Cultura de paz e integración: erradicar las discriminaciones como compromisos y tareas interestatales

Cultura de paz e integración: erradicar las discriminaciones como compromisos y tareas interestatales
Jaime Gerardo Delgado Rojas*

Resumen: La discriminación de las diferencias no ha formado parte expresa de acuerdos de integración donde se crean zonas de paz y se promueve la educación y la cultura de paz. Centroamérica avanzó bastante hasta 1995, pero debería retomar el tema del respeto hacia los otros, para sanar heridas y proyectar una sociedad más inclusiva.
Palabras claves: Integración, Centroamérica, cultura de paz, ética, derechos humanos.
Abstrac: Discrimination of differences has not made an express part of integration agreements which create zones of peace and education and culture of peace is promoted. Central America advanced enough until 1995, but should revisit the issue of respect for others, to heal wounds and project a more inclusive society.
Key Words: Integration, Central america, culture of peace, ethics, human rights.

Algunas notas conceptuales
El concepto integración, en cuanto integración de estados nacionales, es ambiguo y su uso, sobre todo por políticos y empresarios es confuso y da paso a manipulaciones. Lo común es usarlo con el adjetivo "económica", pero con esto se la vacía de su riqueza conceptual: es multisectorial y multitemática, por lo que su estudio es multidisciplinario, como también sus implicaciones positivas; en lo sustantivo, integración es el resultado de acuerdos estatales, sobre la base de prácticas sociales múltiples y que, en la definición de la normativa pactada o en su profundización, se transfieren cuotas de soberanía a un ente, sea burocrático, o meramente jurídico comunitario (Delgado Rojas 2009).
También hay un contenido del término que corresponde a la sociología y la antropología; en este caso se alude a las políticas que atienden las diferencias sociales, culturales o jurídicas de sectores y grupos sociales en una sociedad determinada: su sesgo es negativo, pues se la asume como amalgamamiento e incorporación, por múltiples medios de los diferentes, los otros, con el peligro de la discriminación, la invisibilización y el arrinconamiento, no solo cultural. Con los indígenas, la conducta colonial lleva a su aniquilamiento como cultura en su "integración" a la modernidad (vgr Sandoval Forero 2013, 14).
En uno u otro sentido, la integración tiene que ver con la paz: en un caso nace del ambiente bélico que la exige, como espacio de cultivo de la paz (Europa, Centroamérica); en el otro, es precisamente la puesta en peligro, de la paz social. Por tanto, es común encontrar alusiones a la paz, construcciones de zonas de paz y referencias a una cultura de paz, en instrumentos de carácter internacional y regional que no se despegan de la visión del conflicto desde el ámbito puramente estatal: el escenario internacional no deja de ser visto, en estos acuerdos, como westfaliano. Desde esa perspectiva, se construyen zonas de paz entendidas como aquella región geográfica en que los Estados que la conforman "reafirmar su compromiso de no recurrir al empleo de la fuerza para resolver los conflictos que puedan existir", naturalmente entre ellos y en las que las potencias externas "se comprometen a no servirse de esa zona para sus objetivos bélicos o armamentistas, de manera directo ni indirecta, en especial mediante la eliminación de bases militares o de cualquier otra actividad que signifique una presencia armada permanente" (Gross Espiell, cit. por Delgado Rojas 2011, 91).
La intención, en esta reflexión, es usar los dos contenidos del concepto integración para orientar la formulación de acuerdos hacia una educación y cultura de paz que trascienda la visión del conflicto en lo meramente estatal; orientamos hacia la formulación de nuevos instrumentos de derecho comunitario regional, con políticas tendientes a erradicar la discriminación, suavizando las confrontaciones entre personas por rechazos, indiferencias, violencia sociocultural e invisibilizaciones, motivados por las diferencias por procedencia, creencias, apariencias y gustos; se busca forjar un compromiso ético de ir más allá de la tolerancia, hacia formas más avanzadas en las relaciones humanas matizadas por el respeto, la identificación, e incluso la admiración, según los usos de Virgilio Zapatero (2011); o bien, trascender la mera coexistencia de los diferentes, para avanzar hacia la reconciliación y la convivialidad, según lo anota Boaventura de Sousa Santos (2010, 107-108).
