Degradación ambiental, endeudamiento externo y comercio internacional

Degradación ambiental, endeudamiento externo y comercio internacional Diego Azqueta Gonzalo Delacámara Daniel Sotelsek Departamento de Fundamentos de Economía e Historia Universidad de Alcalá Resumen El proceso de degradación ambiental está estrechamente vinculado a la situación de balanza de pagos de los países subdesarrollados y a su elevado endeudamiento externo. Ello, unido al proteccionismo de los países adelantados, les hace buscar nuevas fuentes de divisas, entre las que la explotación insostenible de los recursos naturales juega un papel de primera magnitud. El presente trabajo analiza, en primer lugar, algunas posibilidades que ofrece el comercio internacional para tratar de revertir esta situación, proporcionando divisas sin poner en peligro la sostenibilidad ambiental: desmantelamiento de la protección agrícola en los países desarrollados, Comercio Justo, Certificación Ambiental, Pago por Servicios Ambientales y Mecanismo de Desarrollo Limpio. En segundo lugar, el reconocimiento de una deuda ecológica con estos países. Palabras clave: deuda externa, proteccionismo agrario, certificación ambiental, Comercio Justo, huella ecológica, deuda ecológica, Mecanismo de Desarrollo Limpio. Clasificación JEL: F18, F34, Q45, Q57.

Abstract Balance of payment problems, together with increasing external debt levels, are to blame, to a great extent, for the process of environmental degradation experienced in many developing countries. Developed countries protectionism, on the other hand, make it very difficult to obtain much needed foreign exchange through the exploitation of conventional comparative advantage, thus making it necessary the search for new sources of foreign exchange. This paper analyses, in the framework of international trade relationship between developed and underdeveloped countries, different posibilities of adressing both problems, economic development and environmental sustainability, simultaneously. First, the dismantling of agricultural protectiona in developed areas; fair trade and environmental labelling; environmental services; and Clean Development Mechanism. Second, establishing a link between external and ecological debt. Keywords: external debt, agricultural protection, ecological labelling, Fair Trade, ecological footprint, ecological debt, Clean Development Mechanism. JEL classification: F18, F34, Q45, Q57.

1. Introducción El cambio de rumbo necesario para tratar de encauzar el desarrollo económico mundial hacia una senda más sostenible, no puede hacerse sin el concurso de los países subdesarrollados. En ellos, sin embargo, son prioritarios los problemas de la pobreza, el subdesarrollo y la marginación, y es difícil plantear un escenario en el que su contribución a la sostenibilidad global se alcance a costa del sacrificio de estos

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objetivos más inmediatos: así lo reconoce, por ejemplo, el Protocolo de Kioto. Ahora bien: en este doble objetivo de tratar de frenar y, en la medida de lo posible revertir la degradación ambiental, por un lado, y aliviar los problemas del subdesarrollo y la pobreza, por el otro, las relaciones financieras y comerciales entre los países adelantados y los atrasados están llamadas a jugar un papel de primera magnitud. El presente artículo trata de analizar algunas posibilidades que ofrecen tanto el comercio internacional como los programas de condonación de deuda en este doble sentido, continuando un trabajo previo de los autores (Azqueta y Sotelsek, 1999; Azqueta y Delacámara, 2004). Para ello está estructurado de la siguiente forma. La sección segunda plantea, en términos muy generales, los problemas de balanza de pagos de los países subdesarrollados, y el deterioro ambiental que ello comporta. En la sección tercera se analizan los eventuales impactos ambientales que podría tener una de las medidas más generalmente recomendadas para resolver el problema de la pobreza rural en el mundo subdesarrollado y para aliviar las presiones sobre la balanza de pagos: el desmantelamiento progresivo de la protección al sector agrícola en los países desarrollados (UE, EE.UU.) y la correspondiente apertura de mercados a los productos de los países subdesarrollados. Como complemento de lo anterior, pero a una escala más microeconómica, en la sección cuarta se presentan dos alternativas que han conocido un cierto desarrollo recientemente, la Certificación Ambiental y el Comercio Justo. En el marco más general del Pago por Servicios Ambientales, la sección quinta aborda las posibilidades abiertas por el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. Por último, la sección sexta aborda la problemática de la deuda y su condonación, tratando de presentar un análisis crítico de la propuesta de comparar la deuda económica de todos los países con la deuda ecológica de cada uno de ellos, para derivar el saldo neto correspondiente, y actuar en consecuencia. Como es tradicional, el artículo se cierra con unas breves conclusiones. 2. Deuda externa, proteccionismo y minería de recursos Los países subdesarrollados, en general, enfrentan graves problemas de desequilibrio de su balanza de pagos, con el consiguiente proceso de endeudamiento externo. La carga de la deuda se convierte de esta forma en un importante freno al desarrollo, al comprometer unos recursos muy escasos (inversión pública, divisas) y muy necesarios para el propio esfuerzo de desarrollo. Un buen reflejo de lo anterior, en términos económicos, es el elevado valor del precio cuenta de la divisa, concepto acuñado en el seno de organismos como el Banco Mundial para reflejar el verdadero coste de oportunidad de la moneda extranjera en términos de su contribución al bienestar social. Este precio recoge la escasez relativa de divisas, de tal forma que la relación entre este precio de cuenta y el tipo de cambio oficial, refleja la rentabilidad social de los proyectos de inversión sacrificados, por ejemplo, al dedicar divisas al pago de la deuda. Cuanto mayor es

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este desfase, mayor es el costo para el país del pago de la deuda, y mayor el beneficio asociado a cada nueva divisa que entra en la economía. Ahora bien, el problema del pago de una deuda acumulada por la imprevisión tanto de prestatarios como de prestamistas, viene agravado por la dificultad de acceso a los mercados de los países desarrollados para multitud de productos, primarios y manufacturados, en los que estos países tendrían una ventaja comparativa, debido a la presencia de una serie de barreras proteccionistas tanto arancelarias como no arancelarias (Coyler, 2003). Esta dificultad en la obtención de moneda extranjera a través de la vía convencional de las ventajas comparativas, ha llevado, como no podía ser de otra manera, a la búsqueda de nuevos yacimientos de divisas. Una posibilidad obvia, en este campo, la constituyen los recursos naturales: bien explotando nuevos yacimientos (minerales, forestales, pesqueros), bien sobreexplotando los ya existentes. De ahí la degradación ambiental consiguiente: las divisas que ello proporciona son tremendamente necesarias, en el muy corto plazo, mientras que la degradación ambiental es una externalidad negativa que se comparte con el resto del mundo y con las generaciones futuras. Desde el punto de vista de la racionalidad estrictamente económica, este proceder puede incluso considerarse justificado, una vez que se toman en consideración, conjuntamente, dos parámetros clave para el planificador social: el alto precio de cuenta de la divisa, ya mencionado, por un lado, y la elevada tasa de descuento social, por el otro. Desgraciadamente, este proceder, si bien explicable en el corto plazo, incluso desde una perspectiva social, tiene dos inconvenientes graves. En primer lugar, no garantiza una utilización eficiente de los servicios de la biosfera desde el punto de vista del bienestar económico global. En segundo lugar, conspira contra el desarrollo y el propio bienestar social, en el largo plazo. A continuación se analizan algunas posibilidades distintas de solución de ambos problemas simultáneamente: alternativas que, generando divisas para los países subdesarrollados, y ayudando a resolver el problema de la pobreza, no tengan como consecuencia el deterioro y la degradación ambiental.

