Derechos Humanos y el caso Ayotzinapan

Caso Ayotzinapan o la debilidad de las instituciones de gobierno para aplicar el nuevo orden jurídico basado en los Derechos Humanos.






ALUMNO: JUAN ANTONIO GARCIA RUVALCABA
GRADO: SEGUNDO CUATRIMESTRE
MATERIA: DERECHOS HUMANOS
ASESOR: Mtro. Maestro Aldo Iván Reynoso


Caso Ayotzinapan o la debilidad de las instituciones de gobierno para aplicar el nuevo orden jurídico basado en los Derechos Humanos.

Ya ha transcurrido tiempo desde que el 10 de junio de 2011 se publicara en el Diario Oficial de la Federación la más trascendental modificación a la Constitución Política mexicana en materia de derechos humanos. Si alguna comparación pudiera esbozarse, esta reforma es posible equipararla al momento en que en 1917 el texto fundacional de nuestro ordenamiento jurídico incorporó por vez primera los derechos sociales. Hoy, como en aquella época, la sociedad mexicana y sus autoridades enfrentamos el reto de hacer que en la vida diaria de las personas se reflejen los cambios constituidos como promesas en aquel papel.


Y ese es el tema primordial lograr que los derechos humanos que no solo reconoce si no que tutela la constitución a partir de las reformas constitucionales y el reconocimiento de los alcances de los tratados internacionales que en materia de derechos humanos ha signado nuestro país, así como el sometimiento a la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, sean entendidos por parte de las diferentes esferas de gobierno sino que se modifiquen los cuerpos normativos, y la función jurisdiccional apegándose a esta nueva directriz más moderna e incluyente.


También es notable la consolidación y expansión de capacidades nacionales de protección de derechos humanos. La dinámica del "diálogo jurisprudencial", en el que los jueces locales hacen uso creciente de los avanzados estándares de la jurisprudencia del Tribunal Interamericano de Derechos Humanos; y éste, a su vez, recoge decisiones innovadoras de altas cortes nacionales.

Pero el interrogante es, Esta reforma constitucional re direccionada a los derechos humanos puede ser aplicada en el contexto local, en el ámbito de seguridad o de aplicación de justicia, están las instituciones listas o incluso dispuestas a su aplicación, bueno empecemos con el tema de Ayotzinapan para ello hago un pequeño Cronograma donde explicare de manera muy sucinta los hechos tal como se llevaron a cabo.


Septiembre 26 y 27 En Iguala mueren tres estudiantes de la Normal de Ayotzinapan, Guerrero, luego de que secuestraron autobuses y fueron atacados por policías locales y presuntos grupos criminales. En otros hechos violentos mueren seis personas más.
Septiembre 29 Después de dos días en el Ministerio Público del Fuero Común, 22 policías municipales de Iguala son trasladados al penal de las Cruces, en el Puerto de Acapulco, como probables responsables de los seis homicidios, los testigos informan que el ejército estaba presenciando los hechos y no hizo nada, se limito a decirles que eso era lo que se merecían y fueron fotografiados todos.
Septiembre 30 El procurador general de Guerrero, Iñaki Blanco, informa que son ubicados 14 de los 57 normalistas desaparecidos, corroboró que los policías municipales, además de disparar contra estudiantes, rafaguearon el camión del equipo de futbol, Los Avispones.
Octubre 2 El secretario general de Gobierno estatal, Jesús Martínez, señaló que el radio de búsqueda de 43 normalistas desaparecidos se amplía a Taxco de Alarcón, a media hora de Iguala. Más de mil 800 personas entre fuerza Estatal, Ejército y Armada de México, buscan en 14 mil 420 colonias.
Octubre 3 La ONU en México condenó la desaparición de los estudiantes. La Secretaría de Gobernación ofrece coadyuvar en la búsqueda.
Octubre 4 Fuerzas federales y estatales hallaron seis fosas clandestinas, sin determinar cuántos cuerpos había.
Octubre 5 Dos delincuentes admitieron que junto con policías de Iguala, asesinaron a 17 de los 43 normalistas desaparecidos. Indican que el director de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores ordenó detenerlos y a El Chucky, jefe del cártel Guerreros Unidos, asesinarlos.
Octubre 6 Informe del Cisen vincula con la delincuencia organizada al alcalde con licencia de Iguala, José Luis Abarca y a su esposa. Policía Federal y Ejército toman el control en 13 municipios de Guerrero.


