Cuando la neutralidad no existe: Historia reciente del Urabá Antioqueño

Cuando la neutralidad no existe: Historia reciente del

Urabá Antioqueño Antropólogo Universidad Nacional de Colombia Candidato a la Maestría en Estudios de Género Universidad Nacional de Colombia Investigador de la Corporación Escuela Nacional Sindical –ENS– [email protected]

When neutrality does not exist:

Recent history of Antioquia’s Urabá ABSTRACT This paper tackles some of the social and cultural aspects of the armed conflict as they sprang up during the last four decades in Urabá, Antioquia, a topic of interest for different branches of social research in Colombia. The document is supported by the historigraphic production of four authors: Clara Inés García, Claudia Steiner, Mauricio Rojas and William Tobón. From the tradition of this region since 1970, some analytical perspectives proposed by the aforementioned authors are taken into account, making it possible to understand the logics that emerged and currently operate the violent events in Urabá’s recent history. Finally, an analysis will be stated based on recent documentation (1985 – 1997), related to the topic, particularly in relation with the role that the former majoress, Gloria Cuartas, had in the political process or the region.

Key Words Urabá, Antioquia, history, armed conflict, violence, neutrality.

Recepción: 1 de Septiembre de 2008 Aprobación: 30 de Septiembre de 2008

Resumen En este escrito se abordan algunos aspectos sociales y culturales del conflicto armado presentado en las últimas cuatro décadas en la región del Urabá antioqueño, la cual ha interesado a diferentes investigadores de múltiples ramas sociales en Colombia. Este escrito se apoya en la producción historiográfica de cuatro autores: Clara Inés García, Claudia Steiner, Mauricio Rojas y William Tobón. La trayectoria de la región desde 1970, se retoma algunas de las perspectivas analíticas propuestas por dichos autores, que permite comprender las lógicas que se dieron y hoy en día mueven tras los actos de violencia que han marcado la historia reciente del Urabá. Finalmente se plantearán algunos análisis a partir de documentación reciente (1985-1997), relacionada con el tema, y en particular con el papel que cumplió la ex-alcaldesa Gloria Cuartas en el proceso político de la zona.

Palabras Clave Urabá, Antioquia, historia, conflicto armado, violencia, neutralidad.

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“Urabá está en guerra entre muchos bandos, Pero los muertos los ponen los civiles”. Tumbas a ras de tierra Revista Cambio 16, 1996.

Breve reseña histórica del Urabá (1960-1990) El interés por la problemática del Urabá antioqueño, representa un reencuentro con mi difunto padre. En las historias que solía contarme, se refería constantemente a Turbo. Me hablaba de esperanzas, oportunidades de trabajo, también de licor, de embriaguez, de prostitución y de bohemia, que inundaban su mente y la de muchos otros paisas oriundos de diferentes municipios antioqueños. Entre éstos se encuentra Fredonia, ciudad natal de mi padre, donde la violencia de 1950 arrasó con familias enteras, en medio de condiciones de vida precaria. Como en muchos otros pueblos de Antioquia, en Fredonia era corriente encontrar familias durmiendo en el piso, junto a cerdos, gallinas y perros de casa; abrigados por el miedo rampante y la expectativa por saber quién vendría a tocar la puerta, si “los unos” o “los otros”. En medio de situaciones económicas difíciles, los cuentos narrados por viajeros, acerca del Urabá, generaban esperanzas y ansias por salir de la pobreza, y de paso escapar de la muerte que el conflicto partidista traía consigo. Urabá representaba “un paraíso listo para ser explotado” (Steiner, 1993: 66), era “un sueño a realizar”. Pero como la misma Steiner lo muestra, existían algunos antagonismos respecto a la visión que se tenía de la zona a comienzos de 1960. Urabá es un caso de “colonización tardía” (Steiner, 1993; Rojas, 1992). Aunque los intentos del Estado por incorporar la zona a la geografía nacional se manifestaban desde finales del siglo XIX, sólo materializaron, parcialmente, con la inauguración oficial en 1954 de “la ruta al mar”. Esta ruta implicaba una visión de Antioquia como “redentora de la nueva región”. Se trataba más de la penetración de Antioquia al Urabá y al golfo, que de la salida de aquella al resto del país.

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Desde un principio se desconoció la presencia de actores sociales en la región de Urabá, a quienes ni siquiera se les tuvo en cuenta para medir el posible impacto que tendría la conexión repentina de la zona con el resto de la sociedad antioqueña (Steiner, 1993). La “antioqueñización” del Urabá implicaba la puesta en “orden” de aquello que supuestamente era un caos. Sin embargo, Steiner muestra que existían referentes de orden en el Urabá. Aunque las zonas de colonización se caracterizan por un marcado distanciamiento entre el Estado y el territorio en proceso de conversión a región, existían jerarquías socio-culturales que sustentaban un “orden” en el Urabá. Como lo muestran algunas entrevistas realizadas por Steiner (1993), la distancia de la zona con relación al Estado (que era de orientación conservadora en ese momento), connotaba para quienes la habitaban, vivir en una región “libre”. En los años 60s,

(…) ser liberal en Urabá era mucho más que la pertenencia a un partido, era algo con lo que se nacía... Porque esto [el Urabá] es liberal por tradición y porque la tierra caliente siempre ha sido liberal, toda esta región de Urabá era, digamos como una república independiente liberal, aquí no podía entrar la policía. (entrevista realizada por Steiner, 1993: 68). Antes de los años sesentas, la región del Urabá era fundamentalmente poblada por

(...) migrantes que no sabían aún que habían salido de su territorio de origen. Raizales que por haber quedado cobijados por una jurisdicción ajena a ellos, desarrollaron fuertes sentimientos de oposición a Antioquia. Funcionarios que se desempeñaban muy a su pesar en un territorio que tampoco sentían suyo (...) (García, 1996).

Chocoanos y cordobeses, entre otros personajes, eran los principales pobladores de la zona en el momento previo al auge de las bananeras en los sesentas. Estos grupos eran vistos como gente desordenada y perezosa, pero sobre todo como una “raza” diferente e inferior a la antioqueña. Tal visión trascendió el ámbito cultural, evidenciándose en las relaciones económicas que comenzaban a gestarse. Los “negros” ocuparían cargos mucho más sencillos (mentalmente), pero pesados (físicamente), para dejar a los “blancos” (antioqueños del centro), las funciones de corte administrativo (Steiner, 1993).

“Urabá era la tierra de nadie, o más bien de todo aquel con capacidad de imponerse sobre los demás” (García, 1996).