Nuestra idea es que la paz social, como utopía, se construye, no en la tolerancia, sino en el respeto recíproco y en la convivialidad, lo que no es solo una tarea y un compromiso estatal, sino una práctica social de erradicación de las discriminaciones, en lo que están involucradas todas las personas en el ámbito local, nacional, regional y mundial.
Esto no es un mero tema nacional, a saber de relaciones y de políticas sociales al interior de un estado determinado. Al contrario, es regional porque las fronteras han sido diluidas y desdibujadas por múltiples procesos sociales, culturales y circunstancias políticas, no solo de ahora. Y, en el espacio centroamericano se ha abonado conceptualmente, más atrás de la última década del siglo pasado, en otra dirección. La cultura de paz, en los instrumentos comunitarios de la década del 90 quedó imbricada sustancialmente con los compromisos de democracia y reconciliación nacional, la que tenía que ver con la búsqueda de encuentros, de hermanos y enemigos, en sociedades desangradas por la guerra. Este fondo y parte constitutiva de la utopía regional comunitaria había iniciado en el Siglo XIX, en la Asamblea Constituyente de 1823 y 1824; y se ha ido re-fundando durante la segunda mitad del Siglo XX y ahora, más que ayer, requiere su re-pensamiento.
Las realidades socioculturales diversas
Centroamérica se tornó múltiple y diversa; no es que no lo fuera en el pasado; es que ahora se nos hace evidente: hay muchos "otros". No solo no son 5 repúblicas que remedan el modelo estatal westfaliano pues aún ninguna ha dirimido sus problemas fronterizos, sino que son "estaditos multinacionales" con una apariencia conjunta, desde el pasado, de una nación multiestatal: la nación centroamericana. Pero tampoco son 5; geográficamente el istmo está integrado por 7 estados, aunque la Geopolítica en el Gran Caribe señale 25, los integrantes de la AEC; y, en el SICA hay 8 estados pues República Dominicana se ha ido incorporando en lo que ha podido.
En cada país hay una multiplicidad de actores y "sujetidades emergentes": los indígenas de las alturas y también de la costa: la parte caribeña tiene garífunas, misquitos, sumos, ramas, afrodescendientes, kunas y ngobes o guaymíes. Para el año 2008, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos estimó la población indígena en 7,7 millones de personas, un 18% de la población total de la región, el 73% en Guatemala (Estado de la Región 2011, cap. 2, p. 362).
Los grupos y movimientos LGTTBI se han organizado en cada país y se reivindican como "sujetidad emergente", frente a una conducta sistemática de una sociedad patriarcal que los rechaza con prácticas institucionales y culturales de discriminación, invisivilización y arrinconamiento (Quirós Salazar 2013).
Podríamos anotar a los más pobres en sociedades comandadas por clases medias pretensiosas y por los más ricos. También los del campo, en hegemonías urbanas y capitalinas. Pero también están ahí y aquí las historias de vida de la inmigración: los centroamericanos nos movemos y nos encontramos con otros humanos nacidos en otras latitudes; sobresalen los nicaragüenses en Costa Rica, aunque también los hay entre los vecinos, los beliceños en Guatemala país donde hay una importante colonia de costarricenses y salvadoreños, y de estos hay en Honduras y Nicaragua (Estado de la Región ib. 380). No son pocos los ticos que habitan en Panamá; sin dejar de lado que a los guaymíes les es indiferente si nacieron en la patria de Torrijos o en la de Juanito Mora.

El derecho a la paz en acuerdos regionales
Si la concebimos como parte del derecho a la vida, la tranquilidad, el bienestar y la seguridad personal, la paz es un derecho y una legítima aspiración. Parte integrante de la ética jurídica y política, en tanto solidaridad, justicia y fraternidad implica a los otros: supone tolerancia, y muy por encima, respeto a las diferencias. Y esto no importa si es una tarea y compromiso estatal, o un acuerdo pactado regionalmente.
La educación y la cultura de paz son consustanciales en los instrumentos normativos originarios del derecho comunitario centroamericano y están imbricados sustantivamente con los compromisos de democracia y conciliación nacional: esa relación integral es parte constitutiva de esta utopía.