3. Proteccionismo agrícola en los países desarrollados Los países subdesarrollados vienen reclamando desde hace ya algún tiempo el desmantelamiento de las medidas de protección de la agricultura en los países desarrollados (EE.UU. y la UE, básicamente) y la liberalización del comercio internacional en este sector. Esta protección, tanto arancelaria como en forma de subsidios, hace imposible a los productores de los países atrasados competir con sus contrapartes en los países adelantados, a pesar de su mayor productividad, cerrándoles el acceso a una fuente de divisas muy necesaria. De esta forma, la protección traería una doble consecuencia negativa: no sólo está impidiendo una más eficiente asignación de recursos a nivel internacional, sino que frena el desarrollo económico de quienes más lo necesitan (Coxhead, 2003).

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En efecto, las políticas proteccionistas hacia las actividades agrícolas y ganaderas que implementan muchos países industrializados, como el caso de la Unión Europea con su Política Agraria Común (PAC) o la Ley Agraria en EE.UU., tienen efectos críticos sobre la producción y comercialización de numerosos productos agrícolas en muchos países, además de causar cambios estructurales en las economías de los países menos desarrollados. A título de ejemplo, Borrell y Hubbard (2000) realizaron una estimación de los efectos de la PAC sobre distintos grupos de países, centrándose únicamente en la reducción en la producción y en el volumen de exportaciones de ciertos grupos de productos, todo ello en un contexto de equilibrio general computable. Entre los resultados más destacables, se encuentra la reducción en la producción de distintos bienes agrícolas (productos cerealísticos y no cerealísticos, carne, ganado y productos lácteos) en porcentajes en algunos casos cercanos al 10 por 100 y, por el contrario, un aumento más contenido de la producción de otros productos primarios (minería, productos madereros), del sector industrial y de otros productos agrícolas. Por el lado de las exportaciones, los resultados adquieren mayor magnitud. El descenso en las exportaciones de productos agrícolas en general (productos cerealísticos y no cerealísticos, carne y productos lácteos) supera en todos los casos el 30 por 100, mientras que el aumento de las exportaciones de otros productos primarios generado por las políticas agrícolas proteccionistas de la UE ronda el 9 por 100. En definitiva, la presencia de unas políticas agrícolas proteccionistas en los países más desarrollados tiene efectos significativos sobre la estructura productiva de la economía del resto de países y su distribución espacial; se fomenta la extracción de recursos naturales (minería, explotación maderera), casi siempre de manera insostenible, y se contiene la actividad agraria en general. Esta búsqueda forzosa de nuevas fuentes de divisas, presionando sobre el medio natural, ante las dificultades encontradas por los productos agrícolas y manufacturados de los países subdesarrollados en los mercados de los países desarrollados, ha tenido consecuencias indudables sobre la preservación de la diversidad biológica. La diversidad biológica es una de las funciones de la biosfera sobre las que con mayor intensidad se refleja la disyuntiva apuntada. No en vano es uno de los componentes fundamentales del patrimonio que nos ha legado la naturaleza. Como es bien sabido, las dos causas fundamentales de pérdida de diversidad biológica son la destrucción y transformación de hábitats, por un lado, y la introducción de especies exóticas en ellos, por otro (Perrings, 2003). Ahora bien, el impacto de las actividades extractivas mencionadas (petróleo, minerales) sobre la pérdida de diversidad biológica es muy notable, aunque no de forma directa. En efecto, siendo una de las principales causas de pérdida de diversidad biológica la deforestación y degradación de los bosques tropicales, la pérdida de superficie forestal asociada directamente a estas actividades es mucho menor que la asociada a la expansión de la frontera agrícola, por actividades de colonización de nuevas tierras (Chomitz y Thomas, 2003). Sin embargo, la velocidad de expansión de la frontera agrícola se explica, en gran parte, por la mejora de la accesibilidad (nuevas carreteras y vías de penetración) que este tipo de actividades trae consigo

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(Azqueta, 2002, cap.14). Esta mejora en la accesibilidad no sólo se materializa en una más rápida expansión de la frontera agrícola, sino también en otros impactos ambientales con efectos también importantes sobre la diversidad biológica: fragmentación de hábitats; introducción de especies exóticas favorecidas por la movilidad de las poblaciones humanas; construcción de embalses con fines energéticos; contaminación de las aguas por el proceso de extracción de los distintos metales y la disposición de los residuos asociados a esta extracción, etcétera. La apertura de los mercados agrícolas del mundo desarrollado a los productos de los países pobres y altamente endeudados, junto con el desmantelamiento de las ayudas al sector, puede ocasionar, en este contexto, toda una serie de consecuencias sobre los recursos naturales y su conservación, en la medida en que esta apertura podría permitirles acceder a una fuente de divisas alternativa. Conviene distinguir, sin embargo, dos efectos contrapuestos en este sentido: En primer lugar, un efecto positivo, a través no sólo de la generación de divisas, sino también vía reducción de la pobreza. En efecto, el análisis sobre las consecuencias que tendría la liberalización de los mercados internacionales en relación con los productos procedentes de los países en desarrollo se ha centrado, generalmente, en los efectos sobre el crecimiento económico y la eliminación de la pobreza en estos países (Frankel y Romer, 1999; Proops, 2004). Asimismo, se han estudiado las posibles consecuencias que estas medidas tendrían sobre el medio ambiente, pero de una forma incompleta (Liddle, 2001). Ahora bien, si altos niveles de renta se asocian, además, con aumentos en la demanda por la conservación de la diversidad biológica, entonces, la inversión para proteger el resto de diversidad debería aumentar y la ratio de pérdida de diversidad debería bajar a medida que aumenta la renta (Sampson, 2002). Por tanto, las políticas conservacionistas de los gobiernos aumentan tan pronto como se alcanza un determinado umbral de renta. Desgraciadamente, muchas de estas políticas conservacionistas sólo tienen como consecuencia la desaceleración de la pérdida de biodiversidad y no el cese de la misma (Dietz y Adger, 2003). Así y aunque son muchos los autores que defienden que, a largo plazo, el comercio tiene consecuencias positivas sobre el crecimiento económico y el medio ambiente (WTO, 1999), otros, sin embargo, critican este argumento económico convencional dirigido a resaltar las consecuencias positivas de la liberalización del comercio. El primero ha sido el argumento seguido por las investigaciones auspiciadas por la OCDE (OECD, 2002), dedicadas al estudio de las interrelaciones existentes entre comercio y medio ambiente, que junto con el trabajo de otros autores (por ejemplo, Bhagwati, 1996) mostraron que los ratios de pérdida de calidad ambiental eran más bajos en los países con economías abiertas. En segundo lugar, sin embargo, puede aparecer un eventual efecto negativo, menos estudiado. Como ya se ha mencionado, la agricultura es la principal causa de deforestación en el mundo, y muy especialmente en América Latina (Portela y Rademacher, 2001). Esta deforestación, que no debe entenderse únicamente como una simple tala de árboles sino, en términos más generales, como un cambio radical en los usos del suelo, tiene efectos negativos críticos sobre la diversidad biológica del planeta. Si bien en algunos países, especialmente centroamericanos, puede considerarse