Sobre estos hechos el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva manifestó que, por tercera ocasión, la CNDH ejerció su facultad para investigar casos graves de violaciones a derechos humanos por lo que desplegó en Iguala a 20 visitadores adjuntos, que se han llevado a cabo "423 entrevistas, certificaciones médicas, atenciones psicológicas, 149 visitas y solicitudes de información".


Tras recordar que en diciembre pasado presentó un informe especial sobre las autodefensas en Guerrero, en el que se daba cuenta de la colusión de autoridades municipales con la delincuencia, y que fue "plenamente ignorado" por el gobierno de Ángel Aguirre, Plascencia Villanueva dijo que los seis homicidios y las 43 desapariciones forzadas son "una muestra del margen de impunidad que priva en esa entidad federativa en donde claramente podemos observar que el derecho simplemente y sencillamente no opera y que las instituciones públicas no están funcionando, ya no prevenir la comisión de los delitos ni tan siquiera para perseguir a los autores".

De este breve resumen podemos evidenciar la grave violación a los derechos humanos al estar ante la presencia de ejecuciones extrajudiciales por parte de la policía municipal, desapariciones forzadas a cargo de los mismos o de miembros de la delincuencia organizada con la complacencia de la autoridad, atentados contra la dignidad de la personas, y obvias omisiones en el cumplimiento de la función pública.


Tan grave como el silencio cómplice que las autoridades han mostrado posteriormente para esclarecer el paradero de los estudiantes desaparecidos, aun teniendo a los causantes de estos crímenes.


También se hace mención en la página de Aristegui noticias el link ( http://aristeguinoticias.com/0910/mexico/a-murillo-karam-le-di-datos-nombres-fechas-pudo-detener-al-alcalde-de-iguala-bejarano/ ) menciona que El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, podo atraer en 2013 el caso del asesinato del líder de la organización Unidad Popular, Arturo Hernández Cardona, y detener al alcalde de Iguala, José Luis Abarca; le di datos, nombres, fechas, ubicaciones, no hizo nada, pudo detenerlo, sostuvo René Bejarano…


Esto evidencia que el gobierno tenía conocimiento de la problemática de la zona y de los personajes, primero por la investigación que la CNDH había realizado en el estudio de referencia y donde el estado (Federal y Local) no hizo nada, y después con señalamientos precisos por parte de un denunciante en faltas graves a los derechos humanos y el procurador tampoco hizo nada, y aparte el día de los hechos el ejercito aun estando cerca y haber visto a los heridos no actuó.


Las instituciones que resguardan la seguridad, o la impartición de Justicia no actuaron, no quisieron hacerlo o en el mejor de los casos no supieron hacerlo, cualquiera de estas opciones es grave pero la ultima es penosamente real, la transformación de nuestro sistema constitucional abandonando la pirámide constitucional de Kelsen y entrando a un régimen de Derechos Humanos, plantea los retos de concientizar no solo de los alcances de la constitución o de los Derechos Humanos que declara, protege u obliga, ya que sin la debida capacitación por parte de aquellos que detentan la fuerza del estado puede caer en los gravísimos hechos que nos ocupan.


