CONTRA-INFORME DE LOS ESTUDIOS Y EVALUACIONES DE IMPACTOS ARQUEOLÓGICOS DE PROYECTOS MEGA- MINEROS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO IGLESIA, PROVINCIA DE SAN JUAN, REPÚBLICA ARGENTINA.

EL REGRESO DE LOS MUERTOS Y LAS PROMESAS DEL ORO: Patrimonio arqueológico en conflicto. Editado por IVANA CARINA JOFRÉ

Serie Inter/Cultura=Memoria+Patrimonio. Encuentro Grupo Editor, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca. Colección Contextos Humanos Encuentro Grupo Editor, Editorial Brujas, Córdoba. ISBN 978-987-1432-61-5 Octubre 2010

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Este proceso es sin retorno, es irreversible, no porque lo quiera Evo Morales, o porque quiera el compañero Alvaro García Linera. Los pueblos han decidido dignificarse y liberarse del imperialismo norteamericano. Esa es la lucha histórica de nuestros antepasados. A eso se debe nuevamente mi presencia en la Puerta del Sol de Tiawanaku. Hemos cumplido con el mandato de nuestro abuelo Tupac Katari. En Noviembre de 1781 ¿que decía, antes de su descuartizamiento? decia: “Yo muero pero volveré millones”. Hermanos y hermanos ahora somos millones en Bolivia, millones en el mundo. (…) La lucha persistente de los pueblos es contra las políticas de saqueo, las políticas de marginación que vienen del capitalismo, y el capitalismo va destruyendo la madrea tierra. Y después de profundas reflexiones con nuestros movimientos sociales llegamos a la conclusión que ahora en este nuevo milenio es más importante defender los derechos de la madre tierra que los derechos humanos. La mejor forma de defender los derechos humanos es defendiendo los derechos de la madre tierra. (…) (Fragmentos del discurso de asunción a la presidencia de la República de Bolivia de Evo Morales Ayma, Kalasasaya, Tiawanaku, Enero 2010.)

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Parte I: INTRODUCCIÓN Presentación del regreso de los muertos y las promesas del oro. Ivana Carina Jofré

Parte II: SIGNIFICADOS Y USOS DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO. Sobre política del conocimiento y construcción de nuevas relaciones sociales entre Pueblos Indígenas, Sociedad, Estado y Ciencia. Conocimientos compartidos para la re – significación del Patrimonio Arqueológico en Argentina. María Isabel Hernández Llosas, Jorge Ñancucheo, Mora Castro, Ramón Quinteros. El patrimonio arqueológico y el pasado aborigen. Usos y significados del patrimonio en la provincia de Catamarca. María Soledad Galimberti. Carne por charqui: sobre la "devolución" de sitios arqueológicos y el despojo territorial al pueblo atacameño en la Provincia de El Loa (Antofagasta, Chile). Alonso Barros Los vivos y los muertos en las percepciones del Patrimonio Arqueológico de Jujuy. Percepciones desde la escuela. Mónica Montenegro

Parte III: EL REGRESO DE LOS MUERTOS. Restituciones de restos humanos y simbologías de resistencia activa en torno al cuerpo indígena. El drama de la restitución de restos humanos y sus actores en Uruguay y Argentina: El Estado, los/las Arqueólogos/as y las Comunidades de Pueblos Originarios. Gustavo Verdesio Simbolismo, apropiaciones y conflictos en torno a los reclamos de restitución del cráneo de Cipriano Catriel. Mariela Tancredi y Victoria Pedrotta Los fantasmas capitalistas de una arqueología de los muertos y desaparecidos. 3

Ivana Carina Jofré, Soledad Biasatti y Gabriela González

Parte IV: LAS PROMESAS DEL ORO. Conflictos sociales entre Pueblos Indígenas, Estado y Empresas Mineras Transnacionales. Información, participación y mineras transnacionales en la Meseta: Una oportunidad perdida. Luis Manuel Claps Contra-informe de los Estudios y Evaluaciones de Impactos Arqueológicos de Proyectos mega- mineros ubicados en el Departamento Iglesia, Provincia de San Juan, República Argentina. Ivana Carina Jofré, María Soledad Galimberti y Soledad Biasatti Réplicas y contestaciones a las críticas de los trabajos arqueológicos realizados en el Proyecto Navidad. Julieta Gómez Otero, Eduardo Moreno y evaluadores del volumen.

Parte V EPÍLOGO El patrimonio arqueológico ha muerto. Un epílogo y un epitafio. Alejandro F. Haber

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DATOS DE LOS AUTORES DEL LIBRO Ivana Carina Jofré Nació en la provincia de San Juan, es indígena descendiente, y obtuvo el título de Licenciada en Arqueología en la Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca. Actualmente se desempeña como Profesora Adjunta en la Cátedra de Etnografía General de la Carrera de Licenciatura en Arqueología de la misma Unidad Académica en la que se egresó. Es candidata a Doctora en Ciencias Humanas con Mención de Estudios Sociales y Culturales en la Facultad de Humanidades, Universidad Nacional de Catamarca y realiza sus investigaciones de postgrado con ayuda del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Sus temas de investigación doctoral se enmarcan dentro de una Arqueología Indígena y versan sobre problemáticas vinculadas a las sociedades indígenas del norte de San Juan en un continum temporal presente-pasado-futuro. En relación a estos intereses desde el año 2006 dirige varios proyectos de investigación-acción-militancia relacionados a la arqueología, conocimientos locales, educación y patrimonio en la Provincia de San Juan. Es miembro fundador e integrante activa del Colectivo Cayana (www.cayanacolectivodearqueologia.wordpress.com), un grupo de trabajo formado por antropólogos, arqueólogos y profesionales varios de las Ciencias Sociales en coautoría con pobladores e instituciones del área rural de la provincia de San Juan interesados por el pasado-presente-futuro aborigen. Es miembro de la Sociedad Argentina de Antropología y del Word Archaeological Congress. Ha publicado varios artículos dentro y fuera del país en relación a la temática del patrimonio arqueológico en congresos, reuniones, jornadas científicas y publicaciones especializadas, ha coordinado y asistido a sesiones vinculadas a la temática en congresos y reuniones internacionales.

María Isabel Hernández Llosas Doctora de la Universidad de Buenos Aires, especialización en Arqueología. Posee Estudios Posdoctorales sobre patrimonio cultural y comunidades aborígenes. Trabaja con temas de Arqueología Andina, Arte Rupestre y Patrimonio Mundial. Se desempeña como docente e investigadora en el Instituto de Arqueología, Facultad de Filosofía y Letras, U.B.A. e investigadora en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Jorge Ñancucheo Es líder indígena desde la década del '80 e integrante del Movimiento Indígena de Argentina, también ha tenido destacada participación en dirigencia a nivel internacional. Fundador de las organizaciones Tinkunaku y ACOIN, se ha desempeñado también como presidente de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en la Argentina (ONPIA).

Mora Castro Licenciada y Profesora en Ciencias Antropológicas Orientación Sociocultural, Facultad de Filosofía y Letras, U.B.A. Candidata doctoral de la UBA, especialización en Antropología Social, se desempeña como Becaria de Posgrado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Es integrante de la cátedra Sistemas Socioculturales de América I, FFyL, UBA y del Grupo Antropocaos.

Ramón Quinteros Licenciado en Arqueología y Maestrando en el área de Antropología Social de la Universidad de Buenos Aires, FFyL. Trabaja en el Programa Arte Rupestre y en el Grupo Antropocaos. Lleva adelante investigaciones sobre producción agrícola en las Nacientes de la Quebrada de Humahuaca, junto al Dr. Juan B. Leoni.

Maria Soledad Galimberti Es egresada de la Licenciatura en Arqueología de la Escuela de Arqueología, Universidad Nacional de Catamarca, y candidata a doctora en Ciencias Humanas con Mención en Estudios Sociales y Culturales en el Doctorado en de la Facultad de Humanidades de la misma universidad. Ha desarrollado investigaciones acerca de las representaciones públicas del pasado prehispánico en el valle de San Fernando de Catamarca, y desde 2006 participa en proyectos ejecutados sobre arqueología de Pueblos Originarios, educación y patrimonio en la provincia de San Juan. Se desempeña como Ayudante de Primera en el cuerpo docente de

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la Cátedra de Etnografía General de la Licenciatura en Arqueología de la UNCa. Es miembro fundadora e integrante activa del Colectivo Cayana, grupo de investigación-acción-militancia (www.cayanacolectivodearqueologia.wordpress.com).

Mónica Montenegro Licenciada en Antropología, egresada de la Universidad Nacional de Jujuy. Master Investigación en Arqueología e Historia, de la Universidad de Rennes 1, Francia. Magíster en Antropología de la Universidad Católica del Norte y Universidad de Tarapacá, Chile, donde es candidata a Doctora en Antropología. Sus investigaciones han contado con el apoyo de una Beca Mecesup y de la UCN. Es investigadora del Instituto Interdisciplinario Tilcara, Universidad de Buenos Aires y miembro del Centro Regional de Estudios Arqueológicos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Jujuy. Participa en proyectos de investigación relacionados a la temática Patrimonio arqueológico y educación en la provincia de Jujuy.

Gustavo Verdesio (Ph D, Northwestern University, 1992) Profesor Asociado del Depto. de Lenguas y Literaturas Romances y del Programa de Cultura Norteamericana en la University of Michigan. Da clases sobre la época colonial latinoamericana, sociedades indígenas Precolombinas y cultura popular. Una versión corregida y aumentada de su libro La invención del Uruguay (1996) ha aparecido como Forgotten Conquests (Temple UP, 2001). Es co-editor (junto a Alvaro F. Bolaños) del libro Colonialism Past and Present (SUNY P, 2002). Ha editado un número de la revista Dispositio/n (#52, 2005) dedicado a la evaluación del legado del grupo latinoamericano de estudios subalternos (Latin American Subaltern Studies Group). Sus artículos han aparecido en diversas revistas especializadas tanto de literatura y estudios culturales como de arqueología: Trabajos de Arqueología del Paisaje, Arqueología Suramericana, Bulletin of Hispanic Studies, Revista de Estudios Hispánicos, y Revista Iberoamericana, entre muchas otras.

