Desoyendo a la ciudadanía o mi reino por el TTIP

¿Desoyendo a la ciudadanía o mi reino por el TTIP? Fátima Aguado.

Los resultados de la consulta pública realizada por la Comisión Europea sobre los ISDS, tribunales de arbitraje entre inversores y Estados esta misma semana son claros: el 97% ha mostrado su rotundo rechazo a los mismo: no gracias. La consulta de elevado carácter técnico ha contado con más de 150.000 respuestas. La respuesta de la Comisión ha sido, sin embargo, la de seguir adelante con procesos de consulta pero esta vez de la mano de expertos de la UE, de Estados Miembros y del Parlamento. El ISDS es un mecanismo de arbitraje presente en la mayoría de tratados de libre comercio que permite a grandes empresas inversoras extranjeras denunciar a un Estado ante un tribunal de arbitraje privado si considera que alguno de sus “derechos” ha sido vulnerado. Evidentemente, está presente en los acuerdos con Canadá (CETA), con Estados Unidos (TTIP) y presumiblemente también en el acuerdo multilateral de la UE con otros 23 Estados Miembros (TISA). En la última reunión de la Comisión de Mercado Interior celebrada el día 21 de enero, su presidente Bernd Lange, del Partido Socialista alemán, ha propuesto la presentación de una resolución porque entiende que “todo el mundo sabe que hay mucha preocupación y las negociaciones están yendo por mal camino. Hay que lanzarle una advertencia al Consejo” Ahora bien, en ningún momento la resolución propuesta plantea la eliminación del ISDS ya que, también en sus palabras: “Hay que reindustrializar el continente siguiendo un principio claro y es que los inversores locales y foráneos recibirán el mismo trato y esto se tiene que aplicar tanto en Europa como en EEUU”. Eso sí, todo ello lo riegan con la necesidad de establecer normas ya que “hay que tener en cuenta los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente. Por eso tiene que haber una cláusula sobre sostenibilidad” En resumidas cuentas, la misma cantinela de siempre. La conclusión es que la Comisión de Mercado Interior quiere convencer a la ciudadanía de que este acuerdo es bueno y beneficioso para su conjunto y que, en ningún caso, abrir el mercado a la competencia supondría menoscabar los derechos de toda una clase social si para eso se cumplen unos mínimos estándares de exigencia y de lo que vienen a llamar “coherencia normativa”. Por otro lado, uno de los pilares a incluir en la resolución y una de los grandes objetivos que persigue el TTIP es el acceso al mercado a la contratación pública algo que, por otra parte, no es ajeno a la FSC-CCOO, que ya rechazó durante años la Directiva de Servicios que, en la misma línea argumental, ha buscado liberalizar los servicios por considerar que pueden generar un crecimiento armonioso y sostenible y por supuesto, mejorar la calidad de los

mismos hacia la ciudadanía y, según ellos, también hacia consumidores, como si los servicios públicos fueran una simple mercancía. Los gurús del TTIP inciden en que son los propios Estados los que deben organizar la prestación de sus propios servicios y, en efecto, tal y como el Protocolo 26 del Tratado de Lisboa plantea, es que los tratados no afectarán a la competencia de los Estados miembros para prestar, encargar y organizar servicios no económicos de interés general. Con esta premisa, se escudan en la potestad de cada Estado Miembro para organizar sus servicios como mejor considere. Esta ambigüedad legislativa, unida a la reiterada doctrina que viene marcando el Tribunal Justicia de la Unión Europea, en reiteradas sentencias que priman el derecho a la libre prestación de servicios, la última el caso Rüffert, parecen legitimar de manera contundente el dumping social como mecanismo de competencia entre contratistas nacionales y de otros Estados de la UE y en consecuencia también entre trabajadores de diferentes países al entender que efectivamente, la normativa a cumplir es la Directiva de Servicios o Bolkenstein. Imaginemos entonces que pasará si el Tratado de Libre Comercio sale adelante con un país que sólo ha ratificado dos de las ocho normas fundamentales de la OIT, ignorando así los convenios sobre la libertad sindical y protección al derecho de sindicalización, derecho a la negociación colectiva, igualdad de remuneración, no discriminación o trabajo forzoso y cuya única argumentación ante el organismo internacional es que dichos convenios entran en contradicción con su propia normativa nacional. Los servicios públicos son servicios que se apoyan en los principios y valores de universalidad, accesibilidad, control democrático, continuidad e igualdad y esto es algo que se ha sido consagrado por todos los Estados Miembros. Son fundamentales para promover el desarrollo económico y social, la igualdad de oportunidades, la creación de empleo así como en la distribución de ingresos y el Estado del Bienestar. Lo que hay que hacer es regular para prevenir la comercialización de unos servicios que deben velar por proteger a la ciudadanía en su sentido más amplio, y asegurar, al mismo tiempo, un enfoque más a largo plazo. Por eso necesitamos ser contundentes ante el empeño de la Comisión en sacar adelante un acuerdo pensando sólo en lo beneficioso que puede ser para la economía europea, cuando lo cierto es que se prevé la destrucción de miles de puestos de trabajo. Porque cual batalla que libran parece que en lugar de dar su reino por un caballo, sean capaces de darlo por el TTIP.

Los servicios no deben ser vistos como una barrera al comercio. El acceso a la información y a la democracia tampoco. Nos vemos en las calles.