Pero los clásicos acuerdos de paz subregionales en América Latina ponen de relieve una visión del escenario internacional de carácter westfaliana, desde el Tratado de 1826, aunque en algunos se marque más que en otros. Unos involucran la dimensión territorial continental (Río, 1947) otro la latinoamericana (Tlatelolco, 1969), otro, un acuerdo involucra a todo el Caribe (1979), otros se reducen al ámbito ribereño del Atlántico Sur (1986); hay acuerdos en el Mercosur (1998) y en la Comunidad Andina (1989, 2002 y 2004); pero también está el que incorpora a toda América del Sur (2002). En estos instrumentos de derecho internacional latinoamericano, la paz se ve como el resultado deseable de un conflicto existente o potencial en el que participa, al menos un Estado. De ahí que los acuerdos busquen la paz entre las naciones, entendidas como naciones-estados.
Con la creación de la Unión de Naciones de Sudamérica, esta idea de una zona subcontinental de paz queda formulada en el acuerdo constitutivo de la UNASUR, en el 2008. Las alusiones son a contenidos de la cultura de paz más amplios: "irrestricto respeto a la soberanía, integridad e inviolabilidad territorial de los Estados; autodeterminación de los pueblos; solidaridad; cooperación; paz; democracia; participación ciudadana y pluralismo; derechos humanos universales, indivisibles e interdependientes; reducción de las asimetrías y armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible".
Más reciente, en la Cumbre de la CELAC en La Habana (2014), los 34 mandatarios de América Latina y el Caribe suscribieron una Declaración de Paz de la región, en la que se reitera la necesidad acuerdos y compromisos subregionales latinoamericanos anteriores, como los del desarme nuclear, paz y cooperación, solución pacífica de controversias, etc. y como cierre, la promoción en la región de una cultura de paz basada, entre otros, en los principios de la Declaración sobre Cultura de Paz de las Naciones Unidas; y me remito a esta resolución que dice que la cultura de paz
"… consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las personas, las naciones, teniendo en cuenta un punto muy importante que son los derechos humanos, pero así mismo respetándolos y teniéndolos en cuenta en esos tratados." (Resolución 6 de octubre de 1999, 53 periodo de sesiones, NNUU, Acta 53/24353/243)
Sin embargo, ha habido acuerdos que van mucho más allá. El 26 de diciembre de 1933 en Montevideo, Uruguay, se firma la Convención sobre la Enseñanza de la Historia. Aconsejaba comprometer a los gobiernos a que los programas de Enseñanza que se impartan "no contengan apreciaciones inamistosas para otros países o errores que hayan sido evidenciados por la crítica", así como atenuar el espíritu bélico en los manuales de historia que se usen, insistiendo "en el estudio de la cultura de los pueblos y del desarrollo universal de la civilización, para determinar la parte que ha cabido en la de cada país a los extranjeros y a las otras naciones". Recomendaba la eliminación de "los paralelos enojosos entre los personajes históricos nacionales y extranjeros, y los comentarios y conceptos ofensivos y deprimentes para otros países", como también "las victorias alcanzadas sobre otras naciones", que pudieran dar motivo "para rebajar el concepto moral de los países vencidos". En coherencia aconsejaba no juzgar "con odio" o falsear "los hechos en el relato de guerras o batallas cuyo resultado haya sido adverso"; al contrario, pedía que se destacara lo que "contribuya constructivamente a la inteligencia y cooperación de los países americanos".
Su idea era la depurar los textos escolares "de aquellos tópicos que sirvan para excitar en el ánimo desprevenido de la juventud la adversión (sic) a cualquier pueblo americano" (art.1, Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de Brasil para la Revisión de los Textos de Enseñanza de Historia y de Geografía, 1933).