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que la expansión de las tierras de cultivo y pastos a costa de los bosques tropicales ya ha alcanzado su límite al roturarse todas las tierras aptas para ello (Loening y Markussen, 2003), en otros existe en la actualidad un importante potencial de expansión de los territorios agrícolas; sería el caso de Brasil, por ejemplo, que contiene en su territorio gran parte (55 por 100) de la extensión total de la selva Amazónica. De esta forma, se establece una potencial diferenciación de los efectos de la apertura comercial a los productos agrícolas: mientras que, en algunos países, la deforestación directamente relacionada con la agricultura y la ganadería se presume ya inexistente (aunque pueden existir otros efectos sobre la diversidad biológica si se procede a la intensificación de la actividad agraria), existen amplios territorios en los que se da un elevado potencial de expansión de la frontera agrícola y, por ello, de destrucción de los bosques tropicales que dan cobijo a gran parte de la diversidad biológica del planeta. Por otra parte, unos precios internacionales atractivos para algunos de los productos procedentes de los países subdesarrollados podrían estimular la sustitución de cultivos tradicionales por el cultivo de estos nuevos productos más demandados y mejor pagados, imponiendo nuevas presiones sobre los ecosistemas agrarios tradicionales, desplazando a este tipo de cultivos y técnicas de manejo de la tierra más respetuosas con el medio ambiente. El reciente desarrollo de los modelos de equilibrio general computable permite disponer de una potente herramienta de proyección de los cambios productivos derivados de esta liberalización comercial, campo en el que han resultado realmente útiles para el estudio de políticas públicas concretas. Muchos han sido aplicados a la hora de diseñar políticas agrarias para ver los posibles cambios que la introducción de una medida (por ejemplo, la modificación de la estructura de subsidios), podría tener sobre otros sectores y, sobre todo, sobre los países menos desarrollados (Hertel et al., 2003). La literatura, por otro lado, ofrece numerosos ejemplos de estos modelos aplicados a las relaciones entre comercio internacional y medio ambiente para diferentes países. Algunos de estos ejercicios son los realizados en Chile, China, Costa Rica, Indonesia, México, Marruecos o Vietnam, recogidos en Beghin et al. (2002). Los resultados obtenidos son difícilmente generalizables, dadas las especificidades de cada caso. Sin embargo, sí tienden a mostrar la necesidad de adoptar una serie de medidas de acompañamiento (protección, ordenación del territorio) en las economías subdesarrolladas afectadas por este impulso comercial, que traten de paliar las eventuales consecuencias negativas de la apertura de los nuevos mercados tanto en términos de sostenibilidad ambiental (expansión de la frontera agrícola) como de pobreza (revalorización de tierras y desplazamiento de la población marginal). 4. Certificación Ambiental y Comercio Justo Existen posibilidades, ciertamente, de vincular directamente los flujos comerciales de los países subdesarrollados a la resolución de los problemas de pobreza y degradación ambiental. Dos de estas soluciones, que han adquirido cierta importancia recientemente, son el llamado Comercio Justo, y la Certificación Ambiental.

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La certificación llevada a cabo por un organismo independiente y reconocido con respecto a cualquier característica, sea de un producto o de un proceso productivo, garantiza al sujeto interesado la veracidad de lo certificado. Esto es lo que tienen en común los dos esquemas apuntados: ambos garantizan al consumidor una determinada propiedad del producto que adquiere. Un precio para el productor que cumple determinados requisitos, en el primer caso; y un respeto al medio ambiente, en términos generales, en el segundo. Dos vías, por tanto, de atajar los dos problemas mencionados: pobreza y degradación ambiental. De esta forma, y dada la estrecha relación existente entre ambos, sería de esperar que, aunque cada esquema esté dirigido prioritariamente a resolver uno de ellos, suponga una contribución neta a la resolución de los dos. El denominado Comercio Justo, se enmarca dentro de la Fair Trade Labelling Organization (FLO: www.fairtrade.net), que a su vez tiene sus raíces en el movimiento para un comercio alternativo (Alternative Trade Organization) de comienzos de los años 80 del siglo pasado. Su objetivo es no sólo garantizar un determinado nivel de precios para el productor, sino, en esencia, trascender las relaciones de mercado, impersonales, y establecer un vínculo entre productor y consumidor, de tal forma que el precio sea resultado de este vínculo personal, y no de la actuación de las fuerzas de la oferta y la demanda. Por ello es el consumidor el que no sólo pagará de entrada un precio superior al del mercado por el producto, sino que, además, correrá con los gastos de la certificación (véase Taylor, 2005a y b, al que seguiremos de cerca en este apartado). Por su parte, los productores han de cumplir determinados requisitos para poder participar en el esquema, y someter sus productos a certificación. En el caso del café, por ejemplo, que es el más exitoso, los productores han de operar a pequeña escala, estar organizados en asociaciones políticamente independientes y perseguir determinados objetivos ambientales. A cambio, suscriben contratos que van más allá de un ciclo de cosechas, y reciben un precio garantizado por la FLO, que les permita cubrir sus necesidades vitales y garantice una explotación sostenible, y que puede llegar a ser el doble del internacional. Como resultado adicional, se argumenta, los pequeños productores tienen un mejor acceso al crédito y a la capacitación, se fortalecen institucionalmente las comunidades de productores, y existe una alternativa a la emigración. En 2001, el café vendido bajo el esquema del comercio justo representaba un 1 por 100 del total: 27 millones de libras vendidas en Europa por valor de 300 millones de dólares (2002), 4,7 millones de libras en EE.UU. y Canadá, por un valor de 64 millones y medio de dólares (2000). Más de 300 asociaciones de productores, representando alrededor de medio millón de pequeños cultivadores se beneficiaron de este esquema, siendo México el país con una mayor participación en este comercio (23 por 100 de las exportaciones totales). El gran éxito del comercio justo en el campo del café ha sido el de lograr introducirse en algunas de las principales cadenas distribuidoras del mundo (Starbucks, Carrefour), si bien los analistas consideran que se ha alcanzado el techo de la demanda, y va a ser difícil ampliar las ventas. De hecho, algunos productores han abandonado los canales de la FLO tratando de firmar contratos directamente con las empresas distribuidoras ante la saturación del mercado (Taylor, op. cit.).

