. Oro, con Rodríguez y Tejedor, quería impedir que las provincias limítrofes, aliadas de Rosas, enviaran tropas para defender a Buenos Aires: «¿Y qué mejor pretexto podrían alegar (los gobernadores provinciales) que invasiones de los salvajes unitarios desde Chile?». A pesar de lo que Oro calificó como una «indiferencia» de los chilenos en la causa argentina, las autoridades chilenas buscaban impedir que los grupos armados operaran sobre su territorio. Los emigrados tenían que actuar en secreto, y la invitación del intendente les dio el pretexto de hacerlo abiertamente. Juan Crisóstomo Álvarez, recién llegado de Bolivia, tomó el mando del cuerpo de milicianos argentinos. Según Oro, las noticias que los emigrados habían tomado las armas «fuese por el gobierno (chileno) o por la revolución», comenzó a preocupar a los gobernadores.43 Las comunicaciones con las autoridades de la provincia de Tucumán, bajo el mando del gobernador Celedonio Gutérrez, señalan que las autoridades tomaron con seriedad esta amenaza, aunque no estuvieron siempre bien informados. Según un documento, todos «los salvajes unitarios argentinos» de la región minera de Chile se estaban reuniendo

42. Ibid., p. 267-268. Oro identifica a Jotabeche como el intermediario entre el intendente y los emigrados. Esto es importante porque, como veremos, este texto es una justificación a posteriori de la conducta de los emigrados en la revolución, y Jotabeche no era un amigo de los emigrados. Sus pretensiones de que los argentinos no participaran en política deben entenderse en este mismo sentido. 43. Ibid., p. 269-270. Álvarez, sobrino de La Madrid, era un caudillo célebre que había pasado años en exilio en Chile y Bolivia. Antes de la invitación del intendente, habían pensado «hacer salir los hombres como simples viajeros; las armas saldrían antes en forma de contrabando. Las partidas se armarían en esta república». La organización de fuerzas argentinas en Copiapó para lanzarse sobre las provincias ya tenía una cierta tradición, como se puede ver en las memorias de La Madrid.

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con Álvarez, tras su derrota por el general Cruz en Coquimbo, y comprando material abiertamente.44 Estas comunicaciones resaltan la articulación de los espacios regionales con el conflicto en Copiapó. Cuando comenzó la rebelión en Copiapó, el argentino Francisco Ocampo organizó un pequeño cuerpo entre la «población educada» para defender la ciudad, también bajo el mando de Álvarez. Los rebeldes intentaron capturar a Tejedor y a Rodríguez, que huyeron de la ciudad. El intendente Fontanes se unió a las fuerzas de Álvarez, porque no tenía tropas propias, pero ignoraba que tenían planes para cruzar la cordillera con el fin de atacar a los gobernadores de las provincias argentinas limítrofes. Álvarez dirigió entonces la supresión de la rebelión, pero discutió con el intendente sobre el control de las fuerzas militares. «Tan irregular era que la autoridad chilena pretendiera ser reestablecida por una fuerza extranjera, como organizar tal fuerza sin el consentimiento de la autoridad del país.»45 En efecto, el intendente quedó dependiente de las tropas extranjeras cuyos objetivos últimos fueron una invasión de las provincias argentinas. El papel no sólo de Álvarez, sino también de figuras civiles como Oro, Tejedor, Rodríguez y Ocampo, señala la importancia de algunos actores intermediarios en la movilización de los peones rioplatenses en Copiapó. Es probable que la reputación de Álvarez haya servido para reclutar, dado su carisma propio a un caudillo, a peones que podían haber tenido alguna experiencia militar en el Río de la Plata. Las otras personas, vecinos con buena reputación (salvo Álvarez), son claves para comprender la movilización de los peones rioplatenses. No eran las autoridades chilenas quienes organizaban las milicias, sino figuras vistas como emigrados notables. No se destaca en estas milicias sólo la figura del caudillo militar, sino también abogados y periodistas. Este papel jugado por actores no militares resalta de nuevo los objetivos de «argentinización» de los emigrados notables. El hecho de que ya estuvieran organizando las milicias antes de la llegada de Álvarez a Copiapó sugiere que los emigrados ya tenían relaciones con los peones que permitieran movilizarlos, relaciones que aparecieron también en la «Representación» de Sarmiento. Sin duda utilizaban su prestigio social, y quizás algún origen común.46 Las fuentes no permiten indagar directamente sobre las formas de reclutamiento de esta milicia «argentina», y la naturaleza de estas relaciones no es clara. La versión de los acontecimientos que encontramos en el relato de Oro es bastante

44. «Copia de un documento por el cual informan al Comandante Rivero que viene los argentino derrotados por el General Cruz en Coquimbo». Fiambala, 31 de diciembre de 1851. Archivo Histórico de Tucumán, Sección Administrativa (AHT), vol. 71, Año 1851, F 592. La comunicación sobre la campaña de Álvarez se encuentra en los volúmenes 71 y 72. Visiblemente, la información que circulaba no era del todo correcta. José María de la Cruz era el general chileno que se había rebelado en el sur de Chile, no se encontraba en Coquimbo. Nazario Benavides, gobernador de San Juan, también informó sobre las actividades en Chile, de nuevo sugiriendo la importancia de las circulaciones andinas transnacionales, de personas e información, para comprender estos acontecimientos. «Nazario Benavides a Gutierrez comunicándole que los salvajes unitarios emigrados en Chile se dirigen a las provincias del Norte». San Juan, 31 de Diciembre de 1851. AHT, vol. 71, Año 1851, F598. Quisiera agradecer a Flavia Macías por haberme facilitado acceso a estos documentos. 45. ORO, «Apuntes (…)», p. 274. 46. Aunque Tejedor era porteño, Ocampo era de Catamarca, Oro de San Juan, y Rodríguez de Córdoba.

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similar al relato de Vicuña Mackenna, cuya participación en la Sociedad de la Igualdad y después en el levantamiento de La Serena culminaría con su propio exilio. Sobre todo, coinciden en calificar las milicias organizadas por Álvarez y los emigrados notables como «argentinas». Sin embargo, el lenguaje que utiliza sugiere que la participación de los emigrados en el sofocamiento de la rebelión había contribuido a profundizar el sentimiento de diferenciación nacional entre chilenos y argentinos. La diferencia más importante reside en la acusaciones que hace a Álvarez sobre pillaje y asesinato durante la guerra que Vicuña Mackenna le hacía. Dada la presencia importante de tropas argentinas en las fuerzas que sitiaron La Serena, calificaba la guerra civil como una «guerra nacional contra el estranjero, contra bandidos sin lei ni patria», debido a la alianza de las autoridades de Copiapó con los «gauchos» presentes en suelo chileno.47 Vicuña Mackenna establecía un vínculo explícito entre la llegada a Copiapó de la «famosa proclama» de Urquiza y el conducto de los emigrados en la guerra civil. «Al instante se habia hecho sentir una viva efervescencia entre el belicoso gauchaje de Copiapó i el círculo de emigrados de alguna nota, que por una inconsecuencia casi unánime, rodeaba entónces a las autoridades chilenas i combatia a muerte al partido liberal de la República.»48 En efecto, Vicuña Mackenna utilizaba un lenguaje sarmientino, romántico y orientalista, para describir a los emigrados, retratando a Álvarez como «un célebre gaucho de la escuela de los Quiroga, los Villafañe, i de estos otros Emires del desierto arjentino, cuya alma de acero forjada a yunque, vivia en su cuerpo despedazado de heridas».49 Este tipo de lenguaje, mientras demuestra el impacto que tuvo Facundo (obra clásica de Sarmiento) sobre los liberales chilenos, es también un consciente ataque político. Tanto para los viejos unitarios –y Álvarez era el sobrino de La Madrid– como para los emigrados más jóvenes, Rosas representaba lo peor de su país. Esto significaba que la imagen de los emigrados como «liberales» no podía seguir sosteniéndose, ya que se los asociaba no sólo al régimen de Portales y Montt, sino también al de Facundo Quiroga y Rosas, símbolo mismo de la barbarie colonial. El relato de Vicuña Mackenna, escrito diez años después de los acontecimientos, se basaba visiblemente en los debates que aparecieron en la prensa local en los meses después de la supresión de la revolución. Estos comenzaron unos días después del restablecimiento de El Copiapino, cuando un editorial atacó el comportamiento de Álvarez en el sofocamiento de la rebelión en Copiapó. Se le trataba de «bandido desalmado» y se le acusaba de haber traicionado al intendente Fontanes, rompiendo su pacto militar, abandonándolo, sustrayendo soldados, caballos, armas, municiones y ganado destinados a la defensa de la ciudad. Además, se le acusaba de haber saqueado la campaña, matando a su vez a un carnicero y un sub-delegado. «En su marcha saqueaba i despojaba todo lo que se presentaba a la vista i podia servirle en la incursion que habia resuelto hacer sobre la

47. VICUÑA MACKENNA, Historia de los diez años, cit., vol. I, pp. 254-255. Cursivo original. 48. Ibid., p. 268. 49. Ibid., p. 268.

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Republica Arjentina».50 Estas acusaciones, del bando vencedor, daban cuenta del contexto de los debates públicos que informaban los textos de Oro y Vicuña Mackenna. Oro buscaba defender el comportamiento de los emigrados, mientras que Vicuña Mackenna repetía las mismas acusaciones para desacreditar al régimen de Manuel Montt.51 Algunos emigrados de Copiapó defendieron a Álvarez en la prensa, negando las acusaciones de saqueo y sugiriendo que los rebeldes eran los responsables. Además, culparon a los emigrados chilenos en Lima de ser autores las acusaciones y denunciaron las frecuentes incriminaciones contra el «gauchaje arjentino» por todo tipo de transgresión.52 Como resultado, varios emigrados cancelaron públicamente sus suscripciones a El Copiapino, y el diario eliminó la suscripción a los suscriptores argentinos restantes para «evitarles la vergüenza i humillacion por que han pasado sus demas compatriotas».53 En los días siguientes, se publicaron otras acusaciones contra Álvarez y se discutió la reorganización del batallón cívico, vinculando los dos temas con las polémicas de años pasados sobre la participación de los emigrados argentinos en las milicias.54 Para el redactor de El Copiapino, los argentinos no tenían por qué participar en las milicias, no sólo por las razones de derecho natural que habían sido expuestas en polémicas anteriores, sino también porque atentaba contra lo que podríamos denominar como soberanía nacional. Copiapó no puede mirar impasible el armamento en guerra de estranjeros que en las calles i en las casas vomitan injurias contra los hijos del pais, de estranjeros que a cada paso cometen mil desafueros de cuya conducta están aun asombrados aquella parte pequeña pero sana, de sus conciudadanos, que han sido siempre en Copiapo modelo de orden i buen juicio.55

Más allá de si el autor de este escrito era o no chileno, su opinión es importante porque se distancia de la visión de los emigrados como vecinos de la ciudad. La participación

50. El Copiapino, 19 y 21 de enero 1852. Citación del 19. 51. Un relato parecido, echándole la culpa a Tejedor, Oro y Rodríguez, aparece también en LASTARRIA, José Victorino, Diario político, 1849-1852, Santiago, Andres Bello, 1968, p. 143. Álvarez terminó fusilado en Tucumán en febrero. La noticia fue publicada en El Copiapino el 17 de marzo 1852. 52. El Copiapino, 21 de enero 1852, firmado por «Unos arjentinos». 53. El Copiapino, 22 de enero 1852 54. El Copiapino, 23, 24, 26 y 28 de enero 1852. 55. El Copiapino, 23 de enero 1852, «Nueva organización del Batallón Cívico» y «Las tropas arjentinas». La citación viene del segundo artículo. La identidad del redactor, quien dice haber asumido la redacción «hace seis años», no está clara. Según Silva Castro, Carlos Tejedor tomó la redacción en 1847 de Jotabeche, quién había fundado el diario, pero no parece ser un argentino quien escribiera estas líneas. SILVA CASTRO, Raúl, Prensa y Periodismo En Chile, 1812-1956, Ediciones de la Universidad de Chile, 1958. Sin embargo, a pesar de las críticas de Álvarez, el redactor destaca siempre su respeto por los emigrados y el honor de la mayoría de ellos, agradeciendo su apoyo durante el levantamiento. También publicó una carta de «un arjentino» que apoyaba el diario, afirmando que Álvarez había dañado la posición de los emigrados en la ciudad, y acusándolo de haber estado en contacto con los rebeldes chilenos (26 de enero). Como contra-argumento, es en efecto extraño que Tejedor criticara a Álvarez de esta forma, dado que era uno de los emigrados más activos en la lucha contra Rosas y todas las fuentes citadas aquí lo describen como participante activo en los esfuerzos para armar a Álvarez.

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de los emigrados en el sofocamiento de la revolución de 1851 en Copiapó provocó la consolidación de la identidad política de los emigrados como argentinos. Obviamente, los sucesos en el Río de la Plata jugaron también un papel importante, abriendo la posibilidad de retorno y de la participación en un proyecto político de constitución de la República Argentina. Es interesante notar que en la revolución de 1858, los argentinos no tuvieron el mismo protagonismo, ya sea porque la industria minera declinó o porque regresaron a su país.

Los comerciantes y abogados emigrados se consideraron los representantes y los dirigentes naturales de los rioplatenses de Copiapó, es decir, como los notables. Varios de ellos, como Tejedor, Oro y Rodríguez, actuaron tanto en la «Representación» de Sarmiento como en los acontecimientos de 1851. Al mismo tiempo, los emigrados de Copiapó se integraron bien en la vida política, económica y social de la ciudad, y los debates sobre su participación en los cuerpos cívicos demuestran la amplitud de esta ciudadanía de residencia. Esta integración llevó a la mayoría de los emigrados argentinos a defender el régimen chileno durante este momento de prueba, porque vieron en los rebeldes las mismas «hordas rosistas» y consideraron la defensa de Montt como una extensión de sus propias combates políticos. Aunque la participación de estos emigrados en la guerra civil chilena claramente debe comprenderse en función de la política rioplatense, las conexiones entre política argentina y chilena son complejas y dependen también de los diferentes actores. Para algunos, se trataba de aprovechar su integración en la vida pública y política chilena para promover la lucha contra Rosas. La integración política en el marco de la ciudadanía de residencia no llevó necesariamente a una identificación con la nación chilena, sino a una intensificación de los lazos políticos con la futura Argentina. En otras palabras, demuestra como los flujos transnacionales operaban en el seno de los procesos de construcción nacional, aun antes de la consolidación de los estados nacionales. Pero esta identificación con la nación argentina es menos clara en el caso de los peones/soldados, a pesar de una lealtad visible a sus jefes militares, e incluso a los emigrados notables. Su participación en las milicias argentinas no se puede entender en términos de clase, pero tampoco se puede decir que hayan seguido a Álvarez, Tejedor y Rodríguez porque se identificaran como «argentinos». Es más probable que la lealtad personal del caudillo haya sido más importante que una supuesta identificación con un país todavía inexistente, pero también vemos otros factores de incidencia, como el prestigio social de los notables y las dinámicas migratorias transcordilleranas. Por lo demás, tanto en el caso de Sarmiento trabajando en las minas de Vega, como el de los peones, la línea borrosa entre emigración económica y política dificulta la distinción entre los dos grupos. De todas maneras, queda abierta la posibilidad de un trabajo futuro sobre estos actores, si se encuentran las fuentes. En cambio, está claro que los emigrados argentinos como Sarmiento, Tejedor y Rodríguez siguieron una política de «argentinización» de estos peones, interviniendo prime108

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ro en la prensa y frente al mismo presidente de Chile para insistir sobre su carácter extranjero y «argentino», protegiéndolos –según se exprimía en la «representación» de Sarmiento– contra los «abusos» de los chilenos. En este sentido, siguieron una estrategia de «nacionalizar» flujos migratorios existentes desde tiempos coloniales, articulando la política local de la ciudad con espacios regionales en el Río de la Plata. Los vestigios de conexiones coloniales, que se vuelven «transnacionales» en momento de constituir fronteras nacionales, participan del mismo proceso de construcción nacional. En ambos casos, emigrados de elite y peones/soldados, se ve que la frontera entre Copiapó y las provincias rioplatenses limítrofes era porosa, permitiendo que las luchas políticas de un lado desbordaran al otro. Décadas después de la independencia, los lazos políticos transfronterizos eran todavía importantes. Los levantamientos, primero en La Serena y después en Copiapó, tuvieron el efecto de poner en el centro del debate público las conexiones que los emigrados más acomodados mantuvieron con la política argentina, como lo demuestran los debates al principio de 1852 sobre el comportamiento de los emigrados durante la revolución, además de revelar sus deseos de argentinizar a los peones. En su posición política en defensa del régimen chileno, los emigrados de Copiapó reforzaron paradójicamente su calidad de extranjeros en la ciudad. Las polémicas en la prensa donde algunos argentinos y chilenos insistieron sobre su carácter extranjero jugaron también un rol importante. Así, se afirmaba más claramente la línea entre chilenos y extranjeros en la ciudad, en un proceso exógeno que contribuyó a la formación de la ciudadanía y la identificación de actores regionales y transnacionales con la nación argentina. La participación de los emigrados en la guerra civil chilena de 1851 ilustra cómo fenómenos que cruzaban las nuevas fronteras nacionales contribuyeron a los mismos procesos de construcción nacional, y destacan la necesidad de sobrepasar el «nacionalismo metodológico» cuando el objeto de estudio es la nación.56 Los flujos de emigración política, causa de la presencia de muchos de los argentinos en Copiapó, obligaron a chilenos y argentinos a reflexionar sobre los vínculos políticos entre pueblos en el período postindependentista. Aunque las prácticas políticas antiguas –además de afinidades ideológicas y culturales– permitieron una importante integración en Copiapó, el mismo contacto aumentó las percepciones de diferencia entre los actores en la escala local de las diferencias que separaban a los países. El papel de Oro, Tejedor, Rodríguez y Álvarez en la guerra civil chilena constituía un ejemplo de un fenómeno más amplio que permite comprender que la integración política de emigrados y el reforzamiento de los vínculos políticos con el país de origen no eran necesariamente contradictorios. Sin embargo, la «nacionalización» creciente de la política tendió a reducir los espacios donde este tipo de ciudadanía local y lealtades duales eran todavía posibles.

56. WIMMER, Andreas, y Nina GLICK SCHILLER, «Methodological Nationalism, the Social Sciences, and the Study of Migration: An Essay in Historical Epistemology», International Migration Review, núm. 37, 2003, pp. 576-610

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DINÁMICAS DE MOVILIZACIÓN Y LÓGICAS DE SOCIALIZACIÓN DE LO POLÍTICO EN EL MUNDO RURAL VENEZOLANO, 1858-1859 Véronique Hébrard Universidad Paris 1/Cralmi-UMR 8168 Mondes Américains [email protected]

A inicios de marzo de 1858, la movilización de una oposición ecléctica a la cabeza de la cual se encontraba el General Castro amenazaba al gobierno. Frente a la desafección de muchos de sus aliados, el presidente de la República, José Tadeo Monagas, renunciaba al poder. Presidente polémico, este acontecimiento provocaba sin embargo la movilización en su nombre de una agrupación armada: la Facción de la Sierra. Este artículo se propone analizar la morfología de este movimiento, atípico en relación con otros considerados en la época como «facciones» y, a la vez, representativo de una cultura política y de las dinámicas de movilización y compromiso de los actores populares del mundo rural venezolano. Se cuestiona también el silencio historiográfico evidenciado en torno a esta Facción. PALABRAS CLAVE: Venezuela, facción, politización, historiografía.

DYNAMICS OF MOBILIZATION AND LOGICS OF SOCIALIZATION OF POLITICS IN THE VENEZUELAN RURAL WORLD (1858-1859) At the beginning of 1858, the mobilization of an eclectic opposition, with General Castro at its head, threatened the government. Facing the dissatisfaction of many of his allies, the president of the republic, José Tadeo Monagas, resigned from power. A polemical president, the event nonetheless provoked the mobilization of an armed faction in his defense: The Faction of the Sierra. This article will analyze the morphology of this Faction, atypical in its relationship with other movements considered as factions in that period and representative of a political culture as well as dynamics of mobilization and involvement of popular actors in the rural

[Recibido: 17/2/2015 – Aceptado: 18/6/2015]

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world in the political challenges of the time. It will also question the historiographical silence on the Faction. KEYWORDS: Venezuela, political faction, politicization/ historiography.

Introducción A inicios de marzo de 1858 comenzaba a movilizarse una ecléctica oposición al gobierno y a la cabeza de ella se encontraba el general Castro. Con cerca de 5 mil hombres, Castro entraba en Caracas y, el 15 de ese mismo mes, frente a la desafección de muchos de sus aliados, el presidente de la república, José Tadeo Monagas, renunciaba al poder. Presidente polémico como lo fue, así también el resto de clan familiar, la caída de la «dinastía Monagas –tal como la llamaban sus detractores– provocó la movilización casi inmediata de un grupo armado: la Facción de la Sierra (denominada de ese modo por las autoridades). Se encontraba dirigida por tres hombres: Zoilo Medrano, José de Jesús González –alias el Agachado– y Donato Rodríguez Silva, conocidos sobre todo por su participación en las revueltas campesinas de 1846 y sus compromisos políticos y militares previos.1 Su radio de acción se extendió sobre las provincias situadas al oeste y al sur-oeste de Caracas, es decir, la provincia de Aragua, El Guárico, Carabobo de Cojedes y, de manera más marginal, sobre Apure y Barinas. En el presente trabajo quisiera dedicarme al estudio de las lógicas de movilización de la Facción de la Sierra con un doble objetivo. El primero, historiográfico. A pesar de la importancia de dicho movimiento, de la persecución de la cual fue objeto por las autoridades de la época y de la personalidad de sus jefes, ha sido casi ignorada por los estudios sobre el tema y el periodo. Este «silencio» dice mucho en relación a la dificultad de considerar el opositor en tanto alter ego y ya no como un enemigo, un bárbaro y manipulador de «una horda de criminales». En relación al segundo objetivo, me propongo estudiar la morfología de esta agrupación, atípica en relación con otros movimientos considerados en la época como «facciones» –tanto en América latina como en Europa–, y, a la vez, representativa de una cultura política y de dinámicas de movilización y compromiso. Las fuentes utilizadas se basan en archivos del Ministerio de Interior y Justicia –dos expedientes relativos a esta Facción y sus miembros–,2 así como en ciertos docu1. Tal como lo analicé en el estudio que realicé sobre esta Facción de la Sierra, a la excepción de un artículo de poco valor científico (CASTILLO, Miriam J.; POLANCO PÉREZ, Carmen J., «Insurrección de José de Jesús González, alias el Agachado, año de 1858» en Tierra Firme, núm. 37, enero-marzo, 1992, pp. 79-87), curiosamente las menciones relativas a los jefes de la Facción casi nunca corresponden a su actuación en ella. Ver: HÉBRARD, Véronique, La Faction de la Sierra, Un apprentissage du politique entre engagement et contrainte. Venezuela, 1858-1859, Mémoire inédit d’HDR, Université Paris Ouest Nanterre, décembre 2013, p. 576, disponible en . 2. «Expediente de la facción de la Sierra capitaneada por Zoilo Medrano, Donato Rodríguez, Agachado y otros bandidos del llano. Corren varios oficios sobre otros facciosos del Occidente. 24 de marzo de 1858», AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 288-456; «Expediente relativo a la facción de la Sierra, acaudillada por Zoilo Medrano, Jesús Agachado y Donato Rodríguez», AGN/Caracas-Interior y Justicia,

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mentos encontrados en otras fuentes de época. Estos dos expedientes están compuestos principalmente de la correspondencia enviada por el Gobierno Superior Político de provincias al General en Jefe del Ejercito Libertador, al Secretario de E. en los Departamentos del Interior y Justicia, o directamente al Ministro. Se encuentran también las cartas y documentos de los Estados Mayores Generales y Divisionarios que actuaron en la Sierra. Estos últimos son casi siempre una síntesis de documentos enviados por las autoridades locales, principalmente de los Jefes Políticos a nivel del cantón, los Jefes de parroquia, jueces de primera instancia, jueces de paz y responsables militares. Dan cuenta de las acciones dirigidas contra la Facción, del estado de la provincia o zona inspeccionada o gobernada, pero también de informaciones recogidas ante otras autoridades o actores locales. Por último, contienen las instrucciones y decisiones tomadas a nivel gubernamental y del Ministerio de Interior y Justicia dirigidos a los gobernadores, como también las cartas emitidas por cabildos, grupos de ciudadanos, juntas de agricultores y algunas correspondencias privadas. Los expedientes proporcionan fuentes de tipo judicial como listas de prisioneros o sospechosos, interrogatorios de detenidos, denuncias, quejas y testimonios, así como de algunos procesos. Es precisamente la diversidad de los documentos conservados en estos expedientes lo que me permitió reconstituir la narración de la Facción. Pero también, explorar sus diferentes dinámicas y actores, privilegiando para este fin una escala micro. En el marco del presente artículo estudiaré la morfología de la Facción de la Sierra. Considero que este movimiento faccioso constituye un observatorio privilegiado para analizar la permeabilidad de los actores populares del mundo rural a las apuestas políticas de su tiempo. Centrarme en su análisis permite también «fortalecer los estudios comparados» y nutrir la reflexión sobre los procesos de aprendizaje de lo político y de la politización contribuyendo, al mismo tiempo, a su modelización.

La Facción de la Sierra: ¿una facción? En muchos aspectos, sorprende el término «facción» utilizado por los actores y autoridades de la época para calificar al grupo que se moviliza y toma las armas en mayo de 1858 a favor del presidente caído. Exploremos los motivos.

Morfología de una facción Inicialmente, la agrupación se forma a iniciativa de tres hombres que toman las armas en marzo de 1858 para denunciar el derrocamiento del presidente José Tadeo Monagas,

t. DCXXXIII, fol. 232-562 y «Continuación del expediente relativo a la facción de la Sierra. Facción aparecida en Guambra relacionada con la de la Sierra. Muerte de Agachado», AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 563-660.

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clasificado como «liberal». Si nos referimos a la historiografía dedicada a la Facción de la Sierra –por cierto, bastante parcial–, disponemos de una versión «oficial» de los hechos: tres jefes seguidos por secuaces, presentados como bandidos y criminales que se habrían movilizado durante cerca de 18 meses, solos contra todos para sostener un presidente destituido.3 Es muy poco lo que sabemos sobre estos tres hombres que encabezaron el levantamiento, por lo menos en relación con el momento preciso de su actuación en la Facción de la Sierra, a pesar de que dos de ellos son conocidos por sus acciones anteriores y/o posteriores, armadas y políticas. Pero, al mismo tiempo, se trata de tres hombres cuyos restos mortales fueron depositados en el Panteón nacional por decreto presidencial en 1897,4 transformando estos «horribles bandidos y jefes de hordas de criminales sanguinarios, reacios a la civilización», en héroes de la causa federal y liberal. Incluso, han sido utilizados para reforzar la visión del socialismo del siglo XXI, en el marco de la instrumentalización política del pasado realizada por el gobierno de Hugo Chávez, cuando se decidió, en 2008, «transferir» los restos de los tres jefes al Panteón y luego celebrar los 150 años de la Guerra Federal.5 Mientras todo ello ocurría, la Facción no dejaba de ser de nuevo «víctima» de un silencio histórico e historiográfico ensordecedor. Por eso, considero pertinente, debido a su carácter atípico en relación con las definiciones y esquemas frecuentemente utilizados, determinar de manera más precisa la morfología de la Facción de la Sierra, intentando al mismo tiempo contribuir a una mejor teorización del concepto de «facción».6 De hecho, en su introducción a un libro de Igna-

3. De hecho, en casi todos los libros sobre la época, encontramos el mismo tipo de indicaciones, es decir el nacimiento de la Facción de la Sierra con el nombre de sus jefes y, en la mayoría de los casos, nada más. Finalmente, los autores que permiten entender mejor los hechos son los historiadores positivistas de finales del siglo XIX: L. Level de Goda, testigo y actor liberal de los acontecimientos de 1858-1859, que publicó, en 1889, Historia contemporánea de Venezuela política y militar (1858-1886), Caracas, Imprenta Nacional, 1954, t. 1; ALVARADO, Lisandro, «Historia de la Revolución Federal en Venezuela», en Obras completas de Lisandro Alvarado, Caracas, Ministerio de Educación/Dirección de Cultura y Bellas Artes, 1956, vol. V; GUINÁN, Francisco González, Historia contemporánea de Venezuela, Caracas, Ediciones de la Presidencia de la República de Venezuela, 1954, vols. V y VI. Entre los historiadores posteriores, Robert Matthews brinda la información más fidedigna, a pesar de ser breve, sobre la Facción de la Sierra, siendo a su vez la única en mencionar los expedientes que trabajé: MATTHEWS, Robert Paul, Violencia rural en Venezuela, 1840-1858: antecedentes socioeconómicos de la Guerra Federal, Caracas, Monte Ávila, 1977. 4. Tal como lo relata Andrés Jorge Vigas en el opúsculo escrito en la ocasión de este acontecimiento: Tres próceres de la causa liberal: Generales Donato Rodríguez Silva, Zoilo Medrano y José de Jesús González, Caracas, imprenta Bolívar, 1897, p. 31. 5. Ver la lectura propuesta por uno de los historiadores de la provincia de Aragua en esta ocasión: OLDMAN BOTELLO, «Zoilo Medrano, El Agachado y Rodríguez Silva en el Panteón», . Así como el relato del acontecimiento en el sitio de noticias del gobierno: Realiza inhumación de los generales de la Federación en el Panteón Nacional, Agencia Bolivariana de Noticias (ABN), . 07/09/08 . 6. Sobre las especificidades del concepto para Venezuela, ver mi artículo: «Partido-facción en Venezuela, 1770-1870», en Javier Fernández Sebastián (dir), Diccionario político y social del mundo hispanoamericano. Conceptos fundamentales, 1770-1870, Iberconceptos II, t. 7 Partido, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Universidad del País Vasco, 2014, pp. 203-216.

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cio Zubizarreta, Hilda Sábato considera como uno de los aportes principales de dicha obra, el haber contribuido a dar sentido al término «facción» y su derivado «faccioso». Es decir, uno de los conceptos más utilizado para caracterizar a las «agrupaciones políticas del siglo XIX en América latina», pero «poco teorizado», como si su «uso bastaba para dar cuenta de una forma de funcionamiento político».7 Sabato también destaca que ese término se usaba en la época para hacer referencia a una actitud que se consideraba condenable, es decir, la propensión a la división política. Razón por la cual durante gran parte del siglo XIX «facción» fue sinónimo de otro concepto denostado, «partido», teniendo presente que en la cultura política heredada del antiguo régimen, donde la unanimidad constituía el horizonte de expectativa, cualquier amenaza a la unidad del cuerpo político y al orden público era condenable y condenada. Por ese motivo, los partidos y facciones estaban en el centro de la reprobación política y pública.8 En esta perspectiva, la Facción de la Sierra puede ser considera atípica porque, aunque constituida por miembros del Partido liberal fundado en 1840 por Antonio Leocadio Guzmán –cuya actividad contribuyó a una cierta politización de las zonas rurales–,9 dichos integrantes no estaban vinculados a este partido. Tampoco su accionar estaba dirigido a oponerse a otro grupo similar, característica muy común de estas formas de movilización. Además, se encontraba constantemente armada y eso no ocurría habitualmente con las típicas facciones, aunque estas últimas estuviesen en conflicto latente.10 7. SABATO, Hilda, «Prólogo», en ZUBIZARRETA, Ignacio, Los unitarios: faccionalismo, prácticas, construcción identitaria y vínculos de una agrupación política decimonónica, 1820-1852, Stuttgart, Akademischer Verlag Stuttgart, 2012, p. 9-10. 8. Ver sobre este aspecto la síntesis propuesta por ALJOVÍN, J. y LOAYZA PÉREZ, A. «Entre la unidad y la pluralidad. Partido-facción en Iberoamérica, 1770-1870», en FERNANDEZ SEBASTIÁN, Javier (dir), Diccionario político y social del mundo hispanoamericano. Conceptos fundamentales, 1770-1870, Iberconceptos II, t. 7 Partido, cit., pp. 15-40. 9. Como se lo puede percibir durante las revueltas de 1846 que se desarrollaron en las mismas provincias donde actuó la Facción de la Sierra y en las cuales encontramos actores que integrarán luego dicha Facción. Sobre estas revueltas ver el libro ya mencionado de Robert Matthews así como, a pesar del carácter a veces anacrónico de su análisis, BRITO FIGUEROA, Federico, Tiempo de Ezequiel Zamora, Caracas, UCV, 1981. 10. De hecho, frecuentemente son otros los términos que se encuentran para denominar este tipo de movilización armada. Entre los numerosos estudios que se pueden mencionar, los más significativos, incluso por su título y las preguntas que contienen en relación a la denominación que se debe adoptar para calificar a esos grupos/movimientos, jamás emplean el término «facción»: AGUIRRE C.; WALKER, C. (ed.), Bandoleros, abigeos y montoneros. Criminalidad y violencia en el Perú, siglos 18-20, Lima, Instituto de Apoyo Agrario, 1990; FRADKIN, R., «¿“Facinerosos” contra “cajetillas”? La conflictividad social rural en Buenos Aires durante la década de 1820 y la montoneras federales», Illes i Imperis 5, 2001, pp. 5-33; ORTÍZ MESA, L. J., Fusiles y plegarias. Guerra de guerrillas en Cundinamarca, Boyacá y Santander, 1876-1877, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 2004; RANGEL, J. A., «“Unos hombres tan embrutecidos”. Insurgencia, alternativas políticas y revuelta social en la Huasteca potosina, 1810-1813», en RANGEL, J. A. y RUÍZ MEDRANO, C. R. (coords.), Discursos públicos, negociaciones y estrategias de lucha colectiva. Aportaciones al estudio de las movilizaciones sociales en México, siglos XVIII y XIX, México, El Colegio de San Luis-AHESLP, 2006, pp. 47-80; GUARDINO, P., El tiempo de la libertad: la cultura política popular en Oaxaca, 1750-1850, Oaxaca, Universidad Autónoma Benito Juárez/Congreso del Estado de Oaxaca, México, UAM, 2009; ESCOBAR OHMSTEDE, A., «Violencia social en la primera mitad del siglo XIX mexicano: el caso de las Huastecas», Revista de Indias, Vol 69, No 246 (2009), pp. 73-100; FONSECA ARIZA, J., «¿Bandoleros o patriotas? Las guerrillas y la dinámica popular en la independencia del Perú», Histórica XXXIV.1 (2010), pp. 105-128.

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Temporaria e inestable, la Facción de la Sierra existiría únicamente gracias al conflicto y la coacción. En efecto, las modalidades de reclutamiento se caracterizan por la movilización más o menos violenta, de las redes de solidaridad y dependencia locales, más allá del núcleo duro, haciendo referencia a lógicas de movilización que se apoyan sobre la pertenencia a una clientela (alrededor de un propietario de hacienda, por ejemplo) o a redes fundadas sobre la parentela o la amistad. Pero, si la Facción de la Sierra es, en primer lugar, una facción armada, desconectada del partido del cual se reclama parte, revela una conflictividad latente en esta zona acostumbrada a movilizaciones importantes, razón por la cual se parece a otro tipo de facciones no necesariamente armadas, que actuaron en la misma época pero en otros lugares y que favorecieron la infiltración de lo político en la disputa y el conflicto.11 Motivo por la cual, cuando se examinan minuciosamente los archivos, se advierte que contribuyó a una politización de lo social y de los actores que la constituían –de manera más o menos voluntaria–, y a una socialización de las ideas políticas. De hecho, la realidad difiere sobremanera de lo que indica la clásica historiografía. Las fuentes nos revelan otra cronología y la intervención de una multiplicidad de actores (más de mil, en ciertos momentos). Dichas fuentes también arrojan un perfil social del común de sus integrantes también del todo diferente del de los jefes, que eran notables locales, propietarios de tierra, integrantes del partido liberal y disponían de un círculo de cabecillas, entre los cuales algunos ocuparon funciones políticas a nivel local –como liberales– durante la década de 1840. Por esa razón, decidí considerar cada una de las trayectorias que encontré en los archivos vinculados a la Facción, incluso las más fugaces.12 Es una elección asumida que no consiste en acumular las «pruebas», sino en sacar a la luz las diferentes huellas de estas trayectorias posibles y las maneras muy diferentes de revivirlas y enunciarlas.

Los actores de la Facción de la Sierra Alrededor del núcleo duro constituido por los tres jefes de la facción encontramos un primer círculo constituido por los cabecillas, entre los cuales identifiqué a 37. El segundo círculo se compone de los «facciosos ordinarios», esa miríada de individuos, hombres y mujeres que, de una manera u otra, permitieron la existencia de la Facción. Conseguí identificar a 655 personas. Tomando en cuenta el momento de mayor desarrollo de la agrupación, participaron en ella más de 1000 hombres, entre marzo y julio de 1858. Pero, entre este vasto universo de personas, sólo disponemos de datos precisos sobre 29. El perfil predominante es el de individuos de 35 años, con mayoría de hombres (las mujeres representan solo el 5 % del total). Al nivel profesional, para los 26 cuya actividad

11. Ver sobre esta noción PLOUX, François, «Luttes de factions à la campagne. L’exemple du Lot au siècle», Histoire & Société Rurales, vol. 22, 2004/2, pp. 103-134. 12. Este enfoque se puede seguir de forma más profunda en La Faction de la Sierra, Un apprentissage du politique entre engagement et contrainte. Venezuela, 1858-1859, cit.

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es conocida, 11 son labradores, 7 jornaleros, dos criadores, dos arrieros, un aserrador, un platero, un agricultor y una mujer cuyo oficio es «elaborar y vender conserva».13 Todos oficios muy vinculados al mundo rural y que se corresponden a un espectro social relativamente restringido. De hecho, los labradores hacían parte del grupo de campesinos propietarios que se dedicaban a la cosecha en escala reducida, haciendo parte –como lo señala Garavaglia para el Río de la Plata– de los «pequeños productores independientes»14 que constituían «el último escalón de la vida campesina» pues no poseían «nada sino los brazos del grupo doméstico y, llegado el caso una par de vacas y algunos aperos agrícolas».15 Además, en Venezuela, esta categoría era frecuentemente utilizada por deseo de distinción social, precisamente para diferenciarse del peón asalariado. La mayoría de esos hombres estaban casados (11 sobre 12 cuyo estado civil se menciona). En general, poseían un nivel de instrucción muy elemental: dos sobre 21 sabían leer y escribir; 10 ni siquiera firmaban. Situación que se corresponde, claramente, al nivel de instrucción general del país en el periodo en cuestión.16 Son significativas otras características para entender las modalidades de reclutamiento y las lógicas de compromisos tanto individuales como colectivas. Por ejemplo, encontré muchos casos de filiación entre los facciosos, en el sentido que existen pequeños grupos familiares que entraron colectivamente a conformar la Facción.

Dinámicas de movilización y lógicas de socialización de lo político Para comprender las dinámicas de movilización el ejercicio se revela complejo debido a las fuentes utilizadas y a la ausencia de interrogatorios de los tres jefes, así como a la escasez de testimonios directos, a excepción de una carta de Donato Rodríguez. Pero también, a la visión partidaria de las autoridades que postularon de inmediato el carácter no político de la Facción, cuyo móvil, para ellas, sería únicamente «criminal». No pretendían aceptarla como adversario político sino como enemigo social. Pretendían, por ello, ridiculizarla, como se observa en el ejemplo del comandante de uno de los escuadrones de la provincia de El Guárico: El carácter conocido de los directores, lo insignificante de la partida y otras circunstancias relacionadas con aquellos y esta, me hacen presumir que son mas renuentes que partidarios, y que huyen mas por no servir que por sostenerse y sostener a nadie.17

13. Jefatura política del Cantón. Interrogatorio de María Germana, Pau, 19 de julio de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 441v-442. En todas las citas conservé la ortografía original. 14. GARAVAGLIA, J. C., Les hommes de la pampa. Une histoire agraire de la campagne de Buenos Aires (1700-1800), Paris, Editions de l’EHESS/MSH, 2000, pp. 339-344 y pp. 376-382. 15. Ibídem p. 376-377. 16. Ver los comentarios de Francisco González Guinán, Historia contemporánea de Venezuela, cit., vol. V, p. 150. 17. Pedro Rodríguez, comandante del 1er escuadrón del Guayabal. Al Gobierno Superior Político de la

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Además, las autoridades estaban convencidas de que los jefes no podían siquiera «alimentar» sus fuerzas sino por reclutamientos forzosos. El General en Jefe de las operaciones en la zona de San Francisco de Tiznados lo recuerda con insistencia a las autoridades centrales. En agosto de 1858, mientras intentaba establecer un balance de la «derrota» de los facciosos durante la gran ofensiva del mes precedente, aseguraba: Su Señoria el Gral Jefe de operaciones me encarga someter a Us un asunto que en el concepto de SSa exige detenimiento. Como sabe ese EMG la faccion de la Sierra llegó a contar mas de mil hombres de los cuales, la mayor parte eran arrastradas por la fuerza.18

De hecho, es preciso preguntarse: ¿cómo las numerosas partidas que la componían, que se hacían y deshacían según las necesidades y relaciones de fuerza, consiguieron alcanzar cifras preponderantes de participantes? Para encontrar la respuesta, habría que considerar que eran numerosas y diferenciadas las modalidades de «entrada» a la Facción. Desde los reclutamientos forzosos hasta compromisos más efectivos, pasando por estrategias de movilización individual y colectiva a iniciativas de los cabecillas y facciosos principales, indisociables de la sociedad de inter-conocimiento que caracteriza a estas comunidades rurales de la Sierra.

Las formas abigarradas del reclutamiento En su mayoría, las personas interrogadas en razón de su supuesta participación en la Facción, reconocen, de forma más o menos clara, que el móvil al origen de su formación es «la defensa de Monagas» o de «los Monagas», en sostén «a sus principios», sin que estos valores hayan sido explicitados. Pero también, para defender la «libertad», frecuentemente en referencia implícita a la abolición de la esclavitud decretada en 1854 por José Gregorio Monagas, hermano de José Tadeo y presidente de la República entre 1851 y 1855. Ante la pregunta «¿A quien victoreaban los facciosos?», un hombre responde: «a los Monagas i a Guzman»,19 sin más detalles. Para el último caso, hacía referencia a Antonio Leocadio Guzmán, fundador del partido liberal en 1840 y acusado de contribuir, con su prensa, a la agitación del mundo rural durante esa misma década. En cuanto a los instigadores de la Facción, su silencio en relación al móvil es casi total, ya que, de manera sugestiva, ninguno de ellos fue objeto de un interrogatorio. Lo que sabemos en relación con el origen de su levantamiento en armas se encuentra entre las líneas de los estudios sobre el período y en algunas memorias, pero allí también de manera alusiva y con errores que se repiten de libro en libro.

Provincia del Guárico, Calabozo, 18 de abril de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 309309v. En todas las citas respecté la ortografía original. 18. Al Sr Coronel Jefe del EMG del Ejercito Libertador, San Francisco de Tiznados, 25 de agosto de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 358. 19. Jefatura política del Cantón, el Pao, 23 de julio de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 387.

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Pero volvamos al centro de nuestra propuesta, es decir, las modalidades y razones de la movilización en sostén a la Facción de la Sierra y sus tres jefes. El postulado de las autoridades, coherente con su «visión» de la Facción, es que ésta no puede existir sino gracias a alistamientos masivos y forzosos. El Estado Mayor de la provincia de Calabozo puede afirmar en este sentido, a finales de marzo de 1858, «que no es posible que esa faccion dura muchos dias estando como estan mal armados y siendo desafectos mayor parte de los hombres que por la fuerza acompañan a los facciosos».20 Del mismo modo, después de la gran ofensiva de las fuerzas gubernamentales, en julio, el General en Jefe de la zona de San Francisco de Tiznados, relatando la derrota de los facciosos, afirma: «la faccion de la Sierra llegó a contar mas de mil hombres de los cuales, la mayor parte eran arrastradas por la fuerza».21 No se puede negar que, en la mayoría de los casos, los interrogados hablan de alistamientos «forzados» o, por lo menos de «compromisos involuntarios» tal como lo afirma el Jefe del Estado Mayor que actuaba en las provincias de Aragua, Guárico y Apure en mayo de 1858, al observar ciertos grupos que pertenecían a la Facción.22 El juez de paz de la parroquia de San Francisco de Cara señala al Jefe Político de su provincia que el faccioso Pablo Mota llegó a Santa Ana, «con una partida de tropa de infanteria, reclutando hombres de grado o por fuerza, y que despues de haberse llevado algunos amarrados, tomo hacia Santa Elena, propagando la voz de que en la siguiente noche asaltaria la parroquia indicada».23 Sin embargo, existe un fuerte contraste entre, por una parte, el móvil que se les atribuye (muy poco político), la imagen que se les otorga (bandidos y forajidos), el carácter supuestamente forzoso del reclutamiento de sus miembros y, por otra, la importancia numérica y la duración de la Facción así como la dificultad en destruirla. Por ese motivo, es pertinente interesarse en las modalidades que vertebran su existencia, más allá de las representaciones de las autoridades.

Alistamientos impuestos y compromisos forzados: los facciosos tienen la palabra ¿Cómo actuaron los facciosos, concretamente, para alcanzar su fin? Intentar develar los hilos de las diferentes formas de alistamientos no es cosa simple, pues parece fragmentaria la información entregada por los interrogados en la medida en que al afirmar que habían sido alistados por la fuerza podía permitirles escapar a la justicia. Efectivamente,

20. Estado Mayor Divisionario. Al Sr Jefe de Estado mayor Telesoro Ledesma, Calabozo, 26 de marzo de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 551v. 21. Al Sr Coronel Jefe del EMG del Ejercito Libertador, San Francisco de Tiznados, 25 de agosto de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 358. 22. EM de la División de operaciones de las provincias de Aragua, Guárico y Apure. Al Señor Coronel Jefe de EM Gral. del Ejército Libertador, San Francisco de Tiznados, 13 de mayo de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 487. 23. Gobierno superior político de la Provincia. Al Secretario de E en los DD del Interior y Justicia, La Victoria, 28 de agosto de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 398.

