Divergencias: trayectorias del neoliberalismo en Argentina y Chile

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TOMÁS UNDURRAGA

DIVERGENCIAS TRAYECTORIAS DEL NEOLIBERALISMO EN ARGENTINA Y CHILE

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Undurraga, Tomás / Divergencias: trayectorias del neoliberalismo en Argentina y Chile Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales, 2014, 1ª edición, p. 364, 17x21cm. Dewey:

338.983

Cutter:

Un27

Colección:

Estudios sociales de la empresa y los mercados.

Incluye:

Bibliografía, anexos y abreviaturas.

Materias:

Neoliberalismo. América Latina. Concentración económica. Economía internacional. Política económica. Chile. Capitalismo. Aspectos sociales. Economía, Historia. Siglo 20.

ISBN:

978-956-314-303-4

DIVERGENCIAS Tomás Undurraga © Tomás Undurraga, 2014 © Ediciones Universidad Diego Portales, 2014 Primera edición: noviembre de 2014 Inscripción en el Registro de Propiedad Intelectual N° 247.210 ISBN: 978-956-314-303-4 Universidad Diego Portales Dirección de Publicaciones Av. Manuel Rodríguez Sur 415 Teléfono: (56 2) 2676 2136 Santiago – Chile www.ediciones.udp.cl Edición: Rafael López Diseño: Felicidad Impreso en Chile por Salesianos Impresores

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ÍNDICE

LISTA DE TABLAS

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ABREVIACIONES

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INTRODUCCIÓN

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PARTE I: TEORÍAS Y CONTEXTOS HISTÓRICOS

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CAPÍTULO 1 ¿Cómo estudiar los capitalismos contemporáneos? ....................................................................................... 25 CAPÍTULO 2 Espíritus del capitalismo .................................................... 37 CAPÍTULO 3 Variedades de capitalismos ................................................ 61 PARTE II: NEOLIBERALISMOS EN ARGENTINA Y CHILE: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS 67

CAPÍTULO 4 El ascenso del neoliberalismo ........................................... 69 CAPÍTULO 5 Experiencias del neoliberalismo ...................................... 93 CAPÍTULO 6 Reacciones al neoliberalismo ............................................ 105 PARTE III: CAPITALISMOS EN ARGENTINA Y CHILE

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CAPÍTULO 7 Instituciones para el capitalismo ..................................... 121 CAPÍTULO 8 Culturas políticas y movilización social .......................... 139

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PARTE IV: EMPRESAS, EMPRESARIOS Y RELACIONES LABORALES

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CAPÍTULO 9 Grupos económicos ............................................................. 167 CAPÍTULO 10 Elites económicas y políticas empresariales ............... 181 CAPÍTULO 11 Poder simbólico .................................................................. 197 CAPÍTULO 12 Empleo y relaciones laborales ......................................... 213 PARTE V: CULTURAS DE CAPITALISMOS

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CAPÍTULO 13 Discursos y justificaciones ............................................... 241 CAPÍTULO 14 La ofensiva ideológica del 253 nuevo capitalismo chileno ..................................................................... CAPÍTULO 15 La batalla por las ideas sobre el capitalismo argentino ............................................................................. 269 CONCLUSIONES: VIEJOS Y NUEVOS ESPÍRITUS DEL CAPITALISMO

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Agradecimientos ...................................................................................... 300 Bibliografía ................................................................................................ 302

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ANEXOS

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ANEXO 1 Lista de profesionales entrevistados ANEXO 2 Indicadores socio-económicos ANEXO 3 Principales grupos económicos en Argentina en 2010 ANEXO 4 Principales grupos económicos en Chile en 2010

LISTA DE TABLAS

TABLA 1

Indicadores de Gobernanza Mundial. Datos comparativos entre 1995-2007 .................................. 128

TABLA 2

Características de las políticas públicas en Argentina y Chile ................................................................. 130

TABLA 3

Gremios empresariales según año de fundación ............ 189

TABLA 4

Características de las clases empresariales (2000-2010)................................................................................. 203

TABLA 5

Indicadores laborales en Argentina y Chile ...................... 217

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ABREVIACIONES ABRA ABIRA ABIF ACIEL ADE ADEBA ADEPA AEA AFJP AFP APEGE AUGE BID CASEN CAI CAC CACIP CADAL CCHC CEA CED CEDES CEJA CEMA CEP CFK CGE CGI CIEPLAN CIPER CMNs CNC CODELCO CONICET CONICYT CONINAGRO CORFO CPC CRA CUT DINA CEPAL EMCs EMLs ENADE

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Asociación de Bancos de la República Argentina Asociación de Bancos del Interior, Argentina Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, Argentina Acción Coordinadora de las Instituciones Empresariales Libres, Argentina Asociación de Dirigentes de Empresas, Argentina Asociación de Bancos Argentinos Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas Asociación de Empresarios Argentinos Administradoras de Fondos Jubilaciones y Pensiones, Argentina Administradoras de Fondos de Pensiones, Chile Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias, Argentina Plan de Acceso Universal de Garantías Explícitas, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile Banco Interamericano de Desarrollo Encuesta de Caracterización Socio-económica, Chile Consejo Argentino de la Industria Cámara Argentina de Comercio Confederación Argentina del Comercio, Industria y Producción Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina Cámara Chilena de la Construcción Consejo Empresario Argentino Centro de Estudios del Desarrollo, Chile Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Argentina Centro de Estudios de Justicia de las Américas Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina Centro de Estudios Públicos, Chile Cristina Fernández de Kirchner Confederación General Económica, Argentina Confederación General de la Industria, Argentina Corporación de Estudios para Latinoamérica, Chile Centro de Investigaciones Periodísticas, Chile Corporaciones multinacionales Cámara Nacional de Comercio, Chile Corporación Nacional del Cobre, Chile Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Chile Confederación Inter-cooperativa Agropecuaria Limitada, Argentina Corporación de Fomento de la Producción, Chile Confederación de la Producción y el Comercio, Chile Confederaciones Rurales Argentinas Central Unitaria de Trabajadores, Chile Dirección de Inteligencia Nacional, Chile Comisión Económica para el Desarrollo de América Latina y el Caribe Economías de mercados coordinados Economías de mercados liberales Encuentro Nacional de la Empresa Privada, Chile

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ENCLA ENDEAVOUR FAA FADE FEDEBACOOP FIEL FLACSO FM FMI FONASA EMJ ICARE IDES ILADES INDEC INE I&D IPA ISAPRES ISI ELM LyD MAPU MERCOSUR MIDEPLAN MIR OECD OIT PIB PGB PNUD PUC RN RSE SNA SOCMA SOFOFA SONAMI SRA SUR TEL UBA UDI UIA UP VdC YPF

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Encuesta Nacional Laboral, Dirección del Trabajo, Chile Institución promotora del emprendimiento, Argentina y Chile Federación Agraria Argentina Fundación para el Desarrollo con Equidad, Argentina Federación de Bancos Cooperativos, Argentina Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Fundación Mediterránea, Argentina Fondo Monetario Internacional Fondo Nacional de Salud, Chile Economías de Mercados Jerárquicos Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas Instituto de Desarrollo Económico y Social, Argentina Instituto Latinoamericano de Doctrina y Estudios Sociales, Chile Instituto Nacional de Estadística y Censos, Argentina Instituto Nacional de Estadísticas, Chile Investigación y desarrollo Instituto Programático de la Alianza, Argentina Instituciones de Salud Previsional, Chile Industrialización por sustitución de importaciones Economía liberal de mercado Instituto Libertad y Desarrollo, Chile Movimiento de Acción Popular Unitaria, Chile Mercado Común del Sur Ministerio de Planificación y Cooperación, Chile Movimiento de Izquierda Revolucionaria, Chile Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico Organización Internacional del Trabajo, Naciones Unidas Producto interno bruto Producto geográfico bruto Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Pontificia Universidad Católica de Chile Renovación Nacional, Chile Responsabilidad social empresarial Sociedad Nacional de Agricultura, Chile Sociedad Macri, Argentina Sociedad de Fomento Fabril, Chile Sociedad Nacional de Minería, Chile Sociedad Rural Argentina Corporación de Estudios Sociales y Educación SUR, Chile Taller de Estudios Laborales, Argentina Universidad de Buenos Aires, Argentina Unión Demócrata Independiente, Chile Unión Industrial Argentina Unidad Popular, Chile Variedades de capitalismos Yacimientos Petrolíferos Federales, Argentina

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INTRODUCCIÓN

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ste libro trata sobre los capitalismos en Argentina y Chile, los diferentes espíritus que los animan y las formas en que ellos han sido pensados y experimentados en ambos países durante los últimos cuarenta años. Las reflexiones y controversias sobre el capitalismo son tan antiguas como él mismo, pero últimamente han tomado un inusitado vigor (Sainsbury 2013; Krugman 2012; Piketty 2014). Desde la crisis financiera internacional de 2008, que se originó en los centros financieros globales y se propagó a través del mundo, las reacciones sociales contra los mercados se han multiplicado. Wall Street y la City de Londres han sido acusadas por sus propios ciudadanos de sumergir al mundo en una crisis con el fin de perpetuar apuestas especulativas de alto riesgo. Europa está empantanada en una crisis de bajo crecimiento y alto desempleo incitada por sus propias medidas de austeridad. La zona Euro lucha por encontrar la voluntad política necesaria para defender su moneda de la presión de los mercados financieros y de las agencias calificadoras de riesgo. Los movimientos sociales en contra de las desigualdades de los mercados y de las políticas de austeridad han crecido en el norte y en el sur, desde Latinoamérica a los países árabes, desde Europa a Estados Unidos. Latinoamérica también fue golpeada por la crisis. Sin embargo, la región se ha recuperado más rápido de lo previsto, en parte gracias a un manejo fiscal prudente, y debido a la creciente demanda de China por sus commodities. Durante los cinco años que tomó esta investigación (2008-2012) Argentina y Chile vivieron enérgicos movimientos sociales y elecciones políticas importantes, en las que sus modelos de desarrollo fueron dis-

INTRODUCCIÓN

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cutidos. Ambos países fueron testigos de conflictos ascendentes entre los intereses corporativos, del Estado y de la ciudadanía, tales como la disputa entre el gobierno argentino y los exportadores agrarios de soja, o las controversias que generó la empresa Hidroaysén con su proyecto para construir centrales hidroeléctricas en la Patagonia chilena. En 2010 estos países parecían acentuar el compromiso con las visiones político-económicas del momento. Mientras que el modelo nacional-popular impulsado por los Kirchner en Argentina era reforzado con la reelección de la presidenta Cristina Kirchner en 2011, el capitalismo proempresas consolidado por los gobiernos de la Concertación entre 1990 y 2010 –el neoliberalismo con rostro humano, como lo llama Atria (2013)–, se intensificaba en Chile con la elección presidencial de Sebastián Piñera. Mi interés por las convergencias y diferencias de las economías políticas de estos países nació mucho antes de que me familiarizara con la vasta literatura existente sobre las “variedades de capitalismos”. Antes de comenzar los estudios de posgrado en Cambridge en 2006, trabajé como consultor de una empresa de comunicaciones en Santiago, que estaba al centro del aparato reflexivo del capitalismo chileno. Durante más de cinco años, tuve la oportunidad de interactuar con ejecutivos de empresas y de la prensa a lo largo de Latinoamérica, de observar cómo las firmas internacionales plantean diferentes estrategias con las autoridades políticas respondiendo a sus contextos nacionales, y de conocer diversos tratos y condiciones laborales, dependiendo de la industria y del grado de organización de las comunidades locales. Desde aquellos años me llamaba la atención cómo el relato triunfalista que la prensa y el empresariado pintaban sobre Chile era ciegamente optimista, e ignoraba las voces críticas y los problemas estructurales que presentaba el capitalismo criollo. Con frecuencia se decía que Chile experimentó una transición pacífica a la democracia, que los actores políticos tuvieron la capacidad y la disposición de alcanzar consensos, que las huelgas, conflictos laborales y paros eran la excepción, y que un amplio acuerdo entre el sector privado y el gobierno permitió las reformas de mercado. También me sorprendía cómo un retrato igual de optimista voceado por

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el sector privado argentino en los años 90 se desplomó abruptamente de la noche a la mañana. Al momento del cambio de siglo en Argentina, las certezas de las políticas del Consenso de Washington repentinamente fueron puestas en duda y revertidas. La estabilidad económica y la “normalización” del peso que había traído el plan de convertibilidad fueron oscurecidas por el aumento del desempleo y la aparición de nuevos pobres en las calles. El creciente movimiento de protesta liderado por los piqueteros encarnó el descontento de las masas. Los problemas socioeconómicos a los cuales apuntaban los manifestantes estallaron en el colapso institucional de diciembre de 2001. De ahí en adelante, el destino del capitalismo en estos dos países adquirió rumbos diferentes, haciendo de ellos un caso interesante para contrastar. Durante los últimos tres decenios, tanto Argentina como Chile experimentaron revoluciones capitalistas “desde arriba” que transformaron las relaciones entre las empresas, los trabajadores y el Estado (Novaro 2009; Gárate 2012). Estas transformaciones presentan elementos comunes, a saber, patrones de desindustrialización basados en exportaciones de materias primas y relaciones de mercado jerárquicas entre el capital y el trabajo (Schneider 2009), entre otros. Pese a estas similitudes, la manera en que en 2010 se concebía el capitalismo en estos países era diferente. Mientras que en Argentina, tras el colapso de 2001, los gobiernos de los Kirchner reforzaron la capacidad intervencionista del Estado sobre el mercado, responsabilizando al neoliberalismo de todos los males existentes, en Chile un neoliberalismo corregido por la Concertación, neutralizado por las elites políticas y naturalizado por las elites económicas, seguía siendo asociado a modernización. El capitalismo en Argentina tiene una historia laureada, aunque inestable y conflictiva. Como sugieren Gerchunoff y Llach (2003) la ilusión y el desencanto marcan un siglo de políticas económicas argentinas. Si a principios del siglo XX este país se contaba entre las diez potencias económicas mundiales, a principios del siglo XXI destaca por ser un hervidero de movimientos sociales. Entremedio pasó un siglo de grandes emprendimientos económicos, un gran movimiento popular –el pero-

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nismo– que transformó la política y el capitalismo argentino, y múltiples crisis de democracia y de moneda. La decepción con el capitalismo en Argentina no es nueva. Es cuestión de recorrer las librerías para encontrarse con una larga lista de ensayos históricos sobre las oportunidades del país tantas veces malogradas. La ilusión del progreso apolítico (Gilbert 1986); Entre el abismo y la ilusión: Peronismo, democracia y mercado (Torre et al 1999); Los 90: la ilusión perdida (Fraga 2001) y La ilusión: el fracaso de la Alianza visto desde dentro (Fernández Mejide 2007), son algunos ejemplos. El trauma de la crisis económica, social y política de 2001, sin embargo, intensificó la desconfianza. La sospecha de los argentinos ante el rostro amable del capitalismo, y de su compatibilidad con una sociedad más equitativa, va de la mano con la acusación pública que sufrieron el FMI, la globalización y las grandes corporaciones extranjeras. Si la desconfianza para algunos es un rasgo distintivo de la cultura económica argentina, en la última década el recelo sobre aquellos que detentan algún tipo de poder económico aumentó considerablemente. El capitalismo en Chile quizás tiene una historia menos galardonada que en Argentina, pero últimamente ha recibido más elogios. Ya no es sorpresa que Chile aparezca en la cima de los rankings regionales que miden estabilidad macroeconómica, gobernanza, apertura comercial o reducción de pobreza. En las últimas tres décadas las condiciones materiales de los chilenos mejoraron sustancialmente, ya sea en términos de calidad de la vivienda, de equipamiento del hogar, de acceso a servicios básicos o de cobertura del sistema educacional. Esas mejoras generaron entusiasmo con la modernización capitalista y a la vez un estado de ilusión. Las cifras del crecimiento cegaron las limitaciones democráticas del sistema político, los costos humanos de una vida social privatizada, y las externalidades ambientales de un modelo económico extractivo. El discurso del emprendimiento, la gestión y el mercado como espacio para alcanzar los anhelos individuales de modernidad fueron las justificaciones prevalentes del capitalismo chileno contemporáneo.

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Sin embargo, tras el ciclo de movilizaciones sociales que comienza a manifestarse desde 2006, y que se consagra con las movilizaciones estudiantiles desde 2011, la sociedad chilena parece estar despertando de un largo encandilamiento. La conciencia sobre las inequidades estructurales de un modelo que favorece a las grandes empresas, y la frustración ciudadana con una institucionalidad y una clase política incapaces de responder a las nuevas demandas, produjo un nivel de descontento callejero que no se veía desde las protestas de 1983-1986 contra la dictadura de Pinochet. El discurso triunfalista del crecimiento y la fantasía de la gestión se tornaron disonantes con la realidad. Las dificultades de alcanzar juntos crecimiento y equidad parece haber roto la ilusión de que más mercado y más democracia podían progresar a la par. Este libro provee un análisis comparativo de los tipos de capitalismos de Argentina y Chile contemporáneos. En particular, examina los marcos institucionales que sostienen sus mercados, las maneras en que se organizan empresas y empresarios, las posiciones de las fuerzas laborales y sus culturas económicas. Presta especial atención a los espíritus que animan a estas culturas, y las justificaciones que sustentan las prácticas empresariales en cada país. Como afirma Massey (2013), las supuestamente neutras descripciones de roles, intercambios y relaciones son un medio poderoso por el cual nuevas subjetividades se construyen y se hacen cumplir. Dicho de otro modo, los lenguajes de la economía y sus vocabularios de clientes, consumidores e interés propio moldean tanto las concepciones de nosotros mismos como nuestra relación con el mundo. En segundo lugar, el texto ahonda en los procesos históricos subyacentes a las transformaciones neoliberales ocurridas en estos países, analizando por qué dos países relativamente parecidos, que comparten una situación periférica y antecedentes históricos comunes, y que adoptaron políticas económicas supuestamente similares, terminaron presentando posturas diferentes ante el neoliberalismo. En tercer lugar, este libro examina las transformaciones ocurridas en el ámbito cultural. En línea con la literatura que estudia el papel de las ideas tecnocráticas en la generación de “políticas de expertos” a nivel

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gubernamental (Valdés 1995; Centeno y Silva 1998; Heredia 2007), este trabajo explora el papel de los circuitos culturales que contribuyen a moldear el capitalismo en Chile y en Argentina. Es importante resaltar que el análisis comparativo enfatiza los aspectos ideológicos e institucionales por sobre los productivo-estructurales. En concreto, se explora si hay nuevos espíritus capitalistas en Argentina y Chile que hayan surgido con, o en reacción a, las transformaciones neoliberales de la década de los 70 y 90. Para ello, nos preguntamos qué tipo de hibridaciones han surgido en estos países, y hasta qué punto las teorías culturales del capitalismo enfocadas en los fenómenos propios del centro global echan luces sobre los cambios en la periferia. No existe un único método para explorar las variedades de capitalismos y las transformaciones culturales en Argentina y Chile. El espíritu del capitalismo puede parecer un objeto de estudio ambiguo, difuso. Tanto Weber (1905) como Boltanski y Chiapello (2005) basaron sus análisis en textos escritos. Mientras que el primero examinó los manuscritos que inspiraban a los primeros empresarios protestantes, los últimos compararon los cambios en la literatura del management entre los años 1960 y 1990 que formaron la cosmovisión de los ejecutivos franceses. Aunque el estudio de la literatura del management puede proporcionar una noción de las ideas que influyen en las culturas empresariales de Argentina y Chile, este método por sí solo no puede iluminar cómo viajaron esas ideas, cómo fueron traducidas y cómo se hibridaron en estos países. El carácter de las ideologías de la gestión no está divorciado de la ascendencia del neoliberalismo en general, del surgimiento de la “política de los expertos” (Centeno y Silva 1998), y de las consecuencias intencionales o no intencionales que estos producen. Dado que el objetivo es comprender las variedades de capitalismos en estos países, así como las justificaciones que las soportan, el acceso a los “significados” que construyen los agentes del sistema económico fue crucial. Utilizando el lenguaje de Geertz (1973: 27), buscamos elaborar una “descripción densa” de las culturas del capitalismo en Argentina y Chile. Es decir, descubrir las estructuras conceptuales que forman las

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acciones de los sujetos, y los usos sociales del discurso económico. Los sujetos de investigación, por lo tanto, fueron los principales miembros de los circuitos culturales del capitalismo en cada país, además de actores estratégicos del mundo de los negocios, o sea, actores de las elites económicas e intelectuales. Este libro emplea un enfoque cualitativo. Diversas técnicas de investigación fueron utilizadas: observación participante, análisis de prensa, además del análisis de varias fuentes de datos secundarios, como estadísticas publicadas, documentos oficiales y literatura académica existente. El método de investigación preponderante, sin embargo, fue la entrevista en profundidad. El grupo de entrevistados de ninguna manera fue homogénea, sin embargo, comparten un conocimiento práctico, desde diferentes ángulos, de las características del capitalismo en Argentina y Chile. Entre agosto de 2008 y julio de 2009 realicé 120 entrevistas, 56 en Buenos Aires y 64 en Santiago con tres tipos de actores: protagonistas de los “circuitos culturales del capitalismo”, es decir, profesores de administración y negocios, economistas, consultores y periodistas económicos; gerentes de empresas, representantes de centros empresariales, emprendedores, y académicos del mundo del trabajo; intelectuales –historiadores, politólogos, sociólogos– y políticos que han estudiado o participado activamente en las relaciones entre mercado, política y empresas en estos países. Tres estrategias se utilizaron para seleccionar a los entrevistados: el muestreo intencional, el muestreo teórico y la bola de nieve.1 El anexo 1 muestra la lista de los profesionales consultados. A pedido de algunos entrevistados, especialmente ejecutivos argentinos, sus nombres se mantienen en anonimato. La interpretación que aquí se sugiere combina material recolectado de 1 Por muestreo intencional se seleccionaron informantes que tenían características particulares para los objetivos de la investigación, es decir, algunos periodistas especializados, autoridades económicas y académicos de negocios. Por muestreo teórico, técnica útil cuando los parámetros de la población de estudio son desconocidos, se seleccionaron algunos emprendedores y consultores de negocios, y se excluyeron otros informantes que no cumplían con ciertos parámetros para la categoría. Por último, se utilizó bola de nieve para acceder a las redes de contacto de algunos entrevistados. INTRODUCCIÓN

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estas entrevistas con elites económicas e intelectuales con mi propia lectura de diversas fuentes secundarias. En este sentido, antes que una historia del capitalismo en Argentina y Chile, el libro recoge los repertorios de evaluación sobre esa historia. La voz de los entrevistados en la reconstrucción de época se muestra especialmente desde el capítulo 5. Este libro está organizado en cinco partes. El primer apartado presenta los antecedentes teóricos de esta investigación y el contexto histórico en que se desenvuelve. El capítulo 2 rastrea algunos espíritus del capitalismo y sus trayectorias, examinando los conceptos de espíritu presentes en las obras de Adam Smith, Max Weber, Joseph Schumpeter y Karl Polanyi, para luego explorar la renovación del espíritu del capitalismo y el papel que desempeñan los circuitos culturales en su reproducción. El capítulo 3 discute brevemente el enfoque de las variedades de capitalismos y la forma en que se emplea en este libro. Para entender la historia político-económica reciente, el segundo apartado revisa los distintos rumbos que tomó el neoliberalismo en Argentina y en Chile. En los capítulos 4, 5 y 6 se comparan de manera sintética las condiciones en las que se adoptaron estas políticas, ciertas características de los programas desarrollados y algunos resultados y reacciones que produjeron en cada país. En el tercer apartado se presenta un análisis comparativo de los capitalismos de Argentina y Chile. Mientras en el capítulo 7 se analizan las condiciones político-institucionales para el desarrollo de los negocios, en el capítulo 8 se comparan sus culturas políticas y los grados de movilización social. El cuarto apartado contrasta la posición de los sectores empresariales y la situación de las empresas en Argentina y Chile. En los capítulos 9, 10 y 11 se analizan la composición de los principales grupos económicos, su configuración ideológica y su posición de poder, así como las formas de hacer política empresarial en cada país. El capítulo 12 revisa algunos rasgos de las relaciones de trabajo en Argentina y Chile, comparando el impacto de la reestructuración neoliberal en sus regímenes laborales y las jerarquías entre empleadores y empleados en cada país. Finalmente, el último apartado busca dar luces sobre las culturas de capitalismos de Argentina y Chile, examinando los papeles

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desempeñados por los circuitos culturales en la renovación de sus justificaciones. En los capítulos 13, 14 y 15 se discuten algunos rasgos de los discursos económicos recientes y se proporciona un mapa general sobre los aparatos reflexivos del capitalismo; a saber, la prensa financiera, las escuelas de negocios, los centros de investigación y las organizaciones empresariales. A modo de cierre, el libro concluye discutiendo la presencia de viejos y nuevos espíritus del capitalismo en las transformaciones recientes ocurridas en estos países.

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CAPÍTULO 1 / ¿CÓMO ESTUDIAR LOS CAPITALISMOS CONTEMPORÁNEOS? No creo que exista o pueda existir algo así como una ciencia social histórica despojada de juicio. Toda elección de marco conceptual es una opción política. (Wallerstein 1979: xi)

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n la superficie, los capitalismos de Argentina y Chile pueden parecer similares. Siguiendo sus indicadores macroeconómicos, ambos países son calificados por el Banco Mundial como economías de ingresos medios-altos. Su PIB per cápita, basado en la paridad de poder adquisitivo (PPA), fue de 15.854,366 dólares y 15.001,949 dólares en 2010, respectivamente (FMI 2011), mientras que sus tasas de desempleo también alcanzaron proporciones similares: un 7,8 por ciento en Argentina y un 8,3 por ciento en Chile (CEPAL 2011). Tras las reformas neoliberales llevadas a cabo entre los años 70 y 90, ambos países han adoptado estrategias de desindustrialización y han fortalecido modelos de desarrollo agroexportadores (Domingues 2008). La soja, la carne y el trigo han encabezado las exportaciones argentinas, mientras que el cobre, el salmón y la madera las exportaciones chilenas. En ambos casos las materias primas constituyen el grueso de los productos de exportación. De modo similar, los antecedentes económicos de ambos países comparten varios elementos en común. Tanto en Chile como en Argentina el Estado fue un protagonista clave del despliegue del capitalismo industrial a partir de la década de 1930 al impulsar estrategias de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). El consenso keynesiano del desarrollismo de la CEPAL, predominante en ambos países hasta los años 70, promovía la propiedad estatal de las principales industrias nacionales, los controles gubernamentales de precios para moderar los ciclos económicos y la promoción de compromisos de clase (Montecinos y Markoff 2009). Los mayores beneficios sociaTEORÍAS Y CONTEXTOS HISTÓRICOS

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les garantizados por el Estado de compromiso favorecieron la inclusión de las nuevas clases medias y proletarias urbanas. Las crecientes demandas populares, sin embargo, terminaron superando la capacidad de respuesta del Estado de compromiso. En ambos países, las sucesivas revueltas sociales fueron reprimidas por regímenes militares cuya prioridad era restablecer el orden. Paralelamente, la difusión de un capitalismo supervisado por el Estado y la progresiva colectivización en el período de posguerra en Occidente fueron crecientemente impugnados por los intereses empresariales globales, generando las condiciones para la ofensiva neoliberal. Así, Argentina y Chile fueron sometidos a experimentos pioneros de libre mercado durante las dictaduras de la década de los 70 que anticiparon el thatcherismo, el reaganismo y el Consenso de Washington. Mientras los Chicago Boys orquestaban transformaciones radicales en Chile durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), el ministro de Economía Martínez de Hoz buscaba implementar un programa con ciertas semejanzas durante la dictadura de la Junta militar (1976-1983) en Argentina. Las reformas neoliberales en Argentina, sin embargo, se consolidarían plenamente un decenio más tarde, con la adopción del plan de convertibilidad del presidente Menem (1989-1999). Durante la década de los 90, ambos países eran considerados “casos ejemplares” del Consenso de Washington. Pese a tener antecedentes comunes, los modelos neoliberales adoptados por estos países fueron diferentes y produjeron resultados heterogéneos. En Chile, la “economía social de mercado” (Muñoz Goma 2007) gozó de alto respaldo entre las elites político-económicas, al punto que la pregunta por el modelo estuvo casi ausente del debate público hasta las movilizaciones estudiantiles de 2011. Pese al hecho de que la apertura comercial, las privatizaciones de las empresas estatales y los “ajustes” de libre mercado implicaron enormes costos sociales (tales como el declive de la industria local, el colapso bancario de 1982, altas tasas de desempleo y el desarme del tejido social), la represión y las amarras impuestas por la dictadura produjeron un terreno fértil para la expansión

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de los mercados privados. Los resultados económicos favorables alcanzados desde fines de la década de los 80 ayudaron a estabilizar el modelo de desarrollo centrado en las exportaciones, del cual Chile depende hoy. Luego, cuatro gobiernos democráticos de centroizquierda encabezados por la Concertación (1990-2010), mantuvieron las políticas de libre mercado. La Concertación no puso fin al neoliberalismo, sino que buscó corregirlo en pos de una mayor igualdad social (Ffrench-Davis 2007; Garretón 2012), dándole un “rostro humano”, según Atria (2013). Los acuerdos entre las elites políticas y económicas durante la contenida transición democrática, sumada a las reformas graduales y pragmáticas promovidas por la Concertación, ayudaron a consolidar el modelo neoliberal y a neutralizar a sus críticos. La modernización capitalista transformó la infraestructura del país, amplió el acceso a bienes básicos como vivienda, salud o educación, y extendió la percepción de bienestar material de la población. El auge de una sociedad de mercado (Tironi 1999) estimuló el esfuerzo personal, impulsó la competencia y masificó el consumo, y al mismo tiempo reprodujo la desigualdad. El principio contributivo en que se estructura la sociedad chilena implicó que la calidad de los servicios a que acceden los ciudadanos pasó a depender del ingreso de cada familia. En Argentina, en tanto, las políticas neoliberales tuvieron un camino más sinuoso, inestable y conflictivo. La derrota en la guerra de las Malvinas y la salida desordenada de las fuerzas armadas sepultó el primer intento neoliberal de la Junta militar (1976-1983). Luego, la tentativa heterodoxa impulsada en democracia por el presidente Alfonsín (19831989) terminó en sucesivas crisis monetarias e inflacionarias, y los saqueos asociados a la híper de 1989 impidieron que culminara su período presidencial. Esa experiencia de caos generó las condiciones de apoyo para el plan de convertibilidad implementado por Menem y Cavallo en 1991 (Novaro 2009). La apertura comercial, las privatizaciones y las reformas de mercado impulsadas por Menem (1989-1999), si bien trajeron crecimiento económico, aspectos modernizantes y un discurso exitista, también extendieron el desempleo, generaron nuevos pobres

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y fueron acusadas de corruptas, desatando reacciones sociales contra las “fuerzas de mercado” (E. Silva 2009). Desempleados y trabajadores informales frustrados, encarnados por el movimiento de los piqueteros, manifestaron su descontento bloqueando calles y ocupando edificios de instituciones públicas (Garay 2007). El mal desempeño de las políticas de austeridad del Consenso de Washington durante el gobierno del radical De la Rúa (1999-2001), en un contexto internacional adverso, llevó al colapso del modelo de convertibilidad y provocó una de las crisis más profundas de la historia de Argentina (Svampa 2008a). El 20 de diciembre de 2001, el gobierno de De la Rúa colapsó. En tan solo dos semanas se sucedieron cinco presidentes a la cabeza del gobierno nacional, hasta que el peronista Duhalde logró contener el caos. Tras la crisis de 2001 los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2011) capitalizaron la reacción contra las políticas neoliberales de los 90, al punto que algunos académicos llaman el período como posneoliberal (Macdonald et al 2009). Néstor Kirchner fue capaz de restablecer el orden político, renegociar la deuda externa e instalar una narrativa de un “antes y un después”, donde el antes era el neoliberalismo de los 90 y la crisis, y el después la recuperación económica, de la memoria y del orgullo nacional. El modelo nacional-popular impulsado por los Kirchner (Svampa 2011) favoreció la activación de los sectores populares y la defensa del derecho del Estado a intervenir en los asuntos económicos, mejorando los derechos de los trabajadores formales (Etchemendy 2010b). Del otro lado, este modelo presentó un trato hostil hacia las grandes corporaciones –especialmente frente a empresas extranjeras en servicios concesionados– al tiempo que ofreció largos beneficios a los empresarios amigos del poder (Licitra 2013). Si bien el neoliberalismo en muchos aspectos continuó operando durante los gobiernos Kirchner, y los problemas que afligen a la sociedad Argentina –como la inseguridad, la polarización o la desconfianza en la moneda– se mantuvieron, durante el siglo XXI el capitalismo de libre mercado fue impugnado, especialmente en el plano de los discursos, y en algunas prácticas estatales.

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El neoliberalismo produjo resultados que cargaron al capitalismo con distintos significados. Mientras en 2010 las elites políticas y económicas chilenas elogiaban la competitividad de los mercados, las cifras de crecimiento (aunque sin equidad), y la disminución de personas en situación de pobreza, en Argentina el neoliberalismo era acusado del desmantelamiento de las instituciones públicas y la venta de las empresas del Estado. Por más de dos décadas, el discurso oficial en Chile celebró los avances macroeconómicos brindados por la modernización capitalista liderada por el sector privado. En la primera década del siglo XXI, ese discurso de los mercados globales y las políticas de austeridad en Argentina, en cambio, era cuestionado por producir crisis económicas y desigualdad social. Desde el exterior las percepciones parecen igualmente divergentes. De un lado, Chile sigue siendo visto como un caso paradigmático de las políticas neoliberales en la región. Del otro, el modelo nacional-popular de los Kirchner es considerado una alternativa a las políticas del Consenso de Washington. Aunque Argentina creció más rápido que Chile entre 2003 y 2010 —un 7,6 por ciento al año frente a un 4,1 por ciento (FMI 2011)—, Chile pasó de tener la mitad del PIB per cápita de Argentina en 1980 a presentar niveles similares de desarrollo económico en los últimos años. Se han propuesto muchas interpretaciones para intentar explicar por qué el neoliberalismo se arraigó en Chile y fue impugnado en Argentina. Las reformas de mercado en América Latina han sido estudiadas desde distintos ángulos. Algunas investigaciones se han centrado en las condiciones políticas en las cuales se desarrollaron los experimentos neoliberales durante los regímenes militares, analizando cómo esas condiciones afectaron posteriormente al despliegue de los mercados privados (O’Donnell 1982; Cardoso 1985; Sader et al 1999; L. Taylor 1998; Novaro 2006; Cavallo et al 1988; Pucciarelli 2004). Otros han estudiado los diseños institucionales y las implicaciones sociales de las transformaciones capitalistas y han analizado las consecuencias —en términos de costos y beneficios sociales— de la liberalización del comercio, la privatización de los servicios públicos y la retirada del Estado (Palermo y

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Novaro 2003; Van der Ree 2007; Huneeus 2001; Ffrench-Davis 2010). Paralelamente, los análisis sectoriales han tendido a comparar la implementación de las reformas en áreas específicas (tales como el desempleo, la educación, la cobertura de salud y las pensiones) y se han interesado en los tipos de ajustes que han permitido viabilizar estos procesos de liberalización (M. Taylor 2006; Etchemendy 2011; Ossandón 2009; Garretón 2012). Un cuarto tipo de investigación se ha concentrado en las ideas que han influenciado los principios económicos de los formuladores de políticas públicas y las autoridades pertinentes. Se ha dedicado especial atención al papel que han cumplido las universidades y los centros de estudios a la hora de importar ideas, sobre todo del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, y su influencia en la trayectoria de los economistas monetaristas de América Latina (Valdés 1995; Dezalay y Garth 2002; Centeno y P. Silva 1998; Montecinos 1997; Fourcade-Gourinchas y Babb 2002; Heredia 2004, 2008; P. Silva 2008; Gárate 2012; Montecinos y Markoff 2009; Biglaiser 2002, 2009; Rosende 2008). Un quinto grupo de académicos se ha centrado en los cambios de propiedad del capital durante el período y examinó las relaciones entre el Estado y las grandes empresas, así como los flujos locales e internacionales de capital (Azpiazu 1989; Azpiazu 2005a, 2005b; E. Silva 1996; Castellani 2004, 2009; Fracchia et al 2010; Castellani y Gaggero 2011; Gaggero et al 2014; Lefort 2010; Arriagada 2004; Rozas y Marín 2005; Mönckeberg 2001). Por último, hubo quienes estudiaron las reacciones a las privatizaciones en América Latina, contrastando los fuertes movimientos sociales de Argentina con la actitud relativamente pasiva de la sociedad chilena (E. Silva 2009; Burdick et al 2009; Macdonald y Ruckert 2009; Panizza 2009). Pese a la riqueza de estas investigaciones, gran parte de ellas se centra en los procesos subyacentes a la implementación de las reformas neoliberales y sus consecuencias socioeconómicas. Pocos han comparado la posición de los actores dentro de cada sistema económico nacional y generalmente se han limitado a un aspecto específico, tal como las relaciones laborales (Atzeni, Durán-Palma y Ghigliani 2011), las políticas

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empresariales (E. Silva 1998; Schneider 2004), los sistemas tributarios (Fairfield 2010) o los modelos de ciudadanía (L. Taylor 1998). Poco se ha dicho sobre la forma que toma el capitalismo en estos países en dos planos. Primero, los discursos que buscan justificar el capitalismo y la forma en que estos se reproducen en el tiempo, más allá de la influencia original de los economistas de Chicago. No hay un estudio exhaustivo que examine los espíritus detrás de la comprensión y la legitimidad del capitalismo en Argentina y Chile. Segundo, hay grandes interrogantes en cuanto a los mecanismos de reproducción del capitalismo en estos países, en concreto, cómo, por sus características, las empresas, los gobiernos y los trabajadores —y las ideologías que los mueven— inciden en las jerarquías de relaciones laborales y en las prácticas empresariales. La relación entre los macro y micro procesos, entre las ideas neoliberales y las relaciones entre empleados y empleadores, es uno de los temas que este libro busca observar. El punto de partida viene de dos cuerpos teóricos distintos: uno que trata las variedades de capitalismos y otro que recoge las teorías presentes en la sociología de la crítica de Boltanski y Chiapello (2005), el constructivismo social de Thrift (2005) o la sociología cultural comparada de Lamont y Thévenot (2000). Aunque ninguna de estas fuentes se usa de manera ortodoxa, todas ellas sirven de inspiración. La literatura sobre variedades de capitalismos (Hall y Soskice 2001; Sánchez-Ancochea 2009; Streeck 2010) proporciona un marco institucional para evaluar similitudes y variaciones entre las economías políticas nacionales. El enfoque de las variedades de capitalismos (VdC) presupone que las empresas son actores cruciales de toda economía capitalista. Hall y Soskice (2001), por ejemplo, postulan que las empresas, los negocios y las relaciones laborales funcionan distinto de un país a otro. Los autores distinguen dos grandes tipologías de economía política en los países desarrollados: las economías de mercados liberales de Estados Unidos, Reino Unido y otros países anglosajones y las economías de mercados coordinados de Japón, Alemania y países del norte de Europa. Mientras en los mercados liberales las empresas

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dependen de los mecanismos de mercado para coordinar sus actividades, en los mercados coordinados hay instituciones ajenas al mercado (propias de cada industria o coordinaciones sectoriales) que fomentan una interacción estratégica entre las compañías. Los investigadores que aplican la perspectiva de las variedades de capitalismos a los países de América Latina (Schneider 2009; Schneider y Soskice 2009; Schneider y Karcher 2010) describen un patrón común que llaman economías de mercados jerárquicos. Según ellos, la presencia de grupos empresariales diversificados, conglomerados multinacionales, mano de obra poco calificada y relaciones laborales atomizadas son factores que hacen de la jerarquía el rasgo distintivo del capitalismo en la región. Aquí proponemos complementar esta perspectiva institucional con un análisis de los significados y justificaciones del capitalismo de Argentina y Chile. En muchos sentidos, el patrón jerárquico refleja lo que evidencian los datos disponibles: América Latina es la región más desigual del mundo. Sin embargo, esta característica regional no significa que el capitalismo funcione de la misma manera en Argentina y en Chile, o en toda la región. En efecto, veremos que las relaciones entre las empresas, los sindicatos y los Estados son diferentes en Argentina y en Chile. La última ola neoliberal que sacudió estos países desde la década de los 70, y las peculiaridades de cada proceso, produjo resultados diferentes. La composición de las elites económicas, la relación entre el capital y el trabajo, y los vínculos entre los ciudadanos y el Estado, se vieron afectadas en distintas formas. Las sucesivas crisis institucionales en Argentina (1983, 1989, 2001) contrastan con los cimientos estables del capitalismo chileno en las décadas recientes. Sus economías políticas y sus sistemas reguladores difieren, al igual que los contextos culturales en los cuales se reproduce el capitalismo. En consonancia con la proliferación de las políticas neoliberales durante los últimos decenios, Boltanski y Chiapello (2005) sostienen que el capitalismo ha renovado su espíritu y ha forjado una nueva justificación. Por espíritu del capitalismo se entiende la ideología que promueve

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la adopción de este modelo económico particular, es decir, el conjunto de creencias y prácticas que permiten validar este orden y sustentar las acciones y actitudes acordes a dicho arreglo (Boltanski y Chiapello 2005: 11). Según esta premisa, las transformaciones en el ámbito cultural ayudan a explicar los cambios producidos en la esfera económica. En concordancia con el enfoque pionero de Weber (1905) —que los cambios en la ética del trabajo y el ahorro de los primeros emprendedores protestantes permiten explicar el despliegue del capitalismo occidental—, estos sociólogos franceses ven en el nuevo discurso del management y la gestión un preludio al desmantelamiento del capitalismo supervisado por el Estado y la pérdida de derechos colectivos que se desplegó desde los 70. Mediante la seducción de nuevos valores como la autonomía, la autorrealización y la creatividad en el trabajo y nuevas prácticas como los centros de alto rendimiento y los círculos de calidad desarrollados en las empresas, el capitalismo renovó su justificación. La nueva promesa del capitalismo se sustenta en un principio de organización de la esfera laboral en torno a redes flexibles formadas por individuos comprometidos con proyectos a corto plazo. Una contribución clave de la teoría de Boltanski y Chiapello (2005) es el postulado según el cual el capitalismo necesita justificarse permanentemente para poder funcionar, incorporando las críticas de las que es objeto. Los gerentes y trabajadores necesitan razones más profundas que las meras ganancias y retribuciones financieras para comprometerse emocionalmente con el capitalismo. Necesitan razones morales más nobles. Mientras Weber (1905) se centró en los sucesos históricos concretos que precipitaron la expansión del capitalismo, Boltanski y Chiapello ven las ideologías de gestión como prácticas reales que el capitalismo renueva periódicamente con el fin de validar su lógica. Según ellos, la última renovación de la ideología del management se produjo en respuesta a las críticas de las que había sido objeto el capitalismo industrial en los años 60, las que se materializaron en las protestas estudiantiles de mayo de 1968 en París. En contraste con las empresas burocráticas de los 60, la ideología neoliberal desde los 80 aboga por una empresa

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austera que “delega sus funciones a subcontratistas y se concentra en el conocimiento y la información, en vez de la mano de obra o las tareas técnicas” (Boltanski y Chiapello 2005: 174). Así, al contrario de la gran empresa industrial fordista basada en la jerarquía, la planificación de largo plazo y la producción masiva, las compañías posfordistas se estructuran en redes móviles, fomentan la adaptación y el cambio permanente y esperan que los empleados desarrollen sus carreras de acuerdo a proyectos específicos. Por otro lado, Nigel Thrift (2005) afirma que el capitalismo ha desarrollado sus propios “circuitos culturales”, formados por consultores de gestión, escuelas de negocios, centros de estudios proclives al mercado y prensa económica especializada. Estos circuitos han convertido el capitalismo en una empresa teórica que promueve las supuestas ideas sobre cómo funciona el mundo, ideas como la “economía del conocimiento”, la “economía de redes” y las “comunidades de práctica”. Thrift (2005) subraya que este aparato reflexivo genera teorías que incorporan las críticas más recientes que reciben las corporaciones, a la vez que responde a nuevas demandas sociales y, de esa forma, revitaliza la legitimidad de este sistema económico. En consecuencia, las empresas parecen volverse más “inteligentes”, los gerentes parecen más “calificados” y el capitalismo más seductor. De acuerdo a Thrift, el capitalismo ha encontrado su mejor negocio: canalizar las energías críticas en función de sus propios intereses, presentándose como una entidad creativa e innovadora. Considerando que tanto Boltanski y Chiapello (2005) como Thrift (2005) desarrollaron sus teorías para explicar fenómenos observados en los centros geopolíticos del capitalismo, cabe preguntarse si estas teorías pueden —y cómo— aplicarse a la periferia y, en concreto, a América Latina. Ante las experiencias neoliberales de Argentina y Chile, con sus economías de mercado jerárquicas, las preguntas se refieren a los espíritus que han movido las últimas transformaciones capitalistas en estos países, y si estas teorías culturales pueden ayudar a comprender sus trayectorias y particularidades.

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La sociología cultural comparativa desarrollada por Lamont y Thévenot (2000), Grimson (2007) y Neiburg (2005), entre otros, son buenos puntos de partida para estudiar los vínculos entre las culturas económicas y las variedades de capitalismos. Precisamente, Lamont y Thévenot contrastan los “repertorios de evaluación” en los cuales las culturas francesa y estadounidense enmarcan temas controversiales como la raza, el medioambiente o el género. Como bien demuestran, los repertorios culturales movilizados en cada país corresponden a sus tradiciones políticas y económicas, así como a los valores y estrategias puestos en práctica por los individuos para evaluar situaciones sociales y justificar sus posiciones. En consonancia con esto, se observarán aquí los repertorios de evaluación usados en las culturas empresariales de Argentina y Chile. Para ello, se examina en qué medida la experiencia particular del neoliberalismo en cada país ha generado asociaciones y expectativas distintivas con respecto al capitalismo, cuáles son los vínculos entre sus culturas económicas y las posiciones de poder que las empresas buscan alcanzar o mantener, y cómo se ven afectadas sus premisas económicas por el nivel de organización laboral y el papel del Estado. Como señala Grimson (2007: 14), cualquier análisis comparativo nacional corre al menos dos riesgos. Por un lado, producir visiones simplistas que tienden a homogeneizar los países, como si existiera una identidad nacional esencial. Por otro lado, pasar por alto la importancia del contexto nacional a la hora de evaluar la estructura de las representaciones, los valores y las prácticas. Las naciones tienen un poder y una capacidad de estructuración muchas veces difíciles de teorizar. Por consiguiente, estaremos atentos al riesgo de tratar los capitalismos de Argentina y Chile de manera demasiado monolítica, haciendo caso omiso de la diversidad de prácticas e ideas existente entre distintos sectores, regiones y escalas de negocios de cada país. Somos conscientes del riesgo de entregar una lectura estereotipada de las características culturales que puede producir un retrato esencialista de estos países.

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CAPÍTULO 2 / ESPÍRITUS DEL CAPITALISMO Para Weber, el significado de “espíritu” reside en los efectos corrosivos [del capitalismo] en la tradición y su institucionalización asociado a la vocación de hacer dinero. Para Boltanski y Chiapello, en cambio, el “espíritu” suministra las bases morales que el capitalismo carece. (Willmott 2013: 103)

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ax Weber introdujo el concepto de “espíritu del capitalismo” en su obra seminal, La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1905). Para Weber su esencia es la acumulación permanente de riqueza por parte de los empresarios, por sobre las retribuciones materiales que la acumulación pudiese producir. Weber hizo explícita la novedad de que “el trabajo y el lucro” como vocación eran conductores principales de la transformación capitalista de Europa occidental. No obstante, otros intelectuales, tales como Smith, Schumpeter o Polanyi, si bien no siempre explícitamente, también se han referido a nociones de “espíritus” o “motores” del capitalismo. Estas teorías serán examinadas con tres variables específicas en mente: la noción de “espíritu” que estos escritores previeron, el rol que le dieron a estos espíritus en el funcionamiento del capitalismo y la perspectiva que vislumbraron para este sistema económico.2 Detenernos en estas conceptualizaciones nos permitirá preguntar si es que estos espíritus han inspirado las transformaciones capitalistas recientes en Argentina y Chile.

2 Dos grandes teorías acerca de la dinámica del capitalismo que no están incluidas en esta revisión son las de Karl Marx y John Maynard Keynes. Esta decisión no implica desconocer la importancia de ambos pensadores para entender los sistemas capitalistas. Tanto Marx como Keynes hicieron grandes contribuciones, y Keynes, en particular, apela al “espíritu animal” y la confianza de los empresarios como motores esenciales para la expansión económica. Sin embargo, tanto Marx como Keynes analizaron la transformación del capitalismo occidental enfatizando otras variables, como la lucha de clases, el rol de las mercancías, y la función del Estado. En tanto nuestra revisión se enfoca en interpretaciones que resaltan el “espíritu del capitalismo”, sus teorías fueron dejadas de lado. TEORÍAS Y CONTEXTOS HISTÓRICOS

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SMITH: EL “ESPÍRITU COMERCIAL” Y LA PROPENSIÓN HUMANA AL INTERCAMBIO La riqueza de las naciones (1776) es quizás el primer examen completo del sistema de mercado capitalista emergente en el que es posible identificar una noción de espíritu que guía a los actores económicos. Antes de la expansión del capitalismo industrial –antes de la producción en fábricas organizadas por grandes corporaciones y financiadas por inversionistas–, Adam Smith notó que las naciones europeas ricas estaban entrando en un nuevo escenario de desarrollo económico basado en el comercio. El “espíritu comercial” inherente a los individuos, la “propensión humana al trueque, a negociar y a intercambiar” eran el punto de partida del filósofo escocés al explicar la expansión del mercado y la creación de riqueza. El “espíritu” del capitalismo se expresa aquí en el principio del interés propio y en la tendencia individual a comercializar. La búsqueda del beneficio personal sería el motor esencial de la prosperidad. Para Smith, la aceleración sin precedentes en el crecimiento económico que caracterizó a Europa occidental en el siglo XVIII era el resultado colectivo de la “mano invisible” de los mercados. La libre competencia, a través de la ley de la oferta y la demanda, maximiza la productividad y el bienestar social, al asegurar la asignación óptima de capital y fuerza de trabajo en el conjunto de la economía.3 Tras la competencia hay un espíritu comercial que transforma al interés propio en bien público. Recordando La fábula de las abejas (1723) de Mandeville, para quien los “vicios privados” eran fuente de “virtud pública”, Smith propuso que al perseguir sus propios intereses, los individuos promovían el bienestar de toda la sociedad, incluso de forma más efectiva que cuando los gobiernos intentaban estimularlo. “El esfuerzo uniforme, constante e ininterrumpido de cada hombre por mejorar su condición, el principio a partir del 3 Contrario al sistema mercantilista imperante en la época, Smith propuso reducir la protección estatal, prohibiendo los derechos de monopolio y promoviendo la competencia para beneficiar la expansión del comercio. Si se le dejaba operar libremente, la mano invisible aseguraría que el “flujo circular” de producción, ingreso y gasto, y la oferta y la demanda por bienes tenderían hacia el equilibrio. El mercado era entendido como un mecanismo económico que se autorregulaba. 38

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cual la opulencia pública y nacional originalmente proviene, así como la privada, es con frecuencia una fuerza suficiente para mantener el progreso natural de las cosas hacia la mejora, a pesar de la extravagancia del gobierno y de los más grandes yerros de administración” (Smith 1986 [1776]: libro II, capítulo III). La creación de riqueza era, en último término, la consecuencia del anhelo de los individuos de obtener el máximo provecho del capital, de progresar y mejorar sus condiciones de vida. Desarrollándose a través del trueque y el comercio, el “espíritu comercial” de mercaderes y negociantes fue la base de la expansión económica. Smith estaba al tanto de que para generar intercambio económico era necesario cierto nivel mínimo de acumulación privada de capital. Los ahorros individuales y el trabajo productivo les aseguraban a éstos no sólo su propia prosperidad, sino que al perseguir el máximo retorno de su capital, los individuos también aseguraban el uso óptimo del capital por parte de otros. En consecuencia, era el ahorrador, por sobre el consumidor, el que en mayor medida contribuía a la riqueza de la nación. Para Smith existe un vínculo directo entre la expansión de los mercados y el trabajo. El mecanismo básico del sistema comercial es la división del trabajo, la dependencia mutua de partes independientes y la consecuente necesidad de intercambiar sus productos (Ingham 2009). La especialización es el dispositivo principal a través del cual se genera la prosperidad nacional. La subdivisión del trabajo en labores especializadas amplía la destreza y ahorra tiempo, mejorando las habilidades y el juicio de los trabajadores. “Cada individuo se hace más experto en su propio ámbito particular, se logra un mejor trabajo en conjunto, y la cantidad de conocimiento aumenta considerablemente” (Smith 1776 parte I, capítulo I). En consecuencia, la mayor especialización y la innovación técnica permiten que una compañía o un país se hagan más fuertes en relación a los bienes particulares que producen. Mientras más amplias sean las redes comerciales del capitalismo, más rica se hace una nación. “En cuanto la división del trabajo y todos sus efectos positivos dependen del tamaño de los mercados, era lógico que ampliando los mercados

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de una nación se incrementaría la innovación técnica y la riqueza de un país” (Butler-Bowdon 2010: xxxiii). La perspectiva del capitalismo que previó Smith, por lo tanto, enfatiza la expansión. Mientras más grande sea el mercado que una nación puede alcanzar, más próspera será. Sin embargo, para Smith el mercado no es solamente un mecanismo económico que se autorregula, sino que también un modo de integración social. El desarrollo del “espíritu comercial” de una nación afecta las costumbres de la gente. El intercambio económico tiende a promover virtudes como el trabajo arduo, la sobriedad, la confianza, la honestidad y la puntualidad. La cantidad de negocios que los comerciantes lograban llevar a cabo se vinculaba a las relaciones de confianza construidas con sus clientes –por ejemplo, las respetadas relaciones construidas por los holandeses en el siglo XVII–. El comercio y el intercambio, por lo tanto, tienen un impacto positivo en el comportamiento moral individual, promoviendo nociones particulares de virtud (Doux commerce). Dentro de las ideas más amplias de la Ilustración, y en contraste a los ideales guerrero-aristocráticos prevalecientes en el período feudal, para Smith el capitalismo crea buenos ambientes morales en donde la sociedad y el mercado florecen (Hirschman 1977). Si para Smith la creación de riqueza fue el resultado espontáneo de la expansión del mercado, el mecanismo para la distribución del ingreso estaba también espontáneamente ubicado entre los factores de producción – la tierra, el capital y la fuerza laboral– y la estructura de la división del trabajo en sí misma. “La inequidad se producía por el mecanismo impersonal, e implícitamente neutro, de la ‘mano invisible’, no debido a la explotación directamente coercitiva como sucedía en la sociedad feudal” (Ingham 2009: 12). Aunque para Smith la inequidad era un asunto secundario con respecto a la creación de riqueza, éste no consideraba a los humanos como únicamente guiados por el interés personal. En La teoría de los sentimientos morales (1759), Smith sostiene que los individuos sienten consideración por el bienestar de los otros, sugiriendo que los mercados debían ser regidos por valores éticos, como la honestidad, la prudencia y la confianza mutua.

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En suma, Smith destacó las actitudes hacia el trabajo, la búsqueda del interés propio y la tendencia al comercio y al intercambio como elementos claves en la reproducción del capitalismo. Los esfuerzos de los individuos y la autodeterminación estimulaban sus anhelos por comercializar. La economía privada y la especialización de los trabajadores, no el Estado, generan la riqueza de las naciones. Guiado por una mano invisible, el interés personal conduce al beneficio del bien común. El capitalismo libera un proceso civilizador de transparencia y valores morales; el “espíritu de comercio” y la expansión del mercado gatillan la riqueza de las naciones. WEBER: LA VOCACIÓN POR EL TRABAJO Y LA RIQUEZA EN SÍ MISMA Max Weber (1864-1920) se propuso examinar las transformaciones en la vida económica dentro del contexto del desarrollo histórico de la cultura como un todo (Giddens 1976), con énfasis en el proceso de racionalización. En particular, Weber quiso explicar los orígenes del capitalismo industrial: el sistema de constante orientación hacia el lucro a través del intercambio económico “nominalmente pacífico” entre empresas caracterizadas por una fuerza de trabajo libre y disciplinada, una administración racional y una inversión de capital continua. Weber coincidía con Smith en que la búsqueda del interés personal y la ganancia era universal. La predisposición natural al comercio y al intercambio no explicaba, sin embargo, el surgimiento del capitalismo moderno. ¿Por qué el capitalismo industrial –y la completa revolución de la organización de la sociedad en sus leyes, administración, economía, artes, religión, y desarrollo científico– emergió primero en la Europa del siglo XVI y no en otras civilizaciones? La influencia de la ética racional del protestantismo ascético en el desarrollo de un ethos o espíritu económico estaría, de acuerdo al sociólogo alemán, en el origen de este sistema económico. La capacidad de ahorro de los primeros emprendedores protestantes, y el uso metódico que le dieron a la organización, a la tecnología y a la fuerza laboral para perseguir y reinvertir el lucro, se encuentran a la base de la expansión capitalista.

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La continua acumulación de riqueza con el fin exclusivo de generar más riqueza, por sobre las recompensas materiales que ella produce, es para Weber la esencia del espíritu del capitalismo. “La ganancia económica ya no está subordinada como un medio para la satisfacción de las necesidades materiales del hombre” (Weber [1905] 1992: 18). El emprendedor capitalista está dominado por la vocación de hacer dinero como propósito último de su vida. Además, Weber (1992: 155) creía que había una afinidad histórica entre la idea de llamado o vocación de Lutero (Beruf) y el espíritu del capitalismo, y vinculó el resultado del trabajo propio con la fidelidad a Dios. La voluntad de trabajar duro y hacerse rico, y la austeridad de no gastar en placeres personales, postergando la gratificación de los impulsos, generaron un conjunto de incentivos y actitudes racionales que condujeron a la continua reinversión de las ganancias en los negocios. Como consecuencia, la capacidad acumulativa del sistema capitalista se vio reforzada, haciendo posible la inversión productiva del capital a gran escala. La racionalización en la esfera de la cultura estimulada por el puritanismo fue, según Weber, crucial para el desarrollo del capitalismo occidental. Observó que los objetivos y las metas individuales, y las consecuencias involuntarias de sus acciones eran cruciales. Los emprendedores protestantes capitalistas eran tipos ideales. Weber utilizó el método de entendimiento interpretativo para captar la mentalidad protestante y las preocupaciones que transformaron a devotos cristianos en emprendedores metódicos, austeros y calculadores, y que, involuntariamente, habrían dado pie al capitalismo racional (Baert 2005). Considerando la ansiedad que gatillaba la doctrina de la predestinación –según la cual unos se salvaban, y otros no– los protestantes de la época buscaban signos del hecho de que Dios los había elegido a ellos. Asumiendo que el trabajo duro y el éxito material se encontraban dentro de aquellos signos, los protestantes fueron particularmente propensos a esa clase de energía frenética y a la ética del trabajo que eventualmente conduciría a la expansión del capitalismo occidental. “La valoración religiosa del trabajo sin descanso, continuo

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y sistemático como vocación mundana, como el fin más alto del ascetismo, debe haber sido la más poderosa palanca concebible para la expansión de aquella actitud hacia la vida que aquí hemos llamado el espíritu del capitalismo” (Weber 1992: 116). Las doctrinas de la divinidad puritana hicieron que las fortunas de los feligreses parecieran legítimas. Estas doctrinas ayudaron a reforzar la autoestima de una creciente clase emprendedora (Bendix 1956). La explotación de este voluntarismo específico por el trabajo –“el ascetismo interior mundano”– fue interpretado por la actividad comercial como vocación. La afinidad electiva entre la ética protestante y el capitalismo traza, no obstante, sólo un lado de la historia: la racionalización de la cultura. El desarrollo de instituciones sociales y políticas, y de la técnica, también eran para Weber condiciones fundamentales para que el capitalismo industrial fuese posible a gran escala. El progreso político y económico corren de la mano. El capitalismo moderno en Europa fue resultado de extensos avances socioeconómicos históricos, entre los que Weber destaca la separación de las empresas productivas del hogar; el desarrollo de la ciudad occidental, donde surge la autonomía política y la sociedad burguesa; la racionalización de la práctica jurídica heredada de la tradición romana; el desarrollo del Estado-nación, administrado por oficiales burócratas de tiempo completo; el desarrollo de la contabilidad de doble entrada que permitió la regularización de la empresa capitalista, y la configuración de una masa libre de trabajadores asalariados (Weber 1958). Muchos de estos avances fueron consecuencia del Estado europeo moderno. El Estado racional legal y la organización burocrática permitieron, respectivamente, poner fin a sustantivas prohibiciones tradicionales en el intercambio de mercado, y la reducción de arbitrariedades en la conducción de los asuntos humanos, como la superstición, la magia y las creencias sobrenaturales. El poder de contrapeso que genera una clase económica burguesa independiente también fue fundamental. La adaptación mutua entre Estado y burguesía creó los medios para cubrir los gastos fiscales que financiaron las guerras que consolidaron el sistema de

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estados europeos (Weber 1981: 280). En suma, las alianzas entre las elites económicas dominantes que buscaban ganancias y el Estado fueron también cruciales para el florecimiento del capitalismo occidental. La característica distintiva del capitalismo moderno para Weber no sólo era la búsqueda del lucro en la vida económica, sino también la manera específica en que era perseguido: la producción industrial a cargo de empresas burocráticas en las que el lucro es racionalmente calculado. El orden económico moderno quedó atado a las condiciones técnicas y económicas de la producción en serie; la jaula de hierro del capitalismo industrial perdió el encanto con la rutina y la burocratización. Una vez que esa jaula de hierro fue establecida, los elementos específicamente religiosos en la ética que ayudó a producirla fueron lentamente erradicados. Tal como lo presenta Weber, el espíritu de ascetismo religioso escapó de la jaula, pero el capitalismo victorioso, al yacer sobre fundaciones mecánicas, ya no necesitaba su apoyo: El puritano quería trabajar por vocación, mientras que ahora nosotros estamos forzados a hacerlo. Cuando el ascetismo salió de las celdas monásticas hacia la vida diaria, y comenzó a dominar la moralidad mundana, tuvo su parte en la formación de este tremendo orden económico. Este orden está ahora atado a las condiciones técnicas y económicas de la producción en serie que hoy en día determinan la vida de todos los individuos que nacen bajo este sistema (Weber 1992: 122).

Cuando los mercados capitalistas competitivos quedaron totalmente establecidos, la búsqueda implacable de ganancias para ser reinvertidas en la empresa fue una exigencia externamente impuesta. Weber enfatiza en que si se fallaba en actuar de esta manera, ello podría significar la quiebra de la empresa por enfrentar competidores más eficientes. La racionalidad, el cálculo y la dominación a través de organizaciones burocráticas se convirtieron así en los rasgos principales del capitalismo occidental. La principal novedad en la explicación de Weber yace en la apreciación de los antecedentes religiosos que inspiraron la expansión del capitalismo occidental. El puritanismo dio pie al capitalismo moderno al

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proveer esa chispa vital que encendió la secuencia del cambio, ayudando a formar un orden social a partir del cual el goce espontáneo de la vida fue suprimido. Al ligar la aparición del capitalismo con las visiones religiosas protestantes, Weber quiso resaltar la manera en que las ideas se convierten en fuerzas efectivas en la historia. De esta forma, Weber ofrecía una interpretación alternativa al determinismo histórico que prevalecía en aquella época (1905).4 Las sociedades se forman no sólo por factores económicos estructurales, sino que también por particularidades religiosas, culturales e históricas. No existen las “leyes de la historia”, argumentó Weber, la aparición del capitalismo moderno en Occidente fue el resultado de una conjunción de eventos históricamente específicos, con ideas liderando el paso. SCHUMPETER: EL “ESPÍRITU EMPRENDEDOR” Y LA DINÁMICA DE LA DESTRUCCIÓN CREATIVA Joseph Schumpeter (1883-1950) desarrolló su teoría de las transformaciones económicas en concordancia con el espíritu del capitalismo de Weber. Este economista austríaco entiende al capitalismo como un proceso evolutivo, una forma de cambio económico caracterizado por una dinámica creativa/destructiva. El impulso fundamental que mantiene al capitalismo en movimiento proviene del “proceso de mutación industrial que incesantemente revoluciona la estructura económica desde adentro, incesantemente destruyendo la antigua, incesantemente creando una nueva” (Schumpeter [1942] 1976: 83). Los empresarios son los principales agentes de transformación y su función es reformar el patrón de producción explotando una invención 4 Aunque la versión de Weber ha sido a veces contrastada con la de Marx, su crítica parece apuntar a un tipo particular de marxismo, pero no hacia el mismo Marx. Como explica Baert (2005), Weber fue especialmente hostil a los académicos que suscribieron sin sentido crítico la concepción materialista de la historia como un instrumento metodológico para explicar los fenómenos sociales. Cabe resaltar que Weber no sustituyó una visión histórica materialista por un determinismo cultural.

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o una posibilidad tecnológica no intentada, ya sea abriendo nuevas fuentes de suministros de materiales o reorganizando una industria. El “motor del capitalismo” es la continua búsqueda de innovaciones por parte del emprendedor. El espíritu emprendedor no es un patrón general extendido a lo largo de la sociedad, sino un recurso escaso que sólo toca a unos pocos privilegiados, sostenía Schumpeter. Emprender un nuevo desafío es una tarea difícil que requiere confianza en superar las resistencias del entorno; y estas aptitudes están presentes en una pequeña fracción de la población, la burguesía. Lo que motiva a los empresarios es el anhelo de conquistar, de luchar y ganar. En la visión idealizada de Schumpeter, antes que una orientación exclusiva hacia el lucro y el dinero, los empresarios innovan por el espíritu de lucha en sí mismo y por el reconocimiento de ganar. Antes que nada está el sueño y la voluntad de fundar un reino privado… Luego está el deseo de triunfar: el impulso de luchar, de probarse superior al resto, de triunfar por el placer de triunfar, no tanto por los frutos del triunfo, sino por el éxito en sí mismo… El resultado financiero es una consideración secundaria… Finalmente, está el placer de la creación, de haber hecho las cosas (Schumpeter 1934: 93-94).

