DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y JUSTICIA TRANSICIONAL

DERECHOS HUMANOS, DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO Y JUSTICIA TRANSICIONAL
Por: LILIANA VICTORIA TRUJILLO GUARNIZO
LIC. PEDAGOGA INFANTIL ESP. EN DDHH .

Colombia desde la década de los 60's vive una marcada exacerbación de las violencias donde las ofensivas guerrilleras y los operativos de las Fuerzas Militares, más que frecuentes son comunes. El gobierno colombiano ha suscrito las normas de derecho humanitario y ha aprobado los convenios de Ginebra de 1949, por consiguiente, está en la obligación legal y moral frente al país, frente a la comunidad internacional y frente al conflicto mismo, de acatarlos y cumplirlos.

Desde el 26 de agosto del 2012 el Gobierno de Juan Manuel Santos dio inicio a diálogos y negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC, fundamentadas en lograr un "Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera". Sin embargo, con el interés de proteger a los no combatientes de todo tipo de violencia, la Constitución Política de Colombia de 1991 consagra en el artículo 214 la aplicación del Derecho Internacional Humanitario. Es decir, el DIH ha sido la herramienta que ha propendido porque las acciones bélicas ocasionen los mínimos daños a quienes no participan directamente de la guerra y en la forma de disminuir los estragos del conflicto al imponer a las partes beligerantes obligaciones humanitarias mientras se logra una salida negociada.

El Derecho Internacional Humanitario parte de la existencia de las guerras y de la imposibilidad de evitarlas. El artículo 3 común a los cuatro convenios, norma que establece un mínimo de trato humanitario en conflictos armados no internacionales, puesto que más allá de sus prohibiciones se llegaría a un estado de barbarie, y el Protocolo II, establecen precisamente esos principios. En síntesis, se fundan que todas las personas civiles ajenas al conflicto armado deben ser respetadas en su dignidad humana, condenan y prohíben los atentados contra la vida, la salud y la integridad personal, en particular el homicidio y la tortura; las detenciones sin previa orden judicial, la toma de rehenes, los actos terroristas, el secuestro y los bombardeos, el reclutamiento de menores de quince años de edad como combatientes y exigen el auxilio para los enfermos y heridos.

El proceso de diálogo para poner fin al conflicto armado en Colombia no ha sido un camino fácil sino más bien un trayecto plagado múltiples tropiezos, aplazamientos, retrasos y un sinfín de controversias previsibles frente a la polarización de todos los implicados, tanto actores del conflicto como población civil. Sin embargo a la luz de los organismos internacionales que hacen el acompañamiento, el punto más importante y que dará vía libre a los demás, es el sometimiento a la justicia tras la firma de un acuerdo de paz y la reparación a las víctimas, tanto de las FARC como del Estado.

Tras el anuncio conjunto el pasado 23 de septiembre del gobierno y la guerrilla de las FARC sobre un acuerdo en el campo de justicia transicional, queda claro que la intención es crear un puente de la guerra a la paz sobre la base de las garantías y derechos de las víctimas, ajustados al marco internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

El sometimiento a una Justicia Transicional por parte de los guerrilleros, luego de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno Colombiano y las Farc y la creación de una jurisdicción especial "con salas de justicia y con un Tribunal para la Paz", para el juzgamiento de los combatientes y decidir el tipo de pena que pagarán por sus delitos ha generado un nuevo punto de giro en la polémica nacional e internacional del proceso de paz.

La Justicia Transicional es un modelo de justicia alternativa que permite que los integrantes de las Farc sean juzgados en un sistema diferente al penal ordinario, con el compromiso de desmovilizar sus activos y otros requisitos de verdad y reparación. "No todo el mundo va a quedar contento" expresó el Presidente de la nación Juan Manuel Santos, y no es para menos si se tiene en cuenta que de esta depende los tipos de penas se les aplicarán a los responsables de crímenes de lesa humanidad, tanto del lado de la guerrilla, como del Estado.

El Fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre Lynett, una semana antes decidió parar los procesos que se adelantaban contra los comandantes guerrilleros y manifestó ante los medios de comunicación: "Estamos a 15 días de construir una justicia transicional. Eso dará un paso para la firma de la paz, y solo hasta entonces podremos hablar de las responsabilidades que le cabe a las Farc en el marco del conflicto". Además señaló que "una vez culminados todos los procesos de justicia transicional, que tendrán macrosentencias y se investigarán violaciones masivas de derechos humanos, donde la perspectiva es investigación de delitos de sistema, y una vez dictada la sentencia, debe haber cosa juzgada universal".

Esto quiere decir, que este modelo de justicia a la vez de cumplir con el deber de investigar y sancionar, una vez reparadas las víctimas, se cumpla con la verdad y los deberes internacionales, debe cerrar definitivamente la opción de investigar individualmente los delitos del conflicto armado colombiano. La Jurisdicción Especial para la Paz, tendrá competencia respecto de todos los que de manera directa o indirecta han participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las Farc y a los agentes del estado, por los delitos cometidos en el contexto y en razón del conflicto, en especial respecto de los casos más graves y representativos.

De igual manera, los miembros de las Farc ya condenados podrán acogerse a las penas alternativas y abre la misma posibilidad para altos miembros de la Fuerza Pública que han sido condenados hasta a 35 años por omisión u acción en casos de masacres y ejecuciones extrajudiciales. Una vez más, la verdad plena sobre lo que hicieron en la guerra será el pasaporte a ese beneficio.

