De la violencia a lo politico, ¿una reconversión lograda? El caso de El Salvador

ANÁLISIS POLÍTICO No. 36 Enero/Abril 1999 INSTITUTO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y RELACIONES INTERNACIONALES (IEPRI)

Diana Marcela Rojas EDITORA VERSIÓN ON LINE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Carlos Germán Sandoval ASISTENTE EDITORIAL VERSIÓN ON LINE

Francisco Leal Buitrago FUNDADOR William Ramírez Tobón DIRECTOR

ASESORES EDITORIALES INTERNACIONALES

Gonzalo Sánchez Gómez ASESOR EDITORIAL

Klaus Meschkat ALEMANIA María Isaura Pereira de Queiroz BRASIL Daniel Pécaut FRANCIA Eric Hobsbawm INGLATERRA Norbert Lechner CHILE Thomas Fischer ALEMANIA Charles Bergquist ESTADOS UNIDOS Catherine LeGrand CANADÁ

Sandra Patricia Martínez B. ASISTENTE EDITORIAL

UNIBIBLOS Impresión Siglo del Hombre Editores Distribución

Fernando Cubides Cipagauta EDITOR

CONTENIDO ESTUDIOS Ser diferente por (para) ser moderno o las paradojas de la identidad CHRISTIAN GROSS El conflicto de Bosnia-Herzegovina y el acuerdo de Dayton: un análisis a partir de la escuela estructural de la negociación JUAN CARLOS GUERRERO B. DEMOCRACIA De la violencia a lo político, ¿una reconversión lograda? El caso de El Salvador FRÉDÉRIC MASSÉ Nómadas y anfibios: dos metáforas de insurgencia cultural WILLIAM RAMÍREZ TOBÓN COYUNTURA Poder militar y guerra ambigua: El reto de Colombia en el siglo XXI RICHARD DOWNES Guía práctica del ordenamiento territorial en Colombia: contribución para la solución de conflictos ORLANDO FALS BORDA DEBATE ¿Hacia dónde va la Paz? EDUARDO PIZARRO LEONGÓMEZ /JAIME ZULUAGA AL MARGEN Los terrígenas JUAN GABRIEL GÓMEZ ALBARELLO Respuesta a Thomas Jefferson TRADUCCIÓN DE ÁLVARO CAMACHO GUIZADO RESEÑAS Los artífices de una cultura mundializada; y Otro Territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo, de Renato Ortiz, por HUGO FAZIO VENGOA De la mano de Alicia. Lo social y lo político en la postmodernidad,

de Boaventura de Sousa Santos, por MIGUEL GARCÍA SÁNCHEZ

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SER DIFERENTE POR (PARA) SER MODERNO…

SER DIFERENTE POR (PARA) SER M ODERNO, 0 LAS PARADOJAS DE LA IDENTIDAD Algunas reflexiones sobre la construcció n de una nueva frontera étnica en América latina Christian Gros1 Hace unos años publiqué un texto titulado Identidad Indígena, Identidad Nueva2 sobre el proceso de reafirmación identitaria de una población campesina de Colombia que parecía haber perdido desde hace años, tal vez desde principios de siglo o incluso antes, su carácter indígena. Una población cuyos miembros hasta hace poco no se reconocían, al menos públicamente, como población indígena diferente de los demás campesinos y que tampoco era externamente identificada como tal. En ese entonces me basé en dos casos paradigmáticos del fenómeno señalado: el caso de los Kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte del país, cuya población fuera descrita por G. y A. Reichel Dolmatof en los años cuarenta en su famoso libro Pueblo de Aritama, como definitivamente asimilada al campesinado "folk"; y el caso de los Yanaconas del departamento del Cauca, supuestos herederos de un grupo de yanaconas exilado por el imperio Inca en esta región que, ante la ausencia de elementos que les permitiesen afirmar un origen lingüístico 1

lnstitut des Hautes Etudes de l'Ameriqué latine, Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris. El autor agradece a S. Hugh-Jjones por sus comentarios y A. Aravena por su apoyo a la traducción. E-mail : [email protected] 2 Gros, Christian. “Identités Indiennes, Identites Nouvelles. Quelques Réflexions à partir du cas Colombien'“. Caravelle: No.68, 1995. Una versión actualizada de ese trabajo esta por salir en la Revista Mexicana de Sociología.

diferente, solicitaba a los arqueólogos, historiadores y antropólogos, que aportaran una prueba capaz de validar su origen distintivo. En la oportunidad también señalé otros casos situados en Perú y en Brasil, correspondientes a una población de ribereños o caboclos, considerada mestiza desde un punto de vista biológico y cultural. Otros múltiples ejemplos podrían haber sido citados, de país en país, para demostrar que en América latina asistimos hoy a un fenómeno de gran amplitud que no s indica la entrada a una nueva coyuntura 3 . Lo cierto es que el actual proceso de reivindicación étnica que viven poblaciones cuya identidad ha sido - en ocasiones confusa, negada o simplemente subsumida por otras identidades, no se limita a los casos enunciados. El mismo fenómeno reivindicatorio puede encontrarse expresado aún con más fuerza en comunidades que vivieron procesos opuestos a los descritos y que siempre fueron estigmatizadas y discriminadas en tanto indígenas, en la medida en que sus rasgos distintivos las llevaban a integrar automáticamente un grupo "atrasado" que supuestamente no había cump lido con los requisitos necesarios para entrar en la modernidad nacional. En ambos casos, observamos un proceso de movilización étnica (utilizo el término de movilización en la acepción que le otorga G. Germani) y depolitización creciente, basado en la construcción de una nueva subjetividad colectiva, una identidad positiva. El argumento que traté de desarrollar en ese trabajo fue que en el contexto de los años noventa, la nueva fuerza de la reivindicación identitaria se podía 3

En USA: Nagel, J. “American lndian Ethnic Renewal: Politics and the Resurgence of ldentity", American Sociological Review. Vol. 60, 1995, p. 947-965.

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explicar por su carácter básicamente performativo (performatividad = capacidad de crear ciertos efectos deseados). En efecto, paulatinamente se había creado un espacio social y político favorable, en el que la reivindicación étnica parecía tener mayor legitimidad, existía un derecho positivo nuevo, favorable al reconocimiento tanto de las diferencias culturales como de los derechos territoriales y de una cierta autonomía, y se evidenciaba también la implementación de formas de "discriminación positiva" de parte de los gobiernos y agentes externos. En el caso particular de las identidades "problemáticas" de grupos hasta entonces considerados asimilados, destaqué el papel de antropólogos, lingüistas, arqueólogos e historiadores a quienes se les atribuía (y se auto-atribuían) el rol de expertos en identidades y culturas, capaces de legitimar, tanto frente a los ojos de los propios interesados como a los de la propia sociedad nacional, las nuevas aspiraciones identitarias. Se trataba también de expertos en la elaboración de nuevos discursos, llamados a desempeñar un rol, a veces decisivo, en la construcción de la nueva etnicidad. El hecho es que desde la época del primer encuentro de Barbados, donde un pequeño grupo de intelectuales en ruptura con la política indigenista de sus respectivos países lanzó un primer manifiesto "en favor de un nuevo compromiso de los antropólogos y de un reconocimiento de la historicidad de las sociedades indígenas", asistimos a lo que Michel de Certeau calificara, el "despertar indígena " o, dicho en otros términos, "su renacimiento". En otros trabajos me he referido a las condiciones estructurales que permiten

entender este fenómeno 4 . Resumo aquí mis principales hipótesis sobre el tema. 1. En la segunda mitad de este siglo, América latina sufrió un intenso proceso de modernización que, de la ciudad a los medios rurales, afectó profundamente al conjunto de la sociedad. La modernización significó, como suele suceder, cambios importantes que trajeron consigo innumerables rupturas y destrucción de un orden social que mantenía a cada grupo social en el que se suponía "su" lugar. En el caso de la población campesina e indígena, el proceso de modernización provocó una crisis en los modelos tradicionales de control económico, ideológico, social y político que mantenían subyugados a numerosos grupos. Asimismo, desestabilizó lo que unos investigadores5 llaman un modo de dominación paternalista, que con el fin de mantenerse utilizaba los recursos de la violencia simbólica e incluso, cuando era necesario, la coacción directa. Dos instituciones que tuvieron un papel fundamental en ese proceso y que estuvieron estrechamente ligadas entre sí, se vieron particularmente afectadas: la Hacienda y la Iglesia 6 . La hacienda, por muchas razones, perdió gran parte del control que ejercía sobre la sociedad 4

Gros, C. "Indigenismo y Etnicidad: el Desafío Neoliberal". En: Antropología en la Modernidad. Uribe, M. y Restrepo, E. (De). Instituto Colombiano de Antropología: Santafé de Bogotá, 1997, p.13-60. Gros, C. Pour une Sociologie des Populations Indiennes et Paysannes de l'Amérique Latine. L'Harattan: París, 1998. 5 Geffray, C; Léna, P.; y Araújo, R. (Coord.), Lusotopie, I”oppression Paternaliste au Brésil. Karthala: París, 1996. 6 Para el Ecuador Muratorio, B. Etnicidad, Evangelización y Protesta en el Ecuador. CIESE: Quito, 1982. Para Colombia Rappaport, J. The Politics of Memory: Nativo Historical Interpretation in the Colombian Andes. Cambridge University Press: Cambridge, 1990.

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rural; y la Iglesia, con base a su propio aggiorgiamento cambió, a veces en forma radical, su tradicional postura de defensa del orden social. La difusión y penetración progresiva de la educación formal hasta los sitios más remotos, fue otro factor de gran importancia en el proceso modernizador. Ella aceleró fuertemente los cambios, favoreciendo un cuestionamiento del orden simbólico, una lucha cognitiva, ampliando el "campo cultural" de las comunidades y permitiendo la aparición de una nueva élite escolarizada (a pesar que el nivel de educación formal de la población indígena sigue siendo uno de los más bajos de la región). Entre otros factores de igual importancia, también debemos añadir el impacto masivo que tuvo el crecimiento demográfico sobre el conjunto de las estructuras agrarias y en particular sobre las comunidades 7 campesinas , el impacto de la difusión de la economía de mercado sobre la pequeña producción campesina, el aumento de la presió n sobre los recursos naturales (tierra, agua, bosques), el abandono compulsivo de las comunidades rurales a consecuencia de la migración ruralurbana, y la colonización de zonas forestales habitadas hasta entonces exclusivamente por población nativa, etc. De modo que la población indígena, asentada en sus comunidades, o instalada fuera de ellas en zonas de colonización donde recreó neo-comunidades, tuvo que buscar una forma de rearticularse al espacio nacional, enfrentándose a la necesidad de definir un nuevo proyecto tanto a nivel individual como colectivo. 2. Estamos entonces frente a un proceso de cambios importantes y de modernización, pero en gran medida 7

Estudios Socio Demográficos de Pueblos Indígenas. CELADE-CIDOB-FNUAP-ICI: Santiago de Chile, 1994.

inconcluso, inacabado, que provocó la desarticulación y la frustración allí donde había creado esperanzas de un cambio profundo. Las promesas de un futuro mejor chocan, así, con la realidad. En los años 70, cuando aparecen las primeras organizaciones indígenas modernas, el proyecto de integración y de modernización nacional populista en sus distintas manifestaciones entra en crisis, la que se agravaría aún más durante los años 80, llamados también "la década perdida". Cabe preguntarse, ¿cuál era ese proyecto? Se trataba de construir un pueblo -una nación- alrededor del papel rector del Estado, y una cultura “unitaria", mestiza, indoamericana. ¿Cómo se pretendía implementar el proyecto integrador, en realidad?. Una respuesta parcial nos dice que a través de la educación, de la reforma agraria, de la urbanización, del fomento del mercado de trabajo formal, de la construcción de organizaciones corporativas, de la creación progresiva de una sociedad salarial, de la implementación de un modelo fordista y de welfare periférico. Todos esos cambios tenían que llegar a los sectores rurales con algún atraso y mucha dificultad, pero con el apoyo decisivo del Estado. El resultado tenía que ser la conformación de una sociedad moderna, culturalmente homogénea, sociedad de individuos, pero de individuos fuertemente cohesionados alrededor de un proyecto colectivo y auténticamente nacional. Un autor como Stavenhagen, a partir del caso de México, defiende la idea que, a decir verdad, ese proyecto fue durante muchos años bastante exitoso. La prueba estaría en la enorme cantidad de migrantes venidos de sus lejanas comunidades indígenas que tuvieron la posibilidad de asimilarse “positivamente" al universo urbano y a la mexicanidad. Lo que es cierto. Pero es importante recordar

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también que esa movilidad no significó necesariamente para todos una ruptura con la comunidad de origen y que muchos no encontraron en la urbe los medios necesarios para participar de una nueva ciudadanía. De pronto, lo más importante dentro de ese proceso parecía ser el sueño en torno a un "futuro mejor" para sí mismo o para los hijos, anhelo que se esperaba alcanzar a través de una estrategia de movilidad social ascendente pensada a nivel del individuo y de su familia, al margen de toda reivindicación de la identidad étnica. Tampoco puede olvidarse que hasta en los momentos más favorables para la realización del proyecto nacional-populista, muchos se quedaron en el agro tratando de subsistir en sus comunidades de origen, respetando sus propias leyes, manteniendo y adaptando su cultura. Y se sabe que durante este período la fuerte migración campo-ciudad no significó, en la mayoría de los casos, una disminución de la población considerada como campesina e indígena en términos absolutos. El hecho es que en la América latina de los años 80, el Estado ya no tiene la misma ambición asimilacionista y empieza a diseñar nuevas políticas frente a sus "minorías" o "pueblos indígenas". ¿Por qué motivo?. Se podría argumentar con cierta razón, que en la nueva coyuntura se trata de mantener al comunero en su comunidad, sabiendo que ya no se quiere o no se lo puede pretender integrar plenamente a la urbe, ni se le pueden otorgar los elementos necesarios para su modernización rural (tierra, crédito, educación, organización, etc.). La nueva política indígena, apoyándose en las declaraciones y criterios aportados por la antropología crítica y aprovechando el tema de la identidad y del respeto a las culturas, manipulando sobre todo a los hombres y mujeres campesinos que quedándose en el campo fueron relegados

al margen de la historia, trataría de formar lo que H. Favre llama "bantoustanes étnicos". Un régimen de opresión y de miseria se transformaría así, por medio de la nueva retórica estatal, en los signos positivos de una alteridad cultural asumida y respetada. Nosotros mismos defendimos en varias ocasiones la idea de que el reconocimiento de una autonomía indígena, tal como se da en Colombia, podía en parte (y solamente en parte) ser entendida corno una política de gobierno indirecto que en un marco neoliberal y de descentralización podía trasladar a las comunidades responsabilidades hasta ahora supuestamente asumidas por el Estado 8 . Pero tampoco se puede pensar que el Estado tenga una capacidad infinita de manipulación (¡ni siquiera en México!) y que sea el único actor responsable de los cambios actuales. De hecho, en casi todos los países con población indígena se ha comprobado la presencia, con o sin la voluntad del Estado, de movilizaciones colectivas destinadas a alcanzar cambios sustantivos en las relaciones de poder, apoyándose en culturas que se pensaban desde el exterior, fosilizadas i.e. muertas. La crisis del proyecto nacionalpopulista afectó no solame nte a la población indígena. Ella fue acompañada por el cuestionamiento de una identidad nacional todavía inestable y débil, y sus efectos lograron permear a otros actores de clase. No se trata aquí de desarrollar los efectos del neoliberalismo dominante (de la pensée unique) y de la globalización sobre las formas organizativas que estructuraban el campo social. Pero es cierto que la apertura económica indiscriminada, el cuestionamiento del 8

Gros, C. "Indigenismo y Etnicidad: el Desafío Neoliberal". Ob. Cit. Y Gros, C. Colombia Indígena: Identidad Cultural y Cambios Sociales. Cerec: Santafé de Bogotá, 1991.

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corporativismo sindical y la crisis de los actores de clase, la creciente retirada del Estado protector, el crecimiento del sector informal y su aceptación como "otro sendero", provocan en las sociedades afectadas lo que S. Zermeño llama un "gran desorden"9 y la necesidad de una recomposición del tejido social. Sin duda alguna, puede entenderse que los procesos de cambios que afectan a las comunidades indígenas forman parte de esas dinámicas. Se trata, en efecto, de procesos reactivos a una crisis que les afecta directa y duramente, pero que no es solamente defensiva o de aceptación ciega del nuevo orden impuesto por las estructuras de poder. En virtud de ello, planteamos la hipótesis que, en la mayoría de los casos, se trata más bien de una voluntad interna de cambio, de democratización y de modernización, por la vía de nuevos senderos: en particular la construcción de una etnicidad "moderna" y fuertemente instrumentalizada. Resumiendo la tesis sustentada hasta ahora, diremos que en América Latina se desarrolló un fuerte proceso modernizador-desestabilizador de las antiguas formas de dominación que afectaban a la población indígena, generándose un espacio favorable a los cambios y la movilización. Se trató de un proceso desigual e inconcluso, cuyas promesas de participación no resistieron ni a la crisis global que sufrió el modelo de desarrollo ni a su nueva orientación. Ello provocó frustración y necesidad de encontrar nuevos caminos. El mismo Estado tuvo que reorientar su política indígena sin poder por lo tanto controlar las fuerzas que él mismo había contribuido a desatar.

3. Para entender este "despertar indígena" y el proceso de construcción de una nueva etnicidad hay que añadir, sin embargo, un tercer factor: el peso, a nuestro parecer muy importante, del nuevo contexto internacional que sufrirá grandes modificaciones después de la descolonización y con el término de la guerra fría. En efecto, después de la crisis del petróleo y a partir de la aceleración del proceso de globalización, podemos observar una verdadera 10 "internacionalización" de la cuestión indígena. En pocas palabras, si bien es cierto que la apertura económica contribuyó a acelerar la crisis de la pequeña producción campesina e indígena y que la presión de los conglomerados internacionales sobre los recursos naturales nunca fue tan fuerte -en particular en las zonas tropicales de tierras húmedas donde vive una gran parte de la población nativa en el mundo-. Surgen también fuerzas nuevas y contrarias en el ámbito internacional, más favorables a la elaboración de una repuesta indígena. Por ejemplo, la destrucción indiscriminada del bosque húmedo no aparece más como un problema que afecta únicamente a sus dueños tradicionales, sino como un problema del planeta entero (y por lo tanto de los mismos países industrializados que tienen un evidente interés en proteger una biodiversidad que puede ser una fuente futura de riqueza). Se nota también una preocupación creciente por la "diversidad cultural", en un mundo marcado por la presencia masiva de un complejo cultural e industrial cuyos efectos homogeneizantes 10

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Zermeño, S. La Sociedad Derrotada. El Desorden Mexicano de fin de siglo. Siglo XXI: México, 1996.

Albert, B. Territorialité, Ethnopolitique et Développement á propos du Mouvement Indien en Amazonie Brésilienne. rnouvernentindien en Amazonie Brásilienne. Cahiers des Amériques Latines: Paris, No. 23, 1 997, p.177-210.

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afectan la particularidad de las culturas nacionales y locales. En este contexto, asistimos también a la aparición de un actor - nuevo y activo- expresado en la presencia de ONG especializadas en la defensa de los derechos humanos, o dedicadas a la defensa del medio ambiente y a promocionar formas alternativas de desarrollo (un desarrollo que sería "autosustentable" y que en el caso preciso que estamos tratando corresponde al llamado "etnodesarrollo"). Y, last but not least , poco a poco y no sin dificultad, se desarrolla un nuevo derecho positivo internacional en la OIT, en Ginebra, destinado a reconocer los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. En este nuevo escenario, marcado por la emerge ncia y gran visibilidad que asume la cuestión de la ecología, la biodiversidad, la diversidad cultural, el desarrollo alternativo y los derechos humanos, la población indígena ocupa un lugar simbólico y estratégico creciente. Este constituye su "capital simbólico y estratégico" y le permite alcanzar en forma inesperada nuevos recursos discursivos, económicos, organizativos, políticos, etc.- que orientan su propia movilización y obligan a los Estados y a los actores económicos a reorientar sus políticas en lo que a la cuestión indígena se refiere. Reorientación a nivel del discurso -es "politically correct " afirmar retóricamente su respeto de los derechos culturales y firmar el convenio 169 de la OIT-, pero que tiene su costo práctico: en muchos de los programas internacionales de desarrollo financiados por el Banco Mundial, la Comunidad Europea y otras agencias (PNUD, BID, etc.), se contempla ahora una especial protección

y discriminación positiva en favor de la población indígena 11 . Vemos así el carácter contradictorio del impacto de la globalización: de un lado, ésta afecta fuertemente a la comunidades indígenas, aumenta sus crisis y las obliga a reaccionar y a defenderse y, de otro, proporciona toda clase de herramientas nuevas, de recursos que pueden ser aprovechados por ellas y sus organizaciones IDENTIDAD Y PERFORMATIVIDAD O LA CONSTRUCCIÓN DE UNA FRONTERA ÉTNICA Quisiera prolongar la discusión enunciada centrando mi atención en las condiciones que contribuyen a dar un carácter performativo a la reivindicación de una identidad étnica y genérica indígena, condiciones que a su vez contribuyen a legitimar la construcción de nuevas fronteras étnicas dentro de las sociedades latinoamericanas. Lo haré privilegiando el análisis del papel específico desempeñado por el Estado y por las propias organizaciones indígenas (consideradas tanto a nivel regional y nacional, como internacional). El Estado, analizado en tanto órgano empeñado en la construcción de un neo-indigenismo compatible con su nueva orientación neoliberal, su democratización y su necesidad de afianzar una nueva legitimidad; y las organizaciones indígenas, en tanto institucionalidades nuevas, modernas y burocráticamente organizadas (Weber) a nivel 11

Davis, S. The World Bank and the Indigenous People. Banco Mundial: Washington, 1993. Wali, A. y Davis, S. Protecting Amerindian Lands: an Overview of World Bank experiences with lndians Land Regularization Programs in low land south America. Banco Mundial. Latin American and Caribean Technical Department, Regionals Studies, Program Report (19): Washington, 1992.

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supracomunitario (de una región, de una "etnia", de un país). En este análisis dejaré de lado a las comunidades locales que, desde el punto de vista que hemos señalado, pueden aparecer como simples objetos tanto de esas políticas como de las nuevas construcciones discursivas y de las estrategias diseñadas. Lo haré convencido de que, como lo acabamos de mencionar en la primera parte de este texto, se trata de actores capaces de movilizarse y de intervenir, ya sea sobre "sus" propias organizaciones (de hecho muchas de ellas encontraron su origen en una acción colectiva surgida de las bases), o sobre el Estado mismo.

Consideraremos, como primer aspecto del análisis, el papel que cumple el Estado en el proceso de construcción, ratificación e institucionalización de un actor étnico. El desarrollo de una nueva política indigenista en ruptura con el modelo asimilacionista que prevalecía en América Latina, es una realidad actualmente observable que se manifiesta en diferentes niveles. El nivel superior corresponde a la implementación, por numerosos países de la región, de reformas constitucionales orientadas al reconocimiento del carácter pluriétnico y multicultural de las sociedades nacionales. Doce constituciones fueron así parcial o totalmente reformadas, la última la de Ecuador en 199812 . A través de estas reformas se tiende a reconocer que lo que hasta entonces era una simple realidad sociológica que venía siendo sistemáticamente rechazada y negada (sin duda por la percepción negativa que se

tenía de grupos humanos que se diferenciaban de la comunidad nacional por su “atraso cultural"), podía traducirse en un nuevo orden normativo. Este permite evidenciar que la diversidad cultural no puede seguir siendo considerada como un rasgo del pasado destinado a desaparecer con el progreso y la modernidad, sino más bien, tiene que ser pensada como elemento constitutivo de la sociedad actual y partícipe del futuro proyecto de sociedad nacional. El cambio de perspectiva significa, en efecto, una ruptura simbólica trascendente respecto del pasado, pero también una ruptura concreta cuando se acompaña (como es el caso en varios países) de nuevas normas destinadas a regular la aplicación coherente del reconocimiento de la diversidad a través del derecho positivo. La magnitud con la que en pocos años se multiplicaron en el continente los dispositivos legales e institucionales referentes a los derechos culturales (por ejemplo todo lo que tiene que ver con la etnoeducación), jurídicos (aceptación de la existencia de un derecho consuetudinario válido con ciertas restricciones dentro de las comunidades), territoriales (delimitación de territorios colectivos en base al reconocimiento de una territorialidad de las comunidades indígenas), y políticos (aceptación de formas de autonomía), resulta impresionante13 . Para poner en evidencia la magnitud del fenómeno y únicamente a partir de la cuestió n territorial, recordaremos que actualmente, en Colombia, cerca de la cuarta parte del país está conformada por resguardos indígenas (es decir por territorios cuya propiedad colectiva está en manos de comunidades dotadas de

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¿Un Estado maquiavélico ?

Ardito, W. Los Indígenas y la Tierra en las Leyes de América Latina. Survival: Londres, 1997.

ltturalde, D. “Demandas Indígenas y Reforma Legal: Retos y Paradojas”. En: Alteridades, año 7, No. 14, 1997.

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autoridades con poderes políticoadministrativos reconocidos) y que en Brasil, país donde la población "silvícola" no supera el 0,2 % de la población nacional, la superficie de los territorios indígenas -de una forma u otra reconocida por el Estado- alcanza cerca de un millón de kilómetros cuadrados. Hemos señalado como hipótesis que tal fenómeno, que corresponde en cierta medida a demandas de las comunidades indígenas, no puede ser entendido fuera de la voluntad activa del Estado. Tampoco se puede aislar de otros aspectos que, hoy en día, adquieren una relevancia especial dentro de los múltiples procesos de reajuste y de reorganización en que se ve comprometido el Estado: procesos de descentralización administrativa y política, y procesos de organización de formas de democracia "particip ativa" destinadas a mejorar la eficacia operativa y la legitimidad del aparato público. En cuanto a los países que se orientan hacia el reconocimiento de una autonomía relativa en el manejo de los asuntos internos a las comunidades (como se da en Colombia), en otros documentos hice un análisis de ello en términos de política de intervención de "baja intensidad" o de política de "gobierno indirecto" (Home rule) 14 . De modo que no es este tipo de análisis el que quisiera desarrollar en esta ocasión. En forma complementaria y, tal vez más arriesgada, plantearé la hipótesis según la cual un Estado interesado en la aplicación de políticas del tipo que hemos señalado, necesita de un actor étnico claramente constituido, reconocido y legitimado con quien negociar su propia 14

Vale la pena recordar que la política de Home Rule de corte inglés se basaba en la visión de un relativisrno cultural absoluto que iba en contra del universalismo abstracto que, en la misma época, pretendía legitimar el colonialismo francés.

intervención. ¿Cómo encontrarlo? Participando en su construcción a través de la reforma de su derecho positivo y de su aparato administrativo, de la aplicación de una política de discriminación positiva (affirmative action), en educación, salud o territorios, de un sinnúmero de instituciones especializadas, de programas ad hoc (como concursos, foros, eventos culturales y museos, premios y discursos), así como de la formación de un cuerpo de funcionarios especializados y poco a poco abierto a profesionales indígenas. Parafraseando a Bourdieu15 , podríamos decir que bajo la apariencia de reconocer la comunidad indígena y su autonomía, el Estado la produce y la reproduce, instituyéndola y legitimando así una frontera étnica, que se obliga a proteger. Esto nos lleva a una paradoja ya señalada por varios autores16 , según la cual en esta nueva coyuntura el reconocimiento de derechos particulares para los grupos étnicos (exorbitantes de la ley común), empezando por formas de "autonomía", puede aparecer como una estrategia para entrar, controlar y finalmente "modernizar" las comunidades. No estoy seguro que este fuera inicialmente el propósito del Estado, ni que lo sea aún y en todos los casos (el ejemplo de México muestra cómo este reacciona cuando se enfrenta a demandas de autonomía 17). Tampoco quiero atribuir a este Estado un solo rol, maquiavélico y manipulador. Ya señalé la 15

Bourdieu, P. Raisons Pratiques, sur la Théorie de l'action. Seuil: París, 1994. 16 Padilla, G. Lo que Contempla el Bien. La Ley y los Pueblos Indígenas en Colombia. Mimeo: Santafé de Bogota, 1995, p. 21. Jackson, J. "Being and Becoming an lndian in the Vaupés”. En: Sherzer, J. y Urban, G. (De.). Nation States and lndians in Latin America. University of Texas Press: Austin, 1991, p. 131. 17 Hasta cuando el México de Chiapas no es el de Oaxaca con su nueva constitución estatal.

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manera en que el mismo Estado tiene que contar con fuerzas opuestas, tiene que adaptarse a nuevas situaciones y no está exento de múltiples contradicciones internas. A lo mejor se trata simplemente de une ruse de I'Histoire (una maña de la historia). Pero el hecho es que bajo estas nuevas formas y con el discurso del respeto a las culturas, a los modos tradicionales de organización colectiva, etc., nunca el Estado estuvo tan presente en los asuntos internos de las comunidades, corno ahora. Trataré de justificar este planteamiento teniendo en mente el caso Colombiano que más conozco y que, aunque quizás extremo si se compara con México, nos puede dar algunas ideas o pistas sobre la orientación global del proceso que se está gestando en América Latina. La intervención del Estado se manifiesta en distintos niveles. 1. En primer lugar, opera a nivel de la conformación de una identidad étnica genérica, panétnica, en la medida en que por razones prácticas, tiene la necesidad de buscar un interlocutor, de legislar y de actuar como si existiera una "sola" o una "gran" comunidad indígena a escala nacional (como corporate body). Paradójicamente, la realidad nos muestra la existencia de una inmensa variedad de culturas y grupos, a veces muy lejanos unos de otros, tanto desde el punto de vista de su historia, de sus estructuras sociales, de su geografía, de sus formas de articulación a la sociedad nacional, como de sus problemas actuales (sólo en Colombia se contabiliza la presencia de 84 grupos étnicos distintos, mientras en Brasil esta cifra alcanza a más de 120). Haciendo referencia a los "indígenas", a los "pueblos originarios" o a los "pueblos autóctonos", corno si se tratara de un "todo" claramente diferenciado (como por lo demás hace cada uno de nosotros), y haciendo de ellos una categoría del

derecho positivo, un grupo sometido a una misma ley y a una misma política, el Estado traza, y por tanto reconoce, la presencia de una frontera objetiva que atraviesa la sociedad. En adelante, esa frontera hará parte de la nueva realidad común experimentada y compartida por los diferentes grupos que se enfrentan al Estado y que son el objeto de su política. La comunidad así "inventada" encima de la heterogeneidad, regulada y ratificada por el Estado, tiende a ser más fácilmente "imaginada" por los interesados. 2. El Estado opera igualmente en la conformación de un nivel intermediario: el de las identidades étnicas pancomunitarias. En efecto, en el contexto del nuevo paradigma de la pluriculturalidad y con la participación activa de expertos (lingüistas, arqueólogos, antropólogos, historiadores, etc.), se detecta, se reconoce y se contribuye a la "creación" de grupos étnicos culturalmente diferenciados que reagrupan varias comunidades locales. Lo que es bastante nuevo frente a la clásica compartimentación, fragmentación y atomización de las comunidades indígenas campesinas 18 . 3. Y, last but not least, el Estado interviene también en lo que todavía constituye la base organizativa primordial del mundo indígena. Es decir, interviene en la comunidad local, asignándole recursos específicos (ligados a su carácter de comunidad indígena), y reconociéndole diversas formas de "autonomía", haciendo en consecuencia de ella la base de un nuevo actuar. En Colombia, la aplicación de la Constitución de 1991 en lo que concierne a las resoluciones que asignan a los 18

Para una ilustración Hémond, A. "Des amateros aux Nahuas du Haut-Balsas. Reformulations Identitaires et Territoriales d'une Région Indienne au Mexique'. En: Trace. No. 3, Juin de 1998, p. 39-49.

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indígenas el derecho a recibir del Estado transferencias del presupuesto público, ha significado que las comunidades indígenas se transformen de hecho en verdaderas entidades políticoadministrativas. Así, organizadas en torno a la figura de los resguardos supuestamente "autónomos" y bajo el control de sus autoridades "tradicionales" (legítimas) en el rol de mediadores y agentes del cambio, en estas comunidades recae por ley la tarea de implementación y de ejecución de programas de desarrollo local (etnodesarrollo en la jerga oficial). En este escenario el Estado interviene con todo su peso pero con un nuevo lenguaje, tratando de permear las comunidades con su racionalidad y su modernidad instrumental. La eficacia de tales políticas (eficacia relativa, por supuesto) reside en el hecho de que se pueden apoyar en el discurso identitario y en la voluntad de autonomía comunitarias, que el mismo Estado contribuyó en buena medida a construir y a legitimar. De tal modo que las nuevas políticas indigenistas, supuestamente más respetuosas de los derechos indígenas, funcionarían en realidad como una especie de Caballo de Troya: bajo la voluntad de otorgar y de reconocer la autonomía, lograrían de un modo "perverso" controlarla, limitarla o, simplemente, negarla. Cabe entonces preguntarse: ¿Cuáles son los factores que favorecen (o hacen posible) el neoindigenismo del Estado? Me limitaré aquí a enunciar dos de ellos: En primer lugar, la naturaleza o significado de la movilización indígena y, en segundo lugar, la compatibilidad de esas políticas con intereses y voluntades externas. 1. La etnicidad, construida en el seno de los grupos indígenas es, en la mayoría de los casos, una etnicidad "abierta", a diferencia de formas de comunitarismo y

fundamentalismo étnico que tienden a encerrar las comunidades sobre ellas mismas. En efecto, tal como se construye en América Latina, la etnicidad se presenta ligada a una exigencia de participac ión en la "gran sociedad", a una voluntad de cambio y de modernización, y a un deseo de recibir recursos y servicios que sólo el Estado u otros actores externos a las comunidades (iglesias, ONG, organizaciones internacionales) están en condiciones de brindar. No dudo que existan también conductas de crisis y fuerzas que apelan a la tradición en un sentido contrario o para mantener un orden antiguo en gran parte obsoleto y a veces ligado a formas locales de dominación. Pero no es por este lado que se desarrolla la fuerza viva del movimiento indígena. La explicación de este fenómeno singular cuando se compara con las reivindicaciones étnicas e identitarias en otras zonas del mundo, necesitaría de un largo desarrollo. Para no apartarme demasiado de mi razonamiento señalaré únicamente que la tentación hacia el comunitarismo nunca es tan fuerte como cuando la movilización colectiva se encuentra impedida o bloqueada. En tal caso, la lucha en contra de formas diversas de racismo y de dominación (lo que algunos autores llaman invidious distinction 19 ), se transforma en un rechazo del otro, o simplemente en diversas formas de violencia abierta. El neoindigenismo es una manera de entreabrir la puerta. Manifiesta que todo no está cerrado. Lo cierto es que su grado de compromiso y de flexibilidad es desigual y relativo. Pero 19

Gurr, T. Why Men Rebel. University Press: Princeton, 1970. Y también Gurr, T. '“Why Minorities Rebel : A Global Analiysis of Communal Mobilization and Conflicts since 1945”. En: lnternational Political Science Review. Vol. 14, No. 2,1993, p. 1 61-201.

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es real y permite la creación de un espacio mínimo donde las contradicciones pueden expresarse, ser parcialmente controladas (sino resueltas) sin llegar necesariamente a una polarización extrema, a puntos de ruptura favorables a la aparición de un integrismo étnico. Es en este contexto frágil, pero tan necesario para las comunidades como para el mismo Estado, que se ejerce la nueva política indígena, una política que al mismo tiempo se presenta como el mecanismo escogido por el Estado para crear un ambiente y un espacio favorables a su actuar. A fortiori, cuando la etnicidad no se presenta como una voluntad separatista, lo que haría de ese proyecto una amenaza para la integridad nacional y llevaría probablemente al Estado a cambiar de estrategia. Por el contrario, la etnicidad busca participar plenamente en la construcción de una sociedad pluriétnica y multicultural. En consecuencia, se puede entender con mayor facilidad el sentido de la nueva retórica y de la estrategia escogidas por el Estado; y el hecho que se reconozca públicamente como legítima la defensa y la promoción de las culturas indígenas y que se proponga favorecerlas aceptando formas relativas de autonomía. 2. El neoindigenismo del Estado no se da únicamente a partir de su propia voluntad ni de la presión ejercida por un actor indígena organizado y movilizado. Este se construye en los ámbitos nacional e internacional en los que la cuestión indígena, la promoción de las culturas tradicionales, el respeto a los derechos de los pueblos nativos, la preocupación ecológica y la defensa de la biodiversidad, entre otros factores, adquieren una fuerza y una visibilidad crecientes e inesperadas. Por un lado, es cierto que, como lo señalamos antes, en el proceso de globalización la presión internacional no

se ejerce en sentido unívoco y su carácter puede ser incluso contradictorio. Pero, por otro lado, el hecho de poner en plaza una nueva política indigenista, de defender a los "guardianes milenarios" de los bosques, de implementar formas alternativas de desarrollo autosustentable en cuyo diseño se ha procurado respetar las orientaciones culturales de las comunidades indígenas, o programas de etnoeducación (entre otras iniciativas), puede resultar atractivo para el Estado. Este puede esperar mejorar su imagen y las bases de su legitimidad, tanto al exterior de sus fronteras atrayendo recursos (existen programas internacionales ad hoc), como al interior de ellas, contribuyendo a mejorar su gobernabilidad y legitimidad. En definitiva, creo que el neoindigenismo desplegado por el Estado corresponde a fuerzas, necesidades e intereses múltiples que operan a varios niveles que deben ser tenidos en cuenta si se quiere entender su orientación actual. Ahora bien, si el Estado cumple un papel sumamente importante en la construcción y legitimación de una frontera étnica, no es el único actor llamado a cumplir este rol. Las ONG, las iglesias, los organismos internacionales, los antropólogos, los sociólogos, los abogados, los partidos políticos y hasta las multinacionales (que por cierto practican según el imperio de la oportunidad una retórica indigenista y ecológica politically correct ), manejan por su propia cuenta el discurso de la identidad, de la pluriculturalidad y de los derechos particulares, participando así en la construcción y ratificación de una frontera étnica. Aún más, en este mismo campo están por supuesto muy presentes las nuevas organizaciones indígenas, organizaciones cuyo trabajo se desarrolla a nivel regional, nacional e internacional con sus

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líderes, sus intelectuales orgánicos, sus asesores, sus activistas y simpatizantes. A ellas me referiré a continuación, como segundo aspecto de mi análisis. Organizaciones indígenas: ¿guardianes de la frontera? (o la construcción del "nosotros" a partir de los "otros”) Antes de analizar el papel desempeñado por las organizaciones indígenas quiero manifestar que estoy plenamente consciente que, habiendo hecho énfasis hasta ahora en el papel desempeñado por el Estado en la edificación y en la ratificación de una frontera étnica, he invertido el discurso del actor étnico y de los militantes de la causa indígena. Para ellos la etnicidad es un combate y el Estado más bien un adversario, si no un enemigo. Estos actores tienden naturalmente a analizar el proceso de legitimación de sus luchas y derechos y los cambios sufridos por el indigenismo de Estado, como el resultado de una larga y dura lucha, con todo lejos de estar terminada. Y de verdad, el movimiento indígena puede dar testimonio y decir que, en la mayoría de los casos, es él mismo quien ha tomado la iniciativa; puede enumerar la lista de sus muertos, encarcelados, desaparecidos; puede hablarnos de Chiapas, de los levantamientos en Ecuador, del combate desarrollado por los Paeces en Colombia, etc. Igualmente, para el actor indígena el neoindigenismo de Estado aparece más bien como mera retórica destinada a ocultar lo esencial, lo que constituye el eje central de las políticas públicas: un neoliberalismo que significó hasta ahora para las comunidades más pobreza y exclusión, menos Estado, un mayor "saqueo" de los recursos naturales, deterioro de los servicios públicos, etc. Un actor que, al apelar en definitiva a la

historia, a la cultura y a la identidad como características objetivas, desemboca en la etnicidad -lo que termina resultando opuesto a la idea de que identidad y etnicidad podrían ser el resultado de un particular y contemporáneo proceso de interacción20 -. Consciente de ello, mi reflexión ha sido del todo intencionada: no porque no comparta gran parte de esos planteamientos - ya que no dudo de la presencia del mundo indígena, de su "cosmovisión" particular ni del peso de su historia-, sino porque me parece bueno, a veces, ir a contracorriente, apostando a una realidad más compleja, ambigua y dialéctica. Ahora bien, hablando del actor étnico propongo limitar mi reflexión a la manera en que sus organizaciones políticas elaboran el discurso de la identidad genérica. Se trata de organizaciones que ocupan el espacio de representación con sus aparatos, foros, eventos, escritos y comunicaciones y que participan activamente con la intervención de sus intelectuales orgánicos en la creación de un discurso común: la lengua de la etnicidad transcontinental. Cumpliendo ese papel, ellas contribuyen de una manera decisiva a la creación de una subjetividad colectiva. Ellas dan vida y voz a la gran familia de los "hermanos indígenas", familia extensa, no exenta de divisiones y peleas, y dispersa en un sinnúmero de grupos étnicos y comunidades de bases, pero concebida en el sentido amplio de una comunidad: un corporate body panétnico y transna cional. Así constituidos, como toda comunidad genérica "imaginada" y, sin embargo, real, los indígenas existen, actúan, y sus acciones no dejan de producir efectos. 20

Hale, C. “Cultural Polities of Identity in Latin America”. En: Annual Reviews of Anthropology. No. 26, 1997, p. 567-590.

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Nuestra intención es trabajar a partir de la hipótesis siguiente: la creación y la legitimación de una frontera étnica genérica supone por parte de sus promotores indígenas un trabajo específico. Este trabajo consiste en la objetivación de lo que seria la "Cultura Indígena" (como unidad); una cultura reducida a algunos parámetros seleccionados o construidos por su performatividad, i.e. como instrumentos apropiados en tanto antitéticos de lo que, al mismo tiempo, se construye como característica de la cultura dominante, del Otro en contra de quien hay que definirse. Paradójicamente, y lo digo sin ningún sarcasmo, se trata de un discurso que en parte se alimenta de retóricas propias de Occidente: se suman, sin necesidad de gran coherencia, la lectura e interpretación trivial de un Clastres en torno a la cuestión del poder, de un Chico Méndez en tomo al tema de la naturaleza y la biodiversidad, de la teología de la liberación (y la elección), del New Age porque es ecológicamente correcto o, de un Rousseau por el tema del buen salvaje, por citar algunos ejemplos de lo que produce el imaginario occidental. Con el aporte de estos préstamos discursivos se organiza una oposición semántica entre "culturas" sin clases ni dominación, versus sociedades divididas, con poder coercitivo autoritario; "culturas" de la reciprocidad y del don, versus sociedades de la mercancía, del interés y de la explotación; “culturas" que forman verdaderas comunidades solidarias, versus sociedades del individualismo, del egoísmo y de la desafinación; "culturas" del respeto a la naturaleza, a la Madre tierra y del desarrollo autosustentable, versus sociedades organizadas bajo un capitalismo depredatorio; "culturas" ejemplares de la diversidad y de la lucha por la mantención de esta diversidad,

versus un mundo dominante globalizado, reductor, homogeneizador, etc. Como puede observarse, frente a estas proposiciones estamos, claramente, en el orden del discurso, frente a lo que busca ser una estrategia de legitimación política, a la posibilidad de instauración simbólica de "diacríticos de la diferencia", lo que es el resultado de una "invención" moderna 21 . Ahora bien, los hechos presentados requieren de algunas precisiones: 1. Esas diferencias no son meras fantasías e indican aspectos re levantes. Además, no se trata aquí de reducir una movilización, que poco a poco toma la forma de un verdadero movimiento social, al discurso que se construye acerca de ella. 2. Ese discurso tiene un carácter altamente performativo (y por eso existe) y su performatividad reside en gran parte en el hecho que puede ser recibido y entendido desde afuera. Entre otras cosas, porque se trata de un discurso "híbrido", de un bricolage (en el sentido del término usado por Lévi-Strauss), organizado sobre la base de lo que en el exterior se quiere o se puede entender, o simplemente se desea. De este modo, un tal discurso entra en sintonía con un imaginario occidental. En definitiva, es un discurso que tiene un impacto importante, que es reconocido y que alcanza en varia s esferas un alto grado de legitimidad. Quisiéramos insistir sobre un aspecto: el discurso étnico se construye sobre las diferencias y oposiciones en relación a un "otro", siendo en gran parte el resultado de una demanda y semántica externas. Se presenta así, bajo la forma de un "sincretismo estratégico", según la expresión de J.F. Bayart22 .

21

Lo que J. F. Bayart llama: " Faire du Soi avec de l'Autre". Lìllusion Identitaire. Fayard: París, 1960. 22 Idem.

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3. La legitimidad de esta construcción discursiva reside también en el hecho que en ella se combina lo particular y lo general, lo relativo y lo universal. En primer lugar, porque la defensa de la identidad, de las especificidades culturales, del "medio ambiente" o de la "naturaleza", de todo aquello que se considera "propio", que pertenece al grupo, se percibe también desde el exterior (en Occidente, en el resto del mundo) como una necesidad, como un derecho (aquel de los pueblos - de todos los pueblos - y de las culturas) al respeto y a la auto -afirmación, revistiendo así una dimensión universal. Luego, y he aquí lo esencial, porque este discurso de defensa de lo relativo y de lo particular construido por el actor indígena se acompaña de otras exigencias universales: las de democracia, de igualdad o de ciudadanía (por citar algunas) . 4. El carácter performativo de esa elaboración discursiva se manifiesta también "hacia adentro". Su impacto se nota (con más o menos fuerza) en las comunidades locales donde es introducido tanto por las nuevas élites locales, cumpliendo así sus funciones mediadoras y de "ventriloquia"23 , como por los múltiples agentes de cambio, tales como las ONG, los funcionarios internacionales y el propio gobierno que también lo utilizan y lo manipulan cuando es necesario dentro de sus programas. Cada comunidad, por ser "indígena" (portadora de una cultura y de derechos propios y ahora valorizados), puede esperar disponer así de un capital simbólico nuevo, un capital a negociar en los mercados de la ayuda y de la 23

Guerrero, A. “The Construction of a Ventriloquist's Irnage: Liberal Discourseand the 'Miserable lndian Race'`. Late 19th Century Ecuador”. En: Journal of Latin American Studies. Cambridge University Press: No. 29, 1997, p. 555-590.

cooperación internacional. Frente a situaciones a menudo desesperadas, con carencias extremas y sometidas a presiones enormes, es evidente que todo recurso nuevo, cualquier apoyo externo es de gran importancia. Poder cambiar parte de su capital simbólico por un capital económico, o simplemente por protección, puede ser vital. Ello favorece además la elaboración de una identidad positiva que subvierte la perpetuac ión de la violencia simbólica tan importante en la reproducción del antiguo orden. Si es de esta manera que funciona el orden del discurso, si así se puede movilizar, instrumentalizar una nueva identidad y apoyarse sobre un nuevo imaginario, entonces el discurso es más que un mero discurso: tiene que ser en parte real y verdadero. Resulta así interesante para las comunidades involucrarse en el discurso de la etnicidad, en la construcción de una nueva frontera. Poco a poco, entonces, el vocabulario de la etnicidad y su gramática se difunden y se incorporan como parte de un nuevo imaginario o sentido común. Se convierte de este modo en una nueva doxa. 5. La objetivación de la cultura (como cultura de "los indígenas", o como cultura de tal etnia en particular), su reducción a unos pocos ítems escogidos o construidos por su virtud de crear identidad, visibilidad y consenso dentro del grupo, es, para las organizaciones indígenas, una necesidad de la lucha misma. Si, como sabemos, la "cultura" es algo complejo y dinámico que no existe “en si", sino por su capacidad de aportar repuestas colectivas y coherentes al desafío que supone la vida en sociedad, y si también se puede pensar, como lo hiciera Barth24 que lo que se llama

24

Barth, F. (comp.). “Ethnics Groups and Boundaries. The Social Organization of Cultural

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identidad es el resultado de un proceso de interacción entre varios actores empeñados en construir sus diferencias, el discurso de los actores étnicos no puede construirse solamente a partir de situaciones de interacción25 . Para ellos lo étnico, como en el caso extremo de la concepción alemana y romántica de la nación26 no se concibe sino corno una comunidad de origen (ratificada por el mito). Lo étnico se reduce así a una comunidad de sangre, a ser un producto de la historia y de una experiencia compartida, y se evidencia bajo la forma de lenguas, tradiciones, costumbres, rituales, vestidos, sistemas de parentesco y diversas instituciones, etc. (hasta en los casos de los grupos señalados al principio de este trabajo -los kankuamo, los yanacona- en los que aparentemente se había "perdido" la cultura que ahora se pretende recuperar). Sin embargo, vale la pena señalar que los mismos actores, expertos en desarrollar el discurso étnico, no aceptan, en situaciones diferentes, ser prisioneros de las categorías del discurso. Si se permiten a sí mismos objetivar su cultura y su identidad, no se dejan objetivar fácilmente, lo que es esencial. Ello demuestra que se puede ser al mismo tiempo miembro de una comunidad y de una etnia, ciudadano de un país (multicultural) y participante de una Iglesia, etc., es decir parte y participante de la sociedad, la "gran sociedad" (la sociedad nacional).

Différence”. Bergen-Oslo, london: Universitets forlaget, George Allen & Unwin, 1969. 25 El grupo étnico no existe que pour soi, y habla en soi, se objetiviza en su subjetividad colectiva. Su palabra no se presenta y no se puede concebir como “construida" sino como una palabra "verdadera". Es una mitología moderna. 26 Hobsbawm, E. Nations and Nationalism since 1790. Cambridge University Press: Cambridge, 1989.