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que este alistamiento haya sido forzado, voluntario, debido al azar, que obedeciera a una lógica clientelista o que haya sido facilitado por vínculos de parentela, las «motivaciones» están, en la mayoría de los casos, enunciadas bajo otra forma de coacción, es decir, durante un interrogatorio y más raramente, en ocasión de una deposición o queja a un representante legal. Ahora bien, sabemos hoy en día cuales son las precauciones que el historiador debe observar cuando hace uso de los archivos judiciales para captar la palabra (voz) de los que dejaron pocos rastros.24 En los interrogatorios, las preguntas relativas al compromiso de los involucrados con la Facción están estratégicamente dirigidas en su contenido y formulación. En efecto, en la mayoría de los casos se presentan bajo la fórmula siguiente: «¿Fué U invitado o se presentó voluntario al servicio de la faccion?»;25 «Diga Ud: Que motivos tuvo Ud para irse a la faccion de Agachado? i quien lo sedujo?».26 Las desventuras padecidas por Paulino Barrios permiten entender lo que muchas personas experimentaron. Originario de El Pao, este labrador de unos treinta años, casado, cuenta que caminando solo para visitar a un amigo suyo, a finales de junio de 1858, «se encontró con una partida de cinco hombres mandados por uno que se titulaba Capitan López, i le dijeron que les acompañase, i negándose a ello le obligaron, pues andaban armados, i tuvo que seguirlos, i lo condujeron a la casa de Simon Breto», considerado este último como uno de los «capitanes» de la Facción. En esa casa había «una gran reunion de facciosos, que decian los capitaneaba el mismo Simon Breto, y pertenecia a la faccion de Medrano: que después de haber comido todos en la casa de Breto, marcharon como a las doce de la noche para Potrerito, casa de Dionisio Lovero, en la jurisdiccion de

24. La bibliografía europea (italiana y francesa en particular) es muy importante sobre el tema, incluso sobre la dimensión epistemológica que plantea, desde los trabajos de LE ROY LADURIE, E., Montaillou, village occitan de 1294 à 1324, Paris, Gallimard, 1975; de la microhistoria italiana con los trabajos de Giovanni Levi y Carlo Ginzburg, hasta los estudios sobre Francia de Frédéric Chauvaud, entre ellos su artículo programático titulado, «La parole captive. L’interrogatoire judiciaire au XIXe siècle», Histoire et archives, n.º 1, janvier-juin 1997, Paris, Champion, 1997, pp. 33-60. En América latina existen varios estudios que también plantean correctamente los problemas así como las posibilidades que ofrecen este tipo de fuentes, en particular para el estudio de lo que se denomina hoy en día los «subalternos». Ver en particular el artículo de GALLUCCI, L., «Las fuentes judiciales y el estudio de los sectores subalternos. Desafíos y posibilidades de su relación en la investigación historiográfica», Revista Electrónica de Fuentes y Archivos, núm. 1, 2010; y también: DURÁN, C., «Apuntes sobre la fuente judicial como recurso para la investigación social», Sociohistórica, núm. 6, 1999, pp. 233-241. Para el caso venezolano remito, además de mi libro sobre la Facción ya mencionado, en particular al capítulo 5 «La parole est aux factieux», pp. 301-398, también a mis trabajos sobre las causas de infidencia del periodo de la guerra de independencia: «Alteridad e historia en la guerra civil venezolana a través de las prácticas musicales y de la canción patriótica (1812-1823)», en BORRAS, G. (comp.), Músicas, sociedades y relaciones de poder en América latina, Universidad de Guadalajara, 2ème semestre 2000, pp. 183-203; «La participación popular en la guerra de independencia en Venezuela: la otra cara de la guerra civil (1812-1818)», en CARDOZO GALUE, G. y URDANETA QUINTERO, A., (comp.), Colectivos sociales y participación en la independencia hispanoamericana. Universidad de Zulia, Maracaibo, 2005, pp. 211-226. 25. Interrogatorio José Jesús Figuero. Comandancia militar de las operaciones de Tiznados, San Francisco, 12 de agosto de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 416. 26. Interrogatorio de Maximiano Díaz. Gobierno de Carabobo, Valencia, 25 de agosto de 1858. AGN/ Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 446.

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Tiznados, en cuyo punto encontraron a Medrano i a Jesús Agachado».27 Finalmente Barrios consiguió «desertar» con otro hombre mientras Medrano y El Agachado «esperaban diferentes partidas que andaban recolectando hombres, i toda clase de armas, que encontrasen». Esta última información brinda datos complementarios relativos a las prácticas de reclutamiento de los facciosos. A su vez, la presencia de «una gran reunión de facciosos» en la casa de Breto permite afirmar que no necesariamente todos ingresaban en la Facción de manera forzada. En muchos casos las personas cuentan que es «en el camino», en ocasión de la visita a un amigo o pariente, o en el marco de su actividad profesional que se «cruzaron» con los facciosos y tuvieron que «seguirlos». En ciertas ocasiones, este reclutamiento forzado se produce durante un desplazamiento sobre unos de los numerosos ríos de la zona, a ejemplo de Eugenio Gonzales, quien «fué cogido en una lancha en donde venia para el Pao» e incorporado a la fuerza de Agachado, antes de desertar.28 Podía también ocurrir que los hombres fuesen directamente reclutados en su domicilio, como decían temerlo los vecinos de Tacasuruma en la provincia de Carabobo29 y tal como le sucedió a José Jesús Figueroa, encarcelado «porque anduvo con Agachado y Zoilo diez y ocho dias». Cuando se le preguntó: «¿Fué U invitado o se presentó voluntario al servicio de la faccion?», respondió: «Julian Bolivar que mandaba una partida lo cogió en su casa y lo llevó a la faccion».30 Esta «invitación» podía también producirse mientras la persona se encontraba desempeñando una actividad cotidiana como lo revela el testimonio de Ynoncencio Granadillo. Este hombre, encontrado herido en la entrada de una hacienda en la parroquia de Güigüe: estando el martes veinte de los corrientes como a las tres de la tarde en su casa rayando una poca [sic] de yuca: llego Gregorio Brea, que se denominaba Teniente con una porcion de hombres armados intimandole que marchara con ellos a Pacaragua para reunirse alli con otra partida de jente para seguir luego a Guigue (…)31

Los reclutamientos colectivos eran igualmente muy frecuentes y numerosos, tanto como las partidas que recorrían la Sierra «recolectando hombres». Podían tratarse de grupos de individuos sorprendidos en camino, pero también en una taberna o en las haciendas; o de personas reclutadas por partidas de facciosos llegando a un pueblo, tal

27. Jefatura Política del Cantón Pao, El Pao, 1er de julio de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 347. 28. Interrogatorio de Eugenio Gonzales. Comandancia de Armas de la Plaza, Puerto Cabello, 25 de julio de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 389v-390. 29. El Señor Comandante Jefe de Operaciones de La Sierra José Ceferino Ávila. Al Gobierno Superior Político de la Provincia de Carabobo (Carlos P. Calvo hijo), Valencia 28 de abril de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 315v. 30. Interrogatorio de José Jesús Figueroa. Comandancia militar de las operaciones de Tiznados, San Francisco de Tiznados, 17 de agosto de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 416. 31. Interrogatorio de Ynocencio Granadillo. Parroquia de Güigüe, Güigüe, 26 de julio de 1858. AGN/ Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 393.

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como sucedió en varias ocasiones. Un tal Luis Cabeza cuenta al juez de paz lo que ocurrió en la comunidad de Santa Ana: (…) viniendo de transito del Canton Sombrero, para esta parroquia al pasar por el vecindario de Sta Ana de esta propia jurisdiccion como a las diez de la mañana de este dia, fue informado por los vecinos de dicho citio, a saber Rafael Frutu, Bartolo Ochoa y varias mugeres de que anoche como a las nueve o diez entró en aquel vecindario Pablo Mota del vecindario de Parapara, con una partida de tropa de infanteria cuyo nº ignora el esponente cual sea, reclutando hombres de grado o por fuerza y llevandose entre los que recojieron a Eduardo Mota, amarrado, tomando el rumbo hacia Sta Elena, propagaban la vos de que en esta noche debian asaltar a esta parroquia.32

Pero estos alistamientos forzados se desenvuelven también en otros «lugares». Es así como José Antonio Ystillarte, dueño de la posesión de Cachicamo, cuenta a Pero Abreu, Jefe Político del Cantón Cura, que debió ocultarse «por haberse presentado una partida de seis hombres» con el objeto de «llevar los hombres que había en el vecindario».33 A inicios de julio de 1859, el proceder de los facciosos resultó inhabitual si nos referimos al testimonio de Clodomiro Rodríguez, administrador de una hacienda en la provincia de Carabobo, en la cual una partida de facciosos entró «recolectando hombres y todo jénero de elementos de guerra» y después se «dirijieron hacia Pirapira, casa del Comisario Fernando Rojas, con el objeto de quitarle una poca de jente que habia reclutado para el Gobierno».34 En estos casos, las haciendas eran el blanco privilegiado de lo que podríamos considerar como verdaderos saqueos. Es por esta razón que Clemente Morloi, «vecino de Tocuyito, mayor de veinticinco años, agricultor», en la hacienda de San Pablo, se presentó en la oficina del Gobernador de la provincia de Carabobo para denunciar lo que ocurrió por la noche en la hacienda: (…) una partida de hombres armados de trabuco, lanza i fusil, capitaneada por Carlos Olivéros (…) se apoderaron de todas las monturas, bestias i armas que habia, llevandose algunos peones i cinco familia; i que ayer por la mañana se aparecio a la misma hacienda otra partida capitaneada por un hijo de Juan Alvarez cuyo nombre ignora: que se llevaron todos los peones i algunos pocos elementos de guerra que habian quedado.35

En general, se relatan estos acontecimientos de forma neutra, sin ningún afecto, poniendo en un mismo plano armas, animales e individuos, como si estos últimos fuesen fi-

32. EMD sobre la sierra, La Victoria, 31 de agosto de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 375-375v. 33. Gobierno Superior Político de la provincia de Aragua. Al Señor Secretario de E en los DD del Interior y Justicia, La Victoria, 30 de diciembre de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 612v-613. 34. Denuncia de Clodomiro Rodríguez. Gobierno de Carabobo, Valencia, 3 de julio de 1859. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 656. 35. Gobierno de Carabobo, Valencia, 7 de julio de 1859. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 655.

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nalmente una parte del botín; incluso habiendo existido actos de violencia en contra de estas personas, tal como se observa en varios de los relatos de los testigos o víctimas. Ciertos huían, muchos lograban esconderse, mientras otros desertaban de la Facción desde que les era posible. Estas deserciones eran numerosas, aunque, muchas veces, la lectura atenta de los interrogatorios permite pensar que esta información les servía a los implicados también para disculparse de toda participación activa y por ende, voluntaria. En la mayoría de los casos, los hombres desertaban solos. En otros y de manera más excepcional, en grupo, como se produjo al inicio de la formación de la Facción cuando dos grupos diferentes desertaron presentándose luego a los autoridades militares de la Sierra.36 Sin embargo, a partir de finales de 1858, cuando la Facción parecía vivir sus últimas horas, se multiplicaron las desbandadas. Es por lo menos lo que observa el gobernador de la provincia del Guárico, Pedro Sanojo: «Tengo la satisfaccion de participar a Us que con exepcion de la faccion de la Sierra, que aun persiste, sin embargo de la desercion espantosa que sufre en la actualidad, el resto de la provincia permanece en paz (…).»37 Como ya pudimos observar, estos alistamientos forzados se acompañan a veces de violencia o humillaciones, incluso de amenazas de muerte en ciertos casos. Es la triste experiencia que tuvo que vivir Rito Flores, en mayo de 1858, capturado mientras caminaba «en las cañadas de las palmitas y Apamates», «engañado» por los facciosos que «lo amenazaron de muerte».38 Le ocurrió otro tanto a Florencio Mendoza. Saliendo de la casa de un vecino, encontró «una partida de Agachado», compuesta de cuatro hombres «y le obligaron a que les siguiera, amenazandole con que si no lo hacia le matarian; en cuya virtud los siguio y continuaron reuniendose con diferentes partidas de ellos hasta que formaron un grupo de hombres de como de trescientos, poco mas o menos y marcharon para San Francisco de Tiznados (…)».39 Por la tarde del 26 de julio llegaba frente al juez de paz de Magdaleno, un cierto Jesús Bernal «todo atropellado». En el relato de sus malaventuras nos cuenta: «en el camino del rio a un cuarto de legua de la poblacion (…) yendo para su conuco encontro en el camino una partida de hombres armados y lo cojieron y lo maltrataron y a fortuno pudo escaparse pues lo iban a matar».40 Estás lógicas de reclutamiento se articulan con las características de esas sociedades rurales de la zona de Sierra.

36. Comandancia de la columna de la Sierra de Aragua. Al Señor General Nicolás Silva, Jefe de operaciones de Apure, Guárico i Aragua, Ollita, 21 de abril de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 520. 37. Gobierno Superior Político de la provincia del Guárico. Al Señor Secretario de E en los DD del Interior y Justicia, Calabozo, 17 de enero de 1859. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 637. 38. El Jefe Político de San Sebastián (Rafael María Peña) al Jefe Político del Cantón, Ortiz (A. Ramos), San Sebastián, 27 de mayo de 1858, en Gobierno Superior Político de la Provincia del Guárico (P. Bermúdez). Al Secretario de Estado de los Departamentos del Interior y Justicia, Calabozo, 29 de mayo de 1858. AGN/ Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 326-326v. 39. Jefatura política del Cantón. Interrogatorio de Florencio Mendoza, Pao, 23 de julio de 1858. AGN/ Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 386. 40. Comandancia de Armas de la provincia. Al Sr EM Gral. del Ejercito Libertador, La Victoria, 27 de julio de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 436.

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Una sociedad de inter-conocimiento Las experiencias relatadas al detalle arriba muestran un compromiso que se sitúa a mitad de camino entre la coacción y el compromiso voluntario. Existía un compromiso de lealtad hacia el dueño de la hacienda, su clan familiar o a sus compañeros de armas. De hecho, hay que señalar que entre los actores colectivos que identifiqué, algunos corresponden a «clanes» familiares cuyos miembros actuaban «alrededor» de la Facción, particularmente de sus jefes. En este sentido, en mayo de 1858, ciertos individuos afirman que Medrano, uno de los tres jefes, «existia en la Sierra, sin tener residencia fija, acompañado de un hijo, un cuñado, un hermano etc. etc. Toda jente de su mayor confianza e interezada en su conservacion, i en numero de trece».41 El «etc. etc.» es muy sugestivo y refiere a los vínculos que, como una tela de araña, tejen una red de protección, en gran parte familiar, alrededor del jefe faccioso. En otra fuente se menciona un lugar en el cual Medrano tenía la costumbre de ocultarse, «Boca de Perreal», donde vivía «un tío de Medrano».42 En enero de 1859, en la zona de Mapire, Medrano era visto con «veinte hombres poco mas o menos», entre los cuales aparece un tal «Felix Medrano»,43 sobre el cual no tenemos información. En esta zona de Mapire residía una persona que tuvo un papel estratégico para la Facción y en la protección de sus jefes, pues como lo afirma el Comandante Ortega, mientras Medrano intentaba beneficiarse del indulto que se le ofreció: «(…) en [este] lugar son protegidos por las personas de Trinidad Gamarra, Fermin Sarmiento, José Almerida y unos tales Sojitos (…).»44 Ahora bien, entre estos protectores, hay uno que pertenece al círculo próximo de Medrano, que se revela fundamental para entender el porqué de la reaparición de la facción en esta región. El Comandante Facundo Camero informó al jefe de las operaciones en la Sierra que un tal Yldefonso Solorzano, interrogado el 24 de enero por segunda vez, afirmaba que se había separado de la Facción mientras se encontraba en el paso real y que «contaba veinte hombres poco mas o menos que fueron auxiliados por la madrina de Zoilo Medrano en Mapire».45 Esta madrina les ofreció asilo pero también les entregó información sobre la localización de las fuerzas gubernamentales. Lamentablemente, no disponemos de otros datos sobre dicha madrina, que podría tratarse de Trinidad Game-

41. EM de la División de operaciones de las provincias de Aragua, Guárico y Apure. Al Señor Coronel Jefe de EM Gral. del Ejército Libertador, San Francisco de Tiznados, 13 de mayo de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 487-487v. 42. EMG de la jefatura de la provincia de Aragua al Sr Comandante Jefe de EM General del Ejercito Libertador, Maracay, 3 de agosto de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 318. Es subrayado es mío. 43. Gobierno Superior Político de la provincia de Aragua. Al Señor Secretario de E en los DD del Interior y Justicia, La Victoria, 29 de enero de 1859. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 641-641v. 44. EMG de operaciones sobre la Sierra, San Francisco de Tiznados, 3 de octubre de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 243-243v. 45. Gobierno Superior Político de la provincia de Aragua. Al Señor Secretario de E en los DD del Interior y Justicia, La Victoria, 29 de enero de 1859. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 641-641v. El subrayado es mío.

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rra, mencionada a finales de septiembre por el comandante Ortega.46 A pesar de la incertidumbre en relación con su identidad, su actuación testimonia la importancia de esos lazos de parentela para la supervivencia de la Facción y la capacidad de estos grupos armados de resistir a las fuerzas gubernamentales. En cuanto a los dos otros jefes, parecen menos acompañados a nivel familiar, pues la única mención de la cual disponemos se refiere a Donato Rodríguez Silva y nos entrega poca información al respecto: a semejanza de Medrano, sostiene relaciones de «parentes y amigos» con los «vecinos de su hato a Güesipo».47 Esta observación nos conduce a formular una hipótesis: la existencia de fuertes vínculos de parentela en el caso de Medrano quizás permitiría comprender que es el único en «hacer» carrera después de la Guerra Federal. Sin embargo, este tipo de red no puede, en sí mismo, explicar la fuerza y perduración de la Facción. Se articula con redes de clientela, a la par de complicidades locales. Los vínculos que los facciosos mantuvieron (los jefes de la Facción en particular) con las personas que moraban en sus tierras lo ilustra muy bien. El informe del Comandante en armas de la provincia de Aragua –de junio de 1858– permite entender este fenómeno de manera muy clara. En éste, se denuncian los vínculos de Medrano con sus «parientes» en el vecindario de San Antonio y de la Platilla, pero se informa también que Donato Rodríguez estaba oculto en su hato en Güesipo donde «sus vecinos están en un todo obligados con él, obedecen a su voz, y se juntan, dispersan y le avisan cuanto ven».48 Esta doble situación le forzaría a pedir que se tomaran medidas y que las autoridades fuesen muy vigilantes. El gobernador de la provincia de Aragua responde de la manera siguiente: Oportunadamente daré cuento a US del resultado de las medidas que, en nota de 28 de Junio último, seccion 2.ª, núm. 98, me ordena US hacer poner en práctica respecto de los vecinos de San Antonio y La Platilla, a fin de retraerles de seguir dispensando al faccioso Zoilo Medrano la proteccion que se asegura halla en ellos. De la misma manera se precederá por lo que hace al vecindario de Güesipo, que observa la misma conducta hacia Donato Rodriguez.49

Observamos en estos casos la reacción de los cómplices que mantenían «relaciones» con Medrano, pero también la impunidad de la cual gozaban. A pesar de obrar en un gran espacio geográfico, la Facción interactuaba de manera clara en un universo humano muy restringido de inter-conocimiento dentro de la Facción misma y con las poblaciones circundantes, pero también, aunque en menor medida, con las autoridades administrati-

46. EMG de operaciones sobre la Sierra, San Francisco de Tiznados, 3 de octubre de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 243v. 47. Secretaria del Interior. Resuelto. Digase a los Gobernadores de Aragua, Guárico y Carabobo, Caracas, 28 de junio de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 335. 48. Secretaria de Estado en los DD de Guerra y Marina, Comandante de armas de la provincia de Aragua à la Secretaria (22 de junio) que trasmite al de Interior y Justicia, Caracas 26 de junio de 1858. AGN/CaracasInterior y Justicia, t. DCXVII, fol. 333-333v. 49. Gobierno Superior Político de la Provincia de Aragua. Al Secretario de E. en los DD del Interior y justicia, La Victoria, 1er de julio de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 337.

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vas y militares. Se puede considerar que se trata de lo que llamo una sociedad del «cara a cara» en acción. Estas relaciones de «obligados» eran acompañadas también de prácticas que tomaban la forma del don y contra don. Lo denunciaba A. Ramos, Jefe político del Cantón Ortiz, en el mes de mayo, poniendo en evidencia estas «amistades paradójicas» estudiadas por J. L. Briquet para la Córcega del siglo XIX,50 donde la violencia y la seducción constituían el basamento de las relaciones de clientelas, indispensables para la supervivencia de la Facción. Ramos apoyaba su denuncia en una misiva recibida de su homologo de San Sebastián en la cual, después del interrogatorio de un sospechoso que entregó una lista de integrantes de la Facción, decía estar convencido del peligro representado por la misma y de su capacidad de hacer «demas procélitos». En respuesta, Ramos afirmaba, entregando datos importantes sobre estos mecanismos, que debido: [a la] localidad en que esa horda de bandidos tiene algun poder, ya por el elemento terror que en los dias felices para ellos pudieron infundir; ya por las prestaciones generosas con que afianzaban a sus adeptos o conquistaban el afecto de aquellos que se dejan arrastrar por una miserable dávida (don), es indudable que por uno u otro motivo los famosos Rodriguez y Medrano tienen un círculo (…).51

Algunos negaban haber recibido «algo» a cambio de su «compromiso», otros lo reconocían, aunque de manera casi involuntaria. Lo que se proponía a cambio del servicio dado parece a veces fútil en relación con los riesgos tomados. Sin embargo, y debido a las características de estas comunidades, esta práctica indica un vínculo donde la amenaza se hace menos «presente». Las desaventuras padecidas por Ildefonso Luna permiten captar lo que podía estar en juego para un hombre caído en la trampa de una red de inter-conocimiento. A finales de agosto, este hombre de 22 años, analfabeto y jornalero, era detenido y llevado a la cárcel sospechado de complicidad con los facciosos de la Sierra.52 El interrogatorio permite saber que vivía en Los Naranjos, donde era peón de un cierto José Rodríguez. Preguntado sobre «la persona que le endujo a tomar parte en la faccion de la Sierra», presenta un largo relato de lo ocurrido. Fue José Antonio Páez, «aserrador del Sr Leizeaga, [quien] habló al exponente para que se le uniera i marchava cerca de Agachado», después que el padre Leyzeaga le ordenara «reunir a todos los vecinos para que marchavan a aumentar la faccion». Ildefonso Luna debía moverse entre Los Naranjos y la ciudad de Pacaragua donde se encontraba El Agachado, entre otras cosas para llevar armas y municiones, pues uno de los hijos de Leyzeaga, «Ignacio, alias el Pelon», le informó que «tenia en la hacienda a disposicion de Agachado diez y seis fusiles con sus municio-

50. BRIQUET, J. L., «Des amitiés paradoxales. Echanges intéressés et morale du désintéressement dans les relations de clientèles», Politix, vol. 12, núm. 45, premier trimestre 1999, pp. 7-20. 51. Gobierno Superior Político de la Provincia del Guárico (P. Bermúdez). Al Secretario de E en lo DD del Interior y Justicia, Calabozo, 29 de mayo de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 327. El subrayado es mío. 52. Gobierno de Carabobo, Valencia, 25 de agosto de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 445-446.

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nes i cartucheras i tahalis i una carga de trabucos para mandarselo todo en el silencio de la noche».53 Ahora bien, cuando el gobernador le preguntaba si «cuando le mandó a U otra vez a Paracagua el joven Leizeaga, alias Pelon, no le dio a Us dinero u otra cosa?» contestó que sólo recibió «un pedazo de dulce i otro pedazo de tabaco».54 Esta confesión de Luna revela, de una cierta manera, el estado de precariedad de su persona, para quién los riesgos que tomó podían ser «compensados» por un don de tal naturaleza, así como el capital simbólico que podían revestir estas contrapartidas concretas. Dimensión a veces irrisoria de las motivaciones de compromiso hacia los facciosos. Sin embargo y a pesar de este repertorio de acciones de reclutamiento donde el carácter voluntario es a veces muy difícil de discernir, se revelan, como veremos a continuación, formas más evidentes de compromiso.

Cuando el compromiso se hace más palpable Es de manera indirecta que conseguimos disponer indicios de una cierta forma de compromiso más decidido. Nos enteramos de ellos por datos sobre la postura adoptada por un sospecho o a posteriori, cuando un faccioso se manifiesta para beneficiarse de indultos, pues existen muy pocos casos de reconocimiento explicito de pertenencia a la Facción. Esa falta de reconocimiento de pertenencia faccional nos invita a indagar en su «porqué». Una de las razones para embanderarse en una facción puede estar motivada en el interés de venganza. A pesar de que el caso que hemos encontrado puede ser considerado como «extraordinario» o «atípico», no obstante da cuenta de ciertos resortes de la acción faccional. Un caso que ilustra esta posibilidad es el del comandante Linares, cuyos hijos también se incorporaron la Facción y que se tornó en enemigo implacable del gobierno después de haber servido en el rango del ejército del gobierno. Se volcó a las filas de la Facción porque su hermana había sido violada por las fuerzas gubernamentales, tal como lo revela el Cónsul de Francia en Venezuela, Léonce Levraud.55 Puede resultar también la «seducción» o la «influencia» –para retomar las palabras encontradas en las fuentes– otras tantas causas que motivan una adscripción faccional. Estas formas ponen de relieve modos de socialización de lo político muy interesantes, a pesar, una vez más, del carácter fragmentario de los datos que poseemos. Aparece una y otra vez en las fuentes que el uso de la «seducción» es obra de los Jefes. Donato Rodríguez fue visto por el juez de paz de San Francisco de Cara, a fines de julio de 1858, en su propiedad de Güesipo, comisionando a varios hombres suyos para «seducir vecinos de

53. Ibídem, fol. 445v. 54. Gobierno de Carabobo. Interrogatorio de Ildefonso Luna, Valencia, 25 de agosto de 1858. AGN/ Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 446. 55. «Carta de Levraud al Ministro Secretario de Estado del Departamento de Asuntos Extranjeros. Caracas, 23 de enero de 1859», MAE, Correspondencia política –Venezuela– vol. 13, 1859, fol. 5-6.

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aquella parroquia y la de Parapara preparando de este modo un levantamiento contra el gobierno».56 El mes siguiente se encontraba el mismo Rodríguez «por los lados de Santa Clara, seduciendo el vecindario para que se levante contra el Gobierno». En estos casos, además, el móvil político del reclutamiento no reviste dudas.57 Un cierto Domingo Galindo reconoce, durante su interrogatorio, que «lo sedujo Agachado diciendole que los Ingleses tenian todos los Puertos de Venezuela; que Rodriguez estaba en el Llano con mucha gente i que en la Sierra todos estaban por él».58 En un registro cercano a la «seducción», las autoridades temían también la «influencia» ejercida por los facciosos sobre la población, contra la cual responden con la acción de las fuerzas armadas. Para el comandante militar de la Sierra, Francisco Miguel Rojas: nada tiene que temer el Gobierno por ahora de los moradores de la Sierra; pues por medio de consejos saludables y por la explicacion de sanas doctrinas, se han persuadido de que deben favorecer la causa del Gobierno, que es su causa propia; y las penalidades y sufrimientos que han experimentado en esta vez, como una consecuencia forzosa de la activa persecucion que se les ha hecho, obraran sin duda en su animo y les serviran de experiencia para no dejarse engañar ni arrastrar por las malas influencias de los malvados que en otra ocasion han logrado desviarlos desgraciadamente de la buena senda.59

El gobierno temía la capacidad de la Facción para conseguir «demas procélitos» tal como lo aseguraba el Jefe Político de San Sebastián en mayo de 1858.60 Proselitismo que era realizado por los jefes pero también por hombres que ocupaban funciones oficiales, como lo efectuado por Marcos Castillo. Su traición es denunciada por el coronel responsable de las operaciones en los Cantones San Carlos y Tinaco en la provincia de Cara, quien acusó a Castillo, «gobernador que fué aqui de Monagas casi en todo el tiempo de su aciaga dominacion». Según la autoridad gubernamental, el líder rebelde trastornó a los vecinos de aquellos lugares y ahora «Todos ellos son enemigos del actual Gobierno y dispuestos en todas ocasiones a alzarse contra el, cuyas doctrinas les ha inculcado el Señor Marcos Castillo (…).»61 Sin embargo, la «influencia», la «seducción», así como la existencia de «prosélitos» suponen que existían dispositivos apropiados desplegados por los facciosos. A veces, en

56. Jefatura política. Al Secretario de Estado en los Departamentos del Interior y Justicia, San Sebastián, 31 de julio de1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 395. 57. EMG. Al Sr Jefe de EM Divisionario de la provincia de Aragua, La Victoria, 6 de agosto de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 331. 58. Gobierno de Carabobo. Interrogatorio de Domingo Galindo, Valencia, 27 de agosto de 1858. AGN/ Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 447-447v. 59. «Gobierno Superior Político de la Provincia de Carabobo, Valencia, 21 de mayo de 1858», El Foro, 11 de junio 1858. El subrayado es nuestro. 60. Gobierno Superior Político de la Provincia del Guárico, Calabozo, 29 de mayo de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 326. 61. Despacho, Gobierno Superior Político de la Provincia de Carabobo, Valencia, 21 de septiembre de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 430v.

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efecto, eran lanzadas auténticas llamadas públicas para reclutar individuos. Poco después de la destitución de Monagas, los vecinos de San Francisco de Tiznados denuncian en este sentido a los que «servian de corifeo a aquellos vandidos alimentandolos con su compañia i hoi con sus predicaciones, todos fuertes partidarios de la disnatia (sic) de los Monagas».62 Zoilo Medrano, Agachado y Genaro López entraron en San Francisco de Tiznados, «como a las once de la mañana» y decidieron –según María Germana Pérez, sospechada de participación activa en la Facción– «publicar un bando para que se presentasen todos a tomar las armas en defensa de su causa; cuya publicacion hizo un tal Don Camilo N., vecino del mismo pueblo». En el bando se proclamaba el restablecimiento al gobierno de José Tadeo Monagas y «perseguir cruelmente a todos los que titulan oligarcas».63 El jornalero analfabeto Francisco Borrego cuenta por su parte que los facciosos entraron en un pueblo y que uno de ellos «andaba de casa en casa con un papel que leia a todos» para explicar sus fines. En este último caso, quizás, la postura adoptada por este hombre es tanto más interesante que la práctica de la cual daba cuenta. En efecto, afirmaba que cuando se apercibió que Luis Milano, uno de las cabecillas de la Facción, era quien leía el bando, en un primer momento «no le hizo caso», pero «cuando oyo hablando a Luis Milano contra el Gobierno y a favor de Monagas se fué en el acto porque no le gusto la cosa».64 Esta confesión constituye a la vez una postura política muy clara, pero también la única que disponemos de los facciosos que fuese explicitada tan claramente.

Conclusión Llama poderosamente la atención que esta Facción y sus actores (tanto secundarios como principales) fueron, de cierta manera, silenciados por la historiografía. En efecto, a pesar de su importancia, real y simbólica, de la persecución de la cual fue objeto por las autoridades de la época y de la celebridad de sus jefes, la Facción de la Sierra ha sido casi ignorada por los estudios sobre el periodo. Ahora bien, este «silencio» nos dice mucho en relación a la dificultad de considerar al opositor en tanto alter ego, pero también sobre una cultura política que, finalmente, privilegia en primer lugar al héroe por sobre los actores anónimos y colectivos. Bandidos, bárbaros, «horda de forajidos»,65 criminales, enfermedades que «infestan» y «desolan» la sociedad,66 al cuerpo de la nación, incluso a la

62. Los vecinos de esta parroquia al Señor Jefe de Operaciones de los Llanos, San Francisco de Tiznados, 6 de abril de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 319. El subrayado es mío. 63. Jefatura política del Cantón. Interrogatorio de María Germana, Pau, 19 de julio de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXVII, fol. 441v. 64. Jefatura política del cantón. Interrogatorio de Francisco Borrego, Ortiz, 3 de septiembre de 1858. AGN/Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 265. 65. Sr Gral. Jefe de Operaciones de las provincias Guárico, Aragua, Apure, sl., 3 de abril de 1858. AGN/ Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXIII, fol. 495. 66. Gobierno Superior Político de la provincia del Guárico. Al Señor Secretario de E en los DD del Interior y Justicia, Calabozo, 9 de enero 1859. /Caracas-Interior y Justicia, t. DCXXXII, fol. 632v.

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República. El enemigo que se debe exterminar a todo precio parece más imperativo en una sociedad del «cara a cara» en acción en la cual ese otro es el mismo; es pues preciso dar forma a esta alteridad. Fue muy difícil, en ciertos momentos, abrirse camino dentro de esta miríada de actores y situaciones, para, sin deformar su fisionomía y pluralidad, dar cuenta de toda la inteligibilidad de esta experiencia faccional. Pero esta dificultad constituye quizás y finalmente uno de los aportes mayores del presente estudio, es decir, la indefinición misma de las lógicas de compromiso y movilización. No se puede negar que el cuadro polifacético de situaciones que acabo de presentar conlleva por consecuencia, entre otras, la dificultad de discernir el móvil que movilizó a estos centenares de personas, más allá del inicial que motivó a los tres jefes y les incitó a tomar las armas. Ese móvil parece poco a poco escapárseles a ellos y nosotros también terminamos por perder de vista. Además, dicho móvil parece difuminarse por aquel que les atribuyeron las autoridades encargadas de aniquilarlas, echando luz sobre esta mirada vertical sobre el mundo rural, poco atento a los actores y a su propia lectura de lo político. Sin embargo, la Facción de la Sierra, debido a su ubicación en un tiempo y espacio circunscritos, y gracias a las numerosas huellas que tenemos de ella, constituye un observatorio de lo social preciso y complejo. Este escenario permite renovar el enfoque en torno a las problemáticas sobre el aprendizaje de lo político y el compromiso en tiempos de conflicto civil, permitiendo, a la vez, aprehender bajo una mirada renovada el «Estado al pueblo».67 La Facción representó un movimiento eminentemente político en sus motivaciones iniciales, pero que se inscribía en un contexto de fuerte conflictividad social que contribuyó a reactivar. Estamos, pues, no tanto frente a un proceso de politización como de un aprendizaje de lo político, de construcción de una cierta relación con lo político en el conflicto y la violencia, la que dotó a estos pueblos rurales de propias lógicas según modalidades complejas de apropiación y resemantización de un corpus de prácticas particulares. Después de haber leído y «escuchado» esas decenas de acusados y «testigos», se afirma una dinámica de consolidación de la politización de los campesinos de estas regiones del centro-oeste venezolano durante el periodo analizado, aunque sería oportuno, para confirmar la hipótesis, profundizar sobre la década de 1840 y las revueltas rurales de ese tiempo desde una perspectiva similar y de largo plazo. El estudio de los procesos de dos de los actores de estos movimientos de 1846, muestra, sin dudas, una reivindicación más efectiva, por parte de los acusados y numerosos testigos interrogados, de sus compromisos, así como identifica los vectores que contribuyeron a su propia movilización y politización.68 De allí que observe un cierto «reflujo» de lo político en el contexto de desarrollo de la Facción de la Sierra. Diferentes factores lo pueden explicar. En primer lugar, un paisaje

67. Retomando implícitamente el titulo de la obra de AGULHON, M., L’Etat au village: les populations du Var, de la Révolution à la IIe République, Paris, du Seuil, 1979. 68. Ver: Véronique Hébrard, La Faction de la Sierra, Un apprentissage du politique entre engagement et contrainte. Venezuela, 1858-1859, cit., «Quand plane l’ombre des années 1840», pp. 126-134 y «L’apprentissage du politique dans la Sierra, entre histoire et mémoire», pp. 526-532.

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político cuyas fronteras son más indefinidas que durante la década de 1840, período de plena afirmación del partido liberal y de apropiación por amplios sectores de la sociedad de ciertos de sus preceptos. Otra causa de ese reflujo puede encontrarse en cierta evasión de lo político por temor a la represión padecida por muchos de los miembros de la Facción y de sus familias durante los años previos al levantamiento. Tendríamos allí una de las llaves para comprender ese número tan importante de facciosos movilizados durante más de un año y medio y la negación de pertenencia que podemos observar durante los posteriores interrogatorios gubernamentales. Aunque exista ciertamente una recepción de lo político, la cual contribuye a una movilización importante, el compromiso raramente se hace a nombre de motivos elaborados o explícitos. Sin embargo, es la suma de estos compromisos de baja intensidad que confiere a la Facción todo su potencial, su poder de transformación del orden y de vivir la experiencia de la política. Tal como lo expliqué en la introducción, los archivos utilizados no nos ofrecen un testimonio directo de las experiencias de los centenares de hombres y mujeres que «caminaron» al lado de la Facción de la Sierra y tampoco sobre sus tres líderes principales. Sin embargo, tienen un valor heurístico que no se puede negar, el que permite explorar nuestras hipótesis sobre las preguntas que nos hemos planteado; ubicándonos, por momentos, en una situación de inseguridad e incertidumbre, pero mostrándonos, a su vez, un cuadro muy estimulante intelectualmente.

Fuentes Archivo General de la Nación, Caracas, Ministerio del Interior y Justicia (legajos varios).

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ANTAGONISMO, POLÍTICA Y PARTIDOS EN LAS PROVINCIAS ARGENTINAS DEL SIGLO DIECINUEVE: EL CASO DE CÓRDOBA A FINES DE LOS AÑOS SETENTA Laura Cucchi Instituto de Historia Argentina y Americana «Dr. Emilio Ravignani», Universidad de Buenos Aires/CONICET. [email protected]

A partir del estudio de un caso provincial, este trabajo reflexiona acerca del antagonismo político en la Argentina en torno a 1880, momento que en general se ha tomado como de definitiva afirmación del poder del estado nacional sobre las provincias. Con ese objetivo, revisa el potencial metodológico de la categoría «faccionalismo» que propone entender los conflictos del periodo como resultado de disputas por el poder –pero desprovistos en general de contenidos programáticos– y que en ese marco subraya los bajos límites de tolerancia política de la época. Las contiendas de Córdoba aquí analizadas sugieren, en cambio, que coexistieron formas diversas y en tensión de entender el funcionamiento institucional y el rol de las oposiciones en política, así como de procesar las disputas. PALABRAS CLAVE: faccionalismo, antagonismo, conflictividad política, partidos, Córdoba (Argentina).

ANTAGONISM, POLITICS AND PARTIES IN 19THCENTURY ARGENTINE PROVINCES: CÓRDOBA AT THE END OF THE 1870S. Studying a provincial case, this paper analyses political antagonism in Argentina around 1880, in the context of the consolidation of the power of the national state over the provinces. To that end, it reviews the methodological potential of the«factionalism» category. The use of this category to explain national politics underlines the lower limits of political toleranceatthe time and suggests that the political conflicts were the result of disputes over powerthat generally lacked ideological content. However, the case analyzed here suggests that

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opposing ways of understanding republican politics and the role of political parties, as well as mechanisms to resolve disputes, coexisted during that period. KEYWORDS: Faction Politics, Antagonism, Political Conflict, Political Parties, Córdoba (Argentina).

Presentación Una cuestión que ha ocupado un lugar importante en la historiografía política argentina de las últimas décadas se vincula a los desafíos que ha presentado la dinámica interpartidaria para el funcionamiento democrático. Con esa preocupación, se ha indagado las características de las agrupaciones, la legitimidad que en cada etapa ha dado cada una de ellas a sus adversarios y las dificultades que ello impuso en la tramitación de la oposición y el desacuerdo. Para comprender y superar esos desafíos, algunos historiadores dirigieron su mirada al siglo XIX y analizaron las características que adoptaron la conformación de un sistema político nacional y la organización de una comunidad política. Para ello se ha tomado generalmente como punto de partida una propuesta de interpretación del antagonismo político ofrecida por Tulio Halperin Donghi. Este autor ha llamado la atención respecto de la inexistencia de fuertes controversias ideológicas o sociales que pudieran explicar la conflictividad política de las llamadas décadas de organización nacional –que median entre la sanción de la primera constitución (1853) y el momento que se considera habitualmente como de consolidación definitiva del estado nacional (1880). Sobre la base de esa constatación, propuso entender esas tres décadas como un periodo de discordia en que conflictos de otras características (por el poder, regionales, etc.), a los que denominaba facciosos, horadaron el consenso constitucional y fueron retrasando la unidad política.1 La historiografía posterior retomó esa propuesta de que el «faccionalismo» resultó la forma predominante que adquirió el antagonismo en el periodo y esa matriz informó de manera decisiva las investigaciones sobre la política de las provincias en aquella época, entre ellas, la de Córdoba. El propósito de este trabajo es revisar ese marco interpretativo a través del abordaje de los conflictos que se dieron en esta provincia, que resultaba la segunda en peso electoral de la república,2 durante los años finales de la década de 1870. Primero, se recupera el uso que la categoría de «faccionalismo» ha tenido en la historiografía política reciente de la Argentina. Luego se avanza sobre el caso de estudio y se

1. HALPERIN DONGHI, Tulio, Proyecto y Construcción de una nación (1846-1880), Buenos Aires, Ariel, 1995. Una propuesta actual similar a esta perspectiva en MÍGUEZ, Eduardo, «Política y partidos en la organización nacional», en LANTERI, Ana L., Actores e identidades en la construcción del estado nacional (Argentina, siglo XIX), Buenos Aires, Teseo, 2013. 2. BOTANA, Natalio, El orden conservador. La política argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, Sudamericana, 1998, p. 88.

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presentan las miradas variadas que entonces se dieron sobre la legitimidad de los adversarios. En tercer lugar, se revisa algunas disputas locales que fueron más allá de contiendas por el poder y se vincularon a desacuerdos sobre la reglamentación de algunas cuestiones clave del funcionamiento político e institucional de la provincia. Como resultado de esas indagaciones se sugieren, por último, algunas limitaciones que esta matriz interpretativa ofrece a la hora de abordar las formas y contenidos de la política de la época.

Puntos de partida A pesar de que «faccionalismo» ha resultado una categoría central en las indagaciones sobre la historia argentina de la segunda mitad del siglo XIX, su uso para abordar ese escenario no ha sido debatido en profundidad ni sistematizado.3 En general se ha tomado ese neologismo para caracterizar la política decimonónica como una sucesión de confrontaciones violentas entre grupos nucleados en torno a liderazgos personalistas, con perfiles sociales y programas socio-económicos similares, pero con tradiciones distintas, que se disputaron el acceso al poder y los recursos del estado y que en ese marco negaron toda legitimidad a sus oponentes. Algunos autores han sostenido, además, que ese rechazo hacia la diversidad permeó las nociones y prácticas políticas de manera tan profunda que contribuyó al desarrollo de una cultura política autoritaria en el siglo XX, pues dificultó la creación de mecanismos institucionales para procesar las oposiciones y llevó a que las disputas entre los grupos terminaran resolviéndose mediante el uso de la violencia que devino un medio habitual de la política argentina.4 Este esquema analítico laxo ha reposado principalmente en dos argumentos que hacen al contenido de las disputas y a las formas de relación entre los grupos políticos. El primero de ellos postula que las contiendas de la época constituyeron luchas de poder y no enfrentamientos derivados de posturas u opiniones políticas divergentes.5 Este juicio

3. Esa centralidad se observa en varios trabajos sobre la política de nación y la de las provincias que forman parte de una obra colectiva que difundió las principales investigaciones de las últimas décadas y sentó una agenda de estudios sobre la política argentina decimonónica que se proyecta hasta la actualidad: SABATO, Hilda y Alberto LETTIERI (eds.), La vida política en la Argentina del siglo XIX. Armas, votos y voces, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2003. 4. Por ejemplo: ANSALDI, Waldo «La trunca transición del régimen oligárquico al régimen democrático», en FALCÓN, Ricardo (ed.), Nueva Historia Argentina. Tomo VI, Buenos Aires, Sudamericana, 2000. Puntualmente sobre Córdoba: CHAVES, Liliana, Tradiciones y rupturas de la élite política cordobesa (1870-1880). La clave conservadora de la modernización política, Córdoba, Ferreyra Editor, 1997; BOIXADÓS, María Cristina, «La ciudad en disputa. Prácticas de enriquecimiento de la elite dirigente a fines del siglo XIX», en TCACH, César (ed.), Córdoba bicentenaria. Claves de su historia contemporánea, Córdoba, CEA, 2010. 5. Halperin Donghi analizaba los «sistemas de ideas» formulados por los partidos pero los consideraba irrelevantes para entender las diputas políticas del periodo. Sin embargo esa esfera de análisis ha desaparecido en general en la literatura posterior sobre las dinámicas provinciales. Un punto señalado por Halperin Donghi que sí ha permanecido en la nueva literatura es la continuidad que postulaba entre el carácter difuso de los programas de los partidos decimonónicos y el de los partidos mayoritarios durante el siglo XIX: el radicalismo y el peronismo. HALPERIN DONGHI, cit., p. 53.

