Desarrollo, hidroeléctricas y luchas por el agua (2008)

BORRADOR. NO PARA CITAR.

Desarrollo, hidroeléctricas y luchas por el agua en territorio ch’orti’: marcha campesina en Chiquimula Camilo Salvadó, AEC -AVANCSO (2008) Índice: Presentación: agua y desarrollo Contextos ecológicos y políticos La Marcha del 26 de enero Desarrollo y territorio ch’orti’

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En nombre del progreso y el desarrollo se nos imponen cotidianamente actividades que aumentan la pobreza y vulnerabilidad de las grandes mayorías, además de concentrar la riqueza y los recursos naturales en pocas manos, bajo la lógica neoliberal de la máxima ganancia al menor costo (medidos solo de forma monetaria) y sin tomar en cuenta los impactos ambientales y sociales del supuesto desarrollo. El desarrollo que se está construyendo es el de los ricos y poderosos, sin pensar en las necesidades de la gente pobre ni en los límites de la naturaleza. En la región oriental de Guatemala, conocida por las sequías y hambrunas cíclicas que le han azotado desde hace siglos, el gobierno de la GANA y las empresas transnacionales impulsan la construcción de grandes hidroeléctricas, lo que (al igual que la minería) solo agravará los problemas de escasez de agua, deforestación y pobreza. En este artículo se presentan algunas reflexiones sobre la marcha en oposición a la construcción de dos hidroeléctricas, llevada a cabo el 26 de enero del 2007 en Jocotán, Chiquimula; comprendiéndola como un ejemplo concreto de la lucha por los recursos naturales (el agua, en el caso que nos ocupa), entre las empresas-apoyadas por el gobierno- y las comunidades campesinas ch’orti’ y ladinas.

I. Presentación: agua y desarrollo El 26 de enero de este año, organizaciones y comunidades campesinas de Chiquimula y Zacapa realizan una marcha a las cabeceras municipales de Jocotán y Camotán (Chiquimula), para manifestarse contra la construcción de dos hidroeléctricas sobre el río Jupilingo, así como contra la explotación minera a cielo abierto en el departamento. Como ya es habitual, la marcha recibió poca cobertura de los medios de comunicación, más interesados en reportar de forma sensacionalista algunos incidentes ocurridos previamente a la marcha, presentándolos fuera de contexto, ignorando el punto de vista de los pobladores locales y haciendo eco a la versión del gobierno y las empresas transnacionales sobre los hechos.

Este artículo intenta presentar algunos elementos sobre los diferentes contextos en el que se da la marcha del 26 de enero, prestando especial atención al contexto ecológico local en el que se pretenden impulsar la construcción de grandes hidroeléctricas y la minería a cielo abierto, así como a aquellos factores del contexto político regional y nacional a los que obedece dicho impulso en el departamento de Chiquimula. También nos interesa realizar una breve crónica o memoria de la marcha en sí, comprendiéndola, desde el punto de vista de sus propios actores, como un ejemplo válido de resistencia pacífica y como una de las múltiples formas que adoptan las luchas o disputas por los recursos naturales (en especial el agua) en el Oriente del país. La lucha por el agua se da entre las comunidades - que necesitan del líquido para la sobrevivencia, la producción de alimentos y muchos otros usos - y las

empresas transnacionales (en este caso, hidroeléctricas) para las que el agua solo es un recurso estratégico para la generación de ganancias, el cual obtienen de forma totalmente gratuita y acumulan en grandes cantidades, excluyendo con ello a las comunidades. Aunque el artículo se centrará en el tema de las hidroeléctricas, en Chiquimula existen ya varios permisos otorgados para la minería a cielo abierto, otra actividad que requiere del uso de grandes cantidades de agua (además de contaminar la misma con cianuro de sodio), lo que implica también resistencias y luchas por el agua entre las transnacionales mineras y los habitantes de las cuencas afectadas, que serán abordadas en un artículo posterior. Las grandes hidroeléctricas y la minería de metales a cielo abierto son elementos clave en el modelo de desarrollo impulsado para Guatemala, por el gobierno de la GANA, las empresas transnacionales y organismos internacionales como el BID y el BM. Este modelo no toma en cuenta las particularidades ambientales y culturales de cada territorio, como si se tratase de una receta que puede aplicarse en cualquier momento y lugar. El modelo de desarrollo impulsado por estos actores, además de ignorar las características ambientales y culturales de la región oriental del país, también parte de una definición cerrada del desarrollo (el cual es entendido simplemente como crecimiento económico y acumulación de capital), que ni siquiera toma en cuenta la forma en que son y serán afectadas las necesidades vitales de la gente (como el agua y los alimentos).