De tal modo que, en América Latina, el actual proceso de etnogénesis no genera la creación de categorías cerradas. La "frontera" es permeable y su geo metría variable, se abre y se cierra según los contextos en los que se sitúan los individuos y los grupos (momentos, situaciones y lugares). 0 dicho de otra manera: no se trata aquí por lo general de construir un "comunitarismo", ni "bantoustanes étnicos". CONCLUSIONES ACLARACIONES

Y

Podemos entonces observar como todo el mundo -el Estado, las organizaciones indígenas, los actores civiles y religiosos, las ONG, las agencias de desarrollo, las organizaciones internacionales- participa de uno u otro modo, y por variadas razones e intereses, en la forja del discurso de la etnicidad, favoreciendo a la vez un proceso de etnogénesis, la ratificación y legitimación de una frontera (como existe o existían "fronteras de clase") y de un nuevo actor. Construcción nueva -en realidad solo un proyecto- que no puede existir sino cuestionando el anterior discurso o modelo nacionalpopulista, i.e. apartándose de lo que era su concepción de lo moderno, de la cultura y de la nación. 1. Lo importante es considerar que en este caso la movilización étnica no desemboca en movimientos nacionalistas, como fue el caso de Europa Central, o en el tipo de luchas erróneamente llamadas "tribales", como el caso de África. En los países de América latina, que fueron los primeros en crearse bajo el modelo moderno europeo (francés) de Estado nación (Estado que, por más de un siglo, fue algo más bien virtual), el actor étnico movilizado parece trabajar hoy en día en la reconstrucción de un "techo

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común", un "espacio de protección"27 , representado por el Estado, sus instituciones y servicios. Un "techo" que sea el de todos y proteja a todos: se trata entonces de terminar con la "conspicuous distinction ". Este actor étnico parece desear terminar con un conjunto de injusticias, humillaciones, dependencias y explotaciones, claramente ligadas a su antigua condición de "indio", reclamando igualdad de tratamiento y reparación. Una lucha "cívica", entonces, al fragor de la cual el actor étnico no rechaza su inclusión en el grupo primario de pertenencia, sus raíces, su "comunidad de sangre" (real o imaginaria), sus tradiciones "inventadas"28 , su identidad. 2. Este proceso es dinámico y complejo, y su desarrollo supone una doble transfiguración de las relaciones dé pertenencia del actor étnico: con la comunidad (entendid a como comunidad de base o de origen) y con la nación. La comunidad tradicional, que se encuentra hoy sumida en una profunda crisis, tiene que abrirse, romper con la violencia simbólica que la mantiene funcionalmente atada al antiguo orden, y constituirse en base de apoyo favorable a los cambios. Este proceso enfrenta múltiples dificultades, entre ellas las resistencias, las fracturas y conflictos entre los defensores de la tradición, entendida como un "imperativo categórico"; los que no quieren saber más de ella y se proyectan en el espacio del mercado; y los que se inscriben en el proyecto étnico. Desde un tal punto de vista, el caso chiapaneco se nos presenta como un potente revelador de esas dinámicas contradictorias. 27

Elías, N. La Sociéte des Individus. Fayard: París, 1991. 28 Mirar también Schneider, J; Rapp, R. (Ed.) Articulating Hidden Histories. Exploring the Influence of Eric Wolf. University of California Press: Berkeley, 1995.

La nación también tiene que recomponerse, aceptando su pluriculturalidad. Gellner 29 señalaba la forma en que, antes de la construcción de los Estados naciones modernos en las sociedades pre-capitalistas (agrolettrées), los imperios, ciudades-estado, etc., solían organizarse sobre la base de una variedad de culturas, atribuyendo a cada grupo cultural un lugar, un nicho específico, en el que tenía que encargarse de una función particular, estando todo bajo el control de un grupo dominante detentor de la alta-cultura (letrada). Así funcionaba el orden colonial en América Latina, con sus castas. El proyecto de los libertadores se hizo contrariando dicho modelo: a lo ancho y largo de un prolongado proceso de mestizaje, la "alta cultura" tenía que nacionalizarse, ser de todos. Proyecto etnocentrista, basado en un individualismo excluyente de las comunidades, pero generoso, que tropezó con las realidades sociológicas, el interés económico, la resistencia de muchas comunidades indígenas a "civilizarse" o la imposibilidad concreta de hacerlo. Retomado desde el Estado y con más voluntad durante la época nacionalpopulista, este modelo tampoco permitió la desaparición definitiva de una multiplicidad de culturas representadas bajo la forma de un fragmentado orden comunitario (por los campesinos) o tribal. Pienso que hoy no se trata, como algunos lo temen y proclaman, de volver a reconstruir un sistema de castas bajo el pretexto de un reconocimiento de la pluriculturalidad. La situación actual no se puede comparar y las exigencias de funcionamiento de una sociedad moderna, señaladas por Gellner, continúan siendo válidas. Sería un peligro muy grande para un Estado pretender encerrar nuevamente 29

Geliner, E. Nations and Nationalisrn. Basil Blackweil: Oxford, 1983.

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a las comunidades a través de su neoindigenismo. He dicho también que no me parece que sea ésta la orientación central de una movilización étnica que, al contrario, persigue la desaparición definitiva de lo que podría presentarse como residuos del antiguo orden, trabajando por una nueva forma de integración a la sociedad y a la modernidad. No digo que la tentación del repliegue no exista, que no exista riesgo alguno de comunitarismo, que no podamos asistir a brotes de fundamentalismo étnico. Lo que llamé, en una forma un poco provocativa, “construcción de una nueva frontera étnica" tiene otro significado. Es lo que Bourdieu llama una "lutte de classement" (lucha de clasificación). Se trata de un proceso que hay que analizar en la doble perspectiva de la acción de fuerzas internas y externas, en una situación en la cual la retirada del Estado y el proyecto neoliberal vienen a la par y coinciden a nivel regional y mundial con la caída del muro de Berlín y procesos de democratización. La paradoja de la nueva identidad étnica que se elabora con la etnicidad es que, en ese nuevo escenario, al mismo tiempo de permitir la afirmación de la diferencia, la construye y trabaja en el sentido de la integración en la medida misma que una nueva ciudadanía 30 pasa cada vez más por la afiliación identitaria. 3. Si la respuesta es organizar una sociedad multicultural, el multiculturalismo no se puede identificar como la aceptación de un relativismo cultural absoluto, que significaría la creación de una sociedad multicomunitaria. Aceptarlo, exigirlo, 30

Mirar el concepto de elaborado por Rosaldo Benmayor, R. (Ed), Latino Claiming Identity, Space Press Book: Boston, 1997.

"cultural citizenship" en: Flores, W. y Cultural Citizenship. and Rights. Beacon

sería acabar con la idea misma de sociedad multicultural. Para que tal sociedad exista, tiene que existir un lugar común que no sea únicamente el mercado. Ella se tiene que organizar en torno a valores centrales de carácter universal, igualmente compartidos. Pero esos valores no pueden presentarse como proviniendo de un sólo lado, de una sola cultura, lo que significaría volver al error del pasado, cuando se pretendía imponer una "alta cultura" claramente identificada a una clase, a una élite progresista, a un grupo de interés. Como hemos visto, la legitimidad y performatividad alcanzada por el discurso étnico depende de su capacidad para articular propuestas que aparecen válidas no solamente para un grupo o una comunidad, sino para todos. La solidaridad, el respeto, la posibilidad de una vida digna, la defensa del medio ambiente, etc., son también valores universales que se pueden compartir y deberían ser enriquecidos con el aporte y la experiencia de todos. Touraine señala que en situaciones donde el universalismo de la ley deja paso a la sola racionalidad instrumental del mercado, se produce una ruptura entre el universalismo desocializado del mercado y el mundo de las culturas, provocando una enorme tensión entre los dos universos. Entre la esfera del mercado y la esfera del individuo preso de su subjetividad, la sociedad iría al abismo31 . El pluralismo 31

Touraine, A. "Faux et Vrais Problèmes". En: Wieviorka. M. (Ed.). Une Société fragmentée, le Multiculturalisme en Débat. La Découverte: Paris, 1996, p. 291-319. Mirar también lo que señala Wieviorka: "Sin referencia al comunitarismo, a referentes asociados a la idea de tradición, de identidades grupales y de continuidad histórica, la etnicidad se disuelve en una mezcla de individualismo moderno, y de llamado a la innovación cultural sin referentes colectivos fuertes, sin capacidad de contestar la dominación o la exclusión de que son víctimas los grupos

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cultural no es aceptar la diferencia cultural cuando se da en el país vecino y encerrarse en su propia ley, incluso si ésta es "consuetudinaria". Más que una democracia de individuos, supone construir una nueva "república". Este es un proyecto ambicioso, capaz de movilizar energías y muchas resistencias, una utopía que puede parecer fuera de época o "postmoderna" y desesperada: ¿Qué significa pretender construir una nación multicultural en un mundo cada vez más globalizado? Significa permitir que grupos marginados movilicen sus recursos culturales para construirse en nuevos sujetos dentro de la "Gran sociedad". Con tal propósito se puede imaginar construir la nación de mañana: una que podemos imaginar próxima de la soñada por E. Renán32 que para existir debe saber olvidar, pero también recordar la adversidad pasada y asumirla. Una nación moderna, fundada en la adhesió n y el contrato, una especie de casamiento de razón fruto de una mutua voluntad y base de la convivencia futura. Un proyecto donde el individuo, ciudadano, tiene su espacio legítimo, y todo su espacio, pero también puede adherir libremente a su grupo de origen con sus solidaridades "étnicos". Sin referencia a la subjetividad, la identidad se descompone en una oposición entre aquellos que optan por la participación plena en la vida moderna, al precio eventual de una asimilación dolorosa y difícil, y aquellos que se encierran en el seno de su comunidad. En fin, sin referencia positiva al individualismo moderno, la identidad se reduce a una tensión interna al grupo, al conflicto entre aquellos que aceptan o sufren la ley de la comunidad, y aquellos que tratan de liberarse de ella, pero que de hecho no lo logran sino difícilmente mientras no reconocen los valores de la singularidad, la democracia, o de la razón". La Democratie á I'épreuve. Nationalisme, Populisrne, Ethnicité. La Découverte: París, 1993, p. 135. 32 Renán, E. Qu'est-ce que une nation? . Presse Pocket: París, collection Ágora, 1992.

"particularistas", buscando su apoyo y valorizando así su diferencia: ser diferente por/para ser moderno, las paradojas de la identidad.

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DE LA VIOLENCIA A LO POLÍTICO, ¿UNA RECONVERSIÓN LOGRADA? EL CASO DEL SALVADOR

tomarse por las armas la capital, el FMLN lograba conquistarla por las urnas. “El FMLN tal vez no ganó la guerra, pero está en posición de ganar la paz”, declaraban entonces los dirigentes de la antigua guerrilla. De paso, el FMLN labraba otra victoria. En los comicios para la Asamblea Nacional obtenía prácticamente el mismo número de escaños que ARENA, su enemigo de ayer. La victoria era tanto política como simbólica. La siguiente etapa sería la presidencia, por supuesto, convirtiendo a El Salvador en la excepción a la regla que dice que “los partidos que han combatido al poder a duras penas salen al otro lado”, como anota con justicia Olivier Dabène 33 . Este resultado era tanto más interesante cuanto parecía único en su género. Unas guerrillas ya habían logrado acceder al poder, primero en Cuba y luego en Nicaragua, pero mediante el sesgo de las armas y la revolución. Otras habían logrado reinsertarse a la vida legal, civil y política de su país, como el M-19 en Colombia o más recientemente la URNG en Guatemala, pero sin poder desempeñar un papel político realmente importante. Se sabe igualmente de antiguos guerrilleros reconvertidos, ahora en ejercicio de importantes funciones políticas, como el anterior Ministro del Plan y portavoz del gobierno de Venezuela, Teodoro Petkoff, pero en una reconversión hecha a título personal. Si, por otra parte, ciertos movimientos guerrilleros han sido prácticamente eliminados (MRTA) o siguen disponiendo de poder real para causar daño (Sendero Luminoso en Perú), otros

Frédéric Massé * Marzo de 1999. La derrota es inapelable. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), la antigua guerrilla salvadoreña reconvertida en partido político mediante los acuerdos de paz de Chapultepec, firmados el 16 de enero de 1992, no será el primer movimiento de ese género en entrar al tercer milenio por la puerta grande. Después de 1994, la izquierda fracasa por segunda vez en las elecciones presidenciales que siguieron a los acuerdos de paz, después de doce años de guerra civil. Con el 52% de los votos a favor del candidato de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), hoy en el poder, contra menos del 30% de los votos por el FMLN, Francisco Flores es elegido presidente en la primera vuelta. El FMLN obtiene, ciertamente, mejores resultados que los previstos en los últimos sondeos, pero mucho menores, no obstante, que lo esperado a partir de sus logros en las elecciones legislativas y municipales de marzo de 1997. Después de dichas elecciones de marzo, en efecto, todos pensaban en El Salvador que el FMLN desempeñaría un papel político de primer nivel en un sistema al que, sin embargo, había combatido. Las armas electorales habían reemplazado a los fusiles. Ocho años después de haber intentado en vano *

Coordinador Pedagógico del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo (UAED) de Bogotá. Se encuentra terminando su tesis de doctorado en ciencia política del Instituto de Altos Estudios Latinoamericanos (IHEAL), sobre el papel de las Naciones Unidas en el proceso de paz en El Salvador.

33

Dabène, Olivier. La Région Amérique Latine – Interdépendance et Changement Politique. Presses de Sciences Po: París, 1997, p. 181.

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han reforzado sus posiciones y no parecen realmente dispuestos a negociar nada (FARC en Colombia). Quedan finalmente los Zapatistas, cuyo objetivo, sin embargo, no era tanto transformarse en partido político o acceder al poder, como luchar por su reconocimiento y democratizar la vida política mexicana. ¿Qué pasó entonces? Altísima abstención, rechazo a los partidos políticos tradicionales, una imagen del FMLN que recuerda demasiado el pasado… Sin ninguna duda… Pero, ¿cómo se llegó allí? ¿Cómo interpretar estos resultados? Cuando el éxito en la transformación de este movimiento guerrillero en partido político se mostraba como ejemplo, ¿acaso los resultados cuestionan la capacidad del FMLN para convertirse en partido político? Sin duda, las razones de este fracaso no deben llevar a olvidar el camino recorrido. El FMLN es y seguirá siendo un partido político de primerísimo orden en el paisaje político salvadoreño. No obstante, como escribían Jeff Goodwin y Theda Skocpol hace casi diez años, quizás sólo sea una nueva constatación de que “the ballot box may not always be the coffin of class consciousness…but it has proven to be the coffin of revolutionary movements»34.

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forma de acción política. Partidario de la violencia revolucionaria, Cayetano Carpio, llamado “Marcial” —antiguo seminarista, cercano a las tesis de la teología de la liberación— es el primero en abandonar el PCS (del cual había sido secretario general) para fundar las Fuerzas Populares de Liberación (FPL) y preconizar la guerra popular prolongada. A partir de 1972, el movimiento ingresa a la clandestinidad luego del intento de secuestro de Ernesto Regalado Dueñas, una de las fortunas más grandes del país. En esa época, Shaffik Handal, Primer Secretario del PCS, considera, sin embargo, que El Salvador es demasiado pequeño y no dispone de una geografía adecuada para lanzar una guerra revolucionaria. Tomando a Chile como ejemplo, es partidario del proceso democrático para tomarse el poder, infiltrando las organizaciones existentes —lo que, de hecho, tratará de hacer a través de la UDN 35 -. Luego de los fraudes electorales de 1967, 1972 y más aun de 1977, muchos en la izquierda piensan que ya no hay opción y se unen poco a poco a los partidarios de la violencia política. En el curso de los años setenta, luego de las rupturas sucesivas en el seno de las FPL y dentro de las nuevas formaciones que emergieron de rupturas anteriores 36 , ven la luz otras organizaciones político-militares (que, de

LAS TRAYECTORIAS DEL FMLN 35

En el origen del FMLN hay organizaciones, o movimientos, que deciden, desde finales de los años sesenta, separarse del Partido Comunista Salvadoreño (PCS) para emprender otra 34

En inglés en el original: “La urna de votación puede no ser siempre el ataúd de la conciencia de clase…pero sí ha demostrado ser el ataúd de los movimientos revolucionarios”. Goodwin, Jeff y Skocpol, Theda. Politics and Society. 1989, p. 495.

La UDN, la DC y el MNR formaron la UNO, que se constituiría en la base social ampliada de los movimientos guerrilleros. Sin embargo, sólo en abril de 1979 el PCS crea su propio brazo armado, las FAL, que integran y reúnen los otros grupos que van a formar el FMLN. Por otra parte, luego del segundo gobierno de junta de 1980, Napoleón Duarte propondrá a Shafik Handal que los comunistas participen en el gobierno, ofrecimiento que éste rechazará. 36 Rupturas vinculadas tanto a conflictos de personas o de ambiciones personales, como a divergencias sobre la táctica a seguir.

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hecho, no son todavía más que grupúsculos). Aun si Marcial rechaza durante mucho tiempo cualquier unión con movimientos no marxistas como la JDC (Juventud Demócrata Cristiana), o incluso el ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) y la RN (Resistencia Nacional), a cuyos dirigentes califica de “pequeño -burgueses”, no hay, sin embargo, diferencias ideológicas profundas entre los diferentes grupos. La orientación marxista- leninista es tal que la lucha se limita, de hecho, a un combate por saber quien llegará a representar lo que en la época se denomina la vanguardia 37 revolucionaria . Al final de los años 70, no obstante, otras organizaciones (sindicatos, orga nizaciones de masas), otros sectores de la sociedad, otras reivindicaciones se alían y adhieren progresivamente a los movimientos existentes que, paralelamente, intentan reagruparse 38. Como muy bien lo describió Alain Rouquié, la movilización es general39 . 37

Algunos, como James Le Moyne, estiman que el FMLN era el movimiento guerrillero más marxista-leninista de América Latina. 38 A fines de 1979, el PCS, las FPL y las FARN crean la Coordinadora Político-Militar (CPM). Por su lado, la FAPU, la UDN, los LP28 y los BPR forman la Coordinadora Revolucionaria de Masas (CRM), el 11 de enero de 1980. 39 Rouquié, A. Guerres et Paix en Amérique Centrale. Le Seuil: París: 1992. Alain Rouquié recuerda en particular que «…las guerrillas centroamericanas, cualquiera que sea su nacionalidad, su afiliación, su composición social y su organización, tienen un aire de familia, participan de un estilo común coloreado en gran medida por el progresismo cristiano y la teología de la liberación». ibid, p. 138-139. Por otra parte, el FMLN piensa que «A nuestro pueblo que es cristiano, no se le puede imponer una ideología marxista-leninista. El problema, no es convertir a todas las masas en marxistas sino en ganarlas para el proyecto político que

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Las diferentes ramas que dan origen al FMLN eran por lo tanto actores políticos desde el principio. Pero hasta la formación del FMLN en 1980, seguida del desencadenamiento de la guerra civil a principios de 1981, y ante la imposibilidad de constituirse en partido político, la forma de acción política elegida, a la sazón la violencia política, no había logrado influir en la decisión política. Las diferentes organizaciones estaban, hay que decirlo, bastante aisladas en el plano internacional. Las FPL, en un principio relativamente cercanas a las FAR de Guatemala, luego a Cuba a fines de los 70 y a Vietnam al principio de los 80 40 , no habían tenido más que unos cuantos contactos con los sandinistas nicaragüenses del FSLN, creado no obstante en 1961. Sólo a partir de 1979, estimulados en gran medida por la revolución sandinista, las diferentes ramas que van a formar el FMLN deciden instrumentalizar aun más la violencia. Sin embargo, ese mismo año quedan rápidamente desestabilizadas, tomadas por sorpresa por el golpe de Estado de los militares jóvenes, sobre el cual muchos no ven, no quieren ver, o no creen en su orientación progresista 41 . El

se plantea el FMLN», (Cienfuegos, F. Veredas de Audacia,. Arcoiris: San Salvador, 1993, p. 46). 40 Las FPL se distanciaron poco a poco de Cuba que al mismo tiempo se acercó al ERP, más militarista. En cuanto a Vietnam, el número de serie de ciertas armas norteamericanas recuperadas al FMLN han mostrado que éstas databan de la guerra de Vietnam y, según toda evidencia, habían sido enviadas después al FMLN. A principios de los 80, dirigentes del FMLN fueron igualmente a formarse a Vietnam, donde aprendieron en particular la técnica de cavar túneles, muy empleada por los norvietnamitas durante la guerra. 41 Las tentativas de infiltración del ejército, llevadas a cabo desde mediados de la

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golpe de Estado divide a la izquierda en su conjunto. Algunos participan en el gobierno, otros en el Frente Popular de la oposición. Hay que esperar entonces al año de 1980, y a la exhortación de Fidel Castro, para que las diferentes organizaciones decidan constituir un frente unido 42 . La violencia política cambia de escala y la gran ofensiva del 10 de enero de 1981, cuyo objetivo era la conquista del poder por las armas, lanza al país a una guerra civil que durará 12 años. En paralelo con la intensificación de la lucha armada, el FMLN no va a dejar de plantear sus reivindicaciones políticas y sus propuestas de diálogo. Con una experiencia política, de la cual se complacía en decir que era mayor que la de los sandinistas cuando se tomaron el poder en Managua, el FMLN multiplica sus iniciativas y muy pronto afirma su voluntad de hallar una solución política negociada al conflicto. ¿Simple táctica o voluntad real? Volveremos sobre este punto. Únicamente cuatro días después de la ofensiva final, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional adquiere una nueva dimensión. Se crea una comisión político-diplomática 43 con el FDR.

Algunos meses más tarde, la declaración franco- mexicana de agosto de 1981 reconoce en la guerrilla un actor político a carta cabal en el conflicto otorgándole cierta legitimidad. Según la misma opinión de todos los dirigentes del FMLN, este hecho contribuye más que la gran ofensiva de enero de 1981 al reconocimiento internacional del FMLN 44. Al mismo tiempo, la comisión político-diplomática consolida sus relaciones con la Internacional Socialista (de la cual Guillermo Ungo será vicepresidente). De la misma manera, el FMLN es invitado por el gobierno de Zimbabwe a la VII Conferencia de Países No Alineados. A todo lo largo del conflicto, el FMLN no va dar tregua en la lucha por el reconocimiento del carácter político de su combate. Naturalmente, el objetivo sigue siendo acceder al poder, por las armas si es necesario, pero la guerrilla, dice, se ha lanzado a la guerra no tanto por lirismo guerrero como por voluntad y necesidad políticas. Ciertamente, no se puede minimizar el impulso revolucionario pero, al no lograr la toma del poder por las armas, muy pronto sus dirigentes saben que el fin del conflicto sólo podrá ser negociado, que la solución

década del 70, se saldaron entonces con un fracaso. 42 El 22 de mayo de 1980 se forma la Dirección Revolucionaria Unificada (DRU). Las FARN se retiran muy pronto. Pero luego de la muerte de su líder, Ernesto Jovel, en un “misterioso” accidente aéreo de regreso de una reunión en Cuba donde se decidió la creación del FMLN, las FARN se unen al FMLN, menos de un mes después de su creación el 10 de octubre de 1980. 43 Creado el 18 de abril de 1980, el FDR reagrupa a la izquierda desarmada, es decir al MNR, el MPSC y la UDN. La comisión político-diplomática FDR-FMLN estaba compuesta por: Guillermo Manuel Ungo (MNR), Rubén Zamora (MLP-PRTC), José Napoleón Rodríguez Ruiz (FAPU-FARN),

Ana Guadalupe Martínez (LP-28 - ERP), Mario Aguiñada Carranza (UDN-PCS) y Salvador Samayoa (BPR-FPL). Ungo, Samayoa, Castillo y Rodríguez Ruiz eran todos profesores universitarios (UES y UCA), y los últimos dos fueron rectores de la UES. Grenier Yvon, “Universities, intellectuals and political transition in El Salvador”, comunicación en un congreso del Centre for Developing Area Studies, McGill University, Mayo de 1992. 44 “La declaración franco-mexicana fue el acto de respaldo político más trascendental para el proceso de paz…”. Francisco Jovel, Opinión ciudadana. Asociación Salvadoreña para la Paz y la Democracia (ASPAD): San Salvador, No. 3 y 4, mayo-agosto de 1994, p. 22.

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será política. ¿Acaso desde 1982, Fermán Cienfuegos, uno de los dirigente de las FARN, no afirma que todas las guerras terminan con negociaciones? Siete años más tarde, Joaquín Villalobos llegará a confesar a los periodistas que la guerrilla salvadoreña había cometido un error al no negociar un acuerdo de paz desde 1980 45 . A partir de Esquípulas, el FMLN rechaza toda comparación con la contra nicaragüense que no tiene, según ellos, ni experiencia, ni proyecto, ni visión política alguna. La perennidad del FMLN como organización político-militar habría de estar aun más asegurada en la medida en que la guerrilla, en su misma estructura —la reunión de cinco ramas en un Frente— no había dependido jamás de un solo hombre, de una sola organización, de una sola visión. El asesinato de Roque Dalton y Ana María, luego el suicidio de Cayetano Carpio, no cambiarían gran cosa 46 . Unido durante la guerra, el FMLN lo estaría igualmente durante las negociaciones 47 . En consecuencia, si se considera con Przeworski, que “el factor decisivo no es 45

Jill Smolowe con Ricardo Chavira y John Moody. “El Salvador: Conversations with two foes”. En: Time. 2 octubre de 1989, p. 26. 46 Roque Dalton, poeta salvadoreño comprometido en la lucha revolucionaria, fue asesinado por sus propios compañeros del ERP en 1975, con el pretexto de que pertenecía a la CIA. Joaquín Villalobos reconocerá más de 15 años después que eso había sido un error. Ana María —entonces número dos de las FPL— fue asesinada el 6 de abril de 1983 por un comando de su propia organización comandado por Marcial, quien no era otro que el número uno de dicho movimiento, y quien se suicidaría algunos días después. 47 Al menos en apariencia. Se sabe ahora que existían divergencias sobre las tácticas a seguir y que algunos deseaban seguir con las negociaciones más allá de diciembre de 1991.

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la existencia o ausencia de legitimidad de un sistema de dominación particular, sino la existencia o ausencia de alternativas preferibles”48 , es plausible preguntarse si esta transformación no fue el resultado tanto de un cuestionamiento de la legitimidad de los diferentes gobiernos durante la guerra civil, como del éxito del frente al haberse impuesto como una alternativa política viable. De un lado el FMLN, cuyos dirigentes habían salido casi todos del medio sindical, estudiantil, de la teología de la liberación o incluso de los partidos políticos tradicionales (algunos incluso ocuparon funciones ministeriales luego de la primera junta de 1979), siempre se había considerado a sí mismo como un movimiento político a carta cabal, con una visión, una sensibilidad y un proyecto político fuertes. De otro lado, el gobierno salvadoreño había perdido su legitimidad o, algunos dirán, su “derecho moral a gobernar”49 . Esto fue especialmente cierto después de la ofensiva de 1989, donde el gobierno fue incapaz de proteger de los ataques de la guerrilla a los barrios acomodados de la capital pero había bombardeado los barrios populares. SALIDA DE LA CRISIS Y RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO Aunque rechacemos las explicaciones deterministas o las falsas simetrías según 48

Przeworski, Adam. “Democracy as a Contingent Outcome of Conflict”. En: Elster, J. y Slagstad, R. (editores). Constitutionalism and Democracy. Cambridge University Press: Cambridge, 1987, p. 69. 49 Según Max G. Manwarring y John T. Fishel, “The most important factor in small wars is legitimacy, the moral right to govern…”. “Insurgency and Counter Insurgency: toward a new Analytical Approach”. En: Small Wars and Insurgencies. 3(3): 272-310, Invierno de 1992.

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las cuales la naturaleza y las causas de los conflictos permitirían ellas solas explicar su resolución, parece que la lógica y la estructura del conflicto facilitaron también la reconversión de la guerrilla salvadoreña en partido político. ¿Conflicto político o conflicto socioeconómico? Para Alain Rouquié, “el período de germinación revolucionaria nació del encuentro de un crecimiento acelerado que trastorna las relaciones sociales, y de bloqueos políticos aparentemente insuperables”50 . Los acuerdos de paz fueron una solución política a un conflicto ante todo político, estima por su parte David Escobar Galindo51 , retomando así la idea según la cual fue menos la miseria que la exclusión la que provocó la violencia política, a pesar de estar seguro de que la pobreza fue luego terreno propicio para el desarrollo violento. Sea que se aprehenda el conflicto de forma marxista, o a través de la explicación sociológica de la teoría de la frustración relativa de Ted Gurr 52 , sea que se considere que el conflicto salvadoreño era una situación de regateo (para aplicar el marco de lectura de Thomas Schelling 53 ), o uno de los últimos conflictos de tipo clausewitziano, estructurado por una de las dos grandes lógicas tradicionales explicativas de la conflictualidad —a saber, la guerra revolucionaria 54 — parece que, en El 50

Rouquié, Alain. Guerres et Paix en Amérique Centrale. Ob. Cit., p. 99. 51 David Escobar Galindo, poeta e intelectual, era amigo y representante personal del expresidente del Salvador, Alfredo Cristiani, a lo largo de las negociaciones de paz. 52 Gurr, Ted. Why Men Rebel?. Princeton University Press: Princeton, 1970. 53 Schelling, Thomas. The Strategy of Conflict. Galaxy Books: New York, 1963. 54 El FMLN movilizó sus recursos para intentar la revolución, estaría uno tentado a decir retomando la tesis de la movilización de

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Salvador, la violencia fue tanto la expresión de la exclusión de los actores del sistema socio -económico y político, como el instrumento de una estrategia política. Asociada a la imagen de crisis en los años setenta, la violencia iría luego a estar vinculada a la noción de conflicto en el curso de la década de los ochenta55 . Razonablemente justificada, instrumentalizada 56 , incluso dominada57 , recursos de Charles Tilly. From Mobilization to Revolution. Reading (Mass), AddisonWesley, 1978. 55 Retomo aquí los términos utilizados por Michel Wieworka en su reflexión sobre los análisis tradicionales de la violencia. “Tratar la violencia consistía ya sea en considerar que ésta tenía su lugar en los cálculos y estrategias de los actores parte de un conflicto, o bien en admitir que venía a traducir una integración insuficiente de los actores dentro de un sistema”. “Un Nouveau Paradigme de la Violence?”. En: Cultures & Conflits. 1998, p. 18. 56 Si los objetivos reales de la ofensiva de 1989 pueden prestarse a controversia, aquellos de la ofensiva de 1990 eran simplemente los de presionar al gobierno salvadoreño en el momento en que las negociaciones se desarrollaban bajo los auspicios de las Naciones Unidas. La mejor prueba de tal instrumentalización reside quizás en las vivas discusiones que hubo en el seno del FMLN sobre la oportunidad o la utilidad de cometer atentados como los perpetrados por el PRTC en contra de los marines norteamericanos, en la Zona Rosa, a mediados de los ochenta. Nidia Díaz y Francisco Jovel reconocieron en efecto que dichos actos habían sido un error y finalmente no habían llevado sino a un resultado político adverso al que se esperaba. 57 Sería sin embargo falso creer que esta violencia fue totalmente dominada. Si bien fue instrumentalizada, hubo también, como en todas las guerras, una parte irracional. Guerra sicológica para unos, guerra sucia para otros, también en El Salvador, no obstante, la guerrilla cometió desviaciones y excesos. Además de los atentados, secuestros, decomisos o incluso arreglos de cuentas internos de los que fueron víctimas

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la violencia tendría un cierto sentido y el conflicto una cierta legibilidad. El campo contrario era ciertamente percibido como un enemigo, pero un enemigo temporal con el que eran factibles los compromisos. Se puede entonces pensar que la negociación política se veía facilitada gracias a que, por una parte, existía un conflicto polarizado, y por otra, había unos actores identificados y relativamente homogéneos. Finalmente, lo que estaba en juego estaba bien percibido y definido. DECONSTRUCCIÓN DE LAS LÓGICAS DE PENSAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO Todavía debía emprenderse una verdadera negociación. A finales de los ochenta muchos factores permitían “desbloquear la situación”. El nuevo marco de lectura de las relaciones internacionales ya no daba cuenta en realidad del sentido de esas guerras que uno se había acostumbrado a aprehender a través del prisma deformador de la bipolaridad. En adelante sería necesario que los diferentes actores lograran salirse de su trayectoria y evitaran quedarse bloqueados en el sistema de análisis tradicional de los conflictos. Concurren entonces diferentes elementos para deconstruir las lógicas y construir un nuevo discurso. Desde 1987, la rama diplomática de la guerrilla —en otras palabras, la izquierda desarmada salvadoreña— decide entrar al Salvador para participar en las elecciones de 1989. Esta separación del

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FDR con el FMLN es percibida en primera instancia como un duro golpe para la guerrilla; sin embargo, obliga a reconsiderar su posición y a readaptar su discurso. El FMLN multiplica entonces sus ofensivas diplomáticas y luego emprende, en 1989, discusiones con los partidos políticos salvadoreños. El antiguo FDR, con el que no están rotos todos los puentes, y que, entretanto, ha formado un nuevo partido llamado Convergencia Democrática, parece entonces desempeñar un rol doble: a la vez “guía” y “facilitador del diálogo”. Son, no obstante, las Naciones Unidas las que, por intermedio de su Secretario General, llevan a los dos partidos a negociar dos años más tarde. Se constituirían así en ese tercero, neutral o imparcial, que deconstruiría las lógicas de pensamiento. CAMBIO DE TRAYECTORIAS, MOTIVACIONES REALES No obstante, podemos preguntarnos cuáles fueron las motivaciones profundas o, más prosaicamente, los detonadores que originaron estos cambios. ¿La transformación o reconversión del FMLN fue deseada y programada? ¿Se hizo por necesidad o por lasitud, por resignación (second best option) tanto como por adhesión, o bien no fue finalmente más que “la combinación de un conjunto de expectativas racionales de actores guiados por su propio interés”58 ? Desde febrero de 1989, incluso antes de la caída del Muro de Berlín, Joaquín 58

Roque Dalton y Ana María, el FMLN cayó en ciertos actos cuya finalidad es más difícil de comprender: masacres de poblados, asesinatos de dos pilotos norteamericanos que estaban vivos luego de la destrucción de su helicóptero…

Para retomar una expresión de Jean Lecas a propósito de la democracia en los países del Maghreb. “La Démocratisation dans le Monde Arabe: Incertitude, Vulnérabilité et Légitimité”. En: Salamé, Ghassam. Démocraties sans Démocrates. Fayard: París, 1994.

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Villalobos anuncia su deseo de democratizar la vida política salvadoreña 59. ¿Siente cambiar los vientos? ¿Hay que ver allí una reconversión a la democracia o más bien la defensa de intereses personales? Las dudas subsisten. “Los mejores estrategas de la democratización no son siempre los demócratas más convencidos”, recuerda Guy Hermet60 . Algunos meses después, ¿la gran ofensiva de noviembre de 1989 no va tener, de hecho, el objetivo principal de tomarse el poder por las armas, aun si uno de los varios escenarios elaborados —las presiones seguidas de negociaciones— se aplicara enseguida 61 ? ¿Cómo explicar, por otra parte, que cuando el M-19 colombiano decidió en 1990 reintegrarse a la vida política le gal, muchos en el seno del FMLN los desaprobaron y estimaron que se trataba de una traición? Sin minimizar su importancia ni sus consecuencias, el fin de la Guerra Fría y con él la pérdida de referente ideológico, no permiten, por lo tanto, explicarlo ni justificarlo todo. No se puede negar que las presiones internacionales y regionales contribuyeron a llevar a la guerrilla

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salvadoreña a la mesa de negociaciones. No olvidemos, sin embargo, el impase militar al cual se había llegado, unido a las fuertes pres iones internas. Es innegable que el FMLN, enfrentado a la pérdida de su respaldo moral y financiero, se sintió igualmente obligado a repensar su acción. A diferencia de muchos otros movimientos guerrilleros como UNITA (con los diamantes), los Khmer Rojos (la madera y los rubíes), los moudjahidin afganos (la heroína), o las FARC y el ELN (la cocaína, los secuestros), la guerrilla salvadoreña no tenía más que unos cuantos recursos propios para sobrevivir. La ausencia de recursos no significa necesariamente el abandono de la violencia como modo de acción política. Pero, a pesar de ciertos actos terroristas y de vínculos con movimientos inclinados a este tipo de acciones (ETA) el FMLN, sin embargo, nunca buscó transformarse en movimiento terrorista. El FMLN quería el poder y por tanto no iba a destruirlo todo para reinar sobre ruinas, decían sus dirigentes. DEL DIÁLOGO NEGOCIACIÓN

A

LA

59

Villalobos, Joaquín. “A Democratic Revolution for El Salvador”. Foreign Policy. No. 74, primavera de 1989, p. 119. 60 Hermet, Guy. Aux Frontières de la Démocratie. PUF: París, 1983, citado por Banega, Richard. “Les Transitions Démocratiques: Mobilisations Collectives et Fluidité Politique”. En: Culture & Conflits, 1994, p. 105. 61 Los objetivos reales de esta ofensiva siguen en la controversia. A. Rouquié piensa que el principal objetivo era presionar al gobierno y que, ante el éxito de su ofensiva, la guerrilla cambió de plan y buscó ir más lejos. Es bien posible, aunque no sea lo que afirman ciertos comandantes a cargo de las operaciones. Según ellos, se habían elaborado diferentes escenarios pero el objetivo principal seguía siendo tomarse el poder por las armas.

Durante la guerra, el gobierno exigía de la guerrilla un cese al fuego incondicional a cambio de una amnistía política y la reincorporación de los excombatientes a la vida civil. El FMLN, por su parte, reivindicaba una repartición del poder. No estaba dispuesto a negociar las condiciones que garantizaran su participación política en las elecciones. Sólo estaba interesado en la formación de un gobierno de transición. Estas reivindicaciones estaban legitimadas por su control (o al menos por su influencia)

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en un tercio del territorio 62 , y por el respaldo de una gran parte de la población. La guerrilla no veía ninguna razón para rendirse porque no había sido vencida militarmente. Para el gobierno, y más aún para los militares, repartir el poder con “terroristas y comunistas” era igualmente inaceptable, máxime cuando estos últimos no habían logrado derrocarlos. Como todas las guerrillas, el FMLN era reticente a deponer las armas sin contrapartida política. Como todos los gobiernos, el del Salvador intentaba limitar al máximo sus contrapartidas únicamente a la amnistía política, es decir a la garantía de los derechos civiles y políticos de los excombatientes. Sin embargo, a los ojos del FMLN, la amnistía sola no era aceptable. Su supervivencia y su integración a la vida política de hecho no dependía de una amnistía política 63 . La mayoría de sus dirigentes no estaban en prisión sino en el exilio, refugiados en Nicaragua, Cuba o México. En cuanto a los combatientes, aprovechaban un repliegue y un refugio estratégico situado en ocasiones en Nicaragua, ciertamente, pero también y sobre todo dentro del mismo Salvador en aquel enclave al noreste del país resultado de un diferendo territorial con Honduras. A fines de 1989, no obstante, las reivindicaciones van a evolucionar. Ante la imposibilidad del triunfo armado, el FMLN ya no reivindica tanto el acceso inmediato al poder o su repartición mediante la formación de un gobierno de 62

Los brazos armados más importantes del FMLN, a saber, las FPL y el ERP, controlaban respectivamente el norte (Chalatenango) y el noreste del país (Morazán). Recordemos, de todos modos, que no se trataba de zonas liberadas ni de verdaderos santuarios. 63 A diferencia de la Unión Patriótica y del M19 en Colombia.

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consenso nacional, sino la puesta en marcha de cambios estructurales en el modo de acceso, ejercicio y representatividad de dicho poder, lo que Daudelin y Grenier llaman la institucionalización de la distribución de la incertidumbre 64 . Para el FMLN, su reintegración a la vida política no puede limitarse a la seguridad física y material de sus miembros, ni a los derechos de organización y participación electoral. Esta reintegración está igualmente vinculada, incluso condicionada, a garantías constitucionales sobre la instauración de verdaderas reformas no solamente políticas, sino también económicas, sociales y judiciales. El hecho de que no se satisfaga con una amnistía a cambio del cese de hostilidades, sino que reivindique, según la expresión de Hannah Arendt, el derecho a tener derechos, muestra bien que el FMLN no sólo negocia su legalización; busca igualmente las condiciones y las garantías de su consolidación en partido político. La reconversión del FMLN en partido político no hace, sin embargo, desaparecer los conflictos. Pero si consideramos con Przeworski que la democracia es una forma de institucionalización de los conflictos, los acuerdos de paz tienen como 64

Retomando los análisis de Przeworski, estos dos autores consideran que todo régimen político es la institucionalización de una cierta distribución de la incertidumbre. Sea que és ta esté concentrada (dictadura) o difusa (democracia), la distribución de la incertidumbre da cuenta del tipo de régimen. El nivel de incertidumbre da cuenta del grado de institucionalización de dicho régimen. Daudelin, Jean y Grenier, Yvon. “Violence Politique et Transition à la Démocracie en Amérique Centrale: un Grille d’analyse”. En: L’Amérique et les Amériques. Conferencia (1991), Saintes Foy, Presses de l’Université Laval, 1992, p. 713-734.

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consecuencia, por una parte, la integración a un sistema de relaciones institucionalizadas de actores que estaban excluidos de él, y, por otra, la desaparición del tratamiento sistemáticamente represivo de las reivindicaciones socio-políticas. La reconversión del FMLN en partido político ofrece la posibilidad nueva de canalizar y regular tales conflictos 65 . Esta reconversión no es, por lo tanto, una simple concesión o un artificio. Es un mecanismo político e institucional de salida de la crisis y un elemento esencial de los acuerdos de paz. UNA TRANSFORMACIÓN NEGOCIADA, PACTADA, DECRETADA Con los acuerdos de paz, el FMLN negocia más que un cese al fuego 66 o una simple apertura política. Más que una reintegración a la vida política salvadoreña, en el centro de los acuerdos de paz está, aquí más que en otro lugar, la democratización. Si la alternativa no es sólo entre un régimen autoritario y la democracia, sino simple y llanamente entre la guerra y la paz, ésta, sin embargo, sólo es aceptable con la condición de una democratización de la vida política. Por lo tanto, la transición democrática se confunde a tal punto con la aplicación de los acuerdos de paz, que ya no se sabe en realidad si ésta constituye el esqueleto de aquélla o si, al 65

Si se acepta que el FMLN negociaba más un cambio en el modo de regulación de los conflictos que una simple apertura política, se puede pensar que una de las causas mismas del conflicto no había sido tanto la ausencia de apertura político como el déficit de regulación y de canalización de los conflictos socio-políticos por parte de los gobiernos. 66 Cese al fuego que, de esta manera, se convierte en consecuencia, y no precondición, de los acuerdos de paz.

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contrario, la democracia no es sino un objetivo secundario de los acuerdos. La reflexión no es tautológica; hay realmente una interdependencia. Los acuerdos de paz también van a ser vistos y negociados como acto fundador y como instrumento de la democratización. La reconversión del FMLN en partido político va a ser negociada, pactada, decretada. Que esta transformación sea el resultado de un acuerdo de paz, además concebido y percibido como un pacto político-constitucional, va en efecto a ofrecer al FMLN las garantías no solamente de su legalización, sino igualmente de su consolidación. “En el corazón de un pacto reside un compromiso negociado mediante el cual cada actor acepta no utilizar, o al menos subutilizar, su capacidad para lesionar la autonomía institucional o los intereses vitales de los demás”67. Los acuerdos no sólo modifican sustancialmente la constitución, sino que introducen además la dimensión “autoritaria” y “protectora” del constitucionalismo, puesto que impiden que la mayoría simp le produzca todos sus efectos. Las consecuencias son importantes. En primer lugar, la aplicación de los acuerdos de paz no depende del resultado de las elecciones. Los dos candidatos a la elecció n presidencial de 1994 se comprometen a respetar tales acuerdos, sea cual fuere el resultado en las urnas. Además —y segunda consecuencia— las elecciones no representan ni el comienzo ni el final del proceso de paz. Por importantes y necesarias que sean, la votación general de 1994 es ciertamente 67

O’Donnell, Schmitter, Whitehead. “Tentative Conclusions about Uncertain Democracies”. En: Transitions from Authoritarian Rules. Prospects for Democracy. The Johns Hopkins University Press: Baltimore, 1986, p. 37-38.

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el centro de gravedad del proceso de paz, pero no constituyen su punto culminante. No hay un winner takes all. Mientras algunos las califican, un poco exageradamente, como las elecciones del siglo 68 , su importancia reside más en su realización y buen desarrollo que en los resultados mismos69 . Finalmente en tercer lugar, y de manera esencial, la existencia del FMLN como partido político no está subordinada sólo a los resultados electorales. A imagen de la Constitución, los acuerdos de paz enmarcan, reglamentan, circunscriben la famosa incertidumbre de la que hablábamos hace un rato. Aunque fue derrotado en 1994, el FMLN sigue existiendo e influyendo en la vida política del país. Es mucho más que un simple partido de oposició n. Conserva un papel y un peso político en tanto signatario de los acuerdos de paz. Es a la vez actor de la democratización y la pacificación, ambigüedad de términos que aparece incluso en los roles. Si la importancia de la Comisión Nacional de Consolidación de la Paz (COPAZ) 70 fue más simbólica que práctica, es precisamente porque el FMLN y el gobierno salvadoreño decidieron negociar directamente entre ellos, en lugar de hacerlo en una instancia ampliada con todos los partidos políticos71 . 68

Jack Spence. El Salvador: Elections of the Century. Cambridge, 1994. 69 Hay que reconocer que con la presencia de Convergencia Democrática y de la Democracia Cristiana, además del FMLN y de ARENA, el espacio político no estaba totalmente polarizado. 70 Formada por los diferentes partidos políticos salvadoreños, la COPAZ está encargada de supervisar la aplicación de los acuerdos de paz. 71 Hay que decir, igualmente, que si el FMLN prosiguió las discusiones y las negociaciones con el gobierno salvadoreño fue también

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Esta dualidad, este binomio de la reconversión —pacto político / acuerdos de paz—quizás explica finalmente por qué, a diferencia de Colombia con la UP o de Nicaragua con la Contra, lo que se negoció y se pactó fue aplicado enseguida. Integrado en un acuerdo de paz, el pacto político no iba a representar solamente aquello en lo que, a menudo, se han convertido en otros lugares, a saber, “un (simple) acto cuasi-notarial que consagra el acuerdo entre dos partes”72 . Este pacto, ciertamente político, no era sólo un acuerdo político, con un escenario escrito con anterioridad, como en 1958 en Colombia. No fue tampoco un simple acuerdo entre dos partidos, un arreglo para la realización de elecciones libres pero sin un verdadero acuerdo de paz, sin documento escrito al cual fuera posible referirse, como en 1988 en Nicaragua. En El Salvador, en efecto, no son partidos los firmantes de la paz, sino fuerzas políticas. Los partidos políticos no tenían nada que hacer en los acuerdos; era un esfuerzo de fuerzas políticas, independientemente de los partidos. El gobierno mismo, consciente de esta situación, insistió en que la reconversión no fuera solamente sugerida o favorecida, sino francamente decretada. En palabras de los mismos negociadores, se trataba de evitar que después de la firma el FMLN no fuera más que una simple fuerza social desprovista de toda responsabilidad política. Frente a estos temores, el gobierno quería un acto gracias a la importancia política dada al FMLN por la presencia de las Naciones Unidas. 72 Según la expresión de Hubert Gourdon. “Consociation et Consolidation: les Politiques Constitutionnelles de la Transition”. Comunicación en el V Congreso de la Asociación Francesa de Ciencia Política: Aixen-Provence, 23-26 de abril de 1996, p. 2.

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preventivo. Decidió entonces estipular literalmente que la reconversión se haría por decreto. Fruto de un plan de paz global e integrado, la reconversión del FMLN en partido político, en consecuencia, iba a estar protegida. La verificación de la puesta en vigor de los acuerdos por parte de la comunidad internacional iba además a contribuir a impedir, o al menos a limitar, nuevos cuestionamientos y otros obstáculos, observados tan menudo en otros casos, por ejemplo en Colombia o en Nicaragua. ¿HACIA UN PARTIDO POLÍTICO COMO LOS OTROS? Con los acuerdos de paz las fuerzas que se habían hecho subversivas, al menos tanto por táctica como por necesidad, iban a reencontrar una legalidad y una presunción de eficacia; en otras palabras, una legitimidad política. Por lo mismo, ¿iba a ser la paz la continuación de la guerra por otros medios?. En su discurso de enero de 1992 luego de la firma de los acuerdos de paz en el Castillo de Chapultepec, Joaquín Villalobos rechazó estas afirmaciones de connotaciones clausewitzianas: “Ya no somos enemigos sino adversarios políticos”. La lógica había cambiado. Pero, dado que la guerra contra un enemigo común había permitido, si no borrar, al menos relegar a un segundo plano las disensiones internas del FMLN, la paz será más temible que la guerra. Su reconversión en partido político iba, en efecto, a representar un doble desafío: el de seguir siendo un frente coherente en el plano político; y el de posicionarse sobre un tablero político que, a pesar de estar sumamente amputado, no estaba sin embargo totalmente vacío.

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La guerra había permitido el reagrupamiento en un frente unido de cinco organizaciones diferentes. Una vez terminada la guerra, podía temerse un regreso a la superficie de las diferencias, un riesgo para la cohesió n del Frente. En otros términos, ¿la unidad de la guerra, podría o querría permanecer en tiempos de paz? Las diferencias ya se habían hecho sentir durante las negociaciones. La reconversión en partido político necesariamente iba a implicar una redefinición, una nueva repartición; en otras palabras, una serie de negociaciones sobre el papel de cada quien al interior del partido. Las FPL y el EPL, durante la guerra, se habían asegurado el comando militar de las operaciones y habían suministrado el grueso de los combatientes. Cada una de ellas “controlaba” una parte del territorio. Una vez concluida la guerra el problema era quién retomaría el control político. Puesto que, aunque la RN y el PRTC no habían tenido realmente un ejército ni zonas reservadas, su influencia política era grande, tanto como su reticencia a someterse a la influencia de las otras ramas numéricamente más fuertes. Podía uno preguntarse, entonces, si la estructura misma del FMLN no encerraba igualmente el germen de la división o aun de la decadencia. Precisamente lo que sucedió al día siguiente de las elecciones de 1994. Se hicieron públicas las disensiones en cuanto a la línea política por adoptar frente a los problemas encontrados luego de la aplicación de los acuerdos de paz. Siete diputados del FMLN (todos del ERP y de la RN, entre los cuales estaban Joaquín Villalobos, Ana Guadalupe Martínez o Eduardo Sancho) abandonaron el FMLN para formar con el MNR una nueva colectividad llamada Partido Demócrata.