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Por otra parte, conviene no olvidar que el café posee una serie de características que facilitan en gran medida su inserción en los esquemas de Comercio Justo, pero que no son compartidas por la gran mayoría de los productos de exportación de los países subdesarrollados. En primer lugar, se produce exclusivamente en ellos, y por campesinos mayoritariamente pobres. En segundo lugar, es un producto sencillo y con muy pocos componentes (prácticamente sólo uno): otros bienes han seguido un proceso de producción mucho más complejo en el que han participado multitud de productores de diferentes partes del mundo. En tercer lugar, su consumo no sólo es «social» en muchas ocasiones, sino que se ha convertido en un producto «de diseño», lo que permite la identificación del demandante. Finalmente, el gasto del consumidor en este producto no es muy elevado, lo que indudablemente facilita la aparición de una demanda diferencial dispuesta a pagar un precio superior. En cualquier caso, tampoco hay que perder de vista el hecho de que el café de Comercio Justo apenas representa un 15,4 por 100 del café certificado, mientras que el café «orgánico» alcanza el 61,4 por 100; el que combina los dos sellos (Orgánico y Comercio Justo) el 12,7 por 100; el sello Rainforest Alliance el 7,7 por 100; y otros menores (Bird Friendly) por separado, o en conjunción con los anteriores, el resto. En el campo de la Certificación Ambiental de productos con presencia en el comercio internacional, el caso más paradigmático es, sin duda, el del Forest Stewardship Council (FSC: www.fsc.org/en). El FSC nace en 1993 para garantizar que la madera certificada por la institución se ha producido y extraído en condiciones sostenibles. El énfasis aparece, pues, en la gestión forestal ambiental, aunque también se contemplan en sus diez «principios globales», aspectos de desarrollo social y local: por ejemplo, el respeto de los derechos ancestrales de las comunidades locales, o la necesaria participación de la población local en los beneficios de la explotación maderera, a través del empleo, la provisión de servicios y la capacitación. Es de señalar, en cualquier caso, que la certificación del FSO va algo más allá de las dos medidas convencionalmente utilizadas para destacar el comportamiento ambientalmente más favorable de un producto (ecoetiqueta), o de un proceso productivo (ISO 14.000). Con respecto al ecoetiquetado, puesto que garantiza un determinado desempeño ambiental, y no simplemente que el producto en cuestión se halla entre los menos ambientalmente agresivos de su grupo. Con respecto a la ISO 14.000 o los sistemas de gestión ambiental, en general, puesto que no sólo garantiza el cumplimiento de las normas y la autoimposición de unos determinados objetivos ambientales, sino que, como se ha apuntado, certifica el cumplimiento de unos estándares estrictos y prefijados (aunque susceptibles de variación en función de las condiciones locales) en el proceso de producción maderera. El desarrollo de esta certificación ha sido notable: se estima que la madera certificada (243 millones de metros cúbicos anuales) representa el 5 por 100 del mercado europeo, y el 1 por 100 del norteamericano. De nuevo, la participación de algunas grandes multinacionales interesadas en una determinada imagen de marca, o en evitar posibles acusaciones de destrucción de recursos forestales (IKEA, Home Depot, B&Q) ha sido determinante en este proceso. A diferencia del Comercio Justo, sin embargo, la certificación no sólo no supone un precio mayor para el productor, sino que es éste quien corre

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con los gastos de la misma. La razón es sencilla: las grandes empresas comercializadoras de productos de madera sostienen que no existe una demanda para la madera certificada como tal, no existe por tanto disposición a pagar un sobreprecio, pero que sería demoledor para ellas que se las asociara con los problemas de la deforestación en el mundo. Sea como fuere, el hecho es que esta práctica, junto con los requerimientos por parte de estas empresas de calidad, volumen, estandarización, periodicidad de las entregas, etcétera, representa una barrera de entrada poco menos que insalvable para los productores de los países subdesarrollados. No es de extrañar por tanto que, a pesar del crecimiento del mercado de madera certificada, éste haya tenido lugar casi exclusivamente para la de los bosques templados y boreales de los países desarrollados. Si en 1996 el 70 por 100 de los bosques certificados se encontraban en los países subdesarrollados, que era para los que estaba diseñado el esquema, en 2002 este porcentaje había caído al 12 por 100. En 2005 más del 80 por 100 de los bosques certificados por el FSC se encontraban en Europa y Norteamérica, a pesar de que estas dos áreas del mundo ya cuentan con sus propios mecanismos de certificación que cubren el grueso de su madera certificada. Ahora bien, en los bosques tropicales de los países subdesarrollados habitan más de 60 millones de personas, en su mayoría indígenas, y de ellos viven directa o indirectamente otros 500 millones de personas. No es de extrañar, por tanto, que dentro del FSC hayan aparecido iniciativas como la de Bosques Pequeños y de Manejo de Baja Intensidad (SLIMFS), que tratan de ayudar a estas comunidades a superar las barreras de entrada a los mercados de madera certificada. En definitiva, si bien ambos esquemas están diseñados para abordar conjuntamente los dos problemas interrelacionados de la pobreza y la degradación ambiental en países subdesarrollados, dirigiéndose prioritariamente a tratar de resolver uno de ellos, pero sin olvidar el otro, las posibilidades que ofrecen en ambos casos son más bien limitadas. A ello podría añadirse que, como han demostrado Ferraro et al. (2005), si lo que se pretende es salvaguardar determinados ecosistemas (por ejemplo, el bosque tropical), es más eficiente otorgar un subsidio directo a la población local por la preservación pura y dura, que un premio a la explotación sostenible de determinados productos del mismo bosque (miel, café de sombra, ecoturismo, plantas medicinales) a través de un sobre precio «verde» para los mismos1. 5. El Pago por Servicios Ambientales y el Mecanismo de Desarrollo Limpio Un elemento clave de la Estrategia Ambiental del Banco Mundial para tratar de frenar la degradación de los activos naturales en los países pobres, ha sido la puesta en marcha de distintos esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA): 1 Es importante anotar, en cualquier caso, que el trabajo de FERRARO et al. (2005) se refiere a la solución óptima, antes de iniciar cualquier tipo de explotación, no cuando ésta ya está funcionando. En el mismo se compara también la opción del pago directo por conservar con la de subsidiar los costes de capital necesarios para la producción «ecológica», con el mismo resultado (son preferibles los pagos directos), ilustrando sus conclusiones con el caso del Parque Nacional Ranomafana, en Madagascar.

