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Desaparecidos ante la ONU OPINIÓN INVITADA / Humberto Cantú Rivera (31-01-2015).- La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa tuvo un eco importantísimo en la comunidad internacional, dando lugar a una condena generalizada proveniente de distintos frentes. El Parlamento Europeo tuvo una sesión sobre el tema en octubre de 2014, mientras que la OEA firmó un acuerdo de colaboración con el Gobierno mexicano para trabajar en la localización de los desaparecidos. Sin embargo, no es sino una mínima fracción del total de desaparecidos en México. Amnistía Internacional reportó en 2013 la desaparición de 26 mil 121 personas, mientras que la Secretaría de Gobernación indicó una cifra de 25 mil al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto. Todo esto es relevante debido al próximo examen del Estado mexicano ante el Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, que tendrá lugar los días 2 y 3 de febrero de 2015 en Ginebra, en el marco de la octava sesión de ese órgano. El Comité sobre Desapariciones Forzadas es el encargado de vigilar la aplicación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, ratificado por México en 2008 y en vigor desde 2010. Para la evaluación ante este órgano, el Estado mexicano presentó su informe en marzo de 2014, en donde subraya las acciones que ha tomado para garantizar la observancia de tales estándares internacionales en el ámbito interno. Sin embargo, ante las afirmaciones de la adecuación del marco jurídico surge también la inquietante pregunta: ¿dónde están los resultados y la efectividad del ordenamiento jurídico? Para nadie pasa desapercibida la escalofriante realidad que incluso el Estado mexicano reconoce: a nivel federal, la PGR sólo inició 99 averiguaciones previas entre 2006 y 2013, mientras que en los Estados sólo hubo 192. Es claro que algo no está funcionando. Una de las principales limitantes para una mayor efectividad en la persecución de la desaparición forzada es la falta de uniformidad en la legislación de los Estados. Sin ella, y sin la existencia de una ley general contra la desaparición forzada, la tarea será más complicada. Esto no debería ser así, puesto que la Convención de la ONU es directamente aplicable en México. Sin embargo, la capacitación de funcionarios públicos sobre el uso de estándares internacionales es aún una tarea pendiente. Esto nos lleva a una segunda limitante, que es la preparación de los funcionarios públicos encargados de la persecución de los delitos y de su sanción para utilizar dichas normas jurídicas. La calificación conforme a una figura jurídica distinta a la desaparición forzada en que incurren las agencias del Ministerio Público ha sido una grave falla señalada por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas. Adicionalmente, la discrepancia entre la información presentada por la Federación y la de los Estados genera otro problema ligado a la dimensión del fenómeno. Éstos y otros aspectos serán cuestionados a la delegación mexicana que acuda ante el Comité la semana próxima. Las organizaciones de la sociedad civil -dentro de las que destaca CADHAC- y algunas comisiones estatales de derechos humanos han logrado algunos avances en el tema que son dignos de
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reconocimiento. Sin embargo, la mayor parte del trabajo corresponde a las instancias de procuración de justicia, que deberán realizar su trabajo con seriedad y con apego a la ley, no sólo para no ser exhibidos por las instancias internacionales, sino para cumplir con el papel encomendado a ellos por el pueblo mexicano. Hace algunos días, al dialogar con algunos de los expertos tanto del Grupo de Trabajo como del Comité, me externaban su preocupación por el rezago de México en la materia. Si al Gobierno de México le interesa reducir el eco que señala que "fue el Estado", tiene mucho por hacer en la prevención y combate a las desapariciones forzadas. El autor es investigador asociado en derechos humanos de la Universidad Panthéon-Assas Paris II (Francia).
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