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Esta división, sin embargo, no sería sinónimo de decadencia. En efecto muchos estiman que la derrota de 1994, y la escisión que le siguió, le permitieron al FMLN reforzar su cohesión interna y desarrollar una línea política enfocada y mejor percibida por la población. A imagen de los años de guerra durante los cuales las bases había construido la unión más rápidamente que sus dirigentes 73, la gran mayoría de los antiguos combatientes o simpatizantes del FMLN no comprendieron ni admitieron tales divisiones 74 . La guerra había creado entonces una base no identificada con un brazo en particular, sino que, al contrario, se reclamaba del partido en su conjunto y de lo que representaba como fuerza popular. El problema del FMLN sería sin embargo convertir sus capacidades de acción y movilización violenta acumuladas durante la guerra civil, en recursos pertinentes para el combate político. ¿Podría movilizar una gran parte de la población para continuar su lucha, esta vez política y democrática? Antes de la guerra, la forma de institucionalización de la participación individual había sido relativamente fuerte en los sindicatos y las organizaciones campesinas de masas. Cada una de las cinco ramas que componían el FMLN se había vinculado enseguida a una 73

Los combatientes estaban reunidos alrededor de la bandera del FMLN y a menudo no sabían por cuál rama combatían. No obstante, a pesar del “Frente” y de un comando común, las diferentes ramas nunca estuvieron totalmente unidas. Había rivalidades, estructuras desdobladas o paralelas, y controles territoriales distintos. 74 En este sentido, de hecho, se puede entender el muy pobre resultado del Partido Demócrata en las elecciones de 1997, a excepción quizás del departamento de Morazán, donde además el resultado del FMLN fue relativamente malo.

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organización de masas o a un sindicato cuyos dirigentes integraron de hecho la guerrilla al comienzo de la guerra75 . Una vez encontrada la paz, sin duda ello iba a favorecer una cierta adhesión al FMLN como partido político. ¿Pero el FMLN no iba a buscar el control de los sindicatos? ¿Estos últimos, más bien, no tratarían de recuperar su autonomía? “No somos un gran sindicato. Las reglas del juego para el Movimiento sindical son otras”, declaraba Joaquín Villalobos en 199476 . El FMLN tendría que reubicar entonces su papel y redefinir sus relaciones con el conjunto de la sociedad. Ya no iba a poder permitirse la instrumentalización de los sindicatos y la sociedad civil con fines políticos. No iba a ser una fuerza social desprovista de toda responsabilidad política, ni un gran sindicato, sino un partido político que debe administrar sus respaldos y sus alianzas, así como sus oposiciones políticas. El FMLN debería, por lo tanto, enfrentar dificultades, elecciones, incluso dilemas inherentes a su reconversión. Un doble movimiento ilustra bien estos problemas. Si, en un primer momento, la reconversión en partido político había permitido la ampliación de la participación política a una población hasta ese momento excluida, se observó, sin embargo, en una segunda instancia, un fenómeno inverso, una especie de movimiento centrípeto debido al 75

El ejemplo más impresionante es si duda el de Ana María, antigua dirigente del sindicato de docentes Andes 21, convertida en número dos de las FPL antes de ser as esinada. Ver nota 14, arriba. 76 Villalobos, Joaquín, “No más Partido de Aparato”. En: Opinión ciudadana. Asociación Salvadoreña para la Paz y la Democracia (ASPAD): San Salvador, no 3 y 4, mayoagosto de 1994, p. 30.

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alejamiento progresivo de los dirigentes de su base social. Esta disociación entre las motivaciones políticas de las élites y las movilizaciones populares no se había traducido aún en un voto de sanción, pero la enorme abstención observada en las elecciones de 1997 fue, sin embargo, el signo premonitorio del descontento y las desilusiones. Mientras la única forma de lucha para el FMLN era ahora la lucha electoral y su objetivo era la conquista democrática del poder, las movilizaciones populares se cristalizaron alrededor de la cuestión del Estado y los problemas socio -económicos. Cosa de no extrañar puesto que, en nombre de una “reviabilización” y una reinstitucionalización política, la demanda social se había diferido durante los últimos dos años. Por lo tanto, la base ya no estaba en sintonía con sus dirigentes de quienes, se dice, estaban más inclinados a defender sus intereses personales que aquellos de sus representados. Se les acusó de exclusión, de sectarismo y de arrogancia. Ellos mismos se acusaron entre sí: “Desde nuestra salida, [el FMLN] es sólo un aparato orgánico sin imaginación, enredado en un radicalismo inútil para lograr cosas para el pueblo, pero útil como modus vivendi de sus dirigentes”77 , escribía J. Villalobos en 1994, quien sin embargo era uno de los blancos más frecuentes de tales críticas 78. Si ciertos dirigentes habían, en efecto, logrado acceder a un empleo y a un nivel 77

Villalobos, Joaquín, “No más Partido de Aparato”. Ob. Cit. 78 Sin embargo es completamente falso afirmar, como lo hace J. Revel, visiblemente mal informado, que “en 1992, en El Salvador, un acuerdo puso fin al conflicto armado entre el poder elegido y los guerrilleros, quienes se metamorfosearon, inmediatamente, en capitalistas de la especie más cínicamente rapaz ”, Le Point. No. 1318-1319, 20 de diciembre de 1997, p. 120.

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de vida confortable, la mayoría de los “simples combatientes” no parecía haber sacado beneficio alguno de los acuerdos de paz. El desencanto era cada vez más perceptible, especialmente en las antiguas zonas de combate79 . Algunos afirmaban incluso que existía el riesgo de que ciertos sectores de la población retomaran las armas, siguiendo el ejemplo de los recontras de Nicaragua. Aunque ciertamente no asistimos aún a la recomposición de grupos armados como los recontras o recompas, la violencia, sin embargo, ha empezado a desbordar el campo de los conflictos para dar cuenta de actores individuales libres e independientes, con dinámicas sociales propias. Las tomas ilegales de tierras por parte de campesinos sin tierra se han multiplicado en los últimos tiempos. El FMLN vuelve a estar hoy en una situación incómoda y su posición al respecto es más ambigua. ¿Cómo, en efecto, defender a los campesinos tentados a retomar las armas para proteger las tierras sobre las que se han instalado ilegalmente, cuando se ha renunciado a la violencia como modo de acción política? Se acusa llanamente al FMLN de abandonar a los campesinos sin tierra, con mayor facilidad cuando ellos no están directamente afiliados al FMLN 80.

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Los efectos de la reconstrucción no son ahí muy perceptibles, dado que la repartición de ayudas del Programa de Reconstrucción Nacional, por lo demás limitadas, se politizó. 80 Mientras que el FMLN no había cesado — en ocasiones con razón— de acusar al gobierno de frenar deliberadamente la reinserción de los exguerrilleros, saldando así dudas sobre la capacidad del FMLN para resolver los problemas, ciertos observadores dejaron igualmente entrever que el FMLN habría, a su vez, dilatado la aplicación de los últimos puntos de los acuerdos de paz especialmente durante la última campaña

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Con las elecciones de 1997, el FMLN había adquirido un poder político real en la Asamblea Legislativa. Ciertamente, ya no podía contar con la presencia de las Naciones Unidas como desempeñante de buenos oficios con el gobierno, sino que se había vuelto autónomo. Cada quien, en consecuencia, reencontró su papel. El FMLN había adquirido una estatura política. Aunque ciertos hechos mostraron que debía despojarse de su imagen de guerrilla o de partido en armas (secuestros, decomisos, tráfico de armas) sin embargo había renunciado definitivamente a todo proyecto militar. El ejército, por su parte, había retornado a los cuarteles y abandonado todo objetivo político 81. “Ya no hay que temer los fujimorazos y los serranazos ” decía Villalobos… EL CAMINO PARECÍA ABIERTO. ¿CÓMO EXPLICAR, ENTONCES, ESTE NUEVO FRACASO? En primer lugar hubo problemas de fondo. Al haber sido aplicados los acuerdos de paz prácticamente en su totalidad, el programa político del FMLN no podía ya resumirse en la mera aplicación de tales acuerdos. Tendría que reubicarse, precisar de nuevo su línea política, económica y social. Resurgiría entonces la lucha entre los "renovadores" o "progresistas" y los "ortodoxos". ¿Qué orientación política se debía tomar? Si bien, al igual que otros partidos de izquierda de América Latina, el FMLN electoral, para utilizar los retrasos como argumentos electorales. 81 A este respecto muchos subrayaron la discreción que mostraron los militares con ocasión de las elecciones legislativas y municipales de marzo de 1997. El ejército permaneció en los cuarteles, conservó un perfil bajo y se abstuvo de cualquier provocación.

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había declarado, por una parte, no oponerse ya a una privatización parcial de la empresa nacional de telecomunicaciones ANTEL, mostrando así que ya no quería ser calificada como dogmática o radical82 , sin embargo, no había abandonado sus solidaridades revolucionarias. Conciliar antiguas amistades con las realidades de los actuales partidos de izquierda latinoamericanos, no iba a ser, por lo tanto, una tarea fácil. La invitación hecha con motivo de las convenciones del FMLN a representantes de Cuba y la China Popular, no sería necesariamente compatible con el deseo de apertura hacia otros partidos y personalidades políticas. Enseguida hubo un problema de imagen. Las relaciones entre el FMLN y los movimientos guerrilleros aún activos, suscitaron muchas dudas 83 . El conflicto de Chiapas es sin duda el que mejor refleja las ambigüedades actuales. Acusado de sostener militarmente a los Zapatistas, el FMLN se defendió respondiendo que aquellos rechazan cualquier idea de soporte, padrinazgo u otras conexiones. Existe, claro, una solidaridad, pero la “vieja guardia” del FMLN se declara escéptica, o incluso desorientada, por una estrategia que no 82

Desde 1986, y desde la propuesta global de la solución negociada de Ayagualo, el FMLN ya se había pronunciado en pro del respeto a la propiedad privada, la libre empresa y una relación amistosa con los Estados Unidos. 83 Con la crisis suscitada por la toma de rehenes realizada por el MRTA en la residencia del embajador del Japón en Perú, el presidente Calderón Sol retomó las acusaciones según las cuales el FMLN seguía suministrando armas a los diferentes movimientos guerrilleros de la región para financiar su campaña. En junio de 1997, un diario peruano afirmó por su parte que guerrilleros del MRTA se habían reunido en San Salvador bajo el auspicio del FMLN.

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comprenden o que sólo aprueban a medias dado que no busca tomarse el poder. Algunos en el FMLN, y especialmente en el ERP, incluso tomaron partido a favor del gobierno mexicano. Hay que decir, no se trataba de una diferencia verdaderamente ideológica, sino más bien de la decisión de respetar a un gobierno que los había apoyado y sostenido durante la guerra civil. Toda la complejidad de la correlación de fuerzas al interior del FMLN, las corrientes ideológicas, sin olvidar los intereses personales, estallaron un buen día con motivo de la Convención de agosto de 1998 que debía escoger al candidato de la antigua guerrilla a la elección presidencial, puesto que se habían presentado varios candidatos. Del lado de los renovadores, esencialmente dos personas. Héctor Dada Hirezi —antiguo miembro del primer gobierno de junta en 1979, luego miembro del FDR, antiguo director del Departamento de Economía de la UCA y actual director de la FLACSO—, así como Héctor Silva, actual alcalde de San Salvador elegido en 1997. Ambos pertenecían a la Democracia Cristiana a finales de la década del setenta pero habían dimitido a ésta luego de la caída del primer gobierno de junta. Sin ser actores estrictamente nuevos en el paisaje político salvadoreño, eran beneficiarios de una imagen de integridad y apertura. Del otro lado, con el respaldo de la llamada ala ortodoxa conducida por Shaffik Handal, estaban el economista Salvador Arias de la Asociación Democrática de Campesinos y la procuradora para los derechos humanos, Victoria de Avilés. Muy pronto se vio que ninguno de los candidatos o las fórmulas presidenciales iba a obtener la mayoría necesaria para recibir la investidura. No había un candidato que

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satisficiera a las bases, pero que, al mismo tiempo, pudiera simbolizar la apertura política. El proceso de selección del candidato a la presidencia, que partía de una intención loable (más transparencia, más democracia), iba a terminar en un fracaso; se convertiría en una trampa. El resultado sería desastroso, tanto en términos políticos como de imagen. Para satisfacer a todo el mundo, la fórmula presidencial triunfante estaría compuesta por dos figuras tradicionales de la antigua guerrilla: Facundo Cuadrado, nuevo secretario general del FMLN, y Marta Valladares, antigua combatiente de las PRTC. Sin duda menos ortodoxos que otros, tampoco serían fervientes defensores de una verdadera apertura política. A pesar de una unidad de fachada, el FMLN había perdido parte de su credibilidad. No había podido superar la lucha interna. El canto revolucionario, “el pueblo unido jamás será vencido ” resultó problemático. Si el FMLN no logró un consenso dentro de sus propias filas, ¿qué se podía esperar respecto al país? Una consecuencia directa fue su imposibilidad de formar una coalición con el partido social- cristiano Centro Democrático Unido (CDU) de Rubén Zamora, como había sido el caso en las elecciones de 1994. Para ganar, el FMLN se olvidó que tenía que ampliar sus seguidores más allá de su electorado tradicional. El FMLN no logró cambiar su imagen sino que se hizo mucho más polémica. No percibió el rechazo y el cansancio con respecto al bipartidismo. No supo romper la barrera de la apatía y el desencanto, que arrojó una alta tasa de abstención de entre el 60 y el 65%. Por supuesto, el nuevo fracaso del FMLN iba también a demostrar la dificultad de pasar de un esquema

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piramidal, de una lógica militar, a prácticas democráticas. No obstante, ¿hasta qué punto se puede hablar de fracaso? En 1997, las elecciones legislativas finalmente habían sido un fracaso de ARENA y un éxito del FMLN. ¿Qué hay con estas elecciones? ¿Son más un fracaso del FMLN que un éxito de ARENA? Nada es menos seguro. Lo que no había podido hacer el FMLN, lo logró ARENA. Su convención, realizada a puerta cerrada, permitió que de sus filas saliera un candidato nuevo, un “joven intelectual”, economista educado en Harvard, sin pasado político y con una renovada imagen conciliadora, ajeno a la cúpula tradicionalmente dominante. Según un primer análisis, ARENA también supo captar el voto de los campesinos. Los resultados, finalmente, tal vez no son sino el reflejo de una realidad socioeconómica del país. Sumando los resultados obtenidos por los partidos de izquierda, se llega aproximadamente a 40% de los votos. No es poco, tampoco menos de lo obtenido en 1994, no hay que olvidarlo. Pero no fue suficiente para ganar. “Aquellos que hacen la revolución a medias no hacen otra cosa que cavar su propia tumba” decía Saint-Just. Hoy día, el FMLN ya no es un partido de vanguardia revolucionaria. “Ya no es la vanguardia de clase que conducía distintas formas de lucha, es un partido para las elecciones”84 . Ya no es marxista- leninista 85 . En adelante, su

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Villalobos, Joaquín. “No más Partido de Aparato”. Ob. Cit., p. 30. 85 Incluso si algunos de sus miembros o dirigentes se consideran aún como tales. En octubre de 1997, algunos estaban en la tribuna oficial al lado de Fidel Castro con motivo de las ceremonias del trigésimo

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única forma de lucha es la lucha electoral y su objetivo, paradójicamente, es de nuevo el acceso al poder, pero esta vez de manera democrática. “Los partidos políticos son para participar en las elecciones y en las elecciones se participa para ganar” recordaba Joaquín Villalobos en 199486 . Quizás el FMLN simplemente no estaba listo para gobernar. ¿Le falta aún madurez? ¿Es posible, sin embargo, hablar de reconversión lograda o de mutación? Muchos en el FMLN o en El Salvador habían querido ver en los acuerdos de paz una “revolución democrática”87 o una “revolución negociada ”88. Para unos exguerrilleros alejados hoy de sus sueños revolucionarios, hablar en estos términos no era, sin duda, sino un medio retórico para salvaguardar su imagen. Más que hablar en términos de madurez, tal vez podamos aventurar, parafraseando a A. Rouquié, quien a su vez retoma a Montesquieu, que el FMLN está aún en su fase de aprendizaje de la virtud 89 . Algunos añaden que este resultado era necesario para que cambiara realmente.

aniversario de la muerte del Che. A título privado, claro… 86 Villalobos, Joaquín, “No más Partido de Aparato”. Ob. Cit., p. 30. 87 Villalobos, Joaquín, “A Democratic Revolution for El Salvador”. En: Foreign Policy. No. 74, primavera de 1989, p. 119. 88 Usada por Boutros Boutros Ghali en su discurso del 16 de enero de 1992, con motivo de la firma de los acuerdos de paz de Chapultepec, la expresión de “revolución negociada” fue empleada luego en muchas ocasiones por el FMLN. 89 Rouquié, Alain. La Démocratie ou l’apprentissage de la Vertu. Métaillé: París, 1985. Aprendizaje, en efecto, puesto que en El Salvador, recordémoslo, la cultura democrática no es una condición sino una consecuencia de los acuerdos de paz.

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A menos que los tiempos hayan cambiado definitivamente. “No soy sino una paja arrastrada por el torrente revolucionario ”, había dicho Simón Bolívar el 15 de febrero de 1819 en el Congreso de Angostura. ¿Hoy el FMLN no sería más que una brizna que acaba de barrer el viento del neoliberalismo y las corrientes de la globalización?

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NÓMADAS Y ANFIBIOS: DOS METÁFORAS DE INSURGENCIA CULTURAL William Ramírez Tobón* A finales de 1997 se realizó en Barcelona el Primer Laboratorio de Nomadología, importante encuentro de quienes bajo las sugestiones de la obra de Deleuze, Guattari y Lyotard, se disponían a debatir lo que parecer ser el más reciente malestar existencial de la cultura francesa. La nueva reflexión académica había venido haciendo uso del nomadismo, noción propia de la sociología, la antropología, la etnografía y la demografía, como herramienta para tallar una metáfora acerca de las búsquedas y ansiedades del hombre contemporáneo. Lo nomádico, lo nómada, muy dentro de la perspectiva de la posmodernidad, llegó a ser, así, un descentrarse respecto de los paradigmas y modelos consagrados, según un recurso deconstructor de los anteriores consensos políticos, culturales y científicos con el fin de construir nuevas propuestas de indagación y certeza. Desde la historia y la política, por ejemplo, algunos procesos han sido vistos como flujos de resistencia y de movilidad frente a las hegemonías del entorno. Desde la ciencia, se ha procedido a una inversión y desplazamiento de los presupuestos científicos sobre la base de una deconstrucción de las bases del conocimiento y de su función social. Desde los nuevos espacios de la comunicación electrónica, se habla del medio digital en el sentido de una promoción “del nomadismo como forma

* Sociólogo. Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional.

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de vida preponderante en el planeta tierra”90 . Como era de esperarse, la nomadología ha llegado también a Colombia. La revista “Nómadas” de la Universidad Central, cuyo nombre es más una coincidencia que una relación de identidad con esta nueva postura venida del viejo continente, celebra su quinto aniversario con un número especial dedicado al nomadismo. En el proyecto editorial91 se buscan neo- nómadas en los gitanos de Colombia, en los Nukakmakuk del Amazonas, en los Goliardos del medioevo europeo, en los cartoneros y jóvenes callejeros de las ciudades colombianas, en los campesinos desplazados a lo largo de casi todo el territorio nacional. En el presente artículo, si bien se reconocen los ilustres antecedentes filosóficos del nuevo producto académico, no se deja de reseñar lo que parece ser una muestra más de las periódicas travesuras culturales europeas y no la sólida propuesta ontológica que presumen sus publicistas. Al mismo tiempo y sin que ello suponga de nuestra parte un planteamiento comparativo entre lo de aquí y lo de allá, a la metáfora del nómada se le antepone la metáfora del anfibio cultural con un sentido de contraste apreciativo entre dos talantes culturales diferentes, y no como cotejo explicativo de sus diferencias y similitudes. No es, pues, que el anfibio y el nómada sean comparables ya que sus particulares bases de sustentación cultural son, de suyo, tan diferentes que se anulan como alternativas de intercambio. Lo que 90

Gómez, Manuel. www.espacio.com.mx/mortigoza 91 Serrano, Fernando; Rueda, Rocío; Valderrana, Carlos. “Propuesta Preliminar". En: Nómadas. Diuc. Universidad Central: Santafé de Bogotá, No.10, octubre 29 de 1998.

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se pretende mostrar en este breve ensayo es, entre otras cosas, los deleznables modos de recepción que nuestra cultura tiene frente a las propuestas llegadas desde las metrópolis del desarrollo occidental. Al punto de que por aderezar la casa para recibir al nómada de europa se nos olvida que en uno de los patios interiores mora, desde hace tiempo, un modesto y habitual anfibio. LAS CABRIOLAS ANTOLÓGICAS La Nomadología ha resultado ser una particular ontología social destinada a aliviar la crisis de conciencia producida por el fracaso de las utopías modernas. Con la arrogante desenvoltura propia de la ensayística francesa, con los sofisticados giros de sus líneas de pensamiento, se ha ido conformando una romántica y autocomplaciente epopeya individualista para escapar al crónico malestar de la derrota. Según Santiago López Petit, uno de los participantes en el laboratorio de Barcelona, los antecedentes de la Nomadología se remontan a la famosa frase de Foucault, “no existen relaciones de poder sin resistencias”, sobre la cual se pospuso el agregado de Deleuze, “y siempre hay algo que huye del poder”. De este diálogo no consentido por Foucault pero sobreimpuesto por Deleuze, se dedujo que la entidad social no se alcanza por las contradicciones estructurales en el seno de la sociedad (base vs. superestructura, fuerzas productivas vs. relaciones de producción) sino por “sus líneas de fuga, por las líneas de desterritorialización que la atraviesan”92 . Líneas de fuga que al evitar la conquista del individuo por parte del

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Estado mediante la cooptación o el sometimiento coercitivo, le permite a aquel afirmar la vida como “pura fluencia sin forma, como puro indeterminado e ilimitado al que nada falta y que continuamente escapa, como el agua escapa a la mano que quiere cogerla”93 . En Deleuze, de conformidad con las raíces nietzscheanas de su filosofía, la vida tiene una dimensión asertiva mediante la liberación de las líneas de fuga “que hacen proliferar el deseo y la vida”, e introducen vivencias creativas “con toda su positividad y plenitud”94 . Pero lo que en Deleuze-Guattari es una primacía del deseo que busca configurar realizaciones de plenitud y positividad según una dinámica de líneas de fuga frente al poder, en autores posteriores las contradicciones con el poder ser vuelven un devenir donde la plenitud solo se alcanza a través de la negación. En este punto es necesario resaltar cómo los lúcidos y asertivos análisis de Deleuze acerca del deseo y lo social se vuelven, en sus epígonos de la nomadología, una cansina evocación de la derrota. Deleuze ha sido rotundo al afirmar que el aserto de “es la sociedad la que reprime el deseo”, resulta ser un expediente consolador pero ingenuo para encontrar un chivo expiatorio de tal represión así se especifique la fórmula con concreciones acerca de un sistema de sociedad y una particular forma de producción y reproducción social. De todos modos, señala el pensador francés, el problema se sigue manteniendo en el plano de lo abstracto con lo cual se impide su solución ya que los responsables últimos de la represión del deseo no existen: “Sólo un afecto puede reprimir otro 93

92

López Petit, Santiago. http://nodo 50.ix.apc.org/laboratorio/documentos/mil mesetas/Santi-Marina.htm

94

Idem.

Garcés, Marina. http/nodo 50.ix.apc.org/laboratorio/documentos/mil mesetas/Santi-Marina.htm

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afecto, sólo una fuerza se opone a otra fuerza, sólo una pasión incide sobre otra (…) lo abstracto no reprime a lo concreto, porque ni siquiera puede tocarlo”95 . Y concluye que si hemos de hablar de la represión del deseo por la sociedad o una parte de ella, nos debemos enfrentar a la paradójica conclusión de “que es el deseo mismo el que ejerce la represión sobre sí”96 . Para la nomadología pos-deleuziana, en cambio, la reivindicación de lo concreto en la oposició n deseo-sociedad se pierde en las sedativas pero artificiales impugnaciones abstractas acerca de las fuentes de la represión. La línea de partida de ello es el progresivo victimismo construido a partir de la crisis de la utopía socialista según un itinerario de frustraciones que se remonta a mayo de 1968, culmina con la caída del Muro de Berlín en 1989 y no da tregua con los paradójicos desarrollos de la Chica comunista y Vietnam, la anacrónica insularidad sociopolítica de Cuba y la dramática autoinmolación de Corea del Norte. En lo que pretende ser una nueva ontología del desarraigo social, el displacer aparece originado en el abstracto desmantelamiento de una utopía deshecha por un ubicuo e impersonal designio de castigo sobre los altruistas deseos de los mejores hijos del siglo. Así se construye una romántica e indeterminada epopeya de la derrota: “la derrota, el fracaso, el hecho de que quienes queríamos cambiar la vida y transformar el mundo hemos sido vencidos” hasta reducirnos a hijos de la Noche de l Siglo, una condición que nos condena a estar perdidos, expuestos a las travesías del nihilismo, (.....) porque 95

Pardo, José Luis. Deleuze: Violentar el Pensamiento. Cincel Kapelusz: Santafé de Bogotá, 1992, p. 123. 96 Idem.

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únicamente tenemos claro que hay que “resistir sin esperar nada”97. Y se llega así a una particular “política nocturna” (por aquello de la Noche del Siglo) que cobija a las huestes de los derrotados y les proporciona un doble sentido: el querer vivir en tanto que desafío proporciona resistencia cuando se presenta como fuerza, y amistad cuando se presenta como relación. De ahí que, con un barroquismo verbal propio de su trágica metáfora sobre el destino humano, se concluye en lo siguiente: El querer vivir como desafío comporta, por tanto, una dessustancialización, un vaciamiento. Más exactamente, hacer del querer vivir un desafío es poner un desierto en el interior de uno mismo: decir no a las sujeciones, a las dependencias. Es un estar dispuesto a pedirlo todo en cualquier momento. En definitiva, el querer vivir como desafío se vacía de la forma sujeto y se convierte en un sujeto imposible. Y no hay que olvidar que un sujeto imposible es aquel que es insoportable. Insoportable frente al poder pero también frente a si mismo. 98 El tremendismo filosófico propio de la “política nocturna” antes dicha, llega a su punto culminante en la ponencia de la nomadóloga Marina Garcés quien declara en Barcelona con un irrefrenable impulso poético, Ser hijo de la noche del siglo significa, antes que nada, haber nacido en el espacio / tiempo de una derrota que ya no es nuestra, es decir, en el espacio / tiempo de una derrota de la que no podemos disponer ya como acontecimiento 97 98

López, Santiago. Ob. Cit. Idem.

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determinante. Ser hijo de la noche del siglo significa por lo tanto estar ya embarcado en unas travesías que no dejan nada atrás y que no tienen como punto de referencia ni siquiera la luz tenue de lo que se ha perdido. (....) Los hijos de la noche del siglo hemos heredado del pasado un futuro hecho de posibles pero desprovisto de fin último.99 No obstante la terrible encrucijada nocturna donde varias generaciones de seres humanos se debaten bajo una derrota que no es la suya y un porvenir que no les pertenece, existe una posibilidad de redención. Es la de la comunicatividad, un nexo construido a partir de la recuperación de la naturaleza lingüística del hombre, una manera de “hacer experiencia del lenguaje mismo sin contenido real alguno”, lo cual lo aleja de la socialización entendida esta como forma integracionista desde la cual el poder recibe numerosos consensos, concientes e inconscientes. Se puede llegar de ese modo a un nuevo espacio dentro del cual, al romperse toda identidad o pertenencia representable propia de la lengua y ponerse fuera y en contra del Estado, se construye la comunicatividad como potencia 100 esencialmente común . Otra propuesta, sin duda seductora por su brillantez propositiva y la actualidad de su soporte tecnológico, es la de Hakim Bey. Su enunciado es una contrastante imagen de pasado, presente y futuro donde alternan alquimistas de la Edad Media, piratas y corsarios del Siglo XVIII, adictos del ciberespacio actual y creadores de ciencia-ficción ciberpunk. Es un alucinante escenario por donde circulan: a) proscritos alquimistas enlazados en una red de remotos valles y

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castillos, estratégicamente invulnerables a la invasión, “conectados por un permanente flujo informativo de agentes secretos, en guerra con todos los gobiernos y dedicados exclusivamente al conocimiento”, b) piratas y corsarios creadores de una red de información que pese a lo primitiva y a su objetivo primordial de negocios ilícitos, envolvía al globo y funcionaba admirablemente: “repartidas por ella había islas, remotos escondites donde los barcos podían ser aprovisionados (....) completas minisociedades que vivían conscientemente fuera de la ley y mostraban determinación a mantenerse así, aunque fuera solo por una corta - pero alegre - existencia”; c) autores de ciencia- ficción como Bruce Sterling, quien hizo el relato de un futuro no muy lejano donde la decadencia de los sistemas políticos desembocaría en una proliferación descentralizada de experimentos sobre formas de vida: “gigantescas corporaciones de propiedad obrera, enclaves independientes dedicados a la piratería de datos, enclaves verde-social demócratas, enclaves de trabajo cero, zonas anarquistas liberadas, etc.”; d) y finalmente, la tecnología moderna de la comunicación, que ya no hará necesarias las islas piratas porque “en el futuro, la propia tecnología liberada de todo control político - hará posible un mundo entero de zonas autónomas”101. Así nace la TAZ, zona temporalmente autónoma, que el autor pide no tomar como “una fantasía política (...) pese al entusiasmo oratorio de mi lenguaje”, ni como un dogma político ya que “al final, la TAZ es prácticamente autoexplicativa (puesto que) en el contexto del mundo contemporáneo podría ser entendida sin 101

99

Garcés, Marina. Ob. Cit. 100 Idem.

Bey, Hakim. TAZ. La Zona Temporalmente Autónoma. En: http.aleph.arts.org/accpar/número3/taz.htm

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dificultad... entendida en la acción”102 . Las disculpas de Hakim Bey no están por demás, como se comprueba una vez se descubre lo que preludiaban. En efecto, el autor no se permite ningún reposo en la urgencia propositiva que puja por salir una vez instauradas sus TAZ. Estas son campamentos de guerrilleros ontológicos que golpean y corren al mantener “en movimiento a la tribu entera, aunque solo se trate de datos en el Web”. Porque si la revolución está clausurada, la insurgencia sigue abierta: en nuestro tiempo no cabe sino concentrar nuestra fuerza en “poderes insurgentes” que eluden “todo entrampamiento en cualquier “solución permanente”. Fundamental para darle forma a la TAZ es el concepto de “nomadismo psíquico” que configura a los “nómadas, viajeros síquicos que se mueven por la curio sidad o el deseo”, aventureros de escasas lealtades, no ligados a ningún tiempo ni lugar y lanzados a la búsqueda de diversidad y aventura. Finalmente, en un delirante clímax contestatario, Hakim Bey concluye: El nomadismo psíquico como táctica, lo que metafóricamente Deleuze y Guattari llamaron la máquina de guerra, transforma la paradoja de pasiva en activa, e incluso violenta. Los últimos estertores de Dios se han prolongado durante tanto tiempo en las formas del Capitalismo, Comunismo y Fascismo, por ejemplo- que todavía queda mucha “destrucción creativa” por hacer para ser satisfecha por los comandos post-bakunianos y postnietzscheanos, o por los apaches literalmente “enemigos” - del viejo Consenso. Estos nómadas practican la razzia, son corsarios, 102

Idem.

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virus. Necesitan y desean Taz, campos de tiendas oscuras bajo las estrellas del desierto, interzonas, fortificados oasis escondidos en las rutas de las caravanas, pedazos liberados de jungla y tierras baldías, áreas prohibidas, mercados negros y bazares underground. 103 DEL NÓMADA PSÍQUICO ANFIBIO CULTURAL

AL

La nomadología parece ser una forma de ontología social donde confluyen banales conclusiones con graves antecedentes filosóficos e históricos. Sobre un territorio devastado por el desencanto y la derrota la figura del nómada recorre sucesivas etapas de fuga, de negación pasiva, de activa destrucción, de exaltación libertaria, como alternativas de existencia a unas condiciones de vida hostiles y enajenantes. La paradoja inmediata de todo esto es, sin embargo, el elevamiento a metáfora de la libertad de un nomadismo que en su sentido objetivo no deja de implicar forzosas negaciones a las autonomías de grupo e individuales. Aun cuando el ejercicio metafórico supone trascender la forma dada, la licencia creativa tiene límites señalados por la necesaria conservación de una coherencia interna en la lógica de los significados que le imparten el nuevo sentido a la imagen. En el caso aquí tratado, la reconfiguración de significados exhibe un gratuito trastoque de sentidos. La condición nómada caracterizada por un penoso y determinante movimiento que reproduce condiciones de vida y de percepción ajenas a la voluntad individual, se convierte de pronto en un opcional viraje hacia una relación social plena de aperturas liberadoras. Aun más: 103

Idem.

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la trashumancia hacia un punto que como meta es de por si el comienzo de la indefectible partida hacia un nuevo y sin embargo previsible destino, se propone como una abierta y libérrima línea de horizonte. Hay en todo esto una cierta reminiscencia del Buen Salvaje. La simple y prosaica verdad de que el nomadismo es un estado social de las épocas primitivas o de los pueblos poco civilizados se vuelve, bajo los efectos de una mala conciencia colonial aún no superada del todo, el romántico cliché del salvaje indómito, incontaminado y dueño de su sino. Gracias a ello se producen licencias tan extravagantes como la de Hakim Bey al colocar a los piratas y corsarios del siglo XVII -una dura época para todo aquel que no fuera noble ó prelado -bajo el guión Hollywoodense de aventureros conscientemente instalados fuera de la ley para elegir “una corta -pero alegre- existencia”. Pero la nomadología, ese campo de “tiendas oscuras bajo las estrellas del desierto” parece ser, sobre todo, el impotente producto de un pensamiento europeo que bajo el tedio y la mala conciencia de su civilización etnocentrista, busca consolarse con una imagen alucinada de lo que podría ser su liberación. Con la ayuda instrumental de una secular tradición en las ciencias, artes y mañas de la racionalización, la justificación y la seducción, ese pensamiento del desengaño y la derrota ha echado mano de todo cuanto tiene al alcance. De la valiosa y todavía inacabada superación de la modernidad, por ejemplo. De ahí que la conversión del nomadismo a metáfora de la libertad sea, en ese caso, el equívoco desvío de quienes al forzar la clave desinhibidora de la posmodernidad han hecho de esta una simple caja de herramientas para el desmantelamiento de cuanto aparato

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lógico se ponga a su alcance. De esa manera, bajo los efectos de su compulsión deconstructora de los horizontes estructurales legados por la modernidad, lo objetivo y lo coherente se vuelve un volátil e informe fluido frente a la voluntarista subjetividad que todo lo deshace y todo lo recrea. Muy llamativo todo ello, no puede negarse. Sobre todo para quienes, como los intelectuales latinoamericanos, casi siempre han levantado la mirada, fascinados, hacia los luminosos globos de ensayo lanzados por el ingenio conceptual de la cultura europea. Así tal cosa les haya impedido mirar, a ras de tierra, los destellos esporádicos que iluminan nuestro paisaje cultural. Por eso tal vez ha pasado desapercibida una metáfora criolla sembrada por investigadores nativos con nutrientes aborígenes y en los eriales de nuestro pensamiento académico. Una razón de mas, seguramente, para el huidizo reconocimiento del cual ha sido objeto. Se trata de la expresión “anfibio cultural”, acuñada en discusiones sobre la política educativa del país a finales de 1990, según una visión del sistema educativo como un espacio carente de articulación entre sus eslabones constituyentes con lo cual se impedía el aprovechamiento social del saber, se agravaban las diferencias sociale s y se debilitaba la cohesión nacional. La condición anfibia, como voluntad articuladora de los diferentes eslabones del sistema, solo fue en ese momento un memorando de expertos educativos desatendido por el Departamento Nacional de Planeación. Después tuvo mejor suerte en la Universidad Nacional de Colombia ya que el principal gestor de la metáfora, Antanas Mockus, le dio al anfibio cultural una doble consigna dentro del claustro académico: la de formar personas capaces de desenvolverse en

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varios eslabones del sistema educativo y la de formar personas capaces de enseñar a aprender en contextos ajenos al mismo sistema. En síntesis, “buenos recontextualizadores y personas preparadas para actuar en el marco de diversidad cultural propio de nuestro país y de un mundo cada vez más integrado” 104 . Ya en este punto inicial la diferencia entre las dos metáforas empieza a ser elocuente. Ante la deconstrucción y el desmantelamiento de estructuras, propias del nómada psíquico, la recontextualización a través de un proceso integrador de diversidades, propia del anfibio cultural. Ante el vacío respecto de su ident idad humana, propia del nómada psíquico, la conciencia global y el ánimo propositivo frente a la integración, propias del anfibio cultural. Mas tarde, el anfibio cultural saltó del ámbito educativo y se metió de lleno dentro de la sociedad colombiana. Aquí resultó ser alguien capaz de obedecer a sistemas de reglas parcialmente divergentes sin perder integridad intelectual y moral. Es esta integridad la que le ayuda a seleccionar y jerarquizar fragmentos de conocimiento y de moralidad en un contexto, para traducirlos y hacer posible su apropiación en otro 105 . El anfibio se vuelve un intérprete. Bajo la coexistencia de sistemas de reglas culturales distintos (de la misma manera como pueden coexistir lenguas diferentes) el anfibio desencadena un diálogo que según un proceso de selección y jerarquización, coloca puentes entre diferentes orillas hasta lograr una progresiva circulación de la riqueza

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cultural. Despojado hasta el máximo de cualquier vestidura, el problema moral del anfibio se puede formular, según Antanas Mockus, de la siguiente manera: “¿es posible respetar simultáneamente desde dentro sistemas de reglas culturales diversos y parcialmente divergentes? ¿ es posible hacerlo conservando integridad moral?”106 . La reiterada advertencia de Antanas en los dos textos precedentes sobre la necesidad de no “perder integridad intelectual y moral” y de conciliar el respeto a la heterogeneidad de reglas y sistemas con la conservación de la “integridad moral” puede plantear, sin embargo, algunos problemas. Según los implícitos de tal condicionamiento podría concebirse al anfibio como un receptor y procesador de particularidades obligado, según un imperativo ético absoluto, a condensar las diferencias dentro de una categoría universal de moral con valores ejemplares y moralizantes. Así parece sugerirlo el hecho de que “la integración del fondo moral de diversas tradiciones” conducirían a un punto en el cual “moralidad y cultura coinciden y se expresan con pureza o perfección ejemplar” hasta llegar a lograrse por tal vía, una “especie de integración moral de la Humanidad”107 . Aún cuando Antanas indica, más adelante, que “no se trata de encontrar un diccionario global y estable” puesto que hoy no es permitido “suponer ingenuamente la existencia de tales invariantes”, la ambivalencia entre la garantía de las premisas explícitas y los alcances implícitos de los presupuestos

106 104

Mockus, Antanas “Anfibios Culturales y Divorcio entre Ley, Moral y Cultura”. En: Análisis Político. IEPRI: Santafé de Bogotá, No 21, enero-abril de 1994. 105 Idem., p. 38

Mockus, Antanas “Anfibios Culturales, Moral y Productividad”. En: Revista Colombiana de Psicología. Universidad Nacional de Colombia: Santafé de Bogotá, No.3, 1994, p. 129 107 Idem., p. 130

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filosóficos de su discurso, no queda resuelta 108 . Pero más allá de las tensiones de Antanas Mockus entre los imperativos morales kantianos y las transparencias comunicativas Habermasianas, por un lado, y el relativiza nte hábitat opuesto al maximalismo moral propio del anfibio, por el otro, habría que redefinir en este último sus características modulares. Es posible asegurar, de entrada, que el anfibio cultural encarna una de las características determinantes de nuestra condición nacional: la de ser una entidad inacabada y en constante formación y presentar, al mismo tiempo, un comportamiento de tipo caótico en el cual la inestabilidad, la complejidad y la nolinealidad dificultan al máximo la configuración de unidades constantes. La cultura para el anfibio se define, por consiguiente, como la búsqueda y configuración de una identidad particular y variable sometida, de manera constante, a las vicisitudes de una pluralidad que por seducción y coacción, o ambas a la vez, desequilibra o modifica los rasgos hasta el momento obtenidos. En consecuencia, más que una cultura y una identidad, el anfibio asimila varias y diferentes culturas e identidades que rebasan, por la divergencia de sus intereses, la posibilidad de una soluc ión integral. La ética es para el anfibio el camino y los procedimientos a través de los cuales vive el compromiso siempre diferenciado de las identidades y no un a-priori moral que funde en la virtud absoluta y trascendente de la moral, los siempre contingentes valores creados a partir de las relaciones sociales. En un medio semejante la utopía social, como advenimiento final de una magna realización humana transportada por una historia lineal, progresiva y de 108

Idem.

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virtualidades incontenibles, tiende a volverse una utopía de alcance intermedio. Esta, como meta parcial y no total del devenir humano, adquiere un carácter más relativo e instrumental que termina exponiéndola a la prueba de la realidad y por consiguiente a la adaptación o desplazamiento permanentes a favor de otras utopías de igual alcance intermedio. En Macondo, otra excelente metáfora de nuestro ser cultural, la muerte de la utopía no es un duelo inconsolable porque la pujanza de los días no da tregua y hay que secar las lágrimas para reabrir la brecha. Hay allí, en consecuencia, un ambiente poco propicio al cultivo de los desgarramientos existenciales. Dado que el descubrimiento, el montaje y la verificación de las estructuras es un quehacer cotidiano con inmaduras raíces en un reciente ayer de la historia, los problemas “post” de los europeos suelen reflotar como advenedizas y pasajeras natas en las elites culturales vanguardistas de nuestra sociedad. Y es que el postmodernismo solo puede tener vigencia e incluso fuerza vinculante cuando las raíces estructurales de la modernidad pierden significado por efecto de esclerosis múltiples, y su deconstrucción se vuelve un camino para el hallazgo de otros sentidos que pese a su novedad no renuncian a los elementos que soportaban las viejas estructuras. No es inventar de la nada porque la nada es ya un imposible en la aparatosa y multisecular civilización occidental; es, más bien, una reconfiguración de las viejas claves del pensamiento y de la conciencia racionalista y antirracionalista que han impulsado su cultura. En el ámbito de las dos metáforas que según nuestro entender expresan cabalmente nuestra personalidad cultural Macondo y el anfibio cultural - la deconstrucción es una tarea extraña porque en nuestro medio, más que

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reconfigurar herencias, hay que hacerlas y esperar a que de acuerdo con su solidez se proyecten como patrimonio cultural al mayor número posible de generaciones posteriores. ¿Cómo, sin embargo, asegurar la estabilidad y consistencia de tal patrimonio en un sistema complejo inestable que podría asimilarse a esa “lógica borrosa” en la cual, “cuanto más de cerca se mira un problema del mundo real, tanto más borrosa se vuelve su solución”? 109 . Este es uno de los medios propios del anfibio cultural dada su desenvoltura para recorrer y conectar entre sí los diversos y a veces opuestos territorios del paisaje social sin perder, en tanto, la necesaria coherencia lógica: Una de las maneras en que se podría conservar consistencia moral obedeciendo sucesiva o simultáneamente a diversos sistemas de reglas sería el reconocimiento de las estructuras comunes subyacentes. Un caso extremo - mas no imposible- sería el de quien se ve obligado a “trabajar” simultáneamente para dos ejércitos enemigos. Una vez dejada de lado la dicotomía básica (la definición amigo - enemigo), puede descubrir que el comportamiento cotidiano y las relaciones personales se estructuran de manera muy similar en ambos contextos: los ejércitos se parecen. 110 EL ANFIBIO CULTURAL FRENTE A LOS EJÉRCITOS ENEMIGOS Puestos ya frente a la situación de guerra que amenaza con comprometer la totalidad de la población colombiana, uno 109

Kosko, B. Pensamiento Borroso: La Nueva Ciencia de la Lógica Borrosa. Grijalbo/Mondadori: Barcelona, 1995, p. 147. 110 Mockus, A. “Anfibios Culturales y Divorcio entre Ley, Moral y Cultura”. Ob. Cit., p. 38.

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no deja de preguntarse donde colocar la metáfora del anfibio cultural. El escenario no podría ser más complicado. Basta ver la ambivalencia de unas conversaciones de paz en medio de la guerra que al enrarecerse y dilatarse en el tiempo sin asegurar conexiones creíbles con una fase de negociación, están polarizando cada vez más las posiciones. Rota por la guerrilla la previsible secuencia entre conversación y negociación, el proceso se convierte en un exasperante trámite dilatorio en el que las FARC superponen diversas maniobras tácticas para favorecer factores tales como la acumulación de fuerzas propias, el agrietamiento del bloque gubernamental y un máximo aprovechamiento del aparato mediático con fines de propaganda. De esta manera la distensión que debería haber provocado la inicial muestra de acercamiento entre los oponentes se ha ido trocando en desconfianza, crispación y complicados artificios para mantener en pie una mesa en la que ninguno de los invitados quiere correr el riesgo de dar la última baraja. Mientras tanto, a lo largo y ancho del país los ánimos se atrincheran y la territorialización del odio y el miedo se hace más tangible. Los antagonistas se niegan entre si anulando o reduciendo la legitimidad política que a cada uno les confiere el hecho de hacer la guerra a favor o en contra del Estado: a la guerrilla se le busca confinar en la delincuencia común por su soporte económico en la extorsión, el secuestro y el narcotráfico; a las autode fensas se les niega, por sus orígenes paramilitares, la autonomía correspondiente a una derecha armada cada vez más coherente en sus fines restauradores del orden tradicional; a las fuerzas gubernamentales se les minimiza el carácter legal de sus funciones represivas por las frecuentes violaciones de los derechos humanos y su proclividad a defender los intereses de las élites del

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poder. Dentro de cada bando casi nadie piensa que se puede pasar de un lado al otro para mirarse en el espejo del enemigo; a muy pocos se les ocurre que estamos dotados para pasar del agua a la tierra y de la tierra al agua. Sobre la dicotomía amigo-enemigo y el nefasto derivado de colocar al amigo del enemigo en las filas contrarias se levanta, no obstante, la neo- insurgencia del anfibio cultural que penetra las trincheras divisorias entre los diferentes adversarios, se mete en sus tiendas de campaña y hace de todas las razones de guerra de los combatientes, sin exclusiones, una hipótesis de paz. Esta, como forma positiva que incluye en las premisas todos los intereses que han hecho posible y mantienen la guerra, es su plan estratégico y en su cumplimiento evita los aparcamientos que por seducción o intimidación le inducen a tomar las diversas máquinas de guerra dentro de sus parcialidades. El anfibio es móvil porque para él la lealtad con grupos e intereses solo tiene carácter vinculante cuando estos se adhieren al proyecto estratégico de la convivencia ciudadana. Esta es su a-priori y a partir de ella construye una gramática del poder que le da sentido a su política de interpretar, en cada fuerza, las legitimizaciones de hecho que tratarán de configurar las posteriores fórmulas jurídicas de transacción entre los combatientes. Su capacidad para comprender el poder sin sucumbir a sus seducciones, le permite asimilar las razones tanto de guerra como de paz de los guerrilleros, los paramilitares y los soldados de la república. Es en este sentido que la metáfora del anfibio cultural puede hacernos pensar en una paz donde caben todas las guerras que de una u otra manera buscan hacer un proyecto diferente de sociedad.

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LOS ESTUDIOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN COLOMBIA Leopoldo Múnera Ruiz+

Durante los últimos veinte años, las transformaciones en el espacio de lo público y la emergencia de nuevos escenarios políticos en Colombia estuvieron relacionadas y condicionadas por la explosión de prácticas y estrategias participativas y por la proliferación de estudios sobre el tema. Actores como el Estado, los organismos financieros multinacionales, los partidos políticos, los movimientos sociales o las organizaciones no gubernamentales convirtieron la participación en uno de los ejes de su praxis. El análisis sobre ella implicó tramar un discurso social que produjo mutaciones en los procesos de configuración de la legitimidad política y social y en las mediaciones entre la Sociedad Civil y el Estado. Las prácticas y las estrategias participativas realizadas en el país han sido estudiadas y valoradas por diversos autores, quienes han hecho un amplio balance de ellas 111. No ocurre lo mismo con la reflexión sobre la participación. El presente ensayo busca indagar sobre las características de tal reflexión, sus alcances y limitaciones, y la

+

Abogado. Profesor Asociado de la Universidad Nacional de Colombia. 111 Cunill, Nuria; Fortes, Alexander; Pedraza, Betty; y Restrepo, Darío. Perspectivas de la Participación. Mimeo: Bogotá, 1996. Restrepo, Darío. Dilemas de la Planeación Participativa. Relación entre el Estado, las ONG y las Comunidades. Mimeo: Santafé de Bogotá, 1998. Vargas, Alejo. Participación Social, Planeación y Desarrollo Regional. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad Nacional de Colombia: Santafé de Bogotá, 1994.

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forma como incide en la praxis participativa 112 . Desde el primer lustro de los años ochenta, el concepto de participación pasó a un primer plano dentro de la reflexión política y social en Colombia. Durante las dos décadas anteriores, el debate sobre las relaciones entre la sociedad civil y el Estado giró alrededor del carácter restringido y excluyente de nuestro régimen político. Los bajos niveles de participación social, política o comunitaria fueron un presupuesto analítico que se refería a la principal limitación del Frente Nacional. La participación era vista como un vacío institucional, como una carencia de la vida política nacional o como un anhelo generalizado; pero no como una práctica social con condiciones inmediatas de viabilidad. Por el contrario, los conflictos y las contradicciones generados por los movimientos populares y la izquierda, las diversas manifestaciones de la violencia o las múltiples facetas del clientelismo constituyeron la materia prima para los análisis sobre la democracia colombiana. Refundido en la dicotomía teórica entre la reforma y la revolución, el tema de la participación quedó disperso en el estudio del sistema electoral, las reivindicaciones populares, la protesta social o el universo de sentido de las acciones colectivas. La transformación radical de la sociedad exigía una polarización donde la articulación entre el Estado y los movimientos populares o 112

El presente trabajo hace parte de un estudio más amplio sobre la participación política, social y comunitaria en países de Sudamérica, promovido por PARCOMUN, OXFAM Y DIAKONIA, realizado por investigadores de Brasil, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Colombia. Para su elaboración el autor contó con la colaboración y los aportes de Diana Hoyos y Héctor Salazar.

