Cuerpos que (también) importan

Cuerpos que (también) importan1 Lorena Rodríguez Lezica2 “El cuerpo es para las mujeres lo que la fábrica es para los trabajadores asalariados varones: el principal terreno de su explotación y resistencia, en la misma medida en que el cuerpo femenino ha sido apropiado por el estado y los hombres, forzado a funcionar como un medio para la reproducción y la acumulación de trabajo.” Silvia Federici (Calibán y la Bruja) A mediados del mes de marzo, tres mujeres fueron procesadas en Uruguay por la práctica de un aborto en la clandestinidad. Dos de ellas castigadas con prisión. ¿Cómo que en la clandestinidad? ¿Pero el aborto no está despenalizado en Uruguay? No. No lo está. El aborto es aún un delito, sigue tipificado como tal, no se ha quitado del código penal, y es “legal” siempre y cuando se cumpla con ciertos requisitos. Es aún un tema de justicia social cuando no todas las mujeres pueden acceder a un aborto “en el marco de la ley” y cuando se criminaliza a las mujeres más pobres por intentar decidir el curso de sus vidas. Y es que la feminización y la criminalización de la pobreza tan características en nuestra América, no escapa a la realidad uruguaya. Entre nuestras sociedades patriarcales, capitalistas y desiguales, no somos la “excepción”. Varios años ya de gobiernos progresistas o con tintes de izquierda en nuestra región nos muestran que no son garantía de una sociedad ‘sin opresión de género’, ya que se insiste en tutelar y/o castigar a las mujeres que intentan salirse de la norma. El aborto legal, seguro, gratuito, libre, legítimo y despenalizado, continúa en la agenda del movimiento feminista, en la agenda de quienes rechazamos el tutelaje y la criminalización por parte del estado, y luchamos por la autonomía, por el poder de decisión sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas. Haciendo un poquito de memoria… Poniendo a ejercitar la memoria… esa ingrata que muchas veces se nos escapa, podríamos preguntarnos ¿cómo se llegó a este punto?, ¿qué concesiones se hicieron en el camino para aprobar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley IVE: 18.987)? O dicho de otra manera, ¿qué costos se dispusieron desde arriba, que deberíamos pagar las mujeres? Las ‘trampas’ de la Ley IVE en Uruguay son el resultado de un debate político-partidarioparlamentario, de una negociación a puertas cerradas que manejó a los cuerpos de las mujeres como objeto a intercambiar por votos. En la reciente publicación “La inserción del aborto en la agenda político-pública uruguaya 1085-2013. Un análisis del movimiento feminista”, las autoras describen cómo la asunción del Frente Amplio (FA) en 2005 generó expectativas en torno a la oportunidad para la legalización del aborto dado que más de la mitad de las y los legisladores pertenecían al oficialismo, aunque al mismo tiempo estuviera latente la amenaza del veto por parte del entonces (y actual) Presidente Tabaré Vázquez. Vázquez anunció que así lo haría al inicio de su gobierno, y repitió esta amenaza un 7 de marzo del año 2006 en vísperas del día internacional de la mujer, afirmando estar dispuesto a recorrer todos los caminos constitucionales para impedir que prosperara la iniciativa. Cumpliendo con su promesa, “apenas 3 días después de que se votara el proyecto de ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, Vázquez interpuso el veto sobre la 1

El título de este artículo está inspirado en las preguntas de Judith Butler (y en el título de su obra): ¿Por qué hay cuerpos que no importan?, ¿cuáles son éstos? y ¿cómo se construye la línea divisoria que separa a los sujetos que importan en la sociedad de los rechazados?

