Diversidad sexual, Políticas públicas y Drogas. Entre la construcción y la invisibilización de un problema. Situando interrogantes.
Descripción
Diversidad Sexual, Políticas Públicas y Drogas. Entre la construcción y la invisibilización de un problema. Situando interrogantes.
Néstor A. Rodríguez Pereira de Souza.
INDICE. 1. El punto de partida. Lo diverso de la diversidad…………… pág. 1 2. Antecedentes. Una panorámica regional e internacional…y por el paisito qué pasa?................................................................................pág. 5 3. Sacando del armario algunos conceptos………………… …. pág.13 3.1.
Políticas públicas y diversidad sexual. We are one, but we are not the same………………………………………………. …pág. 13
3.2.
Políticas públicas de drogas. Procesos a medio camino…pág. 20
4. Sobre necesidades, visibilidad y alianzas……………….………pág. 24 5. Los atributos del problema…un problema……………………pág. 29 6. En el lugar de las conclusiones…solo queda la lucha y seguir pensando……………………………………………………….pág. 40 7. Bibliografía………………………………………………………pág. 45
1. El punto de partida. Lo diverso de la diversidad. “todas las personas sufrimos las consecuencias de la discriminación pero no todas tienen las mismas marcas” Ana María Fernández.
En la última década se ha registrado un reconocimiento sustantivo en materia de derechos de los colectivos LGTTB1 en nuestro país y en la región. A través de incansables y dificultosas luchas de los movimientos sociales se ha pasado de un estado de restricciones e invisibilización legal a un estado de integración jurídica de las personas de la disidencia sexual, produciendo marcos normativos nuevos y modificando algunos ya existentes. Las reivindicaciones sostenidas por los colectivos LGTTB ha puesto en evidencia la marginalidad a la que aún se ven en la actualidad en cuanto al reconocimiento de su existencia en tanto sujetos sociales; poniendo en juego una concepción de ciudadanía plagada de restricciones basadas en la orientación sexual y el género, siendo un problema para la democracia de nuestro país. La promulgación de una batería de normas jurídicas a favor del reconocimiento de las personas LGTTB como sujetos legales y sociales, situó el debate en clave democrática, estableciéndose una expansión de la ciudadanía desde abajo, tal como lo entiende Virginia Vargas, es decir “a partir de las luchas de diferentes grupos no hegemónicos que han buscado ampliar sus derechos ciudadanos” (1999:127). Las lucha por el reconocimiento (Fraser, 1997) y la representación (Fraser, 2008) dio lugar a una nueva etapa para los grupos organizado en torno a las desigualdades por orientación sexual e identidad de género, que se vincula directamente con las acciones que llevaron a la visibilización y a la
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Utilizaré esta sigla para referirme a las mujeres Lesbianas, varones Gays, personas Trans y Travestis, y personas Bisexuales. Si bien con los procesos recientes de problematización y politización de la sexualidad y sus manifestaciones se han ido incorporando otras siglas en la denominada “sopa de letras” (Facchini, 2005) como por ejemplo la Q de Queer e I de Intersexual, para favorecer la lectura del presente trabajo reduciré la expresión a LGTTB sin pretensión alguna de invisibilizar ninguna expresión subjetiva sexual.
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politización de la diferencia; que “los derechos sean hechos” constituye el siguiente paso a instalar en la agenda institucional, como estrategia para ampliar el ejercicio de la ciudadanía por parte de los colectivos LGTTB. En este marco, el análisis de las problemáticas que afectan a dichas poblaciones se vuelve clave; en ocasiones, la recurrencia a referencias internacionales es una posibilidad a los efectos de determinar las necesidades particulares de las personas
con
orientaciones
sexuales
e
identidades
de
género
no
heteronormativas, en particular, cuando no se cuentan con antecedentes a nivel local sobre determinadas problemáticas. Estas referencias adquieren una relevancia fundamental a la hora de establecer estrategias políticas a seguir con impacto en las agendas institucionales, ya que las mismas abonan la construcción de discursos en torno a las necesidades de colectivos LGTTB en particular. Siguiendo el modelo de “análisis de la política de necesidades” de Nancy Fraser (1994) podemos considerar que los movimientos sociales vinculados a la diversidad sexual se encuentran en algunos casos en una lucha por “la interpretación de la necesidad, la lucha por el poder de definirla y así determinar con qué satisfacerla”; en otros, se está en un momento mas avanzado que se relaciona con “la lucha por la satisfacción de la necesidad” en sí misma (1994: 8). En este sentido, partimos de la base que los colectivos LGTTB no presentan las mismas dificultades a la hora de pensar en su integración social; el reconocimiento de lo diverso a la interna de la propia diversidad establece un orden jerárquico de prioridades que se hace presente a la hora de pensar en acciones enmarcadas en políticas públicas. El establecimiento de prioridades para impulsar las modificaciones e innovaciones en el marco normativo legal vigente siguió un criterio basado en niveles de exclusión, discriminación y violencia según orientación sexual e identidad de género. De esa forma, las acciones de reconocimiento normativo a las poblaciones trans se establecieron como prioritarias teniendo en cuenta un ordenamiento sexual que las vuelve cuerpos abyectos (Butler, 1990) y las somete a vulneraciones y violencias específicas producto de la intersección de opresiones.
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Teniendo en cuenta lo expresado previamente, es que el presente trabajo se enmarca en una lectura y construcción discursiva de las necesidades de los colectivos de la diversidad sexual, y pretende articular las categorías de orientación sexual e identidad de género con el desarrollo de políticas públicas de salud en nuestro país, en particular en materia de drogas. En tal sentido los objetivos se pueden formular de la siguiente forma: -
Identificar si existen datos que den cuenta de la prevalencia de consumo problemático de sustancias en los colectivos LGTTB en nuestro país y su relación con la de la población en general.
-
Conocer de qué forma se incorpora la perspectiva de diversidad sexual a los abordajes y estrategias de intervención en situaciones de consumo problemático de sustancias.
-
Identificar si existen condiciones y factores suficientes que permitan establecer el consumo de sustancia en poblaciones LGTTB como un problema a atender que motive la construcción de una línea de política pública en la materia.
Por otra parte, me interesa realizar algunas consideraciones conceptuales vinculadas a las nociones de diversidad sexual y su relación con la perspectiva de género. Considero que los problemas que afectan a los colectivos LGTTB se inscriben y se entienden desde una perspectiva de género en tanto conllevan en sus existenciarios vitales y subjetivos la trasgresión a un modelo normativo construido por el sistema sexo/género (Rubin, 1998-1975) occidental; desafían los mandatos de un orden sexual que regula las relaciones y prácticas sociales (Rubin,
1989)
y
desestabilizan
la
estructura
sexual
basada
en
la
heteronormatividad. De ahí que desde algunas lecturas se pueda definir a la población LGTTB como disidentes sexuales.2 Sin desconocer el deslizamiento de sentido que se ha producido como parte de una estrategia de apropiación 2
Guillermo Núñez (2010) utiliza el término Diversidad sexual para referirse a todas las personas y reserva la noción de Disidencia sexual para abarcar a las personas LGTTTBIQ (Velasco, 2012)
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del espacio público y político por parte de los colectivos LGTTB que lleva a vincular diversidad sexual únicamente con dichas poblaciones, excluyendo del concepto a las personas heterosexuales, y teniendo en cuenta las distinciones nocionales entre ambas expresiones, en el desarrollo de este trabajo las usaré de forma intercambiable sin hacer hincapié en sus diferencias. Una segunda apreciación conceptual tiene que ver con el lugar desde el cual
se
comprende
el
consumo
problemático
de
sustancias;
dicho
posicionamiento se enmarca en una perspectiva de Salud integral y Derechos Humanos, y no desde un paradigma patologizante y exclusivamente del campo de la salud mental. Para ello tomo el concepto de Salud entendida como “la capacidad de una persona o grupo de reconocer y satisfacer sus aspiraciones, así como también de cambiar y modificar su entorno para, de esa forma, alcanzar su verdadero potencial. La salud es definida como un ‘recurso para la vida’ y no como el objetivo de la vida” (Lapetina)3 El trabajo intenta dar cuenta a través de su estructura de cuál es el estado de situación de las personas LGTTB como sujetos de políticas públicas y derechos en nuestro país, y en particular en materia de políticas públicas de Drogas, tomando insumos que muestren la prevalencia de consumo problemático de sustancia a nivel regional e internacional en dichos colectivos, explorando datos que nos aproximen a una visión tentativa en nuestro país. Para esto se entrevistaron a diferentes actores sociales vinculados a instituciones de la salud, representantes de organizaciones sociales LGTTB y rectores de políticas públicas de drogas. Por último, me detendré en la relevancia que la discusión de este tema tiene, enmarcado en las estrategias de politización de las sexualidades y relacionada con las nuevas agendas públicas e institucionales, para los debates en clave de ciudadanía y democracia participativa y la relación Estado organizaciones de la Sociedad Civil.
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No cuento con el año en que se publicó el artículo.
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2. ANTECEDENTES. Una panorámica regional e internacional…y por el paisito qué pasa? A nivel internacional y regional se han llevado adelante en los últimos años algunas iniciativas con el fin de producir conocimiento acerca de la prevalencia de consumo problemático de sustancias en los colectivos LGTTB. Dichas propuestas han sido iniciativa de organizaciones de la sociedad civil con financiación de organismos internacionales y no tanto por un interés establecido de los Estados por desarrollar una línea de investigación y posterior acciones dirigidas a la atención del problema. Repasaré algunos de ellos a continuación. La Fundación de Gays y Lesbianas (LGF) y la Universidad de Lancashire Central en Reino Unido, realizaron un estudio de prevalencia de consumo de drogas y alcohol en colectivos de la diversidad sexual durante dos años (2009 – 2011) con una muestra de mas de 4000 personas. El informe concluye que “These findings show significant problematic substance use amongst LGB people, which is likely to be higher than in the wider population; with high levels of substance dependency; and perceptual and structural barriers to accessing information, advice or help on substance use. Problematic usage and dependency amongst LGB people is currently not widely acknowledged or addressed in the substance use field, and as a consequence there is substantial hidden harm among LGB populations” (2011:5).
A nivel regional encontramos investigaciones que dan cuenta de una problemática específica en materia de consumo de sustancias en los colectivos LGTTB en relación a la población en general. Sin intención de hacer una revisión taxonómica podemos encontrar que algunos estudios revelan una prevalencia diferencial del consumo de determinadas sustancias de acuerdo a los colectivos que se traten.