Mariela Tancredi Posee estudios avanzados en la carrera de Lic. en Ciencias Antropológicas con orientación Arqueológica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Desde el año 2005 trabaja en la Comisión de Patrimonio Cultural y Natural de la Municipalidad de Azul y colabora en el Museo Etnográfico y Archivo Histórico “Enrique Squirru” de la misma ciudad. Actualmente se encuentra cursando el postgrado en “Gestión Cultural y Comunicación” de FLACSO.

Victoria Pedrotta Licenciada en Ciencias Antropológicas Orientación Arqueología (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires) y Doctora en Ciencias Naturales (Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata). Investigadora Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en el INCUAPA, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es docente de la cátedra “Arqueología de Grupos Agricultores Americanos” en esta última casa de estudios. Sus temas de investigación incluyen el pasado histórico de las poblaciones originarias de la región pampeana, las relaciones interétnicas y la dinámica de los espacios fronterizos bonaerenses, así como aspectos relativos a la preservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico y su uso público, trabajando conjuntamente con las comunidades e instituciones locales.

Alonso Barros van Hovell tot Westerflier Licenciado en Derecho y Abogado de la Pontificia Universidad Católica (Chile), Doctor en Filosofía de la Universidad de Cambridge (Reino Unido). Actualmente es Profesor del Programa de Postgrado en Antropología impartido conjuntamente por la Universidad Católica del Norte y la Universidad de Tarapacá (Chile). Dirige el proyecto FONDECYT N°11060534 "Discriminación, identidad y desigualdad en períodos de crisis: etnohistoria jurídico-política de San Pedro de Atacama y Chiu-Chiu (s. 19-21) "en el que desarrolla una línea de investigación-acción en Antropología Geopolítica y Derecho Colectivo. Su trabajo aborda los actuales debates antropológicos sobre propiedad, identidad y memoria con base en 15 años de experiencia jurídica acumulada en colaboración con comunidades indígenas de Bolivia, Chile, México y Perú. Desde 1993, asesora comunidades Lickanantay en su defensa patrimonial y ambiental. Ha publicado varios

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artículos sobre temas de propiedad, identidad y autonomía, así como sobre aguas, derechos colectivos, energía y medio ambiente, analizando las relaciones entre desigualdad, racialización y guerra.

Soledad Biasatti Egresada de la Licenciatura en Antropología (orientación en arqueología) de la Universidad Nacional de Rosario, ha participado en diferentes proyectos de investigación en relación a memoria y dictadura en el Gran Rosario así como también sobre arqueología de Poblaciones Originarias, educación y patrimonio en la Provincia de San Juan. Es miembro fundadora e integrante activa del Colectivo Cayana, grupo de investigación-acción-militancia. Candidata a Doctora en Antropología por la Universidad de Córdoba, desarrolla actividades como becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con lugar de trabajo en el Centro de Estudios Espacio, Memoria e identidad CEEMI (Universidad Nacional de Rosario), indagando sobre procesos identitarios de integración vinculados al patrimonio arqueológico, con interés particular en museos, colecciones y coleccionistas en la Provincia de San Juan. Es miembro de la Sociedad Argentina de Antropología y del Word Archaeological Congress.

Gabriela González Es egresada de la Licenciatura en Antropología (orientación en arqueología) de la Universidad Nacional de Rosario, ha participado en diferentes proyectos de investigación en relación a memoria y dictadura en el Gran Rosario, y también a colaborado en el Colectivo Cayana en investigaciones relacionadas a arqueología y educación en la provincia de San Juan. Actualmente se desempeña como investigadora en el Equipo de Investigación por la Memoria Político Cultural en la UNR y como Becaria del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Es candidata a Doctora en Humanidades con mención en Antropología por la Facultad de Humanidades y Artes, UNR. Sus temas de investigación convergen en torno a sujetos políticos e identidades colectivas, construcción de narrativas acerca de las memorias sociales de nuestro pasado-reciente. Realiza actividades docentes por extensión de funciones en la cátedra Metodología y Técnicas de Investigación I, cátedra a cargo de la Lic. Sivia Bianchi.

Luis Manuel Claps Licenciado en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA). Editor en español de la Red Minas y Comunidades (MAC, www.minesandcommunities.org). Integra la Asamblea Patagónica Contra el Saqueo y la Contaminación y el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Mineros (OCMAL, www.conflictosmineros.net). Ha participado en reuniones y foros públicos de comunidades afectadas por la industria minera en Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Inglaterra y Filipinas. Desde 2003 publica artículos periodísticos sobre la problemática minera en diversos medios y en su Blog ORO SUCIO (www.orosucio.madryn.com).

Dra. Julieta Gómez Otero Doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de Antropología. Desde 1978 se radicó en la Patagonia, viviendo en distintas localidades de las provincias de Santa Cruz y Chubut. Es investigadora del Centro Nacional Patagónico (Puerto Madryn, Provincia del Chubut), uno de los institutos regionales del Consejo Centro Nacional Patagónico. Se desempeña como docente- investigadora en la carrera de Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Sede Trelew). Sus investigaciones arqueológicas han tenido como temática principal la arqueología de cazadores-recolectores de Patagonia.

Eduardo Moreno Doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata, área de Antropología. Es especialista en la arqueología de cazadores-recolectores de Patagonia. Nació en la Patagonia y actualmente es investigador del Centro Nacional Patagónico (Puerto Madryn, Provincia del Chubut), uno de los institutos regionales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Asimismo se desempeña como docente- investigador en la carrera de Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (Sede Comodoro Rivadavia).

Alejandro F. Haber Es Profesor Titular de la Universidad Nacional de Catamarca e Investigador Independiente del CONICET, San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. Ha estado investigando los supuestos teóricos y

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metodológicos de la disciplina arqueológica desde distintas perspectivas, incluyendo la sociología, la historia y la filosofía de la arqueología. Se especializa regionalmente en los Andes Centro-meridionales, y ha realizado investigaciones en la misma área durante décadas. Se interesa particularmente en desafiar los supuestos occidentales tal como están codificados en la disciplina arqueológica al tiempo que desarrolla más amplias conversaciones con las epistemes locales y quechua.aymaras, en el contexto postcolonial de la expansión de la frontera. Es Co-Editor de Arqueología Suramericana / Arqueología Sul-Americana, publicada en castellano y portugués en América del Sur. Sus libros recientes incluyen Hacia una arqueología de las arqueologías sudamericanas (Uniandes, Bogotá, 2004) y Domesticidad e interacción en los Andes Meridionales (Unicauca, Popayán, 2008). Es Licenciado y Doctor en Ciencias Antropológicas, ambos por la Universidad de Buenos Aires.

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Citar como: 2010. Jofré, Carina, Galimberti, Maria Soledad y Soledad Biasatti. Contra-informe de los estudios y evaluaciones de impactos arqueológicos de proyectos mega-mineros ubicados en el departamento Iglesia, provincia de San Juan, República Argentina. En: “El regreso de los muertos y las promesas del oro: Patrimonio arqueológico en Conflicto”, (páginas 207-241). Volumen coordinado por Carina Jofré, Colección Con-Textos Humanos, Encuentro Grupo Editor, Córdoba.

CONTRA-INFORME DE LOS ESTUDIOS Y EVALUACIONES DE IMPACTOS ARQUEOLÓGICOS DE PROYECTOS MEGA- MINEROS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO IGLESIA, PROVINCIA DE SAN JUAN, REPÚBLICA ARGENTINA. Ivana Carina Jofré, María Soledad Galimberti y Soledad Biasatti Colectivo Cayana Había una vez un joven Inca que vivía en El Toro, que viajó joven al Toro a entregar la vida a los dioses y tenía frío, después se murió helado y lo encontraron escarchado, muerto. Se lo llevaron a una heladera, ésta se rompió y lo llevaron a un museo, le sacaron piel de los dedos. El joven Toro pide que lo devuelvan al lugar que pertenece él, pide que vuelva contaminando el agua. Si al joven no lo devuelven, la montaña va a empezar a secar las plantas y nos vamos a enfermar por que no van a haber alimentos y nos vamos a morir, lo mismo con todos los animales. En cambio si el joven inca vuelve la montaña va hacer que crezcan las plantas, que hallan más animales, que viva la gente, los animales, que empiece a vivir la gente. Mandaríamos un papel al joven inca para que vuelva y de esa forma estemos todos vivos. Historia del Joven Inca de El Toro narrada por alumnos de la Escuela Hilario Ascasubi de Colangüil, Departamento Iglesia, San Juan. Octubre de 2008.

INTRODUCCIÓN

A partir de 1987, el Consejo Mundial del Oro (World Gold Council s.f.) declaró nuestros paisajes sociales, culturales y naturales prioritariamente como territorios extractivos, abriendo con ello un nuevo juego de desplazamientos epistemológicos pergeñados por capitales transnacionales del mercado global, los Estados nacionales y provinciales, y con

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la infaltable complicidad de científicos y técnicos dedicados a diferentes áreas de conocimiento. Fue en los ‘90, en plena época de las políticas de las privatizaciones, cuando la mayor parte de los países latinoamericanos iniciaron una profunda reforma de sus marcos regulatorios para beneficiar el asentamiento de empresas transnacionales en esta región del globo (Svampa y Antonelli 2009). Estas reformas constitucionales y legislativas que institucionalizaron la autoexclusión del Estado como agente productivo fueron estimuladas y apoyadas por organismos internacionales (Banco Mundial, BID, entre otros), y así se otorgó plena exclusividad al sector privado para explotar los recursos naturales, esto también sucedió en nuestro país (Svampa y Antonelli 2009). Particularmente, en esta oportunidad nos referiremos al papel jugado por arqueólogos∕as y antropólogos∕as en el afincamiento en San Juan de este perverso modelo nacional y provincial de tipo extractivo que está produciendo un altísimo impacto social, cultural y natural a nivel local y global. Tal y como lo ha señalado Montenegro (2008) 1, creemos que es necesario apuntar nuestras críticas a las puntuales debilidades que presentan estas nuevas alianzas capitalistas globales. Es por eso que consideramos fundamental el señalamiento de aquellas aristas más evidentemente conflictivas de los estudios de impactos realizados por las empresas mineras. La teoría y la práctica científicas puestas en acto en los estudios y evaluaciones de impactos socioculturales de estos proyectos desarrollados en el Departamento Iglesia, en el Norte de San Juan, ponen en evidencia sustanciales debilidades de estas nuevas asociaciones ilícitas por su capacidad comprobada para atentar contra nuestras formas de vida. Es sabido que, hasta el momento, los reclamos llevados a cabo por las novedosas organizaciones de las Asambleas Ciudadanas2 en Argentina no han incorporado con mayor detenimiento y énfasis en su agenda habitual la discusión sobre los impactos arqueológicos sucedidos en relación a los proyectos mega-mineros3. Creemos que esta 1