Los acuerdos sobre la paz centroamericanos
En Centroamérica la noción de paz es una parte consustancial del proceso de integración. Así es definida en la ALIDES de 1994 y en el TMSD de 1995. Sin embargo en esta región, la paz enmarcada en el sentido de la ciudadanía y el respeto hacia los otros, tiene su antecedente fundacional en el proceso emancipador. El resultado de un proceso unitario, primero, federal después y que culmina con una balcanización de hecho posteriormente. Hay, sin embargo, acuerdos importantes en las actas de la Asamblea Constituyente de 1823-24 sobre inmigrantes, esclavos e indios que enuncian la extensión de la ciudadanía a estos "otros". Me refiero al acuerdo del 19/3/1824 con el que se culmina una discusión iniciada en agosto del año anterior para darle libertad a los esclavos y abolir la esclavitud de Centroamérica; las particularidades de este debate, sustentado en el jusnaturalismo implicaba normas del derecho a la propiedad y de la necesaria indemnización a los poseedores de esclavos. Fue una discusión que se había iniciado en América del Sur por San Martin en 1821. De igual forma el derecho de asilo a los extranjeros perseguidos políticos, cuyo tema entró en debate a partir del 15 de julio de 1823, la abolición de las discriminación a los hijos no nacidos en matrimonio (hijos naturales), en un dictamen aprobado el 31 de enero de 1824 y, lo más destacado, aunque aquello no lo fuera menos, las leyes de protección a los indios (Towsend Ezcurra pags.267-298).
Esta herencia es rescatada en los acuerdos de 1887 sobre ciudadanía, libre tránsito y no discriminación entre los ciudadanos de los diferentes países del istmo centroamericano: un sueño de ciudadanía y nación que no ha perecido, incluso en los años más recientes. Así, 100 años después, en la última década del Siglo XX, el concepto de paz como convivencia, no solo entre estados, sino entre personas tiende a consolidarse.
Se retoma en el proceso de Esquipulas (1986 y 1987) y se estampa en la X Cumbre de Puntarenas de diciembre de 1990 cuando se declaró al istmo "Región de Paz, Libertad, Democracia y Desarrollo" y donde se ratifica el compromiso con el establecimiento "de una paz firme y duradera en Centroamérica", y de profundizar "las relaciones de amistad, cooperación y buena vecindad y la voluntad de perfeccionar los sistemas democráticos en la región, sobre la base de la existencia de gobiernos electos por sufragio universal, igual, libre y secreto en todos los países".
La Región de Paz creada en Puntarenas en 1990 se asentaba en lo académico, en un estudio realizado en la Universidad para la Paz, desde 1987. En ese trabajo, bajo la dirección del salvadoreño Fabio Castillo Figueroa (1921-2012), se pretendía entusiasmar diplomacias en torno a un estatuto jurídico internacional que permitiera la construcción de una Centroamérica pacífica, libre de ejércitos y bases militares foráneas, carrera armamentista y amenazas de guerra, en correspondencia con las definiciones de zona de paz, como la estampada en el acuerdo de 1986 para el Atlántico Sur y de seguridad democrática, como fue concebida por la Comisión Sudamericana de Paz, a partir de 1988. El proyecto asumió el sentido de una "Propuesta Declaración de Zona de Paz y Cooperación en Centroamérica y el Caribe" e incorporaba el sentido utópico de la resolución de la Asamblea General de la OEA de 1979 sobre el Caribe (Castillo y Soto, 1990); con una delimitación, siguiendo a Tlalelolco, de su espacio geográfico que involucraba el territorio continental e insular de los 25 estados ribereños del Gran Caribe. En su ideario había una confesión conceptual de abandonar la añeja visión de la seguridad nacional de los estados autoritarios, a cambio de la seguridad democrática que reivindicaba los derechos de las personas en aras de erradicar la violencia socio económica y cultural (Castillo y Soto 1990).
El tema, por tanto avanzó hacia un modelo de seguridad democrática regional planteado en el Protocolo de Tegucigalpa de 1991, como "un balance razonable de fuerzas, el fortalecimiento del poder civil, la superación de la pobreza extrema, la promoción del desarrollo sostenido, la protección del medio ambiente, la erradicación de la violencia, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico y el tráfico de armas". (Protocolo de Tegucigalpa 1991, art. 3 b). Más tarde, en 1994, en la Alianza para el Desarrollo Sostenible de Centroamérica, una plataforma programática que involucraba entre sus principios, objetivos y metas, los temas medulares que nos ocupan. Dice:
"Desarrollo sostenible es un proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio ecológico y el soporte vital de la región.
Este proceso implica el respeto a la diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las generaciones futuras"
De igual forma, los compromisos de la Conferencia Internacional sobre Paz y Desarrollo de Centroamérica de Octubre de 1994, que a la letra dice en su apartado 5.