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ha tenido dos consecuencias principales. Por una parte, ha contribuido a desatender el estudio de las polémicas y debates que se dieron en espacios de intercambio y confrontación política como el Congreso y las Legislaturas provinciales y a soslayar las conexiones que esas polémicas pueden haber tenido en ocasiones con las confrontaciones entre fuerzas políticas en otros ámbitos. Por otra, ha llevado a postular la labilidad de las fronteras entre agrupaciones y la inestabilidad recurrente en su composición, subrayando permanentes «cambios de bando» por parte de las dirigencias altas y medias y perdiendo de vista las trayectorias de más largo plazo. El segundo de los argumentos contenido en la categoría de «faccionalismo» es que en esos enfrentamientos cada uno de los contendientes se presentó como único representante de la ciudadanía, negó toda legitimidad a sus adversarios y buscó eliminarlos del campo de la política incluso a través de la violencia. Esta perspectiva pasa por alto las diferentes miradas que en la segunda mitad del siglo se dieron sobre el papel de las oposiciones, así como las conexiones que los contemporáneos establecieron entre la violencia y las políticas de acuerdo o fusión entre agrupaciones que se ensayaron en esas décadas: mientras algunos consideraron que la inclusión de los adversarios a través negociaciones de este tipo desactivaba los contornos más explosivos de la política, otros creyeron que esos acuerdos daban incentivos a las presiones opositoras y desalentaban la formación de partidos más estructurados que canalizaran institucionalmente los conflictos. De ese modo, el «faccionalismo» ha ofrecido una explicación general de la conflictividad política –tanto de las formas como contenidos de las disputas– pero ha llevado a obturar otras preguntas posibles sobre las causas del antagonismo en la época y sobre las modalidades que adoptaron las contiendas específicas que en esos años se produjeron en el nivel nacional, provincial o entre ambos.6 A continuación, se explora algunas de esas otras preguntas posibles a través del estudio de algunos conflictos que jalonaron la política de Córdoba en los años finales de 1870, que resultó un momento de cambios significativos en la organización de las agrupaciones y en la propia conceptualización que los contemporáneos tenían de los partidos. En la provincia operaban entonces dos organizaciones que se autodenominaban partidos: el Nacionalista y el Autonomista. El primero dominó la escena local entre 1867 y 1877 pero ese año, por la muerte del gobernador electo y una controvertida interpretación de la ley de acefalía, fue desplazado por el Autonomista.7 Este partido llegó con poco capital político a la gobernación de la provincia, pero entonces inició una vertigino-

6. Este esquema ha sido reexaminado solamente para casos puntuales de estudio y sólo muy recientemente se ha señalado la necesidad de su revisión general para abordar la política de la temprana experiencia constitucional (1850-1880). Véase de la FUENTE, Ariel, Los hijos de Facundo. Caudillos y montoneras en la provincia de La Rioja durante el proceso de formación del estado nacional argentino (1853-1870), Buenos Aires, Prometeo, 2007; CUCCHI, Laura, Antagonismo, legitimidad y poder político en Córdoba, 1877-1880, Bahía Blanca, EDIUNS-Premio Tesis Doctorales «Prof. Félix Weinberg», 2015; y SABATO, Hilda «Los desafíos de la república. Notas sobre la política en la Argentina pos Caseros», Estudios Sociales, núm. 46, 2014, respectivamente. 7. En la próxima sección se vuelve sobre los vínculos entre estas agrupaciones y las que funcionaban en otras provincias (sobre todo en Buenos Aires) y en el emergente ámbito nacional.

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sa carrera ascendente que lo llevó a la cumbre de la esfera nacional en 1886 cuando su principal líder, Miguel Juárez Celman, asumió como presidente de la Argentina y lo convirtió en un modelo de construcción de poder para las dirigencias de otras provincias.8 En ese tramo final de los años setenta, los conflictos entre autonomistas y nacionalistas resultaron más álgidos que en cualquier otro momento de esa década por tratarse de un momento de tránsito en el manejo del poder local en el cual los dos partidos contaron con importantes capitales para la acción. Asimismo, esos años también constituyen una coyuntura fecunda para analizar las pautas de funcionamiento de las agrupaciones en Argentina porque entonces se produjo un acuerdo «nacional» que buscaba resolver precisamente el problema de la oposición política: la «Conciliación de los Partidos», impulsada en 1877 por el presidente Nicolás Avellaneda y los principales partidos de Buenos Aires. Esa estrategia buscó proyectarse al resto de las agrupaciones que, en las provincias, estaban ligadas por diferentes vínculos de apoyo a esos partidos de Buenos Aires y que estaban comenzando a articularse entre sí en aras de constituir redes de alcance nacional. El acuerdo marcó así el ritmo de los conflictos políticos y electorales de esos años, reorganizó el mapa partidario a nivel nacional y sus efectos llevaron a delinear diversas posturas públicas respecto de la naturaleza y fin de los partidos como se explora a continuación.

La dinámica partidaria en los años setenta: fusión, conciliación y confrontación A finales de los años sesenta del XIX se produjo en la Argentina lo que Tulio Halperín Donghi denominó un nuevo consenso político que resultó de una profunda realineación de las agrupaciones que habían dominado la escena pública de las décadas anteriores: El Partido Liberal y el Federal. El primero había sufrido una temprana escisión en 1862 entre quienes apoyaban en Buenos Aires la federalización de esa provincia propuesta por el presidente Bartolomé Mitre (nacionalistas) y quienes la resistían (autonomistas). Los primeros vieron declinar su poder conforme lo hacía el de su principal líder sobre el fin de su presidencia, marcada por prolongación de la guerra de la Triple Alianza de Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay. Los autonomistas, que no sufrieron ese desgaste político, salieron mejor parados de esa confrontación. Comenzaron entonces un acercamiento a miembros del Partido Federal que en el conjunto de las provincias habían sobrevivido a la muerte del principal líder del partido, Justo José de Urquiza, y a la derrota de los levantamientos federales de fines de los años sesenta y principios de los setenta.9 Sobre la base de ese acercamiento entre federales y autonomistas porteños se organizó una nueva constelación política que comenzó a conocerse como Partido Autonomista Nacional y que materializaba en su composición ese nuevo consenso.

8. ALONSO, Paula, Jardines secretos, legitimaciones públicas. El Partido Autonomista Nacional y la política argentina de fines del siglo XIX, Buenos Aires, Edhasa, 2010, pp. 225-6. 9. Esos alzamientos se habían producido en el interior contra los efectos de la guerra, la hegemonía del liberalismo mitrista y su proyecto de centralización política. HALPERIN DONGHI, cit.

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Este clima partidario afectó también a Córdoba. Parte importante de los líderes federales que sobrevivieron a aquella derrota se integraron en las filas de los dos partidos liberales de la provincia, el nacionalista y el autonomista, creados a principios de la década de 1860 –aunque especialmente a las de autonomismo–.10 Hasta 1877 primó entre los dos partidos una política de «fusión» bajo el liderazgo del nacionalismo que era la fuerza política más poderosa, que buscó a través del acuerdo amortiguar una potencial presión opositora por parte del autonomismo. Esas alianzas se cimentaron en parte en que ambos coincidieron en sus inclinaciones respecto a la política nacional, pero se fundaban sin embargo en consideraciones políticas menos coyunturales. Los líderes nacionalistas consideraron que la Constitución constituía un compendio de los intereses generales y brindaba así un terreno común de creencias y anhelos compartidos que hacían innecesaria la existencia y funcionamiento de dos partidos en la provincia, que debían entonces «fusionarse» en gobiernos compartidos.11 Esa habitual estrategia de «fusión» llevó al nacionalismo a presentar una «lista mixta» para la renovación del Poder Ejecutivo en 1877: el candidato a gobernador fue el nacionalista Clímaco de la Peña y el candidato a vicegobernador un miembro del autonomismo, Antonio del Viso. La sorpresiva muerte de de la Peña días antes de su asunción abrió las puertas de la cúpula provincial al Partido Autonomista cuyo capital político era menor pero que logró imponer ese desenlace frente a quienes indicaban que, de acuerdo a la ley de acefalía de la carta provincial, correspondía convocar nuevamente a los electores o llamar a una nueva elección.12 Tras esa polémica llegada al poder, la nueva dirigencia trastocó por completo las formas habituales de funcionamiento político en la provincia.13 Uno y otro punto (su forma de acceso al poder y la dinámica política que alentó de allí en más) fueron objetados por

10. DÍAZ DE MOLINA, Alfredo, La oligarquía argentina. Su filiación y su régimen, 1848-1898, Buenos Aires, Pannedille, 1972, p. 113. 11. Sobre la política de Córdoba en esos años, CHAVES, cit. 12. La Constitución provincial establecía en su art. 113: «En caso de muerte del Gobernador, o de su destitución, dimisión, ausencia u otro impedimento, las funciones de su cargo pasan al Vice-Gobernador, que las ejercerá durante el resto del periódo constitucional…». La controversia surgía de ésta última parte «el resto del periódo constitucional» que algunos entendían que se iniciaba con la proclamación de Gobernador y ViceGobernador que los electores debían efectuar inmediatamente de realizada su elección, mientras que otros consideraban que comenzaba con la toma de posesión del mando. MELO, Carlos, Constituciones de la Provincia de Córdoba Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1950, p. 181. 13. Me refiero con nueva dirigencia a los principales líderes del autonomismo local: Antonio del Viso (gobernador de la provincia), Miguel Juárez Celman (ministro de Gobierno), Tristán Malbrán (senador provincial y presidente de Comité Central Autonomista), Ismael Galíndez (diputado provincial y vicepresidente del Comité Central Autonomista), Ramón Cárcano (secretario de Gobierno y dirigente de la juventud autonomista), etc. Los opositores los describían como hombres oscuros (sin antecedentes) pero audaces. También ellos se veían a sí mismos como una generación nueva, sin ataduras con la política provincial del pasado y definían la juventud como sinónimo de progreso. Véase PAYRÓ, Roberto, Obras, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1984, p. 112. Por su parte, Ramón Cárcano, lo recordó como un «núcleo de vanguardia, extremista y ardiente, activo y violento» que revindicaba «la enseñanza laica, el matrimonio civil y el divorcio, la separación de la iglesia y el Estado, el patronato real, la cátedra universitaria libre, la inmigración sin trabas, la venta de la tierra fiscal.» CÁRCANO, Ramón, Mis primeros ochenta años, Buenos Aires, Pampa y Cielo, 1965, p. 54.

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el nacionalismo que impugnó en función de ello tanto la legitimidad de origen como la legitimidad de ejercicio del partido gobernante. Estos avatares abrieron un escenario de mayor conflictividad en la provincia y llevaron a que las disputas políticas se superpusieran cada vez con mayor nitidez a las partidarias. ¿En qué sentido trastocó el autonomismo la política local? Por una parte, provocó una renovación generacional de la clase gobernante, de la mano de hombres que provenían de los grupos profesionales universitarios y otros jóvenes que recién comenzaban su carrera pública. Por otra, abandonó la característica política de «fusión» y desplazó al nacionalismo de los espacios de poder que ocupaba hasta el momento –dada su posición en la administración por una década–, especialmente de las jefaturas políticas y las comandancias de milicia. Este recambio de autoridades políticas y militares desató inmediatamente quejas de los opositores que acusaron a la nueva gestión de hacer un «gobierno de partido», a contramano de las tendencias impulsadas por el Ejecutivo Nacional en pos de acuerdos partidarios en el marco de la «Conciliación». Esta política, impulsada por las dirigencias nacionales como una manera de canalizar y superar la lucha partidaria, buscaba terminar con la utilización que el Partido Nacionalista de Buenos Aires y sus aliados en las otras provincias hacían del recurso de las armas como mecanismo de acción política, al que habían apelado en 1874 para resistir la elección presidencial de Nicolás Avellaneda. El acuerdo se tradujo en varias medidas de concordia: primero, en la incorporación de importantes figuras opositoras al gabinete nacional; segundo, en la sanción de una ley de amnistía para todos aquellos que habían participado de actos de rebelión y sedición; y tercero, en la elaboración de una lista «conciliada» de candidatos para la renovación de los cargos de gobernador y vicegobernador de Buenos Aires. Sin embargo, efectos menos halagüeños de este acuerdo se hicieron sentir tanto en Buenos Aires como en otras provincias. En la primera, el mitrismo y el autonomismo sufrieron la escisión de grupos que lo rechazaron. En el resto, la incorporación de ministros mitristas en el gabinete nacional (en los estratégicos ministerios del Interior y de Justicia e Instrucción Pública) brindó recursos a los dos partidos para que organizaran y fortalecieran sus apoyos en el conjunto del territorio nacional. Esa evolución abrió en cada provincia un abanico de interpretaciones respecto de qué significaba un compromiso de conciliación entre partidos y cuál debía ser su traducción práctica.14 En Córdoba, tanto la prensa oficialista como la opositora celebraron el acuerdo. Sin embargo, procuraron imponer lecturas diferentes de sus condiciones. El Presidente Nicolás Avellaneda lo había presentado sosteniendo: los partidos han comprendido el mal que hacían al país con su exaltación y sus inclinaciones a las revueltas, y tratan de debatir sus intereses en paz… Una experiencia dolorosa debe ense-

14. También contribuyó al agotamiento del acuerdo la muerte de Adolfo Alsina en diciembre de 1877, que significó la desaparición de la escena del principal referente del autonomismo de Buenos Aires y candidato con mayores posibilidades para suceder a Avellaneda en la presidencia.

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ñarnos que ya no se puede gobernar con la intolerancia y las esclusiones. Es preciso olvidar los errores, pensar en el porvenir del país, y ofrecer a todos la protección de las garantías de la Constitución. Solo así podemos cimentar la paz y hacer que la República sane de sus males y entre en el camino de la prosperidad.15

La prensa autonomista hizo hincapié en la primera parte del mensaje del Presidente y sostuvo que la «Política de Conciliación» imponía a la oposición que abandonara la lucha armada como recurso extremo de acción política. Así la «Conciliación» se traducía en las páginas del oficialista El Progreso como el inicio de una nueva era de paz, orden y persecución del bien general que el diario presentaba asociada al desarrollo de la «industria, inmigración, construcción de ferrocarril y canales navegables, introducción y establecimiento de nuevas industrias, importación de capitales extranjeros y esploración de nuestros ríos».16 Por el contrario, la prensa cercana a la oposición presentó una definición del acuerdo bastante divergente. Sostuvo que por el falseamiento del sistema electoral, la Argentina se encontraba atrapada en un ciclo de gobiernos electores y revoluciones, que tarde o temprano llevaría a la guerra civil, y que la principal contribución de esta política pasaba por la solución de la cuestión electoral. Así, a la pregunta «¿qué es la conciliación de los partidos?», el principal diario opositor respondía: Es el reconocimiento explícito de los derechos del pueblo por parte del poder elector, es el derecho a su ejercicio sin intervención de la fuerza, es el imperio de la constitución en la realidad, es el respeto de los partidos, es la paz como consecuencia, es la armonía para perseguir un gran fin social.17

Concretamente presentaba el diseño de listas electorales «mixtas» como una solución a la exclusión de los opositores, al asegurar la participación de todos los grupos políticos en la discusión de candidaturas «conciliadas». Junto con esta incorporación, la prensa opositora traducía el acuerdo en tres condiciones que debían ser satisfechas para su cumplimiento: reapertura del padrón electoral, garantía de la pureza del sufragio y participación de todos los partidos en la administración.18 Fuera de la prensa resultaba más complicado definir qué implicaba ese omnipresente tema de la «Conciliación». En principio el gobierno de Córdoba no se pronunció públicamente al respecto. Pero en intercambios epistolares con aliados fuera de la provincia, el Gobernador sostuvo que, aunque las declaraciones porteñas habían estado plagadas de «banalidades y lugares comunes», la «Conciliación» más que una solución importaba una verdadera fuente de incertidumbre política ya que potencialmente podía disparar una nueva serie de conflictos interpartidarios en la medida en que las opo15. 16. 17. 18.

El Progreso, 18 Nov. 1877. El Progreso, 29 Set., y 13 Dic. 1877; así como 3 Marzo 1878. El Eco de Córdoba, 27 Sept. 1877. El Eco de Córdoba, 13 Dic. 1877; La Nación, reproducido en El Progreso, 3 Oct. 1877.

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siciones se veían así alentadas a presionar en pos de su inclusión en las administraciones provinciales.19 Por estos motivos, el gobierno decidió no dar lugar a las presiones opositoras en pos de hacer efectiva la «Conciliación» en Córdoba, que se manifestaron cada vez con mayor intensidad en la Legislatura y la prensa local. En ese marco, Carlos Bouquet, ministro de Hacienda, Justicia, Culto e Instrucción Pública de la provincia, fue el encargado de sepultar públicamente cualquier aspiración opositora a volver a las viejas políticas de acuerdo. El ministro sostuvo entonces que los miembros del gobierno servimos por convicción y por patriotismo la política de conciliación que está llamada a hacer la felicidad del país, pero no aceptamos ni aceptaremos la imposición de los círculos aunque se nos presente envuelta en aquella preciosa bandera. El [gobernador] Dr. Viso comprende muy bien los deberes que le impone la ley al Gobernante, y no ha de permitir el gobierno anónimo de una camarilla aunque quiera entrarse al despacho con la llave falsa de una conciliación de contrabando.20

Esta intransigencia fue presentada por el nuevo elenco dirigente no sólo como un modo más efectivo de asegurar la gobernabilidad, sino también como un efecto necesario de diferencias políticas que dividían a los partidos y que hacían ilusorio cualquier acuerdo. Esta novedosa forma de gestión del poder del autonomismo y su objetivo público de llevar adelante un gobierno de «partido» llevó a las agrupaciones a definir y sistematizar sus diferencias (como se explora en el próximo apartado), lo cual contribuyó a que las dirigencias mantuvieran a lo largo del periodo sus adscripciones y no se observe en este caso lábiles límites en la militancia en una u otra agrupación. Pero más allá de esta innovación impulsada por el autonomismo, algunas cuestiones de política nacional contribuyeron también a profundizar la confrontación entre los dos partidos. Especialmente el propio fracaso de la «Conciliación» que provocó precisamente el resultado que buscaba evitar: la confrontación entre dos candidatos para la sucesión presidencial de 1880. Ellos fueron Carlos Tejedor, el gobernador de Buenos Aires y Julio Roca, ministro de Guerra de la Nación. El primero fue apoyado preponderantemente por nacionalistas y un sector de los autonomistas que decidieron seguir apostando por la «Conciliación» en las provincias de Buenos Aires y Corrientes. El segundo, por aquellos autonomistas que rechazaron la «Conciliación» en el resto de las provincias, incluida Córdoba. Esas derivas llevaron a que los candidatos buscaran organizar mejor a sus aliados en el conjunto de los espacios provinciales. Las dirigencias políticas intentaron entonces establecer una relación más directa entre los partidos de Buenos Aires y los que funcionaban en cada provincia. Por este motivo entre otros, circularon en el periodo propuestas

19. Antonio del Viso a Julio A. Roca, Córdoba, 15 Oct. 1877, Archivo General de la Nación (en adelante, AGN), Fondo Documental Julio Roca (en adelante FDJR), Legajo 1232. 20. «Cuarta carta del Señor Bouquet», El Progreso, 22 Nov. 1877. También El Progreso, 15 Marzo 1878.

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de convocar a «Convenciones Nacionales» o «Comités Nacionales» con representación de delegados de todo el país. Por un lado, el mitrismo decidió organizar en todo el país sus bases para la lucha presidencial y en marzo de 1879 convocó una «Convención de Delegados» (dos por cada provincia) para la discusión de las candidaturas para presidente y vicepresidente. En ella se decidió proclamar públicamente la fórmula «Carlos Tejedor y Saturnino Laspiur» y el Consejo General Nacionalista en Buenos Aires emitió entonces un programa que constaba de varios puntos. En primer lugar, denunciaba la existencia de una liga de gobernadores de provincia comandada por el Presidente Avellaneda contra la cual sostenía su misión de defensa de la libertad de sufragio. En segundo lugar, declaraba «guerra sin cuartel contra la inmoralidad política y la corrupción administrativa», pedía la reducción del gasto público y con ella una disminución de la presión impositiva, y por último, «la reducción del Ejército de Línea, a sus menores límites, y su alejamiento de los grandes centros de población, donde su presencia es absolutamente innecesaria». Para ello abogaba por una reducción de esa fuerza militar en favor de otro tipo de organización de tipo miliciano que presentaba como «fundamento de la fuerza, de la libertad y de la independencia de una República».21 Por otro, también los autonomistas convocaron a una asamblea partidaria como resultado de la cual se crearon una Comisión Nacional, presidida por Domingo F. Sarmiento, y una Provincial a cargo de Dardo Rocha y Antonino Cambaceres. En ese marco, se emitió un manifiesto en el que se postulaba que de la organización federal del país se desprendía la necesidad de funcionamiento de «partidos nacionales, encargados de resolver las dificultades y los conflictos de la vida nacional».22 Como parte de esa iniciativa para establecer vínculos más directos y fluidos entre las dirigencias porteñas y las agrupaciones de las provincias, éstas comenzaron a ser definidas como representantes de aquellos a escala local, y, en alguna medida, como participantes necesarios en la selección de las candidaturas para los cargos nacionales.23 Tras la asamblea partidaria, Sarmiento envió una circular a las organizaciones de las provincias en la que les proponía organizarse bajo la dirección del autonomismo de Bue-

21. J. A. García a Guillermo Rawson, Buenos Aires, 5 Enero 1879, AGN, Fondo Museo Histórico Nacional (en adelante, FAHN), documento 8936. Sobre los debates en esta época acerca de las características de las fuerzas militares y sus vínculos con las disputas políticas, SABATO, cit. 22. «Las provincias que forman la unión no pueden limitar su acción a las circunscripciones locales… El partido autonomista de Buenos Aires cree que ha llegado el momento de unir en un propósito común a todos los hombres que en la república profesan sus ideas, y con este objeto se presenta en la nación, iniciando la unión de todos los partidos constituidos bajo idénticas bases políticas, a fin de reorganizar el gran Partido Autonomista Nacional…», citado en LETTIERI, Alberto, La República de las Instituciones. Proyecto, desarrollo y crisis del régimen político liberal en la Argentina en tiempos de la organización nacional (1852-1880), Buenos Aires, Prometeo, 2008, p. 162. 23. Durante las décadas anteriores se habían desarrollado diversos mecanismos para definir los candidatos, y a finales de los setenta se comenzó a postular la necesidad que esa preselección se desarrollara en el marco de los partidos que, al ser agrupaciones políticas sin institucionalización interna, carecían de procedimientos establecidos para ese fin. SABATO, Hilda, Buenos Aires armas. La revolución de 1880, Buenos Aires, Siglo XXI, pp. 24-7.

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nos Aires y hacía con ese fin una declaración de propósitos a modo de programa. Esos principios fueron recuperados y apoyados por el autonomismo de Córdoba que los tomó también como distintivos de su posición: el respeto a las autonomías locales, la aspiración al orden y a la paz y, especialmente, la condena a los partidos que defendieran la acción revolucionaria como una forma legítima de ejercicio de los derechos cívicos.24 En síntesis, durante el inicio del dominio autonomista en la provincia de Córdoba, el nacionalismo se inclinó por mantener la habitual política de acuerdo entre los partidos que amortiguara los potenciales conflictos electorales, mientras que la nueva administración encontró precisamente en ese tipo de fusiones las mayores dificultades para lograr una estabilidad política. A su juicio, esas alianzas llevaban a que toda la dinámica partidaria alternara entre acuerdos de las dirigencias en la antesala de las elecciones y enfrentamientos de distinto tenor cuando fracasaban. Pero incluso cuando se lograban los consensos, el reparto del poder entre partidos traía como consecuencia que se organizaran «gobiernos mixtos», con un gobernador representando una fuerza y el vicegobernador o el ministro de gobierno a otra. Esta situación trasladaba los conflictos partidarios al seno del Ejecutivo y esterilizaba su capacidad de acción. Parte de estas prevenciones encontraban justificación en la deriva que la política de acuerdo estaba teniendo en la arena nacional, donde la «Conciliación» incluyó a los dos principales partidos en el gabinete y les permitió organizar sus apoyos en el conjunto del país, lo cual condujo finalmente a un enorme enfrentamiento (que culminó en el terreno armado) entre quienes apoyaron a uno u otro candidato presidencial, situación que precisamente se había buscado evitar con la sanción del acuerdo. Así, tanto la evolución de la política nacional como la dinámica local llevaron a que los partidos de Córdoba definieran con más precisión qué aspiraciones los diferenciaba entre ellos y los vinculaba a su vez a redes políticas de mayor alcance geográfico. En esas definiciones también empezaron a desempeñar un rol importante desacuerdos que se dieron entre los partidos en el ámbito legislativo, que iban más allá de la cuestión electoral y de competencia por el poder, como se aborda en el próximo apartado.

Los desacuerdos legislativos Más allá de esas confrontaciones que se dieron en Córdoba respecto de los mecanismos que debían regular la administración del poder, otras cuestiones enfrentaron a los partidos en esos años en la Legislatura, y repercutieron en la escena local de la mano de la labor de la prensa. En general, esos enfrentamientos remitían a la traducción práctica que debía tener un conjunto de principios invocados por la Constitución provincial pero que necesitaban leyes reglamentarias para su funcionamiento efectivo. Las principales controversias se dieron en torno al funcionamiento de la fuerza pública (milicias y policía), el 24. El Progreso, 11 y 19 Julio y 2 Agosto 1879. Antonio del Viso a Julio A. Roca, Córdoba, 24 Julio1878, AGN, FDJR, Legajo 1233.

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diseño de la normativa electoral, el papel de la legislatura en la dinámica política y las libertades de la prensa. En materia militar y policial, las medidas de la nueva gestión se orientaron a terminar con la capacidad que tenían diversos actores de disputar la autoridad del gobierno y buscar socavar las condiciones materiales que hacían posible las prácticas de intervención armada de las oposiciones. Por una parte, el autonomismo desplazó a las antiguas autoridades en esos ramos a través del recambio de la mayoría de los jefes políticos25 y de una reorganización de la guardia nacional26 con sede en la provincia. Asimismo, buscó profesionalizar la fuerza pública y centralizar su manejo.27 Esas iniciativas gubernamentales abrieron varios debates entre los partidos respecto de las características y el rol que debía tener la fuerza pública. En ellos, el nacionalismo defendió un sistema de celadores –ciudadanos para las tareas de control de la campaña–.28 Asimismo, compartió las miradas de la época que entendían que las milicias –en tanto estaban compuestas por ciudadanos– eran la encarnación en armas de la ciudadanía, y por ello, la consideraron «la garantía misma de la libertad de sufragio» y el fundamento de la libertad en un gobierno de tipo republicano.29 En cambio, el autonomismo impuso proyectos tendentes a la profesionalización de los gendarmes de policía, empleados (no ciudadanos) que pasaron a depender directamente del ministerio de Gobierno y debieron formarse para ello en escuelas especiales dispuestas por el ministerio de Instrucción de la provincia. Centralizó también el mando sobre las milicias nacionales con asiento en Córdoba a través de la creación de la Inspección General de Guardias Nacionales que dependió directamente del Poder Ejecutivo local. Asimismo contestó el rol que los opositores daban a las guardias nacionales como encarnación armada del estatuto soberano del pueblo y subrayó que esas milicias debían funcionar como garante del poder de las instituciones estatales, y que su función principal radicaba en la defensa del estado provincial y del nacional en una situación de guerra civil o exterior.30

25. El jefe político era el agente directo del gobierno en cada departamento donde ejercía la autoridad política, intermediaba entre el Poder Ejecutivo y los empleados locales, colaboraba con las autoridades judiciales y municipales, y comunicaba al gobierno con los jefes o comandantes de Guardia Nacional de la jurisdicción. PAVONI, Norma, «Las jefaturas políticas y su incidencia en el clientelismo rural. Córdoba 1870-1890», Cuadernos de Historia núm. 3, UNC, 2000. 26. La organización militar en el XIX descansó en los cuerpos milicianos y el Ejército de Línea, integrados los primeros por ciudadanos y el segundo por voluntarios y enganchados. Mientras que la organización del Ejército de Línea dependió del poder nacional, la de las guardias nacionales, así como la designación de sus comandantes, estuvo a cargo de los gobiernos provinciales, que debieron ejecutar las leyes dispuestas por el Congreso. OSZLAK, Oscar, La formación del Estado argentino. Orden, Progreso y Organización Nacional, Buenos Aires, Planeta, 1997, pp. 101-5. 27. Ministerio de Gobierno de Córdoba, Memoria presentada a la Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba por el Ministro de Gobierno, Dr. D. Juárez Celman, Abril 1º de 1878, Córdoba, El Eco de Córdoba, 1878. 28. Archivo de la Honorable Legislatura de Córdoba, Actas de Sesiones de la Cámara de Diputados. 1877, fs. 198-200. 29. «Discurso del diputado nacional por Córdoba, Cayetano Lozano», El Eco de Córdoba, 26/9/1879. 30. MINISTERIO DE GOBIERNO DE CÓRDOBA, cit., LIII.

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Diferencias similares se expresaron en los debates legislativos que se dieron en el marco de la sanción de la primera ley de responsabilidades de imprenta en la provincia. El nacionalismo procuró establecer penas livianas y evitar que los juicios contra artículos y editores afectaran el funcionamiento de las publicaciones, estableciendo la imposibilidad de que las multas se ejecutaran sobre las imprentas. Defendió además un sistema de jurados populares para ejercer el control sobre las publicaciones y los particulares, de acuerdo con los parámetros que regían en la materia en otras provincias argentinas31 y fundamentó el proyecto sosteniendo que «todas las Naciones civilizadas, para esta clase de juicios, habían establecido el Jurado porque querían alejar todo pretesto o motivo de corrupción a la Justicia ordinaria.»32 El proyecto autonomista, que fue el finalmente sancionado, resultaba completamente distinto. Alegó que la incesante prédica de los diarios opositores instigaba al pueblo a alzarse contra las autoridades legales, y limitó por ello el margen de acción de las publicaciones estableciendo duras penas contra los periodistas, editores e imprentas. Eliminó además el fuero especial que protegía a la prensa hasta el momento (por un decreto de 1852 que estipulaba la participación de un ciudadano por cada parte en el juicio) y fortaleció el papel del estado provincial en el control de ese ámbito.33 Esas mismas diferencias aparecieron en los debates que se dieron en la provincia en 1879 en pos de sancionar una ley de elecciones que adecuara la normativa provincial a la que la Nación había sancionado a fines de 1877. Entonces autonomistas y nacionalistas se enfrentaron en la Legislatura sobre la confección de la lista de los mayores contribuyentes para formar las Juntas Calificadoras encargadas de formar el Registro Cívico. Los primeros encargaron esa tarea a funcionarios estatales (los receptores de la ciudad y campaña), mientras que los segundos consideraron que para «garantir mejor la libertad de sufrajio» debía estar en manos de ciudadanos y no de empleados, y que por ello los receptores debían poner sus respectivos libros a disposición de las municipalidades para que éstas designaran los miembros de la Junta Calificadora.34 Más allá de las particularidades de cada una de esas polémicas, un punto común en los debates fue que allí donde el nacionalismo apuntó a la labor ciudadana para el sostenimiento de las instituciones republicanas, el autonomismo se orientó por el contrario

31. Emulando la primera enmienda a la constitución de los Estados Unidos, la Constitucional Nacional disponía que el Congreso no podía dictar leyes que restringieran la libertad de imprenta ni establecer jurisdicción federal sobre ella, por lo cual la legislación al respecto quedó en manos de las provincias que sancionaron leyes reglamentarias en las décadas siguientes. GALVÁN MORENO, Celedonio, El periodismo argentino: amplia y documentada historia desde sus orígenes hasta el presente, Buenos Aires, Claridad, 1944. 32. Archivo de la Honorable Legislatura de Córdoba, Copias de Actas de las Sesiones Públicas de la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Córdoba, t. 7, 1878-1881, fs. 157-165. 33. «Ley 797 determinando las responsabilidades consiguientes a los delitos de imprenta», Leyes de la Provincia de Córdoba: leyes núm. 718 a 814: año 1876 a 1880, Córdoba, Imprenta Pablo Aubinel y Cía, 1916, pp. 268-271. 34. Archivo de la Honorable Legislatura de Córdoba, Actas de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Provincia de Córdoba, t. 8, 1879, fs. 183-206.

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hacia un sistema articulado en torno a los poderes del estado.35 Una y otra mirada se manifestaron en las páginas de la prensa, los debates en la Legislatura y otros intercambios entre dirigentes, y fueron organizando miradas diferentes respecto del funcionamiento político que debía tener la provincia, que diferían de manera recurrente en la cuestión de si debían ampliarse las prerrogativas ciudadanas o las estatales.36 Esas miradas participaron así de polémicas que estaban teniendo lugar a nivel nacional, respecto de cuáles eran los espacios y mecanismos legítimos de intervención política, que los partidos de Córdoba recuperaron y amplificaron.37 Las posturas expresadas por el nacionalismo lo acercaban a una defensa de lo que Natalio Botana denominó una «república sustentada en movilización cívica»,38 mientras que el autonomismo expresó su anhelo de lograr una disminución en los niveles de participación y movilización ciudadana. Esas formas de imaginar el funcionamiento institucional se vincularon a juicios diversos sobre la legitimidad de la acción ciudadana directa. Mientras el nacionalismo entendió que el sistema republicano, a diferencia de otros modos de organización de las comunidades políticas, presuponía un ejercicio permanente de los derechos soberanos pues justamente allí descansaba el goce de la libertad, el autonomismo consideró que un sistema de tales características hacía imposible la estabilidad y que, una vez delegado ese poder, correspondía a la arquitectura institucional del estado, y no al accionar del pueblo, asegurar la supervivencia de la república a través de un ejercicio controlado del poder. Estas consideraciones de los partidos los llevaron a expresar juicios distintos sobre su legitimidad y la de sus adversarios y alentaron formas diversas de administración del poder, como se vio en el apartado anterior. Mientras el nacionalismo condenó los «gobiernos de partido» y entendió que si fallaban las fusiones o acuerdos su misión era la de re-

35. Podría argumentarse que eso resultó así en función de ser unos «oposición» y los otros «gobierno», y que en sentido confiaron los primeros más en la ciudadanía que en el estado. Sin embargo, eso no alcanza a explicar por qué el nacionalismo no alentó el fortalecimiento de las agencias del estado en la primera mitad de la década cuando fue «gobierno», y el autonomismo no desarrolló entonces iniciativas de afianzamiento de las prerrogativas ciudadanas. Sobre la política local a lo largo de la década de 1870 remito nuevamente a CHAVES, cit. 36. En relación con la ampliación de las prerrogativas estatales, los partidos tampoco acordaron respecto de la relación que debía regir entre estado e Iglesia. En esas polémicas se unieron actores con intereses diversos como las autoridades civiles y eclesiásticas, las asociaciones estudiantiles, los sectores católicos y las dirigencias políticas locales, que más que ser grupos con fronteras discernibles se hallaban ampliamente superpuestos. Los enfrentamientos se originaron por la voluntad del autonomismo de fortalecer el estado poniendo bajo su autoridad funciones desempeñadas por la Iglesia católica, y de avanzar en la construcción de un sistema laico de enseñanza. Ese proyecto enfrentó profundas dificultades que se proyectaron más allá del periodo aquí estudiado. En este trabajo no se abordan esas polémicas por tratarse de un conflicto de otras características, aunque superpuesto, con las disputas partidarias. 37. Sobre estas posturas en la política nacional: ALONSO, Paula y Marcela TERNAVASIO, «Liberalismo y ensayos políticos en el siglo XIX argentino», en JAKSIC, Iván, y Eduardo POSADA CARBÓ (ed.), Liberalismo y poder. Latinoamérica en el siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2011; BOTANA, cit.; GALLO, Ezequiel, «Liberalismo, centralismo y federalismo: Alberdi y Alem en el 80», Investigaciones y Ensayos, Academia Nacional de la Historia, núm. 45, 1996. 38. BOTANA, Natalio, La Tradición republicana Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo, Buenos Aires, Sudamericana, 1984, pp. 381-2.

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presentación del «pueblo» contra el gobierno,39 el autonomismo afirmó que los dos partidos resultaban legítimos y representaban a diferentes núcleos de opinión que debían saldar sus disputas en sede legislativa. En ese marco, sus alegatos no fueron dirigidos al «pueblo» en singular o a la «opinión pública», sino al ciudadano, que esperaba que actuara de acuerdo a sus convicciones particulares. La dirigencia autonomista partía de la premisa de la existencia de una diversidad de opiniones legítimas y entendía que ellas debían ser debatidas en la Legislatura, para lo cual debía darse una organización más sólida a los partidos que las expresaran a través de los representantes.40 De la mano de estas consideraciones sugirió la necesidad de reformar la constitución provincial e incorporar la representación proporcional para alentar el ingreso de representantes opositores. Esta propuesta dialogaba con las innovaciones que habían tenido lugar en Buenos Aires en 1873 a través de la sanción constitucional de ese principio,41 y reforzaba el debate a escala provincial respecto de la necesidad de trasladar los conflictos entre los partidos de los escenarios habituales de acción (movilizaciones callejeras, luchas electorales, levantamientos armados, etc.) hacia el Poder Legislativo. A su juicio, eso podía contribuir a disminuir el nivel de conflictividad política, fortalecer los poderes públicos y permitir a la Legislatura cumplir con el rol que le había asignado la Constitución. En síntesis, todos estos puntos de disenso entre los partidos iban más allá de la cuestión electoral y de competencia por el poder y abordaban cuestiones más generales respecto del funcionamiento efectivo que las instituciones republicanas debían tener en la provincia. En el marco de esas polémicas los contendientes expresaron creencias políticas divergentes, apelaron a mecanismos también diferentes para saldar las disputas y de la mano de ellos formularon diagnósticos contrapuestos sobre el rol de las oposiciones en el juego político. En ese sentido, esas disputas no parecen haber postergado la consolidación de un orden político al horadar el consenso consagrado en la Constitución Nacional

39. Ejemplos de esas posturas nacionalistas en El Pueblo Libre, 6/6/1879, Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba-Cámara del Crimen de la ciudad Capital (AHC-CCC), legajo 1879-406-3. Y de las autonomistas en El Progreso, 24 Julio, 10 Agosto y 16 Noviembre de 1879. 40. «Mensage del Gobernador de la Provincia al abrir las sesiones legislativas de 1878. Córdoba, mayo 16 de 1878» y «Mensage del Gobernador de la Provincia al abrir las sesiones legislativas de 1879. Córdoba, junio 6 de 1879», en FERREYRA, Ana Inés, Mensajes de los Gobernadores de Córdoba a la Legislatura. Tomo III. 1871-1885, Córdoba, Centro de Estudios Históricos, 1997. También: MINISTERIO DE GOBIERNO DE CÓRDOBA, cit., pp. xlviii-xlix. Esta innovación en el discurso local se alimentaba de cambios más generalizados en los lenguajes políticos de la época en la Argentina. Especialmente de las nuevas miradas que comenzaron a postular que el bien común no resultaba la premisa de la vida pública sino que existían diversos intereses dentro de la sociedad argentina y que en definitiva la función de la política era compatibilizarlos. Véase: PALTI, Elías J., El momento romántico. Nación, historia y lenguajes políticos en la Argentina del siglo XIX, Buenos Aires, Eudeba, 2009, Parte II. 41. En la época, la implantación de la proporcionalidad podía obedecer a diferentes objetivos: la incorporación de una «minoría ilustrada» en el ámbito legislativo, la voluntad de organizar una «representación social» o «por gremios» para dar expresión a lo que comenzaba a advertirse como la pluralidad de los intereses sociales o la «civilización» de la lucha política a través de su parlamentarización. PANI, Erika, «En busca de la “democracia real”: el debate sobre la representación política durante el último tercio del siglo XIX», Prismas. Revista de historia intelectual, Universidad Nacional de Quilmes, núm. 4, 2000, pp. 21-46. El autonomismo de Córdoba se orientaba hacia la última opción.

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(y replicado en la carta provincial), sino que más bien sugieren que la organización de una república representativa y federal podía adoptar traducciones institucionales muy diversas, y que el consenso en torno a los principios consagrados por la carta no significaba un acuerdo generalizado sobre cuál debía ser su puesta en funcionamiento.

Reflexiones finales Este breve examen sobre las polémicas que se dieron en Córdoba acerca de la aplicación de la «Conciliación» y de la normativa que debía regular importantes aspectos del funcionamiento político e institucional de la provincia nos permitió acercarnos a importantes aspectos de la dinámica pública de la época obturados por la matriz del «faccionalismo». También recuperar la complejidad de las contiendas políticas en este espacio provincial y avanzar sobre terrenos de análisis que se han visto desatendidos hasta el momento como lo son los debates legislativos. Aunque las divergencias partidarias que se dieron en esos años en Córdoba no pueden extrapolarse al resto del periodo ni al conjunto de las provincias,42 muestran sin embargo algunas limitaciones que aquella matriz ofrece a la hora de abordar las formas y los contenidos de las contiendas. Puntualmente, en el caso aquí analizado se puede observar que en esos años convivieron en la arena pública al menos tres formas diferentes de concebir al adversario y a las oposiciones. Aunque esas miradas no se tradujeron en conceptualizaciones esquemáticas ni cerradas, impactaron en las pautas de relación entre las agrupaciones políticas. Una de las concepciones que circuló, y que en la provincia fue expresada por el nacionalismo, postuló el carácter innecesario de los partidos dada la unidad programática sintetizada en la Constitución, y en ese marco negó toda legitimidad a la figura misma de un adversario. Otra postura fue la propuesta por del Ejecutivo Nacional, y aceptada por varios sectores, que reconoció como un dato de la realidad política la existencia de diferentes partidos y que se propuso amortiguar sus contiendas con acuerdos como la «Conciliación». Una tercera, sostenida por el autonomismo de Córdoba, también reconoció la legitimidad de las diferentes opiniones y posturas, pero no buscó amalgamarlas sino fortalecerlas y resituarlas. Sostuvo la necesidad de que esas diferencias se expresaran no ya en las calles, la prensa o en el terreno de las armas que eran sus escenarios habituales, sino en el ámbito parlamentario a través de partidos más estructurados, de modo de fortalecer el papel institucional de los poderes públicos y disminuir los niveles de conflictividad política. Así, mientras el Partido Nacionalista se presentó en el marco de esas controversias como único representante de los intereses generales y negó toda legitimidad al autono-

42. Por ejemplo, el autonomismo de Buenos Aires resultaba más heterogéneo en sus posturas que el de Córdoba tanto en lo que hacía a la funcionalidad de políticas de acuerdo entre partidos como en las miradas respecto de las ventajas y desventajas de lo que ha sido denominado «la cultura de la movilización» que predominó en la ciudad de Buenos Aires desde los años cincuenta hasta, al menos, 1880. SABATO, Hilda, La política en las Calles. Entre el voto y la movilización, 1862-1880, Buenos Aires, Sudamericana, 1998.

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mismo, este no optó por identificarse insistentemente como único representante del «pueblo», ni retrató a sus adversarios como movidos meramente por un deseo de poder o por intereses privados de algún tipo. Impugnó la retórica opositora desarmando esas equivalencias entre un partido y el conjunto de los intereses legítimos y reconoció un lugar a las oposiciones. Al mismo tiempo, condenó y reprimió algunos mecanismos de acción privilegiados por sus adversarios –especialmente el recurso a las armas que aquellos defendieron y llevaron a la práctica para derrocar gobiernos que consideraban sin base popular– y los convocó en cambio a ejercer el derecho de oposición en la legislatura. Más allá del alcance de esas propuestas, su reconocimiento explícito de las diferencias partidarias provocó inmediatamente cambios muy concretos en las relaciones entre los partidos, pues terminó con las prácticas de manejo compartido del poder y redefinió por completo los espacios y formas de interacción de los dos partidos provinciales. En pocas palabras, a través del reconocimiento de la legitimidad de las aspiraciones de sus adversarios, el autonomismo acentuó la marginación de éstos en el campo político, pues consideró que esas diferencias impedían llevar adelante una política de acuerdo y manejo compartido de la administración. Estas modificaciones en las formas de gestión del poder y el ensayo autonomista de llevar adelante un «gobierno de partido» provocaron que los actores no sólo no cambiaran sus adscripciones partidarias, sino a que subrayaran de manera constante cuáles eran sus creencias y diferencias en materia política. Esas creencias se vincularon principalmente a miradas distintas sobre cuál debía ser el funcionamiento de las instituciones republicanas, especialmente en lo que hacía al equilibrio entre autoridad y libertad, al balance entre el poder de los gobiernos y las libertades ciudadanas. Esas consideraciones se expresaron en los debates que tuvieron lugar al momento de traducir los principios establecidos en la carta provincial en leyes reglamentarias que normaran el funcionamiento específico de instituciones fundamentales en la realidad provincial como lo eran la prensa, las elecciones o la fuerza pública. Entonces los partidos defendieron mecanismos distintos para controlar el poder de los gobernantes. El nacionalismo prefirió los controles externos y depositó en manos de los ciudadanos la función de fiscalización de los poderes para que estos no fueran ejercidos de modo arbitrario. En función de ello postuló que la dinámica republicana giraba por completo en la relación pueblo– gobierno, y ofreció una mirada monista sobre el cuerpo político en la cual la voluntad popular resultaba «una e indivisible». Frente a esto, el autonomismo promovió controles internos a través de la separación de poderes y un sistema de mutuos contrapesos entre dos partidos: el gobernante y el de oposición. Así, el caso de Córdoba en esta etapa no muestra los principales elementos ligados a la caracterización del «faccionalismo» o «política facciosa» que se reseñaron al comienzo del trabajo. No se trata de negar que haya habido conflictos por el poder o que la negación de la legitimidad de los adversarios haya primado en algunas posturas públicas. Simplemente se busca subrayar que esas posiciones convivieron con otras y que es necesario recuperar la heterogeneidad de posturas que se dieron entonces sobre algunas cuestiones clave del funcionamiento republicano, así como las miradas distintas –y en abierta contienda– que circularon sobre la naturaleza de la política y el rol de los partidos. En

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efecto, este caso sugiere que la negación de la legitimidad de los adversarios o la búsqueda de exclusión de los contrarios no resultó un dato generalizado de la época. Más aún, que incluso una cosa y la otra –el reconocimiento o no de la legitimidad de los contrincantes y su incorporación o exclusión de campo político– tampoco se ligaron de manera sencilla y unidireccional. Esta reflexión procuró también señalar líneas de indagación que han visto obturadas por la categoría «faccionalismo». Entre ellas, el análisis del peso que tuvieron en las provincias algunos desacuerdos estrictamente políticos, que no se derivaban meramente de la competencia por el poder, sino de controversias sobre el diseño legal de varias instituciones que hacían a la puesta en funcionamiento o reforma de los esquemas constitucionales. Esta esfera de análisis puede iluminar las dinámicas políticas provinciales, especialmente en los años setenta en que la mitad de las provincias argentinas debatieron y reformaron sus cartas fundamentales. Volver sobre esos debates puede contribuir a desarrollar nuevas perspectivas sobre el desacuerdo y la oposición que revisen los complejos modos en que las representaciones sobre la política y las prácticas de oposición se articularon entre sí (que resultaron diversas para distintos actores, cambiantes y en disputa) y que exploren explicaciones sobre el comportamiento político que ponderen el rol de las ansias de poder o impulsos instrumentales de otro tipo, pero también el peso que pueden haber tenido las convicciones o creencias políticas. Por último, creo que el debate historiográfico sobre las características y las pautas de funcionamiento de las agrupaciones del XIX puede generar nuevos interrogantes sobre la dinámica democrática del siglo XX que contribuyan a historizar los desafíos afrontados por las relaciones interpartidarias en cada etapa.