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Militante feminista uruguaya.

despenalización de la interrupción del embrazo, acompañado por la Ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz (actual Ministra de Educación y Cultura. Más insumos para ejercitar la memoria.)”.(Johnson, et.al. 2015:77) Cuando Mujica asumió como jerarca de gobierno, volvieron a generarse grandes expectativas. El tratamiento legislativo del aborto seguía siendo demandado, pero además resultaba urgente para la dirigencia frenteamplista debido a que era visto como “un tema que ‘aleja votos’ y por lo tanto, era necesario aprobarlo cuanto antes para que ‘no contamine’ el próximo periodo electoral” (Idem., p.85). ¿Pero el objetivo no era reducir el número de muertes de mujeres por abortos clandestinos en un contexto de criminalización? Si, estarán pensando: ¡qué ingenuidad! Con el fin de contar con la cantidad de votos necesarios, ante el argumento de que el “aborto” llevaba una carga simbólica negativa, se propuso “maquillarlo estratégicamente”, pasando a hablar así de “interrupción voluntaria del embarazo” en su lugar. Una vez que el proyecto fue aprobado en el Senado e ingresó a la Cámara de Representantes, el grupo parlamentario del FA encontró que no contaba con los votos suficientes para aprobar el proyecto por sí solo y comenzó la negociación con otros partidos políticos para conseguir el voto faltante. Y así fue que llegó la propuesta de incluir un equipo de profesionales de la salud, “entre los cuales debía incluirse un objetor de conciencia, a fin de que le fueran presentadas todas las alternativas existentes para continuar con su embarazo, luego de lo cual se la instaba a tomarse unos días de reflexión para luego volver a confirmar si quiere continuar o no con el procedimiento” (Idem., p.97). Esta propuesta no quedó plasmada exactamente en la ley actual, pero explica el ‘espíritu’ de las trampas en la misma. Desde el FA, conscientes del alto costo a pagar por el “voto número 50”, necesario para la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados3, decidieron que habría que ceder. Hecha la ley, hecha la trampa Conocer las concesiones hechas en el camino para la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley IVE: 18.987)4 a fines de 2012, provocando el desgaste del movimiento feminista como consecuencia de 25 años de lucha por el aborto legal, es una invitación a una reflexión colectiva entre compañeras desde varios pueblos de nuestra América. Conocer “las trampas de la ley” tiene por objetivo compartir una lectura crítica sobre los esfuerzos volcados casi por completo al cambio en la normativa legal y al fortalecimiento de la institucionalidad, sobre la confianza puesta en la oportunidad que presentan los gobiernos progresistas para dicho cambio, y para reflexionar sobre las limitaciones que presenta un “derecho” otorgado en papel cuando en la práctica existen formas de vulnerarlos. Ahora bien, ¿cómo ha afectado esta negociación que hace parte del proceso parlamentario, la vida concreta de las mujeres? Veamos en primer lugar los requisitos y los pasos a seguir. El proceso debe comenzar dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud (estarían cometiendo un delito todas las mujeres que decidan abortar por fuera del SNIS), dentro de las primeras doce semanas de embarazo, para “poner en conocimiento del médico las circunstancias 3

La propuesta que llegó a la Cámara de Diputados establecía la legalización del aborto dentro de las primeras doce semanas de gestación y sin ningún tipo de intermediarios pero cuando uno de los diputados frenteamplistas anunció que no lo votaría, se negoció “el voto número 50” con un diputado del Partido Independiente, quien llevaba su propia propuesta sobre el asunto. “Diputados votó ley que despenaliza el aborto”. El observador, 25.09.2015. Disponible en http://www.elobservador.com.uy/diputados-voto-ley-que-despenalizaaborto-n233358

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Para conocer en detalle los requisitos que debemos cumplir las mujeres para que abortar no sea considerado un delito, puede recurrirse al texto mismo de la Ley y su reglamentación, así como al manual del Ministerio de Salud Pública.