"Nos comprometemos a poner en funcionamiento un plan de acción en materia de educación para la paz y la convivencia democrática, mediante la actualización, ampliación y profundización de los planes de estudio.
Instruimos a las autoridades educativas de todos los países centroamericanos para que preparen un Plan de Acción dirigido a actualizar, ampliar y profundizar el contenido de los planes de estudio de todos los niveles, en materia de educación para la paz y la convivencia democrática."
En 1995, en el Tratado Marco de Seguridad Democrática regional, se define la seguridad democrática como "integral e indivisible" (art. 10 a) e "inseparable de la dimensión humana"; pues "El respeto a la dignidad esencial del ser humano, el mejoramiento de su calidad de vida y el desarrollo pleno de sus potencialidades, constituyen requisitos para la seguridad en todos sus órdenes" (Art.10 b).
Empero, con este Tratado las deliberaciones en Centroamérica sobre zona de paz y cultura de paz quedaron, en las agendas presidenciales y ministeriales, terminadas. A partir de 1995 no se hablará más del tema, mientras, al contrario, en otros esquemas de integración, Mercosur, Comunidad Andina y UNASUR, los temas de la paz y la promoción de una cultura de paz, siguen llenando partes sustantivas de los acuerdos presidenciales.
Reflexión propositiva
La paz tiene que ver con un concepto de democracia que no se reduce al gobierno de las mayorías: primero porque en las democracias formales no necesariamente quienes gobiernan son las mayorías, sino más bien minorías legitimadas formalmente por mayorías formales; a saber, los grupos minoritarios que hegemonizan en la sociedad y que por ello tienen el poder formal, material y jurídico para hacerlo. Empero, la democracia, sustancialmente, no se queda en la sumatoria; también involucra la otra parte, las minorías, no solo para tolerarlas, pues supone respeto e incorporación de sus proyectos y utopías aunque observemos que en la práctica política este respeto no pasa más allá de una mera tolerancia retórica. Por ejemplo, hasta hace poco se había visto en este país que la mayoría católica no respetaba a las minorías de otras confesiones, sino que simplemente las toleraba pero, muchas de esas prácticas y sus notaciones discursivas eran claramente de discriminación, rechazo, indiferencia e invisibilización, como la que expresa la máxima constitucional de que la religión del Estado costarricense es la católica, apostólica y romana (Art. 75).
Democracia implica entonces el respeto a los derechos de la gente, aunque sean minorías. El tema tiene que ver con la relación con el otro, incluso, partiendo de que nos ubiquemos en el cómodo espacio de la mayoría. Que al otro se le tolere, o bien se le respete y podría ser que se le admire, va a depender de los principios éticos que rigen nuestra conducta, interiorizados los derechos de las personas que nos son diferentes.
De ahí que el dictado de los acuerdos, no basta con la indicación de compromiso por la democracia y los derechos humanos, sino que debe ser trascendido.
El respeto al que aludimos, en primer término, es el respeto como obligación moral, como lo expresara Kant en su imperativo categórico: obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca sólo como un medio. Tratar los seres humanos, los semejantes y los diferentes, con ese respeto del categórico kantiano, es asumir que son dueños de sí mismos, con sus propios proyectos vitales, sus ilusiones, sueños y utopías; con todo aquello que para nosotros pueda ser erróneo, incomprensible e incluso risible.
Tratar con ese respeto a una persona obliga a limitarnos a nosotros mismos; a no manipularlos, a no convertirles en simples instrumentos de nuestros intereses: respetar a mi prójimo es, nos enseñaba Kant, no degradar al otro convirtiéndole únicamente en medio para mis fines. El respeto es un deber incondicionado.
Sin embargo, nuestras relaciones con el otro muestran un abanico de posibilidades: en la conducta intermedia entre el bien y el mal de nuestro esquema de valores hacia el otro, estaría la tolerancia, pero no podríamos éticamente quedarnos ahí.
En su alocución más reciente Virgilio Zapatero, exrector de la Universidad de Alcalá de Henares (2011), en el contexto de una Europa matizada de multiculturalidad e inmigración, nos dice:
"Los otros ya están aquí. Hasta ahora 'los otros' designaba la vaga y vasta república de seres sin rostro y sin nombre propio… la masa inmensa de aquellas personas a quienes jamás hemos visto y jamás veremos. Pero aquellos seres virtuales están ya aquí con sus rostros, sus nombres propios, sus costumbres y sus prácticas religiosas. Residen en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro barrio. Son nuestros vecinos que viven incluso en la puerta de al lado. … Ya no son los otros; ahora tienen ya un pronombre personal: son ellos; la tercera persona del plural. Nos sorprenden sus vestidos, el olor de sus alimentos, sus prácticas religiosas, su color o sus costumbres."
