Convergencia partidaria y cambio social. El caso de México (1982-2010)

Convergencia partidaria y cambio social. El caso de México (19822010)

Resumen La teoría del cambio social asocia el fenómeno de la policy convergence (o convergencia partidaria) con la industrialización y la prosperidad económica que ésta conlleva. La prosperidad económica, se argumenta, reduce las divisiones de clase profundas, propiciando la ampliación de las clases medias, el declive de la consciencia de clase y el de la correlación entre clase y voto. Estos cambios llevan a los partidos a dirigir sus llamados a los sectores medios de la población y a correrse al centro del espectro político. El presente trabajo busca poner a prueba, en el caso de México, la explicación que vincula la convergencia partidaria con los cambios sociales. La estructura social mexicana no provee incentivos para que los partidos orienten sus llamados hacia los sectores medios de la población. Aún cuando algunas características tanto de los sistemas electoral y de partidos (sistema electoral mayoritario, subsistemas locales de competencia bipartidista) como del electorado (la fuerte dispersión del voto) podrían favorecer esta estrategia, los valores y actitudes del elector mexicano promedio tampoco parecen ser determinantes para la explicación de la convergencia partidaria. Palabras clave: convergencia partidaria, cambio social, estructura social, partidos políticos mexicanos

Abstract Social change theory relates policy convergence with industrialization and economic prosperity. Economic prosperity, it is argued, reduces deep class cleavages, leading to a widening of the middle class, a decline of class consciousness and of the correlation between class and vote. These changes have brought political parties to adress their appeals to the middle stratums and to slide to the center of the political spectrum. In this paper, I test, in the case of Mexico, the explanation that relates policy convergence with social changes. Mexican social structure doesn’t provide parties with incentives to turn their appeals to the middle stratums. Though some characteristics of the electoral and party systems (majoritarian electoral system, bipartidist competition subsystems) on the one hand, and of the electorate (high levels of scattering votes) on the other hand, could encourage this strategy, the values and attitudes of the mexican average voter don’t seem to be determinant in explaining policy convergence. Key words: policy convergence, social change, social structure, mexican political parties

Introducción El tema de la distancia ideológica que separa a los principales partidos políticos de las democracias occidentales ha dado lugar, en las últimas décadas, a un debate académico que opone, por un lado, a los partidarios de la hipótesis de la convergencia (convergence hypothesis) y, por otro lado, a los que defienden la hipótesis de que los partidos aún importan (parties-do-matter hypothesis). Mientras que los primeros advierten una tendencia a la convergencia ideológico-programática de partidos con orientaciones inicialmente diferentes, los segundos insisten en que el signo ideológico de los partidos aún sigue siendo una variable determinante de las políticas públicas instrumentadas por los gobiernos. En otras palabras, para unos, la distancia ideológica entre esos partidos ha tendido a disminuir (hasta llegar a ser, en algunos casos, irrelevante), mientras que para los otros esa distancia sigue siendo significativa. En México, la percepción que parece prevalecer es la de una distancia significativa entre los tres principales partidos políticos o, por lo menos, entre uno de ellos y los otros dos. Si bien se han destacado las crecientes similitudes entre los programas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) sigue siendo ubicado “mucho más a la izquierda” que sus contrapartes1. Sin embargo, el análisis de los documentos básicos y de las plataformas electorales de estos partidos pone en evidencia una tendencia, a partir de la década de 1980, a la convergencia ideológico-programática, como lo demuestro en dos trabajos recientes. En el primero, tras analizar la posición de los partidos en dos temas clave de la política económica (el papel del Estado en la economía y el modelo de desarrollo), concluyo que en la década de 1980 inicia un proceso de convergencia (que involucra en un primer tiempo al PRI y al PAN y, posteriormente, en la década de 1990, al PRD) “en torno a un Estado con atribuciones económicas limitadas y a un modelo de desarrollo, el secundario-exportador, centrado en la producción para el mercado externo y la apertura comercial”2. En el segundo, demuestro, a partir de la ubicación de las posiciones de los partidos en cinco temas de política económica (propiedad estatal, política fiscal, Jean François Prud’homme, “¿A poco tenían programas? Plataformas electorales en las elecciones de 2000”, en Luis Salazar (coord.), México 2000: alternancia y transición a la democracia, México, Cal y Arena, 2001, p.183. 2 “¿Están convergiendo los partidos políticos en México? Papel del Estado y modelo de desarrollo en los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática (1929-2009), en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, nº 212, mayo-agosto de 2011, p. 103. 1

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apertura comercial, inversión extranjera directa y seguridad social), operativizados bajo la forma de escalas izquierda-derecha, que “la distancia ideológica que separa a los principales partidos políticos mexicanos se ha reducido en el transcurso de las últimas tres décadas”, al tiempo que el conjunto de los partidos se ha desplazado hacia la derecha3. En materia de propiedad estatal, por ejemplo, el PRI y el PAN, quienes habían sostenido, hasta la década de 1970, posiciones favorables a la intervención estatal en la economía4, empiezan a favorecer, a partir de 1982, el retiro del Estado de la actividad económica, limitando la propiedad estatal, primero a las áreas estratégicas de la economía y, posteriormente, al sector de los hidrocarburos. Aún cuando los antecesores directos del PRD –el Frente Democrático Nacional (FDN) y el Partido Mexicano Socialista (PMS), depositarios de una clara tradición estatista, defendían en 1988 una posición diametralmente opuesta a la del PRI y del PAN, en 1994 el PRD va a limitar la propiedad exclusiva del Estado a las áreas estratégicas de la economía, posición que no variará en las siguientes plataformas5. La posición de los tres partidos en el tema de la apertura comercial siguió una evolución parecida. En 1976, el PRI, aún cuando se declara a favor de promover el comercio exterior, considera necesario mantener, e incluso incrementar, la protección a ciertas industrias. El PAN, por su parte, no hace prácticamente ninguna referencia, antes de 1982, al comercio exterior. A partir de 1982, ambos partidos se convierten en promotores cada vez más activos del libre comercio, defendiendo, en la década de 1990, una amplia liberalización comercial y financiera. En 1988, el FDN y el PMS difieren respecto de su posición frente al libre comercio. Sin mostrar una oposición de principio a la apertura comercial, el primero critica la incorporación precipitada al mercado norteamericano y la apertura indiscriminada de la economía, mientras que el segundo se muestra a favor de conquistar una inserción en la economía mundial respetuosa de la soberanía, protegiendo la planta industrial. Es esta última posición la que adopta, en 1994, el PRD. El partido se propone, en efecto, impulsar la integración a la economía mundial sobre la base del respeto a la “La distancia ideológica entre los tres principales partidos políticos mexicanos (1976-2006)”, en Estudios Políticos, nº 26, mayo-agosto de 2012, p. 77. 4 Existían, desde luego, diferencias entre estos partidos en cuanto al grado de intervención. Mientras que el PRI consideraba a la empresa estatal como el “agente dinámico del desarrollo” y promovía la intervención estatal en un número importante de sectores, el PAN afirmaba, en 1976, estar a favor de la economía mixta y de la “legítima propiedad estatal”, pero pugnaba por la privatización de las empresas públicas que no se justificaban de acuerdo con criterios económicos (ibíd., pp. 64-65). 5 Ídem. 3