En 1942, cuando escribió “Capitalismo, socialismo y democracia” (1942), tal vez su trabajo más influyente, sus teorías acerca del rol de los empresarios en el patrón de destrucción creativa del capitalismo no eran muy consideradas. La corriente principal de la teoría económica en ese entonces eran las ideas de Keynes, como la encarnada en las políticas del New Deal promovidas por el presidente Roosevelt en los años 30. Schumpeter no estaba de acuerdo con esta perspectiva teórica. La intervención del Estado en la economía con el afán de contener las consecuencias sociales de la expansión del mercado era un error. Esa clase de intervención podía quizás aliviar la pobreza temporalmente, pero menoscababa al progreso en sí mismo. El progreso supone la destrucción de valor del capital en el estrato en que el nuevo bien de consumo

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o método de producción compite. En un escenario de competencia perfecta, la inversión antigua debe adaptarse, ser sacrificada o abandonada. Bajo la perspectiva de Schumpeter, el fenómeno fundamental a ser explicado no era cómo el capitalismo administra las estructuras existentes, sino cómo las crea y destruye. A Schumpeter le preocupaba el rol debilitado del empresario en su época. Su visión pesimista acerca del futuro del capitalismo estaba influenciada por la crisis económica de los años 30 y por la expansión del nacionalismo y el fascismo en los países occidentales. En concordancia con la visión desencantada de Weber del capitalismo de mercado, Schumpeter entendía a la civilización industrial como racional y anti-heroica. “El éxito en la industria y el comercio requiere una buena cantidad de vigor, y aun así la actividad industrial y comercial es esencialmente no heroica en el sentido del aventurero” (Schumpeter 1976: 128). La expansión de las grandes corporaciones despersonaliza y automatiza el progreso económico. Los hombres de negocio modernos se estaban convirtiendo en oficinistas comunes, perdiendo la pasión y el espíritu de lucha de los dueños, argüía Schumpeter. La innovación, además, había sido reducida a la rutina. “El progreso tecnológico se está convirtiendo cada vez más en asunto de equipos de especialistas capacitados (…) El romance de la aventura comercial temprana se está desgastando rápidamente” (1976 [1942]: 132). Si la evolución capitalista se hace totalmente automática, advertía Schumpeter, la base económica de la burguesía industrial quedaría reducida a salarios pagados por trabajo administrativo, haciendo que el progreso sea superfluo. El deterioro del espíritu del capitalismo ­–el afán del empresario por innovar– era la máxima preocupación de Schumpeter. Bajo su mirada, el sistema capitalista tiene una tendencia a la autodestrucción. Las sociedades capitalistas eventualmente podrían tornarse socialistas. Si aquello sucedía, sostenía Schumpeter, no sería como lo previó Marx. No habría una gran crisis económica. En cambio, habría una creciente crisis de legitimidad, debida a la burocratización de los negocios privados y al persistente rol jugado por los intelectuales en favor de un giro hacia el socialismo. “El

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apego emocional al orden social –la mismísima cosa que el capitalismo es constitucionalmente incapaz de producir– es necesario para vencer el impulso hostil [que generan los intelectuales]” (Schumpeter 1976: 145). La burguesía estaba destinada a defender los valores capitalistas, pero fallaba en defender la importancia de los empresarios y capitalistas requeridos para que este sistema económico prospere. El crecimiento de los monopolios en vez de la competencia, y la creciente intervención del Estado, restringían el proceso natural de destrucción creativa en que el capitalismo florecía de mejor manera. Aún más, el progreso de las grandes corporaciones inevitablemente afecta la posición económica de los pequeños productores y comerciantes, menoscabando así el significado de “propiedad” y “libre contrato”, estrechando la amplitud de la motivación capitalista. La gran unidad industrial burocratizada, para Schumpeter, no sólo barre con las pequeñas o medianas empresas y “expropia” a sus dueños, sino que al final también barre al empresario y expropia a la burguesía en cuanto a clase. Esta, en el proceso, queda expuesta no sólo a perder su ingreso, sino que también su función social. Schumpeter temía que el capitalismo no sería capaz de estimular su propio espíritu. La desaprobación moral de los intelectuales hacia el orden capitalista, la promoción de movimientos sindicales y una actitud generalmente hostil hacia los valores burgueses, amenazaban en último término la motivación del empresario y, en consecuencia, la reproducción del capitalismo. POLANYI: EL “ESPÍRITU DESTRUCTIVO” DEL LIBRE MERCADO Contemporáneo de Schumpeter, el historiador húngaro Karl Polanyi (1886-1964) presentó una perspectiva mucho más dura del capitalismo de libre mercado. En vez de verlo como un proceso evolutivo caracterizado por una dinámica creativa/destructiva, Polanyi subraya las fuerzas destructivas y las amenazas intrínsecas que el libre mercado representa para la sociedad. Pese a reconocer que este sistema tiene la capacidad de crear mejoras económicas en volúmenes sin preceden-

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tes, la implementación del capitalismo de libre mercado en el siglo XIX también produjo grandes desplazamientos y sufrimiento, extendiendo la inequidad, la miseria humana y la degradación medioambiental. Para Polanyi el “espíritu destructivo” del capitalismo se retrata en las deplorables condiciones laborales de las fábricas de la Revolución Industrial, esos “molinos satánicos” que llamaba William Blake, donde las máquinas destruyen físicamente al hombre y su entorno, transformando sus alrededores en un páramo. La economía de libre mercado no era la evolución natural del comercio ni del intercambio, sino una excentricidad en la historia, la consecuencia de un proyecto político particular guiado por el liberalismo económico. Organizar la vida económica sobre la base del interés propio es antinatural para Polanyi. Los mercados autorregulados son una amenaza para la humanidad y la naturaleza, destruyen el tejido social y transforman a los hombres en masas anónimas. Las dos guerras mundiales, la propagación de los regímenes fascistas a lo largo de Europa y la Gran Depresión fueron interpretadas en su momento como el retorno del barbarismo (Dale 2010). Para Polanyi, por el contrario, estos fenómenos eran las consecuencias directas de la economía política liberal del siglo XIX. La gran transformación (1944) explica la turbulencia política y el colapso económico de la civilización del siglo XIX: ¿cómo fue que tras un período tan largo de relativa paz y prosperidad (1815-1914), las naciones occidentales optaron por una senda tan destructiva? La causa profunda de la crisis para Polanyi fue el “utopismo de mercado”. El intento por universalizar las instituciones capitalistas a nivel global quebró a las sociedades tradicionales y engendró contradicciones que llevaron a que el sistema se desmoronara. Las instituciones claves que estructuraron el sistema económico y político mundial del siglo XIX fueron, en opinión de Polanyi, el balance de poder entre las naciones, el Estado liberal, el patrón oro y, la matriz de todo el arreglo, el mercado autorregulado. Para Polanyi la estabilidad del período se explica por la haute finance: los intereses comerciales de la ascendente burguesía europea. El desarrollo del comercio mundial y de las finanzas interrelacionadas no podía darse en un escenario de guerra

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internacional, forzando la paz a pesar de la competencia imperialista entre las naciones europeas. La sumisión de este régimen de libre comercio al proteccionismo de las distintas potencias, y la escalada colonialista del siglo XIX, fue la antesala de los desastres del siglo XX.5 Las crisis capitalistas pueden parecer eventos naturales, pero en realidad fueron actos deliberados de la voluntad humana (Gamble 2009). Históricamente hablando, de acuerdo a Polanyi, los mercados han estado incrustados en la sociedad. En todos los sistemas económicos previos, el intercambio económico ha descansado en instituciones sociales más amplias. En Europa occidental, por ejemplo, hasta el feudalismo, todos los sistemas económicos estuvieron organizados ya fuera en el principio de la reciprocidad, la redistribución o la pequeña propiedad, o la combinación de los tres. Estas formas operaban dentro de relaciones sociales y estuvieron explícitamente vinculadas a ellas. El intento capitalista por controlar el sistema económico exclusivamente en términos de mercados autorregulados implica gobernar a la sociedad como un adjunto del mercado, desvinculando a la economía de la sociedad. Los mercados no pueden funcionar en la ausencia de un sistema paralelo de relaciones sociales; el concepto neoliberal de un mercado “autorregulado” es de hecho un mito (Granovetter y Swedberg 1992). Bajo estas circunstancias, “en vez de que la economía esté incrustada en las relaciones sociales, las relaciones sociales quedan a merced del sistema económico” (Polanyi 2001: 60). Permitir que el mercado sea el único director del destino de los seres humanos y naturales significaría la demolición de la sociedad. Despojados del manto protector de las instituciones culturales, los seres humanos perecerían debido a los efectos del desamparo social; morirían como víctimas de la grave dislocación social a través del vicio, la perversión, el crimen y el hambre (Polanyi 2001: 76).

5 La expansión del imperialismo económico entre 1870 y 1914 fue principalmente una lucha entre poderes europeos por el privilegio de extender su comercio hacia mercados políticamente desprotegidos. Esta fue una reacción natural a las consecuencias negativas de liberalizar la tierra, el trabajo y el dinero.

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El capitalismo como economía de mercado es el sistema económico dirigido exclusivamente por los precios de mercado, en el cual el trabajo, la tierra y el dinero son tratados como mercancías. Los mercados “autorregulados”, no obstante, generan indigencia humana e inestabilidad financiera, consecuencias negativas que el mercado por sí mismo es incapaz de corregir. Según Polanyi, la mercantilización ficticia del trabajo, la tierra y el dinero tiene secuelas corrosivas para las personas, y las reacciones espontáneas de “protección social” resultan inevitables. La voluntad política concertada de la sociedad y el Estado pujan por contrabalancear los efectos negativos de la expansión del mercado. Una vez que el capitalismo autorregulado intenta distanciarse del ámbito social, la respuesta natural de la sociedad es intentar protegerse. Un “doble movimiento”, explica Polanyi, rige la dinámica de las sociedades capitalistas. Dos principios organizacionales antagónicos están en disputa: el liberalismo económico y la protección social. Mientras que el primero pretende establecer “un mercado autorregulado, que depende del apoyo de las clases capitalistas y adopta ampliamente el laissez-faire y el libre comercio como métodos propios”, el segundo tiene como objetivo “la conservación del hombre y de la naturaleza, así como también de la organización productiva, dependiendo del apoyo variante de aquellos más inmediatamente afectados (…), utilizando la legislación laboral, las asociaciones gremiales y otros instrumentos de intervención como métodos” (Polanyi 2001: 139). El movimiento protector para Polanyi se organiza no sólo alrededor de los intereses de clase, sino también alrededor de la sociedad. Hay una gran variedad de formas en que el contramovimiento “colectivista” aparece. Ningún grupo o clase son su fuente exclusiva. Lo que provoca la reacción social, en último término, es el amplio rango de intereses sociales vitales afectados por el mecanismo del libre mercado en expansión. Tanto Polanyi como Weber destacaron lados oscuros del capitalismo, aunque sus advertencias difirieron en escala y consecuencia. Mientras que para Polanyi los mercados autorregulados producen dislocación social, empobrecimiento cultural y degradación humana, la noción de

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Weber de la jaula de hierro del capitalismo industrial implica un desencantamiento con el mundo: las condiciones técnicas y económicas de la producción en serie imponen su rutina burocrática y racional. La diferencia radica en que para Polanyi los mercados autorregulados son espontáneamente contestados a través de contramovimientos que buscan protección social ante las relaciones del mercado. Para Weber, en cambio, una vez establecida, la lógica comercial del capitalismo occidental deviene irreversible. La ideología del laissez-faire no fue una evolución natural para Polanyi; el libre mercado nunca podría haber llegado a existir si solamente se hubiese dejado que las cosas tomaran su curso. Desde el comienzo de la industria del algodón en Inglaterra –una de las primeras industrias de libre comercio–, el libre mercado se ha creado con la ayuda de mecanismos protectores, tales como tarifas, bonos de exportación y subsidios salariales indirectos. El laissez-faire en sí mismo fue reforzado por el Estado. La senda hacia el libre mercado fue abierta por un intervencionismo centralmente organizado y controlado. Contrario al credo liberal, Polanyi apoyaba el crecimiento de la intervención estatal como un correctivo necesario de los defectos del capitalismo de libre mercado (Gamble 2009). Si para los pensadores liberales la idea de libertad se enfocaba en el libre emprendimiento y en la propiedad privada, Polanyi sugería que gracias a la regulación y el control se podía alcanzar la libertad para todos, y no sólo para unos pocos. Finalmente, para Polanyi los mercados autorregulados eran perversos porque conducían a la degradación moral de la sociedad. La economía de mercado niega la auténtica responsabilidad individual, socava la idea de comunidad y obstruye el comportamiento moral. El trabajo humano se transforma en una mercancía y la sociedad se deteriora al ensanchar la desigualdad. Tal como sucedió con la Revolución Industrial, los trabajadores fueron físicamente deshumanizados y las clases capitalistas resultaron moralmente degradadas. El liberalismo, en opinión de Polanyi, había creado sociedades éticamente empobrecidas, donde los hombres sólo podían actuar efectivamente si es que eran egocéntricos racionales

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de acuerdo al modelo del homo economicus. Mientras que para Mandeville el sistema de libre mercado transforma mágicamente al vicio privado en virtud pública, para Polanyi esa alquimia es demoníaca, pues convierte a la virtud privada en vicio público (Dale 2010). No obstante el oscuro pronóstico de Polanyi, su lectura deja la esperanza implícita de que una sociedad protectora finalmente reaccionará ante las dislocaciones del mercado. Alimentado por esta pluralidad de espíritus, y estimulado por la producción en masa, por nuevas instituciones y nuevas tecnologías, el capitalismo continuó su expansión a lo largo del siglo XX. A pesar de dos guerras mundiales y la Gran Depresión, o tal vez debido a ellas, se llevó a cabo un rápido proceso de industrialización en las naciones occidentales. La mecanización de enormes unidades de producción dio forma a las grandes firmas industriales. La demanda por mejorar la producción industrial dio pie al desarrollo de la disciplina del management. LA RENOVACIÓN DEL ESPÍRITU DEL CAPITALISMO Pese a los temores de Schumpeter y al anhelo de Polanyi, la mayoría de las sociedades capitalistas occidentales no se convirtieron en el largo plazo al socialismo. Por el contrario, el capitalismo renovó su discurso, generando nuevas fuentes de seducción, particularmente desde la última ola de globalización de los años 80 en adelante. El fin de la Guerra Fría y la atomización del bloque comunista fueron condiciones favorables para la expansión del libre mercado. En línea con la expansión de las políticas neoliberales en las últimas décadas, un “nuevo espíritu” ha revitalizado al capitalismo y sus justificaciones (Boltanski y Chiapello 2005). Nuevos valores, tales como la autonomía, el involucramiento emocional y la creatividad, junto a nuevas prácticas, como el outsourcing o tercerización, los centros autónomos de costos y los círculos de calidad dentro de las firmas, han renovado la retórica de los negocios. El capitalismo se ha convertido en una empresa teórica promovida por su propio aparato reflexivo, conformado

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principalmente por consultores de management, escuelas de negocios, think tanks proempresas y la prensa económica (Thrift 2005). De acuerdo a Boltanski y Chiapello, el capitalismo requiere justificarse a sí mismo constantemente. Por un lado, necesita legitimarse ante los diferentes actores involucrados en las relaciones económicas, ya sean trabajadores o consumidores; por otro, sus agentes promotores, como empresarios y ejecutivos, necesitan justificaciones que van más allá del progreso material y el mero lucro para generar adhesión y motivación en la vida laboral. El “espíritu del capitalismo” es la ideología que justifica el compromiso en este modelo económico particular, el conjunto de creencias “que ayudan a justificar este orden y […] mantienen los tipos de acción y las predisposiciones compatibles con él” (2005: 11).6 Boltanski y Chiapello examinan la última renovación de la ideología del capitalismo. Observando los cambios ocurridos en la literatura de management entre las décadas del 60 y del 90, argumentan que el capitalismo de fines del siglo XX ha incorporado y se ha beneficiado de las críticas sociales y artísticas expresadas paradigmáticamente por las revueltas estudiantiles de mayo de 1968 en París. Dos tipos de críticas han cuestionado al capitalismo en los últimos doscientos años, sostienen los autores; la crítica artística ha reaccionado contra la inautenticidad y la opresión, mientras que la inequidad y el egoísmo han sido los temas principales de la crítica social. Boltanski y Chiapello (2005) intentan aunar ambos tipos de crítica observando los cambios de justificaciones 6 El nuevo espíritu del capitalismo conecta diferentes elementos de un marco teórico mayor desarrollado por Boltanski y Thévenot en On Justification (1990). Los autores sugieren que cuando se ven confrontados en controversias públicas, los actores sociales disponen de un conjunto de códigos o sistemas para legitimar las justificaciones. Más específicamente, ellos proponen una lista de seis “órdenes de valor” –mercantil, cívico, industrial, doméstico, fama y gracia–, cada uno de los cuales está asociado a diferentes maneras de establecer la concepción común de lo bueno y lo justo, y sus particulares escalas de orden. Boltanski y Chiapello (2005) sugieren que el nuevo espíritu del capitalismo está conectado al nacimiento de un nuevo régimen de justificación. Este nuevo orden está asociado a la idea de “red”, una nueva forma de ordenar la economía en donde los proyectos independientes, las conexiones y la flexibilidad son valores básicos.

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en el discurso del management. La crisis de justificación que provocó la agitación social de los años 60 habría cambiado el discurso capitalista en las décadas siguientes. Especialmente desde los 90, un nuevo orden de justificación habría emergido, un orden que destaca las redes globales, flexibles y cooperativamente organizadas de personas comprometidas con múltiples proyectos. El capitalismo ha renovado su orden de justificación, alimentándose de sus propios críticos. La lectura de Boltanski y Chiapello sugiere tres grandes etapas en el espíritu del capitalismo moderno. Los orígenes de la primera etapa fueron descritos por Weber –el lucro necesita una justificación religiosa–, y están representados en la figura de la burguesía protestante emprendedora, cuya capacidad de innovación estaba vinculada al ahorro, al ascetismo y la adhesión a la familia. El segundo espíritu, principalmente desarrollado entre las décadas de 1930 y 1960, se concentró en las grandes empresas industriales. El control de la compañía fordista pasó a manos de managers profesionales que mejoraron los sistemas de producción y las condiciones laborales. La jerarquía, la competencia y la planificación central fueron referentes para desarrollar la producción masiva y las economías de escala. Una fuerte creencia en el progreso, el mérito y la eficiencia consolidó a este segundo espíritu. Finalmente, el espíritu de red de los años 90 habría renovado al capitalismo. La figura organizacional central es una compañía “liviana” que externaliza sus funciones a subcontratistas y que se enfoca más sobre el conocimiento y la información que sobre la mano de obra o los aspectos técnicos (Boltanski y Chiapello 2005: 174). Las actuales firmas posfordistas operan como una estructura de red, son flexibles y altamente móviles. Su discurso está cargado por la retórica del involucramiento personal, la creatividad y la capacidad de conectarse. Se argumenta que el “empleador real” no sería el dueño, sino el cliente que espera ser satisfecho. El “hombre en red” habría reemplazado al “hombre organizacional”; y en vez de jefes jerárquicos ahora habría líderes visionarios, intuitivos, dispuestos a adaptarse ante nuevos desafíos. Para el nuevo discurso de management de los años 90 la mecanización del mundo es considerada una amenaza al potencial humano. El capita-

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lismo supervisado por el Estado aparece como obsoleto, agobiante y limitante. El gurú del management, Peter Drucker, es, por dar un ejemplo, un ícono de esta tendencia. Drucker apuntó hacia la burocracia como una limitante para la innovación organizacional y el logro de la eficiencia. Reducir esta “jaula de hierro” y su patrón obstructivo permitiría que la gente libere su “ilimitado potencial creativo” (Drucker 1999, 2002). El entusiasmo por la innovación, las relaciones horizontales y el trabajo en red son estrategias promovidas por ese “nuevo espíritu” de las firmas. En suma, un toque new age estaría en las bases de este nuevo discurso de la gestión: el capitalismo neoliberal incorporó la crítica artística que surgió en 1968, y usa esta crítica para revestir sus propias promesas. El nuevo discurso del management está en línea con la escuela de recursos humanos descrita por Mayo (1963) en los años 50. Parecen ser reacciones ante la amenaza del capitalismo de deshumanizar las prácticas laborales –la primera en contra de las prácticas tayloristas de la década de 1920, la segunda en contra de la firmas industriales burocráticas de la década de 1960. Ambos también batallaron por reconocer que el trabajo con sentido y participativo es relevante para la motivación y el desempeño de los trabajadores. Las novedades del discurso new age del management de los años 90 son dobles. De un lado, la utopía de cruzar las barreras jerárquicas de las organizaciones –la promesa de horizontalidad está muy alejada del modelo estructurado de las organizaciones industriales–; del otro, el precio puede verse en los niveles más bajos de estabilidad y seguridad implícitos en los proyectos de corto plazo de la empresa postfordista. Los nuevos modos de producción pueden ser más móviles, con ambientes supuestamente creativos y orientados al alcance de metas, pero tienden a ser más intensivos, protegen menos las condiciones de los trabajadores y entregan menos garantías de estabilidad (Sennett 2002, 2006). The Rise of the Creative Class (2002), de Richard Florida, y Neo-Bohemian, de Richard Lloyd, van en línea con el giro new age del capitalismo contemporáneo. Florida sostiene que las fuerzas motoras del cambio social provienen de la cultura de emprendimiento que nace en

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los lugares que la gente creativa busca para vivir. La aparición de una nueva “clase creativa” compuesta por distintos profesionales con un ethos común que valora la individualidad, la apertura a la diferencia y la meritocracia estaría detrás del éxito de los hubs tecnológicos, como Silicon Valley, en California, o Austin, en Texas. Para Florida (2002, 2005) la creatividad es la fuerza conducente del crecimiento económico. Esta clase compuesta por profesionales de la ciencia y la ingeniería, la arquitectura y el diseño, la educación, las artes y el entretenimiento, tienen la función económica de crear nuevas ideas, nuevas tecnologías y nuevos contenidos. Un ejemplo de esa clase creativa estaría en el barrio de Wicker Park, en Chicago, que Lloyd (2006) estudió durante los años 90. Los generadores de arte y cultura, nuevos bohemios que habitan este barrio reflejarían el espíritu de los emprendedores de la nueva economía: una comunidad creativa, tolerante y auténtica. Desde el otro lado del Atlántico, Barbrook y Cameron (1996) ironizaban el optimismo de esa cultura como la “ideología californiana”. Emulando la “ideología alemana” que según Marx inspiró a la burguesía industrial del siglo XIX, Barbrook y Cameron constatan la peculiar fusión entre el espíritu libre de los hippies de San Francisco y el afán emprendedor de los yuppies de las industrias tecnológicas de Silicon Valley. Esa ideología californiana generó una cultura de negocios en los años 90 que tiene una fe ciega en el potencial emancipador de las nuevas tecnologías de la información. Tanto los miembros de la clase creativa de Florida como los emprendedores neo bohemios de Lloyd encarnarían esa ideología californiana, la versión americana del nuevo espíritu del capitalismo. La principal novedad en la interpretación de Boltanski y Chiapello es la renovación de las justificaciones como una práctica permanente. Mientras que Weber se enfocó en la conjunción de eventos históricamente específica que originó la expansión del capitalismo –la afinidad electiva entre la ética protestante y el capitalismo occidental–, Boltanski y Chiapello leen las ideologías del management como prácticas vivas que las empresas constantemente actualizan para validar sus acciones. La aparición de nuevas críticas presiona al mundo de los nego-

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cios a renovar sus justificaciones. El espíritu y la crítica del capitalismo, por lo tanto, evolucionan a la par. Mientras las firmas industriales de principios del siglo XX tuvieron que hacerse cargo de mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores, las firmas posfordistas de fines del siglo XX reaccionaron a la demanda de los ejecutivos tendientes a mejorar la compensación y a entregar más flexibilidad. Del mismo modo, así como en el auge de los Estados nación de mitad del siglo XX las empresas tuvieron que hacerse cargo de un capitalismo patriótico, las críticas actuales al impacto medioambiental han impulsado un capitalismo verde, que busca eficiencia energética y paga bonos de carbón por contaminar. A medida que emergen nuevas críticas, aparecen nuevas ideologías y justificaciones que intentan renovar la legitimidad de los negocios. CIRCUITOS CULTURALES DEL CAPITALISMO Desde un enfoque similar, el geógrafo británico Nigel Thrift (2005) explora el aparato discursivo y las prácticas performativas que han facilitado la expansión del capitalismo contemporáneo. Thrift nota que hoy en día el capitalismo se presenta como una entidad entretenida, móvil y creativa. Los “circuitos culturales del capitalismo”, es decir, la comunidad reflexiva compuesta por la prensa financiera, los consultores de gestión, los think tanks proempresas y las escuelas de negocios juegan un rol importante en la formación de las ideas sobre la nueva economía. Desde los años 60 el capitalismo mundial experimentó un giro cultural, transformándose en un sistema más sofisticado. Si bien la conversión de información en conocimiento ha sido una preocupación constante del capitalismo, la elaboración y distribución de conocimientos experimentaron una revolución exponencial en el último medio siglo (Thrift 2005). El volumen de información procesado por las empresas aumentó radicalmente fruto de nuevas tecnologías, y la innovación de procesos y el aprendizaje en las organizaciones se tornaron centrales para la competitividad de las mismas. Mientras las empresas se vol-

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caron a invertir en investigación, clusters de innovación y círculos de calidad, las universidades fueron colonizadas por las reingenierías, los incentivos de producción intelectual y las marcas. La teoría de la gestión se transformó en un buen negocio, y de la mano se multiplicaron las escuelas de negocios y los MBA. Prueba de ello es lo ocurrido en Estados Unidos, donde el número anual de graduados de MBA aumentó de 5.000 en 1961, a 61.000 en 1981; y de 75.000 en 1992, a más de 100.000 en el año 2000 (cf. Friga et al 2003). Así mismo se expandieron las consultoras de management como McKinsey o el Boston Consulting Group, y proliferaron los profetas de la gestión empresarial, como Peter Drucker, Michael Porter o Peter Senge (Micklethwait y Wooldridge 1996). En suma, las firmas se volvieron más académicas, y la academia se tornó más orientada a los negocios. De la interacción entre academia y empresas surgió un atractivo negocio sobre ideas, servicios y dispositivos para la gestión empresarial. El capitalismo se transformó en una empresa teórica capaz de reflexionar sobre sí mismo, instalando nociones virtuales sobre los supuestos modos en los que funciona el mundo, como la economía del conocimiento, el marketing relacional o la responsabilidad social empresarial. Mediante este giro cultural el capitalismo no sólo mostraría su lado duro e implacable –como un sistema de acumulación exigente y desigual– sino también su cara estimulante y atractiva: la de un sistema creativo, enérgico, que promueve la pasión por emprender y la capacidad de innovar. A diferencia de Marx, quien se interesó en las condiciones materiales de existencia y las relaciones desiguales entre capital y trabajo; o de Weber, quien vio en la burocracia moderna la jaula de hierro de un mundo desencantado, el capitalismo contemporáneo se presenta flexible y soft, como una entidad dinámica de la cual los circuitos culturales son un elemento constitutivo (Thrift 2005). Las nuevas teorías del management, que resaltan la interacción humana, las habilidades “blandas” y la autorrealización como elementos claves para el éxito organizacional, encarnan las promesas del capitalismo reflexivo. De este modo, el hombre racional del complejo industrial de los años 60, instruido en una función específica

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dentro de la estructura burocrática, se convirtió en la persona corporativa de los 90, cuya principal experticia es la capacidad de presentación y de gestión del cambio. La puesta en escena corporal, y las habilidades de interacción y persuasión, se convirtieron en factores centrales para la performance de los negocios (Sennett 2006). El capitalismo dejó de ser asociado a la amenaza gris y burocrática, para vestirse de fuente creativa que produce ideas, relanza productos y rediseña espacios, en función del lucro, claro, pero también porque el capitalismo ha encontrado su mejor negocio: aprovechar las energías rebeldes en su propio beneficio. A pesar de la evidente renovación del espíritu del capitalismo, dos preguntas permanecen. ¿Cuál es la relación entre los discursos –de teóricos del management, asociaciones empresariales o think tanks empresariales– y las prácticas de las empresas? Los discursos cumplen distintas funciones: pueden ofrecer nuevas justificaciones, guiar los modos de acción empresarial, reflejar las expectativas de los actores, encubrir situaciones laborales precarias, o exigir nuevos estándares ambientales de producción, entre otros. En breve, entre discurso y práctica puede haber coherencia, disonancia o una mezcla de ambas. Luego, ¿dónde se manifiesta este nuevo espíritu, únicamente en los centros del capitalismo o también en las periferias? ¿Está este nuevo espíritu presente en los países emergentes? La forma que ha tomado el capitalismo contemporáneo en China e India, por ejemplo, no se ha caracterizado precisamente por un nuevo espíritu, sino por los viejos patrones explotadores propios de revolución industrial, como los descritos por Polanyi. Largas jornadas laborales y paupérrimas condiciones de trabajo son dos de estos rasgos. ¿Cómo se relaciona o se hibrida este nuevo espíritu con los rasgos particulares que toma el capitalismo en diferentes países, con sus variedades?

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CAPÍTULO 3 / VARIEDADES DE CAPITALISMOS Hay muchas maneras de organizar el sistema económico. Los países hacen las cosas de diferentes maneras; los tipos de capitalismos tienen sus puntos fuertes y sus debilidades. El problema es que en los últimos treinta años nos han dicho que sólo hay una forma de organizar el capitalismo, y ese es el libre mercado al estilo americano. Ha-Joon Chang, The Guardian, 11 noviembre 2012

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a literatura sobre Variedades de capitalismos (VdC) (Hall y Soskice 2001; Schneider 2009; Streeck 2010) ofrece un marco institucional para evaluar las similitudes y las variaciones entre economías políticas nacionales. A diferencia de enfoques tradicionales como las teorías de la modernización, el neo corporativismo y los sistemas sociales de producción, la VdC es un método centrado en las firmas que entiende a las compañías como actores cruciales de las economías capitalistas. Hall y Soskice (2001, 2006) afirman que las relaciones entre las empresas, la fuerza laboral y los gobiernos operan de manera diferente en distintos países. Estos autores distinguen dos tipos “ideales” de economías políticas entre los países desarrollados: las economías de mercados liberales (EMLs) de Estados Unidos, Reino Unido y otros países anglófonos, y las economías de mercados coordinados (EMCs) de Japón, Alemania y otros países del norte de Europa. Las estructuras institucionales incorporadas en los regímenes de regulación y organización de la economía política condicionan la adopción por parte de las empresas de unas u otras estrategias para la resolución de los problemas de coordinación. Es decir, la variabilidad institucional en los mercados del trabajo, educación y capacitación, y el gobierno corporativo, entre otras variables, hace que las empresas desarrollen estrategias distintas en las EMLs y en las EMCs. En respuesta a estos marcos institucionales, las firmas desarrollan diferentes patrones de transferencia de tecnología y especialización. Mientras que en las EMLs las empresas se apoyan en los mecanismos TEORÍAS Y CONTEXTOS HISTÓRICOS

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de mercado y competencia para coordinar sus actividades, en las EMCs la coordinación estratégica de las empresas es sostenida por instituciones que no necesariamente son de mercado, sino que suelen estar basadas en relaciones de colaboración en la industria o coordinación entre diversos actores. Según Hall y Soskice (2001, 2006), los marcos institucionales de las EMLs otorgan a las compañías mejores capacidades para la innovación radical, mientras que aquellos de las EMCs entregan capacidades superiores para la innovación gradual. Al aplicar el enfoque de las VdC a los países de Latinoamérica, el economista político del MIT Ben R. Schneider y sus colegas (Schneider 2009; Schneider y Soskice 2009; Schneider y Karcher 2010) describen un patrón común en la región que denominan economías de mercados jerárquicos (EMJ). Bajo esta perspectiva, la presencia de grupos económicos con negocios diversificados, la preponderancia de corporaciones multinacionales (CMNs), una fuerza laboral poco capacitada y relaciones laborales atomizadas, hacen de la jerarquía el rasgo central del capitalismo en la región. Las relaciones entre las firmas y otros actores en América Latina están principalmente dirigidas por aquellos con mayor poder económico, mientras que la coordinación colectiva es un mecanismo menos influyente. Los grupos económicos locales y las CMNs dominan la estructura de los negocios en los sectores modernos. Sólo unos pocos empleados tienen relaciones de largo plazo dentro de las firmas y los mercados laborales son ampliamente flexibles. Los empleadores tienen un control predominante sobre la contratación y el despido, la organización del trabajo y la fijación de los salarios (Soskice y Karcher 2008). La inversión pública y privada en capacitación es mínima. Aún más, según Schneider (2009), existen “complementariedades negativas” entre las estructuras de los negocios y los mercados laborales que refuerzan formas corporativas jerárquicas, falta de inversión en capital humano y ausencia de relaciones laborales mediadas por el Estado. Este análisis explicaría en parte el fracaso de Latinoamérica en mejorar la productividad del sector industrial y una mejor distribución del ingreso. Las CMNs tienden a organizar su producción en cadenas

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de valor global, ubicando en la región sus operaciones de ensamblaje de trabajo intensivo, mientras que la investigación y el desarrollo de tecnologías las sitúan en otras partes del mundo (Schneider y Soskice 2009). Tanto en Argentina como en Chile los niveles de inversión en investigación y desarrollo son bajos. Según el Banco Mundial (2011), en 2010 Chile gastó sólo un 0.42 por ciento de su PIB en trabajo creativo para incrementar el conocimiento, y Argentina un 0.62. Países industrializados, en cambio, hacen una inversión bastante mayor. En 2010, Alemania invirtió 2.8 por ciento, Corea del Sur 3.74 y Estados Unidos 3.77.7 No es sorpresa entonces que el sector privado chileno, empero su enorme expansión en las últimas tres décadas, ha sido incapaz de sofisticar su producción. De los 295 productos nuevos que Chile comenzó a exportar entre 1991 y 2006, sólo dos están fuera del rango de materias primas o recursos naturales (Wagner y Zahler 2011). El patrón jerárquico descrito por Schneider et al ciertamente cobra sentido en el panorama amplio del capitalismo en Latinoamérica. Este aspecto regional en común, sin embargo, no debe entenderse como que el capitalismo funciona de manera similar en todos los países del subcontinente. Las diferentes relaciones de coordinación y regulación entre empresas, sindicatos y Estados en cada país crean ambientes distintivos para la operación de las firmas, generando variantes dentro de estas jerarquías. Sánchez-Ancochea (2009), por ejemplo, destaca que la influencia del Estado en el comportamiento estratégico de las firmas es crucial para comprender la diversidad del capitalismo en la región. Las estructuras de incentivos relativas a la regulación financiera e industrial que enfrentan las firmas son factores de diferencia determinantes, así como también los roles distintivos de las elites económicas 7 Para el Banco Mundial (2011), los gastos en investigación y desarrollo son gastos corrientes y de capital (público y privado) en trabajo creativo realizado sistemáticamente para incrementar los conocimientos, incluso los conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la sociedad, y el uso de los conocimientos para nuevas aplicaciones. El área de investigación y desarrollo abarca la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental.

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y las políticas.8 Además, la comprensión de la historia y la tradición de los capitalismos locales, al igual que sus formas de integrarse a la economía global, puede complementar el enfoque de las VdC. Por ejemplo, el giro regresivo hacia las industrias primarias y la desindustrialización que se dio en la mayoría de las economías latinoamericanas en los años 80 y 90 (Domingues 2008), ciertamente ha afectado sus posiciones de dependencia. Dentro de esa dependencia, sin embargo, los países han desarrollado diferentes estrategias de internacionalización y de políticas comerciales. Al observar los sistemas económicos dentro de las economías en desarrollo, Pryor (2005, 2006) identifica cuatro vertientes tipológicas: los capitalismos “orientados al trabajo”, los “orientados a la tradición”, los “orientados a las empresas” y a los grupos “estatistas”. Bajo este esquema, Argentina calzaría en el tipo de capitalismo que privilegia a los trabajadores (del sector formal), mientras Chile se destacaría por beneficiar a empresas y empleadores. Si bien es importante distinguir entre los trabajadores urbanos formalizados y los sectores informales –como veremos en el capítulo 12–, Pryor (2006) argumenta que Argentina ofrece una legislación de protección del empleo relativamente alta y un desarrollo financiero limitado, pero con una apertura moderadamente alta hacia la inversión extranjera directa y relativamente baja hacia el gasto del gobierno. Chile en cambio, como un país que favorece la posición de las empresas privadas, presenta un ambiente legal favorable a una economía de mercado, sistemas financieros relativamente desarrollados y altos niveles de protección al inversionista, complementados con una protección del empleo más baja e instituciones de negociación laboral débiles. Predeciblemente, el “Índice de libertad económica” 2010 del think tank conservador Fraser Foundation, ubica a Argentina en el lugar 114 en8 Al observar, por ejemplo, el éxito parcial de Costa Rica en desarrollar sectores de alta tecnología, Sánchez-Ancochea (2009) argumenta que fue el liderazgo burocrático del Estado, y no las demandas del sector privado, el que gatilló la expansión del gasto social y la atracción de inversionistas extranjeros dinámicos a nuevos sectores.

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tre 141 países. Chile, en contraste, está posicionado en el quinto lugar, es decir, uno de los países con más facilidades para las firmas del mundo. Como revisaremos más adelante, es interesante notar las prioridades de estas instituciones, quiénes las conforman, y la manera cómo se construyen estos rankings, los cuales suelen suponer que hay una forma ideal de capitalismo: el libre mercado al estilo americano. Si bien aquí consideramos las regulaciones financieras y laborales, y la relación entre capital y trabajo propuesta por las VdC, se amplía al mismo tiempo la comparación, incluyendo el rol del Estado, y rasgos de la cultura política y económica de Argentina y Chile. La literatura que nos guía busca iluminar el problema investigativo al menos de dos maneras. De un lado, asume que no hay un único “espíritu”, sino varios espíritus del capitalismo que dirigen la renovación de este particular sistema económico. Estos diferentes espíritus promueven cambios en varias direcciones, algunos producen riqueza y valores morales, otros generan dislocación social y degradación moral. Estos espíritus, además, están inspirados por metas diferentes: el lucro, la innovación, la transformación religiosa, el logro heroico y la defensa de los intereses de clase, entre otros, que pueden complementarse o contradecirse entre sí. Estos espíritus, finalmente, se expresan a través de ideologías particulares que producen reacciones sociales distintas, dependiendo de las tradiciones políticas y de los grados de organización de los países. Del otro lado, esta literatura ayuda a entender cómo las diferentes economías políticas en que se despliega el capitalismo afectan no sólo la forma que toman las relaciones económicas en cada país, sino también las condiciones para la renovación de sus espíritus. En este contexto, vale preguntar cómo el capitalismo y sus espíritus se han desplegado en Argentina y Chile; qué tipo de justificaciones se han desarrollado, y cómo las experiencias del neoliberalismo han afectado las justificaciones y legitimidades del capitalismo en estos países.

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CAPÍTULO 4 / EL ASCENSO DEL NEOLIBERALISMO

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El neoliberalismo es cualquier cosa menos una filosofía política sucinta y claramente definida. Dieter Plehwe (Mirorski y Plehwe 2009: 1)

ómo y por qué dos países vecinos, Argentina y Chile, que aplicaron políticas económicas aparentemente similares acabaron con enfoques tan diferentes frente al libre mercado? Durante la década de los 90 ambas naciones eran consideradas casos ejemplares de las políticas del Consenso de Washington, y Argentina era la favorita de Wall Street. Una década más tarde, sin embargo, Argentina parece alejada del discurso de la globalización, tornándose hacia un capitalismo nacional-popular. Mientras que la idea de una sociedad de mercado fue cuestionada en Argentina, especialmente tras la crisis de 2001, en Chile, al menos hasta 2011, parecía una idea naturalizada entre sus elites. LA ANTESALA DE LAS REFORMAS DE MERCADO

Durante la llamada “era intervencionista” entre los años 1940 y 1980 (Rodrik 2003), tanto en Argentina como en Chile los beneficios sociales promovidos por los Estados de compromiso aumentaron el tamaño de las clases medias urbanas y del proletariado. La intervención estatal pretendía generar cambios en las estructuras sociales y construir una base industrial para facilitar la transición a la modernidad (Taylor 2006a).9 El sistema de protección y de movilidad social estaba principalmente basado en la acción colectiva destinada a atraer la atención del Estado, 9 En Chile, por ejemplo, la creación de la Corfo en 1939 tuvo el rol preponderante y modernizador de promover la industrialización y los nuevos cuadros profesionales. Se crearon grandes empresas nacionales de electricidad, acero y petróleo, así como inversiones en manufactura, minería y agricultura.

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favoreciendo patrones clientelistas (Tironi 2006). Los sindicatos de trabajadores y los grupos organizados de estudiantes, campesinos y empresarios eran fundamentales para acceder a los beneficios estatales. El Estado argentino, en particular, generó un modelo sobresaliente de integración durante este período. El despliegue del peronismo a partir de 1945 presionó por la extensión de garantías sociales a la población y una mayor capacidad de negociación de los grupos organizados, desafiando los privilegios históricos de las elites. Las políticas peronistas buscaban la reparación de las inequidades del capitalismo a través de la ampliación de los derechos ciudadanos (L. Taylor 1998). La era intervencionista, sin embargo, también se caracterizó por una creciente tensión social y por fluctuaciones económicas. La pugna distributiva de los grupos organizados y las demandas por mejoras salariales de los sindicatos aumentaron las tendencias inflacionarias.10 Bajo un contexto de graves desacuerdos políticos e ideológicos, el gobierno argentino sufrió un deterioro progresivo de recursos para ejercitar la autoridad legal y resolver conflictos sociales, lo cual condujo a un círculo vicioso de inestabilidad política y económica que se manifestó a través de sucesivos golpes de Estado, el uso de la violencia estatal e hiperinflaciones (Novaro 2006; Pucciarelli 2004). En Chile, “la revolución en libertad” impulsada por el presidente Frei (1964-1970) también causó incertidumbre entre las elites, aunque de manera más tardía y menos disruptiva que en Argentina. El desarrollismo de Frei fortaleció el rol del Estado, promoviendo un modelo comunitario que buscaba articular las demandas de grupos postergados, como campesinos y masas urbanas marginadas (Van der Ree 2007). El gobierno falangista intensificó el modelo de industrialización por substitución de importaciones (ISI), amplió los créditos a la industria, las inversiones en infraestructura, la reforma agraria y nuevos programas 10 En Argentina, por ejemplo, entre los dos gobiernos de Perón (1946-1955 y 19731974) la inflación del período promedió un 27,5 por ciento (Gerchunoff y Llach 2003). La hiperinflación, que llegó a un 182 por ciento en 1975, fue una de las razones con que la cúpula militar justificó el golpe de Estado de 1976.

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sociales (Taylor 2006b). La vía chilena al socialismo liderada con posterioridad por el presidente Allende (1970-1973) radicalizó la presión por un cambio en la estructura social. El programa de la Unidad Popular (UP) pretendió establecer un “Estado popular”, en donde las personas tomarían el poder en sus propias manos. El programa de la UP implicó la nacionalización de sectores industriales claves, incluyendo las estratégicas minas de cobre y los bancos, profundizó la reforma agraria y extendió los programas sociales para redistribuir los recursos públicos (Taylor 2006a). Por primera vez en la historia de Chile, un movimiento popular de trabajadores organizados se convirtió en una fuerza real que disputaba la propiedad del aparato productivo al empresariado. El discurso confrontacional de la lucha de clases, del poder popular y de la movilización de las masas en contra de la oligarquía aceleraron la tensión social (Camargo Brito 2008). Los problemas de producción y distribución de alimentos fueron utilizados por los empresarios para poner en duda la capacidad de Allende de mantener el orden institucional. El alineamiento ideológico de Chile con Cuba, la Unión Soviética y el socialismo internacional era considerado una amenaza para las clases dominantes, quienes acusaron que el desorden económico, político y moral de la UP estaba llevando al país al caos. Una vez que los derechos de propiedad de la tierra y de las empresas fueron traspasados, la escalada de violencia fue difícil de controlar. Las elites tradicionales clamaron por una intervención de las fuerzas militares para restablecer el orden, apoyando el golpe de 1973. A pesar de la prevalencia de las ideas desarrollistas de la CEPAL en la región, las políticas ISI perdieron fuerza en Latinoamérica entre los años 70 y 80. El modelo del Estado de compromiso parecía menos eficaz para resolver el puzzle distributivo. En 1971 el movimiento sindical gozaba de su mayor expansión global, extendiendo la colectivización de las demandas populares (Therborn 2011). Las protestas de mayo de 1968 en Francia alertaban sobre el problema de la gobernabilidad y el orden público. Además, el embargo del petróleo producto de la guerra árabe-israelí de 1973 condujo a una recesión mundial que incrementó la in-

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flación y el desempleo. Las elites económicas occidentales comenzaron a criticar la tendencia redistributiva del capitalismo keynesiano como una limitante del desarrollo económico (Crompton 2008), y al discurso anticorporativo y antiimperialista como obstructores del crecimiento, clamando por la renovación del proceso de acumulación (Harvey 2005). La promesa keynesiana de producir crecimiento y empleo no parecía estar al alcance de un capitalismo supervisado por el Estado. Una ofensiva intelectual cobró fuerza en las instituciones financieras internacionales, en las universidades y en la prensa. Think tanks conservadores, como la Heritage Foundation, el American Enterprise Institute y la Comisión Trilateral, financiados por multinacionales y grandes capitalistas, salieron en defensa del libre mercado. La Comisión Trilateral,11 por ejemplo, advertía que la democracia estaba en peligro debido a la politización de las sociedades y al intervencionismo estatal en los asuntos públicos. Esta comisión sugería que la creciente participación política estaba generando una excesiva intervención gubernamental en la economía y un crecimiento desbalanceado, exacerbando las tendencias inflacionarias y poniendo en riesgo a la democracia (Crozier et al 1975). Disciplina fiscal y gobernabilidad eran necesarias para restaurar el orden y reactivar al capitalismo. Si bien las ideas neoliberales venían incubándose desde los 1940 en torno a Hayek y la sociedad Mont Pelerin, estas ideas ganaron protagonismo en medio de la recesión mundial de los 1970. La proliferación de think tanks transformó la forma de hacer política y de producir conocimiento. Estos centros generaron una ecología política propia guiada por expertos orientados a un conocimiento práctico, situándose en la intersección entre la producción política, intelectual, económica y mediática (Medvetz 2012, Eyal y Buchholz 2010). Tanto en Argentina como en Chile las expectativas de cambio social en la segunda mitad del siglo XX crecieron en contextos altamente politi11 La Comisión Trilateral reunía a líderes del mundo de los negocios, de la banca, del gobierno y de los medios de comunicación provenientes de Estados Unidos, Europa y Japón. Fundada en 1973, y financiada por Rockefeller, fue considerada como un brazo del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos.

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zados. Los grupos de presión que pedían la extensión del aparato estatal disputaron la posición de las elites. Entre los movimientos de protesta estaban los Montoneros en Argentina y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) en Chile. Ambos consideraban que la violencia era una herramienta legítima para incitar a las masas en la lucha contra enemigos irreconciliables y generar la crisis del capitalismo (Novaro 2006). El MIR operaba independientemente de la UP, pero mantenía relaciones cercanas con el Partido Socialista. Desde 1971, el MIR tomó un curso revolucionario, creando organizaciones locales de poder popular que eventualmente instalarían un gobierno revolucionario de trabajadores y campesinos (Van der Ree 2007). De modo similar, el retorno de Perón a Argentina el año 1973 alimentó la “tendencia revolucionaria” del peronismo, con los Montoneros actuando como su brazo armado. Y aunque el mismo Perón fue uno de los políticos que repudió con mayor énfasis la violencia de los Montoneros, su muerte en julio de 1974 intensificó el vacío de poder y el choque de fuerzas. En los años previos al golpe de 1976, los Montoneros aumentaron sus agresiones en contra de “los enemigos políticos y de clase”: sus métodos incluyeron ataques a bases militares, y el secuestro y asesinato de empresarios, sindicalistas y políticos. En vez de hacer de la revolución algo más cercano, estas acciones profundizaron la convicción en muchos sectores de que era necesario terminar con la “violenta e incorregible izquierda” (Novaro 2006). A pesar de estas coincidencias históricas, hay dos antecedentes que merecen atención con el fin de entender mejor los golpes militares de los años 70: el desarrollo económico y la estabilidad institucional. Argentina era una nación más rica y gozaba de un sistema social más inclusivo que el de Chile, que tenía una larga población marginada. El ingreso per cápita en el año 1975 en Argentina era casi el doble que en Chile –US$ 8,074 versus US$ 4,222 en dólares internacionales Geary-Khamis de 1990 (Bértola y Ocampo 2010: 309). Aunque Argentina ya no gozaba de las glorias del pasado, la sindicalización y las mejoras salariales sedimentadas por el peronismo aumentaron el poder adquisitivo de las clases trabajadoras desde la década de 1950, facilitando la democratización de nuevos

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bienes de consumo. Según Milanesio (2013), la masificación del consumo durante este período alteró la vida pública y privada, redefiniendo las relaciones de género dentro de los hogares, la distinciones de clase en la esfera pública y el papel del Estado como mediador entre empresas y clientes. En Chile, en cambio, amplios sectores de la sociedad estaban marginados del sistema productivo, de la industria cultural y del sistema escolar. Tal como diagnosticaba Pinto (1959), el país era un caso de desarrollo frustrado. Al tiempo que existía un régimen político inclusivo que estimulaba las expectativas de los actores, la estructura de producción era incapaz de incorporar a grandes segmentos de la población. En contraste, cuando observamos las instituciones políticas, la democracia argentina venía erosionándose desde la década de 1930, mientras que, en el mismo período, las instituciones chilenas habían soportado relativamente la presión social. Los estudios sobre el sistema político chileno subrayan la capacidad de la clase política para canalizar las demandas sociales durante el siglo XX (Garretón 1992). La temprana organización de la ciudadanía a través de los partidos políticos legitimó los mecanismos institucionales para resolver las disputas (L. Taylor 1998). El respeto a la democracia ayuda a explicar, en parte, cómo las elites conservadoras inicialmente toleraron que la revolución socialista de Allende ocurriese a través de mecanismos institucionales. Del otro lado, los militares en Argentina se habían tomado el poder cinco veces desde 1930 (1930-31; 1943-46; 1955-58; 1966-73; 1976-83). Exceptuando los tres años que precedieron el golpe militar de 1976, o militares se habían tomado el poder, o gobiernos civiles proscribieron a peronistas, a comunistas o a ambos (Fridman 2010). Los mecanismos institucionales para resolver las disputas sociales se habían estropeado mucho antes de los años 70 en Argentina. EL NEOLIBERALISMO COMO MECANISMO DE ORDEN Y GOBIERNO A DISTANCIA Los regímenes militares de Chile (1973-1990) y Argentina (1976-1983) tuvieron la misma peculiaridad: ambos combinaron una extendida represión social con reformas radicales de libre mercado. Esta combina74

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ción en ningún caso es obvia. Ambas fuerzas militares intervinieron bajo el pretexto de la “doctrina de seguridad nacional” que respondía a una nueva geopolítica enfocada en el enemigo interno (Boisard y Heredia 2010). La violencia y la persecución fueron justificadas por el régimen de Pinochet como tácticas adecuadas en una guerra para salvar a la patria chilena de la amenaza marxista internacional. De la misma forma, los militares argentinos señalaron un decaimiento moral y una amenaza a la nación para justificar su ofensiva. Los objetivos de ambos regímenes eran parecidos: terminar con el caos económico, desmantelar los remanentes de la política de sustitución de importaciones, e imponer la primacía del mercado sobre el Estado y la sociedad como regulador económico (Novaro 2006). La desregulación y la apertura de la economía, la disolución del Parlamento y la prohibición de los partidos políticos y, en el caso chileno, la adopción de una nueva Constitución (1980), fueron parte de un proyecto reestructurador que tenía el propósito de restituir normas institucionales y políticas favorables para el capitalismo (L. Taylor 1998). En un intento por edificar una sociedad despolitizada, ambas dictaduras buscaron establecer las relaciones de mercado como la forma predominante de organización social, que, de acuerdo a la teoría neoclásica, sería racional, armónica y próspera (M. Taylor 2009). Ambos regímenes aspiraron también a poner en marcha una “limpieza ideológica” de los movimientos políticos. Los golpes militares fueron fomentados internamente por las elites dominantes, las cuales, con el apoyo de Estados Unidos, buscaban revancha contra agitadores, guerrillas de izquierda y sindicatos (L. Taylor 1998). En Argentina, el Proceso de reorganización nacional (1976-1983) buscó minar las fuentes del populismo, al poderoso movimiento sindical peronista y los abusos de protección estatal de las empresas industriales (Novaro 2006: 91). De manera similar, el golpe en Chile no sólo estuvo dirigido contra los partidarios de la UP, sino que también en contra de las masas movilizadas y los colectivos gremiales. Ideológicamente hablando, el gobierno militar pretendía acabar con el paradigma marxista de discursos revolucionarios y de lucha de clases (Camargo Brito 2008). Según su declaración de principios,

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el actual Gobierno no teme ni vacila en declararse antimarxista (…) Su misión histórica es dar a Chile una nueva institucionalidad (…) depurando nuestro sistema democrático de los vicios que facilitaron su destrucción (…) [Para ello es necesario] asegurar la independencia y despolitización de todas las sociedades intermedias entre el hombre y el Estado. Particular importancia dentro de éstas tienen las agrupaciones gremiales, sean ellas laborales, empresariales, profesionales o estudiantiles (Junta de Gobierno de Chile 1974: 27-30).

Las Juntas militares en ambos países estuvieron marcadas inicialmente por luchas de poder internas. La capacidad de Pinochet de imponer su mando, sin embargo, contrasta con los cambios de líderes en la Junta argentina. La dictadura chilena se ganó el calificativo de “sultanato”, dada la habilidad de Pinochet de controlar el órgano represivo y asegurar una autoridad piramidal, mientras que a la dictadura argentina se le describe como “feudal”, debido a la oposición entre diferentes grupos al interior de las fuerzas armadas (Boisard y Heredia 2010: 5). El mandato unipersonal de Pinochet permitió un compromiso más fuerte y continuidad con las políticas neoliberales, mientras que el equilibrio entre las ramas militares del régimen argentino estimuló la discrepancia hacia el programa económico. Justo después del golpe, la Junta chilena distribuyó de forma pareja las áreas de gobierno entre las diferentes ramas de las fuerzas armadas (Cavallo et al 1988). Al menos dos visiones disputaban el proyecto político del Ejército: una visión, representada por el general Leigh, creía que la mejor forma de combatir los movimientos revolucionarios era por medio de reformas sociales guiadas por el Estado; la otra, sostenida por Pinochet, pensaba que el fracaso de la polarización requería refundar las relaciones entre Estado y sociedad, y depurar el sistema económico (Valdivia 2003). A pocos meses del golpe, Pinochet impuso su autoridad dentro de la Junta con el argumento de la necesidad de estabilizar el régimen. Por medio de una política de nombramientos y retiros de oficiales, Pinochet fue deshaciéndose de sus rivales al interior de los cuerpos armados, hasta conquistar la presidencia en diciembre de 1974 (Cava-

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llo y Serrano 2003; Valdivia 2003). Tras ello, la Junta se limitó a apoyar las decisiones que tomaba el poder ejecutivo. La brutalidad del golpe de 1973, que incluyó el bombardeo de La Moneda, más de tres mil civiles asesinados y cuarenta mil torturados en campos de concentración (Informe Rettig 1991; Informe Comisión Valech 2011), y el desenfrenado autoritarismo de Pinochet, se vinculan en parte con la doctrina del terror y de autoridad vertical incuestionable del Ejército chileno (Politzer 1985; Verdugo 1989). El régimen más disperso de Argentina, en contraste, nunca alcanzó la concentración de poder que gozó Pinochet. Las disputas internas en materias políticas y económicas fueron evidentes desde los primeros días del golpe militar. Mientras que la facción de los colorados buscaba barrer con cada reminiscencia del peronismo de la política argentina, los azules apostaban a incluir al peronismo al sistema político, pero sin su líder (Canelo 2008). El golpe de 1976 fue liderado por los colorados más liberales; los azules estaban desacreditados por el fracaso del gobierno formado luego del golpe de 1966 (Boisard y Heredia 2010). Los colorados querían sacar al peronismo del mapa político, pero, en vez de proscribirlo, como en golpes anteriores, decidieron atacar las estructuras sociales que habían hecho posible tal movimiento, disminuyendo su poder de movilización de masas (Fridman 2010). La escala de la represión fue feroz. Mientras el Informe Nunca Más (1984) de CONADEP contaba más de nueve mil muertos y desaparecidos políticos, las agrupaciones de Madres, Hijos y Abuelas de la Plaza de Mayo cuentan cerca de treinta mil personas desaparecidas durante la última dictadura argentina. La implementación de políticas neoliberales por militares es una mezcla intrigante. Aunque para algunos académicos (O’Donnell 1982) los regímenes autoritarios y los tecnócratas liberales eran aliados naturales, la conexión entre ambos no fue tan sencilla. De acuerdo a Biglaiser (2002: 13), “contrario a la creencia popular, un denominador común importante entre la mayoría de los oficiales militares en el mundo subdesarrollado fue su marcada oposición a las políticas impulsadas por los economistas neoliberales”. Los militares dependen de los recursos del

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Estado, sobre los cuales las políticas neoliberales pondrían restricciones. Los militares percibían que las industrias nacionales y un Estado fuerte eran un medio para defender la soberanía y asentar la seguridad nacional. Además, después de ambos golpes, muchos oficiales se involucraron personalmente en los directorios de empresas estatales (Canelo 2004). Dejar las industrias nacionales y la economía abiertas a las corporaciones internacionales no era una tarea fácil de aceptar para la oficialidad militar en ambos países (Canelo 2008; Valdivia 2003). Del otro lado, el neoliberalismo era atractivo para los militares por las tendencias despolitizadoras que conlleva. Expandir los mercados fue entendido como un mecanismo para desmantelar los enclaves de acción colectiva y los grupos de presión sobre el Estado (L. Taylor 1998; Güell 2009). La competencia natural entre individuos era una forma de neutralizar el rompecabezas distributivo. En consecuencia, el monetarismo no era percibido como una teoría puramente económica, sino que también como una tecnología de gobernabilidad individual (Foucault 2008; Eyal 2000; Miller y Rose 2008). Desde este ángulo, el neoliberalismo operó como un proyecto de “gobierno a distancia”, que pretendía crear esferas de libertad supuestamente basadas en sujetos autónomos alejados de la intervención estatal. La alianza entre regímenes militares y economistas neoliberales en ambos países fue instrumentalmente circunstancial a este objetivo. De acuerdo a Fridman (2010: 280), “los economistas tuvieron éxito en presentar su proyecto como sinónimo de un orden duradero. La intersección entre violencia política estatal y gobierno a distancia fue el consenso que tras años de distorsiones la población argentina debía ser normalizada”.

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NEOLIBERALISMO es un término controversial. De marcada connotación crítica, este concepto ha circulado desde los años 90 conectando distintas reacciones a la “última ola” de globalización (Therborn 2000). Antes que una filosofía política claramente definida, es un término que se utiliza como eslogan opositor o como construcción analítica, es decir, como un medio para desnaturalizar los procesos de globalización, llamando la atención sobre sus construcciones ideológicas y políticas asociadas (Peck et al 2009: 97). Al menos cuatro dimensiones, que operan de manera entrelazada, caracterizan este proyecto histórico: el neoliberalismo como teoría económica, como un ethos reestructurador, como una técnica de gobernabilidad y despolitización, y como un medio para restablecer el poder de clase. En cuanto a teoría económica, el neoliberalismo se construye sobre los fundamentos del liberalismo económico del siglo XIX, esto es, el laissez-faire. Sus raíces se encuentran en el pensamiento económico clásico de Adam Smith, David Ricardo y John Stuart Mill, y en los escritos más recientes de Friedrich Hayek y Milton Friedman, entre otros. El neoliberalismo postula que la sociedad como un todo obtiene los mejores resultados por medio de la máxima libertad de los mercados y por la mínima intervención del Estado. La libertad aquí es concebida en términos “negativos”, como Isaiah Berlin, es decir, la libertad no es la realización de un telos humano, sino que consiste en la ausencia de constricciones externas al desarrollo del libre mercado. En tanto los individuos se mueven por incentivos que apelan a su autointerés, el bienestar humano se ampliaría al liberar las capacidades emprendedoras de los individuos dentro de un marco institucional caracterizado por claros derechos de propiedad y libre comercio. En este contexto, el papel del gobierno estaría limitado a ofrecer seguridad, proteger la propiedad privada, y crear y mantener mercados (Harvey 2005). El neoliberalismo a la vez es un proyecto ideológico y cultural constituido por diferentes discursos ligeramente conectados, cuya premisa central es intentar desencantar la política por la economía (Davies 2014). Antes que una forma coherente de Estado tipológico, el neoliberalismo es un ethos reestructurador hegemónico (Peck et al 2009: 108). Ese ethos transformador se caracteriza por intentar reemplazar el juicio político con la evaluación económica, expandiendo la lógica del mercado y la competencia en los distintos rincones de la sociedad. Contrario a la ambigüedad de los discursos políticos, el neoliberalismo exalta la transparencia de los indicadores económicos y las cifras cuantitativas, en los cuales el sistema de precios es el modelo distributivo de referencia. La difusión de esa lógica desde los años 1970 ha conducido al predominio de las grandes corporaciones, la privatización de las empresas públicas, y la colonización de los servicios del Estado por el new public management (Crouch 2011).

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Una tercera dimensión del proyecto neoliberal es su intento por mantener el poder de clase (Duménil y Lévy, 2004). Para Harvey (2005: 15), por ejemplo, el neoliberalismo desde un comienzo fue un proyecto orientado al restablecimiento del poder de clase guiado por las élites corporativas y las instituciones financieras internacionales. Tras la ofensiva ideológica lanzada por diversos think tanks conservadores en defensa de las “libertades individuales” y del libre mercado yacería la idea de que el capitalismo funciona sólo si es que los inversionistas están contentos. En este sentido, el neoliberalismo sería una estrategia de transformación institucional que prometió resolver la crisis capitalista de 1970 ofreciendo nuevas garantías para la acumulación de riqueza. Cuarto, Foucault (2008), Miller y Rose (2008) y M. Taylor (2006a) también entienden al neoliberalismo como un proyecto atomizador, como una estrategia para despolitizar a la sociedad a través de la remoción de las instituciones que permiten la acción colectiva. Para Foucault (2008) el neoliberalismo es una técnica de gobernabilidad –governmentality– que busca neutralizar el comportamiento colectivo mediante el reforzamiento de la autonomía de los individuos, a fin de disponer al Estado y sus instituciones al servicio de los grandes capitales. Desde aquí, la desigualdad de los recursos económicos y del poder político sería un atributo funcional al sistema de mercado, no una consecuencia no deseada. En términos prácticos, el neoliberalismo se asocia a las recetas para el desarrollo económico propuestas por el “Consenso de Washington”, es decir, por las instituciones financieras internacionales ubicadas en esta ciudad: el FMI, el Banco Mundial y el BID. Esta fórmula incluía: disciplina fiscal; una redirección del gasto público hacia áreas de alto retorno económico como la salud, la educación y la infraestructura; reforma tributaria; liberalización de la tasa de interés; una tasa de cambio competitiva; liberalización del comercio; liberalización de los flujos de inversión extranjera directa; privatización; desregulación; y aseguramiento de los derechos de propiedad (Williamson 1990). Considerando esta trayectoria, Mirowski y Plehwe (2009) plantean que el neoliberalismo hoy en día es un “colectivo de pensamiento”. Si bien sus miembros originalmente eran un selecto grupo reunido en torno a la Sociedad Mont Pelerin (1947) y las doctrinas de Hayek, desde los años 80 el neoliberalismo devino un movimiento multicéntrico que está anclado en una red de think tanks e instituciones promercado que conecta una elite política, económica y científica. Algunos de los compromisos epistémicos que marcan ese “colectivo de pensamiento” serían: los mercados deben ser construidos, no emergen espontáneamente; el principal objetivo neoliberal es redefinir el Estado, no fomentar su destrucción, y así mantener a la democracia impotente de deshacer las reformas neoliberales; y la fe ciega en que el mercado siempre ofrece las mejores soluciones a los problemas causados por el propio mercado, como los bonos de carbono, la venta de órganos humanos o los vouchers para educación (Mirowski 2009, Mirowski 2013).

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EL PROTAGONISMO DE LOS ECONOMISTAS Y LA INFLUENCIA DE CHICAGO El giro hacia el neoliberalismo en Argentina y Chile no fue un proceso regional aislado. Estados Unidos mostraba un particular interés en instruir a las elites latinoamericanas, en un intento de buscar aliados en la lucha contra el comunismo, y de desafiar la supremacía del pensamiento económico de la CEPAL en la región (Valdés 1995). Desde los años 1950, la Universidad de Chicago fue particularmente influyente en promover las visiones monetaristas a través de una crítica radical hacia el intervencionismo keynesiano.12 Aunque con distintas intensidades, tanto en Argentina como en Chile la escuela de Chicago financió centros de investigación y estableció vínculos con empresarios, partidos políticos, fuerzas armadas y la prensa, con la intención explícita de influir en las políticas públicas (Centeno y Silva 1998). La penetración de las ideas monetaristas en el aparato estatal, sin embargo, fue bastante más profunda en Chile que Argentina. Tres determinantes clave fueron el grupo de civiles que respaldaban las ideas liberales en cada país, las instituciones universitarias que propagaron estas ideas, y la capacidad de concretar y difundir las reformas en un programa aplicable (Boisard y Heredia 2010). La Universidad de Chicago firmó acuerdos de intercambio académico con varias universidades latinoamericanas, en los cuales los estudiantes de Economía recibían instrucción en las doctrinas del libre mercado. Al terminar sus estudios, se esperaba que los académicos regresaran en calidad de profesores a las universidades locales para educar a la generación siguiente en las ideas monetaristas. La Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y la Universidad de Cuyo, en Mendoza, y luego el Centro para Estudios Macroeconómicos (CEMA), en Buenos Aires, fueron las principales instituciones involucradas en estos países. 12 Tal como lo señala Babb (2007), la inflación es la obsesión de los monetaristas. En contraste con keynesianos y estructuralistas, que reconocen a la inflación como un reflejo de la lucha social por mejoras salariales, y por lo tanto como algo imposible de eliminar completamente, los monetaristas invariablemente la tratan como un problema monetario que requiere de soluciones técnicas.

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La comunidad epistémica de los Chicago Boys en Chile tuvo su origen en un convenio económico-educativo establecido en 1955. Varios estudiantes de la PUC recibieron entrenamiento de posgrado en Chicago como parte del “Proyecto Chile” (Valdés 1995; Rosende 2008). Algunos de estos economistas reorganizaron la escuela de Economía de la PUC y, bajo el gobierno de la Unidad Popular, desarrollaron el documento programático conocido como “El Ladrillo”. Ese programa jugó más tarde un rol clave en guiar las reformas estructurales (Centeno y Silva 1998). La alianza de los Chicago Boys con Jaime Guzmán y los gremialistas, un grupo de abogados conservadores con fuertes conexiones con las elites de negocios y la derecha política, ofreció a estos tecnócratas la posibilidad de conectarse con el régimen de Pinochet. Varios economistas fueron asignados en distintas reparticiones de la administración, incluyendo gobiernos locales y regionales. Guzmán se convirtió luego en el máximo ideólogo de la Constitución de 1980, el instrumento institucional que permitió sellar la transformación neoliberal. Los economistas de Chicago no sólo guiaron la privatización, sino que también convirtieron la profesión económica a un credo monetarista en las universidades chilenas (ver capítulo 14), incrementando su influencia en la creación de políticas (Montecinos 2009) y en la gestión de las empresas. El surgimiento de los “tecnopols”, un nuevo tipo de político y experto técnico con una orientación hacia la economía (Domínguez 1997; Williamson 1994; P. Silva 1998, 2008), desplazó a los abogados cosmopolitas, las figuras políticas tradicionales. Estos tecnócratas transformarían la forma de hacer política en Chile, delimitando lo que es posible de lo imposible en el espacio público.

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EL LADRILLO. Los antecedentes del Ladrillo pueden rastrearse en el programa económico de la campaña electoral de Alessandri de 1970, en el que académicos de la escuela de Economía de la PUC y miembros de la SOFOFA, la asociación de industriales, estuvieron involucrados (E. Silva 1998). El Ladrillo se estructura en torno a dos ideas principales. Primero, aboga por “reconstruir el país”, lo cual implica la liberalización de los bancos y del comercio, la apertura de la economía y la reducción del gasto público, cortando los subsidios a las instituciones de bienestar social. Segundo, propone un plan de modernización que se enfoca en siete reformas centrales: mercado laboral, seguridad social, educación, salud, regionalización, agricultura y justicia (CEP 1992). En todos estos terrenos, la modernización se basa en una serie de principios comunes: descentralización, privatización, libre elección y competencia (Foxley 1988; Montero 1993). El Ladrillo, por tanto, apuntaba a reestructurar la relación Estado-sociedad, buscando implementar una “gran transformación” a la Polanyi, en donde la esencia de la ciudadanía fuese redefinida alrededor del ideal de libertad económica y elección del consumidor (M. Taylor 2006). Junto a la transformación del capitalismo en Chile, el Ladrillo se volvió su dispositivo de justificación más exitoso. Según Tironi (2013: 382), este programa ayudó a romper el anterior paradigma capitalista del país, en el cual el sector empresarial chileno justificaba su debilidad alegando encontrarse asfixiado por la intervención del Estado. El nuevo modelo ubicó a las empresas privadas al centro de la sociedad. Ya no serían éstas las que se debían adaptar a la sociedad y al juego político, sino que la sociedad y el sistema político debían adaptarse a las reglas corporativas, adoptando sus prácticas y su cultura.

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Los esfuerzos de Chicago por transformar la profesión económica, a diferencia del caso chileno, tuvieron menos éxito en Argentina. A pesar de la diversa ayuda de fundaciones privadas estadounidenses que enviaron a muchos argentinos a universidades norteamericanas, la economía como profesión siguió comprometida con el estructuralismo en los años 60 y 70. Biglaiser (2009: 91) sostiene que la falta de posiciones de tiempo completo para académicos en Argentina significó que menos economistas educados en Estados Unidos obtuviesen trabajos académicos. Muchos decidieron trabajar en organizaciones internacionales en el extranjero. Sin estos economistas, los estudiantes quedaban más dispuestos a tomar cursos de profesores que se oponían a la teoría neoclásica. El relativo retraso en el ascenso político de tecnócratas monetaristas durante y después del régimen militar (1976-1983) estaría en relación con las estrategias de supervivencia y los patrones de nombramiento dentro del gobierno. Según Biglaiser (2002: 96-103), “al menos el 67 por ciento de los diseñadores de políticas en Chile eran economistas entre 1975 y 1989, con un peak del 94 por ciento después de 1985, mientras que la proporción más alta de economistas en posiciones equivalentes en Argentina entre 1966 y 1983 alcanzó al 52 por ciento”. Otra clave a considerar es el rol de los intelectuales en la política Argentina. Como muestra Pavón (2012), existe una frondosa tradición de intelectuales que influencian la política desde el campo de las ideas en la segunda mitad del siglo XX, tanto en las universidades como en los medios de comunicación. Esa tupida capa intelectual, preferentemente de izquierda, hizo frente y disputó los lenguajes y mecanismos de autonomía de los expertos en economía.13 A diferencia del caso chileno, 13 Una distinción interesante entre la figura del intelectual y del experto puede encontrarse en Neiburg y Plotkin (2004). Mientras el intelectual suele tener un tipo de formación general, que puede o no tener a la universidad como ámbito de acción, el experto evoca especialización y formación académica. Mientras los intelectuales responden a un conjunto de valores y una sensibilidad particular en su accionar público, los expertos actúan en nombre de la técnica y la ciencia, basada en una aparente neutralidad axiológica.