La policía enrolado en el Crimen Organizado, Un presidente municipal usando a la fuerza pública como su propia fuerza de sicarios, el ejercito omiso en su función de de defender la soberanía del país, así como de ayudar a proteger la seguridad de sus habitantes, la de una CNDH ignorada por las fuerzas del estado de su advertencia de la infiltración del Crimen Organizado en las fuerzas del Estado, el conocimiento previo por parte del Procurador General de la República sobre crímenes y violación de los Derechos Humanos ejercidos por parte del Presidente Municipal de Iguala y su inacción al respecto, la ineficacia por parte del Gobierno Federal para darle coherencia al sistema legal y de investigación de los hechos a las organizaciones pro derechos humanos, o para esgrimir algún tipo de política de acción en caso de que las instituciones sean rebasadas por el Crimen Organizado, así como la de instruir a todas las fuerzas de seguridad, a los gobiernos de las diferentes esferas, municipales, estatales y federales sobre la forma en que deben de llevar a cabo sus actividades u obligaciones sin violentar los Derechos Humanos de la ciudadanía, así como tener una Comisión Nacional o Local de Derechos Humanos que pueda obligar a la autoridad para tomar medidas que respeten los derechos humanos.


Marx se equivocó, Peña Nieto también. Se supone que los cambios económicos serían la plataforma para transformar la realidad. Y quizá eso podría ser cierto en un país menos surreal; El presidente Peña Nieto creyó que bastarían las reformas económicas para dejar atrás al México bárbaro. Obviamente no ha sido así, entre otras cosas porque el México bárbaro es el que trajo de regreso al PRI a Los Pinos y, para su desgracia, también el que podría sacarlo.


Ese México Bárbaro que no sabe de Derechos Humanos o de el valor de la vida, tan solo de reacciones viscerales que transgreden los derechos de las personas, las instituciones no tienen dientes, los colmillos y las garras los tienen los grupos de poder, la Ley cambio pero se olvido de quienes la ejercen, el proceso será lento y doloroso.


El Gobierno Federal atenderá este caso con la celeridad que le permite su negligencia, con el desconocimiento que proviene de la desatención, como niño regañado por las naciones que nos llevan muchos años en eso del respeto a los derechos de sus conciudadanos, ya la comunidad europea se manifestó por medio de su Parlamento de la Unión Europea no solo condenando el hecho sino pidiendo sanciones tales como la cancelación del tratado que con la Comunidad Europea tiene firmado México que no alcanzaba a entender como un acto en una pequeña ciudad del Sur de México podía estremecer a este país, si para el mismo las desapariciones, los muertos, y la barbarie es pan de desayuno, tortilla de la comida, y la almohada de la noche, este país no está listo para entender el respeto a los Derechos Humanos, lo dicen los narco corridos, el enaltecimiento de los narcos, las instituciones están faltas de conocimiento, de aseo en su accionar, sobre cogidos con la responsabilidad de atender investigaciones sin tortura, de ejercer el poder con el respeto a la dignidad de las personas, de estar bajo la lupa constitucional o de los medios de control constitucional, e incluso de las ONG´S informadas y activas, no se diga de una nueva generación de ciudadanos más instruidos en los temas.


El reto es mayúsculo, y se empieza con temas tan fuertes como este de Ayotzinapan cruel, inhumano como sacado de un narco corrido de hace 70 años, y las instituciones chatas, indefensas e ignorantes ante el escrutinio mundial, un gobierno timorato e inexperto, como lo dije el reto es mayúsculo, no por este, sino por los que habrán por venir, porque cada que pasa la ciudadanía entiende los alcances de sus derechos y la autoridad aparte de sus funciones deberá de encuadrar no solo sus normas, sino su accionar a este nuevo universo de respeto de los Derechos Humanos.


De estos retos destaco el de hacer explícito que los derechos de los que gozamos las personas no se agotan en los 136 artículos constitucionales sino que deben completarse con los reconocidos en los tratados internacionales que forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. En otras palabras, tratándose de derechos humanos, nuestro texto constitucional se ha abierto para incluir con idéntica fuerza normativa disposiciones de fuente internacional sobre la materia. Esta cláusula de apertura está dando pauta para reafirmar la presencia en nuestro sistema jurídico de un bloque constitucional extenso que impone más altos parámetros de validez.