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soberanía nacional, pronunciándose, además, por renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) con el propósito de excluir los granos básicos, mantener la facultad de establecer aranceles, permisos de importación, subsidios y políticas de fomento en materia agrícola. En las plataformas electorales de 2000 y 2006, el partido mantiene, en lo fundamental, la posición de 1994, pero ya no habla de renegociar el TLC, sino tan sólo de revisar la rama agrícola del tratado6. Estos ejemplos muestran que nuestro sistema de partidos no ha escapado (o, por lo menos, no del todo) a un fenómeno que ha llamado la atención, desde la década de 1950, de un gran número de estudiosos de los partidos y de las políticas públicas: la policy convergence, expresión que alude al declive de las diferencias ideológicas intensas y, en términos espaciales, a la convergencia al centro de partidos que antes se ubicaban a la izquierda y a la derecha del espectro político7. En realidad, trabajos recientes muestran que, en las últimas tres o cuatro décadas, los partidos de la mayoría de las democracias occidentales se han corrido más hacia la derecha que hacia el centro8. En sus primeras formulaciones (Thomas, Lipset9), la tesis de la convergencia circunscribió el fenómeno a los grandes partidos de las sociedades desarrolladas de Europa y de América del Norte, descartando que éste pudiera presentarse en los países 6

Ibíd., pp. 67-70. Cabe precisar que la convergencia en torno a los cinco temas estudiados en el trabajo citado (de naturaleza fundamentalmente económica) no excluye la posibilidad de divergencia en otros temas. Sin embargo, de la revisión hecha de las plataformas electorales en el periodo que abarca ese estudio (1976-2006) sólo se desprenden dos temas en los que los partidos muestran claras diferencias: la diversidad sexual y el aborto. En otros temas (federalismo, medio ambiente, igualdad de género, derechos humanos, pueblos indígenas, por mencionar sólo algunos ejemplos), las diferencias parecen ser menos significativas. 7 Siguiendo a Mark Kesselman, traduzco el término de policy convergence por el de “convergencia partidaria”, aunque una traducción más exacta sería la de “convergencia en materia de políticas públicas” (“La nouvelle cuisine en politique. La fin de l’exceptionnalité française”, en Yves Mény (coord.), Idéologies, partis politiques et groupes sociaux, París, Presses de la Fondation Nationale de Sciences Politiques, 1989). Considero, sin embargo, más apropiado el término de “convergencia partidaria”, ya que cuando se refiere a los partidos (y no a los gobiernos), la policy convergence alude, más que a la convergencia “en materia de políticas públicas” propiamente, a la convergencia ideológico-programática de organizaciones de distinto signo ideológico. 8 Mark Kesselman advierte, por ejemplo, que la actual convergencia partidaria “no representa una fusión de la izquierda y de la derecha, o una posición de izquierda comparable al arreglo de la posguerra, sino un viraje a la derecha –en nombre de la libertad y de la autonomía individual” (“La nouvelle cuisine en politique. La fin de l’exceptionnalité française”, en Yves Mény (coord.), Idéologies, partis politiques et groupes sociaux, París, Presses de la Fondation Nationale de Sciences Politiques, 1989, p. 168). Lipset, por su parte, observa que “la mayoría de los partidos de izquierda europeos han dado marcha atrás en su postura a favor de la propiedad estatal y el dominio estatal de la economía, y han optado por la economía de mercado, la reducción de impuestos, el monetarismo y la desregulación” (No Third Way: A Comparative Perspective on the Left, Sage Working Papers, abril de 1991, p. 2). 9 John Clayton Thomas , “Ideological Trends in Western Political Parties”, en P. H. Merkl (ed.), Western European Party Systems, Nueva York, Free Press, 1980; Seymour M. Lipset, Revolution and Counterrevolution. Change and Persistance in Social Structures, Nueva York, Basic Books, 1968.

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subdesarrollados, en donde la política es “más compleja” porque “aún existe la necesidad de controversia y de ideología intensas”, en la medida en que los problemas de la industrialización no han sido resueltos. En estos últimos países, afirma Lipset, el socialismo no puede ser conservador, ni siquiera “progresista moderado” y, para competir contra los comunistas, debe prometer mejorar la situación de las masas10. Y es que, para los principales exponentes de esta tesis, la policy convergence se relaciona con la industrialización y la prosperidad que ésta conlleva. La prosperidad económica, se argumenta, reduce las divisiones de clase profundas, propiciando la ampliación de las clases medias y el declive de la consciencia de clase y de la correlación entre clase y voto. Estos cambios en la estructura social llevan a los partidos a dirigir sus llamados a los sectores medios de la población y a correrse al centro del espectro político. Sin embargo, trabajos más recientes han consignado la observación de la policy convergence más allá de estas regiones, y en países con menores niveles de desarrollo. Así, el propio Lipset advierte que, tras el viraje a la derecha efectuado tanto por los partidos socialistas del “mundo desarrollado” como por los partidos de izquierda y populistas de África, Asia y América Latina, el fenómeno ocurre en “casi todos los países democráticos”11. El hecho de que la convergencia partidaria se observe en países en vía de desarrollo parecería contradecir el núcleo central de la hipótesis de la convergencia, que vincula el corrimiento “al centro” de los partidos con cambios en la estructura social propios de las sociedades desarrolladas. ¿O acaso asistimos, también en las sociedades de los países en vía de desarrollo, a una tendencia al predominio de las clases medias y al debilitamiento de las divisiones de clase profundas? Esto es lo que parecen sugerir algunos análisis de los desarrollos recientes de la sociedad y la política mexicana y latinoamericana. Así, por ejemplo, Alejandro Moreno interpreta la victoria de Vicente Fox en 2000 como la expresión de una actitud crecientemente conservadora de la sociedad mexicana ante el cambio12. Para explicar los cambios recientes ocurridos en la izquierda y el populismo latinoamericanos, Jorge Lanzaro afirma, por su parte, que las

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Seymour M. Lipset, El hombre político. Las bases sociales de la política, Madrid, Tecnos, 1987, pp. 368-369. 11 Seymour M. Lipset, No Third Way: A Comparative Perspective on the Left, Sage Working Papers, abril de 1991, p. 37. 12 Alejandro Moreno, “La sociedad mexicana y el cambio”, en Este País, nº 133, abril de 2002.

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sociedades latinoamericanas no son “de izquierda”, sino que tienen un “fuerte componente” de centro, con una izquierda y una derecha en los márgenes13. ¿Encuentran estas interpretaciones algún sustento en los cambios recientes en la estructura social mexicana? El presente trabajo busca poner a prueba, en el caso de México, la explicación que vincula la convergencia partidaria con los cambios sociales. Describo, en una primera sección, la evolución de la estructura social mexicana, antes y después de 1982. En la siguiente sección, analizo algunas características tanto de los sistemas electoral y de partidos como del electorado que podrían favorecer una estrategia orientada hacia la búsqueda del voto de los sectores medios de la población. Termino preguntándome, en una tercera sección, si ha habido un cambio en los valores y en las actitudes de los electores que presione hacia la convergencia. Los cambios en la estructura social mexicana Resulta difícil, sin duda, como lo afirman Soledad Loaeza y Claudio Stern, cuantificar una clase social. Aunque algunos estudios han intentado, como se verá más adelante en este apartado, cuantificar la estructura de clases en México, la mayoría de los trabajos recurren a una serie de indicadores económicos. Así, para calcular la proporción de la población que pertenece a las “clases medias”, se utilizan indicadores tales como “el desarrollo de las ciudades, del sector servicios de la economía, la mayor complejidad de la estructura del empleo, los cambios ocurridos en la distribución del ingreso” 14. Son estos indicadores los que me permitirán, en este apartado, evaluar si ha habido, o no, un incremento de los sectores medios15 que pudiera explicar la convergencia entre los partidos políticos mexicanos. La visión de una sociedad mexicana crecientemente dominada por sus sectores medios parece encontrar algún sustento en la evolución de la estructura social en el periodo que va de segunda posguerra hasta fines de la década de 1970-principios de la década de 1980. Pero no hay indicios de que la tendencia se haya mantenido después de 1982. “La tercera ola de las izquierdas. Entre el populismo y la socialdemocracia”, conferencia pronunciada el 26 de octubre de 2006 en el Instituto Mora. 14 Soledad Loaeza y Claudio Stern, Las clases medias en la coyuntura actual, México, Centro de Estudios Sociológicos-El Colegio de México, 1990, pp. 11-12. 15 En este apartado y en el conjunto del artículo empleo los términos de “estratos”, “sectores” y “grupos de ingreso” en lugar del concepto, sin duda más problemático, de “clases sociales”. Mantengo, sin embargo, el término de “clases sociales”, así como aquellos de “clase media” y “clase baja”, al referirme a trabajos que emplean dichos términos. 13