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en donde un equipo cohesionado de civiles existía con anterioridad al golpe, en Argentina no había nada similar (Palermo y Novaro 2003). Los economistas que lideraron El Proceso (1976-1983) fueron principalmente reclutados de CEMA, FIEL y la Fundación Mediterránea, y conformaban un grupo diverso. Las diferencias internas entre economistas tradicionales y nuevos tecnócratas para implementar medidas gradualistas o de shock fueron difíciles de conciliar dentro del equipo del ministro de Economía Martínez de Hoz (Heredia 2004). Es importante señalar también que la PUC y la Universidad de Cuyo no tenían la misma relevancia política e intelectual. La importancia de la PUC en Chile, y su capacidad de influenciar la esfera pública, proporcionalmente, fue y es muy superior a las Universidades de Cuyo y CEMA en Argentina. Mientras los departamentos de Economía de las principales universidades en Chile, la PUC y la de Chile, fueron colonizados por el pensamiento neoclásico (ver capítulo 14), en la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más influyente en Argentina, las ideas monetaristas fueron ideológicamente rebatidas (Biglaiser 2009). La UBA permanece conectada con el pensamiento desarrollista de la CEPAL hasta hoy. Tanto los Chicago Boys chilenos como el equipo argentino de Martínez de Hoz intentaron implementar políticas radicales de una manera sin precedentes. Internamente, tales cambios requieren de la capacidad de convencer a las autoridades y, externamente, necesitan ganar apoyo por parte de un público que enfrentará las restricciones de las políticas de austeridad. De acuerdo a Boisard y Heredia (2010), el apoyo mediático dado por el diario El Mercurio facilitó las transformaciones en Chile. El Mercurio venía difundiendo el credo liberal consistentemente desde los años 50 (Soto 2003; Mönckeberg 2009; Sunkel 1983). Este influyente periódico apoyó el golpe militar y promovió las medidas de los Chicago Boys, enfatizando la reducción de la inflación como un logro notable de las nuevas políticas hacia fines de los años 70 (Montecinos 2009). En Argentina, en cambio, no hubo un entusiasmo similar de la prensa ante el ideario liberal. Aunque existían periódicos tradicionales como La Nación, fue sólo tras la creación del diario Ámbito Financiero, en 1977, que

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las ideas de un mercado desregulado fueron ampliamente difundidas en la opinión pública (Ruiz 2005). Ámbito respondió a la demanda por un nuevo tipo de información relacionada con la liberalización del mercado de capitales. Al centro de la discusión pública sobre la economía, sin embargo, se mantuvieron políticos e intelectuales que no se rindieron al lenguaje técnico de los economistas. NEOLIBERALISMO EN ACCIÓN La doctrina monetarista no fue visible en las primeras medidas económicas de cada gobierno militar. En Chile, la irrupción de los Chicago Boys tomó fuerza recién en 1975. En abril de ese año, Jorge Cauas fue nombrado ministro de Hacienda con súper poderes, Sergio de Castro ocupó el cargo de ministro de Economía y Pablo Barahona quedó a cargo del Banco Central. El plan económico de los Chicago Boys, sin embargo, no fue fácilmente respaldado entre los diversos actores que apoyaban al régimen. Aunque la Fuerza Aérea y el Ejército pusieron resistencias, los jóvenes economistas de Chicago, con el apoyo del almirante Merino (Armada), convencieron a Pinochet de implementar sus políticas (Cavallo et al 1988: 73). Los Chicago Boys estaban convencidos de la urgencia de implementar de golpe estas políticas. Una aplicación gradual habría provocado que las medidas fuesen rebatidas. En 1975, más de doscientas grandes empresas estatales (industriales, financieras y comerciales) fueron vendidas en la “primera ola” de privatizaciones (Larraín y Vergara 2000). En aquellos años, la DINA fue especialmente eficaz en reprimir los intentos de reacción social. Tal como lo subraya Klein (2007), esta terapia de shock se impuso en un momento de débil resistencia, luego de dos años de brutal represión social. Luego, la visita de los destacados profesores de Chicago Friedman y Harberger a Chile en 1975, sirvió para validar las políticas de ajuste. Con la experiencia chilena en mente, la Junta argentina nombró al monetarista Martínez de Hoz como ministro de Economía en 1976. A pesar de la entusiasta recepción de sus propuestas liberales en algu86

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nos sectores empresariales, su equipo carecía de un plan pre-elaborado como el Ladrillo chileno (Novaro 2006). Además, las persistentes diferencias en el sector privado y la fragmentación dentro del Ejército redujeron la capacidad de implementación del plan. La Junta argentina evaluaba constantemente el impacto de las nuevas medidas económicas, interfiriendo en la administración del equipo civil. Oficiales de cada una de las ramas de las fuerzas armadas tenían capacidad de vetar las decisiones ministeriales, provocando la radicalización de los conflictos entre las ramas militares y el equipo de civiles liberales (Boisard y Heredia 2010). Martínez de Hoz intentó acomodar las presiones sectoriales con el fin de negociar el proceso, y en un apronte realista, se concentró en las áreas en donde podía avanzar: política comercial, tipo de cambio y sistema financiero (Novaro 2006: 94). Así, el programa de desregularización mezcló el flujo de capitales y bienes con un plan antiinflacionario de devaluaciones decrecientes, llamado “la tablita”. Ese programa, sin embargo, terminó gatillando el colapso bancario de 1980. La implementación de las políticas de libre mercado suele ser descrito como una imposición vertical que rápidamente ganó adeptos en Chile (Harvey 2006; Klein 2007), mientras que el proceso argentino se presenta como una experiencia más trabada, con idas y vueltas, menos directa (Canelo 2008; Novaro 2006). Más que ser el resultado de un programa coherente y premeditado, la ejecución de estas políticas en ambos países fue producto de un método de ensayo y error, con avances y resistencias (Kurtz 1999; Boisard y Heredia 2010). Las masivas corridas bancarias y el colapso financiero de Argentina en 1980, y en Chile en 1982, fueron crisis del neoliberalismo que brotaron de la falta de regulación. Las tasas de crecimiento se desplomaron, el desempleo y la pobreza aumentaron, y la distribución del ingreso empeoró brutalmente (CEPAL 2010b). Como reacción al colapso económico, las políticas monetaristas fueron igualmente rechazadas. Ambos ministros de Hacienda, Martínez de Hoz y De Castro, fueron destituidos. Pero mientras que el régimen de Pinochet, fortalecido por la reciente aprobación de la Constitución de 1980, resistió las protestas y las

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movilizaciones sociales de 1983, en Argentina el colapso económico, sumado a la derrota en las Malvinas, hundieron tanto la reputación de los militares como de las reformas de mercado. La Constitución de 1980, en particular, reforzó la implantación de las reformas en Chile, ofreciendo amplio espacio para la expansión del sector privado. En el ámbito de la salud, por ejemplo, el sistema público fue reestructurado en unidades descentralizadas y autónomas: hospitales privados, centros municipales y el Servicio Nacional de Salud. La gente podía elegir su seguro de salud en dos sistemas: Fonasa (servicio público) y las Isapres (seguro privado) (Ossandón 2009). Mientras que el sistema público se abocó a otorgar cuidados gratuitos a los pobres, el sistema de Isapres se enfocó en establecer planes privados con diferentes precios, dependiendo del afiliado (considerando su rango de riesgo por género, edad y enfermedades preexistentes), que generalmente excede el 7 por ciento los ingresos que los contribuyentes deben hacer por ley (Sabatini y Wormald 2005). Las fuerzas armadas, sin embargo, mantuvieron su propio sistema de salud, independiente de los vaivenes del mercado. Con respecto a los fondos de pensiones, el sistema público basado en la redistribución colectiva fue reemplazado por un sistema de capitalización individual bajo una administración privada. Se establecieron las Asociaciones de Fondos de Pensiones (AFP), a las que los trabajadores asalariados que se integraron al mercado después de su creación en 1981 tuvieron que afiliarse por ley (Sabatini y Wormald 2005). Los trabajadores fueron obligados a imponer un 13 por ciento de su sueldo mensual en una cuenta individual en el fondo de pensión privado que eligiesen (M. Taylor 2006a). Las excepciones fueron los trabajadores independientes y los miembros de las fuerzas armadas, que mantuvieron su antiguo esquema de pensiones con sustento institucional. Si bien las reformas de mercado estuvieron inspiradas en las ideas monetaristas de Chicago, dichas teorías no habían sido puestas en práctica previamente. La creación de mercados demandó años de subsidios, ajustes e improvisaciones. Por ejemplo, el desarrollo del mercado de la vivienda social en Chile se caracterizó por desviaciones significativas

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del modelo original. Como sugiere Farías (2014: 8), los funcionarios de Pinochet realizaron continuas improvisaciones pragmáticas primero para incentivar al sector privado a construir viviendas sociales en gran escala, y luego obligaron a las familias desalojadas de los campamentos a participar en ese mercado. Los nuevos mercados creados en salud, pensiones, o educación se basaron en el principio contributivo en el cual cada persona recibe tanto como aporta su familia. Ese principio estimuló el esfuerzo personal y la competencia, al tiempo que amplió la desigualdad en el acceso a bienes básicos entre los chilenos. Cabe señalar que el régimen de Pinochet no fue una unidad monolítica ni un programa coherente de principio a fin. Los recuentos históricos del régimen (Ffrench-Davis 2007; Arriagada 2004; Cavallo et al 1998) tienden a considerar tres etapas internas: el establecimiento del orden militar (1973-1975); las reformas neoliberales en su estado ideológico más puro, hasta el colapso del sistema bancario (1975-1982); y el período más pragmático que marcó la “segunda ola” de privatizaciones (1983-1989).14 Una serie de intervenciones estatales que cuestionaron decididamente las recetas de Chicago fue promovida por el régimen luego de la crisis de 1982, incluyendo aumento de tarifas e incentivos a exportaciones selectivas, regulación del mercado de capitales y la intervención y rescate de los bancos privados quebrados, los cuales luego fueron nuevamente privatizados (Ffrench-Davis 2010). Los funcionarios del régimen obtuvieron un significativo aprendizaje durante el período, perdiendo los compromisos ideológicos en favor de un enfoque más pragmático (Montero 1993). Las soluciones privadas, y la idea del mercado como articulador social, comenzaron a ganar legitimidad entre las clases medias chilenas recién diez años después de ser implementadas, tras la recuperación 14 Huneeus (2001) sostiene que en diecisiete años de dictadura siete “gobiernos internos” estuvieron en el poder. En su opinión, los gremialistas (Jaime Guzmán) y los Chicago Boys ocuparon posiciones de liderazgo en tres de estos gobiernos internos: de 1978 a 1983 (hasta el colapso del sistema bancario); de 1985 a 1987 (la recuperación económica) y de 1987 a 1988 (la preparación para el plebiscito).

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que siguió a la recesión de 1982. El estímulo monetario impulsado por el ministro Büchi tras el terremoto de 1985 y el crecimiento de las exportaciones ayudaron a consolidar el nuevo modelo. La revolución silenciosa (1986), de Joaquín Lavín, difundía los logros económicos. Aunque la economía crecía con rapidez hacia finales de la dictadura, las consecuencias sociales de la expansión de los mercados también eran visibles, como revelaba de manera crítica Los silencios de la revolución (Tironi 1988). Tanto las virtudes del sistema –acceso al crédito y aumento del consumo– como sus vicios –la desigualdad y fragmentación social– comenzaban a ser visibles. La experiencia neoliberal en Argentina fue bastante más trabada. Las enérgicas resistencias de un sector industrial fuerte y con estrechas redes con el Estado, las diferencias al interior de la Junta, y el malestar social resultante de las medidas económicas, impusieron serias restricciones a la expansión del régimen neoliberal (Etchemendy 2011). Tras cuatro años de ensayo y error, las políticas de Martínez de Hoz colapsaron con la corrida bancaria y la sustancial devaluación del peso en 1981. Después de la dictadura y de la guerra de las Malvinas el país quedó asolado por altos niveles de deuda pública y por una inflación galopante (Palermo y Novaro 2003). El gobierno democrático de Alfonsín (1983-1989) formó la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas y enjuició a los miembros de la Junta. Alfonsín promovió un retorno a las políticas económicas heterodoxas, a la negociación corporativista y al relanzamiento de un modelo “productivista” (Pucciarelli 2006). No obstante la imposición de una nueva moneda, el Austral, el gobierno de Alfonsín no pudo evitar el desastre económico. Su período presidencial terminó con una inflación sobre el 600 por ciento y deudas externas por sobre los USD$ 50 mil millones (Banco Mundial 2002). Argentina se convirtió en ícono de la “década perdida” de los años 80 en la región. Debido a un legado de profunda crisis económica, de violaciones a los derechos humanos y a la debilidad de las instituciones del Estado, la transición a la democracia se vio amenazada por serios problemas de gobernabilidad (Novaro 2006). La rebe-

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lión de los militares (los “caras pintadas”) puso en jaque el proceso de justicia impulsado por el gobierno. Las sucesivas huelgas, la parálisis económica y la hiperinflación de 1989 desestabilizaron el mandato de Alfonsín, impidiéndole completar el período asignado. La hiperinflación de 1989, en particular, no fue sólo un grave problema económico para los argentinos, sino también un trauma social, una gran ruptura. La sensación de crisis económica por el descontrol de los precios, de inseguridad física por los saqueos, y de ausencia de autoridad política por la renuncia anticipada de Alfonsín, despertaban los fantasmas del abismo en Argentina. Según Novaro (2009: 323), ese sentir de ingobernabilidad dio pie para justificar cualquier acción o plan que acabara con la crisis. Las políticas neoliberales que Menem y Cavallo pusieron en marcha drásticamente con el plan de convertibilidad en 1991 tienen ese telón de fondo. El discurso refundacional que desplegó Menem una vez en el gobierno, y la aceptación del plan de reestructuración entre los principales actores económicos, responden antes que a una convicción ideológica, a un intento por escapar al descalabro de la hiperinflación. Los 90 fueron una década de cercanía entre Argentina y Chile, en términos ideológicos, procesos socioeconómicos, relaciones políticas y comerciales. Ambos países habían implementado profundas reformas de mercado. La amenaza inflacionaria estaba controlada y los resultados financieros eran satisfactorios. El consumo de las clases medias crecía palmo a palmo con la expansión de nuevos mercados privados. Mientras en Argentina se privatizaban las empresas del Estado y algunos servicios básicos como electricidad o telefonía, en Chile se generaban nuevas concesiones privadas en carreteras y puertos. De hecho, ambas naciones eran consideradas casos ejemplares de las políticas del Consenso de Washington. No obstante estas proximidades, el neoliberalismo tenía cimientos diferentes. En los años 90 los nuevos mercados chilenos –en educación, salud, vivienda social y pensiones– ya habían experimentado más de una década de adaptación y asentamiento. La dictadura de Pinochet im-

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puso reformas de largo plazo en condiciones de impunidad política. Los feroces costos sociales del ajuste de mercado –más de 30 por ciento de desempleo en 1983– fueron resistidos por el régimen militar y la disensión fue brutalmente reprimida. Como consecuencia, la reestructuración neoliberal avanzó con mayor profundidad y rapidez. En contraste, las reformas de mercado en Argentina en los años 90 no fueron impuestas unilateralmente, sino que fueron políticamente negociadas por arreglos corporativistas y cooptación con algunos industriales y sindicatos (Etchemendy 2011). Su capacidad de avance y su tiempo de instalación fueron más limitados. El contexto democrático, además, propició mayor espacio para la impugnación de las reformas.

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CAPÍTULO 5 / EXPERIENCIAS DEL NEOLIBERALISMO La tecnocracia en Chile es muy fuerte en todo el espectro político. Esa fue una de las misiones autoimpuestas de esa época [el régimen militar], crear una masa crítica de economistas, administradores, tecnócratas (…) que moderen que la cosa no se vaya para el otro lado. Joaquín Lavín, entrevista, diciembre 2008

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l menos tres variables merecen atención para concebir las similitudes y diferencias entre las experiencias neoliberales en Argentina y Chile: la naturaleza de las reformas de mercado y los ajustes que se ejecutaron; el apoyo dado por las fuerzas políticas al proyecto neoliberal, y las consecuencias sociales asociadas con las privatizaciones y la mercantilización de algunos derechos sociales en cada nación (el anexo 2 muestra algunos indicadores económicos del período en cuestión). ¿QUÉ TAN NEOLIBERALES ERAN LAS POLÍTICAS EN ARGENTINA Y CHILE DURANTE LOS 90? La continuidad de las políticas de mercado después de Pinochet fue un factor determinante en el asentamiento del neoliberalismo en Chile. Cuando la democracia fue restaurada, el gobierno de Aylwin (19901994) definió como prioridad mantener el crecimiento económico, medida que se justificó públicamente en que el 40 por ciento de la población vivía en condiciones de pobreza. La estrategia económica del país se enfocó en una mayor integración a la economía global, y los acuerdos de libre comercio fueron la prioridad en política internacional. Chile pasó a buscar acuerdos de comercio bilaterales o regionales con países en todos los continentes. En 2010 tenía 57 de tales acuerdos (no todos totalmente abiertos o de libre comercio), incluyendo a Estados Unidos, la Unión Europea, Mercosur, China, India, Corea del Sur, Canadá, México, Centroamérica y P4 (Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y Chile). NEOLIBERALISMOS EN ARGENTINA Y CHILE: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

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Además, durante los 90 se establecieron nuevos mercados a través de la concesión de obras públicas, como carreteras y puertos, a operadores privados. Es más: una serie de medidas microeconómicas en las cuentas de capital, en los tipos de cambio y la regulación monetaria fueron adoptadas para mejorar la competencia y la eficiencia (Montecinos 2009). Con la macroeconomía estable, las mejoras micro en estas regulaciones profundizaron el capitalismo chileno. La Concertación intentó contrarrestar la deuda social acumulada durante la dictadura introduciendo políticas sociales tales como la reforma laboral y tributaria (Ffrench-Davis 2010). Esas políticas pretendían alcanzar un “crecimiento con equidad”. Aunque el logro de la equidad es cuestionado (Winn 2004; M. Taylor 2006b; Atria 2013), no hay duda de que el neoliberalismo “a secas” de los Chicago Boys fue transformado en democracia. La Concertación ayudó a crear una economía “social” de mercado que entregó programas de asistencia focalizada a grupos vulnerables, a la vez que creó instituciones que compensaban las deficiencias del mercado (Muñoz Goma 2007). Algunos intelectuales argumentan que la Concertación representó un progreso hacia una estrategia de “tercera vía” que se ubica entre el neoliberalismo y la socialdemocracia (M. Taylor 2006b). Otros incluso lo han llamado neo-estructuralismo, teniendo en cuenta la influencia de las políticas desarrollistas de la CEPAL (Leiva 2008). Las reformas graduales implementadas por gobiernos de centroizquierda le entregaron mayor legitimidad al modelo de mercado (Navia 2010). Dos factores adicionales merecen atención en el despliegue de los mercados privados en Chile: la estructura institucional y la vinculación de los fondos de pensión privados al desempeño de los mercados. Guillermo Larraín (2005) sostiene que las políticas neoliberales tuvieron éxito en Chile en parte porque la infraestructura institucional previa a las reformas permitió que los mercados florecieran. La constancia en las políticas macroeconómicas y el respeto por las reglas jurídicas facilitaron la atracción de inversiones internacionales (Portes 2009). Además, la inversión de los fondos de pensiones privados en las empresas

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chilenas le habría otorgado una mayor relevancia a los resultados de las empresas locales y a la estabilidad de los mercados: el futuro de los pensionados pasó a depender del resultado de los mercados financieros. Las políticas neoliberales en Argentina tuvieron sus propias particularidades. El plan de convertibilidad pretendía controlar la hiperinflación y estabilizar la economía. Este plan consistió en una “paridad fija” que incluía el requisito de que cada peso emitido por el Banco Central debía estar equiparado con un dólar estadounidense en sus cuentas. Además, las reformas estructurales incluyeron la liberalización del comercio, la desregulación del mercado laboral, la apertura del sector financiero a los flujos de capital internacional y la privatización de muchas empresas estatales (OIT 2008). La precaria situación de los servicios públicos y la crisis hiperinflacionaria de los años 80 ayudó a justificar la urgencia de las reformas (Beltrán 2007). Entre 1991 y 1993 Argentina privatizó la mayoría de los servicios de utilidad pública, la compañía aérea nacional, la naviera, las empresas manufactureras del Estado, así como la operación de los trenes, las vías fluviales, los puertos, los aeropuertos y el servicio postal nacional, entre otros (Azpiazu y Basualdo 2004). La rapidez y radicalidad con que las políticas neoliberales fueron aplicadas hizo de Argentina un caso paradigmático (Grimson 2005). Tal velocidad, no obstante, significó también deficiencias en el diseño y en la regulación de los nuevos mercados.15 El programa neoliberal implicó la reconfiguración de la estructura del poder, fortaleciendo a la elite económica en detrimento de la seguridad de los trabajadores. Como explican Paula Canelo y colegas (2011: 16),

15 Según Azpiazu y Basualdo (2004), algunas irregularidades del proceso de privatización fueron la subvaluación de activos y las fallas en las políticas de regulación, que ofrecían poca competencia entre las empresas reguladas y baja protección para los consumidores. Las privatizaciones en Chile también fueron criticadas por la subvaluación percibida de los activos públicos y la baja transparencia de los procesos (Mönckeberg 2001; Cámara de Diputados de Chile 2004; Gárate 2012).

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los años noventa argentinos combinan un proyecto modernizador “sin anestesia” con la presunta “restauración” de mercados autorregulados y la filiación sin matices a la hegemonía americana. Sintetizan, a su modo, una súbita integración a la globalización económica y al salto tecnológico de fines del siglo XX, con una caída a niveles de privación inéditos para el país y la difusión de prácticas de explotación salarial y de dominación política no menos regresivas.

Es interesante notar que Argentina intentó cumplir con todos los mandatos del Consenso de Washington, mientras que Chile, que había hecho las reformas con antelación a este Consenso, cumplió sólo algunas prescripciones. La implementación, por ejemplo, del “encaje” –un sistema de controles de capital que restringe los flujos de capital de corto plazo– redujo la vulnerabilidad de la economía chilena ante los shocks económicos financieros, como la crisis asiática de 1998. Argentina, por el contrario, abrió totalmente sus mercados financieros a las inversiones de corto plazo. No está claro además que el boom exportador en Chile haya sido resultado exclusivo de las políticas de libre mercado: los sectores exportadores clave, como pesquero, forestal y agricultor, se consolidaron mediante programas de apoyo estatal desde los 80 (Kurtz 2001). Más aún, Chile mantuvo a su principal industria cuprífera, Codelco, en manos del Estado, mientras que Argentina privatizó la mayoría de sus recursos naturales. Al tiempo que las ganancias de Codelco financian parte importante del gasto del gobierno chileno en programas sociales –y del gasto de las Fuerzas Armadas– las políticas sociales en Argentina son principalmente financiadas por impuestos a las ganancias de las empresas. Por otro lado, la solución de indexar el peso al dólar no fue una medida neoliberal ortodoxa. Como explica la socióloga Ana Castellani: “El plan de convertibilidad es la anti ortodoxia. ¡Fijar el tipo de cambio por ley es una intervención mayúscula [del Estado]! Dejar el tipo de cambio fijo es no dejar que funcione el mercado en la cotización de la divisa” (entrevista, mayo 2009). También es importante contrastar la variedad de ajustes experimentados en los modelos de liberalización económica en cada país, y cuáles fueron las relaciones del Estado con los sectores que estaban formalmente pro96

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tegidos antes de las reformas. Etchemendy (2011), por ejemplo, distingue entre un ajuste corporativista en Argentina y otro de mercado puro y duro en Chile. Mientras que el patrón dominante en la liberalización económica argentina se caracterizó por la negociación con algunas empresas y sindicatos, en Chile estuvo marcado por una imposición unilateral. El régimen de Pinochet no negoció medidas compensatorias con empresas manufactureras ni con sindicatos. Al contrario, la dictadura reprimió duramente a estos últimos. Los reajustes sectoriales fueron dejados al mercado. En Argentina, por el contrario, el ajuste estructural llevado a cabo por Menem fue dirigido políticamente. El poderoso consorcio industrial, junto al fuerte movimiento sindical, hicieron lobby para acomodar las políticas de ajuste a su favor. El gobierno formó coaliciones específicas para cada política e impulsó la reforma en distintos grados, dependiendo de la industria –por ejemplo: sector automotriz, siderúrgico y petrolero–, de acuerdo al poder de los diferentes contendores (Etchemendy 2010a). Pieza central en la estrategia de privatización guiada por el gobierno de Menem fue la inclusión de las asociaciones sindicales en “mesas de negociación” restringidas, lo cual fue crucial para neutralizar las resistencias sociales a la desnacionalización. El Estado compensó tanto a trabajadores como empresarios de sectores protegidos a través de acciones o asignaciones directas de renta. El gobierno entregó un 10 por ciento de participación de propiedad corporativa privatizada a los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participativa. Este programa permitió en la práctica “comprar” el consentimiento de la burocracia sindical (Azpiazu y Basualdo 2004). En los sindicatos estatales, algunas compensaciones incluyeron asignaciones directas de renta, tales como el control de los planes de salud. Estas y otras formas de cooptación de los sindicatos y sus redes clientelares fueron fundamentales para poder llevar a cabo las privatizaciones (Novaro 2009). En suma, mientras que en el ambiente democrático de Argentina los potenciales perdedores contaron con los recursos y los medios institucionales para ejercer presión sobre las autoridades políticas, el régimen dictatorial chileno utilizó su poder coercitivo para evitar compensar a las NEOLIBERALISMOS EN ARGENTINA Y CHILE: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

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empresas protegidas así como también a los sindicatos de trabajadores (Etchemendy 2011). EL FACTOR POLÍTICO: ARREGLO TECNOCRÁTICO VERSUS REDES CLIENTELARES Una diferencia notoria entre los procesos de reformas neoliberales en Argentina y Chile fue el apoyo, o su ausencia, por parte de los actores políticos claves. Mientras que en Chile un arreglo entre las elites políticas en los años 90 ayudó a consolidar las soluciones de mercado, en Argentina no hubo convicción compartida para apoyar el modelo neoliberal. A pesar del amplio acuerdo entre los legisladores acerca de la necesidad de modernizar el Estado, hubo estrategias alternativas que hasta hoy siguen en juego. La renovación del pensamiento de la centroizquierda fue fundamental para la continuidad de las políticas de mercado en Chile. Durante años de exilio y resistencia a la dictadura, muchos intelectuales actualizaron sus ideas sobre el libre mercado, ya fuese estudiando fuera del país o en centros de estudios independientes en Chile. El rol de centros como Cieplan, Flacso, Ilades, Ced y Sur fue crucial en forjar el pensamiento tecnócrata de la Concertación (Puryear 1994; Otano 2006). El grupo de tecnócratas en los puestos principales del gobierno de Aylwin, los así llamados “Monjes de Cieplan”, evocaban en muchos aspectos a sus predecesores neoliberales, los Chicago Boys (P. Silva 1991). Los economistas oficialistas y de oposición compartían un lenguaje común de disciplina fiscal “más allá de la derecha o la izquierda” (Giddens 1994), lenguaje que fue forjado en los años 70 y 80 en continuas discusiones sobre el impacto económico de las reformas (Gárate 2013). Los economistas cobraron valor dentro de los partidos políticos, aumentando su presencia en las posiciones de gobierno. Con el número creciente de economistas educados en el extranjero, el enfoque de centroizquierda perdió su antiguo tono de confrontación y sus ideas económicas se asimilaron a la corriente principal de los profesionales en Estados Unidos (Montecinos 2009). De este modo, las políticas sociales en Chile se restringieron a soluciones tecnocráticas. Durante los

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veinte años de gobiernos de la Concertación, esa tecnocracia consolidó su poder tanto en los partidos de derecha como en los de izquierda.16 Además, las restricciones políticas de la transición de los 90 y el temor a los conflictos políticos con el general Pinochet (quien estuvo a cargo del Ejército hasta 1998) limitaron las críticas públicas al modelo económico (Cortés Terzi 1997). La “transición a la democracia” se caracterizó por una ética pragmática asumida por los actores políticos, que se expresó en una voluntad de cooperación y búsqueda de acuerdos, cambios graduales y la aceptación de las normas políticas del país. Los “enclaves autoritarios”, presentes hasta 2004, inhibieron la expresión del conflicto.17 Como consecuencia, el Parlamento no tenía la fuerza política para rechazar explícitamente las políticas de mercado. Por otro lado, mientras el empresariado fortalecido por las reformas se atribuía el rol de defensor del modelo económico y del legado del régimen de Pinochet (ver capítulo 10), las voces críticas dentro de la Concertación –que clamaban por reformas profundas en la estructura productiva, el sistema educacional y las reglas del juego político– fueron acalladas por los propios intelectuales vinculados al gobierno (Garretón, 2013). Como muestra Claudio Fuentes (2013), las prácticas políticas que marcan “el pacto” de la transición entre 1990 y 2010 se basaron en acuerdos cupulares entre elites políticas y económicas, en la cual los técnicos tomaron decisiones a espaldas de los actores sociales que pretendían cuestionar el orden neoliberal. A pesar del contexto descrito, persiste una duda intrigante: ¿por qué una coalición política de izquierda que, aliada con los sindicatos, derrotó demo16 Las excepciones del pensamiento tecnocrático fueron el Partido Comunista y la izquierda extra-parlamentaria, pero dado que no tenían representación política en el Parlamento debido al sistema binominal, su voz tuvo poco impacto durante los gobiernos de la Concertación (1990-2010). 17 Las mayores restricciones al respecto estuvieron representadas por la existencia de senadores designados, el Consejo de Seguridad del Estado, el sistema binominal y la inhabilidad del presidente de nombrar al comandante del ejército. El presidente Lagos reformó la mayoría de estos “enclaves autoritarios” en 2005, excepto el sistema binominal, pieza central en la Constitución de 1980.

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cráticamente a la dictadura con la promesa del cambio social, se tornó menos confrontacional y resistente a las transformaciones estructurales una vez que alcanzó el poder? Este no es, en modo alguno, un resultado obvio. Ministros clave en el gobierno de Aylwin sostuvieron en entrevistas que la Concertación mantuvo las políticas de mercado por razones pragmáticas:

Cuando llegamos al gobierno, concluimos que no íbamos a cambiar esto. Íbamos a mantener los aranceles bajos, las privatizaciones, la independencia del Banco Central (…) Y no es que haya nacido en nosotros una nueva concepción intelectual. Simplemente pensamos, si la economía va en alza, ¿qué pasa si hacemos algo diferente y obtenemos malos resultados? ¡Nos van a cambiar a los cuatro años! Y nuestra meta era mantenernos en el poder. Mantuvimos la economía abierta pero hicimos una corrección laboral y una tributaria. Y la historia nos dio la razón: ¡hemos gobernado por décadas! Nuestra decisión fue de un pragmatismo total (Enrique Correa, entrevista, enero 2009).

En los primeros años de la frágil democracia, es notable que el presidente Aylwin haya ofrecido buscar justicia y equidad, pero sólo “en la medida de lo posible”. Olvidarse de las revanchas políticas y mantener el orden macroeconómico fueron las condiciones de gobernabilidad. Aunque existen otras variables en juego. Algunos entrevistados, por ejemplo, sostienen que la mantención de las soluciones de mercado por parte de la Concertación está intrínsecamente vinculada con la experiencia traumática de aquella generación política. El intento de Allende de guiar un proceso de cambio social estructural a principios de los 70 fue duramente reprimido por los militares en diecisiete años de dictadura. Dos décadas después de ese trauma, cuando esa misma generación retornó al poder, fue temerosa de alimentar nuevamente las expectativas de la ciudadanía. El ministro Boeninger (1990-1994), en especial, promovió una doctrina de desmovilización que estigmatizó a las protestas y a los conflictos sociales. La canalización de las demandas sociales a través de servicios privados pasó a ser a la vez una forma eficaz de producir orden social, de imponer la “gobernabilidad a distancia” (Foucault 2008). Para otros, como Garretón (2013),

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“la Concertación no supo, no quiso ni pudo cambiar el modelo”. Durante dos décadas de gobierno de centroizquierda las demandas por aumentar el gasto público y saldar la “deuda social” acumulada (Han 2012) fueron satisfechas sólo “en la medida de lo posible”, donde lo posible fue dictado por la disciplina fiscal y la tecnocracia. Después de veinte años de gobierno, paradójicamente, las bases institucionales que entregó la Concertación corresponden a un modelo antagónico al ideario de izquierda (Atria 2013: 11). El plan de convertibilidad implementado en 1991 en Argentina, mientras tanto, no fue inicialmente apoyado por todos los sectores relevantes del período ni tampoco era parte integral de las reformas. El presidente Menem, en particular, no estaba convencido de las reformas neoliberales por razones ideológicas, pero las implementó en un intento de controlar la hiperinflación a la vez que obtener acceso a capitales internacionales con la esperanza de revertir la recesión (Pucciarelli 2011). La creciente agitación social y los saqueos relacionados con la hiperinflación de 1989 eran una herida latente que ayudó a justificar la urgencia del ajuste (Grimson 2005). Esa experiencia de crisis en cierta forma habilitó el discurso refundacional que luego desplegó Menem. La tendencia neoliberal, además, estaba en auge, con las recetas del Consenso de Washington floreciendo en Chile, Brasil y México. Aunque la privatización y la apertura comercial contaron con apoyo selectivo, como se ha dicho, la paridad peso-dólar fue originalmente desaprobada por el FMI y por parte del sector empresarial. La paradoja del menemismo (1989- 1999) fue justamente su capacidad para implementar amplias reformas neoliberales en un contexto de relativa estabilidad política y reducida conflictividad social. Una lectura instrumental de esta paradoja es que el plan de convertibilidad de 1991, dada la estabilidad macroeconómica que produjo, amplió el acceso a bienes materiales a gran parte de la población. Esa lectura, sin embargo, no logra explicar la adhesión de los sectores populares al proyecto menemista, quienes no se beneficiaron inmediatamente de dicha estabilidad. Paula Canelo, en cambio, ofrece una lectura de los recursos simbólicos y políticos para generar creencia en las reformas, reparando en los elementos de continuidad y las rupturas discursivas entre el menemismo y el peronis-

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mo. Para Canelo (2011: 73-74), si bien el menemismo quebró con aspectos fundamentales del discurso peronista, como el “adversario social”, mantuvo continuidades temáticas, como el “vaciamiento del campo político”, una “doctrina vacía” y una concepción de la política como “arte de lo posible”. Esas continuidades habrían dado pie a equilibrios políticos coyunturales que ayudarían a explicar el contexto de las reformas de los 90. Las transformaciones del Partido Justicialista (PJ) durante los años 80 y 90, además, fueron fundamentales para posibilitar el despliegue de dichas reformas. Según Levitsky (2003: 107-143), durante los 80 el PJ dejó de ser un partido obrero tradicional dominado por sindicatos, transformándose en una maquinaria política basada en redes clientelares, especialmente en los sectores de pobreza. El desmantelamiento de los mecanismos tradicionales de participación laboral del peronismo, es decir, la “desindicalización” del PJ, explica Levitsky (2003: capítulo 5), fue fundamental para el éxito electoral y la restructuración neoliberal impulsada por Menem. La erosión de la influencia de los sindicatos facilitó la atracción de votos de la clase media y eliminó una fuente clave de oposición interna a las reformas económicas del gobierno. Al mismo tiempo, la consolidación de las redes clientelares ayudó al PJ a mantener su base obrera y de clase baja tradicional en un contexto de crisis económica y de reforma neoliberal. Esa filosofía peronista de participación popular, sin embargo, continuó reproduciendo prácticas que en muchas maneras eran incompatibles con el neoliberalismo. Las compensaciones y las redes clientelares en barrios populares administradas por “punteros” siguieron siendo vitales para mantener las expectativas políticas (Auyero 2001). La implementación de las reformas en los 90 coincidió además con una creciente influencia de los economistas en los asuntos públicos. Desde mediados de los años 80 la discusión acerca de la economía gradualmente se había confinado al tecnicismo de los especialistas, dejando de lado a voces “no expertas” como intelectuales, sindicatos o líderes de organizaciones sociales (Heredia 2008). Economistas entrenados en el extranjero habían accedido a puestos de poder para intentar arreglar el desequilibrio monetario y rescatar al austral en el gobierno de Alfon-

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sín (Neiburg 2005: 126). Los “terapeutas del austral” y otros técnicos con credenciales internacionales fueron paulatinamente reemplazando a los líderes tradicionales en los debates relacionados con las políticas públicas.18 Es importante destacar, sin embargo, que si bien los economistas expertos estaban en ascenso, en ningún momento en Argentina existió un consenso transversal o un pensamiento hegemónico entre los diversos actores sociales, ni siquiera durante la primera mitad de los 90, quizás el período más exitoso del neoliberalismo en este país. Economistas monetaristas y heterodoxos, así como intelectuales públicos, mantuvieron vivas sus disputas. La diversidad de la clase política argentina, que incluía a miembros de los sindicatos, líderes regionales y políticos tradicionales, siguió siendo importante. Las voces disidentes continuaron teniendo tribuna en la prensa. En breve, el grado de coherencia de las reformas, y su aceptación, fue relativa. Cuando al final de los 90 la economía argentina enfrentó tiempos difíciles, el frágil apoyo político y la débil convicción ideológica frente al modelo se hicieron manifiestas. Las impresiones sobre el “modelo de los 90” entregaban una visión fraccionada de la realidad (Heredia 2008: 205). Mientras que los partidarios del gobierno subrayaban que Argentina había “entrado al primer mundo”, los críticos denunciaban la “latinoamericanización” de la estructura social. En contra de aquellos que enfatizaban el logro de la gestión pública, los críticos sugerían que las instituciones republicanas habían sido subyugadas. Al tiempo que algunos destacaban la euforia consumista y pedían mayor austeridad fiscal, otros advertían de la vulnerabilidad de la paridad cambiaria. Durante los años de recesión (1998-2002), las críticas arreciaron, cuestionando la idoneidad y las consecuencias sociales del neoliberalismo en Argentina. 18 Los terapeutas del austral, como se llamó al grupo de economistas que entró al gobierno de Alfonsín para recuperar la credibilidad en la moneda, se caracterizaban por tener doctorados en Estados Unidos. José Luis Machinea en Minnesota, Daniel Heymann en California, Mario Brodersohn en Harvard, Adolfo Canitrot en Stanford. Todos ellos desarrollaron tesis doctorales relacionadas a la inflación desde perspectivas no monetaristas (cf. Neiburg 2005)

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CAPÍTULO 6 / REACCIONES AL NEOLIBERALISMO [En Argentina el paradigma neoliberal entró] en una doble crisis. Por un lado, la crisis real. Está el dicho latino finis coronat opus, el fin corona la obra. Y la verdad es que el fin fue muy malo. Se tocó la profundidad de la crisis social y la recesión duró cuatro años (...) Y después está la crisis ideológica: al haber un final tan malo es razonable que también el neoliberalismo haya perdido anclaje y vigencia social. Juan Llach. La Nación, 13 de septiembre, 2003

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a sociedad chilena cambió dramáticamente con la modernización neoliberal. Tironi (2006: 96) sostiene que hasta los años 70 la movilidad social dependía principalmente de la capacidad de los grupos organizados –asociaciones gremiales, sindicatos, colegios profesionales– de capturar la estructura económica y legal del Estado, y el sistema de protección social era altamente sensible a la acción colectiva de estos grupos. Un nuevo orden social surgió tras la revolución capitalista de Pinochet (Gárate 2012), un orden que privilegia la protección de la propiedad privada y los derechos individuales. La economía es liderada por empresas privadas con baja participación estatal. En esta sociedad de mercado, los individuos tienden a confiar más en su propio esfuerzo que en la acción colectiva. Esto es, el neoliberalismo redefinió las instituciones públicas y transformó las relaciones sociales, reforzando la descolectivización y la individualización (M. Taylor 2006a). Desde fines de los años 80, Chile experimentó el período de crecimiento económico constante más largo de su historia. Entre 1990 y 2010, su PIB se triplicó y la proporción de la población bajo la línea de pobreza cayó de un 40 por ciento a 15 por ciento (Casen 2011). La expansión de los mercados permitió “democratizar el consumo”, y la ampliación del acceso al crédito ayudó a engendrar nuevos ciudadanos-consumidores (Stillerman 2004). El progreso material de la sociedad chilena durante este período fue evidente. La calidad de la vivienda, el equipamiento NEOLIBERALISMOS EN ARGENTINA Y CHILE: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

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del hogar, los servicios básicos y la cobertura del sistema educacional mejoraron gracias a políticas sociales específicas (Atria et al 2013: 259). El acceso a la educación terciaria, así como el endeudamiento de las familias chilenas, creció exponencialmente a través del mercado de universidades privadas. Mientras las lecturas optimistas celebran la ampliación del sistema educacional chileno, en el cual un 70 por ciento de los estudiantes universitarios son primera generación, los críticos enfatizan la perversión de un sistema educacional orientado al lucro, que reproduce las desigualdades sociales (Mayol 2012). La expansión económica también le otorgó a la clase empresarial una posición de privilegio en los años 90, vigorizada por la narrativa triunfal de los logros económicos del país (Subercaseaux 1998; Larraín 2001). A pesar de los evidentes avances en los rankings internacionales, las consecuencias del neoliberalismo fueron objeto de intenso escrutinio. La economía de mercado recibió lecturas “autocomplacientes” y “autoflagelantes” desde el interior de la Concertación. Mientras los primeros destacaban la prosperidad del país y la estabilidad del modelo económico (Larraín y Vergara 2000; Muñoz Goma 2007; Tironi 1999, 2006), los segundos acentuaban las desigualdades distributivas, una estructura productiva basada en materias primas con bajo valor agregado, y la incapacidad de la Concertación de alcanzar “crecimiento con equidad” (Moulian 1998; Garretón 2000; 2012; Winn 2004; M. Taylor 2006a). El diputado Sergio Aguiló (2002), por ejemplo, apuntaba que Chile estaba atrapado entre dos derechas: la derecha autoritaria que defendía la obra y las violaciones de Pinochet –la Alianza–, y la derecha democrática –la Concertación– que se limitaba a administrar el modelo. Estas lecturas, complacientes o flagelantes, vuelven a manifestarse a la hora de evaluar el legado de la Concertación. Mientras para los primeros, la Concertación logró “una socialdemocracia en la medida de lo posible, para los segundos, fue sólo neoliberalismo con rostro humano” (Atria 2013: 14). El crecimiento económico en las últimas tres décadas en Chile produjo progreso material pero no mejoró la calidad de los empleos; las reformas laborales fueron incapaces de reducir las disparidades sociales

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(Sehnbruch 2006). La desigualdad estructural de la sociedad chilena (Gini 0.53) se asemeja a lo que Wilkinson (2005: 23) llama “modelo jerárquico de sociedad”, esto es, el tipo de sociedades que promueve estrategias más enfocadas al interés propio, que son menos colectivas, más estresantes y que dan pie a relaciones comunitarias más pobres. Varios informes del PNUD acerca de los resultados de las políticas chilenas hacen eco de esta crítica (ver PNUD 1998, 2002, 2004). La disparidad de Chile ha generado que diferentes grupos de “perdedores” estuviesen más dispuestos a manifestarse, especialmente desde la segunda mitad de los 2000, desde estudiantes reclamando una educación gratuita y de calidad, a mapuches, ecologistas y trabajadores subcontratistas de distintos rubros (ver capítulo 8). Por ejemplo, en 2006 los estudiantes secundarios –los llamados “pingüinos”– se tomaron las calles y los colegios durante meses exigiendo calidad en la educación pública. Trabajadores mineros de “segunda categoría” de firmas contratistas han incrementado sus demandas por condiciones de igualdad laboral desde 2006. Además, varias protestas en contra de las represas de Aysén (2011) y de los abusos de grandes empresas, como la colusión de las farmacias (2009) y los escándalos de la multitienda La Polar (2010), reunieron a voces descontentas con el modelo económico. El reciente llamado de Atria y colegas (2013) a construir “otro modelo” apunta justamente a defender el interés público, superando el agregado de intereses individuales que ordenarían al Chile neoliberal. LA CRISIS Las reformas de mercado en Argentina produjeron un resultado aún más controversial. Por un lado, el plan de convertibilidad estabilizó exitosamente la economía, logrando una rápida disminución de la inflación y de las tasas de interés. El crecimiento de la producción remontó el vuelo entre 1991 y 1997, en parte debido al fuerte incremento de las exportaciones y al favorable ambiente financiero internacional (Novaro 2006). Los sectores empresariales crecieron rápidamente y las corpoNEOLIBERALISMOS EN ARGENTINA Y CHILE: SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS

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raciones multinacionales tomaron control de varias empresas, permitiéndoles a los empresarios locales vender sus compañías a los precios más altos de la historia. Por otro lado, muchas industrias nacionales, acostumbradas a las barreras tarifarias y a las protecciones, no pudieron soportar la competencia internacional y cerraron sus operaciones (ver capítulo 9). Tras la ola consumista de los primeros años, también se hizo evidente un incremento en la pobreza y en la desigualdad social.19 Los “nuevos pobres” (Minujin y Kessler 1997) se hicieron más visibles en los espacios públicos, mientras que los “nuevos ricos” tendían a aislarse en comunidades cerradas fuera de Buenos Aires (Svampa 2001). La falta de empleo para una generación acostumbrada a la integración social a través de la participación laboral fue una experiencia dramática. La exclusión era nombrada por algunos intelectuales como una pérdida cualitativa de ciudadanía y como un debilitamiento de los derechos sociales (Vinocur y Halperin, CEPAL 2004). La confianza en el futuro, anteriormente sostenida por robustas instituciones públicas, ya no estaba asegurada, lo cual produjo un cambio de identidad fundamental en los argentinos (Sarlo 2006). La vieja excepcionalidad de Argentina en la región, por largo tiempo simbolizada en una enorme clase media y fuertes instituciones públicas, comenzó a desteñirse. Menem finalizó su segundo período (1995-1999) con una mala reputación. Las acusaciones de corrupción en el proceso de privatización aumentaron la insatisfacción popular. Para peor, las empresas privatizadas, mayoritariamente administradas por corporaciones extranjeras, exhibieron márgenes de ganancia mucho mayores que los obtenidos por las firmas locales, ampliando la sensación de injusticia (Azpiazu y Basualdo 2004). El gobierno del radical De la Rúa (1999-2001) tuvo que administrar los problemas que arrastraba el plan de convertibilidad, y un entorno 19 Un peso sobrevaluado benefició principalmente a los grupos medios y de ingresos altos, propiciando el consumo de bienes baratos importados, pero afectó las perspectivas de empleo de los hogares de bajos ingresos. Por ejemplo, en 1989 el sector del acero en Argentina empleaba a 31.148 trabajadores, y tras la privatización, en 1994, sólo a 16.220 (Etchemendy 2010a).

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económico adverso gatillado por las crisis asiática (1997), rusa (1998) y brasilera (1999). El gobierno de la Alianza, sin embargo, contaba con pocos recursos políticos (no tenía el apoyo de los líderes peronistas, ni sus redes), baja convicción ideológica (era un gobierno liderado por radicales administrando reformas de mercado), escasos recursos económicos para reactivar un alicaída producción industrial exigida por la paridad cambiara, y una creciente presión social por mantener el financiamiento de los programas de gobierno y de las provincias. El movimiento de los piqueteros –basado en exfuncionarios del Estado desempleados y otros grupos marginados– se convirtió en símbolo del descontento popular. A las puertas del siglo XXI, la presión social estaba a punto de explotar en Argentina. La crisis de 2001 fue expresión de la frustración acumulada de quienes se sentían perjudicados por la modernización neoliberal. Las crecientes demandas sociales al gobierno lideradas por los piqueteros, los sindicatos y las poblaciones de las ciudades del interior crecieron desde el final de los años 90. Una suerte de políticas de contestación se desencadenaron rápidamente; los piquetes, bloqueos de caminos y las protestas se multiplicaron (E. Silva 2009; Villalón 2007). La crisis explotó en diciembre de 2001, cuando multitudes desesperadas comenzaron a saquear tiendas en Rosario, Mendoza, Entre Ríos y luego en Buenos Aires. En paralelo, la imposición del “corralito” hizo que creciera el descontento entre las clases medias. Esta medida de casi congelamiento total de los depósitos bancarios restringía el monto de dinero que las personas podían retirar de las cuentas bancarias y que prohibía la conversión de depósitos en pesos a dólares. La respuesta popular fue retirar pesos y comprar dólares para evitar la devaluación diaria. A lo largo del país se formaron enormes filas fuera de los bancos. Las protestas se expandieron en contra de las cuentas congeladas por temor a que éstas pudiesen perder valor (Luzzi 2008). Buenos Aires se convirtió en escenario de batallas callejeras. Las crecientes manifestaciones sociales desestabilizaron al gobierno de De la Rúa (1999-2001) y clamaron por la expulsión de la clase política gobernante. “Que se vayan todos” pasó a ser la consigna popular en las calles.

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El intento de reprimir el estallido social por la fuerza terminó con más de treinta personas muertas. El estado de sitio fue insuficiente para controlar el malestar social: las protestas y los disturbios en Buenos Aires eventualmente llevaron a la renuncia del presidente De la Rúa. Del 20 de diciembre de 2001 al 2 de enero de 2002, Argentina tuvo cinco presidentes. En ese entonces, uno de aquellos presidentes interinos, Alfonso Rodríguez Saá, dejó de pagar la deuda externa, declarando oficialmente el incumplimiento por 132 mil millones de dólares. La confusión social y política fue incontenible. Cinco presidentes consecutivos habían fallado en establecer el orden interno hasta que el peronista Eduardo Duhalde restituyó el poder político. En enero de 2002, el plan de convertibilidad llegó a su fin. Tras once años, la paridad peso-dólar fue desechada. Argentina estaba en recesión desde 1998. Los expertos tildaron a la crisis de ser una tormenta perfecta: enormes déficits fiscales, un peso sobrevaluado, gran deuda de corto plazo, una economía dolarizada, y un entorno internacional ajetreado por las recientes crisis rusa (1998) y brasilera (1999), y por el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos (septiembre de 2011). La fuga de capitales fue masiva y la presión para liberar la paridad se hizo incontenible. El peso se dejó flotando y sufrió una aguda devaluación, perdiendo cerca de 70 por ciento de su valor en cuatro meses (Levy y Valenzuela 2007). Como consecuencia de cuatro años de recesión y del estallido político y social de 2001, se produjo un empobrecimiento severo. En octubre de 2002, el INDEC reveló que 57,5 por ciento de los argentinos estaba viviendo bajo la línea de la pobreza y 27,5 por ciento en la extrema pobreza (Vinocur y Halperin, CEPAL 2004). La caída del PIB fue correlativa con el 11 por ciento de la caída de los salarios entre 2001 y 2003. Argentina registró uno de los más grandes aumentos en desigualdad salarial del mundo durante aquellos años (Global Wage Report OIT 2008: 13). Toda clase de fragmentación social creció en los días de post crisis. Las tasas de homicidios y crímenes se engrosaron significativamente en el período 2001-2003 (Levy y Valenzuela 2007). Se multiplicaron las asambleas populares o vecinales, los movimientos de desocupados y de fábricas re-

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cuperadas para expresarse políticamente.20 La credibilidad de las clases política y empresarial se hizo trizas. Las instituciones financieras internacionales declararon al país como zona de inversiones de alto riesgo. La población argentina no sólo se vio materialmente empobrecida, sino que también perdió la fe en sus autoridades e instituciones públicas. La pregunta acerca de qué fue lo que salió mal se hizo acuciante en los albores de la crisis de 2001. Esta pregunta, sin embargo, no es nueva. La decadencia de Argentina ha estado a la cabeza de las preocupaciones intelectuales por décadas (Eloy Martínez 1999; Lanata 2001). Esta interrogante se renovó en términos de las consecuencias del neoliberalismo. La literatura especializada ofrece muchas interpretaciones, lo mismo que los académicos entrevistados. Los especialistas concuerdan en que el plan de convertibilidad fue una solución temporal de la que consecutivos gobiernos argentinos no supieron zafarse. Bajo este punto de vista, el gobierno no fue capaz de “disciplinar” las exigencias de los gobiernos federales ni de los sindicatos, incrementando así el déficit fiscal. Para Juan Llach, por ejemplo, uno de los ideólogos del plan, “la convertibilidad fue diseñada originalmente como un programa de transición. El plan especificaba que debía haber cero déficit fiscal. Si Argentina hubiera sido serio acerca de eso, la probabilidad de éxito habría sido infinitamente mayor” (entrevista, abril 2009). Aunque la crisis fue gatillada por el gasto estatal descontrolado y por cambios en el contexto internacional, la fragilidad de una economía desindustrializada y un sistema abierto a los flujos de capital especulativos fueron también determinantes (Levy y Valenzuela 2007). Las devastadoras consecuencias del alto desempleo y las marcadas desigualdades fueron una bomba de tiempo difícil de detener. Abrir la economía tuvo efectos perjudiciales para la industria nacional: redujo y precarizó los empleos, y generó dependencia de los flujos internacio20 El movimiento de fábricas recuperadas en Argentina llegó a incluir a 170 empresas y diez mil trabajadores, generando el doble impacto de proteger los medios de producción y mantener la fuente de trabajo (Pavón 2012: 349).

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nales de capital. Aun más, el proyecto neoliberal fue incapaz de quebrar la fuerza de los sindicatos y los vínculos clientelares entre grupos organizados y el Estado, haciendo que el proceso de liberalización tuviera limitantes estructurales desde un comienzo. Sectores influyentes aún defienden la idea de un Estado fuerte que proteja a las industrias locales, regule los precios e implemente políticas distributivas. La educación y la salud públicas son arduamente defendidas, aunque en la práctica sigan al debe, mientras que a las empresas privatizadas se les siguió llamando “empresas públicas privatizadas” durante los 2000. Los recortes de gastos del Estado fueron considerados como una pérdida de los derechos que muchos ciudadanos no estuvieron dispuestos a aceptar. Finalmente, el estigma de la corrupción del proceso privatizador minó aún más la legitimidad de este proyecto. Las empresas estatales fueron vendidas a tarifas rebajadas a grandes corporaciones empresariales, lo que se tradujo en el enriquecimiento de sectores cercanos a Menem (Pavón 2012: 272). En suma, la liberalización de la economía tuvo éxito relativo en Argentina. Las mejoras modernizadoras que el proceso pudo haber reportado en los 90 se perdieron bajo los enormes costos sociales que implicó. Tal como explica el historiador y economista Lucas Llach (entrevista, abril 2009): La explosión de 2001 no fue una reacción filosófica contra el neoliberalismo, sino el colapso de un sistema monetario que terminó de muy mala manera. Argentina implementó la liberalización del comercio, las privatizaciones y la convertibilidad, todo al mismo tiempo. De estas tres cosas, el verdadero fracaso fue la convertibilidad. Sin embargo, la crisis puso en duda la totalidad del proceso.

CONTESTACIÓN Y NEUTRALIZACIÓN Si la globalización financiera era vista como la expresión de la convergencia mundial de política económica, y si Argentina y Chile eran casos ejemplares del Consenso de Washington durante los años 90, hoy sólo Chile mantiene esa etiqueta. Durante los 2000, el capitalismo acentuó sus variedades en estos países. 112

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Tras la crisis de 2001, las políticas neoliberales fueron objeto de intensa crítica en Argentina, al punto que algunos intelectuales definen la época como posneoliberal (Macdonald y Ruckert 2009). Si bien la recuperación económica de la crisis había comenzado a fines de 2002 durante el gobierno de Duhalde, una vez elegido presidente en 2003, Néstor Kirchner emprendió batallas de alto perfil contra las políticas de libre mercado, acusando al FMI, los poseedores de bonos y las corporaciones internacionales de ser los principales responsables de la crisis.21 El gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) se concentró en restablecer la gobernabilidad, renegociar la deuda externa, y establecer una serie de políticas económicas heterodoxas, como el aumento de la inversión pública en vivienda e infraestructura, el control de precios de algunos productos básicos, el fomento de la negociación colectiva de los sindicatos, y el aumento del salario mínimo (Lewis 2009; Etchemendy y Collier 2007). Luego de un prolongado proceso de negociaciones con el FMI y otros prestamistas, en febrero de 2005 el gobierno argentino consiguió una quita cercana a los 40 mil millones de dólares, equivalente a un 50 por ciento del valor nominal de la deuda. Aunque un cuarto de los acreedores consideró esta quita excesiva para sus intereses y se negó a ingresar en el canje, Kirchner celebró el acuerdo como “la negociación más exitosa de la historia” (Rath 2010). Los seguidores del gobierno marchaban en las calles con pancartas clamando “que la crisis la paguen los capitalistas”. Favorecida por un ambiente internacional positivo y por el boom de los commodities, Argentina experimentó un período de rápida recuperación económica, creciendo a una tasa anual de 9 por ciento en promedio entre los años 2003 y 2007. El consumo privado aumentó un 21 Tras ser acusado por la crisis argentina, el FMI hizo su propia autocrítica, aunque muy pocas se dirigieron a las políticas que promovía. En su informe, el colapso catastrófico de 2001-2002 representó “la falla de los políticos argentinos en tomar las medidas correctivas necesarias a tiempo. El FMI, por su parte, también erró en no detener a tiempo el apoyo a una estrategia que, tal como fue implementada, no era sostenible en el tiempo” (IEO, Reporte de Evaluación, FMI 2004: 64).

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52 por ciento entre 2002 y 2007, y las tasas de desempleo y pobreza se redujeron a la mitad: el desempleo cayó desde el 20 por ciento en 2002 hasta el 9 por ciento en 2007, y la tasa de pobreza disminuyó de casi un 50 por ciento a un 27 por ciento (Levitsky y Murillo 2008: 78). Amparado en estos buenos resultados, y en la capacidad de restituir la gobernabilidad, los gobiernos de Néstor (2003-2007) y Cristina Kirchner (2007-2011) se esforzaron por marcar un quiebre narrativo en la historia argentina, de un antes y un después. Antes de ellos: el neoliberalismo, la desigualdad y la crisis; con ellos: un modelo nacional-popular que recupera la capacidad intervencionista del Estado, el crecimiento económico, la memoria sobre las violaciones a los derechos humanos en dictadura y la dignidad del pueblo argentino. Es interesante notar como los Kirchner resignificaron el carácter “nacional-popular” del peronismo clásico, aludiendo a la memoria triunfal del pueblo argentino en contraposición a “los vicios” del neoliberalismo. Esa recuperación de la memoria incluyó la presencia sistemática de las imágenes de Evita, de Perón y del mismo Néstor Kirchner –tras su muerte en 2010– en las calles, plazas y edificios públicos. Durante los dos primeros gobiernos de los Kirchner, el Estado efectivamente aumentó los impuestos a las exportaciones, como soja, carne y trigo. Los contratos de servicios públicos con empresas privatizadas fueron renegociados, congelándose las tarifas que las empresas podían cobrar a los usuarios. Aerolíneas Argentinas, YPF (petróleo) y las AFJP, el sistema de pensiones privado, fueron renacionalizados y las concesiones a los operadores de TV cable se cancelaron. Esas y otras intervenciones generaron una serie de confrontaciones entre el Estado y los diferentes grupos afectados (ver capítulos 7 y 8). Esas intervenciones, además, reforzaron la confianza de los sectores populares y la demanda por derechos económicos y sociales, revigorizando la vida política. En este contexto de posconvertibilidad, el neoliberalismo como proyecto despolitizador y de restauración del poder de clase fue cuestionado.22 22 Una de las estrategias para restablecer la gobernabilidad implementada por Néstor

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No obstante este giro de modelo, es importante subrayar que en los gobiernos de los Kirchner (2003-2011) también hay continuidades con algunas consignas neoliberales de los 90, como el equilibrio fiscal y de balanza comercial. Si bien la macroeconomía dio un giro de corte keynesiano, en el plano microeconómico el neoliberalismo mantuvo varios espacios, como la preferencia de la ciudadanía por los servicios privados en educación, salud o seguridad, incluso en los sectores medios-bajos. Del otro lado, aunque los Kirchner lograron restablecer la confianza en las instituciones, una serie de problemas pendientes continúan asolando a la sociedad argentina, como la inseguridad y el temor al delito, las presiones inflacionarias, y los deteriorados servicios públicos en salud, educación y transporte (Kessler et al 2010). En medio de estos quiebres y continuidades, los conflictos entre defensores y adversarios del proyecto Kirchner se intensificaron. Las disputas acerca de los roles del Estado y del sector público cobraron nuevos bríos. Mientras que el segundo gobierno de Cristina Kirchner (2011-2015) intentaba profundizar el modelo nacional-popular, los opositores llamaban a poner fin a la “fiesta populista”, la intervención clientelista del Estado y el “capitalismo de los amigos”.23 El contraste con Chile en este punto es importante. La noción de “discutir el modelo” fue escasamente planteada en el debate público hasta el año 2011. El apoyo a una economía “social de mercado” (Muñoz Goma 2007) fue el arreglo entre las elites políticas y económicas por más de Kirchner fue contener la capacidad movilizadora de los piqueteros. De un lado, el gobierno aumentó el número de programas de asistencia a fin de recuperar el territorio perdido frente a las fuerzas sociales. Del otro, Kirchner adoptó una táctica doble de cooptación y de drásticas medidas judiciales sobre la protesta social. Como explica Svampa (2008b: 78), al tiempo que el gobierno criminalizaba las confrontaciones callejeras con las autoridades, los beneficios de los programas de asistencia, como el PJJHD, iban asociados al empleo obligatorio individual, restringiendo el accionar colectivo. 23 Las controversias acerca de profundizar el modelo se hicieron tan frecuentes en los años recientes que hasta los intelectuales de izquierda que apoyaban “el modelo Kirchner” mostraron sus dudas. Ver Atilio Borón, “Harto de escuchar que hay que profundizar el modelo”, abril 29, 2011.

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dos décadas. El acuerdo tecnocrático suponía que más crecimiento y políticas públicas focalizadas reducirían las desigualdades. Bajo ese acuerdo, el cambio social dependía de mayor meritocracia e igualdad de oportunidades, es decir, emparejando “la cancha” del mercado (Engel y Navia 2006). Según Lechner (2002: 53), el mercado se había naturalizado entre las elites, “transformando la racionalidad del sistema en una especie de hecho natural, supuestamente fijo, impuesto a las espaldas de la gente, en la que el orden social se experimenta como un orden natural”. Para Atria (2013: 3), en cambio, más que naturalización del orden social, el sistema político de la transición fue efectivo en neutralizar los conflictos: las instituciones chilenas y la Constitución de 1980 fueron explícitamente diseñadas no para canalizar la agencia política del pueblo, sino para neutralizarla, y la Concertación fue exitosa en administrar la neutralización. Instituciones financieras fuertes, política macroeconómica austera y un enfoque contracíclico hacia el gasto público han sido las marcas distintivas de los policy-makers chilenos en las últimas décadas. La reputación del modelo chileno se vio coronada con su integración a la OECD en 2009. Es más, la senda pronegocios del país se vio confirmada con la elección del empresario Sebastián Piñera como presidente en 2010. Su promesa de “una nueva forma de gobernar” aspiraba a profundizar aún más el modelo de mercado. Las crecientes movilizaciones sociales que se coronaron en 2011 con el movimiento estudiantil, sin embargo, expresaron el descontento popular contra las injusticias del mercado (capítulo 8). Desde ahí, las lecturas críticas sobre el agotamiento del modelo y sus prácticas se tomaron la escena (Mayol 2012; Garretón 2012; Atria 2013; Atria et al 2013; Fuentes 2012; Martner y Rivera 2013). Con diferentes énfasis, estas críticas apuntan al neoliberalismo como un sistema económico que reproduce las desigualdades, y un sistema político cuya democracia deliberativa es limitada, inhibiendo la capacidad de los ciudadanos para autogobernarse. Estas críticas, tanto en las calles como en los libros, indicarían el fin de un ciclo político, y el cuestionamiento a los repertorios de evaluación que sostenían el modelo.

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Como se discutirá en los capítulos siguientes, los diferentes destinos del neoliberalismo en estos países también están ligados al grado de colectivización o de individualización presente en estas sociedades. Mientras durante la década del 2000 la reacción social en Argentina revitalizó a las fuerzas colectivas que estuvieron contenidas durante los 90, para presionar a las empresas y el Estado (el doble movimiento de Polanyi), en Chile, más individualizado y jerárquico, el capitalismo proempresas y las modernizaciones asociadas al mismo, se reprodujeron con menores contrapesos entre 1990 y 2010. El rearme tras las movilizaciones estudiantiles desde 2011, sin embargo, indicarían el despertar de un nuevo ciclo político en Chile, y de futuros cuestionamientos al modelo neoliberal.

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CAPÍTULO 7 / INSTITUCIONES PARA EL CAPITALISMO En Argentina las fuerzas no mediadas de la sociedad suelen arrasar los espacios potenciales para la política y para algún razonable grado de autonomía de un aparato estatal, por eso mismo, particularmente desarticulado. Esto, como he señalado, se debe a que esa sociedad, relativamente igualitaria pero no democrática, tiende a “auto-representarse”, corporativamente y sin mediaciones, en las arenas públicas. Guillermo O’Donnell (1984:40)

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os años 90 fueron una época de gran proximidad entre Argentina y Chile. Con el retorno de la democracia, ambos países se embarcaron en un período de acuerdos bilaterales y dirimieron rápidamente 22 de las 24 disputas territoriales pendientes a lo largo de los 5.300 kilómetros de frontera común. Las políticas que promovieron el comercio y la integración fueron selladas con la construcción de un gasoducto de 463 kilómetros entre Mendoza y Santiago. En agosto de 1997, el gas natural comenzó a fluir a través de Los Andes. El asunto funcionó bien para ambos países durante los años iniciales. Las industrias chilenas y los usuarios particulares accedieron a gas natural barato, mientras que los operadores argentinos se convirtieron en los principales exportadores de gas en la región. Hacia 2004, sin embargo, la luna de miel llegó a su fin. Luego de la crisis de 2001, los controles de precios locales impuestos por el gobierno argentino redujeron el incentivo a invertir en la producción de nueva energía. Además, la capacidad productiva del sector energético se vio entorpecida por años de sequía (2002-2003) y por un consumo más alto de energía estimulado por la recuperación económica. El presidente Kirchner decidió rápidamente restringir las exportaciones a Chile con el fin de aliviar la deficiencia local de gas. Para justificar su decisión, el Parlamento argentino revisó el tratado económico internacional y cuestionó su validez. Como consecuencia, en Chile surgió CAPITALISMOS EN ARGENTINA Y CHILE

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la amenaza de los cortes energéticos y se encendió un serio debate político acerca de la conveniencia de depender de energía importada desde Argentina. “La confianza se ha roto”, declaró el presidente Ricardo Lagos luego de presentar una nota formal de protesta a su contraparte argentina. Diferentes niveles de respeto al mandato de la ley, a los acuerdos institucionales y a las regulaciones se hicieron evidentes. Las autoridades chilenas no podían creer que un contrato energético suscrito entre dos naciones pudiese ser roto abrupta y unilateralmente. Allende Los Andes, la prioridad del gobierno era proveer de gas barato a la población argentina. Asegurar la estabilidad interna y facilitar la recuperación económica resultaba mucho más relevante que respetar un acuerdo con un país vecino. Este capítulo revisa algunos aspectos institucionales que sustentan al capitalismo en Argentina y Chile, a fin de ilustrar el contexto de las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, y cómo la estabilidad de las leyes y la capacidad de hacer cumplir la ley afecta la forma de hacer negocios en estos países. EL PESO DE LAS INSTITUCIONES Las instituciones son reglas que condicionan el comportamiento de los ciudadanos, las empresas y los gobiernos. Estas reglas son importantes en la producción del capitalismo y su calidad es un factor clave en las perspectivas de desarrollo de una nación. Conjuntos de convenciones formales e informales estructuran las interacciones sociales y políticas, especificando qué puede hacerse a tal o cuál persona y quién puede hacerlo. Las sanciones por violar estas reglas son fundamentales para las empresas y la sociedad (Kingstone 2011; Johnson 2005). Dos maneras de dimensionar la fortaleza institucional de un país, según Levitsky y Murillo (2008: 87), son evaluar la capacidad de “imposición, o el grado en que las normas que existen en el papel se cumplen en la práctica; y estabilidad, o la medida en que las reglas formales sobreviven a las fluctuaciones menores en la distribución del poder y las preferencias”. 122

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Desde el prisma de las organizaciones financieras globales, como el Banco Mundial, y los actores empresariales entrevistados en ambos países, la estabilidad en las reglas del juego y el imperio de la ley suelen destacarse como los sellos distintivos para hacer negocios en Chile, mientras que un marco regulatorio cambiante y débiles mecanismos de rendición de cuentas de los gobiernos afectarían el desempeño de las empresas en Argentina. De modo similar, mientras que las políticas públicas chilenas se destacan por su prudencia tecnocrática y por su resistencia frente a presiones populares, las de Argentina despuntan por sus idas y vueltas, y en ocasiones, por la capacidad de la ciudadanía para impactar en el designio político, al menos durante los últimos veinte años. Existen diversos factores a considerar al comparar los ámbitos normativos y la capacidad de los estados argentino y chileno para hacer cumplir el imperio de la ley. Las unidades político-territoriales de ambos países, las condiciones históricas para unificar el territorio nacional, y la competencia entre las elites que originalmente se disputan el poder, son algunos de ellos. Argentina es un Estado federal constituido por 23 provincias y una ciudad autónoma, Buenos Aires. Chile es un Estado unitario con una administración central de la que dependen 15 regiones. Durante el período colonial (entre los siglos XVI y XVIII), Chile era una tierra aislada que carecía de oro, y por ende no despertaba gran interés extranjero. Era un territorio organizado como una capitanía militar, dependiente y subsidiado por el Virreinato del Perú, lo que contribuyó al desarrollo de una burocracia estatal estable. El aislamiento de este territorio, que contaba con la barrera natural de la cordillera de Los Andes, habría reforzado el carácter unitario. Santiago está ubicado al medio del territorio y cerca del océano Pacífico, que operaba como la principal ruta comercial, lo que también habría facilitado la integración del país. Argentina, por el otro lado, era un territorio más rico en términos de recursos naturales explotados en esa época, con barreras geográficas difusas hacia el norte, y por ello mismo más abierto a disputas territoriales entre las diferentes partes interesadas. Varias rutas comerciales convergían alrededor del Río de la Plata, desde el Chaco

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(Paraguay) al Atlántico, desde Los Andes (Bolivia) al Atlántico y desde la Patagonia (Argentina) al resto del continente (Jocelyn-Holt 2005: 438). En consecuencia, el territorio de Argentina parece haber sido más difícil de unificar y controlar. De acuerdo a Dezalay y Garth (2002), el hecho de que el territorio que luego se convirtió en Argentina nunca estuviera unificado bajo una sola administración colonial dificultó la promoción de una identidad nacional única. Estos autores sostienen que el clientelismo y el patronazgo, los rasgos centrales de la organización política tradicional –la estancia–, devinieron prácticas dominantes que el imperio de la ley no pudo revertir. Aunque la estancia o hacienda también fue la unidad política tradicional en el Chile colonial (Cousiño y Valenzuela 1994), para algunos historiadores el excepcional respeto institucional chileno se habría forjado en los albores de la nación (Vial 2001). Otros historiadores, sin embargo, ven esa supuesta “excepcionalidad” como una simple justificación para el uso de la violencia en la instauración del orden político (Jocelyn-Holt 1999; Salazar y Pinto 1999). La tesis de la supuesta excepcionalidad chilena, en la cual Diego Portales fue capaz de restaurar el principio de autoridad y organizó un Estado temprano en la década de 1840 es, para Jocelyn-Holt (1999), un mito conservador de la historiografía nacional. Esa tesis habría servido para legitimar el golpe de Estado de 1973 y otras dictaduras como la de Ibáñez en 1928. Esa excepcionalidad, sin embargo, no consideraría las divisiones internas y los mecanismos violentos para resolver conflictos en Chile, tales como la guerra civil de 1891 o la matanza de trabajadores en Santa María de Iquique en 1907. Durante las primeras décadas del siglo XIX, cuando ambos Estados estaban en formación, las tensiones y disputas entre las capitales nacionales y sus provincias eran frecuentes. Las formas como se resolvieron esas pugnas, sin embargo, fueron diferentes. Las oligarquías de Concepción y Copiapó fueron tempranamente subordinadas a Santiago, y de cierta forma se integraron en una sola elite, lo que habría reducido potenciales conflictos entre las diferentes regiones. En Argentina, por el

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contrario, las disputas entre poderosas oligarquías locales con diferentes polos comerciales, las sucesivas oleadas de inmigración y el desafío de someter un territorio geográfico mucho mayor crearon un cuadro más complejo. Las elites de Buenos Aires no fueron capaces de controlar totalmente a sus contrapartes de Córdoba, Cuyo, Rosario o Mendoza, donde los caudillos locales se mantuvieron firmes. La violencia marcó la trágica confrontación entre la capital y las provincias. De cierta manera, establecer reglas comunes y un sistema impositivo central fue una empresa más dificultosa en Argentina. Por la vereda opuesta, el Estado centralizado chileno se impuso con mayor fuerza a su población, ya sea porque fue capaz de instalar un régimen unitario de reglas comunes, ya sea por constituir un país más pequeño. Una de las áreas donde las relaciones entre Estado y sociedad se manifiesta claramente es la tributación. El cobro de impuestos ha sido históricamente un tema controversial en Argentina. El así llamado “laberinto fiscal” se refiere al complejo sistema distributivo de impuestos, transferencias y responsabilidades de gasto que permean el diseño nacional y subnacional de políticas.24 El conflicto se ha generado con frecuencia por las asimetrías de los montos recolectados y gastados por las provincias (que en términos burocráticos son altamente dependientes del gobierno central). Un gran presupuesto federal disponible para gastos discrecionales por los gobernadores de las provincias facilitaría las condiciones necesarias para las relaciones de clientelismo. Como muestra Gervasoni (2011: 86), en Argentina hay provincias rentistas que se benefician de un desigual sistema de reparto establecido por las instituciones del federalismo fiscal. Además, desde la privatización de 24 Este sistema incluye varios regímenes de gobierno compartidos que incorporan acuerdos federales, más impuestos específicos para caminos, trabajos de agua o vivienda (entre otros), lo cual hace que el sistema fiscal sea complejo. Spiller y Tommasi (2007: 197) identifican varias deficiencias alrededor del “laberinto fiscal” argentino, tales como déficits pronunciados, endeudamiento creciente y finanzas procíclicas en los gobiernos provinciales; baja recaudación a nivel provincial y nacional; ineficiencias en el gasto fiscal y en la provisión de bienes públicos locales.