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En una investigación con HSH4 realizada por el Centro de Investigación y Promoción para América Central de Derechos Humanos (CIPAC) de Costa Rica se encontró que el nivel de consumo de alcohol y drogas ilegales en este colectivo es mas elevado en comparación con la población general, siendo en muchos casos un factor asociado a situaciones de riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual (Ugalde, Suarez, Madrigal, 2004). Este dato se corrobora con otras investigaciones en otros países sobre la población HSH. En un estudio realizado en Georgia, Estados Unidos, se encontró que “Both recreational drug (52%) and alcohol use (85%) were highly prevalent among urban MSM, while current levels of multiple drug use (18%), three or more alcohol-related problems (12%), frequent drug use (19%) and heavyfrequent alcohol use (8%) were not uncommon.” (Stall R, Paul JP, Greenwood G, Pollack LM, Bein E, Crosby GM, 2001)
La prevalencia del consumo de drogas y alcohol junto a otros asuntos de salud mental de los varones gays y HSH fue marcada por la Organización Panamericana de la Salud (O.P.S.) y la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) en 2009 con motivo de la "Consulta Regional sobre la Promoción de Salud y la Provisión de Atención a los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en América Latina y el Caribe." (OPS, 2009). En el Proyecto para la provisión de cuidado integral para hombres gays y otros hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en América Latina y el Caribe de la O.P.S. se establece que “La frecuencia informada del uso de drogas y abuso de alcohol entre HSH es mayor que en la población en general. Además de los efectos directos del uso de drogas y el abuso de alcohol sobre la salud, incluyendo la adicción, existe un alto riesgo secundario de ITS y otras afecciones que pueden afectar a los HSH. El uso de drogas y abuso de alcohol se asocian con aumento de las
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La categoría HSH es de reciente utilización y busca agrupar a aquellos varones que tienen prácticas sexuales con otros varones sin por ello determinar consecuencias identitarias.
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tasas de comportamiento sexual de alto riesgo, así como también con compartir equipo de inyección infectado.” (2010: 4).
En la misma línea, e incorporando la perspectiva generacional, la psicoterapeuta
mexicana
Marina
Castañeda
plantea
que
los
jóvenes
homosexuales son particularmente vulnerables al uso abusivo de sustancias tanto por las características propias de la etapa evolutiva que lleva a la experimentación como a los sentimientos de angustia y extrañeza que acompañan muchas veces la experiencia homosexual como consecuencia de la discriminación padecida. Se estima que en Estados Unidos, el 83% de las adolescentes lesbianas consumen alcohol regularmente, y el 56% otras drogas (1999). Los estudios sobre uso de sustancias en lesbianas y mujeres bisexuales es menor en cantidad y no proporcionan datos consistentes (Buffin,
Roy,
Williams, Winter, 2011). Aparecen estudios relacionados a la prevalencia de consumo de tabaco en dichas poblaciones, existiendo varias investigaciones regionales que estiman que dicho consumo aumenta significativamente en relación a la población general (Bye, L., Gruskin, E., Greenwood, G., Albright, V., and Krotki, K., 2004; Ryan, H. et. al. 2001). La red nacional para el control de tabaco en las comunidades latinas, conocida como Latinos Saludables Sin Tabaco (NLTCN por sus siglas en ingles), y la red nacional para el control de tabaco en las comunidades LGBT, conocida como National LGBT Tobacco Control Network, sistematizó en 2010 una serie de estudios vinculados al tema ofreciendo datos contundentes acerca de la relación entre consumo de tabaco y colectivos LGTB. Es interesante apreciar cómo el ordenamiento de género en los colectivos de la diversidad sexual se evidencia en los estudios mencionados, persistiendo una clara invisibilización de la mujer lesbiana y bisexual, evidenciándose una mayor cantidad de estudios que dan cuenta de la prevalencia del consumo de sustancias en varones gays, bisexuales y HSH.
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En nuestro país, si bien en los últimos años han existido algunas aproximaciones a la relación entre disidencia sexual y consumo problemático de sustancia, la producción de conocimiento persistente está atravesada por la problemática del VIH/SIDA y su incidencia en los colectivos principalmente de varones gays, HSH y personas trans, tendencia que se evidencia en los estudios a nivel regional. En relación a los varones gays, en un estudio realizado en 2009 se establecía el desconocimiento existente por parte del Ministerio de Salud de las necesidades y las demandas de esta población; no obstante se visualizaba la urgencia en conocer la cantidad de uruguayos homosexuales y HSH, estimándose en un 5% de la población en general (MSP, 2009:125). Sin buscar adentrarme en las características de esta estimación, llama la atención la necesidad estatal de establecer dicho porcentaje a la vez que no toma en cuenta el subregistro que pueda darse en cualquier intento de estimación de los colectivos LGB y HSH atendiendo a la fuerte estigmatización y discriminación que dificulta aun hoy en día la vivencia plena de la sexualidad y la “salida del armario”. Este desconocimiento es una característica que se hace extensible al resto de los colectivos de la diversidad sexual, en particular las mujeres lesbianas cuya invisibilización se incrementa por razones de género y de orientación sexual como mencionara anteriormente. La población trans cuenta con un número mayor de investigaciones, probablemente por tratarse de un colectivo que reúne mayor cantidad de vulnerabilidades socio económica como consecuencia de la interseccionalidad de variables de discriminación. En un estudio reciente realizado por la organización feminista MySU (Mujer y Salud del Uruguay) se establece que “entre los comportamientos de riesgo, los problemas vinculados al consumo problemático de drogas y/o alcohol podrían señalarse como los que impactan especialmente sobre la salud general y la salud mental de las personas Trans entrevistadas. El 17,1% confesó alguna vez haber tenido problemas con drogas y/o alcohol, de ellas, la mitad dijo tener problemas con alcohol, y la otra mitad con drogas, específicamente cocaína y su derivado, la pasta base.” (2012:18).
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El 34.3 % considera que se trata de uno de los problemas mas graves vinculados a la salud mental. El estudio mencionado supone que existe un “alto subregistro en las respuestas sobre consumo de drogas y alcohol, ya sea porque tuvieron dificultades en confesarlo o porque no consideran que su consumo sea problemático” (2012:18). Para las personas trans entrevistadas los servicios de salud existentes no constituyen una referencia para la atención de sus necesidades, dentro de las cuales se encuentran el consumo problemático de drogas y alcohol. A nivel de recomendaciones el estudio considera que “Los lineamientos políticos para la atención de la diversidad, y de la población Trans específicamente, fueron definidos desde el MSP con la elaboración en el año 2009 de un protocolo de atención en salud sexual para trabajadoras sexuales y una guía para SSR de la diversidad sexual. Pero sería necesario extender la protocolización hacia otros requerimientos que aún quedan por atender como el uso de hormonas para las transformaciones corporales y las situaciones de salud mental vinculadas a las vivencias de estigma y discriminación así como al uso de drogas y alcohol” (MYSU, 2012:31).
En cuanto a las poblaciones de lesbianas, varones gays, HSH y personas bisexuales las referencias al consumo problemático de sustancias es prácticamente inexistente en nuestro país. Florencia Forrisi, integrante del Colectivo Ovejas Negras desde 2006 plantea que “En general el tema del tabaquismo se sabe que es mayor en los colectivos LGTB, el consumo de sustancia también está vinculado y siempre hay una tendencia de consumo mas acentuado que en la población general. Roberto Acosta un compañero del colectivo, contaba que una forma de levantar en los 80 era pedirle fuego a otra persona, entonces claro ya desde el punto de vista del vínculo con otra persona es a través del consumo de sustancia, ya sea el tabaco el alcohol o cualquier otro tipo de sustancia, pero ya desde el vamos tiene todo que ver con una cuestión de los circuitos under y la homosexualidad, la transexualidad, etc. Lo mismo para el caso de la prostitución…”
Y agrega que
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“Los estudios que hay sobre consumo y lgtb no abordan las causas, y eso es algo para ver también. Siempre se menciona el estigma y la exclusión social, pero porque no hay ninguno que establezca las causas.” (Entrevista realizada el 8/6/2015),
En tal sentido, Diego Sempol, también integrante del colectivo Ovejas Negras y docente universitario de la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR expresa que “pese a todas estas diferencias la diversidad sexual comparte un grupo significativo de experiencias similares, todas ellas relacionadas con el estigma, la discriminación, el rechazo y la violencia. Las condiciones sociales en las que vive la población LGTB -y no sus identidades- generan que en los temas de política pública exista una especificidad significativa, en la medida que la homofobia, lesbofobia y transfobia afectan y atraviesan por completo casi todos las políticas públicas, empezando por la constitución de la propia agenda de prioridades, siguiendo por la definición de programas de intervención e investigación, y finalmente levantando barreras sociales significativas para el acceso.” (Sempol, 2012: 21)
En los estudios, investigaciones y textos de divulgación generales sobre el consumo de sustancia llevados adelante por la Junta Nacional de Drogas, la categoría orientación sexual no aparece representada; no obstante ello, se destaca el avance significativo que ha constituido en incorporar la desagregación por sexo, lo que no constituye necesariamente que exista una incorporación de la perspectiva de género a la producción de datos. En 2009, el Ministerio de Salud Pública (MSP), junto a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y el apoyo de organizaciones de la sociedad civil (Asociación Trans del Uruguay – ATRU - y el Centro de Investigación y Estudios Interdisciplinarios en Sexualidad de Uruguay en HSH) realizan un estudio serológico de VIH y una encuesta de Comportamiento, Actitudes y Prácticas (CAPs) dentro de la población de profesionales del sexo masculino y de HSH. Los datos recopilados y el análisis realizado pusieron de manifiesto entre otras características de la población, que la prevalencia del consumo de drogas en los colectivos estudiados era muy
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elevada.
Al mismo tiempo ponía en juego la relación descriptiva entre
vulnerabilidad socio económica, juventud, orientación sexual y VIH/SIDA. En las poblaciones relevadas para dicho estudio (personas trans femeninas - el informe hace referencia a travestis - y en varones que se encuentran en situación de prostitución – el informe habla de taxi boys -) se encontró que “más de la mitad de los encuestados (55,3%) consumen marihuana, casi un tercio de la muestra (30,1) consume pasta base y más de un quinto (21,1%) consume cocaína.” (2009:52) Los datos hasta aquí presentados indican una relación posible a establecer
entre
identidades
de
género
y
orientaciones
sexuales
subalternizadas y prevalencia de consumo de sustancias; asimismo, hacen que nos preguntemos acerca de los factores que inciden en dicha relación. Las experiencias de discriminación y violencia a las que se encuentran sometidas, constituyen factores fuertemente estresantes, causantes de estados de depresión y ansiedad. Si bien los motivos de consulta de los colectivos LGTTB pueden no ser diferentes a los de las personas heterosexuales, las vivencias de angustia, depresión, soledad y desafiliación en varones gays, mujeres lesbianas, personas bisexuales y personas trans lleva impresa la carga del estigma social por tratarse de existenciarios que se apartan de la norma heterosexual; muchas veces, dichos sentimientos son provocados por el aislamiento al que indirecta y directamente se los someten al confinarlos a vivir su sexualidad de manera silenciosa, oculta y con culpa. En tal sentido, el Informe Regional sobre Promoción de la Salud y Provisión de Cuidados para Hombres que tienen Sexo con Hombres (HSH) en América Latina y el Caribe de la O.P.S. realizado en Panamá en 2009 establece que “la conjunción de la ignorancia, estigma y discriminación ha jugado un papel significativo no sólo en la afectación de la salud de los HSH en América Latina y el Caribe sino también en la restricción del acceso a los servicios de salud.” (O.P.S., 2009:2).