derivadas de las condiciones en que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impiden continuar con el embarazo en curso”5. Acto seguido, la mujer que desea abortar debe entrevistarse con un equipo interdisciplinario de “profesionales’” quienes tienen la función de brindar apoyo social y psicológico para que la mujer pueda tomar una “decisión consciente y responsable”. Cuenta a partir de entonces con 5 días para ‘reflexionar’ sobre su decisión. Dicho en otras palabras, ¡vaya al rincón y piense qué ha hecho mal, tortúrese con la culpa un rato y vuelva a ratificarnos que no ha cambiado su decisión, o que el sistema la ha convencido, por las buenas o por las malas, de que debe cumplir con su función reproductora de la fuerza de trabajo, es decir, con su rol de madre! Pueden además abortar sin que sea considerado un delito, mujeres cuya salud y vida peligran a razón del embarazo, o en caso de malformaciones que sean incompatibles con la vida extrauterina, o cuando el embarazo es producto de una violación. Las trampas de la ley son a mi entender los “obstáculos” a la decisión libre de las mujeres, y “oportunidades” para que se cumpla con el objetivo implícito en la Ley: disuadir a las mujeres de la decisión de abortar. Algunas organizaciones feministas han identificado lo que denominan ‘barreras’, que impiden el acceso a un aborto legal y seguro. Algunas de estas barreras son: la dificultad en cumplir los plazos establecidos por la ley, ya que aún cuando inician el engorroso procedimiento6 antes de las doce semanas de embarazo7 (12 semanas y 6 días para ser exacta; 14 semanas y 6 días en casos de violación), no logran culminarlo en el tiempo establecido (ya sea porque la medicación8 no surtió ningún efecto, o porque no resultó suficiente); las demoras en el servicio de salud (mayor dificultad para las mujeres que viven en el interior del país, y en las localidades más alejadas de los centros de salud); porque las mujeres no acuden dentro de las 12 semanas a la consulta de control final y por lo tanto han superado el plazo establecido por la ley cuando se enteran que aún no abortaron. Aunque no es identificada como una ‘barrera’, cuando el embarazo es producto de una violación, el aborto legal es posible dentro de las catorce semanas, siempre y cuando se presente “constancia de denuncia judicial”. Como si ésta última fuera sencilla de obtener. Como si no fuera de amplio conocimiento que una gran cantidad de casos de violación no son denunciados sino silenciados, por el estigma social que acarrean, y principalmente cuando se trata de un embarazo producto de abuso sexual intrafamiliar. En todos estos casos la propia ley (sus requisitos y sus plazos) y el propio sistema de salud termina obligando a las mujeres a recurrir al mercado clandestino para acceder al misoprostol, que no es de fácil acceso para todas. Claro que las mujeres que cuenten con los recursos económicos, aún pueden hacer uso del privilegio de acceder a todos los cuidados en clínicas privadas. Quizás la barrera más significativa es la objeción de conciencia9, a partir de la cual el 5

Ley 18.987 Interrupción Voluntaria del Embarazo. Disponible en http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18987&Anchor

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El procedimiento consta de cuatro consultas. Para conocer el detalle de las mismas, consultar: http://www.medicosdelmundo.org.uy/novedades/article/comenzo-implementacion-de-ley-de 7 Mujeres que están fuera de los plazos que establece la ley IVE (12 semanas y 6 días; 14 semanas y 6 días en casos de violación). 8

Medicamento que bloquea la acción de la progesterona, hormona necesaria para la continuidad del embarazo, llevando a la interrupción de la gestación por afección del desarrollo embrionario. Las mujeres acceden a una dosis de 4 comprimidos y a un comprimido de mifepristona.

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“La objeción de conciencia es una práctica profesional sustentada por las convicciones morales