Según el Fiscal General, el Tribunal de Paz pretende juzgar a los militares y a otros involucrados en el conflicto y no únicamente a los integrantes de las Farc. Montealegre explicó que hasta los involucrados en la toma del Palacio de Justicia podrían acudir a esa jurisdicción especial. Sin embargo, por su parte el ex general Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE, la asociación que más militares agrupa en Colombia, ha dicho: "No nos pueden meter en el mismo saco que a los terroristas a los que hemos combatido estos 50 años" y ha reclamado que la justicia transicional se aplique "de manera diferenciada" a uniformados y guerrilleros tanto en la fase de investigación como en la de juicio y sobre todo, en las sentencias.

Frente a esto, El ministro de Justicia, Yesid Reyes, ya ha adelantado que habrá un "régimen diferencial", de modo que no se tratará "exactamente igual" a los guerrilleros y a los agentes del estado porque la posición de ambos en el conflicto armado "no es equiparable". Sin embargo el jefe de cartera ha expresado igualmente que "La posibilidad de ingresar a la justicia transicional de manera colectiva, solamente es para las Farc. La manera cómo ingresarán los miembros de la fuerza pública al sistema será con base en su responsabilidad individual", lo cual preocupa a los militares detenidos porque, mientras la justicia de paz tendría penas máximas de ocho años para los guerrilleros, hay uniformados que podrían pasar hasta 50 años en la cárcel.

Pero más allá de a quienes cobijará la justicia transicional o el modo en que esta se aplicará, los puntos que más inquietan son los que respectan a la reparación de víctimas de un conflicto que, según cifras de las mismas autoridades, contabiliza más de 300.000 muertos y millones de familias afectadas.

En primer lugar, si uno de los objetivos centrales del proceso de paz es reparar a las víctimas, ¿tendrán al menos la posibilidad de contar con representantes en los tribunales de este modelo de justicia?; ni los representantes del gobierno ni los de las fuerzas armadas, dan visos aún de cómo se resolverá el asunto.

Paula Gaviria Betancur, directora general de la Unidad para las Víctimas manifestó su respaldo al acuerdo y expresó: "En la Unidad de víctimas lo valoramos positivamente, por el impacto que tendrá en la vida de la gente que se ha visto directamente golpeada por tantos años de violencia. Las víctimas merecen que avancemos lo antes posible hacia la no repetición de los hechos tan terribles."

Al respecto, el presidente Santos, el 23 de septiembre solo expresó: "Hemos logrado una acuerdo sobre las bases de la justicia"; es decir, "buscar el máximo de justicia posible para las víctimas y la máxima satisfacción de sus derechos… (Así como) garantizar que los crímenes más graves cometidos en ocasión del conflicto no quedarán en la impunidad". Es el llamado proceso de paz en Colombia, entre el gobierno en representación del Estado y la guerrilla de las FARC.

Por su parte el senador Mauricio Lizcano y el exdiputado Sigifredo López coinciden en que como víctimas para ellos lo importante, más allá que los guerrilleros vayan a la cárcel, es que el país sepa toda la verdad y por ello tengan que pedir perdón. Sigifredo López dijo: "Tenemos que cambiar el chip, porque no es una justicia ordinaria, sino que es una justicia que transita de la guerra a la paz y el costo de la paz se ve reflejado en esos mínimos de justicia. La justicia no es venganza, nosotros queremos verdad"

Sin embargo, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, expreso su inconformismo frente al acuerdo entre el Gobierno colombiano y las FARC aludiendo que "sacrifica la justicia" a miles de víctimas de graves violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Vivanco sostiene que aunque la Jurisdicción Especial para la Paz, que se encargará de juzgar los delitos cometidos en el conflicto armado, ofrecería incentivos importantes para que los criminales confiesen sus crímenes, "también posibilitaría que los responsables de atrocidades masivas queden exentos de cumplir penas de prisión". El comunicado de la HRW explicó también su renuencia a aceptar que las personas implicadas en delitos de lesa humanidad y graves crímenes de guerra que cooperen con el nuevo sistema judicial y confiesen sus delitos recibirían una pena de entre cinco y ocho años en "condiciones especiales" que supondrían la "restricción efectiva de la libertad", pero no cumplirían penas de prisión.

Pese a ello, el exmagistrado Augusto Ibáñez cree que los derechos de las víctimas desde el punto de vista de acceso a la justicia, reconocimiento de su estatus, su existencia y el resarcimiento o reparación, según lo informado del acuerdo, "guardan perfecta línea con las exigencias internacionales". Por su parte, Raúl Eduardo Sánchez, delegado por Colombia en las comisiones preparatorias para el establecimiento de la Corte Penal Internacional (CPI), señala que ve con optimismo que los crímenes de competencia de la CPI, como son los de lesa humanidad y de guerra, queden excluidos de cualquier amnistía y enfatiza en que para que la Corte no intervenga, lo logrado en materia de justicia transicional debe ser genuino, es decir, que haya mucha verdad y muchas medidas de reparación en favor de las víctimas.

En resumen, el DIH ha jugado papel esencial en los diálogos de paz y en el establecimiento de un acuerdo en materia de justicia entre los actores del conflicto colombiano y su rol más allá del acuerdo mismo, supone encontrar en los derechos humanos el lenguaje y el espacio de coincidencia que lleven a buen término el proceso. Sin embargo, aún queda mucho por definir y construir para que el acuerdo se convierta en realidad y en ello el derecho internacional y las Organizaciones Humanitarias internacionales seguirán siendo pieza clave para que en el postconflicto se fortalezca el Estado de derecho colombiano.