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contestatarios no tenía mucha cabida, o era mirada con recelo. Simultáneamente, el cambio paulatino de las instituciones por la vía jurídica, contaba como principales protagonistas a los actores propios de la democracia representativa. En consecuencia, la incidencia directa de los actores sociales en las decisiones públicas, la estructura del Estado o la definición de las reglas del juego del sistema político estaba por fue ra de la agenda posible que tenía el país. Bajo la presidencia de Julio César Turbay Ayala (1978-1982), la naturaleza restringida y excluyente de la democracia colombiana llegó a su punto crítico. El deterioro de los mecanismos de legitimación utilizados por el Estado y los partidos liberal y conservador hasta la constitución del Frente Nacional (en particular, debido a la transición del clientelismo señorial al transaccional)113 , la autonomía del movimiento popular con respecto a las fuerzas políticas tradicionales, el papel preponderante que adquirió la coerción directa sobre el 113

. Esta transición implicó que el consenso alrededor de los partidos tradicionales pasará “de estar socialmente extendido y de articularse alrededor de un núcleo compuesto por la adscripción partidista, y en menor medida por la ideología (por la identificación programática o doctrinaria), a limitarse a quienes participaban en los eventos políticos y a articularse alrededor de las transacciones clientelistas, sin que lo ideológico y la adscripción partidista desaparecieran totalmente del panorama político colombiano. La mayoría de la población quedó por fuera de los canales institucionales destinados a la construcción del consenso, lo cual se manifestó en un deterioro de la legitimidad y en un aumento constante de los conflictos sociales”. Múnera, Leopoldo. Rupturas y Continuidades, Poder y Movimiento Popular en Colombia. 1968-1988. Bogotá, IepriCerec -Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia: Santafé de Bogotá, 1998, p. 143.

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consenso dentro de la hegemonía política colombiana y el auge de la guerrilla crearon el ambiente político propicio para que se empezara a hablar de la apertura del régimen político. A partir del gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), las conversaciones de paz con las organizaciones guerrilleras adquirieron relieve en la vida política nacional y con ellas las propuestas para superar las limitaciones de la democracia colombiana. La participación del conjunto de la sociedad civil en la orientación de la vida pública surgió como un elemento fundamental para evitar la extensión de la guerra. A pesar del fracaso de la política de paz de Betancur, con respecto a su objetivo de ofrecer una salida negociada al conflicto armado, la participación apareció en la escena política nacional como la necesidad de impulsar una serie de prácticas incluyentes, deseables y posibles, que acabaran con el monopolio político del liberalismo y el conservatismo. Esta alternativa fue defendida con diferentes matices por una amplia y heterogénea gama de actores sociales, que iban desde los institucionales hasta los insurgentes. Dentro de esta coyuntura política interna, la caída del Muro de Berlín y el derrumbe de los países socialistas de Europa del Este debilitaron la dicotomía tajante entre la reforma y la revolución. Por consiguiente, contribuyeron a distensionar la polarización entre el Estado y los movimientos populares o contestatarios, la cual había dificultado la creación de espacios de articulación institucionales. Dentro de la cultura política, el ocaso del paradigma soviético y el fin de las dictaduras militares en Sudamérica sirvieron para reanimar la discusión sobre la democracia, entendida como el conjunto de procedimientos para la construcción de los consensos sociales, y

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sobre los valores implícitos en ella. Al mismo tiempo, el colapso del modelo de desarrollo cepalino y la emergencia de un nuevo tipo de globalización económica, fortalecieron la idea de hacer más fluida la circulación entre el Estado y la sociedad civil. El tema de la participación encontró así preparado el terreno para constituirse en un nuevo valor de legitimación. Como tal predominaría durante los años siguientes en el ámbito de la praxis social y en el de su análisis, y encontraría su fundamento institucional en la Carta Política de 1991. UN

CONTRAVALOR LEGITIMACIÓN

HISTÓRICO

DE

En una oscilación pendular con respecto a la crítica a la democracia colombiana por su carácter restringido y excluyente, las alternativas políticas empezaron a construirse sobre la necesidad de ampliar los canales de participación. Actores sociales tan diversos como los movimientos populares (obrero, cívico y campesino), las organizaciones de mujeres, la mayoría de las organizaciones no gubernamentales para la promoción del desarrollo, los sectores que pretendían la modernización de los partidos tradicionales, los llamados nuevos movimientos sociales y grupos guerrilleros como el M-19 y las FARC incluyeron este tema entre los primeros puntos de la agenda política. Las sucesivas conversaciones y negociaciones de paz tuvieron como uno de sus ejes la discusión sobre los mecanismos institucionales que pudieran garantizar la incidencia directa de las nuevas fuerzas políticas, o de amplios sectores de la población, en las instancias de decisión a nivel local, regional y nacional. Frente al sistema oligárquico de poder predominante en el tejido amplio de relaciones sociales y al clientelismo, el

centralismo, el bipartidismo u otros istmos connaturales a la herencia dejada por el Frente Nacional, la participación se estructuró como un conjunto de virtudes o atributos opuesto a ellos, como un contravalor histórico que le permitía a los actores políticos y sociales obtener reconocimiento en vastas esferas de la sociedad civil, invocar un nuevo tipo de democracia y recuperar símbolos como el de los comuneros o el de los cabildos abiertos, que hacían referencia a la intervención directa del pueblo en la adopción de las decisiones públicas o a la construcción colectiva de un proceso de emancipación nacional. La sensación del derrumbe de las viejas estructuras y la expectativa de poder construir una nueva institucionalidad que superara los vicios de la antigua, convirtieron a la participación en uno de los principales valores de transformación social dentro de la sociedad colombiana. Simultáneamente, las propuestas neoliberales de desarrollo y el cuestionamiento del Estado Nacional como gestor de la modernización, con el propósito explícito de promover a los actores globales y locales, fue creando otro contexto de legitimación, centrado en la privatización de la vida pública. En él, la participación, entendida como la competencia de los particulares por la consecución de los recursos colectivos y como la desestatización de las decisiones públicas con propósitos de rentabilidad económica, tomó la forma de un contravalor de modernización opuesto a los mecanismos de intervención estatal y a las mediaciones políticas dominantes en los decenios anteriores. Desde los primeros años de la década del ochenta, esta característica que adquirió la participación como un conjunto de atributos o virtudes opuestos a los defectos de un sistema social que se

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pretendía superar, incidió de manera inmediata en el análisis sobre las relaciones entre el Estado y la sociedad civil en Colombia. La tendencia general dentro de la literatura especializada en el tema de la participación tuvo un claro fundamento valorativo, en buena medida determinado por el hecho de que la mayor parte de los analistas estaban vinculados directa o indirectamente con la promoción de las prácticas participativas. Desde la perspectiva de los estudios institucionales, sin tener en cuenta los programas o proyectos con fines promocionales, fue asimilada a la transformación de actitudes o valores para poder acceder a las alternativas de cambio social ofrecidas por las nuevas políticas de desarrollo. Así, para tomar un ejemplo representativo, Ricardo Vargas, Gerente del Fondo de Desarrollo Rural Integrado (DRI), definió la participación como: Un concepto dinámico que se va construyendo en la práctica y al cual hay que alimentar constantemente, alimentarlo con actitudes personales e institucionales, una de esas actitudes es la posición de apertura; apertura como tolerancia y respeto de las diferencias políticas, religiosas y raciales que se traducen en la necesidad de mirar el movimiento y la realidad social desde abajo: una trama que articula fenómenos locales, personales, colectivos, que es necesario conocer porque ella constituye el punto de partida y el contenido real de nuevas alternativas sociales y políticas. En este nivel de las veredas, de los comités campesinos, es donde debe salir a

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flote la extraordinaria dinámica popular gestora del bienestar 114. En el mundo de los movimientos sociales y las ONG, la participación fue definida como un valor renovador de la acción colectiva, indispensable para afirmar la autonomía de las organizaciones, construir nuevas identidades sociales, reformular las relaciones con el Estado e incidir positivamente sobre el entorno, a partir de una nueva forma de conocimiento. Así, por ejemplo, afirma Lola Luna con respecto al movimiento de mujeres: En 1989 la CEPAL se refería al tema de la participación como un elemento inherente al desarrollo y la equidad, ‘un valor que concierne las relaciones entre grupos sociales diferentes, y cuya evaluación depende de la naturaleza y funciones que se asignan al Estado, de la forma en que se concibe el gobierno y más ampliamente, la sociedad’, siendo la participación para jóvenes y mujeres el camino de constituirse como sujetos sociales. Este pronunciamiento de Naciones Unidas recogió -como en 1975 institucionalizó en la igualdad el grito de rebeldía de las mujereslo que ya era evidente desde hacía una década: que los movimientos de mujeres estaban significando una nueva forma de participación 115 . 114

. Vargas, Ricardo. La Participación y Organización de la Comunidad para el Desarrollo Social. Presidencia de la República: Santafé de Bogotá, 1990. 115 . Luna, Lola. “Estado y Participación Política de Mujeres en América Latina: una Relación Desigual y una Propuesta de Análisis Histórico”. En: León, Magdalena (Compiladora). Mujeres y Participación Política: Avances y Desafíos en América Latina. Tercer Mundo: Santafé de Bogotá, 1994, p. 38-39.

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Mediante un contraste con la experiencia de movimientos como el obrero y el campesino, la participación, entendida en un sentido amplio que incluía las relaciones internas dentro de la sociedad civil, fue presentada como uno de los núcleos de los nuevos movimientos sociales116 y como el instrumento principal para la construcción del poder popular o para el desarrollo de la democracia política y social. Definiciones como la que transcribimos a continuación, reflejan la valoración positiva que se le dio al concepto, aunque luego hayan sido matizadas con análisis sobre las diferentes interpretaciones políticas que éste puede tener: La participación comunitaria debe ser entendida como un proceso dinámico e integral, a través del cual los ciudadanos o miembros de una comunidad social toman parte e influyen directamente en las decisiones y gestión de los asuntos públicos de una sociedad. La participación es dinámica porque tiene lugar en un mundo cambia nte que requiere de la acción rápida y decidida de quienes hacen parte de él. Es integral porque su misma naturaleza comprende el desarrollo de tres procesos sociales básicos, a saber: a) Un proceso de conocimiento del propio individuo, del entorno en el cual éste se desenvuelve en su relación con los 116

. Fals-Borda. "El Nuevo Despertar de los Movimientos Sociales". En: Revista Foro. Foro Nacional por Colombia: Santafé de Bogotá, No. 1, Septiembre de 1986. Del mismo autor "Movimientos Sociales y Poder Político". En: Análisis Político. Iepri: Santafé de Bogotá, No. 8, Septiembre-Diciembre de 1989. Restrepo, Luis Alberto. "Los Movimientos Sociales, la Democracia y el Socialismo". En: Análisis Político. Iepri: Santafé de Bogotá, No. 5, SeptiembreDiciembre de 1988.

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demás y de las prácticas y costumbres familiares, sociales, jurídicas, políticas, raciales, religiosas, etc., a través de las cuales se regula la interrelación entre los individuos de la comunidad; b) Un proceso de educación del individuo que le permite modificar su entorno, controlar la manera de relacionarse con los demás, con el fin de facilitar el bienestar de toda la comunidad; c) Un proceso de acción del individuo que le facilite operacionalizar las modificaciones socio-culturales más convenientes para el bienestar de la comunidad117 . Incluso investigadores que relativizaron las bondades de las prácticas y los mecanismos de participación, como Alejo Vargas 118, o quienes hicieron una evaluación negativa de ellos en el caso colombiano, como Luis Alberto Restrepo 117

. Campos, Yesid. Elementos de la Participación Comunitaria. Fescol: Santafé de Bogotá, (s.f.), Guías del Ciudadano No. 5, p. 5. 118 . “En ese sentido (el de la consolidación de la democracia social) la participación no es una graciosa concesión de los sectores dominantes ni un ejercicio de institucionalización de las luchas sociales, (hay que potenciar la resistencia a lo institucional como un elemento con capacidad creadora), sino un proceso de construcción de una nueva institucionalidad y de reconstrucción y profundización de la democracia en todos los espac ios. Este es un camino para superar la dicotomía entre el fundamentalismo de las propuestas sin negociación y el reformismo de la negociación permanente. He ahí el reto y la utopía para quienes piensan en una sociedad más justa y más participativa”. Vargas , Alejo. Participación Social y Democracia. Ministerio del Interior- Procuraduría General de la Nación-Instituto para el Desarrollo de la Democracia Luis Carlos Galán: Santafé de Bogotá, 1994, p. 60.

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a finales de los años noventa, identificaron el concepto con un valor positivo: Esto no quiere decir que la participación ciudadana no sea buena. La participación puede y debe ser un complemento local a los insustituibles mecanismos de representación política de carácter nacional. Constituye una forma de participación más directa que el voto en algunos asuntos locales, y puede contribuir a la fiscalización, depuración y transparencia de los mecanismos de representación regionales y nacionales. Pero, en el contexto estructural de hoy, marcado por la globalización de las economías, la participación local tiende a convertirse y a ser utilizada por los gobiernos como todo lo contrario: como un mecanismo que encubre el carácter viscoso y turbio de la representación política, forzosamente comprometida con los intereses del capital transnacional. Utilizada en ese sentido, lleva a la dislocación creciente entre participación local y representación nacional. La democracia representativa se transforma, en el ámbito nacional, en democracia meramente ‘delegativa’ 119 . Sin abandonar el campo valorativo, la escasa crítica a este tipo de análisis inclinó la balanza hacia el lado contrario, al considerar a la participación como otra estrategia de dominación dentro de una

119

. Restrepo, Luis Alberto. “La Participación Ciudadana: ¿Participación Tutelada o Participación Abierta?”, En: Sociedad Civil, Control Social y Democracia Participativa. Fescol: Santafé de Bogotá, 1997, p. 33.

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nueva fase de acumulación capitalista120 . En tal sentido, la convirtió en un antivalor (un valor negativo) connatural a un nuevo paradigma de la modernización, que permitía la colonización de los espacios de solidaridad social, mediante la extensión de las leyes del mercado a campos que antes le eran vedados. Desde esta óptica, el proceso de oferta y demanda de políticas públicas implicaba la comercialización de importantes funciones estatales. Lamentablemente este tipo de crítica no tuvo mayores desarrollos analíticos que permitieran comprender los condicionantes estructurales de la participación y los efectos de ellos sobre estrategias y prácticas participativas concretas121. 120

. Moncayo, Víctor; Rojas, Fernando; y Restrepo, Darío. “Las Políticas de Descentralización Político-administrativa en Colombia: entre la Modernización del Estado y la Legitimación del Régimen”. En: Centralización/Descent ralización del Estado y Actores Territoriales. Clacso: Buenos Aires, 1992. Restrepo, Darío. La Reforma Política del Estado. La Descentralización: ¿Una Salida Institucional a la Crisis?. Universidad Nacional de Colombia: Santafé de Bogotá, 1986. Del mismo autor el texto Descentralización y Neoliberalismo (Balance de un proceso). CIER-Realidad Municipal: Santafé de Bogotá, 1992, texto en que el autor relativiza esta valoración negativa del concepto de participación. 121 . Pocos ensayos intentaron profundizar en esta línea crítica y enriquecerla con otras perspectivas. Restrepo, Darío. El Cáliz de la Participación. Relaciones Estado-Sociedad Civil en el Campo Social. Una Reflexión desde el caso Colombiano. Mimeo: Santafé de Bogotá, 1995. Una versión posterior de este mismo ensayo fue publicada en Revista Reforma y Democracia. Clad: Caracas, No. 7, 1997. Del mismo autor Eslabones y Precipicios entre Participación y Democracia. Mimeo: Santafé de Bogotá, 1997. Una versión posterior de este mismo ensayo fue publicada en Cuadernos de Economía. Universidad Nacional de Colombia: Santafé de Bogotá, 1998, No. 28, Volumen XVII.

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Una vez convert ida la participación en un valor en sí misma, su análisis entró en un juego de poder ideológico. La distinción entre la verdadera y la falsa participación, en cualquiera de sus expresiones122 , reflejó en forma distorsionada el conflicto que ella misma planteaba: la disputa social por un nuevo campo de legitimación, donde concurrían los modelos de desarrollo, las identidades sociales o las reglas de juego del sistema político. También dificultó su comprensión como un escenario político en el cual se desplegaban las estrategias de actores sociales con intereses y objetivos diversos, a veces complementarios, otras conflictivos o contradictorios. Las investigacione s, incluso los estudios de caso, estuvieron centradas en el debate sobre las potencialidades o riesgos de la participación entendida como un concepto abstracto y no en el significado social que ella tenía dentro de prácticas y estrategias participativas concretas. Sólo a comienzos de los años noventa, los balances sobre el tema de la participación y la sociedad civil empezaron a cuestionar la predominancia de este enfoque valorativo e hicieron propuestas analíticas que pusieron el énfasis en el significado y los efectos de los mecanismos y las prácticas participativas sobre el conjunto de la sociedad colombiana. En la segunda mitad de los años noventa, autores como Darío Restrepo señalaron los límites valorativos de la participación política:

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Las esperanzas casadas en las prácticas participativas tienen su límite absoluto compartido con la democracia representativa y el Estado liberal democrático. La crítica siempre cierta en ‘última instancia’ es que no pueden abolir las desigualdades sociales. Por más democracia que haya no se logra la igualdad en las condiciones de todas las clases y sectores sociales para participar en la toma de las principales decisiones colectivas y menos en la repartición de la riqueza socialmente producida. Más aún, la desigualdad económica y social pervierte permanentemente la igualdad política y por lo tanto, mientras tales diferencias existan, no será pleno el ejercicio democrático. La contienda ideológica se refugia en el perfeccionamiento de las reglas y procedimientos formale s 123 . Otros analistas, como Francisco Gutiérrez124 , hicieron un llamado, tácito o explícito, a abordar el tema desde perspectivas interdisciplinarias que en diálogo permanente con las ciencias sociales permitieran un estudio crítico del tema. Finalmente, trabajos como los de María Teresa Uribe o reflexiones como las del autor del presente ensayo pusieron en cuestión el análisis valorativo como un instrumento útil para entender el fenómeno de la participación en

123

122

. Bueno, Luz Dary; Molano, Pedro; Henao, Gloria; y Correal, Luis Fernando. “¿La Planeación Zonal Participativa, una Estrategia de Intervención Social?”. En: Zuleta, Fabián; Mesa, Nora; y Rueda, Rafael. Gestión, Planeación y Participación en Colombia. Cehap-Forhum: Medellín, 1992, p. 67.

. Restrepo, Darío. El Cáliz de la Participación. Ob. Cit., p. 8. 124 . Gutiérrez, Francisco. “Fuerzas no Bipartidistas y Desarrollo de las Instancias Participativas”. En: La Oposición Política en Colombia. Fescol-Iepri: Santafé de Bogotá, 1996. Del mismo autor La Ciudad Representada. Política y Conflicto en Bogotá. Tercer Mundo-Iepri: Santafé de Bogotá, 1998.

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Colombia 125 . Sin embargo, este tipo de reflexiones, salvo en casos excepcionales, no logró romper los límites impuestos por los espacios académicos y, en consecuencia, tuvo poca incidencia sobre la praxis social. LAS CRISIS DE LOS MODELOS La preponderancia del análisis valorativo en los diferentes tipos de ensayos o libros relacionados con la participación en Colombia, condujo a centrar la reflexión relativa a las causas que la proyectaron al primer plano de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, alrededor del estudio sobre la crisis de los modelos de desarrollo y democracia y sobre sus respectivas alternativas. Uno de los más elaborados manuales analíticos sobre la participación en el país, nos ofrece una imagen general del papel que se le atribuye a la participación con respecto a estos dos modelos culturales: La participación también ha sido vista desde los presupuestos de la modernización del Estado en el sentido de que se debía crear un nuevo relacionamiento entre éste y la sociedad civil a partir de la formulación de políticas, programas de desarrollo, en la iniciativa, en la concertación y fiscalización. La participación en el anterior sentido, fue concebida también desde la óptica de la democratización. De hecho, 125

. Uribe, María Teresa. “Las Representaciones Colectivas sobre la Sociedad Civil en Colombia”. En: Sociedad Civil, Control Social y Democracia Participativa. Fescol: Santafé de Bogotá, 1997. Múnera, Leopoldo. “Participación Política. La gran Piñata”. En: Revista Colombia Hoy. Santafé de Bogotá, No. 115, Año XIV, Agosto de 1993.

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algunos autores ligan democratización con modernización por cuanto indican que ésta última está circunscrita necesariamente a la satisfacción de las necesidades, a la posibilidad del ejercicio de la ciudadanía y a la eficacia del Estado mediante su reforma. Así la participación es vista como un elemento prioritario de la democratización puesto que se busca generar un conjunto de prácticas sociales que produzcan el efecto de ‘ampliar la capacidad de influencia sobre el proceso de toma de decisiones en todos los niveles de la actualidad social y de las instituciones sociales’ como dice Nuria Cunill. Lo que se observa aquí es la idea del fortalecimiento de la sociedad civil a través de formas organizativas y participativas que permiten a la sociedad erigirse como un ente fiscalizador del Estado e interventor en los espacios de decisión126. A riesgo de caer en un esquematismo que por sus propias limitaciones no refleje la diversidad de concepciones y matices en el estudio de las relaciones entre los modelos de democracia y desarrollo y el tema de la participación, la confrontación entre los factores que llevan a la crisis (C) y las alternativas propuestas (A) adquirió las características que analizamos a continuación:

126

. González, Esperanza. Manual sobre Participación y Organización para la Gestión Local. Foro Nacional por Colombia: Cali, 1995, p. 16 -17. La cita de Cunill se encuentra en Participación Ciudadana. Dilemas y Perspectivas para la Democratización de los Estados Latinoamericanos. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD): Caracas, 1991, p. 11.

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El modelo de desarrollo Aunque la comparación en términos de los defectos del modelo cepalino, centrado en la intervención estatal y en las políticas redistributivas con objetivos de equidad social, y las virtudes de un modelo alternativo de corte neoliberal, articulado alrededor de las leyes del mercado y la libertad de empresa, caracteriza particularmente las reflexiones institucionales sobre la participación, uno o varios de sus elementos son retomados o compartidos por otro tipo de concepciones que defienden formas alternativas de desarrollo, con énfasis en los aspectos comunitarios y sostenibles. La comparación puede ser sintetizada en los siguientes puntos: 1. El Estado: (C) El excesivo peso del Estado y de la oferta institucional de políticas públicas en las estrategias de desarrollo conduce a generar una relación paternalista frente a la sociedad civil y debilita los procesos de modernización. (A) Devolverle el protagonismo a los actores sociales para que negocien en forma particular e individualizada sus demandas y contribuyan a la planeación, definición o ejecución de las políticas públicas. 2. Los sectores populares: (C) La actitud reivindicatoria o dependiente de los sectores populares frente a las políticas de desarrollo impulsadas por el Estado, definen su carácter pasivo o de resistencia frente a las estrategias de modernización. (A) Transformarlos en agentes de la modernización, mediante prácticas políticas concretas de integración social que permitan la internalización de sus valores y les amplíen las posibilidades de intervención directa en los asuntos públicos. 3. La eficiencia: (C ) La ineficiencia y burocratización del centralismo estatal en la promoción del desarrollo, debido a la

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corrupción y a las distorsiones que introduce en la lógica de mercado, obstaculiza la respuesta de la sociedad a los rápidos cambios en las relaciones internacionales y en las dinámicas globales. (A ) Ampliar al ámbito de las políticas públicas el campo de acción del mercado y de los mecanismos de eficiencia propios de la competencia implícita en el mismo, con el objetivo de acelerar el proceso de adaptación de las sociedades nacionales a un mundo con tendencias crecientes a la globalización 4. La flexibilidad: (C) La rigidez de las políticas sociales definidas por la burocracia central, imposibilita la respuesta inmediata a los desafíos internos y externos de una sociedad en permanente transformación, bajo los cambios tecnológicos y los flujos y reflujos financieros mundiales. (A) Su flexibilización, mediante el desarrollo de mecanismos sociales y políticos que permitan acercar a las burocracias nacionales, regionales y locales a las necesidades y los intereses de los destinatarios de sus políticas, para establecer una circulación fluida entre las ofertas estatales y las demandas sociales. 5. Lo nacional, lo local y lo global: (C) La hipertrofia del nivel nacional, al constituirse como el espacio privilegiado para definir e impulsar las políticas de desarrollo, genera una atrofia de lo local y lo global, pues produce mediaciones inapropiadas y filtros institucionales que distorsionan las dinámicas propias de estos dos niveles. (A) Potenciar el desarrollo local y la integración global para permitir la inserción de lo nacional en los procesos productivos y de trabajo impulsados por los polos de eficiencia mundiales.

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El modelo de democracia 127 Muchos de los elementos comprendidos en la comparación entre viejas y nuevas formas de desarrollo son relativizados o transformados por el paralelo entre la democracia representativa y la participativa. La preponderancia de la acumulación económica da paso al imperativo de fortalecer la sociedad civil y de establecer los mecanismos y las reglas de juego políticos que garanticen un acceso equitativo a los recursos públicos. Los análisis sobre la participación inspirados en expectativas de igualdad social, históricamente frustradas por la ausencia de un Estado de Bienestar o por la pérdida del horizonte revolucionario, intentan buscar en la esfera política, específicamente en un nuevo paradigma de la democracia, el terreno propicio para la construcción de una justicia social extraña al mode lo dominante de desarrollo. La diferenciación entre los dos tipos de democracia se hace a partir de tres ejes: 1. Los procedimientos: (C) La democracia representativa se articula mediante rituales reiterativos y aislados, que por su discontinuidad no permiten la apropiación de la vida colectiva por parte de los electores. Los ritos periódicos de representación y delegación constituyen eventos excepcionales en la vida cotidiana; por consiguiente, alejan a los ciudadanos de la esfera de lo publico. (A) La democracia participativa implica mecanismos aleatorios o cotidianos, que por su mayor nivel de frecuencia y continuidad contribuyen a la socialización de lo público. La participación conlleva 127

. Para los efectos de la comparación entre la democracia representativa y la democracia participativa acojo los elementos analizados por Restrepo, Darío. El Cáliz de la Participación. Ob. Cit., p. 1-2.

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en sí misma los instrumentos para garantizar la apropiación de la vida colectiva por parte de los ciudadanos. 2. El contenido: (C) La democracia representativa gira alrededor de prácticas de delegación que distancian a la sociedad civil del Estado. Tiene como su fundamento la pretensión de representaciones globales de la sociedad, que dificultan la expresión de los intereses particulares y la construcción de verdaderas hegemonías políticas. (A ) La democracia participativa garantiza la intervención directa de los asociados en la planeación, adopción y ejecución de decisio nes públicas; por consiguiente, rompe el aislamiento del Estado con respecto a la sociedad civil. La articulación de intereses particulares va tejiendo un entramado de participación que va de lo local a lo global y forma un tejido social que refleja a la sociedad en su conjunto, sin sacrificar la diversidad. 3. Los sujetos: (C) La democracia representativa privilegia a los partidos y los movimientos políticos y en consecuencia, restringe lo publico a lo institucional. Es el ámbito privilegiado de las élites políticas y sociales. (A) La democracia participativa facilita la emergencia de nuevos actores sociales y en tal medida amplía el espacio de lo público y de la vida colectiva. Desde el punto de vista de los sujetos, democratiza la democracia representativa. Dentro de una tendencia mayoritaria en los estudios sobre el tema, reflejada en las anteriores contraposiciones, el concepto de participación fue entendido como el puente entre un pasado donde la predominancia del Estado y las prácticas de exclusión social y política eran consideradas como los elementos determinantes de la crisis, y un futuro donde la extensión de la democracia política y el protagonismo de la sociedad

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civil ofrecían salidas para el conjunto de los actores sociales. LA SOBRECARGA VALORATIVA La confrontación entre los viejos y los nuevos modelos de democracia y desarrollo conduce, por una vía o por la otra, a sobrecargar valorativamente a la participación. Esta adquiere así un contenido simbólico que la transforma en el sustituto de los aspectos negativos evocados como los causantes de la crisis. María Teresa Uribe analiza con precisión esta sobrecarga valorativa: El imaginario convocado por estas nociones ambiguas de sociedad civil y participación comunitaria contribuyó a gestar una contraimagen bastante negativa de la política, lo que traducido a las claves de nuestra cultura impregnada de teología y dualismo- significó la formación de dos ámbitos opuestos, uno bueno y el otro malo. Esta ima gen negativa de la política no se refería únicamente al desempeño de los partidos tradicionales, de las clientelas y del uso privado de los recursos públicos, lo que es perfectamente explicable en una situación como la colombiana, sino que incluía una visión holística, omnicomprensiva y totalizante del quehacer político, de cualquier forma de ejercicio al cual pudiese dársele tal nombre. La política no existe en el horizonte de acción de las comunidades organizadas circunscritas a ámbitos locales y a la gestión de intereses parciales y fragmentarios, por lo tanto, el propósito de la sociedad civil no sería el de transformar la política sino el de negarla en su conjunto (...)En este juego de espejos, la

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sociedad civil y las formas directas de la participación constituían la parte buena de la sociedad, la sana, la incontaminada, aquella que no era responsable del derrumbe nacional y por tanto la llamada a salvar el país y a reconstruirlo. A su vez, la política, los políticos y las formas de la representación constituían su contrario absoluto, es decir el mal, y si la sociedad civil quería continuar con sus propósitos de cambio debía evitar la política, no incursionar en ese campo azaroso y alejarse de todo ese tipo de prácticas128 . En efecto, durante más de quince años, tanto la sociedad civil como la participación se convirtieron en los sustitutos buenos y absolutos de la representación y de otras formas o expresiones de la política. Esta transformación tuvo efectos inmediatos sobre la praxis social en Colombia. Los alcances desmesurados que se le otorgaron a los dos conceptos no permitieron identificar con claridad los límites que ellos tienen al ser llevados a la práctica y mucho menos las dinámicas que generan dentro de los grupos, organizaciones o movimientos que entran en procesos participativos. Las dificultades, los problemas, los desafíos o los cambios que la participación introduce en las estrategias sociales y políticas fueron relegados a un segundo lugar o remitidos al vago argumento de la ausencia de una cultura democrática y a la necesidad de desarrollar una pedagogía de la participación centrada en los valores: Si uno tuviera que pensar en dos rasgos básicos pero sustantivos de 128

. Uribe, María Teresa. “Las Representaciones Colectivas sobre la Sociedad Civil en Colombia”. Ob. Cit., p. 94 y 95.

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una democracia participativa en el contexto de sociedades altamente desiguales, no se podrían ignorar dos aspectos básicos. Primero, la función del sistema educativo en la promoción de una formación y el desarrollo de una cultura de ciudadanía de derechos y obligaciones, de educar para competir pero sobre todo, en las ventajas de cooperar, del trabajo en equipo, de las relaciones de reciprocidad y complementariedad ; y segundo, la democratización de la economía, que es el desafío históricamente mayor129 . Como consecuencia lógica, la representación o la delegación políticas fueron vistas con desconfianza o con hostilidad, incluso cuando los movimientos sociales hacían el salto hacia las instancias de la democracia representativa, y la esfera de lo nacionalestatal permaneció, por abandono práctico y analítico, como el escenario privilegiado de los actores institucionales que eran criticados. Los esfuerzos de algunos analistas y de los políticosantipolíticos por transformar esta cultura del rechazo que ellos habían ayudado a crear, naufragó en una hibridación funcional entre nuevas y viejas formas de representación o delegación. En consecuencia, la participación terminó siendo un concepto fácilmente 130 manipulable y, debido a un efecto 129

. Bustello, Eduardo. “Expansión de la Ciudadanía y Construcción Democrática”, En: Bustello, Eduardo y Minujín, Alberto (Editores). Todos entran. Propuesta para Sociedades Incluyentes. Santillana: Santafé de Bogotá, 1998, p. 272. 130 . “Cuando en Colombia se habla de sociedad civil y de participación comunitaria, más que a realidades fácticas y de impacto político, se está apelando a representaciones colectivas a través de las cuales se pretende

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aparentemente perverso, condujo a la subordinació n de la democracia participativa a la representativa: El denominador común en la reglamentación de los diferentes procedimientos para implementar los mecanismos de participación antes señalados es la subordinación de la democracia participativa a la democracia representativa. En primer lugar, la capacidad de iniciativa, ya sea popular o gubernamental, se define, sin excepción, en el ejercicio del voto. En segundo término, el criterio que define la viabilidad de las diferentes expresiones de iniciativa popular es la satisfacción de cuotas variables del censo electoral vigente, según el ente territorial de que se trate. Por último, el carácter decisorio de estas iniciativas está indisolublemente ligado a las corporaciones públicas. En otras palabras, los límites y el alcance de la participación ciudadana, en tanto ejercicio de poder que disputa el espacio de la política, están definidos por las instancias y las prácticas asociadas con la representación131 . La sobrecarga valorativa conlleva una segunda consecuencia que oscurece aún inducir procesos de cohesión, de identidad y de sentido democrático. Sin embargo, esas representaciones colectivas de la modernidad clásica en contextos históricos diferentes, marcados por otros códigos culturales, terminan produciendo imaginarios ambiguos y fácilmente manipulables por los grupos de poder que se disputan desde hace tiempo el control político de la nación”. Uribe, María Teresa. “Las Representaciones Colectivas sobre la Sociedad Civil en Colombia”. Ob. Cit., p. 92. 131 . Vargas, Alejo. Participación Social, Planeación y Desarrollo Regional. Ob. Cit., p. 48.

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más el análisis de la participación. La convierte en un concepto ambiguo en el cual se agrupa un conjunto heterogéneo de instituciones surgidas como respuesta a las deficiencias de los modelos criticados. En ella tienen cabida nuevos tipos de representación social o política como las que se dan en las Juntas Administradoras Locales (JAL) o en los comités sectoriales, mecanismos de integración corporativa o gremial como los relacionados con las comisiones tripartitas, procesos de judicialización de los conflictos sociales comprendidos en acciones como la tutela y diversas formas de intervención directa de los asociados en los asuntos públicos132 . Desde luego, un concepto tan amplio como el de participación encierra en sí mismo prácticas que van desde la elección de los representantes políticos hasta la adopción de las decisiones colectivas por una comunidad; sin embargo, la ambigüedad anotada recubrió inmediatamente de legitimidad una serie de instituciones que en el entramado colombiano de relaciones sociales reforzó la democracia representativa en nombre de la participativa. La sobrecarga valorativa y la ambigüedad le otorgan a la participación un significado que no es socialmente unívoco. En tal sentido, se reviste de una funcionalidad que en los análisis aparece al menos como dual: inscrita en estrategias de dominación o resistencia y de emancipación. Por un lado surge como un elemento de legitimación del régimen político, de modernización económica en función de las mutaciones del capital y de 132

. Palacio, Germán. “Participación Ambiental y Territorio”. Mimeo, Santafé de Bogotá, 1998, p. 4-11. El ensayo será publicado en el libro Problemas Colombianos. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia.

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generalización de los principios de la democracia liberal; por el otro aparece como factor fundamental para la formación de los nuevos movimientos sociales, mecanismo para la construcción del poder popular o instrumento indispensable en la transición de la democracia política a la social133. Esta funcionalidad múltiple tiende a mantener la reflexión sobre la participación en el campo valorativo y a impedir su estudio en los escenarios concretos donde ella se realiza. En tales términos, el debate parece centrado en la definición del significado conceptual de la participación y no en la determinación de su significado social, del impacto que ella tiene sobre los actores, sus proyectos, sus prácticas o sus campos de sentido: La participación se ha concebido fundamentalmente como integración, en función de acceder al sistema. Pero también se ha concebido como proyecto político popular, que busca desarrollar acciones transformadoras del sistema dentro de un marco de conflicto de clases, buscando desarrollar acciones en busca de poder, acrecentando la capacidad de influir sobre los otros para obtener reconocimiento y satisfacer así las necesidades, y buscando ejercer el poder en todos los campos de la vida colectiva. La participación vista en el marco del conflicto acepta el desequilibrio pero también la negociación y el compromiso permanente. Para algunas organizaciones populares empeñadas en estas experiencias la participación ha sido un elemento 133

. Un análisis extenso sobre los dos tipos de estrategias vinculados a la participación en Restrepo, Darío. El Cáliz de la Participación. Ob. Cit., p. 10 y ss.

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central de su lucha en busca de unas relaciones igualitarias, tanto en su interior como hacia afuera. Esta forma de ver la participación se presenta en distintas situaciones: Cuando no se está ni en el Estado ni con el Estado, lo que implica una relación de confrontación con éste, sin que haya lugar para la concertación o para la negociación. O sin importar el origen de la iniciativa, aceptando que hay distintas lógicas de participación, y que lo importante es que se desarrollen mecanismos de decisión y de gestión, y que los actores sean constructores de su realidad 134. UNA RUPTURA SIN PASADO En concordancia con los anteriores puntos, el análisis del contexto concreto y de las causas que llevan a la explosión de la participación se configura, en la mayor parte de los estudios colombianos sobre el tema, como una ruptura que parece borrar el pasado de las experiencias participativas y dar comienzo a una nueva época determinada por un marco institucional, comprendido en la legislación, y por las múltiples posibilidades que éste ofrece. La participación adquiere así el carácter de un valor fundacional, desligado de las luchas populares, de las prácticas de los partidos tradicionales, de la historia de la izquierda colombiana y de las estrategias institucionales y no- institucionales desarrolladas durante el Frente

134

. Bueno, Luz Dary; Molano, Pedro; Henao, Gloria; y Correal, Luis Fernando. “¿La Planeación Zonal Participativa, una Estrategia de Intervención Social?”. Ob. Cit., p. 67.

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Nacional135 . Un manual de la Alcaldía Local de la Candelaria resume con exactitud este tipo de concepció n generalizada: Es relativamente reciente el tiempo en que los colombianos hemos incorporado el vocablo Participar en nuestro Léxico cotidiano. Se puede afirmar que la nueva Constitución Política de Colombia de 1991 legalizó y legitimó el concepto de participación. Entonces ¿qué es participar? Apoyémonos en una respuesta inmediata que nos proporciona el diccionario de la lengua española. Participar es un verbo que viene del Latín Participare que significa: Dar parte, Comunicar. Participar es sinónimo de INFORMAR (Le participó a usted mi decisión) sinónimo de COMPARTIR, INTERVENIR, MEZCLAR, TOMAR PARTE, CONTRIBUIR. En la vida cotidiana, familiar, social y política se viene incorporando cada vez con más fuerza el concepto PARTICIPAR; su importancia tiene una trascendencia para el presente y el futuro de la democracia del país 136 . El momento de la ruptura es identificado con las reformas legislativas 135

. Desde luego se presentan varias excepciones. Un autor como Alejo Vargas presenta la participación dentro de la historia contemporánea de los conflictos sociales en Colombia. Participación Social, Planeación y Desarrollo Regional. Ob. Cit., p. 33 y ss. En la última parte de la década del noventa algunos estudios se salen de esta tendencia general. Medina, Medófilo. “Condiciones Históricas de la Participación en Colombia”. En: Nuevas Formas de Participación Política. Fescol-Iepri: Santafé de Bogotá, 1996. 136 . Botero, Henry. Participación Ciudadana y Comunitaria. Alcaldía Local de la Candelaria: Santafé de Bogotá, 1994, p. 12.

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y constitucionales. La Carta Política de 1991 y las leyes inmediatamente anteriores o posteriores sobre el tema aparecen como un hito histórico que divide nuestra historia política en antes y después de la participación. Un autor como Orlando Fals Borda afirma con respecto a la Constitución: “(...)La ideología de la participación democrática resultó ser el cemento de toda la estructura de la nueva Carta Política. En ello, quizás, se distingue de otras Constituciones de América Latina y del Tercer Mundo, por la búsqueda estratégica de un nuevo tipo de sociedad”137 . La importancia que se le otorgó a lo legal orientó el análisis del tema hacia el campo jurídico. Buena parte de los trabajos sobre la participación se ocuparon del estudio normativo, dentro de una legislación especialmente pródiga. A modo de ejemplo, la atención de muchos textos estuvo centrada, aparte de la Carta Política, en el Acto Legislativo No. 1 de 1986 que establece la elección popular de alcaldes y las consultas populares; la Ley 11 del mismo año que le da un piso legal a las JAL y le permite a las organizaciones comunitarias celebrar contratos, convenios o acuerdos con los municipios; el Decreto 1416 de 1990 que reglamenta la participación comunitaria en la prestación de servicios de salud ; la Ley 130 de 1994 o Estatuto Básico de los Partidos y los Movimientos Políticos; o las leyes 134, sobre los mecanismos de participación ciudadana, y 136 del mismo año, sobre el régimen municipal. Sin lugar a dudas la nueva base legal y constitucional de la participación que se forma en Colombia a partir de 1986

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merece ser destacada y estudiada; sin embargo, la reflexión cae en un fetichismo jurídico que lleva a sustituir o minimizar las relaciones concretas de poder en las que se desarrolla la participación y a poner el énfasis, positivo o negativo, en la descripción y análisis literal de las normas y de los instrumentos jurídicos contenidas en ellas, o a centrar la praxis social en los desarrollos legislativos de la Constitución, como sucede incluso en los estudios de género: Los nuevos espacios y posibilidades creados a partir del nuevo marco constitucional crean también retos a las distintas expresiones del movimiento de Mujeres y en particular a los grupos feministas. De su capacidad para convertir los intereses de las mujeres en intereses generalizables al resto de los movimientos sociales y para establecer alianzas estratégicas que permitan la expansión de la conciencia del Movimiento, y, simultáneamente, su inserción en las luchas globales de la sociedad, dependerá su inclusión definitiva en los procesos políticos de este fin de siglo. La iniciativa combinada de parlamentarias y mujeres del Movimiento ha iniciado el desarrollo legislativo de los principios constitucionales. Pero apenas comienza. El diseño de una estrategia de participación en todas las esferas de decisión, tanto públicas como privadas, es un proceso que está en mora de debatirse, a partir de las más recientes experiencias 138 .

137

. Fals-Borda, Orlando. “La Accidentada Marcha hacia la Democracia Participativa en Colombia”, En: Análisis Político. Iepri: Santafé de Bogotá, No. 14, septiembrediciembre de 1991, p. 53.

138

. Villareal, Norma. “El Camino de la Utopía Feminista en Colombia, 1975 -1991”, En: León, Magdalena. Mujeres y Participación Política. Ob. Cit., p. 195.

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Dentro de trabajos que parecen partir de un presente fundacional, el estudio de la participación como un contravalor histórico de legitimación, sobrecargado con un conjunto de virtudes y atributos considerados necesarios para superar los modelos culturales de desarrollo y democracia en crisis, conlleva una serie de consecuencias analíticas: 1. El análisis de la participación está dominado por una óptica de corto plazo que no permite ver los ciclos históricos que ella ha tenido en la historia del país. Contra esta tendencia, Francisco Gutiérrez propone realizar un estudio comparado entre varios países de América Latina sobre los ciclos de la participación, que podría arrojar resultados diferentes a los de los estudios coyunturales en tres dimensiones: En primer lugar, la participación está tan asociada a otras formas de capital social democrático que constituye uno de sus mejores indicadores. En segundo lugar, el diseño de la participación en la mayoría de nuestros países se vincula de manera más o menos directa a procesos de difusión de innovaciones sociales en todo el subcontinente. Las juntas de vecinos (Alianza para el progreso) y la descentralización(reforma global del Estado) son dos ejemplos fehacientes. Lo que hay que destacar es que la recepción de cada una de estas oleadas ha sido diferente de acuerdo con el contexto nacional. Ello permite analizar la participación desde la óptica de los modelos de difusión y apropiación de las innovaciones. En tercer lugar, se pueden correlacionar los ciclos con los resultados democráticos globales, y esto a su vez permitiría quizás encontrar nuevas interpretaciones y

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tensiones entre participación y democracia139 . 2. Las experiencias participativas anteriores a la década del ochenta só lo merecen referencias tangenciales, como en el caso de las Juntas de Acción Comunal (JAC), o son relegadas al olvido, como en el caso de los movimientos obrero y campesino. Las investigaciones sobre la participación política y social de la mujer 140 o de los indígenas en Colombia o los estudios sobre la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC)141 , sobre los movimientos cívicos o sobre los paros nacionales organizados por las centrales obreras en las décadas de los años 70 y 80 son una fuente inagotable de experiencias participativas positivas y negativas que no pueden ser dejadas a un lado. Incluso el estudio del clientelismo, entendido como una forma de participación segmentada vinculada a la democracia representativa, puede ofrecer elementos importantes para

139

. Gutiérrez, Francisco. “Dilemas y Paradojas de la Transición Participativa. El caso Colombiano (1991-1996)”, En: Análisis Político. Iepri: Santafé de Bogotá, No. 26, Septiembre -Diciembre de 1995, p. 45. 140 . Luna, Lola y Villareal, Norma. Historia, Género y Política. Movimientos de Mujeres y Participación Política en Colombia, 19301991. Universidad de Barcelona: Barcelona, 1994. León, Magdalena. Mujeres y Participación Política. Ob. Cit. 141 . Sobre la ANUC Zamosc, León. La Cuestión Agraria y el Movimiento Campesino en Colombia. Unrisd-Cinep: París, 1987. Rivera, Silvia. Política e Ideología en el Movimiento Campesino Colombiano. El caso de la ANUC. Unrisd-Cinep: París, 1987. Escobar, Cristina. Trayectoria de la ANUC. Cinep: Santafé de Bogotá, 1982. Sobre le conjunto del movimiento popular Múnera, Leopoldo. Rupturas y Cont inuidades, Poder y Movimiento Popular en Colombia. 19681988. Ob. Cit.

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entender las nuevas prácticas 142 participativas . 3. La participación parece reducida a sus expresiones institucionales, mientras que las no- institucionales se vuelven prácticamente invisibles. Por las características excluyentes que conserva el régimen político colombiano, la participación en el país sólo puede ser entendida como una hibridación entre formas institucionales y noinstitucionales. El paro cívico o la toma de una carretera van acompañados por la intervención directa en comités sectoriales o por la elección de las autoridades municipales; las marchas campesinas anteceden con mucha frecuencia la instalación de comisiones de negociación sobre asuntos agrarios con participaciones multisectoriales; en muchos municip ios colombianos la elección popular de alcaldes entra en conflicto con mecanismos de participación claramente ilegales. En resumidas cuentas, lo institucional muestra solamente una de las caras de la participación. 4. Las formas de participación que no tienden a fortalecer a la democracia o que refuerzan los ordenes de la violencia en Colombia, como las campañas cívicomilitares, el paramilitarismo o la insurgencia armada sólo son resaltadas en muy pocos textos. Al respecto afirma Darío Restrepo: En Colomb ia, en nombre de la participación en la seguridad ciudadana se expanden las autodefensas y asociaciones civiles armadas, las cuales disputan el monopolio de las armas al Estado sino que involucran masas crecientes de la población en actos de guerra. En otros frentes, en

nombre de la participación de la sociedad en las políticas de interés colectivo se dan los procesos de privatización de las empresas estatales. De la misma manera, en nombre de la participación de beneficiarios en políticas públicas se estimula la competencia entre comunidades pobres por acceder a los recursos estatales, incentivando el enfrentamiento en vez de la solidaridad de los pobres entres sí. Para terminar, una vez más, es en nombre de la participación de cada sector social en los asuntos de su interés particular que se fortalecen procesos de fragmentación social y se dificulta llegar a referentes comunes en la construcción de intereses colectivos generales 143 . Estudios como los de Gustavo Gallón sobre la Doctrina de la Seguridad Nacional, Ana María Jaramillo sobre la participación en Medellín, Carlos Medina sobre los grupos paramilitares en el Magdalena Medio, para nombrar sólo unos pocos, o los documentos de las transnacionales petroleras sobre los lazos de integración con la población en sus zonas de influencia económica, de la Policía Nacional sobre las estrategias de acercamiento a la comunidad, o finalmente los estudios sobre las relaciones de la guerrilla con la sociedad civil y las formas de administración participativa y vertical u horizontal que desarrollan en diversas regiones del país son un llamado a ver ese otro lado de la participación que quiere ser dejado en la sombra por los analistas. 5. Las estrategias globales de inclusiónexclusión social en las que están implícitas las normas que regulan la participación merecen pocos análisis y

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. En tal sentido la entiende Espinel, Manuel (1995).

. Restrepo, Darío. El Participación. Ob. Cit., p. 9.