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la mayoría de las empresas estatales en los 90, el financiamiento del Estado aumentó su dependencia de ingresos mediante impuestos a exportaciones y empresas. De este modo, se incrementó la presión por recaudar impuestos de las utilidades de las firmas. Durante los 2000, cuando ha tenido la oportunidad y el capital político, el Estado argentino ha intentado elevar los impuestos de aquellos sectores que se desempeñan positivamente, asumiendo que es justo que aquellos a los que les va mejor paguen más. El “conflicto del campo” de 2008 entre el gobierno y los productores de soja respecto a las retenciones móviles de ingresos ejemplifica esta tensión. Las diferencias con Chile en este punto son notorias. Su estructura centralista y el poder de las empresas han tendido a neutralizar el conflicto alrededor de los impuestos, manteniendo un sistema de tributación baja, inferior al 20 por ciento en 2010. Además, gracias a la nacionalización de la minería del cobre que llevó a cabo Allende en 1971, Chile financia parte importante de sus políticas sociales y de su sistema de seguridad nacional con los ingresos de Codelco, el así llamado “sueldo de Chile”. Codelco fue una de las pocas empresas estatales que el régimen de Pinochet no privatizó. Del otro lado, la carga impositiva de explotación minera que pagan los privados es mínima. Entre 2005 y 2012 las mineras privadas pagaron sólo el equivalente al 2.7 por ciento de sus utilidades (Palma 2013a). A diferencia del “laberinto fiscal” argentino, Chile es reconocido por su “disciplina fiscal”. En las últimas dos décadas la austeridad y el equilibrio macroeconómico han guiado las políticas públicas, rechazando aumentos en el gasto social a pesar de las demandas populares. Por ejemplo, el mecanismo de “superávit estructural” implementado desde 2001 equilibra el gasto social entre períodos de abundancia y de escasez. Este mecanismo de gasto fiscal conservador permitió al gobierno de Bachelet, para citar un caso, mantener las políticas sociales y estimular la economía durante la crisis financiera global de 2008. Cuando la literatura institucionalista compara la continuidad de las políticas regulatorias en ambos países, Chile tiende a ser reconocido como una

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economía política pragmática que combina neoliberalismo con políticas sociales focalizadas (Santiso 2006). En contraste, a Argentina se le presenta como una nación que carece de madurez institucional y que se deja llevar por la presión popular (Spiller y Tommasi 2007). Mientras que las instituciones económicas chilenas han sido particularmente estables, manteniendo una política económica similar a lo largo de cinco gobiernos que comprenden tres décadas, Argentina se caracteriza por cambios estratégicos y volatilidad macroeconómica. Del otro lado, cuando se evalúa la capacidad de la política para responder a la voluntad de las mayorías, la inamovilidad del sistema político chileno y su distanciamiento de la ciudadanía suelen ser contrastados con el carácter participativo del sistema político argentino. Las organizaciones financieras internacionales declaran cada vez con mayor énfasis que “la gobernanza tiene relevancia” en el éxito económico de los países (Kaufmann et al 1999, 2007, 2011). Según esta visión, los gobiernos que permiten la libertad del mercado y que protegen los derechos de propiedad facilitan el desarrollo económico. A pesar de que este enfoque de “instituciones globales estándares” ha sido criticado por establecer una “condición no probada para el desarrollo” (Chang 2010b), las instituciones financieras las reconocen como variables claves para el crecimiento. De acuerdo a los indicadores de gobernanza del Banco Mundial, Chile se ubica por sobre los países latinoamericanos, mientras que Argentina campea en la mitad baja de la lista (ver tabla 1).

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Tabla 1. Indicadores de gobernanza mundial. Datos comparativos entre 1995-2007. Puntajes entre –2.5 y 2.5, para Argentina y Chile

Efectividad gubernamental Cumplimiento de la ley Estabilidad política y ausencia de violencia Control de la corrupción Calidad de la regulación Rendición de cuentas públicas Promedio general

ARGENTINA

CHILE

- 0.07 - 0.42 - 0.38 - 0.31 - 0.15 0.28 - 0.18

1.21 1.17 1.35 1.41 0.66 0.94 1.12

Fuente: Banco Mundial, http://info.worldbank.org/governance25 Acceso 3 agosto 2011.

HACER NEGOCIOS EN CHILE No obstante los cambios de gobierno, la seguridad del marco institucional y la estabilidad de los regímenes regulatorios se han mantenido en Chile, ofreciendo condiciones muy favorables para los intereses de las empresas. Los inversionistas extranjeros son bienvenidos y se les considera actores relevantes en la estrategia económica del país. Varios entrevistados de ambos países resaltaron estos rasgos. El exministro Boeninger, por ejemplo, afirmaba que “la confianza en la estabilidad de las reglas del juego es crucial en la transición chilena. Los acuerdos se respetan y los contratos se cumplen. Nuestra fortaleza institucional es el respeto por el mandato de la ley” (entrevista, diciembre 2008). La frase que acuñó el presidente Lagos, “las instituciones funcionan”, apuntaba justamente a resaltar la independencia política de los tribunales y al funcionamiento de las ramas ejecutiva, legislativa y judicial del Estado. 25 Para una explicación detallada de estos indicadores de formas de gobierno, sus fuentes y metodología, ver Kaufmann et al (2011) The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues.

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La capacidad estatal para hacer cumplir la regulación y los sistemas de control es fuerte. Durante los gobiernos de la Concertación, los políticos fueron extremadamente cautos con el ordenamiento institucional, introduciendo reformas graduales sólo en aquellas áreas donde existió consenso entre las elites (Navia 2008). Desde el prisma empresarial, la clase política es resaltada por la naturaleza técnica y prudente de sus medidas, especialmente en contraste con otras de la región. Aunque el sistema judicial a veces se tilda de demasiado legalista y dado a interpretar la ley al pie de la letra, es generalmente reconocido por su neutralidad. Varios empresarios argentinos destacaron especialmente la imparcialidad de las ofertas públicas, las políticas pro-negocios y las garantías ofrecidas por el marco regulatorio chileno. Muchos describieron, con cierta frustración, el modo en que las ofertas públicas se utilizan en Argentina como vehículos para el pago de favores políticos y corrupción. Aunque los empresarios y analistas de negocios generalmente celebran la claridad del marco regulatorio chileno, algunos empresarios extranjeros entrevistados cuestionaban la neutralidad de los reguladores, quienes, sostienen los primeros, son con frecuencia influenciados por las poderosas asociaciones empresariales chilenas. En suma, Chile ha ofrecido en las últimas décadas un ambiente favorable para los negocios: reglas claras de competencia, defensa de los derechos de propiedad, bajos impuestos y un régimen jurídico seguro. A los comentaristas de negocios chilenos también les gusta elogiar el comportamiento honesto del entorno local. Los gerentes de las empresas sostienen que el sistema político y económico se caracteriza por la ausencia de sobornos y de otras prácticas corruptas. En concordancia con este “repertorio de evaluación”, las instituciones financieras internacionales reconocen la seguridad y la legalidad de Chile. Por ejemplo, el Banco Interamericano del Desarrollo ubica a las políticas públicas chilenas como las más altas de la región (ver tabla 2).

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Tabla 2. Características de las políticas públicas en Argentina y Chile ARGENTINA

CHILE

Estabilidad

Bajo

Alto

Adaptabilidad

Medio

Alto

Implementación y cumplimiento

Bajo

Alto

Coordinación y coherencia

Bajo

Alto

Rendición de cuentas públicas

Bajo

Alto

Eficiencia

Bajo

Alto

Índice general de las políticas

Bajo

Muy alto

Fuente: BID, Stein et al (2006: 147), La política de las políticas públicas.

A pesar de puntuar alto en rendición de cuentas públicas, existen varias dudas sobre hasta qué punto las autoridades económicas y políticas chilenas están al servicio de la voluntad ciudadana, y son efectivamente escrutables. Primero, la tecnocracia de las elites tiende a marginar a los actores no expertos de los procesos participativos en la toma de decisiones (Atria et al 2013). Segundo, la clase política se reproduce y está protegida por un sistema binominal que ha excluido a las fuerzas políticas que están fuera de las dos coaliciones (Garretón 2012). Tercero, el hecho de tener elites empresariales y políticas pequeñas, entrelazadas por vínculos familiares y de clase, genera una situación de promiscuidad bajo la cual los mecanismos institucionales y la contravigilancia se hacen menos efectivos (Tironi 1999; Araujo 2009). Los líderes de los partidos y los hombres de negocios están ligados a través de redes que combinan tanto relaciones instrumentales como lazos personales de parientes, amigos del colegio y conocidos (Thumala 2007). Cuarto, la falta de transparencia del financiamiento de la política chilena, y la ausencia de una ley de lobby que regule y revele la influencia de las empresas en la política, no permite escrutar las triangulaciones de dinero a través del cual el capital contiene a la democracia (Garin 2013). Quinto, como revisaremos en el

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capítulo 14, la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocos grupos económicos con claros vínculos partidistas dificulta la capacidad de escrutinio público (Mönckeberg 2009). En suma, la transparencia y el accountability, no obstante ser las promesas de moda en Chile, tienen serias dificultades. Los ranking internacionales que comparan gobernanza y políticas públicas, si bien permiten contrastar el respeto de las reglas del juego entre países, dicen poco sobre a quiénes benefician esas reglas en cada país. Uno de los problemas de la falta de accountability son los conflictos de interés entre políticos y empresarios. Estos conflictos no sólo deterioran la capacidad de los parlamentarios y agentes de gobierno de fiscalizar los intereses del Estado, sino también muchas veces anteponen los beneficios privados a los públicos. Si bien las acusaciones al lobby de algunos políticos de la Concertación y sus negocios venían creciendo desde el gobierno de Lagos (2000-2006), el gobierno del presidente Piñera (2010-2014) fue paradigmático respecto a estos problemas. Los conflictos de interés entre ministros y las áreas que supervisaban, en vivienda, educación o deportes, por ejemplo, fue una constante de su administración. Además, en años recientes una serie de controversias se hicieron públicas. En particular, la colusión entre las tres grandes cadenas farmacéuticas para el alza orquestada de precios de los remedios (2009), y la renegociación unilateral de deudores pendientes en la multitienda La Polar (2011), fueron escándalos de alta visibilidad. Según señala Eugenio Tironi (2011), bajo la pancarta del éxito del capitalismo chileno yacen prácticas arbitrarias que contribuyen a “un capitalismo de triquiñuelas”. Es decir, pese al hecho de que el ambiente de negocios opera de forma estable y segura, de que la ley se impone y las normas legales son estables, el discurso acerca de la naturaleza prístina de la clase política y empresarial es bastante discutible. Es importante señalar, además, que la estabilidad institucional y el modelo de mercado en Chile no yacen solamente en la convicción de los actores políticos, sino también en los arreglos institucionales de la Constitución de 1980. En particular, el sistema electoral binominal generó una

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desproporcionada representación de los intereses empresariales en el Parlamento.26 Tal como señala Fernando Atria (2011), “los dados están cargados”. El esquema constitucional fue explícitamente diseñado por Jaime Guzmán para evitar reformas estructurales. Durante los gobiernos de la Concertación (1990-2010), los partidos de derecha argumentaron sistemáticamente que los cambios al sistema político no eran una prioridad para los ciudadanos, citando encuestas de opinión pública que ubicaban a la seguridad, la educación y el empleo como preocupaciones principales. En la práctica, la Concertación fue capaz de soslayar parcialmente estas restricciones, negociando acuerdos con los intereses organizados fuera del Congreso. Al tiempo que esta práctica procuró asegurar la transición democrática evitando demandas potencialmente desestabilizadoras, terminó minimizando el rol de la ciudadanía y del Congreso en las políticas públicas (Siavelis y Sehnbruch 2009: 23). Como resultado, varias iniciativas que la Concertación pretendió implementar no fueron plenamente cumplidas. Fue el caso, por ejemplo, del alza del fondo solidario para la salud pública (AUGE), del fin del lucro en la educación y la selección escolar, de las reformas al sistema binominal, y del fortalecimiento de las leyes laborales a favor de los trabajadores subcontratados (Díaz 2011). HACER NEGOCIOS EN ARGENTINA El contraste en los “repertorios de evaluación” sobre los asuntos institucionales en Chile y Argentina es notorio. Consultores y empresarios 26 El binominal es un mecanismo electoral mediante el cual se eligen dos cargos por distrito (diputados) o circunscripción (senadores) según los dos bloques políticos mayor votados. Este sistema fue establecido el 26 de Mayo de 1989 y desde entonces ha regido la elecciones democráticas en Chile. En la práctica, es un sistema que favorece la formación de dos coaliciones que tienden al centro, marginando a los partidos menores. Si bien el binominal ha forzado acuerdos entre la clase política, también ha producido una clase política elitista, distante de la ciudadanía. Debido a que aquellas leyes en que la segunda mayoría no está de acuerdo no pueden modificarse, el hecho de ganar o perder elecciones parlamentarias se hizo menos significativo (Atria 2013). En este sentido, el sistema binominal se convirtió en una “trampa institucional”.

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consultados en ambos países criticaron la precariedad institucional, los niveles de corrupción y las condiciones ambivalentes para hacer negocios en Argentina. Resulta especialmente difícil para el afán legalista de los ejecutivos chilenos tolerar la flexibilidad de las relaciones ante la ley de sus vecinos. Varios entrevistados dijeron haber tenido conflictos al invertir en Argentina. Muchos declararon pérdida de dinero, problemas en conseguir que se respetaran los acuerdos establecidos y encontrar dificultades como la expectativa de sobornos. En palabras de un empresario chileno, “los argentinos tienen muy poco respeto por la ley y por los acuerdos de palabra. Hacer negocios es sumamente difícil. Puede que tú tengas los términos de un negocio acordados, pero cuando vas al notario al día siguiente, la negociación puede volver a empezar nuevamente desde cero” (entrevista, octubre 2008). La institucionalidad argentina es cuestionada tanto por su capacidad para hacer cumplir las normas existentes como por las fluctuaciones en las reglas del juego frente a los cambios en el poder ejecutivo. Estas limitantes obstaculizarían la capacidad de hacer negocios y el desarrollo del país. Levitsky y Murillo (2008) sostienen que si bien las instituciones democráticas argentinas, a saber, las elecciones, las libertades civiles y el control civil de las Fuerzas Armadas, se fortalecieron después de 1983, las normativas institucionales, en cambio, no han tenido estabilidad. Durante los años 90, las reglas del juego que gobernaban las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo, el poder judicial, el federalismo, la selección de candidatos, la tributación, y la independencia del Banco Central fueron reiteradamente amenazadas, violadas, manipuladas, o cambiadas, y algunos patrones de manipulación institucional se mantuvieron bajo Kirchner. Entre éstos se cuenta la reforma del Consejo de Magistrados, la ley de ‘superpoderes’ de 2006, que otorgaba al presidente una amplia autoridad discrecional sobre el presupuesto, la eliminación de primarias abiertas para designar a los candidatos presidenciales, y el asalto del gobierno sobre el INDEC” (Levitsky y Murillo 2008: 88).

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Para varios analistas entrevistados, las debilidades de la institucionalidad argentina se expresan en diferentes ámbitos, amenazando los destinos del país. En particular, la discontinuidad en las políticas económicas, la alta conflictividad social, la degradación en las relaciones de confianza, la falta de respeto por la ley y la sospecha frente a la autoridad, fueron problemáticas reiteradas. “Tenemos una sociedad sin Dios ni ley que sólo cree en que cada persona con poder debería perseguir sus propios intereses”, comenta un dirigente de Junior Achievement (entrevista, junio 2009). Los ciudadanos argentinos han sufrido demasiadas frustraciones y decepciones como para creer en sus instituciones, comentaban otros. En palabras del periodista Gabriel Salvia, “el Estado colapsó en 1980, 1985 y 1989 con la hiperinflación y en 2001; la gente no recibe el dinero de sus pensiones; los bancos pueden no devolver los depósitos” (entrevista, febrero 2009). El título del libro de Abadi (2004), Hecha la ley, hecha la trampa: transgredir las propias reglas, una adicción argentina, quizás resume ese sentir crítico hacia la institucionalidad del país. Algunos empresarios argentinos tienden a culpar al peronismo como el principal factor de la debilidad institucional del Estado. Su argumento es que si el peronismo no está en el poder fabrica inestabilidad social, evitando así que cualquier otro partido tenga éxito en el gobierno. Tanto los disturbios de la crisis de hiperinflación de 1989 que derrocaron al gobierno de Raúl Alfonsín, como el caos político de 2001, parecen haber sido provocados por facciones peronistas. La evidencia sugiere que operadores políticos peronistas en barrios populares (“punteros”) estimularon el saqueo en ambas ocasiones (Auyero 2007). “Ellos distribuyeron panfletos e hicieron circular rumores que invitaban a la gente a concurrir a ciertos lugares específicos. Incitaron las agitaciones, ayudaron a evitar a la policía y lideraron los ataques a las tiendas” (E. Silva 2009: 96). Los llamados peronistas a marchar en la Plaza de Mayo en diciembre de 2001 terminaron en choques masivos entre la policía y los manifestantes, los cuales gatillaron el colapso del gobierno de De la Rúa. Para Levitsky y Murillo (2008: 84) el problema estaría, además, en la debilidad

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de la oposición no peronista y el colapso parcial que sufrió el sistema de partidos argentinos con la pérdida de votos de la Unión Cívica Radical en los 2000. La incapacidad de la oposición de retar al Partido Justicialista en la arena electoral lo dejarían como partido dominante de facto. No obstante la percepción negativa del peronismo entre algunos actores empresariales, vale la pena observar que la debilidad institucional argentina precede al general Perón y, de hecho, ayuda a explicar el surgimiento del peronismo. La “década infame” de 1930, por ejemplo, se vio manchada por golpes militares, fraudes electorales, persecución de la oposición política y una persistente corrupción del gobierno (Murmis y Portantiero 1971). Los oligarcas argentinos no aceptaron la derrota electoral y mantuvieron el poder político con métodos antidemocráticos. Ejecutivos y comentaristas económicos critican además la relativa inestabilidad de los negocios en Argentina. Inseguridad acerca de los derechos de propiedad, un marco regulatorio débil y un sistema judicial politizado fueron citados con frecuencia como causantes de esta inestabilidad. Según lo expresa el gerente de una gran empresa, “Argentina tiene una Constitución escrita que nadie respeta. El político que recibe el poder de los votantes cree que está por sobre el orden legal establecido por la Constitución; cree que él es la ley” (entrevista, junio 2009). Para el economista Roberto Cachanosky, en cambio, el problema estaría en que los argentinos quieren gozar de los beneficios sociales del capitalismo, pero sin pagar los costos: “Queremos vivir en un país capitalista sin adoptar sus reglas, obteniendo los beneficios pero no pagando los costos (…) Nos gusta pedirle al Estado seguridad social y planes habitacionales, pero nadie quiere pagar impuestos. Muchos dicen que sólo los que más tienen deben pagar” (entrevista, mayo 2009).

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‘TODOS EN BLANCO’. Un ejemplo sobre las disputas por hacer cumplir la ley en Argentina se refleja en una campaña gubernamental de la AFIP (Administradora Federal de Ingresos Públicos) en 2009. Dos comerciales televisivos –“Todos en blanco” e “Ida y vuelta”– abogaban por la regularización de los trabajadores “en negro” y porque los negocios les den boletas a los clientes en cada transacción. La historia muestra una pequeña firma industrial en la que el jefe celebra que los trabajadores estén “en blanco” (regularizados) y los invita a dar boletas. El jefe dice: “Ustedes tienen que entender que las cosas eran difíciles antes, por lo tanto estábamos en negro, pero ahora todo es mejor… es hora de empezar a pagar impuestos y regularizar la situación, los tiempos difíciles han quedado atrás”. La publicidad televisiva generó múltiples controversias. Para los críticos del gobierno, el aviso sugiere que el cumplimiento de la ley y el pago de impuestos sería obligatorio sólo cuando a las empresas les está yendo bien. El aviso implícitamente justificaría que sólo unos pocos favorecidos debían pagar impuestos. Desde el Ministerio del Trabajo, en cambio, defienden la campaña destacando que en 2009 el número de trabajadores registrados fue un 43% superior a 1998, el mejor momento de la década de los 90 (Schleser & Soto 2010: 30).

Las controversias que rodean al sistema judicial parecen sintomáticas de los conflictos que asolan a las instituciones argentinas. En las últimas décadas, las cortes y los tribunales han ganado un enorme poder instrumental. Debido a los frecuentes cambios regulatorios y legales, la designación de jueces se transformó en una abierta lucha política. Los presidentes Alfonsín, Menem y Néstor Kirchner promovieron con éxito la remoción de los jueces en sus funciones. Aunque la tradición judicial argentina es reputada por sus sofisticados juristas, la débil separación de poderes afectaría su credibilidad. La Corte Suprema estaría demasiado supeditada al poder ejecutivo para actuar como fuente independiente de aplicación de la ley. Por ejemplo, en el indicador de independencia del poder judicial de 2008-2009 del Foro Económico Mundial, Argentina obtiene una nota de 2.2, mientras Chile alcanza un 4.4, donde nota 1 corresponde a un poder judicial muy influenciado por miembros del gobierno, ciudadanos o empresas, y 7 significa completa independencia (CEJA 2010). Spiller y Tommasi (2007: 242) vinculan la pérdida de la independencia del sistema judicial argentino con la inestabilidad política del país. “Los jueces han sido removidos mediante juicios de destitución y por la fuerza, el tamaño de la corte ha cambiado y, en 136

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general, los presidentes entre mediados de los años 40 y 1999, lo mismo que desde 2003 en adelante, han sido capaces de gobernar con cortes supremas relativamente afines”. Efectivamente: una importante disputa ganada por Néstor Kirchner fue la renovación de la Corte Suprema de Justicia en 2004, hecho crucial para impulsar su agenda política transformadora. Frente a este panorama crítico de la institucionalidad presente en el sector empresarial, cabe preguntarse en qué medida estos discursos son coherentes o disonantes con las prácticas de los propios empresarios, es decir, si encubren o guían su accionar, y si estos discursos están anclados en las propias instituciones. Según examinan Gaggero y colegas (2014), más allá del discurso empresarial fustigador, desde la salida de la convertibilidad hay grupos económicos que efectivamente perdieron su posición, pero al mismo tiempo hay varios conglomerados que han realizado excelentes negocios durante el kirchnerismo. En consecuencia, es importante matizar el panorama decadente descrito por los empresarios. Lo mismo vale preguntarse sobre el estado de la corrupción. ¿En qué medida las formas de hacer negocios y de hacer política en Argentina están atravesadas por prácticas corruptas? ¿Cómo se construye esa percepción? Algunas luces pueden encontrarse en el trabajo de Sebastián Pereyra (2013), quien rastreó la forma en que el discurso de la transparencia y la anticorrupción irrumpió en la esfera pública argentina en los 90. Al menos tres novedades habrían cambiado la escena: el surgimiento de organizaciones de la sociedad civil que denunciaron la corrupción como problema público; la nueva visibilidad que ganaron los escándalos en las sociedades democráticas al evaluar la política desde los comportamientos individuales (Thompson 2000); y el modo en que la propia política tomó la corrupción para hacer campaña. Menem instaló en su discurso de 1989 que cambiaría la cultura de la corrupción por la cultura del trabajo en la política, para luego de las reformas ser acusado por los opositores como epítome del mandatario corrupto. Los Kirchner, al mismo tiempo, han sido acusados de tener negocios hoteleros en la Patagonia en los que habrían abusado de sus vínculos gubernamentales (Licitra 2013). En medio de acusaciones cruzadas, los argentinos se habrían acostumbrado a escuchar que las prácticas políticas son corruptas.

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CAPÍTULO 8 / CULTURAS POLÍTICAS Y MOVILIZACIÓN SOCIAL La política, después de todo, radica tanto en la contestación como en la contención de esa contestación. Consiste en la posibilidad de gobernar y en el cuestionamiento y disrupción de las condiciones para el gobierno. Consiste en el conflicto, en la negociación y en la resolución de conflictos. Andrew Barry (2002: 270)

L

a política parece funcionar de manera diferente en estos países, al menos desde la vuelta a la democracia. Mientras que Argentina es una nación de fuertes movimientos sociales, Chile presenta una tradición de partidos estructurados. Al tiempo que los partidos políticos en Chile suelen adherir a cierta posición ideológica dentro del clivaje derecha-izquierda, los partidos políticos en Argentina se caracterizan por la presencia de caudillos que generan adhesiones emotivas y establecen lazos clientelares (L. Taylor 1998: 59). Mientras que una cultura antagónica se ha manifestado entre los principales partidos políticos de Argentina en la última década, sus contrapartes chilenos, al menos en democracia, fueron capaces de alcanzar acuerdos de manera menos beligerante. Es más, el enfoque tecnocrático y la continuidad de las políticas chilenas en las últimas décadas contrastan con la variabilidad de un sistema político argentino más atento a la voluntad ciudadana, y más vulnerable a las presiones populares, especialmente desde fines de los 90. La estructura de partidos políticos de Chile ciertamente facilita el ordenamiento institucional. Comenta el economista político Oscar Landerretche: “Tenemos partidos altamente organizados. El Partido Socialista ha existido por 70 años, lo mismo que los conservadores y los liberales. Cada partido se identifica por sus ideas, no por la persona a quien le toca liderarlo” (entrevista, noviembre 2008). Si bien es importante matizar que el Partido Socialista chileno cambió radicalmente su eje durante los 80, desde un partido confrontacional durante el gobierno de Allende a uno moderado de centroizquierda (PurCAPITALISMOS EN ARGENTINA Y CHILE

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year 1994), el clivaje izquierda-derecha de los partidos chilenos se ha mantenido por décadas. En contraste, luego de la crisis de 2001, Argentina ha sufrido un fraccionamiento de su sistema político (Szusterman 2011). Pese a la popularidad del kirchnerismo, y su reordenamiento del sistema político y del peronismo, en 2008 la Oficina Nacional Electoral reconoció a 716 partidos políticos inscritos (a nivel nacional y federal). Y aunque para politólogos como Juan Carlos Torre (2003) la crisis de representación de los partidos sólo evidenciaría la distancia entre la oferta partidaria y las mayores y plurales exigencias de la ciudadanía, lo cierto es que el sistema de partidos argentino es más complejo, variado y cambiante que el chileno. No es posible entender la dinámica del sistema político argentino sin abordar las novedades introducidas por el peronismo. El general Perón transformó la naturaleza del capitalismo y de la política en Argentina, respondiendo a las demandas de las masas postergadas. Desde mediados de los años 40, este movimiento intentó captar las lealtades de la clase trabajadora a través de vínculos estrechos con los sindicatos, el aumento sustancial de los beneficios sociales, y el incremento de los salarios reales y de los derechos colectivos (Novaro 2006). El peronismo también estableció lazos con algunos empresarios por medio de redes corporativistas y prebendas relacionadas con el Estado. Las políticas de inclusión social del general Perón lograron además masificar el consumo y el acceso a bienes materiales, transformando la subjetividad política y la cultura económica de la clase trabajadora. El peronismo, en este sentido, dignificó a la ciudadanía argentina (Milanesio 2013). El debate sobre la naturaleza, los orígenes y las implicancias del peronismo es un campo intelectual en sí mismo (Jauretche 1973; Murmis y Portantiero 1971; Neiburg 1998; Auyero 2001; Elena 2011; Ostiguy 2009). La disrupción de este movimiento es un objeto de polémica que por más de medio siglo ha cruzado a la sociedad argentina, tornándose en uno de los grandes relatos sobre la historia del país. Este movimiento ha sido entendido como “una propuesta positiva o negativa de constitución de la nación, una forma perversa o progresista de integración del pueblo

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a la sociedad argentina” (Neiburg 1998: 15). De un lado, el peronismo ha sido elogiado por defender la soberanía nacional, la independencia económica y la justicia social (Lewis 2009). En términos de derechos cívicos, por ejemplo, Lucy Taylor (1998: 34) sostiene que el peronismo puede entenderse como un esfuerzo corporativista por construir una “tercera vía” entre el capitalismo y el socialismo, “redefiniendo el compromiso marshalliano entre las inequidades del capitalismo y la tendencia compensatoria de la ampliación democrática”. Por más de setenta años este movimiento ha operado como un mecanismo igualitario tanto en asuntos de integración social como de seguridad económica (Svampa 2005). Del otro, el peronismo ha sido criticado por su carácter personalista, clientelar y nacionalista. Dada su capacidad para agitar y movilizar a las masas, fue asociado con aspectos fascistas. Durante los primeros años en el poder, Perón era atacado desde Estados Unidos como la sobrevivencia nazi en América Latina (Raventos, en Pavón 2012: 247). En términos de liderazgo, el peronismo es personalista. Diferentes líderes carismáticos han evocado la capacidad de Perón de conectarse con las masas. En décadas recientes, se convirtió en un sistema político en sí mismo, incluyendo a bloques y gobernadores de derecha (como Menem) e izquierda (los Kirchner), a la vez que federalistas (Duhalde) y regionalistas (Reutemann). Es interesante constatar cómo estas dos visiones sobre el peronismo, y sus diferentes repertorios de evaluación asociados, han estado en disputa constante en la historia contemporánea del país. Como sostiene Ostiguy (2009), el eje peronismo-antiperonismo, y las divisiones sociales, políticas, y culturales que se le asocian, son el principal clivaje de la sociedad argentina. Antes que en el eje izquierda-derecha, este clivaje operaría en el espacio abajo-arriba, entre lo popular y la oligarquía, entre el trabajo y el capital. La clase política argentina, y la forma de hacer política local, suele ser caracterizada por su perfil confrontacional. Desde el mundo de los negocios, en particular, resaltan el carácter conflictivo de los políticos, así como su orientación inmediatista. “No hay ningún político dispuesto a hacer sacrificios a cambio de beneficios futuros. La idea principal es ga-

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nar poder y mantenerlo. Con horizontes cortos, todo se hace negociable –las instituciones, los acuerdos, los pactos– y no existen reglas inquebrantables”, comenta el analista político Sergio Berensztein (entrevista, mayo 2009). A los políticos se les critica por falta de cooperación en el proceso de elaboración de políticas y por su incapacidad de producir acuerdos necesarios para dar continuidad a las políticas públicas (Spiller y Tommasi 2007). Dentro de un sistema de partidos en el cual los gobernadores provinciales y los caudillos locales tienen alta influencia, los acuerdos de largo plazo entre las elites políticas son más difíciles de mantener. Las diferencias ideológicas suelen minar las políticas asociadas a los competidores. En consecuencia, las políticas resultantes tienden a ser de corto plazo y, a veces, inconsistentes. Del otro lado, la diversidad de orígenes de la clase política argentina ofrece un pluralismo de voces representadas en el Parlamento y en las instancias locales de participación. Aun más: existe la noción de que cualquiera puede emprender una carrera política a través del aparato estatal sin importar su ocupación o clase. El sistema político, en este sentido, aún funcionaría como un mecanismo de integración incrustado en el tejido social. En el caso del peronismo, en particular, las prácticas clientelares operan como redes informales de resolución de problemas necesarias para la sobrevivencia material en las periferias de Buenos Aires (Auyero 2001). En éstas y otras jurisdicciones suburbanas, el clientelismo se ha transformado efectivamente en la forma de hacer política de los pobres. El poder político en Argentina ha sido tradicionalmente entendido como una disputa agónica, como la persecución del control total por parte de grupos rivales con el fin de avanzar cuanto más sea posible. Si bien la batalla por el poder es una característica intrínseca de la política, la forma que toma esa disputa difiere en cada país. Al decir de Nielsen y Mariotto (2005), en Argentina el poder se percibe en términos de una lucha constante, caracterizada por discursos inflamados y conflictos manifiestos. Ya lo decía el mismo Perón: “A los amigos, todo, a los enemigos, ni justicia”. En el ocaso de la última dictadura, Guillermo O’Donnell entregaba una visión particularmente lúgubre al respecto:

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Esta sociedad individualista, llena de confrontaciones que no resuelven nada pero activan la furia de los más poderosos, sin tradición de un liberalismo vigoroso, y que, a pesar de cierta “democraticidad” en el trato inter-clases, hace muchos años que no vive nada parecido a una democracia que perdure como para lograr algunas raíces, esa sociedad no puede sino tender a suscitar autoritarismos más violentos, radicales y comprensivos que los que ha sufrido Brasil (O’Donnell 1984: 21).

Néstor Kirchner es un ejemplo reciente de esa visión antagónica del poder. Su gobierno se esforzó por construir un espacio político hegemónico que delimitaba el campo de acción de sus enemigos, distinguiendo entre aquellos que estaban “con el pueblo argentino” versus “los enemigos del pueblo argentino” (Biglieri y Perelló 2007: 25). En sus primeros años de gobierno, Kirchner descabezó a la cúpula militar, se reapropió de la causa de los derechos humanos (inaugurando el Museo de la Memoria en ESMA), enjuició a miembros de la Corte Suprema, logró que las leyes de Punto Final y Obediencia fueran derogadas, responsabilizó al FMI de la crisis y consiguió una quita de la deuda externa de sobre el 50 por ciento. Pavón (2012: 546) sostiene que los intelectuales más influyentes en la concepción política de Néstor y Cristina Kirchner son otra pareja: Ernesto Laclau (2005) y Chantal Mouffe (2000, 2005). Las propuestas teóricas de estos últimos destacan justamente por la concepción antagónica de la política, por la importancia de construir un adversario, de distinguir un nosotros de un ellos, y de saber explotar el conflicto para canalizar las fuerzas de cambio social. En comparación con gobernantes menos confrontacionales, como por ejemplo Menem, los gobiernos kirchneristas destacan por una política beligerante. Hay varios ejemplos de controversias públicas en años recientes que evidencian este rasgo. Las disputas entre el gobierno y las patronales del campo en relación a impuestos y control de precios; las pugnas con el grupo periodístico Clarín concernientes a contratos de televisión, a la transmisión de los goles del fútbol y a la nueva ley de medios; las controversias relacionadas con la privatización de los fondos de pensiones (AFJP); y las contiendas ambientalistas con Uruguay so-

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bre unas plantas de celulosa son algunas de estas contiendas. Esa táctica confrontacional, cabe resaltar, también ha erosionado vínculos y multiplicado los enemigos del kirchnerismo en diferentes frentes. Pareciera que los conflictos manifiestos corresponden a una forma de concebir la política más presente en Argentina que en Chile, donde los arreglos entre las elites se mantuvieron como la principal forma de hacer política en las últimas dos décadas. Durante la transición democrática, la clase política chilena se destacó, por una parte, por la cooperación y pragmatismo en la elaboración de políticas, y por otra, por su elitismo. La diversidad evidente en la clase política argentina no existe entre su símil chileno. Buena parte del marco regulatorio estable yace sobre la fuerte red de tecnócratas presente en las instituciones públicas chilenas (Montecinos y Markoff 2009; Ossandón 2011). Tanto el régimen de Pinochet como los gobiernos de la Concertación estuvieron marcados por la influencia de los “tecnopols”, una clase particular de tecnócratas con habilidades y redes políticas, quienes dieron forma a la instalación del modelo de mercado y a la transición a la democracia –los Chicago Boys primero y luego los economistas de CIEPLAN– (P. Silva 1991, 2011; Puryear 1994; Dezalay y Garth 2002; Joignant 2011). De acuerdo a P. Silva (1998), la tecnocracia de gobierno no es nueva en Chile, sino que es un fenómeno que puede rastrearse hasta los procesos de transformación política liderados por el Estado desde 1920 (por ejemplo, el ministro Pablo Ramírez). Si bien los tecnopols fueron celebrados por su coherencia y pragmatismo, y por los resultados positivos que obtuvieron en la gestión macroeconómica del país, su criterio tecnocrático tendió a minimizar las posibilidades de participación ciudadana en los procesos de elaboración de políticas. La formación de consenso político durante los gobiernos de la Concertación (1990-2010) fue en parte el resultado forzoso del sistema binominal, pero también refleja que los partidos políticos poseían mecanismos de sanción y canales de comunicación eficaces con ciertas organizaciones de la sociedad civil, al menos hasta mediados de los 2000. El modelo de la “democracia de los acuerdos” le permitió a los gobiernos de

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la Concertación negociar directamente con la oposición y con actores poderosos fuera del Parlamento, como las asociaciones empresariales y los grupos de productores. Este modelo se utilizó con éxito, por ejemplo, para reformar –levemente– el Código Tributario, implementar la legislación anticorrupción, expandir la provisión de seguridad social y reformar la Constitución del Estado en 2005 (Siavelis y Sehnbruch 2009: 23). Esta política de los arreglos entre elites tuvo como resultado que las dos principales coaliciones de Chile tendieran a converger con mayor frecuencia en una agenda política común. En consecuencia, la política chilena del período se destaca por bajos niveles de conflicto y confrontación, al menos en lo que respecta a la discusión política sustantiva. Así lo explica el dirigente político de la UDI, Joaquín Lavín: Cambiar la política pública es muy difícil porque el sistema fue diseñado para producir siempre un empate, para ser estable y moderado. De hecho, en el Congreso hay dos grupos que tienden hacia el centro político. Si alguno gana, no hay mayores diferencias: sólo pueden hacer cambios si los otros están de acuerdo (entrevista, diciembre 2008).

Si bien el consenso tecnocrático generó estabilidad económica y condiciones favorables para el crecimiento, tuvo como desventajas la reducción de alternativas políticas, y un distanciamiento entre los políticos y la población de votantes. Para Atria (2013), la paradoja del sistema político chileno es que se propuso, y logró con éxito, despolitizar la política durante más de veinte años. No es sorpresa entonces que la credibilidad en la clase política y en las instituciones en general se haya desplomado (UDP, 2011). Los votantes, especialmente los jóvenes, están seriamente decepcionados, según lo refleja la alta abstención de voto entre ellos. Dos gobiernos socialistas consecutivos hicieron campaña prometiendo reformas, pero fueron incapaces de producir crecimiento y equidad al mismo tiempo. No obstante, con sus limitaciones, ambos tuvieron sus logros. El gobierno de Lagos (2000-2006) consiguió avances en la reforma a la salud, en la reestructuración de los tribunales de familia y en terminar con los “enclaves

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autoritarios”.27 El de Bachelet (2006-2010) ayudó a avanzar en la igualdad de género y en un mayor acceso a los beneficios sociales básicos, incluyendo la ampliación de cobertura del plan AUGE en salud, la red de salas cunas en educación, y la reforma previsional (P. Silva 2011). Aunque estas reformas lograron avances en varios sentidos, fueron incapaces de revertir las inequidades estructurales del modelo económico chileno. KIRCHNER VS. PIÑERA Para dilucidar los diferentes entornos políticos en que ha operado el capitalismo en estos países en los últimos años, vale la pena contrastar sus gobiernos recientes. La administración peronista de centroizquierda de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) (2007-2011) fue radicalmente opuesta al gobierno de centro derecha que configuró Sebastián Piñera (2010-2014), no sólo debido a la diferencia de signos, sino también a que la derecha y la izquierda ostentan pesos y significados diferentes. Mientras que en Chile los partidos de derecha, Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN), durante los gobiernos de la Concertación (1990-2010) estuvieron sobrerrepresentados políticamente, en Argentina no existen partidos de derecha de esa envergadura a nivel nacional. Ni la Propuesta Republicana del PRO guiada por Mauricio Macri ni el Partido Recrear para el Crecimiento dirigido por Ricardo López Murphy poseen la representación política y la estructura partidaria de RN y la UDI. De igual manera, en Chile no existe un movimiento a la izquierda del centro como el Frente para la Victoria peronista que tenga amplia representación en el sistema político.28 Desde el 2003 los espec27 El presidente Lagos fue capaz de restablecer la potestad presidencial de designar al comandante en jefe del Ejército, eliminar el poder del Consejo de Seguridad del Estado sobre el ejecutivo y acabar con los senadores designados. 28 Luego de 37 años de marginación del Parlamento, el Partido Comunista de Chile logró acuerdos electorales con la Concertación, eligiendo tres diputados en las elecciones de 2009 y tres en 2013.

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tros políticos son tan diferentes, que la centroizquierda chilena sería considerada centroderecha en Argentina. No es sorpresivo, por lo tanto, que los miembros de los gabinetes de estos gobiernos difieran fuertemente. CFK armó su administración (2007-2011) alrededor de un grupo de políticos de larga trayectoria, tecnócratas, representantes de las asociaciones de derechos humanos (madres de la Plaza de Mayo) y líderes sindicales como Hugo Moyano. El gabinete de Piñera (2010-2014), por el contrario, consistió principalmente en gerentes de empresas privadas, junto a algunas figuras de los partidos de derecha, RN y UDI. La “política de management” de Piñera es difícil de imaginar en la esfera pública argentina. Su promesa de despolitizar el entorno político contrasta con la afirmación de Néstor Kirchner relativa a volver a ubicar a la política al centro de la vida social. Estos gobiernos demuestran diferencias fundamentales en los enfoques hacia las empresas privadas. Mientras CFK fue particularmente hostil con algunos empresarios, especialmente con las firmas internacionales y con aquellos que se enriquecieron durante los gobiernos de Menem, Piñera persiguió abiertamente emular la elogiada eficiencia de las empresas privadas. LA POLÍTICA RECARGADA Los gobiernos de Néstor (2003-2007) y Cristina Kirchner (20072011) estuvieron marcados por un esfuerzo determinado en reubicar al Estado al centro del paisaje político argentino, declarando el auge de un modelo nacional-popular. Los Kirchner redujeron la influencia de los inversionistas extranjeros e impugnaron el poder de las elites económicas, implementando controles de precios y restricciones de comercio.29 Subsidiando algunos servicios básicos, como transporte y 29 Las inversiones extranjeras directas se vieron reducidas durante los gobiernos de los Kirchner. Durante los años de Menem (1990-1998), Argentina captó alrededor de un 15 por ciento de toda la inversión extranjera nueva que llegaba a América Latina; bajo Kirchner (2003-2007) la cifra alcanzó sólo un 3 por ciento. Entre 2003 y 2006 Argentina recibió un poco más de 10 mil millones de dólares, mientras que Chile captó cerca de 24 mil millones de dólares (UNCTAD 2006).

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gas, promovieron programas destinados a cubrir los estándares mínimos de la población. Además, se las arreglaron para renegociar la deuda externa con el FMI y aumentar el gasto del gobierno en obras sociales (Lewis 2009). A través de estas y otras medidas, las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner pretendieron recobrar la soberanía nacional y la independencia económica. La alta demanda mundial –especialmente desde China– por commodities agrícolas como soja, maíz y trigo, y por automóviles y otros bienes manufacturados desde Brasil, fueron los principales motores económicos del crecimiento de Argentina entre 2003 y 2011. La amenaza a esta buena racha no sólo fue la dependencia de los precios de los commodities, sino también la inflación. Desde 2005 diversos consultores acusaron a los Kirchner de manipular las cifras oficiales en cuanto a precios e inflación producidas por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo). Su propósito sería doble: una inflación subvalorada restringe la capacidad de los sindicatos para exigir alzas salariales, evitándose saltos inflacionarios y espirales de salarios y precios. Y dado que los bonos de deuda adquiridos por los acreedores estaban adjuntos a la inflación, un nivel de inflación más bajo reducía las obligaciones de pago del crédito de la nación. El despido de los tecnócratas del INDEC y la instalación de operadores políticos le permitió al gobierno establecer nuevos mecanismos dudosos para calcular la inflación (Levitsky y Murillo 2008: 88). Mientras que el gobierno declaró una inflación pareja de 9,8 por ciento durante 2008, 2009 y 2010 (INDEC 2011), los consultores independientes señalaron un promedio de inflación anual de al menos un 20 por ciento. Como una manera de controlar los efectos de la inflación, muchas empresas (supermercados, proveedores de servicios y productores de gas y petróleo, entre otros) recibieron presión directa de operadores del gobierno para fijar precios o revertir sus alzas. Por ejemplo, en marzo de 2006 el gobierno impuso una restricción a las exportaciones de carne de vacuno por 18 meses, con el objeto de reducir el precio nacional de la carne y garantizar su acceso a los consumidores locales.

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La capacidad intervencionista del Estado también se manifestaba en la expansión de los empleos públicos y las obras sociales. El eslogan de la campaña de gobierno en 2009, “Nosotros hacemos”, perseguía justamente resaltar los beneficios sociales del modelo nacional-popular. Tal como lo expresa Ana Castellani, “Las grandes intervenciones económicas son la construcción de 650 colegios, aeropuertos, caminos, miles de casas y espacios públicos mejorados en el Gran Buenos Aires” (entrevista, mayo 2009). No obstante estas intervenciones, los problemas pendientes del sector público argentino desbordan las buenas intenciones; sólo por nombrar dos, la educación y la seguridad ciudadana. La situación de la educación pública escolar es preocupante; en todos los exámenes internacionales Argentina muestra una baja en calidad y en equidad. Peor aún, la violencia que se vive en los márgenes urbanos es abrumadora. Como describen Auyero y Berti (2013), la inseguridad no sólo sería un problema de percepción de la clase media, sino una calamidad que afecta con mayor frecuencia a quienes están en lo más bajo del orden social. Las cadenas de violencia en los barrios más pobres, muchas veces tomados por el mercado de la droga, evidenciaría territorios relegados en los que la intervención del Estado, infelizmente, sigue ausente. El intervencionismo de los Kirchner está también vinculado a la renacionalización de empresas y a la interferencia en las prácticas de negocios. El 7 de noviembre de 2008, por ejemplo, el Congreso aprobó la nacionalización de las diez administradoras de fondos de pensiones privadas (AFJPs) con un valor combinado de 25 mil millones de dólares. CFK defendió la medida como una manera de proteger a los ciudadanos en edad de retirarse de los vaivenes económicos globales. Empresarios del sector privado, en tanto, expresaban su malestar con esta medida destapando el interés del gobierno por apropiarse de recursos frescos, así como también por incluir funcionarios leales en los directorios de muchas empresas privadas en las que las AFJP habían invertido durante quince años.

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‘NÉSTOR KIRCHNER: “NO COMPREN NI SIQUIERA UNA LATA DE ACEITE EN SHELL”. En una disputa abierta con la multinacional Shell por el intento del gobierno de reducir los precios de los combustibles, el presidente Kirchner llamó en 2005 a boicotear sus estaciones gasolineras. “No compren ni siquiera una lata de aceite en Shell”, fue su llamado. Al día siguiente grupos de piqueteros organizados bloquearon 33 estaciones, evitando así cualquier transacción comercial. Es más: la secretaría de Comercio Interior del Estado argentino inició 57 juicios contra Shell, presentando cargos criminales en contra del gerente general de la filial Argentina, Juan José Aranguren, por subir los precios de los combustibles. En este contexto adverso, la tentativa de Shell de vender sus estaciones de servicio fue un rumor constante en los años siguientes (ver El Cronista Comercial, marzo 28, 2011).

El discurso del sector privado es enfático en relación al ambiente de negocios hostil bajo los Kirchner. En la práctica, sin embargo, los empresarios nacionales también han invertido y han ganado dinero con la recuperación económica. El kirchnerismo ha sido criticado por generar negocios estatales para sus amigos, mudar los derechos de propiedad –extendiéndolos en algunas provincias con el avance de la soja– y usar métodos de presión política abusivos, como la coerción callejera a través de piquetes y grupos de presión. El desarrollo de negocios inmobiliarios en Calafate, por ejemplo, con sendas concesiones de tierras y obras públicas para amigos de los Kirchner, es citado como caso emblemático de un estilo de gestión arbitrario, basado en lealtades y compadrazgos (Licitra 2013). El politólogo Sergio Berensztein comenta: “El Estado ha sido capturado por una elite política que sobrepasa las barreras institucionales existentes en nombre del ‘interés nacional’ o la ‘distribución de riqueza’, lo que en último término favorece la concentración de riqueza al elegir a dedo a los beneficiados, quienes generalmente son amigos del poder” (entrevista, mayo 2009). Los Kirchner intentaron silenciar las críticas de la prensa, luchando abiertamente en contra del grupo Clarín y desafiando a los consultores que anunciaban tasas de inflación distintas a las oficiales publicadas por el INDEC. La mayor asociación privada de prensa de Argentina, ADEPA (2011), denunció la existencia de mecanismos estatales diseñados para proteger los reportes oficiales y censurar aquellos que los 150

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contradirían. Ejecutivos entrevistados reclamaron que citar a los empresarios a la Casa Rosada para someterlos a presiones políticas se hizo una práctica habitual. Un ejecutivo de una firma internacional de servicios se expresaba con las siguientes palabras: “Cuando el secretario Moreno se enteró de que estábamos comprando dólares, nos llamó de vuelta: ‘He oído que están comprando dólares. ¿Qué debemos pensar? ¿Que ustedes no confían en nuestra moneda? No, no, no, reviertan la operación, véndanlos de vuelta’” (entrevista, marzo 2009). Algunos intelectuales que apoyan al kirchnerismo, por su parte, suelen justificar el método de negociación agresivo sosteniendo que el gobierno no puede cambiar el marco regulador con métodos transparentes. En consecuencia, “ellos manejan los conflictos de un modo no institucional, con un duro negociador que les dice a las empresas ‘si ustedes me dan esto, yo les daré esto otro, pero si no me lo dan, yo les quitaré algo a ustedes’” (entrevista, abril 2009). A pesar de haber tenido relaciones tortuosas con el sector empresarial e innumerables conflictos con otros actores sociales, los gobiernos Kirchner (2003-2011) comandaron la recuperación económica del país y establecieron una de las fuerzas políticas más populares en la Argentina contemporánea. Pocos gobiernos terminaron sus mandatos en los últimos cincuenta años en Argentina, y ni uno de ellos fue reelegido tres veces consecutivas por más de una década, como sí lo hicieron los Kirchner entre 2003-2015. La transformación desde el caos al optimismo en diez años, y la muerte de Néstor Kirchner en octubre de 2010, en particular, ayudan a explicar el 53 por ciento de popularidad con que CFK fue reelegida en 2011. Los miedos a la anarquía que se desataron con la implosión social de 2001 se vieron reducidos con una política estatal que tuvo éxito en restaurar el orden, al tiempo que reimplantó la confianza en el futuro (Szusterman 2011). En un contexto de crecimiento económico, los gobiernos Kirchner aumentaron el salario mínimo y promovieron relaciones laborales de negociación entre sindicatos nacionales, asociaciones de empresas y el gobierno (Etchemendy y Collier 2007) (ver capítulo 12). Los Kirchner además pusieron en movimiento una fuerte “política de memoria” que les dio voz a los grupos de derechos humanos, como las Madres de la Plaza de Mayo, y se apropió de la autoridad de las víctimas del Estado al convertir CAPITALISMOS EN ARGENTINA Y CHILE

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la memoria en un “deber nacional” (Sosa 2011: 64). También avanzaron en una agenda social con respecto a los derechos de género, como el matrimonio homosexual. En suma, los Kirchner pusieron en marcha un tipo de política litigante en contra de los capitalistas tradicionales que, bajo la promesa de la justicia social, intervino en la economía y en la sociedad, clamando por el retorno de la política. La reactivación de la militancia entre los jóvenes es una muestra de la repolitización.30 LA NUEVA FORMA DE GOBERNAR O LA ANTI-POLÍTICA DE LA GESTIÓN Por el lado opuesto, el gobierno de Piñera representó la consolidación de un grupo particular dentro del establishment chileno: la nueva elite de negocios que emergió desde los años 80 y que adquirió autoridad política. Como un modo de diferenciarse de los gobiernos previos de la Concertación (1990-2010), la administración de Piñera prometió formar “el gobierno de los mejores”. A diferencia del “criterio político” que supuestamente guiaba la Concertación, los servidores públicos fueron seleccionados por sus “capacidades de gestión”. Así, un grupo de exitosos ejecutivos privados fueron instalados en el gobierno. Dieciocho de los veintidós ministros del primer gabinete de Piñera poseían títulos de ingenieros o administradores de empresas –especialmente de la Universidad Católica–, y la mayoría tenía posgrados en universidades estadounidenses. Muy pocos de ellos estaban afiliados a partidos políticos. Si en los gobiernos de la Concertación hubo una tensión entre los ministros “técnicos” y los “políticos”, el gobierno de Piñera claramente reforzaba a los primeros. 30 Entre las numerosas agrupaciones de militantes jóvenes que emergieron están La Cámpora, liderada por Máximo Kirchner; Jóvenes K; JP Evita; los Guardianes de la Democracia; 25 de Mayo; Perukas; Martín Fierro; Los Pibes; Movimiento Peronista revolucionario; Oktubres; el Frente Transversal; 8 de Octubre; entre muchos otros. Mientras para la prensa opositora estos movimientos son catalogados como nuevas formas de clientelismo, para los intelectuales kirchneristas es señal de la repolitización de la vida cotidiana y el soporte a la gestión del gobierno (Pavón 2012: 553).

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El diagnóstico de Piñera era que el país había perdido sus capacidades competitivas y su espíritu emprendedor. Chile no estaba creciendo lo suficiente porque el “enfoque político” de la Concertación se concentraba más en lamentar el impacto social de las soluciones de mercado que en mejorar las condiciones para la competencia (Soto 2010), y se esforzaba demasiado en proteger a los débiles y no lo suficiente en dar oportunidades a los emprendedores. La promesa de Piñera, tácitamente, fue “volver a aceitar la máquina”. Su ilusión era que mejorando las habilidades de gestión, y trabajando “24/7”, como en el sector privado, se superarían los problemas generados por la burocracia de la Concertación. Efectivamente, la principal estrategia del gobierno de Piñera fue recobrar las tasas de crecimiento y estimular la competitividad. Esta visión supone que el crecimiento económico es, sin lugar a dudas, la política más importante para el interés nacional. La “nueva forma de gobernar” de Piñera prometía “hacer las cosas bien”, mejorando los estándares de la administración pública y dando un mayor énfasis al conocimiento técnico en la creación de políticas. En vez de reducir el rol del Estado, Piñera continuó con las políticas tecnocráticas de la Concertación, pero prometió una administración más eficiente. La gestión era presentada aquí como un proceso técnico, objetivo y “basado en evidencia”, que intenta que “las cosas se hagan” (Parker 2002), como si la gestión fuese el deus ex machina que explica y resuelve todo (Tironi 2010). El discurso de su gobierno le debe mucho a una ideología de la gestión existente en el mundo empresarial chileno, fascinada con la métrica, el control y el mercado (ver capítulo 10). Bajo este punto de vista, un canal televisivo, una universidad o un Ministerio Público serían organizaciones similares que estarían bien administradas si los incentivos y las prácticas de gestión son correctamente aplicadas. Al ubicar el conocimiento de gestión al frente de la creación de políticas, puede decirse que “la nueva forma de gobernar” de Piñera fue “anti-política”, en el sentido de Barry (2002: 270). Andrew Barry distingue “la política” –sus prácticas, formas de conocimiento e instituciones– de “lo político”, entendido como los espacios para la diferencia. Según Barry una acción es política en la medida que se abre a la posibilidad de desacuerdo. En este sentido, las políticas de la ges-

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tión de Piñera fueron antipolíticas en sus efectos pues, al elevar la gestión a un plano superior de saber, restringió los espacios potenciales de contestación, poniendo límites a las posibilidades de debate y de confrontación. Si bien la economía efectivamente creció más rápido –la tasa de crecimiento en 2010 fue 5,4 por ciento, 6,3 en 2011 y 5,6 en 2012–, las políticas de la gestión fueron testeadas en varias controversias. Las catástrofes quizás ofrecen un buen botón de muestra. Por un lado, el rol prominente del gobierno de Piñera, y del mismo presidente, en el rescate de los 33 mineros atrapados durante 67 días bajo tierra en la mina San José en octubre de 2010, fue celebrado como prueba definitiva de su eficiencia. La operación de rescate en su conjunto, con equipos técnicos en competencia, una escenificación mediática, y la cápsula Fénix sacando uno por uno a los mineros del subsuelo, era una muestra de modernidad (Peña 2010). Por el otro, la respuesta de su gobierno al devastador terremoto que asoló Chile el 27 de febrero de 2010 careció de un plan de acción comprensivo y coordinado por el Estado. En cambio, se basó en discretas intervenciones locales financiadas con iniciativas público-privadas y en la promoción de la competencia entre las empresas por construir viviendas sociales (Farías 2014). La reducida intervención estatal dejó en evidencia el sesgo contra un rol prominente del aparato estatal. Las protestas contra las deficiencias de la reconstrucción en Dichato en 2011, sin embargo, parecían mostrar los límites de un Estado secundario en la administración de catástrofes. En cuatro años de gobierno, las políticas de la gestión de Piñera fueron crecientemente desafiadas por nuevas demandas sociales y políticas, por mayor participación ciudadana, por garantías universales, educación gratuita y de calidad, y por igualdad de género. Es decir, por más y mejor democracia. ACCIONES COLECTIVAS Y MANIFESTACIONES SOCIALES Los niveles de asociación colectiva en cada país ciertamente impactan la forma de hacer política y de hacer negocios. Como veíamos, las ideas neoliberales se arraigaron con diferentes grados y generaron 154

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distintas reacciones sociales en estos países. Mientras que en Chile el despliegue del libre mercado, y la despolitización asociada, en cierta manera neutralizaron los discursos críticos durante dos décadas (1990-2010), en Argentina, especialmente desde fines de los 90, la movilización social y la repolitización de la ciudadanía dominaron la escena (Svampa 2002, 2008a). Dos recientes controversias sociales ofrecen un lente adecuado para observar el ambiente del capitalismo en ambos países: el conflicto “del campo” (2009) en Argentina y el movimiento estudiantil chileno (2011). EL CONFLICTO DEL CAMPO El 11 de marzo de 2008, la presidenta Cristina Fernández impuso un nuevo gravamen de exportación a los granos, la llamada Resolución 125, que pretendía obtener un mayor porcentaje de las exportaciones de los exitosos productores de soja, ampliando el 35 por ciento de impuesto a la renta fijo a favor de una imposición móvil. Esta alza en las “retenciones” dio pie a meses de paralizantes protestas por parte de los agricultores, quienes, enrabiados, bloquearon caminos y detuvieron la producción. Las principales patronales de agricultores consideraron la demanda del gobierno como un equivalente a la expropiación, y superando sus divisiones históricas, se agruparon tras la “Mesa de Enlace”, uniendo fuerzas en contra del gobierno (Basualdo 2008). Tras cuatro meses, la disputa se resolvió en el Congreso. Durante los debates parlamentarios, los Kirchner le recordaron a la audiencia cómo ellos enfrentaron a los acreedores extranjeros de Argentina, hicieron bajar el desempleo, recuperaron la economía y construyeron casas y hospitales. El líder kirchnerista Jorge Capitanich le recordaba a la multitud: “Hay dos modelos en Argentina. Uno es el de los agroexportadores, el cual excluye al resto de la sociedad. El otro, liderado por nuestra señora presidenta, ofrece inclusión y trabajos. Quien vote mañana en contra del proyecto de ella, votará por el desempleo y la exclusión” (Lewis 2009: 187). El 17 de julio de 2008, a las 4:30 de la madrugada, tras una sesión de diecisiete horas, Julio Cobos, el vicepresidente del Senado, rompió un empate de 36 a 36 al votar en contra de su propio gobierno para rechazar el impuesto. Antes de entregar su voto, Cobos declaró: “La historia me juzgará: No sé cómo. Y perdónenme si estoy equivocado. Mi voto no es positivo” (La Nación, 18 de julio, 2008). Pocos días después, la Resolución 125 fue cancelada y un nuevo decreto ejecutivo restauró las retenciones a los niveles previos al 11 de marzo.

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La protesta del campo y la reacción del gobierno generaron intervenciones públicas de apoyo y rechazo a ambos bandos. De un lado, diferentes grupos molestos con el estilo de gobierno de los Kirchner aprovecharon la oportunidad de manifestar su disidencia.31 Del otro, un grupo de reputados intelectuales de izquierda salió en defensa del gobierno kirchnerista, y reuniéndose en lo que sería la llamada Carta Abierta, acusaba el clima destituyente que habían instalado las patronales del agro, cuyos argumentos despreciaban la legitimidad gubernamental.32 Ese espacio intelectual, y muchos otros, mantendrán en los años siguientes un activo debate público sobre las transformaciones sociales impulsadas por los Kirchner. La cancelación de la Resolución 125 fue una aplastante derrota para el kirchnerismo. Las patronales, envalentonadas con el triunfo, llamaron en octubre del mismo año a un nuevo paro con cortes de rutas para exigir la completa anulación de las retenciones a las exportaciones. El ambiente político no se veía tan crispado desde la implosión de 2001. El conflicto del campo permite ver varias particularidades de la cultura política argentina. En primer lugar, evidencia las permanentes tensiones generadas alrededor del sistema impositivo. Dado que el Estado no cuenta con grandes empresas públicas –fueron privatizadas en los 90– que puedan financiar los programas sociales (como Codelco en Chile), necesita recolectar sus ingresos principalmente por concepto de impuestos de los exportadores y productores nacionales. Sin embargo, históricamente el sistema de impuestos no ha sido estático, sino que ha 31 El 25 de mayo de 2008, por ejemplo, la causa del campo logró unir distintas corrientes opositoras en un acto masivo inédito: representantes de la Coalición Cívica, la UCR, Pro, el peronismo disidente, el Partido Comunista Revolucionario, y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, entre otras agrupaciones (Pavón 2012: 450). 32 La primera Carta Abierta fue lanzada públicamente el 13 de mayo de 2008 en un evento liderado por Horacio Verbitsky, Nicolás Casullo, Jaime Sorín y Ricardo Forster. La firmaban 750 intelectuales y artistas, incluidos Horacio González, Ernesto Laclau, José Nun, Eduardo Gruner, María Pía López, Néstor García Canclini, Eduardo Rinesi, Alejandro Kaufman, entre otros. El espacio Carta Abierta se tornó en un referente de intelectuales, que a través de diversas cartas y eventos en la Biblioteca Nacional, discutían las controversias del agitado ambiente político.

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tendido a cambiar dependiendo del éxito del sector. En segundo lugar, la protesta del campo retrata qué tan problemáticos son los cambios en las reglas del juego, y especialmente los cambios de regulaciones impositivas, para el buen funcionamiento de los negocios en Argentina. Según ellos mismos, los agroexportadores no sólo estaban luchando en contra de las políticas redistributivas de los Kirchner, sino también a favor de proteger la inversión a largo plazo, los planes de negocios y el rol del sector privado. En tercer lugar, el carácter beligerante del conflicto (que incluyó bloqueos sostenidos de caminos, interrupción de transporte a escala nacional, etcétera) muestra la naturaleza combativa de la política argentina. Los Kirchner, en particular, han sido acusados de un estilo especialmente ofensivo. Según el periodista Néstor Scibona, “los Kirchner siempre juegan a ser ‘los chicos buenos’, favoreciendo a los sectores más pobres y afirmando que quien se oponga a ellos es malo. Ha habido muchos malos: los periodistas, el FMI, Shell, Duhalde, Menem, la comunidad internacional y, recientemente, la oligarquía agrícola y los consorcios de prensa” (entrevista, marzo 2009). La observación anterior está en concordancia con la retórica incendiaria que utilizaron los Kirchner durante la crisis del campo, por medio de la cual llamaron “traidores” en repetidas ocasiones a Cobos y a los senadores que votaron contra la Resolución 125, y, a la vez, con la virulencia de los agricultores al acusar a los Kirchner de expropiación y mal uso de las instituciones estatales. Esta forma de “política agónica” parece no ser la excepción, sino la regla. En cuarto lugar, el conflicto del campo dejó ver la flexibilidad y fragilidad de las alianzas políticas, al igual que la fragmentación del sistema político argentino. Julio Cobos, por ejemplo, militaba en la Unión Cívica Radical, un partido que se opuso a los Kirchner, pero aun así aceptó ser parte del gobierno de CFK. No fue una sorpresa, entonces, que cuando tuvo que tomar la decisión final sobre esta discordia, su voto no fuese “positivo”. El conflicto del campo también deja en evidencia el alto grado de movilización política dentro de la sociedad argentina, del rol de los intelectuales en la esfera pública, y la propagación de las políticas de contestación (McAdam et al 2001). La acción colectiva es un arma poderosa utilizada

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cada vez con mayor frecuencia por diferentes grupos con el fin de hacer oír sus voces. Según explica el filósofo de la CEPAL Martín Hopenhayn, “la agenda redistributiva asegura que los argentinos estén permanentemente movilizados. Hay una clase trabajadora organizada, que es favorecida con las redes del peronismo, al tiempo que también existe una clase pobre movilizada nacida del colapso social de 2001” (entrevista, enero 2009). Los movimientos sociales se expandieron desde mediados de los años 90.33 Si bien los piquetes, las protestas y las asambleas populares se concentraron primero en grupos de desempleados, pobres y perdedores, estas formas de disenso luego se expandieron a otros grupos, como los exportadores de soja y las asociaciones de derechos humanos. Villalón (2007) sostiene que el levantamiento de los movimientos sociales en Argentina es una reacción no sólo a la crisis económica, sino también a la extendida crisis de legitimidad institucional. El desplazamiento de instituciones tradicionales, sindicatos y partidos políticos, como los principales canales de representación social, otorgó mayor espacio para el surgimiento de voces críticas (ver también Lewkowicz 2002; Duschatzky y Corea 2002; Svampa 2002, 2008a, 2008b). De acuerdo al Barómetro de las Américas 2010 (Lodola 2011), Argentina se destaca por ser uno de los países más conflictivos de la región, un lugar en donde las protestas sociales son percibidas como un medio efectivo para alcanzar fines políticos. La proporción de argentinos que se manifestó en las calles en 2010 fue mayor que la proporción de aquellos que participaron en canales de resolución de conflictos institucionalizados, tales como peticiones a los legisladores, a los alcaldes o a los concejales. En suma, las manifestaciones gozan de una considerable legitimidad pública en Argentina. Al otro lado, el sistema de partidos políticos chileno se cuenta entre los más estables de la región. Sin embargo, Chile también tiene los niveles más bajos de compromiso cívico, activismo y participación de Latinoamérica (Luna y Zechmeister 2010). En muchos modos, el despliegue del 33 Una ola de acciones políticas transgresoras se expandieron en el país, incluyendo puebladas (revueltas en los pueblos), piquetes o cortes de rutas, cacerolazos, asambleas vecinales, escraches (protestas de grafiteros) y clubes de trueque, constituyendo un quiebre con los canales tradicionales de representación social (cf. Villalón 2007).

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neoliberalismo efectivamente desarmó el tejido social y desmovilizó a la sociedad (M. Taylor 2006a). En consecuencia, durante los gobiernos de la Concertación, Chile presentó partidos fuertes, pero cooptados por elites políticas que fueron desconectándose de las bases sociales. No es sorpresa entonces el creciente descontento que se ha hecho evidente en los últimos años. Tal como con el movimiento pingüino que demandó reformas a la educación en 2006 y el movimiento de los trabajadores subcontratistas del mismo año, las protestas ambientales y estudiantiles de 2011 muestran cómo las agendas de los últimos gobiernos no ha respondido plenamente a las demandas sociales (Sehnbruch y Donoso 2011). EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 2011. Las protestas estudiantiles de 2011 en Chile fueron las mayores muestras de descontento desde el ciclo de movilizaciones de 1983-1986 contra la dictadura de Pinochet. El movimiento estudiantil comenzó en mayo de 2011 con una serie de manifestaciones pacíficas y creativas que llamaban a reformar un sistema de educación injusto, organizado con lógica de mercado, y de baja calidad. La principal queja de los estudiantes se centró en la orientación al lucro del sistema, en que agentes privados se enriquecen al tiempo que los estudiantes son tratados como consumidores. El sistema universitario no sólo ampara que privados lucren con la educación, situación prohibida por ley, sino además reproduce las inequidades de origen, en vez de premiar el mérito. La frustración en las negociaciones políticas tras las protestas de 2006 generó desconfianza en esta generación sobre la capacidad de cambiar el sistema educacional a través de acuerdos con la clase política. Esa sospecha vigorizó la convicción de movilizarse e ir a la calle. Las movilizaciones estudiantiles continuaron en 2012 y 2013, y consolidaron una generación de líderes como Camila Vallejo, Giorgio Jackson y Gabriel Boric, electos diputados a fines de 2013, cuya capacidad de arrastre cambió el piso de diálogo con las autoridades. El movimiento estudiantil fue exitoso en generar vínculos horizontales con sindicatos, profesores, regionalistas y otros grupos descontentos con baja representación política, como el Partido Comunista. Tal como sostiene E. Silva (2009), la conexión del espacio político y social para la organización de grupos insatisfechos es una condición fundamental para fortalecer los movimientos sociales. Las protestas evidenciaron un cambio de expectativas en la sociedad chilena. Aquello que parecía un éxito hace unos años, que la banca privada financiara créditos con garantía del Estado para que más estudiantes puedan acceder a educación universitaria pasó a ser cuestionado como una acción moralmente reprobable.