Por supuesto que hubo actores sociales con la capacidad y el interés de imponerse. En un primer momento fueron grupos e individuos diversos, que al parecer no configurarían una “unidad regional”. Con el transcurrir del tiempo, los conflictos generados entre estos actores confluirían en un foco de tensión: las relaciones obrero-patronales. Desde fechas como 1967, en Urabá hacían presencia los grupos guerrilleros, así como el Partido comunista. Ello respondería al carácter marginal de la zona, en la cual no existía infraestructura estatal, ni se habían desarrollado una serie de procesos necesarios para generarla. Así, quienes contaban con medios económicos y símbolos de status –como la condición racial “blanca”– para ejercer la autoridad, engendraron redes de poder y de coerción que en principio debiera garantizar el Estado (García, 1996). Los comunistas se configuraron en la zona como una fuerza organizada. Durante 1960, su partido, proscrito e ilegalizado en el país desde 1954, dirigió su atención al Urabá y logró permear la población civil, a través de tres figuras (entre otras):

Los colonos: donde ellos llegaban, también lo hacían las publicaciones de izquierda. Pactaban reuniones clandestinas, recibían libros del partido, etc. Los obreros: a las plantaciones bananeras llegó tempranamente el partido comunista. Ofrecieron educación en la filosofía marxista y educación política en general. Los jóvenes: mediante contactos casuales, en caminatas, eventos lúdicos, entre otros, los comunistas les mostraban “por qué era que se tenía que luchar”, cuáles eran los derechos que el Estado debía procurar a sus ciudadanos. (García, 1996). Es importante reconocer las grandes posibilidades de acogida que podría tener el Partido Comunista debido a condiciones típicas de una región de colonización. Es decir, la necesidad de empleo, salud, vivienda, educación, servicios públicos, etc. Mientras se configuraba la influencia del Partido Comunista en Urabá, también se afianzaba la dinámica capitalista, representada principalmente por el arribo de la United Fruit Company a la región.

En 1962, Jack Fox –vicepresidente de la United– anunciaba que a la zona entrarían en producción dos años más tarde, y afirmaba que la nueva política de la compañía de colaborar con los plantadores nacionales al no realizar las plantaciones propias se debía en parte a la experiencia de confiscación de sus tierras por el gobierno de Fidel Castro en Cuba. ´Convirtiendo a muchas personas en capitalistas se impone una barrera al comunismo` –declaraba. (García, 1996).

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Como se aprecia, las intenciones anticomunistas por parte de los empresarios extranjeros, se manifestaban desde antes de su llegada. Esta visión del comunismo como “el enemigo”, se generalizó en el Urabá a lo largo del periodo 1960-90 (García, 1996). Como lo señalaba el vicepresidente de la United Fruit Company, el sistema de inserción de la compañía en lo que sería llamado “el eje bananero”, se basaría en la supervisión y control de la producción de banano en fincas de propietarios colombianos. La empresa concedía préstamos a quienes cumpliesen con sus condiciones. Los propietarios de las fincas debían acreditar títulos de la tierra a trabajar, presentar planos y comprometerse a instaurar infraestructuras según delineamientos de la United. A cambio del crédito, el futuro productor se comprometía a administrar bien la finca, permitir a la United fiscalizar inversiones, constituir hipoteca de primer grado sobre la finca, y celebrar contrato de compra-venta con la United (Rojas, 1992). Este tipo de contratación evitaba a la United un buen número de problemas que implica el manejo de la producción, pues la multinacional se restringía al manejo técnico de las fincas productoras.

A pesar de los numerosos riesgos que cubre el productor directo, por cada dólar originado de venta de banano en los mercados consumidores, el productor recibe apenas once centavos y los ochenta y nueve restantes son absorbidos por el transportador, importador y comercializador final del producto. (Rojas, 1992).

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Muchos colonos prefirieron vender sus tierras a precios poco favorables, pues se propagó el rumor de que todo se trataba de un engaño para estafarlos. Sólo algunos lograron mantener las condiciones del contrato y preservar así la propiedad sobre sus fincas. La propuesta de la United, que se dio a la par con la terminación de “la ruta al mar”, propició la gran oleada migratoria que protagonizó Urabá a lo largo de los sesentas, setentas y ochentas. Aquella a la cual se refería mi padre en sus historias nostálgicas. Un primer factor de tensión resultó de esa afluencia de gente, principalmente motivada por la búsqueda de tierra. Urabá es un caso típico –aunque tardío– del tipo de conflictos que caracterizan una región de colonización. El análisis de Legrand (1984) permite comprender las relaciones fruto del proceso de expansión de la frontera agrícola mediante la colonización. La inserción de Colombia en el mercado mundial como productor agrícola, hizo que el Estado tratara de ampliar las zonas cultivables. Para ello implementó una legislación que “facilitara” la concesión de tierras públicas a propietarios privados. Sin embargo, esta legislación reprodujo estructuras inequitativas de tenencia de grandes extensiones de tierra por parte de pocos propietarios –latifundios–. Así, el país se caracterizó, como lo sigue haciendo, por excluir a los pequeños productores del acceso a la propiedad de la tierra, beneficiando a individuos y grupos de corte empresarial. Al igual que en las regiones que analiza Le Grand, en el Urabá se presentó el problema de la indefinición de límites, así como por la incapacidad de los colonos para levantar planos del territorio del cual esperaban obtener título de propiedad. Paralelamente actuaron los especuladores; los empresarios que por medio del engaño y de redes sociales expulsaron a los colonos de sus tierras; e invasores de diversa índole.

(...) De los cinco mil asentados que gastaron sus días descuajando selva, abriendo trocha y regando las primeras semillas en lo que hoy es un mar inmenso de banano, sólo ciento quince recibieron sus títulos de propiedad (...) (Sandoval, 1997).

Todas las formas de apropiación de tierra en el Urabá, tuvieron algo en común: detrás de un colono pionero y explorador venía el inversionista de tierra, quien en la mayoría de los casos terminaba subordinando al colono como peón de su terreno. Es de resaltar que la toma de tierras se expandiría por toda la zona de Urabá, principalmente a partir de finales de los cincuentas, y se extendería hasta nuestros días1.

(...) Esta fue la situación del Urabá al verse incentivada por el cultivo del banano que aceleró notablemente la presión y la avidez por las tierras hasta entonces poco apetecidas. (Rojas, 1992).

Los autores revisados coinciden en afirmar que el fuerte crecimiento demográfico producido por el auge bananero, llevó a un desequilibrio entre la oferta de vivienda, servicios públicos, salud, etc., y la demanda representada en las necesidades de una gran masa poblacional. García (1996) nos habla de un “infarto institucional” al explicar mediante diversos casos como el Estado, mediante las pocas y débiles entidades públicas que hacían presencia en la zona desde los 60s, se vio limitado debido a que muchas de las situaciones que implicaba el caso de Urabá eran inéditas hasta el momento. El marco legal de varias entidades, como el INCORA2, estaba previsto para una sociedad con cierto grado de desarrollo, y no para un territorio de colonización. Era difícil pues, “implantar” las instituciones ya vigentes a la nueva región.