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II. Contextos ecológicos y políticos

vive en los municipios de Camotán y Jocotán, donde se encuentra ubicada la mayoría de población ch’orti’ del departamento, y donde existen índices muy altos de pobreza y desnutrición, así como de exclusión del acceso a salud, agua potable, electricidad, educación y otros servicios.

2.1 Contexto Local: escasez de agua, pobreza y hambre. Chiquimula se encuentra ubicada dentro de cuatro cuencas hidrográficas. La mayor parte de la extensión del departamento (237,600 hectáreas) coincide con la Cuenca del Río Grande (169,891 hectáreas), donde se ubica la sub cuenca del río Jupilingo, en la que se proyecta la construcción de las dos hidroeléctricas. El resto de la extensión del departamento se reparte entre las cuencas de los ríos Ostúa Güija y Olopa, al sur, y Motagua, al norte.

Las comunidades ch’orti’ sobreviven en la precariedad, tratando de hacer producir algo a una tierra que en realidad no es apta para la agricultura, pues es de vocación forestal. El acceso al agua, tanto para consumo humano como para la agricultura es cada vez más problemático. Se ha reportado que en estas comunidades las mujeres deben recorrer grandes distancias para abastecer de agua a sus familias.

En estas cuencas predominan los climas secos y muy secos, siendo una zona de extrema fragilidad ecológica. La escasez de agua se hace sentir cada vez más, y los únicos lugares relativamente a salvo de la sequía son las áreas donde se ha introducido riego artificial (especialmente donde hay producción empresarial), así como las vegas de los ríos, que son aprovechadas para captar agua y producir cultivos.

La mayor parte de los suelos de Chiquimula son poco aptos para la agricultura, por ser muy delgados en las laderas, y demasiado arcillosos en los valles: estas son las zonas donde predomina la economía campesina y el trabajo agrícola asalariado. Los pocos suelos aptos para la agricultura son ocupados por la mediana y gran producción agrícola terrateniente y empresarial.

Debido a procesos de deforestación que vienen desde mucho tiempo atrás, la actual cobertura boscosa de Chiquimula corresponde solamente al 8.8% del departamento. Esta situación ha llevado al establecimiento de tres áreas protegidas: las reservas biológicas de los volcanes de Ipala y Quezaltepeque (en los municipios del mismo nombre) y el Parque Nacional El Trifinio (en la frontera de Honduras, El Salvador y Guatemala).

Ya que los campesinos han encontrado estrategias de sobrevivencia no relacionadas directamente al recurso tierra en el ámbito local (como la migración laboral hacia EEUU, o hacia fincas en Petén, Izabal, Santa Rosa, Escuintla y Honduras), la lucha por la tierra no se ha manifestado con una racionalidad ligada a la obtención de tierra para sobrevivir, sino en la forma de defensa de un territorio y sus recursos.

La combinación de factores ambientales -clima seco, escasez de agua, fragilidad ecológica, tipos de suelo- y sociales (como la deforestación y la acumulación de los mejores suelos en pocas manos) ha incidido en el agravamiento de las sequías, las hambrunas y la pobreza, que si bien han azotado a Chiquimula a través de los siglos, solo se han hecho notorias para el resto del país a partir de la hambruna del 2001.

Recientemente, actores no ligados a la producción agrícola han manifestado su interés en estos territorios, como las compañías mineras transnacionales, debido a las reservas de oro, plata, plomo, hierro, cobre, antimonio, cuarzo, hulla y yeso del departamento.

Aunque la pobreza afecta por igual a campesinos indígenas y ladinos de todo Chiquimula, la situación más grave se

De implantarse, esta actividad se desarrollaría sobre todo en las cabezas

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de cuencas de la región, lo que tendrá severos daños en la vida de las comunidades ch’orti’ y el medio ambiente, en especial al agua.

degradar sus propios recursos hídricos, sino a los de la región mesoamericana.