Raúl Montenegro (Biólogo, UNC., Presidente de FUNAM, Premio Nobel Alternativo 2004, -RLA, Estocolmo, Suecia). Presentación oral en II Jornadas de Patrones de Desarrollo y Conflictos Socioambientales, Doctorado en Ciencias Humanas, Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Catamarca, 22 al 24 de Octubre de 2008. 2

Las Asambleas ciudadanas son nuevas formas de organización social autoconconvocadas que comenzaron a cristalizar a partir del año 2001. Ellas son un proceso de reelaboración colectiva sobre las formas actuales de emancipación. Su antecendente inmediato está representado por las luchas piqueteras, las cuales al igual que las asambleas pusieron en el tapete público nuevas formas de protagonismo social una vez descartadas las vías políticas tradicionales (Colectivo Situaciones 2002). Actualmente, las asambleas ciudadanas tienen diversas localizaciones y demandas a lo largo y a lo ancho de nuestro país, han sido adaptadas a través de nuevas formas de discusión, coordinación y pensamiento colectivo por todos aquellos que han decidido organizarse más allá de las formas clásicas de la política. Estas nuevas organizaciones sociales cristalizan nuevas formas para la construcción de vínculos sociales y están movilizadas por sobre las demandas de trabajo, comida y derechos, puede decirse que «su lucha es por la justicia y el cambio social (…) Las asambleas son un lugar de investigación práctica. Allí se está elaborando. Por eso, porque este es el valor de la experiencia, no hay peligro mayor que caer en la ilusión de ser una “alternativa de poder”» (Colectivo Situaciones 2002). Particularmente, en la provincia de San Juan, se destaca la presencia de la Asamblea Sanjuanina contra la Contaminación y el Saqueo, entre otras. 3

Aunque los reclamos vecinales por el saqueo y destrucción de lugares con sensibilidad arqueológica si está presente en las demandas sociales locales, es el caso de Famatina y Andalgalá en La Rioja y Catamarca respectivamente (Ver el documental crítico “Tierra Sublevada: Parte I. Oro Impuro” dirigido por Pino Solanas

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situación se debe a varias razones. Algunas de ellas se vinculan a la ausencia de participaciones activas de profesionales arqueólogos/as en este tipo de movilizaciones sociales4. De manera contraria, usualmente los/as arqueólogos/as hemos tendido a engrosar las filas de las largas listas de científicos contratados por Consultoras Medioambientales y empresas mineras, o bien hemos arbitrado a favor de los intereses estatales como contralores en las Evaluaciones de Impacto. Este es el lugar que nos ha sido dado y aceptado acríticamente en este juego de intereses individualistas y corporativos. La propia experiencia de una de las autoras de este escrito en la realización de Estudios de Impactos en proyectos mineros sirve a este ejemplo y, a la vez, es uno de los motores principales de nuestra crítica por que se funda en el conocimiento de la práctica operatoria de estos estudios y del aparato de dominación y control social funcionando a través de ellos 5. Por eso, no queremos detenernos en una crítica que niegue nuestro propio lugar, en tanto arqueólogos∕as y antropólogos∕as en la relación de saber-poder; muy por el contrario, nos hemos planteado proporcionar las herramientas necesarias a otros actores sociales para batallar juntos en contra de estas situaciones de despojo y saqueo a las que todos estamos siendo expuestos. En un marco más amplio, pero en el mismo sentido antes apuntado, otras de las razones más obvias consabidas para que el interés por los Impactos Arqueológicos en proyectos mega-mineros sea un ausente de los principales reclamos sociales de las Asambleas Ciudadanas (como sucede en San Juan), se debe a que, en un país con una historia colonialista como el nuestro, el valor social y cultural del patrimonio arqueológico, particularmente aquel vinculado a la historia aborigen previa al surgimiento de los Estados, aún no se visibiliza a nivel público como una herramienta de peso político estratégico fundamental para la lucha por la defensa de nuestras identidades frente al avance físico territorial de los capitales transnacionales. En este sentido, los valores sociales están siendo cada vez más constreñidos a la esfera ambiental, ocurriendo una dislocación, a veces intencionada, de aquello que nunca estuvo separado: Cultura y Naturaleza. Esto se debe a una larga historia de colonialismos que funcionaron en las epistemologías locales como dispositivos ideológicos que tienen el cometido de desviar las percepciones sociales del peso político que el patrimonio arqueológico puede llegar a tener en estas disputas sociales a nivel local y global. En relación a esto último hemos querido orientar nuestra presentación.

2009). Con esto queremos señalar que estas demandas, aunque si están presentes, no han sido establecidas como prioritarias en la agenda de acción de las organizaciones sociales. 4

Situación que está cambiando de matices. Un caso especial lo representa la provincia de Catamarca, en donde particularmente estudiantes de arqueología participan activamente de las organizaciones de asambleas ciudadanas en contra de las explotaciones mega-mineras. 5 Ivana Carina Jofré ha realizado Estudios de Impactos Arqueológicos para la Consultora Vector Argentina en fases de exploración del proyecto minero Filo Colorado (actualmente cerrado) operado por Xstrata Cooper en la provincia de Catamarca. Estos estudios de impactos y monitoreos relacionados se vieron interrumpidos por desacuerdos en los conceptos y directrices de los trabajos arqueológicos a realizar en el marco de las obras mineras dirigidas por la empresa.

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ALGUNOS ANTECEDENTES Y EL CONTEXTO DE LA CRÍTICA En los últimos diez años en la Argentina hay una mayor demanda de especialistas arqueólogos/as para peritar y controlar el movimiento de suelos y subsuelos por la posible afectación de yacimientos arqueológicos en obras de distinto tipo relacionadas a la expansión de los centros urbanos y a la explotación de recursos naturales de distintos tipos, particularmente, minerales e hidrocarburos en subsuelos. No obstante, esta actividad novedosa dentro del mercado laboral local requiere de una práctica arqueológica contractual que en la Argentina no goza de una tradición lo suficientemente madura como para proveer un cuerpo teórico-metodológico que pueda hacer frente a los distintos tipos de impactos a estudiar, corregir y/o mitigar. Mientras que la fuerte influencia de epistemologías positivistas en la arqueología argentina torna en un contexto científico-técnico cómplice de estos nuevos saqueos, por su perverso nivel de abstracción de sus responsabilidades ético-políticas. Es así que de un tiempo a esta parte, el patrimonio arqueológico vino a integrarse dentro del patrimonio cultural amenazado en el contexto de una economía orientada hacia un modelo extractivo con alto impacto ambiental y sociocultural. La creciente instalación de emprendimientos mineros en las áreas rurales con mayor sensibilidad arqueológica genera conflictos que, en algunas provincias, han tenido mayor visibilidad por su capacidad para permearse en los reclamos sociales, logrando su difusión en el ámbito público mediático (ver el caso presentado por Claps en este volumen). Este no es el caso de la provincia de San Juan; allí las destrucciones sistemáticas de sitios y lugares arqueológicos en las zonas afectadas por proyectos mineros, tales como: Mina Veladero, Gualcamayo, Poncha, Pachón y Pascual Lama, en el Norte y Oeste de la provincia, han sido tratados en la cocina trasera de las negociaciones entre universidades, Estado provincial y empresas privadas, sin la consulta ni participación activa de las comunidades afectadas. Provincias como Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta y Chubut poseen cierto recorrido –que no necesariamente se traduce en un aprendizaje positivo respecto al temaen cuanto al papel del patrimonio arqueológico como elemento de conflicto enfrentado con los nuevos intereses económicos provinciales, nacionales y globales. El caso del Proyecto Navidad en el Departamento Gastre de la Provincia de Chubut (ver el capítulo de Claps en este mismo volumen), es un ejemplo paradigmático puesto que, al estar ubicado en una Comunidad Indígena debió oponerse a lógicas distintas de territorialización de la memoria social y cultural de comunidades con más de un milenio en la región. En este sentido, los casos analizados por profesionales chilenos en comunidades indígenas y campesinas impactadas por proyectos mega-mineros en el vecino país pueden enseñarnos algunos ejemplos para aprender de ellos, tal como lo hace el libro de Nancy Yañez Fuenzalida y Raúl Molina Otarola (2009) denominado “La Gran Minería y los Derechos Indigenas en el Norte de Chile” y el libro “Pascua Lama: conflicto armado a nuestras espaldas”, de Bárbara Salinas y Javier Karmy (2009). Como profesionales antropólogos/as y arqueólogos/as, deberíamos cuestionarnos por estas conflictividades al asumir un trabajo de este tipo, porque irremediablemente al hacer caso omiso de estas realidades político-económicas estamos avalando aquello que decimos desconocer, o con lo cual no nos interesa involucrarnos para no develar nuestros

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propios intereses6. Situaciones como éstas deberían ponernos en jaque y hacer tambalear nuestras posturas académicas más enquistadas, las que tendenciosamente han encubierto posiciones de poder disfrazadas en la defensa acérrima de marcos legales conservacionistas y proteccionistas. Entonces, resulta al menos imperioso partir de una crítica que nos involucre, es decir, que contemple una reflexión ética sobre nuestra teoría y práctica arqueológica. Con ello estamos poniendo énfasis en la “dimensión política” de los Informes de Impactos Arqueológicos, allí radica nuestro peso político como intelectuales y profesionales comprometidos en una red de conflictos sociales, en los cuales estamos insertos desde el mismo momento en que aceptamos realizar un Estudio de Impacto. El caso del accionar de profesionales arqueólogos/as, y sus equivalentes, en proyectos mega-mineros en San Juan son un ejemplo perfecto de esto que aquí estamos denunciando. Para mostrarlo haremos un detalle pormenorizado de los aspectos metodológicos y teóricos de los Informes de Impactos Arqueológicos realizados en el Proyecto “Mina Veladero”. Finalmente avanzaremos sobre casos puntuales de interacción entre estas empresas transnacionales y las comunidades afectadas en el Departamento Iglesia poniendo de relevancia el papel crítico que están jugando los pobladores de la zona; en el marco de un programa político-económico provincial, apoyado fuertemente por los medios de difusión, absolutamente favorable al modelo mega-minero (Donadio 2009; Giovannini et al 2009; entre otros). ESTUDIOS Y EVALUACIONES DE IMPACTOS ARQUEOLÓGICOS. EL CASO “MINA VELADERO” Acerca del Primer Informe Ambiental (IIA), Etapa Exploración. El proyecto “Mina Veladero”, propiedad del Grupo Veladero y Ursulina Sur, cuyos titulares son el Instituto Provincial de Exploraciones y Explotaciones Mineras (IPPEM) y la empresa operadora Minera Argentina Gold S.A. (MAGSA) comenzó sus tareas de exploración en el Departamento de Iglesia, provincia de San Juan en el año 2000, correspondiendo su primer Informe de Impacto Ambiental (IIA) al período 2002-2003; informes con tres actualizaciones a cargo de la empresa Knight Piésold S.A. (Ver figura. 1 con ubicación del proyecto). Los Informes de Impactos Ambientales presentados de la Etapa de Exploración del Proyecto “Mina Veladero” incluyeron un primer informe arqueológico realizado por personal del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier” (en adelante IIAM), dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan7. Fue así que MAGSA, con respaldo del 6