Frente a estas limitaciones, el Estado optó por una respuesta de tipo militar para “solucionar” la problemática del Urabá, basado en el argumento de combatir a la guerrilla y con ello al comunismo presente en la región:

(...) Durante mucho tiempo los ciclos y criterios que rigieron la orientación de la política de orden público obedecieron a la dinámica planteada por los grupos guerrilleros que penetraban la región y no incidieron en los que dinamizaron las instituciones públicas de carácter no-militar (...) (García, 1996). 1

La problemática vista hasta ahora se condensó con el tiempo en un punto focal: el conflicto obrero-patronal.

Si bien son varios los conflictos que se gestan, desarrollan y superponen durante las últimas décadas en la región, fue el laboral el que cumplió el papel de primer articulador del conflicto regional. Es en este ámbito de las relaciones sociales en donde, entre 1982 y 1987, se define el por qué y cómo los demás actores sociales se fueron involucrando en el conflicto. (García, 1996).

Un estudio realizado por diferentes ONGs, muestra que para 1994, de las 72.700 hectáreas del municipio de Arboletes, 69.065 son propiedad de cinco personas. Este modelo de concentración de la tierra se reproduce a lo largo de toda la región, y es uno de los principales causales de las frecuentes invasiones, y por consiguiente del conflicto. Revista Cambio 16., septiembre de 1995).

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Instituto Colombiano de la Reforma Agraria.

Por ahora se deja la tesis de García para entender algunos procesos anteriores a los ochentas en Urabá. La región de Urabá se ha caracterizado por una baja presencia del Estado, un alta presencia de la guerrilla y del partido comunista. Como lo mostraba Steiner al comienzo, la ausencia del Estado no implica ausencia del “orden”. Si bien el “orden” del que nos habla Steiner no es un orden legal, sí es un orden legitimado socialmente.

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En el transcurso de los sesentas y setentas, la guerrilla actuó en sectores marginales del Urabá. Al iniciar los ochentas, frente al gran número de bajas causadas por la arremetida del Ejército Nacional, la guerrilla –particularmente el EPL3–, cambió su estrategia, insertándose en las masas populares. Entre éstas eran clave, no sólo los colonos de áreas marginales; sino también los obreros de las fincas bananeras y los campesinos. La guerrilla aprovechó el gran inconformismo de los obreros bananeros frente a sus condiciones laborales. Esos obreros eran básicamente campesinos, pescadores o mineros provenientes de zonas precarias, para quienes Urabá significó por primera vez una relación laboral asalariada. Ni ellos, ni muchos de los empresarios e inversionistas que arribaron a la zona, sabían de derecho laboral, de jornadas de trabajo, de tarifas de salario, de horas extras, de dominicales, etc. La gente tampoco sabía que tenía derecho a sindicalizarse, a reivindicar condiciones de vida dignas garantizadas por un empleo estable y bien remunerado. Ni el código sustantivo del trabajo era conocido en esta zona (García, 1996). García aclara que lo anterior no se cumple para todos los casos, pero sí se da en una buena proporción del Urabá.

La “cultura económica” aportada como punto de partida de las relaciones laborales en el Urabá impuso condiciones bastante desventajosas a la configuración de relaciones contractuales modernas, con reglas definidas y conocidas por las partes, contribuyendo en parte al proceso de incubación y desarrollo de las contradicciones obrero-patronales en Urabá. (García, 1996).

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Ejército Popular de Liberación.

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Uno de los factores que más influyen en la configuración del conflicto en el Urabá, es la aparición de una economía capitalista de alto impacto, construida en un tiempo relativamente corto, en un territorio selvático y con una población migrante proveniente de regiones marginales, o de regiones centrales pero huyendo de la violencia política (García, 1996). Ante la condición cultural de los obreros, que los ponía en desventaja frente a relaciones contractuales, el Partido Comunista jugó un importante papel. La conformación de sindicatos se dio en el Urabá a partir de los 60s, con una marcada influencia tanto del pensamiento comunista como de las fuerzas guerrilleras. La creación de asociaciones sindicales era una manera de llamar la atención a los poderes públicos para que crearan inspecciones de trabajo en la región encargadas de regular los excesos patronales, de acompañar la presentación de pliegos de peticiones a los patrones, de evitar las invasiones de tierra, etc. Que los primeros sindicatos como SINTRABANANO o SINTRAGRO hubieran sido asesorados por el partido comunista, tuvo consecuencias fuertes y duraderas en la configuración de la región de Urabá. Como veíamos atrás, en los sesentas, y en las siguientes décadas, el comunismo era visto como el “enemigo” número uno de la nación, del progreso representado en la expansión capitalista, de la democracia y de la libertad. Por lo tanto, había que aniquilarlo. Esta identificación entre sindicalismo y “subversión” confundió la lucha por el reconocimiento de derechos laborales, con la lucha contra un “enemigo” ideologizado. En contraposición a los sindicatos de corte comunista, habrían surgido otros sindicatos, en ocasiones promovidos y dirigidos discretamente por los mismos patronos, con el ánimo no de negociar los intereses de parte y parte (como tradicionalmente surge o debería surgir una formación sindical), sino de hacer frente, a la fuerza comunista. Esto caracterizó la historia sindical en Urabá: la tendencia a crear

organizaciones sindicales con el objetivo de liquidar a otras. Siendo así, no es de extrañar la violencia intersindical que también azotaría a la región. García diferencia dos tipos de reacciones patronales frente a la conformación de sindicatos. En la primera, lo más usado era el despido masivo de trabajadores, apoyado en la militarización de las fincas en donde surgían agrupaciones sindicales. Esto se habría dado de manera sectorizada, sin un manejo conjunto por parte de los patronos. En otros casos, los patronos acudirían a la organización de gremios y a la circulación de “listas negras” entre con el ánimo de aplacar la “subversión”. Además, se habrían asesorado de abogados, quienes más que buscar soluciones de negociación, acudieron a la imposición de normas, amparadas en pactos colectivos que debido a la presión, los obreros se habrían visto obligados a firmar.

Además de lo anterior, la violencia como instrumento de regulación, utilizado por parte de ambos actores, comenzaría ya a finales de los cincuentas, y en realidad continuará hasta nuestros días. La vía no armada parecía poco frecuente. Hasta 1982, sólo se registran tres casos de mediación estatal de conflictos obrero-patronales (García, 1996).