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El periodo 1940-1982

El periodo 1940-1982 se caracteriza, en efecto, por un incremento numérico de los estratos sociales medios y un relativo descenso de los estratos bajos. Esto es, al menos, lo que se desprende de la evolución de algunos de los indicadores con los que se suele medir el crecimiento de los estratos medios. El cuadro 1 muestra el proceso de urbanización entre 1940 y 1980. La población de localidades de menos de 5 mil habitantes se redujo sensiblemente (de representar, en 1940, 72.4% del total de la población, pasó a representar poco menos del 40% en 1980), mientras creció fuertemente la de las localidades de más de 20 mil habitantes (18.4% de la población total en 1940, 49.8% en 1980). Cuadro 1. Población urbana y no urbana (porcentajes de la población total)

1940 1950 1960 1970 1980

Población no urbana (1-4 999) (5 000Total 19 999) 72.4 9.2 81.6 64.2 9.3 73.5 55.5 9.7 65.2 49.9 14.9 64.8 39.9 10.3 50.2

Población urbana (20 000 y más) 18.4 26.5 34.8 35.2 49.8

Fuente: Stern, Claudio, “Notas para la delimitación de las clases medias en México”, en Soledad Loaeza y Claudio Stern, Las clases medias en la coyuntura actual, México, Centro de Estudios Sociológicos-El Colegio de México, 1990.

Este proceso estuvo acompañado, en el mismo periodo, de un crecimiento de los sectores terciario y secundario y de un fuerte decrecimiento del sector primario. La población empleada por este último se redujo en más de la mitad (aún así, seguía siendo, en 1980, ligeramente superior a la de los otros dos sectores), pasando de 67.3% en 1940 a 37% en 1980, mientras que la del sector secundario pasó, en el mismo lapso, de 13.1 a 29% y la del sector terciario de 19.6 a 33.9% (cuadro 2).

Cuadro 2 Población económicamente activa por sectores de la economía (porcentajes de la PEA total) Sector primarioa

Sector secundariob

Sector terciarioc

7

1940 1960 1980

67.3 54.6 36.5

13.1 19.1 29.2

19.6 26.3 34.3

a

Rama agropecuaria Rama extractiva e industria c Comercio, transporte, servicios b

Fuente: INEGI, Estadísticas históricas de México 2009, México, INEGI, 2010, cuadro 5.6.

La evolución de la distribución del ingreso pone en evidencia el enriquecimiento relativo, durante el periodo 1963-1984, de los estratos medios y bajos, logrado a costa del 10% más rico de la población (cuadro 3). Este último habría perdido, en efecto, 12.1 puntos porcentuales (de concentrar el 50.2% del ingreso total en 1963, habría pasado a concentrar tan sólo el 38.1 en 1984), de los cuales 3 habrían pasado al 40% más pobre (que pasó de recibir 7.5% del ingreso al principio del periodo a 10.5% al final) y 9.1 al 50% intermedio (que pasó de 42.3 a 51.4%)16. Es posible, por último, apreciar durante el periodo una importante mejora en el acceso a la educación. Entre 1970 y 1980, la población adulta sin instrucción se reduce de 31.6% a 16.1%, la población adulta sin primaria de 70.5 a 48.3% y la población adulta sin secundaria de 91.1 a 76.2%17.

Cuadro 3 Distribución del ingreso de los hogares (1963-1984) (porcentajes) Percentiles 40% más pobre 50% intermedio 10% más rico Total

Participación en el ingreso total 1963 1968 1977 1984 7.5 8.1 10.4 10.5 42.3 43.6 49.5 51.4 50.2 48.3 40.1 38.1 100.0 100.0 100.0 100.0

Variación (%) 1984/1963 + 3% + 9.1% - 12.1

Fuente: Hernández Laos, Enrique, Globalización, desigualdad y pobreza, México, Plaza y Valdés, 2001.

El conjunto de indicadores parece, pues, apuntar hacia el crecimiento, en el periodo que va de la segunda posguerra a principios de los años 1980, de los sectores medios. ¿Pero es posible cuantificar este crecimiento? ¿Qué proporción de la población total representan? En la década de 1980 y a principios de la de 1990 hubo algunos intentos 16

Enrique Hernández Laos, Globalización, desigualdad y pobreza, México, Plaza y Valdés, 2001, p. 82. Julio Boltvinik y Enrique Hernández Laos, Pobreza y distribución del ingreso en México, México, Siglo XXI, 1999, p. 28. 17

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por cuantificar la estructura de clases mexicana y su evolución. Cruzando datos sobre la estratificación ocupacional y sobre la distribución del ingreso18, James Wilkie y Paul Wilkins describieron, en un “conocido y controvertido estudio” de 1981, la evolución de esta estructura durante el periodo 1895-197019. Una década más tarde, Stephanie Granato y Aída Mostkoff revisaron las estimaciones de Wilkie y Wilkins y extendieron la serie hasta 1980. Granato y Mostkoff ponen en evidencia una lenta, aunque constante, progresión de las clases medias y un declive paralelo de las clases bajas entre finales del siglo XIX y 1970. Estas últimas habrían pasado de un predominio abrumador en 1895 (90% de la población) a uno menos contundente en 1980 (64%). Las clases medias, prácticamente inexistentes a fines del siglo XIX (representaban menos del 10% de la población) habrían pasado a representar cerca de una tercera parte de la población en 1980 (31%)20.

Gráfica 1 Cambios en la evolución de la estructura de clase según Granato y Mostkoff (1990) Periodo 1895-1980, con proyección de la tendencia hasta 2000 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Clase baja Clase media Clase alta

1895 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Fuente: Stephanie Granato y Aída Mostkoff, “The Class Structure of Mexico, 1895-1980”, en James W. Wilkie (ed.), Society and Economy in Mexico, Los Angeles, UCLA American Center Publications, 1990.

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Como explican Granato y Mostkoff, para determinar la línea divisoria entre los ingresos bajos y los medios, Wilkie y Wilkins retomaron el criterio de Howard Cline, quien había intentado, en la década de 1960, una estimación de la estructura de clases mexicana. Este último había determinado que, hacia 1950, 300 pesos mensuales eran el mínimo razonable para una vida “segura, aunque marginal”, en México. Consideró que los ingresos por debajo de 300 pesos correspondían a la clase baja, los ingresos comprendidos entre 300 y 999 pesos a la clase media y los ingresos por encima de 1000 a la clase alta (Stephanie Granato y Aída Mostkoff, “The Class Structure of Mexico, 1895-1980”, en James W. Wilkie (ed.), Society and Economy in Mexico, Los Angeles, UCLA American Center Publications, 1990, p. 105). 19 Stern, op. cit., pp. 23-24. 20 Granato y Mostkoff, op. cit., p. 111.