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dan una imagen totalmente distorsionada de la participación en Colombia. Lo mismo sucede con el estudio de las prácticas partic ipativas ligadas a la expansión del capital privado o a la reestructuración de las empresas con criterios de eficiencia económica. Al respecto, Marco Palacios formula el siguiente interrogante: ¿Cómo puede operar la ciudadanía en la economía informal, con el avance del latifundismo, con la educación interpuesta como barrera social ? Sabemos, por ejemplo, que cada vez más trabajadores y trabajadoras son orillados al microcapitalismo salvajemente competitivo (el rebusque); es decir, ingresan a la economía informal, a un sistema que está en lo márgenes de la tributación y de la legislación laboral, del Estado y del mundo ciudadano. Que la educación es cada vez más una fuente de segregación social, regional y étnica. Que los gigantescos subsidios estatales dispensados a la ganadería ineficiente apuntalan el latifundismo que sigue siendo tan anticiudadano como siempre, concita la resistencia campesina, atrae la violencia guerrillera y contraataca con el terrorismo paramilitar y el discurso fascistoide. Un latifundismo sobrerrepresentado electoralmente conforme a la división políticoadministrativa consagrada en 1991. (...) De este modo, los preceptos sociales, civiles y políticos de los textos constitucionales y legales se convierten en fuente de alienación política y de frustración social. Ante la paulatina erosión del liderazgo político y ante la falta de auténticas y socialmente prestigiosas instancias

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representativas, cunde la apatía. Miles y miles de colombianos no ven por qué deban sentirse responsables de su contrato de ciudadanos144 . IMPACTO Y EVALUACIONES En líneas generales, la mayor parte de los estudios reconocen el impacto de la participación en los siguientes niveles: 1. La transformación del régimen político, pero no necesariamente del sistema en el que está inscrito. La participación es vista como un elemento esencial del fortalecimiento de la ciudadanía y de la democracia política, que sin embargo no llega a alterar la naturaleza poco equitativa del sistema social colombiano. 2. La transformación de la cultura política colombiana. El desarrollo de principios como el de la tolerancia, el respeto de la diversidad, la resolución pacífica de los conflictos o la lucha contra la corrupción es analizado como uno de los efectos más visibles de las prácticas y las estrategias participativas. 3. La transformación de la acción colectiva popular. Dentro de las organizaciones y los movimientos populares, el tránsito de una posición contestataria a una actitud propositiva es resaltado como un avance que se le debe a la participación y que contribuye en la búsqueda colectiva de soluciones a los problemas sociales. 4. La transformación de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. La emergencia de nuevos actores sociales y políticos con propuestas renovadoras de la vida política nacional y la adopción de un papel político más activo por parte de 144

. Palacios, Marco. “La Gobernabilidad en Colombia”. En: Análisis Político. Iepri: Santafé de Bogotá, No. 29, SeptiembreDiciembre de 1996, p. 19.

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las organizaciones sociales son vistas como consecuencias inmediatas del reconocimiento institucional y de la multiplicación de prácticas y estrategias participativas. No obstante, los balances sobre su impacto en la sociedad colombiana no siempre son positivos. En los trabajos académicos del último lustro se insiste en la creación de una especie de realidad aparente a partir del tema de la participación y la sociedad civil, que encubre o disfraza la continuidad de los problemas recurrentes de la política colombiana: las mediaciones clientelistas de los políticos profesionales, la corrupción, la neutralización pacífica o violenta de los movimientos alternativos, la deslegitimación permanente de las instituciones, el alto costo social de la acción política por fuera de los meca nismos tradicionales o el carácter excluyente y restringido de la democracia colombiana. Las evaluaciones dependen de la perspectiva del análisis: 1. La valoración positiva de la participación y su sobrecarga simbólica conduce a balances en términos de desencanto o de refugio en un idealismo político que reclama la búsqueda de la verdadera participación, sin tomar en consideración el escenario concreto que ella representa, o que por el contrario la consideran como un elemento central de la democratización del Estado, llamado a realizar la misma función dentro de la sociedad civil: Así las cosas, el marco estatal para desarrollar la democracia participativa como ha sido aquí definida, es bastante estrecho. No cuenta con instrumentos reales para propiciar la democratización de la sociedad civil más allá de unas políticas de promoción y de buenos oficios, para impulsar el nuevo

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modelo democrático. Dentro de este marco es que se ha formulado la política pública de promoción de la participación de la sociedad civil que, de todas formas, es limitada y tiende a concentrar sus esfuerzos en convertir a las organizaciones civiles más en espacios democráticos de representación de intereses frente al Estado (interlocutores y cogestores de las políticas públicas) que en aparatos de socialización de valores y prácticas democráticas. Por ello, hoy en día no es atrevido decir que el Estado colombiano a pesar de su tamaño, tiene más espacios, instancias, instrumentos y mecanismos democráticos en su organización interna que la gran mayoría de las ONG que supuestamente defienden la democracia. El Estado colombiano ya se reformó, se democratizó y se abrió a la participación ciudadana y colectiva. Ahora es al ciudadano en su comportamiento cotidiano o como servidor público, y a las organizaciones civiles, a quienes corresponde tomar la iniciativa de la autorreforma, para que este cuento de la democracia participativa arranque de una vez por todas. Por último, invito a fomentar la participación en el escenario de lo local, de lo municipal, de lo cotidiano, de lo que es verdaderamente instrumental para la vida del ciudadano, porque sólo así se podrá iniciar una nueva cultura política, una nueva ciudadanía y un nuevo ciudadano 145.

145

. Restrepo, Diego. “Estado, Movimientos Sociales y Organizaciones Civiles”. En:

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2. Los enfoques que ponen el énfasis en la pluralidad de significados de la participació n realizan un balance que propugna por relativizar el peso valorativo que se le ha asignado: A pesar del cumpleaños, de la fiesta y del regocijo general una simple lectura de la Constitución de 1991 nos permite constatar que en ella predomina la participac ión política como un valor absoluto y en su forma subordinada o delegatoria. Cuando terminemos de romper la gran piñata quedará claro que la mayoría de los dulces ya han sido repartidos y que los restantes son muy pocos para el número de invitados; peor aún, que la participación se nos coló como un deber y que a todo aquél que no quiera hacer parte de la fiesta le va a caer el implacable peso de la ley. Mientras no organicemos nuestra participación consensual, sustitutiva y delegatoria, aprovechando también los pocos elementos que la Constitución nos da para ello, estaremos destinados a buscar en el piso las golosinas pisoteadas o abandonadas por descuido. Nuestra tarea de 146 aguafiestas apenas comienza 3. Quienes consideran que se trata de un escenario social en donde se expresan contemporáneamente las dinámicas de integración y conflicto en la sociedad colombiana abogan por la urgencia de combinar los análisis del impacto general de la participación con el balance de las experiencias concretas. La propuesta de Luis Alberto Restrepo para analizar la no participación va en esta dirección: Estado y Autonomía de la Sociedad Civil. Fescol: Santafé de Bogotá, 1996, p. 41 y 42. 146 . Múnera, Leopoldo. “Participación Política. La gran Piñata”. Ob. Cit., p. 6.

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En particular hacen falta dos elementos esenciales de un diagnóstico sobre la no participación en Colombia: 1. Una breve historia de la no participación. 2. Una breve alusión al contexto estructural que induce ahora a los Estados a estimular la participación ciudadana en muchas regiones del mundo y, en particular, en Colombia. Por nuestra parte señala mos cuatro elementos imprescindibles de un diagnóstico sobre la no participación en Colombia. 1. En primer término, es necesario reconocer la existencia de la exclusión política, ejercida todavía hoy por un sistema político cerrado -bipartidista y clientelista- que monopoliza los ámbitos de la participación. 2. En segundo lugar, es indispensable reconocer la permanente cooptación de las organizaciones sociales y de las distintas formas de participación ciudadana ejercida por el sistema político colombiano a lo largo de este siglo. 3. En tercer lugar, es necesario reconocer la existencia tradicional de la represión para aquellos que, sin dejarse cooptar, intentan participar desde otras perspectivas ajenas al sistema político. 4. Finalmente, es importante reconocer que, por las tres razones ya citadas, existe en Colombia una dinámica cultural de protesta ciudadana y represión estatal, distinta y ajena a la responsabilidad de participar. Si queremos estimular de manera realista la participación ciudadana en Colombia es necesario reconocer que en una sociedad como la nuestra, profundamente desigual y bloqueada, la

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participación tiende a asumir la forma de protesta y no de corresponsabilidad en la construcción colectiva 147 . Después de más de una década de estudios sobre la participación, ésta deja de tener protagonismo por las potencialidades reales o supuestas que encierra y empieza a tener lo por los procesos sociales que genera. CONCLUSIONES La proliferación de los estudios sobre la participación en Colombia no obedeció, como la mayoría de los autores parece sugerirlo, a la profundización de la democracia, ni tampoco a un aumento progresivo de la incidencia de la sociedad civil en la toma de las decisiones públicas. Más bien, hizo parte del discurso que caracterizó a las nuevas estrategias de legitimación social y política, incidió en la transformación de lo público, contribuyó a la redefinición de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, y acompañó el surgimiento de un nuevo escenario político, basado en la concurrencia de actores institucionales y no- institucionales para la formación, gestión o ejecución de las políticas públicas y para la activación de los mecanismos políticos contemplados en la Constitución de 1991. En dicho contexto y en líneas generales, la participación adquirió las características de un contravalor histórico de legitimación; es decir, de un conjunto de virtudes o atributos opuestos a las deficiencias que el análisis mismo le atribuyó al Frente Nacional, a la democracia representativa y al modelo de desarrollo cepalino. Como contravalor de legitimación, le permitió a 147

. Restrepo, Luis Alberto. “La Participación Ciudadana: ¿Participación Tutelada o Participación Abierta?”. Ob. Cit., p. 29-31.

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los actores obtener reconocimiento en varias esferas de la sociedad civil, invocar un nuevo tipo de democracia, y recuperar o tejer símbolos de poder social o popular. Conceptos como el de participación y sociedad civil fueron sobrecargados valorativamente y se convirtieron en los sustitutos buenos y absolutos de la representación, la delegación u otras formas o expresiones de la política. En consecuencia, la tendencia analítica dominante no permitió identificar los límites que los conceptos tuvieron al ser llevados a la práctica, ni las dinámicas conflictivas que generaron las experiencias participativas dentro de las organizaciones o los movimientos sociales. En la mayor parte de los estudios la participación adquirió un carácter fundacional, desligado de la historia de las luchas populares, de las prácticas de los partidos tradicionales, del pasado de la izquierda colombiana y de las estrategias políticas institucionales y no- institucionales desarrolladas durante el Frente Nacional. Adicionalmente, la delegación o la representación políticas fueron vistas con desconfianza o con hostilidad, y quedaron desarticuladas de la praxis participativa o bajo la hegemonía de los viejos o los nuevos actores políticos que asimilaron las innovaciones introducidas al tradicional juego institucional bipartidista. La sobrecarga valorativa conllevó la ambigüedad del concepto de participación y permitió una amplia manipulación ideológica desde horizontes políticos diversos y con frecuencia contrapuestos. Los trabajos académicos críticos de esta tendencia general permitieron resaltar los principales vacíos en los estudios sobre el tema: 1. Falta una perspectiva histórica que permita superar el análisis coyuntural y recoger las enseñanzas dejadas por la experiencias participativas

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anteriores a la década del ochenta. 2. La participación no es analizada como un escenario social asimétrico, donde una pluralidad de actores despliegan estrategias en un juego complejo de dominación, integración, resistencia y emancipación, En consecuencia, predominan los estudios que privilegian la perspectiva del analista-promotor sobre el análisis de la percepción, la concepción o el imaginario de los actores que realizan las experiencias participativas y de las relaciones que se dan entre ellos. 3. La participación es reducida a sus expresiones institucionales, mientras que las no institucionales quedan relegadas al lado oscuro de la reflexión. 4. Las formas de participación que no son valoradas positivamente, como las comprendidas en los campañas cívico-militares, en la guerrilla, en los grupos paramilitares o las desarrolladas por las empresas transnacionales se convierten en invisibles. 5. La participación es analizada por fuera de las estrategias globales de inclusión-exclusión social y el estudio de los condicionantes estructurales de la misma es abordado en muy contados trabajos o tiene muy poco desarrollo.

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PODER MILITAR Y GUERRA AMBIGUA: EL RETO DE COLOMBIA EN EL SIGLO XXI Richard Downes* El agudo conflicto colombiano ha dejado de ser un asunto de mero interés interno. Siguiendo las realidades que impone el mundo globalizado actualmente en marcha, la comunidad internacional tiene puestos los ojos sobre los avatares de los acontecimientos domésticos. Así lo coloca en evidencia la realización, en menos de tres meses, de dos reuniones de alto nivel celebradas en los Estados Unidos por convocatoria del establecimiento militar de ese país. La primera se llevó a cabo en Fort McNair (Washington), en la sede de la Universidad de la Defensa Nacional bajo los auspicios del Departamento de Defensa. La segunda en el Colegio de Guerra del Ejército en Carlisle (Pennsylvania) bajo los auspicios del Departamento del Ejército. El presente artículo recoge las conclusiones del segundo evento, el de Pennsylvania, realizado en diciembre del año pasado. Asistieron funcionarios y académicos de los más diversos países: estadounidenses, como convocantes interesados en el tema; representantes de los países que tienen fronteras con Colombia, pero también de otras naciones de la región; y naturalmente funcionarios de alto nivel y prestigiosos académicos colombianos. El diagnóstico general de la primera a la segunda conferencia se agrava. En efecto, Colombia pasó de ser un país *

Profesor Adjunto de seguridad nacional del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica e investigador del Centro Norte-Sur de la Universidad de Miami.

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problema en el contexto internacional, a convertirse en la nación que representa mayores riesgos para la seguridad regional. Recientes hechos confirman las complejas aristas que atraviesan la posición de Colombia en la región, tal como se desprende de la permanencia de antiguos conflictos en la frontera con Venezuela, pero también de la emergencia de nuevas fuentes de tensión con Panamá, Ecuador y Perú. Colombia está en el ojo del huracán, tal como lo muestra la síntesis del seminario recogida en este artículo. QUE ESTA COLOMBIA

EN

JUEGO

EN

En la conferencia hubo un reconocimiento implícito de que la actual situación de Colombia ha alcanzado proporciones de crisis, con consecuencias funestas para los ciudadanos colombianos, su gobierno, las naciones vecinas y los Estados Unidos. Aunque la violencia ha sido una constante importante en el pasado reciente de Colombia, por el ritmo y alcance que ha cobrado desde principios de la década de los ochenta, ha empujado al país al borde del abismo político, de la guerra civil y el colapso parcial del Estado. Las dificultades inherentes al acuerdo de paz entre los combatientes, aunque satisfacen los intereses de múltiples actores nacionales e internacionales, parecen abrumar a quienes trazan las políticas públicas en Colombia. Luego de revisar los esfuerzos del gobierno colombiano para alcanzar la paz, una prominente figura política colombiana preguntó: “¿Cómo podemos hacer más?”. La pregunta se formuló a pesar de los contenidos expresados en varias intervenciones: algunos académicos subrayaron sus dudas acerca de la efectividad y las intenciones de varios

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gobiernos colombianos; otros adujeron un “acuerdo ideológico” entre las Fuerzas Armadas de Colombia y los grupos paramilitares; unos más debatieron la relevancia de varios ejemplos históricos de resolución de conflictos. Por su parte las discusiones sobre las políticas de Estados Unidos hacia Colombia subrayaron la prioridad norteamericana en la lucha contra el tráfico de drogas, desde perspectivas tanto afirmativas como críticas. El diálogo dramatizó las dimensiones abrumadoramente negativas del conflicto actual. El exembajador de Estados Unidos en Colombia, Myles Frechette, citó las amenazas que para la democracia y la economía colombianas representan la combinación de un débil aparato de justicia, la corrupción estimulada por el tráfico ilegal de estupefacientes y la violencia permanente generada por narcotraficantes, grupos paramilitares y guerrillas organizadas en 3 Ejércitos y 100 frentes. La violencia narcotraficante asesina jueces y altos funcionarios del gobierno, e intimida a legisladores con el fin de derrotar o debilitar la capacidad gubernamental para enfrentar el crimen. Otro exfuncionario del Departamento de Estado señaló que la comunidad internacional no aprecia la magnitud de la tragedia humana de Colombia, mostrando que durante los últimos ocho años hubo 4 veces el número de muertes ocurridas en los Balcanes. La migración del campo a la ciudad en los últimos diez años, en opinión de un analista, es la mayor del mundo, comparable a lo acontecido en Ruanda y Bosnia; según sus cálculos; entre novecientas mil y un millón de personas han sido sometidas a desplazamientos internos en Colombia. La “hiperviolencia”, caracterizada por 30.000 asesinatos al año y el colapso total de la justicia penal, ha superado la capacidad del Estado para combatir el

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crimen. Aunque el Estado está lejos de desaparecer, su respuesta ha involucrado actividades ilegales que incluyen limpiezas sociales por parte de la Policía y una gran cantidad de acciones ilegítimas por parte de otros actores estatales. Otra intervención versó sobre el surgimiento de grupos armados independientes e ilegales, conocidos como “paramilitares”, que surgidos como organizaciones de autodefensa están creciendo en número y poder, están dedicados a eliminar a las guerrillas mediante ataques indirectos y sanguinarios. A juicio del Profesor Gustavo Gallón, investigador visitante del Instituto Kellogg de la Universidad de Notre Dame, son particularmente perturbadores los asesinatos de no combatientes —activistas políticos, líderes sindicales y campesinos, trabajadores de los Derechos Humanos y ciudadanos comunes—, en su inmensa mayoría a manos de grupos paramilitares. A juicio del comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, General Fernando Tapias Stahelin, las masacres cometidas por los paramilitares y la guerrilla están polarizando al país y hacen surgir el fantasma de la guerra civil. A pesar de los esfuerzos “heroicos” en la lucha contra el narcotráfico, Colombia produce hoy el 80% de la cocaína del mundo y el 50% de la heroína decomisada en las costas de los Estados Unidos. En los últimos años, el orden rural se ha desvertebrado, se ha ampliado el área bajo control de la guerrilla y se ha producido una crisis económica nacional debido a la caída de los precios de las exportaciones colombianas de petróleo. Aunque intentó ser optimista sobre los hechos recientes, un alto oficial de las Fuerzas Armadas de Colombia anotó que el narcotráfico sigue generando cerca de US$ 500 millones de

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ingresos al año para las fuerzas guerrilleras. En una ponencia escrita para la conferencia, la exministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Noemí Sanín, sostuvo que el problema es sistémico. El sistema político, afirmó, es antidemocrático porque niega “la participación … a diferentes expresiones de pensamiento …”. Aun más, los partidos políticos “no han logrado responder a los problemas reales del país: violencia, pobreza, impunidad, falta de educación y de servicios de salud, y corrupción”. Los costos económicos y políticos de la lucha interna en Colombia son dolorosamente evidentes para los países vecinos. En opinión de un alto oficial militar, las guerrillas colombianas han aprovechado una débil vigilancia fronteriza para adquirir pertrechos militares y precursores químicos para el procesamiento de drogas. Panamá está obligada a “inclinarse al viento” porque no es capaz de evitar el uso de su territorio y el hostigamiento a la población en la región del Darién, por parte de la guerrilla, los paramilitares y delincuentes comunes que buscan provisiones y reposo. Los grupos de autodefensa de Colombia han asesinado al menos a 10 personas en Panamá, y cientos de desplazados colombianos han buscado refugio cruzando la porosa frontera. El gobierno panameño ha respondido con la creación de una fuerza policial fronteriza de 1.200 hombres y un plan de desarrollo integral de US$ 88 millones. Sin embargo, a juicio de la periodista Bertha Thayer, la frontera panameña con Colombia sigue siendo absolutamente permeable e imposible de controlar. Los traficantes de drogas siguen usando el territorio panameño, y los lavadores de dinero, contrabandistas y

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traficantes ilegales de armas también lo usan como base operativa. Ecuador también se siente amenazado. Alberga actualmente a 350.000 ciudadanos colombianos, muchos de los cuales son inmigrantes ilegales. En opinión del Coronel Luis Hernández del Ejército ecuatoriano dicha presencia ilegal está relacionada con el aumento en las tasas de criminalidad, especialmente de asaltos bancarios. Los ataques a través de la frontera originados en Colombia han segado la vida de 20 soldados y Policías ecuatorianos. En respuesta a la violencia vecina Ecuador ha aumentado su presencia militar en la región selvática a lo largo de la frontera y las Fuerzas Militares ecuatorianas llevan a cabo operaciones conjuntas con comandantes militares colombianos de la zona. No obstante, no hay coordinación central, y el Coronel Hernández prevé más operaciones militares en la región fronteriza, así como un aumento en la inmigración ilegal de colombia nos si las conversaciones de paz fracasan. Tal violencia en la frontera ha reemplazado el tema peruano como el primer reto de seguridad para el Ecuador. México le teme a la "colombianización" de su propio proceso político, debido a la influencia de los narcotraficantes y a la reproducción de las formas políticas colombianas en sus propias fronteras. Atrapado entre países productores y consumidores, la función de México como área de transbordo ha creado presiones fuertemente negativas sobre su Estado y sus estructuras sociales, ya debilitados. Los sistemas de seguridad y justicia son especialmente vulnerables, con una decidida falta de continuidad en el liderazgo por parte de la Procuraduría General. De acuerdo con el Profesor Raúl Benítez de la Universidad Autónoma de México, 80% de los comandantes de Policía mexicanos están ligados a la

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mafia. Las organizaciones criminales están uniendo fuerzas con miembros de la mafiya rusa y los narcotraficantes colombianos, especialmente en la península de Yucatán. Esta difícil situación requiere de la colaboración internacional a niveles mucho mayores que los alcanzados hasta ahora, mientras los lazos existentes están debilitados por la falta de confianza. La paz en Colombia es esencial para enfrentar las amenazas que surgen del narcotráfico. Venezuela también ha incurrido en altos costos originados en la crisis colombiana. Se ha visto obligada a absorber a cerca de 3 millones de inmigrantes colombianos y a combatir el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, el soborno, el robo de vehículos, el contrabando, el abigeato y el hostigamiento a sus unidades militares en la frontera con Colombia. “El logro de la paz en Colombia es de una importancia crucial para Venezuela”, declaró el General retirado de la Fuerza Aérea Venezolana, Boris Saavedra. Las amenazas a la seguridad han obligado a Venezuela a aumentar notoriamente su presencia militar en las regiones fronterizas, poniendo incluso en riesgo la expansión del comercio y la inversión entre los dos países. El control por parte de la “narcoguerrilla” de segmentos del territorio colombiano tendría un serio impacto en las relaciones bilaterales. En su opinión, el problema de la narcoguerrilla “se está convirtiendo rápidamente en un problema de seguridad hemisférica porque afecta a todas las áreas de la sociedad”, razón por la que debe ser incluida en las agendas de los organismos internacionales, regionales y globales. Los problemas de Colombia amenazan a los Estados Unidos de muchas formas. El impacto de la industria de la droga ha sido devastador para la sociedad

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norteamericana. Las importaciones de 300 millones de toneladas anuales de cocaína, 70% proveniente de Colombia, han provocado 100.000 muertes y el gasto de US$ 300.000 millones durante los últimos 10 años. Las importaciones de cocaína alimentan el hábito de 12 millones de usuarios de drogas incluyendo 3,6 millones de adictos-, contribuyen a las 14.000 muertes anuales relacionadas con la droga y conllevan incalculables costos económicos en asistencia médica, seguridad pública y pérdida de productividad. Debido al aumento de los arrestos relacionados con las drogas, uno de cada 155 ciudadanos de los Estados Unidos está en prisión. Hay más ciudadanos norteamericanos tras las rejas que prestando servicio en las Fuerzas Armadas. El tráfico ilegal de drogas de Colombia constituye una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, amén de que su violencia interna ha llevado al secuestro de varios ciudadanos estadounidenses. Los 25.000 ciudadanos estadounidenses que viven en Colombia sufren diversos riesgos debido a la situación interna. Económicamente, Colombia es un mercado importante para las exportaciones de Estados Unidos y el 41% de las exportaciones colombianas tienen como destino ese país. El comercio bilateral entre Colombia y Estados Unidos es 60% mayor que el que existe entre Estados Unidos y Chile, cuatro veces el comercio con la antigua Yugoslavia y 400 compañías de las 500 de la lista de Fortune operan en Colombia. Asimismo Estados Unidos es la fuente principal de inversión extranjera en Colombia. Desde la perspectiva estadounidense, el ambiente actual origina serias dudas acerca del futuro político y económico colombiano. UNA SERIE DE PREOCUPANTES

ASUNTOS

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Los acuerdos implícitos sobre la gravedad de los retos para la democracia colombiana y la seguridad de los estados vecinos, no dejan ver la existencia de posiciones muy divergentes sobre una serie de asuntos. Los mayores desacuerdos se hicieron evidentes con respecto a la relación entre el tráfico de drogas y la violencia sistemática, el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía en la lucha contra dicha violencia, el rol adecuado de los Estados Unidos, y los componentes y la mecánica del proceso de paz. Fiel al título de la conferencia, la “guerra ambigua”, la tarea de construir un consenso acerca de quién es el enemigo y de cuál es la estrategia adecuada para derrotarlo, es excesivamente compleja. La relación entre el tráfico ilegal de drogas y la violencia sistemática Dos interpretaciones antagónicas surgieron alrededor de esta relación. Una sostiene que los narcotraficantes son los principales generadores de violencia; la otra postula que la violencia representa una respuesta al quiebre del consenso político y a prácticas sociales disfuncionales. El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, Fernando Tapias Stahelin, culpó rotundamente al narcotráfico. Explicó que el reconocimiento de este vínculo ha llevado a las Fuerzas Armadas a convertir la interrupción de este nexo en su principal objetivo militar. El director de la Policía Nacional de Colombia, General José Serrano, atribuye al narcotráfico el suministro de los recursos económicos que sirven a la guerrilla y a los paramilitares para sostener sus acciones violentas. Un exoficial colombiano respald ó esta opinión al señalar que el 70% del poder de combate de las FARC deriva del control de actividades del

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narcotráfico. Así, los traficantes y las FARC, implícitamente, tienen intereses comunes en sostener el actual conflicto doméstico. En opinión de Rand Beers, Subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales Relacionados con el Tráfico de Drogas y el Cumplimiento de la Ley, en los últimos años la unión entre narcotraficantes y guerrilla se ha hecho más evidente que nunca. Los comentarios del Profesor Marc Chernick, de la Universidad de Georgetown, también le brindaron algún respaldo a esta interpretación, cuando anotó que la violencia en Colombia ha cambiado de naturaleza y de actores desde los años cuarenta. Aunque existen similitudes con períodos anteriores, la inserción de Colombia en la economía mundial del narcotráfico es una de las razones del degradamiento de la situación al atizar fuertemente el conflicto. Otros plantearon dudas acerca del grado de dependencia entre narcotraficantes, y grupos guerrilleros y paramilitares. Una declaración del Ministro de Defensa de Colombia, Rodrigo Lloreda, en el sentido de que las FARC cobran a los narcotraficantes un impuesto de US$ 500 millones de dólares al año, fue rebatida enseguida por un investigador que sostuvo que la cifra representa un estimado tentativo. Un representante de una organización no gubernamental declaró que no es clara la forma como la guerrilla cobra a los narcotraficantes. Marc Chernick sostuvo que “narcoguerrilla” es una denominación inexacta; en su opinión la guerrilla es fundamentalmente política, no esencialmente un cartel de la droga, utilizando actividades criminales para financiar la guerra y construir su Ejército. El Profesor Nazih Richani de la Universidad George Washington cuestionó aun más el grado de dependencia del narcotráfico por parte de

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la guerrilla. Sostuvo que la presencia de las FARC en áreas bajo su control antecedió en décadas al cultivo de coca, y que dicha agrupación recibe menos del 40% de su ingreso del narcotráfico. Explicó que la guerrilla ha ampliado exitosamente su poder desde la década del ochenta concentrándose en “terratenientes, ganaderos, burguesías comerciales y multinacionales”, además de cobrar impuestos a los cultivadores de coca. Entre 1991 y 1995 aumentaron su presencia en los municipios del país a un 44%, alcanzando una presencia en casi la mitad de los 1094 municipios de Colombia. De manera similar, Daniel García-Peña, del Woodrow Wilson Center, sostuvo que si bien la guerrilla cobra impuestos al tráfico de drogas, no son narcotraficantes. Afirmó que el narcotráfico es un fenómeno que involucra a múltiples actores alimentando empresas en todo el país, tanto violentas como aparentemente legítimas. Aunque hay una “atormentada historia” de vínculos entre narcotraficantes y paramilitares, David Spencer de la Universidad George Washington sostuvo que el grado de dependencia de los actuales paramilitares con respecto al tráfico de drogas no es claro. Debido a que la conferencia no exploró el tema del narcotráfico como una entidad aparte, no surgió ninguna imagen clara sobre cuánto dependen los narcotraficantes de la guerrilla, los paramilitares u otros medios armados. Surgieron dudas adicionales acerca de si los grupos guerrilleros por sí mismos, independientemente de su grado de vinculación con el narcotráfico, son los principales responsables del estado de violencia en Colombia. Un exembajador de Estados Unidos atribuyó a los insurgentes la responsabilidad del 23% de los asesinatos y 50% de los secuestros. El Profesor Francisco Thoumi de la

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Universidad de los Andes restó responsabilidad a las guerrillas, al observar que sólo del 10 a 15 por ciento de las muertes pueden explicarse por la violencia política, mientras el resto son “de orden social”. Sobre este argumento planteó que es la debilidad del Estado la que explica el crecimiento del tráfico de drogas. Esta industria no se explica por fuerzas económicas, dado que la mayoría de los países que podrían producir drogas como India, Tailandia o Indonesia, eligieron no hacerlo. Más bien, su crecimiento se debe a diversos factores: la debilidad del Estado, derivada de un sistema político fragmentado, patrimonial y clientelista; el nivel de impunidad comparado con los posibles beneficios; y el desplome general de los controles sociales. Esto último incluye la falta de consenso acerca de los derechos de propiedad que hace del secuestro una simple transferencia de fondos. Los colombianos siguen en la búsqueda de “El Dorado”, iniciada durante la Conquista española, y emplean sistemáticamente la corrupción mediante sobornos para facilitar sus actividades ilícitas. Corrupción y drogas han generado un proceso interactivo en el que la industria de las drogas se ha convertido en un catalizador de la corrupción, afectando el sistema político de formas nunca antes vistas. Eduardo Pizarro, de la Universidad Nacional de Colombia, respaldó en general estas observaciones, al sostener que el Estado colombiano ha sufrido un colapso parcial desde 1989, marcado por la pérdida del monopolio sobre la violencia legítima frente a altos índices de criminalidad e impunidad, por la falta de presencia estatal en muchas regiones, y por el peso de dos guerras, una contra la guerrilla y otra contra el narcotráfico.

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El papel de las Fuerzas Arma das y la Policía en la lucha contra la violencia Igualmente divergentes fueron las opiniones sobre el papel de las Fuerzas Armadas y la Policía en el mantenimiento de la democracia mediante la lucha contra la violencia. Representantes militares y policiales colombianos defendieron enfáticamente las medidas recientemente tomadas con el fin de desarrollar una estrategia efectiva en la lucha contra narcotraficantes, guerrillas y grupos paramilitares. Entretanto otros asistentes fueron fuertemente críticos del Ejército y la Policía, al sostener que éstos respaldan tácitamente a los grupos paramilitares y atacan equivocadamente a campesinos cultivadores de coca, al tiempo que ignoran a los verdaderos traficantes que viven en las ciudades. En opinión del Ejército colombiano las confrontaciones de los últimos diez años han llevado a la nación al borde de una guerra civil y de un desastre ecológico. Aunque unidades del Ejército y la Policía han matado a más de 700 paramilitares y guerrilleros, y han capturado a otros 29.755, la actividad insurgente está provocando una pérdida anual de US$ 1.000 millones en ingresos por petróleo, la participación paramilitar ha aumentado, y la región del Putumayo ha caído bajo el control de la guerrilla. Las Fuerzas Armadas y de Polic ía sufrieron más de 600 bajas en las confrontaciones del último año. Los países vecinos están permitiendo que los narcotraficantes laven dinero, y el actual Estado de derecho (en oposición a un Estado de emergencia) es más apropiado para una nación en paz que para una involucrada en una lucha con varios grupos subversivos. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas han estado sometidas a críticas injustificadas contra el sistema de justicia militar.

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No obstante, en su opinió n, las Fuerzas Armadas han registrado progresos en el control de los paramilitares y en la reducción de los ingresos de las FARC, respetando a la vez los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Las Fuerzas Armadas han adoptado una postura ofensiva y están combatiendo a los paramilitares. Han matado recientemente a 35 de sus miembros y han puesto a órdenes de la justicia a otros 230. David Spencer compartió la perspectiva militar sobre este asunto, señalando que las acciones del Ejército y la Policía han hecho daño a los paramilitares. Aunque posiblemente hayan existido en el pasado vínculos personales entre algunos oficiales del Ejército y los paramilitares a nivel de comandantes de brigada, oficiales que no han participado de tales vínculos han sido acusados formalmente. Los paramilitares han adquirido fuerza no por la asistencia estatal, sino porque son efectivos en el control del delito menor y en el restablecimiento del orden, ganando así apoyo de grandes terratenientes, pescadores, ganaderos, narcotraficantes y otros sectores que se sentían víctimas de la guerrilla. La acción del Ejército también hizo que los ingresos de las FARC disminuyeran en varios millones de dólares en 1997. Las Fuerzas Armadas han puesto en operación a 115 oficiales de Derechos Humanos y han trasladado entre 300 y 400 casos de los tribunales militares a la justicia civil, lo que ha llevado a 57 sentencias que pesan sobre sus miembros. De acuerdo con el comandante de las Fuerzas Armadas colombianas, de sus 230.000 integrantes ninguno tiene vínculos con escuadrones de la muerte, y las evaluaciones del desempeño de las Fuerzas Armadas respecto a los Derechos Humanos deberían basarse en información actual, y no en incidentes históricos.

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Estratégicamente las Fuerzas Armadas están adoptando una actitud ofensiva, interrumpiendo los lazos entre narcotraficantes y violentos, combatiendo a todos los "generadores de violencia" al atacar a guerrillas y paramilitares con igual vigor, y fortaleciendo relaciones con la población civil al protegerlos y salvaguardar los recursos naturales del país. Están combatiendo el sistema de infraestructura de la guerrilla y complementando la acción de la Policía. La reestructuración en curso aumentará el entrenamiento y la modernización de las Fuerzas Armadas mediante el reemplazo de 15.000 a 35.000 soldados bachilleres —quienes no pueden, por ley, entrar en combate— por soldados profesionales. La Fuerza Aérea y la Marina colombianas también participan en la destrucción de la infraestructura de las drogas, y las Fuerzas Armadas como un todo están mejorando su movilidad, sus comunicaciones y sus capacidades de inteligencia, preparándose para la acción en caso de que fracase el proceso de paz. La creación de un batallón especial antinarcóticos comple mentará las actividades antidrogas de la Policía Nacional. La Policía Nacional sigue comprometida en la fumigación de cultivos ilícitos, la destrucción de laboratorios para el procesamiento de drogas, la lucha contra el lavado de dinero, la destrucción de pistas aéreas clandestinas y el control de las cárceles donde están encerrados algunos de los capos. El Director de la Policía, General José Serrano, atribuye a sus fuerzas la fumigación de 60.000 hectáreas, la confiscación de 20.000 propiedades por un valor de US$ 2.000 millones y la destrucción de grandes organizaciones narcotraficantes. Su fuerza se está preparando para utilizar 6 nuevos helicópteros Blackhawk autorizados por

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el Congreso de los Estados Unidos a fin de acelerar la erradicación de cultivos de amapola. Otros participantes en la conferencia se preguntaron si las Fuerzas Armadas de Colombia están utilizando medios efectivos y legítimos para alcanzar fines legítimos. Un académico civil de los Estados Unidos acusó a los militares colombianos de participación o aquiescencia en las actividades ilegales de los paramilitares. Otro acusó al Estado de complicidad con la violencia ilegal y sostuvo que continúan las violaciones a los Derechos Humanos por parte de oficiales militares; incluso algunos con prontuarios por violaciones a los Derechos Humanos aparentemente siguen en ejercicio. El director de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Phillip Chicola, señaló que cambiar de una unidad a otra a altos oficiales a quienes se les han hecho estas acusaciones, es un remedio insuficiente y dificulta la colaboración. Un académico colombiano sugirió que las tácticas de las Fuerzas Armadas que toman como blanco a la población desde los helicópteros pueden ser contraproducentes, conducir a violaciones de los Derechos Humanos, y provocar un conflicto aun mayor. En su opinión, las violaciones a los Derechos Humanos deben ser monitoreadas de manera independiente, ya que los pasos dados para mejorar la situación son ambiguos y sus resultados inciertos. Abogó por la adopción de una política de Derechos Humanos que favorezca la paz, como por ejemplo, la creación de un mecanismo especial para la verdad y la justicia tal como ha ocurrido en otras naciones de la región. Sostuvo que sólo serán efectivos la confrontación con grupos paramilitares, la destitución de agentes del Estado involucrados en

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violaciones a los Derechos Humanos, y el fin de la impunidad. Un papel adecuado para los Estados Unidos Las discusiones sobre el rol de los Estados Unidos generaron múltiples observaciones, a menudo contradictorias. El anfitrión de la conferencia, el Comandante de la Escuela de Guerra, Mayor General Robert Scales, retó a los participantes a afinar la definición del tipo de ayuda estadounidense requerida por Colombia, llamando a la cautela por cuanto en ocasiones, señaló, la asistencia puede ser “contraproducente”. Varios miembros de la Comisión de Política Exterior de la administración Clinton enfatizaron en la actual lucha antinarcóticos, pero académicos, diplomáticos retirados y oficiales militares cuestionaron la lógica de tal política y sugirieron prioridades alternativas. De acuerdo con Phillip Chicola, la lucha antinarcóticos es el “tema central y más difícil de nuestras relaciones bilaterales”. Esta opción se fundamenta aparentemente en razones prácticas y políticas. Thomas Umberg, de la Oficina de Política Nacional para el Control de las Drogas, afirmó que poner la lucha antinarcóticos en el centro de las relaciones entre Estados Unid os y Colombia significa confrontar una amenaza a la seguridad nacional que emana de Colombia, y apoyar la estrategia antidrogas del presidente, especialmente en los objetivos cuatro y cinco que llaman a proteger las fronteras aérea, terrestre y marítima de los Estados Unidos y a quebrar las fuentes extranjeras y nacionales de abastecimiento de drogas. Rand Beers señaló que esta estrategia tiene cuatro objetivos principales con respecto a Colombia. Primero, aumento

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de la capacidad de inteligencia del gobierno colombiano; segundo erradicación y desarrollo alternativo; tercero interdicción; y cuarto el fortalecimiento de los organismos militares y de Policía, así como de la administración de justicia. Según Umberg Estados Unidos reconoce la necesidad de que el gobierno colombiano recupere el control sobre las áreas de cultivo de coca. Los Estados Unidos creen que pueden asistir de manera efectiva a las Fuerzas Militares y de Policía de Colombia, "centro de la solución”. La cantidad de recursos estadounidenses disponibles para Colombia ha aumentado significativamente en 1998 con la aprobación del fondo suplementario de emergencia, el cual debe permitir a Colombia un programa antinarcóticos más exitoso. En combinación con apropiaciones regulares, el total de la financiación norteamericana para el año fiscal en curso ha alcanzado casi los US$ 300 millones y están programados 15 millones más para respaldar el desarrollo de cultivos alternativos durante los próximos 3 años. De acuerdo con Beers esta política representa un consenso dentro del gobierno norteamericano, que puede ser puesto en riesgo si los Estados Unidos tratan de asumir un papel contrainsurgente. No obstante, parece que Estados Unidos reconoce que los recursos suministrados para propósitos antinarcóticos son fungibles. En opinión de un miembro de la administración, si los esfuerzos antidrogas llevan a conflictos con los grupos guerrilleros, pues “que así sea”. Sin embargo, el Brigadier General del Ejército de los Estados Unidos del Comando Sur, James Parker, anotó que el entrenamiento para acciones antinarcóticos difiere del entrenamiento para la lucha contrainsurgente, porque el primero no

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incluye entrenamiento en artillería, apoyo aéreo cercano u operaciones sicológicas. En opinión de Chicola, la reciente visita del presidente Pastrana a los Estados Unidos abrió la puerta para ampliar las relaciones. Estados Unidos está dedicado a trabajar con el gobierno colombiano en múltiples temas dado que ya no hay necesidad de que se sienten en lados opuestos de la mesa. Sin embargo, el gobierno colombiano debe abordar de manera efectiva el largo prontuario de abusos a los Derechos Humanos de los que han sido acusados miembros de sus Fuerzas Militares. Además de la lucha antidrogas y de los asuntos de Derechos Humanos, otros temas incluyen el alivio humanitario, la reforma económica, el acceso a la inversión y al comercio, temas ambientales y muchas otras áreas. De acuerdo con Chicola ya se han registrado progresos en temas económicos y se ha establecido una comisión consultora de alto nivel, ratificando que la visita presidencial tuvo un éxito extraordinario. En su opinión, Colombia ha “dicho lo dicho”, y ahora necesita implementar sus planes (“caminar el camino”). Estados Unidos está preparado para cooperar en este proceso. El presidente Clinton ha dejado en claro que la paz en Colombia es el principal objetivo de la política de los Estados Unidos. El logro de la paz haría que el esfuerzo antinarcóticos tuviera mucho más éxito, reduciría el “nivel de comodidad” de las FARC y mejoraría la capacidad de los Estados Unidos para comerciar e invertir. Sin embargo, Chicola sostuvo que el proceso de paz es “esencialmente una empresa colombiana”. Estados Unidos respalda el proceso, pero siente que la paz no debe llegar “a cualquier precio”. Desde el punto de vista estadounidense cualquier acuerdo de paz debe permitir la continuación de la lucha antidrogas, no

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debe otorgar impunidad a narcotraficantes, no puede permitir la creación de un Estado dentro del Estado, ni descuidar las obligaciones internacionales de Colombia. El foco de los Estados Unidos en la lucha antinarcóticos fue cuestionado por una variedad de participantes. El Profesor Caesar Sereseres de la Universidad de California en Irvine opinó que, a menos que los temas guerrilleros sean también abordados como una prioridad, la política antidrogas de Estados Unidos fallará. Instó a los Estados Unidos a “hacer las cosas como se debe” y a concentrarse en el campo de batalla de los prospectos de negociación. No hacerlo, dijo, es “totalmente desmoralizador” y “totalmente confuso” para los colombianos. Por su parte, Cynthia Arnson, del Woodrow Wilson Center, presentó una opinión totalmente contraria. Al tiempo que adhirió al juicio del gobierno norteamericano en el sentido de que no hay consenso para respaldar las actividades de contrainsurgencia en Colombia, criticó la política de Estados Unidos por tener objetivos contradictorios y por su énfasis en los asuntos de seguridad. Aplaudió el mayor relieve que el Departamento de Estado ha dado al tema de los Derechos Humanos y la extensión de las provisiones de la Enmienda Leahy. En su opinión, comentarios en el sentido de que “la crítica a los militares colombianos es injusta” dejan de lado el “principal fracaso de la política de Estados Unidos”, la ausencia de una política con respecto a los paramilitares. Abogó por un vigoroso movimiento contra los paramilitares debido a que representan una importante amenaza a la autoridad del Estado. Daniel García-Peña denunció que la política norteamericana en realidad favorece a la guerrilla al fumigar campesinos y que está “completamente errada”. Sostuvo

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que los diferentes puntos de vista en el interior de los círculos políticos estadounidenses son contraproducentes, y que debería ponerse mayor énfasis en el logro de la paz. Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, urgió a los Estados Unidos a prestar mayor atención a Colombia, a los niveles más altos. Varios antiguos funcionarios del gobierno estadounidense también plantearon puntos de vista que difieren ampliamente de la administración. Un exfuncionario del Departamento de Estado, el embajador David Passage, denunció que la política norteamericana hacia Colombia muestra que Estados Unidos sigue “políticamente obsesionado y legislativamente paralizado por fantasmas de su pasado”. Declaró que Estados Unidos está impedido para entrenar a las fuerzas de Policía, salvo en un sector muy específico, debido a su incapacidad para superar el legado de Vietnam y el asesinato del consejero de seguridad de los Estados Unidos en Uruguay en 1971. Calificó de “ilógica e irracional” la falta de voluntad de Estados Unidos para entrenar a las Fuerzas Armadas, dada la necesidad que tiene Colombia de recuperar control sobre su territorio. Manifestó que los intereses nacionales norteamericanos corresponden a un gobierno colombiano “legítimo y democrático” que determine la propia política y destino de Colombia, ejerza control sobre todo su territorio, proteja los Derechos Humanos y las libertades civiles de todos sus ciudadanos, actúe de manera efectiva en contra de la corrupción y se comprometa en la eliminación del tráfico de drogas. Passage criticó el énfasis de Estados Unidos en el tema de las drogas por ser excesivamente estrecho y abogó por la asistencia norteamericana en entrenamiento y doctrina sencillas, en pequeñas operaciones conjuntas e inteligencia

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operativa utilizable. Urgió también a la asistencia para un mejoramiento radical de las fuerzas de reacción rápida, así como a la ayuda en la creación de una fuerza aérea de choque, mejores provisiones logísticas, mejor capacidad de reparación y un mayor inventario de repuestos. En su opinión, tal apoyo de los Estados Unidos podría lograrse, a bajo costo, mediante el compromiso de recursos modestos y de un pequeño número de personas bien protegidas. El general retirado del Ejército de los Estados Unidos, Frederick Woerner, hoy en la Universidad de Boston, demandó de la política norteamericana un énfasis prioritario a la promoción de la democracia y la reducción del flujo de drogas respaldada con el suministro de algunos recursos. Recomendó un papel subordinado de los Estados Unidos, centrado en la planeación, las comunicaciones, la inteligencia y movilidad, que al mismo tiempo se erija como un "defensor inflexible" de los Derechos Humanos. El embajador retirado de Estados Unidos, Edwin G. Corr, que hoy trabaja en la Universidad de Oklahoma, calificó como un error la anterior decisión norteamericana de descertificar a Colombia porque dicha decisión no reconoce los sac rificios del país. Sostuvo que las múltiples fuentes de apropiaciones estadounidenses para actividades externas con frecuencia llevan a una asesoría contradictoria y engorrosa en el trazado de políticas, manifestando que los Estados Unidos deben estar en capacidad de asistir a la Policía colombiana observando las leyes al pie de la letra. Los componentes y la mecánica del proceso de paz Aun más divergentes resultaron los puntos de vista acerca de cómo lograr la

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paz en Colombia. Diversos ponentes comentaro n que la situación debería ser analizada desde una perspectiva claramente comparativa, con un importante componente militar, haciendo acopio de las experiencias de Vietnam y El Salvador. Otros abogaron por la importancia de adelantar reformas en Colombia como factor clave del éxito de las negociaciones. Hubo también importantes diferencias con respecto a la participación de las fuerzas paramilitares en el proceso de paz. Caesar Sereseres demandó mayor atención sobre las implicaciones políticas del campo de batalla. Expresó su convicción de que "lo que sucede en el campo de batalla es importante", pues establece el contexto estimulante o desestimulante de una negociación seria. Manifestó que, históricamente, la mayoría de los conflictos terminaron en el campo de batalla y resaltó tres factores componentes de un patrón de éxito. A partir de las experiencias de Tailandia, Filipinas y Centroamérica en los ochenta subrayó la importancia de la existencia de un plan de campaña nacional que indique que las autoridades civiles han asumido la responsabilidad por el éxito o el fracaso de las Fuerzas Militares en el campo de batalla; el reconocimiento de que la contrainsurgencia no es una solución barata sino que exige compromisos financieros y políticos, incluyendo la movilización del gobierno y la población civil; y una reforma o reorganización interna de las Fuerzas Armadas para adecuarse a las circunstancias del campo de batalla. Este último factor siempre involucra una reorganización del Ejército y de su estructura de inteligencia, así como la creación de un comando de operaciones especiales y de fuerzas locales de defensa. Sostuvo que la experiencia muestra la necesidad de que los Ejércitos lleven a cabo rigurosas

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autocríticas, de separar a la guerrilla de la població n, de vincular el campo de batalla al proceso de negociación, de hacer de la infraestructura de la guerrilla el blanco principal, y de desgastarla lo suficiente de modo que el gobierno quede en buena posición de negociación. Las guerrillas colombianas, en su opinión, están dedicadas a mantener un statu quo que les permite operar un negocio de US$ 1000 millones de dólares, en zonas de tolerancia tras un "escudo democrático". Para ellas, la victoria total significaría, irónicamente, la derrota. Sus comentarios fueron parcialmente respaldados por el General Fred Woerner, quien ha analizado el tema de la guerrilla colombiana desde 1962. Woerner no ve posibilidades de derrotarla y no ve por qué negociaría si las Fuerzas Armadas están dispuestas a cesar las operaciones en su contra. El exembajador David Passage coincidió. En la situación actual, no cree que haya "nada que respalde la esperanza en el éxito del proceso de paz, con respecto a unos objetivos mínimos por parte de Colombia". Las aseveraciones de Sereseres fueron cuestionadas por otros que piensan que la solución militar ya ha sido ensayada mostrando su ineficacia, o que ponen menos énfasis en los factores militares (a pesar de que Sereseres sostiene que no propuso una solución militar). Daniel García-Peña señaló que en Colombia el gasto militar es mayor que el promedio de América Latina, y que fortalecer aun más las Fuerzas Militares no puede ser la solución, especialmente porque dejaría sin respuesta la cuestión paramilitar. Al manifestar su desacuerdo con Sereseres declaró que la guerrilla está tratando de derrocar al Estado y no "pierde si gana"; tampoco abandonaría sus objetivos, incluso en caso de estar seriamente debilitada. Sostuvo que la guerrilla quiere paz, pero en sus términos. La necesidad

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apremiante, en su opinión, es "poner en la mesa temas de naturaleza social y política que llevaron al alzamiento". Cynthia Arnson restó importancia a la situación militar en la resolución del conflicto en El Salvador. Sostuvo que las condiciones podían cambiar, no sólo como respuesta al estímulo militar sino también en función de los cambios en las agendas y en las percepciones de los combatientes. El Ministro colombiano de Defensa Rodrigo Lloreda, indicó que aún existe un amplio respaldo político para un acuerdo de paz. Señaló que entre un 60 y un 70% de los ciudadanos colombianos están a favor de las negociaciones y que se ha preparado un "Plan Colombia" por US$ 800 millones financiado por contribuciones de los contribuyentes más pudientes durante 2 años. Marc Chernick también manifestó que el conflicto no es "ganable" por medios militares pues se ha llegado a un punto muerto. El Estado no puede derrotar a las guerrillas y éstas al Estado. A su juicio, la única solución yace en un acuerdo negociado basado en una agenda amplia que iría más allá del desarme y la reincorporación, para poner en discusión grandes reformas políticas que no serían posibles por otros medios. También ve la necesidad de mediación y asistencia financiera por parte de la comunidad internacio nal dado que la "paz será costosa". Los asuntos centrales para la guerra y la paz, en su opinión, son las reformas que amplíen el proceso democrático, preserven el acceso al poder político de los exguerrilleros, resuelvan las disputas por la tierra y aborden la falta de presencia estatal en muchas áreas nunca integradas al Estado. Sugirió que el proceso de paz podría ser utilizado para lograr control sobre el tráfico de drogas si se pone sobre la mesa de negociaciones el tema de los cultivos ilícitos, dado que el conflicto continuo pone en riesgo el éxito

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del desarrollo alternativo. Son también esenciales para el proceso el desmantelamiento de los grupos paramilitares, la creación de confianza de la insurgencia hacia el gobierno y la garantía de seguridad de la guerrilla mediante la institucionalización de su poder político local. Con respecto al ELN urgió sobre el empleo de los ingresos del petróleo en la promoción de una reforma agraria y en la inversión en áreas rurales. En su opinión el asunto central es cómo reconstruir la nación colombiana en el contexto de la paz. También fueron evidentes los desacuerdos acerca del rol de los paramilitares en el proceso. David Spencer anotó que ellos quieren el mismo reconocimiento que la guerrilla y están a favor de un acuerdo político nacionalmente aceptado, pese a que practican medidas criminales extremas para lograr sus objetivos. Aun más, no dejarán las armas antes de que la guerrilla lo haga. Concluyó que los paramilitares están aumentando su fuerza, representan una porción alienada de la sociedad y deben ser incluidos en el proceso de paz. Sin embargo, Daniel García-Peña cuestionó si era factible incluir a la guerrilla y a los paramilitares en las mismas negociaciones, sugiriendo que se explorara la posibilidad de un proceso paralelo que desarme y desmantele a los paramilitares. El Ministro de Defensa Lloreda señaló que sólo a tres representantes de las FARC se les había otorgado status legal que les permitiría participar en las negociaciones. La reforma de las Fuerzas Armadas podría hacer parte del proceso de paz, observó Rafael Pardo, exministro de defensa de Colombia. Pardo rechazó la posibilidad de que tales reformas sirvan como "pago anticipado" para el proceso de paz dado que sería irresponsable intentar la reforma en medio del conflicto,

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salvo para imprimirles mayor eficiencia en el combate. La reforma no debería estar guiada por el fin de la Guerra Fría o por la supuesta falta de conflictos en la región, por cuanto existen muchas fronteras terrestres y marítimas sin definir en la región caribe. Al fin del conflicto seguirían, irremediablemente, reducciones en el tamaño de las Fuerzas Armadas, lo mismo que la cuestión de cómo integrar fuerzas regulares e irregulares. Los esfuerzos que se hagan para resolver estas cuestiones podrían tomar elementos de varios ejemplos nacionales e internacionales. En el proceso la reforma podría reafirmar la naturaleza democrática de Colombia al separar lo militar de lo político. Las medidas específicas deberían incluir la revisión de la cláusula problemática que atribuye a los militares el ser "defensores del orden constitucional"; el nombramiento de comandantes militares por períodos fijos, en lugar de vincular su destino a ministros de defensa civiles que con frecuencia son reemp lazados; y el examen detallado del tema de la promoción por méritos, un principio que debería mirarse cautelosamente porque puede introducir factores políticos en el proceso de promoción. Además, la reforma militar debería conservar la subordinación de las Fuerzas Armadas al ejecutivo y permitir la autonomía militar en asuntos militares internos como la promoción y los preceptos generales de estrategia militar. Finalmente, debería permitir que el Ejército siga definiéndose nacionalmente, en lugar de hacerlo por región o departamento. Las Fuerzas Armadas deberían estar en capacidad de conservar su estatus como institución que ocupa el segundo lugar en la confianza del pueblo colombiano. No obstante, Pardo señaló el dilema que surge de una legislación vigente que impide el uso de bachilleres en combate, lo que conlleva el riesgo de

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crear un "Ejército de los pobres", no representativo de la nación colombiana. CONCLUSIÓN Esta conferencia fue diseñada, en opinión de su anfitrión, el Mayor General Robert Scales, para ayudar a "comprender estratégicamente un país muy complejo". Pero sus resultados superan de lejos este objetivo. Se trataron temas complejos y profundos, las respuestas a las preguntas planteadas suscitaron ardorosas discusiones extendidas más allá del tiempo disponible fluyendo hacia pequeños grupos y reuniones sociales. Algunos comentaron que fue la conferencia más intensa a la que habían asistido en mucho tiempo. En opinión de un participante los organizadores del evento habían servido a cada invitado un "elefante de almuerzo", que había de ser consumido bocado a bocado. Aquellos que buscaban analizar la situación actual de Colombia quedaron bien servidos por la profundidad del conocimiento y el aliento de los juicios profesionales presentados. Los retos de tratar el caso colombiano, de "poder militar y guerra ambigua", se hicieron más claros que nunca.