El objetivo de los patronos se habría cumplido en gran parte hasta antes de los ochentas. Las desafiliaciones de obreros de los sindicatos crecieron considerablemente frente a la presión patronal junto con la estatal. Esta última representada principalmente en las fuerzas militares. Los ochentas marcan un viraje total en el conflicto de Urabá. Los diálogos propiciados por la presidencia Betancur, fueron un medio para que la guerrilla recuperara la fuerza perdida en la guerra a lo largo de los setentas. En 1982, Betancur firma el “pacto de la Uribe” con el EPL. Esto

coincide con el cambio de estrategia asumido por la guerrilla. En ese mismo año, como consecuencia de la tregua, las organizaciones sindicales crecieron abrumadoramente luego de su tendencia a la baja debida a la fuerte presión patronal. De 147 afiliados a uno de los principales sindicatos de la zona en agosto de 1984, se pasa a 3.000 para diciembre del mismo año (García, 1996).

El EPL logra en cierto grado sus objetivos al extenderse hacia territorios como Currulao, donde las FARC4 dejaron el espacio libre debido a la presión militar. Esto propició enfrentamientos intraguerilleros, y los principales afectados nuevamente fueron los civiles. En este contexto, el dominio sindical se ejerció ante todo por la vía armada, en virtud de la competencia desatada entre los dos grupos guerrilleros. Así, la tendencia de creación de sindicatos en función de la eliminación de otros continuó reproduciéndose. El enfrentamiento violento entre sindicatos por el control de sus afiliados, tierras o territorios, no es nuevo, la guerrilla sólo refuerza esa tendencia. El año de 1987 es importante pues por primera vez, sindicatos (ya con una mentalidad más colectiva que de lucha interna), gremios (también con unidad de criterios), se sientan a negociar junto con entidades del Estado como ente regulador, para buscar una vía pacífica al conflicto. Como lo señala García (1996), solo hasta 1987 se da lo que debería haber sido el comienzo de solución al conflicto de Urabá, que para este momento se ve condensado en las luchas obrero-patronales. Mediante entrevistas a líderes sindicales y gremiales de la época, García muestra que, en muchas ocasiones, los protagonistas del conflicto no se habían dado a la tarea de pensar en la posibilidad de una negociación como tal. Los imaginarios del “enemigo” comunista, hicieron que los actores se impusieran barreras mentales de entrada que impedían el diálogo. En palabras de un líder sindical,

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Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

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“en ese entonces, hablar con alguien de AUGURA (gremio de empresarios bananeros) era como hablar con el mismísimo diablo” (García, 1996). La “cultura económica” que se mencionaba atrás, fue uno de los factores que más influyó en esa prevención al diálogo. Desde la llegada de la United Fruit Company, se desconocía el significado de una relación asalariada. Además, el tipo de conocimiento que primaba en la región era de corte revolucionario. Esto hizo que la gente pensara más en términos de beligerancia, que en términos de diálogo. Los contactos tripartitos del 1987 significaron un “reconocimiento mutuo” por parte de los actores en disputa. Pero esto no se tradujo en el fin de la violencia; todo lo contrario, las muertes se dispararon. Las agrupaciones sindicales frecuentemente sirvieron de respaldo a invasiones de tierras por parte de campesinos e indígenas desposeídos. Estas acciones garantizaban a los diferentes sindicatos –cada uno de los cuáles simbolizaba diferentes tendencias guerrilleras, es decir, o del EPL o de las FARC–, una fuerza política y territorial sustentada en campesinos y obreros con acuciantes necesidades de tierra:

La intervención de organizaciones políticas en este proceso de invasiones, más que tender a la articulación de un movimiento social por la tierra, muestra la modalidad bajo la cual penetran en el territorio esas organizaciones: al apoyarse en la necesidad inmediata y vital de las gentes y en la tendencia que de hecho se impone antes de su propia intervención, estas organizaciones adquieren ellas mismas identidad como agentes sociales en el escenario regional.

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Todas las tendencias políticas hicieron uso de este medio: la instrumentalización política de la acción colectiva de las masas... Las organizaciones guerrilleras no hacen sino mostrar con mayor nitidez el punto culminante y extremo de un proceso iniciado por liberales y comunistas años atrás...” (García, 1996). En medio del empoderamiento guerrillero, las fuerzas paramilitares, que desde antes habían arribado a la zona, también se organizaron, ejecutando asesinatos de forma deliberada, en muchos casos con la participación directa e indirecta del Ejército Nacional. Así, las masacres en las fincas se multiplicaron. Fue así que para 1988 se convirtió en “el pico” de las acciones guerrilleras en la región. El diálogo obviamente quedaría atrás, dando paso a la búsqueda de la “insurrección regional”. Al mismo tiempo, se instituía la era de la elección popular de alcaldes y con ella se formalizaba el potencial control electoral de la región por parte de la Unión Patriótica. En 1989 se tuvo un espejismo de apaciguamiento del conflicto. El EPL y las FARC decidieron negociar sus diferencias. Establecieron un acuerdo político y crearon el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO). Por un tiempo se recuperó la tranquilidad, pero luego, en 1991, la reinserción del EPL y la decisión de continuar la lucha armada por parte de las FARC, crearon una distancia infranqueable que agudizó la violencia. El exterminio sistematizado de los reinsertados del EPL no se hizo esperar. Estos últimos acabarían muertos por las balas de quienes tiempo atrás habrían sido sus compañeros de lucha. Así las cosas, entrados los noventas, el conflicto armado en Urabá se caracterizó por la confrontación de diversos actores armados: el Ejército Nacional, las FARC, los Comandos de Alternativa Popular –grupos conformados por los ahora reinsertados del EPL (Sandoval, 1997) –, los

paramilitares, la delincuencia común, etc. Y en medio de todos, una población cuyo mayor anhelo era simplemente vivir en condiciones dignas. En medio de ese duro escenario político, económico y social entra en escena Gloria Cuartas. A través de este personaje, se analizará algunos aspectos de la lógica social que se esconde tras del fenómeno de la violencia en el Urabá antioqueño.

La tierra donde decapitaron a un niño Los hechos que explican a continuación sólo pueden entenderse como resultado de un proceso histórico, caracterizado principalmente por la marcada utilización de la violencia. El 21 de Agosto de 1996, Gloria Isabel Cuartas, la alcaldesa de Apartadó, se dirigió junto con el Secretario de Educación hacia al barrio “Pueblo Nuevo”.

Allí, en la popular escuela de La Cadena había acordado encontrarse con profesores y alumnos para iniciar la campaña escolar ´hagamos juntos la tarea de la paz`... Los niños se comprometieron con la alcaldesa a hacer tres cosas. Una, preguntarle a un adulto qué necesita el municipio para hacer la paz. Dos, responder por escrito que piensa cada niño que se necesita para hacer la paz. Y tres, escoger un color y elaborar una imagen que simbolice una señal de vida. Eran las tres de la tarde cuando lo que apareció fue una señal de muerte. Llegaron dos hombres jóvenes, con el rostro descubierto y armados... Frente a todos, fueron a la esquina de un potrero, cogieron a un niño de doce años... Le cortaron la cabeza con un machete y se la mostraron al resto de los niños. Después, comenzaron a disparar al aire...