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identificando casos en los que su implementación fuera posible, ayudando a construir la institucionalización adecuada y financiando, en su caso, el funcionamiento de estos esquemas a través del Global Environmental Facility (GEF). Su funcionamiento es sencillo: mediante estos pagos, los agentes afectados positivamente por un determinado manejo ambiental (normalmente un determinado uso del suelo) remuneran a quienes lo llevan a cabo por hacerlo (en el entendido de que, de otra forma, no lo harían). El caso más común es el del agua: los usuarios del recurso aguas abajo (compañías suministradoras de agua potable, centrales hidroeléctricas, comunidades de regantes), pagan a los dueños de la tierra, aguas arriba, por llevar a cabo una serie de prácticas que les favorecen (reforestación), o abandonar otras que les perjudican (utilización de fertilizantes y pesticidas, abandono de cultivos y reforestación). Si el coste de oportunidad para los propietarios de la tierra del cambio en el uso del suelo está por debajo de los beneficios que ello le reportaría a los usuarios del agua más abajo, no hay sino que poner en marcha las instituciones necesarias (organización de usuarios, por un lado y propietarios, por otro; marco legal; vigilancia y control) para que el esquema pueda echar a andar. De otra forma, tanto el GEF como distintas ONG ambientalistas, pueden proporcionar la financiación necesaria para que las cuentas cuadren. Costa Rica, por ejemplo, tiene un sistema nacional de PSA gestionado por el FONAFIFO de acuerdo a la Ley Forestal de 1997, lo mismo que México (Pago por Servicios Ambientales Hidrológicos). Ciudades como Quito han creado un «fondo de agua» alimentado por la contribución de las compañías eléctricas y de suministro de agua potable para pagar la conservación de las áreas protegidas en las cabeceras de la cuenca, de las que obtienen el agua. En Colombia son los grupos de regantes del Valle del Cauca los que pagan por la conservación de las cuencas (Pagiola et al., 2004). A pesar de que ha sido en la conservación de cuenca donde más se han desarrollado estos PSA (como pago por la oferta de agua de una determinada calidad, el control de sedimentos y la prevención de inundaciones y corrimiento de tierras), también han aparecido esquemas similares para la protección de la biodiversidad, del paisaje, o para la captura de carbono, normalmente ligados a la conservación del bosque. Como puede comprobarse, son mecanismos fundamentalmente locales (si se exceptúan los pagos por secuestro de carbono de los que se hablará a continuación) que, si bien ayudan a la conservación del medio natural y a alcanzar una asignación más eficiente de recursos, no implican una entrada neta de divisas al país, salvo en tanto en cuanto obtengan una financiación adicional por parte del GEF o de las ONG involucradas y que, en cualquier caso, no va a ser de una gran cuantía. Con respecto a sus implicaciones con respecto a la pobreza, si bien en principio estas aparecen como positivas, ya que normalmente afectan a quienes habitan en las cuencas altas de los ríos, que suelen ser campesinos pobres, no puede perderse de vista que, al elevar la rentabilidad de las tierras afectadas pueden poner en marcha un proceso de concentración de la propiedad de las mismas que sea finalmente perjudicial para los más desfavorecidos (Pagiola et al., 2005). Caso aparte lo constituyen los convenios que distintos organismos de países megadiversos han suscrito con empresas multinacionales farmacéuticas para permitir la investigación en sus territorios, cerrándolos a cualquier tipo de explota-

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ción económica y preservando la biodiversidad en ellos, a cambio de una participación en las ganancias obtenidas por estas empresas en la comercialización de los fármacos correspondientes. Este tipo de PSA para la protección de la diversidad biológica, en los que el InBio de Costa Rica ha sido pionero, sí supone una entrada neta de divisas, por su carácter no local, que puede llegar a ser sustancial, aunque limitada únicamente a países ricos en diversidad biológica. Un caso particular, sin embargo, lo constituye el llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), nacido al amparo del Protocolo de Kioto. Como es bien conocido, los Mecanismos de Flexibilidad, introducidos para facilitar y hacer más eficiente la consecución de los objetivos de reducción de emisiones a los países del Anexo I, contemplan la posibilidad de invertir en países donde esta reducción se consigue con un menor coste de recursos (Proyectos de Implementación Conjunta en los países pertenecientes a la antigua Unión Soviética y a Europa Oriental; Mecanismo de Desarrollo Limpio, en los países subdesarrollados); así como el intercambio, en un mercado, de los correspondientes certificados de reducción de emisiones (CER). En el caso de España, por ejemplo, y una vez llevada a cabo la asignación de derechos de emisión entre las instalaciones obligadas por la normativa a controlar sus emisiones (que originan algo más del 50 por 100 del total de las emisiones de gases de efecto invernadero), se prevé que, para 2008, el 10 por 100 de estas reducciones tengan que adquirirse en el mercado y a través de estos mecanismos de implementación conjunta y de desarrollo limpio. Como era de esperar, no han tardado en aparecer determinados intermediarios financieros que ofrecen, combinando los tres mecanismos de flexibilidad, certificados de reducción de emisiones a potenciales compradores. El caso más conocido, aunque no el único, es el del Prototype Carbon Fund del Banco Mundial. En efecto, el Banco Mundial, a la vista de su gran cartera de proyectos en países subdesarrollados, es capaz de identificar con facilidad aquellos que tienen un mayor potencial en relación a los certificados de reducción de emisiones y su coste relativo, con lo que está en condición de ofrecerlos a un precio atractivo, al haber reducido sustancialmente los costes de transacción (fundamentalmente, identificación y certificación). Aunque todavía es pronto para llevar a cabo un análisis crítico de los resultados de este mecanismo, varios son los problemas que podrían plantearse con respecto a sus posibilidades, desde la óptica de los países subdesarrollados: • En primer lugar, la llamada cláusula de adicionalidad. Para que un determinado proyecto pueda ser aceptado dentro del MDL necesita cumplir este requisito, todavía hoy muy controvertido. Entre las fases que ha de superar el proyecto antes de ser finalmente certificado y aprobado, una de ellas consiste en el cálculo de la denominada línea de base: es decir, de cómo evolucionarían las emisiones de CO2 equivalente, en ausencia del proyecto. Esta metodología de cálculo ha de ser aprobada por la secretaría Ejecutiva del MDL, y sirve para calcular la reducción de emisiones que el proyecto supone. Pues bien, mientras que los países subdesarrollados argumentan que esto es lo que la adicionalidad quiere decir (la reducción de emisiones adicional que el proyecto supone), la Secretaría Ejecutiva tiene otra perspectiva: adicional quiere