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GUÍA PRÁCTICA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN COLOMBIA: CONTRIBUCIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Orlando Fals Borda* con la colaboración de Miguel Borja

Desde 1991, cuando quedó incorporado como Título XI de la Carta Constitucional, el Ordenamiento Territorial se ha considerado como uno de los problemas nacionales fundamentales que merece tratamiento prioritario. Es cierto que no se ha logrado la aprobació n de la respectiva ley orgánica (LOOT); pero sí se han expedido una media docena de leyes ordinarias relacionadas con el manejo del territorio que nos pueden enseñar, con la práctica, cómo podríamos movernos al ir observando y ponderando experiencias en tan delicadas materias como el régimen municipal, servicios domiciliarios, medio ambiente, áreas metropolitanas, gobierno interior y comunidades afrocolombianas. La última de estas leyes ordinarias, la 388 de 1997, obliga a los municipios a tener planes parciales de ordenamiento territorial (uso de la tierra) para los próximos diez años: revivió el tema general, en efecto, pero omitió admitir planes más amplios para combinar municipios a nivel de asociaciones, áreas metropolitanas o provincias, lo que era y sigue siendo más realista y económico. Todavía hay tiempo para corregir dicha ley y aprender de ella y de las otras mencionadas. Que el problema de la organización y administración territorial está vivo y que *

Sociólogo. Investigador Estudios Políticos Internacionales

del y

Instituto de Relaciones

es de capital importancia, no sólo en las áreas rurales donde se han realizado batallas campales por el control de espacios sociogeográficos, sino también en las ciudades, se demuestra por la permanente atención que ha recibido desde 1991 en medios muy diversos. Sólo en los últimos meses se han registrado expresiones como las siguientes: el descubrimiento del caserío de Bajirá en el disputado corredor del Pacífico entre paramilitares y guerrilla, que no se sabe si pertenece al Chocó o a Antioquia (problema de indeterminación de límites y autoridades legales); los U´Wa que niegan el paso a técnicos de la petrolera Occidental por razones de dominio ancestral (problema de falta de normas sobre ETIS); el gobernador del Putumayo que declara la inviabilidad de su departamento a causa del conflicto y por razones fiscales (situación que se extiende a muchos otros departamentos); los costeños que realizan su Séptimo Foro exigiendo la Región Administrativa y de Planificación (RAP), paso hacia la Región Territorial plena (RET); 26 municipios encabezados por Rionegro que articulan campaña por una provincia autónoma, para no ser absorbidos a la fuerza por el Área Metropolitana de Medellín. La dolorosa realidad del conflicto armado, especialmente en el campo, le da a este tema visos prácticos que no pueden anticiparse en discusiones formales, pero que ahora se destacan en todo su dramatismo. Por supuesto, no se pretende ignorar la problemática urbana, ya que ésta, además de lo político, asume también expresiones violentas y delincuenciales en barrios, calles y espacios definidos, además los fenómenos regionales afectan a las ciudades. Pero las significativas batallas a campo abierto o en pequeños poblados que se vienen registrando son pruebas de que elementos

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como el control del territorio rural y la ocupación de asentamientos agropecuarios, mineros, silvícolas y campesinos en general, tienen sitio privilegiado en los diseños estratégicos y tácticos de los grupos enfrentados así como para la Fuerza Pública. La guerra civil colombiana parece que se está ganando o perdiendo en el campo, no en la ciudad, hecho extraño si recordamos que el país tiene ahora mayorías de población urbana. Explicitar el punto de vista civil ante la descomposición general del país derivada del conflicto armado para presentar alternativas de solución y coadyuvar en la búsqueda de la paz, constituye un deber moral y político. Por eso hemos organizado y presentado nuestros puntos de vista en forma de una Guía, con el fin de que las propuestas y sus fundamentos sean accesibles a todos los interesados. PARTE I. FUNDAMENTOS POLÍTICOS SOBRE EL PROBLEMA DEL TERRITORIO EN COLOMBIA 1. Gobernabilidad y ordenamiento. Es necesario organizar bien los poderes públicos en función del territorio, espacio o circunscripción que les corresponda, porque en ello juega la gobernabilidad en sus diversos niveles, desde el local hasta el nacional, el uso del poder político, y el empleo correcto y eficiente de los recursos estatales que reciben las unidades territoriales. Para cimentar estos pasos debe servir el ordenamiento territorial, y por eso es aconsejable que se aplique de manera conjunta y simultánea con las políticas de descentralización fiscal, y no separadas o de forma sucesiva como de manera equivocada se han venido sugiriendo por algunos senadores, de allí los despilfarros que se han venido observando.

El ordenamiento territorial, en efecto, trata del manejo político-administrativo de los conjuntos humanos que ocupan espacios geográficos concretos, donde las comunidades ejercen funciones sociale s ligadas a la economía, la cultura y el medio ambiente. En Colombia estos espacios sociogeográficos se definen como veredas o caseríos, corregimientos, municipios, áreas metropolitanas, distritos y departamentos, para conformar el ámbito unitario de la nación. De estos espacios, la Constitución de 1991 consagró como "entidades territoriales" a los municipios, los departamentos y los distritos, y añadió las provincias, las regiones y las entidades indígenas (ETIS). Abrió igualmente la puerta a una figura cercana: la comunidad ribereña afrocolombiana, y permitió impulsar las asociaciones de municipios y las áreas metropolitanas. Todas las entidades constitucionales se establecen con cinco propósitos: gobernarse por autoridades propias; ejercer competencias; administrar recursos; establecer tributos; y participar en las rentas nacionales. Estas disposiciones hacen de Colombia una república unitaria, pero descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. En el campo, el ordenamiento territorial se relaciona primordialmente con actividades agropecuarias, la producción de alimentos y la explotación de recursos naturales y la biodiversidad, de allí lo vital de su consideración y la urgencia de buscar su gobernabilidad. En resumen, la más amplia visión del ordenamiento territorial en Colombia incluye factores sociopolíticos, ambientales y administrativos. Estos tres factores merecen discutirse, en nuestro caso, junto con otros dos elementos: 1) la consideración del impacto nacional, regional y local que tiene el conflicto

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armado; y 2) la explicitación del punto de vista de la sociedad civil en la búsqueda de la paz y del buen gobierno a través del ordenamiento del territorio. En las circunstancias del conflicto armado y para llegar a su alivio o solución, la contribución principal del ordenamiento territorial es la de indicar cómo construir o reconstruir espacios sociogeográficos y administrativos bien determinados donde, como en los casos recientes de conversión de corregimientos en municipios, se siga expresando libremente la voluntad de la sociedad civil como poder autónomo o gobierno popular. Todos los grupos en armas, tanto los oficiales como los revolucionarios y los irregulares, deben respetar la voluntad popular así expresada. En otra forma se crean o continúan vacíos de poder que fuerzas irregulares, a veces delincuenciales, llenan con violencia. Esta última práctica es lo que hay que controlar antes de que se vuelva una mala tradición. 2. Límites y desintegración nacional. Existe la preocupación de que las políticas reordenadoras del espacio sociogeográfico puedan llevar a alguna desintegración nacional o, de otra forma, a una intensificación de nuestros conflictos internos. Esta es una preocupación válida, en especial si la relacionamos con límites actuales de municipios y departamentos y con circunscripciones electorales de las que depende el poder de terratenientes y de clases dominantes tradicionales. Casi no habrá ningún gran propietario o político profesional que acepte de buenas ganas algún ajuste de límites que lleve a la disminución de su poder personal territorial, lo cual explica en buena parte las resistencias del Congreso Nacional

para expedir la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, un análisis histórico sereno de la cuestión demuestra que esos peligros personalistas y de clase social pueden sortearse con éxito, y que las explicables resistencias encontradas pueden vencerse sin arriesgar ninguna catástrofe. Los conflictos agudos pueden evitarse si se explican bien y se entienden con patriotismo, en especial por los políticos, las razones locales y generales de suficiente validez. que justifican los ajustes territoriales. Así lo hizo el Presidente Rafael Reyes entre 1905 y 1908 al imponer con éxito el primer reordenamiento territorial del siglo en nuestro país. Sus medidas implicaron una conmoción nacional en un momento penoso y difícil de ajustes post-bélicos y de asimilación de la sens ible pérdida de Panamá. Aquellos ajustes no sólo fueron aceptados en su momento, sino que de allí parte la vida administrativa de seis de los actuales departamentos. De la misma manera, no creemos que ajustes equivalentes en las similares condiciones problemáticas de hoy, produzcan ahora ninguna balcanización, ni aún aquella que esperan los que ya creen ver síntomas de “tres Colombias”: una paramilitar al norte, otra guerrillera al sur y otra bipartidista al centro. Esto ya no es posible por razones económicas, sociales y culturales que más bien defienden la unidad, por encima de imposiciones guerreristas. Con grandes esfuerzos colectivos, Colombia ganó su lucha contra la topografía indómita que aislaba a sus regiones, y hoy es un país unitario de verdad. Las ocho regiones histórico-culturales que nos distinguen en el mundo, están integradas y dependen unas de otras para su progreso económico y bienestar social. Además, las actuales tendencias hacia la globalización mundial nos obligan a pensar en unidades

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territoriales grandes que le hagan bien el juego a dichos macroprocesos sin perdernos, como sería precisamente con Regiones Territoriales plenas (RET). Pero postular RET's funcionales y viables exige revisión de límites y ajustes en el poder local, y admitir accesiones y secesiones de territorios departamentales y municipales con el fin de dar bases firmes a la gobernabilidad y estabilidad necesarias, todo aquello que necesitamos para sobrevivir como nación moderna en el siglo que nace. Para ello se necesita de una alta dosis de generosidad y patriotismo de parte de las clases dirigentes, al adquirir conciencia de la gravedad de las situaciones creadas por el conflicto armado. Para empezar, recordemos cómo es que hemos heredado los actuales límites departamentales y municipales: ellos no nacieron porque sí en el mapa oficial, y su trazo actual no les hace, por eso mismo, intocables o eternos. Se decidieron en circunstancias concretas en un momento dado por gente de carne y hueso, con intereses o ignorancias palpables. En efecto, los actuales límites son por regla general resultado de imposiciones verticales, autoritarias y a veces violentas, externas a los pueblos de base afectados, decisiones que a veces nos vienen desde hace siglos. Por ejemplo, el río Magdalena como límite divisor de departamentos fue decidido hacia 1550 en el Palacio de Aranjuez por el rey de España. (En el África Oriental, los trazos limítrofes entre Kenya y Tanzania fueron decididos según los caprichos de las reinas europeas; los inocentes Masai del Kilimanjaro sufrieron las consecuencias de la división). Los límites de provincias y Estados Soberanos del siglo XIX en nuestro país reflejaron intereses de caudillos de las diversas regiones que así lo determinaron arbitrariamente en la Convención de

Rionegro luego del triunfo de la revolución federalista de 1861. De esas decisiones elitistas persiste nada menos que el embrollo del sur de Bolívar, herencia de un vacío territorial que fuerzas no estatales han venido llenando. Los límites de Risaralda se deben a una puja inmisericorde de políticos caldenses que ante todo querían defender sus curules en el Congreso. De esas inconsultas o incompetentes decisiones, muchas veces sin realizar los amojonamientos físicos necesarios, provienen los 19 conflictos interdepartamentales y 89 intermunicipales existentes según cuentas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en 1993. La existencia de estos conflictos sin que ellos generen movimientos armados por la definición o confrontación de límites es una muestra mas de que los colombianos no nos matamos por cuestiones de limites internos. Igualmente, la conversión de 52 corregimientos en municipios, en los últimos cinco años --proceso positivo que ha permitido descentralizar recursos y fomentar autonomías locales -- se ha realizado partiendo los espacios municipales actuales y redistribuyendo poderes políticos sin que se hubieran ocasionado conflictos cruentos o motines contra las autoridades. Hubo casos de comprensible resistencia en antiguas cabeceras; pero la discusión colectiva y el diálogo, así como la presión desde las bases veredales, con nuevos líderes y movimientos cívicos, permitieron llegar a soluciones ordenadas y constructivas. Situaciones similares de reordenamientos territoriales pacíficos observamos en las reformas de Reyes a comienzos de siglo y en los cambios territoriales de mitad de siglo cuando se crearon nuevos departamentos. Es más, dichas transformaciones de geografía política y administrativa se realizaron como

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estrategias para construir la paz. Del mismo modo, se puede observar que en procesos que podríamos denominar impropiamente de “degradación territorial”, como el paso de un municipio a corregimiento e incluso a formar parte de una ciudad, el caso de los antiguos municipios de la Sabana, se han llevado a cabo sin que surjan actores armados dispuestos a luchar por un status territorial interno. Todo esto parece demostrar que si se hace bien el proceso reordenador que seguimos necesitando, el pueblo colombiano raizal será capaz de asimilarlo sin mayores traumas. No le teme a la revisión de límites tanto como los viejos políticos, y sería a éstos a quienes habría que ilustrar. El Artículo 290 de la Carta, que consagra revisiones periódicas de límites, al aplicarse, puede en esta forma contribuir a la mejor distribución territorial, para fomentar el buen gobierno y cimentar la paz. Y así evitar la desintegración/ descuartizamiento/ balcanización del país que algunos observadores exhibiendo un pesimismo antropológico marcado sobre los colombianos, creen advertir. 3. Metodología y procedimientos. Como vemos, no se puede esconder que la recomposición territorial del país implica una reorganización del poder político local y nacional; ajustes en las circunscripciones electorales; una redistribución de la riqueza producida a todo nivel; y la asunción de la autonomía de cada unidad territorial dentro del marco unitario de la nación. Es necesario desarrollar estos elementos en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Con el fin de superar la actual guerra civil, a partir del reordenamiento territorial recomendamos proceder paso a paso desde las bases comunales locales

hacia arriba, es decir, a partir de las unidades de administración territorial básicas como veredas y corregimientos donde tiene lugar lo cotidiano, pasando a entidades más complejas y grandes como el Municipio, la Provincia y la Región, reconociendo vinculaciones económicas y sociales antiguas o nuevamente creadas por la diáspora campesina, la dinámica demográfica y por el conflicto armado mismo. Estos procedimientos buscan la conformación de organismos e instituciones democráticas de participación popular universalmente acatadas en secciones donde se restablezcan niveles estables de presencia estatal y de gobernabilidad. Tales secciones se declaran sucesivamente como "zonas reordenadas" o "de paz", que se van extendiendo y afirmando unas con otras de manera acumulativa, dentro de un esquema general de paz, que analizamos más adelante. Para proceder con eficacia en el proceso ordenador del territorio se requieren dos clases de disciplinas. En primer lugar, las sociogeográficas con el fin de determinar los límites reales de cada unidad territorial (que como hemos visto no son los que aparecen hoy en mapas oficiales), y las formas de organización del espacio según sus características y posibilidades, como lo quiere la Ley 388 de 1997, tareas que pueden realizarse por comisiones corográficas y otros técnicos mediante levantamientos cartográficos y encuestas. En segundo lugar, pueden emplearse las técnicas participativas (investigaciónacción participativa--IAP) para incorporar a los diseños científicos y técnicos del trabajo los aportes de los ciudadanos idóneos de cada unidad, y otras informaciones cultur ales y sociales pertinentes.

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4. Pivotes y actores del reordenamiento por la paz. Los pivotes principales del autonomismo unitario que consagra la Constitución son las Provincias (constituidas por Municipios afines) y las Regiones, no los Departamentos. El establecimiento de Provincias y Regiones como unidades territoriales será una contribución a la paz y al progreso porque articulan una visión macro ayudando a resolver problemas mayores que inciden en los conflictos, y que los Municipios y Departamentos solos son incapaces de resolver. La realidad de Colombia como país de Regiones, Provincias, Territorios Indígenas y Afrocolombianos es ventajosa para el país. Es cierto que tener regiones no es fenómeno exclusivo de Colombia, ya que pueden registrarse en muchas otras naciones; pero en nuestro caso las regiones han ganado características históricas y culturales peculiares debidas a su inicial aislamiento, características que siguen pesando mucho en la realidad nacional, pero que fueron matizándose y enriqueciéndose con los conflictos internos, las comunicaciones modernas y las visiones nacionales elaboradas desde comienzos del siglo XX por diversos hombres de Estado e intelectuales. La diversidad regional así producida y representada como elemento nacional es rica en lo cultural, económico y político, hasta el punto de que es posible concebir a Colombia como una combinación de Estados Regiones, conformando una República Regional Unitaria. Preferimos identificarnos con las Regiones unidas y no hablar de “federación”, de “federalismo” o de “confederación” a la manera de los cantones suizos, porque ésta es nuestra realidad, en lo que somos privilegiados. Por supuesto, el tema

merece tratamiento a fondo: aquí volvemos sobre ello al final de la Guía, para enfatizar búsquedas propias de forma estatal sin caer en los usuales modelos eurocéntricos que no nos han quedado bien. Como queda dicho, para que reine la gobernabilidad y vuelvan la paz y el progreso a las unidades del territorio, es indispensable que se respeten las decisiones de los pobladores, esto es, a las organizaciones civiles que la dinámica del reordenamiento y otras fuerzas políticas se hubieran producido. Es el derecho a la vida, al trabajo y al futuro lo que queda en juego. De esta regla se deduce que los principales actores del proceso reordenador serán los nuevos dirigentes cívicos e independientes que lo encabecen, nuevos por no estar envueltos con los intereses creados de los políticos tradicionales; pero que se mantendrán sintonizados co n las bases populares de las que derivan su poder político y social. Sin movimientos sociales y políticos regionales y locales que se dirijan a estos objetivos, será difícil llegar a las metas propuestas. Reglas nuevas para este juego reordenador surgirán en cada sitio según las necesidades encontradas o descubiertas. Para todo ello conviene conocer principios de democracia participativa y la filosofía de la participación popular, sin olvidar que en éstas cuentan tambié n soluciones conocidas de representación colegiada. No es posible hoy el ejercicio de la democracia directa, al antiguo estilo ateniense, ya que será necesario delegar poderes y hacer fe en las capacidades de los dirigentes escogidos. Turnarlos y ensayar liderazgos colectivos puede resultar conveniente. Reconstruir concejos municipales y recolocar en sus sitios a los personeros de cada comunidad, con el respeto de las gentes,

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es parte del proceso reordenador para la paz. El respeto comunal debe incluir aquel de los grupos armados, oficiales e irregulares, que tienen presencia a nivel local. No es posible reconstruir la democracia con una espada de Damocles colgando sobre ella, creando situaciones de intimidación que desvirtúen la voluntad popular. Esta debe ser siempre libre de coacción. Y los grupos armados deberán respetar siempre el resultado de las decisiones de los pueblos, en la esperanza de que el proceso haya sido honesto y transparente, y encaminarse hacia el desarme. En casos difíciles o persistentes de violencia armada, no queda otro camino que pedir o exigir la presencia coactiva externa, expresada en mecanismos de veeduría, seguimiento, control y justicia con poder suficiente para hacerse respetar y hacer respetar los acuerdos ciudadanos por todos los grupos armados. PARTE I. SOBRE LOS GOBIERNOS LOCALES 1. Guías para la reconstrucción de la gobernabilidad local 1. Registre síntomas de vacíos de poder. Lo primero que puede observarse en las áreas de conflicto es la existencia de un vacío de poder político o ingobernabilidad, que se manifiesta de las siguientes maneras: a) Desconocimiento de los límites actuales de las secciones políticoadministrativas (municipio, distrito y departamento). Este fenómeno es general en el territorio naciona l, lo que convierte a los trazos fronterizos que aparecen en los mapas, como simples ficciones. Todo límite interno es hoy problemático debido a fallas de concepción y/o ejecución del amojonamiento, protocolos incompletos

sobre límites y errores de apreciación sobre el sentir de los ciudadanos afectados. Además rompen con la unidad socioeconómica y ecológica de los territorios. Ello invita a cuestionar el sistema ordenador nacional y a exigir el cumplimiento del Artículo 290 de la Constitución que permite la revisión periódica de límites y corregir el desorden existente. b) Rechazo, supresión o sometimiento de autoridades legítimas en sus respectivas jurisdicciones. Es la máxima expresión del irrespeto a la sociedad civil y a la voluntad popular por parte de grupos armados. c) Ignorancia de normas legales vigentes y formulación de normas alternas. Como mal generalizado en el país, viene a ser parte de los puntos anteriores. A veces se dictan normas locales, como la Ley del Llano de 1952, o se establecen consensos en "comunidades de paz" hasta ahora inestables. d) Reemplazo de instituciones locales, regionales o nacionales por otras ad-hoc. Refleja la necesidad elemental de reglas para la convivencia, como para el orden público, la justicia, las relaciones familiares, los transportes y contactos con el exterior, reglas cuya aplicación es asumida por las fuerzas de ocupación armada. e) Imposición de contribuciones, gramajes e impuestos. Es la forma especial de asegurar la sobrevivencia de las fuerzas de ocupación, por coerción de la población local o con su acuerdo. 2. Determine los orígenes de los vacíos de poder. El vacío de poder que se experimenta en estos sitios se origina, por regla general, en las operaciones que realizan tanto el Ejército Nacional como las guerrillas y los paramilitares. Todos hacen ocupaciones de hecho al crear unidades de control o de gobierno local a partir de secciones mínimas de territorio

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como veredas, caseríos, corregimientos o resguardos. Someten o desplazan entonces a la población campesina respectiva. En estos casos el vacío de poder se crea por la fuerza de las armas y se desconoce a la sociedad civil que queda sin la capacidad de defensa propia y sin la autonomía básica para trabajar y producir, transmitir la cultura, y reproducirse con el sosiego indispensable. 3. Apele al poder primigenio del sector civil y articúlelo. Resulta evidente que para reconstruir de manera estable la gobernabilidad local, como base de la regional y la nacional, tenemos que apelar a la fuente primigenia del poder que es el pueblo soberano. Se le considera constituyente primario de la sociedad y del Estado. Por lo tanto, se necesita reconocer, articular y hacer respetar la organización propia o autónoma de la sociedad civil que se expresa en movimientos sociales y en unidades vitales mínimas, empezando con la gente de carne y hueso que habita veredas, laderas, barrancos, o valles, el "pueblito viejo" desarmado que vive de su fuerza de trabajo. No se trata del pueblo en armas que se ha levantado para luchar por ideales políticos, ni tampoco del pueblo armado en cooperativas de defensa. Se trata del pueblo productivo directo en sus respectivos contornos. Por tanto, en aquellos casos de vacío de poder estatal en que ha habido ocupación prolongada de unidades por actores armados que hubieran asumido funciones estatales adhoc, será conveniente inducir también la evolución del poder de las armas hacia el poder civil, como viene explicado. No es aceptable reordenar territorios bajo la espada de Damocles de la violencia, ni se puede reconstruir una democracia auténtica con intimidaciones. Los actores armados tendrán que acceder a

movimientos sociales o a otras formas del accionar político dentro del esquema general de paz acordado (punto 7). 4. Tome en cuenta las necesidades fundamentales de los pueblos. Resulta obvio, aunque se olvide con frecuencia, que son las necesidades y aspiraciones de estos pueblos de base, en su generalidad campesinos, las que hay que tomar en cuenta en la búsqueda de la gobernabilidad. Son las gentes que más han sufrido el conflicto en su cotidianidad e injustamente, en cuyas casas se ha asesinado, golpeado o abusado, de donde huyen como desplazados constituyéndose en víctimas de las políticas de liquidación humana que se han venido imponiendo desde los ámbitos del poder nacional e internacional. De entre ellos se recluta el personal para las guerras, pero también allí está una juventud sin futuro que bien merece otro destino, no el de una sociedad cuyo tejido se desgarra día por día. 5. Reviva el altruismo tradicional. Curioso que estas sufridas gentes del campo y la ciudad, con toda su pobreza y marginalidad, hayan conservado de manera natural una tradición no bélica, de cooperación, ayuda mutua y altruismo. Esta tradición viene de siglos atrás y puede tener raíces precolombinas. Conviene estimularla para volver a ganar niveles adecuados de estabilidad, progreso y paz. Por ejemplo, es paradójico que sea en las zonas del sur de Bolívar donde se desarrollan las peores batallas del momento, siendo que ése era el paraíso lejano y tranquilo donde se refugiaban las familias de la depresión momposina que huían de las guerras civiles del siglo pasado cuyo teatro era el río Magdalena. Reconstruían de manera pacífica la sociedad violenta y la cultura guerrerista que así dejaban atrás. El aislamiento de palenques como Norosí y riberas como

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San Pablo y Papayal aseguraba la comida, la alegría colectiva, y la creatividad cultural. Esta tradición pacífica ancestral, que sobrevive en las bases rurales a pesar de la guerra, es la que habría que apoyar, como sociedad civil, para reconstruir la gobernabilidad en lo s niveles territoriales superiores. 6. Anticipe y combata la resistencia de políticos enemigos del reordenamiento. Es posible que los políticos locales con intereses en los mismos sitios se resistan a los ajustes territoriales, porque quedaría en entredic ho su viejo poder. Para ello se necesita cierto realismo de parte de los políticos afectados, para que cedan y no se constituyan en obstáculo para la búsqueda de la paz con justicia que todos anhelamos. 7. Establezca zonas reordenadas o de paz en unidades mínimas vitales. En consecuencia de lo anterior, es positivo concentrar la atención inicial del proceso reconstructor en la unidad mínima vital de territorio que es la vereda, el caserío, el corregimiento, la ladera o el resguardo, como viene dicho, para llegar a declararla zona reordenada o zona de paz. Siendo este punto muy importante para el argumento central de nuestra Guía, vamos a elaborarlo un poco más. a) Condiciones del esquema general de paz. El esquema general de paz que podrá surgir de las entidades nacionales constituidas para el efecto, como el Consejo Nacional y la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, hará bien en incluir o confirmar lo siguiente: * Un mecanismo de proscripción bélica total que incluya las armas, el reclutamiento forzado y el servicio militar obligatorio (lo que liberaría a la juventud de prácticas violentas tradicionales de iniciación), y el desmantelamiento de grupos paramilitares.

* Un requerimiento por el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el respeto a la vida, a la independencia, al derecho de autodeterminación y la libre expresión de las poblaciones en sus respectivas unidades territoriales, por parte de todos los grupos armados así oficiales como insurgentes e irregulares. Ello significa reconocer el poder popular local como constituyente primario, en expresiones democráticas libremente ejecutadas tales como la elección de autoridades propias y la incorporación de personeros institucionales (jueces, maestros, sacerdotes, etc.). * Mecanismos para esclarecer y castigar crímenes de lesa humanidad y la reparación de los daños sufridos por víctimas. * Mecanismos de estímulo, veeduría, protección y control sobre el proceso reconstructor, en especial sobre grupos armados, incluyendo los que ofrezcan instancias internacionales respetables como Naciones Unidas, OEA, Cruz Roja y organismos no gubernamentales. b) Condiciones derivadas de la situación local. La declaración de zona reordenada o de paz podrá tomar en cuenta: * Los estragos sufridos por la respectiva unidad territorial, examinando con técnicas IAP los restos de la comunidad y los vestigios de organización social y liderazgo natural en cada sitio. Si se trata de desplazados, estudiar las condiciones de su localización original o de la nueva a que hayan accedido. En todos estos casos será necesario impedir la continuidad o extensión del latifundio y crear condiciones de uso de la tierra y de lo s recursos naturales más eficientes y vinculadas al mercado, como se está ensayando con zonas de reserva campesina en Caquetá y Bolívar y con adjudicaciones de tierras colectivas en el Atrato Medio.

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* Los nuevos límites creados por el desarrollo de los conflictos o por los procesos de cambio inducidos por nuevas vías de comunicación, por actividades económicas y de colonización, o por la nueva ocupación espacial. Para ello pueden emplearse técnicas de investigación sociogeográfica. * La elección o designación legítima de autoridades para la nueva circunscripción que hubiera surgido con la delimitación realizada. Reflexiones prácticas La declaratoria de zona reordenada o de paz no es nueva. Se ha intentado en lugares como el Caguán (Caquetá), Cimitarra (Santander), Aguachica (Cesar) y San José de Apartadó (Urabá), donde la fórmula ha funcionado por períodos cortos. Pero funcionó, para enseñarnos que es una vía posible para llegar, de abajo hacia arriba, a la reconciliación nacional. Lleva a formas civiles diversas de resistencia a la guerra; estimula la recuperación de la dignidad colectiva; e induce a adoptar expresiones políticas autónomas de gobierno popular sin lastres del pasado. ¿Podríamos ensayar estas fórmulas en la "zona de despeje" de los municipios del Meta y Caquetá que se quiere organizar en el presente semestre? Parece que las posibilidades estarían dadas para comenzar allí un interesante proceso de consolidación de condiciones para la paz regional de manera continua y extensa, afianzando lo que se ganara durante el período de despeje. De manera similar, son positivas las autorizaciones concedidas por el gobierno anterior a los gobernadores para establecer comisiones de convivencia, conciliación y paz con el fin de dialogar y hacer negociaciones parciales con

comandantes guerrilleros en cada sitio. Estas medidas van en la dirección correcta, y por eso sus resultados son satisfactorios hasta la fecha en 16 Departamentos que lo han practicado. Lo mismo ocurre con las gestiones locales y regionales de obispos y párrocos, como el Programa de Paz y Desarrollo del Magdalena Medio. Esta tendencia podría continuar sin fatiga para "desbogotanizar la paz". En los trabajos y campañas que con estos fines se organicen, conviene enfatizar que la paz va má s allá del silenciamiento de las armas. Debe haber paz con justicia, lo que en el campo significa acceso democrático y equilibrado a la tierra productiva y a las riquezas generadas, en una reforma agraria real y profunda, porque hay que saldar una vieja y sangrienta deuda social. Vivir en paz en nuestras localidades significa vivir sin el terror ubicuo de la violencia como la hemos venido sufriendo, porque habrá por fin un profundo respeto a los derechos fundamentales. La paz en el campo colombiano podrá llevar a una mejor convivencia en las ciudades campenizadas que la guerra ha fomentado. Sería posible retrotraer los nocivos efectos que el Plan Colombia de Currie y Pastrana (padre) ha tenido en la descomposición urbana para criar los "Rodrigos D" y "vendedoras de rosas" que hoy pululan sin norte ni sentido. El retorno a la tierra en las modalidades indicadas atrás puede brindar buena parte de este futuro, si se hace la reforma agraria real y profunda mencionada, y si se impide la interferencia de los grupos armados en los territorios concedidos, como ocurre hoy en el Chocó.

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2.

GUÍAS

RECONSTRUCCIÓN

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PARA DE

LA LA

GOBERNABILIDAD MUNICIPAL. Una vez reconstruida la unidad mínima vital del territorio cual es la vereda o sitio, se puede más fácilmente reconstruir el municipio al que pertenece, y llegar a proclamar a éste también como zona de paz. Veamos algunas de las guías pertinentes. 1. Determine los límites reales de la comunidad. Partamos del hecho de que no existen límites actuales funcionando en ningún municipio o departamento del país. Se han roto o modificado por la fuerza de los procesos sociales, económicos y bélicos de la realidad que han tenido lugar en el campo desde hace medio siglo, por lo menos. Ninguna fuerza armada los reconoce (tampoco otras instituciones). La misma diáspora campesina producida por la necesidad de la supervivencia rompe los límites formales y hace correr la frontera agrícola cada vez más lejos, creando nuevos asentamientos desconocidos por los gobiernos y por los catastros. Por lo tanto, con el concurso popular, se buscará fusionar y modificar entidades territoriales y suprimir las que no son viables. Las gentes del común saben por regla general donde principian y donde terminan funcionalmente las unidades a las que pertenecen. Son el resultado de la interacción social reconocida por los mismos habitantes en sus desplazamientos diarios, tareas y ocupaciones habituales. Las comunicaciones terrestres son fundamentales para conocer el polo de atracción de los caseríos o pueblos, tales como las cabeceras de municipios, que es criterio básico para determinar las áreas

de influencia y límites externos reales de los pueblos. Es necesario que las autoridades sepan bien donde comienzan y donde terminan sus comunidades reales, para gobernar con eficacia y seguridad. Los límites reales no son difíciles de determinar si se apela a la memoria visual e histórica de las gentes y sus líderes naturales, quienes informarán al respecto. Los topógrafos no son necesarios en esta primera etapa, sólo después para tecnificar la tarea demarcatoria y fijar los mojones. Los límites reales casi nunca son los mismos formales o políticoadministrativos, pero habrá de buscarse una eventual congruencia entre ellos. Son necesarios para conocer los componentes de todo Municipio o Departamento en su integridad funcional. Estas tareas se pueden adelantar con la geografía social y la IAP para buscar consensos y acuerdos de base que eviten celos, suspicacias y resistencias en los ajustes de las entidades. 2. Reconozca que la falta de autoridades formales no significa anarquía. En muchos de esos sitios ignotos e indeterminados gobierna la guerrilla. En otros existe una falta completa de autoridades, lo cual no significa ni anarquía ni desorden. Existen estructuras propias de liderazgo natural que conviene reconocer y acoger. Se aplican entre ellos las reglas latentes y manifiestas de la solidaridad social y ayuda mutua a las que ya hicimos referencia. Muchas veces se ha observado que han sido los agentes del Estado los que introducen allí la violencia, cuando se hacen presentes. 3. Construya o reconstruya la estructura formal del municipio real. Una vez conocidos los componentes reales del municipio, esto es, los caseríos o corregimientos en sus comunidades que se identifican con la respectiva cabecera, se puede proceder a construir o

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reconstruir el Concejo municipal con personas idóneas, y a elegir alcalde y otras autoridades. Si se hace bien este trabajo con la IAP, se verá que habrá unidades territoriales que salgan de un municipio antiguo para anexarse a otro, porque así lo quieren los habitantes. Esto habrá de respetarse, en lo que se fomenta la satisfacción social y se crean nuevos canales de actividad económica y progreso general. Así se contribuye a la paz regional. 4. Emplee la juventud y nuevas fuerzas en la reconstrucción municipal. Por dentro o por fuera de las estructuras partidistas tradicionales, conviene que en estos esfuerzos de reconstrucción social y política intervengan las nuevas fuerzas de las comunidades, en especial los/las jóvenes. Habrá que formar con ellos y ellas una nueva y satisfactoria actitud de servicio al pueblo y de búsqueda del avance colectivo, creando el orgullo de pertenecer a su comunidad o a sus juntas comunales o Concejos. Se pueden emplear técnicas culturales y participativas con estos fines, y organizar movimientos sociales y cívicos diversos. 5. Proclame al municipio como zona reordenada. Sólo si se cumplen los requisitos anteriores de respeto por parte de los grupos armados a la voluntad de los vecinos --expresada en manifestaciones populares como elecciones, referendos y plebiscitos y en movimientos sociales en las unidades básicas ya descritas-- se podrá proclamar al municipio interesado como zona reordenada o de paz. En estos casos, distinto de formas conocidas de reinserción, se pueden estudiar formas abiertas de postulación y asimilación de guerrilleros como concejales, alcaldes, y otros funcionarios, o como miembros o impulsores de movimientos sociales y cívicos, como se ha hecho exitosamente en otros países con similares problemas.

6. Ponga las bases para asociar municipios afines. Los problemas contemporáneos de servicios (agua, energía, aseo, educació n, salud, transporte, medio ambiente) no pueden resolverse sólo dentro del ámbito de los municipios tomados por separado. Desbordan sus límites. De allí que conviene poner bien las bases de Áreas Metropolitanas y Asociaciones de Municipios afines y vecinos. Las Asociaciones de Municipios se vienen extendiendo por todo el país desde los años 80 sin tomar en cuenta los límites de departamentos, en lo que hacen bien. Los municipios de las Áreas Metropolitanas sólo deben demostrar el fenómeno de la conurbación que les va ligando unos a otros y a un núcleo urbano principal. Es bueno dar a conocer las legislaciones existentes al respecto para llevar a la conformación de Provincias, que son más estables que las Asociaciones como entidades territoriales constitucionales, a lo que nos referiremos más adelante. 7. Trabaje simultáneamente la descentralización y el ordenamiento. No separe estas dos políticas porque son hermanas siamesas. Los dineros del Estado deben tener receptáculos bien conformados como serían los municipios reconstruidos. Sólo así se evitan los despilfarros y la corrupción que han reinado. 8. Organice ETIS y comunidades afrocolombianas ribereñas. Según el tamaño que tengan, pueden organizarse entidades territoriales indígenas en el ámbito munic ipal, con base en las propuestas adelantadas por la Comisión Conjunta del Senado de la República y la Comisión de Ordenamiento Territorial en 1993, que contó con la participación indígena. Así se respeta su autonomía como naciones indígenas, sus

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conocimie ntos y su identidad cultural, elementos intrínsecos de la paz nacional. De la misma manera, conviene aplicar la Ley 70 de 1995 sobre comunidades afrocolombianas ribereñas, evitando los enfrentamientos a que ha llevado con grupos indígenas por causas discutibles. Estas formas de tenencia colectiva de la tierra son la mejor protección hasta ahora previstas contra los abusos de empresas madereras y mineras, en lo que debería fomentarse su alianza con ETIS cercanas o vecinas. Su reforzamiento impedirá las invasiones por grupos armados que les han afectado en los últimos meses de manera cruel e injusta; y permitirá defender a las comunidades negras de los megaproyectos destructivos que quieren desplazarlas y desocupar su hábitat, con fines de sobreexplotación de recursos y obtener el control geopolítico y económico de la Costa Pacífica. PARTE III. ESTRUCTURA ESTADO

SOBRE LA DEL NUEVO

1. Hacia las provincias. La Provincia, como coordinación de municipios afines que combinan proyectos, recursos y voluntad política, puede contribuir a la solución de conflictos al asegurar el buen gobierno en un nivel superior y más amplio de espacio territorial. Para crearla pueden darse los siguientes pasos. 1. Determinación de afinidades y necesidades comunes de municipios cercanos. Así como ocurren afinidades veredales para conformar municipios, también a otro nivel se crean afinidades, necesidades comunes y actividades compartidas entre municipios cercanos que hacen necesario estructurarlos como un Provincia autónoma y perma nente. Las técnicas para definir estas tendencias

son las mismas recomendadas para los municipios (geografía social e IAP). 2. Empleo de criterios de externalidad y escala. Se descubrirá la ventaja de principios como los de externalidad y escala para pla ntear proyectos comunes de desarrollo económico y social que sólo serían viables si los municipios aúnan esfuerzos. El principio de externalidad se refiere a efectos que una entidad tenga sobre otras, por ejemplo, en aspectos ambientales como cuencas hidrográficas o en las que se trascienden los límites administrativos buscando entes mayores. El de escala se aplica por razones técnicas o de tamaño financiero que hacen aconsejable delegar del Municipio al Departamento, o de la Región a la Nación, proyectos provinciales o subnacionales. 3. Intercambio de experiencias entre alcaldes y municipios afines. Como se dijo atrás para las Asociaciones de Municipios, ninguno de éstos es capaz de resolver por separado sus problemas de servicios públicos, y menos aún los derivados del conflicto armado. Es necesario combinar los municipios, con lo cual tanto los alcaldes como los gobernadores departamentales ganan al asumir una amplia visión de gobernantes, la consideración expedita de los asuntos municipales que adquieren mayor presencia, voz y autoridad ante poderes externos, y el manejo eficiente de recursos. 4. Conformación de Provincias plenas. Es loable que las Asociaciones de Municipios coronen su gestión con la conformación de sus respectivas Provincias. Pero como el Artículo 321 de la Constitución impide combinar municipios de diferentes departamentos, se impone la necesidad de reformar dicho artículo y corregir así una imposición de última hora que ocurrió en la Asamblea Constituyente de 1991. Necesitamos

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trabajar con Provincias plenas, no recortadas por los límites ficticios de los departamentos. 5. Establecimiento de Círculos Electorales de Diputados. Según el Artículo 299 de la Constitución, los Círculos para la elección de diputados equivalían a Provinc ias y servían para que en las Asambleas se alcanzara una representación equilibrada de todas las secciones de los departamentos. El Acto Legislativo No. 1 de 1996 los suprimió inconsultamente, pero cabe insistir en ello por su evidente conveniencia, y como una contribución a la paz regional. En esta forma las Provincias adquieren mayor justificación política, si se adelanta la campaña para reintroducir en el Artículo 299 el Inciso 2 que fue borrado. No obstante, si se ajustan los Departamentos a la estruc tura provincial/regional, como se sugiere en la próxima sección, las actuales Asambleas podrían quedar redundantes y los Círculos Electorales de Diputados no serían ya necesarios. En estos casos, las Asambleas podrían fraccionarse dentro del territorio departamental para formar Consejos Provinciales constituidos por alcaldes o sus representantes. Saltan a la vista los ahorros al fisco departamental producidos por estas medidas. 6. Promoción de la política provincial. No se deben enfrentar gobernadores y alcaldes sobre estos asuntos, porque todos se benefician con la creación de Provincias, por las razones de servicio público, visión de Estado y economía de escala que se han enunciado. Como lo veremos enseguida, es patriótico trabajar en este empeño por cuanto los Departamentos pueden asumir funciones de coordinación, supervisión y orientación de proyectos multiprovinciales de desarrollo económico y social, así como de gestión de proyectos macros del nivel regional o

supradepartamental que luego articulen y ejecuten las Regiones. En estas tareas grandes, las fuerzas insurgentes pueden hacer una sustancial contribución, porque también son un poder multiprovincial o regional. 2. La transición de departamento a región. No conviene suscitar celos ni enfrentamientos entre regionalistas y departamentalistas en lo que a la reconstrucción del Estado se refiere. Un mismo propósito patriótico y de progreso general debe cobijarnos, pensando siempre en lo que convenga mejor para los pueblos gobernados. Nuestra personal opinión es conocida: pensamos que los pivotes centrales de la nueva república son la Provincia y la Región jugando conjuntamente, y que los Departamentos actuales deben empezar a asumir una u otra función, o convertirse en una u otra. La introducción histórica de los Departamentos no ha sido del todo feliz, ya que fue resultado de tendencias extranjerizantes no bien adaptadas a nuestras realidades, y de la imposición bélica por el triunfo de un partido político en el campo de batalla. Pero en cambio, los departamentos pueden ofrecer una excelente labor de coordinación regional, con cuya práctica podrán irse acomodando en el nuevo Estado. Siguen ahora algunas sugerencias para facilitar la transición del Departamento a la Región. 1. Reconocimiento de la importancia táctica de Departamento. Constitucionalmente, sin la aceptación de los gobernadores y asambleas, no se abren las puertas para crear Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) conformadas por dos o más departamentos. A menos que se reforme el Artículo 306 de la Carta, hay que trabajar con estas entidades en lo que

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puede verse como un período de transición constructiva. Promover protocolos de intención para crear RAP's y obtener las autorizaciones de las asambleas son pasos necesario s. Pero no conviene crear nuevos departamentos en estas circunstancias, entidades que al dividir los existentes sólo heredarían sus problemas de concepción y ejecución sin resolver a fondo las crisis existentes. Por ejemplo, un nuevo departamento en el sur de Bolívar no acerca las soluciones requeridas de gobernabilidad local o regional. Otras posibilidades merecen considerarse, como la provincialización y/o la anexión a entidades vecinas. 2. Obtención del aporte político de los Departamentos. La contribución de los departamentos a las RAP's es más del orden político y de competencias que de recursos financieros (éstos sólo suben al 14 por ciento de los gastos estatales), lo que quiere decir que diversas competencias actuales de los departamentos pueden delegarse y responsabilizar al gobierno central por la mayor porción de los gastos consiguientes. 3. Refuerzo al papel coordinador de los Departamentos. El proyecto de ley de las RAP's puede dar a los departamentos funciones de coordinación, supervisión y orientación de proyectos multiprovinciales de desarrollo económico y social, así como de proyectos macros del nivel regional o supradepartamental que serían articulados y ejecutados por las RAP's, basados en los criterios de externalidad y escala ya mencionados. 4. Descentralización de funciones estatales específicas. Por las razones antedichas, los departamentos y las RAP's deben asumir las estructuras, recursos y funciones regionales específicas de los Ministerios e Institutos Nacionales

Descentralizados (incluyendo la educación superior), dejando a los entes nacionales sólo con el papel orientador y fiscalizador que les corresponde. Esta medida, junto con la siguiente, aportaría, según estudios, alrededor de 4 billones de pesos a los departamentos y RAP's y 35 mil funcionarios actuantes. 5. Paso de los CORPES a las RAP's. El período de vida de los Consejos Regionales de Planeación Económica y Social (CORPES) ha terminado. No deben prorrogarse más, y su permanencia está creando tensiones y conflictos que complican la búsqueda de gobernabilidad. El paso siguiente es el establecimiento y organización de las RAP, como lo autoriza la Carta, con un mínimo de aparato administrativo. Para ello el concurso de los gobernadores es fundamental, como ya se dijo, con el fin de obtener la pronta expedición de dicha ley. En ésta debe prestarse atención a las relaciones entre los departamentos y las RAP's sobre competencias y recursos, y no dejarse llevar por la falsa idea de que se crea burocracia adicional. En la práctica, los gastos actuales de los CORPES no se agrandarían con el paso a las RAP's. 3. Hacia las regiones. La Región, como suma orgánica de departamentos que se encuentran en un mismo proyecto histórico de desarrollo económico y social en paz, mirando al siglo XXI y al mundo, es el segundo pivote central del nuevo Estado, además de la Provincia. Para llegar a construir la Región como Estado Región, hacemos las siguientes sugerencias. 1. La RET es la meta. Las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) deben ser una etapa corta para llegar a la meta de autonomía y poder regional que es la Región Territorial plena (RET), es

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decir, el Estado Región. Para algunos, como los de la Costa Caribe, tres años pueden ser suficientes porque han adelantado campañas regionales con este fin. En otras partes habrá de considerar períodos adicionales mientras se aclimata mejor la idea. La ley de RAP debería por lo tanto facilitar este paso a RET y no complicarlo con demasiados requisitos y reglamentos. La RET asumiría todas las funciones autonómicas del Artículo 287 de la Carta. 2. Creación de las Regiones. En cuanto al número y localización de las Regiones, ello dependerá de la opinión pública y de la organización de las fuerzas políticas locales y regionales dispuestas a construir las RETs. Histórica, cultural y geográficamente se han determinado ocho Regiones por geógrafos y sociólogos a partir de estudios realizados desde 1903; una última propuesta de 1996 sugiere combinar departamentos siguiendo pautas constitucionales. Pero es muy posible que nuevas Regiones se hayan ido creando espontáneamente, sin respetar a los departamentos, debido a la intensidad de los procesos sociales, políticos, económicos y bélicos que los colombianos hemos desatado en el presente siglo. Pueden observarse manifestaciones de estas nuevas Regiones extradepartamentales en el Magdalena Medio, los Llanos Orientales (Arauca y Casanare), el Suroccidente con el Pacífico, y el Nororiente (Guajira y Cesar). En estos casos habrá que promover la reforma de los Artículos 306 y 307 de la carta para desligar la creación de las RETs de la existencia de departamentos. La provincialización puede facilitar este proceso de recomposición territorial. Por otra parte, tomando en cuenta sus tamaños, en los Estados Regiones pueden

quedar orgánicamente incluidas las ETIS y las comunidades ribereñas afrocolombianas mayores. 3. Función de la participación popular. Como viene dicho, la conformación de una Región invita a la movilización popular. Según lo previsto, para hacerla se necesita no sólo una ley especial sino un plebiscito aprobatorio. Ello no es fácil. Por lo mismo, las autoridades y el sector civil de la población habrán de organizarse y actuar mancomunadamente en movimientos sociales y cívicos, colocando los medios de comunicación al servicio de esta causa. La IAP puede ayudar en la tarea. A los grupos insurgentes regionales corresponde apoyar políticamente la movilización popular en los territorios que controlan, y facilitar la transición del poder militar al poder civil. Y los intereses centralistas no deben interferir o impedir estos patrióticos procesos. 4. Obtención de recursos. Habrá de buscarse la presencia plena de las Regiones en instancias de poder como el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), el Departamento Nacional de Planeación y el Plan Nacional de Desarrollo, los Fondos de Inversión Regional (FIR), el FINDETER y el Fondo Nacional de Regalías. A este último fondo tienen acceso directo las Regiones, por disposición constitucional. No es cierto que las Regiones, al constituirse, se conviertan en carga adicional para el fisco. Diversos estudios han demostrado que tienen un costo fiscal cero o neutro, porque racionalizan gastos ya existentes y no demandan nuevas erogaciones. Las posibilidades de aporte de recursos financieros a la Región resultan comparativamente inferiores a las que registra el nivel nacional. Con una simple fracción de los recursos nacionales existentes se abriría el camino para las Regiones.