Otro peligro que se cierne sobre los recursos hídricos del departamento es el de la construcción de grandes hidroeléctricas, como las dos proyectadas sobre el río Jupilingo por la empresa Hidroeléctricas de Centroamérica (HIDCA). Como se indicó, uno de los pocos lugares relativamente a salvo de la sequía en Chiquimula son las vegas de los ríos, que precisamente serían afectadas por la construcción de estas hidroeléctricas.

En Guatemala, el gobierno y las empresas transnacionales imponen forzosamente su versión de los hechos, en la cual la construcción de estos sistemas de grandes represas hidroeléctricas no obedecería a los contextos geopolíticos indicados, sino a un “bondadoso” impulso de proveer energía limpia al país (disminuyendo de paso su dependencia de los hidrocarburos) y de paso “derramar los beneficios del desarrollo” -carreteras, empleos, electricidad barata - sobre las comunidades circundantes.

2.2 Contexto global: calentamiento global, agua y poder. Aunque numerosos informes científicos han demostrado la gravedad del fenómeno del Calentamiento Global y las causas que lo provocan (deforestación, contaminación del agua y emisión de gases industriales, entre otras), las empresas transnacionales y los gobiernos insisten en negar o minimizar el fenómeno, y continúan impulsando estas actividades.

La verdad es otra muy diferente: tanto los proyectos hidroeléctricos ya implementados en el resto del país, como aquellos ubicados en el Oriente (p. ej.: Río Hondo I o Pasabién, en Zacapa) no han cumplido con las promesas hechas a los pobladores. Por el contrario, al disminuir el caudal de los ríos para las comunidades aguas abajo, han tenido efectos nefastos en la seguridad alimentaria y en otros ámbitos de la vida social.

En los últimos tiempos, Centroamérica y el sur de México se han convertido en una región donde proliferan los proyectos hidroeléctricos, muchos de ellos interconectados. La prioridad de estas políticas no es llevar electricidad a los habitantes de la región, sino la creación de la infraestructura energética necesaria para implementar iniciativas como el Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), los Tratados de Libre Comercio (TLC) y el Plan Puebla-Panamá (PPP).

Las afirmaciones de las empresas y el gobierno que nos presentan la construcción de estas hidroeléctricas como una actividad ambientalmente responsable, también son falsas, ya que a los por problemas planteados por las dimensiones y la capacidad de generación eléctrica de estas hidroeléctricas, se aún el peligro latente de la deforestación e inundación en los terrenos cercanos al río, y la desaparición de especies vegetales y animales.

Al concretarse la construcción de este sistema regional de represas hidroeléctricas se estaría enlazando el mismo con las redes ya existentes en México y EEUU, cumpliendo así con los objetivos geopolíticos de proveer de energía eléctrica al corredor comercial planteado por las mencionadas iniciativas, así como al mercado estadounidense, contribuyendo a paliar la crisis energética de dicho país, sin

En cuanto a la posible contaminación del agua, si bien es cierto – como afirman los personeros de las hidroeléctricas – que esta agua no es contaminada con químicos (como en el caso de la minería), y que luego es devuelta al río, lo que no explican es que las represas, en especial las de grandes dimensiones, acumulan grandes cantidades de sedimentos, producto de la deforestación río arriba y

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de la descomposición de la vegetación sumergida por la represa.

También existen otros elementos que permiten dudar de la generosidad de las empresas hidroeléctricas: el tamaño físico (82 m. de altura y 196 millones de metros cúbicos) y la capacidad de generación eléctrica (59 y 69 MW) de las represas proyectadas, así como su ubicación estratégica cerca de la frontera de Honduras, evidencian que su finalidad es (tal y como se afirma en la página de Internet de HIDCA) la exportación de electricidad a dicho país, más que su distribución local.

Esto tiene severos impactos sociales y ambientales, ya que los sedimentos son tirados al río cuando la represa es limpiada, contaminando así la poca agua que puedan recibir las comunidades aguas abajo e impidiendo su consumo humano. Por otro lado, en represas grandes como las proyectadas para el río Jupilingo, los sedimentos emiten cantidades relevantes de metano y otros gases de efecto invernadero, que agravan el Calentamiento Global, al igual que el uso de combustibles fósiles para accionar las maquinarias de la hidroeléctrica.

