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[PROPUESTAS PARA LA CONVERGENCIA]
COP-20: Glaciares andinos fuera de la política climática Aportes para un enfoque de protección regional
Pre cordillera de los Andes, Santiago – Chile. Fuente: Wiki Commons
Cerro Mercedario, San Juan – Argentina. Fuente: Wiki Commons
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Contenido 1. La Conferencia de las Partes y los glaciares .......................................................................................... 3 2. Importancia de los glaciares andinos ....................................................................................................... 4 3. Doble amenaza: Cambio climático e industrias extractivas .................................................................. 5 4. Una institucionalidad para los glaciares en Argentina y Chile. ............................................................. 7 5. Perspectivas para la protección de glaciares andinos........................................................................... 9 Bibliografía ....................................................................................................................................................... 12 Vertientes ¿Quiénes somos?........................................................................................................................ 13
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1.
La Conferencia de las Partes y los glaciares
La Conferencia de las Partes (COP por sus siglas en inglés) es el foro donde representantes de los 195 países signatarios de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) examinan la aplicación de la Convención. Esta reunión de alto nivel es una instancia de negociación entre las Partes, ante nuevos compromisos, para tomar decisiones principalmente sobre: políticas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), asignación financiera y apoyo tecnológico a los países en desarrollo. La próxima COP-20 en la ciudad de Lima, Perú representa una oportunidad para incorporar al “debate climático” la situación actual de los glaciares andinos. En nuestra opinión, la importancia ecosistémica y socioeconómica de estas fuentes de agua estratégicas no ha sido relevada por el trabajo de la Convención, de cara al establecimiento de nuevos compromisos para las Partes. Así, hoy, los glaciares andinos se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, por un lado ante el Cambio Climático, que acelera su retracción y reducción1, y por otro, ante la intervención humana sin un adecuado control y regulación específica. En nuestros países esta “doble amenaza” sobre los glaciares se despliega en contextos de alta dependencia de sectores sensibles al clima, en la mayoría de los casos de bajos ingresos y escasa capacidad de adaptación. De esta forma, existe una alta probabilidad de que los impactos socioeconómicos sean profundos de no mediar políticas para la reducción de la vulnerabilidad. Esta clase de políticas necesariamente tiene que contemplar la gestión ambiental y del desarrollo sustentable de nuestras sociedades2, razón por la cual el debate sobre un marco institucional para la protección de los glaciares andinos, no puede escindirse de la discusión sobre los modelos de desarrollo que llevan adelante nuestros países latinoamericanos, sus restricciones y dependencias3. Desde este punto de vista, la preocupación central de la adaptación al cambio climático radicará en cómo lograr formas de uso y transformación del ambiente natural, por parte de las sociedades latinoamericanas, que reduzcan la vulnerabilidad e incrementen la capacidad de adaptación. Esta tarea necesariamente pasa por el diseño de políticas públicas que contemplen requerimientos institucionales, tecnológicos, de financiamiento y recursos disponibles para una gobernanza ambiental que supere las tradicionales respuestas ad-hoc. Todo lo anterior abreva el desafío para la protección de los glaciares andinos que, en definitiva, pasa por una planificación de largo plazo, cuya mirada se extienda más allá de las fronteras provinciales – nacionales y considere enfoques regionales para lograr una adaptación efectiva.
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La tendencia observada es la elevación en altura donde se ubica la isoterma 0º C –línea donde el agua se encuentra en estado sólido (nieve)-. La altura de la isoterma de 0° C sirve como un indicador aproximado del límite del hielo y la nieve en la cordillera de los Andes (Barros, V. et al; 2006 p.46, 130) 2 IPCC (2007) 3 Consideramos pertinentes en esta discusión los apuntes del ensayo de Cardoso, F.H. y Faletto, E. (1969) que definen al desarrollo como un “resultado de la interacción de grupos y clases sociales que tienen un modo de relación que les es propio y por tanto intereses y valores distintos, cuya oposición, conciliación o superación da vida al sistema socioeconómico. La estructura social y política se va modificando en la medida en que distintas clases y grupos sociales logran imponer sus intereses, su fuerza y su dominación al conjunto de la sociedad”; y sobre todo la necesidad de tener en cuenta las “conexiones entre sistema económico y la organización social y política de las sociedades subdesarrolladas, no solo en ellas y entre ellas, sino también en relación con los países desarrollados, pues la especificidad histórica de la situación de subdesarrollo nace precisamente de la relación entre sociedades “periféricas” y “centrales”. Esta especificidad histórica refiere a que “la situación de subdesarrollo se produjo históricamente cuando la expansión del capitalismo comercial y luego del capitalismo industrial vinculó a un mismo mercado economías que, además de presentar grados diversos de diferenciación del sistema productivo, pasaron a ocupar posiciones distintas en la estructura global del sistema capitalista. De ahí que entre las economías desarrolladas y las subdesarrolladas no solo exista una sola diferencia de etapa o de estado del sistema productivo, sino también de función o posición dentro de una misma estructura económica internacional de producción y distribución. Ello supone, por otro lado, una estructura definida de relaciones de dominación (p.18, 22-23).
