Coordinacion Interjurisdiccional en regiones metropolitanas

La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA), definida a través del artículo 3 del decreto 656/1994(2), constituye un complejo jurisdiccional compuesto por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 42 partidos de la Provincia de Buenos Aires, con una población estimada de alrededor de quince millones de habitantes. Se destaca por ser una de las mayores áreas urbanas de América Latina, ya que concentra 38% de la población del país en un espacio menor al 1% del territorio nacional(3). La RMBA tiene una superficie de más de 15.000 km2 y su tejido urbano se expande sobre 2.500 km2 con una densidad de 54 hab./ha.entre 2009 y 2010, la distribución de la elección modal de los habitantes de la RMBA es de 11.916.137 viajes en transporte público, 5.631.550 viajes en transporte privado y 6.898.829 en modos de transporte no motorizados(7). La complejidad de la red, la diversidad y la especialización de la oferta de transporte de una gran área metropolitana requiere para muchos viajeros la utilización de más de un medio de transporte. Esta situación justifica presentar una oferta cuyas características sean las más adecuadas al tipo de viaje que se desea realizar.La coincidencia de responsabilidades de diversas instituciones, titulares de servicios públicos de transporte regular de pasajeros bajo órbita del Estado Nacional, provincial y de la CABA, a las que se adscriben empresas públicas y privadas concesionarias los hace parecer sistemas racionales al contemplarlos separadamente y en cada una de sus partes, pero desordenados si se los observa en su conjunto. En semejante situación, diversos medios de transporte compiten entre sí por el mismo recorrido a expensas de la complementariedad. La falta de coordinación también presenta problemas jurídicos. Como cada jurisdicción impone su propio ordenamiento legislativo, ello resta previsibilidad y seguridad en materias vinculadas al derecho administrativo, que no han sido delegadas por las provincias a la Nación conforme el artículo 5 de la Constitución Nacional. Además, en el orden fiscal, se presentan numerosos conflictos de doble imposición planteados por empresas de transporte público que han debido ser zanjados por la Corte Suprema(8). En este escenario, contar con un ámbito institucional que permita coordinar las políticas de transporte entre las distintas jurisdicciones de la RMBA parece un objetivo necesario para responder a las demandas cada vez más complejas de la población.