El tamaño físico y la capacidad de generación eléctrica de estas represas también son factores problemáticos desde la óptica de sus efectos ambientales. Para que una hidroeléctrica pueda ser catalogada como fuente de energía renovable y sin incidencia en el Calentamiento Global, los límites máximos fijados por los expertos son de 15 metros de altura para el embalse y hasta 10 MW de capacidad de generación eléctrica (límites ampliamente superados por las represas que nos ocupan en este caso).

Otro factor preocupante desde el punto de vista ambiental, es que la actividad de las grandes represas hidroeléctricas requiere de la acumulación y uso de grandes cantidades de agua, motivo por el cual resulta ilógica su implementación en un escenario local como el que nos ocupa, ubicado en el corredor seco del Oriente de Guatemala, una región con mucha fragilidad ecológica, y donde el acceso al agua es ya de por si problemático.

Por último, aunque no menos importante, tampoco se habla de las comunidades que serán desplazadas ni de las tierras de cultivo que serán inundadas al emprender la construcción de las represas. Esto no es simplemente parte de un discurso “ecohistérico” (sic), sino una realidad comprobada en todo el mundo por millones de personas desplazadas con la construcción de represas (incluido el caso de la hidroeléctrica Chixoy, en Guatemala).

En ese sentido, recordemos que los caudales de los ríos de la región han mermado en extremo desde el huracán Mitch (1998) y las sequías más recientes (2002 y 2003), un factor que no ha sido tomado en cuenta por las empresas hidroeléctricas al momento de calcular la cantidad de agua requerida para la generación de la electricidad, ni al proyectar el tamaño de las represas. ¿Qué decir de la promesa de proveer de energía eléctrica barata a las comunidades circundantes? La falsedad del argumento se evidencia toda vez que el fin último de cualquier empresa es obtener ganancias, y que la práctica generalizada es cargar al consumidor con los costos de la construcción, producción y transmisión de la energía eléctrica. Solo recibirá electricidad quien pueda pagarla.

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III. La Marcha del 26 de enero como una forma de lucha por el agua

pobladores, dado que ya estaban informados de la otra cara de la moneda, de las desventajas, no deja retirarse de la aldea a los representantes de la empresa, lo que da un nuevo giro a los acontecimientos.

3.1 Hechos previos a la marcha. La disputa por un recurso escaso localmente como lo es el agua, y la resistencia campesina contra la imposición de las hidroeléctricas como única forma de desarrollo posible para la región, generaron las condiciones para que se diera la marcha del 26 de enero, pero algunos hechos previos contribuyeron a acelerar esta coyuntura y darle otro carácter.

Al parecer, el detonante de la situación fueron expresiones racistas como “ustedes tienen 500 años de retraso” y “ustedes son ignorantes, son tontos, porque no tuvieron estudios, pero traten de comprender que a hidroeléctrica va a ayudarlos…”, aunado a afirmaciones sobre que recibirían electricidad gratis y podrían pescar en la represa, lo cual es totalmente falso.

Lo que se puede deducir a partir de rumores que circularon localmente, es que la empresa que presionó en años pasados para la construcción de estas dos hidroeléctricas (HIDCA) se retira en diciembre del 2006, debido a la resistencia de los campesinos ch’orti’ y ladinos. Sin embargo, en su página de Internet podemos leer con claridad que el proyecto está aún en marcha.

Los pobladores de Las Flores exigen que el alcalde de Jocotán suba la comunidad a negociar, pero solamente llega el concejal primero, acompañado de la policía, con 3 patrullas. No lograron entrar, ya que la gente había colocado 6 barricadas o parapetos. Posteriormente llegan 3 delegados de la PDH local, que deciden quedarse de manera voluntaria para supervisar el proceso de negociación.

En todo caso, en enero del 2007 llega otra empresa llamada Santiago de Oriente, interesada también en la construcción de hidroeléctricas en los mismos puntos del río Jupilingo. Puede concluirse entonces que el proyecto continúa vigente, y que Santiago de Oriente es: a) una empresa real que compró el proyecto a HIDCA, b) una empresa real asociada a HIDCA, o c) una empresa fantasma creada para salvar los obstáculos encontrados.