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Los datos de Granato y Mostkoff muestran, sin duda, una clara tendencia a la ampliación de las clases medias y a la reducción de la (abrumadora) proporción de las clases bajas con respecto a la población total, tendencia confirmada, por cierto, por los datos sobre la distribución del ingreso que presenté con anterioridad (ver cuadro 3). Pero también evidencian que estábamos en México, hacia 1980, a una distancia enorme de la estructura social que presentaban, ya para entonces, las sociedades desarrolladas, caracterizada por un creciente equilibrio entre el peso relativo de las clases medias y bajas: las clases bajas seguían siendo, en 1980, ampliamente dominantes, representando un poco más del doble de las clases medias (63.7%, contra 31.1%)21. Después de 1982

Existen, como se ha visto, bases relativamente sólidas para afirmar que las clases medias crecieron hasta fines de los setenta-principios de los ochenta. ¿Pero qué ha sucedido desde entonces? En la conclusión de su estudio, Granato y Mostkoff proyectaban dos escenarios: uno, optimista, en el que la tendencia observada a lo largo de cerca de un siglo continuaba (es el escenario representado en la gráfica 1); otro, pesimista, en el que ocurre una inversión de la tendencia. Si, como afirman Soledad Loaeza y Claudio Stern, el crecimiento de las clases medias estuvo asociado al modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones22, es probable que el cambio de modelo económico haya afectado la tendencia. No disponemos, para el periodo posterior a 1980, de estimaciones de la evolución de la estructura social, por lo que sólo podemos recurrir a los indicadores presentados al inicio de este trabajo. Algunos de estos indicadores (como los relativos al grado de urbanización, a la dimensión del sector terciario y a la expansión de los servicios educativos) apuntan en la dirección de una prolongación de la tendencia, es decir, hacia el escenario optimista. La proporción de la población empleada en el sector terciario, por ejemplo, continúa creciendo a un ritmo muy elevado (rebasa, entre 1990 y 1995, el 50% de la población económicamente activa, alcanzando, en 2010, el 62.8% de ésta), mientras que

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Ídem. Soledad Loaeza y Claudio Stern, Las clases medias en la coyuntura actual, México, Centro de Estudios Sociológicos-El Colegio de México, 1990, p. 11. 22

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aquella empleada en el sector primario continúa disminuyendo a un ritmo acelerado (se reduce en más de 60% entre 1980 y 2010, pasando de 36.5 a 13.3% de la población económicamente activa (PEA) (véase cuadro 4). En el sector secundario empieza a revertirse la tendencia al alza observada hasta 1980. La proporción de la población empleada en ese sector disminuye ligeramente entre 1980 y 2000, pasando de 29.3 a 28.7% de la PEA, pero registra una caída significativa (de casi cinco puntos porcentuales) durante la última década23. Cuadro 4 Población económicamente activa por sectores de la economía (porcentajes de la PEA) Sector primario Sector secundario Sector terciario

1980a 36.5 29.2 34.3

1990a 23.5 28.8 47.8

2000a 16.3 28.7 55.0

2010b 13.3 23.9 62.8

Fuente: a INEGI, Estadísticas históricas de México 2009, México, INEGI, 2010, cuadro 5.7. b INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, edición 2010, México, STPS-INEGI, p. 19.

La tendencia a la expansión de la educación también se mantiene, aunque a un ritmo inferior al del periodo anterior. La población adulta sin instrucción se reduce entre 1980 y 2000 de 16.1% a 10.2% y a 8.6% en 2005, mientras que la población adulta con primaria pasa de 51.7% a 70.9% entre 1980 y 2000 y a 76.5% en 2005 y la población con secundaria de 23.8% a 36.7% y 54% respectivamente (véase cuadro 5).

Cuadro 5 Población de 15 años y más por nivel de instrucción (porcentajes) Sin instrucción Con primaria Con secundaria

1970a 31.6 29.5 8.9

1980a 16.1 51.7 23.8

1990b 13.7 63.0 36.3

2000b 10.2 70.9 36.7

2005b 8.6 76.5 54.0

a

Fuente: Boltvinik, Julio y Enrique Hernández Laos, Pobreza y distribución del ingreso en México, México, Siglo XXI, 1999. b Fuente: INEGI, Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos, ediciones 2006 y 2009.

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Esta cifra debe ser tomada con cautela, pues podría reflejar, ante todo, la recesión económica registrada en 1999. Cabe recordar, en efecto, que la crisis de 1995 también provocó una fuerte disminución de la proporción de la PEA empleada en el sector secundario, que cayó de 28.8% en 1990 a 24.5% en 1995, para volverse a situar, en 2000, prácticamente en el nivel de 1990 (28.7%).

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Sin embargo, si observamos los datos relativos a dos de los elementos que hicieron posible el crecimiento de las clases medias durante el periodo de industrialización por sustitución de importaciones (el crecimiento económico y la evolución de los salarios reales), cabe preguntarse si los anteriores indicadores (crecimiento del sector terciario, acceso a los servicios de educación) constituyen un buen instrumento para evaluar los cambios en la estructura social. Tasas de crecimiento relativamente elevadas parecen ser, en efecto, una condición necesaria para que la distribución del ingreso pueda inclinarse del lado del trabajo24, generando una mayor riqueza en los estratos que obtienen la mayor parte de sus ingresos de los salarios. Mientras que el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) fue de 6.48 % durante el periodo 1952-1982, éste fue de apenas 2.18% entre 1983 y 200925. En cuanto a los salarios reales, estos experimentaron una fuerte caída a partir de 1976, año este último en que alcanzaron su máximo nivel histórico. Así, por ejemplo, los salarios reales industriales en la ciudad de México, que habían crecido poco más de 190% entre 1952 y 1976, cayeron 34.6% tan solo entre 1976 y 198526, provocando un “deterioro sin precedentes” en el estándar de vida de la población 27. La situación no parece haber mejorado mucho desde entonces. Si bien los salarios industriales reales se recuperaron entre 1988 y 1994 (creciendo un 20.7%), volvieron a caer entre 1994 y 1999 (retrocediendo un 21.4%)28. Durante la última década, las remuneraciones medias reales de la industria manufacturera experimentaron una recuperación, creciendo un 16.2% entre 2000 y 200929. Jeffrey Bortz sugiere que la explicación de la inversión de la tendencia no debe buscarse solamente en las tasas de crecimiento de la economía, sino también en factores Jeffrey Bortz, “Política salarial en México: evolución de los salarios mínimos desde la posguerra hasta la crisis económica actual”, en James Wilkie y Jesús Reyes Heroles (coords.), Industria y trabajo en México, México, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, 1990, p. 324-325. 25 Calculado a partir de los datos del banco de información económica del INEGI. El crecimiento promedio del PIB entre 1983 y 2009 muestra importantes variaciones en los subperiodos: 1% entre 1983 y 1995, 5.4% entre 1996 y 2000 y 1.4% entre 2001 y 2009. 26 Cálculo realizado a partir de Bortz, op. cit., pp. 323 y 328. De acuerdo con datos proporcionados por Valle y Martínez, entre 1976 y 1988 los salarios industriales reales cayeron 52.4% (Alejandro Valle Baeza y Gloria Martínez González, Los salarios de la crisis, México, México Facultad de EconomíaUniversidad Nacional Autónoma de México-La Jornada Ediciones, 1996, cuadro A3 (anexos)). 27 Bortz, op. cit., p. 315. 28 Valle y Martínez, op. cit., cuadro A3 (anexos), para los datos de 1988 a 1994; Organización Internacional del Trabajo (Oficina Regional para América Latina y el Caribe), Panorama Laboral 2001. América Latina y el Caribe, Organización Internacional del Trabajo, 2001, p. 69, para los datos de 1994 a 1999. 29 Organización Internacional del Trabajo (Oficina Regional para América Latina y el Caribe), Panorama Laboral 2010. América Latina y el Caribe, Organización Internacional del Trabajo, 2010, p. 137. 24