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La situación educacional es, de hecho, bastante compleja. El sistema de universidades privadas ha permitido acceso a la educación terciaria a sectores emergentes. Siete de cada diez estudiantes universitarios son primera generación, es decir, sus padres no asistieron a la universidad. Pero la educación chilena es cara y las familias asumen la mayoría de los costos.34 Muchos de estos estudiantes de primera generación han tenido que recurrir a créditos bancarios o han debido hipotecar las casas de sus padres para pagar las cuentas universitarias. Así, mientras el acceso a la educación terciaria ha aumentado, también ha creado resentimiento. Tal como lo anticipaba el sociólogo Jorge Larraín, “la expansión de la educación está produciendo una revolución en Chile, una revolución que tal vez no conduzca a un final feliz. Cinco años de universidad transforman a la gente. Pero cuando esas personas se percatan de las injusticias también genera rabia” (entrevista, noviembre 2008). Aunque las olas de protestas fueron inicialmente sorpresivas, el descontento manifiesto en Chile se asocia a varios fenómenos: las inequidades estructurales del país (Zahler 2011), una ciudadanía más crítica, un sistema político poco representativo y la sensación de abuso por parte de algunas empresas, como los escándalos de La Polar y la colusión de las farmacias. Las principales coaliciones políticas mostraron en 2011 los niveles de aprobación más bajos desde el retorno a la democracia, en 1990 (CEP Julio 2011; Adimark Agosto 2011), y la credibilidad en las instituciones públicas y privadas se desplomó (Encuesta UDP 2011). En concordancia con el recuento de Pippa Norris (2010), los chilenos en general parecen ser más críticos e informados y menos tolerantes ante los abusos 34 El gasto público en educación en 2010 era 0,5 por ciento del PIB, el más bajo del mundo. Sólo el 15 por ciento del gasto en educación superior proviene de fuentes públicas, comparado con el promedio de la OCDE, que es un 69 por ciento. El costo promedio universitario es de 6.150 dólares, el cual representa el costo per cápita más alto del mundo, más del 40 por ciento del ingreso del hogar de los tres quintiles más bajos (60 por ciento de la población) (Meller 2011:11). Los costos de las matrículas universitarias subieron un 60 por ciento en doce años. Las universidades, que por ley no pueden lucrar, encontraron mecanismos para hacerlo. Para entender ese mecanismo, ver CIPER (2011): http://ciperchile.cl/2011/08/19/como-lucran-las-universidades-que-por-ley-no-deben-lucrar

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y las inequidades de lo que eran, digamos, una década atrás (Sehnbruch y Donoso 2011). El malestar se manifestó con mayor notoriedad desde que el presidente Piñera asumió el poder en 2010. La contención de expectativas que hasta cierto punto lograron los gobiernos de la Concertación, aludiendo a la recuperación de la democracia y los avances alcanzados “en la medida de lo posible”, se agotó. La conexión directa entre Piñera y las elites económicas despertó la sospecha de que el gobierno estaba cooptado por los intereses empresariales. Su descripción pública de la educación como un “bien de consumo”, y por ende de los estudiantes como consumidores, irritó aún más a los estudiantes movilizados. Así, una de las consecuencias inesperadas del gobierno de Piñera fue el marcado desplazamiento de la discusión pública hacia la izquierda (Atria 2013). Mientras que los críticos (Mayol 2012; Monge 2011) sostenían que el descontento evidenciaba el derrumbe del modelo chileno, los analistas moderados tendían a enfatizar la distancia entre los ciudadanos y los partidos, clamando por una urgente reforma política (Peña 2011; Navia 2011; Atria et al 2013). Según Fuentes (2011), los movimientos sociales presionaron al menos tres aspectos del modelo social vigente: impugnaron el modelo socioeconómico, de acuerdo al cual los actores privados juegan un rol significativo a la hora de distribuir los beneficios sociales; criticaron el modelo institucional, apuntando a una crisis de representación política, y cuestionaron el modelo de seguridad pública, que limita el ejercicio de los derechos ciudadanos a través de una policía represiva. Si bien aún es temprano para concluir algo definitivo acerca del impacto de estos eventos en el modelo chileno, es interesante notar los efectos paradójicos de la nueva forma de gobernar del presidente Piñera. Aparentemente, en su afán de aumentar la competencia y aceitar el modelo, las políticas de la gestión aceleraron la efervescencia social que venía creciendo desde 2006. El “doble movimiento”, o la reacción social contra los mercados, clamando protección y cooperación, como advirtió Polanyi, parece estar mostrando su rostro. Por primera vez en treinta años, el capitalismo proempresas está siendo cuestionado. Las consecuencias imprevistas de reforzar el modelo de mercado parecen haber despertado a la sociedad chilena.

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En suma, los regímenes institucionales y regulatorios para el desarrollo del capitalismo en 2011 son bastante diferentes en Chile y Argentina. Mientras que el capitalismo proempresas en Chile ofrece altos niveles de protección al inversionista privado y respeto por el mandato de la ley, priorizando los arreglos corporativos por sobre la distribución de la riqueza, en el capitalismo nacional-popular de Argentina la intervención estatal pareciera favorecer los intereses populares antes que a las corporaciones, con la excepción de los empresarios cercanos al ejecutivo, que acceden a prebendas del Estado. Cambios regulatorios inesperados, un sistema judicial politizado y discontinuidad en las políticas económicas hacen que el ambiente de negocios sea más hostil para las grandes firmas. Al tiempo que los cambios de gobierno en democracia en Chile no han alterado las condiciones favorables para los privados, los giros políticos en Argentina han tenido consecuencias sobre la regulación de los mercados. Estos diferentes ordenamientos institucionales están vinculados a los entornos políticos de cada país. Mientras que una larga gama de partidos dominados por caudillos con una cultura política antagonista y una clase política diversa hacen difícil la tarea de alcanzar consensos en Argentina, un sistema político estructurado en base a leyes que favorecen el empate, con una cultura política moderada cooptada por una elite tecnocrática, ha facilitado los acuerdos en asuntos económicos en Chile. La sociedad argentina parece más movilizada y presta a responder a las presiones del mercado y otras fuentes de descontento percibidas. La crisis de 2001 aceleró las reacciones sociales, y la tolerancia a los disturbios políticos creció exponencialmente. En contraste, los niveles de movilización en Chile parecen menores. Al menos por un par de décadas, el neoliberalismo fue capaz de neutralizar a la sociedad chilena por medio de una mezcla de privatizaciones, aumento de consumo individual y restricciones a la acción colectiva. Según Araujo y Martuccelli (2012), el neoliberalismo nunca logró colonizar las subjetividades de los sectores populares, quienes fueron resistentes a un modelo percibido como estructuralmente desigual. Desde esta lectura, el aparente consenso social sobre el modelo con que describe la época debiera

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acotarse sólo al sentir de las elites. El movimiento estudiantil de 2011, por ende, no sería un despertar inesperado, sino la manifestación de un sentimiento latente de descontento con las reglas del juego. La consolidación del ciclo de movilización que marcó el 2011 indica el inicio de un nuevo ciclo político. La reelecta presidenta Bachelet (2014) prometió en su campaña llevar a cabo tres reformas amplias que incluyen una nueva Constitución, un sistema educacional gratuito y de calidad, y una reforma tributaria sustantiva. Si estas transformaciones son realizadas significarían la primera metamorfosis importante del capitalismo proempresas en Chile. En Argentina, por su parte, la pregunta parece ser por los destinos de la sobrepolitización. La agitación permanente es una táctica que erosiona vínculos y multiplica enemigos, estimulando que los adversarios se organicen en contra. El malestar de las clases medias por las reglas cambiarias restrictivas, una inflación contenida mediante la intervención de las cifras oficiales, y el constante cuestionamiento de las instituciones internacionales dejan abierta la pregunta por el éxito del modelo. Como toda dinámica histórica, tanto las políticas de la gestión como la sobrepolitización dejaron en evidencia sus límites.

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CAPÍTULO 9 / GRUPOS ECONÓMICOS La economía, otrora una gran dispersión de pequeñas unidades productivas en equilibrio autónomo, se ha vuelto dominada por dos o tres centenares de grandes corporaciones, administrativa y políticamente interrelacionadas, que en conjunto poseen las llaves de las decisiones económicas. Charles Wright Mills (1956: 7)

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n apariencia, las clases capitalistas en Argentina y Chile están en igualdad de condiciones. La concentración de capital en pocos grupos familiares es un rasgo común de ambos países (Fazio 2005; Lefort 2010; Fracchia et al 2010; Riesco 2011). Los principales conglomerados económicos de ambas naciones tienen sus inversiones diversificadas en varias industrias, y las familias controladoras participan de la administración (Schneider 2008). Este rasgo en común no significa, sin embargo, que la propiedad de la riqueza ha sido estática, o que la posición de poder mantenida por los grupos empresariales sea equivalente. Durante las últimas tres décadas, poderosos consorcios locales perdieron sus posiciones dominantes. Nuevos grupos económicos emergieron con las reformas neoliberales, otros grupos tradicionales se vieron reforzados, y otros debilitados. Las privatizaciones, la inserción de capital extranjero y la creación de nuevos mercados generaron cambios en la propiedad del capital. En concordancia, la composición actual de las elites económicas evidencia signos de continuidad y cambio en ambos países. Continuidad, puesto que el capital permanece concentrado en pocos grupos económicos, a pesar de la llegada de inversión extranjera directa; cambio, dado que los nuevos consorcios económicos han consolidado posiciones dominantes, coexistiendo ahora con los grupos familiares históricos. Sin embargo, si examinamos el grado de cohesión ideológica –es decir de estrategias políticas y de ideas que guían el accionar de las ramas

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empresariales–, la posición de poder de las elites económicas y las culturas de negocios de sus ejecutivos, surgen nítidos contrastes. Mientras en Chile las empresas de diversos sectores están organizadas alrededor de un enfoque ideológico común y gozan de enorme influencia sobre la agenda pública, en el sector empresarial argentino cohabitan diversas visiones ideológicas (según ramas), no hay organización alrededor de una patronal multisectorial única y no existe el nivel de influencia sobre la política de su contraparte chilena. A diferencia del empresariado argentino, la elite económica chilena goza de poder instrumental y estructural (Fairfield 2010).35 Del mismo modo, cuando comparamos estilos de gestión y formas de hacer negocios, las diferencias resaltan sobre las similitudes. Mientras que los gerentes argentinos se caracterizan por su adaptabilidad a los ambientes cambiantes, un estilo confrontacional y amplia “cintura” para negociar, los ejecutivos chilenos destacan por su estilo jerárquico, su fascinación por la planificación y el control, y una administración focalizada en la reducción de costos. El impacto del neoliberalismo en las clases empresariales de Argentina y Chile fue disímil. Mientras el empresariado chileno, no obstante las disputas internas iniciales, salió fortalecido tras la revolución capitalista guiada por Pinochet, la clase capitalista argentina, aunque inicialmente revitalizada por el plan de convertibilidad de Menem, resultó debilitada por transformaciones análogas en los 90. Mientras las elites económicas chilenas se autoidentifican como los protagonistas del crecimiento económico del país, las argentinas son percibidas como cómplices de la crisis de 2001. Aunque la concentración de capital en pocos grupos económicos es un rasgo continuo de ambos países, la capacidad de los empresarios de coordinar una agenda común y de defender sus intereses es muy diferente. 35 Siguiendo a Hacker y Pierson (2002), el poder instrumental se refiere a la acción política directa del empresariado, ya sea vía lobby, participación en el gobierno, acuerdos entre gobierno y empresas, o defensa de intereses por partidos políticos. El poder estructural, en cambio, actúa principalmente mediante la restricción de la agenda con la amenaza de desinversión del sector privado. 168

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REPRODUCCIÓN Y REARTICULACIÓN DE GRUPOS EMPRESARIALES EN CHILE La propiedad del capital en Chile, así como la cultura de los empresarios actuales, está marcada fundamentalmente por el régimen de Pinochet. La clase empresarial sufrió cambios en su composición interna, en su programa ideológico y en su influencia sobre la política económica (Arriagada 2004). Medio siglo atrás éste era un sector disperso en ideas y estrategias (Ibáñez 2003), sin una ideología común que los ligara, ni con la influencia política y económica que detentan desde los años 90. Si bien los empresarios locales tienen una larga tradición gremial desde el siglo XIX (Schneider 2004), su poder sectorial en los años 70 era muy inferior al que poseen actualmente. Las oportunidades de negocios, las políticas industriales y las relaciones laborales en aquella época estaban marcadas por el Estado. El empresariado era un actor más frente a sindicatos y al Estado, con quienes debía lidiar y negociar constantemente. Los años previos al golpe fueron traumáticos para este sector. Desde la década de 1950, la situación de privilegio de las elites económicas fue progresivamente desafiada por un creciente movimiento sindical y por poderosos partidos políticos que clamaban la reforma agraria. El alzamiento colectivo liderado por la Unidad Popular de Allende (1970-1973), la estatización de empresas y la toma de industrias y fundos por sindicatos y trabajadores fueron situaciones intolerables para la burguesía local, que clamó el uso de la fuerza para restablecer el orden. El temor a una sociedad movilizada ayudó a unificar los intereses de la clase empresarial (Schneider 2004). El apoyo de los empresarios al golpe militar no sólo buscaba defender la propiedad privada, sino también aplacar una sociedad civil organizada que amenazaba el poder de las elites (M. Taylor 2006a). La liberalización del comercio y la apertura económica impulsada por el régimen cívico-militar de Pinochet (Huneeus 2001), cual destrucción-creativa a la Schumpeter, produjo la quiebra de muchas empresas.36 Las elites tra36 Tomamos el concepto cívico-militar de Huneeus (2001), quien constata la decisiva participación de civiles durante la dictadura. Son los civiles quienes diseñaron e implementaron las principales reformas económicas y constitucionales durante el régimen militar. EMPRESAS, EMPRESARIOS Y RELACIONES LABORALES

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dicionales se fusionaron y en parte fueron reemplazadas por nuevos grupos económicos. Específicamente, surgió una nueva clase empresarial al alero del régimen cívico-militar que se benefició con las privatizaciones de las empresas del Estado (Mönckeberg 2001; Cámara de Diputados de Chile 2004; Gárate 2012). Muchos de los actuales grupos empresariales exitosos comenzaron y/o recibieron un impulso importante como consecuencia de las privatizaciones (Lefort 2010). Su posición privilegiada en los mercados recientemente creados –pensiones, salud, educación superior– facilitó su posterior expansión. Algunos de estos grupos luego participaron en los procesos privatizadores de otros países latinoamericanos (Benítez 1991). Los consorcios que se concentraron en la explotación de recursos naturales (por ejemplo CMPC, Arauco-Copec) mejoraron ostensiblemente sus exportaciones y ampliaron sus operaciones. El capital también se concentró enormemente a lo largo del período 1975-2011. Algunos economistas heterodoxos sostienen que en Chile dominan los rentistas por sobre los capitalistas creadores de valor (Riesco 2011; Fazio 2005; Palma 2013b). La concentración de la propiedad, sin embargo, es un rasgo histórico del capitalismo chileno. Hace medio siglo, Lagos (1962) alertaba que la configuración del capital estaba concentrado en el latifundio, los bancos y la industria. Los principales conglomerados se formaron alrededor de la banca y tenían una enorme influencia en el régimen jurídico-institucional del país. Como las grandes unidades de producción estaban en manos privadas, Lagos concluía que el defecto del capitalismo chileno era que las utilidades obtenidas beneficiaban sólo a unos pocos grupos, aumentado su poder económico. Dos décadas después, Dahse (1979) construyó “el mapa de la extrema riqueza en Chile”, constatando cambios importantes en la propiedad de las empresas, pero no en los patrones generales de acumulación de riqueza. La nacionalización de bancos y empresas durante el gobierno de Allende, así como el retorno de algunas firmas durante el régimen militar y la “primera ola de privatizaciones”, afectó la composición de los grupos económicos. Después de ello, las políticas de desregulación de los Chicago Boys produjeron más cambios en la propiedad. Las “fuerzas de mercado” favorecieron

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a los grandes grupos bancarios, pues accedían a los mercados financieros internacionales a tasas bajas y prestaban a empresas locales a tasas convenientemente altas (Arriagada 2004).37 Sin embargo, muchos conglomerados sustentados en bancos quebraron con la crisis financiera de 1982, lo que llevó al Estado a realizar la mayor intervención bancaria en la historia de Chile, produciendo otro gran cambio en la propiedad. Algunos grupos empresariales tradicionales desaparecieron o se debilitaron –Hochschild, Sumar, Hirmas, Pollak– mientras que otros financieramente más fuertes –Angelini, Matte, Luksic– se fortalecieron y adquirieron el control de las empresas de los grupos en bancarrota (Lefort 2010).

37 En 1979, el 53 por ciento de los bienes de las mayores 250 compañías privadas estaban controlados por cinco grupos económicos, que junto a otros cuatro grupos manejaban el 82 por ciento de los bienes, el 60 por ciento de los préstamos bancarios y el 64 por ciento de los créditos financieros.

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LAS PRIVATIZACIONES EN CHILE. El régimen cívico-militar de Pinochet implementó dos grandes olas privatizadoras. En la “primera ola”, entre 1975 y 1978, más de 200 grandes empresas estatales (industriales, financieras y comerciales) fueron vendidas a privados. Durante la “segunda ola”, entre 1985-1988, se privatizaron los bancos intervenidos durante la crisis de 1982, sus empresas asociadas –el “área rara”– y 27 empresas públicas CORFO de propiedad histórica del Estado (18 completas y 9 parcialmente). Entre éstas se cuentan CTC y ENTEL (telecomunicaciones), ENDESA (generación de energía), CAP (acero), LAN-Chile (transporte aéreo), Chilectra (distribución de electricidad), IANSA (producción azucarera) y SOQUIMICH (minería no metálica). Bajo la propiedad del Estado sólo quedaron CODELCO (cobre), ENAP (petróleo) y el Banco del Estado (Marcel, 1989). El “área rara” lo constituyeron 43 empresas que fueron reprivatizadas, tras haber sido compradas por el Estado tras el colapso económico de 1982, incluyendo los dos mayores bancos del país (de Chile y de Santiago), las AFP Provida y Santa María, y las empresas relacionadas con los bancos como la Compañía de Petróleos de Chile (COPEC), Forestal Arauco y la Industria Forestal S.A. (Gárate 2012; Cámara de Diputados de Chile 2004). Gárate (2012) destaca que las empresas públicas se encontraban en buen pie cuando fueron privatizadas, lo que refuerza la idea de una privatización con intereses políticos e ideológicos, por sobre criterios técnicos de eficiencia, como argumentaban los promotores del régimen. El valor en que fueron vendidos también ha sido cuestionado, aunque nunca se ha llevado a cabo un juicio legal a este proceso. La estricta defensa de las privatizaciones por parte de militares y empresarios durante la década de los 90 inhibió la posibilidad de escrutar el proceso. La indagación más sistemática fue realizada por una comisión formada en la Cámara de Diputados en 2004.

La Constitución de 1980, además, permitió la creación de nuevos mercados privados alrededor de las administradoras de los fondos de pensiones (AFP), los seguros de salud (Isapres) y la educación superior, entre otros, fortaleciendo a los grupos económicos vinculados al régimen cívico-militar. Para participar en el proceso de privatización era necesario contar con un enorme poder de compra, que en las postrimerías de la crisis de 1982 el sector privado no poseía. La asociación con capitales internacionales y la autorización para que el sistema privado de pensiones (AFP) comprase acciones de empresas privatizadas, le permitió a los conglomerados nacionales ser actores protagónicos de las subastas (Rozas y Marín 1989). De hecho, las AFP 172

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se convirtieron en uno de los mayores accionistas de las empresas públicas privatizadas a partir de 1986 (Gárate 2012). Tras la dictadura, Montero (1996) distingue la fisonomía de los grupos económicos entre los conglomerados tradicionales –Angelini, Luksic y Matte, Cruzat-Larraín– y aquellos que surgen a raíz de las privatizaciones. Entre estos últimos estarían los tecnoburocráticos –conglomerados nuevos cuyo poder reside en ejecutivos vinculados al régimen cívico-militar como Yuraszeck (Enersis), Ponce Lerou (SOQUIMICH), o De Andraca (CAP) (Mönckeberg 2001)– y los grupos emergentes formados alrededor de una compañía, persona o familia, tales como Errázuriz, Said, Saieh, Del Río, Guilisasti, Piñera, Penta o Falabella, entre muchos otros (Montero 1996; Ossandón 2013). Durante las últimas dos décadas, Fazio (1997, 2000, 2005) revisitó el “mapa de la extrema riqueza”, observando cómo la creciente inserción internacional de las empresas chilenas condujo al fortalecimiento de los grupos empresariales nacionales y “la transnacionalización” de su economía. Los inversionistas españoles se convirtieron en actores relevantes a mitad de los años 90, especialmente en los sectores de telecomunicaciones, energía y concesiones. Los principales grupos económicos locales siguieron siendo los tradicionales –Luksic, Angelini, Matte– pero nuevos actores surgieron en el retail, en los sectores de servicios y financiero, como los grupos Solari, Paulmann, Ibáñez, Claro, Saieh y Piñera. La fusión de conglomerados nacionales e internacionales está marcada, paradójicamente, por la diversificación de las inversiones de los grupos empresariales a lo largo de diferentes áreas. Estas fusiones y adquisiciones han tendido a reforzar el dominio de los mayores grupos nacionales. La creciente formación de oligopolios en sectores como el farmacéutico, el retail y el bancario (Lamarca 2009), incrementó la concentración económica. En un país de 17 millones de personas, la fortuna combinada de los cuatro principales grupos –es decir Luksic, Paulmann, Matte y Piñera– es de aproximadamente 42,5 billones de dólares, 21 por ciento del PIB nacional (Solimano 2012); el 1 por ciento más rico de los chilenos

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concentra el 30,5 por ciento de los ingresos de Chile (Ramón López et al 2013). No sorprende, entonces, que un análisis de las redes de directores de las grandes empresas chilenas entre 1969 y 2005 muestre que la cohesión del mundo corporativo y la homogeneidad en el perfil de directores siguen siendo rasgos continuos de la clase empresarial (Salvaj 2013), conclusiones similares a las que mostraba Zeitlin et al (1974) cuarenta años antes. En suma, tres tipos de grupos dominan hoy: los conglomerados abocados a la explotación de recursos naturales (minería, forestal, agricultura); grupos del sector retail que a la vez se han expandido a los servicios financieros; y multinacionales enfocadas en servicios financieros, fondos de pensiones, seguros y servicios (Lefort 2010). Los anexos 3 y 4 listan los rasgos de los principales grupos empresariales de Argentina y Chile. REPRODUCCIÓN Y REARTICULACIÓN DE GRUPOS EMPRESARIALES EN ARGENTINA En Argentina la propiedad del capital también pasó por una significativa transformación durante el período 1975-2011. Esta transformación, sin embargo, condujo últimamente a un debilitamiento de la clase empresarial. Durante la primera mitad del siglo XX, varios grupos crecieron dentro de la floreciente economía argentina, formando una poderosa elite económica. Estos conglomerados tenían algunos rasgos en común: varios fueron formados por inmigrantes que desarrollaron sus negocios desde cero; algunos se construyeron alrededor de la figura de un emprendedor industrial; la mayoría era propiedad de algunas familias y eran administrados familiarmente; muchos se expandieron luego a través de contratos con el Estado, y diversificaron sus portafolios en las diferentes ramas del sector productivo (Fracchia et al 2010; Lewis 2009). Por ejemplo, el inmigrante italiano Torcuato Di Tella llegó a Buenos Aires a principios del siglo XX, fundó SIAM, una fábrica de máquinas amasadoras de pan, que luego creció hasta convertirse en un imperio industrial de heladeras, ventiladores y automóviles (Cassese 2008). 174

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En la segunda mitad del siglo XX, los contratos públicos de servicios con el Estado y las concesiones especiales se convirtieron en una estrategia clave para el éxito de los negocios en Argentina. La mayoría de los principales conglomerados empresariales usó este modelo de expansión. Por ejemplo, el Grupo Macri (SOCMA) se construyó bajo la figura del emprendedor Francisco Macri. Macri, albañil, llegó a Buenos Aires desde Italia en 1949 y desarrolló una empresa en la construcción. Luego se hizo subcontratista de Fiat, lo que le permitió establecer contratos con el gobierno. SOCMA se ramificó luego en la reparación de calles, mantención telefónica, recolección de basura, servicios de petróleo y bencina, así como electrónicos y de radio. Siguiendo una senda similar, Agostino Rocca fundó el Grupo Techint, un gran conglomerado que producía tuberías para YPF, la compañía petrolera estatal, y de ahí se expandió a equipos de maquinaria pesada y vigas de acero (Lewis 2009). De igual manera, conglomerados como Fortabat-Loma Negra (construcción), Grupo Brida, Grupo Soldati (electricidad y banca) y Pescarmona, entre otros, siguieron el patrón similar de un industrial inmigrante extendiendo sus negocios a través de contratos con el Estado. Este modus operandi fortaleció las prácticas de lobby con el gobierno de turno y la rivalidad entre grupos competidores con el fin de asegurar los contratos con el Estado, en lo que algunos académicos llamaron la “Patria Contratista”. Castellani (2009) propone el concepto “ámbitos privilegiados de acumulación” para abordar las diferentes conexiones entre la intervención estatal y el comportamiento empresarial en Argentina, y sostiene que la ausencia de una burguesía comprometida con el desarrollo económico es el resultado del vínculo histórico entre el Estado y los capitalistas durante el siglo XX.38 38 Ana Castellani (2009) distingue cinco tipos de articulación entre el sector público y privado o ámbitos privilegiados de acumulación que permiten la obtención de cuasi-rentas de privilegio que son apropiadas por las firmas privadas involucradas: presión institucionalizada (demandas directas de parte de las corporaciones al Estado); prácticas de influencia directa (lobby informal); prácticas de colonización de algunos re-

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Tal como en Chile, en Argentina el Estado ha sido fundamental en el desarrollo del capitalismo. Debido a las fuertes políticas de industrialización por sustitución de importaciones (ISI) desde los años 30 en adelante, los grupos empresariales tendieron a operar bajo protección comercial, promoción industrial, créditos subvencionados y franquicias tributarias. Estas políticas favorecieron el desarrollo de un capital local, que recibió tratamiento preferencial como proveedor y cliente del Estado y las empresas públicas. Luego, el surgimiento del peronismo, y las habilidades del general Perón para establecer alianzas con algunos empresarios, produjo divisiones entre los capitalistas, generando empresarios pro y antiperonismo, y fomentó la competencia entre los industriales, los banqueros y los agricultores. El proyecto neoliberal implementado por la dictadura militar de 19761983 persiguió justamente desmantelar las relaciones económicas y sociopolíticas sostenidas por el modelo ISI. Y aunque algunos grupos económicos fueron favorecidos por la colaboración de firmas transnacionales durante los años 80, algunas empresas históricas, como La Celulosa (papel), Cerro Negro (materiales de construcción), Bonafide (postres) y Noel (confecciones), quebraron (Azpiazu y Schorr 2010). A pesar de las franquicias continuas de la clase empresarial obtenidas a través de diversos ámbitos privilegiados de acumulación, la rivalidad y la inestabilidad de la política económica en la segunda mitad del siglo XX terminó dañando al sector empresarial (Lewis 2009). A fines de los años 80, los empresarios parecían fragmentados por intereses en competencia (Beltrán 2007). La liberalización del comercio y la privatización de los años 90 afectaron la propiedad del capital. La creciente competencia externa y la llegada de corporaciones multinacionales obligaron a las compañías a mejorar la productividad y la competitividad (Fracchia et al 2010). Como destacaron varios economistas entrevistados, se crearon nueductos de la administración pública por parte de los empresarios o sus representantes; prácticas colusorias (entre firmas privadas y estatales), y prácticas de corrupción (sobornos a empleados de gobierno para mantener los privilegios). 176

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vos mercados, aumentó el acceso a capitales internacionales para las empresas, así como el valor de las compañías locales. Adicionalmente, el lanzamiento del Mercosur amplió la integración regional y ensanchó los mercados para las firmas nacionales. Estos cambios afectaron la estructura del sistema económico, aunque los diferentes sectores y empresas fueron influidos de distintas maneras, dependiendo de su capacidad de adaptación y de negociar medidas compensatorias con el Estado. Sólo unos pocos sectores mantuvieron beneficios industriales proteccionistas, tales como los automotriz y acerero (Etchemendy 2010a). La apertura de la economía aumentó la fragmentación del sector empresarial, especialmente entre los industriales (Schvarzer 2001), que sufrieron una relativa pérdida de relevancia en la economía en relación a los sectores agroexportadores, de servicios y financieros, que fueron al alza (Schorr 2004). Al igual que en los años 70 y 80 en Chile, la privatización favoreció a los grupos empresariales fuertes de Argentina, permitiéndoles acceso a compañías que antes pertenecían al Estado. La alianza entre Menem y los grandes conglomerados rompió con la tradición proempleados del peronismo, instalando a un líder industrial, Jorge Born, de Born y Bunge, a la cabeza del ministerio de Economía. Los contactos entre los empresarios y el ministro Cavallo, aunque no necesariamente a través de asociaciones empresariales institucionalizadas (Schneider 2004), les permitieron a los hombres de negocios influir sobre las políticas regulatorias, lo cual implicó extraordinarios retornos para las firmas favorecidas. La estabilización de la economía argentina durante la década de los 90 incrementó fuertemente el valor de las empresas. Tras la “crisis del tequila” en 1995, no obstante, muchos grupos empresariales nacionales decidieron vender sus acciones de las empresas privatizadas a inversionistas extranjeros.39 Los años de Menem fueron un período de 39 Basualdo (2000) y Azpiazu (2005a) argumentan que la venta de empresas privatizadas a firmas extranjeras respondió a una lógica pura de ganancia financiera, vendiendo más caro que los precios bajos en que las empresas fueron adquiridas. Desde esta interpretación, la venta de firmas a inversionistas extranjeros fue principalmente origi-

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destrucción creativa schumpeteriana. Según el recuento de Fracchi y colegas (2010), cuatro nuevos grandes grupos empresariales se formaron entre 1990 y 2000 –Ávila, Banco Velox/Disco, Coto e Irsa– pero siete conglomerados perdieron su posición: Antelo, Astra, Banco Velox/ Disco, Isaura, Minetti y Roberts. Para Gaggero (2012), a pesar de que no hubo homogeneidad en las estrategias y en la performance de todos los grupos empresariales, se puede hablar de una retirada de los grupos económicos argentinos durante la crisis y la salida del régimen de convertibilidad, que perdieron presencia en la economía. La recesión de 1998-2002 y el colapso político de 2001 afectaron seriamente el desempeño de las empresas, así como el ambiente económico general. La posición favorable que disfrutó el sector privado durante los años de la convertibilidad llegó a su fin. Los gobiernos de los Kirchner cuestionaron duramente la posición del capital foráneo. Como consecuencia, la relación entre el gobierno y las empresas privadas cambió de forma dramática, especialmente para aquellas que operaban en sectores regulados por el gobierno. Las tarifas de las concesiones fueron congeladas, inhibiendo el ajuste de los precios cobrados por los servicios prestados, y el movimiento del capital fue restringido. Los Kirchner culparon a las instituciones económicas internacionales y al sector privado por haber producido la crisis. No obstante la ofensiva discursiva de los Kirchner, desde 2003 no ha existido una nueva política industrial que revigorice al sector productivo. No es sorpresivo, entonces, que entre 2000 y 2010 hayan surgido muy pocos grupos empresariales nuevos (Fracchia et al 2010). Las excepciones fueron grupos que adquirieron bienes pertenecientes a firmas internacionales que decidieron abandonar el país, principalmente en sectores regulados por el Estado, como energía y banca, y empresarios beneficiados por el cierre del mercado interno y las políticas proteccionistas de los Kirchner, como Lázaro Báez y Cristóbal López (Clanada por la lógica del rentista. Castellani y Gaggero (2011) cuestionan hasta qué punto este argumento puramente materialista se puede aplicar a todo el sector empresarial, y sugieren un análisis caso a caso por sobre un enfoque estructural. 178

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rín, 2013). En paralelo, el boom de la soja y el dinamismo del sector de agronegocios ha reforzado la posición de firmas familiares como Adeco, El Tejar y Los Grobos, aunque también debilitó sectores de la agricultura familiar (Gras y Hernández 2009). En resumen, la propiedad del capital ha cambiado en Argentina en las décadas recientes. A pesar de que los grupos agroexportadores se han modernizado y fortalecido, los grupos nacionales dedicados a la industria parecen debilitados. Entre 1975 y 2007 sólo fueron creados cuatro grupos empresariales (todos durante los años 90), al tiempo que desaparecieron catorce conglomerados (Fracchia et al 2010: 331). Tres décadas después del primer intento de transformación neoliberal, el sector manufacturero en la Argentina posconvertibilidad está empequeñecido e inconexo (Azpiazu y Schorr 2010), y el poder de las empresas aparece fragmentado.

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CAPÍTULO 10 / ELITES ECONÓMICAS Y POLÍTICAS EMPRESARIALES Yo no elijo entre el campo “o” la industria. Yo elijo por la producción agropecuaria “y” por la producción industrial. No quiero enfrentar el país de las vacas y el país de las chimeneas. Hay una sola Argentina productiva. Carlos Menem, Día de la Industria, septiembre 1, 1989 (Canelo 2011: 90)

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spíritu de cuerpo y afinidad ideológica, estrechas relaciones con el poder político, y buena reputación en sus respectivas sociedades son rasgos que toda elite económica aspira alcanzar. De éstas dependen la capacidad de influencia del sector empresarial en la política, en las reglas del juego y en los negocios. Entre 1975 y 2011, las elites empresariales de Argentina y Chile, de manera independiente, tuvieron momentos de autoridad ascendente y descendente. Actualmente sus diferencias son elocuentes. QUIÉN MANDA Uno de los rituales más distintivos del Chile de la transición es la aprobación pública que los candidatos políticos necesitan del sector empresarial. Desde 1989, cuando Alejandro Foxley y Carlos Ominami, las cabezas del equipo económico de la Concertación, presentaron su programa en ENADE (la reunión anual de los empresarios) reafirmando que mantendrían las bases del modelo económico en caso que Patricio Aylwin fuera elegido presidente, se espera en cada elección que los candidatos presidenciales se reúnan con los empresarios para mostrar sus credenciales económicas. La necesidad de una certificación de esta naturaleza para los políticos es impensable en Argentina, sobre todo en el paisaje posconvertibilidad de los Kirchner. La capacidad de organización e influencia política de su clase capitalista es mucho más limitada. EMPRESAS, EMPRESARIOS Y RELACIONES LABORALES

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Los gremios empresariales en Chile, reunidos bajo el paraguas de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), son poderosos actores con fuerte autoridad en la arena pública y gran capacidad para coordinar diferentes sectores (agro, comercio, construcción, banca, minería o industria). Las redes sociales, políticas y de clase, así como un marco cultural común, reproducen el espíritu de cuerpo del sector. La situación es notoriamente diferente en Argentina. Las asociaciones empresariales no tienen la misma fuerza política ni están agrupados bajo una asociación multisectorial común. Además, el ambiente de negocios en que operan las firmas y la visibilidad del sector empresarial se diferencian profundamente de sus pares en Chile. El desarrollo de los gremios empresariales durante el siglo XX en ambos países surgió en respuesta al éxito político del movimiento sindical, la organización de las clases medias y los gobiernos que se empeñaron en hacer reformas económicas (E. Silva 1998: 217). Contrario a la creencia común, fueron los agentes del Estado en ambos países quienes originalmente ayudaron a organizar a las empresas con el fin de reducir sus propias vulnerabilidades (Schneider 2004: 15). No obstante estos antecedentes comunes, la capacidad actual de las empresas de defender sus agendas varía. Es cierto que los capitalistas chilenos se organizaron antes que sus contrapartes argentinos –SNA (agricultura), desde 1838; Cámara Nacional de Comercio desde la década de 1850; SONAMI (minería) y SOFOFA (industriales), desde la década de 1880 (E. Silva 1998: 219)–, pero el mayor impulso y reorganización de los gremios ocurrió bajo el régimen de Pinochet. La agricultura y la industria en Argentina desarrollaron fuertes asociaciones antes de Perón, pero la politización de la representación empresarial con el surgimiento del peronismo aumentó las disputas entre los empresarios (Acuña 1998; Schneider 2004).

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UNIDAD Y FRAGMENTACIÓN Tanto historiadores como empresarios suelen describir la clase empresarial argentina como fragmentada. La rivalidad, la politización y la débil capacidad institucional han caracterizado sus asociaciones gremiales en los últimos sesenta años (Schneider 2004: 173). Las diferentes facciones constituidas por industriales, agroexportadores, financieros, comerciantes y regionalistas, suelen defender sus propias estrategias de negocios, fortaleciendo sus lazos políticos particulares y promoviendo sus propios intereses económicos. A pesar de que existen varias asociaciones empresariales –SRA (Sociedad Rural Argentina), UAI (Unión Industrial Argentina) y ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos)–, no hay ninguna asociación multisectorial que tenga la capacidad aglutinadora de la CPC chilena. Es más, dentro de los amplios sectores de la agricultura, la industria y el comercio, hay facciones internas que compiten por influir sobre las políticas públicas: ganaderos versus agricultores, industriales versus construcción, comerciantes minoristas versus retailers, compañías extranjeras versus locales, empresas grandes versus empresas pequeñas (Lewis 2009). Según el consultor de empresas y profesor de MBA Gustavo Genoni, “la comunidad empresarial como tal no existe en Argentina: hay un número de empresarios que están divididos según sus intereses” (entrevista, abril 2009). La falta de un sentido de cuerpo y la ausencia de una agenda común debilitaría la capacidad del sector privado de promover una agenda pronegocios. Una interpretación común es que los empresarios argentinos son individualistas. “Los empresarios nacionales suelen hablar mal de sus colegas, acusando a otros sectores de buscar protección política y lobby”, explica Sebastián Etchemendy (entrevista, marzo 2009). Los dirigentes empresariales son acusados de dar batallas sólo en búsqueda de su propio beneficio, sin considerar los intereses sectoriales. Al decir del gerente de una gran empresa, “en todas las asociaciones empresariales en que he participado, el único denominador común es la más absoluta mezquindad de los ejecutivos, quienes no demuesEMPRESAS, EMPRESARIOS Y RELACIONES LABORALES

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tran preocupación alguna por el interés común” (entrevista, febrero 2009). En general, los empresarios no comparten una visión ideológica común, es decir, no convergen en orientaciones generales de la acción: las disputas sobre las tasas impositivas, las protecciones sectoriales, las preferencias políticas, las estrategias de comercio y las ganancias personales suelen disgregarlos. Algunos historiadores tienden a vincular la fragmentación de la elite económica argentina con el peronismo (Lewis 2009). Como muestran los estudios de la red corporativa de Lluch y Salvaj (2012), el empresariado argentino sufrió un fuerte fraccionamiento entre los años 50 y 70. El empoderamiento social del movimiento sindical peronista, con sus demandas redistributivas y su narrativa nacionalista, generó antipatía frente a la acumulación de riqueza en manos de la burguesía y de los extranjeros desde los años 40. A diferencia de Chile, donde el éxito político del movimiento sindical estimuló a las asociaciones gremiales de empleadores desde los años 60, en Argentina la rivalidad entre los empresarios, y las prebendas que mantenían con el Estado menguó su capacidad de acción colectiva (Acuña 1998). Si bien Perón amenazó los derechos de propiedad, también cortejó y ejerció influencia política sobre algunos segmentos de empresarios. En oposición a la poderosa UAI (industriales), Perón apoyó la creación de la CGE en los años 50, dividiendo al sector industrial. Como afirma Schneider (2004: 194), los agentes estatales en Argentina denegaron o sólo dieron acceso esporádico al empresariado a la elaboración de políticas (sustituido por el acceso individual informal), disminuyendo los incentivos para la acción colectiva. A pesar de varios intentos por construir una multisectorial que reforzara la influencia política de los privados –por ejemplo CACIP, CGE, ACIEL, APEGE y luego CEA–, los conflictos partidistas, la inhabilidad de conciliar los intereses sectoriales y la débil capacidad institucional mermaron estos esfuerzos. Schneider (2004: 174) sostiene que varias iniciativas coordinadas duraron sólo hasta que la percepción del peligro pasaba, frecuentemente cuando los militares removían al gobierno de turno. Tras el retorno de

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la democracia en 1983, cuerpos temporalmente coordinados como el “grupo de los 11 (1984-1985)”, “grupo de los 17 (1987-1988)”, “grupo de los 8 (1987-1989)” o los “capitanes de la industria” tampoco fueron capaces de asentarse. Aunque Menem (1989-1999) facilitó la expansión empresarial, las industrias nacionales sufrieron con la llegada de la competencia externa y con los conflictos de interés internos (Schvarzer 2001). Bajo los gobiernos de Kirchner, la presión sobre el sector privado creció dramáticamente. Para muchos de los entrevistados, además del precedente histórico, la división del sector empresarial argentino de hoy en día se explica, en parte, por el ambiente hostil en el que opera. En palabras del exministro Juan Llach, “los empresarios buscan individualmente evitar que sus compañías sean castigadas por el gobierno a través de una inspección de impuestos inesperada o controles de precios. Los empresarios están a la defensiva. El hecho de tener un perfil público podría ser contraproducente. Están asustados. No de perder sus empresas, sino de perder la rentabilidad” (entrevista, abril 2009). En este entorno adverso, la estrategia común de los empresarios pareciera ser el “sálvese quien pueda”. La dispersión de la clase empresarial argentina contrasta tajantemente con la unidad política-ideológica de su contraparte chilena. La “comunidad empresarial”, como sus miembros suelen llamarla, es un grupo relativamente homogéneo, basado en una estrecha red de contactos, que comparte una visión de sociedad marcada por un enfoque liberal en lo económico y una mirada conservadora en lo moral (Thumala 2007; Correa 2004; Gárate 2012). Es un sector social que está presente, a través de empresas privadas, en prácticamente todos los ámbitos de la sociedad chilena: la industria, las artes, la academia, los medios de comunicación, los recursos naturales, el fútbol, y últimamente, la política. Es, además, un sector firmemente organizado tras las asociaciones gremiales, y gracias a estrechos vínculos partidarios mantiene una influyente posición política. El régimen de Pinochet gatilló una revolución ideológica en la clase empresarial, la que, a pesar de su heterogeneidad interna, se las arregló

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para convertirse en un actor unificado tras los gremios empresariales (Arriagada 2004). Esta unificación estuvo inspirada en la figura de los Chicago Boys y las ideas del Ladrillo (Valdés 1995). Ese programa económico no sólo sirvió como una guía práctica para las reformas neoliberales, sino también como herramienta para reeducar a los empresarios (Tironi 2013). La unidad sin precedentes que se dio entre los gremios antes del golpe, sin embargo, no tardó en fracturarse frente a la política de shock de 1975 (Montero 1997). Las políticas de los Chicago Boys fueron originalmente resistidas por pequeños y medianos industriales, que acostumbrados a un capitalismo protegido por el Estado, no tuvieron más remedio que salir a competir. La creciente competencia estimulada por el libre comercio y la entrada de compañías extranjeras, sin embargo, habría renovado lentamente la cultura empresarial local. Durante la dictadura se fue extendiendo entre las grandes empresas un modelo de producción basado en esquemas de reducción de costos, de tercerización de funciones, y de programas de gestión como el análisis de entorno y la planificación estratégica (Ramos 2013). La elite económica chilena también se reapropió del catolicismo y encontró ahí una nueva justificación moral para la actividad empresarial (Thumala 2007). Como respuesta frente a las orientaciones progresistas de opción preferencial por los pobres que la Iglesia Católica tomó en la década de 1960, los empresarios se reagruparon en congregaciones conservadoras como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo. Una nueva cultura empresarial caracterizada por la defensa del libre mercado y la devoción por la familia se fue forjando en estos sectores. Valores como el orden, la austeridad y el autocontrol se acentuaron en el empresariado tradicional. Bajo la promoción de este relato, los empresarios paulatinamente fueron dejando de ser “explotadores” y pasaron a ser “promotores del bien común”: generadores de empleo y garantes de un libre mercado que reduce la pobreza y desarrolla los talentos individuales. Así, la creación de riqueza fue investida como contribución al desarrollo del país. El cambio en la mentalidad y el discurso de los empresarios, sin embargo, no fue de un día para otro, sino el resultado de un esfuerzo con-

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sistente de instrucción y promoción de ideas en diferentes ámbitos. Desde la década de 1980, y con el fin de apoyar la apertura comercial y el mercado como articulador social, el empresariado implementó una ofensiva ideológica en diversos planos: invirtió en gremios, centros de estudios, prensa económica, consultoras de negocios y universidades privadas destinadas a transmitir sus ideas y, de paso, hacer negocios. Es decir, invirtió en lo que Nigel Thrift (2005) llama “circuitos culturales del capitalismo”, el aparato discursivo que le ha dado un giro reflexivo a las empresas y su relación con el mercado (ver capítulo 14). Diferentes centros empresariales, como el Instituto Racional para la Administración de la Empresa (ICARE) y el Centro de Estudios Públicos (CEP), además de fuertes asociaciones empresariales (CPC, SOFOFA, SNA, CCHC: ver tabla 3), se tornaron en espacios de encuentro empresarial, producción de datos y estudios para hacer lobby en el Parlamento y promover la agenda del sector. Estos circuitos han fortalecido la defensa del libre mercado y la moral de la elite económica, generando un capitalismo más sofisticado y reactivo, capaz de integrar las críticas que recibe. Desde estos circuitos se expandió una retórica sobre la innovación, el emprendiendo y la responsabilidad social empresarial, el nuevo espíritu del capitalismo chileno. Ese discurso triunfalista celebra el rol modernizador del sector privado, atribuyéndose el crecimiento económico como mérito propio. Los empresarios se dicen orgullosos de su inversión a largo plazo, retratándose a sí mismos como transformadores de Chile en un “país ganador” (Subercaseaux 1999). Ese relato considera que el desarrollo país está a la vuelta de la esquina, y pretende mostrar el modelo chileno como ejemplo a seguir en la región. La CPC, y sus diferentes ramas sectoriales, ha sido exitosa en la defensa de sus intereses corporativos. Su poder instrumental y estructural le permitió durante dos décadas, por una parte, resistir los tímidos intentos de los gobiernos de la Concertación por avanzar en una agenda progresista en materia laboral o tributaria, y por otra, mantener su presencia frente a las multinacionales, como quedó demostrado en el poco exitoso esfuerzo de los capitales españoles por asimilar el empresariado local.

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CAPITALES ESPAÑOLES EN CHILE. El desarrollo de las represas de Ralco llevado a cabo por Endesa durante los años 2000 implicó un alto costo económico, social y de reputación para el gigante español de la electricidad. Negociaciones desgastantes con comunidades indígenas cuyas tierras fueron adquiridas para ser inundadas y conflictos con las autoridades locales y ONGs ambientalistas trabaron la ejecución del proyecto. Endesa se dio cuenta de que su capital político para megaproyectos de tal impacto social era limitado, en parte debido a que no podían reclamar para sí la posición de poder de los grupos empresariales locales. Los dirigentes españoles en Chile se quejaban de que los gremios empresariales eran impenetrables, y que los empresarios locales tenían alto nivel de influencia sobre el gobierno y las reguladoras, ventajas que ellos no tendrían. Por ejemplo, el gerente de Endesa, Héctor López, criticaba al gobierno, en mayo de 2004, de “argentinizar” la regulación eléctrica, y amenazaba con suspender las inversiones en las centrales eléctricas de San Isidro y Neltume. La respuesta del ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre fue taxativa: “Si a los señores españoles no les gusta cómo se hacen las cosas aquí, la puerta es bien ancha”. Los capitalistas españoles se dieron cuenta que los negocios en Chile están conectados por redes informales que combinan cadenas familiares, amistades de colegio o universidad o grupos religiosos difíciles de penetrar. Aprendida esta lección, el siguiente megaproyecto liderado por Endesa desde 2006, Hidroaysén, implicó una sociedad con el Grupo Matte, uno de los grupos locales más respetados, como una forma de mejorar sus contactos privados y cercanía al gobierno.

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Tabla 3. Gremios empresariales según año de fundación Argentina

Chile

Agro

Sociedad Rural Argentina (SRA) 1866 Federación Agraria Argentina (FAA) 1912 Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) 1942 Confederación Inter-cooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO) 1956

Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) 1837

Industria

Unión Industrial Argentina (CGI) 1887 Confederación General de la Industria (CAI) 1982

Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) 1883

Bancos

Asociación de Bancos de la República Argentina (ABRA) 1919 Asociación de Bancos del Interior (ABIRA) 1956 Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) 1972 Federación de Bancos Cooperativos (FEDEBACOOP) 1973

Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) 1945

Comercio

Asociación de Empresarios Argentinos (AEA) Cámara Argentina de Comercio

Cámara Nacional de Comercio (CNC) 1858

Construcción

Cámara Argentina de Construcción. 1936 Unión Argentina de la Construcción. 1985

Cámara Chilena de la Construcción (CCHC) 1951 Sociedad Nacional de minería (SONAMI) 1883 Consejo Minero 1988

Minería

Multisectorial Confederación General Económica (CGE)

(Peronista ) 1952 Confederación Argentina del Comercio, Industria y Producción (CACIP) 1916-48 Acción coordinadora de las Instituciones Empresariales Libres (ACIEL) 1958-1973 Consejo Empresario Argentino (CEA) 1967

Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) 1933

Fuentes: Beltrán (2007), Schneider (2004). EMPRESAS, EMPRESARIOS Y RELACIONES LABORALES

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LA POLÍTICA DE LOS NEGOCIOS Y EL NEGOCIO DE LA POLÍTICA Otro contraste entre los sectores corporativos de Argentina y Chile son sus relaciones con la política. Los empresarios en estos países tienen diferentes grados de acceso al gobierno, y, por lo tanto, distintas capacidades para defender sus intereses en la política. Mientras los coordinados gremios empresariales chilenos han sido una fuente permanente de consulta en la creación de políticas desde mediados los años 80, sus contrapartes argentinas han sido generalmente marginadas de la discusión pública. La fuerza organizacional y la capacidad institucional de la CPC empoderó al sector empresarial chileno, favoreciendo efectivamente su agenda. En 2010, el sector llegó a la cúspide del poder político en Chile con la elección de Piñera. Los empresarios chilenos tienen una marcada orientación política de derecha. No obstante los gobiernos de turno, el sector privado se ha mantenido asociado con los partidos conservadores, que respaldan firmemente la agenda empresarial. Durante los primeros años de dictadura, los Chicago Boys desplazaron al sector empresarial de la consulta para la formulación de políticas. La quiebra de empresas y el colapso de la banca tras la crisis de 1982-83, no obstante, llevó a los líderes empresariales a reactivar las asociaciones gremiales y agruparse tras la Confederación de la Producción y el Comercio, con el fin de ejercer presión sobre el régimen de Pinochet y forjar consensos sobre la política económica (E. Silva 1998: 218). Como muestra Montero (1993: 37), “la experiencia acumulada durante la crisis de 1982-83 y una mayor participación en la formulación de políticas en los últimos años de la dictadura militar explican por qué los empresarios chilenos llegan a la fase de democratización del régimen político en posición de fuerza”. La dictadura, en este sentido, regularizó el comportamiento de los empleadores, generando una disciplina que antes no existía (Montero 1997). Además de designar a Hernán Büchi como ministro de Hacienda, en 1985 Pinochet nombró algunos representantes de las empresas en otros ministerios, como Modesto Collados de la CCHC. La inclusión de empresarios en el gobierno de Pino190 DIVERGENCIAS

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chet no sólo le entregó un rumbo pragmático al neoliberalismo chileno, sino que también aseguró el apoyo del sector privado. Desde entonces, los canales de colaboración y consulta entre el gobierno y las asociaciones empresariales se han mantenido fluidos (Schneider 2004). De paso, el hecho de tener influencia en la formulación de políticas públicas estimuló al sector privado a invertir en sus asociaciones gremiales, profesionalizando su personal y departamentos técnicos (E. Silva 1998). Desde fines del régimen cívico-militar, las asociaciones empresariales se transformaron en puntal de referencia de la defensa del modelo económico. En democracia, los vínculos con los partidos de derecha, Renovación Nacional (RN) y la Unión Demócrata Independiente (UDI), han facilitado la tutela de los intereses empresariales en el Parlamento, obstruyendo los intentos de reforma tributaria o de regular el ya flexible mercado laboral. Las patronales han operado en bloque para conservar la “soberanía empresarial” y mantener cerrados “los pilares conceptuales del sistema” (Campero 2003). La defensa del modelo contó con el apoyo irrestricto de la alianza entre militares y elite empresarial, quienes evitaron cualquier disenso o crítica pública en cuanto a la participación de sus respectivos estamentos durante el régimen anterior (Gárate 2012). Durante la década de 1990, en particular, el vínculo entre militares, partidos de derecha y grandes gremios empresariales fue muy fuerte. Cortes Terzi (1997) se refería a este vínculo como el “circuito extra-institucional del poder”, una red informal de influencia del sector económico sobre los actores políticos, reforzada por la propiedad de los medios de comunicación. Debido a la posición de fuerza de las patronales, los gobiernos de la Concertación (1990-2010) sintieron la necesidad de consultar con las asociaciones empresariales acerca de cualquier reforma económica. Fairfield (2010) narra, por ejemplo, como en 2005 el ministro de Transportes y Telecomunicaciones Javier Etcheberry negociaba con senadores de derecha y el presidente de la CPC sentados en la misma mesa. Evitar conflictos con el empresariado fue percibida en la Concertación como una estrategia crucial para asegurar la inversión y el crecimiento, y para mantener el poder político.

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Haciendo hincapié en las relaciones formales y fluidas entre el empresariado y el gobierno en Chile a partir de los años 90, Schneider (2004: 152; 2010: 309) sugiere que estas relaciones tienen rasgos de un “capitalismo coordinado” al estilo europeo. La permanente consulta entre las partes ayudaría a aumentar los consensos acerca de reformas y a disminuir la corrupción. Sin negar estos méritos, es importante mencionar que las reglas del juego para este “capitalismo coordinado” favorecen tremendamente los intereses del empresariado por sobre otros actores, tales como trabajadores, comunidades indígenas o ambientalistas. Además, a diferencia del capitalismo coordinado de Alemania, por ejemplo, los sindicatos en Chile suelen estar marginados de esos acuerdos entre gobierno y empresarios. Durante los gobiernos de la Concertación (1990-2010), los empresarios presentaron una desconfianza general hacia el Estado y la política, que se resume en el discurso “que nos dejen trabajar tranquilos”. Sus representantes solían declarar que la principal política social es el crecimiento económico, y que la gran transformación pendiente es la modernización del aparato estatal. Los temas que van contra la agenda empresarial –reforma tributaria, sindicalización, protección ambiental, defensa de los consumidores o negociación colectiva– se señalaban como contrarios a los intereses del país, pues pondrían en riesgo el crecimiento, el orden y la estabilidad social. Su visión del mundo del trabajo, en particular, mantiene retazos de las trincheras opuestas que empresarios y trabajadores ocuparon durante la dictadura (Ljubetic 2008). Por ejemplo, Alfredo Ovalle, presidente de la CPC, declaraba en ENADE 2007: ¿Qué nos inquieta específicamente? Primero: la incertidumbre frente a las iniciativas en materia de legislación laboral, que menoscaban la confianza. También nos preocupa la violencia y la ideologización en algunos sectores del movimiento sindical, junto con la poca firmeza y a veces tardía respuesta del gobierno. Nos inquietan las actuaciones antiempresa por parte de la Dirección del Trabajo, que evidencian una actitud sesgada.

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LAS RAÍCES PINOCHETISTAS DEL EMPRESARIADO Y SU RENOVACIÓN. Muchos representantes empresariales tuvieron responsabilidades en el régimen cívico-militar, lo que para Arriagada (2004) los convierte en la elite económica más ideológica del continente. La reacción de apoyo de los empresarios a Pinochet frente a su detención en Londres en 1998, por ejemplo, fue expresión de su profunda gratitud. Varios empresarios llamaron incluso a boicotear los productos españoles e ingleses. Con los años, sin embargo, la reputación de Pinochet pasó a ser cada vez más indefendible. La conciencia pública sobre las violaciones a los derechos humanos se amplió tras su detención en Londres, y el descubrimiento de millonarias cuentas bancarias con nombres falsos en Estados Unidos en 2002 sepultó el mito del dictador duro pero honesto. Su muerte en 2006 facilitó que el empresariado chileno se desmarcara del general y su fraudulento pasado. Este empresariado de origen pinochetista se ha modernizado en años recientes. Al menos tres cambios son evidentes. El cambio generacional sumó nuevos ejecutivos cuya trayectoria está menos marcada por las divisiones políticas de la dictadura, y más por carreras técnicas como gerentes de empresas. Además, los gremios empresariales se dieron cuenta de que la afiliación política de derecha no facilitaba sus relaciones con los gobiernos de centroizquierda. Desde los 2000, una nueva generación de dirigentes gremiales pluralistas, como Felipe Lamarca y Juan Claro, renovaron el tono de las patronales, y la colaboración entre el gobierno y los gremios empresariales (Campero 2003). Las leyes de mercado de capitales I y II, durante los gobiernos de Lagos y Bachelet, o la Agenda Pro Crecimiento, por ejemplo, se gestaron sobre la base de propuestas presentadas por la asociación de industriales (SOFOFA). Exministros de la Concertación pasaron a formar parte de los directorios de empresas privadas y durante el período 2008-2010, Rafael Guilisasti, un exlíder del MAPU, fue elegido presidente de la CPC. Finalmente, la elección del presidente Piñera (2010-2014) significó el involucramiento en el gobierno de muchos ejecutivos privados, lo que ayudó a derribar los prejuicios empresariales hacia el Estado y las instituciones públicas. Un rostro de la nueva generación es, por ejemplo, Bernardo Larraín Matte, presidente de Colbún y vicepresidente de ICARE. Comentaba Larraín sobre las reformas propuesta por el gobierno de Bachelet: “Es innegable que se requieren cambios. Hay consenso de que se debe profundizar la reforma educacional ya iniciada. Si uno piensa en cómo enfrentar el problema de la desigualdad en el largo plazo, la educación y el capital humano son fundamentales. También creo que algunas reformas al sistema político y la Constitución son necesarias” (Qué Pasa: marzo 21, 2014, p. 28).

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En Argentina, mientras tanto, donde el peronismo cubre todo el espectro político, las grandes empresas no cuentan con aliados partidistas fuertes, como RN o la UDI en Chile, y la ausencia de coordinación al interior del sector deja al mundo privado en una posición política disminuida. La elite económica comparte algunas ideas sobre el modelo económico, pero tiene dificultades a la hora de formar alianzas políticas estratégicas a favor o en contra de determinados planes. De este modo, los diferentes sectores económicos suelen hacer lobby en el Congreso con sus propias agendas. Los vínculos entre los empresarios y el gobierno son con frecuencia individualizados e informales, “mediados por redes personales, lobby legislativo, contribuciones de campaña y corrupción” (Schneider 2010: 309). Dado que el empresariado no opera bajo una asociación común multisectorial, los gobiernos tienen más oportunidades de imponer sus preferencias, cambiar los marcos regulatorios, investigar los movimientos financieros de las empresas o aprobar leyes para subir los impuestos corporativos cuando la situación política así lo requiere. Al menos durante las últimas tres décadas, las diferentes coaliciones de gobierno han tendido a promover a ciertos empresarios, desplazando a otros, lo que entre los conglomerados genera competencia por obtener ámbitos privilegiados de acumulación con el Estado. En años recientes, los gobiernos de los Kirchner han sido particularmente duros con el sector privado, demostrando una especial hostilidad hacia el capital internacional y los empresarios fortalecidos en los años de Menem. Por ejemplo, Pérez Compac, Bunge y Born, Fortabat, Macri y Loma Negra fueron grupos económicos que florecieron durante los gobiernos de Menem, pero que luego han tenido conflictos con la administración de los Kirchner. Como observamos, los gobiernos Kirchner también se han enfrentado con los agroexportadores, los inversionistas extranjeros y la prensa, entre otros. Las excepciones han sido los empresarios que se han beneficiado por el cierre del mercado interno y las políticas proteccionistas, como Lázaro Báez y Cristóbal López, por dar un ejemplo. Dado que la regulación es volátil en Argentina, el impacto del mundo político sobre el de los negocios es enorme. Los cambios en la regulación

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de los mercados hacen que las relaciones de las empresas con el gobierno sean aún más determinantes. Las compañías que operan en sectores regulados le otorgan una especial atención al lobby gubernamental. Tal como indicaba el gerente de una de esas firmas, estar bien conectado con el gobierno es un capital estratégico para cualquier empresa. “Es una cosa de prevención: el Estado puede destruir tu negocio. Tu relación con los poderes del Estado tiene que estar bien aceitada para no tener problemas. Aquí en Argentina no puedes hacer negocios sin el Estado” (entrevista, abril 2009). Al comparar su situación con el ambiente de negocios en Chile, los ejecutivos argentinos entrevistados alabaron el respeto a las reglas y a la propiedad privada de sus vecinos, así como la relación con la clase política. Ellos suelen culpar a la volatilidad de las condiciones en Argentina por su situación de inseguridad, así como a la actitud rentista de la propia clase empresarial. Las reformas tributarias son una manera concreta de contrastar el poder de los empresarios en Chile y Argentina. Los intentos de subir los impuestos a las utilidades de las empresas en ambos países durante las últimas décadas obtuvieron resultados muy diferentes. A pesar de veinte años de gobiernos de centroizquierda en Chile, los empresarios fueron efectivos en prevenir alzas de impuestos por sobre el 17 por ciento. Los impuestos corporativos fueron sólo incrementados en Chile al 20 por ciento en 2010 con el fin de financiar el plan de reconstrucción tras el terremoto. De acuerdo a Fairfield (2010: 44), la influencia política de las grandes empresas (su poder instrumental) y el agresivo lobby coordinado entre gremios empresariales y partidos de derecha evitó varios intentos de legislar un aumento de impuestos durante el gobierno de Lagos. Justamente, la reforma tributaria y el alza de impuestos corporativos a un 25% alcanzado por el gobierno de Bachelet en 2014 sería una muestra del nuevo ciclo político iniciado en Chile. Del otro lado, una elite económica con menor capacidad de coordinación en Argentina no pudo evitar los aumentos en la tributación corporativa. Fijar nuevos impuestos para las empresas, especialmente las internacionales, se tornó popular en la última década. En mayo de 2013, por ejemplo, la aerolínea chilena LAN

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tuvo que aceptar un nuevo impuesto de operación de Intercargo, la empresa estatal de apoyo terrestre de los aeropuertos de Buenos Aires, por 21 millones de dólares (Cofre, 2013; Lukin, 2013). Dependiendo del sector, a las utilidades de las compañías en Argentina se les puede aplicar un impuesto de 35 por ciento.

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CAPÍTULO 11 / PODER SIMBÓLICO Los empresarios sienten un compromiso de responsabilidad con el país. Ellos tienen empresas afuera, pero están orgullosos de vivir en Chile. Se sienten diferentes de los empresarios peruanos y argentinos, quienes viven en el extranjero y administran sus negocios de manera remota. Aquí tienen opciones políticas claras y juegan un importante rol social. Soledad Vial, periodista económica, El Mercurio (entrevista, octubre 2008)

C

omo vimos en el capítulo 2, Schumpeter no sólo le otorga a la burguesía el rol innovador de reformar la estructura de producción, sino también le atribuye el papel de defender los valores empresariales. La formación de monopolios y la creciente intervención del Estado tras la depresión de 1930 eran para Schumpeter signos que las sociedades capitalistas podían tornarse socialistas. Al igual que Hayek, temía que el emplazamiento persistente de los intelectuales por un cambio en dirección socialista le quitara legitimidad al capitalismo (1976 [1942]: 145). Al contrastar el poder simbólico y la visibilidad de los empresarios argentinos y chilenos, se encuentran diferencias abismales relativas a su reconocimiento público y su capacidad para promover los intereses sectoriales. VISIBILIDAD Y JUSTIFICACIÓN Desde el retorno a la democracia, la elite económica chilena goza de una posición de hegemonía. Sus redes de contactos e influencia en diferentes esferas sociales –política, militar, eclesiástica, prensa y universitaria– (Tironi 1999) refuerzan su posición dominante. Las elites empresariales argentinas, por el contrario, no gozan de buena reputación social, ni tienen una influencia y visibilidad comparables. Corrupción, falta de patriotismo y evasión de impuestos son acusaciones frecuentes EMPRESAS, EMPRESARIOS Y RELACIONES LABORALES

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en contra del empresariado argentino. Cabe mencionar, eso sí, que acusaciones similares también recaen sobre otros sectores, como la clase política o la dirigencia sindical. Una expresión común entre argentinos es que viven en “un país de empresas pobres, pero de empresarios ricos”, lo que evidencia la percepción de que las empresas pueden fácilmente quebrar y fracasar, mientras que sus dueños encontrarían soluciones para mantener su riqueza. Para algunos entrevistados las actitudes “anticapitalistas” de algunos sindicalistas y peronistas son las principales responsables de la baja consideración que se le tiene a la elite empresarial. Para otros, los empresarios están desprestigiados porque muchos se enriquecieron de forma oscura, pagando sobornos y usando medios ilícitos para obtener prebendas del Estado. En palabras del consultor de empresas Ernesto Güller, “hay una moral común en Argentina que trata a los empresarios y a los ladrones sin distinción. Para muchos la idea de un empresario honesto y exitoso es imposible” (entrevista, abril 2009). Esta dura crítica cobró especial fuerza hacia finales de los años 90, tal como ya se ha mencionado, luego de que varios propietarios destacados vendieron empresas recientemente privatizadas y después transfirieron las ganancias a cuentas bancarias en el extranjero, en vez de reinvertirlas en el país. Además, el costo social de la crisis de 2001 reforzó la percepción negativa de los inversionistas. Según sostiene un empresario del sector de servicios: Yo no digo que soy empresario. En Argentina es mal visto. Yo prefiero presentarme como emprendedor. A los empresarios se les mira mal. Implica que tú evades impuestos, tienes empleados en negro, pagas sobornos y tienes tratos especiales con agentes del gobierno que te hacen favores (entrevista, mayo 2009).

Como reacción a este ambiente hostil, los empresarios argentinos han tendido a mantener un bajo perfil. Con excepción de la prensa de negocios, no aparecen frecuentemente en los medios de comunicación comentando asuntos de actualidad. Muchos se han ido a vivir en comunidades cercadas en las periferias de las ciudades (Svampa 2001). Varios 198

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entrevistados comentaron que no es conveniente que los empresarios demuestren su éxito o sean demasiado estridentes a la hora de defender sus intereses en público. El gobierno podría subirles los impuestos o un departamento de Estado podría auditar sus empresas con mayor ímpetu. Alfredo Coto, por ejemplo, propietario de una cadena de supermercados y presidente de la reunión de empresarios IDEA, concedió una entrevista el 18 de noviembre de 2005, antes de la junta anual, en la cual criticó las políticas comerciales del gobierno y proyectó un 13 por ciento de inflación para el 2006. Los Kirchner reaccionaron ferozmente. Ningún funcionario del gobierno asistió a la conferencia. “El señor Coto fue seriamente atacado, y ningún empresario salió en su defensa. Después de la conferencia, renunció a la presidencia de IDEA, y Supermercados Coto fue la primera empresa en firmar un acuerdo de límites de precios con el gobierno. Lo hicieron arar el suelo”, cuenta el periodista Tristán Rodríguez-Loredo (entrevista, mayo 2009). José Miguel Aranguren, presidente de Shell, sufrió una experiencia similar después de desafiar el llamado de Néstor Kirchner a boicotear las estaciones Shell por no aceptar la imposición de límites de precios del gobierno en 2005. Varios gerentes entrevistados expresaron su desazón con las prácticas de extorsión de algunos funcionarios de gobierno, y por el estilo autoritario de los Kirchner, que en función de razones aparentemente superiores, como el “bien del pueblo”, intervendrían en la gestión de las empresas. Pareciera que los empresarios argentinos como segmento carecen del capital simbólico, reputación pública y coordinación interna para contrarrestar el trato hostil del gobierno. Algunos ejecutivos señalaron las propias responsabilidades del sector privado en la baja visibilidad de los empresarios, y el escaso éxito para resaltar sus contribuciones y promover sus ideas. Otros incluso se atribuyen a sí mismos no haber defendido las reformas de mercado de manera más convincente. Comenta un alto director empresarial: “La clase dirigente no se ocupó durante todos los 90 de darle legitimidad a los cambios que se estaban introduciendo. Más de uno (empresario) lo único que dijo fue que Menem es un corrupto. Estoy de acuerdo: ¡fue EMPRESAS, EMPRESARIOS Y RELACIONES LABORALES

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corrupto! Pero había equilibrio fiscal y estabilidad económica. Aun así no fuimos capaces de defender un ambiente de negocios constructivo” (entrevista, mayo 2009). Otros empresarios justificaron la estrategia de defenderse a sí mismos apuntando a que la volatilidad del ambiente económico, la inestabilidad institucional, así como las condiciones adversas para los negocios, los forzarían a realizar inversiones centradas principalmente en su interés propio. Si a los empresarios argentinos se les acusa por abusar de prebendas del Estado y por tener un horizonte de corto plazo, el contraste con Chile no puede ser más notorio. Una cierta idea de heroísmo de los empresarios fue promovida desde los circuitos económicos (Subercaseaux 1999). Eran retratados como agentes modernizadores, líderes “de la triunfante economía de mercado de los años 80” (Montero 1993: 38). A partir de los 90, las firmas privadas consolidaron un rol central en un país predominantemente privatizado y obseso con el crecimiento económico (Tironi 1999). Una particular cultura de celebrities se extendió entre los ejecutivos de las empresas. Además, la prensa pronegocios, con su extensa cobertura de temas económicos, amplificaba sus voces, magnificando su influencia en la discusión pública (ver capítulo 14). En palabras del rector universitario Andrés Benítez, “ser presentado como un hombre de negocios en Chile te abre las puertas en cualquier lado. Es más prestigioso que ser un artista o un escritor. Los empresarios y los gerentes son figuras muy respetadas” (entrevista, septiembre 2008). El sector empresarial chileno declara estar orgulloso de su inversión a largo plazo en el país, retratándose a sí mismo como generador de empleo y progreso. En los “repertorios de evaluación” que Thumala (2007) recogió de los empresarios, destaca la alta opinión que los ejecutivos tienen acerca de sus niveles de conocimiento y competencia, así como también declaran tener un comportamiento ético intachable. “Estos hombres quieren ser identificados con los ideales de la superioridad profesional y ética y la justificación de un gobierno de los mejores” (2007: 97). El “gobierno de los mejores”, como proclamó Piñera, es la expresión manifiesta de un sentir de elite, ya no fundada en la noción de aristocracia, sino en el éxito empresarial.