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Sin ir mas lejos, la estigmatización de los colectivos LGTTB en nuestro país quedó lo suficientemente documentada en la encuesta realizada sobre estigma y discriminación de la población trans, HSH y personas que viven con VIH, publicado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) en 2013. Atendiendo a lo planteado hasta aquí, cabe interrogarnos lo siguiente, ¿Requieren las situaciones de consumo problemático de sustancias en poblaciones LGTTB estrategias particulares de abordaje? ¿Es necesario establecer políticas de intervención específicas para dicha población? En el país existe un antecedente en materia de salud dado por el proyecto “Centros de salud libres de homofobia” llevado adelante por el Colectivo Ovejas Negras que plantea una estrategia de transversalización de la temática en institucionalidades ya existentes. Al mismo tiempo, mas recientemente, se inauguró el CRAM (centro de referencia amigable) en la órbita del MIDES y en convenio con Facultad de Psicología de la UdelaR que por su parte establece un sentido de política pública específica. Desde estas experiencias, ¿cuál sería la mejor estrategia a nivel de política pública para el tratamiento de poblaciones LGTTB en materia de drogas? Para poder desarrollar cualquier acción en el marco de políticas públicas debemos de entender el universo de significados en el que las prácticas sociales se inscriben y en el cual los sujetos de intervención actúan, así como las dimensiones de saber poder que las atraviesan; estas son intrínsecas al campo de la-s sexualidad-es y condicionan la perspectiva desde la cual se mire cualquier problema sobre el que se vaya a intervenir desde el ámbito que se trate.
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3. Sacando del armario algunos conceptos. Los discursos sobre la diversidad sexual en la actualidad.
En la medida en que los colectivos LGTTB organizados fueron dándose estrategias
de
visibilización
social,
problematizando
la
sexualidad
y
estableciendo demandas específicas a atender, denunciando la discriminación e injusticias que sufrían, se fueron produciendo discursos que iban dejando atrás la cruda y explícita condena social a la diferencia, y dando lugar a posturas menos conservadoras y ubicándose en un terreno de “lo políticamente correcto”. Los argumentos basados en “la tolerancia” comenzaron a ganar el espacio público5. La construcción de subjetividades degradadas que evidenciaban la dimensión oculta de una ciudadanía institucionalizada tolerante a las condiciones de desigualdad e injusticias comenzó a ser problematizada por las propias personas implicadas, para luego organizarse y establecer estrategias de lucha que transcurrieron por caminos variados de acuerdo a los contextos políticos del país. Este tránsito de lucha derivó en resultados recientes y en agendas futuras que se siguen plasmando como horizontes por los cuales continuar movilizándose. El campo de las políticas públicas es uno de ellos. 3.1.Políticas Públicas y Diversidad Sexual. We are one, but we are not the same6.
La regulación normativa basada en un orden sexual (Rubin, 1989) heterosexista como el que venimos definiendo previamente, conlleva un acceso diferencial a los bienes materiales y simbólicos en una sociedad. Las políticas públicas
muchas
veces
constituyen
estrategias
de
redistribución
y
reconocimiento (Fraser, 1997) a través de las cuales se distribuyen dichos
5
Para una profundización del concepto de tolerancia véase la compilación de artículos realizados por Laura Gioscia (2014). 6
Fragmento de la canción One, de U2.
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bienes materiales y simbólicos, a las que las personas disidentes sexuales presentan diferentes barreras para acceder. En gran medida la sexualidad en tanto construcción social, sustenta un régimen de políticas públicas que determina el acceso o no de los sujetos sociales a sus prestaciones7; la construcción de las mismas, se formula en base a un ordenamiento basado en el género o en el orden sexual, determinando la expulsión - integración, a través de la mayor o menor cantidad de barreras a los servicios que se buscan ofrecer. Al igual que los bienes que ofrecen, las barreras son físicas pero también simbólicas y se expresan de diferente manera. En materia de políticas públicas de salud, estas operan de diferentes maneras. “en general existe como una idea de que nosotros (los colectivos LGB) no tenemos ningún problema para acceder al sistema de salud y eso no es real, justamente en los países que se estudia el acceso al sistema de salud de todas las personas LGBT, las mujeres lesbianas dicen abiertamente su orientación sexual en un 38%, eso lleva a problemas de todo tipo, si yo estoy recomendando métodos anticonceptivos cuando en realidad no los usa…toda la salida del closet en la adolescencia, sin un acompañamiento que podría ser de todo el sistema de salud, entonces lo llevamos solos y solas sin decirle a nadie de la familia. Como el tema del pap anal si yo no sé si la persona mantiene relaciones sexuales anales quién lo va a pedir?. En el caso de las mujeres lesbianas el sistema de salud está diagramado para atender a mujeres embarazadas
y
niños.
Las
mujeres
lesbianas
desarrollamos
cáncer
ginecológicos vinculados a la falta de exámenes previos, como no acudimos a los servicios de salud porque no están pensados para nosotras, están pensados para mujer gestantes y niños en edad inicial en primera infancia porque ni siquiera está pensado para otra cosa, no acudimos, no tenemos una paraclínica previa, un diagnostico precoz, ni un tratamiento oportuno, entonces desarrollamos cáncer.” (Entrevista a Florencia Forrisi, 8/6/2015) 7
Las políticas públicas de vivienda tienen claramente un sesgo diferencial basado en la sexualidad; la existencia de acciones dirigidas exclusiva y excluyentemente a familias con menores a cargo, dejan de lado otras formas de ordenamientos familiares que puedan darse a partir de arreglos afectivos sexuales disidentes a la norma heterosexual y monogámica.
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La relación entre estigmatización-discriminación-violencia8 y acceso a servicios de salud integral por parte de las poblaciones LGTTB es contundente. De acuerdo a la Primer Encuesta Marcha del Orgullo Gay 2005, el 67% de las personas encuestadas sufrió algún tipo de discriminación y agresiones de diferentes índole (física, sexual, verbal); el 48% declaró haber sido insultado verbalmente y haber recibido amenazas por motivo de su identidad de género y/u orientación sexual en espacios públicos (educativos y laborales incluidos). Por otra parte, en una investigación reciente llevada adelante por el DS y CP de la Facultad de Ciencias Sociales, IECON de Facultad de Economía, financiado por CSIC (2011 – 2012) sobre “Población trans en Uruguay” el 66% del total de trans encuestadas fue protagonista de algún episodio de violencia directa en el espacio público, el 50.3% denunció problemas de discriminación en los centros educativos y el 18.3% en los centros de salud (Sempol, 2014: 26). “El interior del país está muy alejado, mas aun que las distancias físicas. El acceso de la salud es nulo. Como un chico (trans) de Maldonado al que lo mandaron a leer la biblia, esas fueron las palabras de la doctora que lo atendió” (Rodrigo Falcón9, 19/5/2015)
Los testimonios de personas LGTTB dan cuenta de la vigencia de la estigmatización-discriminación-violencia que aun hoy se sufre con motivo de la orientación sexual o identidad de género en el “Uruguay tolerante” y “gayfriendly”; formas que conviven con discursos socialmente construidos basados en “lo políticamente correcto”, y una normativa judicial/legal reciente que oscila entre el amparo de los derechos de los sujetos implicados, los prejuicios existentes por parte de los profesionales de los servicios de salud y las ineficiencias de los servicios estatales de protección integral para
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Lo propongo de esta forma enunciativa ya que entiendo que no se trata de tres contingentes o acciones diferentes, sino como un proceso continuo de incremento de la exclusión que lleva muchas veces a la muerte social o física. 9
Rodrigo Falcón es integrante de la organización Trans Boy Uruguay.
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comprender e incorporar a sus esquemas de acciones la perspectiva de la diversidad. Una de las estrategias que han seguido las organizaciones LGTTB en el país ha sido la tematización de los problemas que enfrentan a diario como consecuencia de la violencia, la discriminación, la falta de reconocimientos de derechos y la ausencia de políticas públicas; esto ha derivado en la politización de
los
mismos,
transformándolos
en
reivindicaciones
concretas.
La
organización y la movilización de los/as disidentes sexuales ha permitido que dichos temas transiten desde una agenda sistémica a una agenda de gobierno. En tal sentido, desde los movimientos sociales en nuestro país se establecieron prioridades de problemas que afectaban a los colectivos LGTTB y que como tales merecían la correspondiente atención por parte del Estado uruguayo. Si bien después de la apertura democrática existieron diferentes agrupaciones y organizaciones LGTTB, es a partir del 2005 con la asunción por vez primera en Uruguay de un gobierno de izquierda, que comienzan a gestarse las condiciones de posibilidad para que las reivindicaciones en materia de diversidad sexual sean escuchadas. La primer estrategia consistió en poder ofrecer un marco normativo que permitiera atender la desigualdad de status o “reconocimiento fallido”10 (Fraser, 2007). La primera etapa de la lucha de los movimientos LGTTB consistió en alcanzar la paridad jurídica de las personas disidentes sexuales y el acceso vedado a los derechos consagrados para la población en general. Amparándose en la normativa internacional existente, se comenzaron a gestar las primeras leyes en el país que apuntaba a generar un marco de oportunidades para la no discriminación11. 10
Nancy Fraser define la desigualdad de status o reconocimiento fallido como aquellos “impedimentos de interactuar en condiciones de paridad por jerarquías institucionalizadas del valor cultural que le niegan la posición adecuada” (ver página y año, en Escalas de justicia cap. 2)
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Si bien la construcción normativa ofrece un modelo de protección legal en el cual ampararse, existe una sustantiva brecha entre la enunciación de los derechos particulares para los colectivos mas vulnerados y la apropiación subjetiva que estos puedan hacer de ellos; es en dicha brecha en que el desarrollo de acciones enmarcadas en políticas públicas pueden incidir. En este punto, el tema se encuentra en la agenda de gobierno a través de acciones concretas y por momentos aisladas, como puede ser la prestación social de la Tarjeta Uruguay Social Trans12, la inclusión de cuotas específicas en llamados para empresas públicas para personas trans (concretamente el Ministerio de Desarrollo Social), así como para el Programa “Yo estudio y trabajo” que en su tercera edición incluyó una cuota específica para personas trans (2% puestos para personas trans, 4% para personas discapacitadas y 8% para personas afrodescendientes). Como puede apreciarse el principal acento en materia de políticas públicas viene dándose en los colectivos de personas trans, atendiendo a la mayor vulneración social y económica a la cual están expuestas. En materia de salud, se destacan la apertura en 2013 del Centro de Referencia AMigable y la experiencia de los Centros Libres de Homofobia que funcionan en la Ciudad Vieja y en Barros Blancos y que integran la RAP de ASSE que funciona desde 2012 donde participaron la Cátedra de Medicina Familiar, el Colectivo Ovejas Negras, ASSE, el MSP, y el UNFPA. Si bien han significado pasos importantes en materia de derechos de salud para los colectivos LGTTB, encontramos que existen temáticas invisibilizadas por falta de conocimiento y carencias de investigaciones, como por ejemplo el consumo de sustancias; en otros casos, se hace hincapié en 11
En 2003 se modifica el artículo 149 bis del Código Penal donde se tipifica la incitación “al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o mas personas en razón del color de su pie, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual”. En 2004 se aprueba la Ley Nº 17817 “Lucha contra el racismo, xenofobia y la discriminación” En 2009 se aprueba la Ley 18620 de Derecho a la Identidad de Género y al Cambio de Nombre y Sexo en Documentos Identificatorios. EL siguieron la Ley 18246 de Unión concubinaria, la ley 18590 que modifica las disposiciones relativas a adopción, y mas recientemente la Ley 19075 de Matrimonio igualitario. 12 Se trata de una prestación en dinero a través de una tarjeta social que las personas trans reciben y cuyo monto que oscila en el entorno de los 900 pesos uruguayos puede ser gastado en los comercios debidamente identificados en alimentos y artículos de limpieza.