El 11 de agosto varios letreros habían anunciado... La llegada de los paramilitares... Las amenazas le parecieron tan graves (a la alcaldesa) que de inmediato envió un oficio a dos generales del Ejército. Uno al comandante de la XVII brigada que opera en Urabá, Rito alejo del Río, y otro a Manuel José Bonett, inspector de las Fuerzas Militares… Les pidió ayuda para prevenir ´la muerte selectiva y masacres`... No recibió respuesta alguna... El general Del Río rechazó cualquier cargo al Ejército y dijo no saber nada de la presencia de paramilitares en Pueblo Nuevo. Aseguró que todo fue ´un coletazo de los narcoterroristas del las FARC`. A esa misma hora se libraban combates [entre las FARC y el Ejército] en otros tres sectores de Apartadó. ´Todo fue obra de los milicianos de la subversión que dominan esas áreas... Ese es un sector bajo su dominio, allá no operan los mal llamados paramilitares`, dijo el comandante. ´El miércoles hubo penetración de todos los actores del conflicto: autodefensas, guerrilla y fuerza pública`, considera en cambio Gloria Cuartas...” (Revista Cambio 16, agosto de 1996). Al leer el anterior reportaje, se recuerda a su vez el relato de “La Noche de Tlatelolco” (Poniatowska, 1972). En ambas narraciones se pueden evidenciar diferentes versiones de un mismo acontecimiento. Cada versión diferiría de la otra según el posicionamiento particular de los actores que narran los hechos. En el caso presente, se encuentran por un lado las afirmaciones de Gloria Cuartas respecto a la parcialidad de las Fuerzas Militares en medio de la barbarie presenciada por

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ella, otros funcionarios, algunos profesores y cientos de niños de la escuela de La Cadena. Allí, individuos pertenecientes a un grupo paramilitar habrían sido los autores materiales de la atroz muerte de un niño de doce años, sin que el Ejército tomara medidas para evitarlo, pese a las peticiones de previsión hechas por la alcaldesa desde unos días atrás. De otro lado está la voz del general Rito Alejo del Río, quién desmiente las afirmaciones de Cuartas y afirma no haber tenido conocimiento previo respecto a la presencia de los “mal llamados” paramilitares. En cuanto a los actores, asegura que todo fue un “coletazo de los narcoterroristas de las FARC”. Acto seguido presenta denuncia por calumnia contra la alcaldesa de Apartadó. Para poder entender a la realidad que se escondería tras estas antagónicas versiones, haremos un proceso analítico similar al hecho por Poniatowska en “La noche de Tlatelolco”. Es decir, se tratará de definir: Quién está hablando y desde Qué condiciones está produciendo su discurso.

Tlatelolco es incoherente, contradictorio. Pero la muerte no lo es. Ninguna crónica nos da una visión de conjunto. Todos –testigos y participantes– tuvieron que resguardarse de los balazos, muchos cayeron heridos. (Poniatowska, 1972). Una candidata sin partido En 1995, al interior de la casa de Esperanza, Paz y Libertad, se encontraban reunidos miembros de diferentes grupos políticos representativos en la región del Urabá (el EPL, la UP, el Partido Comunista, el Partido Liberal, el Partido Conservador, movimientos cívicos, partidos religiosos, etc.), el monseñor Cancino, entre otras personalidades. La intención era sentar cabeza respecto a la crítica situación de Urabá, y a la manera como se debería actuar en la ya cercana temporada de elecciones de alcalde.

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“Se habían agotado todos los nombres dentro de las fuerzas políticas, o sea que si este le gustaba al partido liberal y a los comunistas, no le gustaba al partido conservador, etc.” (Sandoval, 1997).

Luego del arduo debate, el fruto de la reunión fue lo que se denominó el “Consenso”, acuerdo que reunía a 12 grupos políticos de Apartadó. La iglesia, por medio de monseñor Cancino, fue un “punto de apoyo” para los grupos que se reunieron en aquel Consenso. El primero que mencionó el nombre de la candidata fue Alberto Ruiz, del Partido Comunista, en medio de la primera reunión del Consenso. Ese nombre, que había dado vía libre al Consenso, era el de “Gloria Cuartas”, una Trabajadora Social de 35 años, quien trabajó en una empresa de energía del Urabá  justo cuando las FARC proponían a la población no pagar los servicios de la compañía. En ese panorama, Cuartas había aprendido a negociar con la guerrilla, con los campesinos, con los empresarios, al tiempo que coordinaba proyectos de participación ciudadana. Gloria afirma que al momento de aceptar la candidatura única para alcaldesa de Apartadó, “no se sentía militante de ninguno de los grupos... experimentaba que no era responsable de lo que estaba pasando ahí...” (en Sandoval, 1997:163). Ya en el ejercicio de su labor, pensaba que al haber un acuerdo político entre las principales corrientes políticas de Apartadó, sería factible trabajar en contra de la violencia. Sin embargo, las cosas no sucedieron como esperaba. El consejo de alcaldía estuvo compuesto en su mayoría por miembros del EPL y la UP. Al final de su gestión, todo el consejo habría rotado a causa de amenazas, discrepancias con Gloria, o por la misma muerte. El contexto económico al que se veía enfrentada la alcaldesa era complicado. Las consecuencias de la apertura económica promovida por el presidente Gaviria no se hicieron esperar en la producción bananera. En 1993, la cooperativa de comerciantes de Urabá señalaban que el 30% de sus integrantes había quebrado.

Además de esto, las bananeras debían al Estado impuestos que ascendían a la suma de 187 millones de dólares. Este último sector se vio bastante golpeado por la sobre oferta mundial del banano. Es por ello que en 1994, las movilizaciones en busca de una “mayor presencia del Estado, oferta de servicios públicos, mecanismos para enfrentar la invasión de tierras, etc.”, nos hablaban de un Urabá no muy diferente del que se vivía en los 60s. En medio de todo, la violencia, fantasma que se materializaba sobre todo en las frecuentes masacres a lo largo de la mayoría de fincas del municipio de Apartadó, y que conllevó a un gran aglutinamiento de desplazados en las zonas centrales del Urabá. A la fuerte presencia guerrillera y los continuos enfrentamiento con el Ejército Nacional, había que sumarle el factor paramilitar. En 1995, la presencia de este último grupo ya no se trataba de un rumor, era un hecho.

Para las ONGs, los principales responsables del éxodo eran los grupos paramilitares... que en ocasiones, según los testimonios recogidos, actuaban combinados con el Ejército de Colombia. Organizados bajo la dirección de Fidel Castaño... tenían la táctica de tierra arrasada, tierra tomada. Los escuadrones de paramilitares intimidaban mediante la muerte a los habitantes de veredas, obligándolos a emprender el éxodo para permitir así que entraran las autodefensas campesinas a tomar posesión de la zona. (Sandoval, 1997).