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Es interesante notar, sin embargo, que la creciente conciencia de los ciudadanos chilenos acerca de las inequidades estructurales del modelo ha comenzado a erosionar la posición de hegemonía de las elites económicas. Las condiciones de privilegio de las empresas privadas, y los abusos de la “letra chica” con que se le asocia han producido irritación en los ciudadanos.40 Desde fines del gobierno de Lagos y comienzos del de Bachelet, crecieron las expresiones de malestar contra algunas prácticas abusivas de grandes empresas, y la complicidad de la elite tecnocrática de la Concertación. Las huelgas de los subcontratistas de la minería y las movilizaciones de los estudiantes de educación media, los pingüinos, en 2006 eran señales de ese malestar. Cabe remarcar, sin embargo, que ese malestar creció desde que Sebastián Piñera asumió la presidencia en 2010. Los vínculos de su gobierno con las elites económicas levantaron sospechas de que las decisiones gubernamentales estaban subordinadas a los intereses de las empresas. Como revisamos en el capítulo 8, diferentes grupos de “perdedores” se han vuelto más propensos a manifestarse a favor de la mejora de sus condiciones sociales. El movimiento estudiantil de 2011 consagró el auge de las movilizaciones. Las protestas en contra de un sistema universitario que ampara el lucro, los abusos de las grandes tiendas (como La Polar, Cencosud), las huelgas de empleados subcontratistas y los estallidos sociales de regiones que se sienten marginadas, como Aysén en 2011, crecieron en frecuencia y virulencia. El descontento no sólo campea alrededor de temas educacionales o políticos, sino que parece estar relacionado con el poder de las grandes empresas. En las últimas tres décadas las políticas han beneficiado a las corporaciones por sobre el medioambiente y los derechos de los trabajadores. Según el exalcalde Claudio Orrego, las protestas son un grito de 40 Una sensación de injusticia en relación al alza de costos de administración en las Isapres y AFPs, así como en los servicios gas, electricidad, y telefonía, ha desplomado la credibilidad de las empresas de servicios. Esta crítica, sin embargo, no es nueva. La encuesta CERC refleja consistentemente un descontento latente desde mediados de los años 90 en adelante, presentando una percepción relativamente negativa de las compañías de servicios (Huneeus 2003).

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indignación “en contra de una sociedad en donde el lucro y las ganancias han sido endiosadas, donde el más fuerte siempre derrota al débil, y donde aquellos dejados fuera de este proceso de ‘selección natural’ son considerados como un mero daño colateral del modelo” (La Segunda, 6 de julio, 2011). En esta línea, la encuesta nacional CERC (mayo 2011) mostró que las inequidades económicas son ampliamente reconocidas: 83 por ciento piensa que los ricos se están haciendo más ricos; sólo el 12 por ciento cree que la distancia entre ricos y pobres está disminuyendo, y sólo un 14 por ciento estima que Chile le está ganando la guerra a la desigualdad. En suma, aunque el empresariado sigue siendo un sector influyente, su reputación pública se ha cuestionado, y hoy se les mira con mayor sospecha. La reacción del sector privado frente a la pérdida de credibilidad de los empresarios y frente a las críticas al modelo ha sido enfática. Representantes gremiales, ministros de gobierno y economistas neoliberales volvieron a la carga con un discurso del terror recargado. El ministro de Hacienda del gobierno de Piñera, Felipe Larraín, argumentó que las discusiones sobre reforma tributaria, AFP estatal y una nueva Constitución propuesta por la entonces candidata Bachelet estancarían el crecimiento, generando temor en los inversionistas (El Mercurio, 6 de junio, 2013). El presidente de la Asociación de Bancos, Jorge Awad, amenazó que nuevas regulaciones a la banca podían destruir los cimientos del ahorro (La Tercera, 30 de mayo, 2013). El economista y consultor José Ramón Valente planteó incluso que una eventual nueva regulación podría acabar con la competencia y volver a la escasez de la Unidad Popular (La Tercera, 26 de mayo, 2013). La disonancia entre ese discurso de los paladines del mercado y el consenso emergente sobre las injusticias del modelo chileno es abismal, dejando en evidencia la distancia entre las elites económicas y los ciudadanos de la calle. Cuatro décadas después del golpe, el Ladrillo parece seguir siendo el dispositivo de justificación más influyente del capitalismo chileno. Como indica Tironi (2013: 379), los empresarios han sido capaces de adaptar sus prácticas a las nuevas demandas de un entorno democrático, pero no así su relato, que en algunos sectores sigue anclado a la lógica de la guerra fría.

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Tabla 4. Características de las clases empresariales (2000-2010) Argentina

Chile

Cohesión

Rivalidad y fragmentación Defensa sectorial de intereses

Afinidad política e ideológica Sentido de cuerpo y clase

Política y negocios

Conexiones partidarias contingentes Baja coordinación entre gremios Influencia parcial en política

Fuerte conexión con UDI y RN Poderoso gremio multisectorial Influencia constante en política

Visibilidad y Reputación

Baja visibilidad pública Débil justificación del accionar empresarial Reputación desacreditada

Actor central en la esfera pública Justificación: nuevo espíritu del capitalismo ( RSE, management) Reputación recientemente cuestionada

Fuente: Elaboración propia en base a material recolectado.

ESTILOS DE GESTIÓN Y PRÁCTICAS DE NEGOCIOS En la mayoría de las economías latinoamericanas las firmas familiares son la forma predominante de propiedad de las empresas, en las cuales la norma es la falta de separación entre la propiedad y la administración (Lefort 2005). Argentina y Chile no son la excepción. En Chile, la mayoría de los grupos empresariales son relativamente jóvenes y están liderados por la segunda o tercera generación de las familias fundadoras, aunque en algunos casos el control ha pasado a equipos de ejecutivos e inversionistas extranjeros. En muchos casos, las empresas afiliadas no sólo son controladas sino que también administradas eficientemente por los dueños de los grupos. “Aunque la gestión se ha hecho más profesional, las decisiones estratégicas todavía las toman los líderes de las familias controladoras” (Lefort 2010: 401). Los principales grupos empresariales argentinos también siguen este patrón tradicional del control privado y la propiedad familiar. Las generaciones herederas de las familias fundaEMPRESAS, EMPRESARIOS Y RELACIONES LABORALES 203

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doras generalmente poseen el conglomerado a través de acciones en una jerarquía de holdings y subsidiarias (Fracchia et al 2010). Pese a este rasgo común, los ejecutivos argentinos y chilenos parecen tener formas diferentes de hacer negocios y utilizan herramientas variadas para la administración. Mientras que los managers argentinos destacan por una alta capacidad de adaptación y negociación para enfrentar ambientes conflictivos, sus colegas chilenos son reconocidos por ser propensos a la planificación, por su estilo vertical y por su fascinación con las herramientas cuantitativas. La modernización de la administración de empresas en ambos países fue estimulada por la entrada de inversión extranjera directa desde los años 80 y 90, lo que trajo como resultado la estandarización de procesos de producción, así como de sistemas de información y desarrollo profesional. A pesar que la entrada de las multinacionales homogeneizó algunas prácticas, los estilos de gestión propios y peculiaridades de las culturas nacionales siguen visibles en las empresas, así como en su relación con trabajadores y el gobierno. La opinión generalizada entre académicos y consultores de negocios es que los ejecutivos chilenos son muy orientados al control y a los resultados económicos. Andrés Benítez (1991: 16), por ejemplo, ensalza el management de los “nuevos líderes” chilenos como la variable distintiva que explica la expansión internacional de las firmas locales: “Son estos empresarios los que están empujando el carro de Chile por toda la región. Detrás de este movimiento al exterior, hay una nueva y revolucionaria manera de enfocar el desarrollo de nuestro país, cual es la de que no sólo podemos exportar cobre, fruta o madera, sino también capacidad de gestión”. No obstante estas loas, los managers chilenos destacan por su rigurosidad en la planificación antes que por tomar riesgos. Su máxima prioridad, por lejos, es la eficiencia, es decir, cómo maximizar la producción de bienes y servicios manteniendo bajos costos. Un sentido de prudencia y de austeridad económica también son reportados como rasgos centrales de los ejecutivos chilenos. Según el director de empresas y profesor de MBA Gabriel Berczely, “si tú llegas a una reunión de directorio con una propuesta para reducir costos, sin importar cuál sea

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ésta, recibes aplausos; pero si propones expandir el mercado y tomar riesgos, tienes que entrar a dar explicaciones inmediatamente, porque todos se ponen nerviosos” (entrevista, octubre 2008). La preocupación de los ejecutivos por los resultados económicos parece estar relacionada a la prioridad que le dan al control. Los empresarios valoran tener relaciones estrechas con los proveedores y los empleados. En particular, se observa que un estilo de liderazgo persuasivo unido a nociones de autoridad y jerarquía está profundamente arraigado en las empresas chilenas (Ramos 2009). Varios entrevistados comentan que esta orientación hacia el control de costos hace que los gerentes estén menos atentos a los procesos, por un lado, y al entorno, por el otro. Ambas caras de esta crítica se vinculan a la percepción de que los ejecutivos chilenos tienen habilidades políticas limitadas. El apetito por el control tiene aspectos positivos y negativos. Por una parte, los gerentes administrarían las empresas de una forma estructurada y planeada, lo cual sugiere que son hábiles en las finanzas, la contabilidad y la métrica. Por otra parte, la disposición de los gerentes para controlar no albergaría un ambiente favorable para explorar nuevas ideas, acoger diferentes puntos de vista o fomentar la creatividad. En palabras del consultor de empresas Guillermo Bilancio, “los gerentes chilenos hacen las cosas bien, pero no se distinguen por ser creativos. Su éxito se basa en su apego al orden y a su perseverancia, pero no son grandes constructores de valor” (entrevista, septiembre 2008). Los ejecutivos con credenciales académicas se instalaron en las grandes empresas chilenas desde los años 90. Los gerentes de grandes compañías suelen provenir de ambientes académicos similares. La mayoría estudió ingeniería comercial o civil, y tiene un MBA en negocios, lo que refleja el alto valor que se le atribuye al conocimiento económico (Montecinos y Markoff 2009). Los head hunters y los gerentes de recursos humanos entrevistados comentaron que las empresas están especialmente interesadas en contratar profesionales con títulos orientados a los negocios para puestos de ejecutivos, lo que sugiere que hay poco espacio para otra clase de profesionales a nivel gerencial. Es difícil encon-

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trar a un historiador, un filósofo o un psicólogo al mando de empresas. Además, la estandarización de las herramientas de administración reforzaría una visión homogénea en este grupo. En palabras del profesor de liderazgo Juan Carlos Eichholz: “La capacidad de improvisar, discutir y debatir es mucho más profunda entre los gerentes argentinos. Ellos tienen una relación más fluida con la autoridad, y son más abiertos a las preguntas y a la discusión” (entrevista, octubre 2008).

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CASO DE ESTUDIO: GERENTES CHILENOS EN EMPRESAS ARGENTINAS. A principios de los 90, un hecho sin precedentes destacó en las relaciones de negocios entre Argentina y Chile. Inversionistas chilenos comenzaron a penetrar en el mercado argentino. Empresarios que habían participado en las privatizaciones en Chile tomaron posesión de compañías de servicios que anteriormente eran propiedad del Estado argentino. Pronto les siguieron los empresarios del retail, los forestales e inmobiliarios, buscando inversiones en la recientemente abierta economía argentina. Esta oleada de inversión empresarial tuvo un impacto económico y simbólico. Los “provincianos” empresarios chilenos estaban, en cierto sentido, revirtiendo la relación tradicional que habían tenido con sus colegas argentinos, históricamente más poderosos y sofisticados. La prensa económica chilena celebró la expansión como un triunfo nacional y los empresarios fueron enaltecidos como “los nuevos líderes” (Benítez 1991). Cuando los gerentes chilenos tomaron posesión, pretendieron aplicar las mismas estrategias que exitosamente les habían permitido reestructurar compañías que pertenecieron al Estado en Chile: quisieron bajar los costos de producción, externalizar servicios donde fuese posible y disminuir el número de fábricas y de empleados. Sin embargo, las condiciones políticas de dictadura bajo las que estos cambios habían sido impuestos en Chile, no existían en Argentina. Como resultado, tuvieron serias dificultades para implementar los ajustes previstos, encontrando resistencia de parte de sindicatos fuertes y de una prensa crítica. Esperaban una cobertura amistosa de parte de la prensa, tal como la que gozaban en Chile. Su estilo de relaciones jerárquico, las prácticas de administración austeras y la férrea orientación hacia los resultados económicos chocaron con el ambiente más horizontal, colectivamente organizado y conflictivo de las empresas argentinas. Quince años después todavía se oyen historias acerca de esos gerentes chilenos. Algunos ejecutivos de una de las empresas argentinas en cuestión no podían entender el estilo vertical y la falta de glamour evidenciada por sus “nuevos líderes”. Uno de los involucrados comentó: “Ellos sólo querían trabajar y ahorrar. Llegaban muy temprano, no se permitían lujos –como choferes o almuerzos de primera–, y tomaban pocas vacaciones. Desde la perspectiva argentina, eran bastante severos y autoritarios” (entrevista, marzo 2008). Un encuentro elocuente sucedió cuando los gerentes chilenos convocaron a los trabajadores para explicar su nuevo “plan estratégico”. A los cinco minutos de la presentación del gerente general, los representantes de los trabajadores interrumpieron al orador. Los líderes sindicales querían “discutir el diagnóstico” y negociar los siguientes pasos. Un gerente argentino comentó que “los trabajadores no querían oír y obedecer instrucciones, ellos querían dialogar y proponer sus propios puntos de vista”. Los gerentes chilenos estaban atónitos y molestos ante lo que consideraron una falta de respeto ante la autoridad; no estaban acostumbrados a ser interrumpidos de esa forma. La colisión de “repertorios de evaluación” ejemplificados en estos hechos no sólo refleja los distintos niveles de deferencia entre trabajadores y ejecutivos en ambos países, sino también las diferentes economías políticas en que las respectivas relaciones entre el capital y el trabajo se articulan. EMPRESAS, EMPRESARIOS Y RELACIONES LABORALES 207

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Por el contrario, los gerentes argentinos son retratados como flexibles, adaptables a ambientes cambiantes y con un grado menor de aversión al riesgo. La visión integral del negocio y su estilo participativo son rasgos destacados entre académicos de negocios de la gestión. Según Gustavo Genoni, “los gerentes chilenos son administradores que siguen los pasos establecidos en su programa; los ejecutivos argentinos tienen menos modelos, son menos metódicos pero más intuitivos. Hay un lenguaje propio de la cultura empresarial chilena que no es compartido en Argentina. Rayar la cancha en Argentina no existe. Aperrar tiene su semántica propia. Acá lo único que podría parecérsele es ‘podérselas’, pero es como una resignación” (entrevista, abril 2009). Los gerentes argentinos además son reconocidos por su capacidad política para negociar con diferentes actores y enfrentar ambientes conflictivos. Saber cómo lidiar con el gobierno y negociar con los sindicatos son elementos primordiales en la administración de cualquier firma argentina. Los ejecutivos argentinos también destacan por ser exitosos en empresas internacionales a lo largo de la región. Su aparente habilidad política para comprender las diferentes dinámicas organizacionales, así como para adaptarse a colegas y mercados en diversos países, son sus fortalezas. Varios entrevistados argumentan que la volatilidad del ambiente argentino ha condicionado al ejecutivo criollo a ser creativo en encontrar soluciones a problemas inesperados. En palabras del emprendedor Alejandro Mashad, de Endeavor, “los ejecutivos argentinos saben como sacar agua de las piedras (…) El lado positivo [de esta forma de administrar] es que las cosas, de alguna forma, siempre se hacen. El lado negativo es la falta de pulcritud” (entrevista, mayo 2009). De acuerdo a Friedrich et al (2006), la flexibilidad que caracteriza al ambiente argentino hace que los gerentes sean altamente adaptables ante escenarios imprevistos. Las condiciones cambiantes que han debido enfrentar también podría explicar las actitudes de alto riesgo que les atribuyen. Los seguros de riesgo, por ejemplo, tendrían poco valor para los inversionistas financieros argentinos, dado que los retornos serían demasiado lentos para la incertidumbre en la que operan. En este mis-

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mo espíritu, la oportunidad de obtener ventajas de capitalización rápida por retornos de corto plazo es descrita como un predictor del éxito de una empresa. Esa “habilidad para adaptarse” que algunos destacan implicaría que con el objetivo de triunfar a veces es necesario encontrar “atajos” alrededor de la ley. Los profesores de MBA también se refirieron a un avance en las técnicas de gestión desde los años 90. Con la apertura económica, el control de la inflación y la internacionalización de algunas industrias –como la soja, el vino y otros agroexportadores–, las empresas se habrían enfocado hacia los procesos de optimización y a obtener ventajas a escala microeconómica. La entrada de compañías internacionales también habría mejorado los estándares empresariales. Las prácticas de gestión de las firmas, no obstante, habrían perdido relevancia cuando la macroeconomía se tornó inestable, es decir, desde la recesión de 1999 en adelante. Varios ejecutivos señalan que el cambio político tras la crisis de 2001 afectó seriamente los estilos de gestión, desincentivando la inversión y la expansión empresarial. La repolitización dirigida por los Kirchner implicó que las relaciones con los gobiernos y los sindicatos retomaran su centralidad, limitando la relevancia del management. Como expresa el emprendedor Santiago Bilinkis, en Argentina parecen coexistir dos culturas corporativas: “Una que todavía piensa nacionalmente (los industriales), y otra generación que piensa que el mundo es abierto y globalizado (agroexportadores)” (entrevista, mayo 2009). Una diferencia significativa entre los ejecutivos de Chile y Argentina es la manera en que ambos entienden la gestión de las empresas. Si bien los gerentes argentinos le dan crédito al management como herramienta de administración, su aproximación suele estar conectada con el escenario político contingente. El juego político y la negociación tienen un rol central en las relaciones laborales, menoscabando, en consecuencia, la aplicación estandarizada de recetas de gestión que no toman en cuenta el contexto político. Así, mientras los gerentes argentinos tendrían un enfoque “políticamente realista” sobre las ideas del management, los ejecutivos chilenos, por el contrario, tendrían un enfoque “idealizado”.

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Comenta el consultor de empresas Claudio Rutland que “entre los gerentes chilenos existe una confianza ciega en las herramientas de gestión y en los modelos para reducir escenarios complejos a variables cuantificables” (entrevista, octubre 2008). No obstante esta fascinación, los ejecutivos chilenos suelen referirse al management y la gestión como técnicas neutrales que operan dentro de las reglas del mercado. Las relaciones políticas y de poder, por otra parte, son percibidas como si existieran en dominios separados, y fueran menos relevantes en las prácticas de trabajo. El entusiasmo de los empresarios chilenos por los modelos de gestión son el reflejo de sus actitudes despolitizadas hacia las relaciones laborales. De acuerdo a Tironi (2013), a pesar de la fuerte ideología neoliberal del empresariado, en momentos de conflicto los ejecutivos chilenos dejan ver un lado pragmático y se alejan de la teoría. Bajo esta perspectiva, las firmas serían más flexibles de lo que su discurso de libre mercado parece sugerir, adaptando sus prácticas a las nuevas demandas del entorno. En suma, mientras los capitalistas chilenos emergieron empoderados tras las reformas, sus colegas argentinos fueron remecidos por la reacción contra las reglas del mercado. Harvey (2005: 15) sostiene que el neoliberalismo desde el principio fue un proyecto que buscaba restaurar el poder de la clase capitalista. Es interesante notar que si bien fue la estabilidad económica, antes que el poder empresarial, la principal justificación de las intervenciones neoliberales guiadas tanto por Videla como por Menem, el resultado de las reformas no fortaleció a la clase empresarial. Y aunque la fragmentación de los capitalistas en Argentina era anterior a las reformas de mercado, la ofensiva de los Kirchner ha debilitado su posición. El sector empresarial argentino ha sido incapaz de construir una agenda de negocios común y una asociación multisectorial única, debilitando la idea de una “comunidad empresarial” argentina. La influencia del sector en la creación de políticas es baja y tiende a ejercerse a través de canales informales e individualizados. Los empresarios tienen escasa visibilidad, y al igual que algunos políticos y sindicalistas, son acusados de tener una actitud rentista y de corto plazo, de un comportamiento egoísta y de poco compromiso con el país.

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En Chile, por el contrario, los empresarios sufrieron transformaciones importantes durante la dictadura. La novedad de esta transformación, sin embargo, es que en lugar de restaurar el poder de la vieja clase empresarial, una nueva clase de empresarios vinculados con el régimen de Pinochet emergió fortificada (Thumala 2007; Gárate 2012). Esa clase capitalista renovada y políticamente conectada, se convirtió en un activo defensor de las normas y los intereses neoliberales durante los gobiernos de la Concertación, logrando con éxito el papel que Schumpeter le atribuye a la burguesía. La enérgica y bien financiada multisectorial CPC, junto a otras asociaciones gremiales, ha construido canales formales para influir sobre las políticas de gobierno. Así, el empresariado chileno no sólo ha difundido los valores del libre mercado, sino también ha limitado el crecimiento del Estado y sus capacidades de intervención. Boltanski y Chiapello (2005) sostienen que el capitalismo necesita constantemente renovar su espíritu mediante la producción de justificaciones que van más allá de los beneficios materiales para que los ejecutivos adhieran al proceso de acumulación. Al indagar sobre el surgimiento de un “nuevo espíritu del capitalismo” en Argentina y Chile como respuesta a las reformas neoliberales, encontramos que una ideología del éxito del mercado y los nuevos valores capitalistas, como el emprendimiento, la innovación o la responsabilidad social empresarial, abundan en la retórica de las empresas chilenas, del gobierno y de los medios de comunicación. En Argentina ese tipo de discurso sobre los nuevos valores del capitalismo se puede encontrar en los sectores agroexportadores y vitivinícolas (Heredia 2010; Gras y Hernández 2009) o en los dirigentes de grandes empresas (Luci 2010), pero se utiliza con poca frecuencia en la esfera pública. En general, el sector privado argentino no ha sido capaz de construir una justificación moral que renueve la legitimidad de la acumulación privada. Por el contrario, si hay algo parecido a un “nuevo espíritu” del capitalismo en la Argentina posconvertibilidad, es la antigua idea peronista de lo nacional-popular impulsada desde el Estado. La renovación de esa memoria histórica, o la

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recuperación de ese “viejo espíritu” por los Kirchner, sin embargo, aún tiene que probar su capacidad para estimular a ejecutivos y empresarios argentinos a adherir a un capitalismo con intervenciones del Estado. Los repertorios empresariales recogidos en las entrevistas parecen indicar lo opuesto.

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CAPÍTULO 12 / EMPLEO Y RELACIONES LABORALES ¿Significa que es una mala noticia la creación de 990 mil empleos (en los últimos 45 meses)? No lo es, es una señal de ciclo económico positivo que podría aprovecharse en favor de la integración social, pero (…) el actual modo de hacer sociedad oculta un fenómeno de creciente gravedad: explotación silenciosa de una mano de obra subpagada, subempleada, subcontratada y con una subprotección laboral. Un subpaís, que crece debajo de esa fachada de Chile: País Desarrollado”. Gonzalo Durán, Fundación Sol, El Mostrador, 6 de marzo, 2014.

E

l 30 de abril de 2009, en la esquina de Avenida Belgrano y 9 de Julio, Hugo Moyano, el líder de la CGT, la principal confederación de sindicatos argentina, congregó a una movilización masiva para celebrar el Día del Trabajador. Más de 300 mil trabajadores marcharon por el centro de Buenos Aires. Moyano comenzó la marcha declarando que “debemos defender el modelo económico nacional y popular, el mismo que nos ha permitido a los trabajadores salir de la miseria en que nos sumergieron las políticas económicas de los años 90”. Sus palabras evocaron el poder de los sindicatos y recordaron los logros históricos de Juan Domingo Perón. Moyano celebró a los Kirchner por “restaurar los salarios y recobrar la dignidad de los trabajadores”, y subrayó sus logros emblemáticos, como la nacionalización de Correos Argentinos, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas. Moyano es un político astuto. Sus loas tenían un propósito táctico. La manifestación ocurría mientras el partido justicialista de Kirchner negociaba las listas de candidatos para la elección legislativa. El líder de la CGT utilizó el Día del Trabajador para reafirmar el potencial de movilización de los sindicatos y para recordarle al gobierno que requiere de los votos de los trabajadores. Sus palabras fueron explícitas: “Hay demasiados blanquitos en las listas. Quiero ver más morochos”. Tras desplegar la fuerza de los sindicatos, Moyano concluyó su discurso pidiéndoles a EMPRESAS, EMPRESARIOS Y RELACIONES LABORALES

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los trabajadores que apoyasen al gobierno: “Votemos por el proyecto nacional y popular que traerá finalmente la justicia social, el proyecto que encarna la compañera Cristina Kirchner” (La Nación, 2 de mayo, 2009; Pasquini Durán, Página 12, 2009). Acciones colectivas de esta magnitud, lideradas por los sindicatos y con el propósito político de evidenciar su poder de arrastre, son infrecuentes en Chile. Los sindicatos no son una fuerza política significativa. De hecho, si las marchas de la CUT (Central Unitaria de Trabajadores de Chile) convocan una cuarta parte de los participantes de esa marcha argentina son consideradas un éxito. Los sindicatos no tienen representación política en las cámaras del Parlamento. La Constitución de 1980 les prohíbe presentar a sus miembros a elecciones. El movimiento de los trabajadores está debilitado, y no hay una cultura de manifestación adelantada como modo de aplicar presión sobre las negociaciones políticas en curso. Predeciblemente, hay menos huelgas en Chile que en Argentina. El mundo laboral desafía menos el poder de las empresas y las protestas suelen ser reactivas a situaciones de injusticia, tales como los movimientos de los subcontratistas en la minería (2006) y en el sector forestal (2007) (Echeverría 2013). El mundo del trabajo en América Latina se caracteriza por una mano de obra poco calificada y por relaciones laborales atomizadas (Schneider 2009; Schneider y Soskice 2009). La tendencia en la región son sindicatos pequeños con un número decreciente de trabajadores afiliados, crecientes sectores informales desprotegidos y pocos asalariados con contratos de largo plazo. La resistencia de los empresarios a la organización colectiva es todavía una práctica recurrente. Inversión mínima en capacitación (tanto por parte del sector privado como del público) y baja formalización de las relaciones laborales llevan a Schneider (2009) a concluir que la jerarquía es el rasgo predominante del capitalismo en Latinoamérica. Este patrón es prevalente en la regulación del mercado laboral, en la representación sindical y en las relaciones de empleo, las que están dominadas por los intereses de las grandes corporaciones. El reporte de competitividad del BID (2005:

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105), por ejemplo, vincula los bajos niveles de productividad en la región al lento progreso en educación, a la falla de los sistemas de capacitación, a relaciones laborales desiguales y a la ausencia de mecanismos de compensación para trabajadores que pueden perder sus puestos ante las innovaciones. La globalización financiera y la reestructuración neoliberal han incrementado los trabajos vulnerables a lo largo del mundo. La creciente movilidad del capital y del comercio internacional ha debilitado el poder institucional de los movimientos sindicales, ampliando la distancia entre capital y trabajo (OIT 2008). En las últimas tres décadas el modelo productivo cambió profundamente, pasando de la producción estandarizada a la producción flexible, variable y a pedido. Como consecuencia, la naturaleza del trabajo se ha transformado. La cantidad de trabajo en las fábricas ha disminuido, la flexibilidad en las relaciones laborales ha aumentado y la externalización en proyectos de corto plazo ha crecido (Therborn 2011). La especialización y descentralización productiva ha dado paso a una red extendida de unidades semiautónomas con formas elásticas de coordinación (Echeverría 2013: 251). El surgimiento de cadenas de producción global que tienden a asignar trabajos en diferentes regiones ha llevado al crecimiento de pequeñas empresas externas contratistas, que reducen los costos laborales y evitan así los aspectos regulatorios del empleo formal. Estas empresas contratistas suelen ofrecer mano de obra barata, trabajos de baja paga y poca seguridad, alterando la concepción personal del trabajo (Sennett 1998). En Argentina y Chile, las estrategias de desindustrialización, así como la expansión en la producción de commodities de agroexportaciones y del sector de servicios, han transformado los antiguos sistemas productivos que se centraban en industrias (como el manufacturero), deteriorando la seguridad laboral y la representatividad del trabajador en el proceso productivo (Domingues 2008). Los trabajos temporales vinculados al ciclo agrícola y a los servicios son especialmente vulnerables, dado que los trabajadores informales suelen ser excluidos de las protecciones sociales del sector formal (Barrientos 2009).

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No obstante los procesos de reestructuración neoliberal implicaron importantes reveses para el movimiento de los trabajadores en ambos países, la pérdida de centralidad de los sindicatos y de la negociación colectiva ha sido definitivamente más pronunciada en Chile. Y aunque la capacidad de los sindicatos para proteger los derechos laborales en ambos países ha disminuido, las federaciones laborales argentinas mantienen una posición institucional relativamente fuerte. PANORAMA DE LAS RELACIONES LABORALES Las diferentes posturas hacia las relaciones del trabajo en Argentina y Chile están relacionadas tanto con las tradiciones sindicales construidas durante el período de ISI (1930s-1970s) como con las diferentes experiencias del neoliberalismo (1970s-2000s). Mientras que en Chile la consolidación de un capitalismo proempresas aumentó claramente el poder del capital sobre el trabajo, en Argentina un capitalismo neocorporativo u orientado hacia el trabajo (Pryor 2006) ha visto el resurgimiento de la acción colectiva, primero entre los desempleados organizados –piqueteros (1997-2003)– y luego en el creciente poder de los sindicatos del sector formal (Garay 2007; Etchemendy y Collier 2007). De manera elocuente, el ranking de “libertad laboral” de la Heritage Foundation de 2010 ubica a Argentina en el lugar 137 entre 179 países. Chile, por el contrario, está en el lugar 48.41 El trabajo es más flexible y vulnerable en Chile. La intervención estatal en la forma del control salarial, así como en las restricciones para contratar y despedir, es baja comparada con Argentina. Mientras que la naturaleza de las relaciones 41 El indicador de libertad laboral de la Heritage Foundation, que irónicamente parece ser un índice de la libertad de los empleadores sobre el trabajo organizado, es una medida cuantitativa que compara el marco regulatorio de los mercados laborales. Seis factores son igualmente sopesados: proporción del salario mínimo; obstáculos para contratar a nuevos trabajadores; rigidez de horas; dificultad de despedir a trabajadores; plazo de preaviso establecido legalmente y pago de indemnización obligatorio. http:// www.heritage.org/index/labor-freedom [Acceso 1 de abril, 2011].

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laborales en Chile permanece esencialmente flexible, la de Argentina puede ser descrita entre flexible y protegida (Cook 2007). El neoliberalismo tuvo un impacto similar en ambos países, extendiendo formas atípicas de empleo, informalidad, precariedad e inequidad (Sehnbruch 2006; Winn 2004; Atzeni et al 2011). Mientras que los trabajadores no registrados crecieron en Argentina de un 22 por ciento en 1992 a un 36 por ciento en 2010 (TEL 2011), el empleo en el sector informal en Chile permaneció aproximadamente en torno a un 32 por ciento de la población laboral durante el mismo período (Tockman 2007; Loayza et al 2009). La informalidad laboral es menor en Chile que en el resto de Latinoamérica y ha ido cayendo gradualmente desde fines de los años 90 (Contreras et al 2008). Tabla 5. Indicadores laborales en Argentina y Chile Argentina Chile

Desempleo (CEPAL2011)

7.8 %

8.3 %

Servicio, comercio,transporte 74.1 %

66.8 %

Industria

23.4 %

21.4 %

Agricultura y minería

2.5 %

11.8 %

Cobertura urbana

56.0 %

67.0 %

Urbanización

86.6 %

90.5 %

Población asalariada

75.5 %

74.7 %

% Empleados informales (Tockman 2007/ TEL 2011)

36.1 %

32.8 %

% Trabajadores sindicalizados (OIT 2008)

40.0 %

15.8 %

% Negociación colectiva (OIT 2008)**

70.0 %

6.8 %

Estructura de población ocupada por sector * (CEPAL) 2011 Inserción laboral y protección social (Tockman 2007 )

Fuentes: CEPAL 2011; Tockman 2007; TEL 2011; OIT 2008 * Los datos de Argentina consideran sólo 31 de las 39 regiones urbanas. ** Los datos consideran sólo empleados urbanos.

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Aunque el sector informal es un poco más grande en Argentina, los derechos de los asalariados en el sector formal también son más fuertes. La negociación colectiva es sobre un 70 por ciento entre los trabajadores sindicalizados, mientras que en Chile es menor a 15 por ciento (OIT 2008: tabla 3, p.39). La densidad y la cobertura de los sindicatos entre trabajadores sindicalizados permanece alta en Argentina. Si bien durante los 90 Menem logró establecer acuerdos políticos y cooptar a la burocracia sindical para que aceptaran las reformas, durante los gobiernos Kirchner los sindicatos renovaron su poder político. Desde el año 2002, las federaciones laborales, con diferentes métodos de presión, se las han arreglado para aumentar la representatividad de los trabajadores en la clase política. Mientras los resultados de las negociaciones tienden a ser modestos en Chile, en Argentina sucede lo opuesto (Atzeni et al 2011). Predeciblemente, el poder político asociado a los dirigentes sindicales es muy diferente. Mientras que en Argentina los líderes de la CGT, y las redes clientelares que administran, son una fuerza política que presiona directamente al gobierno, los representantes de los sindicatos no pueden ser elegidos diputados al Parlamento chileno y tienen un bajo estatus político. La representación colectiva efectiva se ha convertido en una rareza en Chile, cuyos niveles de sindicalización y negociación colectiva están estancados (Dirección del Trabajo 2011a, 2011b). EL ATOMIZADO MUNDO DEL TRABAJO CHILENO Los movimientos de trabajadores organizados y con peso político surgieron durante el período de Sustitución de Importaciones (ISI) en ambos países. En Chile, el primer Código Laboral fue promulgado en 1931 tras las devastadoras consecuencias de la crisis económica de 1929 e instituyó como norma la negociación colectiva en las empresas, protegió al empleado individual y sujetó a los sindicatos a la supervisión del Estado. En 1953 tomó forma la CUT, la agrupación de las principales confederaciones de trabajadores. El movimiento laboral chileno entró en la arena política al tornarse un atractivo bolsón de votos para los par218

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tidos de centroizquierda, que utilizaron estrategias confrontacionales en las relaciones con los empleadores (Atzeni et al 2011). Durante este período, la autoridad de los empresarios comenzó a ser desafiada. Los trabajadores estaban en una posición favorable dado que la legislación protegía sus intereses y las relaciones laborales dependían de la supervisión del Estado (Dávila 1996; J. Rodríguez 2010). Durante el gobierno de Allende (1970-1973), momento cumbre del empoderamiento de los trabajadores, el presidente de la CUT era a la vez el ministro del Trabajo. Tras el golpe, sin embargo, los sindicatos en Chile fueron brutalmente reprimidos y varios de sus líderes fueron detenidos y desaparecidos (Cavallo et al 1988; Winn 2004). Con la llegada de los Chicago Boys a los ministerios de Pinochet en 1975, y el giro hacia una economía de libre mercado, las regulaciones laborales fueron revertidas, priorizando las demandas de los empleadores. El Plan Laboral de 1979 transformó seriamente el equilibrio de poder entre el capital y el trabajo. La visión del ministro del Trabajo de Pinochet, José Piñera, era explícita: “El sindicalismo no es un arma efectiva para alterar la distribución de la riqueza”. Al prohibir la sindicalización de los temporeros y de los empleados públicos, limitar los días de huelga y dar plena anuencia a los empresarios para despedir trabajadores por “razones de la empresa”, la negociación colectiva fue menoscabada. En palabras de José Piñera (1990: 56), “lo que se decide en esta discusión es cuántos privilegios tendrán que tener los trabajadores sindicalizados en relación a quienes no lo están (…); si se les entrega a los sindicalistas el poder para paralizar la economía y tomar como rehén al país (…); si el poder sindical puede llegar a tener en nuestra sociedad más poder que los parlamentarios, no obstante que éstos son elegidos democráticamente por la ciudadanía”. En consecuencia, el rol del Estado en las relaciones laborales se vio reducido y la negociación colectiva fue permitida sólo a nivel de empresa individual, limitando las negociaciones sectoriales o nacionales. Esto ayudó a asentar el autoritarismo dentro de las empresas y permitió al empleador manejar con flexibilidad el proceso laboral sin restricciones políticas externas (M. Taylor 2006a: 151).

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La fuerza laboral fue lentamente despolitizada y las relaciones entre capital y trabajo quedaron a merced del mercado. Según Frank (2004: 73), la capacidad de los empresarios de bajar los sueldos al tiempo de incrementar la carga de trabajo y la duración de la jornada laboral ayudó al capitalismo chileno a expandirse durante los años 80. La modernización de la economía fue en parte posible gracias a que las nuevas técnicas de producción permitieron despidos “por razones de la empresa”, rotación de personal y subcontratación de trabajadores. Desde esta perspectiva, la clase obrera y los sindicatos fueron las principales víctimas del “milagro chileno” (Winn 2004). Aunque el retorno a la democracia prometió equilibrar las fuerzas entre trabajadores y empresas (“no hay democracia sin reforma laboral”, fue la promesa hecha a los sindicatos), las reformas implementadas durante los gobiernos de la Concertación (1990, 1993, 2001 y 2006) tuvieron bajo impacto en los derechos de los trabajadores. Fueron diseñadas con el propósito de mantener la estabilidad política de la transición, y estuvieron condicionadas al enorme poder de los empresarios y los partidos políticos de derecha. Las principales metas de estas reformas eran mantener la flexibilidad en el mercado laboral; definir los derechos sindicales y procedimientos de negociación colectiva, y contener los costos bajos de la mano de obra (Sehnbruch 2006). La CUT apoyó a la Concertación y se involucró en negociaciones con el Estado y los gremios empresariales, legitimando el grueso de las reformas neoliberales a cambio de enmiendas favorables, aunque relativamente menores, a la regulación laboral (Atzeni et al 2011). La promoción de acuerdos colectivos o convenios intraempresa, en donde los representantes de empresarios y trabajadores negocian los términos de manera aislada, tendió a disminuir la posibilidad de conflicto industrial sectorial y de interferencia por parte de los agentes gubernamentales (M. Taylor 2006a). A pesar de la reforma de 2001, que estableció el derecho de los temporeros a formar sindicatos y mecanismos protectores contra el abuso, y a la reforma de 2006, cuyo propósito fue regular la subcontratación laboral, el equilibrio de poder permanece claramente inclinado a favor de las empresas.

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Las reformas laborales fueron incapaces de reducir las disparidades sociales, las cuales se mantuvieron prácticamente inalteradas entre 1990 y 2010 (Gini 0,56 a Gini 0,53). Es más, las tácticas antisindicales, como despidos, propaganda antisindical o desincentivos a la participación en huelgas, son prácticas largamente utilizadas en las empresas chilenas. La densidad sindical y la incidencia de la negociación colectiva se han contraído considerablemente. Mientras que la tasa de sindicalización a nivel nacional era del 21,1 por ciento en 1991, en 2010 fue de 15,8 por ciento (Dirección del Trabajo 2011b), con las cifras más altas en el sector minero. Del mismo modo, el porcentaje de trabajadores que participan en negociaciones colectivas cayó de un 10,3 por ciento en 1991 a un 6,8 por ciento en 2009 (Dirección del Trabajo 2011b), ampliando las disparidades de salarios entre empleados administrativos y obreros, y entre trabajadores contratados y subcontratados. La participación de trabajadores en huelgas es mínima. Mientras en 1991, un 1,5 por ciento de los asalariados que potencialmente pueden negociar colectivamente participaron en una huelga, en 2012 la cifra llegó a 0,65 por ciento (Durán 2013: 90). A pesar de que los cambios en el Código Laboral mejoraron algunas condiciones de los trabajadores, el modelo híper flexible no ha sido alterado. Las mencionadas reformas durante los gobiernos de la Concertación (1990, 1993, 2001 y 2006) estimularon el pluralismo y mejoraron el nivel de la protección social, pero los derechos laborales completos típicamente asociados con sistemas de relaciones de empleo maduros están lejos de la realidad laboral chilena (Durán-Palma y López 2009).42 El notable crecimiento económico de Chile en los últimos treinta años, con un PIB per cápita que fue desde 2.827 dólares en 1980 hasta más de 42 Como explica Echeverría (2013: 259), la nueva regulación establecida en la Ley de subcontratación de 2007 dejó varios vacíos: no iguala las condiciones laborales entre trabajadores contratados y subcontratados que desempeñan las mismas labores; mantiene la posibilidad de las empresas de externalizar actividades del giro principal –estimulando el abaratamiento de costos laborales–; y no tocó la definición legal de empresa, “la camisa de fuerza para la organización sindical y la acción colectiva en Chile”.

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15 mil dólares en 2010 (FMI 2011), no se tradujo en mejores condiciones de empleo. Según los datos de la Encuesta de Caracterización Socio-Económica CASEN (2012) el 50 por ciento de los trabajadores chilenos gana menos de $251.620, y casi 500 mil trabajadores son pobres. Una disminución constante en la cantidad de contratos de duración indefinida, desde el 49,5 por ciento de la fuerza laboral en 1998 al 41,5 en 2012 y un sustancial aumento en los contratos de corto plazo, son los patrones predominantes (Fundación Sol 2013). De acuerdo a Sehnbruch (2009: 8), aproximadamente dos tercios de la fuerza laboral chilena trabaja bajo condiciones de corto plazo o de algún modo precarias. Los empleos vulnerables han proliferado en sectores exitosos, como el minero, pesquero, retail y agroexportador a través de la subcontratación, que permite a las empresas externalizar sus responsabilidades laborales (Echeverría 2010; Stecher 2013). Las compañías proveedoras de subcontratistas son normalmente empresas pequeñas que hacen uso de las provisiones legales para ofrecer pagas más bajas y trabajos menos seguros, atenuando las demandas de la legislación laboral (Ugarte 2008). Buena parte de los proveedores son económicamente dependientes y jerárquicamente subordinados de las empresas usuarias (Durán-Palma y López 2009).43 Las crecientes huelgas y protestas de trabajadores subcontratados de los sectores minero, forestal y retail (2006, 2007 y 2011) reflejan tensiones permanentes entre trabajadores, contratistas y grandes empresas (Durán-Palma y López 2009; Echeverría 2010). La huelga desplegada por los trabajadores subcontratados de Codelco en 2008, por ejemplo, sugiere que las leyes diseñadas para regular la subcontratación no han cumplido plenamente el objetivo de disminuir el conflicto entre “empleados de segunda categoría” y las empresas contratistas (Leiva Gómez 2009). Para muchos, la fosilización de la representación sindical en la CUT en manos de los mismos dirigentes liderados por Arturo Martínez durante los gobiernos de la Concertación (1990-2010) también fue parte 43 La Encuesta Laboral de la Dirección del Trabajo ENCLA 2008 muestra que en 2006 el 43.6 por ciento de todas las compañías contratistas reconoció tener sólo un cliente, y el 61.5 por ciento trabajaba para uno o dos clientes (Dirección del Trabajo 2009).

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del problema. Carlos Cano (2013), Presidente del Centro de Estudios del Trabajo (CETRA), por ejemplo, considera que la CUT liderada por Martínez y entrampada con los partidos de la Concertación, perdió presencia en las luchas sociales. La emergencia de nuevos liderazgos en el movimiento sindical, como Cristián Cuevas (Baltera y Dussert 2010), o la nueva presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, estarían redefiniendo el mapa de poder dentro del sindicalismo chileno. LA REANIMADA SITUACIÓN LABORAL ARGENTINA Las políticas ISI forjadas durante los años 30 en Argentina también produjeron una expansión de la clase trabajadora y un aumento de la sindicalización. Los derechos colectivos obtenidos bajo el mando del coronel Perón en calidad de Secretario del Trabajo en 1943 tuvieron como consecuencia que el movimiento sindical ganara poder industrial y político, lo que, a su vez, les permitió ejercer presión sobre el Estado para obtener derechos sociales para sus miembros (Novaro 2006). A través de un decreto legal de 1944 y una legislación especial en 1953, el Estado estimuló la negociación colectiva y aseguró la participación de funcionarios ministeriales en las mesas de negociación (Atzeni et al 2011). La densidad de los sindicatos alcanzó un máximo histórico de 48 por ciento de los trabajadores formales en 1954 (Lamadrid y Orsatti 1991: 156, cuadro 6) y los sindicatos establecieron un monopolio sobre la representación laboral a través de la negociación colectiva extendida a toda la industria. Desde fines de los años 50, la legislación peronista favoreció la formalización de prestaciones de salud provistas por los sindicatos a los trabajadores y sus familias (denominadas “obras sociales”). El movimiento laboral argentino fue incorporado al sistema de partidos políticos al convertirse en la base estructural, ideológica y financiera del peronismo (Collier y Collier 1991). Como se vio en los capítulos 4 y 5, el programa liberalizador implementado por la Junta militar (1976-1983) tuvo éxito parcial en instalar las reformas de mercado. Las reformas neoliberales de Menem (1989EMPRESAS, EMPRESARIOS Y RELACIONES LABORALES 223

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1999), no obstante, tuvieron un profundo impacto en el mercado laboral. Aunque el plan de convertibilidad produjo originalmente un régimen macroeconómico estable, la liberalización del comercio y la privatización de las empresas estatales aumentaron el desempleo y el empleo informal (Bustamante, Ernst y Bachetta 2009). A diferencia de Chile, donde los sindicatos fueron políticamente perseguidos, en los años 90 las burocracias sindicales de las industrias claves negociaron extensivamente con el gobierno de Menem (Etchemendy 2011). Los sindicatos se vieron debilitados cuando la negociación colectiva centralizada se limitó al nivel de la empresa, especialmente en los servicios y compañías recién privatizados. A manera de intercambio por haber aceptado las reformas –y como un modo de cooptar a la CGT–, el gobierno de Menem incrementó el apoyo financiero para las obras sociales, y permitió a la burocracia sindical invertir en las nuevas oportunidades de negocios creadas con la privatización de las pensiones, el seguro de accidentes laborales y el cuidado de la salud (Atzeni et al 2011: 142). Para muchos quedó en duda si los beneficiados de esas negociaciones fueron los trabajadores argentinos o las cúpulas sindicales. Aunque los empleados informales aumentaron y el número de trabajadores afiliados decreció, los sindicatos en Argentina no perdieron su capacidad de articular una respuesta frente a los empleadores. Por el contrario, desde la recuperación económica de 2003, ha habido un importante resurgimiento de la acción laboral colectiva, liderada en principio por trabajadores desempleados e informales y más recientemente por representantes de los sindicatos del sector formal (Etchemendy y Collier 2007). Durante los dos primeros gobiernos Kirchner (2003-2011) un revitalizado movimiento sindical formal tomó fuerza. Los principales actores de las huelgas y presiones fueron los sindicatos peronistas tradicionales de la CGT, provenientes de sectores formales relativamente privilegiados, como los trabajadores del metro, del rubro automotriz, del petróleo y del caucho (Etchemendy 2010a). Los sindicatos del sector privado se convirtieron en protagonistas del conflicto social, reemplazando a los piqueteros, cuyo rango de actividad declinó en este período. Según

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Svampa (2008b), esta transformación no fue un proceso espontáneo, sino una explícita estrategia de Kirchner para desactivar el movimiento piquetero al cooptar ciertos grupos y excluir a otros de todo beneficio. De la mano del crecimiento económico anual (8 por ciento entre 20032008), la demanda de los sindicatos se enfocó en disputas salariales y condiciones laborales, dirigidas más en contra del sector empresarial que del gobierno. Aparentemente, un estilo de negociación neocorporativista (entre líderes sindicales nacionales, asociaciones empresariales y el gobierno) caracteriza las relaciones laborales en la Argentina posconvertibilidad (Etchemendy y Collier 2007). La negociación salarial centralizada en los rubros industrial y de servicios, y los acuerdos de alzas salariales a nivel sectorial, así como también el salario mínimo, representan una reacción en contra de la flexibilidad laboral de los años 90. El número de acuerdos colectivos creció de 348 en 2004, a 1.231 en 2008, y la densidad sindical entre los trabajadores formales permanece en un 40 por ciento, cifras bastante altas para Latinoamérica (Atzeni et al 2011). Pese a que proporcionalmente los sindicatos disminuyeron en miembros, Argentina todavía tiene una fuerte cultura sindical, y los sindicatos siguen siendo poderosos en industrias como el empaque de carnes, el ensamblado de autos, los bancos y el sector público (Therborn 2011: 114). Tal vez el indicador más claro es que la negociación colectiva de los sindicatos entre empleados formales fue sobre el 70 por ciento en 2007 (OIT 2008), mientras que en Chile fue menor al 7 por ciento (Dirección del Trabajo 2011b). EL ESTATUS DE LOS SINDICATOS DENTRO DE LAS EMPRESAS Al indagar con ejecutivos, investigadores del mundo del trabajo y consultores de negocios sobre la posición de los trabajadores y los sindicatos, las diferencias de la situación laboral en Chile y Argentina parecen agrandarse. El poder simbólico y político de los sindicatos es respetado en Argentina, y la distancia entre capital y trabajo es menor. Mientras que los empresarios y ejecutivos chilenos suelen tener una visión polaEMPRESAS, EMPRESARIOS Y RELACIONES LABORALES 225

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rizada que no reconoce aspectos positivos en los sindicatos, los argentinos suelen tener una visión pragmática acerca de su poder al interior de las empresas. Al comparar las impresiones de los entrevistados y los estudios laborales existentes, los trabajadores argentinos parecen experimentar una “posición más horizontal” con sus empleadores que sus contrapartes chilenas. A pesar de que Chile tiene el mercado laboral más flexible de Latinoamérica, el empresariado suele argumentar que una mayor desregulación es la única forma de lidiar con el desempleo. Según Andrés Ibáñez, director de empresas y profesor de Administración de la PUC, “el talón de Aquiles de la economía chilena es el asunto laboral. Las regulaciones actuales inhiben la capacidad de nuestras empresas para adaptarse a un mundo en constante cambio. Existe una contradicción entre tener más regulación y proteger a los trabajadores, dado que una mayor regulación destruye el empleo” (entrevista, noviembre 2008). Los ejecutivos chilenos tienden a considerar a los sindicatos como “organizaciones pasadas de moda” de trabajadores asociados con ideas políticas opuestas a los intereses empresariales. Otorgan muy poco espacio a la sindicalización, usualmente el mínimo que establece la ley. Algunas firmas desincentivan la sindicalización desde sus procesos de inducción a los nuevos trabajadores, y muchas se embarcan en prácticas antisindicales, tales como el despido de los dirigentes laborales (J. Rodríguez & Gómez 2009). Fieles a las relaciones paternalistas de las empresas chilenas, los sindicatos pueden ser tolerados, pero tras eventuales conflictos los empleadores intentan desarticularlos, considerando que fueron desleales o poco agradecidos (D. Rodríguez y Ríos 2009). Como muestra la encuesta de la Comisión Trabajo y Equidad, 40 por ciento de los trabajadores entrevistados declaró que “los dueños y administradores se opondrían a los intentos de trabajadores de unirse a un sindicato o de fundar uno” (2008: 8). El exministro del Trabajo, Yerko Ljubetic (2008), señala que cuando los asuntos laborales se debaten seriamente, el sector empresarial suele defender sus intereses argumentando que cualquier cambio a la

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regulación laboral sería una amenaza para el crecimiento económico y para la estabilidad del país. En algunos sectores empresariales las relaciones laborales aún son enfocadas desde el prisma polarizado del régimen de Pinochet, durante el cual el antagonismo entre empleadores y trabajadores estaba violentamente arraigado. Con la idea de mejorar las relaciones laborales, hace unos años la Universidad Católica abrió un programa para entrenar líderes sindicales, como un modo de mejorar las capacidades de los sindicatos de entender las herramientas y los conceptos económicos. Durante el proceso de admisión, no obstante, enfrentaron un grave obstáculo: muchos gerentes buscaban evitar que los trabajadores de sus empresas recibieran entrenamiento, argumentando que “nosotros no entrenamos al enemigo”. Existen empresas que todavía perciben a los sindicatos como un oponente al que deben derrotar. Andrés Ibáñez señala por ejemplo que “los sindicatos son un tremendo fracaso. El porcentaje de trabajadores afiliados es muy bajo. Aunque todavía hay empleados estatales que creen que los sindicatos les pueden solucionar sus problemas, la gran mayoría de los profesionales prefiere negociar por su parte. Los trabajadores han aprendido que no es correcto pedir y pedir, puesto que si la compañía fracasa, ellos van a perder su pega” (entrevista, octubre 2008). En cierta forma, este argumento supone que la fuerza laboral es en último término una variable ajustable al desempeño de las empresas. José Piñera lo dijo muy claro en el Código Laboral de 1979: “La legislación debe procurar que el nivel de salarios sea exactamente congruente con el nivel de productividad del trabajo –ni inferior ni superior– porque sólo así tendremos asegurados dos efectos fundamentales que sí favorecen a los trabajadores: que las relaciones laborales sean justas y, tan importante como eso, que haya crecimiento económico y pleno empleo” (1990: 60). Pese al panorama lúgubre sobre las relaciones entre empleados y empleadores en Chile, varios gerentes y consultores de negocios entrevistados subrayan los bajos niveles de conflicto al interior de las empresas y la disposición positiva de los trabajadores a resolver sus asuntos de “manera consensuada”. Según el estudio de la Comisión Trabajo y Equidad

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(2008: 68), los trabajadores afirman tener buenas relaciones al interior de las empresas: el 82 por ciento sostuvo que mantiene una buena relación con sus pares; 63 por ciento que tiene una buena relación con los gerentes y 47 por ciento adujo tener buenas relaciones con los dueños. Los académicos de las relaciones laborales, sin embargo, ofrecen una perspectiva diferente. Critican la forma en que la defensa colectiva de los intereses laborales ha sido estigmatizada en Chile por el sector empresarial, haciéndo más difícil a los trabajadores agregar sus demandas. El conflicto es severamente desincentivado por las empresas. Si bien los trabajadores pueden desconfiar de sus empleadores, existe una mínima expresión de esa desconfianza, pues temen las consecuencias de desafiar al statu quo. “El grupo ha perdido presencia en el imaginario social; los trabajadores están convencidos de que tienen que adaptarse individualmente”, comenta comenta el psicólogo organizacional Álvaro Soto (entrevista, noviembre 2008). Las redes tradicionales de resistencia colectiva, como el grupo o la clase, se han diluido. Además, se ha hecho cada vez más frecuente un sistema de pagos variables, adjunto a metas individuales y a resultados, que refuerza las soluciones individuales (Stecher 2013). Aunque el número de conflictos dentro de las empresas chilenas parece ser bajo, varios especialistas apuestan a que permanecen latentes y se manifestarán en años venideros. Un paulatino aumento en la noción de justicia entre los trabajadores, un mayor escrutinio a las prácticas laborales a través de la prensa y una creciente desconfianza ante las supuestas “buenas intenciones” de las grandes empresas, presagian un movido escenario laboral. En palabras del sociólogo Eugenio Marcos, “los conflictos más grandes de Chile están dentro de las empresas. Las relaciones laborales son anticuadas, poco democráticas y jerárquicas. [Las firmas] ya no pueden seguir vendiendo el discurso de la innovación cuando tienen a sus trabajadores en condiciones precarias, con salarios vergonzosos. Las demandas de los trabajadores van en alza” (entrevista, octubre 2008). Las frecuentes manifestaciones de descontento expresadas por los trabajadores subcontratados de la minería, así como las huelgas generales convocadas por la CUT en 2011 y 2012, reafirman estas impresiones.

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El estatus de los sindicatos en Argentina es fundamentalmente distinto. La defensa colectiva de los intereses de los trabajadores y los conflictos que surgen al protegerlos son vistos como algo normal por ejecutivos de empresas y funcionarios de gobierno. El poder político de los sindicatos, aunque a veces temido, es también reconocido por los gerentes. A diferencia de Chile, donde la discusión pública sobre el mercado laboral tiende a enfocarse en el crecimiento y la flexibilidad, priorizando los indicadores financieros y las performances corporativas, el debate sobre los asuntos laborales en Argentina tiende a combinar una discusión de resultados económicos con disputas salariales, distribución, calidad de los empleos y trabajadores marginados. Diversos entrevistados argentinos resaltaron la sólida posición de poder de los sindicatos. Mientras para algunos gerentes los sindicatos son “los verdaderos jefes” de las empresas, para otros representan el “ala política del peronismo”. Los entrevistados subrayan el carácter adaptable de los sindicatos ante los escenarios políticos volátiles. La administración de las obras sociales les ayuda a mantener su influencia (a diferencia de sus pares chilenos, las cajas de compensación están lejos de ser administradas por gremios de trabajadores). Las carreras políticas todavía pueden ser construidas desde las federaciones obreras. Aunque los sindicatos perdieron poder debido a las transformaciones del trabajo desde los 90, y debido a escándalos de corrupción, hay sectores en los que mantienen un enorme poder, como trasporte. Según indica el periodista Hugo Grimaldi, “los sindicatos siguen siendo actores políticos imponentes y todavía tienen algo que decir en casi todas las principales decisiones públicas” (entrevista, abril 2009). Los ejecutivos de industrias reguladas, en particular, se declaran alertas por los crecientes conflictos con los sindicatos, especialmente tras el empoderamiento que ganaron con los Kirchner. Aunque los gerentes no celebran la autoridad que ostentan los sindicatos, sí reconocen que éstos tienen el deber de defender las condiciones laborales y mejoras para los trabajadores. Y respetan su poder. “Si el sindicato sabe que la compañía ha aumentado sus ganancias, puede pedir un aumento de salarios. La única forma en que una empresa pue-

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da evitar cualquier disputa laboral es teniendo todos sus números en rojo”, señala un gerente (entrevista, marzo 2009). Si las firmas quieren tomar una decisión importante, llegar a un acuerdo con los sindicatos es ineludible. “No puedes evitar sentarte con ellos a la mesa. Tal como yo defiendo el interés de la compañía, los sindicatos defienden la calidad del trabajo y los beneficios de sus asociados”, explica otro empresario (entrevista, junio 2009). Muchos directores incluso afirman que la relación de poder está desequilibrada a favor de los trabajadores. En palabras de Gustavo Genoni, “en Chile hay patrones que dan órdenes. Pero si tú tienes una empresa en Argentina, cuando hablas con los dirigentes sindicales es como si hablaras con tu jefe. Él decide si es que mañana vas a operar o no” (entrevista, abril 2009). Finalmente, cabe destacar que durante los gobiernos Kirchner (20032011) el Estado retomó su papel de árbitro en las relaciones empresa-trabajadores, reactivando las mesas de negociación (Etchemendy 2010b). Los derechos laborales históricamente ganados por el peronismo fueron precisamente los que José Piñera pretendió sepultar en el Código Laboral chileno. “Argentina lo hizo así en los tiempos de Perón y desde entonces nunca más se ha podido recuperar. Su economía ha sido literalmente acorralada por la maquinaria estatista y por la maquinaria corporativista, montada sobre los sindicatos y gremios empresariales, las cuales operan como gigantescas barreras contra los cambios y la modernización” (1990: 56). El resultado de estos caminos diferentes en regulación laboral y estatus de los sindicatos se refleja en sus diferentes culturas laborales. La noción de autoridad, el espacio para el conflicto y la posición para negociar están moldeadas por las distancias y jerarquías entre empleador y empleado. DEFERENCIA, PARTICIPACIÓN Y TOLERANCIA AL CONFLICTO Los mozos de los cafés de Buenos Aires suelen decir que los turistas chilenos son poco amigables. En general se quejan de que estos visitantes “no hablan”, “no les gusta que les pregunten cosas” y “no comparten 230 DIVERGENCIAS

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opiniones acerca de su país”. Quizás una explicación a esta actitud parca pueda ser la distancia jerárquica que los turistas chilenos tienden a esperar entre quienes entregan un servicio y los clientes, propia de las relaciones verticales de la cultura del trabajo chilena. Como sugiere O’Donnell (1984), los garzones de un restaurante no se sienten “sirviendo” al cliente al colocar y retirar platos, sino que están “trabajando”, lo que muestra una actitud más igualitaria de las distancias sociales. Esa distancia sería menor tanto por la textura social de la sociedad argentina, marcada por sucesivas olas de inmigrantes, como por la sedimentación de un principio igualitario desplegado por el peronismo. A pesar del boom de la literatura de gestión de recursos humanos en Latinoamérica (Elvira y Dávila 2005; Dávila y Elvira 2009; Friedrich, Mezquita y Hatum 2006), la investigación empírica referida a las prácticas de gestión al interior de empresas argentinas y chilenas es limitada, con pocos estudios que examinen la perspectiva de los empleados. Los estudios comparativos de prácticas de gestión entre países son aun más infrecuentes. Aparte del estudio clásico sobre el rol de la diferencia cultural en las prácticas laborales (Hofstede 1980) y algunos análisis de gestión acerca de empresas multinacionales (Friedrich et al 2006; Dávila y Elvira 2009), el campo carece de datos empíricos completos. Excepciones recientes son J. Rodríguez (2010), Ramos (2009) y D. Rodríguez y Ríos (2009) en Chile, y Luci (2010) en Argentina. Según los entrevistados para esta investigación el liderazgo y la autoridad en el lugar de trabajo se basan en diferentes principios y nociones de distancia entre jefes y empleados. Las relaciones laborales son más jerárquicas en Chile, mientras que en Argentina los trabajadores tienden a desafiar, antes que mostrar deferencia frente a la autoridad. Pero hay que ser cauteloso con las generalizaciones al respecto, ya que la realidad a nivel corporativo es bastante diferente dependiendo del tamaño, el capital, el sector y la historia de la firma en cuestión. Las compañías más grandes por lo general tienen estilos de gestión más “modernos” y profesionales, mientras que las empresas pequeñas y de tamaño medio (Pymes), que son responsables por más del 70 por ciento del empleo en

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Argentina y Chile, suelen ofrecer condiciones laborales más precarias (Majluf 2008).44 Los niveles de profesionalismo, planificación y desarrollo de carreras contrastan abiertamente entre las firmas nacionales y las internacionales, entre los sectores informal y formal, y entre las multinacionales y las Pymes. Aunque hay algunos patrones culturales discernibles, el mundo de los negocios es heterogéneo y diverso en cada país. Expertos laborales describen un estilo controlador de liderazgo en las empresas chilenas. Se dice que las relaciones de empleo han seguido tradicionalmente el modelo de la hacienda, en donde los empleadores mantienen y ejercen el poder, y los trabajadores, en posición de subordinación, deben ser leales (D. Rodríguez et al 2005). Aunque en el sector empresarial chileno abunda la retórica de que los empleados son el principal capital de las organizaciones, en la práctica los trabajadores están sujetos a relaciones laborales individualistas y prácticas de gestión discrecionales (J. Rodríguez 2010). Bajos niveles de delegación entre el empleador y trabajador, y distancia entre supervisores y subordinados, serían señal de poca confianza en los empleados. Se citan diferentes razones para explicar este fenómeno. Algunos aducen que los supervisores dudan en dar independencia a los trabajadores por miedo a convertirse en prescindibles. Otros observan que los supervisores temen pedir ayuda a otros ya que ello podría ser visto como un signo de debilidad. Otros enfatizan el legado de la dictadura y una legislación laboral restrictiva que reduce la capacidad de los trabajadores a autoorganizarse. Cualquiera sea la causa, una consecuencia evidente de la verticalidad en las empresas chilenas es el bajo nivel de trabajo en equipo que resulta de la poca confianza entre supervisores y trabajadores. Los entrevistados también reportan que los trabajadores chilenos, especialmente en los niveles de empleo más bajos, son de algún modo 44 Al describir la realidad de administración de las Pymes en Chile, Nicolás Majluf (2008) observa que la gestión de recursos humanos es casi inexistente en las Pymes; la propiedad y la administración se confunden; la incorporación de la innovación y la tecnología es escasa y pobre; la orientación exportadora es inefectiva, y la calidad no concita suficiente atención.

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pasivos y no toman la iniciativa. Un bajo capital cultural y el temor a cometer errores son indicados como responsables de esta pasividad. En concordancia con este diagnóstico, Ramos (2009) nota que los patrones de jerarquía tienden a frustrar las relaciones de colaboración en las empresas chilenas, y constata que una cultura de reflexión suele hallarse sólo a nivel de gerentes. La brecha existente entre aquellos que conceptualizan y aquellos que ejecutan las tareas inhibiría los procesos creativos al interior de las firmas.45 Ramos concluye que la modernización de las empresas chilenas está desbalanceada. Gerentes con estilos de liderazgo persuasivos, más que participativos, y trabajadores con bajos niveles de reflexión mantienen distancias jerárquicas significativas.

45 En un estudio posterior, Ramos (2013) concluye que las pocas compañías chilenas en las cuales la reflexión se ha expandido desde los gerentes a otros niveles de la organización son generalmente: a) empresas nuevas formadas después del período autoritario, b) corporaciones multinacionales que tienen más culturas de participación, c) compañías financieras que experimentan crecientes presiones de competencia del ambiente para descentralizar sus procesos, y d) grandes compañías estatales, como Codelco, que han preservado la fuerza de las organizaciones laborales y una cultura que valora la organización del trabajo y la lucha sindical como forjadores de identidad.

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CASO DE ESTUDIO: “TALLER DE HABILIDADES DE TRABAJO EN EQUIPO”. Durante cuatro semanas participé en ocho sesiones del “Taller de habilidades de trabajo en equipo”, coordinado por un centro de encuentro empresarial en Chile. Los dieciocho participantes eran supervisores y empleados administrativos de medianas y grandes empresas. El seminario pretendía desarrollar habilidades de liderazgo, supervisión, formación de equipos, motivación y negociación a nivel de empresa. Las sesiones eran interactivas entre una facilitadora que lideraba el taller y los participantes que compartían sus experiencias laborales. Unos eran gerentes medianos de grandes firmas, otros gerentes de proyectos en el departamento de ventas de una corporación médica; varios eran ingenieros de firmas de tecnología, otros eran operarios de una compañía forestal y tres eran asistentes de servicios de una constructora. Las motivaciones para participar en el seminario eran diversas. Para algunos era principalmente una excusa para hacer algo diferente y escapar a la rutina semanal. Otros perseguían las credenciales que otorgaba el curso, las que podrían ayudar a una mejora en su rendimiento o incluso producir aumentos salariales en el futuro. Cinco participantes percibían el seminario como una recompensa que les daban sus compañías, las que pagaban por el curso y trataban de obtener ventajas de la experiencia de cualquier forma posible. La realidad descrita por estos trabajadores variaba de acuerdo a la posición del empleado, el tipo de empresa, y así sucesivamente, pero todos compartían una actitud crítica hacia sus experiencias de trabajo. Los empleados de posiciones más bajas generalmente entregaban una visión pesimista acerca de sus jefes y las posibilidades de cambiar su ambiente de trabajo. Ellos preferían hacer las cosas “del modo en que siempre se han hecho”. Describían situaciones jerárquicas en las que no se sentían empoderados para proponer enfoques diferentes a sus tareas. Algunos tenían miedo a sus jefes, y no vibraban mucho con la idea de armar equipos que presentaba la facilitadora. Por el contrario, la miraban con suspicacia. Su noción de relaciones jerárquicas parecía difícil de superar. Uno de ellos dijo que “los jefes a veces pueden oír, pero tú sabes que no va a cambiar nada”. Las empresas eran vistas como instituciones inmutables que pesaban fuertemente sobre ellos. Los ingenieros de la firma de tecnología y los gerentes de proyectos del departamento de ventas, en cambio, narraron una historia diferente. Su máxima queja apuntaba a la burocracia, al temor a perder competitividad y clientes. Se enfocaban en cómo hacer que sus empresas fuesen más innovadoras, con el propósito de mejorar la eficiencia y desplegar sus propios liderazgos. Sus críticas estaban orientadas a empresas que no lograban ponerse al día con las últimas tendencias y no eran lo suficientemente eficientes. Ellos estaban informados y utilizaban un lenguaje de gestión cargado de conceptos del “nuevo espíritu del capitalismo”, como innovación, creatividad, liderazgo y vanguardia.