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2.
Importancia de los glaciares andinos
Según cálculos aproximados, Sudamérica tendría cerca de 25.500 km2 cubiertos por glaciares, con un 75% del área total ubicada en Chile. Argentina, por su parte, representa cerca del 15% del área total de glaciares sudamericanos4. Esta realidad remarca la importancia de los glaciares como el principal seguro de las comunidades humanas y los ecosistemas para subsistir, especialmente en el contexto del Calentamiento Global. La importancia ecosistémica de los glaciares puede sintetizarse en el aporte de agua que significan para los ríos, lagos y napas subterráneas. En términos técnicos se habla de una influencia primordial para el balance hídrico y climático de las cuencas. Este aporte crece en verano y durante periodos de sequías. Lo anterior implica que, en épocas de déficit hídrico, los glaciares sean un factor de estabilidad hídrica para los ecosistemas naturales y de seguridad para el abastecimiento humano, la agricultura y diversas actividades económicas. Con todo lo anterior, los glaciares andinos y ecosistemas de montaña se encuentran entre las regiones más sensibles por el cambio climático. Esta situación los transforma en verdaderos escenarios indicadores del cambio climático temprano, por ejemplo, mediante la observación de su derretimiento. San Juan – Argentina Durante años de emergencia hídrica y de superávit hídrico fue estudiado el caso del Río Colorado (afluente de las subcuencas del Río San Juan) que posee una porción considerable de glaciares, sobre todo la vertiente sur del Cerro Mercedario. Los resultados, para el caso de la emergencia hídrica de 1997, indicaron que el aporte hídrico de las cuencas nivales disminuyó, en tanto que el de esta cuenca glaciar aumentó significativamente produciendo un quinto del agua colectada por el Río San Juan. Una cifra considerable si se tiene en cuenta que la cuenca del Río San Juan es casi 300 veces más extensa5.
Santiago - Chile En la Región Metropolitana de Santiago, estudios de la Dirección General de Aguas (DGA) muestran que en la cuenca del río Maipo, la más importante del país por abastecer de agua a 6 millones de habitantes y riego a mas de 100 mil hectáreas del Valle del Maipo (Región Metropolitana de Santiago), los glaciares aportaron entre un 33% y un 67% del caudal del río en las sequía de los años 1968 y 1969 y de 1981 y 19826.
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Williams y Ferrigno (Eds) (1999) Fuente: http://www.glaciaresdesanjuan.com/ 6 Peña, H. y Nazarala, B. (1987) 5
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3.
Doble amenaza: Cambio climático e industrias extractivas “… la mayoría de los glaciares chilenos presentan balances de masa negativos, es decir, están en retroceso y han experimentado pérdidas de área y espesor en respuesta al cambio climático”.