12

estrechamente vinculados a los modelos económicos en vigor antes y después de 1976. Para este autor, dos elementos contribuyeron (además del crecimiento sustancial del empleo, estimulado por las tasas de crecimiento) a las “fuertes ganancias salariales para los trabajadores mexicanos” del periodo 1952-1976: los incrementos salariales otorgados por los industriales mexicanos con el propósito de expandir el mercado doméstico y la “política del gobierno”, la cual se inclinó hacia el fortalecimiento del mercado interno. Bortz demuestra, en efecto, que el gobierno utilizó, sobre todo a partir de la década de 1960, el salario mínimo oficial para estimular el crecimiento del salario industrial, empujándolo “más allá del salario contractual”30. A partir de la crisis financiera de 1976, los sucesivos gobiernos utilizaron la política salarial, y particularmente el salario mínimo, para contener la inflación y restringir los incrementos de los salarios contractuales31. La tendencia, observada por Bortz para el periodo 1976-1985, se ha mantenido desde entonces. El salario mínimo no ha dejado, en efecto, de caer en términos reales: en 1994 había caído 30% con respecto a 1985 (y 60% con respecto a 1976)32 y entre 1994 y 2011 acumuló una nueva caída de 26.5%33. La evolución de la distribución de la riqueza en las décadas de 1980, 1990 y 2000 permite hacerse una idea general de los cambios en la estructura social ocurridos en los últimos años. Los datos para el periodo 1984-2000 aportados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) (cuadro 6) evidencian una reversión del proceso de desconcentración de la riqueza de las décadas de 1960 y 1970, reversión que, como apunta Hernández Laos, “habría afectado de manera particularmente desfavorable a los estratos medios y medios altos, que habrían perdido 9.1 puntos porcentuales, en tanto que los más pobres habrían perdido 1.1 puntos porcentuales, la suma de los cuales habrían sido apropiados por el 10% más rico de la población, que acrecentó así su participación en 10.2 puntos porcentuales”34. Estos datos llevaron a que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), en un informe de 2000, manifestara su preocupación por la reversión, durante el periodo 1985-

30

Bortz, op. cit., pp. 325-326. Ibíd., pp. 331-332. 32 Valle y Martínez, op. cit., cuadro A4 (anexos). 33 Comisión Nacional de Salarios Mínimos, “Evolución del salario mínimo real”, en www. conasami.gob.mx. 34 Hernández Laos, op. cit., p. 82. 31

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2000, del proceso de formación de clases medias, “que sí estuvo presente en el esquema de intervención estatal y proteccionismo comercial”35.

Cuadro 6 Distribución del ingreso de los hogares (1984-2000) (porcentajes) Percentiles 1984 10.5 51.4 38.1 100.0

40% más pobre 50% intermedio 10% más rico Total

Participación en el ingreso total 1989 1994 1998 10.5 10.7 9.3 40.6 45.0 41.3 48.9 44.3 49.4 100.0 100.0 100.0

2000 9.4 42.3 48.3 100.0

Variación (%) 2000/1984 -1.1 -9.1 +10.2

Fuente: Enrique Hernández Laos, Globalización, desigualdad y pobreza, México, Plaza y Valdés, 2001.

La tendencia no parece haberse modificado en lo fundamental durante la década de 2000 (por lo menos hasta 2008). Entre 2002 y 2008, los sectores medios vuelven a registrar una disminución de su participación en el ingreso (con una pérdida de 0.7 puntos porcentuales), mientras que la del decil más rico crece ligeramente (0.7%) y la del 40% más pobre permanece sin variación. En 2010, la distribución del ingreso entre los diferentes estratos sociales experimenta un fuerte cambio, solamente comparable al de 1994: la participación en el ingreso del 40% más pobre de la población crece, respecto de 2008, 0.8 puntos porcentuales, la del 50% intermedio 1.6 por ciento, mientras que la del decil más rico cae en 2.4 por ciento (véase cuadro 7). Habrá, sin embargo, que esperar la siguiente encuesta (2012) para ver si estos resultados, un tanto sorprendentes, marcan o no el inicio de un cambio de tendencia.

Cuadro 7 Distribución del ingreso de los hogares (2002-2010) (porcentajes, con variación de 2008 respecto de 2002 y de 2010 respecto de 2008) Percentiles 40% más pobre 50% intermedio 10% más rico Total

2002 13.4 51.0 35.6 100.0

Participación en el ingreso total 2004 2006 2008 2010 13.5 14.0 13.4 14.2 50.3 50.3 50.3 51.9 36.2 35.7 36.3 33.9 100.0 100.0 100.0 100.0

Variación (%) 2008/2002 2010/2008 0.0 +0.8 -0.7 +1.6 +0.7 -2.4

35

Comisión Económica para América Latina, La distribución del ingreso en el nuevo modelo económico en México, citado por La Jornada, 30 de agosto de 2000.

14

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares para 2002, 2004, 2006, 2008 y 2010.

Si hacia 1980 no era posible afirmar que la estructura social mexicana estuviera cerca del patrón de una clase media mayoritaria, flanqueada en sus dos extremos por una clase privilegiada y una clase de excluidos, esto parece ser aún más cierto treinta años después. Todo parece indicar, en efecto, que asistimos a una reversión de la tendencia, que pareció dibujarse hasta 1982, al crecimiento de los sectores medios, tendencia asociada al modelo de industrialización por sustitución de importaciones, y que el modelo económico actual no parece capaz de reproducir. Estructura social y estrategias partidarias

La estructura social mexicana, tal como la acabo de describir, provee claros incentivos para que los partidos dirijan sus “llamados” en mayor medida hacia los estratos bajos de la población, ampliamente mayoritarios, que hacia los exiguos sectores medios. ¿Pero existen, aún así, razones para que estas organizaciones busquen atraer a los votantes pertenecientes a estos últimos sectores? Tres características, complementarias, tanto de los sistemas electoral y de partidos como del electorado mexicano, pueden ayudar a entender la adopción de esta estrategia por parte de los partidos, no obstante su aparente ineficacia. El sistema electoral mexicano, preponderantemente mayoritario36, propicia, sin duda, que los partidos busquen amplios apoyos entre el electorado, so pena de ver fuertemente reducida su representación en las cámaras, tanto a nivel federal como local. Y es que, como apunta Dieter Nohlen, en el sistema mayoritario, una variación no muy significativa en el porcentaje de votos captados puede significar la diferencia entre obtener la mayoría absoluta de escaños y obtener “pocos escaños o incluso ninguno”37. Desde 1997 (y hasta las últimas elecciones legislativas de 2009), el PRI en el Distrito Federal, por mencionar tan solo un ejemplo, ha padecido los efectos de este De acuerdo con Dieter Nohlen, el sistema electoral mexicano es un “sistema segmentado mayoritario”, esto es, un sistema de representación por mayoría con una lista adicional proporcional. Desde la reforma electoral de 1986, el número de diputados elegidos según el principio de mayoría es de 300, mientras que 200 lo son según el principio de representación proporcional (Sistemas electorales y partidos políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1998, pp. 283-287). 37 “Con apenas 35% de los votos, un partido puede ganar la mayoría absoluta de los escaños parlamentarios, mientras que otro partido, con 15 o 20% de los votos, conquista pocos escaños o incluso ninguno” (Nohlen, op. cit., p. 121). 36