Esto es un reto mayúsculo cuando pensamos en pequeñas poblaciones o zonas tradicionalmente educadas o formadas en parámetros de barbarie o de influencia del narcotráfico o de la delincuencia organizada o incluso de grupos de autodefensa.


El cambio no es menor ya que no solo se les pide su sujeción a la norma constitucional, sino que aparte de esto, la norma constitucional ya cambio y como reza el artículo noveno transitorio de la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011 en el Diario Oficial de la Federación que se derogan todas las disposiciones que contravengan el decreto que la contiene. Aceptadas sus últimas consecuencias, de este texto se deriva una norma trascendental: hoy no es más derecho vigente todo lo que se oponga a la reforma. No se trata de su eventual invalidez por colisionar con los nuevos estándares constitucionales, se trata de que en automático se ha vuelto obsoleta cada fuente de derecho contraria a sus contenidos, sin distinciones, sin importar si es de origen legislativo o jurisdiccional, no solo basta sujetarse, sino que hay que reaprenderla.


Cuanto de las violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos proviene de la falta de instrucción, tal vez nunca lo sabremos pero no es óbice para no capacitar a los funcionarios y a la propia ciudadanía.


Las instituciones que resguardan la seguridad en el año donde se transformó nuestra constitución arrojan lo siguientes datos según el informa de la embajada de los Estados Unidos ubicado en el Link http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/temas-bilaterales/democracia/informe-2012-derechos-humanos-en-mexico.html En el año, la CNDH recibió 1.503 denuncias contra la SEDENA por violaciones de los derechos humanos, en comparación con 1.695 denuncias en 2011. La CNDH también informó de una reducción en las denuncias contra la SEMAR y señaló que durante el año recibió 418 denuncias, en comparación con 495 en 2011. La CNDH atribuyó la disminución de denuncias contra las fuerzas armadas al aumento de programas de capacitación sobre derechos humanos. Durante el año, la CNDH emitió 15 recomendaciones a la SEDENA relacionadas con violaciones de los derechos humanos cometidas por miembros del ejército y la fuerza aérea, en comparación con las 25 emitidas en 2011. La CNDH emitió seis recomendaciones a la SEMAR durante el año, el mismo número que en 2011.


La CNDH recibió 742 denuncias contra la PGR durante el año, y 45 denuncias contra la SSP (además de 802 denuncias específicamente contra la Policía Federal bajo la autoridad de la SSP). La CNDH emitió tres recomendaciones a la PGR y nueve a la SSP (que incluyeron las relacionadas con las denuncias contra la Policía Federal).


Esto nos dice que las fuerzas del estado buscan no ser sorprendidas en la violación de derechos humanos, de ninguna forma tienen como prioridad el respeto de los derechos humanos del ciudadano, hay mucho por hacer.


Ha llegado el momento en que el gobierno debe jugarse el todo por el todo en una apuesta radical y definitiva en contra de la corrupción, la impunidad y la ausencia del Estado de derecho. Eso implica transformar a México y transformarse a sí mismo.


CONCLUSION: Las reformas constitucionales modificaron de tajo la visión de la Constitución con respecto a los Derechos Humanos, las instituciones que imparten la justicia asi como las que les corresponde resguardar la seguridad o imponer la fuerza no se encuentras sujetos a la ley y mucho menos a los derechos humanos la transformación será gradual mientras que la ley cambio súbitamente, la capacitación es urgente, la transformación de las instituciones también, el mundo entero nos observa, y los casos recientes como el de Ayotzinapan nos obliga a asumir los costos de una trasformación forzada y a contra pelo, el México Salvaje que se niega a morir, y un sistema legal moderno y apegado a los tratados internacionales que espera su aplicación, gran y apasionante reto.