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decir que, en ausencia de los pagos por los CER emitidos, el proyecto no sería financieramente rentable, no se hubiera llevado a cabo. El MDL, en definitiva, no va a financiar proyectos que, por las razones que sea (rentabilidad financiera o social), en cualquier caso se hubieran implementado. Al ser esta última la interpretación que ha prevalecido, algunos proyectos muy emblemáticos, sobre todo en el sector del transporte colectivo (como el Transmilenio de Bogotá o el Transantiago), no han podido entrar en este esquema. Ello, qué duda cabe, introduce incentivos perversos para la Administración , ya que lleva a eliminar o posponer cualquier tipo de iniciativa pública ambientalmente beneficiosa, o a dejar que las cosas empeoren, paran luego tratar de obtener CER arreglando el problema. • En segundo lugar, la exigencia por parte de la Unión Europea, que no del Protocolo de Kioto, de que únicamente la mitad de la reducción de emisiones a que cada país está obligado, pueda adquirirse acudiendo a estos mecanismos. Esto, como bien argumentan los responsables de los países subdesarrollados, deprime artificialmente la demanda de sus certificados, presionando en consecuencia los precios a la baja. • En tercer lugar, la no aceptación dentro del sistema europeo de intercambio de CER, de los créditos conseguidos mediante proyectos de reforestación. Los denominados proyectos LULUCF (land use, land use change and forestry) permiten capturar carbono mediante, por ejemplo, la reforestación de tierras. El Protocolo de Kyoto lo permite, desde la Conferencia de las Partes de Bonn, siempre y cuando las tierras en cuestión carecieran de cubierta boscosa antes de 1999. La Unión Europea, sin embargo, rechaza la validez de estos certificados para el cumplimiento de las obligaciones de sus países miembros, por lo que sólo pueden ser realizados en el «mercado voluntario» (Bolsa de Chicago), y a un precio sensiblemente inferior. A este mercado acuden empresas e instituciones (ayuntamientos o distintos estados de Estados Unidos) que, si bien no están obligadas por el Protocolo, quieren cumplirlo voluntariamente, o mejorar su imagen corporativa. El motivo alegado por la UE es el de la potencial no permanencia de esta captura de carbono: el bosque plantado se puede quemar, o el gobierno permitir dentro de unos años su tala. Dado el problema que esta negativa supone, no sólo para la obtención de divisas, sino para la propia conservación del bosque, se han propuesto distintas medidas para intentar paliar esta inseguridad, desde pólizas de seguros hasta CER con una validez temporal menor, pero, hoy por hoy, todavía no aceptadas. • Finalmente cabe mencionar, más que un problema, la necesidad de planificar cuidadosamente la participación en el MDL por parte de los distintos países subdesarrollados, para obtener todos los beneficios sociales que el esquema posibilita. En efecto, en ausencia de una intervención correctora, los proyectos-MDL girarán alrededor de una lógica de mercado que buscará, simplemente, aquella opción que ofrezca el precio más bajo por la mercancía intercambiada: una tonelada de carbono. Esta lógica es la que llevará a seleccionar unos proyectos y no otros. Sin embargo, los proyectos involucrados, en gene-

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ral y por sus propias características, suelen venir acompañados de toda una serie de externalidades de todo tipo. No es lo mismo, en este sentido, conseguir un certificado de reducción de emisiones capturando metano en una granja porcina alejada de los núcleos urbanos, que sustituyendo una central térmica de carbono por una de ciclo combinado de gas natural, dentro de una ciudad densamente poblada. Los impactos positivos sobre la salud de la población, en el segundo caso, es muy probable que superen sustancialmente los efectos positivos adicionales del primero. Sin embargo, nada de esto será tenido en cuenta en los mercados de carbono, en ausencia de una intervención pública que seleccione adecuadamente la cartera de proyectos socialmente más rentables. En cualquier caso, y a diferencia del pago por servicios ambientales convencional, el MDL no depende decisivamente de la dotación de recursos naturales del país afectado, lo que lo hace particularmente atractivo, a la vista de la distribución mundial de la pobreza. Este es un rasgo que se profundiza en la posibilidad que se analiza a continuación. 6. Deuda externa, huella ecológica y deuda ecológica El peso de la deuda externa, sobre todo para los países pobres altamente endeudados, ha dado lugar a una presión recurrente para su condonación. No es éste el lugar ni el momento de abrir una discusión al respecto. Tal vez valga la pena recordar, en cualquier caso, que condonaciones totales o parciales de la deuda externa ya se han producido en distintas ocasiones, sin aparentes resultados. Es más, de acuerdo a los provocativos argumentos de Easterly, el perdón de la deuda a los países pobres sólo sirve para que éstos acentúen la presión sobre la explotación de sus recursos naturales, alejándose más si cabe de la sostenibilidad (Easterly, 2001, cap. 4). Vale la pena, sin embargo, analizar una alternativa que ha alcanzado cierta notoriedad en determinados círculos académicos recientemente: canjear la actual deuda económica de los países subdesarrollados, por la deuda ecológica acumulada en el tiempo por los países desarrollados. La capacidad del planeta para proporcionar una serie de recursos naturales, renovables y no renovables, así como para absorber los desechos de todo tipo que generan las actividades del ser humano, es limitada. La segunda ley de la termodinámica (conocida como ley de la entropía) limita el nivel de producción sostenible al flujo de energía solar recibido. Esta idea elemental ha propiciado la búsqueda de unos posibles límites a la capacidad de crecimiento o, para ser más precisos, el reconocimiento de los mismos. Quizá la forma más reciente que han adoptado estos intentos sea la que se conoce como huella ecológica (ecological footprint). La huella ecológica correspondiente a una población determinada se define como «la superficie de tierra productiva y ecosistemas acuáticos necesaria para producir los recursos que la sociedad consume, y asimilar los residuos que produce, dondequiera que se encuentren dicha tierra y agua» (Rees, 2000, p. 371).