Fuente: Dirección General de Aguas – Chile. Estrategia Nacional de Glaciares. Fundamentos (2009)
La base de nuestra mirada sobre la urgente protección de los glaciares andinos se sustenta en la certeza que la vulnerabilidad ante el cambio climático está condicionada por la dinámica del desarrollo, el marco de decisiones y condiciones de tipo político, social y económico. De esta forma el marco de la discusión, para el caso de países latinoamericanos, se encuentra fuertemente condicionada por la influencia transversal que ha significado la globalización económica de corte neoliberal. Nuestras sociedades albergan actividades de alto impacto ambiental en un contexto institucional generalmente débil, con estados reducidos en sus capacidades, principalmente por el periodo de reformas neoliberales de los años 907. La idea que los mercados son preferibles a los estados -y a la política- ha sido un consenso extendido sobre todo por instituciones que operan como agentes de la globalización (caso de Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Fondo Monetario Internacional). Las reformas estructurales que estos organismos promovieron, como receta para escapar del estancamiento económico de los años 80s, dejaron a los estados -como unidad política, de gobierno y soberanía de nuestros países- en un segundo plano. Con ello, la oportunidad para la consolidación del asentamiento de grandes empresas transnacionales (ETN), se fortaleció en distintos territorios de América latina8. En definitiva el estado ha visto erosionadas sus facultades normativas e institucionales, y como contrapartida la intervención de múltiples agentes privados en esferas públicas se ha profundizado. ¿Por qué es relevante esta información? Pues porque, el debate sobre Cambio Climático en general, y el de la protección de los glaciares en particular, requiere de considerar y evidenciar la existencia de esta tercera fuerza. No se trata de recaer en la confrontación entre mercado y Estado, sino más bien remarcar que la gravitación que poseen las ETN es de una magnitud tal, que transforma / trastoca el funcionamiento tanto de los mercados, como de los estados9. Esta alusión es de suma relevancia a la hora de plantear un horizonte posible para las estrategias de adaptación al cambio climático. En primer lugar debido a que aquellas estrategias de adaptación, más que probablemente, sean contrarrestadas o ineficaces debido a los resultados de la globalización económica10 y particularmente la influencia de actores como las ETN. Sobre todo si se toma en cuenta la ubicación de cada país de la región en la división internacional del trabajo11 y los evidentes conflictos por el control, uso y acceso del agua, el manejo de las cuencas hídricas y los glaciares, que la presencia de ETN ha generado12. 7
Gudynas, E. (2002) Para el caso del la Argentina resulta revelador el trabajo de D. Azpiazu; P. Manzanelli; M. Schorr (2011). “Concentración y extranjerización. La argentina de la posconvertibilidad” 9 Crouch, C. (2012) 10 O’Brien, K.L.; Leichenko, R.M. (2000) 11 Hoy en día, los procesos productivos transcurren en una escala global. Mientras el origen del capital es transnacional, y el consumo se concentra en los países altamente industrializados (y en los sectores concentrados de las economías de países periféricos) la producción puede estar localizada en cualquier punto del planeta, donde el costo laboral sea menor. Inscriptos en esa lógica se encuentran los procesos productivos de exportación–primaria, concentrados en su mayoría en la explotación de recursos naturales, lo que pone en riesgo la sustentabilidad de los ecosistemas de países periféricos 12 Los sucesivos informes producidos por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) sostienen que por numerosas razones vinculadas con los impactos del cambio climático, las fuentes de agua se contaminan hoy mucho más rápido que en el pasado, además de señalar que el calentamiento global está afectando el ciclo hidrológico del planeta. Por estas razones es posible plantear que en las próximas décadas se intensificará la competencia por el agua debido a, principalmente, los patrones de producción y consumo intensivos en uso de agua asociados al desarrollo industrial, la expansión de la agroindustria y ganadería, y las industrias extractivas como la del petróleo y la minera”. Medina H.; Schwartz, E.; Villar, F.; Casiraghi, F. (2012). 8
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Entonces, nos parece de importancia capital, definir un enfoque para discutir un marco institucional para la protección de los glaciares andinos. Aquí resulta fructífero retomar la perspectiva de K.L. O’Brien & R.M. Leichenko (2000) en tanto nos permite concebir que determinadas regiones, grupos sociales y ecosistemas pueden resultar dobles perdedores13 en tanto se ven afectados negativamente por los efectos de la globalización económica y el cambio climático en forma conjunta14. La expresión de O’Brien & Leichenko, para efectos de este trabajo, la tomamos como referencia y la re direccionamos para comprender que la acción corporativa de actores específicos, realimentados por el proceso de globalización neoliberal: en este caso las ETN, en contextos de cambio climático, solo profundiza la vulnerabilidad, no solo comunidades locales, sino de diversos segmentos relevantes para el desarrollo de las naciones latinoamericanas. Es esta la “doble amenaza” a la que nos referimos y posee una expresión concreta, válida para el caso de la Argentina y Chile: el caso del emprendimiento minero binacional Pascua Lama.