Para un caso de reflexiones acerca de la práctica profesional en estudios de impactos para obras de emprendimientos mega-mineros puede consultarte el trabajo de Donadio (2009), el mismo da tratamiento al caso del rol de los ecólogos, con especial énfasis en la mega-minería en la Región Cuyo. Donadio también proporciona lecturas críticas de algunos aspectos débiles de los estudios de impactos de flora y fauna realizados en el Proyecto Mina Veladero, Pascua-Lama y Gualcamayo, entre otros. 7 Un primer informe fue realizado por el Dr. Alejandro García docente de la Universidad Nacional de San Juan e investigador de CONICET que por aquel entonces formaba parte del cuerpo de profesionales del IIAM (García 2001). Posteriormente se presentaron informes confeccionados por otros profesionales profesores Mariano Gambier, Catalina T. Micheli, Adriana Varela y Gabriela Riveros, de los cuales sólo los dos primeros, poseían una trayectoria de investigación equivalente a la de un arqueólogo (Michieli 2003a, 2003b; Riveros y Varela 2001).

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informe presentado por investigadores/as del IIAM, presentó un pedido de liberación de las áreas correspondientes a la Planta-Mina y el Camino Minero de acceso al proyecto. Acto seguido la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan rechazó este informe presentado por la empresa aludiendo graves falencias en los estudios realizados. El titular de la mencionada Subsecretaría, asesorado también por un profesional de la UNSJ8, rechazó el pedido de liberación del área en cuestión presentado por la empresa. Entre otras cosas, en aquel informe se sostenía que, “[los sitios arqueológicos detectados en el área] no representan un patrimonio importante, por lo que no se recomendó estudios más profundos ni medidas de conservación y o protección específica” “[IIA pp. 4].

Entre los puntos débiles e inconsistentes señalados en la Evaluación realizada por la Subsecretaría de Cultura9 de los mencionados Estudios de Impactos Arqueológicos se destacan, por ejemplo, la demarcación arbitraria de los criterios de valoración de los sitios arqueológicos detectados en la zona. Los profesionales del IIAM sostenían en aquel Informe de Impacto Arqueológico que, incluso, los sitios detectados que poseen evidencias arqueológicas carecen de relevancia arqueológica por su características estructurales no monumentales y por su mala preservación; por el tipo de registro relacionado a actividades de pastoreo y cacería, al parecer de poco o nulo valor histórico para los investigadores y; finalmente, también se los desestima por el carácter temporario de las ocupaciones transitorias. Por el contrario, sí consideraban como sitios arqueológicos relevantes a aquellos adscriptos por los autores como de filiación incaica, detectándose un tramo de camino que aseguran puede ser adscripto como parte de la red vial incaica, hecho que ha sido puesto en duda por otros investigadores, como el mismo García (2007) –más adelante retomaremos este importante punto-. La Subsecretaria también señaló como una grave falencia de este informe presentado por la empresa mega-minera, la falta de medidas de prevención de los impactos sobre los sitios arqueológicos detectados, sobre aquellos valorados positivamente por los profesionales consultados y también de aquellos no valorados arbitrariamente de acuerdo a los criterios problemáticos mencionados en el punto anterior. A raíz de esto, muchos sitios arqueológicos asentados en el tramo correspondiente a la Planta-Mina y el Camino Minero de acceso al proyecto fueron seriamente afectados directa e indirectamente. El informe no contemplaba medidas primarias ni secundarias para evitar la alteración sobre el área de afectación, los posibles efectos que a mediano y largo plazo pudieran sucederse a raíz del tránsito continuo de vehículos pesados y los futuros inconvenientes derivados del aprovechamiento turístico o del acceso de particulares al proyecto, todas estas situaciones que podrían verse potenciadas por el mejoramiento de los caminos (García 2005).

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El Dr. Alejandro García, docente de la UNSJ e investigador del CONICET, quien también realizó estudios previamente para la empresa, no sólo asesoró a la Secretaría si no que también ofició de contralor en las tareas de inspección en el terreno de los estudios arqueológicos realizados por otros equipos de arqueólogos en el proyecto Mina Veladero durante el 2003. Cabe decir aquí también que en informes arqueológicos posteriores, como aquellos realizados por Durán en el año 2005, 2007 y 2008 se menciona la dudosa calidad del relevamiento llevado a cabo por García en el 2001 para el proyecto Mina Veladero (Durán 2008). 9

Expedientes 106-0394-M-00 y 106-0348-N-01 de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan.

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También fueron señaladas otras inconsistencias sustanciales en dicho informe arqueológico, en donde se hace uso de un injustificado criterio temporal de los lugares detectados. Así, se descartan de los relevamientos los sitios arqueológicos producto de prácticas de arriería de épocas históricas más recientes, por citar un ejemplo. No obstante, aunque la misma Subsecretaría de Cultura señalara esta metodología como errada, o al menos problemática para la discriminación del valor cultural e histórico del patrimonio involucrado en este caso, es necesario decir que la misma Ley provincial N°6801 de protección del patrimonio arqueológico determina este criterio clasificatorio, por asesoramiento de los/as mismos/as profesionales que oficiaban de consultores en el Proyecto Mina Veladero. Es decir, que estamos asistiendo aquí a incoherencias arrastradas desde la base misma de las formulaciones a partir de las cuales se dice articular la protección y conservación del patrimonio arqueológico en la provincia. Adjunto a aquel rechazo del informe presentado por Barrick Gold, la Subsecretaría de Cultura de la Provincia solicitó a la empresa la elaboración de un nuevo plan de estudio, al cual debía adjuntarse un plan de protección y monitoreo de las obras en relación a la preservación del patrimonio arqueológico de la zona afectada directa e indirectamente por el proyecto (García 2005). También se pactó con la empresa la contratación de nuevos profesionales idóneos para la realización de estas tareas; a partir de ello la empresa contrató los servicios de una Consultora Arqueológica con sede en Jujuy bajo la dirección del Dr. Jorge Kulemeyer (Kulemeyer 2003). De esta manera se diagramó un nuevo plan de trabajo denominado “Plan de estudio del patrimonio arqueológico del Proyecto Minero Veladero”, en el cual se establecieron tres sectores a trabajar en el nuevo estudio de impacto: 1) Mina-Planta; 2) Camino Minero entre Portezuelo de Conconta y Campamento Veladero; 3) Camino Minero entre By-Pass Tudcum y Portezuelo de Conconta (MAGSA 2003). Debido a la urgencia de liberación del área Planta-Mina, se coincidió en que ésta sería el área en la que se concentrarían los primeros estudios (García 2005). El nuevo equipo de arqueólogos contratados se abocó a realizar inmediatamente tareas de prospección y excavación en la Planta Mina y zonas aledañas. La metodología optada fue la de rescate, puesto que el área ya había sido liberada según la Declaración de Evaluación de Impacto Ambiental (emitida por el Honorable Consejo de Minería de San Juan en su Resol N° 371-HCM-03 del 3 de noviembre de 2003), para la construcción efectiva de la Planta Mina del proyecto, situación que cambiaba la carátula del trabajo encomendado al nuevo equipo de arqueólogos, en vista de los graves manejos ocurridos hasta el momento. Ya no se trataba de un Estudio de Impacto Arqueológico previo a la realización de las obras, sino que se estaba llevando a cabo un trabajo de registro y rescate apresurado de todo aquello que pudiera ser inconveniente al proyecto minero. Por este motivo, inusualmente, se realizaron tareas de excavación arqueológica al mismo tiempo que se realizaban voladuras a escasos metros de los sitios arqueológicos (comunicación personal de arqueólogos que participaron en estas tareas). El “Plan de estudio del patrimonio arqueológico del Proyecto Minero Veladero” se convirtió en un inventario apresurado, aunque exhaustivo, de los sitios arqueológicos en la zona, su registro y recuperación inmediata para la consecución de las obras. En aquel contexto son evidentes las razones por las cuales los Informes de Impacto Arqueológico de la Fase de Exploración del proyecto en cuestión no integran el material disponible on line en la Página Web de la Secretaria de Minería de la Provincia, y su manejo quedó restringido al conocimiento de los organismos provinciales de incumbencia y los profesionales a cargo de las tareas. De hecho, los sucesivos informes 15