Ante la fuerte oleada de masacres, las autoridades religiosas pedían el pronunciamiento de los autores de los hechos. Las “Autodefensas de Urabá y Córdoba” respondían:

(…) afirmando que solo se desmontarán cuando desaparezcan los secuestros, las extorsiones, los atracos, las vacunas, los saqueos y las quemas de fincas porque no podían abandonar la defensa de los comerciantes, los ganaderos, los transportadores, los bananeros y, lo mencionan al final, los pobladores de Urabá(...) (Sandoval, 1997). ¿Qué papel jugó la alcaldesa en medio del fuego cruzado? Gloria defendió la salida negociada (de corte más local que nacional) al conflicto. Reiteradamente solicitó al presidente Samper que se permitieran los diálogos regionales con todas las partes del conflicto. El gobierno estuvo desde un comienzo prevenido, pues pensaba que esa labor de diálogo debería ser liderada por el mismo presidente. La respuesta de Samper se tradujo en proponer la entrega de $1.500 millones para construir una cárcel con el ánimo de “fortalecer la justicia” (Sandoval, 1997). Gloria trataba de explicar que la intención de los diálogos regionales consistía más en develar rumores, supuestos y anónimos que en entrar a negociar. Horacio Serpa (el entonces Ministro del Interior), consideró esta declaración ingenua y agravante para

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la zona, “en la que ya los bananeros se habían manifestado en contra de los diálogos” (Sandoval, 1997). En medio de este escenario hostil, a Gloria le abrieron investigación bajo el cargo de “rebelión”, como consecuencia de las declaraciones que varios “testigos sin rostro”, lanzaron ante la fiscalía. Sin embargo, no se encontraron pruebas contundentes. Cuartas interpretó estas demandas sin sustento, como una manera en que grupos con intereses contrarios a su labor intentaban amedrentarla. Además de este tipo de presión, las llamadas telefónicas anunciando su inminente “eliminación” se hicieron cada vez más frecuentes. En agosto de 1995 se corrió el rumor de que había “orden de matarla”. Cuartas decidió ir a la brigada para medir los alcances de tales afirmaciones. Allí llegó preguntando si eran los paramilitares los que querían asesinarla. Un militar le respondió:

“¿los paramilitares?, no, a usted la quiere matar es la guerrilla, interceptamos una comunicación en la que este grupo encarga a ‘Karina’ (una reconocida guerrillera de las FARC) para llevar a cabo la orden” (Sandoval, 1997).

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Asociación de bananeros de Colombia.

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Sin embargo, Gloria no aceptó ningún tipo de protección. Para ella, aceptarlo sería contradecirse con respecto a su lucha por la solución pacífica y concertada del conflicto. En octubre de 1995, Gloria viajó a Europa junto con Álvaro Uribe Vélez (el entonces gobernador de Antioquia y actual Presidente de Colombia), con el ánimo de encontrar apoyo de organismos internacionales para mediar en el conflicto de Urabá. Aquí surgió una de las primeras diferencias entre Uribe Vélez como gobernador de Antioquia y Cuartas. Él afirmaba en audiencia pública que no le parecía tan descabellado acudir a la intervención militar internacional pasa solucionar el conflicto. Cuartas estaba absoluto desacuerdo, ante todo porque no se había tenido en cuenta la opinión de la población de Urabá entorno a tal propuesta.

Los pronunciamientos de diferentes estamentos de la vida pública nacional fueron en su mayoría en contra de la intervención. Incluso los representantes de AUGURA5 plantearon que antes de presentarse esa opción, las acciones debían enfocarse al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de Colombia (Sandoval, 1997). En 1997, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos hizo presencia en Urabá, con el ánimo de investigar las denuncias de violación de derechos humanos por parte de los paramilitares. En respuesta, éstos les dieron 12 horas para desalojar la zona. El 12 de agosto de 1996 representó para Gloria Cuartas una nueva manera de amedrentarla.

(...) ya no la amenazaban de muerte pero sí trataban de vulnerar su estabilidad. La persecución había cambiado de estilo... los asesinos sabían que decapitar a un niño delante de ella, con quienes genera un magnetismo especial... y asesinar a un anciano por quién sentía especial afecto [Bartolomé Catano Vallejo, Consejal de Apartadó, muy cercano a Gloria], era mucho más que una amenaza... era una encerrona emocional (...) (Sandoval, 1997). Además de los hechos narrados por la Revista Cambio 16 –con los que comenzamos este aparte-, hubo otros acontecimientos que según Gloria sucedieron ese 12 de agosto, y que ella misma comenta en el texto de Sandoval. Luego del “espectáculo” de la decapitación, comenzó un fuerte tiroteo. La alcaldesa logró refugiarse junto con varios niños, al interior de un salón de la escuela. Al llegar el Ejército Nacional,

Gloria escuchó a varios militares gritándole: “¡guerrillera hijueputa!”. Además de esto, los carros de la alcaldía fueron destrozados, ante la actitud espectadora del Ejército. Esta no fue la única vez que Gloria sería llamada “guerrillera”. Las mismas palabras estuvieron en la boca de Pedro Juan Moreno, mano derecha del entonces gobernador Uribe Vélez, unos meses después. El suceso se dio –según cuenta Gloria (en Sandoval, 1997) –, después que Cuartas hubiera pedido a Álvaro Uribe encontrarse con ella para discutir sobre la presencia de las organizaciones Convivir al interior del Urabá. Todo habría comenzado en 1997, cuando se abrió audiencia pública para debatir la constitucionalidad o no de las “Asociaciones Comunitarias Convivir” al interior del país, estas últimas señaladas no sólo de cometer atropellos contra la población, sino de ser utilizadas para apoyar la existencia de grupos paramilitares. Uribe presentó sus argumentos a favor de tales instituciones.

(…) si no nos unimos con la comunidad organizada y el Estado, con una gran voluntad que parece no existir, no solo para trabajar en lo interno sino para incorporar la solución internacional, vamos simplemente a seguir asistiendo al registro y registro de masacres (...) (Sandoval, 1997).

En contraposición, Cuartas argumentó que las Convivir eran anticonstitucionales en tanto que:

1. Los alcaldes no saben quienes las integran. 2. No se sabe donde operan ni sus funciones reales. 3. Se desconoce su vinculación con los actores del conflicto. 4. Han sido constituidas a través de la intimidación. El resultado de la audiencia fue revelado a Cuartas no a través de entidades estatales, sino de los medio de comunicación, que en ese mismo año hablaban de la presencia de dos Organizaciones Comunitarias Convivir al interior del Urabá. Acto seguido Gloria envió una carta al gobernador pidiendo que se le explicara lo acontecido. Es Pedro Juan Moreno quién contesta por el gobernador, señalando que “todo lo referente a la cuestión que le preocupa, lo puede consultar con el general Rito Alejo del Río” (en Sandoval, 1997). Gloria no quedó satisfecha con la respuesta y pidió una cita a Álvaro Uribe para tratar el tema. En la reunión, ella le comentó su preocupación por que el aumento de la violencia opacara la labor social promovida por la gobernación. En ese momento –según describe Gloria–, Pedro Juan Moreno, en medio de altos militares, de la policía, de la fiscalía, de la procuraduría, inclusive de quien dirigía las Convivir en ese momento, se levantó y dijo: “gobernador, no se preocupe. No le haga caso a esta guerrillera, vocera de las FARC” (en Sandoval, 1997).