Caso Pascua Lama: Destrucción de glaciares sin fronteras Pascua Lama es un proyecto de extracción de minerales de oro, plata y cobre perteneciente a Barrick Gold Corporation (Canadá). Es el primer proyecto minero de carácter binacional ArgentinaChile15. Desde el lado argentino es posible remarcar que el estudio de impacto ambiental presentado por Barrick Gold Corp. en 2006, no figura la existencia de 40 glaciares en el área de explotación. Existen numerosas denuncias por destrucción de glaciares que abastecen al Río Tudcum (Provincia de San Juan), como es el caso del Conconta o el glaciar de Vallejos. Diversos estudios geológicos identificaron, en el área de impacto, varios tipos de glaciares: seis descubiertos y una cantidad no identificada, pero sí elevada de glaciares cubiertos. A su vez se relevaron cerca de 48 cuerpos de glaciares de roca. Por su parte en el lado chileno se encuentra documentado que las exploraciones para el proyecto Pascua Lama entre los años 1981 y 2000 destruyeron en forma irreversible el 62% del Glaciar Toro I y el 71 % el Glaciar Toro II16 (Río Huasco, Región de Atacama). También existen evidencias de la intervención del glaciar Esperanza -en la misma cuenca- mediante la construcción de caminos, transporte de vehículos y maquinarias y la dispersión de material particulado, lo cual no ha sido sancionado por las autoridades del gobierno chileno. Aun con estos antecedentes la Comisión Regional de Medioambiente de Atacama, aprobó en 2005 un Estudio de Impacto Ambiental, que permite a la empresa extraer oro mediante minería subterránea bajo el área de los glaciares y también depositar el material de descarte de la mina sobre el glaciar de roca más grande existente en la zona17.
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O’Brien & Leichenko. Op cit “Los impactos físicos y sociales del cambio climático no se consideran homogéneos por dos razones. En primer lugar, los modelos de circulación global proyectan diferencias espaciales en la magnitud y dirección del cambio climático. En segundo lugar, incluso dentro de una región que está experimentando las mismas características del cambio climático, los impactos tienden a variar porque algunos ecosistemas, sectores o grupos sociales son más vulnerables al cambio climático que otros”… “Del mismo modo, como ciertas regiones, sectores o grupos sociales aprovechan las oportunidades asociadas a la globalización, otros se quedan afuera o son forzados a absorber los impactos negativos. Mediante la superposición de los efectos de la globalización en las regiones, sectores, grupos sociales y de los ecosistemas que son vulnerables al cambio climático, un nuevo juego de ganadores y perdedores emerge”. K.L. O’Brien, R.M. Leichenko (2000; p.230-231) 15 Su área de operaciones se encuentra habilitada conforme Tratado de Integración y Complementación Minera firmado en 1997 entre Argentina y Chile, que posibilita la explotación minera a lo largo de unos 5.000 km de frontera, en la Cordillera de los Andes. El tratado crea un espacio `supranacional´, lo que significa una pérdida de soberanía sobre esos territorios y habilita su virtual ‘privatización’. 16 Golder Associates (2003) 17 Chile Sustentable (2012) 14
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Con estos antecedentes a la mano articulamos una propuesta para incorporar al “debate climático” la situación actual de los glaciares andinos. Responder efectivamente a este contexto de “doble amenaza”, necesariamente pasa, por un lado, por que los estados recuperen la iniciativa para hacer efectivo cumplimiento de herramientas existentes para la planificación y ordenamiento ambiental del territorio. Hasta ahora el empleo de estos instrumentos continúan siendo bloqueados por sectores de interés que privilegian un desarrollo económico ausente de consideraciones ecológicas y socioeconómicas de mediano y largo plazo. Y por otro lado, propiciar una transformación de las instituciones políticas de carácter local, nacional e internacional que permita la incorporación de visiones alternativas a las orientaciones dominantes.
4.
Una institucionalidad para los glaciares en Argentina y Chile.