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problemáticas específicas, consecuencia de posturas cargadas de prejuicios, que llevan a perder de vista la integralidad de la salud de las personas LGTTB. A modo de ejemplo, Alejandra Collette Spinetti, presidenta de UTRU en la actividad realizada el 19 de mayo pasado denominada “Hacia una política de salud integral en diversidad sexual” relata una experiencia personal que le ocurrió en una consulta con una médica, quien sin mirarla, le pregunta si continuaba menstruando; ante la aclaración por su parte de que era una mujer trans, la profesional le indica un test de VIH. En el mismo sentido, Florencia Forrisi manifiesta que “Es verdad que cuando uno empieza a hablar de las personas trans, se torna el tema predominante, pero ni siquiera en todo su espectro porque en general terminamos hablando de las hormonas y de las reasignaciones quirúrgicas de sexo, ahora justamente en el vínculo con una asociación de Paris que trabaja aparte con emigrantes, decían el tema de deportes no lo hablamos para nada, y como personas trans tenemos un montón de problemas para por ejemplo ir a la piscina, ir a la playa, y el tema del cuerpo y las intervenciones quirúrgicas que hemos tenido, entonces decidimos potenciar este tema y hacemos voleyball, hacemos futbol y hacemos piscina con personas trans y potenciamos todos los aspectos del deporte que las personas adultas una vez que abandonamos determinados circuitos educativos que tratan de incentivar el deporte, vamos dejándolo…cuando hablamos de tema de personas trans, hablamos de la dosis de hormonas que necesitan, y las operaciones quirúrgicas de cambio de sexo, y en los casos de mujeres trans de la prostitución, seguimos hablando de las mismas tres cositas…En los casos de las personas LGB queda en el título y seguimos hablando de población trans.” (8/6/2015)
En materia de políticas públicas en Drogas, se han comenzado a dar desde la Junta Nacional de Drogas tímidos pasos hacia la inclusión de la temática, siendo una de las estrategias la de los fondos concursables llevado adelante por la Secretaría de Género en donde se incluyeron proyectos finalmente ganadores en 2014. Los cinco proyectos apuntan a trabajar con personas que viven con discapacidad, mujeres embarazadas consumidoras de drogas, población trans privadas de libertad, mujeres y población transexual en situación de prostitución con uso y/o venta de drogas ilegales y alcohol.
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En materia educativa es donde se puede apreciar las mayores resistencias a la hora de integrar la temática, siendo un ejemplo de ello los obstáculos que tuvo la Guía didáctica Educación y diversidad sexual redactada por el MIDES en convenio con el Colectivo Ovejas Negras. Otros tímidos esfuerzos se vienen desarrollando a nivel universitario a través de cursos de formación permanente por primera vez en Facultad de Psicología y la integración del curso de “diversidad sexual y salud” como una materia optativa en Facultad de Medicina de la UdelaR. A esto se suma el Seminario de Género y Diversidad Sexual que desde hace ya cinco años se viene
realizando
sistemáticamente en Facultad
de
Ciencias Sociales
apuntalado por el Área Académica Queer de Montevideo. Nuevamente nos encontramos con una infraestructura débil en cuanto a designación de recursos docentes y materiales, quedando libre a la contingencia de las oportunidades que favorezcan su desarrollo y no a una intencionalidad clara a nivel institucional. Estos aspectos son los que determinan que cualquier acción en la materia corra permanentemente el riesgo de evaporización al igual que aquellas acciones vinculadas a la transversalización de género (Moser y Moser, 2005). En síntesis, las principales acciones llevadas adelante en materia de políticas públicas y diversidad sexual, vienen siendo desarrolladas en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, y la Universidad de la República, algunas de ellas en convenios entre ambas instituciones. Escasos y nulos han sido aquellas iniciativas vinculadas al ámbito educativo, uno de los mas interpelados en la materia y con mayores resistencias a la incorporación de la temática en su estructura. En cuanto a población objetivo de las acciones, se aprecia la existencia de una mayor cantidad de acciones dirigidas hacia los colectivos trans y en menor medida a la población LGB; esto se explica por la acumulación de factores de vulneración que afecta a los primeros y las disminuidas posibilidades de agenciamiento que presentan comparativamente. Me detendré a continuación en el análisis de las acciones en materia de Drogas en el marco de políticas públicas de salud relativas a la población
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LGTTB; previamente, situaré cuál es el estado actual de las políticas públicas de Drogas en el país. 3.2.Políticas públicas de Drogas. Procesos a medio camino. Uruguay se encuentra en una fase intermedia entre la identificación y toma de conciencia sobre algunos problemas vinculados al consumo de drogas y la implementación tentativa y a modo de ensayos, de algunas respuestas a través de acciones concretas a dichos problemas (Lapetina, año?) De la relación entre producción de conocimiento a través de la investigación científica y la formulación, diseño e implementación de políticas públicas en materia de drogas, surgen dos dimensiones a tener en cuenta, el primero de ellos vinculado a los patrones de consumo de drogas en determinadas poblaciones, punto este en el cual recientemente la JND ha avanzado produciendo conocimiento científico sobre las características de los patrones de consumo en determinadas poblaciones de Uruguay, con énfasis en los sectores juveniles; otro tanto se ha avanzado en la incorporación de la perspectiva de género, produciendo conocimientos acerca de patrones de consumo en mujeres. La legalidad de determinadas sustancias determinan en parte la mayor o menor existencia de evidencia científica fruto de las investigaciones llevadas adelante; en tal sentido, los consumos de alcohol, tabaco y psicofármacos son los que cuentan con mayor producción de conocimiento. Al igual que ocurre con los temas vinculados a la diversidad sexual, es a partir de 2005, año que por primera vez en la historia política del país asume un gobierno de izquierda a través del Frente Amplio, que se comienzan a gestar mayores condiciones propicias para introducir y tratar determinados temas en la agenda institucional; entre ellos comienza a producirse un cambio de énfasis en el paradigma de comprensión en materia de sustancias legales e ilegales y sus diferentes abordajes desde la Junta Nacional de Drogas. Se establece así una serie de políticas públicas en materia de drogas que privilegian el Modelo de Reducción de Riesgos y Daños en contraposición a un Modelo centrado en el abordaje criminológico del tema (Lapetina, año?). Estos modelos de atención
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se sustentan en diferentes paradigmas que buscan entender sobre el consumo de sustancias. Existen dos paradigmas desde los cuales se entienden y abordan los temas de Drogas y sus usos problemáticos, uno denominado paradigma de la enfermedad, vinculado a la restricción completa del consumo y que entiende a la persona como carente de control y una enfermedad de la voluntad, basándose en una visión moral y estigmatizante de las drogas; y el paradigma de aprendizaje social que pone al sujeto como protagonista de la intervención y carente de fanatismos dogmáticos. Si bien no me adentraré en las características de cada uno de ellos, me interesa señalarlos a los efectos de establecer las consecuencias que uno y otro tiene a la hora de llevar adelante acciones tanto terapéuticas como políticas públicas en
materia de drogas. Cada uno de estos paradigmas
construyen desde sus perspectivas la noción de un sujeto determinado sobre el cual se desarrollarán las acciones que se delineen a través de las políticas públicas que se lleven adelante. En tal sentido, el paradigma que entiende el consumo como una enfermedad parece sustentarse en la concepción a priori de un sujeto racional, que toma decisiones en base a criterios razonables y basado en los costos beneficios de sus acciones; una vez dicho sujeto cae en la enfermedad de la adicción padecerá la misma por el resto de su vida, siendo así la abstinencia la meta a seguir. De alguna forma, la construcción de un sujeto reprimido se vuelve estratégica en este abordaje. Estas concepciones desde las cuales se entienden el problema de las drogas abren las siguientes interrogantes “¿bajo qué circunstancias personales o sociales cambian los patrones de uso de drogas?, o ¿qué hace que una persona modifique su relación con una sustancia?, o ¿qué características tiene el cambio de comportamiento?” (Fernández, Lapetina, 2008: 54), las cuales para el caso de la relación consumo problemático de sustancia y colectivos LGTTB son fundamentales, ya que permiten establecer un orden de relación causal entre las variables del contextos, es decir, los significados existentes en
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torno a orientaciones sexuales disidentes en el marco de un orden sexual heteronormativo, y los patrones de consumo de dichos colectivos. Como vimos anteriormente, la formas de levante entre varones gays conllevaba muchas veces un vínculo con la sustancia determinado, en una clara relación entre el uso de la misma y las formas de socialización que las personas hayan podido construir y hayan sido habilitadas por las determinantes culturales. Por otra parte, los consumos de sustancia que se han detectado en los colectivos lgb podrían estar indicando una relación entre el uso específico de las drogas y los mecanismos de afrontamiento de determinadas realidades adversas que se les plantean con motivo de su orientación sexual. En tal sentido, los consumos que se han detectado en servicios dirigidos a los colectivos lgtb, han estado relacionados a momentos puntuales de la vida de los sujetos, coincidentes con momentos de crisis con el entorno inmediato como consecuencia de la salida del armario en muchas ocasiones. Este consumo no se han instalado de manera problemática posteriormente. Pero lejos de la tematización en la que se encuentran estas relaciones causales de orden específicas, encontramos que tanto a nivel regional como a nivel internacional el tema Drogas en general se encuentra en debate. Las estrategias normativas de regulación así como la eficiencia de los tratamientos se están discutiendo a la luz de las evaluaciones que se realizan de los resultados obtenidos en los últimos años en la materia; la reciente medida de legalización del consumo de marihuana en nuestro país ha contribuido a poner en revisión las estrategias a seguir desde una perspectiva que trascienda las barreras de la moral y se contemple una perspectiva basada en evidencia científica. Impulsar dicho debate a nivel regional y mundial forma parte de las Bases Programáticas en la materia que ha definido la JND en nuestro país. La Junta Nacional de Drogas está llamada a llevar adelante la construcción de políticas públicas en la materia; la estrategia busca mancomunar la acumulación de experiencia de la sociedad civil en conjunto con el Estado, entendiendo el problema de las drogas como un “problema social complejo,
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multidimensional y multicausal, fuertemente anclado en los factores políticos y culturales de la sociedad y la comunidad.” (JND, 2011:11). Los lineamientos que establece la Estrategia propuesta por la JND define para algunas poblaciones específicas objetivos claros a considerar; entre dichas poblaciones se cita a personas privadas de libertad y personas en situación de calle, partiéndose del conocimiento basado en evidencia que claramente da cuenta de la alta prevalencia de consumo problemático de sustancias en dichos colectivos. Entre los varios lineamientos estratégicos que la JND traza en su Estrategia quinquenal encontramos promover políticas de reducción de la demanda, basándose en la generación de evidencia científica en la materia. En dicho sentido, se establece que “las políticas de tratamiento deberán dar cuenta del conjunto de Usuarios Problemáticos de Drogas legales e ilegales (UPD) teniendo en cuenta las particularidades de los mismos.13” (2011:19) En la misma línea, se establece por vez primera como eje estratégico la transversalización de la perspectiva de género en “el conjunto de estrategias, planes y acciones que se desarrollen por parte de la diversidad de actores involucrados en el diseño y ejecución de las políticas de drogas en el país” (JND, 2011: 21). Esto establece promover acciones concretas hacia colectivos de mujeres afectadas por el consumo problemático de sustancias así como involucradas en el tráfico de drogas. Se privilegia aquellas acciones específicas hacia mujeres privadas de libertad y mujeres adolescentes en una y/u otra situación. Una de las líneas de trabajo que la JND viene desarrollando en materia de género tiene que ver con el control de la oferta en el caso de mujeres; de acuerdo a lo que se viene observando, las mujeres tienen un lugar diferencial en la cadena delictiva en lo que se denomina como microtráfico; hay menos cantidad de mujeres vinculadas al tráfico de drogas y mas presas en relación a varones, lo cual puede ser comprendido únicamente desde una perspectiva de género. Por otra parte, otra de las líneas de trabajo viene dada por la reducción 13
El subrayado es mío.