derecho al ejercicio del poder médico tiene un peso mayor que los derechos de las mujeres. Un 30% de las/los ginecólogas/os del país se han declarado objetores de conciencia. En uno de los 19 departamentos del país, Salto, la totalidad de los ginecólogos/as han hecho objeción de conciencia. En este caso, al inicio las mujeres debían trasladarse a otros departamentos para poder abortar, y desde setiembre de 2013 se consiguió que una ginecóloga se trasladara desde Montevideo a Salto (alrededor de 300 km, equivalente a 6 horas de ruta) una vez por semana.10 Otra de las “barreras” al acceso a un aborto legal y seguro, es la penalización cultural del aborto, esto es, el temor generado por la estigmatización a la mujer que aborta. Impide que muchas mujeres puedan conseguir el apoyo y acompañamiento que puedan necesitar, ya sea en el ámbito familiar, laboral, de amistades. Muchas han manifestado además haber sido maltratadas por el personal de la salud, al exponerlas a situaciones incómodas, incluso no respetando su confidencialidad. Aún cuando las mujeres cumplen con los requisitos establecidos por la ley, puede suceder que opten por abortar en la clandestinidad. Ello ha sucedido en algunos casos porque si bien la ley garantiza la obligatoriedad de la confidencialidad médica, existe el temor, fundamentalmente en el interior del país (pero no sólo) de que el derecho a la confidencialidad médico-paciente pueda ser fácilmente vulnerado. Además, en las localidades más alejadas y los poblados más pequeños el riesgo de ser estigmatizadas es mayor (Johnson, et.al. 2015:108). Pero más allá de posibles explicaciones o incluso “justificaciones” a la decisión de abortar por fuera de las restricciones del marco legal, quisiera dejar planteadas las siguientes preguntas para un debate del movimiento feminista latinoamericano, un debate que no reconoce fronteras, como tampoco lo hace la creciente criminalización y brutal oleada de violencia contra las mujeres: ¿juzgaríamos desde el movimiento feminista a una mujer que decide abortar por fuera del marco legal obtenido tras décadas de lucha?, ¿permitiremos que se castigue a una mujer (criminalizándola) por ejercer el control sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida?, ¿vamos a aceptar que nuestros cuerpos continúen siendo objeto de tutela y legislación? ¿o exigiremos poder decidir cómo, con quién, dónde abortar y no negociaremos por ningún voto la histórica consigna: aborto despenalizado totalmente, libre, seguro y gratuito? En la publicación antes citada, se toma la siguiente cita de Michel Foucault: “toda esa atención charlatana con la que hacemos ruido en torno de la sexualidad desde hace dos o tres siglos, ¿no está dirigida a una preocupación elemental: asegurar la población, reproducir la fuerza de trabajo, mantener la forma de las relaciones sociales, en síntesis: montar una sexualidad económicamente útil y políticamente conservadora?”(Foucault, M. “Historia de la sexualidad”, citado en Johnson, et al, 2015:71). Sería oportuno debatir alrededor de estas preguntas tomando la cita de Foucault, así como la de Federici al inicio de este artículo, y reflexionar sobre los avances y sobre los retrocesos en la lucha por la despenalización del aborto en nuestros países. Las autoras concluyen que en Uruguay, si bien no ha desaparecido del discurso feminista “el lenguaje crítico de la penalización del aborto como dispositivo de control patriarcal y de tutelaje de las mujeres, tan presente en la primera etapa”, sí se ha desdibujado como producto de la necesidad de tejer alianzas con otros actores sociales. Se consideró necesario suavizar la demanda “para que tuviera mayores posibilidades de ir permeando las agendas pública, política y profundas de los sujetos (…) El uso de la objeción de conciencia, para unos un derecho fundamental y para otros un mecanismo institucional para asegurar la protección de los derechos a la conciencia y libertad de pensamiento y religión, viene creciendo de manera arbitraria y desmedida por parte de sectores –en su mayoría conservadores– que se oponen a los derechos de las mujeres, haciendo de ella una barrera y una bandera para negarse a cumplir los mandatos de las leyes. Pocos, muy pocos, hacen objeción de conciencia sin convertir la defensa de sus derechos individuales en obstáculos para el acceso a servicios por parte de las mujeres.” González Vélez, Ana Cristina. Hablando Claro. Brecha, 31.10.2014 10

Mujeres en el Horno. “Día de lucha por la despenalización del Aborto en América Latina”, Comunicado de prensa, 28 de Setiembre de 2014.