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LA CUADRATURA DEL CÍRCULO. GONZALO DE REPARAZ RODRÍGUEZ-BÁEZ (OPORTO, 1860-MÉXICO, 1939) Y SU DEFENSA DEL IMPERIALISMO ESPAÑOL* Josep Pich Mitjana Universitat Pompeu Fabra (UPF-GRENS) [email protected] Juan Pastrana Piñero Universitat Pompeu Fabra (UPF-GRENS) [email protected] Josep Contreras Ruiz Universitat Pompeu Fabra (UPF-GRENS) [email protected]

La biografía de Gonzalo de Reparaz Rodríguez-Báez puede ser vista como la cuadratura del círculo, ya que estuvo vinculado a la mayor parte de las principales ideologías del período en el que vivió, pero siempre fue un contumaz defensor del imperialismo. Estuvo vinculado al republicanismo anticlerical y partidario de la autonomía de las colonias antillanas, al liberalismo progresista, al polaviejismo, al clericalismo reaccionario, al regionalismo, al republicanismo radical y al anarquismo, pero siempre fue un defensor del iberismo y del africanismo. PALABRAS CLAVE: Reparaz, imperialismo, polaviejismo, africanismo, anarquismo.

SQUARING THE CIRCLE. GONZALO DE REPARAZ RODRÍGUEZ-BÁEZ (PORTO, 1860-MEXICO, 1939) AND HIS DEFENSE OF SPANISH IMPERIALISM. The biography of Gonzalo de Reparaz Rodríguez-Báez may be seen as squaring the circle, since he was linked to most of the major ideologies of the period in which he lived, but he

* Este estudio forma parte del proyecto de investigación: «Las problemáticas federalistas españolas, siglos XIX-XX», HAR2011-28572 sufragado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Agradecemos al Dr. Eloy Martín Corrales la lectura crítica de este artículo, aunque los errores únicamente son atribuibles a los autores. [Recibido: 24/4/2014 – aceptado: 26/06/2014]

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was above all a stubborn defender of imperialism. So, he was linked to the anti-clerical republicanism and he was also a defender of autonomy for the Caribbean colonies, the progressive liberalism, the polaviejismo, the reactionary clericalism, regionalism, the radical republicanism and anarchism, but he was always an advocate of iberismo and Africanism. KEYWORDS: Reparaz, imperialism, polaviejismo, Africanism, anarchism.

El periodista, geógrafo, diplomático, literato y defensor del imperialismo hispano Gonzalo de Reparaz Rodríguez-Báez es un personaje tan singular que puede ser presentado como un antibelicista, un iberista, un defensor del imperialismo, especialmente el africanista, y un anarquista colonialista.1 Él mismo se presentaba como un caballero andante de la pluma que pretendía «redimirse de pobre y ganar sus blasones en nobles empresas, pero halla obstruidos todos los caminos por oligarcas ávidos y astutos». Se consideraba el último defensor de la «penetración pacífica» en Marruecos, que presentaba como el intento de «levantar de su postración á una raza», los marroquíes, «sin derramar sangre, sin explotarla ni esclavizarla, renovando con esto los títulos de España al patriciado internacional, gastados y finalmente caducados, tras casi tres siglos de desventuras».2 Reparaz hizo un ingente esfuerzo para dar una visión positiva de su vida, en diversos ego documentos,3 pero su archivo particular, depositado en el Archivo Histórico Nacional de Salamanca, empaña la imagen que quería dar de sí mismo, ya que sus cartas ponen de manifiesto que muchos de sus cambios doctrinales no respondían a un idealismo desinteresado, sino que estaban motivados por intereses personales.4 Su biografía nos muestra que era una persona polifacética y contradictoria que se adaptaba a las circunstancias del período en que vivió. Este artículo es una aproximación fundamentalmente biográfica al estudio de uno de los principales defensores del imperialismo y del africanismo español, en las últimas dé-

1. Véase DÍEZ TORRE, A. R., «África y el africanismo de Gonzalo de Reparaz» en DÍEZ TORRE, A. R., Ciencia y memoria de África: actas de las III Jornadas sobre Expediciones científicas y africanismo español, 18981998, Madrid, Ateneo de Madrid y Universidad de Alcalá de Henares, 2002, pp. 243-276 y del mismo autor, «Gonzalo de Reparaz. Periodista antibelicista silenciado en la crisis de 1898», en CASADO ARBONIÉS, M., DÍEZ TORRE, A. R., NUMHAUSER, P., SOLA, E. (eds.), Escrituras silenciadas. Historia, memoria y procesos culturales: homenaje a José Francisco de La Peña, Madrid, Universidad de Alcalá de Henares, 2010, pp. 531-547; GIL NOVALES, A., «El africanismo de Gonzalo de Reparaz», Trienio. Ilustración y liberalismo, núm. 47, 2006, pp. 31-47; ANTA UGARTE, J., «Gonzalo de Reparaz, intelectual errante», Cercles. Revista d’Història Cultural, núm. 13, Barcelona, 2010, pp. 169-182, y NERÍN ABAD, G., «Gonzalo de Reparaz. Un colonialista anarquista?», L’Avenç, núm. 365, Barcelona, 2011, pp. 32-37. 2. REPARAZ, G. de, Aventuras de un geógrafo errante, t. I, F. Wyss, Berna, 1920, p. 15. 3. Utilizamos el concepto tal como lo explica AMELANG, J., «Presentación», Cultura Escrita & Sociedad, 2005 [en línea] 1, pp. 17-18. http://www.siece.es/pdf/revista/presentacion_Amelang_n1.pdf. 30 de abril de 2013. 10:00. 4. SORIANO JIMÉNEZ, I. C., «El archivo de Gonzalo de Reparaz», Documents de Anàlisis Geogràfica, núm. 34, 1999, pp. 216-217, 222.

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cadas del siglo XIX y en las primeras del XX. Tradicionalmente la mayor parte de la historiografía española consideraba que la biografía era un género histórico «impuro».5 No obstante, los nuevos trabajos sobre este campo de estudio histórico permiten ampliar el ámbito de los estudios políticos, y mostrar la «pluralidad inagotable del pasado y el papel de los hombres y las mujeres en su conformación»,6 tal como pone de manifiesto la peculiar trayectoria política de Gonzalo de Reparaz Rodríguez-Báez, a lo largo de su vida, en la que siempre defendió el imperialismo y especialmente el africanismo español.

Orígenes, formación y actividad periodística Gonzalo nació en Oporto, en febrero de 1860. Era hijo de Rosario Rodríguez Báez de Imaz (1836-1895) y del músico, compositor y director de orquesta Antonio Reparaz Cruz (1833-1886). Era descendiente lejano del general carlista Tomás de Zumalacarregui y de Imaz (1788-1835). Aprendió a leer en Lisboa, a los ocho años residía en Córdoba, donde leyó su primer libro. Afirmaba que Cervantes, Daniel Defoe y Julio Verne fueron sus primeros maestros, conjuntamente con los paisajes que asociaba a su niñez: la ría de Lisboa, las huertas de Aranjuez, el Miradero de Toledo, los campos de Albia de Bilbao, y la mezquita de Córdoba.7 Su formación académica fue portuguesa, y la describía como una época de «bohemia haragana y desnacionalizada [en la que] chapurreada la lengua de Littré (el ídolo de la época) cantaba o fado por la noche a la luz de la luna, y veía en la república el fetiche salvador de la patria». Cursó el bachillerato, pero no estudios universitarios.8 En 1880, contribuyó a fundar la Sociedad Geográfica Comercial de Oporto, cuyo primer presidente fue Joaquim Pedro Oliveira Martins (1845-1894). En Portugal, inició su impresionante actividad periodística, ya que fundó y dirigió, entre 1878 y 1931, ocho publicaciones periódicas, aunque todas tuvieron trayectorias breves. Publicó artículos en noventa y siete periódicos, en ocho países. Se consideraba un escritor bilingüe, en castellano y portugués. Su producción periodística sobrepasó los seis mil artículos.9

5. RUIZ TORRES, P., «Las repercusiones de los cambios culturales de la modernidad en el modo de pensar la biografía», Ayer, núm. 93, 2014, p. 20. 6. BURDIEL, I., «Historia política y biografía: más allá de las fronteras», Ayer, núm. 93, 2014, p. 47. 7. REPARAZ, G. de, Aventuras de… cit., pp. 19-20. ANTA UGARTE, J., Gonzalo de Reparaz (18601939): Del africanismo regeneracionista al iberismo revolucionario (trabajo DEA), Barcelona, U.B., 2007. Sobre los estudios genealógicos del mismo Reparaz véase SORIANO JIMÉNEZ, I. C., «El archivo… cit., p. 214. 8. REPARAZ, G. de Aventuras de… cit., pp. 20-21. Se conservan los apuntes escolares de Gonzalo del período 1871-1880, en cuadernillos que encuadernó en partituras de su padre o con periódicos de la época véase SORIANO JIMÉNEZ, I. C., «El archivo… cit., pp. 213 y 222, «Gonzalo de Reparaz, intelectual… cit., pp. 169-171. 9. REPARAZ, G. de Aventuras de… cit., p. 21; SORIANO JIMÉNEZ, I. C. «El archivo de…, cit., pp. 213 y 222; S.A., Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, vol. L, 1923, p. 928.

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Regreso a España, el Instituto Libre de Enseñanza y el africanismo El 16 de marzo de 1881, su familia abandonó Oporto para instalarse en Madrid. El padre estaba enfermo y murió en 1886. En este período, Gonzalo se convierte en periodista profesional. Durante estos años, se relacionaba con dirigentes republicanos marcadamente anticlericales, como Fernando Garrido Tortosa (1821-1883), José Nakens Pérez (18411926), Fernando Lozano Montes, que firmaba sus artículos como Demófilo (1844-1935), Ramón Chíes y Gómez de Riofranco (1846-1893), entre otros. Sin embargo, los asuntos geográficos –es decir, imperialistas– «no interesaban al zorrillismo, consagrado entonces al soborno de oficiales y sargentos, y a la búsqueda de un general cualquiera que proclamase la república, al toque de rancho y con subvención del gobierno francés. Apartéme de aquella gente avanzada».10 Después de distanciarse de los núcleos republicanos que había frecuentado se relacionó con los impulsores del imperialismo español impulsado por Joaquín Costa Martínez (1846-1911), Ricardo Beltrán y Rózpide (1852-1928), Francisco Coello de Portugal y Quesada (1822-1898), Rafael Torres Campos (1853-1904), Martín Ferreiro Peralta (18301896) o Cesáreo Fernández Duro (1830-1908), entre otros. Reparaz fue aceptado como vocal de la junta directiva de la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas. Le contrataron como profesor de Geografía de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) y colaboró en la redacción del Boletín de la Institución Libre de Enseñanza (BILE). En este período, conoció a Francisco Giner de los Ríos (1839-1915), Segismundo Moret y Prendergast (1838-1913), Manuel Bartolomé Cossío (1858-1935), Germán Flórez Llamas (1853-1916) o Rafael María de Labra (1840-1918). Las ideas iberistas y africanistas de Reparaz coincidían con las de Costa, ya que éste aseguraba que «Portugal es España, la España irredenta» y desde 1882 criticaba la «dejadez» colonizadora española frente a la actividad del imperialismo británico y francés.11 En las últimas décadas del siglo XIX, el iberismo era considerado como una idea antigua que comenzaba a perder vigencia. En cambio, el africanismo era, en palabras de Jover, la «utopía del momento». Ésta se basaba en una determinada interpretación de la historia de España que consideraba que la política expansionista tradicional de Castilla consistiría en avanzar hacia el sur, pero ésta se habría desviado con el descubrimiento de América. Sin embargo, con la pérdida de la mayor parte del imperio colonial hispanoamericano habría llegado el momento de recuperar la tradicional expansión hacia el sur con la conquista del imperio marroquí. Los africanistas tenían como precedente la guerra de África de 1859-1860, pero la mayoría eran partidarios de una política de acercamiento entre españoles y marroquíes, sobre la base de una supuesta «penetración civilizadora», conocida también como «penetración pacífica», a partir

10. REPARAZ, G. de, Lo que pudo hacer España en Marruecos y lo que ha hecho, Barcelona, Oficinas de propaganda de la CNT-FAI, [1937], p. 2, y del mismo autor Aventuras de…cit., pp. 23-28. 11. PEDRAZ MARCOS, A., Quimeras de África. La Sociedad Española de Africanistas y Colonistas. El colonialismo español de finales del siglo XIX, Madrid, Polifemo, 2000 pp. 146-147.

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de las «plazas de soberanía española» en el norte de Marruecos, es decir, Ceuta y Melilla.12 El grupo de africanistas donde estaba integrado Reparaz, encabezado por Costa, defendía que España estaría obligada a «incorporar Marruecos a la civilización»,13 e impulsaron la celebración del primer Congreso de Geografía Colonial y Mercantil en noviembre de 1883. Éste no respondió a las expectativas de sus organizadores,14 pero contribuyó a la constitución de la Sociedad Española de Africanistas y Colonistas, en 1884. Reparaz era uno de sus propagandistas más entusiastas y no dudaba en afirmar que le «debemos las posesiones del Sáhara y del golfo de Guinea».15 También asumió el discurso imperialista formulado por Costa en el teatro de la Alhambra, el 20 de marzo de 1884, cuando afirmó que: «los marroquíes son nuestros hermanos, y les debemos cariño: fueron nuestros maestros, y les debemos respeto y gratitud; han sido nuestras víctimas, y les debemos reparación cumplida. Fue promulgada nuestra doctrina».16

Evolución ideológica, Cuba y el polaviejismo Su vinculación al ILE finalizó cuando abandonó Madrid para dirigir El Liberal Dinástico, entre 1887 y 1888, en Toledo. Posteriormente, dirigió La Unión Liberal, entre 1889 y

12. JOVER ZAMORA, J. M., Política, diplomacia y humanismo popular en la España del siglo XIX, Madrid, Turner, 1976, pp. 126-133, y del mismo autor España en la Política Internacional. Siglos XVIII-XX, Marcial Pons, Madrid, 1999, pp. 160-161; TORRE GÓMEZ, H. de la, Antagonismo y fractura peninsular. España-Portugal, Madrid, Espasa-Calpe, 1983; MARTÍNEZ-GIL, V., El Naixement de l’iberisme catalanista, Barcelona, Curial, 1997, del mismo autor (coord.), «Dossier: Portugal, rostre d’Europa», L’avenç, núm. 293, Barcelona, 2004, y del mismo autor (ed.), Uns Apartats germans. Portugal i Catalunya = Irmaos afastados. Portugal e Catalunha, Lisboa y Palma de Mallorca, Instituto Camoes y Lleonard Muntaner, 2010; SÁNCHEZ CERVELLÓ, J., «El nacionalismo portugués», en MORALES MOYA, A. (coord.), Los 98 ibéricos y el Mar: [actas del Congreso Internacional celebrado en] Torre de Tombo (Lisboa) 27, 28, y 29 de abril de 1998, vol. III, Salamanca, Sociedad Estatal Lisboa ’98, 1998, pp. 235-254, del mismo autor, «Calunha e Portugal: una amizade sécular» en ROSAS, F. y ROLLO, M. F., Portugal na viragem do século, Lisboa, Assirio & Alvim, 1998, pp. 127-165; CAMPOS MATOS, S., Iberismo e identidade nacional (1851-1910), Lisboa, Universidade de Lisboa, 2006; UCELAYDA CAL, E., «El africanismo: muestra de un movimiento de agitación sin sociedad civil de respaldo», El imperialismo catalán. Prat de la Riba, Cambó, D’Ors y la conquista moral de España, Barcelona, Edhasa, 2003, pp. 652-658, y ANTA UGARTE, J. «Gonzalo de Reparaz, intelectual…» cit. 13. REPARAZ, G. de Lo que pudo hacer… cit., pp. 3-4. Sobre el africanismo de Reparaz véase GIL NOVALES, A. «El africanismo de …» cit., pp. 31-47. 14. El primer Congreso de Geografía Colonial y Mercantil ha sido ampliamente estudiado por Azucena PEDRAZ MARCOS (2000), A., cit., pp. 174-223. Véase también HERNÁNDEZ SANDOICA, E., Pensamiento burgués y problemas coloniales en la España de la Restauración, 1875-1887, Madrid, Editorial de la Universidad Complutense, 1982, p. 325. 15. REPARAZ, G. de Lo que pudo hacer… cit., pp. 3-4; PEDRAZ MARCOS, A. Quimeras de África… cit., pp. 166-169. Reproduce la circular informativa del primer Congreso de Geografía colonial y mercantil publicada en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid y el programa del Congreso pp. 151-152, 168-169 y 395396. 16. REPARAZ, G. de, Política de España en África, Barcelona, Imprenta barcelonesa, 1907, pp. 237 y 251254, del mismo autor Lo que pudo hacer… cit., pp. 3-4, y Aventuras de un… cit., pp. 28, 36-37, 51, 206-207, 210.

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1890, en San Sebastián. Durante este período de residencia en la capital de Guipúzcoa, elaboró el árbol genealógico de su familia. Además, leyó la Historia de la civilización ibérica y del Portugal Contemporáneo de su antiguo amigo Oliveira Martins.17 En estas circunstancias, habría sufrido un cambió ideológico, ya que se produjo un «alzamiento de lo castizo contra lo postizo», es decir, comenzaba a cuestionar su liberalismo afrancesado para vincularse a un ideario de base tradicionalista.18 La caída de Reparaz –parafraseando la conversión de Pablo de Tarso– tal como la explica en su autobiografía es cuestionable, ya que cuando dejó de vivir en el País Vasco no rompió su relación con la prensa liberal, aunque lo justificaba por motivos crematísticos, ni tuvo ningún inconveniente en solicitar al líder liberal Segismundo Moret que le prologase su primer libro, Política de España en África, en 1891.19 Su actividad periodística se situaba en el grupo vinculado a los intereses autonomistas antillanos que encabezaba el republicano moderado Rafael María de Labra. Éste recomendó a Reparaz para que entrase a formar parte de la redacción de La Justicia, el portavoz de los republicanos liderados por Nicolás Salmerón (1838-1908), y también colaboraba con El Imparcial, uno de los principales diarios liberales. Además, estaba plenamente integrado en la redacción de El Heraldo de Madrid, el diario de la familia Canalejas. A finales del siglo XIX, había conseguido una cierta popularidad y unos ingresos que le permitieron pagar la edición de Marruecos-El Rif-Melilla, un folleto donde intentaba explicar la naturaleza del conflicto de Melilla de 1893.20 No se encuentran ejemplares de este trabajo, porque «despachados unos 300 vendí el resto de la edición al tendero de la esquina, para papel de envolver.» Sin embargo, The Times, el 14 de noviembre de 1893, lo resumió en su artículo editorial.21 En 1895, continuaba vinculado a la prensa progresista, cuando, a los pocos días del fallecimiento de su madre, «llegó la noticia del alzamiento de Baire». Éste reiniciaba la guerra civil y de liberación de la isla de Cuba. En estas circunstancias, Reparaz inició una campaña en el Heraldo crítica con el gobierno conservador y pesimista sobre la resolución del conflicto. Los patriotas le acusaron de ser un «filibustero», es decir, un partidario de los separatistas, pero les replicó asegurando que sus críticas se debían únicamente a su patriotismo.22 A finales de 1895, continuaba vinculado a los republicanos partidarios de otorgar la autonomía a las colonias españolas en las Antillas, y al sector más democrático del liberalismo. No obstante, en sus escritos autobiográficos no le debía resultar agradable reconocer que renunció a su liberalismo progresista, porque intentó impulsar un acuerdo regeneracionista entre los liberales progresistas liderados por José Canalejas Méndez

17. CAMPOS MATOS, S., «Estudio preliminar», en OLIVEIRA MARTINS, J. P., Historia de la civilización ibérica, Pamplona, Urgoiti, 2009. 18. REPARAZ, G. de Aventuras de un… cit., pp. 38-46. 19. REPARAZ, G. de, España en África: y otros estudios de política colonial, prólogo de Segismundo Moret, s. e., Madrid, 1891. 20. PICH, J., Francesc Pi y Margall y la crisis de Melilla de 1893-1894, Barcelona, Bellaterra, 2008. 21. REPARAZ, G. de, Aventuras de un… cit., pp. 46-50 y 210-211. 22. Ibídem, pp. 46-50.

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(1854-1912),23 y los sectores católicos que encabezaba el general Camilo García de Polavieja y del Castillo (1838-1914),24 durante la crisis colonial de finales del siglo XIX. En diciembre de 1895, el teniente general Camilo Polavieja –jefe del Cuarto militar de su Majestad la Reina, conocido como el general cristiano por estar vinculado al integrismo católico y candidato a «cirujano de hierro»– le quiso conocer por los artículos que publicaba en el Heraldo. Reparaz era un periodista relativamente famoso por su especialización en artículos denuncia, es decir, sensacionalistas, que generaban polémica y algún proceso judicial. En sus artículos, se mostraba preocupado por la situación del ejército, al que presentaba como el brazo armado de la patria, por sus evidentes problemas organizativos y por la necesidad de reformarlo. Se autoeditó el libro La Guerra de Cuba. Estudio militar,25 en el que era muy crítico con la organización de las tropas y con la dirección militar del capitán general Valeriano Weyler Nicolau (1838-1930), otro posible candidato a «cirujano de hierro». Éste prohibió que el libro se difundiese en Cuba, y posiblemente esta medida incrementó el acercamiento entre Reparaz y Polavieja.26 En agosto de 1896, Polavieja ya le consideraba un «querido amigo» y, en otoño, se reunían diariamente. El general cristiano le habría ofrecido ser el «propagandista de la regeneración», mientras que el militar ejercería de «ejecutor». El nuevo régimen que pretendían establecer llegaría de la mano de hombres nuevos, como el mismo Reparaz, y consistiría en «más autoridad Real; menos Parlamento, esto es, poco verbalismo y pocos taquígrafos; concordancia entre la constitución interna, que era la propia, creada por la tradición, y la importada ó postiza; regionalismo; disolución de los partidos, esto es, envío de los grandes hombres políticos al depósito de los trastos viejos; disciplina social; saneamiento de las costumbres; verdaderos desposorios con la verdad. ¡Toda una reconstrucción nacional!»,27 es decir, el establecimiento de una dictadura regeneracionista, con el apoyo de los liberales progresistas que lideraba José Canalejas y del partido católico impulsado por el cardenal y arzobispo Antonio María Cascajares (1834-1901).28

23. FORNER MUÑOZ, S. (1993), Canalejas y el Partido Liberal Democrático, Madrid, Cátedra/Instituto de Cultura Juan Gil-Albert, 1993; SUÁREZ CORTINA, M., «El liberalismo democrático en España. De la Restauración a la República», Historia y Política, núm. 17, Madrid, 2007, pp. 121-150. 24. ANDRES-GALLEGO, J., «Los grupos políticos del 98», Hispania, núm. 138, 1978, pp. 121-146; JIMÉNEZ NÚÑEZ, F. y LÓPEZ COIRA, M., «Exaltación y eclipse del general Polavieja», Revista de Estudios Políticos, núm. 54, 1986, pp. 205-222; GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, P., «Polavieja: un general para una crisis. El polaviejismo en torno a 1898», Revista de Historia Militar, núm. 83, 1997, pp. 161-200; ALONSO BAQUER, M. A., «Camilo García de Polavieja: el general cristiano», en ARMILLAS VICENTE, J. A. (coord.), Aragón y la crisis colonial de 1898. Seminario interdisciplinar, Jaca (Huesca), Diputación General de Aragón, Departamento de Educación y Cultura, 1999, pp. 67-82; LÓPEZ SERRANO, A., El general Polavieja y su actividad política y militar, Madrid, Ministerio de Defensa, 2001; FAES DÍAZ, E., «Polavieja, “Dios está con usted”», Claudio López Bru, Marqués de Comillas, Madrid, Marcial Pons, 2009, pp. 158-165. 25. SORIANO JIMÉNEZ, I. C., «El archivo de Gonzalo…» cit., p. 214. REPARAZ, G. de, La Guerra de Cuba. Estudio militar, Madrid, La España Editorial, 1896 y del mismo autor Aventuras de un… cit., pp. 50-56 y 68. 26. REPARAZ, G. de, Aventuras de un … cit., pp. 213-214, 216-217 y 237-238. 27. Ibídem, pp. 54-58, 214-215 y 218-220. 28. ANDRÉS GALLEGO, J., La política religiosa en España. 1899-1913, Madrid, Editora Nacional, 1975, pp. 55-127, y del mismo autor «Los grupos políticos…» cit. GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, P. «Pola-

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La alianza entre polaviejistas y liberales progresistas se puso de manifiesto, cuando Reparaz publicó un artículo en el Heraldo, el 29 de diciembre de 1896, en el que criticaba la mala organización del ejército español y las calamidades que sufrían los soldados que luchaban en Cuba. El mismo Reparaz aseguraba que su artículo, al denunciar la falsedad del discurso oficial, boicoteó el plan del ejecutivo conservador de conceder la autonomía política a los cubanos, después de anunciar que los separatistas habían sido derrotados. Reparaz denunció que los rebeldes no estaban vencidos, y que la noticia de su supuesta derrota era una maniobra política del gobierno conservador para otorgar la autonomía a la isla y de esta manera mantenerse en el Gobierno. Este artículo hizo que lo detuviesen, encarcelasen y que el gobierno sancionase a los diarios que lo apoyaron.29 El artículo de Reparaz habría torpedeado la posibilidad de una solución pacífica del conflicto cubano, al precio de estar encarcelado unos pocos días, en enero de 1897. Sin embargo, su artículo enfureció a los partidarios de la metrópoli en la Habana, hasta el punto que organizaron una manifestación patriótica en contra de Reparaz. La periodista Eva Canel [Agar Eva Infanzón Canel] (1857-1932) llegó a afirmar que viajaría a la Península «para cortarme algunos apéndices interesantes y de mi estimación particular, cuya posesión, no sé por qué extraño capricho, deseaba».30 La pugna por establecer qué jurisdicción había de juzgarlo, si la civil o la militar, la resolvió el Tribunal Supremo a favor de la primera. El líder conservador anunció una ley especial de jurisdicciones, que anunciaba la futura ley de 1906, pero su asesinato abortó este proyecto legislativo. La vista de su caso en la jurisdicción civil coincidió con la culminación del desastre colonial. Le absolvieron, puesto que el fiscal «ante la evidencia de los hechos, tuvo que retirar la acusación contra mí».31 En su autobiografía no explicaba que su abogado defensor era José Canalejas. En todo caso, la correspondencia privada entre el general y el periodista muestra las «increíbles dotes de Reparaz para la intriga».32 En este período, el estilo de sus artículos era cada vez menos liberal y más regeneracionista, mientras impulsaba una campaña periodística para vertebrar el polaviejismo. No obstante, cuando se inició la rebelión de las Filipinas, Polavieja se planteó la posibilidad que España no pudiese mantener la guerra en dos frentes, si se daban estas circunstancias era partidario de aceptar la pérdida de las posesiones antillanas y mantener la colonia asiática. El gobierno le nombró capitán general de las Filipinas. En estas circunstancias, Reparaz acabó enfrentándose con los polaviejistas, ya que su vieja: un general…» cit., pp. 162-199; MORILLAS GÓMEZ, J., «Antonio M.ª Cascajares. Notas para un centenario», Aportes. Revista de Historia Contemporánea, 2000, pp. 41-48; FAES DÍAZ, E., «Esbozo y rápida negación de un partido católico», Claudio López Bru… cit., pp. 152-158, y ANTA UGARTE, J., «Gonzalo de Reparaz, intelectual…» cit. 29. FERNÁNDEZ ALMAGRO, M., Historia política de la España Contemporánea, Madrid, Alianza Editorial, 1959, p. 381; NÚÑEZ FLORENCIO, R., Militarismo y antimilitarismo en España (1888-1906), Madrid, CSIC, 1990, p. 229; BALFOUR, S., El final del Imperio Español, 1898-1923, Barcelona, Crítica, 1997, p. 22. GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, P., «Polavieja: …» cit. 30. REPARAZ, G. de, Aventuras de un… cit., pp. 68-71. 31. Ibídem. REPARAZ, G. de, Lo que pudo hacer… cit., pp. 4-5, y S.A., Enciclopedia… cit., p. 928. 32. GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, P. «Polavieja: un…» cit., p. 187.

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integridad y patriotismo desinteresado le habrían desacreditado. La explicación de Reparaz es difícil de creer. Posiblemente, esperaba que sus servicios fuesen compensados con cargos más elevados, ya que su ego, tal como muestran sus escritos, era más que considerable.33 Una grave enfermedad impidió a Polavieja culminar su campaña en las Filipinas, pero, a inicios del otoño de 1898, existió la posibilidad que el general cristiano encabezase un nuevo régimen. El mismo Canalejas habría participado en la redacción del manifiesto político, en el que también colaboró el cardenal arzobispo Cascajares, que Polavieja dirigió a la nación.34 La formación política no se concretó, porque Canalejas y Polavieja «no pudiendo entenderse, apartáronse. Canalejas fue a caer en los brazos de Weyler», y Reparaz rompió sus vínculos con Canalejas. De hecho, el general Polavieja es una de las pocas personas, incluyendo a gran parte de su familia, a la que no critica en sus recuerdos. No hubo ruptura entre el general y el periodista, pero sí distanciamiento.35 A finales de 1898, Reparaz era «más conocido que antes, pero también más pobre todavía y con muchos y poderosos enemigos entre los que mandaban y habían de mandar, que eran siempre los mismos». Sus familiares le habrían propuesto que se casase con una rica heredera, con lo que habría podido dedicarse a la política, pero, en sus recuerdos, afirmaba que el futuro como «gran señor y cacique» le generaba pavor, aunque es difícil de creer. Contrajo matrimonio con la cántabra Carmen Ruiz de Zabalo, que era catorce años más joven que él.36 Hay quien ve a Reparaz como un oportunista que con su vinculación a Polavieja habría conseguido que le nombrasen comisionado en el extranjero para estudiar las posibles reformas administrativas que necesitaría España para modernizarse.37 Representó al Gobierno en el Congreso de enseñanza técnica de Venecia y viajó por Italia, Suiza y Alemania. Finalmente, elaboró un informe y, en 1900, lo nombraron asesor técnico de la embajada de España en París.38

París y Marruecos En 1900, el embajador español en París era el canario, dirigente liberal y destacado africanista Fernando de León y Castillo (1842-1918), marqués de Muni, con el que Reparaz congenió, ya que tenían una visión parecida del imperialismo. Además, no le impuso unos horarios rígidos y le otorgó una gran flexibilidad laboral que le posibilitó residir amplias temporadas en San Sebastián.39 En enero de 1901, nace su único hijo, Gonzalo

33. Ibídem, pp. 180-181. REPARAZ, G. de, Aventuras de un… cit., pp. 56-67, 213 y 220-224. 34. GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, P., «Polavieja: un…» cit., pp. 191-194. 35. REPARAZ, G. de, Aventuras de un… cit., pp. 64-74. 36. Ibídem, y SORIANO JIMÉNEZ, I. C., «El archivo de…» cit., pp. 214-215. 37. GONZÁLEZ-POLA DE LA GRANJA, P., «Polavieja: un…» cit., p. 199 y nota 104. 38. SORIANO JIMÉNEZ, I. C., «El archivo de…» cit., p. 215. 39. REPARAZ, G. de, «Carta de Gonzalo de Reparaz a Fernando de León y Castillo. París, 27 marzo 1901 [Manuscrito]». AfrGFC/271/61. BNE, 1901.

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Ángel María de Reparaz Ruiz, en Sèvres, y traduce al castellano La guerra de Paraguay del político, diplomático, periodista e historiador brasileño Joaquim Nabuco (1848-1910). También mantiene su actividad periodística vinculada a portavoces conservadores y clericales, como La Época y El Universo.40 En 1902, el gobierno francés negoció una primera propuesta de reparto del imperio jerifiano con el embajador español, León Castillo y su asesor, Gonzalo de Reparaz. Era un período en que franceses y británicos comenzaban a solucionar su rivalidad colonial en África, pero aún no habían acordado la Entente que uniría a Londres y a París. En estas negociaciones les ofrecieron el control de Fez, Taza, la cuenca del Sebi y el Rif. Reparaz habría preparado el «plan político» del protectorado español en Marruecos que negociaban con los franceses, inspirado en las tesis de Costa aseguraba que se trataría de una «confederación de pueblos hermanos». León Castillo le habría dicho que no necesitarían ni «un batallón ni un acorazado.» Reparaz compartía su entusiasmo sin saber que el «despertar de aquel bello ensueño sería la ruina de España y la mía».41 Las negociaciones de 1902 han sido ampliamente estudiadas por Francisco Manuel Pastor Garrigues. Éste cuestiona la hipótesis de la naturaleza defensiva del colonialismo ejercido por la monarquía del régimen de la Restauración sobre una parte del imperio jerifiano, interpretándolo como una respuesta ante los retos planteados por la pérdida de las principales colonias españolas en 1898. En un esfuerzo que intenta superar las teorías historiográficas tradicionales que defienden que los gobiernos españoles de aquel período habrían intentado mantener el statu quo marroquí; argumenta que la política de los gobiernos españoles de la Restauración respecto a Marruecos fue agresiva y configuró la consciencia estratégica entre la clase política dirigente del régimen.42 No obstante, resulta sorprendente que no utilice los abundantes trabajos de Reparaz sobre su participación en las negociaciones diplomáticas franco-hispanas. La mayor parte de la historiografía ha defendido, a partir de las memorias del embajador León y Castillo,43 que no había habido ningún contratiempo con los negociadores franceses hasta que enviaron el proyecto de acuerdo al Gobierno. Inicialmente, el líder liberal Práxedes Mateo Sagasta y el duque de Almodóvar, Juan Manuel Sánchez y Gutiérrez de Castro (1850-1906), jefe del Gobierno y ministro de Estado, habrían estado dispuestos a aceptarlo, pero los liberales fueron substituidos por los conserva-

40. FAES DÍAZ, E., «La batalla de…» cit., pp. 192-197. 41. REPARAZ, G. de, Lo que pudo…, cit., p. 6. Véase también GONZALEZ VELILLA, M. T., «El Tratado no firmado de 1902», Orientación general de la política exterior española entre 1898 y 1907. Los compromisos internacionales, Madrid, tesis doctoral dirigida por TORRE RÍO, R., Universidad Complutense de Madrid, 1998, pp. 232-262; PASTOR GARRIGUES, F., «El non-nato Tratado Hispano-Francés de 1902 de reparto de Marruecos en el contexto de las pugnas imperialistas de la época», Cuadernos de Historia de la Relaciones Internacionales, núm. 6, Madrid, 2008 y del mismo autor, A las puertas del Protectorado. Las negociaciones secretas hispano-francesas en torno a Marruecos (1901-1904), Sevilla, Universidad de Sevilla-Ateneo de Sevilla, 2013, pp. 101-130. 42. Ibídem. 43. LEÓN y CASTILLO, F., Mis Tiempos, vol. II, Gran Canaria, Ediciones del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 1978, p. 206.

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dores liderados por Francisco Silvela (1843-1905),44 y éstos no aceptaron la propuesta francesa. Reparaz pensaba que no lo habían firmado por temor a la reacción de los británicos, cuando éstos ya eran de facto aliados de los franceses.45 Sin embargo, obviaba que no habían pasado ni cuatro años de la desastrosa guerra hispano norteamericana y de la pérdida de la mayor parte de las colonias españolas. En estas circunstancias, el gobierno conservador, posiblemente, era consciente que la sociedad española no entendería que iniciasen una nueva guerra por un territorio relativamente pobre, y con una población muy belicosa. En cambio, Pastor Garrigues afirma que la resistencia española a firmar el tratado era debida a un «deseo de obtener mejores condiciones y un mayor engrandecimiento territorial para el pretendido imperio colonial en Marruecos».46 El gobierno francés negociaba con sus antiguos rivales británicos una alianza, y esta se concretó en la Entente, en abril de 1904. Acordaron que la mayor parte del imperio jerifiano se transformase en un protectorado francés, siempre que éstos no controlasen la zona del estrecho de Gibraltar. El gobierno de Londres también quería que Tánger, el mejor puerto marroquí, continuase como ciudad libre. En estas circunstancias, empezó de nuevo el diálogo franco español, y se concretó en el Tratado de 1904.47 Con su modestia habitual Reparaz explicaba que también «me tocó hacer el Tratado de 1904. Era poco, comparado con el anterior; pero todavía era algo».48 En 1904, el gobierno de Madrid aceptó la propuesta de repartición del territorio marroquí que les había vuelto a ofrecer el gobierno de París, aunque sobre una zona del imperio jerifiano más reducida que en la propuesta de 1902. Acordaron que la mayor parte del territorio estaría bajo control de los franceses, mientras que en el litoral mediterráneo y una zona próxima al Sahara español estarían bajo dirección de Madrid. En abril de 1905, ante la continuidad de la guerra civil en Marruecos, el embajador francés propuso al Sultán una serie de reformas que de facto transformarían al imperio en un protectorado francés. Sin embargo, el viaje del Káiser Guillermo II a Tánger frustró las expectati-

44. SILVELA, F., Escritos y discursos políticos. Entre el liberalismo y el regeneracionismo, edición, estudio introductorio y notas de Arranz Notario, L., Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2005; Véase también PORTERO, F., «Francisco Silvela, jefe del conservadurismo español», Revista de Historia Contemporánea, núm. 2, 1983, pp. 146-163 y CLEMENTE ORTEGA, Á. L. y FRUTOS DE BLAS, J. I. de, «Francisco Silvela y Marruecos: un proyecto de política exterior», Isla de Arriarán. Revista Cultural y Científica, núm. 14, 1999, pp. 227-254. 45. REPARAZ, G. de, Lo que pudo hacer… cit., pp. 6-7. 46. PASTOR GARRIGUES, F., «Antonio Maura…» cit., pp. 81-130. 47. GONZALEZ VELILLA, M. T., «Declaración franco-británica sobre Egipto y Marruecos de 8 de abril de 1904» y «Convenio hispano-francés sobre Marruecos de 3 de octubre de 1904», Orientación general de… cit., pp. 262-322. LÓPEZ-HERMOSO VALLEJO, E., «De la Declaración y Convenio hispano-franceses relativos a Marruecos (1904) al Acuerdo hispano-francés sobre Marruecos (1912)», Ab Initio, núm. 1, 2010, pp. 123-148; PASTOR GARRIGUES, F., «Antonio Maura y el papel del II Reich en las negociaciones hispanofrancesas sobre Marruecos de 1903-1904», Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea, núm. 12, 2013, pp. 79-108. 48. REPARAZ, G. de, Lo que pudo hacer…, cit., pp. 6-7.

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vas imperialistas francesas, y motivó que las principales potencias intentasen solucionar el problema marroquí en la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906.49 Los gobiernos españoles de la Restauración, después de la crisis de 1898, priorizaron la reconstrucción de la alianza diplomática con británicos y franceses. Ante los estudios que afirman que el aborto del proyecto de reparto del imperio jerifiano con los franceses de 1902 sería un error de la diplomacia española, ya que ésta «hizo internacionalmente dejación de sus intereses más directos en aquello que más le importaba –una expansión en el imperio jerifiano–, cayendo por tanto su imagen y sufriendo serios reveses en 1904, 1906 y 1911». Cristóbal Robles y Pastor Garrigues se oponen a la visión anteriormente expuesta y concluyen que, a partir del acuerdo con Francia en 1904, España habría salido de su «aislamiento, se involucró en una relación con potencias que contribuirían a que el sistema político de nuestro país siguiese el sendero constitucional y parlamentario, y además regresó al concierto internacional, entrando en él con aplomo, identidad, método y paso firme».50 No obstante, donde entró España fue en el conflicto marroquí, y, tal como recuerda Juan Ortiz Villalba, Franco afirmaba que «su personalidad se gestó en África, que él no se explicaba a sí mismo sin África».51 Desde su cargo en la embajada española en París, Reparaz escribió y publicó Política de España en África, en 1907. El libro pretendía ser un curso de africanismo, en el que resumía su proyecto africanista. Se trataba de un intento de impulsar el africanismo entre las elites españolas, aunque en este libro, el gran defensor de la penetración pacífica, matizaba que la penetración española en Marruecos tendría que ser «pacífica, pero armada: el justo medio entre la conquista militar y el statu-quo. Presión civilizadora, no violenta, pero fuerte y constante».52 Si escribió el libro para que le enviasen al imperio jerifiano lo consiguió, ya que fue nombrado Comisario especial, y enviado a Marruecos para preparar la organización del protectorado español. En este período, él y su familia residían en una mansión situada en una de las colinas de las afueras de Tánger. Durante los más de tres años, que ejerció

49. SOLE ROMEO, G., «La conferencia de Algeciras de 1906. Una solución europea al conflicto marroquí y a la crisis internacional de 1905», Revista de la Universidad Complutense, núm. 116, 1979, pp. 261-280; GONZALEZ VELILLA, M. T., «La conferencia desarrollo y resultados», Orientación general de… cit., pp. 358-388; ROBLES MUÑOZ, C., La política exterior de España. Junto a las naciones occidentales (19051914), vol. 2, Madrid, CSIC, 2006, pp. 13-132; GONZÁLEZ ALCANTUD, J. A. y MARTÍN CORRALES, E. (coords.), La conferencia de Algeciras en 1906, Barcelona, Bellaterra, 2007; VALLE GÁLVEZ A. DE, VERDÚ BAEZA, J. (dirs.) y TORREJÓN RODRÍGUEZ, J. D., (coord.), España y Marruecos en el centenario de la Conferencia de Algeciras, Madrid, Dykinson, 2007; PINTOR ALONSO, P. Y O’NEILL PECINO, R., La conferencia internacional de Algeciras de 1906 cien años después. Congreso Internacional, Algeciras, Fundación Municipal de Cultura José Luis Cano, 2008; MONTERO JIMÉNEZ, J. A., «Una puerta a los asuntos de Europa: Estados Unidos, España y la cuestión marroquí (1906-1928)», Historia y Política. Ideas, Procesos y Movimientos Sociales, núm. 25, 2011, pp. 235-269. 50. PASTOR GARRIGUES, F., «Antonio Maura y…» cit., pp. 203-223. Cita a ROBLES MUÑOZ, C. La política… cit., p. 420. 51. JUAN ORTIZ VILLALBA, «Prólogo. Metrópolis por exclusión», en PASTOR GARRIGUES, F. «Antonio Maura y…» cit., p. 20. 52. REPARAZ, G. de, Política de España… cit., pp. 434-476.

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como Comisionado especial en Marruecos realizó once giras por territorio marroquí, mientras mantenía una amplia correspondencia particular con su antiguo amigo –aunque en sus memorias lo vilipendiara– y ministro liberal Manuel García Prieto, en la que defendía que la penetración de España en Marruecos tendría que basarse en impulsar la alfabetización y la economía marroquíes. En síntesis, su proyecto se basaba en «dominar al moro por la superioridad moral, científica y económica del español».53 Reparaz asegura que los rifeños le llamaban «sahebi-ruafa», es decir, amigo de los rifeños, pero a medida que se incrementaba su influencia, también aumentaban las trabas de la embajada española que estaba en manos de Alfonso Merry del Val Zulueta-Wilcox, marqués de Merry del Val (1864-1943), hermano del cardenal Rafael Merry del Val (1865-1930), el secretario de Estado de Pío X (1835-1914). Sin embargo, a mediados de 1909, el embajador Merry del Val protagonizó un incidente diplomático en la corte del sultán Mulay Hafid, justo antes del inicio de la guerra de Melilla. Un conflicto que empezó por la negativa de las cabilas a aceptar la explotación de las minas de alrededor de Melilla por las que unos empresarios españoles pagaron a uno de los pretendientes al sultanato, el Rogui, aproximadamente un millón de pesetas, y generaron un conflicto que le costó al Estado unos trescientos millones, más de doscientos cincuenta muertos, de los que dos eran generales, y unos mil quinientos heridos.54 La esposa de Gonzalo de Reparaz era la administradora de los negocios de su marido en Marruecos, en los que mezclaba su misión oficial con sus intereses privados. En 1937, Reparaz explicaba que sus estudios de los suelos y del clima marroquí le convencieron de que el cultivo de remolacha azucarera, e incluso el de caña de azúcar, podía ser muy productivo y lucrativo. Le habría explicado el proyecto a Alfonso XIII y éste le recomendó que lo tratase con la Sociedad General Azucarera, pero los ingenieros de esta empresa consideraban que no era viable. Sin embargo, propuso y consiguió que invirtiesen unos miles de pesetas en proyectos agrarios azucareros experimentales en campos de Tánger, Tetuán y Larache. Los resultados habrían sido tan espectaculares que «los señores de la Sociedad General Azucarera decidieron robármelo para explotarlo ellos». Así pues, un grupo de potentados españoles impulsó la constitución de una sociedad azucarera privada que, a través del entonces coronel Manuel Fernández Silvestre (1871-1921), amigo del monarca español, pretendía conseguir del Sultán nueve mil hectáreas de tierra para cultivar remolacha azucarera. No obstante, los terrenos fueron comprados por los Rothschild, 53. REPARAZ, G. de, Aventuras de un… cit., pp. 10-11 y 51, y del mismo autor Lo que pudo hacer… cit., p. 7, SORIANO JIMÉNEZ, I. C., «El archivo de…» cit., pp. 215-216.; S.A. Enciclopedia …cit., p. 928. 54. REPARAZ, G. de, Lo que pudo… cit., pp. 7-10. Encontrarán más información sobre el conflicto en MADARIAGA, M. R., España y el Rif. Crónica de una historia casi olvidada, Melilla, UNED, 1999, y de la misma autora, «La guerra de Melilla o del Barranco del Lobo, 1909», en MARTÍN CORRALES, E., Semana Trágica. Entre las barricadas de Barcelona y el barranco del Lobo, Barcelona, Bellaterra, 2011, pp. 91-120; SEGURA, A., «Antimilitarisme i guerra del Marroc», en ROIG i ROSSICH, J. M., (dir.), Els fets de la Setmana Tràgica (1909). Actes de les jornades organitzades pel CHCC (28 i 29 de maig de 2009), Barcelona, CHCC-Generalitat, 2010, pp. 39-54; SERRALLONGA, J., «Las causas militares. La política colonial en Marruecos», en MOLINER PRADA, A., La Semana Trágica de Cataluña, Alella, Nabla, 2009, pp. 51-80. Véase también ROBLES MUÑOZ, C., La política… cit., vol. 2, Madrid, CSIC, 2006, pp. 217-280.