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Como tal indicador, formalizado por Wackernagel y Rees (1996), la huella ecológica no es sino un intento de traducir a una unidad común, que permita las comparaciones, la capacidad del planeta de proporcionar recursos y de absorber residuos, por un lado, y el consumo de recursos y emisión de desechos de los patrones de consumo de los distintos grupos sociales contemplados, por otro. Esta unidad común de medida no es otra que una hectárea de superficie agrícola de productividad media (biocapacidad), tanto como proveedora de recursos naturales, como en su papel de sumidero de las emisiones contaminantes (fijación del carbono atmosférico a través de la función fotosintética). Comparando los requisitos con las posibilidades, se llega a la conclusión fundamental de estos trabajos: el habitante promedio del planeta tiene una huella ecológica (unos patrones de consumo) que supera la capacidad de carga de la biosfera. Siguiendo en la línea anterior, se ha desarrollado el concepto de distribución ecológica espacial, para analizar cómo se distribuye entre distintos países el daño ambiental generado por las distintas actividades económicas. En la esfera de las relaciones internacionales, esta distribución espacial del daño ambiental da lugar, se dice, a un intercambio (ecológico) desigual mediante el que los países menos desarrollados tratan de mantener su competitividad. Este comportamiento, por el que estos países degradan su medio ambiente para poder vender sus mercancías en los mercados internacionales, da lugar a una deuda ecológica (Muradian y MartínezAlier, 2001) en la que estarían incurriendo los países más desarrollados debido a la importación de estos productos, a unos precios «ecológicamente» incorrectos. Algunos autores han sugerido que esta deuda ecológica podría constituir la base de un mecanismo de transferencia de recursos a favor de los países subdesarrollados fuertemente endeudados, que les permitiera subsanar el problema de la deuda (Torras, 2003). El procedimiento al respecto sería el siguiente. En primer lugar, se hace necesario computar la cuantía de la deuda ecológica, en términos físicos, y pasar, en segundo lugar, a determinar su equivalente monetario. Y aquí es donde juega un papel relevante el concepto de la huella ecológica anteriormente mencionado. En efecto, se recomienda que la deuda se calcule a partir, precisamente, de la comparación entre el valor de dicho indicador para diferentes países y su biocapacidad. Una vez calculados los déficit y superávit correspondientes, en hectáreas normalizadas, se traducen a un valor monetario utilizando para ello los valores propuestos por Costanza et al. (1997), para una hectárea representativa de los distintos ecosistemas. Aplicando esta metodología sencilla, los principales países desarrollados acumularían una deuda ecológica equivalente a 3.733 millones de ha. que, traducidos, supondrían algo más de 800 mil millones de dólares, una cantidad nada desdeñable. Transferir esta cantidad a los países endeudados en función de su superávit ecológico (huella ecológica inferior a su biocapacidad) convertiría en acreedores netos a varios de ellos (Indonesia, Miammar, Congo, Tanzania), y reduciría sustancialmente el problema de la deuda a otros (Argentina, Brasil, Malasia, Venezuela). El problema lo plantean aquellos países que, como China, India, Bangla Desh o Egipto, no sólo tienen una elevada deuda económica, sino que también están endeudados «ecológi-

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camente»: tienen una huella ecológica muy pequeña (sus niveles de consumo son muy bajos), pero una biocapacidad más baja todavía (territorios pobres y densamente poblados). De acuerdo a este criterio, estos países tendrían que pagar ambas deudas, mientras que otros como Canadá, Australia, Suecia o Finlandia, que tienen un superávit ecológico, serían también candidatos a recibir los pagos. La propuesta, por tanto, tiene el buen sentido (económico) de obviar cualquier consideración de justicia distributiva. Torras no contempla, en efecto, la denominada deuda ecológica, como un debe de los países desarrollados, culpables de la degradación ambiental global, en favor de unos países subdesarrollados, que serían totalmente inocentes del deterioro ambiental que padecen (aunque no lo descarta). Su enfoque es mucho más pragmático: trata de encontrar un esquema que permita resolver el problema de la deuda externa: que justifique, calcule y al mismo tiempo asigne, unos fondos que alivien o resuelvan el problema. Por ello, no tiene ningún reparo en eliminar del grupo de los deudores a los países subdesarrollados con una huella ecológica superior a su capacidad biológica. El resultado final de la propuesta, sin embargo, y aun habiendo resuelto este primer problema, probablemente no pueda ser considerado satisfactorio, ni desde el punto de vista de la equidad, ni desde el punto de vista de la eficiencia: no son precisamente los países más pobres los que recibirían las mayores transferencias, sino los que podrían considerarse de desarrollo intermedio y muy ricos en recursos naturales (Brasil, Argentina, Colombia, Indonesia, etcétera). Desde el punto de vista de la equidad, supone aceptar una discriminación de partida claramente rechazable: las personas tendrían derecho al disfrute de los dones de la naturaleza, les correspondería una determinada huella ecológica, en función de algo tan arbitrario como el lugar de nacimiento. Un elemental sentido de justicia debería llevar a rechazar este tipo de planteamiento. Por otro lado, el punto de vista de la eficiencia en la conservación de la naturaleza y la garantía de la sostenibilidad, rechazar este tipo de comercio, que involucra el intercambio de naturaleza, es abiertamente contraproducente. La autarquía o, en el mejor de los casos, el intercambio de equivalentes, en términos de naturaleza, al que obligaría cualquier intento de acabar con esta pretendida explotación, impediría resolver adecuadamente el problema del deterioro ambiental y la sostenibilidad de las pautas de producción y consumo. En efecto, para resolver de forma eficiente el reto de la satisfacción de las necesidades humanas, debería buscarse la asignación espacial de las distintas actividades económicas (producción, distribución y consumo), allí donde su impacto ambiental fuera menor, algo que esta búsqueda de un pretendido equilibrio entre la huella ecológica y la dotación de recursos de cada país impediría. Efectivamente, existe una deuda ecológica, pero probablemente sea más acertado plantearla en términos de la huella ecológica acumulada por determinados patrones de consumo, que por razones de operatividad identificaríamos con los de las sociedades más desarrolladas, con el planeta como un todo, y no con determinados países. Esta deuda, una vez calculada, tal y como lo hace por ejemplo Torras (op. cit.), pero en relación a la capacidad biológica promedio del planeta, debería cancelarse a favor de los organismos multilaterales de ayuda al desarrollo para que la asig-