Y continúa el maestro Zapatero señalando que ese tránsito maravilloso entre el "otros", al "ellos" ha sido empujado por un esfuerzo denodado en comprenderlos. Por ello no podíamos quedarnos en la sola tolerancia.
Boaventura de Sousa Santos (2010) señala cuatro clases de sociabilidad. La violencia es la expresión y resultado de esquemas socio culturales irreconciliables, la que se legitima, como en el Estado weberiano, para "suprimir, marginar o incluso, destruir". En esta relación hay un sujeto que domina y otro jurídicamente inexistente. Le sigue la coexistencia que, al igual que la tolerancia de Zapatero, no es más que la aceptación de otro diferente y extraño que no motiva ni la comunicación; por ende, éticamente no podemos quedarnos ahí.
Luego vendría la etapa de la conciliación, una sociabilidad que mira al pasado, orientada a sanar las heridas de la confrontación y, por ende, retrospectiva y que da paso a que los desequilibrios conceptuales y jurídicos sigan reproduciéndose, por lo que no garantiza la erradicación de la discriminación. La convivialidad sería el estadio de mirar el futuro, de saldar el pasado y de comprender al otro en su integridad (de Sousa Santos 2010, 106 y ss). Lo particular del esquema planteado por de Souza Santos es la progresividad de estas sociabilidades que permiten ver el proceso que va desde situación negativas hacia otras promisorias, unas con la cara hacia el pasado y otra, mirando al porvenir.
La tarea, que no es solo local, ni de políticas públicas en el espacio del estado nación, debe trascender al ámbito de los encuentros regionales. Los otros aquí están y vienen de cualquier allá: para los que nos sentimos mayoría, esos otros son los del campo, o los de afuera, el inmigrante que vive cerca de mi casa o el luchador en defensa de su diversidad; el indígena que ya no se esconde en la montaña, o el adulto mayor que nos anuncia hacia dónde nos encaminamos.
Podría ser que lo óptimo de una educación para la paz sea el respeto a los derechos humanos; por tanto, esa práctica democrática, que se ubica en el espacio de la sociedad civil, no será simplemente la de educar en la tolerancia, o la búsqueda de la coexistencia: pues, en estos estadios nos quedamos, ni más ni menos que a mitad del camino, cuando el ideal de la paz demanda los estadios de respeto y convivialidad.
A 20 de la ALIDES y del TMSD aquel concepto de seguridad democrática, como distinto y antagónico al de seguridad nacional, debe ser llenado de contenido con los nuevos contextos socioculturales, los esquemas jurídicos subalternos, las visiones del mundo y los otros idearios de futuro que en muchos de nuestros ciudadanos centroamericanos perviven.
En fin, el asunto es que ya no podemos ver la democracia simplemente como el gobierno de las mayorías que toleran minorías, ni los acuerdos como meras retóricas ampulosas ante los fotógrafos de la prensa internacional, de acuerdos que quién sabe quién cumpla. Debemos como academia, emulando el esfuerzo del Dr. Castillo Figueroa y su equipo en 1990, saltar a la mesa en donde se negocian los acuerdos regionales y dejar en ellos nuestras reflexiones éticas.
Referencias bibliográficas.
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La alusión al Estado Westfaliano tiene que ver con los acuerdos de Paz suscritos en 1648 y que dieron por terminada la guerra de los 30 años en Alemania y la de los 80 años entre España y los Países Bajos; de cuyos acuerdos surgió un derecho internacional marcado por el conflicto entre estados y una visión de la guerra como la existente entre Estados nacionales. El Estado westfaliano, identificado como soberano, es aquel sujeto de derecho internacional que se autoafirme y define como poderoso, militar, económica y territorialmente, cuyas fronteras son definidas jurídicamente sobre la base de la fuerza económica y militar (ver Hegel, La Filosofía del Derecho, 1820).