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5. En busca del equilibrio regional. Conviene respetar el principio del equilibrio regional tanto dentro de las Regiones como entre ellas y el país, para evitar la injusta acumulación de recursos y aportes en determinadas secciones (como las urbanas y más prósperas) olvidando las necesidades de las demás, y para combatir la malversación de los dineros públicos. En otra forma se juega con el peligro de separatismos como en el caso de Panamá y de amenazas o erupciones como las ocurridas en la Costa Caribe, el Cauca, Antioquia, Tumaco, Quibdó y Arauca. Por ejemplo, el llamado "Triángulo de Oro" (Cali, Medellín, Bogotá) todavía absorbe el 60 por ciento del gasto nacional. El desarrollo regional bien concebido como contribución a la paz, se caracteriza por ser como de vasos comunicantes entre localidades. Esta regla incluye el cuidado de aplicarla igualmente dentro de las regiones y aún dentro de los municipios con los debidos controles del poder central, para que no ocurran monopolios odiosos, despilfarros y prevaricatos. De la misma manera, podría pensarse en combinar departamentos ricos y pobres en una misma Región, pero buscando evitar la explotación que por regla general se ha venido haciendo, y controlando los enclaves extranjeros. Por ejemplo, debe observarse el caso del Chocó y lo que se ha bautizado como “la mejor esquina de América” con inclusión de Antioquia y Córdoba, porque puede ser fuente de grandes tensiones y conflictos regionales e internacionales y de depredación humana y ambiental. La vieja hacha paisa no puede simplemente reemplazarse por una motosierra, sino que ésta debe ir acompañada de una filosofía postmoderna para que la fría acumulación de capital quede subordinada a los derechos de los pueblos y a los factores humanos y culturales de toda una región,

principalmente los de las comunidades afrocolombianas del Pacifico. La acumulación de regalías por un solo departamento, hasta por un solo municipio, es práctica irracional que no sólo demuestra egoísmo de los dirigentes y administradores, sino que abre puertas para el despilfarro y la corrupción, como se observó en Arauca. Los recursos naturales, que son nacionales y no departamentales o municipales, deben manejarse con los criterios más amplios posibles. Con ellos se conforma el Fondo Nacional de Regalías. 6. Asunción de funciones centralizadas. Por las razones ya expresadas, las Regiones deben asumir las estructuras, recursos y funciones de los ministerios e institutos nacionales, los parques nacionales y las Corporaciones Regionales de Desarrollo que la Ley 99 de 1993 colocó en el Ministerio del Medio Ambiente. Las entidades ministeriales y centrales deben asumir el papel de orientador y fiscalizador de dichas tareas con base en los códigos, buscando que se cumplan las disposiciones sobre equidad regional en la distribución de los recursos, como viene dicho. Conviene igualmente buscar el ajuste de los límites jurisdiccionales de las Corporaciones mencionadas, para conformarse a los límites reales de las entidades territoriales como se argumentó atrás, o para respetar realidades ecológicas como nudos, sierras y depresiones cienagueras, descartando el artificio burocrático actual con que se duplican los fallidos límites departamentales. 7. Reconocimiento de la autonomía de los Distritos. Aún dentro de los límites de las Regiones, parece adecuado estudiar las formas de separar a los Distritos de los actuales departamentos y reconocerles su autonomía administrativa, política y

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fiscal. Ello simplificaría y ordenaría mejor el manejo de la cosa pública y sería motivo de sosiego general, al evitar duplicaciones burocráticas como en los casos en que un distrito es, al mismo tiempo, capital de departamento y cabecera de municipio. Las capitales afectadas en esta forma podrían trasladarse a otras ciudades dentro del mismo departamento. Además, en el mismo sentido se podría pensar en flexibilizar el concepto de “sede de gobierno” para permitir rotaciones de la administración pública en diversos sitios de la misma entidad territorial. De todos modos, no parece conveniente crear nuevos Distritos, a menos que por conurbación intensa crezcan las Áreas Metropolitanas, y acepten la conversión los Municipios afectados que desaparecerían. 8. Ajuste por accesiones y secesiones de territorios. Sería una gran contribución a la paz nacional y regional si los Estados Regiones facilitaran ajustes territoriales -accesiones y secesiones-- de zonas en las que no existe la gobernabilidad o no hay sentido de identidad cultural regional, como en el caso de los sures de Bolívar, Cesar y Córdoba, donde las afinidades son con Antioquia y los Santanderes, o en Urabá donde las afinidades van con la Costa Caribe. Esta sugerencia se basa en las tesis anteriores sobre reconstrucción de límites funcionales de entes territoriales, y en la incidencia de procesos regionales espontáneos extradepartamentales. 4. La república regional. Las guías prácticas, sugerencias y otras indicaciones que hemos presentado en las secciones anteriores han enfatizado la importancia de la autonomía administrativa en la definición y reconstrucción de las entidades

territoriales en Colombia como una contribución a la búsqueda de la paz y el progreso, en especial aquellas afectadas por el conflicto armado en niveles locales mínimos. La regla de la autonomía no es nueva. Aparece en la Constitución al tiempo con otras dos: la del reconocimiento de la diversidad cultural y la del respeto a la unidad nacional. Con este complejo geopolítico puede concebirse un nuevo Estado en nuestro país, que es nuevo porque se aleja del modelo centralista de la Carta anterior. El modelo al que lleva es una modalidad moderna y propia que hemos identificado como Regional Unitario. No se trata del federalismo del siglo XIX, con los estados soberanos y sus guerras internas con que nos asustan los críticos. Tampoco se trata de adaptaciones flexibles del federalismo clásico con sus ribetes extranjerizantes. Hoy las soberanías están desdibujadas por fuerzas económicas globales que imponen agendas impensadas, en las que el poder se desplaza de los gobiernos a las corporaciones. Se ha impuesto un mundo con peligros de dominio unipolar, homogeneid ad cultural, desequilibrios sociales e injusticias económicas que es necesario corregir con aportes políticos, sociales y culturales en los que lo particular responde dialéctica y críticamente a lo general. En este marco universal caben la regionalidad y la cultura, porque combinan precisamente elementos dinámicos de diversos niveles y contenidos que van de lo micro a lo macro, de lo local a lo nacional y a lo internacional, que rompen los esquemas globalizantes de la homogeneidad. Dentro del sistema regio nalista no puede haber posibilidades de fraccionamiento o balcanización a lo yugoslavo. Las guerras balcánicas tienen profundas raíces religiosas y étnicas que

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por fortuna no ocurren acá, ni aún en las especiales situaciones del Pacífico. Aspiramos a que las polaridades políticas del pasado (hoy existen 67 movimientos legalmente inscritos) tampoco adquieran aquella diabólica dinámica de la primera violencia, cuando se crearon y bombardearon “republiquetas independientes”, y no pasen a contaminar las bases populares libres que quisieran vivir en paz, compartiendo recursos, conocimientos y realidades. Así puede verse en secciones castigadas por el terror paramilitar, como en el Pacífico. Como lo sostuvimos al comienzo de la Guía, el temor de que nuestro conflicto interno esté llevando a la creación de tres Estados: uno paramilitar al norte, uno guerrillero al sur y otro tradicional bipartidista al centro, es un mito sin raigambre en la realidad. El país es hoy una entidad integrada muy distinta de la colección de regiones aisladas que imponía la topografía indómita del siglo XIX. Las comunicaciones entre nosotros han triunfado: somos ya una sola nación en la que necesitamos apoyarnos unos a otros para poder vivir bien y progresar con ventaja. En consecuencia, el reconocer lo inevitable de la unidad nacional en su diversidad debe ser factor positivo de acercamiento a la paz. Colombia se ha salvado como nación unitaria. Ahora corresponde conservar los sabores, sonidos y símbolos específicos de sus Regiones, como riqueza de todos para todos. La unidad nacional nos permite gozar de la diversidad regional, cultural, histórica y ambiental que por fortuna nos distingue entre todos los países. La Región y la Provincia aparecen aquí como pivotes primordiales para construir el Estado nuevo desde aquellos diversos ángulos. Reconocerlas es parte de la búsqueda para resolver conflictos locales que hoy desbordan a municipios y

departamentos individuales como unidades que son incapaces de hacer frente a los problemas contemporáneos. No existe proyecto de desarrollo económico bien concebido que no busque la combinación espacial de aquellas entidades: lo macro es siempre provincial y regional. Allí se afianza la defensa nacional y el progreso local ante un mundo que cada vez se integra más. Pero es en el desarrollo de la autonomía territorial donde radica la mayor esperanza de articulación del nuevo Estado. Respetarla y promoverla es el boleto del éxito de los gobiernos. Porque con ella se resuelven de raíz los problemas del conflicto, al llegar la idea autonómica a unidades básicas de población donde se trabaja y multiplica, es decir, donde se puede experimentar la vida en todo su esplendor, donde podrán dejarse atrás las pesadillas y horrores del pasado. En el modelo de desarrollo económico y social con Estados Regiones la autonomía local que se necesita no puede imponerse desde arriba o desde fuera, sino que debe nacer con el poder popular o civil de cada entidad, comenzando con unidades mínimas. La autonomía se expresa entonces como conjuntos de decisiones aisladas que van superponiéndose en niveles cada vez mayores hasta culminar en la Nación. Tales decisiones pueden articularse en movimientos políticos, cívicos y sociales que se constituyen en actores principales del proceso ordenador y de paz, encabezados por nuevos líderes independientes y/o cívicos. Las decisiones de la estructura civil local y de los movimientos populares auténticos y participativos, son las que deben recibir el pleno acatamiento de los grupos armados, así los del Estado que serían sus agentes, como los de la insurgencia y los irregulares. Reiteramos que el respeto a

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las decisiones democráticas y libres de la sociedad y sus movimientos es condición indispensable para la recuperación de la paz. Articular estos hechos de abajo hacia arriba y estimular la unidad nacional de arriba hacia abajo, viene a ser así la función principal de los Estados Regiones que resultan del nuevo ordenamiento del territorio. Tal la contribución final de esta política desde el punto de vista del conflicto armado. El secreto del éxito radicará en lo que se haga y se gane en los diversos niveles territoriales y en la defensa de lo ganado para irlo extendiendo y afianzando horizontal y verticalmente en todo el ámbito nacional. Puede verse que estamos refiriéndonos a políticas amplias de participación popular como se han venido definiendo y difundiendo universalmente. Una reestructuración estatal moderna o postmoderna no puede imponerse vertical o autocráticamente como lo hicieron Caro y Núñez en 1886, y los límites resultantes deberán ser resultado de consultas de base, como las que se han efectuado sin ningunos incidentes a nivel municipal por los habitantes de corregimientos. Las propuestas elitistas que se han venido conociendo como las que reforman el tamaño del Congreso, o prohíben la reelección de parlamentarios o disminuyen los salarios de funcionarios, aunque interesantes, no son fruto de la discusión social y democrática. Por eso pueden verse como reformas cosméticas. Rafael Reyes --ya lo recordamos-- tuvo la inteligencia de hacer consultas cuando quiso reordenar el territorio nacional. Su ejemplo debe retomarse porque nuestro pueblo no es ignaro, y merece respeto su opinión independiente. En desarrollo de la Constitución de 1991, Colombia puede proclamarse como República Regional Unitaria conformada por Estados Regiones sin que se produzca

ningún trauma, excepto por aquella resistencia creada por la inercia de los intereses centralistas y por políticos de la vieja estampa. Está claro que el gobierno central conservaría las funciones clásicas de representación internacional, justicia, defensa y control de políticas y recursos nacionales; y que los gobiernos regionales traducirían códigos y leyes a la realidad local. ¿Alcanzaremos a superar los obstáculos que en esta vía nos vienen tendiendo los enemigos de la paz? El ordenamiento territorial que aquí proponemos no tiene otro propósito que ayudar a resolver los problemas de esta transición necesaria. De allí nuestra insistencia en apelar a las bases de la población y a reforzar el papel de ésta como actor central de la historia.

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¿HACIA DONDE VA LA PAZ?

¿HACIA DONDE VA LA PAZ? ¿La paz en Colombia tiene pies? La pregunta asalta a los colombianos después de que el 7 de enero de este año se diera inicio al despeje de los cinco municipios en el sur del país. La aceptación por parte del Estado del viejo requerimiento del despeje formulado por las FARC, al fin parecía ponerle pies a un evento largamente ansiado. No obstante los acontecimientos en marcha desde aquel día de enero resultan de difícil comprensión. El congelamiento de las negociaciones con las FARC, el empantanamiento de los diálogos con el ELN, los asaltos guerrilleros, los asesinatos de extranjeros, los cruentos enfrentamientos entre ejércitos de una y otra denominación, ciertamente tornan compleja la lectura del panorama. El logro de la paz supone la construcción de un denso tejido, de larga duración, para el que es preciso prepararse. Mas en este breve lapso de tiempo es posible visualizar tendencias e identificar puntos frágiles a los que es preciso imprimirle renovadas direcciones. ¿Qué viene entonces sucediendo? ¿Qué habría por hacer para que la paz definitivamente caminara? Con estas preguntas en mente Análisis Político ha invitado al debate a dos de los profesores del Iepri, Eduardo Pizarro y Jaime Zuluaga, quienes representan dos puntos de vista sobre el proceso.

Análisis Político: En muchos sectores se afirma que el Estado carece de una política de paz. Incluso Manuel Marulanda Vélez, en entrevista concedida a El Tiempo en días pasados, afirma que el gobierno planteó la paz como una prioridad estatal pero que sin embargo carece de un norte en el proceso. ¿Qué habría que decir al respecto? Jaime Zuluaga: Si entendemos como política una estrategia encaminada al cumpli miento de unos objetivos preestablecidos, la manera como el gobierno ha venido adelantando el proceso parece revelar que no existe política de paz. Hay un objetivo, el de poner fin a la confrontación armada, pero no están definidos, o por lo menos no son conocidos, los medios de los cuales se valdría para alcanzar su realización. Para ilustrar la afirmación conviene señalar lo que ha venido aconteciendo en las aproximaciones con las dos organizaciones insurgentes. Con las FARC no se definieron con claridad las formas como se manejaría la zona de despeje, cuál era su sentido, qué implicaba la presencia de autoridades civiles. Hechos que revelan la indefinición gubernamental fueron la presencia de soldados o la aceptación de la salida de la fiscal de San Vicente del Caguán. Con el ELN, igualmente, no hay una posición clara sobre las conversaciones, tal y como lo revela la resistencia inicial del gobierno a participar en la Convención Nacional, para luego hacer la petición de hacer parte de ella. El gobierno está construyendo su estrategia en medio del proceso, lo que se traduce en falta de coherencia y en ceder demasiadas ventajas en el proceso de aproximación. Eduardo Pizarro: Comparto plenamente lo planteado con respecto a la ausencia de una política de paz. En la actual administración hubo una enorme demagogia electoral: los ofrecimientos sobre la política de paz que incluían la desmilitarización de cinco municipios estratégicos incluyendo aquel en donde estaba el batallón del ejército más importante en el sur del país o la reunión del presidente con Manuel Marulanda Vélez, fueron errores de muy alto costo. Pero no es solamente esto. Se ha improvisado con respecto al equipo que anima la política de paz. El Alto Comisionado no solamente carece de antecedentes en el cargo, sino que no ha sabido conformar un equipo experimentado. Ello se ha traducido en errores evidentes. Pero si no hay una política sí existe una voluntad de paz en el sentido que la administración Pastrana está reflejando el enorme deseo naciona l de buscar una solución política negociada al conflicto. En un momento extremadamente

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difícil por la presencia de una recesión económica como no existía en Colombia desde los años 30, y en medio de un grave deterioro de la legitimidad institucional, las élites sienten la urgencia de una solución al conflicto interno. En las próximas semanas es muy importante que haya un cambio radical, tanto en el equipo como en las modalidades del manejo de las políticas. Ante la posibilidad de firmar un pacto nacional a favor de la paz, se puede plantear un consenso con diversos sectores de la sociedad colombiana. J.Z.: Quisiera agregar un punto a propósito de la intervención de Eduardo en torno a la voluntad de paz. Hay interés en casi todos los sectores de la sociedad colombiana en que se supere el conflicto armado, pero la voluntad de paz referida al cubrimiento de sus costos no es clara. Las élites piensan en una paz cuyo tamaño consiste fundamentalmente en la desactivación de la confrontación armada y en la desmovilización de los grupos insurgentes con programas de reinserción de los excombatientes a la vida en sociedad. Mientras tanto para el polo insurgente la desactivación del conflicto se piensa en relación con reformas de fondo, sobre todo económicas y sociales. En esta disparidad de criterios hay entonces un fuerte desencuentro. Además, del lado del establecimiento hay fracturas, no existen consensos sobre hasta dónde se podría llegar en una eventual negociación. Eso hace extraordinariamente difícil el proceso. Hay acuerdo en torno a la solución política del conflicto armado; pero no lo hay sobre la definición de las reformas que habría que adelantar a fin de avanzar hacia la equidad y la justicia social. Ese está por construirse. E.P.: Existe un indudable fraccionamiento entre las élites, en medio de un complejo proceso donde los márgenes de cambio en ciertos aspectos son flexibles, mientras en otros impresionantemente inflexibles. Se pueden hacer reformas de carácter político como una nueva constituyente. Empero, plantear en un mundo globalizado como el de hoy una transformación radical de los modelos de desarrollo económico, o dedicar el 50% o más del presupuesto nacional a tecnología y gasto social como dicen los diez puntos de las FARC -, es una cosa totalmente irreal. Tales propuestas tendrían costos catastróficos para la estabilidad macroeconómica y producirían efectos perversos en la inserción de Colombia en el mundo moderno. Existe una enorme ignorancia por parte de la insurgencia sobre lo que realmente quiere como proyecto de sociedad. Hace 10 años era muy fácil el modelo, para las FARC la Unión Soviética, para el EPL la China, para el ELN Cuba. Tras el colapso del proyecto socialista se quedaron en desierto ideológico, en enorme incertidumbre. Si por el lado del pueblo no insurgente hay mucho fraccionamiento alrededor de hasta dónde llegan las negociaciones, por el lado de la insurgencia es escandalosa la pobreza de sus planteamientos. Algo extremadamente preocupante J.Z.: Quisiera matizar. Comparto la posición de que del lado del polo insurgente no existe claridad sobre su propuesta de desarrollo económico y social. Pero esa pobreza es relativamente compartida por el establecimiento. El modelo vigente ha hecho crisis, se está hundiendo con consecuencias desastrosas. En éste momento nadie sabe qué alternativas se le pueden plantear a dicho modelo, en cuyo caso la búsqueda de alternativas debe ser común, tanto del lado de la insurgencia como del establecimiento. A.P.: En ese lugar de confrontación entre las apuestas de la guerrilla y las apuestas del Estado, ¿cuáles serían las cosas mínimas negociables de modo que se pueda hacer viable y posible el proceso de paz?

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E.P.: Para quienes adhieren a un proyecto de sociedad democrático liberal es extremadamente importante iniciar un debate sobre los aspectos en los que no hay disposición de negociación ninguna. La guerrilla no puede llegar simplemente con una agenda abierta donde la nueva sociedad está determinada por correlaciones de carácter militar. Si la presencia de las guerrillas significa traducir su influencia militar en poder político, introduciendo un modelo de sociedad contrario a los manejos de carácter democrático, se pisa el plano de lo innegociable. Es preciso plantear la agenda de la democracia, compatible con la agenda de la guerrilla en la lucha contra la corrupción, la modernización democrática, la búsqueda de justicia social; pero en otros puntos pueden existir profundas diferencias. Mas en eso consiste una negociación seria. El gobierno ha planteado un pacto de carácter nacional a fin de iniciar la construcción de una agenda que sirva de base para ir definiendo el marco de una transformación democrática de Colombia. J.Z.: Insisto en que la administración se ha propuesto como objetivo superar el conflicto pero no ha definido con claridad el camino, las estrategias para acercarse a dicho objetivo. Probablemente ahí juega la ambigüedad en la que por fuerza se mueven los actores, obligados a jugarle simultáneamente a la guerra y a la paz. El gobierno carece de una propuesta sobre los elementos que a juicio del gobierno, y en representación legitima de la sociedad, serían objeto de negociación. Por el contrario las FARC han propuesto una plataforma de diez puntos donde condensan lo que a su parecer es el punto de partida de la democratización y la transformación de la sociedad hacia un gobierno de reconciliación nacional. Pero debiera ser el gobierno quien pusiera sobre la mesa, no zonas de distensión y cosas por el estilo, sino la definición de los puntos sobre los cuales debería girar el proceso de negociación. E.P.: Lo que estás planteando tiene varios aspectos que comentaría muy críticamente. Los diez puntos de las FARC son una combinación de elementos casuísticos, co mo un parlamento unicameral o la elección popular del contralor general de la república. Hablar de un nuevo modelo de desarrollo económico, de justicia social, eso no es definir nada. El gobierno a su turno plantea también diez puntos, que tienen igualmente aspectos casuísticos, pero que afirman una serie de elementos de discusión de cara a un modelo de sociedad. Y me pregunto por qué el nuevo modelo de sociedad debe ser discutido entre los representantes de 12000 o 15000 guerrilleros con el gobierno colomb iano; con base en qué legitimidad las cúpulas de las FARC y el ELN, que no sea simplemente asunto de equilibrio militar, pueden plantear un nuevo modelo de sociedad. En el mundo hay una búsqueda extraordinaria de alternativas frente al modelo neoliberal y la insurgencia de izquierda, y todavía estamos esperando respuestas satisfactorias; si no se ha logrado encontrar una alternativa a nivel internacional va a ser muy difícil hacerlo en Colombia. Por otro lado, en todas las experiencias de resolución de conflictos como El Salvador y Guatemala se ha planteado que la negociación implica la incorporación del poder insurgente a la vida democrática, así como una serie de elementos de deseabilidad política en relación con el futuro dependientes en su logro, en buena medida, de la capacidad política del grupo insurgente una vez incorporado. Entonces lo que estás planteando, como lo hacen muchas personas en Colombia, es la vía profundamente antidemocrática y autoritaria: que las élites de la guerrilla definan el destino del país y construyan el modelo de sociedad, cuando ese modelo hay que construirlo en un gran debate nacional. Si se sigue con la idea de que la transformación de Colombia se va a efectuar en unas mesas de negociación entre élites, las propuestas van a carecer de toda legitimidad. Hay que diferenciar la agenda de negociación con la guerrilla y la agenda nacional de transformación democrática.

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J.Z.: Aceptada la crítica porque no se puede centrar el proceso en la negociación bilateral entre el gobierno y la guerrilla. En legitimidades parciales como la de la guerrilla, y parciales también, aunque más amplias desde luego, como la del gobierno nacional, no se puede delegar la resolución del modelo de desarrollo económico y social que le convendría a la mayoría del país. Si algo resulta claro es la necesidad de una participación amplia de diversos sectores de la sociedad. Hasta ahí comparto plenamente tu critica pero tengo una diferencia fundamental: la negociación con la guerrilla no se puede circunscribir a las modalidades de su incorporación a la competencia política legal. La negociación, para que sea efectivamente tal, tiene que encontrar los mecanismos que permitan ampliar a otros sectores los canales de participación de modo que se avance conjuntamente en las propuestas de los nuevos modelos de desarrollo. No sé si por esa vía se logren construir las alternativas buscadas en otras partes del mundo. Hay una cosa que parecen haber aprendido las guerrillas colombianas - muy probablemente el establecimiento ta mbién lo este mirando-: la negociación política de hace nueve años resultó en un modelo de reinserción perverso, que si bien contribuyó a la ampliación del espectro democrático y desató el proceso constituyente, se agotó rápidamente en su capacidad de transformación. Entre otras porque no se consolidó un polo político capaz de impulsar los procesos transformadores. En Centro América la negociación reducida a la incorporación de los grupos insurgentes ha tenido efectos económicos y particularmente sociales muy cuestionables. Es el caso de El Salvador, donde la delincuencia común y el malestar social se han intensificado enormemente. Por eso hay que buscarle salidas nuevas a la situación: no circunscritos a un acuerdo político, sino impulsando reformas económicas y sociales. El abandono de las armas o la incorporación a las fuerzas armadas oficiales, sería el resultado de las reformas y sus resultados positivos. Son muy importantes las referencias al pasado y a la experiencia de otros países, pero muy probablemente nos encontramos ante la necesidad de crear un nuevo modelo de resolución del conflicto armado. E.P.: Si las FARC y el ELN se van a convertir en los supervisores del cumplimiento de los acuerdos jamás se van a realizar las transformaciones. Si las FARC deciden mantener al país en guerra hasta que se introduzcan los cambios, simplemente están cavando su tumba y la del país. Lo muestra la experiencia Centro Americana: procesos de democratización política en contextos de persistencia de guerra interna, ge neran efectos perversos que bloquean la participación democrática. El caso de Guatemala es claro. En el 85 se inicia la primera elección democrática pero la persistencia del movimiento insurgente mantiene todo dentro de una camisa de fuerza. La guerrilla no puede pretender convertirse en el policía de la esquina que, si en 5 o 10 años juzga consolidado el proceso, ahí si deja las armas. Es un modelo absolutamente perverso. A.P.: Pero cómo recoger la experiencia directa de Colombia. Se habla de la necesidad de abrir agendas, una en la discusión con la guerrilla, otra en el proceso democratizador. En un sentido general la experiencia de los años 90 es exactamente esa, hay una negociación con la guerrilla para la incorporación de sus miembros a la vida civil y entre tanto se desarrolla un proceso de reforma constitucional. ¿Qué garantizaría que ahora la apertura de agendas sí garantice la solución de los problemas que aquejan al país? E.P.: La frustración de 1991 de debe a que el ELN y las FARC no asistieron a la cita histórica de la Asamblea. Los primeros responsables de esta frustración son las guerrillas, pues esa era la cita histórica de los colombianos con la democracia. Hoy habría una Colombia muy distinta. Evidentemente la negociación con las guerrillas no se puede limitar a cuestiones de incorporación a la vida democrática, pero tampoco se dará allí el escenario de discusión sobre la renovación de la

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sociedad. Debemos recoger la experiencia de El Salvador. Allí la guerrilla era mucho más importante que la colombiana, proporcionalmente 10 o 12 veces las FARC en términos de legitimidad política, número de hombres, control territorial. Y el FMLN hizo un pacto nacional de enorme significación que abrió las posibilidades, por la vía democrática, para que el mo vimiento guerrillero accediera al espacio para convertirse en fuerte estamento social. Finalmente los cambios políticos, económicos y sociales deben tener gran legitimidad política. Supongamos que mañana las FARC y la sociedad civil firmen un pacto, por ejemplo, para desmembrar a las fuerzas militares. Careciendo de legitimidad frente a la sociedad, ¿estarán dispuestas las élites a tolerarlo? Es preciso construir una negociación al mismo tiempo ligada con potentes fundamentos de legitimidad política J.Z.: La experiencia de El Salvador muestra como se logró una reforma política, incluso la reforma de las fuerzas armadas y la incorporación de una parte del movimiento insurgente a ellas. Pero no se ha podido sacar adelante la democratización económica y social, la que más directamente afecta los intereses de las élites. En el año 91 las élites colombianas se vieron obligadas, a pesar de las resistencias, a aceptar la reforma de aspectos de la constitución que tocaban sus privilegios políticos, pero no toleraron ni que se les minaran sus privilegios económicos y sociales, ni que se tocaran las fuerzas armadas. La experiencia salvadoreña pone de presente justamente ese hecho: es posible un pacto político, pero es muy difícil garantizar que de ese pacto se deriven las transformaciones democratizadoras en lo económico y lo social. El resultado de los anteriores procesos de paz es claro para las guerrillas: no quieren ni el modelo colombiano del M-19 y el EPL de reinserción a cambio de soluciones individuales y progra mas de apoyo económico, ni el proyecto Centro Americano de reformas políticas sin que al mismo tiempo se avance en procesos de democratización. En tu argumento existe una cosa que no puedo compartir. Entiendo que la guerra se convierte en obstáculo del desarrollo y democratización de la sociedad, pero el fin de la guerra no garantiza que la sociedad efectivamente se democratice. De ahí la importancia de aprovechar la coyuntura para que con amplia participación de sectores de la sociedad se logre avanzar, simultáneamente, en la desactivación del conflicto armado y en la definición de reformas económicas y sociales. E.P.: Pero explícame qué significa esa transformación. En la actual discusión internacional sobre la izquierda, si subsiste y cuál será su papel en el futuro, se está reviviendo una experiencia muy importante. Mientras la vía revolucionaria dejó pocas raíces -el caso de las enormes dificultades de la antigua Unión Soviética y la Europa del este-, el camino de las transformaciones gradualistas en manos de la social democracia sembró raíces profundas en lo cultural, mayor solidaridad social, menores desequilibrios en los niveles de ingresos y un cierto capitalismo social. Mirando esa experiencia, ¿qué significan transformaciones económicas y sociales en el caso colombiano? Y cuanto tiempo implica lograr una sociedad satisfactoria en esos planos, mucho más bajo la idea de que el ELN y las FARC se van a guardar el derecho de conservar las armas hasta tanto se erija esa sociedad ideal. Qué significa transformaciones. ¿Ley antimonopolios, reforma agraria, reforma urbana, una cambio del código laboral en las relaciones obrero y patrón?. En la experiencia salvadoreña y guatemalteca se plantearon un conjunto de medidas en las que, contando con la existencia de un polo popular organizado y con liderazgo político, se pudiera alcanzar la democratización en una o dos generaciones. No podemos pretender ni que vamos a hacer una revolución socialista, ni a lograr un Estado social simplemente en el curso de unas negociaciones. J.Z.: Muy importante la aclaración que haces. No se trata ni del movimiento revolucionario fracasado en Europa del este, ni del modelo gradualista del Estado de bienestar que terminó con la

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hegemonía neoliberal. Se trata, mediante el aporte de sectores de la sociedad de avanzar en la definición de reformas viables. No se piensa en una ruptura radical con la organización capitalista de la sociedad, pero si en modificaciones significativas orientadas, por ejemplo, a afectar la estructura de la sociedad tal como el mercado la produce. En ese sentido es válida una ley antimonopolios. Estos aspectos no se pueden dejar al transcurso del tiempo para que de pronto en 50 años se produzcan cambios, sino que la negociación debe servir para acortar ese tiempo. Sea el caso, en materia de concentración territorial una reforma no significa colectivizar la propiedad, sino ofrecer verdaderas oportunidades de acceso a la propiedad a sectores muy amplios de la población que en este momento, o carecen de ella o están en las fronteras agrícolas sin ninguna posibilidad de integrarse en forma adecuada a la economía de mercado. Democratizar la sociedad desde el punto de vista social tiene que ver con reformas que hagan efectiva la igualdad de oportunidades para amplios sectores de la sociedad. Aprendiendo de la crisis del socialismo y de la crisis del Estado de bienestar podemos plantear a corto plazo objetivos de transformación que eviten lo que ha pasado en estas sociedades, donde el crecimiento económico se ha traducido en profundización de la concentración del ingreso y la propiedad. Eso es posible evitarlo con medidas de naturaleza política, y es posible ganarle apoyo en medio de un país destruido por su conflicto interno. Lo que se espera que la sociedad realice en la etapa postconflicto, lo puede hacer en el proceso de resolución del conflicto. A.P.: La demanda de democratización presente en este momento en Colombia, ¿existiría si no estuvieran de por medio la guerrilla y el conflicto armado? E.P.: Una pregunta muy pertinente porque en buena parte de Colombia se ha creado la idea de que la democratización es el resultado de los actores armados. El M-19, autodefinido como la democracia en armas, no se entendía como parte de un proyecto de carácter socialista sino como agente de un proyecto democratizador. La guerrilla produce un efecto doble. Por una parte presiona la democratización; pero por el otro la persistencia del conflicto armado agrava la dimensión antidemocrática del sistema político. Muy buena parte del endurecimiento autoritario hoy existente es resultado de la persistencia del conflicto. Si el ELN y las FARC se reincorporan a la vida democrática pueden producir un impacto democratizador, pero si continúan el conflicto van a seguir agigantando las tendencias autoritarias y fascistas del sistema político. J.Z.: La pregunta me parece muy importante. Alguna vez Gonzalo Sánchez planteó que el país tiene una deuda con la guerrilla. Gracias a la persistencia del fenómeno insurgente se ha terminado por aceptar como problemáticas algunas de las cuestiones planteadas por la guerrilla, de otra manera sepultadas por la tradición elitista de no hacer concesiones a los sectores populares. Pero comparto la idea de que esto entraña un riesgo, a mi juicio en dos dimensiones. El ya señalado, la presión guerrillera resulta positiva en la generación de un movimiento favorable a la democratización de las instituciones; si no se maneja adecuadamente puede conducir evidentemente al fortalecimiento de las tendencias militaristas y autoritarias. Pero además el espacio que ocupa la presión armada, así este generando una dinámica democratizadora, le resta espacio al movimiento democrático legal. De continuarse el conflicto el resultado sería negativo. E.P.: Quisiera precisar algo frente a lo de la deuda del país con la guerrilla. La persistencia de la guerra agravó los enclaves autoritarios en el país. Desde una lectura retrospectiva, muy compleja, se puede decir lo contrario a lo que afirma Jaime. Si la guerrilla no hubiera existido probablemente Colombia sería hoy mucho más democrática porque hubiera nacido una izquierda democrática, un

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movimiento social más organizado, un tejido social más sólido. Cuando en 1990 la guerrilla rectifica el predominio de la lucha armada paga una deuda que tenía con Colombia, cual era la de no haber militarizado en forma extrema la lucha y haber impedido, por esa vía, la gestión de un espacio de izquierda socialista de carácter democrático. Ambas lecturas pueden ser válidas. En un futuro los his toriadores podrán dilucidar un debate de tal significación e importancia. J.Z.: Vale la pena ver la diferencia. No sostengo que gracias a la presencia guerrillera se abre el debate de la democratización. Pero ha jugado un papel determinante en el sentido de que sectores refractarios probablemente no aceptarían el debate sin la fuerte presión guerrillera de los últimos años. Quizás si no hubiéramos tenido guerrilla tendríamos una izquierda democrática legal fuerte. Pero no hay que olvidar la experiencia his tórica. La UNIR de Gaitán, no propiamente una izquierda radical, no prosperó desmontada por la hegemonía de los partidos tradicionales. El MRL de López, como él mismo lo confiesa, fue tolerado como una manera de canalizar hacia el bipartidismo el malestar social de aquella época. La ANAPO fue desmantelada y combatida en un momento en que las guerrillas estaban en proceso de declinación. Entonces también hay una acción desde las élites que ha limitado las posibilidades de fortalecimiento de un polo democrático, sobretodo de un polo de izquierda. E.P.: Pero si ese es el papel de las élites, ser hegemónicas y mayoritarias. El problema es que nunca se ha construido una alternativa democrática. Probablemente los sectores autoritarios no existirían si desde hace 20 o 30 años hubiéramos tenido un gran polo popular y democrático; o al menos el autoritarismo sería más débil. J.Z.: Pero qué decir de procesos como la pausa de la Revolución en Marcha de los años 30. En ese momento, libre de violencia, una coalición de las élites cercó la posibilidad de ampliación de los espacios de participación y democracia. El debate de los años 30 era sobre la modernización de la sociedad, bien con participación popular, bien sin participación popular. No obstante las élites, continuando una tradición iniciada en el siglo XIX, optaron por la clausura del proceso. Con sus políticas excluyentes las élites han contribuido como el que más a la producción del fenómeno insurgente. E.P.: Hay más insuficiencias en el polo popular por ausencia de proyectos y de capacidad de configurar polos de carácter democrático y popular, que por cualquier otra cosa. Esas lecturas que siempre ven por fuera de, que siempre ven el bloqueo bipartidista y de las élites, cercenan la capacidad autocrítica. El polo popular tiene que empezar a mirarse al espejo, asumir sus responsabilidades históricas y ver donde han fallado. A.P.: Esto nos lleva finalmente al nudo del debate. ¿Que entender entonces por democratización? ¿Que significaría en este momento una demanda de democratización que construya la paz en Colombia? E.P.: En este momento existe un extraordinario debate a nivel internacional. Fracasado el socialismo real e igualmente el neoliberalismo como doctrina hegemónica, se están abriendo dos corrientes hacia el centro del espectro político con menos polarización que en el pasado. Una, denominada la tercera vía, reflejada, si se quiere, en el socialismo democrático liberal predominante en Europa; otra, algo que se viene construyendo en América Latina denominado la cuarta vía, una lectura alternativa tanto a la social democracia a la europea, como a los discursos minoritarios pero

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existentes de radicalismo político propios del pasado. En esta cuarta vía se está planteando fundamentalmente, en primer lugar, la reconstrucción de la capacidad de los poderes públicos legítimos para mantener cierto control sobre los procesos internos, en contra de las tendencias de pérdida total de la soberanía nacional propias de las lecturas globalistas neoliberales. En segundo término la posibilidad de reducir el papel hegemónico del mercado al plantearse la importancia del Estado como factor regulador de la economía y esencialmente como garante de una redistribución de los ingresos a fin de construir justicia social. Y en tercera instancia se sugiere el paso de una democracia puramente representativa y liberal, a una democracia con nuevos espacios como los de la democracia directa y participativa. Lentamente se está construyendo un discurso que puede servir de base para el debate de Colombia en los próximos años. J.Z. Comparto el planteamiento de la reconstrucción de los poderes públicos legítimos, la recuperación del papel del Estado frente a la hegemonía del mercado, y la necesidad de avanzar en nuevos espacios que vayan mas allá de la democracia liberal, principalmente los que tienen que ver con la participación. Quisiera enfatizar algunos aspectos. Colombia tiene una serie de tareas históricas atrasadas. No hemos vivido la experiencia de regímenes de democracia liberal plenamente desarrollados como acervo de una tradición de cultura política democrática. En esa perspectiva en Colombia hay aprendizajes y espacios por conquistar. El primero de ellos, indudablemente, reconstruir el papel de un Estado con capacidad de regulación del mercado con el objeto de controlar los efectos de desarticulación del tejido social provocados por una economía liberada a su propia dinámica. Segundo, ese papel del Estado no se limita únicamente a la redistribución del ingreso, sino a una redistribución del poder político; venimos de prácticas políticas profundamente excluyentes en las que, incluso, no se han logrado materializar los espacios de participación abiertos institucionalmente por la constitución del 91. Las guerrillas han luchado durante 30 años por la conquista del poder y no lo han logrado, en cuyo caso, ante la imposibilidad de eliminarlas militarmente, es preciso integrarlas en un proyecto unitario que pasa por la redistribución del poder. Tercero una redistribución de la propiedad. Esta sociedad debe no solamente redistribuir los ingresos sino también la propiedad, no expropiando a los que tienen, sino haciendo posible que los que no tengan empiecen a tener. El país no puede continuar con políticas agrarias marginales, con programas de colonización expulsando a la gente a fronteras desvinculadas del desarrollo económico. Y en cuarto lugar, cosa muy clara en el pensamiento liberal, una redistribución de oportunidades mediante la construcción de instituciones que lo permitan. El país necesita una profunda reestructuración política, no solamente en mecanismos electorales y participativos, sino en la edificación de instituciones reorganizadoras del poder, la propiedad y las oportunidades. E.P.: La dialéctica izquierda/derecha, basada en una cierta dinámica amigo/enemigo característica del siglo XX, se está convirtiendo en una nueva dinámica hacia el centro del espectro ideológico. A partir de esta década el mundo va a girar en torno de un centro izquierda y un centro derecha, donde van ha haber enormes consensos, pero igualmente importantes diferencias localizadas en términos de los valores eternos de la izquierda, esto es la justicia, la igualdad, la democracia política acompañada de democracia social y económica como garante de la igualdad de oportunidades. En el panorama que se va delineando hacia el siglo XXI Colombia tiene que permanecer sensible a ese debate internacional. Tenemos que construir acuerdos sobre lo fundamental respetados por todos los actores levantando en ese marco una izquierda democrática que luche por los valores eternos de la izquierda, esos que van mas allá del debate sobre un buen desarrollo económico al estar fundados en valores esenciales definidos desde la revolución francesa.

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J.Z.: La pregunta allí sería qué es ser de izquierda al final de este siglo y en el nuevo contexto en que nos estamos desenvolviendo. Lo expresaría en términos muy simples. Ser de izquierda hoy es ser partidario de la justicia social. En el caso colombia no implica inclinarse a favor de los derechos y las posibilidades de los que históricamente han estado excluidos de los beneficios del desarrollo económico y la participación en el poder político. La superación del conflicto armado no será posible si no se formula un programa de transformaciones sociales de esa naturaleza, un paso hacia gobiernos de reconciliación. A.P.: En medio de este posible escenario político y de cara a la paz, ¿qué sería lo innegociable en el proceso de conversaciones? E.P.: Agenda abierta significa que se pueden tratar todos los temas, pero no significa abandonar una serie de principios fundamentales. No se puede negociar el pluralismo, es inaceptable la tesis del partido único. No se puede negociar la existencia de una economía de mercado, pues las economías planificadas centralmente no mostraron viabilidad como modelos económicos. No se puede negociar la idea del pluralismo ideológico, de espacios para todas las corrientes de pensamiento. Sería inaceptable la existencia de una doctrina única de Estado. Es muy importante plantear la posibilidad de un debate abierto con los movimientos insurgentes, con agenda abierta, pero al mismo tiempo hay principios de un proyecto democrático social liberal innegociables. J.Z.: No es negociable el imperativo de la organización de una sociedad que garantice la autonomía para el desarrollo de los individuos. Ese es un principio básico del funcionamiento de la sociedad moderna, individuos con libertad, con libertad política. En ese sentido no cabe ningún proyecto totalitario, que por lo demás no está en la mente de ninguno de los actores involucrados en el conflicto. Otro punto innegociable es la necesidad de la ampliación y fortalecimiento de la ciudadanía y el ejercicio de los derechos como una divisa política del desarrollo de la autonomía de los individuos. No es negociable la democracia, entendida como la posibilidad efectiva de participación de los individuos en la conducción de los asuntos públicos. E.P.: Añadiría dos puntos. El primero, es innegociable una solución basada en la exclusión de un sector de la sociedad. Se escucha decir que hay que construir un gobierno popular en detrimento de otros sectores sociales. Si se va hacia una solución negociada al conflicto, implica que todos tendremos cabida a partir de ciertos acuerdos sobre lo fundamental. El segundo, me parece innegociable cualquier proyecto que plantee una federalización del país en términos de crear republiquetas, tal como aparece en propuestas de autonomía territorial en lo político, en lo judicial, en lo policial. Eso rompería la unidad nacional. J.Z.: La negociación no implica la derrota del otro, sino un proceso de reconciliación que compromete la reconstrucción de la sociedad con la participación de diferentes sectores. Colombia es un país de regiones, aspecto nunca tenido en cuenta en el ordenamiento político y administrativo. El fortalecimiento de unidades y desarrollos regionales no conspiran necesariamente contra la unidad nacional. Más bien una falsa unidad centralista, como la existente en Colombia, ha implicado el sacrificio de enormes potencialidades de desarrollo regional. A.P.: En las actuales circunstancias cuáles serían las estrategias fundamentales para animar el proceso de paz.