Como antecedente para esta discusión resulta útil y revelador una breve síntesis del trayecto recorrido, en Argentina y Chile, para establecer justamente un marco institucional para la protección de glaciares. Argentina En 2007 la diputada, y vicepresidenta de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, Marta Maffei elaboró y presentó el primer Proyecto de Ley de “Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y el Área Periglaciar”, Ley n° 26.418, la cual fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y por mayoría en el Senado en Octubre de 2008. Este apoyo a la idea de legislar a favor de la protección de los glaciares contó con un apoyo transversal por parte de los parlamentarios del oficialismo y oposición. No obstante, la “Ley de glaciares” fue vetada mediante el decreto presidencial 1837/08. La argumentación, por parte del poder ejecutivo, fue que esta ley tendría una repercusión negativa en el desarrollo económico y en las inversiones (mineras) que se llevan a cabo en las provincias cordilleranas. Producto del veto presidencial a la Ley, el estado de discusión adopta un carácter mediático inédito, multiplicándose los debates y acciones encabezadas por movimientos sociales, tanto en la Capital Buenos Aires, como en las provincias cordilleranas. Ejemplo de esto fue la campaña que, antes de que caducara la ley original, entregó a la Cámara de Diputados 156.350 firmas que rechazaban el veto y demandaban la aplicación de la Ley. La mayor parte de las firmas fueron recolectadas por diversas organizaciones territoriales a lo largo y ancho del país. Ante esta particular sensibilidad en la opinión pública, el diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires Miguel Bonasso avanza con una nueva propuesta de Ley, prácticamente idéntica a la Ley vetada. Y por otro lado, en la Cámara de Senadores, el senador oficialista Daniel Filmus avanzó con un texto consensuado con gobernadores y funcionarios de provincias cordilleranas dando origen a un proyecto de ley que logró media sanción de esa Cámara. Este último proyecto de la Cámara Alta eliminaba la protección de las áreas periglaciares y otras ambigüedades de carácter territorial ¿a quién correspondería el dominio territorial de los glaciares? ¿a las provincias o al Estado Nacional?18 Los debates de ambas propuestas de Ley estuvieron sujetos a bloqueos (las autoridades de la Comisión de Minería de se negaron a tratar el proyecto presentado por el Diputado Bonasso y la Comisión de Recursos Naturales tomó igual postura con el proyecto de Filmus). Para julio de 2010 el Diputado Bonasso cerró un acuerdo con el Senador Filmus, lo que posteriormente se llamó 18
Las provincias cordilleranas que proclaman derechos territoriales sobre los glaciares son San Juan, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Salta, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Algunas de ellas han sancionado sus propias leyes de protección de glaciares; la Ley Provincial de Salta n° 7625 del 05-08-2010, la Ley Provincial de la Rioja n° 8773 del 26-07-2010, la Ley Provincial de San Juan n° 8144 del 15-07-2010 y la Ley Provincial de Jujuy n° 5644 del 14-07-2010 (Di Paola et al, 2010). Es muy llamativa la sanción casi simultánea en las distintas provincias, puesto que hay tan solo tres semanas de diferencia entre la primera y la última de ellas. Puede entenderse como una posición en bloque para anticiparse a lo que sería la discusión y posterior sanción en el Congreso de la Ley de Presupuestos Mínimos de protección de Glaciares de alcance nacional (Ochsenius, 2012)
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“Acuerdo Filmus – Bonasso”. , un texto que incluía aportes de ambos proyectos. Finalmente en septiembre de 2010, el acuerdo logró convertirse en ley nacional, con 35 votos a favor, 33 en contra y una abstención. En julio de 2012 entró en plena vigencia la Ley 26.639 Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Quizás uno de los aspectos más relevantes de la Ley es que establece la necesidad de contar con información actualizada para la protección, control y monitoreo de glaciares. El mecanismo instituido para producir esta información es el Inventario Nacional de Glaciares, cuya responsabilidad (política) recae en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de las Provincias -a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA)-, por un lado, y por otro en el Instituto de Nivología y Glaciología (IANIGLA - CONICET19) como unidad técnica de ejecución. Las acciones esperadas que el Inventario pueda favorecer son: a) Acciones de conservación; b) Aportes a una política de cambio climático; c) Informes periódicos de actualización sobre el estado de los glaciares; d) Apoyo a las provincias para control y monitoreo de glaciares; e) Programas de