parciales que fueron entregados por el nuevo equipo de arqueólogos contratados en el 2003 tampoco se encuentran disponibles públicamente y su acceso es bastante restringido, tal cual hemos podido comprobar. Por último vale que remarquemos algo muy importante del caso, y es que luego del rechazo de los informes arqueológicos al comienzo de las obras de exploración del proyecto Veladero, Barrick Gold volvió a contratar los servicios de profesionales del IIAMUNSJ para tareas de orden arqueológico luego de cancelar al equipo de Kulemenyer. Esto demuestra que la ética profesional de los gerentes de la empresa no tiene un compromiso “responsable” para con los estudios y trabajos que realizan en el proyecto mega-minero, y la contratación de profesionales no depende de su competencia científica y profesional, simplemente se ajusta a los intereses económicos de la empresa. Análisis del Informe de Impacto Ambiental (IIA) Mina Veladero, Etapa Explotación, Primera Actualización. La Primera Actualización del Informe de Impacto Ambiental de la Etapa de Exploración del Proyecto Mina Veladero fue realizada en el año 2005 por otra empresa consultora denominada ERM Argentina S.A. Enviromental Resources Management. Esta actualización incluye, en la versión on line, información pertinente a la parte arqueológica, esta vez, a cargo del Dr. Víctor Durán investigador del CRICYT y docente de la Universidad Nacional de Cuyo. Recordará el lector que, como bien acabamos de mencionar líneas arriba, el primer Informe de Estudios de Impactos Arqueológicos del proyecto Mina Veladero fue rechazado en el 2003 por la Subsecretaria de Cultura de la provincia de San Juan en razón de la precaria calidad de la información presentada por parte del equipo profesional del IIAM UNSJ. Sin embargo, en esta primera actualización del IIA del proyecto, en el Vol 1, Sección 2.11 correspondiente a la Descripción Ambiental se toma como referencia la información presentada en aquel primer informe arqueológico anteriormente desestimado por las autoridades competentes. Sobra decir que la mala calidad científico-técnica del primer informe arqueológico lo invalida para su uso en las próximas tareas de estudios de impacto en el proyecto. No obstante, en la actualización del IIA 2005 se menciona, “La definición de la importancia de los sitios identificados se llevó a cabo a través de visitas de inspección del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo (IIAM), dependiente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), para el área Mina-Planta, así como para el área Camino Minero (…). Dentro del área Mina-Planta, se identificaron 20 conjuntos o sitios arqueológicos. La totalidad de los hallazgos consisten en estructuras pircadas construidas. Personal del IIAM visitó los sitios. Estimaron que no resultaba necesario realizar estudios adicionales en el área Mina Veladero, que no se recomendaban medidas para su conservación respecto a los sitios mencionados (…). Sobre la base de lo anterior, el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo, dependiente de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) agregó que, “No se considera necesario la realización de estudios arqueológicos más profundos sobre las construcciones modernas, probablemente relacionadas con la actividad minera en la zona desde mediados del Siglo XX y los atribuibles a puesteros de la región” (Mina Veladero,

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Primera Actualización IIA, Etapa Exploración, ERM Argentina S.A 2005: Sección 2, Pág. 42-44, cursivas propias del original).

También en la Primera Actualización del IIA del proyecto Mina Veladero presentada en el 2005 se omiten menciones sustanciales para el público en general, tales como el hecho del rechazo de aquel primer informe arqueológico. Este último, incluso se cita como antecedente versado y confiable en materia arqueológica, tal cual podemos ver en la cita anterior, finalmente, también se omiten las menciones pertinentes a los trabajos llevados a cabo por el segundo equipo de arqueólogos/as dirigidos por el Dr. Kulemenyer en el 2003. En la Primera Actualización del IIA presentado por ERM Argentina S.A. para Barrick Gold sólo se menciona escuetamente la detección de sitios arqueólogos en el proyecto minero, un grupo grande clasificado como petroglifos (se declara 100 unidades de rocas grabadas) detectados en el sector denominado Los Peñasquitos en el Paso de Conconta, y sitios arqueológicos tipo aleros y pircados correspondientes a asentamientos temporarios vinculados a actividades de caza y pastoreo en tramos del Río Valle del Cura, Río Blanco, Arroyo del Gollete y Arroyo de los Despoblados, según se menciona, similares a los detectados en el área denominada Mina-Planta. También se refiere, aunque muy sucintamente, la presencia de sitios arqueológicos, sin determinar su número, características, ni posición en relación a las obras, en el área del By-Pass Tudcum. La única descripción que acompaña es la siguiente: “El material arqueológico del By-pass Tudcúm, no es morfológicamente homogéneo, presenta además diferencias de pátinas y modificación por acción del viento que sugieren la presencia del hombre en distintos momentos” (Primera Actualización IIA, Etapa Exploración, ERM Argentina S.A .2005: Sección 2, Pág. 45).

En este “escueto resumen” no se proporcionan datos sobre las posiciones geográficas exactas de los sitios arqueológicos, sus características para dar cuenta de su existencia y valor histórico-sociocultural y, lo más importante, su relación de proximidad con las obras del proyecto. Sólo se menciona, al pasar, que el Camino Minero será desplazado hacia el sur, sin determinar a cuanta distancia del sector de petroglifos de Conconta en Los Peñasquitos, el cual se encuentra aparentemente sólo a 650 m de las obras dentro de lo que debería llamarse “zona de afección” de las obras10. Incluso se dice: “Se encontraron grabados en las inmediaciones del río Conconta, en el lugar denominado Peñasquitos. Las manifestaciones que aquí se describen se encuentran muy próximas al camino de acceso (desde uno a unas decenas de metros de distancia del mismo)”. (Primera Actualización IIA, Etapa Exploración, ERM Argentina S.A 2005: Sección 2, Pág. 44. Los resaltados en negritas son nuestros).

De esto último se desprende y resulta obvio, inclusive para cualquier ojo inexperto en el tema, que no han habido aquí estudios de impactos previos a la construcción de las huellas mineras utilizadas o, en su caso, recomendaciones de inhabilitar estas sendas desviando su recorrido- si es que estas ya habían sido construidas o estaban en uso por parte de otros proyectos en la zona, para evitar el impacto directo e indirecto de las obras Los estudios de impactos presentados por la empresa en materia arqueológica no poseen un manejo de categorías de los tipos de impactos vinculados a medidas de corrección y o mitigación tal y como se emplean en metodologías arqueológicas conocidas en la bibliografía especializada (Haber 1999, entre otros). 10

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y del tránsito asociado a las mismas sobre los petroglifos de la Quebrada de Conconta. Esta desprolijidad intencionada e inaceptable ya fue señalada por la Secretaría de Cultura para el caso de los primeros estudios de impactos arqueológicos realizados por la empresa; aquí podemos apreciar que, a dos años del primer informe, estos graves impactos no fueron corregidos y∕o mitigados por la empresa. Finalmente, cabe señalar que tampoco se anexan gráficos ni mapas de estas localizaciones referidas en el texto del IIA 2005. En este estado de la descripción proporcionada es imposible para lector de aquel informe tener una apreciación aproximada del tipo de medidas adoptadas para evitar y∕o mitigar los impactos directos o indirectos que pudieran producirse sobre los conjuntos arqueológicos detectados. Esta descripción editada no representa ni siquiera una declaración aceptable de los conjuntos identificados en la zona, pudiéndose manipular el número y cualidades de los mismos. Sólo se establece que hay sitios arqueólogos en algunos sectores del proyecto como en el Área Planta Mina y alrededores del Camino Minero de acceso al proyecto, estos están dispersos más o menos de manera similar, y responden más o menos a las mismas prácticas humanas pretéritas que, para el caso, da lo mismo. Sirva como ejemplo de esto la descripción proporcionada de los conjuntos de petroglifos de las inmediaciones del río Conconta que se hace en este mismo informe: “Se documentan figuras geométricas (con trazos rectilíneas y curvas), zoomorfas, probablemente representaciones de camélidos, en la mayoría de los casos, y antropomorfos”. (Mina Veladero, Primera Actualización IIA, Etapa Exploración, ERM Argentina S.A. 2005: Sección 2, Pág. 44).

En la actualización del IIA del 2005 se menciona: “Los recintos pircados identificados en los sectores del río de Valle del Cura, Río Blanco, Arroyo Gollete y Arroyo de los Despoblados comparten las mismas características que los recintos identificados en el área Mina-Planta. Todos estos recintos muestran ocupaciones esporádicas vinculadas posiblemente, con el pastoreo, cacería arreo de ganado y actividades mineras. No se recomendaron estudios más profundos, ni medidas de conservación y∕o protección específica sobre estos” (Mina Veladero, Primera Actualización IIA Etapa de Exploración, ERM Argentina S.A. 2005: Sección 2: Pág. 43).

Es decir, en este informe se cae en las mismas apreciaciones conflictivas del Informe de Impactos Arqueológicos rechazado por la Subsecretaría de Cultura. Se sugiere que estos recintos ocupacionales arqueológicos pertenecen a actividades consideradas “comunes” en la región –pastoreo, cacería, arreo de ganado y actividades mineras- y que poseen una presumible filiación cronológica tardía (cronologías que tampoco están bien explicitadas en este informe) por lo cual no ameritan ni su estudio, ni conservación y protección para su preservación en el futuro. O sea, más claramente, para los profesionales en cuestión esto significa que: “no tienen valor histórico, cultural y social alguno para el presente ni futuro de las investigaciones”. De esta manera, estos Estudios de Impactos Arqueológicos en el Proyecto “Mina Veladero” desestiman el “punto de vista local” en sus valoraciones respecto al denominado patrimonio cultural y arqueológico, el cual pasa a ser una construcción reificada basada en las objetivaciones externas –foráneas cultural y socialmente hablando- que hacen los arqueólogos/as y que tienen claras consecuencias políticas en la trama conflictual que estamos analizando. Esta observación también podemos hacerla extensiva a todos los proyectos mineros de la provincia.

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Las valoraciones científicas de estos informes están construidas sólo en función de los intereses de investigación de los/as arqueólogos/as, este es el único parámetro de interpretación que se emplea en estos estudios, excluyendo de plano las auto-narraciones de las comunidades involucradas. Esto involucra la unificación de un criterio de verdad objetivo y empirista obsecuente con los actores sociales mejor posicionados en la relación de poder, es decir: los agentes del Estado provincial y de la empresa privada transnacional. Como parte de aquellas interpretaciones científicas excluyente y exclusivas (porque excluyen la autonarración de los sujetos y comunidades locales, al mismo tiempo que sólo incluyen una visión particular y segmentaria de la historia local) podemos apreciar que en estos informes, los lugares, inmuebles y objetos considerados por los/as arqueólogos/as como de valor histórico, social y cultural son sólo aquellos que para ellos tiene un valor excepcional, ya sea por su cualidad monumental, estética, y/o única por su excepcional conservación. Estas valoraciones se hacen sobre cualidades físicas visibles de estos elementos, adhiriendo a una visión que combina una triple acepción: fisicalista, objetivista y empirista de aquello que se transforma lingüísticamente (mecanismo de disciplinamiento, de reconocimiento y nominación dentro del mundo de las ordenaciones clasificatorias de la arqueología) como “registro arqueológico”, “cultural material”, “patrimonio arqueológico”, “evidencia arqueológica” etc. Estas clasificaciones dar lugar a una descripción objetivista que desvincula el pasado del presente de las comunidades para su dominación y control (Haber y Scribano 1993; Haber 2006, 2008; Jofré 2009). Sobran casos que ejemplifican en el ámbito local el enarbolamiento de las narrativas arqueológicas excluyentes y exclusivas antes mencionadas, las cuales también se convierten sensacionalmente en la vedette de los medios locales. Alcanza con mencionar solamente la amplia difusión mediática que tuvo en la provincia de San Juan el supuesto hallazgo de un tramo de camino incaico en el Proyecto minero Gualcamayo en el Departamento Jáchal durante el 2008, o la resonada propaganda que tuvieron las instalaciones, supuestamente adscriptas como incaicas, en la Cuesta de Vallejos, Quebrada de Conconta que, inclusive, fueron propuestas ante la UNESCO para integrar el itinerario cultural del proyecto multinacional Qapaq-Ñan o Camino del Inca (Diario de Cuyo edición del 6 y 7 de noviembre de 2007; Diario UNO de Mendoza edición digital del 2 de noviembre de 2007)11 . Medidas de preservación y conservación adoptadas en Mina Veladero. Respecto a las medidas de conservación y preservación que estos informen manejan podemos observar que en el Volumen 2, Sección 4.2.7.1 de esta actualización del IIA 2005 se mencionan los resultados del monitoreo realizado por el Dr. Víctor Durán en el sitio Petroglifos de Conconta desde diciembre de 2004 hasta mayo de 2005. En este 11