Frente a la versión gubernamental y de la prensa, que se refirió en todo momento al “secuestro de 6 personas”, es importante recalcar no solo el hecho de que los 3 delegados de la PDH estaban allí de forma voluntaria, sino también que a los 3 representantes de Santiago de Oriente se les trató de manera digna en todo momento, además de proporcionarles alimento y permitirles comunicarse con sus familias.

La marcha estaba planificada desde tiempo atrás por las organizaciones y comunidades campesinas, que estaban suficientemente enteradas del proyecto, y sabían que los terrenos a inundarse se encuentran tanto en las montañas (donde “nace el agua”) como en las partes bajas, en las vegas de los ríos, es decir los únicos terrenos fértiles y relativamente a salvo de la sequía.

En todo caso, las negociaciones se dan durante el día 25, cuando finalmente se presenta el alcalde de Jocotán, y se logra que se comprometa a llevar el tema a discusión en el Concejo Municipal, y a emitir un Acuerdo Municipal en el cual se declarase lesiva la construcción y operación de la hidroeléctrica. Para entonces ya estaban involucradas en las negociaciones varias organizaciones campesinas locales.

El día 24 de enero, llegan a la aldea Las Flores (Jocotán) tres representantes de Santiago de Oriente a exponer las maravillas, ventajas y beneficios de tener cerca una represa hidroeléctrica. Los

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Lo que originalmente fue planificado como una marcha en contra de las dos hidroeléctricas sobre el río Jupilingo se convirtió en catalizador de otras luchas locales vinculadas a la defensa del agua, como lo son la resistencia contra la minería, la defensa de los bosques y las montañas, y la lucha por la tierra (entendida, repetimos, como lucha por la defensa de un territorio, y no por el acceso a la propiedad de un terreno).

principal: El Brasilar y La Calavera. A las 9 de la mañana, desde estos dos puntos, se inicia la marcha hacia Jocotán. El grupo reunido en El Brasilar pasa a la municipalidad de Camotán hacia las 11 AM, donde leen el manifiesto, pero el alcalde “no estaba”. Obtienen –al menos– la tibia promesa del secretario de la municipalidad de promover un Acuerdo Municipal similar al que se exige a Jocotán. Este grupo sigue avanzando y se reúne con el que provenía de La Calavera, para llegar juntos a Jocotán.

Entre los actores involucrados en esta marcha se encuentran la Coordinadora Regional de Organizaciones Campesinas y Ch’orti’, La Asociación de Agricultores y Ganaderos Camotecos, el Consejo Maya Ch’orti’, la Iglesia Luterana de Guatemala y la Comunidad en Defensa de la Montaña las Granadillas, todos ellos unidos por la necesidad de proteger su territorio frente a un modelo de desarrollo basado en la destrucción del ambiente y la concentración de capital.

Tanto en el manifiesto leído en ambas municipalidades, como en las intervenciones de varios líderes, se exigió a los alcaldes que apoyaran a la gente que los eligió, y no a las empresas. En las pancartas y mantas se evidenciaba la preocupación de los campesinos por sus recursos naturales, en especial el agua, que se hará cada vez más escasa si la minería y las hidroeléctricas se implantan en la región.

3.2 Cronología de la Marcha. Un hecho que a nuestro juicio merece resaltarse, es que desde la noche anterior a la marcha (25 de enero) y durante la marcha, hay un apagón o suspensión del servicio eléctrico. No se puede descartar que haya sido una medida de presión de DEORSA –aliado natural de la hidroeléctrica –, quienes estarían encargados de la distribución del fluido eléctrico.

Los medios locales se negaron a difundir noticias sobre las reivindicaciones campesinas y la macha del 26. En cuanto a los sucesos del 24 y 25, se limitaron a hacer eco a la versión distorsionada difundida por Prensa Libre (es decir, la misma versión del alcalde y de la hidroeléctrica). También se comprobó la presencia en la marcha de varios “periodistas”, que en realidad estaban tomando fotografías de la marcha y de los líderes.

El objetivo original de la Marcha era presionar para obtener el compromiso del alcalde de emitir el mencionado Acuerdo Municipal. Sin embargo, los hechos de Las Flores llevan a que se adelantara dicho compromiso, con lo cual la marcha toma otro carácter: ya no se presionaba para obtener la promesa de emisión del Acuerdo, sino para ir a recogerlo a la municipalidad.