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de la demanda en este sector de la población, al sufrir desigualdades particulares basadas en el género. En opinión de la especialista Gabriela Olivera, no es de extrañar que en el futuro se comiencen a ver estos dos fenómenos en mujeres trans por la gran vulneración a la que se encuentran sometidas (entrevista realizada 11/5/2015). Consideró que se está “en deuda” en los temas relacionados a los colectivos de la diversidad sexual, siendo el colectivo de la población trans en quienes se han realizados apenas algunas acciones. No obstante ello, claramente se resalta la deficiencia en materia de recursos humanos así como la carencia de formación en el tema en los equipos ya existentes. Estos son factores que contribuyen a la invisibilización de los colectivos LGTTB. De la misma forma que la transversalización de la perspectiva de género ha tardado en ser incorporada explícitamente como un lineamiento estratégico a seguir en materia de políticas de drogas, la visibilidad de los colectivos LGTTB tendrá que afrontar un camino de resistencias y luchas similares para que sea incorporado. ¿Qué pasos se debería seguir para introducir la perspectiva de la diversidad sexual en las políticas públicas de drogas? ¿Qué características debería de tener el problema para que pueda ser objeto de atención de las mismas? ¿Qué intervenciones serían las recomendadas para la atención de los colectivos LGTTB? Son preguntas que se desprenden del análisis precedente, pero antes que nada, debemos de responder si efectivamente ¿existen condiciones para definir como problema el consumo de sustancias en personas LGTTB? 4. Sobre necesidades, visibilidad y alianzas. El diseño y formulación de cualquier política pública se encuentran intrínsecamente ligados a la construcción de un problema, cuya delimitación es sustancial para su atención a través de las acciones que se lleven a cabo. Para la construcción de dicho problema, deben de confluir ciertas características que lo vuelven objeto de entendimiento y atención ya sea del Estado o de la Sociedad Civil.
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La legitimación de las políticas públicas se ha visto influenciado por una serie de factores, entre ellos un creciente aparato burocrático, el avance de los derechos sociales y por la incidencia de organizaciones de la sociedad civil que a través de la movilización han puesto en agenda pública sus intereses particulares (García Prince, 2008). El carácter polisémico de sus enfoques dificulta llegar a una definición acabada de las mismas. “Las políticas surgen para dar respuestas a problemas o situaciones que demandan atención y sus contenidos orientan y fijan el rumbo de la acción pública para lograr las respuestas y soluciones satisfactorias para la sociedad” (García Prince, 2008). Aquellos problemas que reúnan la cualidad de movilizar a los actores sociales y políticos, estén en sintonía con las concepciones y normas discursivas compartidas, y sean difundidos y debatidos en los medios de comunicación, tendrán mas probabilidades de que accedan a las agendas públicas e institucionales (Guzmán, 2001;12). Un ejemplo de esto, lo encontramos en lo que fue para el movimiento LGTTB la aparición pública de los activistas Fernando Frontán y Diana Mines en el programa televisivo El reloj en Canal 10 conducido por Angel María Luna en 1997. “Durante las casi dos hora que duró el programa ambos activistas robaron por lejos las cámaras y desplegaron toda una batería de denuncias sobre la situación de la población LGTTB en el país: temas como la imposibilidad de ocupar el espacio público, las burlas, la violencia, la culpa, el miedo, los problemas de autoestima, la falta de libertad y la presión social, la imposición de la heterosexualidad como única alternativa legítima, los suicidios entre adolescentes LGTTB, fueron en sus sucesivas intervenciones desgranados apelando a términos sencillos y clarificadores.” (Sempol, 2013:161)
La salida mediática de estos militantes le dio al movimiento el carácter de individuación que estaba necesitando para terminar de sacar al movimiento del armario, visibilizando sus necesidades específicas provocadas por la desigualdad social y colocándolas en clave de derechos negados. Esta acción junto a otras de carácter masivo (como fueron volanteadas en las principales avenidas de la capital) comenzaron a provocar la visibilización del movimiento y de que “algo estaba ocurriendo”, provocando así
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las condiciones de posibilidad para que se comenzara a gestar un “discurso sobre las necesidades” de los colectivos LGTTB, intentado legitimarlo desde diferentes ámbitos; uno de ellos fue la despatologización de las identidades sexuales disidentes, los cambios a nivel discursivo (se comienza a hablar de “orientación sexual” y no de “opción sexual”) y de la integración en términos de igualdad. Nancy Fraser
(1994)
considera
que
la
transformación
de
las
desigualdades en problemas públicos remite a la construcción de discursos en torno las necesidades. Propone un enfoque que busca desplazar el interés en las necesidades hacia los discursos sobre las necesidades que han abonado la política de interpretación de las necesidades en el contexto del capitalismo tardío. La construcción de legitimidad de las necesidades de los colectivos LGTTB ha puesto en juego diferentes modelos de incidencia a los efectos de que las mismas sean tenidas en cuenta y se vuelva sujeto de intervención estatal legítimamente. En otras palabras, transformar las necesidades en algo político o politizar la diferencia sexual. Fraser plantea que en las sociedades capitalistas masculinas, blancas y heterosexuales, lo “Político” está determinado por el contraste con lo que es “económico” y lo que es “doméstico” o “personal”. La institucionalidad forjada en torno a cada uno de los ámbitos mencionados ofrece marcos de interpretaciones a las necesidades que de las mismas surjan, despolitizando sus lecturas y encerrándolas en las trincheras de sus propias estructuras. Cuando dichas necesidades se transforman en demandas sociales se constituyen en “necesidades fugitivas” que se han escurrido de los “enclaves discursivos construidos” y dados por los espacios domésticos y económicos formales. Cuando estas necesidades se fugan, ingresan a la esfera de “lo social” donde “se traducen en demandas para la acción gubernamental” y pueden convertirse en objeto de intervenciones estatales o acciones de políticas públicas (Fraser, 1994).
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Durante toda la década de los 90, en los periodos de gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera (Partido Nacional y Julio María Sanguinetti (Partido Colorado), la estrategia estatal en relación a la población LGTTB estuvo caracterizada por “un abandono a su suerte”14 (Sempol, 2013) Visibilizar estas necesidades sacándolas del ámbito doméstico se volvió una de las banderas de los incipientes movimientos organizados LGTTB a fines de la década de los 90 estableciéndose así un modelo de movilización de acceso externo para colocar los temas que los afectaban tanto en la agenda pública como en
la institucional (Guzmán, 2001). Este modelo implica la
participación de colectivos de la sociedad con visibilidad pública que contribuyen a la construcción del problema a ser abordado. Guzman plantea que “el modelo de iniciativa externa da cuenta de los inicios del proceso que corresponde a la construcción de las desigualdades de género como problemas públicos por sujetos sociales- las mujeres- que se organizan y movilizan desde la sociedad civil como también engloba todas las iniciativas que sobre este tema surgen de la sociedad civil.” (2001:13) Por otra parte, las coyunturas extraordinarias constituyen ventanas de oportunidades para el ingreso a la agenda pública de determinados temas; se trata de momentos excepcionales que permiten el ingreso de nuevas problemáticas. La mayor parte de los avances legislativos en materia de diversidad sexual fueron posibles por coyunturas políticas extraordinarias, al tratarse de momentos caracterizados “por una mayor receptividad de los actores políticos y de las autoridades públicas a las demandas sociales, lo que permite a los actores sociales movilizados atraer la atención hacia sus propuestas” (Guzmán, 2001;20). “La visibilidad tuvo resultados inmediatos, generando la construcción de una agenda política que en forma lenta pero persistente fue consiguiendo 14
Sempol utiliza este término en consonancia con lo que Foucault definió como “rechazo hacia la muerte”, para hacer referencia a las estrategias de regulación que un Estado lleva adelante para garantizar la subsistencia de poblaciones que le interesa y abandonar negligentemente a aquellas personas que no forman parte de su interés, acercándolos y exponiéndolos a situaciones de indefensión y muerte (2013:154).
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operadores políticos partidarios que la motorizaron dentro del sistema político” (Sempol, 2013:157).