Esto generó un incidente protagonizado por la propia Dra. Catalina Teresa Michieli (en los años 20062007), tras ser denunciada públicamente por el Dr. Alejandro García en el medio académico-científico y en el ámbito público mediático provincial. Este último criticó la adscripción incaica de las instalaciones en la Quebrada de Conconta (dentro del área de afección del Proyecto Mina Veladero) descalificándola como falsa. Para otro desarrollo de este caso ver el artículo de Jofré, Biasatti y González en este mismo volumen.

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punto la consultora hace una escueta cita del informe del profesional elevado a la empresa en donde se dice que se constata que en, “la mayor parte de los casos, la medidas de protección han sido efectivas y los sitios no han recibido alteraciones durante la ejecución de las obras del camino y tampoco en el periodo posterior” (Durán 2005: 10) (Mina Veladero, Primera Actualización IIA Etapa de Exploración, ERM Argentina S.A. 2005: Sección 4.2.7.1: Pág. 24).

La empresa parece olvidar que nunca se menciona en este informe general cuales han sido las medidas de protección que se habían asumido en el Plan de Gestión Ambiental IIA de Exploración, a partir de lo cual es imposible para el lector de este informe hacer una evaluación del accionar de la empresa y sus profesionales en tales casos. Esta descripción de las tareas de protección y preservación de los sitios arqueológicos en el Proyecto Veladero “edita” convenientemente información pública relevante respecto al tema así, por ejemplo, el profesional a cargo de estos monitoreos informa que sólo una gran parte de los petroglifos ubicados en la Quebrada de Conconta no han sido afectados por las obras, mientras que un pequeño número de ellos no queda sujeto a esta afirmación (ver informe Durán 2005). No se menciona cuáles son los petroglifos afectados y en qué estado se encuentran. No se proporcionan datos detallados de las metodologías empleadas en estos monitoreos, dado que justamente ello permitiría al lector conocer las lógicas de control y estudio de estos impactos sobre los petroglifos mencionados, de estos últimos se editan sus localizaciones y situación de conservación antes, durante y después de las obras. Así por ejemplo, en la sección 4.4.7.4 del mismo Volumen 2 del IIA 2005, titulada Impacto sobre el patrimonio histórico, cultural, arqueológico y paleontológico se sostiene que: “Los objetivos principales de esta sección son: -Identificar y valorar los impactos ambientales y o sociales asociados al ajuste del proyecto, tanto negativos como positivos, de potencial ocurrencia a partir de una acción dada sobre el medio determinado (físico, biológico, económico, cultural, etc.) con el fin de establecer medidas de mitigación, atenuación y o supresión de los impactos negativos de mayor significación o trascendencia; éstas últimas serán descriptas con detalle en la Sección 5 Plan de Manejo Ambiental del presente documento”. (Mina Veladero, Primera Actualización IIA Etapa de Exploración, ERM Argentina S.A. 2005: Sección 4.4: Pág. 86).

Sin embargo, en este estado de la cuestión podríamos asumir que, no obstante lo citado en el informe, los objetivos no parecen cumplirse, ya que no se ponen en consideración los elementos necesarios para hacer las valoraciones de los Impactos Arqueológicos. Las descripciones proporcionadas en estos IIA generales no poseen la información necesaria para ser consideradas como relevamientos satisfactorios del patrimonio comprometido y de los impactos identificados. Se dice que: “Todos los sitios de interés arqueológico emplazados dentro del área mina-planta fueron tratados de la siguiente manera: -sometidos a rescates arqueológicos antes de su afectación total; --protegidos con alambrados si se localizaban próximos a zonas de actividad minera; o -preservados si se localizaban alejados de las áreas modificadas por el proyecto (ver Sección 4.3.7)”. (Mina Veladero, Primera Actualización IIA Etapa de Exploración, ERM Argentina S.A. 2005: Sección 4.4: Pág. 86).

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Pero no se proporcionan los argumentos que justifican “los rescates arqueológicos” en las zonas llamadas de “afección total”, no se dice cuáles son estas áreas tampoco. Esto es un punto muy importante dado que un Estudio de Impacto tiene el principal objetivo de anticipar los posibles impactos a suceder como consecuencia directa o indirecta en la obra en cuestión, a partir de lo cual se pueden establecer estrategias dirigidas a evitar los impactos negativos identificados. En el caso que aquí nos encontramos analizando, los referentes teórico-metodológicos empleados en los estudios no tienen este cometido, es por esa razón que no se hace necesario para la empresa justificar la “erradicación” de emplazamientos arqueológicos en las zonas de las obras. El caso sucedido en el 2003 en este proyecto ejemplifica claramente esta situación. En esta actualización del IIA 2005 se señalan que los potenciales impactos identificados en las obras están en relación directa a acciones de tipo antrópico producidas por el personal de la empresa y/o contratistas, a partir de lo cual MAGSA, por recomendación de los consultores arqueólogos contratados, propuso a la Subsecretaría de Cultura de la Provincia las siguientes medidas de prevención y mitigación de Impactos Ambientales: a) Homogeneizar la denominación dada a los sitios arqueológicos, ya que un mismo sitio es nombrado en forma diferente en distintos informes citados en la Sección 4. b) Colocar un cartel con el nombre de identificación de cada sitio arqueológico identificado y emplazado, tanto en las adyacencias del Camino Minero que comunica el campamento con la mina, dentro del área Mina-Planta. Además, el cartel contendrá el número de la ley provincial de protección del patrimonio arqueológico; c) Disponer que todos los sitios arqueológicos cuenten con la información de sus coordenadas geográficas; d) Instalar en terreno mojones de cemento desde donde replanteará anualmente el monitoreo del Campo de Petroglifos de Peñasquitos, preferentemente se realizará durante la estación estival; e) Realizar un nuevo relevamiento de los Petroglifos de la Quebrada de Peñasquitos, identificados como área A, B, C, D y E, una vez cumplida la medida anterior –punto d; f) Realizar los relevamientos del área en el área conocida como Cantera 5, localizada en las cercanías de los Petroglifos de Peñasquitos del Camino Minero. El área también deberá ser amojonada con puntos fijos para facilitar las tareas de monitoreo en el tiempo. Además, MAGSA evaluará la colocación de una tranquera o valla que impida el ingreso al área por huella vehicular que sale del camino principal; g) Profundizar la problemática arqueológica –patrimonial en los cursos de inducción dictados a empleados de MAGSA y sus contratistas (Mina Veladero, Primera Actualización IIA Etapa de Exploración, ERM Argentina S.A. 2005: Sección 5.2.6.2: Págs. 12-13).

Puede observarse que sólo el último punto puede ser considerado como medida de prevención, mientras que todos los demás puntos se corresponden con tareas de orden técnico-metodológico que solamente sirven a los fines de establecer los controles o monitoreos, no son en sí mismos procedimientos de preservación y o mitigación de impactos. Por otra parte, y en el mismo sentido, la colocación de carteles con información de coordenadas, nombres de los sitios (dados por los arqueólogos, no por parte de la

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comunidad) y los datos de la ley patrimonial N°6.80112 son parte del mismo aparato de control que excluye las autonarraciones de los sujetos y comunidades afectados por la presencia de las obras dirigidas por la empresa transnacional en el lugar. No perdamos de vista que estos impactos directos e indirectos sobre el lugar son ocasionados por las obras de la empresa, desde este punto de vista la instalación y mantenimiento de carteles solo sirve para evitar que el mismo personal de la empresa rompa o sustraiga objetos arqueológicos o destruya inmuebles históricos en sus trabajos. Los carteles y alambrados ilustran materialmente la apropiación estatal de “las cosas de indios”, “las cosas de nuestros abuelos”, “las tamberías”, “los reparitos usados para pastorear en la cordillera”, “las cayanas de los indios”, “las piedras pintadas”, “las marcas de arriería de los viejos o antiguos” y muchas denominaciones o categorías lingüísticas de la experiencia próxima (Geertz 1994) de los pobladores de la zona. El cartel simboliza una apropiación violenta de paisajes y lugares que poseen significados sociales y culturales múltiples en un continum histórico para las identidades de los lugareños; mismos paisajes y lugares con memoria social que de un día para otro pasaron a ser importantes para la reproducción-expansión del capital y vueltos a resignificar, pero está vez dentro de la racionalidad instrumental acomodada a los intereses político-económicos neoliberales del gobierno provincial y nacional de turno. En este caso en donde el conflicto histórico de expropiación de las comunidades se enfrenta al Estado en connivencia con los capitales transnacionales, la apropiación estatal es reforzada, protegida y subvencionada por la empresa, que dentro de una juego de “ficción proteccionista” (como mencionáramos antes en otro trabajo, ver Jofré, Biasatti y González en este mismo volumen), se coloca en el papel de mecenas protectora del patrimonio arqueológico local, según sus dichos, “por el bien de la comunidad”. Claro está, y como venimos viendo, en este juego de ficciones, la comunidad ha sido excluida de la participación en la escena desde el mismo momento en que aquello que para los pobladores es parte de su cotidianidad histórica desde generaciones anteriores pasó a ser reconocido y nombrado (disciplinado) como “patrimonio arqueológico” de la provincia y para “las generaciones futuras”. Avanzando en nuestras lecturas de los informes de Barrick Gold, notamos que a partir de los monitoreos dirigidos por el Dr. Durán en el 2007 y 2008 el mismo notifica acerca del mal estado de las cartelerías y cerramientos realizados para cada sitio arqueológico, y propone reforzar con cursos de formación e instrucción de mayor intensidad para el personal de la empresa que, en este caso deben servir para procurar el cuidado sobre estos inmuebles de valor. Es decir, las medidas de preservación optadas desconocen la realidad social local, e insisten en no incluir las visiones nativas de las narraciones locales constituidas por otros significados y valoraciones que el patrimonio arqueológico, enunciado de múltiples formas y maneras, puede tener para las comunidades. Respecto a esto hemos podido recopilar en la zona varias menciones de puesteros que se expresan en contra de esa “invasión al paisaje local”, la misma opera, por ejemplo, como un corte abrupto en las prácticas tradicionales de ganadería. Un puestero oriundo de Tudcum13, que realiza viajes periódicos a la zona alta en puestos tales como Romo y Pancha, nos dice al respecto: 12

Para un lectura crítica detallada de la Ley provincial N°6.801 se puede consultar Jofré et al 2009. Otras críticas a esta legislación pueden encontrarse en el capítulo de Jofré, Biasatti y González en este mismo volumen.