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que tenían como uno de sus representantes en España a José Canalejas. Reparaz aseguraba que los «colosos financieros [españoles] habían sido completamente derrotados por un escritor proletario, rico en ideas, pobrísimo en pesetas»,55 aunque no explicaba que se habría puesto al servicio del coloso Rothschild. Después de la pugna por establecer una empresa azucarera en Marruecos, tenía una larga lista de enemigos. Sin embargo, aseguraba que viendo que el gobierno español había optado por la «penetración militar», y que no se decidía al «saneamiento de nuestra colonia en Marruecos, inició una campaña contra aquella política que creía funesta, lo que originó la protesta de ciertos elementos, siendo destituido»,56 por el ministro de Estado, su antiguo amigo y dirigente liberal, Manuel García Prieto. Éste fue el máximo responsable del Tratado de 1912 por «virtud del cual la parte española quedó reducida a menos de la décima parte de la que yo había hecho; es decir, quedó la zona actual y, además, dependiente del Sultán y de Francia, en lugar de ser una zona completamente libre, como la que trazamos nosotros en 1902». Reaccionó con una campaña de prensa en la que intentaba demostrar la injusticia de su destitución. También aseguraba que habían intentado asesinarle por orden de los potentados que habían perdido el negocio azucarero en Marruecos, y del mismo monarca español.57 En esta coyuntura, dos ciudadanos franceses le convencieron para que aceptase el cargo de gerente de una sociedad franco-brasileña de hidroplanos en Río de Janeiro, mientras ellos gestionaban las tierras que tenía en Marruecos. Le estafaron. En su familia, su mujer y su hijo, desconfiaban de sus grandiosos proyectos, ya que «o bien son irrealizables, o bien fracasan con pérdidas económicas importantes, o bien se compromete con personas que al final lo estafan».58

Germanófilo en Sudamérica En otoño de 1913, la familia Reparaz vivía en Brasil, primero en Río de Janeiro, y posteriormente en São Paulo. En esta última ciudad le nombraron cónsul de Bolivia. Volvía a tener problemas económicos. Trabajó como profesor en la escuela de Comercio y en la escuela de estudios secundarios de San Bento dirigida por monjes alemanes, y se vinculó a periódicos de la colonia alemana en Brasil. Su mujer también fue contratada como directora de servicios del Sanatorio-Instituto Paulista. En este período, su concepción social era marcadamente tradicionalista, ya que consideraba que en la sociedad había «di-

55. REPARAZ, G. de, Lo que pudo hacer…, cit. p. 11; SORIANO JIMÉNEZ, I. C., «El archivo de…», cit., p. 216; Véase también LÓPEZ MORELL, M. Á. y O’KEAN ALONSO, J. M., «La red de negocios de la Casa Rothschild en España como una estructura de toma de decisiones y de gestión empresarial», Revista de la historia de la economía y de la empresa, núm. 2, 2008, pp. 41-64. 56. S.A., Enciclopedia… cit., p. 928. 57. REPARAZ, G. de, Lo que pudo hacer… cit., pp. 7-10; SORIANO JIMÉNEZ, I. C., «El archivo de…» cit., p. 216. 58. SORIANO JIMÉNEZ, I. C., «El archivo de…» cit., p. 220.

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versos estamentos que no pueden mezclarse entre sí, deben de guardar las distancias sin familiaridades, y ella [su mujer] y él han nacido en el lado privilegiado».59 Durante la primera Guerra Mundial, Gonzalo defendió primero en Brasil y posteriormente en Argentina posiciones germanófilas, desde la prensa en la que trabajaba. Durante la Gran Guerra los propagandistas de ambos bandos, tanto aliadófilos como germanófilos, presentaban a la alianza rival como monstruosa y la acusaban de no respetar ningún tipo de legalidad o moralidad. Los unos y los otros coincidían en afirmar que su bando estaba formado por los defensores de la cultura occidental y de las nacionalidades oprimidas, mientras que sus rivales defenderían la barbarie y el imperialismo. En España, la mayor parte de los germanófilos eran tradicionalistas, vinculados al integrismo católico y/o al carlismo, conservadores y los sectores regionalistas que identificaban la república francesa con el centralismo jacobino.60 No obstante, algunos historiadores consideran que el conflicto era básicamente una pugna entre potencias imperialistas. Éstas habían desarrollado un discurso imperialista arrogante, racista y que alababa al militarismo, como vía de modernización y de progreso sobre los pueblos atrasados y bárbaros. Sin embargo, lo que ocultaba el discurso del imperialismo civilizador era básicamente codicia, crueldad y menosprecio hacia las culturas consideradas atrasadas.61 En diciembre de 1916, se instaló en Buenos Aires, donde se convirtió «en la punta de lanza de la propaganda proalemana». Desde febrero de 1917 hasta noviembre de 1918, se hizo cargo de la sección: «Momento actual de la guerra», en el periódico La Unión. Escribía un artículo diario sobre la evolución de la guerra. Desde el 2 de junio de 1917, hasta el 9 de noviembre de 1918, redactó la sección: «Mirando al mundo», en el periódico La Gaceta de España, donde publicó una crónica semanal bajo el seudónimo de Juan sin tierra. Además, era autor de diversos opúsculos, algunos de manera anónima sobre la guerra, como El último acto. El imperio inglés en peligro (1917), Nuestra Guerra (1917) y Gitanos y Caballeros (1918).62 En sus opúsculos argumentaba que los británicos utilizaban su supremacía marítima para imponer sus productos industriales. Los acusaba de haber declarado la guerra a Alemania, «el país donde mejor vive la clase obrera, donde mayor democracia existe, donde impera la razón y la cultura, donde se defiende a la raza blanca».63 A finales de 1919, regresó a Europa, bajo el amparo de «religiosos, principalmente jesuitas». Durante una breve temporada, vivió en Berlín. Posteriormente, se trasladó a Suiza, primero a Aigle, al cantón de Vaud, y, posteriormente, a la ciudad alemana de Friburgo. Intentó que el gobierno alemán le pagase los servicios prestados, pero no estaban en condiciones de hacerlo, después de haber perdido la guerra.64

59. 60. 61. 62. 63. 64.

Ibídem. MARTÍNEZ FIOL, D., «Entre la Guerra i la Pau», L’Avenç, núm. 294, 2004, Barcelona, pp. 29-30. MORROW, JR., J. H., La Gran Guerra, Barcelona, Edhasa, 2008, p. 16. SORIANO JIMÉNEZ, I. C., «El archivo de…» cit., pp. 220-221. Ibídem. Ibídem, pp. 216 y 221.

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Entre 1920 y 1922, escribió su autobiografía, en tres tomos, tituladas Aventuras de un geógrafo errante para «desenmascarar á mis enemigos sacando á la luz los móviles de sus intrigas». Su objetivo era, aparte de alimentar su gran ego, denunciar a los que consideraba culpables del fracaso de su proyecto africanista. Éstos eran el médico, catedrático de la Universidad Central y Senador, Tomás Maestre Pérez (1857-1936), su antiguo amigo Manuel García Prieto, el general Fernández Silvestre, Alfonso Merry del Val, el monarca Alfonso XIII, y los militares africanistas.65

El retorno a España. De la extrema derecha al republicanismo Después del desastre de Annual, Reparaz estaba convencido que la implicación del monarca en la derrota en el Rif acabaría con la monarquía. En estas circunstancias, regresó a España. En septiembre de 1921, la familia Reparaz-Ruiz se instaló en Barcelona, donde residieron durante una década. En este período, entró en contacto con el patriciado catalán y con los sectores regionalistas de la Lliga partidarios del iberismo y del imperialismo, tal como lo formuló Prat de la Riba. Reparaz pensaba que la regeneración de España pasaba por acabar con el centralismo, identificado con Madrid, e impulsar la actividad de sus zonas costeras, tanto la Mediterránea, desde Barcelona, como la Atlántica, desde Lisboa.66 Durante el período en que residió en Barcelona, no tuvo problemas económicos porque publicó artículos en algunos de los principales diarios catalanes, como La Veu de Catalunya, principal portavoz de la Lliga Regionalista, el Día Gráfico, vinculado a los lerrouxistas y propiedad de Joan Pich y Pon, o el conservador Diario de Barcelona, mientras que en Madrid publicaba en El Sol. Pronunciaba conferencias, colaboraba en la redacción de la enciclopedia Espasa Calpe, impartía un curso especial de Geografía económica de Marruecos en la escuela de Altos Estudios Comerciales de Barcelona, y continuaba publicando libros.67 En 1921, escribió su polémico ensayo La derrota de la civilización, en el que defendía posicionamientos de extrema derecha que han sido calificados como proto fascistas.68 En realidad, Reparaz se presentaba como un reaccionario, y se preguntaba: «¿Por qué no reaccionar hacia el bien? Vean cómo se ha puesto de moda en Francia renegar de las famosísimas doctrinas de la revolución».69 Su referente era Action Française que impulsaba una escuela de pensamiento, pero también un partido nacionalista y monárquico de extrema derecha.70 El geógrafo errante no dudaba en afirmar que «con ellos estoy. Decláro-

65. REPARAZ, G. de, Aventuras de un… cit., pp. 15 y 210-212. 66. Ibídem. 67. SORIANO JIMÉNEZ, I. C., «El archivo de…» cit., p. 217. S.A. Enciclopedia…, cit., p. 929. 68. ANTA UGARTE, J., Gonzalo de Reparaz (1860-…, cit., http://www.ub.edu/dphc/antaugarte.htm. 20 de enero 2014. 15:43. Posiblemente, siguiendo la concepción del fascismo de NOLTE, E., The Three Faces of Fascism. Action Française, Italian Fascism, National Socialism, Weidenfeld and Nicolson, Londres, 1965. 69. REPARAZ, G. de, La derrota de la civilización, Barcelona, Minerva, [1921], p. 11. 70. WEBER, E., L’Action française, Paris, Fayard, 1985; REMOND, R., Les Droites en France, París, Au-

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me, pues, franca y decididamente reaccionario, con lo cual vengo a estar en lo cierto, y a ser, además, mucho más moderno que todos los demócratas, liberales y republicanos que posee España». Además, era explícitamente racista, tal como se pone de manifiesto en el capítulo que titula la «crisis de la raza blanca». En este libro, también publicó un apartado dedicado a «la raza española» y, en nombre del cristianismo, se oponía tanto a la igualdad socialista, como a la racial.71 La crisis generada por la derrota de Annual y la inestabilidad interna por la gran actividad de los anarquistas violentos, durante los años de la llamada guerra social,72 posibilitaron un cambio de régimen, con un cirujano de hierro, el general Primo de Rivera.73 El movimiento regeneracionista que apoyó a la primera dictadura del siglo XX utilizaba un discurso político similar al que había impulsado Reparaz, a la sombra de Polavieja, durante la crisis finisecular. Sin embargo, su profunda aversión a Alfonso XIII, al que culpaba de gran parte de sus desgracias, le impulsó a unirse a la oposición al régimen dictatorial. Con más de sesenta años, volvió a acercarse a los postulados del republicanismo. Durante la dictadura de Primo de Rivera, mantuvo su actividad periodística y publicó diversos libros muy críticos con la monarquía y la dictadura, como Páginas turbias de la Historia de España, que ahora se ponen en claro, vol. I, Madrid, Aguilar, 1926; La constitución natural de España y las de papel; Historias que parecen cuentos. Absolutismo, dictaduras y otros excesos, y Demolición y reconstrucción. Hombres, hechos, doctrinas, publicados en Barcelona, por Mentora, el primero en 1928 y los dos últimos, en 1930. Con la instauración de la II República, abandonó su apacible actividad intelectual en Barcelona y trasladó su residencia a Madrid. Volvió a trabajar para el Heraldo de Madrid, entre 1932 y 1936, así como para otros periódicos. Continuó publicando libros, tanto para ajustar cuentas con los que consideraba que habían arruinado su vida, tal como se puede observar en Alfonso XIII y sus cómplices. Memoria de una de sus víctimas, Madrid, J. J. Morata, 1931, o Páginas turbias de la Historia de España, vol. II, Barcelona, Mentora, 1931, pero también para difundir su visión de la historia española y del colonialismo.74 En 1931, se entrevistó con Niceto Alcalá-Zamora (1877-1949), cuando aún no era Presidente de la II República, y le habría dicho que el: «cáncer de Marruecos ha dado

bier-Montaigne, 1982; GIRARDET, R., Le Nationalisme français, 1871-1914, Seuil, París, 1983; WINOCK, M., Histoire de l’extrême-droite en France, París, Seuil, 1994; PREVOTAT, J., Les Catholiques et l’Action française, histoire d’une condamnation 1899-1939, París, Fayard, 2001; PREVOTAT, J., L’action française, París, Presses universitaires de France, 2004; SIRINELLI, J.-F. (dir.), Histoire des droites en France, París, Gallimard, 2006; GIOCANTI, S., Charles Maurras. Le chaos et l’ordre, París, Flammarion, 2006; LEYMARIE, M. y PREVOTAT, J. (eds.), Action française, culture, société, politique, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2008. 71. REPARAZ, G., de La derrota de… cit., pp. 13, 65-75, 179-180 y 259-288. 72. BALCELLS, A., «Violencia y terrorismo en la lucha de clases en Barcelona de 1913 a 1923», Estudios de historia social, núm. 42-42, 1987, pp. 37-79. 73. QUIROGA FERNÁNDEZ DE SOTO, A., «Cirujano de Hierro. La construcción carismática del general Primo de Rivera», Ayer, núm. 91, 2013, pp. 147-168. 74. SORIANO JIMÉNEZ, I. C., «El archivo de…» cit., p. 217.

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muerte a la Monarquía; el cáncer de Marruecos matará a la República, si no se apresuran a extirparlo. Me preguntó que había que hacer, y le dije: Todo. Porque lo que hay hecho no sirve para nada y hay que empezar de nuevo.» Le propuso la desmilitarización de las zonas de influencia española, sobre todo en el Rif. También le aconsejó que desmontaran la administración española y que encargasen a una persona competente, probablemente pensaba que esa persona era él, para que formulase una memoria para crear una nueva administración española en Marruecos partiendo de la indígena y con la mayor cooperación posible de éstos.75 En octubre de 1933, el ministro de Industria y Comercio, el veterinario y dirigente del Partido Republicano Radical Socialista Félix Gordón Ordás (1885-1973), le nombró miembro permanente del Consejo de Ordenación Económica Nacional (COEN), en relación con las cuestiones norteafricanas. El cargo posibilitó que el matrimonio ReparazRuiz se añadiese a la delegación oficial española que visitó Tetuán, entre enero y mayo de 1934.76 Reparaz, que había sido un defensor del tradicionalismo y formulado un discurso de extrema derecha, no tuvo inconveniente en volverse a vincular al republicanismo. Después del viaje, escribió una memoria en la que consideraba fundamental la «retirada del ejército de ocupación» de la zona de influencia norte española en Marruecos. Pensaba que podría hacerse rápidamente, ya que las tropas se trasladarían a la costa andaluza, con el material necesario para trasportarlas nuevamente al protectorado español, cuando fuese necesario. El traslado permitiría ahorrar los complementos pecuniarios que cobraban por estar acuarteladas en el Protectorado, mientras que las tropas en la zona de influencia española en Marruecos únicamente serían un «pequeño grupo de tropas escogidas, mandadas por jefes y oficiales de primer orden y muy bien pagados». No pasarían de seis mil. También proponía construir tres buenos campos de aviación, en Tetuán, Targuist y Melilla, con lo que podrían controlar todo el territorio y reducir substancialmente los gastos militares. Después de una nueva crisis gubernamental, el gobierno pasó a manos de los radicales encabezados por Alejandro Lerroux (1864-1949). El nuevo ministro de Industria y Comercio era el valenciano Ricardo Samper (1881-1938). Éste no apoyó la propuesta de Reparaz de construir en el Rif un monumento a «Motamid», es decir, Muhammad ibn ‘Abbad al-Mu‘tamid (1069-1090), poeta y monarca de la Taifa de Sevilla. Reparaz pensaba que el monumento generaría simpatía hacia los españoles en todo el mundo islámico, pero ni Samper, ni el jefe del gobierno, Lerroux, «se dignaron a contestarme». En una nueva demostración de su gran ego consideraba que el gobierno, en un período de gran inestabilidad política y social, al no responder a su proyecto de monumento demostraría la «absoluta incompetencia de los hombres que formaron la cuadrilla republicana que continuó a la Monarquía». Posiblemente, más que por el silencio a su propuesta de monumento, se sintió decepcionado por no haber conseguido que le rehabilitasen moral y materialmente por su cese en la Comisión especial en Marruecos de la que culpaba al 75. REPARAZ, G. de, Lo que pudo hacer… cit., pp. 13-14. 76. SORIANO JIMÉNEZ, I. C., «El archivo de…» cit., p. 218.

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monarca. No obstante, le indemnizaron con unas diez mil pesetas, y como miembro del COEN cobraba un sueldo de novecientas pesetas mensuales.77 En este período, inició la redacción de un libro, que no llegó a publicar, sobre las Zonas españolas en Marruecos. Sus problemas económicos le llevaron a organizar cursos particulares en su domicilio y a mantener su actividad, tanto de periodista como de conferenciante. En el Ateneo de Madrid lo designaron vicepresidente segundo, presidía el Grupo de Estudios Islámicos del Ateneo y la Sociedad de Estudios Internacionales y Coloniales.78 La rebelión militar del 18 de julio de 1936, que inició la guerra civil, le afectó económicamente, mientras que la salud de su mujer empeoraba. La falta de dinero le obligó a prescindir del servicio doméstico.79

De antianarquista a libertario Durante la mayor parte de su vida fue muy crítico con los anarquistas. Sin embargo, ante la situación de penuria económica en la que se hallaba, José García Pradas (1910-1988) –director de los periódicos CNT y Frente Libertario, miembro de la Federación Anarquista Ibérica (FAI) y dirigente de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT)– le ofreció colaborar en CNT. Aceptó y escribió en el periódico libertario entre 1936 y 1939.80 En 1937, ante la situación bélica, decidió volver a residir en Barcelona, en la que se integró en la redacción de Solidaridad Obrera, el periódico más influyente entre los libertarios españoles. Impartió charlas en el local del Ateneo Sindicalista Libertario, y publicó los libros: Diario de nuestra guerra, Barcelona, Tierra y libertad, 1937; Lo que pudo hacer España en Marruecos y lo que ha hecho, Barcelona, Oficinas de propaganda de la cnt-fai, [1937]; La Tragedia Ibérica, Barcelona, Tipografía Catalana, la ilustración de la cubierta es de Carles Fontserè Carrió (1916-2007), [1937-1938], y «La revolución pedagógica, aspecto de nuestra guerra de independencia», en DD.AA., La Escuela Nueva Unificada, Barcelona, Ed. Españolas de la Revolución, 1938. El gobierno lo nombró, junto al jesuita y astrónomo Luis Rodés (1881-1939), representantes españoles en el Congreso de Geografía de Ámsterdam.81 Su implicación con el anarquismo barcelonés llegó a ser de tal magnitud que le volvieron a encarcelar, con setenta y siete años, por criticar al gobierno por los hechos de mayo de 1937. Estuvo poco tiempo encarcelado, pero la oficina de propaganda de la CNT-FAI le organizó un acto de gratitud en el cine Coliseum que congregó a una multi-

77. REPARAZ, G. de, Aventuras de un… cit., pp. 14-15. SORIANO JIMÉNEZ, I. C. «El archivo de…» cit., pp. 217-218. 78. SORIANO JIMÉNEZ, I. C. «El archivo de…» cit., p. 218. 79. Ibídem, pp. 218-219. 80. SORIANO JIMÉNEZ, I. C. «El archivo de…» cit., p. 219. Cita a GARCÍA PRADAS, J., Guerra Civil, Burdeos, Tierra y Libertad, 1947, pp. 233-235. 81. SORIANO JIMÉNEZ, I. C. «El archivo de…» cit., pp. 219-222. Cita a J. TORYHO, «El Padre Rodés y la FAI», No éramos tan malos, Madrid, G. Del Toro, 1975, pp. 7-25.

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tud tan grande que muchos se quedaron en la calle escuchando la conferencia sobre Lo que pudo hacer España en Marruecos y lo que ha hecho, a través de altavoces. Posteriormente, la publicaron para que todos los libertarios conocieran la versión del africanismo del «erudito publicista».82 El director de Solidaridad Obrera, Jacinto Toryho (1902-1989), le presentó como una figura con tanto crédito y prestigio que «lo hace exento de toda clase de presentaciones». El líder anarquista afirmó que la trayectoria vital de Reparaz habría fomentado el «espíritu y el empuje de consistencia y moralidad que hoy impera dentro de la República española»; un dirigente del sector más revolucionario del anarquismo español explicaba que la conferencia era un «acto de gratitud, un acto de verdadera pleitesía al hombre que durante toda su vida ha estado luchando con la pluma y con la inteligencia a favor de lo que hoy tiene lugar en España». Toryho aseguraba que la CNT-FAI acogía en su seno al grupo «más selecto de la intelectualidad española», a los intelectuales «honrados» y «decentes», que no se habían doblegado ante los poderosos. Afirmaba que en la CNT-FAI no querían «personas que venden la pluma, la inteligencia y el honor; queremos hombres íntegros, y uno de éstos es el que va hacer uso de la palabra».83 Cuando hacía estas afirmaciones debía desconocer la mayor parte de la trayectoria biográfica de Reparaz. El geógrafo errante agradeció las palabras de Toryho y se presentó como un «anarquista» singular, ya que «buscando el gobierno natural, era yo anarquista sin darme cuenta, sin proponerme serlo, instintivamente», ya que a lo largo de su vida colaboró en la «destrucción del edificio político e intelectual existente», aunque omitía que lo hizo desde posicionamientos tradicionalistas, y se preguntaba «¿qué podía ser si no anarquista?». Defendió públicamente, ante centenares de libertarios, su proyecto imperialista de origen costista, que era marcadamente paternalista con los marroquíes, al afirmar que eran nuestros hermanos y los españoles tenían la obligación de sacarlos de la situación de penuria y de pobreza en la que se hallaban. En síntesis, recuperó los argumentos del imperialismo civilizador y altruista, pero éstos no eran substancialmente diferentes a los que había utilizado Leopoldo II para conseguir el control del Estado Libre del Congo, aunque existía una gran diferencia entre lo que decía el monarca belga y lo que realmente hacía en su colonia.84 En todo caso, Reparaz afirmó que el protectorado español en Marruecos, bien dirigido y administrado, habría conseguido que confraternizasen los pueblos íbero y bereber. También argumentó que habría podido transformar España en «nación colonizadora. Allí estaba la salvación, el crédito de España como nación apta para conducir. En vez de esto, ya veis lo que se ha hecho y el desastre a que hemos venido a parar». Afirmó que si los dirigentes políticos españoles hubiesen dirigido y administrado bien los territorios españoles en Marruecos «hubiera podido servir de cuna a un nuevo imperio español». También afirmaba que era un revolucionario que, a veces, pensaba que «debería coger el

82. REPARAZ, G. de Lo que pudo hacer… cit., pp. 1-2. 83. Ibídem. 84. HOCHSCHILD, A., El fantasma del Rey Leopoldo, Barcelona, Península, 2002.

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fusil e ir con los luchadores». No obstante, su puesto consistía en disparar «verdades amargas, que prueban que la Revolución todavía no está hecha», y confirmaría lo que defendía en su juventud, cuando aseguraba que «España era una nación capaz de cumplir una misión heroica y noble, o España sería repartida entre las naciones que no miran la paz, que no miran más que la rapiña».85 Jacinto Toryho finalizó el acto asegurando que habían escuchado una «magnífica e inédita lección de Historia de España, que casi todos desconocíamos» de «nuestro camarada» Gonzalo de Reparaz. El discurso era explícitamente imperialista, pero fue escuchado con «muestras de general agrado» y premiado al final con «entusiastas aplausos». El acto finalizó con el público en pie cantando los himnos libertarios: A las barricadas y los Hijos del pueblo.86 José Viadíu, el último director de Solidaridad Obrera, recordaba que Reparaz contribuyó a redactar el último número del diario antes que Cataluña fuese totalmente ocupada por las tropas franquistas, en Sant Joan de les Fonts, justo antes de que pasaran la frontera para exiliarse. Posteriormente, Reparaz decidió regresar a América, pero murió cuando acababa de llegar a territorio mexicano. En todo caso, el exilio libertario lo recordaba como uno de los suyos.87

A modo de conclusiones La vida de un personaje tan singular como Gonzalo de Reparaz Rodríguez-Báez nos muestra la complejidad del período histórico en el que vivió. Sin ser un gran dirigente tuvo un papel relevante en muchos de los principales acontecimientos, tanto políticos como intelectuales españoles, desde la década de los ochenta del siglo XIX a la guerra civil. Su trayectoria de geógrafo errante nos muestra a un personaje ambicioso. Nacido en una familia sin fortuna, fue un gran periodista, un escritor con una amplia producción y un geógrafo notable. Nadie le puede cuestionar su capacidad de trabajo. La biografía de Gonzalo de Reparaz puede ser vista como la cuadratura del círculo, ya que a lo largo de su vida estuvo relacionado con casi todas las opciones políticas del período en el que vivió. Inicialmente, estuvo vinculado a los progresistas que impulsaron el Instituto Libre de Enseñanza y al grupo encabezado por Joaquín Costa. Siendo un imperialista convencido se mostró crítico con la política seguida en Cuba por el gobierno conservador encabezado por Cánovas del Castillo y fue encarcelado. Fue el hombre que in-

85. REPARAZ, G. de Lo que pudo hacer… cit., pp. 3 y 12-14. 86. Ibídem, pp. 1 y 15. 87. SORIANO JIMÉNEZ, I. C. «El archivo de…» cit., pp. 219-222. Cita a VIADÍU, J. «Gonzalo de Reparaz», Solidaridad Obrera, México D.F., 1943 y HERNÁNDEZ, A., «Gonzalo de Reparaz», México D.F., Solidaridad Obrera, 1959, pp. 32 y 174, y IÑIGUEZ, M., «Reparaz Gonzalo de», Cuadernos para una enciclopedia histórica del anarquismo español, Vitoria, s.e., 1984, p. 30. Véase también NEL·LO, O., «Apunts sobre la vida i obra de Gonçal Reparaz Ruiz (1901-1984)», Treballs de la Societat Catalana de Geografia, núm. 38, 1994, pp. 137-146.

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tentó vincular al sector liberal que lideraba Canalejas, con el general cristiano, Camilo Polavieja. Cuando éstos se enfrentaron apoyó a sectores católicos integristas. Su escasa fortuna le limitó la posibilidad de desarrollar una carrera política, pero inició su vinculación con la administración española, primero como comisionado y, posteriormente, como secretario técnico en la Embajada de París. Bajo la dirección del embajador León Castillo colaboró en la negociación de los acuerdos franco españoles en los que se establecía el reparto del imperio jerifiano. Fue enviado a Tánger para preparar el establecimiento de la zona de influencia española en Marruecos, y acabó enfrentado al gobierno español y a su monarca Alfonso XIII, al que acusaba de haber ordenado su asesinato. Durante la primera Guerra Mundial, vivió en Brasil y en Argentina defendiendo las tesis germanófilas. Volvió a Europa y, posteriormente, a España bajo la protección de los jesuitas, y estuvo vinculado al regionalismo catalán. Con el inicio de la II República, reclamó una pensión a los gobiernos republicanos por haber sido perseguido por la monarquía. En este período, se aproximó a los postulados de los republicanos radicales y, al iniciarse la guerra civil, fue un activista anarquista. Pasó por casi todo el espectro político ideológico del período en el que vivió, pero siempre fue un defensor del imperialismo supuestamente civilizador.

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UN SINGULAR MODELO COLONIZADOR: EL PAPEL DE LAS ÓRDENES RELIGIOSAS EN LA ADMINISTRACIÓN ESPAÑOLA DE FILIPINAS, SIGLOS XVI AL XIX María Dolores Elizalde CSIC [email protected]

Xavier Huetz de Lemps Université Nice Sophia Antipolis [email protected]

En este artículo se propone un análisis interpretativo sobre uno de los elementos más característicos de la administración que España estableció en Filipinas, esto es, el preponderante papel que las órdenes religiosas desempeñaron dentro de la estructura colonial. Desde un intencionado enfoque a largo plazo, y a partir de documentos de archivos, fuentes impresas y bibliografía, en este trabajo se analizan las razones por las cuales los frailes adquirieron tanta importancia dentro de la empresa colonizadora desde el primer momento; se revisan los motivos por los que las congregaciones consolidaron y mantuvieron una posición singular en el archipiélago a lo largo de los siglos; se estudian una serie de momentos, causas y protagonistas que cuestionaron esa situación; y se destacan las claves que explican la compleja realidad de los religiosos en las Filipinas del siglo XIX. PALABRAS CLAVE: imperio español, filipinas, órdenes religiosas.

A PECULIAR COLONIZING MODEL: THE ROLE OF RELIGIOUS ORDERS IN THE SPANISH GOVERNMENT OF PHILIPPINES (16TH TO 19TH CENTURIES) In this article an interpretive analysis of one of the most characteristic elements of the administration that Spain established in the Philippines is proposed, that is, the preponderant role played by religious orders within the colonial structure. From an intentioned long-term approach, and from archival documents, printed sources and bibliography, in this work the

[Recibido: 19/12/2014 – aceptado: 18/06/2015]

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reasons why the friars acquired such importance in the settlement enterprise from the beginning are analyzed; why congregations consolidated and maintained a unique position in the archipelago over the centuries are reviewed; a series of moments, causes and protagonists who questioned that situation are studied; and the keys to the complex reality of religious in the Philippines nineteenth century are highlighted. KEYWORDS: spanish empire, philippines, religious orders.

En este artículo se propone un análisis interpretativo sobre uno de los elementos más característicos de la administración que España estableció en Filipinas, esto es, el preponderante papel que las órdenes religiosas desempeñaron dentro de la estructura colonial.1 Desde un intencionado enfoque a largo plazo, y a partir de documentos de archivos, fuentes impresas y bibliografía, en este trabajo se analizan las razones por las cuales los frailes adquirieron tanta importancia dentro de la empresa colonizadora desde el primer momento; se revisan los motivos por los que las congregaciones consolidaron y mantuvieron una posición singular en el archipiélago a lo largo de los siglos; se estudian una serie de momentos, causas y protagonistas que cuestionaron esa situación; y se destacan las claves que explican la compleja realidad de los religiosos en las Filipinas del siglo XIX, un tiempo en el que se enfrentaron con singular crudeza dos sectores: por un lado, los reformistas que apostaban por un cambio profundo en las islas como única alternativa para el progreso y el mantenimiento de la soberanía española; y por otro, los grupos partidarios de la preservación del más estricto statu quo para evitar alimentar corrientes independentistas frente a las cuales las órdenes religiosas se presentaban como un bastión defensivo.2 La expansión de los imperios ibéricos y la creación de nuevas dinámicas que pusieron en contacto partes del mundo hasta entonces no relacionadas de forma estable y continuada se han contemplado como ejemplos de una temprana globalización. Empezó entonces una nueva relación con Asia, abordada desde el Índico por los portugueses y desde el Pacifico por los españoles, que persistiría más allá de las independencias americanas y se prolongaría hasta la edad contemporánea. En el caso español, la relación con las poblaciones de Asia y de las islas del Pacífico estuvo condicionada por la importancia otorgada a la religión y a sus representantes dentro de una empresa expansiva que, junto a otros motivos probablemente más decisivos pero menos justificables, se concibió con un importante componente de misión evangelizadora de otros pueblos. El alto grado de

1. Este trabajo se realiza en el marco de los proyectos «Le renouveau impérial des États ibériques: une globalisation originale? (1808-1930)», GLOBIBER, financiado por la ANR (Francia) e «Imperios, Naciones y Ciudadanos en Asia y el Pacífico» (HAR2012-39352-CO2-02), financiado por el Plan Nacional de Investigación (España). 2. Los autores quieren agradecer expresamente los comentarios de los evaluadores anónimos que sin duda ayudaron a enriquecer este trabajo.

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implicación de los eclesiásticos en la administración fue un rasgo singular frente a otras experiencias imperiales y otorgó a las órdenes religiosas un papel protagonista en el modelo colonial que la monarquía hispánica estableció en Filipinas y en la Micronesia.

La evangelización, un elemento esencial en el modelo inicial de colonización Para comprender bien las razones de esa implicación de las órdenes religiosas en la administración de las islas orientales del imperio hemos de retrotraernos en el tiempo y mirar hacia América, un espacio que con frecuencia actuó como laboratorio de lo que posteriormente ocurriría en Filipinas. Debemos comenzar recordando una serie de hitos que tendrían un largo alcance en el desarrollo de la cuestión: en primer lugar, la encomienda concedida por el papa Alejandro VI a los Reyes Católicos para cristianizar a los naturales de las nuevas tierras que conquistaran (bula Inter Caetera, 1593), así como la donación de los diezmos de esos territorios (1501); segundo, la decisión de Carlos V de encargar esas tareas a las órdenes religiosas, en vez de al clero secular; y tercero, la bula Omnínoda de 1522, en la que se establecía que los regulares podrían realizar su ministerio espiritual allí donde no hubiera obispos. Todo ello implicaba una situación excepcional en la cual los frailes asumían las funciones de los seculares, al haberles sido concedido el derecho de administrar sacramentos a las poblaciones de las tierras conquistadas, pero no quedaban sujetas a la administración de los obispos. Desde esas posiciones, las órdenes religiosas se extendieron por América, conviviendo en pueblos de indios3 donde ejercían su tarea evangelizadora y adquiriendo una influencia creciente en todos los órdenes de la vida comunal. Además, en las nuevas ciudades se establecieron las estructuras habituales derivadas de la Iglesia, creándose arzobispados, obispados, sedes episcopales y parroquias diocesanas encargadas del cuidado espiritual de los colonizadores y de su entorno. En el largo y complejo proceso de formación y consolidación de la iglesia americana, se plantearon una serie de debates en torno al modelo que sería más conveniente promover. Por un lado, las propias órdenes religiosas se debatían entre una vocación esencialmente evangelizadora, pobre y sin dignidades, tal como defendieron los franciscanos en algún momento, y una actitud más comprometida con la administración y gobernación de la población, tal como sostuvieron los dominicos, jesuitas y agustinos en sus dos obediencias. Por otra parte, también se discutía sobre cuál de los dos modelos de Iglesia surgidos en el primer siglo colonial, la regular y la secular, convendría desarrollar en el futuro, una discusión condicionada por diversos factores y por las distintas opiniones mantenidas por los actores implicados. En esos debates fue fundamental la cuestión de cómo debían financiarse los distintos modelos de iglesia, si mediante un compromiso que debía asumir la Corona por sus acuerdos con el Papa, si mediante contribuciones de dis-

3. En los análisis de lo ocurrido en América en el siglo XVI mantenemos la terminología de «indios», utilizada en aquella época para denominar a la población autóctona nacida en aquellas tierras. Posteriormente, según cambien los territorios y los momentos, utilizaremos otros términos más acordes con el lugar y el período.

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tinto carácter aportadas por los fieles a través de tributos, o si mediante la extensión de los diezmos a toda la población.4 Esos debates condujeron a un replanteamiento del régimen de administración de las originarias doctrinas de indios, primero, y a procesos de secularización de esas doctrinas, después. En ese contexto, durante largo tiempo coexistieron los dos modelos de iglesia, en una constante política de avances y retrocesos entre ambos, en la cual fueron determinantes la actitud del rey y sus delegados, la reacción de las órdenes religiosas, la alianza producida entre frailes y naturales, las dificultades para el afianzamiento de los diocesanos y los cambios sociales y económicos que serían los que, finalmente, contribuirían decisivamente a optar entre un modelo y otro, permitiendo consolidar, a la larga, la iglesia episcopal frente a las doctrinas de las órdenes. En ese largo proceso, Fray Alfonso de Montúfar, segundo arzobispo de México (1551-1573), inició en Nueva España una corriente revisionista del modelo eclesial propuesto por las órdenes mendicantes, señalando que las doctrinas no se había fundado siguiendo los decretos de las bulas de erección, con beneficios eclesiásticos, catedrales, parroquias, pastores beneficiados y diezmos, lo cual podía ser perjudicial para la Corona, por lo que propuso que en los pueblos de su arzobispado se adoptaran las mismas instituciones eclesiales que se encontraban en los pueblos de españoles, y se establecieran curas beneficiados y diezmos para su digna manutención.5 Este proyecto significaba acabar con el modelo de Iglesia que proponían los frailes, lo cual provocó la reacción airada de la órdenes religiosas, frecuentemente apoyadas por los principales de los pueblos de indios. La cuestión planteó también el debate sobre si se debía cobrar el diezmo a los naturales para financiar a la iglesia evangelizadora, frente a lo cual los frailes argumentaron que ya se pagaba contribución a través del tributo real, por lo que no se debía aumentar la imposición.6 En 1571, Fray Jerónimo de Mendieta presentó otro proyecto en el que proponía diferenciar los modelos según los destinatarios. Propuso así que los obispos beneficiados, con dignidad episcopal, iglesias catedrales y rentas, fueran solo para los españoles, mestizos, negros y mulatos, mientras que para las comunidades indígenas se nombraran obispos religiosos, sin canónigos ni dignidades detrás de ellos, que tuvieran una larga residencia en tierras americanas, fueran conocedores de las lenguas de las comunidades y coincidieran con la orden que ya estuviera establecida en cada región, para evitar así problemas entre las distintas congregaciones.

4. MENEGUS, Margarita; MORALES, Francisco y MAZÍN, Óscar, La secularización de las doctrinas de indios en la Nueva España. La pugna entre las dos iglesias, México, UNAM-IISUE-Bonilla Artiga Editores, 2010. MARTÍNEZ CANO, María del Pilar (ed.), La Iglesia en Nueva España. Problemas y perspectivas de investigación, México, UNAM, 2010; SALVADOR, Rodolfo, «El tercer concilio mexicano frente al sustento del clero parroquial», Estudios de Historia Novohispana, 51, 2014, pp. 9-44. 5. MORALES, Francisco, «La Iglesia de los frailes», en MENEGUS, M.; MORALES, F. y MAZÍN, Ó., La secularización…, pp. 13-75. 6. MENEGUS, Margarita en «La Iglesia de los indios», en MENEGUS, M., MORALES, F. y MAZÍN, O., La secularización…, pp. 77-137.

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En ese debate, la situación financiera de la Corona española y sus compromisos para sostener a los religiosos en aquellas tierras se convirtieron en factores decisivos. El mantenimiento de los religiosos, al que la Corona estaba obligado en virtud del Patronato Real, dependía en cierta manera de los diezmos y los tributos. Al producirse en la segunda mitad del XVI una importante disminución de la población indígena, Felipe II se encontró con desajustes entre la tributación, la fuerza de trabajo y las necesidades de la Corona. Esa disminución de la población afectó también a las órdenes, que percibieron una mengua en los servicios que los indios prestaban a los conventos, así como en las ofrendas informales que recibían de los mismos. Felipe II pensó entonces en una organización fiscal diferente, en la cual se acabaran los servicios de la población a los frailes, que pasarían a estar bajo salario del rey, siempre que se pudieran aumentar los tributos a los naturales. Una parte de los tributos de cada pueblo pasaría así a sustentar a los religiosos, pero siempre a través de la recaudación y el control de la Corona. El objetivo último era imponer la autoridad real, limitando los abusos de las autoridades locales e imponiendo una reforma tributaria que beneficiaría a la real hacienda a costa del trabajo indígena.7 Se inició así un largo debate entre regulares, seculares, la Corona y sus representantes sobre la pertinencia de esas medidas. Tal como se ha señalado, la discusión tenía tanto elementos de régimen fiscal y administrativo, como de poder y control sobre los pueblos y las poblaciones.8 Felipe II insistió en esa línea de control de las órdenes religiosas a través de la Junta Magna de 1568, en la cual trató de consolidar la iglesia secular en detrimento de los frailes, limitando su número, restringiendo sus privilegios y sometiendo a los religiosos de las doctrinas a la autoridad de la iglesia secular, fortaleciendo al tiempo a la Iglesia mediante el cobro del diezmo, liberando así a la real hacienda del peso de la evangelización.9 Un nuevo paso en contra de las órdenes y a favor de la iglesia diocesana lo constituyó la cédula aprobada por Felipe II en 1574, que mantenía a los frailes en sus puestos, pero situaba a las doctrinas de indios bajo el control del Patronato Real y de los obispos, y proponía el pago directo de los fieles y el uso de la fuerza de trabajo de los naturales para cubrir los gastos de la evangelización.10 En esa misma dirección se decantó el Tercer Concilio Mexicano de 1585, que propuso un sistema distinto del que habían tenido hasta entonces las doctrinas, al someterlas a la autoridad de los obispos en lo perteneciente a la administración de los sacramentos y a las enseñanzas de los frailes. Frente a esos cambios, que no dejaban de ser una mera transformación en el régimen de funcionamiento de las doctrinas, se fue afirmando otra corriente que proponía dar un paso más allá, es decir, proceder efectivamente a la secularización de las doctrinas, susti-

7. Propuestas expuestas tras la Visita de Valderrama a Nueva España en 1568, en la cual se produjeron serios enfrentamientos con el virrey Velasco, algunos oidores y los representantes de las órdenes religiosas. Las serias disputas originadas por las propuestas del visitador Jerónimo de Valderrama pueden seguirse en SCHOLES, Francis V., Cartas del licenciado Jerónimo Valderrama, México, Porrúa, 1959. 8. MORALES, La Iglesia de los frailes… cit., p. 53. 9. MENEGUS, La Iglesia de los indios…cit., p. 107. 10. AGUIRRE El tercer concilio… cit., pp. 10-12

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tuyendo a los frailes por clérigos seculares y creando paulatinamente parroquias con curas beneficiados.11 Felipe II dudó mucho al respecto, pero finalmente, en 1583, aprobó una cédula estableciendo la gradual secularización de las doctrinas a favor del clero diocesano. La reacción de las órdenes religiosas fue tal que en 1585 el rey decidió anular la medida, aunque en 1618 de nuevo se volvió a insistir en la misma línea. Es interesante anotar la alianza que se produjo entonces entre los frailes y los naturales para protestar contra la secularización de las doctrinas de indios. La población local defendió la mayor humildad y sencillez de los frailes frente a los clérigos, y amenazó con huir de las doctrinas si se les imponía la presencia de estos últimos. Ello implicaría que dejarían de pagar los tributos, con lo cual la secularización podría poner en peligro la real hacienda, que era lo último que deseaba Felipe II.12 Se añadía, así, un nuevo motivo para mantener a los frailes en sus doctrinas, lo cual vino a complicar aun más la cuestión. Finalmente, serían los cambios políticos, sociales y económicos en los distintos territorios los que inclinarían progresivamente la balanza a favor del desarrollo del clero diocesano, aunque también esto provocaría nuevas tensiones con las órdenes religiosas, tal como veremos más adelante.13 Vemos, por tanto, que en los siglos XVI y XVII se vivió en Nueva España un largo debate sobre una serie de cuestiones fundamentales para el desarrollo de la evangelización y la implicación de las órdenes religiosas en la administración colonial: se discutieron, así, el modelo de iglesia que debía predominar; la labor de los frailes, obispos y clero secular; la función y funcionamiento de doctrinas, diócesis y parroquias; el control de la población; la formación religiosa e identitaria de los pueblos; la extensión de los tributos; y el papel y el poder de la Corona sobre todas las instancias.

La expansión de las órdenes religiosas por Filipinas Fue en ese contexto, en el que, a mediados del siglo XVI, Felipe II mostró su interés por afianzar la presencia hispánica en las islas más orientales del área de navegación y conquista que según el Tratado de Tordesillas correspondía a la monarquía hispánica, en virtud del acuerdo firmado por los Reyes Católicos y el rey Juan II de Portugal a fin de evitar conflictos en Ultramar.14 En un mundo en el que, como hemos visto, el poder político y el

11. MORALES, La Iglesia de los frailes… cit., pp. 60-63. 12. MENEGUS, La Iglesia de los indios… cit., p. 88. 13. Así, Oscar Mazín ha explicado cómo fueron los cambios ocurridos en el orden social novohispano, tales como el mestizaje, la migración, el arraigo de los españoles a la tierra y el crecimiento de la población hispana los que determinaron el fortalecimiento del clero secular ante la formación de nuevas parroquias y una mayor recaudación decimal. MAZÍN, Ó. «Clero secular y orden social en la Nueva España de los siglos XVIXVII», en MENEGUS, M.; MORALES, F. y MAZÍN, O., La secularización…cit., pp. 139-202. CASTILLO FLORES, José Gabino, Reseña de «La secularización de las doctrinas de indios en la Nueva España. La pugna entre las dos iglesias» de MAZÍN, O.; MENEGUS, M. y MORALES, F., Fronteras de la Historia, vol. 16, núm. 2, 2011, p. 483. 14. DÍAZ-TRECHUELO, Lourdes, «El Tratado de Tordesillas y su proyección en el Pacífico», Revista Española del Pacífico, 4, 1994, pp. 10-23.