Tampoco se descarta la posibilidad de que otro rol de estos supuestos “periodistas” haya sido generar violencia y así desacreditar a las organizaciones participantes en la marcha. Sin embargo, los encargados de la seguridad (líderes comunitarios y comisión de seguridad) cumplieron a la perfección su cometido, que consistía en mantener la marcha dentro de parámetros pacíficos.

El día 26, desde horas de la mañana, gente proveniente de las comunidades campesinas ubicadas en las montañas (municipios de Jocotán, Camotán y San Juan La Ermita, en Chiquimula; La Unión, en Zacapa) empieza a bajar y a reunirse en dos puntos cercanos a la carretera

Sobre una posible evaluación de la marcha, tanto los líderes como los participantes consultados la consideraron como exitosa, dado que se lograron los

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objetivos planteados y se logró dejar clara su posición sobre las hidroeléctricas, la minería y otros temas. También comentaron que habría venido más gente, pero muchos estaban trabajando en las fincas grandes de café en los alrededores (en Carrizales, Esquipulas, La Unión).

que el gobierno y las empresas impulsan para la región. Esta gente no se opone al desarrollo. Quieren el desarrollo, pero un desarrollo que se mida por el bienestar de las personas, y no por las ganancias de las grandes empresas. Quieren el desarrollo, pero no a costa de sus vidas y las vidas de sus hijos, no a costa de sus ríos, montañas y bosques. Quieren el desarrollo, pero no quieren morir de sed y hambre en el intento.

Todos estaban perfectamente conscientes de las razones de la marcha, y de los peligros que se ciernen sobre su territorio si se construyen las grandes hidroeléctricas. Otro hecho enfatizado por los campesinos es que la minería no es un peligro futuro, sino actual. Las exploraciones mineras ya están provocando hoy, la desaparición de algunas fuentes de agua.

Un último punto que quisiéramos comentar es el de las repetidas acusaciones de los gobiernos central y local, y de las empresas transnacionales, acerca de que marchas como la que nos ocupa en esta ocasión, y otras manifestaciones similares, no son sino “actos desestabilizadores”. La pregunta que cabría hacerse es: ¿A quién desestabilizan? ¿Al país o al gobierno? ¿Al país o a las empresas?

Si bien el Acuerdo obtenido solo tiene efecto a nivel municipal, puede servir para ganar tiempo. La concesión solo puede ser anulada a nivel presidencial (lo cual no va a suceder). El Acuerdo Municipal puede ser anulado posteriormente por otro Acuerdo. Sin embargo, tiene un peso moral y permite ganar tiempo para seguir trabajando desde abajo con las municipalidades y otros actores.

La marcha del 26 de enero no es, desde ningún punto de vista, un “acto desestabilizador”. La marcha fue, entre muchas otras cosas, el ejercicio de un derecho, una forma de lucha por el agua (o más exactamente: defensa del agua), y un ejemplo de resistencia pacífica, originalmente contra las hidroeléctricas, pero en la cual se articularon varias otras reivindicaciones relativas al medio ambiente y el desarrollo en la región ch’orti’.

Las pancartas, los discursos de los líderes, las conversaciones de los participantes, nos demuestran la falsedad de los argumentos del gobierno y de las empresas transnacionales que presentan una imagen estereotipada de estos campesinos como “enemigos del desarrollo”. Resalta la forma en que estos grupos (que para el pensamiento dominante no son más que “irracionales opositores al desarrollo”) supieron perfectamente reconocer esta coyuntura e incidir sobre la misma.

Entre las muchas otras lecciones que nos deja una coyuntura como ésta, resalta como en el contexto de la lucha local por el agua, actores diferentes supieron convertir esta marcha en un acontecimiento articulador, en el cual confluyeron demandas diversas y preocupaciones similares sobre dicho recurso. Ya no era solamente una marcha contra las hidroeléctricas, pues se reivindicaron muchos otros temas que preocupan a los pobladores.

Como se afirmó en repetidas ocasiones durante la marcha: “nosotros no nos oponemos al desarrollo (...) nos oponemos a la forma abusiva y prepotente en que quieren imponernos un desarrollo que no toma en cuenta nuestra cultura ni la naturaleza”. Sobre todo, no quieren un “desarrollo” como el

A nuestro juicio, la marcha resultó totalmente exitosa es en términos de aprendizaje, de ganar experiencia y

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acumular fuerzas. Se demostró que si sirvió el “trabajo de hormiga” de concientizar en las comunidades sobre los peligros de la minería y las grandes hidroeléctricas. Uno de los líderes consultados afirmó: “hay que tener cuidado, este no fue el final, sino el principio de una lucha”.