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“Desde siempre hemos andado por la cordillera sin necesitar de carteles y alambres que nos digan que esto es importante… mi padre y mi abuelo usaban esas casas y reparos de indios para dormir cuidando y arriando los animalitos… y ahora estos vienen a decirnos que esto es importante para la provincia… ya no podemos andar por cualquier lado y elegir las mejores sendas…” (Puestero de Tudcum, Noviembre 2008).

Por su parte, es importante señalar que las afecciones de los lugares con sensibilidad arqueológica en el marco de las obras de “Mina Veladero” no se consideran como parte de las Modificaciones Paisajísticas citadas en este informe (ver Volumen 2, Sección 4.3.1.6 de esta actualización de ERM Argentina S.A. 2005). Como tampoco se considera que la cultura material arqueológica –mueble e inmueble- es parte activa de la constitución y construcción de identidades locales, esto se entiende en las separaciones convenientes que se hacen de las áreas temáticas informadas en el IIA presentado. Aquella desvinculación entre cultura material arqueológica (sea indígena o no) y paisajes naturales y comunidad social puede apreciarse en el propio manejo del sitio Petroglifos de Conconta. Allí las trazas de acceso al proyecto minero surcan las zonas sensibles resguardadas por irruptivos “corralitos” señalizados con carteles que advierten “No Tocar”, cuando las trazas mineras han sido emplazadas a pocos metros del área a preservar (ver fotos en los informes de Durán 2007 y 2008). Idénticos manejos hemos podido observar en otras áreas arqueológicas comprometidas por distintos proyectos mineros, como es el caso de los trabajos realizados por profesionales del IIAM, en el Campo de las Juntas de Colangüil y sectores aledaños (ver Figuras 2 y 3 en donde se muestran fotografías de los petroglifos “protegidos” en Colangüil). Las preservaciones parecen estar dirigidas a resguardar los restos arqueológicos de los propios pobladores de la región, mientras que la empresa transnacional se convierte en necesario actor de protección, ya sea porque el Estado (en cualquiera de sus niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal) demanda su intervención, como planteamos más arriba, o porque este último se encuentra ausente en el cumplimiento de sus compromisos sociales para con las comunidades. Cualquiera de las dos modalidades termina estimulando el engranaje de los negociados entre ambos. Esta lógica “proteccionista” también opera en otros aspectos de la vida de las comunidades del departamento (tanto en educación, salud y administración político-económica, entre otros, sumándose también la Iglesia cristiana a través de propagandas que promueven la aceptación de este nuevo estado de asistencialismo impuesto y estratégicamente diagramado a través de los Programas de Apoyo y Desarrollo de Barrick Gold)14.

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En este trabajo hemos decidido no mencionar los nombres de los pobladores entrevistados para proteger su identidad en el conflicto social. 14 Ver, por ejemplo, Anexo 4-N de la Primera Actualización del IIA preparado en 2005 por Enviromental Resources Management Argentina S.A. o la revista de Barrick Gold con publicación internacional denominada Beyond Borders en su edición de Marzo y Octubre de 2008 en donde se promocionan las actividades realizadas en el Departamento de Iglesia en San Juan, junto a otras comunidades del mundo afectadas por sus mega-proyectos mineros.

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RELACIONES ENTRE LAS MEGA-MINERAS, LA ARQUEOLOGÍA Y LAS COMUNIDADES LOCALES. ACERCA DE PLANES Y PROYECTOS EN LA ESFERA CULTURAL En comunidades como Angualasto y Malímán, en el Norte del Departamento Iglesia, las percepciones locales no son muy diferentes respecto a la presencia de los emprendimientos mineros en la zona, e incluso, existen denuncias acerca del dudoso accionar de estos nuevos actores económicos con gran poder político asentados en la alta montaña. Estos, según los pobladores, no sólo no cumplieron sus promesas de estimular y promover el “desarrollo local”, sino que además son una peligrosa nueva amenaza (se suman a las viejas amenazas que siempre representaron los turistas y los arqueólogos) a la integridad cultural de las comunidades, con la complicidad del Estado gracias al amparo del gobierno de turno. “(…) bueno el tema de la minería es medio como quien dice como, yo vengo y a usted le doy este espejito, a usted le doy este espejito ¡y nada más! Distintos espejos de todos colores nacen por distintos lugares… ¿Y qué hacen? Acá a Angualasto, bueno… vinieron a dos instituciones más o menos les quisieron, como quien dice, darle algo para decir ‘bueno… que no molesten… que se queden callados la boca y que no jodan con eso de la minería’. Y hablando de la parte cultura de las empresas mineras (…) y mirando y analizando la situación en base como ha venido trabajando la gente de minería con la cuestión arqueológica, muy regularmente, muy regularmente… ¿Por qué? Porque, como vieron que hubo gente que se empezó a preocupar por el tema arqueológico acá en Iglesia (…) porque entraron a sonar campanas en los medios radiales, en ver los párrafos escritos en el diario…por esto… ellos no lo tenían en cuenta al tema arqueológico. Cuando ellos empezaron a ver que hubieron gente que se empezó a preocupar, ellos recién empezaron interactuar en base a la cuestión arqueológica. No hace mucho que han empezado a trabajar con eso. Pero, a los contactos que yo he tenido con gente que trabaja allá arriba, en las mineras ¡es otra cosa! ¡a lo que ellos muestran! (…) ¡El despelotaje que han hecho esos chinos, con la parte arqueológica, y las cosas que se han llevado! ¡Es terrible! Y después salen con una denuncia… que sí, que en tal lado y tal lado se desapareció tal pieza arqueológica de mucho valor, y que la minera tal está investigando quien fue o cual… siendo que el mismo grupo está… obviamente… ¡son cosas muy fuertes!… y a veces uno se siente medio comprometido al decir estas cosas, pero… medio que suena como que uno dice ¡este es un bruto!... pero no, es la realidad (Poblador de Angualasto, entrevista realizada en Angualato, Iglesia, Noviembre 2006). “Poblador: (…) en una de las discusiones que hubo me dijo (un agente contratado por MAGSA) ‘mirá…, disculpame que te lo diga pero vos sos el único pelotudo que está en contra todavía, los demás no’, -‘está bien, está bien… o vos crees que yo… no! boludo, pero ya está todo cantado y vos estás hablando… yo tengo mis principios ¿o me los vas a cambiar?’ ¡No! Dice. No te los quiero cambiar’. Y esas apretadas las tienen todos los demás, todos, todos los que te imaginas todos los que se mancaron, por ejemplo, el caso de Tudcum. Diego Escolar: Tudcum se manifestó Poblador: Si, Tudcum dos veces, hasta en la segunda vez me contaron que… hasta la policía… Carina Jofré: …en Buenos Aires ¿qué pasó?…

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Poblador: Estuvimos en el tema del congreso nacional de medio ambiente, y ahí estuvimos con gente de Gualeguaychú, la gente de Catamarca, la gente de Perú, eh, bueno, que se yo, y esas… me invitó la gente de Catamarca y de Perú a ver unos videos a ver como la población humana y animal desaparecieron por el tema minero… O sea, Barrick dice, donde más me llama la atención “Minera responsable”, ninguna minera es responsable (…) Les cuento una historia para que… Vos sabes que en una reunión de este tipo, me dice un tal, no sé, un biólogo: ‘Mirá, nosotros pensamos que va a quedar lo mismo que está, cuando nosotros nos vayamos, cuando la minera se vaya, cuando Barrick se vaya, va a quedar todo como está. ¿Disculpe? Le digo: ¿Le puedo hacer una pregunta? Si, como no, me dice. Le digo yo, por ejemplo, rompo esta piedra, la quiebro ¿va a quedar igual después? Dice, claro. Le digo, ¿Cómo va a quedar igual? ¡Estamos locos entonces! ¿Esto va a quedar igual? (…) está bien, si vos… imaginá un padre que tiene cuatro chicos y nunca tuvo laburo y ahora tiene mil pesos, mil quinientos pesos, en una cosa así, y bueno… de 50 pesos a mil pesos, aparte de eso las mineras se están aprovechando de la mala situación que hay, de los pobres ¿No es cierto? eso es todo… (…) y esto que estoy diciendo… la minería es una mafia, la minería y el gobierno es una mafia, y sigue y sigue, es duro (…) Lo que pasa es que es una realidad, se están riéndose de nosotros en la cara y lamentablemente no podemos hacer nada… (Entrevista realizada en Malimán, Iglesia, Noviembre 2006)

El caso del Proyecto para “la Aldea Angualasto”. Más de alambrados y proteccionismos… En el año 2007 se planificó la ejecución de un proyecto turístico cultural que tenía como protagonista, una vez más, a la aldea de Angualasto. Ideado y diagramado por personal del IIAM de la UNSJ y la Dirección de Patrimonio Cultural dependiente de la Subsecretaria de Cultura de la Provincia de San Juan, el proyecto planifica la construcción de una serie de instalaciones, entre las cuales se encuentra un nuevo predio para salas de exposiciones arqueológicas, laboratorios y un complejo turístico con hospedaje, entre otros. Pensado como proyecto turístico cultural prevé la supuesta generación de puestos de trabajo para los pobladores, aunque su mayor atención está focalizada en la generación de recursos económicos para la provincia y el Municipio de Iglesia. Uno de los puntos que contiene el proyecto es el cercado de la aldea arqueológica, tema crucial que ha generado controversias dentro de la comunidad debido, especialmente, al impacto que esto podría ocasionar en la vida diaria de los pobladores. El proyecto en cuestión tiene la particularidad de haber sido formulado sin la participación de la comunidad; ésta sólo tuvo conocimiento de la posibilidad del cercamiento a través de uno de los diarios locales, es decir, no se tienen noticias de, por ejemplo, quienes son los gestores de estas iniciativas y las características generales del proyecto. En el 2008, se llevó a cabo la firma de un convenio entre la Subsecretaría de Cultura de la Provincia y el Municipio de Iglesia para la viabilización del proyecto a través de la captación de un financiamiento proveniente de regalías mineras15.