Será en el gobierno de Jorge Batlle (Partido Colorado) donde se comenzarán a dar las primeras conquistas en materia de derechos para los colectivos LGTTB, siendo este un periodo bisagra entre dos momentos bien diferentes en la relación Estado y los colectivos LGTTB (Sempol, 2013). Si bien en el periodo de Jorge Batlle se logran algunos avances en materia de derechos, será a partir del 2005 donde se comienzan a generar mayores condiciones de posibilidad para que la relación entre Estado y diversidad sexual se asiente en un marco de derechos basados en la igualdad y la no discriminación. Como podemos apreciar, la coyuntura extraordinaria dado por un escenario político favorable para la escucha de las necesidades LGTTB determinó que sus reclamos y demandas fueran tomadas en cuenta. Al mismo tiempo, contar con actores claves en lugares de definición política fue un factor decisivo.15 Estos aliados no solo juegan un importante rol en diferentes ámbitos políticos, sino que muchas veces se vuelven fundamentales en el quehacer cotidiana profesional, como lo que ocurrió con los servicios de salud a nivel de ASSE. Daniel Márquez, asistente del departamento de medicina familiar y comunitaria de facultad de medicina y adjunto de la presidencia de ASSE, relata la experiencia de la Unidad Docente Asistencia de la policlínica de Saint Bois en donde a iniciativa del propio equipo comienza a funcionar un servicio de atención en el horario nocturno, donde se detecta por vez primera la necesidad de atención de las personas trans.
15
A los/as aliados/as en el parlamento de los colectivos LGTTB se sumaron actores decisivos en cargos ejecutivos como fue el caso de Andrés Scagliola quien asumiera públicamente su orientación sexual homosexual en una entrevista realizada por Brecha (11/11/2011).
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“La creación de un turno nocturno fue creado hace un año y tres meses aproximadamente; no tiene que ver específicamente con la población trans, pero si tiene mucho que ver con la inclusión de la población trans a la consulta general, a partir de un estudio de investigación que hicimos en cooperación con Brasil con la universidad federal de Río Grande Do Sur vimos que teníamos carencias en la atención que tenia que ver, en base a los pilares para medir la calidad de la accesibilidad de la población a la atención tenía que ver con los horarios disponibles que teníamos las personas para poder consultar. Ese horario vimos que debía ser extendido a un horario nocturno para que toda la población pudiera acceder y creamos ese turno. En el contexto de ese turno fue que se dio la primer consulta de
una persona trans, ahí tuvimos una
reunión de equipo y dijimos bueno tenemos que tomar el guante y empezar a trabajar en conjunto para formarnos y empezar a generar la red de coordinación para poder atender a esta población” (exposición en mesa “Hacia una política de salud integral en diversidad sexual.19/5/2015)
En este marco es que comienzan a surgir alianzas estratégicas entre actores pertenecientes a la órbita estatal y la sociedad civil. De esa forma se gesta lo que se conocieron luego como Centros Libres de Homofobia en el marco de la RAP de ASSE. 5. Los atributos del problema…un problema. Siguiendo en las características que debe de tener un problema para que sea objeto de políticas públicas encontramos autores (Subirats, Knoepfe, Larrue y Varone – 2008 - ) que consideran que para que un problema público ingrese a la agenda de gobierno debe de reunir cuatro condiciones o atributos: gravedad de las consecuencias del problema a resolver (intensidad), la población afectada por el mismo (audiencia), la necesidad de resolver el problema de manera inmediata (urgencia) y el tiempo que el mismo forma parte de la agenda pública (novedad) (Del Tronco, 2011). Situándonos en lo que a consumo problemático de sustancias refiere, ¿reúnen estas características el consumo que puedan presentar los colectivos LGTTB?
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Para intentar responder a esta pregunta, se recurrió a aquellos servicios en salud que presentan cierta especificidad en la temática y aquellos que han llevado acciones para incorporar la perspectiva de diversidad sexual a sus prácticas. Los dos Centros libres de homofobia presentaron datos diferentes de acuerdo a las opiniones de los profesionales entrevistados; en el Centro de salud ubicado en Ciudad Vieja aparece una escasa concurrencia de personas LGBTT a las consultas de la persona informante; atendiendo a la antigüedad que lleva trabajando en el centro, a atendido a tres personas trans femeninas (desde agosto del año pasado hasta la fecha), de las cuales una dejó de asistir. Estas
personas
no
presentaron
consultas
específicas
por
consumo
problemático de sustancia ni indicios que ameritaran su derivación a centro específico alguno. En cuanto a las personas LGB no cuenta con registros de la cantidad que han consultado “ya que no es algo que se indague directamente”. No obstante ello, considera que no existen barreras específicas para la atención de las personas LGTTB y de acceso al servicio que se presta desde la institución. El Centro de Salud ubicado en Barros Blancos presenta una realidad diferente en tal sentido, ya que si bien el centro es un espacio de referencia para los colectivos LGTTB, no existe una demanda específica en materia de situaciones de consumo de drogas, ya que el contexto de vulnerabilidad socio-económica en el cual se inscribe presenta una alta tasa de personas con esa problemática independientemente su orientación sexual, lo que hace difícil identificar una relación entre consumo y orientación sexual 16. “Nosotros tenemos muchos consumidores problemáticos de sustancia, ahora yo jamás lo vinculé a la opción sexual; no me parece que sea ni prevalente ni mas ni menos, en los usuarios de los colectivos LGTTB no me llama el consumo problemático mas que en otros pacientes, no es llamativo. Se expresa como se expresa en la comunidad toda. El consumo en los colectivos trans tiene que ver mas con el entorno, y a las condiciones en las que viven, la prostitución, no me parece que tenga que ver con la condición de ser trans, 16
Las opiniones volcadas por las personas informantes calificadas reflejan simplemente la percepción que desde sus respectivos roles en los centros tienen; no implican datos contundentes de un funcionamiento global de dichos centros ni de la propuesta que en los mismos se lleva adelante.
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sino mas bien estar trabajando en la calle.” (profesional entrevistada/o del Centro de salud Barros Blancos, 3/7/2015)
Por su parte, el Centro de Referencia AMigable (CRAM) desde su puesta en marcha en setiembre de 2014 hasta la fecha ha tenido 26 consultas de personas LGTTBI, destacándose una mayor presencia en las consultas de poblaciones cisgéneros es decir, personas lesbo gay que buscan relacionarse con personas de su propio sexo. En dicho servicio las principales consultas que atienden son referidas a problemáticas que no tienen que ver directamente con consumos problemáticos de sustancias. “Los colectivos gays y Lesbos consultan mas por motivos románticos, asuntos del amor, pareja y dificultades de realización afectiva, crisis vitales y proyectos de vida y los colectivos trans consultan mas por depresión y sentimientos de soledad, baja autoestima y reconocimiento de, procesos de desafiliación y vulnerabilidad social. En vulnerabilidad social nosotros incluimos el consumo problemático de sustancia. Tenemos trans que han salido del consumo, y Salen del consumo en la medida en que van fortaleciendo los procesos de construcción de su identidad de género, entonces empiezan a salir de zonas psíquicas y sociales que los exponen menos y entonces necesitan menos de las drogas. Tuvimos un solo caso de consumo muy grave con situación de riesgo para sí y para la sociedad, varón gay bisexual, estaba en tránsitos, los tránsitos habían sido parte de su forma de vida, que tenía permanentemente conductas de riesgo en cuanto a drogas y en cuanto a riesgo de contagio de its y lo derivamos inmediatamente al portal ciudadela.” (informante calificado de dicho servicio, entrevista realizada 25/5/2015).
A
diferencia
de
los
datos
que
las
investigaciones
regionales
internacionales arrojan, las personas LGB que han consultado en el CRAM no hay presentado problemas vinculados al consumo de drogas; cuando aparecen han sido relacionado a momentos específicos de sus vidas, como puede ser el afrontar la salida del armario ante sus familias y amigos, o la separación de una pareja, pero no se ha tratado de una situación que se instalara. “De las 26 consultas realizadas en el CRAM, la prevalencia de consumo en población LGB cisgénero es bajísimo, se tuvo un solo caso en un total de 8, 9, es muy bajo. En población trans e intersex es muy alto, muy alto. Quizás no en
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este momento pero si lo pienso desde la historia de vida es, estoy pensando en números, por lo menos en un 90% seguro, hoy solo una tiene consumo problemático y además está en calle, está en situación de alto riesgo. Consumos esporádicos si, a lo largo de la vida, y vinculado a drogas blandas, alcohol y marihuana, no hemos relevado tabaco estaba pensando ahora, en población trans hay un muy alto consumo de alcohol, cocaína, pasta base, me imagino marihuana también, el poli consumo es lo mas presente en poblaciones trans, en poblaciones cisgénero no, puede haber un policonsumo ocasional pero no aparece como una cosa problemática y el alcohol como una cuestión puntual.” (informante calificada/o de CRAM, 25/5/2015)
Encontramos así que en estos casos no se corrobora directamente una relación entre población LGB y consumo problemático de sustancias directamente en el momento actual. Cabe dejar abierta la interrogante si estos casos que mencionados en relación a consumos esporádicos no pueden ser considerados como un consumo abusivo que no por ser puntuales o no haberse cronificado, no dejan de ser problemáticos, para lo cual se requeriría una evaluación in situ de la situación en el momento que ocurre para poder descartarla. El dato que arroja es la recurrencia al consumo de algún tipo de sustancia para el afrontamiento de alguna situación donde la orientación sexual de la persona resultaba problemática para sí o para el entorno. En los servicios especializados entrevistados que atienden situaciones de consumo de drogas problemáticos, la realidad que aparece no es diferente, a lo que se le agregan otros factores que complejizan aún más la detección de la relación orientación sexual y consumo y las intervenciones posibles a desarrollar. Consultadas acerca de la población LGTTB que recepcionan en el servicio Ciudadela, los colectivos visualizados con claridad son las personas trans, quienes han asistido en un muy bajo número; se hace referencia a dicha población como “travestis” y en términos masculinos; dicha nominación hace referencia a “un hombre que se viste de mujer y usa un nombre de mujer”; en reiteradas oportunidades se aclara que han sido pocos los que han recibido atención en dicho dispositivo y que la principal tensión que ha generado las consultas presentadas han sido en el hipotético caso de tener que ser derivado