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IV. Desarrollo y territorio ch’orti’

aproximadamente 4000 personas. En la actualidad, en la mayoría de las comunidades ch’orti’ de Chiquimula se da el bilingüismo (ch’orti’-castellano), mientras que en Honduras se habla solamente español. Sin embargo, las activas relaciones entre la población ch’orti’ de ambos lados de la frontera han llevado al establecimiento de maestros bilingües ch’orti’ guatemaltecos en comunidades hondureñas.

El territorio ch’orti’ ha estado marginado del desarrollo desde hace mucho tiempo; es decir que sus recursos naturales han sido depredados precisamente en nombre del desarrollo, pero los supuestos beneficios de ello jamás han alcanzado a la población. La minería, la deforestación y el acaparamiento de los terrenos ubicados en las vegas de los ríos, son fenómenos registrados en la región ch’orti’ desde la época colonial.

Uno de los problemas enfrentados recientemente por la población ch’orti’ de Chiquimula y Zacapa fueron los desalojos forzosos de terrenos habitados por estas comunidades al menos desde el siglo XIX. Estos desalojos se dieron en el contexto de cobros de arrendamiento de tierras realizados por las municipalidades, así como por entidades privadas que concedieron préstamos en el contexto de la crisis del café.

Si bien el oriente del país se caracteriza por tener un alto componente de población ladina o mestiza, no debemos olvidar que muchas comunidades clasificadas como ‘no indígenas’ en los censos oficiales, en realidad son comunidades ch’orti’ que han perdido su idioma y gran parte de sus tradiciones. Aunque se trataba de un grupo aparentemente al borde de la desaparición, en los últimos tiempos se ha dado importantes procesos de revaloración y resurgimiento de la identidad ch’orti’.

La resistencia contra estos desalojos llevó desde el año 2002 a un activo proceso de organización campesina e indígena en la región, el cual se ha diversificado hacia reivindicaciones más amplias, como la construcción de un desarrollo desde abajo, y no desde los modelos de desarrollo impuestos por el gobierno, los organismos financieros internacionales y las empresas transnacionales, que no toman en cuenta ni las características ambientales locales, ni las necesidades y valores de la población.

A esto debe aunarse la presencia de población ch’orti’ en los departamentos del norte de Guatemala (como Petén e Izabal), debido a la migración laboral. En lo que respecta al oriente del país, el actual territorio ch’orti’ no se ubica solamente en Chiquimula, ya que de hecho, existe una cantidad considerable de población ch’orti’ en el municipio de la Unión, en Zacapa.

Esta situación no ha sido ajena a las vivencias del pueblo ch’orti’ de Honduras. En septiembre del año 2000, en Copán Ruinas se dieron violentos desalojos (protagonizados por la Policía hondureña y finqueros locales) de los terrenos ocupados pacíficamente por campesinos ch’orti’ como una forma de presión por el incumplimiento gubernamental de los acuerdos sobre entrega de tierras firmados desde 1997.

Al otro lado de la frontera, en Honduras (principalmente en el departamento de Copán), también existen importantes núcleos de población ch’orti’, tanto los que habitaban allí desde la época prehispánica y colonial, como los migrantes ch’orti’ guatemaltecos que se asentaron en Honduras huyendo de la violencia estatal durante la guerra civil en las décadas de 1960, 1970 y 1980.

Pese a que la lucha por la tierra del pueblo ch’orti’ de Honduras siempre ha adoptado estrategias pacíficas, la respuesta gubernamental ha sido violenta

Mientras que para Guatemala se estima una población ch’orti’ de unas 60,000 personas, en Honduras se trata de

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en todos los casos, y han sido frecuentes tanto los desalojos como los asesinatos selectivos de líderes campesinos. A esto se aúna el peligro que representan para el agua y los pocos bosques que quedan la deforestación ligada a la exportación maderera y a la producción bananera y tabacalera.

estas grandes hidroeléctricas forman parte de planes de desarrollo mucho más amplios, en los que la población y el ambiente no importan más que como recursos a explotarse. Este supuesto desarrollo, impulsado por organismos financieros internacionales, empresas constructoras y el gobierno central, en realidad implica la concentración y contaminación de grandes cantidades de agua (lo que automáticamente excluye a las comunidades campesinas ch’orti’ y ladinas a este recurso), la destrucción e inundación de bosques y la privatización de los ríos, además de nuevos ciclos de sequía, hambruna y enfermedades.

