Desde adentro del Comité sobre Desapariciones Forzadas

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Descripción

Desde adentro del Comité OPINIÓN INVITADA / Humberto Cantú Rivera (07-02-2015).- Una fuerte nevada y una dolorosa llamada de auxilio de parte de familiares de personas desaparecidas marcaron el inicio de la revisión del informe presentado esta semana por México ante el Comité sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, en Ginebra. Tras los discursos de apertura, un protocolario minuto de silencio para recordar a los desaparecidos precedió a la intervención de la CNDH. Su presidente, Luis Raúl González Pérez, subrayó la necesidad de que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU para que éste pueda examinar casos individuales de desapariciones, y lo urgió -al unísono con varias ONG- a adoptar una ley general sobre desapariciones forzadas. Lo importante, subrayó González, es conocer el paradero de las víctimas, y fincar las responsabilidades administrativas y penales correspondientes. En resumen, hizo un llamado a la efectiva aplicación tanto de leyes nacionales y estatales en vigor, como de la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. En sesión privada, las víctimas (que incluían a los padres de dos de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y a las madres de dos jóvenes desaparecidos en Chihuahua y Coahuila), acompañadas de sus representantes y de 10 ONG, presentaron al Comité sus testimonios y solicitudes de recomendaciones al Estado mexicano. Tras un breve intercambio con los miembros del Comité encargados del examen de México, comenzó la comparecencia del Estado, dirigida por el Embajador Juan Manuel Gómez Robledo, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. Después de una participación de aproximadamente una hora, en la que intervinieron el Gobernador de Coahuila y funcionarios de la PGR, el Comité hizo 31 preguntas específicas sobre los procedimientos penales, la ratificación de su competencia para examinar casos individuales, la adopción de una ley general en la materia y sus avances, la distribución de competencias, y sobre la aplicabilidad directa de la Convención en territorio mexicano, entre otras. Se desprendía una sensación de un gran trabajo legislativo, sobre todo en ciertos estados del País, pero de un enorme déficit de aplicación tanto del marco jurídico nacional como internacional, y de la falta de una política pública coordinada entre los tres niveles de Gobierno en materia de desaparición forzada. En la sesión interactiva entre el Comité y la delegación mexicana, hubo un momento de tensión importante, cuando uno de los expertos exigió que el Gobierno mexicano asuma de manera completa su compromiso en el tema, aceptando los procedimientos de acciones urgentes y comunicaciones individuales, que permitirían a las víctimas presentar quejas directamente al Comité. La respuesta del jefe de la delegación fue técnicamente correcta, pero hasta cierto punto inesperada, al señalar que el Comité y los demás órganos de la ONU están en un segundo plano frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto refleja una posición ambivalente, puesto que los tratados de derechos humanos tienen nivel constitucional, pero en la práctica existe una jerarquización, según el carácter del órgano constituido en el tratado. El segundo día de trabajo dio seguimiento a diferentes temáticas, como la protección de niños y personas migrantes, el arraigo, los procedimientos de extradición, y en particular los casos de desaparición forzada durante la Guerra Sucia. Un punto a destacar es el reconocimiento reiterado del Estado mexicano sobre la debilidad institucional y retos que existen en la materia, y de la necesidad de continuar fortaleciendo el trabajo con base en estándares internacionales.

El Comité saludó dicho reconocimiento, mencionando su interés en trabajar con México en el tema. Y como me lo confió uno de los miembros del Comité, "para México el Comité no es central; pero para el Comité, México sí lo es". El autor es investigador asociado en derechos humanos de la Universidad Panthéon-Assas Paris II (Francia) [email protected] Copyright © Grupo Reforma Servicio Informativo ESTA NOTA PUEDES ENCONTRARLA EN: http://www.elnorte.com/aplicaciones/editoriales/editorial.aspx?id=55766 Fecha de publicación: 07-02-2015

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