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Aparentemente, la cultura del trabajo chilena se mueve entre estas “realidades”: de un lado, un sector deslumbrado con conceptos administrativos y estrategias para aumentar la productividad y la capacidad competitiva; del otro, empleados con escasa motivación que ven pocos espacios de participación en empresas que evidencian estructuras jerárquicas fosilizadas. Durante el curso de las cuatro semanas, surgió cierto entusiasmo en el grupo. A pesar del interés y compromiso de al menos la mitad de los participantes, el taller dejaba serias dudas de tener algún efecto en la vida laboral de estos individuos y de sus organizaciones. Al entrevistar con posterioridad a la profesional que guiaba las sesiones, descubrí que ella también dudaba de que el seminario realmente hiciera alguna “diferencia”. Paradójicamente, la facilitadora del taller tenía una visión claramente pesimista del panorama laboral chileno.

Por el otro lado, entrevistados argentinos destacan que el liderazgo en este país es algo que debe ganarse. El respeto por la autoridad del jefe no estaría necesariamente dado por la posición oficial. Tal como señala el profesor de MBA, Rodolfo Rivalora, “el líder tiene que convencer a su equipo, el profesor tiene que seducir a sus alumnos, aquel que está en una posición de poder tiene que ganarse el respeto de sus supervisados” (entrevista, marzo 2009). Los gerentes tienen que persuadir y negociar, con frecuencia desplegando sus mejores argumentos; de otro modo no serían seguidos. A diferencia de la pasividad que presentarían los trabajadores chilenos, los empleados argentinos serían demasiado confiados en sí mismos, exigentes y rebeldes. “A los trabajadores argentinos no les gustan demasiado las reglas, les gusta hacer las cosas a su manera”, es una frase frecuente entre ejecutivos argentinos. Según uno de ellos, “para que mi equipo siga mis instrucciones, tengo que convencerlos. Tengo que demostrarles a ellos superioridad intelectual u ofrecerles algún beneficio personal. De otra manera me dirán ‘sí, sí, sí’, pero harán lo que ellos quieran” (entrevista, marzo 2009). Algunos entrevistados sugieren que los mismos rasgos que hacen a los trabajadores argentinos sean más difíciles de manejar, también suelen hacerlos más creativos, audaces y decididos. Una especial capacidad de improvisar y encontrar soluciones rápidas ante problemas inesperados fue descrita como cualidad particular del trabajador argentino. Así, las EMPRESAS, EMPRESARIOS Y RELACIONES LABORALES 235

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capacidades reflexivas que parecen estar largamente confinadas a los gerentes en Chile, en Argentina estarían mejor distribuidas a lo largo de las empresas. Estas capacidades para responder, criticar e involucrarse en relaciones horizontales estarían conectadas con la sedimentación del ethos igualitario diseminado por el peronismo, que por más de medio siglo ha desafiado las distancias entre empleados y empleadores. Como sugiere O’Donnell (1984: 16), la respuesta común “¿y a mí, qué me importa?” propia de los porteños es una forma de “mandar a la mierda” a quien evoca la jerarquía social. Ese gesto sería a la vez una ratificación de la existencia de las jerarquías (aunque sembrando odios), y una impugnación de ellas para reafirmar un principio igualitario. Al contrastar las distancias entre empleados y empleadores en Argentina y Chile, Guillermo Bilancio comenta: “El trabajador chileno es peligrosamente obediente, pues esa obediencia entorpece su habilidad de hacer propuestas. El trabajador argentino es más transgresor, e incluso a veces arrogante. Pero defiende sus ideas. Si le mandan hacer algo, pregunta por qué. El trabajador argentino se atreve a probar y está menos preocupado de cometer errores, mientras que el chileno le teme más al fracaso” (entrevista, septiembre 2008). Los investigadores organizacionales reportan una mayor tolerancia al conflicto y la ambigüedad en Argentina, y afirman que muchas prácticas de los trabajadores se basan en el principio de la negociación. De hecho, el regateo es una práctica laboral permanente. En parte, quizás, por la tradición participativa y la variedad de actores sociales involucrados; en parte, quizás, porque las normas son más difusas y las condiciones de la sociedad y del mercado son cambiantes, lo que amplía el rango de ajuste a las estrategias de trabajo. En este contexto, las capacidades de disputa y de buscar acuerdos son vitales. Dado que la negociación juega un rol fundamental, las habilidades políticas son cruciales. En palabras de un ejecutivo de una gran empresa, “tú puedes ser el gerente general, pero cualquier cosa que digas la vas a discutir, serás puesto a prueba por los empleados y ellos te dirán que quieren participar en la decisión” (entrevista, mayo 2009).

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En Chile el orden y el control parecen tener un estatus diferente. En un clima de menor tolerancia al conflicto, la autoridad es menos desafiada. La cultura laboral chilena se caracteriza por el paternalismo (Rodríguez y Ríos 2009). Ese paternalismo no sólo refuerza la distancia entre gerentes y empleados, sino también juega un rol ideológico que desincentiva los aumentos de sueldo a gran escala, y justifica así la brecha entre productividad y compensación. Esta brecha, a su vez, se ensancha por la capacidad de negociación limitada de los sindicatos. Según constatan J. Rodríguez y Gómez (2009) entre 2 mil trabajadores estudiados en 46 empresas chilenas, la “autonomía” y el “empoderamiento” son muy bajos. En organizaciones jerárquicas, el espacio para la negociación, la participación y los desacuerdos suele ser menor.

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PARTE V CULTURAS DE CAPITALISMOS

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CAPÍTULO 13 / DISCURSOS Y JUSTIFICACIONES El lenguaje que utilizamos tiene efectos en moldear identidades y en establecer relaciones sociales. Es crucial para la formación de la plataforma ideológica del sentido común hegemónico. El discurso importa. Es más, cambia, y a través del trabajo político, puede ser cambiado. Doreen Massey (2013: 3)

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l 27 de septiembre de 2008, el ministro de Hacienda chileno, Andrés Velasco, se dirigió al país por cadena nacional de televisión para explicar el presupuesto nacional que el gobierno estaba mandando al Congreso al día siguiente. Velasco enfatizó que la responsabilidad fiscal de los gobiernos anteriores había permitido un incremento en el gasto durante tiempos de crisis. No obstante el colapso de Lehman Brothers y el desplome de los mercados financieros internacionales, prometió aumentar el gasto del gobierno un 11.4 por ciento en seguridad social. “Las alzas de precios en algunos alimentos, en la luz y en los combustibles han golpeado las billeteras de los chilenos. Nosotros no podemos cambiar los precios de estos productos. Pero sí podemos ayudar a las familias afectadas. Por ejemplo, entregando un subsidio en las cuentas de luz (…) Mientras fuera de Chile una enorme inseguridad remece a las bolsas de comercio, aquí la economía está estable. ¿Por qué? Porque hemos mantenido las finanzas públicas en orden. Hoy día vemos los beneficios evidentes de haber manejado con prudencia el boom del cobre”. El discurso de Velasco sobresale por varias razones. No todos los ministros de Hacienda latinoamericanos desglosan el presupuesto en cadena nacional de televisión. En pocos países la máxima autoridad económica justifica una estrategia de austeridad fiscal en el largo plazo, y explica el presupuesto en términos técnicos. El discurso de Velasco captura la ortodoxia contemporánea chilena, que insiste en un estricto control macroeconómico y un gasto fiscal prudente. Un discurso técnico de esa naturaleza, dirigido a una audiencia televisiva nacional, es difícil de imaginar en la Argentina de los Kirchner. CULTURAS DE CAPITALISMOS

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Este capítulo aborda las culturas de capitalismos en Argentina y Chile. En línea con la sociología de la cultura comparada desarrollada por teóricos como Lamont y Thévenot (2001), y Grimson (2007), se exploran los “repertorios de evaluación” empleados por la cultura empresarial de cada país. Como discutimos al inicio, los “repertorios de evaluación” son los sistemas de valores y estrategias que la gente utiliza para evaluar situaciones sociales, y para justificar sus posiciones en asuntos controversiales. Estos repertorios están enraizados en las tradiciones políticas y económicas al interior de cada sociedad. El argumento que aquí se plantea es que el capitalismo presenta diferentes “órdenes de justificación” (Boltanski y Thévenot) en Argentina y Chile, y la producción de esas justificaciones se vinculan tanto a los circuitos culturales del capitalismo (Thrift 2005) –que promueven las ideas de las empresas y revitalizan las prácticas de los negocios– como a las disputas en el campo de las ideas. ILUSIÓN Y DESENCANTO El primer contraste entre las culturas económicas de Argentina y Chile son los diferentes repertorios concernientes a sus trayectorias recientes. Aunque eran bastante similares durante los 90, hoy parecen en carriles opuestos. Mientras los empresarios e intelectuales argentinos continúan preguntándose qué salió mal en la crisis de 2001, o cómo explicar el declive de la otrora potencia mundial (Eloy Martínez 1999; Lanata 2004), los relatos predominantes de las elites chilenas suelen resaltar los logros de las décadas recientes (Muñoz-Goma 2007; Toloza y Lahera 1999), enfatizando la reducción de la pobreza y el crecimiento económico. Si bien en Chile existen voces críticas sobre el período hace bastante tiempo (Moulian 1997; PNUD 1998), y estas se han multiplicado después de 2011 (Mayol 2012; Garretón 2012; Atria 2013), hasta hace poco persistía una idea encandilada de éxito asociada con la modernización capitalista y la expansión del consumo. En Argentina, en cambio, prevalece cierta frustración de un país que 242 DIVERGENCIAS

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tiene un pasado rico y múltiples recursos, pero que cada vez es más consciente de sus problemas de gobernabilidad, de su conflictividad interna y de la creciente desigualdad. Tanto empresarios como intelectuales locales tienden a diferenciar la posición de Argentina a principios del siglo XX en el contexto latinoamericano, con su posición actual, cien años más tarde, para buscar pistas que permitan entender el decaimiento del país o, como sugieren Gerchunoff y Llach (2003), los ciclos de “ilusión y desencanto”. La historiografía nacional suele contrastar el innegable potencial del país –riquezas naturales abundantes, población educada y un creciente mercado local– con su estado actual. Como explica Eloy Martínez: “Nadie entiende cómo un país que en 1928 era la sexta economía más grande del mundo pasa a estar, seis décadas más tarde, enterrada cerca del lugar número cincuenta” (1999: 100). Si es que el sentido de superioridad argentino es o no un mero espejismo, y cómo las ilusiones de grandeza nacional se estrellaron con los fantasmas del subdesarrollo, son temas de discusión constantes entre los intelectuales. La supuesta “decadencia argentina” tiene diferentes interpretaciones. Mientras que algunos economistas ortodoxos (J. Llach 1996; De Pablo 1984) suelen enfatizar la intervención estatal, la ineficiencia de la industria nacional y los altos niveles de gasto público como trabas del progreso, los heterodoxos (Notcheff 1994; Basualdo 2006) tienden a apuntar a un déficit en la inversión privada, a la escasez de moneda extranjera y a la concentración de la tierra como dificultades estructurales que impiden el desarrollo. Por otro lado, mientras algunos sociólogos (Sidicaro 2001; Pucciarelli 2004) subrayan las facciones de clase y los múltiples conflictos entre el Estado y la burguesía rentista, los politólogos (O’Donnell 1982; Spiller y Tommasi 2007) tienden a culpar a la baja calidad de las instituciones argentinas. No obstante las diferencias de enfoque, estos intelectuales convergen en que una historia social y política repleta de fricciones y violencia, y más de cincuenta años marcados por golpes militares (1930-1983), han sido factores destructivos en varios frentes. Últimamente, varios académicos apuntan al experimento neoliberal

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de los años 90 como otra causa significativa de la decadencia nacional (Svampa 2005; Pucciarelli 2011). Pesimismo y decadencia, aunque con ciertas esperanzas ocultas de un futuro mejor, caracterizan los repertorios de evaluación del sector empresarial acerca de las perspectivas del país. Ejecutivos y consultores económicos pueden diferir en cuanto a la magnitud del deterioro, pero suelen estar de acuerdo en los orígenes del mal. Casi de manera uniforme, el sector empresarial argentino culpa al peronismo del decaimiento nacional. Bajo su punto de vista, el discurso confrontacional de lucha de clases promovido por Perón (y retomado en una versión “purificada” por los Kirchner), la falta de respeto por la propiedad privada, el suntuoso gasto populista de los recursos públicos y la corrupción asociada al clientelismo, habrían debilitado al capitalismo en Argentina y, a su vez, contribuido a la decadencia. El repertorio promovido por el sector empresarial chileno, al contrario, suele presentar una visión acrítica de la trayectoria reciente del país. El éxito económico es continuamente celebrado por las elites de negocios. En más de cuarenta entrevistas con ejecutivos, economistas y formadores de opinión empresarial, encontramos un recuento homogéneo sobre las virtudes del mercado. Una visión triunfalista del espíritu emprendedor del sector privado revitalizado en los años 80, y la importancia de las reformas liberales, fueron resaltadas como variables decisivas a la hora de explicar el “éxito” económico del país. La integración de Chile a la OECD en 2009 es considerada una certificación internacional de su creciente nivel de desarrollo. Analizando las narrativas nacionales de identidad, el sociólogo Jorge Larraín (2001) sostiene que durante los años 90 coexistían cuatro versiones: la militar, la empresarial, la eclesiástica y la política. Al revisitar su tesis una década más tarde, Larraín enfatiza que la versión empresarial ha pesado más que las otras. Ese discurso se caracteriza por “un sentido de dinamismo y apertura al mundo, un sentido de expansión. Segundo, un sentimiento de ser diferentes al resto de Latinoamérica, de que Chile no es un país tropical. Tercero, la impresión de que el desarrollo está a la vuelta de la

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esquina, la idea de que ‘¡estamos llegando!’. Y cuarto, la ambición de ser un modelo para la región, de demostrar que Chile es mejor que Argentina o Perú” (entrevista, diciembre 2008). La aspiración de demostrar liderazgo regional es evidente en la arrolladora relevancia dada por la prensa y las organizaciones empresariales a los rankings que resaltan la relativa posición de ventaja de Chile ante sus vecinos. Como ejemplo, ver www.thisischile.cl MERCADO VERSUS CAPITALISMO Una segunda diferencia notable en ambas culturas económicas se relaciona con la idea misma de capitalismo. Capitalismo es un término cargado de connotación política en Chile. En los circuitos empresariales, especialmente, se le asocia con marxismo, lucha de clases y conflicto. El trauma de la expropiación y la presión popular bajo el gobierno de Allende (1970-1973) ha sido explotado a tal punto por el sector empresarial y los sectores conservadores, que cualquier idea de conflicto social y presión colectiva es considerada inexorablemente negativa, y la palabra capitalismo evoca un enfoque confrontacional. Los académicos de los MBA evitan discutir el “capitalismo” como tal, y prefieren usar el término “mercado”. Por ejemplo, el profesor de Finanzas de la PUC Julio Gálvez responde a una pregunta relacionada con las “culturas del capitalismos” de la siguiente manera: “No me gusta discutir acerca de política. Mi comprensión de la economía es desde un punto de vista técnico, con herramientas científicas, no desde un ángulo político” (entrevista, octubre 2008). Una suerte de “limpieza del lenguaje” fue puesta en marcha en Chile en las últimas décadas, instalando una idea naturalizada del mercado (PNUD 2004). Al menos hasta 2011, las versiones de prensa solían referirse a las “reformas económicas” y las “privatizaciones”, en vez de al “neoliberalismo” o al desmantelamiento del Estado. Las virtudes de la flexibilidad laboral solían ser celebradas, mientras que las inseguridades creadas por la subcontratación del empleo estaban ausentes del relato empresarial. Los analistas económicos podían discutir los beneCULTURAS DE CAPITALISMOS 245

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ficios o dificultades de las “soluciones de mercado”, como las desigualdades o la falta de meritocracia, con el fin de mejorar su funcionamiento (ya sea aumentando la transparencia o la rendición de cuentas), pero rara vez estaban abiertos a discutir el modelo económico en sí, la legitimidad de las privatizaciones o de la Constitución, y casi nunca se refieren al “capitalismo” como tal (ver el análisis de prensa más abajo). El sector empresarial chileno parece encandilado con la retórica del nuevo management y de la responsabilidad social empresarial. No obstante esa narrativa victoriosa, la reputación de los empresarios se ha desplomado en los últimos años. Los escándalos recientes relativos a la manipulación de créditos de consumo (La Polar 2011), colusión de farmacias (2009), condiciones de la subcontratación minera (2006, 2011) y el lucro en la universidades (2011), por nombrar algunos, han alimentado una creciente sospecha acerca de un modelo hecho a medida de las grandes empresas. Las molestias frente a un sistema que se percibe como una imposición sobre los individuos no son nuevas, y se expresarían a través de múltiples formas de descontento –contra la desigualdad, la atomización o el consumismo, por ejemplo (Araujo y Martuccelli 2012). Pero sólo con las crecientes movilizaciones de 2011 la discusión sobre los problemas estructurales del modelo se instaló en la esfera pública. En años recientes ha florecido una rica literatura sobre este tema (Atria 2013; Mayol 2012; Atria et al 2013). Los agentes del sector privado argentino están más abiertos a discutir el capitalismo como tal. Para ellos hablar de “capitalismo” significa hablar de inflación, inversión extranjera, negociación colectiva, el poder de los sindicatos y el impacto de las políticas en los mercados. También significa discutir los derroteros del neoliberalismo, llamado como tal. Tras la crisis de 2001, ha sido cargado como una de las principales causas de los males en Argentina. Vale también detenerse en la autocrítica de algunas figuras. Por ejemplo el viceministro de Economía de Menem, Juan José Llach, uno de los cerebros detrás del plan de convertibilidad, declaró públicamente en el año 2003 que “el neoliberalismo fracasó en Argentina”. Una autocrítica similar es infrecuente entre las elites chilenas.

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Referirse al mercado o al capitalismo no es lo mismo. Mientras el término mercado evoca cierta propensión natural o intrínseca al intercambio, el término capitalismo denota explícitamente un sistema de relaciones que están históricamente circunscritas y por lo tanto abiertas a ser cuestionadas (D. Miller 1997: 10). La noción de mercado suele asumir que las personas operan como individuos con una racionalidad de homo economicus y están en condiciones similares de información. La resistencia a involucrarse en el debate acerca del capitalismo propia de las elites empresariales chilenas dice mucho acerca de la tendencia a ignorar a los trabajadores como fuerza social, al tiempo que intentan mantener a la economía como una jurisdicción aislada de la discusión pública. En una “economía (social) de mercado”, la política está sometida a la economía. El predominio de la tecnocracia por sobre la política durante los gobiernos de la Concertación quedó reflejada, por ejemplo, en la aprobación de créditos con aval del Estado y la mercantilización de la educación. Las políticas de gestión de Piñera, quien abiertamente abordó la educación como un bien de consumo, coronaron esa ruta en Chile. En contraste, la discusión abierta acerca del capitalismo en Argentina denota la existencia de fuerzas antagónicas que ven la economía como un campo en disputa. La discusión acerca de las políticas sociales redistributivas, por ejemplo, es una brega legítima, y en ella los trabajadores, las empresas y los operadores políticos negocian en pos de una mayor influencia. No es de sorprender entonces que mientras la “redistribución” permanezca como una palabra clave en el campo político argentino, llegando a ser el eslogan de la promesa del modelo nacional-popular de los Kirchner, en Chile hasta hace muy poco brillaba por su ausencia. SUPUESTOS ECONÓMICOS A la luz de la discusión anterior, un tema recurrente que surgió en las entrevistas fueron las concepciones que los ciudadanos argentinos y chilenos tendrían acerca de la economía. Los analistas de negocios reiteraron explicaciones similares sobre la supuesta manera de entender CULTURAS DE CAPITALISMOS 247

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el campo económico, lo que evidenciaría diferentes procesos de “economización”. Según Caliskan y Callon (2009, 2010), la economización es el conjunto de procesos a través del cual las actividades, comportamientos y objetos se establecen como propios del campo económico. Bajo esta visión, la reunión y la calificación de acciones, dispositivos y descripciones analítico-prácticas como “económicas” por parte de intelectuales, empresarios y trabajadores tiene un claro impacto en moldear la experiencia de los fenómenos económicos. Las distintas culturas del capitalismo en estos dos países afectan las expectativas económicas de los actores. Diferentes entrevistados subrayan que los chilenos han sido profundamente influenciados por la práctica de los mercados y están altamente economizados. Comenta el sociólogo Manuel Tironi: “Lo fascinante acerca de Chile es que la gente de la calle, el taxista, sabe la escala socioeconómica. Hay una suerte de entrenamiento económico” (entrevista, noviembre 2008). La formación de mercados en muchas áreas –por ejemplo salud, fondos de pensiones, colegios privados, carreteras concesionadas, etc.– implicó la construcción de varias “entidades de mercado” que permiten su funcionamiento, tales como derechos de propiedad, regulación entre proveedores y consumidores, campañas de promoción, etc. (Ossandón 2012). La experiencia de “aprender haciendo” al usar vouchers en educación, al negociar planes de salud y ahorrar individualmente en los fondos privados de pensión (AFP) produjo un profundo cambio cultural. Las nociones económicas eran distintas treinta años atrás. Durante la Unidad Popular la inflación importaba menos y los aspectos claves de la economía eran las decisiones de Estado. “La crisis de 1982, la privatización de la vida y décadas de economistas predicando adonde fuese han contribuido a formar la actual cultura económica”, explica el periodista Ascanio Cavallo (entrevista, octubre 2008). Además se crearon nuevos espacios económicos, donde los economistas expertos se convirtieron en figuras de autoridad, como por ejemplo, los directivos del Banco Central, las AFP y las Isapres, generando así espacios “anti-políticos”, en el sentido de Barry (2002). De esta forma la jurisdicción de “lo económico” (Fourcade 2009) creció enormemente. Los economistas

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ganaron visibilidad expandiendo su mentalidad en una mayor variedad de roles, como políticos, académicos y empresarios. Que los chilenos están informados acerca de las opciones del mercado debido a la omnipresencia de los mercados privados es una explicación común. Al decir de Ascanio Cavallo, “nuestros hijos están educados en el capitalismo. ¡Hay tanta información acerca de los mercados! Los jóvenes están calculando su sueldo potencial para elegir carreras antes de salir del colegio a los 17 años” (entrevista, octubre 2008). Además, las justificaciones del capitalismo chileno han permeado varias esferas fuera del campo económico. El crecimiento, la reducción de la pobreza y la promesa del ascenso social han sido las principales justificaciones del libre mercado desde los años 80. Los discursos del emprendimiento, la innovación y la responsabilidad social empresarial han complementado estas promesas desde los 2000. Una retórica del nuevo management ha impulsado las ideas de mercado, las estrategias individuales y la iniciativa privada. Estos criterios no sólo han penetrado en la forma en que se regulan los mercados, sino también en el modo en que se discute la educación, el trabajo, la naturaleza y el gobierno. No obstante la legitimidad que goza el mercado entre las elites, y en parte, en la opinión pública, cabe mencionar que la hegemonía de ese discurso sería bastante menos unívoco en los individuos. A la luz del trabajo de Araujo y Martuccelli (2012, tomo I), quizás la exploración más acuciosa en este tema, la situación actual de los chilenos sería una mezcla de privatización activa de individuos, y de búsqueda de nuevas formas de participación solidaria o ciudadana. “Los individuos no se reconocen en la figura del homo neoliberal [sino] que se perciben como aplastados por un sistema tentacular de cariz neoliberal” (Araujo y Martuccelli 2012: 71). Una serie de discursos críticos de los chilenos frente al sistema se expresarían en denuncias a través de tópicos radicalmente diferentes, como la desigualdad, la superficialidad, la estandarización de estilos de vida o el materialismo que produce el capitalismo chileno. Todas esas frustraciones ayudarían a explicar las contradicciones entre un discurso omnipresente sobre los triunfos del mercado y el malestar latente que se manifiesta en el ciclo de movilizaciones.

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En Argentina, por su parte, un imaginario de abundancia y prosperidad, mezclado con ciclos de vacas gordas y flacas, han dado forma a la manera en que se percibe el funcionamiento de la economía. Cada crisis monetaria (hiperinflación 1985-1989, recesión 1998-2002, corridas bancarias 1980, 2001, desvalorización del peso 2013) conllevó un intenso debate, y generó nuevos lenguajes y conceptos, tales como “convertibilidad”, “corralito”, “dolarización”, “bonos”, “pesificación”, “dólar blue”. La discusión de asuntos económicos es intensa y causa controversias. Hay poco consenso general acerca de un “sentido común” en las políticas económicas. A diferencia de Chile, donde los economistas liberales monopolizaron la discusión técnica durante décadas, en Argentina los economistas ortodoxos y heterodoxos coexisten junto a políticos, miembros de sindicatos y regionalistas a la hora de ofrecer sus perspectivas. No obstante este pluralismo, sobresalen al menos tres visiones de “sentido común” sobre lo económico. En primer lugar, los argentinos sospechan del lucro y la riqueza. Si alguien es rico, existe el recelo de que “algún tipo de pillería habrá hecho. No hay una concepción de la plata bien ganada”, según las palabras del periodista Willy Kohan (entrevista, abril 2009). La fortuna tiende a producir desconfianza. Los gerentes y los consultores, en particular, son especialmente críticos de la forma en que esta sospecha ante la riqueza daña al espíritu emprendedor en Argentina. Muchos se quejan de que las empresas no pueden mostrar sus dividendos, mientras que las grandes compañías tratan de figurar más pequeñas de lo que son. En segundo lugar, y consistentemente con las experiencias de crisis monetarias, los argentinos parecen haber desarrollado estrategias de sobrevivencia y de oportunidades de inversión para lidiar con la inflación y la inestabilidad. El argentino medio está muy atento a los cambios en la economía y dedica tiempo a considerar cuándo corresponde comprar dólares o cuándo entrar al mercado de viviendas, por ejemplo. Para el economista estadounidense radicado en Buenos Aires, Daniel Altman, el conocimiento promedio de los detalles financieros es mucho más alto entre los argentinos que entre sus compatriotas. “Los argenti-

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nos saben acerca de la tasa de cambio, la importancia de las reservas de dólares o cómo invertir en moneda extranjera” (entrevista, mayo 2009). Otros académicos, bajo un ánimo más bien crítico, sostienen que esta sofisticación económica es principalmente un fenómeno de las clases medias, y que estos hábitos de “gimnasia bancaria” emergieron para enfrentar la inflación y la devaluación. Un tercer elemento en la cultura económica argentina es la noción de un Estado fuerte, como un actor que protege, subsidia y redistribuye. No obstante los niveles de privatización en Argentina son altos, aún existe un discurso que anhela el protagonismo del Estado. Con los gobiernos Kirchner, en particular, la capacidad intervencionista del Estado y el valor de los bienes públicos se revigorizaron. Para algunos analistas de negocios esa cultura de la dependencia estatal sería justamente el talón de Aquiles del capitalismo criollo. En palabras del economista Juan Carlos De Pablo, “cuando creemos que lo estamos haciendo bien, aumentamos el gasto excesivamente, y así llegan la inflación y el colapso” (entrevista, mayo 2009). Las justificaciones del capitalismo argentino parecen estar menos determinadas por los repertorios del sector privado, cuya capacidad de articular su propia narrativa es limitada. A las empresas se les critica por mantener actitudes egoístas y por no estar suficientemente comprometidas con el país e invertir más en Argentina. La retórica distributiva del Estado y su promesa nacional de un capitalismo con “inclusión social” ha sido el discurso prevalente durante los gobiernos Kirchner. Las distintas culturas del capitalismo afectan las expectativas económicas de los actores en ambos países. Mientras que en el Chile más individualista (o más resignado), las reglas de mercado son menos cuestionadas y las peticiones al Estado aún son limitadas –aunque han crecido significativamente con el rearme social desde 2011– en Argentina se espera que el Estado pueda responder y proveer. Consecuentemente, la presión en las calles para alcanzar demandas sociales es mucho mayor. Por ejemplo, una medida como la que dispuso el ministro de Hacienda chileno en 2007 con el fin de ahorrar el superávit en el ingreso nacio-

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nal a raíz del boom del cobre, por sobre la utilización inmediata de los fondos como respuesta a demandas sociales, es difícil de imaginar en Argentina. La presión interna y externa para gastar el superávit habría sido difícil de contener.

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CAPÍTULO 14 / LA OFENSIVA IDEOLÓGICA DEL NUEVO CAPITALISMO CHILENO No basta con reformar la Constitución si los reglamentos permanecen igual. No basta con limpiar la superestructura si en la experiencia cotidiana de los hombres de trabajo la maleza estatista sigue creciendo [...] El cambio, por lo mismo, debe ser completo y alcanzar a los sectores reales, al campo laboral y a los mercados de capitales. Es, pues, precisamente allí, donde radica el aspecto épico de la transformación de la economía liderada por el general Pinochet. A la vez que se establecieron los grandes lineamientos a seguir –lo macro del proyecto de apertura– también se trabajó en forma paralela en aquellos detalles que permitieron que la transformación se llevara a cabo. Hernán Büchi (2008: 103-105)

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na interpretación adicional que quisiera plantear es que además de las experiencias concretas con el libre mercado y el neoliberalismo en estos países, sus culturas económicas también han sido forjadas por los circuitos culturales del capitalismo (Thrift 2005). Mientras que la red de instituciones reflexivas que promueven valores promercado se expandieron a la par con la posición dominante de las empresas privadas en Chile, esos circuitos fueron cuestionados por otros grupos –y otros discursos– en Argentina, limitando la propagación de las ideas neoliberales. Dado que estos circuitos son financiados y estimulados por el sector privado, su grado de influencia refleja el poder y la organización de las elites económicas de ambos países. Mientras que el robusto sector empresarial chileno tiene un rol preponderante en el mundo de las ideas locales, sus fragmentados pares argentinos son menos visibles y menos influyentes en un escenario cultural donde los intelectuales poseen una frondosa tradición de pensamiento político (Neiburg 1998; Pavón 2012). Como revisamos al inicio, los circuitos culturales del capitalismo surgieron en los años 60 como resultado de dos fenómenos entrelazados: la reacción neoliberal de las elites económicas en contra de un capitalisCULTURAS DE CAPITALISMOS 253

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mo supervisado por el Estado, y el giro cultural del propio capitalismo, con el cual las empresas y la academia estrecharon sus vínculos (Thrift 2005). La superposición de estos dos fenómenos, sumada a la revolución tecnológica de los últimos cincuenta años (Pérez 2002), profundizaron la naturaleza autorreflexiva del capitalismo. Además, la proliferación de economistas en el campo de la política y la creciente influencia de think tanks en la difusión de los saberes económicos, alteró la relación entre capitalismo y política. Como la literatura sobre think tanks y política de expertos ha mostrado largamente (Medvetz 2012; Mirowski y Plehwe 2009; Mirowski 2013; Fischer y Plewhe 2013), las ideas neoliberales fueron esparcidas desde la segunda mitad del siglo XX por una red de instituciones como la Sociedad Mont Pelerin. Desde los años 80, esa red difusa de organizaciones fue generando su propio espacio de conocimiento, situada en la intersección de los campos político, académico y mediático, desde donde los tecnócratas intentan influir ofreciendo sugerencias de política pública. Para Medvetz (2012: 7), los think tanks viven en la permanente encrucijada por captar la atención y reconocimiento de los partidos políticos, los financistas privados y los medios de comunicación. Estas necesidades limitarían su capacidad de producir reflexiones originales que desafíen las premisas del debate público, o que ofrezcan recomendaciones que van en contra de los intereses de los donantes o de los partidos políticos. Para Mirowski (2013), estos centros de pensamiento hoy ya no estarían enfocados a difundir las ideas económicas neoclásicas, sino a ajustar la doctrina neoliberal al contexto político local. Con el fin de redefinir el rol del Estado y levantar soluciones de mercado, los think tanks neoliberales se preocuparían de negar los efectos nocivos de los mercados, produciendo agnotología en la opinión pública. Las campañas de desinformación y confusión sobre temas controversiales como el calentamiento global o la crisis financiera mundial, son para Mirowski (2013) ejemplo de esta lógica.46 46 Mirowski (2013) considera que estos think tanks han promovido un nuevo tipo de intelectuales “antiintelectuales” expertos en lobby, en tecnologías de la persuasión, y en

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La interconexión entre think tanks, empresas y academia dio pie a una industria de ideas, instrumentos y servicios de consultoría y lobby para los negocios. Las compañías se tornaron receptivas a ideas provenientes de otros campos y el capitalismo se convirtió en una empresa teórica capaz de pensarse a sí misma, instalando nociones virtuales acerca de las supuestas formas en que funciona el mundo. Aunque con distintas trayectorias, estos circuitos tomaron fuerza en Argentina y Chile desde fines de los años 70 y crecieron como resultado de la sinergia entre tres procesos. Primero, el esfuerzo de algunos sectores empresariales por profesionalizar los cuadros ejecutivos, y la ofensiva ideológica de los Chicago Boys por educar a las elites en la doctrina del libre mercado, y así justificar las reformas neoliberales. Segundo, la propia complejización del mercado interno, que estimuló el surgimiento de industrias periféricas que fortalecieron la capacidad operativa y reflexiva de las firmas: servicios financieros, bancos de inversión, consultoras de investigación de mercado, marketing, reclutamiento y comunicaciones, entre otros. Tercero, la expansión de la industria del management, la capacitación y los negocios orientados a potenciar el desempeño de los ejecutivos. Este capítulo, y el siguiente, intentan reconstruir la evolución de estos circuitos y las diferentes respuestas que han tenido en Argentina y Chile. Una prensa económica poderosa, numerosas escuelas de negocios, influyentes think tanks liberales y centros de encuentro empresarial, y un robusto sector de consultorías de negocios, constituyen el núcleo del aparato reflexivo del capitalismo contemporáneo en Chile. Estos circuitos culturales surgieron en los años 80 como expresión de la ofensiva ideológica promovida por un revitalizado sector empresarial. Como hemos visto, el sector privado renovó sus creencias inspirado en la doctrina de los Chicago Boys (Valdés 1995), y logró defender colectivamente sus intereses a través de la multisectorial CPC, especialmente luego de la crisis de organizar movimientos sociales sintéticos –astroturf movements – con el fin de producir una falsa idea de debate en temas controversiales para la opinión pública, debates donde los aparentes contrapuntos tienen los mismos intereses, y muchas veces tienen los mismos financistas.

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1982-83 (E. Silva 1998; Schneider 2004). El sector empresarial invirtió en universidades privadas, en la prensa económica y en think tanks con el fin de transmitir a empresarios y ejecutivos las virtudes de la competencia, y profesionalizar su operación, pero también para influir sobre los diseñadores de políticas y el público amplio, es decir, para reforzar las justificaciones del libre mercado. Los orígenes del nuevo espíritu del capitalismo chileno (la dictadura) obligaban a un esfuerzo especial de racionalización y legitimación, quizás superior al de otras latitudes. El neoliberalismo echó raíces en Chile no sólo por el marco institucional favorable para los mercados y el impacto performativo de las instituciones privadas, sino también gracias a las continuas justificaciones promovidas por el aparato cultural del empresariado. El derrotero de estos circuitos, por cierto, estuvo marcado también por las condiciones políticas de la transición. Entre ellas, por la renovación tecnocrática que experimentaron los intelectuales de centroizquierda de la mano de los economistas de CIEPLAN (P. Silva 1991; Puryear 1994; Gárate 2008); por la valoración creciente de la lógica económica en los partidos políticos (Montecinos 1997); por la colonización de los puestos de gobierno por parte de economistas formados en Estados Unidos (Montecinos y Markoff 2009); y desde luego, por las condiciones de amarre en que surge el consenso entre las elites políticas y económicas durante los 1990. A ello hay que sumar el perfeccionamiento de las regulaciones y la institucionalidad del capitalismo chileno durante los gobiernos de la Concertación que fortaleció la legitimidad de los mercados. La posición dominante del pensamiento neoliberal en Chile (Palma 2008) ha facilitado la expansión de las promesas del emprendimiento y la gestión. El discurso de Piñera y su “nueva forma de gobernar” fue un vívido ejemplo de esa narrativa. Los bordes de estos circuitos culturales son difusos, por lo que establecer con precisión las instituciones reflexivas del capitalismo es una empresa osada. Al rastrear los orígenes de estos circuitos, sin embargo, en el caso chileno aparecen al menos cuatro instituciones claves: el departamento de Economía de la Universidad Católica (PUC), el dia-

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rio El Mercurio, el Centro de Estudios Públicos (CEP) y el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE). LA COLONIZACIÓN MONETARISTA DE LAS FACULTADES DE ECONOMÍA Tal como revisamos en los capítulos 4 y 5, desde la alianza entre la Universidad de Chicago y la escuela de Economía de la PUC en 1955, cientos de académicos fueron entrenados en la teoría monetarista de política económica (Rosende 2008). Ese grupo de economistas, los Chicago Boys, una vez empoderados por Pinochet, no sólo implementaron extensivas reformas neoliberales, sino que también colonizaron los departamentos de Economía de las principales universidades, estandarizando la disciplina de acuerdo a las teorías de Friedman y Harberger. En una verdadera “operación de limpieza” durante la dictadura, los jóvenes economistas de la PUC sustituyeron a los profesores tradicionales formados en el pensamiento desarrollista de la CEPAL por monetaristas instruidos en Chicago. Joaquín Lavín, el líder de la UDI, encabezó esta operación en la Universidad de Concepción, y Álvaro Saieh, actual magnate de la banca y de la prensa, purgó el departamento de economía de la Universidad de Chile de los intelectuales desarrollistas y de izquierda (Mönckeberg 2009: 154). Según explica el economista Ricardo Ffrench-Davis, “ni en Argentina, México o Brasil el neoliberalismo es tan intenso como en Chile. Diecisiete años de Pinochet, el control de las universidades y la limpieza de las facultades de Economía fueron cruciales para lograr la conversión de la cúpula empresarial al neoliberalismo” (entrevista, diciembre 2008). La “cruzada” fue aún más efectiva, porque los académicos de Administración de la PUC también formaron y/o adquirieron varias universidades privadas, desde que el sistema universitario se convirtió en un mercado liberalizado en 1981. Así, las universidades pronegocios salieron fortalecidas durante y después del régimen militar, propagando la lógica del libre mercado en diversas disciplinas. En varias de ellas, exfuncionarios económicos del gobierno de Pinochet todavía son figuras de renombre (para un cuadro completo, CULTURAS DE CAPITALISMOS 257

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ver Mönckeberg 2005 y 2007). Algunas de esas universidades, las llamadas “de la cota mil”, como las denominó el cura jesuita Felipe Berríos en referencia al sector del barrio alto de Santiago en que se ubican estas instituciones (Berríos 2009), están ligadas a grupos religiosos católicos –Opus Dei, Legionarios de Cristo– y a los principales sectores empresariales, haciéndose aún más influyentes entre las elites tradicionales. Las universidades privadas se han expandido desde los años 80, ampliando el acceso de los chilenos a la educación terciaria. Dentro del sistema universitario, la mayoría de las 59 universidades ofrece grados en Administración de empresas o Ingeniería comercial (Mineduc 2011). El grado de Ingeniería comercial con que se enseña Administración y Economía en Chile evidencia el fuerte enfoque matemático introducido por los Chicago Boys. Como señala el profesor de Finanzas de la PUC Julio Gálvez, “Chicago puso el conocimiento científico en las escuelas de negocios. La economía antes aquí se enseñaba en base a los libros de Aníbal Pinto. Y la verdad es que eso no es economía, eso es una narrativa histórica” (entrevista, octubre 2008). Esa formación “científica” ayudaría a explicar en parte la fascinación de ejecutivos y empresarios por las herramientas cuantitativas. Por más de treinta años los gerentes de las empresas chilenas han sido catequizados bajo las recetas monetaristas y la noción individualista del homo economicus. Según el ingeniero comercial y rector universitario Andrés Benítez, esta carrera pretende crear “una mente individual, una mente guiada por el éxito, una mente altamente competitiva. ¡Los estudiantes quieren ganar plata!” (entrevista, septiembre 2008). Además, la clase política fue crecientemente influenciada por los mismos enfoques cuantitativos y tecnocráticos. Joaquín Lavín lo dijo explícitamente: “La tecnocracia en Chile es muy fuerte a lo largo de todo el espectro político… [Entre otras cosas], el rediseño de la carrera de ‘negocios y economía’ fue crucial. Ahora tenemos una masa de políticos expertos que son capaces de encontrar consensos dentro de los parámetros del mercado” (entrevista, diciembre 2008). La Escuela de Administración y Economía de la PUC continúa siendo el principal centro de formación del pensamiento neoliberal en Chile,

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pero muchas otras universidades privadas han desarrollado competitivas carreras de Ingeniería comercial, cursos de MBA y programas de formación similares. Las carreras de Ingeniería comercial, y en segunda instancia Ingeniería civil industrial, ganaron en estudiantes y reputación, tornándose las predilectas de los ejecutivos. Así, los managers chilenos han sido catequizados con metáforas comunes. Con los años, el mercado profesional se volvió más exigente, y los MBA se tornaron una credencial indispensable para escalar en la carrera gerencial, reforzando la idea de una gestión técnica y despolitizada en el pensamiento de los ejecutivos. No es sorpresa entonces que 29 de las 59 universidades ofrezcan programas de MBA (Mineduc 2011). A pesar de ser un país pequeño, las universidades chilenas lideran el competitivo mercado de MBA en Latinoamérica. Tal como lo muestra el ranking de 2011 de la revista América Economía, entre los 42 programas de MBA top en la región (incluyendo a Centroamérica), once son de universidades chilenas, mientras que sólo cinco de Argentina. Cabe recordar que esta no es una industria inocua. Las ideas sobre el management y el capitalismo, y la materialidad de esas ideas –los espacios, prácticas y herramientas de gestión– están imbricados, y tienen un carácter performativo, es decir, producen realidades, impactan en las relaciones entre las empresas y sus entornos, y entre managers y trabajadores (Callon et al 2007; Hancock y Spicer 2009). En suma, la traducción de Chicago que hicieron los economistas PUC está en el fundamento de cómo se enseña la ciencia económica en Chile, y esa manera de pensar cruza no sólo el sector empresarial, sino también varios sectores del mundo de la política. EL MERCURIO Y LA FORMACIÓN DE LA PRENSA ECONÓMICA La segunda institución que influyó decisivamente en la constitución de los circuitos culturales del capitalismo chileno fue El Mercurio. Este periódico ha sido desde su fundación el brazo comunicacional del sector empresarial y un articulador clave del proyecto de sociedad de la derecha chilena (Correa 2004; Soto 2003; Mönckeberg 2009). DuranCULTURAS DE CAPITALISMOS 259

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te el gobierno de Allende ayudó a fortalecer a la oposición política de la Unidad Popular y apoyó explícitamente el golpe militar. En dictadura dio especial respaldo a las ideas y figura de los Chicago Boys, y fue promotor central de la idea del mercado, no sólo como un programa de privatizaciones, sino como gran articulador social, como un “motor de crecimiento” (Sunkel 1983). Los logros del “milagro económico” eran resaltados con ímpetu por este medio, igual que la reducción de la inflación a fines de los años 70 (Montecinos 2009), y el retrato de Chile como “un país ganador”, pujante y emprendedor (Subercaseaux 1998). El Mercurio fue además propulsor de la prensa económica especializada en Chile. Según Francisco Covarrubias, director de El Diario Financiero, “treinta años atrás los periódicos en este país no ofrecían información económica” (entrevista, noviembre 2008). Existía información comercial sobre precios, volúmenes de producción y tipo de cambio, pero no había una discusión acabada sobre la dinámica económica internacional, sobre la deuda externa o las tasas de ahorro nacional. Si bien el semanario Estrategia se fundó en 1978, fue sólo con la creación del cuerpo de Economía y Negocios de El Mercurio en 1981 que el embate educativo sobre la economía de mercado cobró fuerza. Con Álvaro Bardón de editor, Joaquín Lavín de subdirector y Andrés Benítez en su equipo, Economía y Negocios amplió las tradicionales noticias económicas del Ministerio de Hacienda, el IPC y el PGB, fabricando reportes sobre las compañías y produciendo interés sobre la marcha del mercado. Comenzaron a estudiar las FECUs (informes financieros) de las empresas producidas por la Superintendencia de Valores y Seguros y las colocaciones de los bancos, y produjeron los primeros índices económicos y rankings de competitividad. Andrés Benítez, por ejemplo, explicaba por qué surgía la inflación, las ventajas de los aranceles bajos o la devaluación de la moneda. En palabras de Joaquín Lavín, “nuestra misión era educar a la gente acerca de las reglas del mercado. Les explicábamos los ‘fenómenos económicos’ como la inflación o la deuda pública. También comparábamos las contabilidades de las empresas y los movimientos accionarios, con el propósito de generar interés en los mercados, y noticias relativas a los negocios” (entrevista, diciembre 2008).

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El interés por los temas financieros creció con el colapso de la banca de 1982. La restricción de información en dictadura, además, permitió dar mayor atención a controversias económicas como la regulación de bancos o los cambios en la propiedad de las empresas. En contraste con la política, prohibida y desprestigiada como “politiquería”, la economía era presentada como sinónimo de lo científico y neutral. Con el posterior boom económico de 1985 los empresarios y los economistas ganaron cobertura y visibilidad; creció su exposición pública y la amplitud de temas sobre los que entregaban su opinión, como empleo, política o familia, convirtiéndose efectivamente en “intelectuales públicos” (Valdés 1995; Gárate 2012). Según la periodista Soledad Vial de Economía y Negocios de El Mercurio, “una gran diferencia en Chile es que los empresarios dan entrevistas. Si entrevistamos a Andrónico Luksic, le preguntamos sobre sus compañías, el banco, y también acerca de qué piensa en relación a las elecciones y al gobierno, pues los empresarios son actores que tienen un enorme impacto político” (entrevista, octubre 2008). Tras este empujón de El Mercurio, el semanario Estrategia devino periódico, y posteriormente surgió El Diario Financiero. El vespertino La Segunda se especializó en economía, al igual que las revistas Capital y Qué Pasa. Además, hacia fines de los años 90 se consolidó el duopolio de prensa escrita en los grupos El Mercurio y Copesa (Sunkel y Geoffroy 2001; Mönckeberg 2009), ambos de línea editorial proempresas. La prensa escrita chilena estuvo cada vez más atenta a los mercados, las finanzas, los negocios, y la evolución de las empresas, pero fue perdiendo distancia para escrutar al sector privado. Los principales escándalos económicos, por ejemplo, no suelen explotar por la investigación crítica de la prensa económica, como podría esperarse, sino que tienden a surgir por acusaciones entre las propias elites económicas (caso Chispas 1997), investigaciones de los reguladores (fallida fusión Falabella-D&S 2007, compra de acciones LAN 2007), o por políticos que acogen la denuncia de clientes (La Polar 2011). Si bien la prensa económica por naturaleza es de nicho, en el caso chileno su visión es extremadamente consistente con el pensamiento empresarial. Es una prensa que no suele emitir un

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juicio crítico sobre el desempeño, la ética o las prácticas laborales de las firmas. En vez de examinar las controversias regulatorias que rodean a las empresas, tiende a elogiar sus logros, y trata a los ejecutivos como celebrities que viven estimulados con rankings de competitividad. Es posible concluir que se trata de una prensa que tiende a reproducir los códigos del sector empresarial y a defender los intereses de las empresas. EL CEP Y EL INSTITUTO LYD: LA INFLUENCIA DE LOS THINK TANKS PRONEGOCIOS Un tercer tipo de agentes que influyó decisivamente en la formación de los circuitos culturales del capitalismo chileno son los think tanks liberales. Los principales centros de pensamiento que han divulgado las ideas empresariales son el Centro de Estudios Públicos (CEP) y Libertad y Desarrollo (LyD). Si bien existe un variado panorama de think tanks de derecha e izquierda en Chile (Gárate 2012), el alto perfil y la regularidad de las publicaciones del CEP y LyD los ha hecho enormemente influyentes en la discusión pública, quizás más que cualquiera de los centros ligados a la Concertación, como Cieplan, Expansiva, Chile 21, ProyectAmérica o Flacso. Y aunque algunos de estos centros jugaron un papel decisivo en la renovación del pensamiento tecnocrático de la inteligencia de centroizquierda en los años 80 –especialmente Cieplan (Puryear 1994; Gárate 2013)–, hoy tienen un peso relativo inferior a la hora de cultivar redes y de captar recursos y la atención de los políticos y los medios de comunicación. El CEP fue creado en 1980 con el soporte de las empresas del grupo Matte. Su misión original era “ser un centro de formación de directivos y líderes, y un semillero de ideas e información sobre asuntos públicos” (Montero 1993: 53). A través de conferencias y seminarios que discutían los valores fundacionales del libre mercado (Hayek 1980; 1981; 1982), la relevancia de los derechos de propiedad (Cáceres 1982; Friedman 1982) y los problemas del estatismo (Fontaine 1980), el CEP se convirtió en el centro de pensamiento más influyente del sector privado. Como indica el reporte del Foreign Policy Research Institute 2011, el CEP es consi262 DIVERGENCIAS

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derado el segundo think tank más influyente en América Latina y está entre los 50 de mayor influencia en el mundo. Su consejo asesor y directivo está compuesto por los principales empresarios de la plaza y por reputados intelectuales liberales. Desde sus comienzos bajo el régimen cívico-militar el CEP se convirtió en el centro neurálgico del pensamiento emprendedor, y en democracia se tornó en un espacio formal en donde los representantes de los empresarios y del gobierno discuten reformas y regulaciones. Su revista, Estudios Públicos, ganó prestigio académico e influencia en la discusión técnica de políticas. Si bien su foco original era instruir las virtudes de la economía de mercado, con los años fue ganando en pluralidad temática y diversidad intelectual. Y aunque esta revista cubre controversias públicas en variados temas –como políticas indígenas, medio ambiente, políticas urbanas o gestión educacional–, el enfoque preferencial confirma una visión donde los economistas liberales tienen un lugar preponderante. Desde 1987 que el CEP ha desarrollado su propia encuesta, la que analiza el pulso político en la opinión pública. El establishment político considera que su encuesta bianual es la fuente más importante de este tipo de información y que sus resultados influyen en las decisiones electorales (Huneeus 2011). Aunque en términos políticos el CEP puede ser asociado con el partido de centroderecha RN, sus principales vínculos son con el sector empresarial, incluyendo lazos con la UDI, y con los sectores tecnócratas de la Concertación (Otano 2006). En años recientes el CEP se embarcó en proyectos junto a otros centros de pensamiento, como Cieplan, Expansiva o la Universidad Diego Portales, ampliando su influencia y la variedad de investigadores que congrega. En suma, este centro le ha prestado un estatus intelectual al empresariado, fortaleciendo los argumentos económicos del sector privado en la discusión pública, y ayudando a modernizar a la derecha chilena. Por más de treinta años su director fue Arturo Fontaine, intelectual liberal conocido por su pluralidad de ideas. En 2013, sin embargo, el consejo directivo le pidió la renuncia, y en su lugar designó al exministro de Educación de Piñera, Harald Beyer. La cercanía de Fontaine con Bachelet y

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su posición firme contra el lucro en la educación chocaron con la visión de los directores del CEP, muchos de los cuales tienen intereses en el negocio de la educación. Por su parte, Libertad y Desarrollo fue fundado en 1990 por exministros del régimen de Pinochet ligados a la UDI (Montero 1993: 29). Con un fuerte apoyo económico del sector empresarial, LyD es el principal promotor de políticas promercado, influyendo decisivamente en los parlamentarios de derecha. A diferencia del CEP, que ha incorporado visiones divergentes en su acercamiento hacia el mercado, LyD ha mantenido un programa ortodoxo para promover soluciones de mercado en todos los sectores de la sociedad, con un enfoque conservador en asuntos morales. Con un fuerte equipo de investigadores, se preocupa de evaluar las políticas públicas y de entrenar expertos, y se ha convertido en una fuente de autoridad técnica para los sectores de derecha. La influencia de LyD se puede apreciar a través de la promoción de agendas políticas relativas a seguridad, flexibilidad en los mercados laborales y al rol de los privados en instituciones tradicionalmente públicas como hospitales, cárceles o universidades. EL CLUB DE NEGOCIOS ICARE Y EL MUNDO DE LAS CONSULTORÍAS Un cuarto pilar de estos circuitos culturales es el Instituto de Administración Racional de Empresas, ICARE, el espacio principal de encuentro empresarial. Sus socios, las grandes empresas de la plaza, participan de círculos de calidad en áreas como marketing, finanzas, innovación o personas. Aquí managers y consultores “comparten sus experiencias de éxito”, “aprenden de sus pares”, y establecen los benchmark de la industria. Sus eventos en el centro de convenciones CasaPiedra se transformaron en el ícono geográfico del empresariado, el lugar donde la elite económica se reúne y reconoce. Quien no está en ICARE, al decir de los ejecutivos, “no existe”. Este club de negocios se encarga de remozar el discurso corporativo, celebrar sus logros, y reforzar el sentimiento de liderazgo del mundo privado. ICARE fue fundado en 1953 por la SOFOFA (la asociación de los in264 DIVERGENCIAS

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dustriales) con el fin de capacitar a ejecutivos y operarios para mejorar la productividad. Tras décadas de un papel secundario, con el rearme del sector privado en los años 80 se convirtió en lugar privilegiado de instrucción técnica y formación ideológica. En sus seminarios los gerentes examinaban los fundamentos del libre mercado, y las tareas pendientes de la modernización, ayudando a forjar la “mentalidad exportadora” y la mística del empresariado. Montero (1993) destaca el ENADE 1986, “El Empresario, motor del progreso”, como una de las ofensivas en las que el espíritu empresarial y la iniciativa privada eran difundidas instructivamente. Ahí se llamaba a “comprometerse activamente en una acción de promoción, defensa y desarrollo de los principios básicos de la libre empresa”, en un embate orientado a todos los segmentos sociales y políticos (Montero 1993: 53). En estos encuentros, Carlos Cáceres, Hernán Büchi y los economistas de Pinochet predicaban los principios del modelo, mientras los ejecutivos se reunían en comisiones sectoriales, estrechando de paso sus redes de contacto. Muchos de estos economistas se mantienen vigentes hasta hoy a la cabeza de universidades privadas, en el think tank Libertad y Desarrollo, y en varios directorios de empresas. Como afirma su presidente Manuel Vargas, “ICARE es el punto de encuentro de la comunidad empresarial” (entrevista, septiembre 2008). Con una masa de ejecutivos más ilustrada a punta de MBA, ICARE devino en un lugar de contactos y de oportunidades para hacer negocios. La instrucción y la capacitación fueron complementados con el negocio de la reputación. Si bien ICARE coordina semanalmente seminarios, desayunos y entrenamientos, su evento estrella es ENADE, el Encuentro Nacional de la Empresa. En este encuentro, que reúne cerca de 1200 ejecutivos, los expertos locales interpretan las “señales del mercado”, resaltan los desafíos del sector privado y muestran las últimas novedades sobre consumo, regulación o innovación. Al decir de los ejecutivos, ese día “se junta el 80% del PGB nacional”, “ese día se para la economía chilena”. Es también el evento más político de ICARE, donde el presidente de la CPC entrega el mensaje de los empresarios y las autoridades gubernamentales reafirman las prioridades económicas del país. Este evento convoca con

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un nombre en latín –como Sine Qva Non o Sunsum Corda– como si con el despliegue de un aura académica aspirara a entregar una señal de trascendencia. En términos durkheimianos, se podría afirmar que ICARE lleva a cabo el ritual de revivir el vínculo colectivo de la comunidad empresarial, estimulando las redes de contacto y la moral de los privados. ICARE ha sido exitoso en varios aspectos. Tiene una enorme capacidad de convocar a empresarios, ejecutivos y a buena parte del aparato intelectual del capitalismo chileno. En tanto la base de sus eventos está financiada por las grandes empresas, genera un círculo virtuoso de atracción para otros ejecutivos. Por lo mismo, a diferencia de otros centros empresariales que se dedican a traer gurús internacionales, este club convoca principalmente a expertos y actores locales. Así, la comunidad empresarial chilena se reproduce celebrando el éxito de sus miembros. Con el giro del negocio de la capacitación a la reputación, ICARE adquirió el status de certificador de pertenencia. Este espacio además canalizó oportunamente el giro cultural del capitalismo, haciendo de la híbrida retórica del new management un nuevo mecanismo de integración. En los desayunos de ICARE ya no sólo están Hernán Büchi o Sebastián Edwards exponiendo sobre mercados de capitales o competitividad, sino nuevos expertos hablando de “la orquestación del valor”, “gestión de la creatividad” o “del insight a la innovación” (ICARE 2011). Este giro epistémico, motivado por el amplio espectro que sostiene el negocio de las conferencias de expertos, ha remozado el lenguaje corporativo, generando nuevas justificaciones para su adaptación. En conexión con estas instituciones nucleares, ha crecido una exitosa industria de consultoría imbricada en la periferia del mundo de las empresas, que desarrolla herramientas de gestión y estrategias de comunicación que hacen parecer a las empresas más inteligentes, informadas y reactivas a los nuevos desafíos. Bancos de inversión, consultores de gestión, firmas de estudios de mercado, servicios financieros, head hunters, relaciones públicas y comunicaciones, y consultoría en responsabilidad social empresarial, entre otros, han fortalecido el aparato reflexivo del capitalismo chileno. Estos circuitos han sido capaces de integrar a parte

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importante de la “inteligencia” local al servicio de las empresas, neutralizando a sus potenciales críticos. Sociólogos, periodistas y “analistas simbólicos” han hecho efectivamente al capitalismo chileno más sofisticado y reactivo, otorgándole capacidad para traducir la crítica en un conocimiento útil para el desempeño de las empresas. Es interesante notar que los saberes que transitan estos circuitos no sólo se centran en la instrucción económica, sino que incluyen el campo flexible de la gestión y otras disciplinas. Dentro de ese nuevo espíritu elástico conviven materias sobre recursos humanos, negociación, marketing y reputación corporativa, con la innovación, el emprendimiento, y la batería blanda del liderazgo, la creatividad y la inteligencia emocional. Un lenguaje asociado a la aventura, la pasión y al “aprender haciendo” ha penetrado en estos circuitos (Freire 2004), con el supuesto fin de liberar el potencial creativo de los ejecutivos. A pesar de la expansión de esta nueva retórica de management, cuando los temas estructurales salen públicamente a discusión –como reforma tributaria, demandas laborales o nueva Constitución– el discurso new age tiende a ser dejado de lado, y estos circuitos se reenfocan en la defensa pragmática de los intereses de las empresas. Por ejemplo, como observa Ricardo Ffrench-Davis, la crisis financiera de 2008 fue percibida como una amenaza al modelo de mercado. La reacción de los intelectuales neoliberales fue enfática: “Decían: ‘debemos ser cuidadosos con el gasto público, la recuperación de la economía debe ser conducida por el sector privado’. Repetían el mismo discurso en cientos de paneles de ICARE y en la prensa, y claro, sin invitar a gente que tiene visiones distintas” (entrevista, diciembre 2008). Los impactos de estos circuitos culturales son visibles en diferentes ámbitos. Por un lado, resguardan los criterios corporativos en instancias legislativas (lobby), defendiendo los intereses privados. Por otro, construyen relatos épicos para renovar las justificaciones de las firmas. También producen instrumentos de gestión, capacitan a ejecutivos y establecen los benchmarks de competitividad, afectando efectivamente la “gobernabilidad” de las empresas. La operación entrelaza-

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da de estos circuitos, si bien no de forma coordinada, ha reforzado el discurso neoliberal. No obstante la influencia preponderante de estos circuitos en el mundo de las empresas y la economía, la disputa por las ideas ha ganado nuevos bríos en Chile, especialmente tras las movilizaciones de 2011. Aunque existen pocos espacios críticos entre los medios de comunicación mainstream, canales alternativos como CIPER, El Mostrador, radio Bío-Bío, The Clinic, El Quinto Poder, El Dínamo y otros espacios en la blogósfera han canalizado la crítica social en la última década. Nuevos think tanks como la Fundación Sol o el movimiento político Revolución Democrática han cuestionado sistemáticamente las cifras oficiales y las injusticias del mercado laboral. En el campo económico, en particular, consensos indiscutidos por décadas entre los economistas, como el paradigma de la focalización en las políticas sociales, comenzaron a fracturarse (Fábrega 2014). Un nuevo lenguaje sobre la universalidad de “derechos sociales” irrumpió en la discusión pública. La hegemonía del discurso neoliberal que celebraba el éxito macroeconómico y la focalización fue puesta en cuestión.

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CAPÍTULO 15 / LA BATALLA POR LAS IDEAS SOBRE EL CAPITALISMO ARGENTINO Llamamos a eliminar la enseñanza de los economistas identificados con el neoliberalismo de los 90 y el FMI, como Friedman y Samuelson, en mérito de autores como Marx, Keynes y Prebisch, y otros textos heterodoxos como el brasileño Serrano y del polaco Kalecki. Amado Boudou, ministro de Economía de Argentina, 17 de octubre de 2011.

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a posición de los circuitos culturales del capitalismo argentino es bastante diferente al cuadro descrito para el caso de Chile. A pesar de haber ganado un rol importante durante los años 90, estos circuitos nunca alcanzaron una posición dominante. Sus antecedentes son diversos y entrópicos. Por un lado, el sector empresarial argentino tiene una larga trayectoria de industrialismo nacional durante el siglo XX, que formó cuadros profesionales y una prensa económica basada en Buenos Aires desde los años 60. Por otra parte, en sus disputas internas por generar negocios con el Estado, la clase capitalista argentina ha sido incapaz de invertir consistentemente en instituciones reflexivas que defiendan sus intereses. Más aún, la esfera pública que estos circuitos aspiran colonizar está poblada por una variada red de intelectuales que participan en política, que han mantenido vivas publicaciones e instituciones críticas a lo largo de diferentes gobiernos, y que disputan las ideas del capitalismo desde distintos rincones. Durante las presidencias de Menem en los años 90, los circuitos culturales del capitalismo crecieron a la par de la expansión de los mercados privados, con el fin de darle legitimidad al proyecto neoliberal. Las consultorías de management y negocios se expandieron en línea con la llegada de las corporaciones internacionales, y el número de posgraduados en programas de economía y negocios creció notoriamente (Heredia 2007). Sin embargo, las ideas liberales nunca pudieron alterar por completo la asentada cultura pública asociada al peronismo. Y en partiCULTURAS DE CAPITALISMOS 269

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cular, la clase empresarial nunca estuvo totalmente convencida de promover el neoliberalismo (Beltrán 2011). A pesar de la difusión de estas ideas por parte de think tanks locales y extranjeros, como la Fundación Atlas, los intelectuales y académicos de las universidades públicas se mantuvieron atentos al impacto social de las reformas. Tras la crisis de 2001, los economistas ortodoxos, las firmas consultoras de empresas y los investigadores de los think tanks promercado perdieron preponderancia en la discusión pública. Aunque varios consultores siguen asesorando al sector privado y a gobiernos regionales, su reputación quedó manchada por la crisis. Se culpó al neoliberalismo de la crisis política, de la destrucción de firmas locales por la entrada de corporaciones extranjeras, y de la pérdida de empleo y garantías sociales. Las reformas de Menem fueron desacreditadas. Además, ambos gobiernos Kirchner pusieron en marcha una contraofensiva ideológica ante los inversionistas extranjeros y las instituciones financieras internacionales, revitalizando la capacidad intervencionista del Estado. En resumen, el aparato reflexivo del capitalismo que había crecido de forma tenue en los 90 fue rotundamente cuestionado, y sus instituciones cayeron en descrédito. Es más, los intelectuales públicos se reagruparon y renovaron su ethos crítico. Los economistas heterodoxos se organizaron tras el Grupo Fénix en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA desde fines de los 2000, proponiendo la reindustrialización del país y su inserción internacional a partir del fortalecimiento del Mercosur (Pavón 2012: 359).47 El Movimiento Argentina Resiste (MAR) congregó desde 2002 a más de 250 intelectuales y artistas en defensa de la cultura nacional, frente a lo que denominaban el avasallamiento de las políticas dominantes. Luego surgió el espacio Carta Abierta, que desde 2008 agrupa a diversos intelectuales como Horacio González, Ricardo Forster, María Pía López y Horacio Verbitsky que salieron en defensa de la obra kirchnerista frente 47 El variopinto grupo de economistas que congrega este colectivo incluye a figuras como Aldo Ferrer, Mario Rapoport, Eduardo Basualdo, Abraham Gak, Hugo Nochteff, Mercedes Marcó del Pont, Benjamín Hopenhayn, y Daniel Azpiazu, entre muchos otros.

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al lenguaje “destituyente” que las organizaciones de productores rurales ejercía sobre el gobierno de Cristina Kirchner. Una variante similar reúne a otros intelectuales en el Club Político Argentino. Además, por la izquierda, críticos del kirchnerismo como Christian Castillo y Maristella Svampa, dieron voz a piqueteros, desempleados y a las comunidades tradicionales afectadas por los grandes complejos industriales, lo que ayudó a mover el péndulo político aún más hacia la izquierda. En el crispado ambiente de la disputa política argentina, la batalla por las ideas tomó nuevos bríos. FIEL, CEMA Y FUNDACIÓN MEDITERRÁNEA: AUGE Y CONTRACCIÓN DE LOS CENTROS LIBERALES Los think tanks liberales se expandieron en Argentina desde los años 70. Centros como la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), la Fundación Mediterránea y CEMA (Centro de Estudios Macroeconómicos) tomaron fuerza como espacios profesionales dedicados a promover las ideas del libre mercado. Los economistas que participaron en “El Proceso” (1976-1983), por ejemplo, fueron reclutados por Martínez de Hoz principalmente desde estos centros de pensamiento (Heredia 2004; Biglasier 2002). Estos espacios disputaban las recetas para “sanar la economía” que los expertos de los think tanks desarrollistas, como el Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella y el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), promovían desde los 60 (Neiburg 2005). Los think tanks liberales, y algunos empresarios, ayudaron a construir la justificación pública sobre la necesidad de las reformas de mercado a fines de los 80 (Beltrán 2006). FIEL y CEMA armaban reportes de investigación y conferencias sobre las crisis de la moneda e inflación en Argentina, y sugerían nuevos indicadores y recetas para combatir sus flagelos, evidenciando la urgencia de privatizar y abrir la economía (De Pablo 1999). Como explica un ejecutivo de una gran empresa, “en los años 90, FIEL, CEMA y Mediterránea produjeron una batería de profesionales que doCULTURAS DE CAPITALISMOS

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minaron el espacio de comunicación, promoviendo las reformas económicas en la discusión pública” (entrevista, marzo 2009). Durante los años 90 la discusión pública en el campo económico aspiraba a ser un “debate puramente técnico” entre expertos que aseguraban saber lo que necesitaba la nación. Voces “no expertas”, como intelectuales y líderes sindicales, perdieron espacio en las discusiones macroeconómicas, donde antes habían jugado roles significativos (Heredia 2004). Los recuentos de época reportan que Menem no escuchaba a los intelectuales, sólo a expertos económicos, y especialmente al grupo de economistas ortodoxos ligados a Cavallo a través de las redes de CEMA, FIEL y las universidades privadas. De manera similar, los centros de pensamiento relacionados con la Alianza, como el Instituto Programático de la Alianza (IPA) y la Fundación para el Desarrollo con Equidad (FADE) que dirigía José Luis Machinea, agrupaban a los expertos que apoyaban el gobierno de De la Rúa. Del otro lado, los economistas heterodoxos y pensadores de variadas corrientes políticas permanecían afiliados a FLACSO, CEDES, la UBA y CEPAL, entre otras instituciones, y resistieron el discurso de despolitización que alimentaba la ola neoliberal. La crítica intelectual, sin embargo, fue anestesiada por el exitismo abrumador del menemismo. Para el filósofo Nicolás Casullo, por ejemplo, durante los 90 se “menemizó todo”: “Resultó una década impiadosa en cuanto a la tarea crítica de los intelectuales contestatarios. Remitió a una asfixia en el marco de las ideologías neoliberales de lo inexorable, que comenzó a invadir pesimistamente el campo cultural” (Pavón 2012: 224). Si bien la crítica fue contenida durante los años 90, y los economistas ortodoxos tuvieron preponderancia en la discusión sobre política pública, los economistas nunca lograron ocupar el campo intelectual de manera hegemónica. La clase política continuó diversificada, incluyendo a miembros de los sindicatos y políticos tradicionales comprometidos con redes clientelares que eran ajenas a la tecnocracia de los expertos (Auyero 2001). Con la implosión de 2001, la situación cambió radicalmente. El debate económico y social se repolitizó. Los discursos ideológicos convencionales volvieron en gloria y majestad. Los think tanks y los eco-

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nomistas neoliberales fueron culpados por el fracaso de los años 90, y por sustraer la política de la sociedad, cuestionando cualquier tipo de autoridad de la que habían gozado. Al decir de algunos entrevistados, “hoy en día no es bien visto haber trabajado en los centros liberales”. Según el historiador Lucas Llach, “los centros y figuras liberales perdieron toda credibilidad. Cavallo, López Murphy, FIEL, IDEA y las grandes consultoras, todos fallaron de manera fea” (entrevista, abril 2009). Además, la pretendida subordinación de la política a la economía se dio vuelta. La lógica popular en la Argentina posconvertibilidad tiende a priorizar los criterios políticos sobre los técnicos. Las autoridades financieras pasaron a ser seleccionadas de acuerdo a su lealtad al gobierno antes que por sus credenciales académicas internacionales. Al decir de un prominente economista de la Universidad Di Tella, “antes era distinto. La gente del Ministerio de Economía era en general PhD de Chicago y con ellos se podía hablar. Venían a pedir gente y a intercambiar ideas. Ahora, en cambio, desde que Lavagna está en el ministerio [2002], es otra gente. La mayoría son licenciados locales y ya no es lo mismo” (Pavón 2012: 221). Los funcionarios del Banco Central y los ministros de Hacienda y Economía dejaron de ser economistas de Di Tella o San Andrés, son miembros del establishment político en que el gobierno confía. Amado Boudou, por ejemplo, ministro de Economía desde 2009 y vicepresidente desde octubre de 2011, hizo su carrera dentro de las reparticiones estatales (antes de ser designado por Kirchner, fue director por largo tiempo de ANSES). Cuando Martín Redrado, director del aparentemente “independiente” Banco Central, se opuso a la decisión de Boudou de usar las reservas de moneda extranjera del banco en 2009 para financiar el gasto de gobierno, Redrado fue forzado a renunciar. En esta clase de disputas, el gobierno buscó instalar funcionarios de confianza que favorecerían la agenda política por sobre otros criterios. Los think tanks liberales también perdieron su influencia tras la crisis de 2001 porque se redujeron sus recursos financieros. Las empresas e instituciones locales que habían apoyado a los centros promercado res-

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tringieron sus contribuciones. Y con el gobierno abiertamente atacando al neoliberalismo, ser visto como defensor de libre mercado pasó a ser un lastre político. Según el exministro Juan Llach, “estos centros fracasaron debido a una decadencia económica más amplia, pero también porque la mayoría de los financistas retiraron su apoyo. Con un gobierno que demonizaba al neoliberalismo, los empresarios no querían financiar a investigadores que pudiesen ponerlos en problemas” (entrevista, abril 2009). Si bien las redes liberales internacionales, como la Fundación Atlas, continúan financiando diversas iniciativas promercado en Argentina, como la Fundación Libertad, la Fundación Pensar o la Fundación Bases (Fischer y Plehwe 2013: 82), el peso relativo de estas instituciones en la esfera pública local sigue siendo limitado. Estos think tanks han restringido su influencia, enfocando sus recursos en servicios de consultoría. IDEA, ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y FIRMAS CONSULTORAS Desde mediados del siglo XX las grandes empresas argentinas ampliaron su atención por mejorar la productividad. Las dos principales instituciones enfocadas en entrenar a ejecutivos e intercambiar prácticas de gestión aparecieron en ese entonces. En 1942 se formó ADE (Asociación Dirigentes de Empresa) y en 1960 IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial Argentino). Ambos foros crecieron con el boom de los años 60, y la demanda por managers más sofisticados. No obstante, las crisis económicas, los golpes militares y la naturaleza fragmentaria del sector empresarial limitaron el desarrollo de estas instituciones (Lewis 2009). En los años 90, las asociaciones de empresarios y los consultores aumentaron su influencia. Menem invitó a representantes de la UAI (industriales) y ADEBA (bancos), tales como Miguel A. Roig y Néstor Rapanelli, a ser miembros de su primer gabinete. En tanto el plan de convertibilidad le dio estabilidad a la macroeconomía, creció el interés por la gestión microeconómica. Consultoras internacionales como McKinsey, Pricewaterhouse y Booz Allen ampliaron sus oficinas en Buenos Aires, y economistas locales como Broda, De Pablo, Mora, Araujo 274 DIVERGENCIAS

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y Szewach extendieron sus servicios de consultoría a través de firmas como Econométrica, Ecolatina, Fundación Capital y el Centro para la Estabilidad Financiera (Heredia 2007). A pesar del fortalecimiento de las corporaciones durante los años 90, las organizaciones empresariales como IDEA, UIA o ADE no lograron crear un espacio representacional común. Aunque los “expertos” internacionales viajaban a Buenos Aires a celebrar las privatizaciones, las organizaciones empresariales como IDEA, UIA o ADE no lograron crear un espacio representacional común. Para algunos historiadores de empresas el problema de IDEA fue su indefinición entre ser un foro empresarial y una escuela de negocios. Para otros fue la falta de compromiso empresarial. Si bien IDEA hoy organiza la principal reunión anual de empresarios y refuerza la gestión a nivel intermedio, no logra congregar a todo el sector empresarial. Comenta Gustavo Genoni: “IDEA es más diverso que ICARE, los empresarios argentinos no son todos de derecha. IDEA es un evento político donde se juntan los empresarios una vez al año, se miran a la cara y se dicen: vos sos mi amigo, vos mi enemigo” (entrevista, marzo 2009). Tras el colapso de 2001, las asociaciones de empresarios y los consultores de economía sufrieron un desprestigio similar al de los think tanks liberales. La situación para algunos de ellos fue peligrosa. Según Juan Carlos De Pablo, “a principios de 2002 estaba asustado por mi seguridad personal. La gente me insultaba en la calle. Cavallo y yo vivíamos en el mismo edificio, y había gente apostada afuera esperándonos” (entrevista, mayo 2009). Con un ambiente hostil hacia el capital internacional, algunas grandes corporaciones abandonaron Argentina, mientras otras se retiraron a una posición defensiva. En consecuencia, consultores de management y bancos de inversión también redujeron su presencia en el país. La excepción fueron aquellos vinculados a los agronegocios y al emprendimiento. El “boom sojero” y la entrada de multinacionales como Monsanto renovaron los modos de producción y de organización gremial de este sector (Gras y Hernández 2009). Al mismo tiempo, entidades promotoras de emprendimiento, como Junior Achievement o Endeavour, continuaron estimulando la iniciativa empresarial.