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a un centro de internación, a cuál sería derivado teniendo en cuenta su identidad; la alternativa que se plantea a tal tensión es poder hablarlo con el usuario y realizarle la consulta en dónde se sentiría mas cómodo; al momento de ser derivado a un centro para la realización de un tratamiento ambulatorio no se presentaría problema ya que los mismos son mixtos; la forma de registrar a la población por la que se opta a la hora de completar formularios institucionales son identificar el nombre de varón que figura en la cédula de identidad del usuario y entre paréntesis poner el nombre femenino que usa. En el procedimiento establecido actualmente no se encuentra contemplada la incorporación de la orientación sexual de las personas que se acercan o son derivadas al dispositivo como dato a considerar; ni en los formularios protocolizados ni en las entrevistas, quedando sujeto a que la misma aparezca de forma espontánea en el encuentro con la persona. La orientación sexual es un dato que se deduce, se presupone o no se toma en cuenta por parte de los técnicos. En el caso que se deduzca, se toma en cuenta la performatividad (Butler, 1990, y otros años) identitaria de la persona, y al no consultarse directamente
adquiere
su
carácter
de
presunción,
al
igual
que
su
heterosexualidad. Al consultar directamente sobre la necesidad de incorporar la categoría al trabajo técnico no aparece un claro convencimiento siendo algo a tener que evaluar. En cuanto a las barreras que las personas LGTTB puedan tener, no se perciben. Esta tendencia que va surgiendo que confirman barreras existentes en la accesibilidad a los servicios por parte de la población trans así como una gran invisibilidad de las personas LGB también se detecta en otros servicios especializados de tercer nivel como es el Centro Portal Amarillo. “trabajo en un centro de rehabilitación, y yo decía alguna barrera debe de haber porque yo hace cinco años que estoy y nunca tuve una persona trans en el centro, y es el centro nacional de referencia y no hay personas trans asistiéndose, de rehabilitación de consumo problemático de sustancia, orientado a personas jóvenes menores de 42 años y nunca tuve personas trans internadas en el residencial pero además sé que no hay en los centros diurnos. Lo hablaba incluso con el director, alguna barrera hay le decía porqué sino por qué no llegó ninguna persona trans al centro? Qué pasa que no llegan? Porque
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consumo sé que hay, sabés que es un problema en sus vidas…hemos tenido algunas mujeres trans, varones no, como acompañantes de algunos varones que hemos tenido, pero poquitas, sí en ese lugar de acompañar a esa persona que está haciendo ese proceso; me pasó en el público y en el privado, y si en el sistema privado tuve una mujer y un varón en el último año atendiéndose, es muy loco, en los dos casos habían un consumo problemático y en ninguno de los dos casos era el motivo de ingreso ni el tema que se estaba tratando y era un consumo problemático porque estaba afectando la vida de esas dos personas; no lo tendría que diagnosticar yo; existe, está mencionado pero no era el motivo de ingreso y no fue abordado…no de una forma sistemática, porque a veces si la persona no lo reconoce como problema no se puede hacer mucho.” (Entrevista a enfermera del Portal Amarillo, 8/6/2015)
Podríamos pensar que la invisibilidad de las personas LGB se vincula más que nada con una falta de integración de la perspectiva de orientación sexual en las consultas por parte de los técnicos, que a la ausencia o inaccesibilidad de estos colectivos a los servicios; lo que descarta, en principio, que no se trate de una problemática que los afecta con mayor prevalencia que a la población en general, como lo definen los estudios regionales e internacionales. Debemos de recordar que la Guía del MSP sobre atención en diversidad sexual considera en sus recomendaciones al personal de la salud que se debe “Comprender que la orientación sexual es importante para proveer una atención culturalmente competente a hombres gays, personas trans, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres lesbianas y personas bisexuales.” (2009: 29). Esta dificultad de incorporar la categoría de orientación sexual parece responder mas a una barrera de los propios profesionales que a las propias personas disidentes sexuales. “Mujeres lesbianas y varones gay he tenido en los centros de atención mucho mas seguido y en general las personas que he tenido los usuarios que han pasado por el centro se han visibilizado, aunque sea a la interna del equipo y no han sido demasiados, y sobre todo han sido mujeres con algún consumo problemático de sustancia, que en general era alcohol o cocaína o pasta base
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de cocaína… Es muy difícil que no salga (la orientación sexual) en un mes de internación que la persona está en el residencial. Pero en general no se pregunta.” (Entrevista a enfermera del Portal Amarillo, 8/6/2015).
La presencia de este obstáculo para incorporar la perspectiva orientación sexual en el quehacer profesional del personal de salud tiene diferentes dimensiones, que van desde cómo indagar las prácticas sexuales de la persona que consulta, a las formas de registro de la identidad de género de la propia persona cuando se trata de población trans. Atendiendo a estas dificultades, desde el CRAM se gestionaron coordinaciones con las autoridades del Portal Amarillo para los casos de población trans que es la que aparece como mas afectada por la problemática del consumo de drogas, planteándose que tengan o no el cambio registral realizado, tienen que ser llamados por el nombre elegido. Este ha sido uno de los puntos sobre los que mas hincapié se ha realizado por parte de las organizaciones de la diversidad sexual. En tal sentido Florencia Forrisi manifestaba que “El enfoque de diversidad sexual tiene que estar presente en los sistemas de registros de los sistemas de salud, para facilitar cosas como por ejemplo la inclusión en la historia clínica de aspectos como la orientación sexual, la identidad de género, para además después facilitar el acceso a cosas como la historia clínica. La consulta primera de todas las personas que trabajan en los archivos de salud es “si yo le pongo el nombre elegido de esta persona es ilegal, voy a estar cometiendo un ilícito, es un problema”. En realidad justamente mejorar los sistemas de registros y entender que poner el nombre elegido de la persona en un adendum o en una forma que no violente a la persona cuando se la llama en la consulta va a facilitar y mejorar el acceso a la salud” (08/06/15)
Esto ha tenido sus frutos a modo de ejemplo en el caso del equipo de salud del Centro de Salud ubicado en Barros Blancos. La incorporación de la perspectiva de diversidad sexual en sus registros llevó a modificar herramientas gráficas con las que ya cuentan, como es el familiograma.
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“En el familiograma lo que hemos discutido muchas veces y para nosotros era interesa, viste que el género es un cuadradito o un redondelito, cómo registrar cuando eso no es así… en nuestro centro la representación gráfica atiende a la identidad de género y no al género biológico… si es una trans femenina hacemos un círculito con una t adentro porque ponemos el género con el cual se identifica la paciente, el circulito es que es femenino, y una t para identificar que es trans, si hay que hacer alguna otra salvedad se hace abajo en la historia…para la interna fue interesante porque se nos planteo el problema de cómo ver al otro, Nos resultaron chicos los círculos y los cuadrados necesitábamos mas cosas para representar al otro, fue muy interesante el poder representar al otro tal como es, como se siente.” (profesional del Centro de salud Barros Blancos, 3/7/2015)
El dilema que se abre a la hora del registro en los casos de personas trans y el subregistro que presentan las personas LGB es un aspecto problemático a tener en cuenta; sobre todo atendiendo a que los registros pueden ofrecer insumos valiosos al momento de determinar las necesidades de determinadas poblaciones afectadas por desigualdades de género, raza u orientación sexual e identidad de género como en este caso; insumos estos que son orientadores para el diseño y formulación de políticas públicas, ya que el registro de las demandas recibidas nos podrá dar cuenta de la prevalencia de determinado problema en los colectivos que reciben atención, es decir, la audiencia del problema. Encontramos así una invisibilización de los colectivos LGB en los servicios consultados por motivos que pueden responder a que no consulten o que lo hagan pero pasan desapercibidos al no incorporar por parte de los equipos técnicos la variable orientación sexual. Por otra parte, tenemos una asistencia menguada de la población trans en la mayor parte de los servicios que no cuentan con una especificidad en la atención como si lo cuenta el CRAM, y están dirigidos a la población en general, lo que podemos hipotetizar, prácticamente a ciencia cierta, que ocurre por las diferentes barreras que los servicios en salud presentan para los colectivos transgénero, transexual y travestis. Si nos guiamos por los testimonios recogidos no encontramos que el problema indagado no presenta una audiencia que justifique la implementación de acciones específicas para su resolución; no obstante, debemos de
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interrogarnos si esta invisibilización de los colectivos de la diversidad sexual es la que está determinando dicha ausencia. La invisibilización de los colectivos de la diversidad sexual conlleva necesariamente a la invisibilización de las problemáticas que las afectan; ahora, ¿cómo establecer visibilidad sobre las mismas sin caer en visiones estereotipadas y estigmatizantes de los colectivos afectados? Esta es una disyuntiva común tanto a los colectivos LGTTB como a los usuarios problemáticos de drogas. “La opresión entendida como “invisibilización” se traduce en un rechazo de la existencia legítima y pública, es decir, conocida y reconocida, especialmente por el derecho, y en una estigmatización que sólo aparece tan claramente cuando el movimiento reivindica la visibilidad” (Bourdieu, 2000: 144).
Este punto forma parte de la paradoja del reconocimiento que la lucha social de los colectivos sexuales subalternos deben asumir; hacerse cargo del estigma social para llevar adelante la lucha de transformación de las propias bases culturales y sociales que lo provocan. La pregunta que formula Pierre Bourdieu acerca de “¿cómo en términos mas realistas, es decir, mas políticos, evitar que las conquistas del movimiento no acaben en una forma de guetización?” (2000: 148) cobra gran relevancia tanto a la hora de reflexionar acerca de las estrategias político militantes a seguir, como en materia de políticas públicas a diseñar y formular. En esta última materia, conecta directamente con la discusión existente acerca del tipo de políticas a seguir, tomando en cuenta un criterio particularista o universalista, así como el dilema entre las necesidades prácticas a resolver versus decisiones estratégicas. Este dilema que para los movimientos feministas ha derivado en diferentes tendencias (igualitaristas y diferencialistas; autónomas y femócratas) y constituye parte importante en el desarrollo histórico de las luchas que han enfrentado, forma parte del proceso de consolidación del movimiento LGTTB en nuestro país.