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espiritual –Corona e Iglesia– estaban estrechamente ligados, y en el que el Papa suponía una constante referencia para las monarquías católicas, cuando en 1564 Felipe II decidió enviar desde Nueva España una expedición con el objetivo de consolidar el asentamiento hispánico en Filipinas, subrayó que con esa acción también deseaba contribuir a la difusión de la fe católica.15 De tal forma, en las instrucciones entregadas a Miguel López de Legazpi se indicaba que «lo más principal que su majestad pretende es el aumento de nuestra santa fe católica y la salvación de las almas de aquellos infieles, para lo cual, en cualquier parte que pobléis deberéis tener particular cuidado de ayudar a los religiosos». Se consideró que mediante esa política se facilitaría la atracción de la población y se conseguiría llevarles «a la obediencia y amistad de su majestad».16 Por ello frailes agustinos acompañaron a los primeros conquistadores militares y las órdenes religiosas se convirtieron, desde el principio, en un elemento esencial de la empresa colonizadora filipina. En el caso de Filipinas, y más allá de los debates que estaban teniendo lugar en Nueva España respecto al modelo de Iglesia que sería más conveniente promover en Ultramar, se decidió que las órdenes religiosas se expandieran por el archipiélago con fines evangelizadores mediante los cuales se pretendía controlar y atraer a la población de las islas y favorecer su hispanización. De tal forma se asentaron en Filipinas, paulatinamente, cinco órdenes principales: los agustinos, los franciscanos, los jesuitas, los dominicos y los recoletos de San Agustín, a los cuales, en 1641 se sumaron los Hospitalarios de San Juan de Dios para colaborar en la asistencia a los enfermos.17 Años después se añadirían otras

15. Los españoles llegaron a Filipinas en 1521, durante la expedición de exploración de las Indias Orientales emprendida por Fernando de Magallanes, que culminaría en la primera circunnavegación del mundo, efectuada por Juan Sebastián Elcano. En ese viaje, Magallanes tomó posesión de las islas en nombre del rey de España, Carlos I, llamándolas islas de San Lázaro o de Poniente. En 1542, una nueva expedición mandada por Ruy Gómez de Villalobos desembarcó en Mindanao y en Leyte, a la cual bautizó como «filipina» en honor del entonces príncipe heredero, el futuro Felipe II, denominación que posteriormente se extendería al conjunto del archipiélago. 16. Archivo General de Indias (AGI), Patronato, 23, r. 20, «Copia de la Instrucción que la Audiençia de la Nueva España dio al general Miguel López de Legazpi para la jornada de las islas del poniente», México, 1 septiembre 1564. SIERRA DE LA CALLE, Blas, «La evangelización de Filipinas durante el gobierno de Legazpi (1565-1572)», en CABRERO, Leoncio (coord.), España y el Pacífico. Legazpi, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2000, vol. I, pp. 343-385. En las citas que aquí se incluyen, los autores han actualizado el lenguaje utilizado. 17. En la Real Cédula de 27 de Abril de 1594, Felipe II ordenó que las órdenes religiosas se establecieran en Filipinas siguiendo un reparto territorial que las distribuyera de acuerdo con las distintas áreas geográficas, étnicas y lingüísticas existentes en el archipiélago. Los primeros en llegar fueron los agustinos, que acompañaron a Legazpi en su expedición de 1565 y crearon la Provincia del Santísimo Nombre de Jesús, que se extendía por Pampanga, Ilocos y Batangas, en Luzón, y por parte de las Visayas. En 1578 arribaron los franciscanos, que erigieron la Provincia de San Gregorio Magno abarcando el área de los alrededores de Manila, Laguna de Bay y Camarines, también en la isla de Luzón. En 1581 llegaron los jesuitas, que compartieron con los agustinos la evangelización de las Visayas, estableciéndose en Cebú, Bohol, Negros, Panay, Leyte y Samar; posteriormente, fueron obligados a dejar las islas en 1768, durante su expulsión de todos los territorios españoles, pero se les autorizó a regresar en 1859, asentándose en Manila y Mindanao. En 1587 desembarcaron los dominicos, que reforzaron con su presencia la labor del primer obispo de Filipinas, Domingo de Salazar, miembro de su orden. Se ocuparon de la Provincia del Santísimo Rosario, establecida en el centro y norte de Luzón, abarcando Cagayán y partes de Bataan y Pangasinan, y responsabilizándose además de la evangelización de la población china presente en las islas. En

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congregaciones menores, de forma que, en los trescientos treinta y tres años que duró la administración española de Filipinas, pasaron por las islas más de diez mil frailes.18 Además, en 1579 se creó un primer obispado en Manila,19 dependiente todavía de Nueva España, que posteriormente, en 1595, se independizaría, transformándose en arzobispado, del cual dependerían tres nuevos obispados creados ese mismo año en Cebú, Nueva Segovia (Cagayán) y Nueva Cáceres (Camarines), a los que mucho tiempo después, ya en 1865, se añadiría el obispado de Jaro.20 Frente a las órdenes, el clero secular fue mucho más reducido, en número y en funciones.21 En ese contexto, las relaciones entre regulares y seculares nunca fueron fáciles por la amplitud de las atribuciones que distintas bulas papales habían concedido a los frailes en el archipiélago, lo cual provocó problemas de competencias entre ellos. Los conflictos fueron aún mayores con el clero filipino, el cual se desarrolló muy lentamente y con muchas limitaciones, siempre cuidando de que no eclipsaran a los peninsulares ni adquirieran excesivo predicamento entre los habitantes de las islas, convirtiéndose en una fuerza fuera de control.22 En esa tesitura, desde las órdenes religiosas se trató de trasmitir la idea de que aquella colonia era, fundamentalmente, una empresa de frailes, lo cual no fue totalmente cierto. Desde el primer momento, detrás de la presencia española en Filipinas hubo un proyecto político colonizador, intereses económicos y cálculos estratégicos. El asentamiento en Filipinas permitía también explorar nuevas posibilidades frente a Asia, afirmar posiciones en la escena internacional y crear una retaguardia defensiva del imperio americano. Además, en la colonización estuvieron implicados sectores más amplios y complejos que las propias órdenes religiosas, y ello aun más según se fue avanzando en el tiempo, produciéndose decisivos encuentros e interacciones entre sociedades.23 Aun así, la acción

1606 llegaron los recoletos de San Agustín, que fundaron la Provincia de San Nicolás de Tolentino. Cómo ya se había efectuado el reparto territorial del archipiélago, se establecieron en zonas de difícil acceso y en islas sin presencia española: en Mindanao, en zonas de Visayas no colonizadas, en Zambales, Batán, Pangasinan y Palawan. 18. En concreto, 10.509 frailes, de los cuales 3.156 fueron agustinos, 2.694 franciscanos, 718 jesuitas, 2.318 dominicos y 1.623 recoletos, según las cifras ofrecidas por CAMPOS, Francisco Javier, «Las órdenes mendicantes en Filipinas: agustinos, franciscanos, dominicos y recoletos», en CABRERO, Leoncio (coord.), España y el Pacífico…cit., pp. 251-283. 19. AGI, Indiferente General, 735, docs. 94 y 99; Patronato, 25. 20. RODRÍGUEZ, Isacio, «Filipinas: la organización de la Iglesia», en Pedro BORGES (dir.), Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, Madrid, Biblioteca de autores Cristianos, 1992, 2 vols., t. II, pp. 703-720. 21. Por ejemplo, en 1622, dentro del territorio del arzobispado de Manila, había sólo 12 parroquias de clero secular, frente a las 98 de clero regular (33 de los agustinos, 38 de los franciscanos, 3 de los jesuitas, 13 de los dominicos, 3 de los recoletos), y esas parroquias estaban, a su vez, servidas por 8 sacerdotes seculares, 56 agustinos, 47 franciscanos, 6 jesuitas, 22 dominicos y 6 recoletos, lo cual nos puede dar una idea de las fuerzas en presencia. Cifras en ABAD, Antolín, «Filipinas: Labor misional y pastoral», en BORGES, Pedro (dir.), Historia de la Iglesia… cit., pp. 721-736. 22. MANCHADO, Marta, Conflictos Iglesia-Estado en el Extremo Oriente Ibérico: Filipinas, 1767-1787, Murcia, Editum-Ediciones de la Universidad de Murcia, 1994. Ver también al respecto, el análisis realizado por Roberto Blanco sobre las razones que motivaron que el clero filipino fuera tan escaso y apenas se incorporara a las órdenes religiosas. BLANCO, Roberto, Entre frailes y clérigos. Las claves de la cuestión clerical en Filipinas, Madrid, CSIC, 2013, pp. 52-53. 23. ALONSO ÁLVAREZ, Luis, El costo del imperio asiático. La formación colonial de las islas Filipinas

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de los frailes en Filipinas fue desde el principio un factor clave, tanto para el desarrollo del modelo colonial como para la evolución de la sociedad filipina.

La función de los frailes dentro de la empresa colonizadora Las órdenes religiosas se convirtieron en un elemento central de la colonización de Filipinas porque la evangelización se definió como uno de los principales fines de la presencia española en aquel ámbito, la cual, precisamente por ello, vio legitimada su empresa por el apoyo papal, y porque en esa situación se decidió que fueran los regulares los principales responsables de la conversión de las islas. Pero también desempeñaron ese papel tan relevante por el modelo de administración elegido. En un principio, en Filipinas se implantó un modelo colonial con pocos efectivos. Los militares y los empleados de la Corona española se asentaron fundamentalmente en Manila, que se convirtió en el centro del poder político. Además, se crearon alcaldías mayores y corregimientos para controlar las provincias y se delegó el poder local en otras instancias extendidas por el archipiélago. Entre ellas, en primer lugar, los encomenderos, a los cuales se cedieron tierras y el tributo que de ellas se obtenía, a cambio de que velaran por la seguridad del territorio y de sus habitantes, evangelizaran a los encomendados con la ayuda de los frailes, a quienes debían proteger, y obtuvieran un rendimiento agrícola de esos espacios;24 en segundo lugar, los jefes indígenas tradicionales, a quienes los colonizadores confirmaron en sus cargos y en su autoridad, incorporándoles a la administración colonial como gobernadorcillos encargados del gobierno de su propia gente, siempre que reconocieran el vasallaje a la Corona española;25 y en tercer lugar, las órdenes religiosas, que debían estar presentes en cada «pueblo de indios» a fin de adoctrinar e hispanizar a la población.26 Esta amplia extensión de las órdenes religiosas por el territorio, que contrastaba con una presencia mucho menor de clero secular, junto a la escasez de representantes de la Corona en el archipiélago filipino, llevó a que las órdenes se ocuparan de numerosas tareas dentro de la administración local, más allá de su misión religiosa. De esa forma, los frailes se transformaron en los representantes de la administración

bajo dominio española, 1565-1800, México, Instituto Mora, 2010; OLLÉ, Manel, La Empresa de China. De la Armada Invencible al Galeón de Manila, Barcelona, El Acantilado, 2002. 24. Patricio HIDALGO, Encomienda, Tributo y Trabajo en Filipinas (1570-1608), Madrid, Editorial Polifemo, 1995; ÍD., «La encomienda en Filipinas», en CABRERO, Leoncio (coord.), España y el Pacífico… cit., t. I, pp. 465-484. 25. SÁNCHEZ, Luis Ángel, Las principalías indígenas y la administración española en Filipinas, Madrid, Universidad Complutense, 1991; ÍD., «Las élites nativas y la construcción colonial de Filipinas, 1565-1789», en CABRERO, Leoncio (coord.), España y el Pacífico… cit., t. II, pp. 37-70. En Filipinas se impuso la denominación de gobernadorcillos frente a la de gobernadores de indios, sin que el diminutivo implicase, necesariamente, una descalificación. 26. PHELAN, John, The Hispanization of the Philippines. Spanish Aims and Filipino Responses 1565-1700, Madison, The University of Wisconsin Press, 1959; RAFAEL, Vicente, Contracting Colonialism: Translation and Christian Conversion in Tagalog Society under Early Spanish Rule, Ithaca, Cornell University Press, 1988.

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en el interior de las islas y en los únicos españoles que vivían en los pueblos indígenas. A fin de controlar mejor a una población dispersa en un terreno intrincado de densa vegetación, en las zonas bajo dominio colonial –pues siempre persistieron áreas de difícil penetración y nula influencia–, se concentró a los filipinos en pueblos «bajo campana», donde era más fácil controlarles, asegurar su vasallaje al rey de España y evangelizarles. Se formaron así numerosos pueblos de congregación –o reducción– de la población en zonas conquistadas y urbanizadas, lo cual facilitaba el trabajo espiritual, la organización del trabajo y de los servicios, así como el cobro regular de obvenciones mediante la creación de cajas de comunidad, una de cuyas funciones era dotar de lo necesario a conventos y doctrinas.27 Los miembros de las principalías indígenas siguieron gobernando a su gente, pero los frailes fiscalizaban todo lo que ocurría e informaban de ello a las autoridades coloniales. Además, al haberse decidido que la evangelización se realizara en los distintos idiomas del país, a fin de facilitar una mayor aceptación, los frailes se transformaron en los interlocutores entre las autoridades coloniales y la población filipina.28 No sólo eran los intérpretes de cualquier comunicación, sino que traducían las órdenes llegadas del gobierno, velaban por su cumplimiento y trasladaban las quejas y peticiones de los filipinos. Tuvieron, pues, un peso político considerable y se convirtieron en la verdadera correa de trasmisión de la administración colonial y en los responsables de numerosas funciones. Las órdenes religiosas establecieron también escuelas en los pueblos donde vivían, en las que, además de la doctrina cristiana, enseñaban a leer, a escribir, a contar, a mejorar la higiene y a cultivar la tierra. Posteriormente, las congregaciones crearon centros de enseñanza secundaria, seminarios y universidades donde se formarían las élites filipinas. Al tiempo, los frailes vivían cerca de la población, en una estrecha convivencia cotidiana, y conocían la vida y problemas de sus vecinos. Con frecuencia se encargaban de la curación de enfermos, administraban remedios médicos y realizaban una labor asistencial de los más necesitados. También organizaban y dirigían la construcción de edificios, caminos y obras públicas, tarea en la que debían colaborar los filipinos a través de la prestación de polos y servicios. En alguna ocasión tomaron las armas en defensa de los pueblos donde vivían ante amenazas exteriores. En los primeros siglos ejercieron también de defensores de la población frente a los abusos de los encomenderos, algunas medidas gubernamentales, o excesos en el cobro de los tributos y en las prestaciones personales exigidas.29 Pero no sólo eran vecinos destacados en los «pueblos de indios». Estaban re27. AGUIRRE SALVADOR, Rodolfo, El tercer concilio… cit., pp. 14 y 20. Este autor analiza los distintos mecanismos arbitrados para garantizar el sustento de las doctrinas por parte de los fieles. 28. MENEGUS, M., La Iglesia de los indios… cit., pp. 129-132, estudia el problema del conocimiento de las lenguas autóctonas en Nueva España, subrayando hasta qué punto este factor determinó el carácter de la colonización, el papel mediador de las órdenes y las desventajas del clero secular que en un principio no conocía las lenguas, al no haber convivido en los pueblos de indios, lo cual obligaba a una necesaria formación en la Universidad de México. Este tema tendría también una importancia capital en Filipinas, tal como veremos a continuación. 29. PORRAS, José Luis, El Sínodo de Manila de 1582. Madrid, CSIC, 1988; HIDALGO NUCHERA, Patricio, «Origen y desactivación de la protectoría de indios en la presidencia-gobernación de las Islas Filipinas», Revista Española de Estudios del Pacífico, 8, 1998, pp. 213-232. ÍD., La recta administración: primeros tiempos de la colonización hispana en Filipinas: la situación de la población nativa, Madrid, Polifemo, 2001.

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vestidos de un algo más intangible, de una autoridad moral, espiritual, que les proporcionaban la esencia de la vida religiosa, su labor en el púlpito, los contenidos de sus sermones, las promesas de la vida eterna y las amenazas de la futura condenación. Ello les daba una dimensión trascendental que reforzaba su potestad.30 Finalmente, las órdenes religiosas estuvieron muy involucradas en la vida económica filipina, desde las actividades más sencillas, como eran el fomento de nuevos métodos de cultivo entre la población o la contribución a la construcción de edificios y vías de comunicación, hasta su participaron en negocios varios, la gestión de las obras pías, el préstamo de capitales, el comercio del galeón de Manila, o la posesión de grandes extensiones de terreno que a veces arrendaban a campesinos y otras las explotaban directamente mediante distintas modalidades.31 Se convirtieron así, tal como se ha manifestado en muchas de las crónicas escritas por los propios frailes, en padres, consejeros, confesores, jueces, mediadores, inquisidores, vigilantes, informadores, médicos, arquitectos, ingenieros, capataces, intérpretes, traductores, defensores, protectores, comerciantes, prestamistas, arrendadores y mucho más.32 Fue, así, tanto por la concepción de lo debía ser la Iglesia en Ultramar y el papel de las órdenes religiosas en ese marco, como por el escaso número de empleados públicos, por lo que se produjo un traspaso de funciones a los religiosos, más allá de las cuestiones

30. BLANCO, John D., Frontier Constitutions: Christianity and Colonial Empire in the Nineteenth-Century Philippines, Berkeley, University of California Press, 2009. 31. DELGADO, Josep M., «Entre el rumor y el hecho: el poder económico del clero regular en Filipinas (1600-1898)», en ELIZALDE, María Dolores (ed.), Repensar Filipinas. Política. Identidad y Religión en la construcción de la nación filipina, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2011, pp. 233-254. Las obras pías en Filipinas siguen necesitando un estudio en profundidad, pero para algunos aspectos puede consultarse el documentadísimo trabajo de MANCHADO, Marta, «Desamparo en que con la vida, se pierde el alma». Las controversias en torno a la obra pía del Abad Sidoti para la recogida de niños chinos abandonados (Filipinas, 1705-1740), Revista de Indias, 252, 2011, pp. 415-448. 32. SAN AGUSTÍN, Gaspar de, Conquistas de las islas Filipinas; la temporal, por las armas del Señor Don Felipe II el Prudente; y la espiritual, por los religiosos del Orden de nuestro Padre San Agustín, Madrid, Imprenta de Manuel Ruiz de Muega, 1698; SAN ANTONIO, Juan Francisco de, Crónicas de la apostólica provincia de S. Gregorio de religiosos de n.s.p. San Francisco en las islas Filipinas, China, Japón, Sampaloc, por Juan del Sotillo, 1738-44, 3 vols.; CHIRINO, P., Historia de la provincia de Filipinas de la Compañía de Jesús, 1581-1606, Barcelona, Portic, 2000, edición comentada por Jaume GÓRRIZ. F. COLIN, Labor evangélica, ministerios apostólicos de los obreros de la Compañía de Jesús, fundación y progresos de su provincia en las Islas Filipinas (1663), Barcelona, Compañía General de Filipinas en edición comentada por Pablo PASTELLS, 1900-1902; ADUARTE, Diego de Historia de la Provincia del Santo Rosario de Filipinas, Japón y China del Sagrado Orden de Predicadores, Manila, en el Colegio de Santo Tomás por Luis Beltrán, 1640; BUZETA, Manuel y BRAVO, Felipe, Diccionario Geográfico, Estadístico, Histórico de las Islas Filipinas, Madrid, s.e., 1850-1851, 2 vols.; SANTA INÉS, Francisco de, Crónica de la provincia de San Gregorio Magno de Religiosos Descalzos de N.S.P. San Francisco en las islas Filipinas, China, Japón, etc., 2ª edición: Manila, Chofre, 1892, 1ª edición, 1676; MURILLO VELARDE, Pedro, Historia de la provincia de Filipinas de la Compañía de Jesús: segunda parte… desde el año de 1616 hasta el de 1716, Manila, en la Imprenta de la Compañía de Jesús, por D. Nicolás de la Cruz Bagay, 1749; COLLANTES, Domingo, Historia de la Provincia del Santísimo Rosario de Filipinas, China y Tonkín. Orden de Predicadores: Cuarta parte desde el año de 1700 hasta el de 1765, Manila, en la Imprenta del Colegio y Universidad de Santo Tomás, por Juan Francisco de los Santos, 1783; MALDONADO DE PUGA, Juan Manuel, Religiosa hospitalidad por los hijos del piadoso corifeo patriarca y padre de pobres S. Juan de Dios en su provincia de S. Raphael de las Islas, Impreso en Granada por Joseph de la Pijerta, 1742.

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misioneras que les correspondían. Las múltiples tareas que desempeñaban, excediendo incluso a las de cualquier funcionario normal, transformaron a los frailes en un elemento valioso para la administración colonial del territorio y de sus gentes. Por ello, en los siglos XVI y XVII, las autoridades coloniales contaron con ellos para el gobierno de las islas, convirtiéndoles en agentes sui generis del sistema. Durante mucho tiempo no hubo en Filipinas ningún otro cuerpo administrativo que pudiera desempeñar esas funciones, ni tantas funciones. Los frailes resolvieron, por tanto, carencias de la administración y se incorporaron a una estructura que en principio no debía haberles correspondido. De tal forma, en los dos primeros siglos de presencia española en Filipinas, se produjo una sólida y duradera alianza y coincidencia de intereses entre la administración colonial y las órdenes religiosas, a pesar de que esa colaboración no siempre fue lineal, sino que procedió de manera sinuosa, con avances y retrocesos, entendimientos y conflictos. La colaboración no implicó que las relaciones entre las diferentes instancias de gobierno fueran siempre buenas. Hubo múltiples conflictos, unas veces por los deseos de un mayor control por parte de las autoridades coloniales y la jerarquía eclesiástica, otras por excesos en las políticas decididas o ejecutadas por el gobierno y sus delegados, en ocasiones por desbordamiento en las funciones de los frailes y muchas por los abusos cometidos por cualquiera de las partes. No era fácil casar los intereses de los gobernantes de Manila, los representantes provinciales, los gobernadorcillos, los encomenderos, las autoridades eclesiásticas y los frailes que trataban de defender su autonomía en los pueblos, por lo que con frecuencia, unos y otros, se enzarzaron en luchas por competencias y repartos de poder.33 Los conflictos entre la administración, la jerarquía eclesiástica, las órdenes religiosas y las poblaciones locales fueron una constante tanto en América como en Filipinas. Debido a los distintos tiempos en la colonización y desarrollo de las Indias occidentales y las orientales, las diferencias se plantearon antes en tierras americanas. Entre las múltiples diferencias, una cuestión fundamental, planteada en ambos territorios, fueron los debates en torno al proceso de secularización de las doctrinas de indios y la larga pugna por la consolidación del clero secular en detrimento de las órdenes religiosas, asuntos que reflejaban muchos de los cambios políticos y sociales producidos durante el período colonial. Así, ya en la década de 1640, el obispo Juan de Palafox inició en la Nueva España una nueva política a fin de sujetar a los frailes a la jurisdicción de los obispos y secularizar sus 33. Además de las obras de Roberto Blanco y Marta Manchado ya citadas, véase: GARCÍA DE LOS ARCOS, María Fernanda, Estado y clero en las Filipinas del siglo XVIII, México D.F., Universidad Autónoma Metropolitana/Iztapalapa, 1988; RODRÍGUEZ, Isacio, Historia de la Provincia Agustiniana del Smo. Nombre de Jesús de Filipinas, Manila, 1965-1988, 20 v.; ABAD, Antolín, «Los franciscanos en Filipinas, 1578-1898», Revista de Indias, 97-98, 1964, pp. 411-444; SÁNCHEZ, Cayetano, «Los franciscanos y la evangelización de Filipinas, 1578-1600», Archivo Ibero-Americano, 1983; DE LA COSTA, Horacio, The Jesuits in the Philippines, 15811768, Cambridge, Harvard University Press, Cambridge, 1967; FERNÁNDEZ, Pablo, Dominicos donde nace el sol. Historia de la provincia del Smo. Rosario de la sagrada orden de predicadores, Barcelona, Talleres Gráficos Yuste, 1958; GÓNZALEZ POLA, Manuel, «Los dominicos en Filipinas», en Los dominicos y el Nuevo Mundo, Madrid, Deimos, 1988; MARTÍNEZ CUESTA, Domingo, «Los agustinos recoletos en el último tercio del siglo XVIII», Recollectio, VI, 1983, pp. 247-362.

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doctrinas. Desde entonces se produjo un reforzamiento en la autoridad de los obispos y un cambio en las políticas de la Corona que culminaría en la cédula de 1749, a la que ya nos hemos referido, por la que se solicitó la secularización de las parroquias en territorio novohispano.34 Se planteaba así un debate de largo alcance que tendría lugar en los territorios colonizados sobre las diversas maneras de entender la función de la Iglesia y el protagonismo que deberían tener diferentes actores en las labores de evangelización y gobierno.35 En Filipinas esos problemas se advirtieron ya en el siglo XVI y se evidenciaron con claridad en el XVII, tanto en la Real Audiencia de Manila como a través de una gobernación favorable a la ruptura con la Iglesia regular que se proyectó en dos direcciones: por un lado, en la obligatoriedad de las visitas diocesanas a las parroquias regentadas por las órdenes, impuesta en los años finales de la centuria por el arzobispo Diego Camacho y Ávila, para la que la Corona había obtenido el plácet de Roma; y, por otro, en el enfrentamiento producido también en los años finales del Seiscientos a causa de la práctica generalizada entre los regulares de ocupar tierras a expensas de suelos comunales y parcelas de los campesinos indígenas para ampliar sus haciendas. Esos enfrentamientos se plantearon por motivos fiscales, ya que las ocupaciones de tierras por parte de los frailes quedaban amortizadas y, por lo tanto, inmunes al tratamiento tributario en un momento de dificultades financieras para la Corona, lo cual contribuía a explicar las difíciles relaciones que mantuvieron en los primeros siglos la Administración y el clero regular.36 Las disputas continuaron vivas y, ya en el siglo XVIII, se plasmaron en diversas causas: por ejemplo, en el pleito planteado en 1717 entre el arzobispo fray Francisco de la Cuesta y los provinciales de las órdenes contra el gobernador Fernando Manuel de Bustamante y Bustillo, en el cual fueron secundados por los habitantes de Manila que llegaron a levantarse en armas, y que acabó con la muerte del gobernador, siendo reemplazado en el cargo por el arzobispo;37 o también en el enfrentamiento suscitado en 1739 entre Juan Manuel Pérez de Tagle –marqués de Salinas, alcalde ordinario de Manila e implicado en el tráfico del Galeón– y los jesuitas por unas tierras y propiedades situadas en el arrabal

34. CASTILLO FLORES, José Gabino, Reseña… cit., pp. 482-486. 35. PIHO, Virve, La secularización de las parroquias en la Nueva España y su repercusión en San Andrés Calpán, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1981; AGUIRRE, Rodolfo, «La secularización de doctrinas en el arzobispado de México: realidades indianas y razones políticas, 1700-1749», en Hispania Sacra, LX322, 2008, pp. 487-505; MORALES, Francisco, «Secularización de doctrinas ¿Fin de un modelo evangelizador en la Nueva España?», Archivo Iberoamericano, 52, 1992, 465-495; O’HARA, Matt, A Flock Divided: Race, Religion and Politics n México, 1749-1857, Durham, Duke University Press, 2010; ROSENMÜLLER, Christoph, «The Indians…Long for Change»: The Secularization of Regular Parishes in Mid EighteenthCentury New Spain, en Francisco EISSA-BARROSO, A. y VÁZQUEZ VARELA, Ainara (eds.), Early Bourbon Spanish America: Politics and Society in a Forgotten Era, 1700-1759, Brill Academic Pub., 2013, pp. 143-164; J. ANDRIEN, Kenneth, «The Coming of Enlightened Reform in Bourbon Peru: Secularization of the Doctrinas de Indios, 1746-1773», en PAQUETTE, Gabriel (ed.), Enlightened Reform in Southern Europe and its Atlantic Colonies, 1750-1830, Farnham, Asgate, 2009, pp. 183-212. 36. CUSHNER, Nicholas P., Landed Estates in the Colonial Philippines, New Haven, Yale University, 1976; ROTH, Dennis M., The Friar Estates of the Philippines, Alburquerque, University of New Mexico Press, 1977. 37. Biblioteca Nacional de España (BNE), MSS/11014 (H.205R-275V), 71 p.; PARAJÓN, Concepción, El gobierno de Filipinas de D. Fernando Manuel de Bustamante y Bustillo, Sevilla, EEHA, 1964.

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de Santa Cruz, en el cual se involucraron también los vecinos que ocupaban dichos terrenos, a los cuales el oidor Pedro Calderón Enríquez acabó dándoles la razón y concediéndoles la propiedad del suelo de sus casas y de aquel que no estuviera ocupado dentro de los límites del pueblo.38 Tampoco hay que entender, en este amplio panorama de las órdenes religiosas, que todas las congregaciones fueron iguales, ni que siempre mantuvieron una convivencia armónica entre ellas. Si bien coincidían en su empeño evangelizador, a menudo se suscitaron conflictos por el reparto de los territorios y las parroquias, por las competencias de cada cual –por ejemplo en la enseñanza, donde hubo graves enfrentamientos entre dominicos y jesuitas–, o por diferentes actitudes ante distintas situaciones –hay que resaltar, por ejemplo, que los franciscanos no tuvieron haciendas ni la implicación en la economía de las islas de las demás órdenes–.39 Aun así, les unía su común interés por la evangelización de la población filipina, su difusión por el territorio en una estrecha convivencia con los habitantes, los problemas derivados de esa situación y posiciones a menudo parecidas ante la administración colonial de las islas. Por ello, entre las órdenes se produjo una constante oscilación en la colaboración general, los conflictos puntuales y los deseos de mayores cuotas de poder e influencia manifestadas en ocasiones por alguna de las congregaciones.

Las reformas del siglo XVIII: nuevos cuestionamiento de las órdenes religiosas A mediados del siglo XVIII, ese difícil e inestable equilibrio entre poderes dispersos se hizo insostenible. Se sucedían los conflictos por competencias entre las distintas instancias de poder repartidas por el archipiélago. Buena parte de las prestaciones de los filipinos no llegaban a la Corona, lo cual perjudicaba los intereses metropolitanos. Se produjeron revueltas internas que expresaban el malestar de la población. La invasión británica de Manila –producida en 1762, en el marco de la Guerra de los Siete Años– evidenció la fragilidad de la posición española en el Pacífico. Además, la población china aumentaba su importancia en las islas sin encontrar el encaje adecuado, hasta el punto de que en esos años se decretaron dos expulsiones de los chinos no cristianizados, lo cual no implicó una solución de la cuestión. Era entonces el tiempo de la Ilustración, la época del reformismo borbónico impulsado por Carlos III que transformó las bases políticas, económicas, sociales, religiosas e intelectuales del Estado. En ese contexto, se comprendió que era necesario emprender

38. Archivo Histórico Nacional (AHN), Clero-Jesuitas, 235, Pleito entre el Marqués de las Salinas, Alcalde ordinario de Manila y la Compañía de Jesús de Filipinas, Manila, 1739, citado por LORENZO GARCÍA, Santiago, La expulsión de los jesuitas de Filipinas, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999, p. 85. 39. Exceptuando el caso de la Hacienda de San Lázaro, en las afueras de Manila, que financiaba el mantenimiento del hospital de leprosos administrado por los franciscanos.

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también importantes reformas en Filipinas. La Corona consideró que no se podía seguir manteniendo en el archipiélago una organización territorial basada en la delegación de poderes. Era necesario hacerse con las riendas del poder, establecer una nueva estructura centralizada y jerarquizada donde se dictaran directrices claras que fueran obedecidas. Había que fortalecer los órganos de gobierno, profesionalizar la administración, lograr un mayor dominio del territorio y de la población, reforzar las defensas, reorganizar la economía, controlar los tributos, abrir nuevas vías de comunicación directas con la Península, impulsar la producción y el comercio. A fin de acometer con urgencia esas reformas era necesario generar recursos con que financiar los cambios requeridos. Todo ello suponía inaugurar un nuevo ciclo colonial sobre nuevos supuestos políticos, económicos y administrativos.40 En ese marco reformista se hizo evidente que era necesario replantear la situación de las órdenes religiosas en el archipiélago, y muy en especial su labor dentro de la administración. Las autoridades pretendían controlar su poder e influencia, restringir su autonomía y limitar su injerencia en cuestiones políticas y económicas. La jerarquía religiosa –arzobispado y obispados– quería acabar con la resistencia de los frailes a cualquier tipo de control episcopal. Quizás ambas instancias unidas tendrían mayor capacidad para actuar en el sentido deseado. De tal forma, a fines de la década de 1760, el arzobispo Basilio Sancho de Santa Justa y Rufina (1767-1787) –que no pertenecía a ninguna orden religiosa, por lo que le era más fácil actuar en contra de las mismas– y el gobernador Simón de Anda y Salazar (1770-1776) iniciaron una política de mayor control de las congregaciones. Se advirtió a los regulares de la obligación de someterse a la visita episcopal a las parroquias y aceptar el regio patronato, que suponía el control de los nombramientos eclesiásticos por las autoridades civiles. Además, más o menos por aquellos mismos años, la expulsión de los jesuitas de los territorios españoles, que en Filipinas se efectuó en 1768, permitió que las 93 parroquias administradas por esta orden fueran asignadas al clero secular, en gran medida indígena, lo cual podía ser otra manera de contrarrestar la importancia de las congregaciones.41 En los años siguientes se continuó el traspaso de otras parroquias de las órdenes regulares, que en muchos casos fueron adjudicadas a sacerdotes nativos, aceleradamente formados para la ocasión, ya que los presbíteros diocesanos eran escasos.42 Sin embargo, apenas una década después, las propias autoridades coloniales que habían promovido el traspase de parroquias de los regulares a los seculares advirtieron al rey que «no convenía al servicio de Dios y su Majestad el que se confíen enteramente estas cristiandades al clero secular

40. FRADERA, Josep M., Filipinas, la colonia más peculiar. La hacienda pública en la definición de la política colonial, 1762-1868, Madrid, CSIC, 1999; ÍD., Colonias para después de un Imperio, Barcelona, Edicions Bellaterra, 2005; DELGADO, Josep M., Dinámicas imperiales, 1650-1796. España, América y Europa en el cambio institucional del sistema colonial español, Barcelona, Bellaterra, 2007. 41. LORENZO, Santiago, La expulsión de los jesuitas… cit. 42. MANCHADO, Marta, Tiempos de turbación y mudanza: la Iglesia en Filipinas tras la expulsión de los jesuitas, Córdoba, Muñoz y Moya Editores-Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 2002. También BLANCO, Roberto, Entre frailes… cit.

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del país».43 Tras unos años de práctica, habían constatado que el reemplazo de las órdenes religiosas por curas nativos no había sido positivo para el gobierno de las islas porque los nuevos párrocos no estaban tan bien formados, no se identificaban tan fácilmente con las autoridades coloniales y, sin embargo, estaban adquiriendo una influencia creciente sobre la población filipina, lo cual podía convertirse en un problema para el régimen colonial.44 A partir de entonces, se siguió una política un tanto ambigua en esta cuestión. Las directrices recomendaban proceder a la secularización de las parroquias siempre que hubiera sacerdotes preparados para ello, lo cual dejaba un amplio margen para la interpretación. En esa tesitura, en la práctica, las decisiones del Real Patronato, influido por la opinión de los gobernadores generales, se inclinaron en favor de la devolución de los curatos a sus antiguos propietarios frailes. Sin embargo, no fue posible proceder al inmediato retorno de las órdenes religiosas a las parroquias secularizadas. Primero porque era un tema de delicada ejecución y segundo porque en esos años se acusó en Filipinas una importante disminución en el número de regulares peninsulares, por lo cual durante al menos cincuenta años más fue necesario seguir recurriendo al clero nativo. En Filipinas este proceso de secularización de parroquias se vio complicado por un componente racial. No era ya solo el paso de parroquias de regulares a seculares, sino de religiosos peninsulares a religiosos nativos. Si bien en el caso de Nueva España se ha señalado que la población local apoyó a los doctrineros en el siglo XVI, en Filipinas esta cuestión se vio complicada a partir del siglo XVIII por el origen de unos y otros, convirtiéndose la relegación del clero secular nativo en un motivo más del movimiento de afirmación nacional. Se inició así un largo proceso de conflicto, de casi un siglo de duración, en el cual las órdenes religiosas y el clero secular, en su mayor parte nativo, se enfrentaron por la propiedad de las parroquias y, con ellas, por el control del territorio y de la población. Estas disputas alcanzaron al arzobispo, obispos y otros delegados eclesiásticos, y enemistaron también a distintas facciones coloniales e incluso a determinados gobernadores y a la Real Audiencia de Manila. Asimismo tuvieron reflejo en el ánimo de la población de las islas. No obstante, el resultado fue que, poco a poco, en las décadas siguientes, las congregaciones fueron recuperando de forma paulatina las sedes perdidas. Ante tal situación, los sacerdotes filipinos se sintieron vulnerados en sus derechos, generándose así un importante foco de conflictos y originándose un motivo más para el incipiente movimiento nacionalista contra el régimen colonial que entonces despuntaba en las islas. Esta cuestión, que desbordaba los términos propiamente religiosos para convertirse en un asunto político, social, económico y racial, terminó por convertirse en un problema grave en las Filipinas del siglo XIX. Reflejaba una

43. Carta de Simón de Anda al rey de España, 3 de enero de 1776. MARTÍNEZ CUESTA, Ángel, Historia de los agustinos recoletos, I, Desde los orígenes hasta el siglo XIX, Madrid, Augustinus, 1995, citado por BLANCO, Entre frailes… cit., p. 102. 44. En contra de la tesis de una formación escasa por parte de los clérigos filipinos, otros autores han señalado que se beneficiaron del acceso a la educación superior desde fechas muy tempranas en los establecimientos de educación superior que los dominicos y los jesuitas tenían en Filipinas. SANTIAGO, Luciano, The Hidden Light: The First Filipino Priests, Quezon City, New Day Publishers, 1987; GARCÍA DE LOS ARCOS, María Fernanda, Estado y clero… cit.

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dura lucha de poder, derechos e influencias y produjo una tensión continua, no solo entre los sacerdotes nativos agraviados frente a las órdenes religiosas, sino también entre las autoridades coloniales y la población filipina. La cuestión no llegaría a solucionarse del todo y seguiría enfrentando a unas partes con otras hasta las últimas décadas del XIX.45 También el sometimiento a la visita diocesana y los intentos de control de las actividades de las órdenes por parte del arzobispo y de los obispos continuaron siendo motivo de constante litigio entre regulares y seculares en las siguientes décadas, sin que se lograra una solución satisfactoria para ambas partes. Hubo, pues, un cerramiento en falso de la política reformista que a fines del siglo XVIII se trató de imponer a las órdenes misioneras. La cuestión no era un problema meramente religioso, sino que tuvo importantes consecuencias políticas y afectó directamente a la administración de las islas, al papel que las congregaciones desempeñaban dentro de la estructura colonial y a las relaciones autoridades coloniales, jerarquía eclesiástica, órdenes religiosas, sacerdotes nativos y población de las islas.

Las primeras décadas del XIX: divergencias entre la Península y Filipinas y nuevos avances de las órdenes religiosas El siglo XIX inauguró un tiempo de cambios en el que se sucedieron modelos políticos expresados en diferentes legislaciones. Se hubo de afrontar el impacto de las independencias americanas y la reconfiguración de un nuevo imperio insular con esperanzas de continuidad –Cuba, Puerto Rico, Filipinas y otros enclaves menores en África y la Micronesia–. Comenzó entonces la construcción de un nuevo Estado de corte liberal, en el que, después del esperanzador tiempo de las Cortes de Cádiz con su proclama de la igualdad de los españoles de ambos hemisferios, se iba a producir una intencionada divergencia en la situación de la Península y del Ultramar. Mientras en la primera se iban ganando paulatinamente nuevos derechos para sus ciudadanos, se elegían conscientemente unas leyes especiales que regularan las provincias ultramarinas.46 Esa misma divergencia se reflejó en el terreno religioso cuando, en los años 1830 y 1840, en la Península se optó por una política secularizadora que provocó duros enfrentamientos entre Iglesia y Estado y, sin embargo, se decidió dejar a Filipinas fuera de esa lucha, precisamente por la importancia que se otorgaba a la labor de las órdenes religiosas dentro de la administración colonial, tanto por las funciones que desarrollaban en los pueblos, como por su capacidad de control sobre la población y por la dificultad que entrañaba prescindir de ellas.47 En un con-

45. Esta es precisamente la problemática central tratada en la detallada y bien documentada obra de BLANCO, Roberto, Entre frailes…, ya citada anteriormente. 46. FRADERA, Josep M., «La nación desde los márgenes: Ciudadanía y formas de exclusión en los imperios», Illes i Imperis, 10-11, 2008, pp. 9-30; CELDRÁN, Julia Instituciones hispano-filipinas del siglo XIX, Madrid, Ed. Mapfre, 1994. 47. AHN, Ultramar, Filipinas, Gobierno, 5152, Exp. 2.

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texto de conflictividad creciente, no se sabía cómo reemplazar la labor que realizaban los frailes dentro de la administración de Filipinas, ni se contaba con efectivos que los sustituyeran en sus responsabilidades locales. Se temía, además, que si se perdía el ascendiente que los frailes tenían sobre la población, ello pudiera implicar una pérdida del control. Se sucedieron así medidas y valoraciones que no hicieron sino reforzar de nuevo la posición de las órdenes en el entramado colonial. Por ello no se extendió a las islas la desamortización, no se cerraron conventos, ni se aplicaron las disposiciones decididas por Espartero para limitar el poder eclesiástico. Además, en el Concordato firmado en 1851 entre la Iglesia de Roma y el gobierno español –que de alguna manera significó un modus vivendi entre ambas instancias– se declaró que las órdenes misioneras eran una excepción merecedora de la protección gubernamental por la labor que realizaban en Filipinas. De tal forma, frente a los intentos de control y limitación de las órdenes religiosas de fines del XVIII, en el siglo XIX se optó por un nuevo apoyo a su labor. En ese ambiente, las órdenes religiosas reivindicaron la importancia de su función y consiguieron que en 1826 se dictara una real orden revocando la secularización de las parroquias en Filipinas, basándose en los derechos de pretérita propiedad de las congregaciones. Se inició así un proceso de devolución de las sedes que habían pasado al clero secular indígena, que fue continuado por la disposición que en 1849 dictó Narciso Clavería ordenando la restitución de nuevas parroquias a los frailes y por un real decreto de 1861, en el que de nuevo se entregaron parroquias de seculares filipinos a los recoletos, en concepto de indemnización por la nueva expansión de los jesuitas en Mindanao. Este proceso culminó en 1870 con la devolución de la última parroquia secularizada.48 En 1898, las cifras reflejaban el estado de la cuestión: 809 parroquias administradas por las órdenes religiosas frente a las 158 del clero secular.49 Una vez decidido el renovado respaldo a las órdenes religiosas en Filipinas, a fin de resolver la escasez de frailes observada desde fines del XVIII y poder nutrir de nuevo parroquias con regulares, se apoyó la creación en la Península de nuevos colegios misioneros donde formar frailes que pudieran acudir a Filipinas.50 Además, en 1859, regresaron los jesuitas y, en 1862, llegaron a las islas los padres de San Vicente de Paul para encargarse de la formación del clero secular en diferentes seminarios. Los jesuitas, encargados

48. Sin embargo, la cuestión no quedó resuelta, tal como demostró la real orden de 12 de septiembre de 1897, emitida en plena revolución nacionalista. A fin de ofrecer una salida al descontento del clero secular nativo, en los artículos 48 y 49 se proponía iniciar una secularización gradual de las parroquias. A pesar de la delicada tesitura a la que se enfrentaban, con una lucha abierta en favor de la independencia, la oposición de las órdenes religiosas fue tan virulenta que el gobierno decidió la suspensión de esta norma. 49. ELIZALDE, María-Dolores y HUETZ DE LEMPS, Xavier, «Le sabre, le goupillon et la révolution. Les ordres missionnaires et la réforme du système colonial aux Philippines», Histoire, Monde & Cultures religieuses, 31, 2014, pp. 55-76. 50. Roberto Blanco indica que, a resultas de la política de creación de colegios frailes, todas las órdenes aumentaron notablemente sus efectivos en Filipinas, e indica, por ejemplo, que entre 1838 y 1893 se enviaron a las islas más agustinos que entre 1569 y 1831. BLANCO, Entre frailes… cit., p. 60. Además, Leandro TORMO SANZ, «La problemática del envío de franciscanos a Filipinas en el primer tercio del siglo XIX», Archivo IberoAmericano, 42, 1982, p. 970.

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entonces de la evangelización de Mindanao, se hicieron cargo también del Ateneo Municipal de Manila, un centro de enseñanza secundaria que pronto adquirirá una notable importancia en la formación de las élites españolas, criollas y filipinas, y crearon el Observatorio de Manila, un centro científico de primera magnitud en Asia, con una amplia repercusión a nivel mundial. También la Universidad de Santo Tomás, regentada por los dominicos, se convirtió en un centro de gran importancia para la educación universitaria en Filipinas. Las órdenes consolidaron así una hegemonía en la enseñanza primaria, secundaria y superior. Mantuvieron también un papel esencial en las instituciones de beneficencia. Siguieron teniendo un notable poder político en los pueblos y continuaron controlando importantes resortes económicos, en especial la propiedad de grandes haciendas muchas de las cuales arrendaban a los filipinos. En los años 1860, habían recuperado, pues, un lugar central dentro de la administración colonial de Filipinas. En esa situación, los religiosos filipinos perdieron parroquias y atribuciones oficiales, pero siguieron manteniendo un gran ascendiente sobre la población de las islas. Desde la perspectiva de la administración colonial, esa influencia se vio como un peligro porque era una fuerza fuera de su control que podía dar lugar a movimientos populares imprevisibles, en los cuales se expresaran diferentes motivos de agravio contra el régimen colonial –y entre ellos el descontento de los religiosos nativos por el tema del traspaso de parroquias y la postergación a la que se veían sometidos–. Esos movimientos se manifestaron de diferentes maneras, en distintos momentos y espacios, conformando un estado de conflictividad que explica en gran medida el apoyo de las autoridades coloniales a las órdenes religiosas peninsulares y muchas de las decisiones que adoptaron en relación a las mismas.