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En la Argentina posconvertibilidad los economistas liberales se refugiaron en universidades privadas y firmas consultoras, donde son menos visibles para la esfera pública. Las excepciones fueron algunos consultores privados que, desde 2005 en adelante, comenzaron a publicar índices de inflación que cuestionaban las cifras oficiales del INDEC (ver capítulo 8). En respuesta, en mayo de 2011, el gobierno enjuició a estas consultoras por supuestas “ofensas en contra del interés de la nación”. FIEL, Finsoport, Ecolatina, Econviews, M&S Consultores, Orlando J. Ferreres y Asociados, Estudio Bein, Gabriel Rubinstein, Asociación de Dirigentes de Empresas (ADE) y Graciela Bevacqua fueron multadas con 500 mil pesos por publicar índices de inflación distintos a los del INDEC (La Nación, 23 de septiembre 2011). Si bien fueron castigadas, muchas de estas consultoras continúan defendiendo públicamente un índice de inflación independiente, pero han dejado de publicar sus resultados. En la esfera de los negocios y en la prensa internacional estas medidas de los Kirchner fueron fuertemente cuestionadas como autoritarias, antidemocráticas y privativas de la libertad de expresión, evidenciando el modo en que las voces económicas “expertas” de los años 90 perdieron posición en los 2000. ESCUELAS DE NEGOCIOS PRIVADAS ENTRE FRONDOSAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS Un creciente interés en la disciplina académica de la economía se expandió en el último medio siglo en Argentina. Instituciones como el Centro de Investigaciones Económicas del Instituto Torcuato Di Tella y el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) intentaron profesionalizar la enseñanza económica (Neiburg y Plotkin 2004). Influidos por la figura de Prebisch (1950), la mayoría de los economistas locales desde los años 50 hasta los 70 suscribió la posición estructuralista defendida por la CEPAL (Biglaiser 2009). Desde 1958, sin embargo, universidades privadas recientemente fundadas impartieron de manera separada el estudio de la Economía y la Contabilidad, incrementando la especialización disciplinaria (De Pablo 1999). Los acuerdos entre la 276 DIVERGENCIAS

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Universidad de Chicago y sus socios argentinos, la Universidad de Cuyo en Mendoza y el Centro de Estudios Macroeconómicos (CEMA) en Buenos Aires, pusieron las semillas de las ideas monetaristas en los años 60. La propagación de estas ideas, empero, no fue tan exitosa en Argentina. El arraigado pensamiento estructuralista en la UBA y otras universidades públicas se opuso a la difusión de las visiones neoliberales. Durante el gobierno de Alfonsín, economistas entrenados en el extranjero accedieron a puestos de poder para controlar la inflación y rescatar al austral (capítulo 5). En medio de disputas entre monetaristas y heterodoxos, las escuelas de negocios crecieron en influencia y visibilidad. Universidades privadas como CEMA, Di Tella, San Andrés, Belgrano y Austral, ampliaron sus programas de administración y MBAs. Especialmente durante los 90, los grados para-económicos experimentaron una explosión de la oferta (Heredia 2007).48 La paridad del peso con el dólar estimuló a los argentinos a estudiar fuera del país y muchos gerentes se matricularon en programas de MBA de universidades internacionales. Cabe mencionar, sin embargo, que junto al auge del pensamiento liberal en varias universidades privadas, el sistema nacional de educación superior, que incluye una red de 75 universidades públicas gratuitas, permaneció relativamente crítico de las ideas neoliberales. En Argentina no hubo un proceso de “limpieza ideológica” análogo al que sucedió en las universidades chilenas en los años 80. Tras la crisis de 2001, el pensamiento tecnocrático, y las medidas de austeridad asociadas, fue demonizado en la esfera pública argentina. La caída de De la Rúa fue también la caída de los expertos, pues su gobierno estaba liderado por reputados economistas, heterodoxos y ortodoxos: Machinea era ministro de Economía –secundado por Pablo Gerchunoff–, Rodríguez Giavarini era el canciller, López Murphy ministro de Defensa y Juan Llach ministro de Educación. La posterior llegada de Cavallo al gobierno 48 Heredia (2007: 738) sostiene que sólo en Buenos Aires surgieron más de 70 programas “para-económicos”: ocho PhD en Economía, 38 Masters y 27 especializaciones “para-económicas” en las universidades de Buenos Aires, La Plata, Católica, Salvador, Belgrano, Di Tella, CEMA y San Andrés.

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tampoco sirvió para encontrar una salida ordenada al plan de convertibilidad. El oráculo de los expertos se trizó. Con ello, las escuelas de negocios también perdieron reputación. Si bien en los 2000 los programas de MBA continuaron expandiéndose, como en muchas otras partes del mundo, su ritmo de crecimiento se redujo. Según Rodrigo Díaz, responsable del ranking de MBA para la revista América Economía, “hay sólo cuatro escuelas de negocios con renombre internacional en Argentina: Di Tella, IAE Austral, San Andrés y CEMA” (entrevista, junio 2009). Según los entrevistados de Heredia (2007), la Universidad de La Plata y la UBA también son consideradas casas de estudios prestigiosas para programas de estudios económicos. Con todo, ante el tamaño del sistema universitario, con 75 universidades nacionales y 72 privadas, pareciera que los programas de MBA no tienen la presencia abrumadora que presentan en Chile. En paralelo, las instituciones públicas y las ideas heterodoxas se vieron reforzados en la Argentina posconvertibilidad. Desde mediados de los años 2000, el gobierno aumentó los recursos de CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) para investigación.49 La literatura especializada escrutó con dureza las políticas de los 90 (Grimson 2005; Svampa 2005; Pucciarelli 2011). Más ampliamente, muchos académicos cuestionaron los principios liberales de la economía como disciplina. Para el sociólogo Alexander Roig, empero, a pesar del embate ideológico de los Kirchner, “la ciencia económica en la mayoría de las universidades argentinas sigue siendo enseñada de acuerdo a los principios del homo economicus” (entrevista, junio 2009). En octubre de 2011, sin embargo, el ministro de Economía Amado Boudou inició una campaña para cambiar el currículo de Economía en las universidades, y así reforzar las ideas que sustentan el “actual modelo de acumulación con inclusión social”. No obstante que la influencia del kirchnerismo en los claustros académicos de la ciencia económica pueda ser limitada, no deja de sorprender que ésta sea materia de disputa pública. 49 En 2010, CONICET financió 6.500 investigadores y a 2.500 técnicos como empleados en diferentes categorías, y repartió becas para estudios doctorales y posdoctorales para 8.500 investigadores.

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LA PRENSA ECONÓMICA ARGENTINA En proporción al tamaño de su economía, la prensa de negocios argentina fue mucho más grande que la chilena durante gran parte del siglo XX. Mientras que La Nación era la principal exponente de las ideas de la elite, El Cronista Comercial, La Opinión y el Buenos Aires Herald también cubrían noticias sobre el quehacer comercial, enfocándose principalmente en la agenda política de las autoridades, el tipo de cambio y los volúmenes de producción. Fue sólo tras la hiperinflación de 1975, el “rodrigazo”, y la liberalización de los mercados financieros en 1976, que surgió en Argentina una prensa económica especializada (Arrese 2002), y con ella nuevas formas de discutir la dinámica económica. La voraz demanda por un tipo distinto de información relacionada con los mercados financieros creó en la prensa nuevos espacios para un periodismo de “expertos económicos” (Ruiz 2005). Las revistas especializadas, como Mercado en 1969, Prensa Económica en 1975 y el periódico Ámbito Financiero en 1976, fueron cruciales en promocionar las ideas promercado. De acuerdo a Fridman (2010), esta prensa fue instrumental para el programa neoliberal de Martínez de Hoz de intentar crear un homo economicus argentino durante el régimen militar (1976-1983). Ruiz (2005: 13) también observa que la prensa económica jugó un rol significativo durante las turbulentas últimas tres décadas en Argentina, diseminando información y opiniones económicas, modelando las expectativas de los agentes y representando los intereses de las corporaciones y de la City de Buenos Aires. La prensa económica especializada ganó mayor preeminencia hacia fines de los años 80. Mientras que Ámbito Financiero, El Cronista Comercial y la sección económica de La Nación devinieron los espacios principales para los expertos financieros, revistas como Mercado, Buenos Aires Económico y Negocios también discutían los planes económicos y cómo combatir la inflación. Con la estabilidad macroeconómica de inicios de los años 90 la prensa especializada amplió la “jurisdicción” del campo económico. A las políticas monetarias, los volúmenes de producción y las autoridades políticas se sumaron los asuntos microeconómicos y la “vida independienCULTURAS DE CAPITALISMOS 279

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te de las empresas”, renovando el periodismo de negocios. Según el periodista Hugo Grimaldi: “El periodismo económico cambió su tono durante los 90. Dejó de mirar al Estado y comenzó a involucrarse en las empresas, reparando en balances, cifras de empleo, y mercados especializados, cosas que antes a nadie parecían importarle” (entrevista, mayo 2009). Si bien la prensa económica amplió los temas de discusión en los 90, y celebró ampliamente la estabilidad del plan de convertibilidad, a la par también crecieron otros grupos periodísticos que fueron insistentemente críticos del neoliberalismo, como Página/12 y El Argentino. En los medios de comunicación locales no existió una lectura unívoca sobre los beneficios del libre mercado, como parece ser el caso chileno. Esa diferencia era particularmente notoria para los ejecutivos chilenos que administraban las empresas argentinas recientemente privatizadas. Según un ejecutivo argentino, “hay titulares en la prensa chilena que nunca leerías aquí. Cuando los gerentes chilenos vinieron en los 90, no entendían por qué la primera página de Clarín y La Nación no resaltaban las cifras del PIB. Pero francamente, ¡a nadie le importa y nadie sabe del PIB en Argentina!” (entrevista, marzo 2009). En el cambio de siglo, cuando el fin del plan de convertibilidad ya era inminente, buena parte de la prensa económica hizo un esfuerzo por proyectar un aura de estabilidad económica, inhibiendo los cuestionamientos a la viabilidad de la paridad peso-dólar. Ámbito Financiero, especialmente, defendió la convertibilidad hasta que le estalló en la cara (Ruiz 2005). Tras la crisis de 2001, la prensa reflejó el cambio en la política económica y la crisis del ciclo político en Argentina. Los años 90 fueron debatidos como excesivos y desiguales. Incluso la prensa que defendió el proyecto menemista, como El Cronista Comercial y La Nación, dio la espalda en aquella ocasión a los intereses de la City. Sólo Ámbito Financiero mantuvo su abierto apoyo al proyecto neoliberal (Ruiz 2005: 275). Dado que la política retomó el centro de la atención nacional, la prensa económica cubrió crecientemente la discusión política, siguiendo las negociaciones de la deuda, la estabilización macroeconómica y las posiciones de las autoridades públicas. Este giro de prioridades en el

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seguimiento de las noticias fue observado por varios comentaristas. Según el periodista Tristán Rodríguez-Loredo, “hoy en día la prensa cubre menos a las empresas porque las compañías en general son menos visibles públicamente, menos negociadas públicamente, y tienen menos obligaciones de proveer información” (entrevista, mayo 2009). Durante este tiempo, Clarín, más que ningún otro periódico, le tomó el pulso a la Argentina posconvertibilidad. Clarín le otorgó un claro soporte a la agenda Kirchner, respaldo que el nuevo presidente necesitaba con urgencia para construir gobernabilidad (fue elegido con un 22% de los votos en 2003). Al cabo de unos años, sin embargo, se tornó crítico de algunas medidas de los Kirchner. En respuesta, el gobierno entró en una disputa beligerante con los conglomerados privados de prensa, acusándolos de herederos y protectores de las leyes de prensa establecidas durante la dictadura. En medio de una pelea entre la presidencia y el Grupo Clarín, el Parlamento aprobó en 2009 un nuevo marco regulatorio para los medios de comunicación, que incrementa la competencia y da a pequeñas estaciones de radio un mayor acceso a las frecuencias de banda ancha. La nueva ley, aducen sus críticos, fue diseñada para reducir el poder de los grupos Clarín y La Nación, dándoles mayor espacio a los canales regionales de televisión. Sus defensores, en cambio, resaltan la pluralidad de voces que alienta entre los medios y su efecto democratizador en la política.50 La nueva regulación de medios también dejó espacio para la propaganda de canales estatales, tales como Tiempo Argentino y Telam (Agencia Oficial de Noticias), moderando efectivamente la influencia de los medios de comunicación tradicionales (BBC, 19 de septiembre, 2009).

50 La nueva legislación en radiodifusión, por ejemplo, permitió a todos los partidos políticos que disputaron las elecciones de octubre de 2011 acceder a los medios de comunicación televisivos y radiales por partes iguales, favoreciendo a los partidos más pequeños con acceso gratuito (Pavón 2012: 534).

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LA CRISIS FINANCIERA GLOBAL SEGÚN LA NACIÓN Y EL MERCURIO. Como una forma de examinar estos circuitos culturales en acción, realizamos un análisis de prensa comparativo de un evento internacional común: la crisis económica de 2008 según los dos periódicos más tradicionales, La Nación en Argentina y El Mercurio en Chile, entre el 1 y el 31 de octubre de 2008, justo después del colapso de Lehman Brothers y el desplome de los mercados financieros. El estudio consideró dos criterios para seleccionar las notas. Primero, artículos de prensa que usaban la palabra “capitalismo” en el texto. Segundo, columnas de opinión que permitieran contrastar cómo se discutió la crisis en cada país. Los artículos fueron analizados bajo tres categorías: contenido, actitud hacia el capitalismo (crítico, neutral o defensivo) y voces autorizadas para discutir la crisis. La primera diferencia notoria es la cantidad de artículos que usaron la palabra capitalismo durante octubre de 2008 en cada periódico: 42 en El Mercurio y 102 en La Nación, una diferencia de más del doble. Como comentábamos, los “expertos” chilenos evitan discutir el “capitalismo” como tal, prefieren referirse a los “mercados”. Del otro lado, autoridades y comentaristas argentinos no sólo abordan el capitalismo a secas, sino que usan el término para dirigirse a “un modelo económico” entre otros posibles. Luego, los análisis de la crisis fueron mucho más críticos en La Nación que en El Mercurio. Mientras que el 70 por ciento de los artículos de El Mercurio tomó una posición defensiva del capitalismo, sólo 29 por ciento lo hizo en La Nación. Palabras y frases como “debacle”, “fallecimiento” y “colapso de Wall Street” fueron recurrentes en La Nación, pero casi no aparecen en El Mercurio. Los artículos del diario chileno tendían a enfocarse en las medidas que podrían ser tomadas para mantener la estabilidad de los mercados, y si es que el gobierno debía mantener su gasto social o introducir recortes. Mientras La Nación tenía una sección especial titulada “Crisis Financiera Global”, El Mercurio redujo el fenómeno a “Crisis Subprime”. De este modo, mientras para El Mercurio la crisis parecía ser financiera y limitada a los Estados Unidos, para La Nación las fisuras eran de la economía global, las instituciones financieras internacionales tenían responsabilidad en la producción de la crisis, y abordaban las semejanzas con el colapso de Argentina en 2001. La variedad de “expertos” que discutieron la crisis económica fue mucho más amplia en La Nación que en El Mercurio. Economistas, periodistas, filósofos, historiadores y políticos contribuyeron con columnas de opinión en La Nación ese mes, mientras que en El Mercurio el tema fue mayormente monopolizado por economistas. Una gama de expertos internacionales de diferentes tendencias, como Williamson, Stiglitz, Krugman y De Soto, discutieron la crisis en La Nación junto a intelectuales públicos como Badion, Domoslawski, Vargas Llosa y Sartori. Historiadores locales como Botana, L. Llach y Forster también estuvieron presentes. El Mercurio publicó menos voces internacionales, y cuando lo hizo, fueron mayoritariamente economistas. Los expertos internacionales más mencionados f ueron Gary Becker y Paul Krugman. Le siguen una larga lista de

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economistas chilenos como Büchi, Fontaine, Rosende (PUC), Sebastián Edwards, Larraín (LyD) y Couyoumdjian (Mont Pelerin), entre otros. Los historiadores locales estuvieron menos presentes, y cuando fueron citados, se enfocaron en temas complementarios, como la crisis de 1929. El impacto político de la crisis parece haber afectado la discusión pública en modos diferentes. Mientras La Nación contrastaba modelos de capitalismos, con la presidenta Cristina Kirchner remarcando los rasgos productivos de sus políticas por sobre los financieros y lo integrador del modelo argentino, la discusión en El Mercurio se enfocó en si el gobierno de Chile debía introducir recortes al presupuesto nacional o mantenerse apegado al plan original. La presidenta Cristina Kirchner atacó sistemáticamente al “capitalismo especulativo, egoísta y ciego”, contrastándolo con el modelo argentino en el que el Estado “regula, monitorea y financia al sector privado”, con el fin de asegurar la creación de riqueza para la mayoría. Del otro lado los comentaristas opositores al gobierno tendieron a criticar el uso político de la crisis por parte de los Kirchner, cuestionando la capacidad intervencionista del Estado y la sustentabilidad de un modelo con acceso limitado a los mercados financieros globales. Los principales argumentos publicados en El Mercurio consisten en debates entre economistas ortodoxos que afirmaban que la crisis se originó por una mala regulación estatal, y economistas heterodoxos que sostenían que el problema se debió a la falta de regulación estatal. Mientras que los primeros proponían recortes al presupuesto nacional, los segundos argüían a favor de los niveles de gasto social planeados. El ministro Velasco finalmente aumentó el gasto social, aunque de manera moderada, permaneciendo así leal a la regla contracíclica de la política fiscal chilena. Llama la atención que mientras en La Nación incluso los economistas liberales tenían puntos críticos frente al discurso de la globalización, atacando las amenazas del capitalismo de casino y la especulación, en El Mercurio muy pocos artículos cuestionaron seriamente los riesgos de la desregulación financiera para el equilibrio mundial.

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CONCLUSIONES / VIEJOS Y NUEVOS ESPÍRITUS DEL CAPITALISMO Primero fue el cobre; luego la fruta, la pesca y la madera. Ahora es el management. Andrés Benítez (1991: 19)

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n este libro examinamos los capitalismos en Argentina y Chile desde diferentes perspectivas: las condiciones institucionales para su desarrollo, la posición de las empresas, las relaciones laborales y los circuitos culturales que promueven los ideales empresariales. A modo de cierre, aquí nos preguntamos si hay un nuevo espíritu del capitalismo en estos países que surgió con las reformas neoliberales y, de ser así, de qué tipo y en qué sectores se hace patente. LOS “VIEJOS ESPÍRITUS” DEL CAPITALISMO EN ARGENTINA Y CHILE Es posible afirmar que tanto en Argentina como en Chile en los últimos decenios hubo una propagación del “espíritu comercial”, según la definición de Smith. El espíritu capitalista se expresa aquí en el interés individual del homo economicus y en la propensión a comerciar. La creación de mercados privados complejos, donde los ciudadanos tienen que negociar con proveedores de servicios, probablemente ha incidido en las habilidades de los ciudadanos para defender sus intereses en cuanto consumidores. Asimismo, el incremento del intercambio internacional y la promoción de modelos de desarrollo centrados en las exportaciones ha fomentado un espíritu comercial en ambos países. Los emergentes sectores agroexportadores de soja, carne o vino de Argentina y las industrias minera, forestal y retail en Chile ciertamente han fortalecido este “espíritu comercial”. Por otro lado, si tomamos en cuenta los efectos “virtuosos” reivindicados por Smith como una consecuencia natural de la expansión capitalista, tales como la honestidad, la prudencia y la confianza mutua, los

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beneficios producidos por la liberalización del comercio parecen diferir. Estos efectos virtuosos, o al menos su ilusión, parecen manifestarse más en Chile que en Argentina. Al menos hasta 2010 el despliegue de los mercados fue experimentado como un proceso de mejora material para segmentos de la población que se incorporaron a la “modernidad” a través de servicios privados en Chile. El incremento de los créditos de consumo y la democratización del acceso a la educación superior, por ejemplo, fueron consecuencias de las reformas neoliberales, y de las correcciones que hizo la Concertación. Por otro lado, los reiterados escándalos de las empresas chilenas en años recientes –colusión de farmacias, arbitrariedades a consumidores– han desplomado la confianza en el sector privado, aumentado la percepción en la ciudadanía de que la letra chica y el abuso son prácticas regulares de las empresas. En Argentina, en tanto, la expansión de los mercados que inicialmente se produjo con el plan de convertibilidad también generó ciertos efectos virtuosos, como la modernización de servicios de telefonía y la ampliación del consumo entre las clases medias. Sin embargo, los aspectos positivos que pudo traer la apertura comercial fueron oscurecidos por la desigualdad y el desempleo. Más que honestidad y confianza mutua, la retirada del Estado en los 90 trajo como consecuencia inesperada la emergencia de nuevos pobres, y el colapso institucional del 2001 provocó una cierta “barbarización” de la sociedad argentina. Los efectos virtuosos del espíritu comercial recién volvieron a ser visibles tras la recuperación de 2003. Sin embargo, esta vez el Estado intentó tener una mayor presencia en los mercados. La confianza en los actores públicos y privados, empero, ha sido un activo difícil de reconstruir en Argentina. La sospecha sobre las autoridades y empresarios, y en general sobre quien acumula poder o riqueza, se mantienen presentes. En cuanto al postulado de Weber sobre el espíritu religioso del trabajo y la rentabilidad como fines en sí mismos, más que como medios de gratificación material, nuevamente es más fácil ver este espíritu en la clase empresarial de Chile que en la de Argentina. Para Weber, la capacidad de los primeros emprendedores protestantes para ahorrar, así

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como su uso metódico de la organización y el trabajo para generar y renovar riquezas, son factores subyacentes a la expansión del capitalismo. La racionalización en el ámbito cultural guiada por el puritanismo fue crucial para el desarrollo del capitalismo moderno. En Chile, la amenaza que suponía para los intereses empresariales la izquierda y la clase obrera unidas tras la Unidad Popular de Allende, y especialmente las enajenaciones a la propiedad de los medios de producción, contribuyeron a unificar los sectores empresariales. Si los Chicago Boys ayudaron a uniformar el enfoque económico y político de los empresarios durante la dictadura, el conservadurismo de grupos religiosos como el Opus Dei y los Legionarios de Cristo inspiró las nuevas justificaciones morales del sector. Riqueza y piedad, como destaca Thumala (2007), devinieron las virtudes privilegiadas del empresariado. Así, surgió una nueva ética de austeridad y dedicación a la familia en el seno del sector empresarial, deseoso de ser identificado con ideales de superioridad ética y profesional y con un “gobierno de los mejores”. Desde los años 80, en un esfuerzo por recobrar poder e influencia social, la clase empresarial se embarcó en una cruzada ideológica a favor del libre mercado. La vocación de producir cambios estructurales fue fundamental para difundir la lógica de la competencia del sector privado en otras esferas del país. En Argentina es más difícil encontrar esta vocación transformadora entre los empresarios locales en las últimas décadas. A pesar de las extendidas innovaciones productivas en los sectores agroexportadores, no hubo una convicción transversal en la clase capitalista en cuanto a la necesidad de mudar la forma de hacer negocios, tomando independencia frente al Estado. La lógica de los ámbitos privilegiados de acumulación se mantiene vigente. Si el peronismo había sido una amenaza para la burguesía durante decenios, nunca lo fue para toda la clase empresarial. El peronismo fue estratégico en construir alianzas con ciertos sectores de los empleadores, quienes se beneficiaron de las redes públicas, inhibiendo una reacción conjunta del empresariado. De hecho, tras vender sus empresas en los mejores precios de la historia

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durante los 90, algunos empresarios abandonaron su rol de emprendedores, y junto a otros profesionales de clase media alta, como ingenieros, médicos y abogados, se retiraron a condominios cerrados en la periferia (Svampa 2001). Al aplicar el marco conceptual de Schumpeter para analizar la evolución del capitalismo en estos países, observamos que el espíritu innovador de destrucción creativa se ha manifestado de manera diferente en los últimos tres decenios. Si bien las estrategias de desindustrialización emprendidas en ambos países afectaron las industrias tradicionales, la destrucción de industrias locales fue más rápida y minuciosa en Chile. El consorcio industrial argentino, más robusto y extendido, fue más difícil de desmantelar (Etchemendy 2011). Empero, en ninguno de los dos países se produjo una modernización industrial espontánea como prevé la teoría de Schumpeter. Como advierte Chang (2002, 2010a), la historia demuestra que tras las grandes expansiones capitalistas, como las de Estados Unidos, los países europeos y el sudeste asiático, siempre hubo políticas proteccionistas de sus Estados. El proceso destructivo-creativo que el neoliberalismo desató en la industria argentina ha privilegiado la producción de materias primas y un desincentivo de las industrias locales. Las privatizaciones de los 90 provocaron la retirada de los grupos económicos nacionales y favoreció a las empresas multinacionales en los sectores privatizados, tales como las compañías de telecomunicaciones, servicios básicos y bancos (Gaggero 2012; Azpiazu 2005a). Aunque el sector industrial sufrió un deterioro constante, algunos sectores tradicionales como automotriz, acero o calzado siguen siendo importantes. Así y todo, es difícil encontrar ejemplos de renovación del espíritu innovador en el sector industrial. Este espíritu se manifiesta con mayor claridad en el sector agroindustrial, que experimentó un rápido proceso de modernización desde los 90, principalmente gracias a la introducción de tecnologías y métodos productivos como el cultivo de soja transgénica y la siembra directa. La entrada de empresas multinacionales y una nueva lógica financiera, representada en el pool de siembra y los fondos de inversión directa, intro-

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dujo una nueva forma de hacer agronegocios (Gras y Hernández 2009). La nueva industria vinícola también es un ejemplo de este espíritu innovador, cuyos nuevos sistemas de producción, más flexibles y livianos, están orientados principalmente a los mercados internacionales (Heredia 2010). Estas innovaciones se han producido en varias provincias fuera de Buenos Aires, tales como Mendoza, San Juan y Córdoba, así como en algunas industrias de servicios en la capital. Pese a haber registrado un rápido crecimiento económico durante el último decenio, Argentina no experimentó una verdadera modernización industrial (CEPAL 2010). En Chile, mientras tanto, el régimen de Pinochet decidió explícitamente desindustrializar la producción, en pos de las “ventajas competitivas” de los recursos naturales. La apertura de los mercados y el fomento de la competencia internacional significaron la destrucción de las industrias nacionales existentes, tales como la textil y metalúrgica (Winn 2004), y el desarrollo de nuevos sectores exportadores. Durante la dictadura, las empresas se sometieron a importantes transformaciones y lograron convertirse en sectores independientes del Estado (Montero 1997). La clase empresarial adoptó nuevas estrategias basadas en la reducción de costos y la libre competencia. Durante los gobiernos de la Concertación, el sector empresarial se convirtió en un defensor activo de las reglas del capitalismo, cumpliendo con eficacia el papel de la burguesía descrito por Schumpeter (1976). Es más, no sólo difundió los valores del libre mercado en la sociedad chilena, sino que también ayudó a limitar la capacidad de intervención del Estado. Si durante los gobiernos de la Concertación la tensión entre tecnocracia y política tendió a dirimirse a favor de la primera, la elección de Sebastián Piñera como presidente en 2010 coronó el poder de la nueva elite empresarial. La burguesía chilena, en este sentido, ha defendido el neoliberalismo mejor de lo que hubiera soñado Schumpeter. Sin embargo, si nos atenemos al principio innovador del espíritu creativo-destructivo en Chile, este aspecto de la visión de Schumpeter no se ha cumplido. La innovación se ha concentrado casi exclusivamente en la producción de materias primas. Por ejemplo, sólo 2 de los 295 nuevos productos que Chile empezó a exportar entre 1991 y 2006 no correspon-

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dían a materias primas o recursos naturales (Wagner y Zahler 2011). De hecho, el sector empresarial ha sido incapaz de diversificar sus exportaciones, y la dependencia del cobre se ha acentuado en los años recientes. Mientras en 2002 las exportaciones de cobre representaban el 39,2 por ciento de las totales, en 2010 alcanzaron el 56,7 por ciento. Lo contrario sucede con las exportaciones industriales, que representaban el 44,8 por ciento en 2002 y se redujeron a un magro 27,1 por ciento en 2010 (Atria et. al 2013: 272). Los modestos intentos por debatir sobre la política industrial nacional han sido sistemáticamente coartados por el dogmatismo neoliberal, reacio a asignar al Estado cualquier función planificadora en el plano económico. Así, el proceso creativo-destructivo del capitalismo chileno se ha traducido en escasos avances en investigación y desarrollo, y creciente producción primaria, donde es difícil encontrar saltos de innovación. Al empresariado chileno le cuesta aceptar este juicio. Desde su perspectiva, la innovación está asociada a la generación de oportunidades y la eficiencia en procesos productivos. Ejemplos como las mejoras en ingeniería de logística de la industria del retail o la sofisticación en los procesos de exportación de la industria del salmón son considerados innovaciones relevantes. (Sobre la discusión de política industrial en Chile, ver Atria et al 2013: capítulo 17). Por último, al examinar el neoliberalismo desde la perspectiva del “espíritu destructivo” de Polanyi, este pareciera estar presente en ambos países, pues podría decirse que el despliegue de mercados autorregulados provocó dramas humanos y un deterioro del tejido social tanto en Argentina como en Chile. Según Polanyi, la utopía del liberalismo de controlar el sistema económico exclusivamente en términos mercantiles equivale a gestionar la sociedad como si fuera un anexo del mercado (2001: 77). Los mercados “desvinculados” de la sociedad tienen consecuencias negativas como la pauperización humana y la inestabilidad financiera, que son incapaces de corregirse por sí solos. Las debacles financieras de los 80 en Argentina y Chile fueron crisis de desregulación. La implosión del neoliberalismo en Argentina en 2001, en particular, y la crisis económica e institucional que produjo, recuerda la descripción de Polanyi de los mo-

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linos satánicos: el espíritu destructivo del capitalismo que se manifestaba en las condiciones deplorables de las fábricas de la revolución industrial, cuyas consecuencias sociales y ambientales fueron devastadoras. Las reacciones sociales a los daños provocados por el “desacoplamiento” entre economía y sociedad reflejan la idea del “doble movimiento” de Polanyi. En Argentina, los intentos del neoliberalismo de dirigir el sistema económico exclusivamente en términos de mercado y desarticular las instituciones colectivas tuvieron poco éxito. A pesar de las ofensivas de Martínez de Hoz (1976-1981) y Menem (1989-1999), el Estado y las organizaciones sociales siguen teniendo un peso considerable en la esfera económica, especialmente en la última década. Si bien Menem privatizó la mayoría de las empresas públicas en un período de dos años, algunos sindicatos y grupos empresariales hicieron presión y lograron ser debidamente compensados. Además, desde finales de los 90 los desempleados y otros “perdedores” de las reformas protagonizaron reacciones sociales en todo el país para exigir protección del Estado. Hacia fines de siglo, las acciones políticas transgresoras se multiplicaron, incluyendo revueltas de pueblos, piquetes o cortes de rutas, cacerolazos, asambleas vecinales y escraches (Villalón 2007), anticipando el colapso institucional de 2001. Tras esa tragedia nacional, Argentina se caracteriza por ser uno de los países más contestatarios de la región, donde las movilizaciones sociales parecen ser un medio eficaz para alcanzar objetivos políticos (Lodola 2011). Durante la dictadura chilena, en cambio, el auge de protestas entre los años 1983 y 1986 fueron reprimidas por los militares y la sociedad se vio forzada a adaptarse a las condiciones del libre mercado. Puesto que la imposición de los mercados desde arriba fue más dura, la desarticulación del tejido social también fue más profunda. Una vez absorbidos los costos sociales del ajuste, la sociedad chilena ha experimentado tres decenios de crecimiento macroeconómico. La prosperidad material que trajo ese crecimiento en democracia, sin embargo, está marcada por un creciente individualismo y por la desigualdad. Como reflejan los informes del PNUD (1998-2004), la sociedad chilena tiene dificultades

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para funcionar como una colectividad orientada hacia el bien común. El interés por lo público ha estado subordinado al agregado de intereses individuales. El neoliberalismo, al menos hasta 2011, efectivamente neutralizó a la sociedad por medio de una mezcla de privatizaciones, aumento de consumo individual y restricciones legales a las acciones colectivas. Además, los programas sociales focalizados de la Concertación ayudaron a proteger a los sectores más vulnerables de los efectos negativos del mercado (E. Silva 2009). No obstante, desde las protestas de 2011, el doble movimiento contra el mercado parece dar señales sobre una sociedad civil que reacciona a las desigualdades del sistema. ¿EXISTEN NUEVOS ESPÍRITUS DEL CAPITALISMO EN ARGENTINA Y CHILE? Si bien es posible constatar la presencia de diferentes “espíritus” del capitalismo en Argentina y Chile, cabe preguntarse si hay un nuevo espíritu como el que describen Boltanski y Chiapello (2005). De acuerdo con esta perspectiva, el nuevo espíritu de “red” presente en las promesas del management sobre las relaciones horizontales, la autonomía y la realización individual en el trabajo es una respuesta a las críticas hechas al capitalismo supervisado por el Estado dominante hasta los 1970. Las ideologías del management son prácticas vigentes que el capitalismo reinventa continuamente para justificar sus acciones. La aparición de nuevas críticas a las empresas no hace más que estimular este proceso de producción ideológica al instar al capitalismo a renovar su discurso y hacer frente a las nuevas acusaciones. Es importante distinguir entre las promesas de realización empresarial hechas a nivel gerencial (en términos ideológicos) y la existencia de relaciones laborales autónomas y horizontales al interior de las empresas (en términos prácticos). Una vez hecha esta distinción, llama la atención que en Argentina los discursos del “nuevo espíritu del capitalismo” son menos prominentes que en Chile; sin embargo, las prácticas laborales argentinas –en el sector formal– encarnan este nuevo espíritu mucho mejor que las relaciones entre empresarios y trabajadores en las empresas chilenas. 292 DIVERGENCIAS

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En el plano ideológico, el nuevo discurso de la gestión que resalta el éxito del libre mercado y promueve los valores del emprendimiento, la iniciativa individual y la responsabilidad social empresarial, abunda acríticamente en la retórica de las empresas chilenas y de la prensa de negocios. Los poderosos circuitos culturales del capitalismo han hecho un trabajo eficaz de difusión de los criterios de la gestión en distintos ámbitos de la sociedad. Independientemente de cuán hondo ha calado esta retórica, su efecto en las prácticas del trabajo es limitado. La división jerárquica existente entre los gerentes y los trabajadores en términos de capital social, económico y cultural no se condice con el principio de autodeterminación de este nuevo espíritu. Además, estas desigualdades restringen las posibilidades de realización laboral en la empresa, pues dificultan la puesta en práctica de valores como la creatividad y la innovación, tan ensalzados en el discurso del management. Como ha mostrado Ramos (2009), la producción de conocimiento en las empresas chilenas se concentra en la cima de la jerarquía, mientras que los trabajadores no suelen participar de los procesos reflexivos ni de las decisiones estratégicas. Además, la cultura conservadora que caracteriza al empresariado chileno, basada en el control de gastos y en la división vertical del trabajo, dista mucho del estilo “neobohemio” (Lloyd 2006) o de una “clase creativa” (Florida 2002), donde priman la diversidad y la tolerancia. Sin duda que hay excepciones. Las relaciones son más horizontales, tolerantes y pluralistas en las industrias creativas, del entretenimiento y la publicidad, pero estos casos son la minoría. El grueso de los empleos en Chile corresponde a cadenas de producción de materias primas administradas sobre la base de empresas subcontratadas. En los sectores en auge como la minería, la pesca, el retail y la agroindustria exportadora, han proliferado los trabajos precarios a contrata (Echeverría 2010), donde las relaciones basadas en la autonomía y la creatividad son la excepción, no la regla. En Argentina, en tanto, el discurso de la autonomía, la autorrealización en el trabajo y el emprendimiento descrito por Boltanski y Chiapello parece menos difundido. Este discurso de la gestión tiene cierta vigencia

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en los sectores financiero y de servicios, pero es poco común en la esfera pública. Por lo general, el sector privado ha sido incapaz de sostener una justificación moral que renueve la legitimidad de la acumulación privada. A los capitalistas se les acusa de tener un comportamiento egoísta y de no estar comprometidos con el país. En contraste, si hay algo afín a un “nuevo espíritu” en la Argentina posconvertibilidad, es la antigua idea peronista de lo nacional-popular impulsada desde el Estado. Esa memoria histórica recuperada por los Kirchner, sin embargo, no parece seducir a los ejecutivos criollos, quienes expresan sus sospechas frente a las intervenciones del gobierno. Por otro lado, aunque la retórica del management esté menos presente en Argentina, la horizontalidad de las relaciones laborales y la autonomía de los trabajadores, en contraste con Chile, están más difundidas. Sin bien el trabajo precario se ha extendido en servicios como call centers, comida rápida o supermercados, y las desigualdades han aumentado durante los últimos decenios, sigue habiendo un movimiento de defensa colectiva de las condiciones laborales. El legado igualitario del peronismo, y la sedimentación de un repertorio de evaluación histórica que desafíe las jerarquías sociales y que impugne los privilegios, ayudan a explicar el mayor nivel de empoderamiento de los trabajadores. Esa democraticidad en el trato interclases, como resalta O’Donnell (1984), si bien es fuente de confrontaciones, también permite entablar relaciones laborales más llanas, condición mínima para cualquier proceso creativo o de innovación. En suma, las prácticas laborales en las empresas argentinas son más participativas. No sorprende, pues, que sectores creativos, como la producción cinematográfica y la investigación científica, tengan mejores perspectivas. Paradójicamente, mientras en Argentina el discurso del “nuevo espíritu del capitalismo” tiene menos peso que en Chile, las prácticas laborales, en algunos sectores, encarnan mejor esas promesas. Por último, vale la pena examinar las limitaciones de la teoría de Boltanski y Chiapello. De hecho, cabe preguntarse cómo las manifestaciones estudiantiles de 1968 pudieron haber determinado el carácter de un fenómeno mundial tan diversificado a nivel regional como el capitalis-

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mo contemporáneo (Baert y Silva 2010). ¿Hasta qué punto un análisis originalmente centrado en los manuales de gestión franceses y en fenómenos sociales europeos puede extrapolarse a regiones periféricas del mundo? Cuesta imaginar que las justificaciones ideológicas actuales del capitalismo en Chile y Argentina estén respondiendo a las críticas que inspiraron los acontecimientos de 1968 en París. Más que una reacción a las críticas artísticas y sociales al capitalismo, los golpes de Estado perpetrados en Chile y Argentina promovieron soluciones de mercado como una forma de desarmar los movimientos populares. De hecho, la justificación presentada por los Chicago Boys para adoptar reformas de mercado radicales remitía a la necesidad de desmantelar las relaciones politizadas de la producción y restablecer el orden económico. Asimismo, las justificaciones de las reformas neoliberales en Argentina se basaron en la voluntad de restablecer el orden económico y controlar la hiperinflación, así como de “normalizar” una moneda “enferma” (Roig 2007). Además, si se examinan las fuentes de inspiración internacionales que motivaron este movimiento ideológico, es mucho más probable que se encuentren en Estados Unidos que en Francia, o Europa en general. Al menos en Chile, el discurso contra la burocracia y la ineficiencia del Estado de corte norteamericano ejerció una influencia clara en la ofensiva ideológica emprendida por los economistas de Pinochet. Los casos de Argentina y Chile son prueba de que las justificaciones del capitalismo tienden a variar de una región a otra, evolucionan con el tiempo (las justificaciones de los 80 son bien diferentes de las actuales) y dependen de la capacidad del sector empresarial para orquestar la defensa de los valores capitalistas. Pese a estar sujetas a la influencia internacional, estas justificaciones están arraigadas en gran medida en los contextos y actores de cada país. Una segunda crítica a la teoría de Boltanski y Chiapello es su excesiva unilateralidad por hacer hincapié en la innovación por sobre las innumerables continuidades fundamentales para la reproducción del capitalismo. Domingues (2006: 194) llama la atención sobre este aspecto argumentando que el tercer espíritu “de red” descrito por Bol-

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tanski y Chiapello funciona efectivamente como un nuevo mecanismo de coordinación en algunos sectores, pero que los otros espíritus no han cesado necesariamente de funcionar en otros ámbitos (como se ha demostrado antes, los “viejos espíritus” del capitalismo siguen vigentes). Esto sin duda queda de manifiesto en el caso chileno, donde el principio de control jerarquizado característico del segundo espíritu capitalista es aún patente en las empresas. Además, los valores familiares de la disciplina relacionados con el primer espíritu estarían presentes en la ética de austeridad de las elites conservadoras chilenas (Thumala 2007). En las culturas laborales de Argentina y Chile la importancia de las redes y de la colaboración voluntaria —aspectos emblemáticos del tercer espíritu— van de la mano con características de los viejos espíritus, a saber, el intercambio comercial y el control jerarquizado. Hay otras razones por las que la teoría del nuevo espíritu de Boltanski y Chiapello no rige del todo para Argentina y Chile debido a su situación periférica. Tras volver a concentrar sus actividades en la producción primaria, en vez de ganar independencia, estos países pasaron a depender más de otros estados. Para explotar los recursos naturales con eficiencia se requieren nuevas tecnologías desarrolladas en los centros capitalistas. Además, al depender de los ciclos internacionales de la demanda de bienes básicos, que sobrecalientan o provocan una contracción de las economías periféricas, Chile y Argentina se han vuelto más vulnerables a los flujos internacionales (Domingues 2008). Así, la priorización de la producción primaria parece coartar el florecimiento del nuevo espíritu del capitalismo en ambos países. La autonomía, la creatividad y la autenticidad son valores que pesan poco en la estructuración de las prácticas laborales relacionadas con la producción de materias primas. Además, la supeditación a tecnologías extranjeras limita la innovación tecnológica al promover que la mayor parte de los aspectos creativos del proceso laboral se produzcan en otro lugar.

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Un último aspecto de la difusión del nuevo espíritu que merece ser mencionado es el papel desempeñado por los circuitos culturales del capitalismo. La teoría de Thrift (2005) proporciona pistas útiles sobre la forma en que las elites económicas revitalizan sus justificaciones. De acuerdo con su tesis, el capitalismo, en su fase reflexiva, se dedica ahora a producir ideas que sirvan sus propios intereses. Thrift sitúa la formación de estos circuitos en la vinculación de la academia con el mundo empresarial a partir de la década de los 60. Sin embargo, el autor no especifica qué factores condujeron a la expansión de estos circuitos en los países periféricos ni las condiciones que permitieron su desarrollo en algunos países más que en otros. Al observar estos circuitos en Argentina y Chile, ¿qué puede decirse sobre esta brecha? Thrift (2005) presenta los circuitos culturales del capitalismo como entidades semiindependientes que cobran forma en el marco de intereses empresarial, en vez de situarlos en el contexto más amplio de las variedades de capitalismos. Como discutimos arriba, estos circuitos culturales son diversos y reflejan las diferentes posiciones de poder y capacidades organizacionales de los sectores empresariales de cada país. En el capitalismo proempresas de Chile, los circuitos culturales subyacentes al modelo de mercado tienen más recursos, mayor visibilidad e influencia pública. En contraste, en el capitalismo nacional-popular predominante en Argentina, estos circuitos son más débiles y ampliamente contestados. Más que considerar estos circuitos como un factor que explica la reproducción del capitalismo de manera unidireccional, puede ser más útil considerarlos síntomas de la legitimidad del capitalismo en cada país. Estos aparatos evolucionan gracias a inversiones deliberadas del sector empresarial, es decir, se expanden y contraen en función del tamaño y la demanda del sector privado, y las condiciones políticas y sociales de cada país.

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INTERROGANTES ABIERTAS Las justificaciones y los espíritus que animan el capitalismo tienen similitudes y diferencias en Argentina y Chile, y le confieren distintos grados de legitimidad al lucro y al proceso de acumulación. El análisis de este libro se centró en las justificaciones aportadas por los circuitos culturales del capitalismo, pero sería interesante investigar estos mismos fenómenos en otros grupos y clases sociales. Como aclarábamos en la introducción, las personas entrevistadas para este libro forman parte de las elites intelectuales y económicas de estos países. Probablemente se habría obtenido un panorama distinto si se hubieran analizado las mismas transformaciones capitalistas “desde abajo”, a saber, desde la perspectiva de trabajadores informales, sectores marginados y demás “perdedores” del sistema, o bien “desde el lado”, vale decir, desde el punto de vista de comunidades o industrias específicas afectadas por la expansión del mercado. ¿Hasta qué punto estas narrativas se condicen con los discursos de los circuitos culturales revelados en este estudio? Los diferentes tejidos sociales y jerarquías de estos países probablemente producirían narrativas diferentes “desde abajo” así como “desde el lado”. Otras utopías, o distopías, podrían traer emparejados otros desencantos e ilusiones. En segundo lugar, este libro deja abierta una serie de interrogantes relacionadas con las variedades de capitalismos en otros países de la región. Cabría preguntarse si las jerarquías entre el capital y el trabajo también se vieron afectadas de manera distinta por el neoliberalismo en otros países y cómo estas jerarquías inciden en sus economías políticas. Por ejemplo, cabe preguntarse cómo el nuevo mapa geopolítico de los países emergentes semiperiféricos (los del grupo BRICS) y el cambio del centro mundial hacia Asia afectarán a los países latinoamericanos y sus estrategias económicas. En ese sentido, será vital prestar atención no sólo a la forma en que las ideas y el capital fluyen desde el antiguo centro hacia la periferia, sino también en el sentido contrario y entre los nuevos centros y periferias. 298 DIVERGENCIAS

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En tercer lugar, un aspecto fundamental de la reproducción del capitalismo que se esbozó en este libro, pero en el cual no se ahondó, es su relación con la democracia. ¿Cómo influencian y se afectan entre sí el capitalismo y la democracia? ¿En qué medida son condiciones necesarias para su desarrollo mutuo? Gran parte de la literatura sobre la globalización (véase, por ejemplo, Fukuyama 1992) ha intentado convencernos de que el capitalismo y la democracia mantienen una relación fluida, de que llegamos al fin de la historia y de que su combinación natural es la clave de la prosperidad en todas partes. Los recientes acontecimientos de protestas sociales y revueltas en todo el mundo, desde las primaveras árabes a las protestas callejeras en Brasil, y la historia política reciente de América Latina, han demostrado con creces que el capitalismo y la democracia no siempre mantienen una relación simbiótica. De hecho, tienen una relación tensa, tal como han señalado muchos autores, incluso varios de los intelectuales abordados en este trabajo, como Weber, Schumpeter y Polanyi. Al menos en los casos de Argentina y Chile, más allá de las formas predominantes de expansión capitalista, vale decir, el neoliberalismo con rostro humano o el modelo nacional-popular, los valores de la democracia se han deteriorado de una u otra manera. La acumulación económica, la distribución de riquezas y la representación política democrática son metas que no siempre mantienen una relación armónica.

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AGRADECIMIENTOS Este libro se basa en mi tesis de doctorado en Sociología defendida en marzo de 2012 en la Universidad de Cambridge, Inglaterra. En primer lugar, agradezco al British Council por la beca Chevening, al gobierno de Chile por la beca Conicyt gestión propia, así como al Cambridge Overseas Trust, que financiaron el grueso de mis estudios en el Reino Unido. Mis agradecimientos también para Cambridge Political Economy Trust, Darwin College, Latin American Study Centre y el Departamento de Sociología de la Universidad de Cambridge, quienes me apoyaron con pequeños fondos, infraestructura de trabajo y un estimulante ambiente académico. Mi principal deuda intelectual es con Göran Therborn, quien durante cuatro años me guió en esta investigación. Su amplio bagaje teórico, su enfoque comparativo y su valorización de la historia fueron una inagotable fuente de aprendizaje. Su lectura aguda no sólo afinó los argumentos de este libro, sino también mi forma de hacer investigación sociológica. Especial reconocimiento además para Ben Ross Schneider y Larry King, la comisión de examinadores de tesis. Sus valiosos comentarios y observaciones fueron un aporte importante para transformar ese trabajo original en este libro. Esta investigación no habría sido posible sin la contribución de los 120 entrevistados que amablemente accedieron a una entrevista. Las interpretaciones, explicaciones y preguntas que me plantearon consultores, académicos, empresarios, periodistas e intelectuales fueron invaluables. En particular, agradezco a Gabriel Salvia y Hernán Alberro de CADAL, por su apoyo logístico durante mi trabajo de campo en Buenos Aires. También estoy en deuda con varias comunidades académicas, algunas reales, otras virtuales, que estimularon esta investigación: “Estudios Sociales de la Economía” organizado por José Ossandón, “Grupo de los Jueves” en Buenos Aires, el “Attic” y Darwin College en la Universidad de Cambridge, y varios colegas de la Universidad Diego Portales y la Universidad Católica de Chile. Mi especial agradecimiento a quienes 300

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leyeron versiones anteriores de este trabajo. En particular, los comentarios de Chris Wright, Rodrigo Cordero y Sasha Mudd fueron decisivos. Una segunda lista de reconocimientos va para quienes contribuyeron en tornar la tesis en libro. En primer lugar, agradezco a Manuel Vicuña y a Ediciones Universidad Diego Portales por invitarme a publicar. El respaldo de Matías Rivas y su equipo de trabajo fue fundamental para llevar a cabo esta empresa. En particular, mi gratitud hacia Juan Manuel Vial y Ney Fernandes, quienes hicieron el grueso de la traducción del inglés al español, y a Rafael López, quien revisó la edición final. Mi mayor deuda en esta última etapa, sin embargo, es con José Ossandón, Eugenio Tironi, Mariana Heredia y Raimundo Frei. Mientras los primeros, en su calidad de editores de la Colección de Estudios sociales de la empresa y los mercados, me ayudaron a agilizar estas páginas, las observaciones de estos últimos fueron decisivas para ajustar algunos argumentos y complementar la literatura existente. Especiales agradecimientos también para Érica Salvaj y John Charney, quienes tuvieron la gentileza de leer borradores anteriores, o parte de ellos. Un reconocimiento particular a la British Library de Londres, y a la comunidad de académicos que la habitan, por ofrecer un espacio de trabajo formidable. No está de más agradecer a Tiago Mata y mis colegas del departamento de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Cambridge, donde trabajo, quienes me cedieron tiempo para terminar este proyecto, así como a la Fundación Getulio Vargas en Brasil, que me brindó un interesante lugar de trabajo en Río de Janeiro y Sao Paulo. De más está decir que no obstante estas contribuciones, los errores que persisten son de mi exclusiva responsabilidad. Finalmente, el mayor agradecimiento es para mi mujer, Sasha Mudd, por su constante apoyo en las distintas etapas de este proyecto. Su rigor intelectual y su incesante demanda kantiana por claridad en las ideas fueron una permanente fuente de inspiración. A ella está dedicado este libro.

BIBLIOGRAFÍA

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346 DIVERGENCIAS

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19-11-14 11:40

ANEXO 1: LISTA DE PROFESIONALES ENTREVISTADOS ARGENTINA 1. Director Escuela de Negocios. 2. Profesor Centro de Educación Empresarial. 3. Profesor Instituto de Economía. 4. Economista y Consultor de Negocios. 5. Director Escuela de Negocios. 5. Profesor de Management y Consultor de Negocios. 6. Profesor Centro de Emprendimiento Empresarial. 7. Profesor Escuela de Negocios. 8. Consultor y Profesor de Economía. 9. Profesor de Management y Consultor. 9. Director de Escuela de Negocios 10. Economista y Consultor. 11. Profesor de Management y Consultor. 12. Consultor de Negocios y Head Hunter. 13. Consultor Organizacional y Head Hunter. 14. Economista, exministro de Economía y de Educación. 15. Politólogo y Comentarista Político. 16. Empresario y Comentarista Político. 17. Periodista político. 18. Periodista político. 19. Profesor Ciencia Política. 20. Periodista Económico. 21. Periodista Económico. 22. Periodista Económico. 23. Periodista Económico. 24. Periodista Económico 25. Historiador Económico y Economista. 26. Profesor Historia Económica. 27. Profesor Relaciones Laborales. 28. Profesor Historia Económica. 29. Profesora Sociología Económica. 30. Profesora Sociología Económica. 31. Profesor Historia de la Prensa Económica. 32 Profesora Historia de las Empresas. 33. Profesora Historia de las Empresas. 34. Investigador Historia de las Empresas. 35. Profesor Historia de las Empresas. 36. Profesor Economía y Consultor internacional. 37. Economista y Consultor Negocios. 38. Economista y Consultor Políticas Públicas. 39. Gerente Centro de Emprendimiento e Innovación. 40. Director Centro de Emprendimiento e Innovación. 41. Presidente Gran Empresa Sector Energía. 42. Gerente Gran Empresa Sector Servicios. 43. Gerente Mediana Empresa de Tecnología. 44. Inversionista y Gestor de Emprendimiento. 45. Ejecutivo, Empresa mediana de servicios. 46. Periodista, Director de Medios. 47. Directora Gerente de Comunicaciones de Gran Empresa 48. Gerente de Comunicaciones, Gran Empresa. 49. Presidente de Gran Empresa y Dirigente Empresarial. 50. Gerente de Gran Empresa. 51. Gerente de ANEXOS

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347

19-11-14 11:40

Finanzas Gran Empresa. 52. Directora de Recursos Humanos de Gran Empresa. 53. Presidente Gran Empresa. 54. Emprendedor de Empresa Mediana Sector Servicios. 55. Director Escuela de MBA. 56. Profesor de Management, MBA. CHILE 1. Profesor de Management y Comentarista Político. 2. Rector Universitario y Columnista Medios. 3. Director Escuela de Negocios. 4. Director Programa de MBA. 5. Profesor Escuela de Negocios. 6. Economista de Escuela de Negocios. 7. Profesor MBA, Escuela de Negocios. 8. Director Escuela de Negocios. 9. Profesor Programa de MBA y Consultor. 10. Director de instituto de Economía. 11. Profesor de Economía, Ex Decano. 12. Profesor de Economía y Comentarista Político. 13. Profesor de Economía, exdecano, Gestor de Políticas. 14. Profesor de Emprendimiento e Innovación. 15. Director de Empresas y Centro Empresarial. 16. Político, exministro de Planificación. 17. Periodista Económico. 18. Periodista Económico. 19. Periodista Negocios y Gestión. 20. Director Diario Económico. 21. Rector Universidad y Comentarista Político. 22. Sociólogo y Consultor de Comunicaciones. 23. Profesor Management, Consultor y Director de Empresas. 24. Profesor de Organizaciones y Consultor Empresas. 25. Profesor Relaciones Laborales. 26. Profesor Relaciones Laborales. 27. Profesor Relaciones Laborales. 28. Consultor Organizacional y Profesor Universitario. 29. Director Think Tank, Consultor, Comentarista Político. 30. Sociólogo, vicedecano Universidad. 31. Sociólogo, Decano Universidad. 32. Periodista, Analista Político y Consultor de Empresas. 33. Sociólogo, Consultor, Director de Empresas. 34. Político, exministro, Consultor. 35. Político, vicerrector Universidad. 36. Filósofo, Investigador Think Tank. 37. Profesor de Sociología y Urbanismo. 38. Politólogo y Comentarista Político. 39. Politólogo y Comentarista Político. 40. Politólogo y Comentarista Político. 41. Historiador, vicedecano Universidad. 42. Historiadora. 43. exministro, Senador y exrector de Universidad. 44. Periodista y Profesor Universitario. 45. Profesor de Management, Consultor y Ejecutivo TV. 46. Director Ejecutivo Centro 348 DIVERGENCIAS

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19-11-14 11:40

Empresarial. 47. Presidente, Centro de Negocios. 48. Gerente Centro Empresarial. 49. Director de Asuntos Públicos, Gran Empresa. 50. Director de Capacitación, Centro de Negocios. 51. Vicepresidente Consultora Negocios. 52. Director Recursos Humanos, Gran Empresa. 53. Director Centro de Innovación empresarial. 54. Consultor Head Hunter. 55. Consultor Head Hunter. 56. Publicista, Director Agencia de Publicidad. 57. Creativo Agencia de Publicidad. 58. Consultor Comunicaciones. 59. Gerente de Tecnología, Empresa de Servicios. 60. Emprendedor Empresa de tecnología. 61. Emprendedor, Empresario, Productor de Cine. 62. Presidente, Firma Consultora. 63. Gerente, Firma de Consultoría. 64. Gerente de Gran Empresa.

ANEXOS

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349

19-11-14 11:40

ANEXO 2: INDICADORES SOCIO-ECONÓMICOS Indicadores Económicos 2010 Argentina

Chile

US$368,736,062,144

US$212,740,792,703

US$84,078,815,424

US$87,820,457,093

Primario

68%

88%

Manufacturero

32%

12%

Producto Geográfico Bruto*

Volumen de exportación US$* Exportaciones por sector **

Fuentes: * Indicadores del Banco Mundial 2010. ** Anuario Estadístico CEPAL 2010

Producto geográfico bruto (GDP) per cápita en US$ basado en purchasing-power-parity (PPP) Argentina

Chile

1980

4,855

2,826

1981

4,917

3,209

1982

4,969

2,897

1983

5,283

2,883

1984

5,497

3,117

1985

5,182

3,223

1986

5,603

3,422

1987

5,844

3,691

1988

5,855

4,027

1989

5,582

4,545

1990

5,602

4,811

350 DIVERGENCIAS

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19-11-14 11:40

Argentina

Chile

1991

6,323

5,290

1992

7,044

5,979

1993

7,537

6,432

1994

8,042

6,832

1995

7,878

7,598

1996

8,372

8,196

1997

9,105

8,776

1998

9,456

9,042

1999

9,170

9,022

2000

9,197

9,506

2001

8,900

9,939

2002

7,982

10,194

2003

8,797

10,713

2004

9,751

11,455

2005

10,860

12,244

2006

12,042

13,066

2007

13,330

13,916

2008

14,408

14,599

2009

14,539

14,306

2010

15,901

15,040

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, 2011.

ANEXOS

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351

19-11-14 11:40

Cambio en el porcentaje anual del producto geográfico bruto (GDP) en Argentina y Chile entre 1980 y 2010

Argentina

Chile

1980

0.7

7.9

1981

-5.7

6.2

1982

-3.1

-13.6

1983

3.7

-2.8

1984

2

5.9

1985

-7

2

1986

7.1

5.6

1987

2.5

6.6

1988

-2

7.3

1989

-7

10.6

1990

-1.3

3.7

1991

10.5

8

1992

10.3

12.3

1993

6.3

7

1994

5.8

5.7

1995

-2.8

10.6

1996

5.5

7.4

1997

8.1

6.7

352 DIVERGENCIAS

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19-11-14 11:40

1998

3.9

3.3

1999

-3.4

-0.4

2000

-0.8

4.5

2001

-4.4

3.5

2002

-10.9

2.2

2003

8.8

4

2004

9

6

2005

9.2

5.7

2006

8.5

4

2007

8.6

5.9

2008

6.8

3.7

2009

0.8

-1.7

2010

9.1

5.2

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, 2011.

Porcentaje de la población viviendo bajo la línea de la pobreza Chile

Argentina

38.6

1990

...

27.6

1994

16.1

1996

23.2

1997

...

1998

21.7

1999

23.7

2000

20.2

2002

45.4

2003

18.7

2004

29.4

2006

13.7

2005

26.0

2009

15.1

2006

21.0

2009

11.3

1990 1994

Fuente: CEPAL STAST, 2011. *Las cifras de pobreza sólo consideran la población urbana. ANEXOS

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353

19-11-14 11:40

Tasa de desempleo en porcentajes en Argentina y Chile 1980-2010 Argentina

Chile

1980

3.0

11.5

1981

5.0

10.3

1982

4.5

19.8

1983

5.0

21.0

1984

5.0

17.5

1985

6.3

15.0

1986

6.3

12.3

1987

6.0

11.0

1988

6.5

9.9

1989

8.0

8.0

1990

7.6

7.8

1991

6.5

8.2

1992

7.1

6.7

1993

11.7

6.5

1994

14.4

7.8

1995

18.9

7.4

354 DIVERGENCIAS

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19-11-14 11:40

Argentina

Chile

1996

19.1

6.5

1997

15.9

6.1

1998

14.8

6.2

1999

16.1

10.0

2000

17.1

9.7

2001

19.2

9.9

2002

22.5

9.8

2003

17.3

9.5

2004

13.6

10.0

2005

11.6

9.3

2006

10.2

8.0

2007

8.5

7.0

2008

7.9

7.4

2009

8.7

9.6

2010

7.8

8.3

Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook Database, 2011.

ANEXOS

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355

19-11-14 11:40

Principales exportaciones a la Unión Europea, 2007-2009

Argentina

Chile

1er Producto

2do Producto

3er Producto

4to Producto

5to Producto

Soja

Carne

Trigo

Granos

36%

4%

4%

Cobre y Concentrados 3%

Cobre

Cobre y Concentrados

Vino

Celulosa

Frutas

5%

4%

4%

42%

14%

3%

Fuente: Panorama de la Inserción Internacional, CEPAL (2011: 88)

Principales exportaciones por país en 2011 Producto

Millones de Dólares

Porcentaje de las exportaciones del país

Argentina

Soja

20561

45,1%

Chile

Cobre

44111

54,2%

Fuente: Panorama de la Inserción Internacional, CEPAL 2012. Gráficos II.10, II.12.

356 DIVERGENCIAS

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19-11-14 11:40

ANEXO 3 Grupos Económicos en Argentina: perfil preliminar (Fraccia et al 2010: 327) Grupo Económico

Año de Fundación

Sectores

Ventas en $ 000*

1997

2004/5

Acero, petroquímico y gas; construcción

7,000.0

19,800.0

1884

Agronegocios; química

1,340.0

4,634.0

AGD

1948

Agronegocios; transporte

840.0

3,809.0

P. Companc

1946

Alimentos;

1,621.0

2,949.0

Techint

1952

Bunge y Born

agronegocios Arcor

1951

Alimentos; agronegocios

1,070.0

2,790.0

Bulgheroni**

1928

Petroquímico y gas

Sin Info.

2,586.0

Coto

1960

Alimentos; retail; transporte

Sin Info.

2,224.0

Clarín

1945

Medios; entretenimiento; imprenta

1,651.0

2,237.5

Aluar/Fate

1940

Aluminio; caucho

654.7

2,076.0

Sancor

1936

Alimentos; servicios financieros y de salud

720.1

1,204.0

SocMa

1954

Construcción; alimentos

2,170.0

1,181.4

Werthein

1904

Telecomunicaciones; servicios financieros; alimentos; bebidas; agronegocios

Sin Info.

945.0

Ledesma

1914

Azúcar; Celulosa

250.0

851.0

Cartellone

1918

Construcción; bebidas; alimentos; electricidad

560.0

705.0

ANEXOS

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357

19-11-14 11:40

Perscarmona

1907

Construcción; electrónicos y TI

658.0

556.0

Eurnekian

c.1970

Servicios de transporte; inmobiliaria

Sin Info.

483.0

Román

1961

Logística; servicios de transporte

120.0

472.0

Bagó

1934

Farmacias

400.0

437.0

Sidus

1938

Farmacias; biotecnologías

200.0

395.0

Roggio

1908

Construcción; servicios de carreteras; recolección de basura

508.2

358.0

La Nación

1870

Medios; imprenta

179.0

351.0

Alpargatas

1883

Textiles; calzado; retail

422.0

311.0

IRSA

1990

Inmobiliario; retail

S.I.

261.0

Sava/Gancia

1946

Bebidas; alimentos

200.0

248.0

SCP

1927

Entretenimientos; Petroquímica y gas

360.0

130.0

Banco Velox/Disco

c.1970

Servicios financieros y retail

2118.3

No Aplica

Bemberg

1888

Alimentos; bebidas; agronegocios

892.0

No Aplica

Acindar

c.1940

Acero; electricidad

600.8

No Aplica

Fortabat

1926

Cemento; transporte; entretenimiento

383.8

No Aplica

G&Z

c.1880

Bienes domésticos; alimentos

204.0

No Aplica

Notas: * Tasa de cambio en 2004/5: US$ 1 = A$3.1. Ventas en A.$m (Pesos Argentinos). 1997: US$ 1 = A$ 1 ** Venta de Pan American Energy (PAE), principal firma en que Bulgheroni tiene 40% de participación. Fuentes: Compilada por Fracchia, Eduardo; Luz Mezquita y Juan Quiroga (2010) a partir de información en Mercado, Apertura, América Economía; y reportes de las empresas.

358 DIVERGENCIAS

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19-11-14 11:40

ANEXO 4 Grupos Económicos en Chile Principales características de los 25 mayores conglomerados. Diciembre 2007 (Lefort 2010: 394)

Grupo Económico / Familia

Volumen de Ventas Año de Consolidada Fundación

Holding

Angelini

12,289

Antarchile

ENDESA

9,387

Luksic

9,290

1957

Quiñenco

Paulmann

7,570

1978

Cencosud

Solari-Cuneo-Del Río

5,679

1937

Claro

4,810

1972

Marinsa

Matte

4,476

1920

PASUR, Minera V.

Santander Chile

4,115

1977

Ibáñez

3,817

1957

Marin-Del Real

2,575

1905

INDIVER

Sigdo-Koppers

1,916

1960

Sigdo Koppers

Calderón

1,994

1956

CAP

1,583

1946

Said

1,367

1946

Penta

1,342

1986

CTC

1,267

1990

SQM

1,187

1968

1934

ENERSIS

Invercap S.A.

Norte Grande

ANEXOS

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359

19-11-14 11:40

Grupo Económico / Familia

Volumen de Ventas Año de Consolidada Fundación

Holding

Urenda

1,044

Empresas Navieras

Saieh

850

Corp Group Banking

Fernandez-León

793

Almendal S.A.

Larrain-Vial

553

Aguas Andinas

508

Yarur

461

1957

Hurtado Vicuña

302

1978

IANSA

211

1983

1964 Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. Pacífico V Región Campos Chilenos

Fuentes: Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), El Mercurio y Fecus Empresas.

360 DIVERGENCIAS

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