15

sistema electoral. A pesar de contar, en promedio, con 17% de los votos, no ha conseguido un solo escaño en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) por la vía del principio de mayoría relativa. De no ser por el principio de la representación proporcional, que corrige la desproporción entre los votos y los escaños obtenidos, el partido no contaría con representación alguna en el órgano legislativo local38. Escenarios como éste se repiten en los numerosos Estados en los que los partidos (principalmente el PAN y el PRD) cuentan con una presencia exigua. Este incentivo para buscar amplias mayorías se ve notablemente reforzado por una característica de los subsistemas de partidos a nivel local. Si bien la competencia se da, a nivel nacional, entre tres partidos principales, en la mayoría de los subsistemas locales (Estados, municipios y distritos electorales) prevalece, como bien apunta Guadalupe Pacheco, la competencia bipartidista o el predominio de algún partido sobre los otros dos39. Así, en las elecciones para diputados federales de 2000, sólo 85 distritos de mayoría relativa (de 300) tuvieron un esquema de competencia tripartidista, mientras que en 128 prevaleció un esquema bipartidista y en 87 un esquema de predominio de un partido sobre los otros dos40. Ahora bien, si en un esquema de competencia tripartidista un partido puede ganar un distrito con poco más de la tercera parte de los votos, la competencia bipartidista obliga a los partidos a obtener la mayoría absoluta de los votos. En estas condiciones, los partidos se ven empujados a buscar los apoyos más amplios posibles entre el electorado y a luchar, en particular, por el “electorado centrista moderado”, lo que sin duda fomenta la “moderación política”41. Este incentivo podría, sin embargo, estar declinando ligeramente, pues se observa, desde 1991, una tendencia al alza de los esquemas de competencia tripartidista y, desde 1997, al declive de los esquemas bipartidistas (véase cuadro 8). 38

El número de asambleistas que el PRI ha obtenido por medio del principio de representación proporcional ha representado, en promedio, tan solo el 14% de los escaños de la ALDF. Los datos provienen de Luis García Reyes, “El Distrito Federal: reformas político-electorales, cambios en la representación legislativa y ocaso de la hegemonía priísta, 1997-2009”, en Francisco Reveles Vázquez (coord.), Los partidos políticos en el Distrito Federal: avances, estancamientos y retrocesos, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Ediciones Gernika, 2001, pp. 300-301. 39 “La competencia electoral y el sistema de partidos en 1997”, en El Cotidiano, nº 85, septembre-octubre de 1997, p. 33. 40 Para Guadalupe Pacheco, la “configuración” de partido dominante es aquella en la que un partido obtiene más del 60% de los votos o en la que la diferencia entre el primer y el segundo lugar es superior a 20 puntos, la configuración bipartidista es aquella en la que la diferencia entre el primer y el segundo lugar es inferior a 20 puntos y en la que el tercer lugar obtiene una votación inferior a 25%, mientras que la configuración tripartidista es aquella en la que cada partido obtiene por lo menos 20% de los votos (“Democratización, pluralización y cambios en el sistema de partidos en México, 1991-2000”, en Revista Mexicana de Sociología, año 65, nº 3, julio-septiembre de 2003, pp. 545-148). 41 Nohlen, op. cit., p.123.

16

Cuadro 8 Esquemas de competencia en los distritos de mayoría relativa (elecciones de diputados federales, 1991-2000) 1991 254 46 0 300

Dominio de un partido Bipartidista Tripartidista Total

1994 148 117 35 300

1997 85 166 49 300

2000 87 128 85 300

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Guadalupe Pacheco, “Democratización, pluralización y cambios en el sistema de partidos en México, 1991-2000”, en Revista Mexicana de Sociología, año 65, nº 3, julio-septiembre de 2003, p. 548.

Igualmente importante resulta, para las estrategias partidarias, una característica del electorado mexicano: la fuerte dispersión del voto que se observa en los electores de todos los niveles socioeconómicos, pero que es particularmente notable entre aquellos pertenecientes a los estratos más bajos de la población. El hecho de que los electores tiendan a dispersar su voto entre diferentes opciones políticas proporciona a los partidos incentivos para no concentrar sus “llamados” en un solo sector de la sociedad y para buscar apoyos más diversificados. Ahora bien, la dispersión del voto de los distintos estratos sociales entre los diferentes

partidos

ha

crecido

desde

1994,

aunque

esto

parece

reflejar,

fundamentalmente, el declive electoral del PRI, cuyos votos se trasladan cada vez más a los otros partidos. Así, mientras que en 1994, el voto del grupo de ingreso bajo se concentró en el candidato del PRI (quien recogió el 51% de los votos de ese grupo), en tanto que el de los otros dos grupos (ingreso “medio” e ingreso “alto”) se dispersó entre los candidatos del PRI y del PAN (47% para el PRI y 36% para el PAN en el grupo de ingreso medio, 47% para el PRI y 40% para el PAN en el de ingreso alto)42, en 2006, el voto se dispersó entre los tres candidatos. La encuesta de salida del diario Reforma para las elecciones presidenciales de 200643 muestra, en efecto, una importante dispersión del voto en cuatro de los cinco grupos de ingreso (cuadro 9). En el grupo con menores ingresos (I), el voto se dispersa entre los tres candidatos (Felipe Calderón, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador) de manera bastante equilibrada (31-30-34). En los tres grupos de ingreso siguientes (II, III, IV), el voto permanece altamente disperso, pero se aprecia una ligera 42 43

Sondeo nacional del diario Reforma, lunes 22 de agosto de 1994, p. 20 A. Reforma, lunes 3 de julio de 2006, p. 14.

17

concentración (sobre todo en los grupos II y IV) en torno a uno de los candidatos. En el II, López Obrador obtiene 7 puntos porcentuales más que Calderón y en el IV, Calderón obtiene 7 puntos más que López Obrador. Sólo el grupo con mayores ingresos (V) muestra una concentración más clara (50% de los votos) en uno de los candidatos (Felipe Calderón). Pero, por otro lado, esta última encuesta parece dibujar una tendencia, poco clara aún, pero real, a la estructuración de las preferencias electorales en función de la pertenencia a diferentes estratos de ingreso44. Así, aunque dispersaron su voto en los tres partidos (o en dos de ellos), los electores de los tres grupos con menores ingresos (I, II, III) se inclinaron mayoritariamente por el candidato del PRD, mientras que los dos grupos con ingresos más altos (IV, V) lo hicieron por el candidato del PAN.

Cuadro 9 Elección presidencial de 2006 Voto por los candidatos de PAN, PRI y PRD según ingreso (porcentaje del grupo de ingresoa) Ingreso (pesos de 2006) (I) Menos de 2 000 (II) 2 000 a 3 999 (III) 4 000 a 6 499 (IV) 6500 a 9 199 (V) 9200 y más a

F. C. (PAN) 31 32 36 43 50

R. M. (PRI) 30 24 21 16 14

A.M.L.O. (PRD) 34 39 37 36 30

Los porcentajes restantes se reparten entre los otros demás candidatos.

Fuente: Encuesta Nacional de Salida del diario Reforma, 3 de julio de 2006.

Por otro lado, la encuesta muestra que la preferencia por el candidato del PAN crece en el mismo sentido que los ingresos (de 31% en el estrato I sube a 36% en el III, 43% en el IV y 50% en el V), mientras que la preferencia por el candidato del PRD disminuye a medida que aumenta el ingreso (de 39% en el estrato II baja a 37% en el III, 36% en el IV y 30% en el V). De confirmarse esta tendencia, estaríamos en México ante un fenómeno inverso al de ciertas sociedades en donde los electorados y las bases sociales de los distintos partidos tienden a ser cada vez más parecidos 45, lo que incentivaría a los

44

Tendencia ya presente, por cierto, aunque de manera aún más sutil, en encuestas anteriores. En 1994, por ejemplo, Cuauhtémoc Cárdenas obtuvo dos veces más votos en el grupo de ingresos “bajo” que en el “alto” (16% y 8%, respectivamente) (Reforma, 22 de agostos de 1994, p. 20A). 45 Kesselman, op. cit., p. 169.