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Ocultar lo evidente La figura de Cuartas representó –en mi opinión–, la posibilidad de gestar un espacio para el diálogo en medio de un contexto donde toda diferencia se solucionaba a través de la violencia. En cuanto al papel de Estado, éste privilegiaba una supuesta “soberanía”, en detrimento de la construcción de mecanismos de concertación entre las diferentes partes del conflicto. Así lo evidenciaban las declaraciones de personajes como Horacio Serpa. En contraposición a Cuartas, Uribe legitimaba la instauración de mecanismos militaristas que supuestamente deberían ser concertados entre la comunidad y el Estado, como medio para obtener la “pacificación” de la zona. Sin embargo, los argumentos de Cuartas muestran como en el caso de Urabá, esa “comunidad” se reducía más a militantes de organismos paramilitares que a individuos neutrales. Y en cuanto a la participación del Estado, ésta consistió en la exclusión de los poderes regionales, como la alcaldía, y en la coordinación de acciones de militares locales desde la gobernación. El general Rito Alejo del Río, cumpliría pues el papel de operar las orientaciones de la gobernación, por encima de la dirección local. Teniendo identificadas las posiciones de los dos antagónicos actores (Cuartas y Del Río), es necesario tomar también una posición para leer los hechos. Si bien desde una añeja mirada positivista lo subjetivo, o en este caso, la toma consciente de posición, obstaculiza la ciencia, hace 40 años han surgido diversas posiciones epistemológicas, que en vez de negar el papel de la subjetividad en la investigación, lo analizan.

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La diferencia no es entre la ciencia que efectúa una construcción y la que no lo hace, sino entre la que lo hace sin saberlo y la que, sabiéndolo, se esfuerza por conocer y dominar lo más completamente posible sus actos, inevitables, de construcción y los efectos que, de manera igualmente inevitable, éstos producen. (Bourdieu, 1993: 528).

El general Del Río argüía no haber tenido conocimiento alguno con respecto a la presencia de paramilitares en la zona. Al igual que señalaba el papel de neutralidad que el Ejército habría jugado en el evento. Sin embargo, en el mismo documento que extracté de la Revista Cambio 16, se presenta un oficio enviado por la alcaldesa fechado el 12 de agosto a los generales Del Río y Manuel José Bonett –inspector de las fuerzas militares–, argumentándoles su preocupación por

“los letreros que anunciaban en las paredes de Pueblo Nuevo la llegada de los paramilitares”... “Era una amenaza frontal”, por lo cual les pide “prevenir la muerte selectiva y masacres”. Sin embargo, no recibió respuesta alguna de ninguno de los dos generales (Cambio 16, agosto de 1996). Frente a la idea de que las acciones del 21 de agosto en Pueblo Nuevo fueron “un coletazo de la guerrilla”, el general Del Río no presentó ninguna prueba por lo menos más contundente que los graffitis en las paredes de la zona haciendo alusión a la presencia paramilitar, incluso frente a la escuela donde sucedieron los hechos. Él argumentó que si ese mismo día se dieron enfrentamientos con las FARC en otros sectores de Apartadó, era porque el territorio estaba en su dominio.

En contraposición, la alcaldesa señaló que “el miércoles hubo penetración de todos los actores del conflicto: autodefensas, guerrilla y fuerza pública”. La presencia de un grupo en la zona no implicaba la ausencia del otro. Mas cuando ese año Urabá era testigo del “plan retorno” promovido por los hermanos Castaño, proceso armado cuyo objetivo era eliminar a todos los guerrilleros.

(...)solo se desmontarán [los paramilitares] cuando desaparezcan los secuestros, las extorsiones, los atracos, las vacunas, los saqueos y las quemas de fincas porque no podían abandonar la defensa de los comerciantes, los ganaderos, los transportadores, los bananeros y, lo mencionan al final, los pobladores de Urabá (...) [Énfasis agregado] (Sandoval, 1997).

La alcaldesa finalmente pidió “...la neutralidad de las fuerzas armadas... pues están cargadas en favor de los paramilitares y no lo digo porque sea defensora de la guerrilla...” (Cuartas en Cambio 16, agosto de 1996). Frente a tales afirmaciones el general respondió que sus tropas eran imparciales y que en 1995, en un sólo operativo, capturaron trece presuntos miembros de las autodefensas. Esa imparcialidad de la cual hablaba el general Del Río se ve cuestionada por las declaraciones de Gloria Cuartas (en Sandoval, 1997), según las cuales, al concluir la balacera que siguió a la decapitación del niño, la alcaldesa salió de donde se había escondido y lo primero que escuchó fueron las consignas de algunos soldados: “guerrillera hijueputa”. Lo más grave es que en diferentes masacres, la colaboración entre Ejército y paramilitares era y sigue siendo un hecho.

Con testimonios fidedignos se puede afirmar que ha habido entrenamientos y visitas de miembros del ejército a estas agrupaciones [paramilitares]; hay igualmente evidencias de cómo la policía permite labores de seguimiento, de patrullaje, de interrogatorios... es vergonzoso reconocer que en Carepa juegan billar juntos, miembros de la policía y de las autodefensas. Turbo, por ejemplo, muestra miembros de estos grupos en sitios claves identificados por testigos y el alcalde al ser entrevistado, parece con una venda en los ojos; ni ve, ni oye, ni entiende qué hacen estos grupos (...) (Informe de la Comisión de Verificación y publicado por la revista Cambio 16, Septiembre de 1995).

Con lo visto hasta ahora, se interpretan los hechos antes citados como un acto perpetrado por los paramilitares para crear lo que Taussig (1986) denominó “la cultura del terror”. A través del “espectáculo” de la muerte, se actúa más que sobre el cuerpo de la víctima, sobre la conciencia de los espectadores. Se ejerce una especie de control social por medio de la ejemplificación de lo que podría pasar a cada uno de ellos si violasen los parámetros establecidos por el grupo que tiene o busca obtener el poder sobre la población en cuestión. Como se leía atrás, los paramilitares se encontraban en un proceso de expansión cuyo aparente objetivo era desalojar a la guerrilla. Detrás de ello estarían las ansias de poder plasmadas en el control territorial. Este es un tipo de “invasión” diferente en matiz a las que hemos visto a lo largo de las cuatro últimas décadas en el Urabá. Se trata de la dialéctica de la cual habla Fajardo (1993), que por lo general se da en los procesos de colonización: migración, colonización-conflicto-migración.