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Diego Sempol lo planea en estos términos, “esta contracción discursiva, se dio de la mano de un cambio estratégico: el surgimiento de un discurso de derechos, que reclamaba ya no la abolición del sistema sino la integración a este en condiciones de igualdad” (2013:165) Estos posicionamientos ante la desigualdad y la subordinación tiene su correlato en las estrategias de lucha a seguir, y se concretizan en el diseño específico de políticas públicas, plasmándose en las dos experiencias dirigidas a dichos colectivos en materia de salud que se vienen desarrollando en el país, el CRAM y los Centros de Salud Libres de Homofobia. En este sentido encontramos diferentes opiniones al respecto. Para el movimiento social Ovejas Negras, la tendencia es transversalizar la perspectiva en las estructuras de atención existentes. Si bien el consumo problemático de sustancias no forma parte de una prioridad para dicho colectivo, si lo es el acceso de salud mental para la población LGTTB dentro del cual si puede llegar a ser una problemática a atender. Esto se vincula directamente con otra de las características mencionadas de los problemas objetos de políticas públicas, y que tiene que ver con la gravedad de las consecuencias que el problema conlleva para la población afectada (intensidad); tomando en cuenta este aspecto, el consumo de sustancias en colectivos LGTTB no ha sido un punto de reflexión para el movimiento organizado; no obstante ello, es incorporado en una problemática mas general que si presenta una intensidad importante, y que tiene que ver con el acceso a la salud mental. “La línea de trabajo para el colectivo siempre es capacitar a todo el sistema y llegar a todo el sistema, el tema es que el sistema de salud mental, el tema de consumo de sustancias que tiene mucho que ver con cómo se aborda el tema de salud mental, tiene un montón de barreras que a nivel de atención primaria no lo tenemos, porque son de otro nivel, no tenemos médicos de familia que son nuestros aliados, porque se toma como una cosa absolutamente aparte, para nosotros la línea es transversalizar…ahora, no sé si no habría que hacer algo intermedio en la medida en que sabemos que esto está muy lejos, está lejos porque está lejos de incluir el sistema de salud mental en todo el sistema, porque las personas con problemas en consumo problemático de sustancia se atienden en lugares separados, mientras siga estando absolutamente
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fragmentado el abordaje de salud mental y en particular del consumo de sustancias del resto del sistema de salud. La principal barrera que tenemos no está vinculada ni siquiera a la diversidad sexual, está vinculado al divorcio que hay entre el sistema de salud y el sistema de salud mental. Hay centros de salud en donde para ir a salud mental entras por otra puerta, es hasta otro empleador.” (Florencia Forrisi, integrante del colectivo Ovejas Negras 8/6/2015)
Gabriela Olivera, integrante de la Secretaría de Género de la Junta Nacional de Drogas se manifestó en la misma línea, considerando que se debe de apuntar “a la integración y no que se trabaje para centros específicos”, reconociendo la necesidad existente que tiene la población LGTTB, en particular los colectivos trans de tener una atención en salud integral. Otra postura diferente es la que se recoge en opinión de la profesional integrante del equipo del CRAM: “Las acciones nominativas si no van acompañadas de acciones prácticas específicas no funcionan; está bien, hay que nominar, centro libre de homofobia, pero qué implica, capacitar, si, pero el tema de la capacitación es que apunta a nivel racional únicamente, ahora después pasa esto que te digo, “todos tenemos derecho, y ellos también”…capacitación de la mano de una sensibilización, no sirve de nada la sensibilización…no puede anclar los conocimientos en un terreno no arado, no germina la semilla; con una capacitación de 30 horas no se despoja uno de los prejuicios, es una utopía que con 30 horas se logra. Entonces creo que tiene que haber una capacitación permanente.” ( 25/5/2015)
No obstante, la incorporación de la diversidad sexual como paradigma de intervención a los servicios existentes no parece ser una quimera. Los esfuerzos que algunos equipos de salud en conjunto con la sociedad civil vienen desarrollando para sostener experiencias libres de homofobia parecen dar algunos frutos, que se rescatan a través de expresiones que reflejan resultados en el Centro de Salud San Salvador ubicado en Barros Blancos. “nosotros no tenemos consultas separadas, específicas…la consulta es toda una, y eso a nosotros nos ha funcionado muy bien, jamás hemos tenido un problema en sala de espera, jamás nadie se ha sentido mal, ni un usuario ni nosotros; y creemos que es por el trabajo que hicimos previamente de
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sensibilización y eso, y también hemos logrado tener a la mano, no invisibilizar y tener las herramientas necesarias a la mano para atender las consultas específicas, sin tener que hacer una consulta aparte” (03/07/2015)
Tal vez plantear estas estratégicas como opciones dilemáticas no sea la alternativa ni la discusión a dar; adentrarnos en ello sería desviarnos de los objetivos de las luchas que deriven en igualdades de oportunidades y espacios libres de discriminación-estigmatización-violencia. Tal vez la estrategia sea no solo la de integrar la perspectiva de la diversidad sexual a las políticas públicas de salud integral, salud mental en particular, y de Drogas específicamente, sino la de diversificar las propuestas de atención desde el punto de vista paradigmático, a los efectos de que todas las personas que se sienten parte de los colectivos LGTTB tengan un espacio donde acudir siempre y cuando lo necesiten. 6. En el lugar de las conclusiones…solo queda la lucha y seguir pensando. El análisis de las políticas públicas dirigidas a los colectivos LGTTB pone en evidencia el vínculo entre Estado y disidencia sexual, la incidencia de los movimientos organizados de los colectivos LGTTB en la construcción de agendas políticas y los discursos existentes sobre la sexualidad y la ciudadanía y cómo estas se retroalimentan. En la tematización y problematización que se ha realizado sobre los colectivos de la diversidad sexual predominan aquellos aspectos vinculados al diagnóstico, detección y tratamiento de ITS, en particular VIH/SIDA17. Las investigaciones documentadas tanto nacionales como regionales cuando se encuentra referencias al tema drogas y colectivos de la diversidad sexual, se encuentran mediatizados por la incidencia de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, es decir, como factores asociados pero no 17
La Guía elaborada por el MSP sobre Diversidad sexual en 2009 parece ser un ejemplo de ello, en la cual no se integran otras consideraciones en materia de Salud y Diversidad Sexual que no esté vinculada a la atención y orientación en infecciones de transmisión sexual. En tal sentido, en dicho documento no existe referencia alguna al consumo problemático de sustancias y su posible abordaje en dichos colectivos
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específicos que puedan dar cuenta de las condiciones de audiencia, novedad, intensidad y urgencia de la problemática. Esto tiene implicancias prácticas y simbólicas a nivel sanitario y de atención; en primer lugar configura un marco conceptual basado en identidades de riesgo y no prácticas riesgosas, al asociar los colectivos LGTTB a poblaciones de riesgo de contraer y transmitir infecciones sexuales y VIH/SIDA; fue muy larga y dura la lucha que los colectivos LGTTB a nivel internacional llevaron adelante para que esa asociación no se convirtiera en una marca identitaria que se transformara en un nuevo estigma social; desandar la idea del “cáncer rosa” llevó muchos años y aun persisten sus consecuencias tanto en la representación social como en la construcción identitaria de los sujetos LGTTB (los recientes informes sobre prevalencia de VIH/SIDA en HSH y varones gays realizados por el MSP dan cuenta de este sesgo ideológico). No obstante, en la región se están comenzando a dar tímidos pasos en la producción de conocimiento acerca de la alta prevalencia de consumo problemático de sustancia en los colectivos LGTTB a diferencia de la población en general. ¿Cómo entender entonces la escasa demanda de atención y/o detección de situaciones de consumo problemático de sustancias en colectivos LGTTB en los servicios entrevistados en nuestro país? La escasa demanda puede estar mas relacionado con la percepción que las propias personas tengan acerca de la no existencia de dispositivos de atención que puedan contemplar y ser sensibles a las necesidades particulares que presentan como colectivos. Esto no pretende ser una idea concluyente sino tentativa y orientadora para futuras indagaciones que pongan el acento en la percepción de las propias personas que se autoidentifican con dichos colectivos. Esto determina en gran medida la audiencia y la intensidad del problema a atender, ya que ni una ni otra aparecen caracterizando el problema, lo que incide en que no aparezca como un tema urgente; la novedad del mismo solo podrá determinarse en la medida en que se produzca conocimiento al respecto que aporte visibilidad a la temática.
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Pareciera ser que la ausencia de visibilización de esta problemática en colectivos LGTTB nos remite nuevamente a una constante condena a habitar los no-lugares en términos de Marc Augé, es decir, aquellos espacios transitorios que si bien tienen un carácter público, son inhabitables e intransitables para el sujeto excluido. A través de las políticas públicas un Estado “cuida” a las poblaciones que habitan en su territorio, se determinan quienes pueden ejercer plenamente su ciudadanía
en
tanto
ejercicio
pleno
de
derechos
y
quienes
están
condenados/as a vivir su ciudadanía de manera privada, al margen y en silencio. Las políticas públicas presentan una dimensión latente que va mas allá de las acciones visibles que encierran, y ponen en juego el vínculo que el Estado establece con las poblaciones que son beneficiarias de ellas; en tal sentido, podemos pensar que lo que ocurre en materia de consumo problemático de sustancias en los colectivos LGTTB no es mas que una manifestación del vínculo que el Estado ha tenido con la disidencia sexual, es decir, una historia caracterizada por la tolerancia opresiva, abandonos, silencios y selectivos olvidos. Si para las personas usuarias su orientación sexual se encuentra en el armario aun, la pregunta por la misma y su relación con el problema de consumo de sustancia que lo lleva al servicio también lo está para los/as técnicos/as que lo recepcionan. El nivel de daño individual y colectivo que provoca el consumo de una sustancia debe de ser el eje orientador para el diseño de una política pública en la materia (Lapetina, año?) Desarrollar investigación no solo cuantitativa sobre los patrones de consumo de los colectivos LGTTB sino a nivel cualitativo que permita entre otras cosas determinar los sentidos atribuidos y asociados al consumo resulta una recomendación que se sustenta fácilmente en la medida en que haya voluntad política. El cambio de patrones de consumo en una determinada población a nivel longitudinal solo puede evidenciarse en este caso a nivel especulativo; las
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referencias que aparecen tienen que ver con un nivel hipotético a partir de la información proporcionada por representante del CRAM quien manifiesta que en colectivos LGB el consumo de drogas y alcohol que los usuarios han relatado ha sido en determinado momento de sus vidas; ¿responde este consumo a una situación particular vinculada a la estigmatización y discriminación sufrida por su orientación sexual? Es una pregunta que queda pendiente para futuras investigaciones. La formación y sensibilización de los equipos técnicos y administrativos de salud en todos sus niveles forman parte de la estrategia a seguir, ya sean desde centros específicos como desde una perspectiva transversal; siguiendo las recomendaciones que se realizan desde el propio Ministerio de Salud Pública, la orientación sexual y la identidad de género son condicionantes de la salud de las personas; su no incorporación a las practicas sanitarias no responde a otra cosa que a la desinformación, al prejuicio y a la homolesbotransfobia en la que estamos subjetivados. Por último, a diferencia de otros problemas a atender por parte de las políticas públicas, los que conciernen a los colectivos LGTBB encierran el peligro de la estigmatización y la sospecha; siendo la audiencia un factor a tener en cuenta a la hora de definir el diseño y la formulación de una política pública, determinarla en este caso conlleva en sí mismo una antinomia de la cual el propio colectivo deberá hacerse cargo. En el caso de la epidemia del VIH/SIDA esto queda mejor representado; la necesidad de establecer políticas sanitarias de atención que contemplara a los colectivos LGTTB necesariamente conllevó a transitar por un camino donde hacerse cargo del estigma social formó parte de la estrategia, para posteriormente reclamar las medidas de atención necesarias lo que implica asumir una identidad que permita acceder al derecho para luego intentar volverse agentes ciudadanos visibles invisibles (Bourdieu, 2000). Tal vez en este momento, estas sean los devenires por los que el movimiento deba de transitar y que por su propia historia no resultan novedosos, solo que esta vez ya cuentan con herramientas para enfrentar los
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problemas nuevos y las resistencias que el modelo hegemónico presenta en incorporar la diversidad sexual en toda su dimensión.
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