18

partidos a concentrar sus llamados en aquellos sectores sociales que más se identifican con el partido.

El cambio en los valores

Hemos visto, hasta ahora, que aunque la estructura social mexicana no favorece la adopción, por los partidos, de una estrategia encaminada a atraer el voto de los electores pertenecientes a los sectores medios, algunas características del sistema electoral, de los subsistemas de competencia locales y del electorado pueden ayudar a entender que los partidos recurran a una estrategia de este tipo. ¿Pero pueden los valores y actitudes de estos sectores respecto a temas económicos explicar el creciente consenso de los principales partidos políticos mexicanos en torno a las políticas neoliberales? Una serie de encuestas, levantadas a partir de la década de los noventa, permite conocer la opinión de “los mexicanos” sobre algunos temas económicos. Sin embargo, son contadas aquellas que toman en cuenta la posición social de los encuestados, por lo que sólo podemos conocer la opinión del mexicano promedio, y no la del votante perteneciente a los estratos medios. Las encuestas realizadas por Latinobarómetro han buscado conocer las actitudes de los ciudadanos de los países latinoamericanos hacia la democracia, pero también hacia cuestiones como la libre empresa, la intervención del Estado en la economía y las privatizaciones, entre otras. De acuerdo con estas encuestas, la mayoría de los mexicanos se muestra favorable a la economía de mercado y a la empresa privada. Así, en 2011, el 56% de los encuestados considera que la economía de mercado es “el único sistema con el que [un] país puede llegar a ser desarrollado”, mientras que el 55% estima que la empresa privada es indispensable para el desarrollo del país46. Los resultados se tornan un tanto más ambiguos cuando se pide evaluar los resultados de la economía de mercado. En 2005, sólo 2 de cada 10 mexicanos (23%) manifiestan estar satisfechos con el funcionamiento de la economía de mercado47. ¿Pero el respaldo mayoritario a la economía de mercado y la empresa privada significan un respaldo al liberalismo económico? En 2004, Latinobarómetro buscó medir el grado de “estatismo” y de “capacidad emprendedora individual que tienen las

46

Latinobarómetro, Informe 2011, Santiago, Corporación Latinobarómetro, 2011, p. 92. Latinobarómetro, Informe 2005, Santiago, Corporación Latinobarómetro, 2005, p. 63. La pregunta sólo fue hecha una vez. 47

19

sociedades” latinoamericanas, usando una escala en la que 1 reflejaba una sociedad plenamente emprendedora y 10 una sociedad totalmente estatista. Encontró que “11 sociedades eligen posiciones más bien estatistas” (con posiciones que oscilan entre 5 y 6) y 7 posiciones más “emprendedoras” (con posiciones entre 4.4 y 4.9). México, con un puntaje de 4.9 sería, de acuerdo con esta medición, menos estatista que Uruguay (6), Argentina (5.9), Chile (5.5) y Brasil (5.3) y más estatista que Venezuela (4.4). La conclusión de Latinobarómetro es que “la región en general espera que el Estado le solucione sus problemas y cree menos en cada cual para emprender la solución”48. En realidad, la formulación de la pregunta49 y el hecho de que sólo se haya realizado una vez (en 2004) dificulta la interpretación de las respuestas. Si observamos el nivel de apoyo a la privatización de empresas públicas, uno de los elementos más visibles del modelo económico seguido desde 1982, advertimos que éste nunca ha sido significativo (ni en México, ni en la región) y que ha bajado fuertemente en los últimos años. Una encuesta levantada en 1994 muestra que la política de privatización era apoyada, en México, por 39% de los encuestados, mientras que 48% la rechazaba50. En el grupo de ingreso medio, el apoyo a la política de privatización es sin duda más alto (51%), pero el porcentaje de personas que rechazan ésta política no deja de ser significativo (43%) (véase cuadro 11). Además, de acuerdo con Latinobarómetro, el porcentaje de ciudadanos mexicanos que consideran que la privatización ha sido benéfica para el país ha bajado en los últimos años, al pasar de 50% en 1998 (año en que se empezó a hacer la pregunta) a 28% en 2002, subiendo ligeramente desde entonces, hasta alcanzar 38% en 201151.

48

Latinobarómetro, Informe 2004, Santiago, Corporación Latinobarómetro, 2004, p. 16. Una encuesta más reciente (2010) confirma la posición intermedia de la sociedad mexicana en la escala libre mercadoestatismo. La pregunta “¿Es mejor que el gobierno deje la actividad económica a individuos y empresas (10) o que el gobierno se encargue de dirigir la actividad económica (1)?” obtuvo una respuesta promedio de 5.4 (Encuesta Nacional de Valores: lo que une y lo que divide a los mexicanos, México, BanamexFundación Éste País, 2010, http://banamex.com/envud/descargables/ENVUD_2010-Tarjetas-de-laencuesta.pdf). 49 “Con una escala de 1 a 10, donde 1 es cada cual se debe hacer cargo de su propio bienestar y 10 es el gobierno debe asumir la responsabilidad de la gente. ¿Dónde se ubica Ud?”. Resulta significativo que la mayoría de las respuestas oscilen entre 4.4 y 6, es decir, que no haya posiciones extremas. 50 Ulises Beltrán et al., Los valores de los mexicanos de los 90, México, Instituto de Investigaciones Sociales, 1994, p. 28. 51 Latinobarómetro, Informe 2010, Santiago, Corporación Latinobarómetro, 2010, p. 107 (para los datos de 1998 y 2002) y Latinobarómetro, Informe 2011, op. cit., p. 93 (para los datos de 2011). Otras encuestas confirman la tendencia a la baja del apoyo a la política de privatización. Dos encuestas del Banco Mundial, por ejemplo, levantadas en 1998 y en 2004 muestran que el apoyo cayó de 55% a 25% en seis años (Carlos Fernández Vega, “Por percepción equivocada, mexicanos rechazan la privatización”, La Jornada, 1 de septiembre de 2005).

20

Los mexicanos rechazan también la apertura del sector energético, como lo demuestra una reciente encuesta del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE). 76% de los encuestados dice oponerse a la inversión extranjera en la industria petrolera, 70% en el sector del gas, dos de cada tres en el sector eléctrico y más de la mitad se opone a la presencia de capitales foráneos en bonos gubernamentales, en infraestructura de transportes, telecomunicaciones y medios de comunicación52. Otro elemento clave del modelo económico adoptado a partir de 1982 –la apertura comercial– parece, en cambio, contar con el apoyo de la mayoría de los mexicanos. De acuerdo con la encuesta, ya citada, de 1994, ese año el 60% estaba de acuerdo (o de acuerdo en parte) con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), mientras que sólo el 25% se manifestaba en desacuerdo53. En el grupo de ingreso medio, el apoyo subía incluso a 70%, mientras que el rechazo permanecía relativamente bajo (19%) (véase cuadro 10). Una encuesta más reciente (2010) confirma el apoyo mayoritario de la población a la política de apertura comercial: el 60% de los mexicanos considera que el libre comercio es “bueno”, mientras que para el 56% el TLCAN ha sido “bueno” o “muy bueno” para el país 54. Así, la apertura comercial parece ser respaldada por una mayoría de la población, mientras que la privatización de empresas públicas y la inversión privada en el sector energético enfrentan un amplio rechazo. Las encuestas que ordenan los resultados por grupos de ingreso (entre otras variables) muestran, por otro lado, importantes diferencias en las actitudes de los diferentes estratos socioeconómicos. El apoyo a la firma del TLCAN en 1994 a nivel nacional (de 60%) permite, por ejemplo, apreciar un apoyo más amplio en los grupos con mayores ingresos (de 70% en el de 3 a 5 salarios mínimos y de 75% en el de más de 5 salarios mínimos) que en el grupo con ingresos más bajos (de sólo 42%) (véase cuadro 10). Si no se toma en cuenta a los que manifiestan su apoyo sólo “en parte”, el porcentaje de los que apoyan la firma del TLCAN es, en este grupo, igual al porcentaje de los que la rechazan (35%)55.