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naran en función de criterios más equitativos, y no premiando a aquellos países que ya cuentan con una buena base de recursos naturales. 7. Conclusiones Hemos analizado, a lo largo de las líneas precedentes, una serie de alternativas que podrían utilizarse, en el contexto de las relaciones comerciales y financieras entre países desarrollados y subdesarrollados, para tratar de aliviar simultáneamente los problemas íntimamente relacionados de la pobreza y la degradación ambiental. En este sentido, se ha pasado revista a las posibilidades que ofrecería un desmantelamiento de la protección agrícola de los países desarrollados, y la apertura de sus mercados a los productos de los países subdesarrollados. Si bien el correspondiente influjo de divisas que ello supondría, así como el incremento de ingresos del sector rural en los países subdesarrollados (sector en el que se concentra el grueso de la pobreza mundial), tendrían un indudable impacto ambiental positivo, no puede olvidarse que, al mismo tiempo, elevan el coste de oportunidad de las tierras no cultivadas, y ello conspira contra la preservación de determinados espacios ecológicamente muy valiosos, susceptibles de ser cultivados. Se hace necesario, por tanto, acompañar esta medida de otra batería de incentivos destinados a reconocer, y remunerar, los servicios ambientales de estos ecosistemas amenazados. El Comercio Justo y la Certificación Ambiental son, asimismo, un paso en la dirección correcta, aunque, hoy por hoy, el techo de la demanda en el primer caso, y los costes de transacción, en el segundo, están impidiendo que puedan tener un impacto más decisivo en el ámbito de estos dos problemas. Al igual que en el caso anterior, el Pago por Servicios Ambientales, no sólo tiene un campo de actuación todavía muy limitado, sino que sus eventuales beneficios dependen, en gran medida, de la dotación de recursos naturales de cada país. Una ojeada al mapa mundial, sin embargo, permite constatar que no existe una correspondencia biunívoca entre la dotación de recursos naturales, por un lado, y la situación de pobreza, por otro (véase, por ejemplo, Sutton y Constanza, 2002; IUCN, 2004). Si bien es cierto que un grupo no desdeñable de países pobres son a su vez ricos en recursos naturales (recuerde el lector, por ejemplo, la denominada «maldición de los recursos naturales» aplicada al caso africano: Sachs y Warner, 2001, es una excelente referencia), existe un buen número de ellos, entre los que se encuentran algunos de los más poblados, que carecen de esta riqueza. Estos países, entre ellos algunos de los más necesitados, no tendrían grandes posibilidades de beneficiarse de los esquemas anteriores. No es éste el caso, sin embargo, del Mecanismo de Desarrollo Limpio, que responde a una lógica mucho más atractiva: la de que todos los seres humanos tienen el mismo derecho a disfrutar de, por lo menos, uno de los servicios que gratuitamente proporciona la biosfera: ser un depósito de residuos. Si esta capacidad se ha excedido hay que comenzar a reducir el volumen depositado, pero partiendo de la base del mismo derecho para todos con respecto a la utilización de la misma. En idéntica línea de no discriminar en función de la dotación de recursos naturales se encontraría la propuesta de saldar

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la deuda ecológica en la que han incurrido históricamente los países desarrollados con el resto del mundo, no con base en la biocapacidad de los países más desfavorecidos, lo que sería éticamente inaceptable, sino en función de su propia huella ecológica, una vez se haya refinado su proceso de cálculo, en comparación con la dotación promedio del planeta. Referencias bibliográficas [1] AZQUETA, D. (2002): Introducción a la economía ambiental, McGraw-Hill, Madrid. [2] AZQUETA, D. y DELACÁMARA, G. (2004): «El papel de las variables ambientales en la nueva geografía económica», Investigaciones Regionales, 4: 145-176. [3] AZQUETA, D. y SOTELSEK, D. (1999): «Ventajas comparativas y explotación de los recursos ambientales», Revista de la CEPAL, 68: 115-134. [4] BEGHIN, J.; ROLAND-HOLST, D. y VAN DER MENSBRUGGHE, D. (ed.) (2002): Trade and the environment in general equilibrium: evidence form developing countries economies, Kluwer Academic Publishers. [5] BHAGWATI, J. (1996): «Trade and Environment: Does Environmental Diversity Detract from the Case for Free Trade?», en J. Bhagwati y R. E. Hugec (eds.), Fair Trade and Harmonization, Cambridge University Press, pp. 159-223. [6] BORRELL, B. y HUBBARD, L. (2000): «Global economic effects of the EU Common Agricultural Policy», Economic Affairs, junio, 18-26. [7] CHOMITZ, K. M. y THOMAS, T. S. (2003): «Determinants of land use in Amazonia: a fine-scale spatial analysis», American Journal of Agricultural Economics, 85 (4): 1016-1028. [8] CIEMAT (1997): Externe National Implementation. Spain, JOULE III. [9] COSTANZA, R.; D’ARGE, R.; DE GROOT, R.; FARBER, S.; GRASSO, M.; HANNON, B.; LIMBURG, K.; NAEEM, S.; O’NEILL, R. V.; PARULELO, J.; RASKIN, R. G.; SUTTON, P. y VAN DEN BELT, M. (1997): «The value of the world’s ecosystem services and natural capital», Nature, vol. 387: 253-260. [10] COXHEAD, I. (2003): «Trade liberalization and rural poverty», American Journal of Agricultural Economics, 85(5): 1307-1308. [11] COYLER, D. (2003): «Agriculture and the environment in free trade agreements», Food, Agriculture and Environment, vol. 1 (1): 145-147. [12] DIETZ, S. y ADGER, W. (2003): «Economic growth, biodiversity loss and conservation effort», Journal of Environmental Management, vol. 68: 23-35. [13] EASTERLY, W. (2001): En busca del crecimiento: andanzas y tribulaciones de los economistas del desarrollo. Antoni Bosch, Barcelona. [14] FERRARO, P. J.; UCHIDA, T. y CONRAD, J. M. (2005): «Price Premiums for Ecofriendly Commodities: Are “Green” Markets the Best Way to Protect Endangered Ecosystems?», Environmental and Resource Economics, 32: 419-438. [15] FRANKEL, J. A. y ROMER, D. (1999): «Does trade cause growth?», American Economic Review, vol. 89 (3): 379-399. [16] HERTEL, T. W., IVANIC, M.; PRECKEL, P. V., y CRANFIELD, J. A. (2003): Trade liberalization and the structure of poverty in developing countries. Global Trade Analysis Project. [17] IUCN (2004): «Poverty-Conservation Mapping Applications», IUCN World Conservation Congress, noviembre de 2004.

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