incentivo a la investigación; y d) Informar a la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Valga destacar la importancia del punto b [correspondiente al artículo 10, inciso b) de la Ley 26.639] si consideramos que Argentina no posee una Política Nacional referida a Cambio Climático. CONICET informó que se relevaron al momento más de 4 mil cuerpos de hielo en distintas subcuencas de 6 provincias: Catamarca, Mendoza, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego20 (Informe no disponible). A mitad del 2013, el IANIGLA expuso en la Comisión de Ambiente del Senado Nacional y dejó en evidencia que a 3 años de la sanción de la Ley no se había realizado el Inventario Nacional en las provincias con mayor riesgo de intervención de glaciares21. Se refiere aquí a provincias como San Juan, donde existen glaciares y áreas periglaciares que conviven con grandes emprendimientos de explotación minera, como Veladero y Pascua Lama. Esta situación contradice directamente lo que indica la Ley de Glaciares, que estableció que aquellas áreas sean consideradas prioritarias, y que el inventario debía comenzar por allí. No obstante este limitado avance, la experiencia de Argentina es importante en la perspectiva de identificar los desafíos para la protección efectiva de los ecosistemas glaciares en la región andina22. Chile En Chile existe un historial de proyectos presentados al parlamento producto -en gran medida- de la movilización de diversas organizaciones sociales, tras la aprobación ambiental del proyecto Pascua Lama. Dicha movilización logró materializar una propuesta de proyecto de Ley para la Protección de Glaciares en el año 2006, la cual es presentada al gobierno de Michelle Bachelet. El escrito plantea la urgencia de un Registro Nacional de Glaciares, de carácter transitorio, basado en un inventario realizado por la Universidad de Chile con los trabajos científicos existentes a la fecha. También estableció una serie de actividades restringidas y otras prohibidas de desarrollar en territorios que potencialmente afecten a los glaciares23. 19
El CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas) es el principal organismo argentino dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Su actividad se desarrolla en cuatro grandes áreas: ciencias agrarias, ingeniería y de materiales; ciencias biológicas y de la salud; ciencias exactas y naturales; ciencias sociales y humanidades. Más información en: http://www.conicet.gov.ar 20 Fuente: http://www.glaciares.org.ar/inventario 21 FARN (2014) 22 Ibid 23 Chile sustentable (2012)
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A pesar del compromiso de patrocinar dicho texto de Ley, el gobierno de Michelle Bachelet no lo envió a tramitación al Congreso Nacional. Esta situación se dio debido a la influencia de la minera estatal CODELCO y de las empresas mineras privadas agrupadas en Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) y el Consejo Minero. Entre éstas empresas destacan Barrick Gold, AngloAmerican y Pelambres, cuyas faenas destruyen glaciares24. Con el objeto de revertir este bloqueo del poder Ejecutivo, se ingresa una propuesta de Ley al parlamento, por medio de un grupo transversal de senadores. Dicha moción se aprueba, en general, en el Senado y en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara Alta a fines de 2006. No obstante, dado que la ley contenía atribuciones regulatorias e institucionales privativas del Ejecutivo, y éste no la patrocinó, el proyecto de Ley fue archivado25. En forma supletoria la presidenta Bachelet instruyó que la Comisión Nacional de Medio Ambiente incorporara la exigencia de un Estudio de Impacto Ambiental a todos los proyectos en cuya área de influencia se encuentren glaciares. Adicionalmente, el gobierno creó al interior de la Dirección General de Aguas- una Unidad de Glaciología y Nieves, con el mandato de iniciar la elaboración de un Inventario Oficial de los Glaciares existentes en el territorio nacional26. Finalmente durante el año 2009, el gobierno redactó y puso en vigencia una política para la Protección y Conservación de Glaciares, en el marco del Plan de Acción frente al Cambio Climático. No obstante esta política, además de contener graves errores conceptuales, como la definición de los glaciares como recursos renovables, no generó ningún mecanismo para reducir la amenaza de la minería sobre los glaciares27. Por último, en mayo de 2014 se presentó una Moción parlamentaria28 que establece una Ley de protección y preservación de glaciares que indica regulaciones y prohibición de determinadas actividades que puedan realizarse tanto en ambientes glaciares y periglaciares. El proyecto de ley, hasta junio de 2014, se encuentra en disponible para el debate en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.
5.