Cuadro 10 52

México y el mundo 2006, México, Centro de Investigación y Docencia Económica-Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, 2006, citada por José Antonio Román en La Jornada, 7 de noviembre de 2006. 53 Beltrán et al., op. cit., p. 153. 54 Encuesta Nacional de Valores, op. cit. 55 Beltrán et al., op. cit., p. 153.

21

Apoyo al Tratado de Libre Comercio (por grupos de ingreso) ______________________________________________________ Ingreso Apoya Rechaza No sabe 0-1 s.ma. 1-3 s.m. 3-5 s.m. 5 + s.m.

42 60 70 75

35 25 19 19

24 16 11 6

_________________________________________________ a

s.m. = salario mínimo

Fuente: Elaboración propia a partir de Beltrán et al., Los valores de los Mexicanos de los 90, México, Instituto de Investigaciones Sociales, 1994, p. 153.

Este último fenómeno aparece con una claridad aún mayor en la actitud ante las privatizaciones. Así, vemos que, en 1994, la política de privatización (respaldada, a nivel nacional, por el 39% de los encuestados y rechazada por el 48%) era, en realidad, apoyada por 58% de los encuestados pertenecientes al grupo con mayores ingresos (5 salarios mínimos o más), pero sólo por 21% de los encuestados pertenecientes al grupo con ingresos más bajos (menos de un salario mínimo) (cuadro 11). Las cifras del cuadro 11 también permiten apreciar con claridad que el apoyo a la política de privatización crece conforme aumenta el ingreso, mientras que el rechazo sigue el patrón opuesto.

Cuadro 11 Apoyo a la política de privatización (por grupos de ingreso) Ingreso 0-1 s.ma. 1-3 s.m. 3-5 s.m. 5 + s.m. a

Apoya 21 37 51 58

Rechaza 58 51 43 35

No sabe 21 13 7 7

s.m.= salario mínimo

Fuente: Elaboración propia a partir de Beltrán et al., Los valores de los Mexicanos de los 90, México, Instituto de Investigaciones Sociales, 1994, p. 28 .

Se observa, en suma, que no sólo no hay (salvo, quizás, en el tema de la apertura comercial) un “consenso” en torno a la política económica de corte liberal, sino que la sociedad parece estar fuertemente dividida en torno a cuestiones como el libre comercio y las privatizaciones. La encuesta del CIDE que mencioné unos párrafos más arriba pone en evidencia una división más: una entre las élites y la población en general. En efecto, mientras que una amplia mayoría de la población manifiesta, como ya se ha

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visto, su rechazo a la apertura del sector energético a la inversión extranjera, las élites (“personas en posiciones de mando en la burocracia, la política, el sector empresarial, los medios de comunicación, la academia, organizaciones no gubernamentales y [personas] con responsabilidades profesionales internacionales”), “sostienen posiciones opuestas [a la de los encuestados] y favorecen la inversión extranjera en todos esos sectores”56.

Conclusiones

La teoría del cambio social parece poco adecuada para dar cuenta de la convergencia partidaria en el caso mexicano. La evolución reciente de la estructura social mexicana no ofrece, en efecto, incentivos para que los partidos dirijan sus llamados a los sectores medios de la población. Aún cuando en el periodo 1950-1980 hubo, sin duda, un crecimiento importante de las llamadas “clases medias”, acompañado de un declive no menos significativo de las “clases bajas”, cuyo predominio era, todavía en 1950, abrumador, estábamos, al final de ese periodo, muy lejos de una configuración social parecida a la que presentaban, para entonces, algunos de los países más desarrollados. De acuerdo con algunas estimaciones, en 1980 las “clases bajas” aún representaban un poco más del doble de las “clases medias”. Ahora bien, diversos indicadores apuntan, en el periodo posterior a 1980, no hacia una continuación de la tendencia del periodo anterior, sino hacia una reversión del proceso. Algunos de los factores que hicieron posible el desarrollo de los sectores medios, como altas tasas de crecimiento económico y el incremento de los salarios reales, desaparecieron durante el periodo posterior a 1980. Pero, sobre todo, la evolución de la distribución del ingreso, cuya desconcentración entre finales de los sesenta y principios de los ochenta favoreció sobre todo a los estratos medios, ha mostrado, desde entonces, una tendencia a la concentración que afecta principalmente a los estratos medios y medios altos y, en menor medida, a los bajos. De modo que si, hacia 1980, la estructura social mexicana estaba lejos de estar dominada por sus “clases medias”, esto parece ser aún más cierto hoy en día. Algunas características del sistema electoral, de los subsistemas locales de competencia interpartidaria y del electorado podrían representar, es cierto, incentivos 56

Román, op. cit. Además de la encuesta propiamente hablando, el CIDE realizó entrevistas con 250 personas “en posiciones de mando”.

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para que los partidos busquen el apoyo de los sectores medios de la población. El carácter predominantemente mayoritario del sistema electoral, combinado con la tendencia hacia el bipartidismo que muestran los esquemas de competencia a nivel local (Estados, municipios, distritos), puede, en efecto, llevar a los partidos a buscar los apoyos más amplios posibles entre el electorado. Por otro lado, el alto nivel de dispersión del voto entre las diferentes opciones políticas puede representar un incentivo para que los partidos eviten concentrar sus llamados en un solo grupo social y busquen apoyos más diversificados. Sin embargo, la adopción de una estrategia orientada a buscar el apoyo de los sectores medios no permite dar cuenta, por sí misma, de la convergencia de los principales partidos en torno a políticas económicas de corte liberal (o neoliberal). La evolución reciente de los valores y de las actitudes de los mexicanos está lejos de mostrar, en efecto, la existencia de un consenso entre la población en torno a este tipo de políticas. Si bien una mayoría se muestra favorable a la economía de mercado, a la empresa privada y a la apertura comercial, los mexicanos rechazan tanto la política de privatización de empresas estatales como la apertura a la inversión privada del sector energético, dos elementos clave de las políticas neoliberales. Existen, por otro lado, importantes diferencias en torno a estos temas entre los diferentes grupos sociales, que las encuestas que miden la “opinión pública” no pueden reflejar. Así, las privatizaciones son rechazadas en mucho mayor medida por los grupos de bajo ingreso que por los grupos de ingreso medio y alto, mientras que el apoyo a la apertura comercial es mucho mayor en estos últimos que en los primeros. El cambio en los valores y actitudes de los mexicanos puede, en suma, explicar razonablemente bien que los partidos mexicanos hayan adoptado posiciones favorables a la apertura comercial, pero no el creciente consenso en torno a la limitación del campo de intervención del Estado en la economía. Esto último sugiere que, en el caso mexicano, podrían resultar más pertinentes otras teorías explicativas de la convergencia partidaria, particularmente aquellas que, como la hipótesis de la movilidad del capital, toman como punto de partida las presiones de naturaleza económica que se ejercen sobre los gobiernos y los políticos57. Sobre esta hipótesis, véase David Andrews, “Capital Mobility and State Autonomy: Toward a Structural Theory of International Monetary Relations”, en International Studies Quarterly, vol. 38, nº2, junio de 1994. Para una revisión de la literatura que relaciona la convergencia partidaria con la globalización, se puede consultar el artículo de Daniel Drezner, “Globalization and Policy Convergence”, en International Studies Review, vol. 3, nº1, primavera de 2001. 57

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