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E.P: El proceso de paz, en buena medida, desbordó la capacidad de los actores internos. Se requiere por tanto la internacionalización del proceso, una movilización de la comunidad internacional a través del grupo de países amigos, de la Unión Europea y de un importante papel de Washington y del Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas. Tal movilización internacional debe servir para meter en cintura a todos los actores a fin de volverles muy costosa, no solamente la posibilidad de ruptura del proceso de negociación, sino los excesos que vienen cometiendo. Pero igualmente el proceso de paz requiere una enorme movilización de la comunidad nacional. Sin esta movilización interna va a ser imposible lograr resultados. En buena medida el éxito, mas allá de la voluntad mayor o menor de cada uno de los actores implicados en el conflicto, va a depender de los agentes externos e internos. J.Z.: Comparto la posición pero agregaría que hay que continuar fortaleciendo el movimiento ciudadano. Es preciso romper el exclusivismo con que el gobierno ha pretendido dirigir este proceso renunciando a la posibilidad de contar con apoyos internos muy importantes. Por otro lado, para que efectivamente haya negociación hay que acercar a las partes mediante el paso de los enunciados generales, sobre los que en principio existe acuerdo, a la formulación de las exactas dimensiones de las reformas a discutir. Comparto la opinión sobre la presencia de la comunidad internacional, no se bajo que modalidad, pero este conflicto necesita una veeduría internacional que permita humanizar la guerra. A.P.: Que cosas debería hacer el gobierno para dotarse, al fin, de una política de paz. E.P. Hay voluntad de paz por el elevado costo del conflicto en todos los órdenes, pero ello no se está traduciendo en una política de paz, como dije antes. Para superar ese estado de cosas se requiere, primero, rediseñar el equipo gubernamental responsable de la política, y segundo elaborar, en términos estratégicos, las herramientas, métodos y objetivos del proceso de negociación. J.Z.: No hay política de paz de gobierno y tampoco política de paz de Estado. Hay acciones de gobierno encaminadas a desarrollar unas conversaciones, pero con muy poca coherencia en su desarrollo. Para diseñar una política de paz de Estado es necesario convocar a las diferentes instituciones estatales. Ahí existe una fuerte obligación del ejecutivo, en tanto la Constitución le confiere el mandato de asumir la conducción del orden público. Además esa política debe estar acompañada del intercambio y discusión con diferentes sectores de la sociedad. Esas son las dos condiciones fundamentales para una mirada estratégica sobre el proceso de paz que escape a las necesidades y angustias de un gobierno en particular y abra canales de participación y solidaridad, no de competencia como se ha venido viendo en estos meses, donde el congreso tiene que disputarle al ejecutivo la posibilidad de hablar con los actores de la confrontación o donde diferentes sectores de la sociedad se ven absolutamente excluidos de la posibilidad de aportar al proceso. E.P.: Pero eso implica una enorme responsabilidad por parte de los actores de la sociedad civil, del parlamento, de los gremios y de los políticos, porque el protagonismo con agendas ocultas no contribuye a la paz. Los protagonismos particulares no son una contribución. Se le debe exigir una enorme responsabilidad al Estado, pero otro tanto a los actores de la sociedad civil que convierten la paz en un escenario de protagonismo individual para ganar liderazgo nacional. Ese fenómeno dramático de América Latina y en general del mundo, en el que se pasó de campañas electorales

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cada cuatro años a campañas permanentes, es dañino. Serpa, Nohemí, Juan Manuel Santos ya están en campaña electoral para el año 2002 y evidentemente muchas de sus actuaciones no responden a los requerimientos de la paz, sino a acomodos frente a la campaña venidera. J.Z.: De acuerdo, pero no se puede seguir presumiendo que es imposible conseguir esa responsabilidad pensando en los antecedentes, sino que hay que buscar lograr esa responsabilidad. Es una tarea del proceso de construcción política y democrática urgente en un Estado tan desarticulado como el nuestro, donde los poderes, más que moverse en función de un proyecto de Estado, lo hacen rivalizando e ntre ellos. Lo mismo ocurre desde luego en la sociedad. A.P.: Que habría que exigirle a la guerrilla para que efectivamente se pudiera decir que tiene voluntad de paz. E.P.: Después del asesinato de los tres norteamericanos defensores de los indígenas y del ingeniero francés, es claro que a la guerrilla hay que exigirle el irrestricto respeto del derecho internacional humanitario. En el mundo globalizado de hoy las FARC no pueden seguir argumentando que ellos no lo respetan porque tienen su propio código humanitario, ciertamente uno muy laxo que les permite secuestrar, asesinar fuera de combate, realizar "pescas milagrosas". El derecho internacional humanitario, como ya ha sido construido por consenso en la civilización occidental, debe ser el código mínimo para los actores armados. Esa debe ser la prueba de buena voluntad frente al proceso de paz. J.Z.: La voluntad de paz es algo que se construye, no existe en abstracto. Lo importante es sentarse a una negociación e iniciar un proceso en el cual, a medida que se vayan haciendo las aproximaciones, se construyan las voluntades. Lo que sí resulta indispensable es el establecimiento de regulaciones precisas del conflicto mientras se avanza en la negociación. Pero la exigencia de respeto al derecho humanitario no puede ser unilateralmente dirigido hacia la guerrilla sino que es una exigencia para todos los actores del conflicto, incluyendo a las fuerzas armadas y desde luego al Estado, quien tiene una responsabilidad política y ética ante la sociedad. Como dice el informe del Departamento de Estado sobre derechos humanos, la guerrilla puede ser responsable del 25% de las violaciones y las fuerzas armadas apenas del 5%. Pero éticamente pesa mucho más ese 5% pues se trata de quien debe velar porque las violaciones no se produzcan. Lo cual no justifica las violaciones de la guerrilla ni las hace menos graves. Pero la rectitud total del Estado es indispensable para construir legitimidades. E.P.: Discrepo profundamente en este punto por una razón simple. Discursos como ese conducen a un relativismo moral y político: destruimos el oleoducto pero la industria colombiana genera mas polución; atentamos contra los derechos humanos pero el Estado atenta mucho más. Si la guerrilla se autodefine como el proyecto más profundamente democrático y humanista de la sociedad colombiana, tiene que seguir umbrales de respeto no condicionados a que nadie más lo haga. La guerrilla tiene una obligación histórica frente a sí misma y frente al país, la de ser los que en primer término respetan la vida sin ningún tipo de condicionamientos. Si se autodefinen como el futuro deben comportarse ya como el futuro. J.Z.: Una vez en Bolivia el Che Guevara tenía preparada una emboscada en la madrugada a un convoy del ejército. Los soldados pasaron dormidos y el Che no dio la orden de ataque. Ante las increpaciones de sus combatientes respondió que los soldados iban dormidos y no se puede disparar

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contra hombres indefensos. Una actitud de estas nadie al practica en Colombia. Exigir respeto de todos no es un discurso de relativismo en donde lo que hagan unos se justifica por lo que han hecho los otros. Empero, no se le puede exigir solamente a un actor en un conflicto tan complejo, en donde de lado y lado se viola el derecho internacional humanitario. E.P.: Sigo discrepando pues hay que exigirle a todos, pero fundamentalmente a la guerrilla, porque si un actor no cree en lo que la uno piensa, por lo menos debe ser coherente con lo que él piensa. Carlos Castaño dice, "vamos a seguir asesinando campesinos amigos de la guerrilla fuera de combate" y su discurso es coherente con el tipo de genocidios que perpetra. Eso no lo justifica, pero lo hace coherente con lo que piensa, mientras que la guerrilla se autodefine como el nuevo humanismo pero sus prácticas contrarían todo su discurso. J.Z.: Eso nos mete en la lógica relativista que criticas. Al Estado, que tiene la función de garantizar la defensa de los derechos humanos, hay que exigirle que sea absolutamente respetuoso del derecho humanitario. A la guerrilla también, a los paramilitares y a todos aquellos que se involucren en el conflicto. Comparto que quien se dice portador de un proyecto de sociedad diferente debe dar desde ya muestras de coherencia, pero eso no suprime la exigencia sobre la contraparte, coherente o no con su pensamiento. A Castaño tenemos que exigirle que sea incoherente con lo que dice, pero que respete el derecho humanitario. A.P.: A propósito de esta discusión y señalando un punto no considerado en la conversación. ¿Cómo entrarían los paramilitares en el proceso de paz? E.P.: Reitero una visión que he sostenido hace muchos años. A los paramilitares hay que combatirlos militarmente. Ellos no son un actor político sino una masa muy compleja de movimientos de diferente origen, naturaleza, intencionalidad y objetivos. A pesar del estado mayor conjunto logrado por Castaño sigue habiendo una enorme autonomía de cada grupo. Seguir titubeando sobre si son actores políticos o delincuenciales lo único que ha producido es inmovilismo en el Estado, que ni los combate ni los apoya abiertamente. Hay que combatirlos y ello es el inicio de una solución negociada del conflicto interno. La experiencia de otros lados es muy clara. En El Salvador hubo un condicionamiento muy fuerte, por parte de la comunidad internacional, en el sentido de que el ejército tenía que desligarse de los escuadrones de la muerte. Cuando se les combatió eficazmente se creó el clima de confianza para que el FMLN entrara a negociar. J.Z.: Totalmente de acuerdo, solo agregaría lo siguiente. Para que una política de combate a los paramilitares sea efectiva se requieren dos condiciones. Primero, un poder político suficiente por parte del ejecutivo a fin de neutralizar la solidaridad y las complicidades de los poderes locales y regionales que los financian, apoyan y encubren. Segundo, depurar profundamente las fuerzas armadas en aquellos sectores en donde se siguen sosteniendo vínculos con paramilitares. A.P.: Y para cerrar. ¿Qué es lo que no se puede repetir de las experiencias anteriores de paz de Colombia? E.P.: Todo proceso de paz tiene sus particularidades. La diferencia fundamental hoy es que se requiere un debate nacional para construir un gran consenso nacional sobre la Colombia del próximo siglo. En 1990 hubo una asamblea nacional constituyente votada por 4 millones de

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colombianos, la votación más escasa de la historia nacional. Hoy requerimos la construcción nacional de la Colombia del siglo XXI que a diferencia del pasado debe pasar de ser un debate entre élites, sean guerrilleras, estatales o de la sociedad civil, a ser un gran debate nacional en el que los acuerdos construidos tengan el respaldo del conjunto del país. J.Z.: Lo sintetizaría en tres puntos. Lo primero no se puede repetir la experiencia de que por los hechos de guerra se levante la mesa de negociaciones; a pesar de la continuación de la guerra hay que seguir conversando. Lo segundo no se puede repetir la experiencia de un acuerdo entre la cúpula guerrillera y el ejecutivo nacional, sino que se necesita hacer de este proceso de paz el escenario de un gran acuerdo nacional para avanzar efectivamente en la refundación del Estado y la sociedad. Y en tercer lugar, así sea por esta vía, Colombia necesita insertarse de una manera diferente en la comunidad internacional y el escenario de las conversaciones de paz puede ser importante para ello.

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LOS TERRÍGENAS Juan Gabriel Gómez Albarello * En Bogotá, en la Biblioteca Nacional, hay un solo volumen, en muy mal estado, de la Enciclopedia Temática Universal, que contiene una larga sección sobre La Vía Láctea. El libro, que está a punto de descoserse, aparentemente por un largo período de uso, ya ha perdido sus primeras páginas. Ninguno de los funcionarios sabe donde están los demás tomos. Ignoran cómo, dónde o cuándo fue adquirido porque no aparece ni en los registros de compras ni en los de donaciones. “Tan raro ...”, es lo único que dicen del origen del libro. Aunque no está permitido tomarle copia, está al alcance de todos los que quieran consultarlo. Uno de sus artículo s tiene por título “Los terrígenas”. Esta es su trascripción. A diferencia de lo que puede observarse en otras constelaciones donde hay seres animados, en este planeta las diferentes especies que lo habitan están en grave riesgo de quedar sometidas a una sola. Se trata de un conjunto de seres que han construido formas de supervivencia que lejos de mejorarles su existencia, parecieran empeorar cada vez más las condiciones de vida de todo el planeta. Cada solución es en realidad la fuente de múltiples proble mas, lo que curiosamente es tomado por estos seres como indicación de una buena realización. Una de las características básicas de esta especie, los terrígenas, es la de una baja capacidad de adaptación al ambiente, en buena medida a consecuencia de que sus mecanismos de percepción son *

Abogado. Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

LOS TERRÍGENAS

extremadamente limitados puesto que están restringidos a un pequeño campo de ondas y de partículas. Este fenómeno, sin embargo, no se presenta en otras especies del planeta. Aunque sugiere dificultades para un futuro contacto con los terrígenas, este hecho ha facilitado el trabajo de observación de su comportamiento. Los terrígenas creen que su limitada percepción está compensada por el desarrollo del cálculo, al cual han tomado como prototipo de la inteligencia. Varias clases de cálculo han sido inventadas y sus aplicaciones son muy variadas: desde el análisis de los mecanismos de distribución de recursos hasta los juegos. Disfrutan muchísimo con juegos de cálculo, que la mayoría confunde con la adivinación, y uno de ellos, la astrología, se ha vuelto muy popular. La constante es que esta especie aborrece la incertidumbre y el verdadero azar. En el último período han tratado incluso de hacer calculables al mayor grado posible las interacciones entre ellos y han dedicado muchos esfuerzos a la construcción de máquinas calculadoras. Con todo, tecnológicamente están muy atrasados. Conocen muy pocas formas de movimiento y, consecuentemente, de vehículos. Empero, merece destacarse el caso de naves que se desplazaban en sus mares impulsadas por el viento, que sirvieron muchísimo para la extensión de los intercambios entre ellos y para la escritura de relatos fabulosos. No obstante, esta ruta tecnológica fue abandonada recientemente. Ignoran por fortuna todavía como entrar en túneles del tiempo. En general, es apreciable la limitada capacidad de cooperación que los terrígenas muestran entre sí. Aunque en algunos casos han logrado formar grandes organizaciones, ellas tienen como propósito atacar o dominar a otros grupos de terrígenas. Alg unas de estas son

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llamadas estados, otras ejércitos, empresas o partidos, y la mayoría de las veces es muy difícil distinguir unas de otras. Un detallado análisis de su psicología permite afirmar que la emoción más poderosa que activa su sistema es el miedo. Están atascados en una forma muy rudimentaria del principio de autoconservación. Con excepción de ciertos sistemas abstractos, como las matemáticas y algunas formas de la música, sus vehículos de comunicación están sobrecargados del miedo a la muerte, del temor a la disolución de su configuración individual. Esto es especialmente evidente en ciertos sistemas como la religión, la filosofía y, sobre todo, la política, a la cual muchos toman como sustituto de la esquiva inmortalidad. Por su misma ignorancia de los flujos del universo, se han vuelto tremendamente posesivos y codiciosos. Muchos individuos experimentan momentáneamente sensaciones diferentes que son llamadas amor, altruismo o fraternidad universal. Los terrígenas han idealizado en formas incluso grotescas lo que consideran autoconciencia, personalidad o dominio de sí mismos. Se trata de una memoria idealizada de eventos en los cuales los individuos han participado como protagonistas, lo cual les ofrece un cierto estado de equilibrio. Consideran bastante positivo preservarlo de cualquier manera, incluso con ejercicios perversos realizados a costa de sí mismos. Esta voluntad de dominio es apreciada por ellos como uno de los rasgos más importantes de su especie. Las consecuencias de esto son desastrosas, entre las cuales se cuentan, por un lado, la particularidad de darse muchísima importancia: tanto a sí mismos como a la especie a la que pertenecen; y, por el otro, la sensación de un gran aislamiento.

LOS TERRÍGENAS

Cada vez es más fuerte la tendencia de los terrígenas a concentrarse en pocos lugares del planeta, verdaderos modelos de la violencia que han ejercido sobre su ambiente. En estos lugares prolifera el uso de focos luminosos de baja calidad, activados con electricidad, porque su sistema visual es limitado y temen mucho los períodos en los cuales no reciben luz solar. El resultado de ello ha sido la formación de campos de gran perturbación de energía, que forman escudos de luz que no dejan ver nada distinto al sitio donde viven. Hace poco tiempo se hizo el experimento de apagar simultáneamente esos focos luminosos en un lugar del planeta y el resultado, descontado el progreso de algunos miembros de la especie, fue funesto, razón por la cual no se ha querido, hasta la fecha, repetirlo. A pesar de lo perturbador que pueda resultar en su trayectoria evolutiva, es recomendable establecer contacto con esta especie. A favor de los terrígenas cuentan la infinita curiosidad que muestran por todo lo que desconocen y el cultivo de ciertas formas de armonía, lo cual les puede abrir el camino a la percepción de nuevas formas de movimiento y de cambio. Bien es cierto que su ruido se escucha en todas partes. Pero, para decirlo con una fórmula de su propio lenguaje, todavía pueden escuchar la música de las esferas celestes. Para M. V.

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Comunicación para los alienígenas Muchos trabajos he tenido que pasar para que me crean que no soy el autor del artículo “Los terrígenas”. Los pocos amigos que lo han leído sólo han sabido desternillarse de risa y acusarme de perder el tiempo. Al fin pude convencer a uno de ellos de que me acompañara a la Biblioteca Nacional y leyera él mismo el texto que transcribí de la Enciclopedia Temática Universal. El día que fuimos no tuvimos mucho trabajo para encontrar el desgastado tomo. Estaba en el mismo estante, al lado de los volúmenes de la Larousse. Al abrirlo, cayó una hoja impresa que tenía por título “Comunicación para los alienígenas”. Después de leerla, mi amigo me dijo “¡Joder! No contentas con reescribir la historia, ahora las feministas quieren corregirle la plana hasta a los extraterrestres. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Quieres que más gente lo lea?”. Estimados alienígenas: He meditado sobre los juicios que les merece nuestra especie. Hoy pienso que, de tanto observar, terminaron por omitir un dato fundamental, el que nos distingue de todas las demás aquí en la tierra: somos nosotros, a quienes ustedes llaman terrígenas, los únicos que hemos roto las cadenas de los ciclos reproductivos que ataban la energía y los efluvios vitales de nuestros cuerpos. En este planeta somos los únicos que nos apareamos cuando se nos da la gana: de noche y de día, en invierno y en verano, con sol o con lluvia. El artificio de las instituciones humanas tiene aquí su explicación. Hemos tenido que procurarnos nuevas reglas que sustituyeran las naturales, pero las hebras con las que se teje su lazo son frágiles. No son pocos los que han caído en la locura cuando ellas se rompen. Sin reconocer ningún término a su fuerza

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vital, se han lanzado a correr por todas las extensiones hasta terminar describiendo círculos y caer agotados de muerte. Los más afortunados han podido hacer girar la rueca con hilos de colores para restablecer de otro modo los ciclos de la vida. Han sabido adornar los encuentros con los otros con diferentes movimientos y figuras y ajustarlos a la disposición de la diversidad de los seres, de los tiempos y de los lugares. Todo en la naturaleza nos dice a los terrígenas que hay una regularidad. Y sin embargo, ¡oh misterio!, nuestros encuentros con los otros ya no están bajo el yugo de la naturaleza, de los ciclos que marcan el tiempo de regeneración de la especie. Es muy alto el grado que hemos alcanzado con las artes y la ciencia en el control de nuestros cuerpos y nuestras emociones, pero nuestro conocimiento no nos brinda la garantía de continuidad de esos ciclos naturales. Tras el reflujo puede estar la nada, la ausencia, el destierro prolongado de los territorios del placer. Como el miedo a que no salga el sol de nuevo, a que la lluvia no vuelva a acariciar la tierra, a que la marea no regrese a las playas a poblarlas con sal, estrellas y caracolas, así es el miedo a perder a los otros. Sin haberlo podido conjurar, así han transcurrid o siglos y siglos. Para evadirlo hemos inventado el dominio —en su doble acepción de poder y propiedad, que al final son lo mismo— y, también, la máquina de los celos, que nos tortura. La primera frontera que pusimos los terrígenas en el mundo fue entre los cuerpos. Los demás límites y bordes los creamos después. De la pertenencia y la separación resultó el nombre, la designación individual de los miembros de la especie y de las cosas. Del temor a las acciones inesperadas de los otros proviene el predominio del cálculo sobre toda otra forma de inteligencia. Del deseo de

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grabar para siempre en la memoria de los otros la imagen propia surgieron el sueño de la inmortalidad y los monumentos. De la voluntad de conservar a los otros derivó el mecanismo de convertir en hábito las acciones que empleamos para seducirlos. Adherimos a nuestro rostro la máscara que empleamos en estos encantamientos. Generalizada rápidamente esta costumbre, desde tiempo atrás la mayoría de nosotros dice tener una personalidad. Son pocos los que se han liberado de la prisión de los hábitos de seducción que han aprendido o descubierto. Son pocos los que saben llevar debajo de su máscara múltiples máscaras, los que saben vestirse de diferentes colores y visitar distintos palacios. A pesar de que los intercambios que realizamos los terrígenas abarcan hoy todo el globo, los más prefieren llevar puestos unos mismos andrajos y frecuentar los mismos suburbios harapientos. ¡Qué tristeza! Nuestra especie se está muriendo de pobreza y de miedo. Se condena a algunos que van por ahí como las abejas, las mariposas o las aves picaflores porque no son, como ellas, generosas. Donde hay poco es una falta la codicia. Pero es una bendición que haya quienes toman y reparten con prodigalidad y delicadeza. Ojalá puedan enseñar a los demás que hay tanto para todos, que no hay pérdida. Entonces, y solamente entonces, podremos deshacernos del hábito de dominar, del de defender y del de atacar. He pensado que esos dadivosos e inagotables caminantes son viajeros que ha n venido de otro tiempo o de otro lugar del universo, o que son embajadores de un reino con el que podremos tener un gran comercio. He leído en el anuncio de contacto con otros mundos una promesa. ¿Podrán decirme alienígenas si estoy equivocada?

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Entre las tantas consecuencias del extravío de nuestra especie, después de escapar de la tiranía de la naturaleza, está sin duda alguna la de haber endurecido con violencia los lazos con los que se ha amarrado al género de las hembras. Los machos envidian nuestra condición de madres. Por tal razón, se han dedicado a engendrar seres virtuales, creaciones que son una imitación de sí mismos. Hay incluso algunos pueblos que creen que del mismo modo como los machos crean, así fueron ellos creados. No es de extrañar por eso que las grandes manifestaciones de poder y permanencia estén asociadas a la figura del padre y que se diga sin rubor alguno que se muere por la patria. Quizá lo contrario es verdadero: se vive por la patria. Sin embargo, no hay que perder la ponderación en el juicio. Hay algunas religiones que nos incluyen a las mujeres, por el sólo hecho de ser madres, dentro del círculo de los elegidos por sus dioses. La mayor fuerza que las mujeres albergamos en el vientre es objeto de temor por parte de los machos. Se la venera y se la odia. Hay una rara historia, la de un rey que mandó castigar al mar porque había devorado una parte de su flota. Marinos embriagados en la furia de su señor apalearon durante un día la superficie de las aguas. Distintos, pero harto más comunes son los relatos de pueblos enteros que le han ofrecido al mar grandes sacrificios o le han entregado los restos de sus valientes. Así son muchas de las narraciones de los hombres que hablan de su experiencia con nosotras. No son muchos los que cuentan que han navegado en la cresta de nuestras olas y han alcanzado la otra orilla de la vida abandonándose al flujo de nuestra alta marea. Como éstos, hay también algunas mujeres que cuentan que han aprendido a evaporarse y convertirse en nubes para habitar, solitarias, en las cumbres de las montañas.

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El viejo orden que ha habido entre los géneros está en conmoción y no se sabe que quedará en pie. Tal vez, como ustedes dicen, la curiosidad y el gusto por la armonía y el placer de escuchar la música de las esferas celestes nos prevengan de la destrucción. Para D.

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Hay fenómenos que parecen dotados de la fantástica capacidad de cruzar valles, vadear ríos y atravesar mares. Nada les detiene, se presentan aquí y allá idénticos a sí mismos más allá de diferencias en historias y culturas. Su poder alcanza proporciones tales que pueden navegar sin reparos hasta en el intrincado túnel del tiempo. Sí, prodigiosos fenómenos, como este de la sempiterna lógica de las burocracias, devoradores de mandíbulas insaciables. No pude resistir la tentación de traducir este texto, aparecido entre lecturas de lecturas, animado por aquella sensación que siempre asalta las nuevas comprobaciones de algo sabido y conocido, de algo tantas veces experimentado. Cualquier parecido con nuestra realidad de ninguna manera compromete al traductor148 . La Corte del Rey George III Londres, Inglaterra 10 de julio de 1776 Señor Thomas Jefferson c/o El Congreso Continental Philadelphia, Pennsylvania Querido señor Jefferson: Hemos leído su “Declaración de Independencia” con el mayor interés. Ciertamente, ésta representa un esfuerzo considerable y muchos de sus planteamientos ameritan seria consideración. Desafortunadamente, la Declaración como un todo no se adapta a las especificaciones recientemente 148

Traducción de Álvaro Camacho Guizado.

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adoptadas para la presentación de propuestas ante la Corona, de modo que tenemos que devolverle el documento para su posterior refinamiento. Las preguntas siguientes podrían ayudarlo en el proceso de revisión: 1. En su parágrafo inicial Ud. usa la frase “las Leyes de la Naturaleza y el Dios de la Naturaleza”. ¿Cuáles son estas leyes? ¿De qué manera ellas son los criterios sobre los cuales basa sus argumentos? Por favor, documente con citas de la literatura reciente. 2. En el mismo parágrafo Ud. se refiere a “las opiniones de la humanidad”. ¿Cuáles datos de encuesta está Ud. usando? Sin evidencia específica, nos parece que “las opiniones de la humanidad” son asuntos de opinión. 3. Ud. sostiene que "ciertas verdades son evidentes”. ¿Podría por favor elaborar?. Si ellas son tan evidentes como sostiene, no debería entonces ser difícil para Ud. localizar las estadísticas de apoyo apropiadas. 4. “La vida, la libertad y el alcance de la felicidad” parecen ser fines de su propuesta. Estos no son fines mensurables. Si Ud. dijera “entre ellos está la habilidad para sostener una expectativa de vida promedio en por lo menos cincuenta y cinco años en seis de las trece colonias, de permitir a los periódicos imprimir noticias sin interferencia exterior y elevar el ingreso promedio de los colonos en el 10% en los próximos diez años”, éstos podrían ser fines medibles. Por favor, aclare. 5. Ud. dice que “cuando una forma de gobierno llega a ser destructora de estos fines, es un derecho del pueblo cambiarla o abolirla, e instituir un nuevo

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gobierno...”. ¿Ha sopesado esta aseveración contra todas las alternativas? ¿Cuáles son los beneficios considerados? 6. Su descripción de la situación existente es muy extensa. Tan larga lista de abusos debería anteceder al planteamiento de los fines, no seguirla. Su planteamiento del problema necesita ser mejorado. 7. Su estrategia para el logro de los fines no está desarrollado del todo. Ud. afirma que las colonias “deberían ser Estados Libres e Independientes”, y que ellas "se hallan exentas de toda fidelidad a la Corona Británica”. ¿Quién o qué debe cambiar para lograr este objetivo? ¿De qué modo deben cambiar? ¿Qué pasos concretos tomará Ud. para sobreponerse a las resistencias? ¿Cuánto tiempo tomará? Hemos encontrado que una cierta previsión en estas áreas ayuda a prevenir errores negligentes más tarde. ¿Qué tan efectivas en términos de costos son sus estrategias? 8. ¿Quiénes de la lista de firmantes serán responsables de la ejecución de su estrategia? ¿Quién la concibió? ¿Quién aportó la investigación teórica? ¿Quién constituirá el comité asesor? Por favor provea un esquema organizativo y las hojas de vida de los principales investigadores. 9. Debe incluir un diseño de evaluación. Hemos hecho este requerimiento desde la Guerra de la Reina Ana. 10. ¿Qué impacto tendrá su problema?. La ausencia de alguna valoración sobre ello inspira poca confianza en las perspectivas de largo plazo en su propósito. 11. Por favor incluya un diagrama PERT, un cuadro de actividades, presupuesto

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detallado y una matriz de uso de la mano de obra. Esperamos que estos comentarios resulten útiles en la revisión de su “Declaración de Independencia”. Desde ya le damos la bienvenida a su propuesta revisada. Nuestra fecha final para propuestas no solicitadas es el 31 de julio de 1776. Se requieren diez copias con las firmas originales. Sinceramente,

Analista de Administración de la Corona Británica

RESEÑAS

* LOS ARTÍFICES DE UNA CULTURA MUNDIALIZADA. Renato Ortiz. Fundación Social-Siglo del Hombre: Santafé de Bogotá, 1998. * Otro Territorio. Ensayos sobre el mundo contemporáneo. Renato Ortiz. Convenio Andrés Bello: Santafé de Bogotá, 1998. Dos proyectos editoriales publicaron recientemente un par de interesantes textos de Renato Ortiz. El primero está compuesto por un capítulo del célebre libro La mundialización de la cultura, en el que se aborda el tema de los ejecutivos teóricos de las transnacionales, acompañado de sugestivas conversaciones con el público en las que se amplían los temas tratados. El segundo es la reedición de un conjunto de artículos sobre globalización, mundialización, territorio, diversidad cultural e identidad, entre otros, aparecidos bajo el mismo título, en 1996, en Argentina. Puesto que ambos textos trabajan sobre temas similares, aunque con diferentes intensiones en cada uno, esta reseña la realizaremos de modo temático, lo que nos permite hacer una presentación conjunta de ambas obras. En la primera parte de Los artífices de una cultura mundializada, nos introduce en el centro de la reflexión de su obra cuando precisa la diferencia entre los términos “globalización” y “mundialización”. El primero lo remite directamente a la tecnología y la economía, mientras el segundo lo emplea para referirse a la cultura. La distinción entre ambos conceptos se debe a que mientras en el mundo contemporáneo existe una única economía, el capitalismo, y una única infraestructura tecnológica, no nos encontramos frente a una única cultura (Los artífices, p. 43). De esta distinción se desprenden varios elementos importantes que atraviesan su

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obra. La primera es que en el plano de la cultura, no es correcto identificar globalización con homogeneización dado que no existe una cultura única. La cultura en un mundo globalizado se debe entender más bien dentro de una perspectiva dia léctica, en la que homogeneización y diversificación no aluden a universos distintos, sino que representan los dos lados de una misma moneda (Los artífices, p. 23). Este problema lo ilustra con las estrategias de los ejecutivos de las grandes transnacionales, quienes entienden perfectamente cómo el mercado mundial, aun cuando tiende a ser uno sólo como resultado de la globalización, en la práctica se encuentra segmentado debido a la existencia de heterogéneas formas de consumo. El segundo elemento, derivado del anterior, radica en que si la cultura no implica homogeneización sino que comporta múltiples elementos de diversificación que singularizan a las distintas comunidades, se podría entonces preguntar ¿qué es la mundialización de la cultura? A esto Ortiz responde que es una matriz cultural, civilizatoria, una “modernidad mundo” en la que, todos, querámoslo o no, participamos (Los artífices, 44). Es característico a esta modernidad el hecho de realizarse a través de la diversidad debido a que privilegia la individualización de las relaciones sociales. “La cultura mundializada no se encuentra ya fuera de nuestras sociedades nacionales; al contrario, forma parte de nuestra vida cotidiana, de nuestros hábitos. Sería un equívoco atribuir a este movimiento un carácter de exterioridad (por ejemplo, la americanización del mundo), como si se tratara de algo extraño a nosotros mismos. La mundialización de la cultura no es una falsa conciencia, una ideología impuesta de forma exógena; se corresponde con un

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proceso real, transformador del sentido de las sociedades contemporáneas” (El otro, p. XX). Esta modernidad mundo se apoya en un conjunto de factores que han dado origen a nuevas formas de expresión de las colectividades. Ortiz, de manera polémica, sostiene que esta nueva realidad es difícil de aprehender porque plantea grandes desafíos a las ciencias sociales y la política. La globalización se convierte en un nuevo paradigma que nos obliga a repensar las categorías esenciales de las ciencias sociales en la medida que enfrentamos un conjunto de procesos y situaciones que trascienden los Estados, las naciones y los pueblos, nociones en torno a las cuales se construyó el saber social durante el siglo XX (El otro, p. 157-188). Pero también constituye un gran desafío para la política porque las viejas dicotomías “dentro versus afuera”, “internacional en oposición a nacional”, pierden su sentido porque la globalización como proceso pone en contacto a través de diferentes filtros a todos los países, pueblos y comunidades. “Cuando hablamos de sociedad global nos referimos a una totalidad que penetra, atraviesa, las diversas formaciones sociales existentes en el planeta (...) Su inteligibilidad no resulta de la interacción entre las partes que la constituyen; al contrario, ahora hay que invertir nuestra perspectiva y preguntar: ¿cómo esa totalidad envolvente reordena sus elementos? En este caso, las relaciones sociales dejan de ser vistas como “inter” para constituirse como intra, esto es estructural al movimiento de la globalización. Los límites adentro/afuera, centro/periferia se tornan insuficientes para la comprensión de esta nueva configuración social" (El Otro, p. XIX). De esta manera, y siguiendo una tradición popularizada por A. Guiddens,

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Ortiz considera que con la globalización se alteran esas categorías sociales que, con el capitalismo, creíamos inmutables: el espacio y el tiempo. “Una cultura mundializada sólo tiene sentido si está arraigada en nuestros hábitos más prosaicos. Somos ciudadanos mundiales porque el mundo penetró en nuestra vida cotidiana. Esto altera nuestra comprensión de la proximidad y la distancia (...) La modernidad mundo sólo se realiza cuando se localiza, y confiere sentido al comportamiento y la conducta de los individuos. En este sentido, la oposición mundial/nacional/local, un dato del sentido común, es un falso problema” (El Otro, p. 15 y 36). Igualmente, la política se ve afectada por el debilitamiento del Estado nación. Si bien este tema ha sido minuciosamente analizado por Susan Strange 149 y Robert Cox150 en relación con la economía, los trabajos de Ortiz se vuelven muy sugestivos porque analiza la manera como el fenómeno cultural incide en el Estado nación. La mundialización de la cultura rompe el equilibrio que existía entre Estado, nación y modernidad. El referente Estado nación pierde el monopolio de definición del sentido de la vida social. Esto ocurre de dos maneras: el proceso de globalización libera las identidades locales del peso de la cultura nacional y segundo, surge en el horizonte cultural mundializado la posibilidad de estructurar identidades transnacionales. Es el caso del consumo. Crea una memoria colectiva internacional-popular compartida

149

Strange, Susan. The Retreat of the State. The diffusion of Power in the World Economy. Cambridge: Londres, 1996. 150 Cox, Robert. "Structural Issues of Global Governance: Implications for Europe”. En: Gill, Stephen (editor). Gramsci and Historial Materialism and International Relations. Cambridge University Press: Londres, 1993.

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mundialmente por grupos diferentes (El Otro, p. 125-126). Por último, esta matriz cultural se basa en el debilitamiento de la organicidad entre pasado, presente y futuro, para convertir todo en presente. “En ese mundo más inmediato que es el mundo del consumo, el mundo del mercado, no se ha perdido la noción del pasado; lo que sucede es que la noción del pasado y del futuro están involucradas en el presente” (Los artífices, p. 64). Este redimensionamiento del presente, que es un actuar del consumo, permite la construcción de imaginarios que pueden ser evocados sin mayor referencia espacial o temporal y, lo que es más importante, no son propiedad de ningún grupo, comunidad o nacionalidad porque cualquiera, con dinero, puede apropiarse de ellos y convertirlos en parte propia. Otro de estos desafíos proviene del hecho de que con la globalización asistimos al surgimiento de nuevos espacios desterritorializados, es decir, que no están demarcados en fronteras físicas, se encuentran desvinculados del medio físico, lo que hace posible la deslocalización de los resultados productivos y culturales. De este proceso se desprende posteriormente una nueva forma de territorialización, o sea la constitución de nuevas dimensiones sociales (El Otro, p. 37.). El Estado, que se encuentra asociado a territorio determinado, pierde parte de la centralidad que antes tuviera debido a que no puede ejercer poder o construir sentido en estos nuevos espacios desterritorializados Además, con la globalización se observa la superposición de la memoria colectiva internacional popular a la memoria nacional. Si la segunda fue posible por la emergencia de un idioma nacional y la consolidación de órganos de socialización como la escuela, la primera

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se ha gestado a partir de los nuevos medios de comunicación que permiten identificar elementos e imágenes transformados en referentes culturales en los que ya no existe espacio para las nacionalidades. Los artífices de esta memoria son los medios de las transnacionales: “La importancia de los medios de comunicación no es su alcance sino su movilidad entre las fronteras, lo que les permite conectar segmentos distintos de las sociedades nacional y global” (Los artífices, p. 48). En síntesis, ambos trabajos, de los cuales hemos extraído estas ideas, constituyen aportes fundamentales para quien esté interesado en profundizar en los estudios sobre la globalización. No obstante los innumerables aciertos de la reflexión de Ortiz, su concepción global comporta algunas insuficiencias que no podemos pasar por alto. En primer lugar, ambos son ensayos, lógicamente muy bien articulados, pero que carecen de evidencia empírica que permita sostener las hipótesis. Es cierto que en el campo de la cultura es más difícil encontrar indicadores demostrativos de las nuevas tendencias, como si es posible en la economía. Pero no por ello se debe aceptar como plenamente válido el recurrir a ejemplos aleatorios para sostener sus tesis, como lo hace con el automóvil mundial, Coca Cola, Nike, etc. De la misma manera se podría recurrir a otros casos que permiten avalar otro tipo de tesis. En segundo lugar, a diferencia de otros autores que perciben la globalización en una inmediatez tal que rehusan a realizar valoraciones históricas, Ortiz se apoya en la historia para ver como ha evoluc ionado la problemática de la modernidad y la globalización. Sin duda un gran acierto; pero el problema es el valor instrumental que le da a la historia recurriendo a ella, al igual que con los ejemplos, sólo

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cuando le sirve para sostener sus planteamientos sin ahondar en una explicación propiamente histórica. En tercer lugar, la tesis de que la mundialización de la cultura es un proceso estructural asociado a una nueva forma de modernidad, le impide percibir las relaciones de fuerzas y las nuevas formas de poder que definen el sistema mundial actual. Como resultado el autor asuma una posición un tanto ingenua consistente en diluir la mundialización por todas las regiones del planeta, cuando en realidad la globalización implica una nueva estructura jerárquica que reproduce nuevas configuraciones piramidales de poder en beneficio de los países centrales del sistema. Por último Ortiz no discute los discursos de la globalización, los cuales plantean nuevas formas de ideología que ante la ausencia de debate y contra argumentos, se convierten en una nueva forma de realidad. Realizado por Hugo Fazio Vengoa, Profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Colombia.

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DE LA MANO DE ALICIA. LO SOCIAL Y LO POLÍTICO EN LA POSTMODERNIDAD. Santos, Boaventura de Sousa. Siglo del Hombre-Uniandes: Santafé de Bogotá. 1998. El affaire Sokal ha traído de nuevo a escena el debate sobre la postmodernidad. Esta vez, los ataques provienen de un físico que se burla de frente de algunos académicos post, quienes tras sus rimbombantes trabajos dejan ver la más absoluta confusión y frivolidad teórica. En medio del debate aparece el texto de Boaventura de Sousa Santos quien presenta lo que se puede denominar una propuesta postmoderna seria. En efecto, Santos está lejos del uso irresponsable de metáforas teóricas venidas de otras ciencias, a partir de las cuales muchos post han armado sus propuestas, y gracias a lo cual se han ganado justas críticas. El texto de Santos es fundamentalmente una crítica al paradigma de la modernidad, y una interesante, aunque a veces agotadora, argumentación de por qué ésta se encuentra acabada. De la Mano de Alicia es una compilación de diversos trabajos que el autor ha publicado desde mediados de la década pasada, muchos de los cuales aparecen por primera vez en español. La obra se organiza en tres grandes capítulos. El primero (referencias), parte de la presentación de lo que Santos denomina las perplejidades de los tiempos actuales, esto es la constatación de procesos como la transnacionalización, la centralidad de lo económico y el vínculo neoliberalismo democracia. Tras la ubicación de estas perplejidades, que al mismo tiempo aparecen como retos ante los cuales se debe construir una ciencia que evite estar “fuera de lugar”, aparece el punto central que conforman la obra: la modernidad está en crisis y se requiere un nuevo

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paradigma, el cual, aún sin nombrar, se ha designado postmodernidad. La crisis de la modernidad representada en la transformación del progreso en simple acumulación capitalista y en una mercantilización catastrófica de la vida, ha hecho perder el sentido a un proyecto fundamentado en un ideario de emancipación. En búsqueda de un fundamento para sus propuestas, Santos termina el primer capítulo volviendo su mirada al marxismo, para plantear que en la búsqueda de una respuesta a la sociedad actual nadie formuló una alternativa más coherente que Marx. Es decir, un proyecto tan anticapitalista como moderno que pueda ser la base para la construcción de la alternativa postmoderna. El segundo capítulo (condiciones de inteligibilidad) se inicia con un análisis de la sociedad portuguesa que marca una ruptura en el ritmo del texto. La presencia del caso portugués en el libro será frecuente, y aunque se encuentra en clara coincidencia con los postulados generales, resulta fuera de lugar en un trabajo que pretende hacer un análisis macro de la crisis de la modernidad. Superado el paréntesis portugués, se suben muchos pisos cuando se llega a las cúspides de la discusión de lo Social y lo Político en estos tiempos bautizados postmodernos. El punto central de esta parte del texto, que es en últimas la hipótesis fundamental de la obra, plantea que los problemas de la modernidad tienen que ver con el exceso de cumplimiento de algunas de sus promesas y el franco incumplimiento de otras. Este punto se hace más claro cuando la modernidad se vincula a dos procesos: el de regulación y el de emancipación. El primero, representado por Estado, mercado y comunidad es la dimensión que según Santos se ha desarrollado en exceso. El segundo proceso, la

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emancipación, tiene que ver con tres tipos de racionalidades: la estético-expresiva, la moral-práctica y la cognitivoinstrumental. Cada una de estas dimensiones de la modernidad evolucionaron a lo largo de un continuo histórico que en la obra se asocia a tres fases distintas del capitalismo. La primera, de capitalismo liberal, comprende el siglo XIX; la segunda o de “capitalismo organizado” tiene lugar durante la primera parte del siglo XX y está asociada al modelo de producción fordista; y la última fase aún en curso, se inicia en los años 70 y se denomina “capitalismo desorganizado”. El desarrollo de cada uno de estos momentos, dice Santos, ha traído como consecuencia la primacía y desarrollo del proyecto regulador, particularmente de las dimensiones mercado y Estado, a costa de las posibilidades de concreción de las promesas de emancipación de la modernidad. Después del diagnóstico reservado con el que queda marcada la modernidad, Santos hace una análisis crítico de grandes conceptos e instituciones características del período en crisis. Para comenzar aborda la distinción Estado / sociedad civil, es decir la distinción entre economía y política, la cual presenta contradicciones como que la definición de la naturaleza liberal de la sociedad es en sí misma arbitraria (¿quién o qué determina que un desvío del laissez faire es un mal indudable?), y que la exclusión del Estado del espacio económico ha estado históricamente determinada por una intervención estatal considerable. Sin embargo, lo que aparece como el problema más grande de la distinción es que política y economía se hicieron irreconciliables, lo que trajo como consecuencia "la naturalización de la explotación económica capitalista y por otro, la neutralización del potencial

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revolucionario de la política liberal, dos procesos que convergieron hacia la consolidación del modelo capitalista de las relaciones sociales" (p. 145). En un intento por deseconomizar a la sociedad civil, Santos destaca que su resurgimiento tiene que ver con la reafirmación del autogobierno, la subjetividad y la organización autónoma de intereses. Acto seguido, propone una visión amplia de este espacio que se articule alrededor de las esferas que representan formas de poder social. Estas son, el espacio domestico, el de la producción, el de la ciudadanía y el mundial; cada uno, con unos referentes, unas formas institucionales, unos mecanismos de poder, unas formas de derecho y una racionalidad particulares. Para terminar el segundo capítulo el autor trabaja el tema de las identidades. Aquí el problema consiste que bajo la modernidad múltiples identidades fueron reducidas a la “lealtad terminal al Estado, una lealtad omnívora de las posibles lealtades alternativas” (p. 171). Para Santos la alternativa en este punto consiste en un cuestionamiento de las construcciones oficiales de la cultura nacional. El cuestionamiento, dice el autor, se debe articular desde tres orientaciones metodológicas: a) los límites de una cultura nunca coinciden con los del Estado; b) ninguna cultura es indiscriminadamente abierta; y c) la cultura de un determinado grupo social no es nunca una escencia. La tercera parte del texto (ciudadanía, emancipación y utopía), al mismo tiempo la más extensa, se introduce en el análisis de grandes instituciones de la modernidad. La primera bajo la lupa es el derecho, específicamente los tribunales de justicia. El análisis crítico de la justicia moderna se construye a partir de los aportes que, según el autor, ha hecho la sociología jurídica a este campo. El

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primer tema que aparece es el acceso a la justicia, donde el problema está en el impacto de las desigualdades socioeconómicas sobre el principio de igualdad jurídico-formal del derecho. Es decir, las clases populares ven minimizada la promesa de igualdad jurídica cuando el acceso efectivo a la justicia depende de la posesión de recursos económicos. Al mismo tiempo brechas culturales alejan al ciudadano de la posibilidad de una comprensión plena del sistema jurídico. El segundo tema que el autor rescata de los análisis de la socio logía jurídica, es la necesidad de dotar a los miembros del aparato de justicia de conocimientos que trasciendan la técnica jurídica, esto es, un contexto cultural, sociológico y económico. Por último, el tercer se refiere a que el “Estado contemporáneo no tiene el monopolio de la producción y distribución del derecho” (p. 212), es decir, que existen otras juridicidades, otros derechos que compiten con el estatal. La segunda institución que pasa por las manos de Santos es la universidad. Al igual que la modernidad, la universidad atraviesa por momentos difíciles que se resumen en una crisis que posee tres dimensiones. La primera, de hegemonía, tiene que ver con que la institución universitaria hoy ha vuelto a ser un nicho de la alta cultura. Así la cultura de masas no pasa hoy por los claustros universitarios. La consecuencia inevitable, dice Santos, es “la liquidación de las aspiraciones democráticas que acompañaron las políticas de masificación en los años ochenta” (p. 236). La segunda dimensión de la crisis es de legitimidad, y se remite a que educación superior y alta cultura son prerrogativas de las clases superiores. La última dimensión de la crisis es la institucional, que se resume en una pérdida de autonomía a causa de una

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mayor dependencia de las pautas del mercado y de criterios de evaluación externos a los centros universitarios. La crisis de la universidad, dice el autor, está inserta en la crisis de la modernidad, lo que implica que cualquier solución está en el marco del nuevo paradigma. Santos concibe entonces una ciencia postmoderna, que genere espacios a otros saberes, muchos de los cuales no necesariamente serán científicos, y que permita transgredir tanto barreras culturales como de clase. En el análisis de elementos característico de la modernidad Santos llega a la ciudadanía. Aquí el autor desarrolla lo que llama la tensión entre subjetividad y ciudadanía. Muestra que la ciudadanía bajo el Estado liberal ha servido a la dimensión de regulación de la modernidad, pues aunque aparece como un limitante a los poderes del Estado, por otro lado universaliza las particularidades de los sujetos, y así facilita el control social. Ahora bien, la tensión entre subjetividad y ciudadanía, dice el autor, no ha funcionado siempre en los términos del proyecto liberal; en efecto, el siglo XX introduce la idea de una ciudadanía social construida a partir de las subjetividades. Sin embargo, hoy la ciudadanía social ha entrado en crisis gracias a que el papel de la subjetividad se ha descifrado en términos de narcisismo y autismo, se manifiesta en el consumo, lo que conduce a que si en el pasado se tenía una ciudadanía sin subjetividad hoy prime una subjetividad sin ciudadanía. Santos abogará entonces por unas formas de ciudadanía “colectivas y no individuales; menos basadas en los derechos y deberes que en formas y criterios de participación, no liberales y no estatizantes, en las que sea posible una relación más equilibrada con la subjetividad.” (p.300). La propuesta es un

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proyecto de ciudadanía más cercano a la idea de comunidad que a la de Estado, es decir, "la creación de un nuevo sentido común de lo político. La conversión de la diferenciación de lo político en el modo privilegiado de estructuración y diferenciación de la práctica social tiene como corolario la descentración relativa del Estado y del principio de Estado. La nueva ciudadanía se construye tanto en una obligación política vertical entre lo ciudadanos y el Estado, como en la obligación política horizontal entre los ciudadanos" (p. 340). En la recta final del texto, aborda una análisis de los Derechos Humanos desde una concepción multicultural. Invoca a los

Derechos

Humanos

como

una

alternativa a la política socialista, es decir, al servicio de un proyecto político progresista y emancipador. La propuesta de Santos parte de la constatación de un mundo globalizado, pero presenta una concepción de este fenómeno en el que a pesar de las dinámicas de impacto mundial no se pierden las particularidades culturales. Así, los Derechos Humanos no se piensan como

universales,

y

el

propósito de Santos es que dejen de ser una especie de esperanto, para que se transformen en una “red de política cosmopolita

que

haga

mutuamente

inteligibles y traducibles los lenguajes nativos de emancipación ” (p. 365). Los Derechos Humanos en la propuesta del autor aparecen como una posibilidad de

diálogo entre culturas, a partir del cual identifiquen

la

incompletud

de

sus

respectivas propuestas de lectura del mundo. La parte final de la obra consiste en un análisis de lo que el autor considera “los problemas que están en la raíz de nuestras instituciones y de nuestras prácticas” (p. 371), y un intento de proponer algunas alternativas emancipadoras. El diagnostico de problemas se basa en la distinción de cuatro espacios de relaciones sociales que el autor denomina espacio-tiempos. El problema central del espacio-tiempo mundial tiene que ver con la irreversible polarización entre el Norte y el Sur. Dicha polarización se manifiesta a su vez en fenómenos como el crecimiento demográfico, la globalización y la degradación ambiental. A nivel del espacio -tiempo doméstico aparece el patriarcado como base de las discriminaciones que sufre la mujer dentro y fuera del ámbito familiar. En el espacio -tiempo de la producción tiene lugar la división de clases que sumada a la étnica y a la sexual, constituyen un amplio panorama de desigualdades y conflictos. En este espacio aparecen como problemas vinculados a la globalización; la marginación no sólo de poblaciones de la periferia, sino también de los centros productivos; y la emergencia de una ideología global consumista, que aparece como una fachada a la permanencia de desigualdades entre el centro del sistema mundial y su periferia. Finalmente en el espacio -tiempo de la ciudada nía, propio de la relación entre Estado y ciudadanos, se genera una dominación desigual entre grupos de intereses organizados, y por supuesto entre ciudadanos y Estado. En este ámbito el Estado y su proyecto unificador se enfrentan a la emergencia de

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nuevas identidades que tradicionalmente habían sido marginadas. Ante el derrumbe del paradigma moderno, diagnosticado en el análisis de Santos, emerge la propuesta de la construcción de un nuevo paradigma a través de un proyecto utópico que tenga como condiciones una nueva epistemología y una nueva psicología. La primera rechaza “el cierre del horizonte de expectativas y de posibilidades y crea alternativas”, y la segunda “rechaza la subjetividad del conformismo y crea la voluntad de luchar por alternativas” (p.426). El proyecto utópico de Santos (que redefine como heterotopía porque no busca construir algo totalmente diferente, sino deslocalizar dentro de un mismo lugar), se denomina Pasárgada 2; allí existirá una Cámara Paradigmática donde cada paradigma tenga una representación y entren en competencia. En ese espacio se pretenden resolver las tres áreas básicas de conflictos paradigmáticos: el conocimiento y la subjetividad, los patrones de transformación social y el poder y la política. Lo llamativo es que en ese espacio de discusión se configurará un paradigma que para Santos tiene unos rasgos particulares: no hay una forma de conocimiento válido, la sociedad está organizada bajo el paradigma ecosocialista y el poder se descifra en relaciones de autoridad compartida. Es decir, la modernidad en ese espacio ya no tiene posibilidades, su tiempo pasó, y allí se discutirá como reemplazarla, aunque Santos ya tiene una propuesta de cómo hacerlo. De la Mano de Alicia, resulta un texto en términos generales interesante, y las críticas hechas al paradigma de la modernidad son en muchos aspectos supremamente lúcidas. No se puede desconocer que la modernidad ha incumplido muchas de sus promesas, y

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que instituciones como el derecho o la universidad están hoy lejos de los problemas de las sociedades contemporáneas. Sin embargo, el texto presenta a mi parecer dos problemas, el primero tiene que ver con que si la unificación de lo social y lo político bajo el Estado acarreó en la modernidad infinitas injusticias, no es evidente que el ecumenismo comunitario de Santos sea la solución. Aquí vale la pena pensar, por ejemplo, en las propuestas que se hacen en el texto frente a la ciudadanía, ya que junto con los propósitos de reconocimiento cultural en el espacio de lo público (que además resultan incontestables), debe hacerse definitivamente un análisis de los riesgos de tal proyecto pues ¿qué garantiza que antes que convivencia pacífica se generen de nuevo conflictos por la imposición del propio proyecto cultural?. La segunda debilidad del texto, sin duda la más notoria, tiene que ver con la propuesta utópica. No porque su carácter utópico la haga descartable; el asunto es que resulta tan pobre que es decepcionante. Después de un diagnóstico detallado de la crisis de la modernidad, Santos llega con un proyecto en el que introduce una Cámara Paradigmática de discusión del nuevo paradigma, pero al continuar la lectura, la rimbombante Cámara cae en desuso porque el autor saca el nuevo paradigma de debajo de la manga. La propuesta del autor a veces evoca los planteamientos de Rawls o Dworkin, pero definitivamente ante ellos languidece, porque Santos ya tiene una respuesta. Miguel García Sánchez. Profesor ocasional del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional.

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