Perspectivas para la protección de glaciares andinos
A la luz de los hechos, tomando la experiencia argentina y chilena, es evidente que establecer un marco institucional para la protección de glaciares es una medida resistida por un segmento que concentra un poder económico y político sustantivo. Así, hasta el día de hoy extensas zonas glaciares de ambos países están siendo destruidas por actividades extractivas, principalmente por ETN mineras. Esta realidad no puede ser interpretada como parte de una campaña anti-minera o prohibicionista de la actividad minera. Esa sería una lectura reduccionista y funcional al interés de aquellos sectores que no desean abrir un debate serio, con perspectivas de transformación de las estructuras de decisión, para favorecer mayor trasparencia, participación abierta y democrática de los diferentes sectores involucrados. Subyace, en definitiva, un conflicto sobre la forma en que se materializan decisiones sobre proyectos productivos que influyen, en forma decisiva, sobre los procesos de desarrollo. 24
Ibid Chile sustentable (2012) 26 Ibid 27 Chile sustentable (2012) 28 Corresponde al Boletín n° 9364-12. Dicha Moción cuenta con el patrocinio transversal de parlamentarios de diversas bancadas. Fue firmada por las diputadas Camila Vallejo (PC), Maya Fernández(PS), Cristina Girardi (PPD), Andrea Molina (UDI); y los diputados Giorgio Jackson (IND), Vlado Mirosevic (IND), Luis Lemus (PS), Patricio Vallespín (DC), y Daniel Melo (PS). Esta iniciativa también cuenta con el respaldo de las organizaciones ambientalistas Chile Sustentable y Fundación Terram. 25
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El equipo de vertientes.org entiende que conflictos como el de Pascua Lama, no representan casos aislados, sino que pueden ser interpretados como un emergente sistémico de la forma en que se configuran los procesos de desarrollo en las sociedades latinoamericanas. Ahora bien, entendemos también que estos conflictos se desarrollan en escenarios institucionales específicos. Nos referimos aquí, al sistema de normas (leyes, reglamentos y políticas) con los que cuentan nuestras sociedades para regular el uso de los recursos. Es decir, un determinado sistema de gobernanza. Entonces, las perspectivas para la protección de los glaciares andinos necesariamente tendrán que ubicarse en un plano de construcción de un sistema de coordinación entre actores sociales múltiples, que garantice un proceso que responda a las preguntas sobre cómo y quiénes toman decisiones, de acceso, uso o distribución de los recursos naturales29. En definitiva articular sistema legitimo de gobernanza ambiental. ¿Por qué gobernanza ambiental? Porque en el difícil camino por la protección de los glaciares (al menos para el caso argentino y chileno) queda en evidencia que nuestras sociedades latinoamericanas demandan ser protagonistas efectivos de los procesos de desarrollo. Y porque esta demanda ocurre en un contexto de globalización económica, dominada por políticas de corte neoliberal que ha demostrado, entre otros efectos, la concentración -cada vez más profunda- de los procesos de decisión, particularmente aquellos relacionados con el uso y acceso al agua, manejo de las cuencas hídricas y protección de los glaciares. Figura 1. Encuadre de la protección de glaciares andinos en el marco de Políticas Públicas para la Adaptación al Cambio Climático
Fuente: Elaboración propia a partir de Rojas, A. et al (2009)
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Reyes B. y Jara D. (2004)
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La gobernanza ambiental no sustituye al gobierno, tampoco significa “repartir” el poder o llevar a cabo una mera legitimación pública de las decisiones políticas. Sino que se trata de una (re) construcción del poder basada en un proceso que afiance los derechos, identidades, diversidades y espacios de debate público en la toma de decisiones y acciones administrativas30.
Sin pretender agotar los argumentos, desde nuestro punto de vista, el desafío que la COP-20 debe recuperar, en el seno del debate sobre estrategias de adaptación al Cambio Climático, la iniciativa para incorporar la necesidad de marcos institucionales, tecnológicos, de financiamiento y recursos para la protección de los glaciares, esto en un marco de gobernanza ambiental que contemple: a) Los mecanismos de apropiación de los recursos naturales, la gestión ambiental y la gestión de los servicios ambientales. b) Los mecanismos de decisión en torno al uso del territorio y el ordenamiento territorial. c) La gobernabilidad y las formas en que las expresiones organizativas, de gobierno, de planificación, de acceso al poder y la decisión afecta niveles de exposición – vulnerabilidad 31 y capacidades adaptativas ante el Cambio Climático .
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Reyes y Jara (2004) op cit. Narváez, L. y Schwartz, E. (2011)
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Fortalecer el debate social y político entre actores de la sociedad civil sobre los conflictos ambientales generados a partir de los modelos de desarrollo y el extractivismo, sus efectos en pobreza, los DDHH y Cambio Climático (agua, glaciares y energía) en los países andinos.
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