Otro peligro para los recursos hídricos del territiorio ch’orti’ a ambos lados de la frontera hondureña-guatemalteca es el de la minería. Mientras que en Guatemala no ha sido sino hasta recientemente que esta actividad amenaza con implantarse en Zacapa y Chiquimula, en Honduras se ha desarrollado desde hace mucho tiempo, con nefastos impactos ambientales.

Como lo indica con toda claridad la científica y activista ambiental y campesina Vandana Shiva, los límites materiales del desarrollo son los límites de la naturaleza. Es decir que ningún proyecto de desarrollo (ni los impulsados desde los sectores poderosos, ni los impulsados desde abajo) podrá prosperar si no respeta la capacidad de la naturaleza para recuperarse, y simplemente se le utiliza como si se tratase de algo infinito.

Durante el Huracán Mitch (1998), los sedimentos de mercurio y otros metales pesados ubicados en las antiguas excavaciones mineras fueron movilizados por el agua, afectando a poblaciones, cultivos y fuentes de agua. Solo un mes después de ocurrido esto, el gobierno hondureño aprobó exenciones de impuestos para las empresas mineras que operan en Honduras, y que están operando con el método de cielo abierto (es decir, creación de enormes pozos con cianuro).

Fuentes consultadas: - "Así somos y así vivimos: los Ch'orti'" Guatemala. URL: 2001.

La explotación minera a cielo abierto en Honduras ha implicado el desplazamiento de comunidades enteras. En los casos en que no se ha dado este desplazamiento, los habitantes viven en un constante riesgo de envenenamiento con cianuro, como en los casos de los pobladores ch’orti’ de San Andrés Copan y Valle de Siria. En el caso de Chiquimula, en Guatemala, la minería es un peligro silencioso que se cierne sobre los pocos bosques y fuentes de agua que aún quedan.

- "Primero Dios: etnografía y cambio social entre los mayas Chorti´s del oriente de Guatemala". Guatemala. FLACSO: 2002. - "Marco conceptual para la intervención en las comunidades indígenas y negros con el proyecto 'facilitación del comercio e incremento de la competititvidad' Honduras. Banco Mundial: 2003 - "Honduras: comunidades Chortí resisten amenazas de desalojos" En: Biodiversidad biodiversidadla.org/content/view/ full/19279

A este peligro se suma el de la construcción de las grandes hidroeléctricas que supuestamente generarían “energía limpia” para los pobladores locales, llevando consigo además el tan deseado desarrollo a esta región olvidada, cuando la verdad es que

- “Doce razones para excluir a las grandes hidroeléctricas de las iniciativas renovables” En: Proteger proteger.org.ar/archivos/12razones.pdf

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- “Hidroeléctricas de Centroamérica” En: HIDCA hidca.com -”Represas Hidroeléctricas en Mesoamérica” En: Ecoportal ecoportal.net/contenido/temas_especiales/ energias/represas_hidroelectricas_en_mesoa merica -“Retienen a cuatro hombres”. Prensa Libre, Departamentales. 25/01/07 -“Chorti’es sueltan a rehenes”. Prensa Libre, Departamentales. 26/01/07 -“Llamado a las autoridades locales, centrales, cooperación, ONG’s y a la población en general de la región ch’orti’” Manifiesto en la marcha del 26/01/08 - “Regiones y zonas agrarias de Guatemala: una visión desde la reproducción social y económica de los campesinos”. Guatemala. AVANCSO: 2001 - “Atlas lingüístico de Guatemala Guatemala. Universidad Rafael Landívar (URL: 2003) En: ebiguatemala.org - “Resources” (Vandana Shiva), En: “The Development Dictionary a Guide to Knowledge as Power”. Inglaterra. Zed Books: 1992 - Notas de campo AVANCSO (25-26/01/2008)

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