Transformaciones y enfrentamientos en Filipinas En el siglo XIX, se inició en Filipinas un tiempo de rápidas transformaciones que generaron tensiones en el campo de la política, la economía, las relaciones sociales y la religiosidad, y que influirían en la posición de las órdenes religiosas dentro de aquella sociedad colonial. A raíz de los sucesos ocurridos en el período 1807-1812 en la Península y en el Ultramar americano –renuncia al trono de Carlos IV y Fernando VII, invasión napoleónica, creación de Juntas, Cortes de Cádiz, soberanía nacional…–, los criollos disfrutaron de un importante protagonismo político, al representar a Filipinas tanto en Cádiz como en los breves períodos de gobiernos liberales en los que se permitió representación parlamentaria ultramarina. Desempeñaron también un papel destacado en el Cabildo de Manila y en otras instituciones isleñas. Ello permitió el desarrollo de una nueva conciencia criolla, diferenciada de la peninsular, de hijos del país –descendientes de peninsulares, nacidos ya en Filipinas– que solicitaron una mayor participación en la vida política. También la población de las islas, entre los cuales emergían nuevos líderes locales, nativos y mestizos, reclamaba mayores cuotas de participación en la vida política y económica del archipiélago, evidenciaba su pretensión de ocupar nuevos espacios de poder y manifestaba su protesta ante las reiteradas postergaciones frente a los peninsulares. En ese ambiente, ambos

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grupos vieron cuestionado su poder frente a unas autoridades metropolitanas cada vez más restrictivas, que optaron por ceder funciones a los peninsulares frente a los isleños.51 También la economía de las islas se reconfiguró en las últimas décadas del XVIII y en las primeras del XIX. En un primer momento, aumentó la participación de los comerciantes filipinos en el tráfico transpacífico, tanto en las últimas décadas de funcionamiento del Galeón de Manila, como tras la supresión de esa ruta comercial y su sustitución por el comercio de particulares que mantuvieron viva la relación con los puertos americanos y las redes novohispanas hasta 1821, año de la independencia mexicana.52 En paralelo, en ese período se desarrollaron nuevas actividades en torno a la producción de tabaco y alcoholes indígenas, en los resquicios que permitía el monopolio estatal establecido sobre esos productos. Se incrementó luego el cultivo del azúcar, añil, algodón, arroz, abacá…, en gran medida orientado a la exportación hacia los grandes mercados internacionales, lo cual permitió el desarrollo de una nueva clase de hacendados filipinos dedicados a esas nuevas actividades, en buena parte en haciendas compradas a las órdenes religiosas por particulares –a menudo enriquecidos por el tráfico transpacífico, por el nuevo comercio que se potenciaba a través del Índico y por otras actividades menos confesables, entre ellas, el opio–.53 Se multiplicó también la proyección de Filipinas hacia Asia, la implicación de comerciantes de las islas en el comercio del Índico, el establecimiento de agentes en los principales puertos asiáticos…54 Todas esas transformaciones generaron conflictos entre las autoridades coloniales, los criollos, los mestizos y los naturales filipinos, que se manifestaron en diferentes tipos de revueltas. Así, en 1820 hubo un levantamiento en Binondo durante la epidemia de cólera

51. La mejor contribución para entender el papel de los criollos, así como el desarrollo de la vida política en las islas en aquellas primeras décadas del XIX es el trabajo que está realizando Ruth de LLOBET, expresado a través de varias publicaciones: Orphans of empire: Bourbon reforms, constitutional impasse, and the rise of Filipino Creole consciousness in an age of revolution. Phd dissertation, University of Wisconsin-Madison, 2011; ÍD., «El poeta, el regidor y la amante: Manila y la emergencia de una identidad criolla filipina», Istor: Revista de Historia Internacional 38, 2009, pp. 65-92; ÍD., «Chinese mestizo and natives’ disputes in Manila and the 1812 Constitution: Old privileges and new political realities (1813-15)», Journal of Southeast Asian Studies, 45, 2014, pp. 214-235. Además, MOJARES, Resil, Brains of the nation: Pedro Paterno, T. H. Pardo de Tavera, Isabelo de los Reyes and the production of modern knowledge, Quezon City, Ateneo de Manila University Press, 2006; NOLASCO, Clarita, The creoles in Spanish Philippines, Far Eastern University, 1970; JOAQUÍN, Nick, A Question of Heroes, Manila, National Bookstore, 1981[1977]. En menor medida, también ELIZALDE, María Dolores, «The Philippines at the Cortes de Cadiz», Philippine Studies, 61, 2013, 331-361, o en su versión española, ligeramente diferente, «Filipinas en las Cortes de Cádiz», Historia y Política, 30, 2013, 177-203, publicado en junio de 2014. 52. PÉREZ LECHA, Manuel, Los últimos años del Galeón. El ocaso de un modelo colonial hispano en el Pacífico, 1785-1821, Tesis Doctoral, Universidad de Castellón, 2014. 53. Así se demuestra en la obra que están escribiendo María Dolores Elizalde, Xavier Huetz de Lemps, Ruth de Llobet, Josep M. Delgado y Martín Rodrigo sobre la familia Roxas en Filipinas, en la cual se pone de manifiesto la existencia e importancia de ese nuevo sector empresarial filipino. 54. PERMANYER, Ander, La participación española en la economía del opio en Asia Oriental tras el fin del Galeón, Tesis Doctoral, Universitat Pompeu Fabra, 2013; Benito LEGARDA, After the Galleons. Foreign Trade, Economic Change and Entrepreneurship in the Nineteenth-Century Philippines. Quezon City, Ateneo de Manila University Press, 1999.

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que asoló las islas y que expresó las tensiones entre distintos grupos de población.55 En 1822 se produjo en Manila un levantamiento de oficiales militares criollos, liderado por los hermanos Manuel, José y Joaquín Bayot, apoyados por comerciantes, abogados y algún clérigo del país –el presbítero Miguel Fernández de Luna–, que solicitaron incluso la independencia de Filipinas, en unas fechas muy tempranas.56 En 1823 estalló el motín liderado por el sargento mestizo Andrés Novales, con un amplio respaldo social, en el curso del cual fue asesinado el capitán general Mariano de Folgueras.57 En 1826 llegó la primera orden de revocación de parroquias, a la que nos hemos referido, lo cual disparó el malestar del clero nativo. En 1829 tuvo lugar la revuelta impulsadas por los hermanos Palmero a causa de la sustitución de funcionarios criollos por oficiales peninsulares, y de nuevo contó con el apoyo de diferentes sectores de la sociedad manileña, esta vez incluyendo también a algún comerciante extranjero, incidiendo que lo que realmente se estaba cuestionando era el propio régimen colonial y a lo que se aspiraba era a la independencia y al control político, económico y comercial del archipiélago.58 En ese escenario de conflicto y reivindicación, algunos líderes religiosos filipinos, –criollos, mestizos y nativos–, respaldaron las peticiones de mayores derechos para los nacidos en Filipinas y, en algunos casos, apoyaron las revueltas. Se transformaron así en líderes con gran ascendencia sobre la población local. Pero al tiempo se convirtieron en sujetos sospechosos para la administración, que recelaba de su lealtad al régimen colonial y temía la influencia que pudieran tener en las islas. Esos recelos se vieron confirmados en otros enfrentamientos suscitados en los años siguientes. Destacó, en primer lugar, el grave conflicto planteado en 1842 con Apolinario de la Cruz y la Cofradía de San José. Apolinario de la Cruz era hijo de campesinos acomodados de Tayabas. Quiso ingresar en la orden dominica, pero ante la falta de medios y posibilidades para seguir la carrera religiosa se hizo donado del Hospital de San Juan de Dios. En 1832 organizó la Cofradía de San José, dedicada a obras de caridad y prácticas piadosas y orientada a la población del país. Adquirió una gran influencia entre sus conciudadanos, que le llamaban Padre Pule, hasta tener cientos de seguidores en las provincias tagalas. Una fuerza tal, compuesta solo de nativos y fuera del control de la Iglesia, asustó a las autoridades. El gobernador de la provincia, Joaquín Ortega, alarmado por las masivas reuniones para las que no tenían permiso civil ni eclesiástico, ordenó la detención de Ciriaco de los Santos, sacerdote filipino, tesorero y capellán de la cofradía, y de Octavio de San Jorge, hermano mayor de la misma. En respuesta a esas detenciones, Apolinario de la Cruz convocó a sus seguidores a una asamblea de protesta. Las autoridades coloniales, esgrimiendo que iban a establecer una comuna incontrolada, intervinieron, matando a muchos cófrades. En los enfrentamientos hubo numerosas bajas por ambas partes, incluida la del gobernador provincial.

55. AGI, Filipinas, 578, cit. en Ruth de Llobet, Orphans of empire…, cit., pp. 235-249. 56. AHN Ultramar, Filipinas, 2134, cit. en Ruth de Llobet, Orphans of empire…, cit., pp. 250-278. 57. AHN, Ultramar, Filipinas, 2135, cit. en Ruth de Llobet, Orphans of empire…, cit., pp. 279-284. 58. «Expediente sobre la conspiración contra el gobierno de S.M. descubierta en Manila el 20 de enero de 1829», cit. en LLOBET, Ruth de, Orphans of empire… cit., pp. 287-294.

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A resultas, el padre Pule fue encausado, condenado a muerte y ajusticiado. Estos hechos aumentaron el malestar público en Manila y fueron incluso objeto de una amonestación desde la Península, considerando que la actuación del entonces gobernador general de Filipinas, el general Oráa, había sido excesiva.59 Un año después de los sucesos de la cofradía de San José, soldados del regimiento de Tayabas –tercer batallón de infantería de la milicia provincial–, con base en Malate, que tenían familiares y amigos entre las víctimas de la cofradía, se amotinaron contra sus oficiales, liderados por el sargento Isidro Samaniego, de nuevo reclamando la independencia de las autoridades coloniales. El gobernador civil de Manila temió incluso una rebelión en las islas.60 Aquellos estallidos de los años 1820-1840 no fueron sólo la manifestación del descontento de militares y funcionarios de baja graduación a los que les estaba vedada una carrera paralela a la de los peninsulares, ni únicamente la protesta de los sacerdotes nativos frente a las órdenes religiosas, o revueltas populares que expresaban una corriente de profunda religiosidad filipina ajena a las congregaciones. Tuvieron también el apoyo de destacados criollos que formaban parte de algunas instituciones de gobierno, de sectores filipinos clave para el desarrollo económico que estaba despegando en las islas, de las élites locales filipinas, de algunos chinos mestizos, e incluso de algunos comerciantes extranjeros, todos ellos deseosos de un futuro y de un equilibrio de fuerzas diferentes para el país.61 En ese mismo contexto de conflicto destacó, años después, la figura del presbítero criollo Pedro P. Pelaéz,62 uno de los eclesiásticos más relevantes de la iglesia en Filipinas, decidido defensor no solo del clero secular filipino, sino también de la obtención de mayores derechos para el conjunto de la población de las islas. Su participación en una oposición para optar a una plaza en el cabildo de la catedral de Manila, en 1841, puso de manifiesto los enfrentamientos que se suscitaron en esa institución entre filipinos, mestizos, criollos y peninsulares, una situación inédita hasta entonces, pues anteriormente habían convivido en el cabildo personas de diferente origen y raza. La relegación de Peláez frente a un candidato peninsular menos preparado evidenció el propósito de que, a partir

59. AHN, Ultramar, Filipinas, Gobierno, 5152, Exp. 6, 7 y 10. Ver también al respecto ILETO, Reynaldo, Pasyon and Revolution: Popular Movements in the Philippines, Quezon City, Ateneo de Manila University Press, 1979; FRADERA, Josep M., Colonias… cit., pp. 272-277; CUARTERO, Susana, La Masonería española en Filipinas, Madrid, Ediciones Idea, 2013, vol. 1, pp. 155-156. 60. AHN, Ultramar, Filipinas, 2134, Caja 1, Negativo 5459 y 5460; Caja 2, Negativo 5509; 2135, Caja 1, Negativo Negativo 5429; Caja 2, Negativo 5430. AHN, Ultramar, Filipinas, Gobierno, 5152, Exp. 11. 61. Así lo ha demostrado convincentemente Ruth de Llobet en los trabajos citados y es la línea en la que está trabajando un equipo de investigadores (María Dolores Elizalde, Xavier Huetz de Lemps, Ruth de Llobet, Josep M. Delgado y Martín Rodrigo) en torno a la historia de la familia Roxas, un trabajo, ya citado anteriormente, que se publicará en el año 2016. 62. Roberto Blanco, a quien seguimos en este epígrafe y en los siguientes, ha realizado un brillante y exhaustivo estudio de la figura de Pedro Peláez, incidiendo en su relevancia, no solo en la vida religiosa de las islas, sino también en su desarrollo político, social e identitario. BLANCO, Roberto, «Pedro Peláez, líder del clero filipino», Hispania Sacra, 128, 2011, pp. 747-782; ÍD., «Pedro Peláez, leader of the Filipino Clergy», Philippine Studies, Festschrift in honor of Fr. John N. Schumacher, S. J., 58, 2010, pp. 3-43.

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de esa fecha, fueran peninsulares quienes ocuparan los cargos del cabildo catedralicio. Este asunto se convirtió en un nuevo motivo de agravio y de reclamación de los derechos de los nacidos en Filipinas. Poco después, en 1849, llegó a Filipinas una real orden de 9 de marzo de ese mismo año, en la cual se ordenaba devolver numerosas parroquias de los seculares filipinos a los recoletos agustinos y a los dominicos. Tal directriz causó de nuevo un profundo malestar entre el clero secular, que la entendió como una expropiación, ya que en las parroquias señaladas no existían los derechos de propiedad anterior que se habían esgrimido en 1826. Se organizaron movimientos de protesta liderados por Pedro Peláez –criollo– como miembro del cabildo y secretario del arzobispo, y por Mariano Gómez –mestizo–, párroco de Bacoor y vicario foráneo de Cavite, secundados por numerosos sacerdotes filipinos, que llegaron incluso a elevar sus reivindicaciones en Madrid. Tal como se ha señalado, en esas protestas se atisbaron ya los primeros indicios de una conciencia nacional, al señalar los presbíteros nativos que la injusticia que se iba a cometer con ese traspaso de parroquias se fundamentaba únicamente en su condición de filipinos.63 En ese contexto, el Concordato de 1851 no solo definió un nuevo marco de colaboración entre Madrid y Roma, sino que también propició un debate en torno a la situación de la Iglesia en Filipinas. El nuncio de Roma en Madrid, Lorenzo Barili, inició entonces una correspondencia con el religioso dominico Francisco Gaínza, una persona de ideas avanzadas, profesor de la Universidad de Santo Tomás, que ocupó diferentes cargos no solo dentro de la vida religiosa en Manila, sino también en instituciones de progreso como la Real Sociedad Económica de Amigos del País, y que posteriormente, en 1862, llegaría a ser obispo de Nueva Cáceres.64 En la correspondencia con Barili intervino también el Padre Peláez. Ambos religiosos trataron de hacer entender al nuncio que era imprescindible acometer reformas, dadas las necesidades y problemas de la Iglesia en Filipinas. Reformas referentes a la situación de las órdenes religiosas en las islas, a la necesidad de potenciar la jurisdicción diocesana frente a las congregaciones, a la resolución de los conflictos suscitados con el clero secular nativo, al obligado cumplimiento de la normativa canónica, a las numerosas irregularidades existentes, o al fin de situaciones abusivas…65 Sin embargo, frente a las esperanzas de renovación que suponían dichas conversaciones, en 1861 llegó una real cédula, de 10 de septiembre de ese año, en la cual una vez más se ordenaba indemnizar a los agustinos recoletos que habían cedido parroquias en Min-

63. BLANCO, Roberto, «Pedro Peláez, leader…» cit., p. 32; SCHUMACHER, John N., S. J., The Propaganda Movement: 1881-1895. The Creators of a Filipino Consciousness, the Makers of a Revolution, Manila, Solidaridad Publishing House, 1973; ÍD., The Making of a Nation, Quezon City, Ateneo de Manila University Press, 1991. 64. ABAD LEÓN, Felipe, «Francisco Gainza Escobés (1818-1879). Natural de Calahorra, uno de los hijos más ilustres de su historia», Kalakorikos, 15, 2010, pp. 275-290. Dan idea de su talante que en 1872 pidiera el indulto de los tres presbíteros filipinos ajusticiados por el Motín de Cavite, y también que su figura fuera ensalzada por mestizos nacionalistas tan significativos como Pardo de Tavera. 65. BLANCO, Roberto, «Pedro Peláez, leader…» cit., pp. 26-31.

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danao a los jesuitas con aquellos curatos todavía en posesión del clero indígena que fueran quedando vacantes. Peláez protestó de nuevo, alegando otra vez que la única razón para ello era que los titulares eran filipinos –naturales, mestizos o criollos–, frente a los regulares peninsulares.66 En plena batalla, en mayo de 1862, llegó a Filipinas un nuevo arzobispo de Manila, Gregorio Melitón, de condición secular y por tanto no ligado a ninguna congregación –el único titular del cargo que en el siglo XIX cumplió esa condición–. Entendió el arzobispo las razones de tanto ánimo soliviantado y trató de ponerle remedio, al punto de que cuando se planteó el siguiente conflicto en la parroquia de Antipolo, que había quedado vacante, Melitón negó la razón a los recoletos que solicitaron cubrir la plaza y quiso dejarla en manos del clero secular filipino. Era una iglesia especialmente significativa en las islas por la extendida devoción a su Virgen, lo cual generaba unos importantes réditos económicos. En esa situación, el gobernador Rafael Echagüe pidió consejo a instancias superiores en Madrid. Allí se refrendó la directriz de compensar a los recoletos por haber cedido parroquias a los jesuitas mediante la adjudicación de aquellas parroquias servidas por clero indígena que fueran quedando vacantes. La solución no satisfizo a los sacerdotes filipinos y mucho menos a Peláez, que siguió combatiendo para que no se produjeran esos relevos, utilizando incluso para ello a agentes en Madrid. Sin embargo, la Real Audiencia de Manila falló a favor de los recoletos, y el arzobispo, a pesar de las protestas de los filipinos, no tuvo más remedio que ceder la plaza a un fraile de dicha orden, aún manifestando que lo hacía «bajo protesta».67 Al conflicto de Antipolo se sumaron los esfuerzos por propiciar una reforma profunda de la Iglesia filipina, impulsada en 1863 por varios obispos convencidos de que era imprescindible introducir cambios que acabaran con las disfunciones y las tensiones. Así el arzobispo de Manila, Gregorio Melitón, el obispo de Nueva Cáceres, Francisco Gaínza, y el obispo de Cebú, Romuado Jimeno, propusieron una serie de medidas para acabar con la falta de disciplina de las órdenes religiosas, proponiendo que los frailes fueran sustituidos en las parroquias al menor signo de irregularidades. Los obispos y los provinciales de las órdenes decidirían quién debería ser trasladado, prevaleciendo la opinión de los primeros sobre los segundos en caso de conflicto, lo cual reforzaba el poder de los diocesanos sobre los regulares. Junto a ello, se propusieron otras medidas encaminadas a regenerar la actuación de los frailes, limitar su intervención en la vida de los pueblos y en la administración colonial, y mejorar el funcionamiento de las parroquias.68 Tanto las órdenes religiosas como los clérigos seculares publicaron escritos, mantuvieron reuniones, y enviaron representantes a Madrid, tratando de influir en los debates. Finalmente se decidió que no era oportuno proceder a la reforma de la Iglesia en Filipinas y, a pesar de

66. AHN, Ultramar, Filipinas, Gracia y Justicia, 2211/1. Exp. 66. 67. BLANCO, Roberto, «Pedro Peláez, leader…» cit., pp. 24-26. 68. AHN, Ultramar, Filipinas, Gracia y Justicia, 2205, Exp. 41; SCHUMACHER, John N., Revolucionary Clergy. The Filipino Clergy and the Nacionalist Movement, 1850-1903, Quezón City, Ateneo de Manila University Press, 1981, p. 10; FRADERA, Josep M., Colonias para después de un imperio… cit., pp. 627-628.

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los descontentos existentes, se optó por el mantenimiento del statu quo, como la opción más favorable a la estabilidad del régimen colonial.69 No se llevó a cabo la reforma, pues. Sin embargo, las reclamaciones que entonces se elevaron en torno a estas cuestiones eclesiásticas, en las cuales se defendió la plena capacidad de los nativos, mestizos y criollos y su igualdad con los peninsulares, contribuyeron a forjar una conciencia de lo que suponía ser filipino, y por ello se han señalado como precedentes del proceso de afirmación de la nación filipina impulsado por José Rizal y los ilustrados.70 Además, por mucho que se buscó un retroceso de los sacerdotes filipinos, éstos mantuvieron su ascendencia sobre la población, al tiempo que proliferaban los movimientos religiosos autóctonos. Sin embargo, cada vez era más frecuente que las expresiones de religiosidad locales acabaran convirtiéndose en enfrentamientos contra el régimen colonial. Así se manifestó, entre otros muchos ejemplos, en los sucesos ocurridos en Samar en 1884, un episodio de características diferentes y un período posterior, pero que recuerda en algo a lo sucedido con la Cofradía de San José: en esa fecha, siguiendo antiguas tradiciones, cientos de fieles dirigidos por religiosos indígenas se reunieron para celebrar la fiesta de varios santos; el gobernador político militar de Samar, ante el temor de que aquella demostración pudiera derivar en algo más, envió a la guardia civil a disolver la reunión, deteniendo a 257 personas, lo cual generó una protesta de más de 4.000 filipinos, que ya no solo tuvo un cariz religioso, sino también político.71 Empezaban a convertirse, así, los movimientos religiosos filipinos, en una fuerza de carácter político con un gran poder de movilización.72 Ante todas estas expresiones que tuvieron lugar en las islas, secundadas cada vez por más sectores, y frente a la emergencia de líderes religiosos filipinos de creciente influencia sobre sus conciudadanos, entre las autoridades coloniales y metropolitanas creció el temor al alcance que podrían tener estos movimientos, y por ello decidieron reforzar la alianza con las órdenes religiosas, como garantía del mantenimiento del orden y el control de la población. Se reafirmó la idea de que las congregaciones eran un baluarte defensivo de la colonización y un elemento básico para la conservación de la colonia en manos españolas. Tal fue el sentir mayoritario de las autoridades de la colonia a lo largo del siglo, y así lo manifestaron cada vez que los poderes metropolitanos planteaban medidas para restringir el poder y las funciones de las órdenes religiosas en Filipinas.73 Los 69. AHN, Ultramar, Filipinas, Gracia y Justicia, 2205, Exp. 41. 70. Así, Roberto Blanco, coincidiendo con las interpretaciones de John Schumacher, concluye que Pedro Peláez, el Padre Burgos y otros clérigos de los años 1860, fueron «una especie de generación de pre-ilustrados», precursores del espíritu que posteriormente animaría la consolidación de la nación. BLANCO, «Pedro Peláez…» cit., Hispania Sacra, p. 782. 71. AHN, Ultramar, Filipinas, Gobierno, 5258, Exp. 54. 72. ILETO, Reynaldo, Pasyon and Revolution… cit. 73. «Una de las medidas importantes para el bien y seguridad de estas islas es el que vengan de la Península religiosos para la administración espiritual de las Provincias. Esta medida, que tiene una influencia directa para la conservación de la colonia, ha sido solicitada por cuantos gobernadores propietarios e interinos han tenido el mando desde el año de 1770 hasta el día; todos han experimentado por sí mismos la ventajosa influencia

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religiosos se confirmaron así como el mejor instrumento para «hacer país» y conseguir «españolizar» a los filipinos. De tal forma, hasta los años 1870, se mantuvo una estrecha colaboración entre la administración colonial y las órdenes religiosas. Los frailes continuaron ejerciendo el papel de agentes del gobierno, contribuyendo a consolidar la gobernabilidad del territorio, convertidos en un mecanismo eficaz para la afirmación colonial y el control de la población. Sin embargo, por debajo de esa situación, persistía un conflicto latente en el que subsistía el malestar de los clérigos filipinos y de sectores cada vez más amplios de la población local.

Vientos de cambio En los años setenta era ya evidente la existencia en Filipinas de dos maneras diferentes de encarar el futuro en el gobierno de las islas. Tanto los distintos gobiernos metropolitanos que se sucedieron en el último tercio del XIX, como parte de las autoridades coloniales en las islas, fueron conscientes de que para mantener la soberanía sobre Filipinas, en un tiempo de expansión colonial de otras potencias por aquel ámbito y de ambiciones y nuevos repartos de territorios, era necesario, una vez más, replantear los mecanismos de gobierno, modernizar las instituciones, profesionalizar la administración, acabar con prácticas corruptas y fomentar el progreso de las islas, reconociendo las transformaciones acaecidas en su seno y otorgando nuevos espacios de poder a los filipinos. En ese contexto, era necesario también reconsiderar el papel de las órdenes religiosas en Filipinas, limitando su injerencia en la administración. Sin embargo, entre amplios sectores que vivían en las islas y que transmitieron sus impresiones a la Península, tratando de influir en la toma de decisiones, predominó el miedo ante cualquier cambio y la defensa del más estricto mantenimiento del statu quo. Las llamadas fuerzas vivas de la colonia temieron que si el equilibrio de fuerzas variaba, se propiciara la afirmación de ideas y movimientos contrarios al régimen colonial. En esa tesitura, se mostraron partidarios de blindar el gobierno de las islas, apoyándose en las órdenes religiosas, sin dejar resquicios a cambios que podrían poner en peligro la gobernabilidad del archipiélago y alentar movimientos peligrosos para la soberanía española. La tensión entre esas diferentes maneras de concebir el gobierno de las islas –y, en ese marco, la posición que las órdenes religiosas debían desempeñar dentro de la administración– presidiría el resto del siglo, hasta el fin de la soberanía española sobre Filipinas. Los forcejeos, las presiones y las descalificaciones entre ambos círculos fueron una constante de aquellas últimas décadas del XIX.74

que ejercen para mantener a los pueblos en la obediencia…» Pedro Antonio Salazar al Secretario de Estado. Manila, 26 de enero de 1837. BLANCO, R., Entre frailes… cit., p. 91. MAS, Sinibaldo de, Informe sobre el Estado de las islas Filipinas en 1842, Madrid, s.e., 1842, 2 vols., II, p. 30. 74. Esta es la problemática desarrollada más detalladamente por ELIZALDE, María Dolores y HUETZ DE LEMPS, Xavier, «Poder, religión y control en Filipinas. Colaboración y conflicto entre el Estado y las órde-

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En ese marco, la revolución vivida en la Península en 1868 y la instauración de la Primera República no se tradujeron en cambios significativos en Filipinas. Se decidió entonces que el archipiélago siguiera rigiéndose por una legislación singular, diferenciada del resto de territorios, sin adquirir la representación parlamentaria que entonces se volvió a otorgar a Cuba y Puerto Rico. No se cuestionó tampoco el papel de las órdenes religiosas, y solo la ley de extranjería de 1870, que introdujo la libertad de cultos para los extranjeros, afectó a las posiciones que mantenían en las islas. Poco después, las reformas que en los años setenta Segismundo Moret, entonces ministro de Ultramar, trató de introducir en Filipinas, especialmente en el campo de la educación, donde quiso centralizar enseñanza en manos del Estado, renovar métodos y contenidos de estudio, crear cuerpos de profesores civiles que suplieran a los docentes religiosos y transformar la universidad, provocaron el rechazo frontal de las órdenes, que se movilizaron para impedir su aplicación y defender la labor que llevaban desempeñando en ese campo desde hacía siglos. También los demás cambios planteados, que no cuestionaban expresamente a las congregaciones, pero que suponían un retroceso de su importancia en la vida pública, incitaron a los regulares a emprender diversas acciones a fin de no perder el preponderante papel que tenían en ninguna institución, nueva o antigua. Sus presiones tuvieron efecto y cualquier disposición que limitara su poder acabó por ser revocada tiempo después, con el argumento de que «todo cuanto en la culta Europa constituye la vida y el progreso de los pueblos, aquí solo serviría para dar armas a los enemigos de España, sin provecho para el país mismo, que, por el atraso en que yace, ni podría apreciar tales libertades, ni hacer uso de tales derechos».75 En ese contexto, el 20 de Enero de 1872 estalló el motín de Cavite, una grave muestra del descontento popular en la que confluyeron dinámicas civiles, militares y religiosas, y en la que se elevaron reclamaciones independentistas. La rebelión estuvo organizada por civiles reformistas, que contaron con el apoyo de distintos círculos, entre ellos los sacerdotes que reclamaban la vuelta de las parroquias al clero secular filipino. Sin embargo, la administración señaló como responsables últimos a tres presbíteros filipinos con gran ascendencia entre la población, los padres Mariano Gómez, José Burgos y Jacinto Zamora, que fueron ajusticiados públicamente, convirtiéndose desde entonces en un símbolo del movimiento nacionalista. El motín provocó, además, una dura represión sobre otros círculos que apoyaron la asonada, dictándose varias condenas a muerte y efectuándose numerosas detenciones y deportaciones.76 Tras la rebelión, las autoridades coloniales aumentaron sus recelos ante los sacerdo-

nes religiosas, 1868-1898», artículo aprobado para su publicación en la revista Ayer, en el cual se realiza un análisis más detenido de las principales cuestiones suscitadas en la relación entre ambas instancias en el último tercio del XIX. 75. AHN, Ultramar, Filipinas, Gobierno, 5242, Exp. 8, Carta reservada de Rafael Izquierdo, gobernador general de Filipinas, al Ministro de Ultramar, 1872. 76. SCHUMACHER, John, Revolucionary Clery… cit.; ÍD: Burgos and the Cavite Mutiny of 1872, Quezon City, Ateneo de Manila University Press, 2004; ÍD, «The Cavite Mutiny, towards a definitive history», Philippine Studies, 59, (2011), pp. 55-81.

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tes filipinos, considerándoles instigadores de movimientos contra el régimen colonial, por lo que recomendaron reforzar la colaboración con las órdenes religiosas, como fuerzas garantes del orden.77 Esa posición se vio corroborada tras el inicio del nuevo régimen político de la Restauración en la Península, en 1875, un período en el cual se buscó el respaldo de Roma frente a los católicos más reaccionarios, como una forma de obtener el reconocimiento y garantizar la estabilidad del sistema, y se intentaron mantener buenas relaciones con las órdenes religiosas. Sin embargo, en Filipinas, después de 1872 ya nada volvería a ser igual. El motín de Cavite originó entre los filipinos un sentimiento de desafección hacia el régimen colonial y hacia las órdenes religiosas, de las que se sospechó que estuvieron detrás de las duras medidas adoptadas contra los religiosos nativos. A partir de entonces el descontento popular no hizo sino aumentar y una de sus principales reivindicaciones sería el apartamiento de las órdenes religiosas de la vida política, económica y social del archipiélago. Si al principio ésta fue una cuestión reclamada por el clero secular filipino relegado de las parroquias, en los años ochenta fueron los «Ilustrados» y los miembros del movimiento de «La Propaganda» quienes denunciaron con nuevos bríos la posición de las órdenes, reclamando su expulsión de Filipinas a través de artículos de prensa, de la revista La Solidaridad, o de numerosas publicaciones, entre ellas novelas como Noli me tangere o El Filibusterismo, escritas por José Rizal, que se convirtieron en todo un grito de guerra contra las congregaciones. Pese a ello, todavía en las últimas décadas del siglo XIX, las órdenes religiosas seguirían desempeñando múltiples funciones dentro de la administración colonial, manteniendo un papel protagonista en la vida de los pueblos, teniendo representantes en las principales instituciones, y estando presentes en todas las ceremonias y grandes acontecimientos de la colonia. Sin embargo, las autoridades coloniales eran conscientes de que cada vez había más sectores contrarios a las órdenes religiosas y era más difícil mantener a un tiempo buenas relaciones con las órdenes religiosas, con las élites más avanzadas de las islas y con los campesinos que arrendaban las tierras de las congregaciones, pues los intereses de unos y otros eran muy diferentes. En ese ambiente se reafirmó la idea de que si se deseaba afirmar el progreso de Filipinas era imprescindible introducir reformas y propiciar un acercamiento a las élites locales, concediéndoles un cierto papel en el gobierno de las islas. Si no se hacía, estaban abocados a una rebelión. Especialmente significativas en ese sentido –en su diseño, más que en su alcance práctico–, fueron las reformas propiciadas por Manuel Becerra y Antonio Maura. Así, en los períodos de gobierno liberal, o en los momentos de responsables políticos especialmente sensibles a esta cuestión, se trató de modernizar los gobiernos provinciales, introduciendo la figura de los gobernadores civiles;

77. «Tengo la convicción de que, dondequiera que hubiese un cura indígena, allí fueron las proclamas, y de allí se facilitaron recursos para la sublevación», Carta reservada del gobernador general Rafael Izquierdo al ministro de Ultramar, 12 de octubre de 1872, en TORMO, Leandro, «El clero nativo en Filipinas durante el período español», Missionalia Hispánica, año XXIII, núm. 69, Madrid 1966, p. 286.

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transformar los gobiernos locales; reformar la justicia, creando jueces de primera instancia; profesionalizar la administración, creando cuerpos de maestros, catedráticos de universidad, médicos, practicantes, farmacéuticos, ingenieros…; fomentar los registros civiles llevados por funcionarios que controlaran los cambios y movimientos de la población; reforzar la hacienda pública; cambiar el tipo de impuestos y crear nuevas cédulas personales e impuestos sobre las actividades industriales. Todos estos cambios suponían un retroceso de las órdenes religiosas dentro de la administración porque muchas de las funciones que desempeñaban anteriormente pasaban a ser desempeñadas por profesionales, lo cual tendría un inmediato reflejo en su capacidad de influencia y control sobre la población.78 De tal forma, se reafirmó la dicotomía entre los sectores reformistas y los anti-reformistas, entre aquellos que querían mantener el papel de las órdenes religiosas dentro de la administración y aquellos que querían limitar su poder. Tales posiciones, con frecuencia, estuvieron más allá de la pertenencia a partidos políticos, o del nombramiento para el desempeño de un cargo por parte de un gabinete de determinada orientación, tal como demostraron los mandatos de los gobernadores de fines del siglo XIX, que independientemente de por quién fueran nombrados y a qué ministro debieran obedecer, ejecutaron su política en las islas respondiendo a su propio juicio sobre la situación en las mismas. De ello, y de su grado de compromiso con la introducción de reformas y con el entendimiento con las élites locales, se desprendió un grado diferente de convivencia y complicidad con las órdenes religiosas, y también el estallido de conflictos en los cuales las órdenes religiosas tuvieron un papel central. Así ocurrió en la gran manifestación política organizada en 1888, en la cual se solicitó la expulsión del arzobispo de Manila y de las congregaciones; en los enfrentamientos entre gremios de Binondo en el año anterior (1887); o la reclamación de los campesinos de Calamba frente a los dominicos, en 1890. En todas esas coyunturas, las órdenes religiosas demostraron su poder al influir en la destitución de varios gobernadores cuando su labor era contraria a sus intereses. Sin embargo, en los enfrentamientos se reveló también que a fines del siglo XIX se estaban resquebrajando los pilares que habían permitido la perpetuación de las órdenes religiosas dentro del orden colonial. Antes o después, de una manera u otra, sería imprescindible replantear su posición en Filipinas. Sin embargo, factores ajenos a las intenciones de la administración colonial –revolución de las islas en 1896; intervención americana en las islas en el contexto de la guerra contra España en 1898; anexión estadounidense de Filipinas– precipitaron el final de la soberanía española en las islas antes de que fuera posible plantear y afrontar seriamente la cuestión. De esa manera, la situación de entendimiento

78. Esta tesitura, y su diferente plasmación durante el mandato de distintos gobernadores generales ha sido objeto de un estudio más detenido en el artículo de ELIZALDE, María Dolores, «Cuando la religión se convierte en un instrumento político»: Gobierno colonial y órdenes religiosas en Filipinas durante los mandatos de Emilio Terrero, Valeriano Weyler y Eulogio Despujol, 1885-1893», que se publicará en el año 2015 en el volumen colectivo editado por HUETZ DE LEMPS, Xavier; ÁLVAREZ CHILLIDA, Gonzalo y ELIZALDE, María Dolores, Entre embarras et instruments. Les Églises missionnaires catholiques et le renouveau impérial des États ibériques (1808-1930) por el Servicio de publicaciones de la Casa de Velázquez, Madrid.

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y confrontación entre las autoridades coloniales y las órdenes, y de creciente oposición de los líderes nacionalistas filipinos frente las congregaciones, se mantuvo hasta el final del mandato español, sin que llegara a producirse una ruptura ni un verdadero cuestionamiento de su labor.

Conclusión Hemos visto, pues, que durante los primeros siglos de presencia española en Filipinas, y debido tanto a los propios fines de la colonización, como a los debates sobre el tipo de Iglesia que se quería promover en Ultramar y a la escasez de funcionarios, las órdenes religiosas se convirtieron no solo en aliados, sino también en un complemento necesario a las autoridades coloniales. Eran distintas instancias de un mismo proyecto, trabajando a veces en paralelo, a veces en coordinación, a veces en conflicto, pero siempre por unos fines compartidos. Sin embargo, con el tiempo, la preponderante situación que ocupaban en las islas les llevó a tener problemas importantes tanto con los representantes de la Administración, como con la jerarquía eclesiástica y, sobre todo, con un clero indígena que no acababa de encontrar su lugar en aquel entramado. Ello generó disfunciones importantes en la convivencia entre esos diferentes sectores, lo cual tuvo una creciente repercusión sobre la vida en las islas. En el siglo XIX esos problemas no hicieron sino aumentar. Por una parte, la administración osciló siempre entre la conciencia de que las órdenes religiosas eran necesarias para controlar a la población y mantener la acción colonizadora más allá de Manila, y el convencimiento de que, en un mundo de expansión imperial en el que las grandes potencias avanzaban sobre Asia y el Pacífico, si querían mantener su presencia en aquel ámbito debían modernizar los órganos de gobierno y profesionalizar la administración, la justicia, la enseñanza, los cuerpos profesionales… Ello implicaba un necesario retroceso en la implicación de las órdenes religiosas dentro del marco colonial y un repliegue hacia sus funciones evangelizadoras, lo cual provocó una resistencia total por parte de las congregaciones, que se resistieron a reducir el papel político, económico y social que llevaban desempeñando en las islas durante siglos. Por otra parte, los problemas surgidos en el siglo XVIII entre clero regular y clero secular, la afirmación de nuevos líderes religiosos filipinos y la emergencia de una nueva conciencia nacional que se rebelaba contra la postergación de los nacidos en el país frente a los peninsulares y denunciaba los abusos existentes en distintos ámbitos llevó a un enfrentamiento creciente entre las órdenes y la población de las islas. En ese contexto, fue creciendo la conflictividad en las islas, sin que el gobierno se atreviera a afrontar con firmeza el problema. Trató de limitar la acción de las órdenes a través de una sucesión de medidas y reformas parciales de la administración, pero no consideró nunca que estuviera en condiciones de prescindir de su colaboración, y temió que aceptar las reclamaciones de los filipinos, a la larga, revertiría contra el régimen colonial porque alentaría corrientes independentistas. En esa situación dos factores alterarían el precario y vulnerable equilibrio entre sectores. El estallido de la revolución de 1896 y 214

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la intervención norteamericana en las islas cambiarían el futuro de la soberanía española sobre Filipinas sin que se hubiera resuelto el problema del papel de las órdenes religiosas dentro de la administración. Quizás el ejemplo más contundente de la contradictoria posición mantenida por las autoridades coloniales lo encontremos en las declaraciones que hizo Antonio Cánovas del Castillo en el verano de 1897, en plena revolución de las islas, en las cuales criticó duramente el régimen elegido para el archipiélago, reprochando el papel desempeñado tanto por las órdenes religiosas como por los militares: «Es verdad que desde el siglo XVI no hemos hecho cambio alguno en el régimen de gobierno de las islas Filipinas. Durante trescientos años sin interrupción, hemos tratado de gobernar esta colonia por medio de soldados y frailes, fundando así una especie de feudalismo al vez militar y teocrático, contra el cual se ha levantado la masonería, hasta el punto de que no cabe ya decir que existen en el archipiélago europeos o indígenas, sino logias y sus afiliados frente a las órdenes y sus devotos… Procediendo de buena fe, preciso es declarar que este gobierno de frailes es en el mundo moderno un anacronismo. ¿Pero es aquel un mundo moderno?»… «¿Qué les mandamos? En primer lugar, frailes… Y luego tras de los frailes les enviamos los masones y por añadidura un régimen militar, generales que tan pronto sirven a los frailes como a los compañeros de secta, y que, según sean de unos o de otros, favorecen inconsiderablemente ya a las órdenes, ya a las logias».

Y concluía al respecto, quizás influido por los avances que veía a su alrededor en otros modelos de colonización que no estaban condicionados por fines religiosos, y que perseguían otros objetivos más utilitarios: «en vez de capitanes generales, incapaces los más de comprender su papel político ¿por qué no se envía a Manila un hombre que posea el sentido y la práctica de los negocios de Estado, y que instaure un gobierno civil laico?»79 Era una observación procedente, que se hubiera debido hacer muchos años antes, cuando se trataba de redefinir la política colonial. Era también fácil de expresar cuando se estaba fuera del gobierno. Sin embargo, nadie tuvo la valentía de cambiar los presupuestos de un régimen colonial que se habían asentado varios siglos antes, a pesar de que a fines del siglo XIX parecían ya totalmente anacrónicos.

Bibliografía ABAD, Antolín, «Los franciscanos en Filipinas, 1578-1898», Revista de Indias, 97-98, 1964. —, Filipinas: Labor misional y pastoral», en BORGES, Pedro (dir.), Historia de la Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, Madrid, Biblioteca de autores Cristianos, 1992, 2 vols., pp. 721-736. ABAD LEÓN, Felipe, «Francisco Gainza Escobés (1818-1879). Natural de Calahorra, uno de los hijos más ilustres de su historia», Kalakorikos, 15, 2010, pp. 275-290.

79. Las declaraciones las recoge su amigo y futuro biógrafo, BENOIST, Charles, «La révolte des Philippines et les mœurs politiques de l’Espagne», Revue des Deux Mondes, (julio-agosto 1897), pp. 312-335, p. 313.

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SAN FRANCISCO DE ASÍS DEL LAISHÍ. SENSIBILIDADES FRANCISCANAS EN UNA MISIÓN INDÍGENA (FORMOSA, 1900-1965)

Gabriela Dalla Corte, San Francisco de Asís del Laishí. Sensibilidades franciscanas en una misión indígena (Formosa, 1900-1965), Rosario, Protohistoria Ediciones, 2013, 277 pp. Recientemente los historiadores y antropólogos que trabajan sobre el Chaco se han interesado por la historia eclesiástica y misional argentina del siglo XX, haciendo especial hincapié en el «problema indio». Gabriela Dalla Corte, profesora titular de Historia de América en el Departament d’Antropologia Cultural, Història d’Amèrica i Àfrica de la Universitat de Barcelona (UB), reconstruye las relaciones de la Iglesia católica con los pueblos autóctonos del Chaco a partir del estudio de las misiones franciscanas, concentrándose particularmente en una de las tres existentes:1 San Francisco de Asís de Laishí –en honor al santo patrono y al cacique toba Laishí– que a principios del siglo XX comprendía el Territorio Nacional de Formosa. El objetivo de esta misión giraba en torno a la integración de los pueblos autóctonos de la gobernación en el proyecto civilizatorio diseñado por el presidente Julio A. Roca (1898-1904). No sólo se trataba de integrarlos en la religión católica nacional –algo parecido a lo que el presidente ecuatoriano Gabriel García Moreno (1821-75) definió como una «república católica»– sino en las relaciones productivas de un sistema capitalista hegemónico. Para ello la autora ha analizado el acervo documental procedente del Archivo y Biblioteca Históricos de la Provincia Franciscana de San Miguel del Museo Conventual de «San Carlos Borromeo», ubicado en la ciudad de San Lorenzo, provincia de Santa Fe, utilizando para ello diversas fuentes de difícil acceso, como son las cartas de los padres franciscanos, el archivo fotográfico del Archivo, que es fabuloso, las cartas de los misioneros destacados en la Misión, así como el «Diario de la Misión Laishí» redactado por el Maestro de Chacras de la Misión fray Pedro Fernández (p. 97). La obra se estructura en cuatro capítulos a lo largo de los cuales se analizan las dificultades y los logros de los frailes que estuvieron al frente de la Misión: fray Pedro Iturralde, fray Buenaventura y fray Giuliani y Pablo Rossi. Con la aquiescencia de los caciques o jefes étnicos, los franciscanos edificaron un ingenio de azúcar, una usina eléctrica, 1. Se trata de las misiones de Nueva Pompeya y San Francisco Solano de Tacaaglé que en la actualidad constituyen parte del territorio chaqueño. Sobre esta última la autora publicó ya un trabajo: «La Misión Indígena San Francisco Solano de Tacaaglé en las tierras fiscales de Formosa (1900-1950)». Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana, vol. 3, núm. 1, 2013.