gubernamental.” Es así que la normativa finalmente aprobada “elude el ‘núcleo duro’ de la demanda feminista referido a la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos.” (Idem:111) Concluyendo... o recién comenzando Vivimos en un país donde la violencia machista se hace carne en el asesinato de veinte mujeres en los primeros cinco meses del año, un país donde salen a la luz cada vez más casos de abuso sexual y de explotación sexual comercial de niñas/niños, adolescentes y jóvenes (¡y los que no llegan a hacerse públicos!) -muchos de estos casos en el interior del país-, un país que no hace mucho comienza a visibilizar el problema de la trata de mujeres, un país donde los medios de comunicación hegemónicos castigan, criminalizan, violentan una y otra vez a cada una de estas mujeres, responsabilizándolas. Es en los medios masivos que leemos: “joven”, “madre” de un “bebé” de “entre tres y cinco meses de gestación”, “meretriz” que vive en un “asentamiento” del “interior”, que contaba con “clientes uruguayos y extranjeros de alto poder adquisitivo”, que interrumpe el embarazo porque “no puede perder su fuente de ingreso” ya que de ello depende su familia11. Lo que no leemos en los medios: su cuerpo-explotado para sobrevivir ella y su familia; su cuerpo-objeto de deseo para quienes pagan por sexo; su cuerpo-objeto de tutela por parte del estado patriarcal y capitalista. Y lo que tampoco dicen los medios es que su cuerpo es al mismo tiempo “territorio de resistencia”. El encierro de estas dos mujeres nos indigna, genera rabia, dolor y una enorme impotencia. La injusticia es doble, o triple.... Como muchas mujeres en este país “ella” seguramente tiene que “elegir” entre prostituirse, trabajar en una quinta por el jornal del día, hacer limpiezas en casas ajenas, o robar. “Ella” optó por rechazar la maternidad y hoy está en prisión. Otras también optaron(amos) por lo mismo pero no están(mos) presa(s); ‘ella: la otra’ acompañó un aborto y está encerrada por cómplice de este ‘delito’; muchísimas ‘otras’ no estamos entre rejas aunque seamos o hayamos sido también cómplices de este tipo de “delito”; entre “ellas” y “nosotras” hay una enorme desigualdad. Ellas y nosotras muy lejos estamos de ser libres, pero “nosotras” estamos “afuera”, y no podemos callar. ¿Estamos en una mejor situación en Uruguay en comparación con otros países en nuestra América? Claro que sí. Nadie lo niega. Como tampoco es posible negar que para muchas mujeres hoy existe la posibilidad de abortar “en el marco de la ley” cuando antes nos veíamos obligadas a caer en redes clandestinas, muchas de éstas inseguras. Pero tampoco podemos negar que el aborto continúa siendo un tema de justicia social en Uruguay, en la medida en que no todas las mujeres tienen las mismas posibilidades de acceder a un aborto libre, seguro y gratuito sin ser criminalizadas por ello. Tampoco podemos negar que si hay algo que no se ha acabado con la ley IVE, es el control por parte de “otros” sobre nuestras vidas. No sólo porque el aborto continúa tipificado como un delito en el código penal, sino porque la ley IVE se origina con el fin último de tutelarnos e intentar persuadirnos de nuestra decisión de abortar. Y a esto, no lo podemos olvidar. Una demanda histórica del movimiento feminista en Uruguay no debería subordinarse al posibilismo de la política partidaria del gobierno progresista, a los tiempos de ninguna agenda gubernamental. No permitamos que se desdibuje o se diluya el horizonte utópico del feminismo, de una sociedad justa sin opresiones de ningún tipo, en una reforma que lejos de cuestionar al sistema patriarcal y capitalista, intenta “suavizarlo”. Porque somos las nietas de todas las brujas que nunca pudieron quemar, vamos a seguir abortando, nosotras mismas o acompañando, amparadas o no por esta ley. Porque cuando abortamos y acompañamos, en la clandestinidad o en la legalidad, abortamos prejuicios, miedos, 11

Ver el tratamiento del caso en El País http://www.elpais.com.uy/informacion/maldonado-mujeres-prisionaborto-ilegal.html y El Espectador http://www.espectador.com/sociedad/311525/tres-procesadas-por-aborto-enmaldonado

pecados, mandatos, y al mismo tiempo parimos… ¡parimos resistencia, parimos dignidad, parimos sueños de rebeldía!

Bibliografía: - Federici, Silvia. 2010. Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria, -1era ed. – Buenos Aires: Tinta Limón, p.29 - Johnson, Niki, Cecilia Rocha y Marcela Schenck (2015) La inserción del aborto en la agenda político-pública uruguaya 1985-2013. Un análisis desde el movimiento feminista. ICP-FCSUdelaR-Cotidiano Mujer.p. 71, 77, 85, 97, 108