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Al parecer, en el Urabá la colonización aún no termina. El “plan retorno” de los paramilitares, al buscar el “regreso de los empresarios a sus tierras”, implica desalojar de sus tierras a los campesinos que tiempo atrás las habrían obtenido en gran parte por el respaldo de sindicatos ya fuera apoyados por el EPL o por las FARC. Ahora los empresarios vuelven y los campesinos se van... ¿y qué pasa con los desplazados? En medio de esto, la labor del Estado se ha centrado en pensar que la solución está en la vía armada, en la instauración de grupos como las Convivir. Tal como lo señala Tobón (1997), estos grupos han fortalecido a los paramilitares, cuya presencia venía de años atrás, en ocasiones con evidente del Ejército Nacional de Colombia. Teniendo en cuenta esta dinámica, se comprende que el actual fenómeno de la parapolítica en realidad no es tan nuevo, sólo que ahora su existencia se conoce más allá de las zonas olvidadas por el Estado. Gracias a las instancias legítimas de la democracia –como la Corte Suprema de Justicia–, el fenómeno está saliendo a la luz pública, a nivel nacional e internacional, aunque seguimos en mora de una justa reparación a las víctimas y a la sociedad en general.

Cuando la neutralidad no existe

“Aquí muere el que sabe por lo que conoce, y el que no, por las dudas” (Sobreviviente a masacre, en Sandoval: 1997). La hipótesis que se sustenta aquí es la siguiente: La tendencia desarrollada en el Urabá de crear organizaciones (ya sea sindicatos, partidos, movimientos armados, etc.) que en principio deberían orientarse a la resolución de dificultades de tipo social y económico para las personas representadas por tales organismos y no hacia la definición, ubicación y exterminación de “enemigos”, ha llevado a que el conflicto gire más en torno a imaginarios de “equipos contrarios” que a la construcción de un proyecto de nación [enraizada en lo

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regional], mediante el cual los ciudadanos puedan satisfacer sus necesidades básicas. Aunque el conflicto armado es mediado por múltiples y diversos factores, hay un elemento cultural que me llama la atención: la construcción de ciertos imaginarios en torno a la relación patrono-obrero. Se estableció que en los 60s el comunismo representaba para la nación un “enemigo” cuya eliminación era indispensable en pro de la democracia y la libertad. Esta tendencia mostraba la falta de tolerancia ante un movimiento que podría haber sido menos radical si se le hubiera brindado un espacio político sin consecuencias nefastas, tal como ocurrió con el EPL. Para este grupo, la reinserción significó la eliminación sistematizada de los antiguos combatientes. La situación en los noventas, si bien con distintos actores, sigue caracterizándose por imaginarios con respecto a corrientes de pensamiento contrarias, vistas como “enemigas”. Lo veíamos en la señalización de la alcaldesa por parte del Ejército y de personalidades públicas como el secretario del entonces gobernador Álvaro Uribe, al llamarla explícitamente “guerrillera”. La cuestión no es definir si lo era o no, sino entender como en medio del conflicto armado, las personas que supuestamente deben trabajar en función de finiquitarlo en pro del bienestar colectivo, terminan siendo parte del conflicto mismo. Aunque Gloria Cuartas hubiera sido una candidata “sin partido”, el hecho de que su nombre hubiera sido mencionado por primera vez por un miembro del partido comunista, hizo que nunca pudiera quitarse de encima el fantasma del comunismo, e inmediatamente se le identificara como guerrillera. Esa tendencia de definir y eliminar enemigos es bien marcada al interior de los paramilitares, para los cuales uno de sus principales objetivos es “...la preservación de la ideología anticomunista como principio político de la acción militar...” (Tobón, 1997). Resulta muy difícil mediar un conflicto en una zona donde cualquier tipo de relación social es señalada como un vínculo ideológico, como germen de un “enemigo en potencia”.

Pienso que la guerra de Urabá no es una guerra del Estado contra la insurgencia, sino una guerra donde se hicieron alianzas. En definitiva, parece que el ejército, la guerrilla y los paramilitares han tomado a la comunidad como su botín de guerra, cada uno quiere tener más adeptos, más seguidores, y cuando las familias... asumen un poquito de fuerza para hablar, para levantarse de la humillación que se les ha hecho, entonces los señalan por pertenecer a otro sector (...) (Gloria Cuartas, en Sandoval, 1997). Gloria narra una conversación que tuvo con Fidel Castaño (uno de los dirigentes de los paramilitares en Colombia), pertinente para concluir mi planteamiento:

Le expuse una teoría que había leído y que decía que en el campo de Urabá, durante treinta años, ¿con quién jugaron los niños en su proceso de socialización? ¿De quién se enamoraron las jovencitas? Vieron a la guerrilla... crearon relaciones afectivas con la gente de la guerrilla, porque eran los próximos, los que siempre vieron... en la cotidianidad uno establece afectos, relaciones y va creando lazos, que no siempre son lazos armados, son lazos afectivos. Y le dije [a Castaño]:

-Usted, cuando mata a un papá, sabe que mata a un guerrillero, pero la gente sabe que está matando al compadre, al tío, al cuñado, al vecino. Usted no está matando la revolución en Colombia, cuando muere una persona del campo, que puede ser auxiliadora o no de la guerrilla, o simple informante, usted está matando a Colombia (Gloria Cuartas, en Sandoval, 1997). Luego, asesores de Castaño le dijeron a Gloria que ella no iba a poder realizar el programa de mejoramiento rural en la zona de San José de Apartadó. “no sea ingenua, ¿usted cree que el gobierno le va a ayudar para que le arregle la vivienda a la guerrilla?...” (en Sandoval, 1997). En el Urabá, y en Colombia en general, se detecta un conflicto donde lo último que importa es la gente. Esta última sólo es importante en el momento de necesitar votos, respaldo territorial o simplemente más soldados. Con esto no se está tratando de asignar culpas, se trata más bien de ver cómo la región de Urabá se ha ido construyendo a la par con el conflicto, y como el Estado, la guerrilla y los paramilitares, no se han permitido realmente el espacio para el diálogo. Ha primado la tendencia a señalar a “los malos”. Los objetivos de la lucha se han centrado no en la discusión de problemáticas sociales, sino en le eliminación de aquellos que son diferentes. Esa falta de tolerancia frente al “otro” nos debe preocupar como investigadores sociales, y aunque pueda parecer ingenuo, se concluye que la labor debe comenzar desde nuestros espacios más íntimos de convivencia, con la familia, con el vecino, con el compañero, con el “enemigo” que, en el fondo, no lo es tanto, porque también es colombiano.

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