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un aserradero, un servicio de correos y diversas instalaciones educativas y productivas (p. 125). De este modo, estas «colonias indígenas» se convirtieron rápidamente en una eficaz estrategia de colonización, evangelización y nacionalización del norte del país. En el primer capítulo, Dalla Corte analiza el origen de la misión franciscana de San Francisco de Asís del Laishí con el fin de «nacionalizar a los aborígenes al compás de la ampliación del Estado Nacional Argentino, bajo los preceptos de la religión católica». Fue un 13 de julio de 1900 cuando el Poder Ejecutivo Nacional, liderado por el presidente Julio A. Roca, autorizó a los padres franciscanos de San Carlos Borromeo la creación de una misión de indios en el Territorio Nacional de Formosa, junto a los ríos Paraguay y Bermejo (p. 47). Al año siguiente, fray Iturralde tomó posesión de las 74.000 hectáreas que comprendían dicha misión, ubicada a 20 leguas de distancia de Formosa. Además de los padres había diez familias qom (también conocidos como kom o tobas), que sumaban un total de 35 individuos entre varones, mujeres y niños, los cuales habían sufrido los abusos de los colonos blancos, las autoridades gubernamentales y las fuerzas regulares del ejército (p. 50). El cumplimiento del precepto constitucional no era otro, como señala la autora, que «la conversión del indio a la religión católica» (p. 47). En el segundo capítulo se analiza la figura de fray Buenaventura Giuliani como prefecto de la Misión de Laishí entre 1907 y 1928. Durante su gobierno se amplió el número de familias tobas que albergaba, contando con la colaboración de destacados caciques, como Evaristo (1910) y Bartolo Tachirí (1914), quienes se mostraron interesados en vivir en las chacras de la Misión (p. 97). Su obra misionera fue notable, visitando periódicamente las diversas poblaciones de la provincia con el fin de administrar los sacramentos a sus habitantes. No fue el estado-nación argentino el que consolidó la frontera nacional, sino las misiones religiosas, las cuales reordenaron territorios y poblaciones étnicas a través de un proceso de asimilación. Los tobas fueron progresivamente aprendiendo nuevos oficios, lo que demostraba que la acción misional tenía influencia no sólo en el ámbito religioso sino también en el de la organización social, la educación y la economía doméstica (p. 102-104). En el tercer capítulo el foco se centra en fray Pablo Rossi, sucesor del padre Giuliani al frente de la Misión. Su gestión se caracterizó por la imposición del bautismo a los habitantes del Territorio Nacional de Formosa, ya fueran indígenas tobas o a todos aquellos que se autodefinían como «colonos blancos» (pp. 129-130). Seguidamente se analiza el impacto de las guerras internacionales desatadas en la década de 1930, haciendo especial énfasis en la guerra del Chaco paraguayo (1932-35) y la colaboración del padre Rossi con los misioneros franciscanos de Italia (pp. 131-136). Asimismo se explora la labor educativa de los franciscanos en la escuela indígena San Francisco de Asís, así como la llevada a cabo por las Hermanas Franciscanas Educacionistas de la Tercera Orden Franciscana de Yugoslavia, a cargo de la Escuela Hogar-Asilo Santa Clara para niñas (pp. 145-152). Finalmente cabe destacar el papel que los misioneros franciscanos tuvieron en la organización del trabajo de las familias tobas (pp. 151-154). Algo que, dicho sea de paso, los frailes menores habían llevado a cabo en otras regiones limítrofes del noroeste argentino, como en la alta cuenca del río Bermejo, donde las haciendas coloniales originarias se 224

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fueron transformando en complejos agroindustriales que unieron la plantación de caña y la elaboración final del azúcar a partir del trabajo estacional indígena (guaraní).2 Last but not the least, la cuarta y última parte analiza las causas del fin de las misiones del Chaco, en parte por la crisis económica de 1930 y en parte por la escasez de fondos gubernamentales que garantizasen la conservación de las familias tobas y pilagás de Formosa. El nuevo responsable de la Misión, fray Eduardo Bartolomé Pinos, escribió al presidente Juan Domingo Perón (1946-51) describiendo que la precaria situación económica que padecían «les impedía atender el pedido de un buen número de familias aborígenes que necesitaban implementos agrícolas para instalarse como colonos» (p. 190). El apoyo estatal, según la autora, disminuyó por el fracaso de los franciscanos como mediadores entre el estado y los qom. En este sentido se apuntan otros agentes interventores, como los primeros misioneros evangélicos, cuya presencia debilitó aun más el papel que los padres franciscanos habían jugado en el pasado. Pero aunque los primeros tenían unos objetivos igualmente civilizatorios, cabe señalar que los tobas establecieron mayores afinidades religiosas con los evangélicos que con el catolicismo. Finalmente, con la transformación del Territorio Nacional de Formosa en provincia, los misioneros acabaron abandonando la Misión. En conclusión, San Francisco de Asís del Laishí es un excelente trabajo sobre la experiencia misional franciscana en un espacio periférico del Gran Chaco argentino. Para ello utiliza fuentes documentales de difícil acceso, como las existentes en el Museo Conventual de San Carlos Borromeo de San Lorenzo. Los franciscanos se lanzaron desde Salta, Corriente y Santa Fe a colonizar las fronteras del noroeste argentino, enarbolando no sólo un catolicismo militante sino estableciendo pautas de organización social y productiva que sirvieron para incorporar a los pueblos autóctonos en las relaciones de producción capitalistas hegemónicas. Por esta razón, este trabajo debería completarse con futuros estudios que demuestren la centralidad de la orden franciscana en la conquista del desierto norteño. En este sentido, este trabajo debería entenderse como parte de un fenómeno global que nos permita entender la función de las misiones no sólo desde un plano religioso, sino también político, ideológico y económico, transformando a los grupos autóctonos en brazos productivos sometidos a las necesidades de la economía capitalista (por ejemplo, las haciendas azucareras del noroeste argentino) en expansión. Alexandre Coello

2. En 1924 se funda en Tartagal el Centro Misionero Franciscano, entre poblados ava guaraníes, y prolifera la creación de misiones franciscanas (Luciano Literas, «Dinámicas de incorporación exclusión social. Guaraníes en las fronteras del capital». Revista de Antropología Social, núm. 17, 2008, p. 417). En 1938 se fundó la misión franciscana de San Francisco Altozano del Tabacal, donde 200 familias guaranís proporcionaban al ingenio de San Martín de Tabacal la mano de obra necesaria para servicios personales, mantenimiento y limpieza de los canales de agua (Luciano Literas, Del surco al monte. Estrategias de subsistencia e identidad guaraní en las fronteras del trabajo asalariado y doméstico, Bellaterra, Departament d’Antropologia Social. Universitat Autònoma de Barcelona. Tesis Doctoral, 2010, p. 199).

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JOSEP ANDREU ABELLÓ. ELS CLAROBSCURS DEL CATALANISME

Joan Esculies, Josep Andreu Abelló. Els clarobscurs del catalanisme, Barcelona, Edicions de 1984, 2015, 446 pp. Amb aquest llibre, l’historiador i escriptor Joan Esculies ha volgut recuperar gairebé de l’oblit la figura de l’advocat i polític Josep Andreu Abelló (1906-1993). Entre d’altres raons, es tracta d’un llibre doblement interessant: d’una banda, fins aquest moment no existia cap biografia sobre Abelló; de l’altra, perquè l’autor, un reconegut especialista del catalanisme durant el segle XX, ha tingut accés a fonts primàries, entre les què sobresurten les memòries personals del biografiat (escrites a posteriori, al voltant de l’any 1985).1 El propòsit del llibre, com ja va fer prèviament amb la figura del doctor Solé i Pla és, tal i com assenyala el propi autor a les pàgines inicials, «utilitzar el text memorialístic per “fer parlar” el protagonista, però contextualitzant i analitzant els fets» (p. 12). D’aquesta manera, el llibre també constitueix una exposició de l’evolució del catalanisme en les seves diverses vessants al llarg del segle passat. Esculies, tanmateix, deixa clar que no ha volgut endinsar-se en especulacions quan no ha trobat suficient documentació per verificar alguns esdeveniments, de manera que ha de ser el propi lector qui deduixi les oportunes conclusions. A la gran quantitat de fonts bibliogràfiques citades, es suma una tasca ben rellevant d’investigació en diferents arxius. Tot plegat dóna lloc a un llibre que fa compatible el rigor i la divulgació. Efectivament, aquesta exhaustiva biografia constitueix una narració molt ben escrita que es llegeix com una novel·la, tal i com demostra el magnífic capítol inicial del llibre, en el què es descriu les darreres hores d’Abelló a Barcelona al costat del president de la Generalitat Lluís Companys el 23 de gener de 1939 i la seva sortida cap a l’incert exili. Nascut a Montblanc (Conca de Barberà), Abelló va ser advocat de professió. Al llarg de tot el llibre planeja la imatge d’una personalitat seductora, un «relacions públiques nat», un fet evident ja des de la seva adolescència i que el va ajudar força en la seva trajectòria professional i política (p. 42). Als disset anys va ser detingut per ser membre de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana (APEC), una associació catalanista que tenia un model docent català alternatiu a l’espanyol però que va ser clausurada per ordre

1. ESCULIES, Joan, Joan Solé i Pla. Un separatista entre Macià i Companys, Barcelona, Edicions de 1984, 2011; Josep Tarradellas. Dels orígens a la República (1899-1936), Barcelona, Edicions Dau, 2012; co-autor amb MARTÍNEZ FIOL, David, 12.000! Els catalans a la Primera Guerra Mundial, Barcelona, Ara Llibres, 2014; Evitar l’error de Companys! Tarradellas i la llicó dels Fets d’Octubre, Barcelona, Edicions de 1984, 2014; Via fora, lladres! El separatisme català i el teatre patriòtic, Barcelona, Edicions de 1984, 2014.

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del dictador Primo de Rivera el 1924. Abelló va tenir des de ben jove simpaties esquerranes, com demostren la seva afiliació a la Unió General de Treballadors (UGT) i al Foment Nacional Republicà de Reus, del qual va ser escollit, amb només 24 anys, president el gener de 1931. Precisament com a cap d’aquesta entitat republicana, va assistir a la Coferència d’Esquerres celebrada entre els dies 17 i 19 de març de 1931 a Barcelona, que donaria pas a la fundació d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Tot i que la llei no permetia l’elecció política als homes menors de 25 anys, després del triomf d’ERC a les eleccions municipals celebrades el 12 d’abril de 1931, Abelló va ser nomenat membre de la Diputació provisional de la Generalitat. Posteriorment, el desembre de 1932 va ser nomenat diputat per Tarragona al nou Parlament de Catalunya. La seva tasca com a parlamentari, qualificada de «brillant» per part d’Esculies, es va completar amb el seu nomenament com a membre de la Comissió de la Constitució (encarregada d’elaborar el dictamen de l’Estatut interior de Catalunya), de la Diputació Permanent del Parlament (el juliol de 1933) i de la Comissió de Suplicatoris (a partir d’octubre de 1933), on Abelló va desplegar una activitat frenètica (p. 77). Als llarg de l’etapa republicana, Abelló sempre va mantenir una bona amistat amb els dos presidents de la Generalitat. D’una banda, amb Francesc Macià, amb qui estava emparentat per via materna i a qui va veure morir a la Casa dels Canonges la nit de Nadal de 1933. De l’altra, amb Companys, tot i que Abelló es va mostrar de vegades contrari a alguns dels seus posicionaments polítics (destacadament, la seva negativa a la proclamació de l’Estat Català dins la República Federal Espanyola el 6 d’octubre de 1934). Ja durant el període de guerra civil, Abelló va ser nomenat president de l’Audiència de Barcelona el 3 de setembre de 1936, a instàncies de Companys, qui al llarg de la guerra va recolzar-se en amistats personals (que no eren ni comunistes ni anarquistes) per a càrrecs d’especial rellevància. El nomenament, en el fons, era un fet il·legal, doncs Abelló no era llavors magistrat del Tribunal de Cassació (p. 116). A partir d’octubre del mateix any va ser nomenat president del Tribunal de Cassació (màxima instància jurídica de la Catalunya autònoma), fet incompatible amb la seva altra presidència, que es sumava a més a la seva condició de diputat. L’abril de 1937 Companys va temptejar el nomenament del seu amic com a nou conseller primer, fet que va portar Abelló a pensar en un govern sense presència comunista o anarquista (això passava a només un mes dels Fets de maig), però Josep Tarradellas finalment va fer desistir el projecte. Mentre va durar la guerra, i aquí va sorgir el seu primer clarobscur que refereix Esculies, Abelló sempre va ser partidari de l’aplicació de la llei de manera ferma, és a dir, de reconduir el sistema judicial cap a la normalitat. Això es va concretar, entre d’altres factors, en la persecució i la identificació dels assassins que durant el primer any de guerra havien aprofitat el buit de poder legal per dur a terme accions criminals. No cal dir que amb aquesta tasca Abelló es va guanyar nous enemics i, a començaments d’agost de 1937, va ser objecte d’un perillós atemptat per part de grups anarcosindicalistes, del què miraculosament va sortir indemne. Durant el seu llarg exili (el 1939 Abelló tenia encara només 33 anys) va encarregar-se dels recursos econòmics de la República des de Mèxic, on va consolidar una sòlida amis-

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tat amb l’espanyolista Prieto (Abelló sempre es va mostrar partidari de col·laborar amb els republicans espanyols). Precisament aquest paper seu dins la Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (la JARE), organisme creat el 31 de juliol de 1939 per la Diputació Permanent de les Corts espanyoles i que va suposar per a la Generalitat una important ajuda econòmica regular, va ser, a parer d’Esculies, un segon clarobscur en la seva trajectòria, perquè no es va fer un inventari ni una relació dels comptes d’aquest organisme en el moment de la seva dissolució el 1945 (p. 264). En la seva etapa mexicana, Abelló va mantenir una bona amistat amb Carles Pi i Sunyer (Conseller de Cultura durant la guerra), qui el juliol de 1940 va impulsar (com havien fet també els nacionalistes bascos) des de Londres i al marge de Companys, el Consell Nacional de Catalunya, com un pas per presentar un organisme català a les autoritats angleses. En contrast amb la bona sintonia personal que Abelló va tenir amb Pi i Sunyer (en el plànol polític no ho va ser, quan Pi es va inclinar progressivament cap a l’independentisme), sempre va mantenir una relació d’estira i arronsa amb Tarradellas,2 que es remuntava als anys de la guerra civil. Esculies, que defineix Tarradellas (en contraposició amb Abelló) com un «antirelacions públicques» (p. 299), dedica nombroses pàgines novedoses a abordar la relació entre ambdós polítics. Des de la capital mexicana, Abelló va insistir reiteradament en la unitat de les forces nacionalistes catalanes, és a dir, d’ERC, Acció Catalana, Unió Democràtica de Catalunya i Estat Català. Tots dos, però, sempre es van mostrar partidaris del restabliment de l’Estatut autonòmic de 1932 com a pas previ de cara a futures opcions nacionalistes. Amb el seu retorn a França el 1947, Abelló va aparcar l’activitat política i es va centrar en la seva trajectòria professional. Dos anys després es va instal·lar a Tànger, on va tornar a demostrar el seu bon olfacte pels negocis. La ciutat també havia esdevingut destí exòtic d’intel·lectuals estrangers, atrets per la seva permissivitat. Aprofitant les condicions econòmiques especials de les que gaudia la ciutat, que tenia un condomini internacional i on existia llibertat comercial, lliure circulació de divises i de canvi entre d’altres avantatges, Abelló va contribuir a la fundació del Banc Immobiliari de Marroc el 1948 (BIM, després conegut com Banc Immobiliari i Mercantil de Marroc, BIMM). La seva participació al banc, on a més del sou fix comptava amb uns beneficis extra, li va reportar aviat beneficis milionaris. Atès el perfil divers del banc, Abelló també va poder obtenir ingressos a través de la seva pròpia immobiliària, que a la seva vegada estava vinculada a una agrupació d’arquitectes i enginyers (p. 284). Posteriorment el Banc va obrir una segona seu a Tànger i es va expandir per altres localitats del Marroc. En la seva vessant més positiva, el BIMM va ajudar l’antic dirigent de les Joventuts d’Esquerra Republicana-Estat Català (JEREC) i metge Josep Dencàs, que residia també a Tànger i era amic d’Abelló, a obrir una consulta mèdica assistencial el 1951. Igualment, la participació d’Abelló al club privat d’elit Nuevo Club (que va dirigir durant un temps el cònsol d’origen basc Miguel de Lojendio) li va permetre fer d’enllaç entre el BIMM i els negocis de la comunitat catalana de Tànger. El 1958 va ser nomenat

2. Tarradellas va arribar a anotar en els seus papers personals que «em sembla que al llarg de la meva vida no he trobat un altre home més deslleial i cínic que Josep Andreu», citat a ESCULIES, J., Josep Andreu Abelló… cit., p. 328.

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president del Comitè Internacional de Iniciativa, associació que feia fires i actes turístics per promocionar Tànger, i que va crear el seu propi club privat de caire internacional. Els clarobscurs d’Abelló durant aquests anys es completen amb el coneixement de les operacions que proporcionava el canvi de divises il·legal a través de la seva relació amb l’empresari franquista d’origen català Manuel Ortínez. Ortínez, vinculat al Consorci d’Industrials Cotoners des dels anys quaranta i, posteriorment, director del Banc de Bilbao, així com secretari particular de Tarradellas als anys setanta, viatjava a Tànger per fer negocis de compra de cotó al mercat negre. Va ser durant aquesta etapa a quan es va consolidar la imatge d’Abelló, qui volia convertir la ciutat en «un Mònaco del sud de la Mediterrània», com un bon vivant que es desplaçava sempre en un cotxe de luxe i es relacionava amb personalitats com Winston Churchill, el magnat Onassis o Joan de Borbó. En paraules del propi Ortínez, Abelló vivia «com un príncep àrab, amb nombrosos criats negres» (p. 286). Però el 1959 el rei Muhàmmad V va derogar la Carta Reial que donava un estatus especial a Tànger i malgrat la petició que els homes de negocis, entre ells Abelló, li van fer per aconseguir un règim de port franc, el rei es negà i l’economia entrà en declivi progressiu, provocant la fugida de capitals a l’estranger. Arran del seu retorn a Barcelona el 1962, Abelló va reprendre l’activitat política, fins al punt que casa seva va esdevenir lloc de reunió del moviment antifranquista. Les amistats del polític eren amples i, en contrast amb la posició de Tarradellas i d’Heribert Barrera (cap visible d’ERC a Catalunya) va mostrar-se partidari de la col·laboració amb els comunistes. Tot plegat es va materialitzar en la seva participació a l’Assemblea de Catalunya (el novembre de 1971) i a la Junta Democrática de España (creada a París, per impuls dels comunistes, el juliol de 1974). En el plànol econòmic, Abelló va ser obligat a deixar el consell de Banca Catalana el 1971 a instàncies del ministre d’Hisenda i amb el beneplàcit del fill del seu fundador, Jordi Pujol. Abelló no esperava aquesta actitud de Pujol i quan onze anys després es va produir la suspensió de pagaments de l’entitat, va ratificar la seva decepció en la seva persona per no haver-lo avisat a temps per retirar els diners que encara tenia com a accionista. Amb la represa de la democràcia, Abelló va abandonar ERC el 1976 i es va passar al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) l’any següent, del que va ser senador (1979) i diputat (1980), en les primeres eleccions al Parlament de Catalunya. Prèviament havia format part de la Comissió Catalana encarregada d’elaborar l’Estatut de Sau de 1979. Malgrat tota aquesta polifacètica i frenètica activitat, la figura d’Abelló encara arrossega avui en dia un paper discret en la història del catalanisme. En el fons va ser, com s’assenyalava en una necrològica arran de la seva mort el 1993, un «dels darrers homes pont entre les “generacions perdudes” de la República i la reinstalació de la democràcia».3 Afortunadament, el llibre d’Esculies repara aquest injust oblit. Josep Contreras Ruiz UPF-GRENS 3. AGUIRRE I FERRER, Conxa; VILANOVA, Francesc, «Entre dos épocas históricas», La Vanguardia, 9/6/1993, p. 31.

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TERRITORIO, ACTORES ARMADOS Y FORMACIÓN DEL ESTADO

Matilde González-Izas, Territorio, actores armados y formación del Estado, Guatemala, Cara Parens-Universidad Rafael Landívar, 2014, 380 pp. Este libro surgió como una investigación sobre las dificultades para la implementación de las políticas de descentralización del Estado en Guatemala aplicadas desde mediados a la década de 1990 hasta hoy. Políticas que han disminuido el poder de intervención del Estado central a favor de las redes clientelares locales que se han visto favorecidas por la asignación de obras de infraestructura y los espacios de decisión locales reforzados por la descentralización. Desde distintas perspectivas, la autora recuerda que estos temas han sido abordados por distintos centros de investigación, pero han estado marcados por el paradigma de ver al Estado como portador de las deficiencias serias en su funcionamiento, como la institución centralizadora. Al mismo tiempo, han visto lo local como el espacio democratizador por excelencia. La investigación de Matilde Gonzáles-Izas parte de la crítica a estas posturas porque han alimentado una reforma descentralizadora que no ha visto las «inequidades territoriales» que fueron moldeadas por la guerra reciente en el país (1960-1996) y por las relaciones de poder construidas desde la larga duración. De esta manera, según la autora, los encargados de planificar y completar los procesos de reforma estatal dejaron a un lado los procesos sociales que le han dado forma a los territorios. Para demostrar su punto de partida, González-Izas propone un abordaje histórico desde el territorio nororiental de Guatemala. Su objetivo es «identificar cómo cambia la especialidad del poder en cada una de las coyunturas históricas que han definido los diferentes pactos de dominación.» (17). Parte de la región nororiental, de los departamentos de Izabal, Chiquimula y Zacapa, porque es una zona que le permite discutir la formación estatal en Guatemala desde las tensiones internacionales y circuitos comerciales que atravesaron a esos departamentos, son territorios donde tuvieron lugar movimientos armados que definieron la vida política del país (1837 y 1954), surgió ahí uno de los primeros movimientos guerrilleros en la década de 1960 y desde ahí se pueden observar las nuevas formas de territorialización transnacionales (circulación de drogas, proyecto de corredor transoceánico y hambrunas por la sequía agravada por las condiciones sociales y el cambio climático). Así, es una forma de analizar la formación estatal desde la larga duración en una región que permite explorar las interacciones entre las distintas escalas (local, regional e internacional). Para lograr su objetivo, la autora divide su obra en cinco partes integradas por nueve capítulos. En los primeros dos capítulos, González-Izas analiza las formas de lucha y do230

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minación que tuvieron lugar desde el periodo colonial hasta los primeros años del siglo XX. Es decir, desde la aparición de los circuitos comerciales de contrabando conformados por ingleses, población local y arrieros, pasando por los proyectos de colonización de extranjeros (1834-1850), las luchas de los orientales en las rebeliones de Rafael Carrera (1837-1871), la distribución de tierras en detrimento de la población maya ch’orti’ y sus propiedades ancestrales, hasta la aparición del ferrocarril y la Frutera (United Fruit Co.). A partir de una historia tan extensa, la autora se concentra en algunos episodios para apoyar su argumento y poder ver el papel de la violencia y los grupos de poder en dicha zona. En los capítulos III-V se concentra en la dinámica dictatorial de Jorge Ubico (1931-1944), la década revolucionaria (1944-1954) y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) para entender las divisiones políticas que tuvieron lugar entre la población local y la base social del anticomunismo del MLN.1 De esta manera, muestra la agencia de aquellos que apoyaron desde el oriente al movimiento anticomunista pues la política agraria de Jacobo Árbenz (1951-1954) amenazó el corazón de dominación oligárquica de las elites orientales y sus redes. Con ello, la autora quiere mostrar la concepción fallida que ve a los anticomunistas de oriente como marionetas del intervencionismo norteamericano y sitúa esa resistencia a partir de las relaciones de poder construidas durante más de un siglo. Esta postura permite a la autora abordar otro factor clave en la historia del siglo XX guatemalteco: el peso de los orientales en la integración del ejército profesional y las bandas paramilitares que participaron en la contrainsurgencia desde 1954 hasta el presente más cercano pues muestra que esa participación respondió a la incorporación de esta población desde el siglo XVII a las milicias y cuerpos privados de violencia. Finalmente, en los últimos capítulos integra el relato con los problemas más contemporáneos para mostrar la conexión con la historia de larga duración. Desde el plano metodológico, el libro contiene varios aportes. El primero, es partir de la memoria y la historia oral de los orientales contemporáneos para indagar en la problemática del poder. Es una forma de hacer historia que la autora, en conjunto a las demás integrantes del antiguo grupo de Historia Local de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales (AVANCSO),2 ha explotado en varios libros,3 mostrando así el valor de la historia como ciencia social y el peso del trabajo de campo para explorar el pasado más lejano desde la historia. El otro es enfocarse en la violencia como un elemen1. Los tres partidos políticos más importantes en la historia política guatemalteca del siglo XX fueron el anticomunista Movimiento de Liberación Nacional (MLN), el comunista Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y la Democracia Cristiana (DC). 2. Como lo ejemplifican los siguientes trabajos de TORRAS, Rosa. Así vivimos el yugo: la conflictiva conformación de Colotenango como municipio de mozos (1825-1947), Cuadernos de Investigación No. 23, AVANCSO, Guatemala 2007 y GARCÍA VETTORAZZI, María V. Escala y territorios del comercio k’iche’. Una mirada desde San Francisco el Alto, Totonicapán, 1930-1970. Textos para el Debate, no. 22. Guatemala, Avancso 2009. 3. GONZÁLEZ IZÁS, Matilde. Se cambio el tiempo. Poder y conflicto en territorio k’iche’. Serie Cuadernos de Investigación No. 17, AVANCSO, Guatemala, 2002 y Modernización capitalista, racismo y violencia en Guatemala (1810-1930), México, El Colegio de México, 2014.

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to central en la formación estatal, recuperando así una vertiente que tiene un peso enorme en las ciencias sociales contemporáneas. Con ello, su libro es parte del contexto académico que ha recuperado el papel de actores sociales que tuvieron los militares en la violenta historia guatemalteca del último siglo.4 En fin, un libro que aporta ideas frescas sobre los procesos sociales más recientes, sobre la violencia, una visión dinámica acerca del Estado, al mismo tiempo que recupera la historia como una herramienta imprescindible para cualquier cientista social en el abordaje de los problemas contemporáneos. Dr. Juan Carlos Sarazúa Pérez Becario postdoctoral CEPCCIS-UNAM

4. Cf. SCHIRMER, Jennifer. Intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala. Guatemala: FLACSO 1999 y VELA, Manolo Los pelotones de la muerte. La construcción de los perpetradores del genocidio guatemalteco. México, Colegio de México, 2014.

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ESPAÑA Y PORTUGAL EN EL MUNDO (1581-1668)

Carlos Martínez Shaw & José Antonio Martínez Torres (dirs.), España y Portugal en el mundo (1581-1668), Ediciones Polifemo, Madrid, 2014, 484 pp. Tras largas épocas de cierto abandono historiográfico, nuevas generaciones de historiadores están centrando su investigación en la compleja relación entre los imperios ultramarinos de Castilla y Portugal durante el periodo de unión de coronas bajo Felipe II y sus sucesores (1580-1640, o en este caso 1580-1668, tomando como término final no la rebelión de 1640, sino la paz de Lisboa firmada por Felipe IV). Las razones para este cambio historiográfico pueden buscarse en el creciente cuestionamiento del paradigma nacionalista retrospectivo para enjuiciar las experiencias imperiales de la primera modernidad. Desde un punto de vista patriótico portugués o español posterior a la restauración liderada por los Braganza, la unión de coronas, al no fructificar, se convertía en una anomalía, y el estudio complementario de dos imperios coloniales católicos, nunca bien integrados pero no por ello aislados el uno del otro, resultaba una tarea poco gloriosa. En gran parte gracias al éxito del concepto de monarquías compuestas propuesto por Helmut Koenigsberger y John Elliott, resulta hoy más fácil encarar la complejidad del fenómeno nacional y estatal en los siglos XVI y XVII en España, sin presupuestos anacrónicos. Tal como observa Carlos Martínez Shaw en la presentación del volumen que nos ocupa, la unión de coronas de 1580-1 bajo Felipe II, fuese por mera sucesión dinástica o por conquista efectiva, se formalizó en las cortes de Tomar a partir de un escrupuloso respeto constitucional que conllevaba la separación de los dos dominios imperiales. Es por ello que los asuntos del imperio portugués, fuese el Estado da India, los enclaves en África Occidental, o las colonias azucareras de Brasil, no dependían del Consejo de Indias de Castilla, sino que se gestionaban desde Lisboa (donde llegó a haber un Consejo de Indias específico aún no suficientemente estudiado, a pesar del trabajo pionero de Francisco Mendes da Luz en 1952) y en el Consejo de Portugal en la corte. No es de extrañar que este modelo generase identidades políticas fluidas no exentas de debate y polémica. El tema de la españolidad de Portugal en la época de unión, que exige atención al concepto clásico, medieval y humanista de España como equivalente al territorio de la península ibérica, es más fácil de plantear si entendemos que el uso del concepto en los siglos XVI y XVII era polisémico, y en ningún caso implicaba una simple identidad entre estado y nación. Aunque hoy resulte más cómodo hablar de imperios ibéricos, un neologismo que el rey de las Españas Felipe II de Castilla y I de Portugal no habría entendido, acertó Rafael Valladares con el título de su importante (aunque en algunos aspectos preliminar) síntesis Castilla y Portugal en Asia 1580-1640 (Lovaina, 2001), que identificaba la dinámica clave tanto política

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como constitucionalmente. No se trata de negar desde luego la participación de ciudadanos de la Corona de Aragón en la conquista y colonización de Nuevo Mundo, notablemente en calidad de misioneros en lugares remotos como las Filipinas, pero sin duda lo hicieron en proporción menor y con menor seguridad jurídica. España y Portugal en el Mundo (1581-1668), un grueso volumen bellamente editado por Ediciones Polifemo, contiene catorce artículos que exploran las complejas interacciones entre los dos sistemas imperiales con documentación española y portuguesa. El volumen representa por tanto no solamente la apuesta historiográfica de una nueva generación, sino también la necesidad de la colaboración sistemática entre dos tradiciones historiográficas distintas, pero llamadas a analizar conjuntamente esta época crucial, marcada por las dificultades de ambos sistemas imperiales, su decadencia por lo menos parcial, y su reinvención tras duras guerras coloniales contra los poderes rivales inglés y holandés. En este sentido, merece destacarse el equilibrio conseguido por los coordinadores entre especialistas de los dos ámbitos imperiales, y sus varios contextos territoriales de actuación. Entre los temas de fondo suscitados por la colección, destaca sin duda el análisis del complejo entramado de tensiones nacionales y complicidades locales en las fronteras entre los dos imperios, tanto en Asia Oriental como en el Atlántico, o incluso en la misma Europa. Temas como la lealtad o la identidad nacional –incluyendo la determinación del estatus de los habitantes «castellanos» de un pueblo «portugués» durante la guerra de separación, tal como muestra Tamar Herzog en su contribución– adquieren un nuevo significado cuando se documenta su notable flexibilidad ante la variedad de intereses económicos y sociales. Así, Ángel Alloza documenta el daño a la economía portuguesa producido por la persecución del contrabando de mercaderes holandeses e ingleses en los puertos de Portugal, y sobre todo por los embargos comerciales practicados por la Monarquía, sugiriendo que ello debió acentuar un sentimiento «anti-español», aunque quizás sería más correcto hablar de un sentimiento anti-unionista o contrario al régimen de los Habsburgo (pues es suficientemente conocido que la política exterior de la dinastía multinacional fue crecientemente dirigida desde una perspectiva cortesana condicionada por las prioridades del sistema de poder de la Corona de Castilla). Sin embargo, todo ello no debiera desembocar en un simple determinismo económico, que por sí solo no explicaría el modo como los intereses de determinados sectores sociales cristalizaron en una visión política e identidad concretas, sino la conveniencia de evitar explicaciones monocausales y contraposiciones dualistas, por no hablar de la reificación de las identidades nacionales (portuguesa, castellana o española) como elementos unívocos y estables. Tal como demuestra Juan Antonio Sánchez Belén, los flujos comerciales operaban con cierta independencia de las estructuras políticas, y supieron adaptarse a las nuevas realidades surgidas de la guerra con notable flexibilidad, de modo que tras la paces de Münster (1648) y de Lisboa (1668), tanto holandeses como portugueses consiguieron participar en la exportación de azúcar a Castilla, no obstante los duros conflictos militares precedentes. En este sentido, las contribuciones que profundizan en las interacciones entre los dos ámbitos imperiales a lo largo de varias décadas resultan especialmente esclarecedoras. 234

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Por ejemplo, en una contribución útil e informativa, Manel Ollé ilustra la creciente complementariedad económica entre Macao y Manila, a pesar de las maniobras por parte castellana para acceder directamente al comercio de China, que los Portugueses consiguieron bloquear con éxito (generando no poco resentimiento en las Islas Filipinas). Incluso durante la guerra de guerra de separación, el comercio continuó a través de Macassar, es decir por vías indirectas. Por otra parte, en las Islas Molucas o de las Especias, que tantos conflictos generaron en la determinación del antimeridiano del tratado de Tordesillas en el Pacífico, finalmente se impuso también una colaboración militar de carácter pragmático, provocada por el retroceso del Estado da Índia en el sudeste asiático y la amenaza holandesa, sin que la cuestión jurisdiccional de fondo fuese sin embargo resuelta. De modo similar, entre los factores que facilitaron la sinergia imperial luso-castellana se encontraba la Compañía de Jesús, cuyos misioneros, como destaca Andreu Martínez d’Alòs-Moner, veían reforzada sus misiones ante reyes infieles con la imagen mundial de Felipe II, no obstante las profundas tensiones entre los patronatos reales de Castilla y Portugal entre Manila y los Jesuitas en Macao o Nagasaki. En dramático contraste con la situación en extremo oriente, en el caso de Brasil las colonias no solamente fueron un ámbito de alternancia entre colaboración y contrabando que superaba las fronteras territoriales, tal como documenta Guida Marques en un interesante artículo sobre la colonización del Marañón y Gran Pará (colonización realizada más que nada para evitar que se instalasen extranjeros), sino que, tal como argumenta Stuart Schwartz en un trabajo de sugerente título, «La necesidad no tiene patria», tras la rebelión de Portugal el azúcar brasileño se convirtió en la única fuente de ingresos capaz de financiar la independencia, dada la pobreza de la metrópolis, marcando así una rápida transición desde la potencial sinergia transimperial de la defensa de Bahía en 1625, a la emergencia de uno de los factores diferenciales del éxito de la rebelión contra Felipe IV. La amplitud geográfica del volumen permite también apreciar el contraste entre las fortunas del imperio atlántico portugués, en claro ascenso en el siglo XVII a partir del circuito esclavista y azucarero, con la crisis paralela del imperio asiático, incapaz de competir con el poderío marítimo holandés y (en menor medida) inglés. Una contribución muy valiosa de André Murteira documenta de modo pormenorizado el impacto del corso neerlandés sobre la Carreira da Índia en el Océano Índico durante los años anteriores a la tregua de 1609, demostrando que los ataques marítimos tuvieron un impacto devastador en parte porque agudizaron las deficiencias organizativas portuguesas. También destaca que tras la tregua las prioridades de la VOC eran comerciales, y se centraban en el sudeste asiático y Japón más que la India. El trabajo constituye un útil punto de partida para la necesaria revisión de la mediocre política de los Consejos de Felipe III (II de Portugal) ante el embate holandés en el espacio marítimo oriental, y apunta de manera convincente hacia una cronología bastante distinta a la que defiende Edval de Souza Barros en su contribución, para quien la decadencia efectiva del Estado da Índia se debería retrasar hasta el final de la tregua de los doce años. De hecho, tal como concluye el mismo Barros al ocuparse del ámbito brasileño, para Felipe III y Felipe IV los asuntos del Portugal ultramarino raramente fueron lo suficientemente prioritarios como para poder realizar po-

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líticas efectivas de cooptación de los intereses de las elites coloniales. El mismo hecho que se llegase a extinguir el Consejo de Indias de Portugal en 1614 tras diez años de funcionamiento, y que solo fuese restaurado en 1642 ya bajo la autoridad de los Braganza, revela la falta de seriedad de la política de la corte en España hacia los intereses del imperio ultramarino portugués. Similares cuestiones sobre la decadencia del Estado da India suscita el ensayo de Rui Manuel Loureiro sobre la caída de Ormuz en 1622, que ofrece un resumen muy competente, documentado y bien estructurado sobre el proceso que condujo a la pérdida del enclave portugués en el golfo pérsico: en este caso, sin embargo, no menos decisiva que la intervención de la rival compañía comercial inglesa fue la consolidación interna del reino safávida bajo el liderazgo de Shah Abbas, un monarca extraordinario. En cambio, la responsabilidad directa de la Monarquía Católica queda difuminada ante la ineptitud de las autoridades de Ormuz y de Goa, y resulta difícil evaluar hasta qué punto el esfuerzo diplomático y militar que representaron tanto el envío de la flota de Ruy Freire de Andrade como la embajada de Don García de Silva y Figueroa fue tardío e insuficiente ante la magnitud de reto, o simplemente no había nada que hacer. Caso distinto es el que describe Zoltán Biedermann respecto a Ceylán. Aquí, mas que la lejanía y la desidia de la corte de Madrid respecto a los asuntos del Estado da Índia, agravadas por el sabotaje practicado por parte de las elites coloniales indo-portuguesas, el historiador detecta un cambio importante tas la llegada de Felipe II. En efecto, tras décadas de dominio indirecto y parcial de la isla a través de poderes locales –especialmente el reino de Kotte– que eran tratados como vasallos de los monarcas portugueses, aún reconociendo el carácter mas bien simbólico de la unidad política de la isla, el nuevo régimen pretendió la constitución de una unidad política idealmente capaz de integrar toda la isla bajo la soberanía directa del rey católico, lo cual representaba un cambio hacia un intervencionismo más agresivo, con el horizonte de una plena conquista territorial y espiritual. Queda por aclarar hasta qué punto se trata aquí de detectar un cambio radical de cultura política en la transición de los Avis a los Habsburgo –identificando así el deseo de conquista territorial con castellanización del pensamiento imperial– o más bien deberíamos considerar la posibilidad de una evolución del sub-imperialismo de los colonos casados de Colombo y sus aliados en las órdenes religiosas, de acuerdo con circunstancias y contextos locales. Una de las contribuciones más inesperadas y originales del volumen es la atención prestada a los asuntos Africanos, a menudo olvidados a pesar de su importancia notable desde la perspectiva de la unión imperfecta de los dos imperios. José Antonio Martínez Torres y Antonio José Rodríguez Hernández se ocupan lúcidamente del caso de Ceuta (ciudad, no presidio), caracterizado por la prontitud de los colonos en aceptar la sucesión de Felipe II al trono portugués, y su posterior incorporación a Castilla en 1668. Tal como demuestra el estudio, la disponibilidad de la Corona de Castilla a invertir sumas considerables en el suministro de la colonia con tropas (mayoritariamente andaluzas) y otros recursos materiales, estimularon la apuesta pro-castellana en momentos decisivos. Se trataba, por tanto, de un caso de integración imperial con creciente predominio de la aportación de Castilla, es decir, de una prioridad estratégica de Castilla para su seguridad 236

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costera, en contraste con aquellas colonias que los consejeros de la Monarquía hubieran preferido abandonar a su suerte. Por su parte, António de Almeida Mendes describe el fluido papel de mediación imperial de los mestizos criollos en el África occidental portuguesa, aunque sin aportar mucha cosa nueva. Finalmente, Luis Salas Almela se centra en el tema poco conocido de la política de los monarcas católicos hacia reino de Fez en el Marruecos antes y después del desastre portugués de Alcazarquivir. La tradicional rivalidad comercial entre mercaderes y contrabandistas castellanos y portugueses en el Magreb no era incompatible con un interés común de las dos monarquías en tener un rey amigo en Fez contrario al poder Turco, al margen de quién tomase la iniciativa militar o diplomática. Más que una rivalidad imperial, sin embargo, a menudo se trataba de intentar pasar los costes de asegurar Marruecos al vecino, con provecho de todos. La derrota y muerte del rey Sebastián no sólo abrió las puertas a la unificación dinástica, sino que también facilitó un compromiso militar más claro por parte de Castilla, con el duque de Medina Sidonia a la cabeza, de acorde con el creciente peso económico de Andalucía en el comercio regional. El libro ha sido publicado con gran esmero por ediciones Polifemo, y además de la bibliografía cuenta con un índice analítico, lo cual resulta esencial en un libro de esta índole. Está además ilustrado con láminas a color, aunque no queda claro que las ilustraciones tengan una relación directa con lo argumentos de los ensayos. En cambio, el lector medio echará de menos algún mapa. No obstante la siempre útil presentación de Carlos Martínez Shaw, es una lástima que los directores de la publicación hayan dejado pasar la oportunidad de teorizar de modo más sistemático sobre la Monarquía Católica durante el periodo de unión de coronas, por ejemplo tomando en consideración propuestas recientes como la idea de una monarquía policéntrica, cuyo énfasis en la capacidad de acción política de los «reinos» –en ámbitos coloniales o provinciales– se podría analizar críticamente con los materiales reunidos en este volumen, frente a la dinámica centro-periferia del concepto más consolidado de monarquía compuesta, por no hablar ya de los burdos estereotipos tradicionales que oponen una Castilla obsesionada con conquistas territoriales a un Portugal de espíritu marítimo y comercial. De todos modos, España y Portugal en el Mundo representa un hito importante, al reunir estudios innovadores y en muchos casos de muy alta calidad que, más allá de su capacidad para abarcar el ámbito territorial global de los imperios de Castilla y Portugal, de Ceuta a Manila, demuestran la importancia, e incluso la inevitabilidad, de repensar los dos imperios coloniales conjuntamente. Joan-Pau Rubiés ICREA – Universitat Pompeu Fabra

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Illes i Imperis es una revista editada por el GRIMSE (Grup de Recerca en Imperis, Metròpolis i Societats Extraeuropees) desde 1998. Tiene por objeto la publicación de estudios sobre las sociedades coloniales y postcoloniales. Los propósitos del equipo editor son absolutamente abiertos. Admitimos todas las formas de aproximación a las sociedades coloniales y sus realidades posteriores, siempre y cuando reúnan los imperativos de calidad propios de las ciencias sociales de nuestra época. Aceptamos y promovemos la publicación de trabajos originales de índole histórica pero también aportaciones desde otros ámbitos de las ciencias sociales. Illes i Imperis proporciona estudios, publica textos y material cuantitativo, da referencias y comentarios bibliográficos así como información sobre actividades de interés para los estudiosos e interesados en la historia de las sociedades en el mundo colonial y postcolonial. Es una revista, en definitiva, que sirve de plataforma para expresar las preocupaciones académicas propias de quienes se ocupan en el estudio de dichas sociedades. El interés del GRIMSE se ha orientado preferentemente hacia los estudios sobre América Latina, sobre las Filipinas y el Sudeste asiático, sobre el Norte de África y también a propósito del mundo metropolitano hispánico, durante los siglos XV al XX. No obstante, la revista no sólo se dirige hacia ese tipo de estudios sino, en general, a la publicación de trabajos académicos sobre otras áreas y épocas. Nos motivan sobre todo los estudios sobre otros imperios (portugués, francés, inglés, holandés, …), las perspectivas comparativas y, en general, los análisis que se construyan desde las preocupaciones propias de la World History.

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1. El Comité Editorial de la Revista aceptará artículos originales e inéditos con pedido de publicación, indistintamente, en catalán, castellano, inglés, francés o cualquier otra lengua latina. Los trabajos deben respetar las normas de presentación enunciadas más abajo, en caso contrario no serán considerados por el comité editorial a fines de publicación. 2. Se publicarán trabajos sobre cuestiones diversas relativas a la historia de sociedades en el mundo colonial y postcolonial, pero también aportaciones desde otros ámbitos de las ciencias sociales: reseñas bibliográficas, debates historiográficos, enfoques, cualquier tipo de material que sea susceptible de expresar preocupaciones, abrir pistas de investigación y facilitar intercambios. 3. Los artículos recibidos serán considerados por el comité de redacción e informados por dos evaluadores externos cuya identidad se preservará. 4. La Secretaría de Redacción de Illes i Imperis acusará recibo de los originales y el Consejo de Redacción resolverá sobre su publicación en un plazo no superior a seis meses. Esta resolución podrá venir condicionada a la introducción de modificaciones en el texto original. 5. Los artículos aceptados para su publicación tendrán que ser enviados por el autor en su versión definitiva por correo electrónico, en formato Word o similar, ateniéndose a los criterios y normas editoriales a: .

Normas editoriales El artículo debe tener un título en el idioma original y su equivalente en inglés. Nombre completo del autor, nombre de la institución a la que pertenece y correo electrónico. Debe incluirse un resumen del trabajo en el idioma original y su equivalente en inglés (abstract), cada uno con un máximo de 800 caracteres con espacios, y de cuatro a cinco palabras clave en ambos idiomas (key words). Las colaboraciones se enviarán en formato Word, a doble espacio y no podrán superar las 30 páginas (10.000 palabras), incluyendo cuadros, gráficas y mapas. El texto se presentará con letra tipo Times New Roman de 12 puntos, a 1.5 de interlineado, márgenes de 3 cm laterales y 2.5 cm superior e inferior y paginación corrida. En el texto debe indicarse la colocación de los gráficos, cuadros y mapas que se incluyan. Las notas y citas bibliográficas deben incluirse a pie de página y deberán consignarse en fuente Times New Roman de 10 puntos e interlineado simple.

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La bibliografía utilizada debe especificarse al final del trabajo según las normas de edición empleadas para las notas y citas. Se usarán siempre las siguientes abreviaturas: p. página pp. páginas ss. siguientes ed. editor eds. editores vol. volumen fig. figura cit. obra citada núm. número

Citas y bibliografía final El orden en las referencias bibliográficas es el siguiente:

Cuando es un libro: Apellidos (en mayúsculas), nombre, título obra, ciudad, editorial, año. (todo separado por comas). Ejemplos: MARTÍNEZ LÓPEZ, A., El cultivo del aceite en Jaén, Madrid, Luciérnaga, 1996. –, (ed.), El café en Extremadura, Badajoz, Diputación de Badajoz, 1997.

Cuando es un artículo en una revista: Apellidos (en mayúsculas), nombre, «título artículo», nombre revista, núm., ciudad, año, páginas (abreviado p. o pp.) Ejemplo: MARTÍNEZ LÓPEZ, A., «El cultivo del aceite en Jaén», Revista de Agricultura, núm. 3, Málaga, 1996, pp. 45-46.

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Cuando es un artículo o un capítulo de un libro: MARTÍNEZ LÓPEZ, A., «El melón, fruta nacional», en PÉREZ, Antonio (ed.), Las frutas de España, Albacete, Editorial Flora, 1996, pp. 45-46. (el artículo entre comillas, la revista o el libro al que pertenece en cursiva, y al final siempre las páginas que ocupa).

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