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Respecto a esto no tenemos datos precisos de los costos exactos presupuestados en el proyecto, puesto que no ha sido posible obtener una copia del mismo. Solamente poseemos referencias proporcionadas en conversaciones informales con personal administrativo jerárquico del municipio en cuestión, quienes nos informaron que el costo total rondaría un millón de pesos argentinos.

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A partir de esto, nos interesamos en accionar en esta situación, en vista de que desde el año 2006 con el Colectivo Cayana venimos realizando tareas de investigación y transferencia educativa16 en el Departamento Iglesia, habiendo tenido varios acercamientos en talleres y entrevistas con la Comunidad de Angualasto a través de la Escuela “Antártida Argentina” y el Museo Indígena local. Fue así que al hacerse pública la decisión de la provincia de poner en marcha el cerramiento de la aldea arqueológica en el marco del proyecto turístico cultural mencionado, en Febrero de 2008 nos expresamos por notas dirigidas al Director de Patrimonio Cultural17. En Marzo de 2008 se pactó una reunión entre la comunidad de Angualasto, nuestro equipo de trabajo, el director de Patrimonio Cultural de la Provincia y representantes de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Iglesia. La reunión se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela “Antártida Argentina” y no contó con la presencia de representantes del municipio. Aunque sí participaron, además de pobladores interesados de la localidad, entre ellos, docentes, alumnos y personal del Museo Indígena, líderes de organizaciones indígenas locales, ex dirigentes municipales y representantes de la recién creada Unión Vecinal, además de agentes guarda-parques de la Administración del Parque Nacional San Guillermo y gendarmes del Destacamento Angualasto. Esta reunión tuvo la finalidad de poner a consideración de la comunidad, por primera vez, conocer los pormenores del proyecto, hablar del cercamiento de la aldea y la creación del complejo turístico-cultural, como así también discutir algunas de las problemáticas vinculadas a la protección del patrimonio arqueológico local y la situación actual del Museo Indígena de la Comunidad, el cual actualmente depende del municipio de Iglesia. El Director de patrimonio provincial mencionó escuetamente algunos lineamientos generales del proyecto de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, fundamentalmente las características de la construcción del proyecto, sin esclarecer los temas referidos a las fuentes de financiamientos, los medios y agentes intervinientes. Personal de Parques Nacionales presente en la reunión explicó algunos antecedentes de este proyecto, el cual inicialmente contaba con la participación de la Administración del Parque Nacional San Guillermo, quien se había comprometido, en su 16

Se entiende aquí a la Transferencia Educativa como una vía fructífera por la cual la Arqueología puede sembrar las bases para la construcción social de una conciencia acerca de la necesidad de la apropiación de nuestro pasado como sujetos históricos, sobre todo, para la resignificación de un presente con una mejor calidad de vida. Las formas tradicionales de la educación han mantenido (y mantienen) a lo largo de los años, la dicotomía educador – educando pensada en la escuela moderna, separando en dos el mundo de la inteligencia, entre el animal que busca a ciegas y el joven educado, es decir “entre el sentido común y la ciencia” (Rancière 2000: 17). En esta ruptura, en la que implícitamente se deposita en partes desiguales el saber, están por un lado, ‘los que saben’, y que por ello enseñan ó explican y, por otro lado, están ‘los que no saben’ y aprenden o necesitan la explicación. En contra de esto, re-significamos a la Transferencia Educativa entendiéndola como un encuentro de diálogo que se da desde un constante hacer y reflexionar práctico (Freire 2001), y que permite la construcción de nuevos discursos surgidos de la relación entre los ‘sujetos’, y no ya de la imposición de las ideas de unos sobre otros o del ‘intercambio objetivo’ de opiniones. De esta relación, no ingenua, es de la que parte todo ‘proceso identitario’ de ambos ‘sujetos’ precisamente porque cada uno, al lograr asumirse y reflexionar desde su propia condición, desde su pertenencia a un lugar determinado y desde ciertos valores, comprende que tiene la posibilidad y la capacidad de transformar su propia realidad. Algunos de estos lineamientos de trabajo se han expuesto en otros trabajos del equipo de investigación-acción-militante tales como en: Biasatti et al 2006; Jofré et al 2007b; Jofré y González 2009; Jofré et al 2008a, 2008b; Jofré et al 2009, entre otros (Consultar Colectivo Cayana s.f.) 17

El arquitecto Juan Salvo se hacía cargo recientemente de este puesto en la provincia.

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momento, a gestionar fondos para la protección de los sitios arqueológicos de la zona. Sin embargo, al parecer, más tarde al generarse posturas encontradas con profesionales del IIAM dependiente de la UNSJ estas vías de cooperación se vieron interrumpidas. Dichos profesionales, con apoyo de la Dirección de Patrimonio Cultural, en su gestión anterior a la actual, habían realizado por su cuenta trámites por otros medios para conseguir vías de financiamiento, especialmente para obtener recursos materiales para ejecutar un cercado perimetral de la llamada Aldea de Angualasto, sin el consentimiento de los pobladores de Angualasto18. Finalmente, y en el marco de una situación cuyos trasfondos concretos desconocemos, solicitaron a la empresa Barrick Gold los materiales para el cercado de la aldea arqueológica, obteniendo una considerable extensión de tela metálica y algunos postes de bajo porte, lo cuales tampoco cumplían con los requerimientos de la obra. En Marzo de 2008, el material se encontraba en custodia de la policía de Angualasto, sin destino claro. La denominada Aldea de Angualasto contiene un conjunto de restos arquitectónicos de gran visibilidad, entre los cuales se identifican unidades domésticas con recintos habitacionales, corrales, campos de cultivos, zonas de enterratorios mortuorios, sistemas de canales para el riego de campos agrícolas aledaños, una calzada interna y restos de un muro curvo perimetral que posiblemente servía de cerramiento en alguna época habitacional de la aldea en épocas prehispánicas. Se estima que la ocupación efectiva de la aldea ocurrió alrededor del año 1200d.C. (Gambier 2000). En el año 2002, por gestiones de profesionales del IIAM-UNSJ la aldea fue declarada como “Monumento Histórico, Sitio Histórico y Sitio Arqueológico” por medio de la Ley Provincial (N° 7.300) y recientemente se lo ha declarado Patrimonio Histórico Nacional a través del Decreto Presidencial Nº 2.154/09 (publicado en Boletín Oficial Nº 31.814 del 5/1/201019. Estas declaraciones fueron impulsadas por el IIAM-UNSJ y se realizaron sin el consentimiento ni consulta de los pobladores, algunos de los cuales, incluso, dicen tener derechos de propiedad sobre parte de estas tierras (derechos consuetudinarios y en algunos otros casos dicen poseen títulos de propiedad, como sucede con la Flia. Torres en el sector del llamado sitio arqueológico Punta del Barro). Por otra parte, representantes de la recientemente conformada Comunidad Warpe Cacique Pismanta en el mismo Angualasto también se han manifestado en diferentes ocasiones en contra de este tipo de proteccionismos arbitrarios que delegan la administración de este lugar a los/as investigadores/as del IIAM-UNSJ; proteccionismos conservacionistas coloniales que priorizan el valor científico por sobre otro tipo de valoraciones, significaciones y usos que este lugar pudiera representar para los actuales pobladores. En el debate sostenido en la reunión llevada a cabo en la Escuela Antártida Argentina de Angualasto, los pobladores manifestaron las consecuencias que traería aparejado el cercamiento de la aldea, el cual se consideraba alteraría la vida diaria de la comunidad al generar trastornos en el tránsito de personas y animales y, por sobre todo, comprometería a las actuales viviendas construidas dentro del área de la nominada científicamente “aldea arqueológica”. Complicando aún más la situación, el municipio en años anteriores cedió espacios dentro del perímetro de la aldea arqueológica; allí algunas 18

Es necesario decir que no están claros los procedimientos realizados para la gestión de los materiales del cercado de la aldea arqueológica, esto tampoco pudo esclarecerse en aquella reunión. 19

Consultar por ejemplo: Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos 2010; Dra. Catalina Teresa Micheli (página web) s.f.

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familias han construido con mucho esfuerzo sus humildes casas, las cuales obviamente no están dispuestas a abandonar por el capricho de los administradores de turno. En esta trama compleja tampoco no puede pasarse por alto que en el año 2002, el Municipio de Iglesia por medio del Decreto Municipal N° 484/02 cedió 15ha conteniendo las denominadas “tamberías de Angualasto” al Pueblo Huarpe, en la persona del Amta, Paz Argentina Quiroga en su calidad de autoridad delegada del Consejo de Sabios de la Nación warpe. Dicha concesión nunca pudo hacerse efectiva por oposición del IIAMUNSJ y de algunos vecinos de Angualasto. No obstante lo cual, esta concesión territorial fue reconocida y avalada por el Instituto Nacional de Asunto Indígenas. Y si bien, en la reunión llevada a cabo en la Escuela de Angualasto, los pobladores tuvieron en cuenta la problemática del saqueo de piezas arqueológicas in situ en la aldea prehispánica (punto crucial para que el IIAM-UNSJ plantee el cerramiento perimetral del lugar), la opinión general era que el cercado no resultaba ser la mejor forma de evitar estas saqueos, posición que retoma los conflictos internos dentro de la comunidad y los conflictos con los/as arqueólogos/as del IIAM-UNSJ desde sus trabajos iniciados en el lugar desde comienzo de los años ‘70. Como resultado de aquella reunión el Director de Patrimonio en aquel momento detuvo temporalmente la colocación del cercado en la aldea arqueológica, autorizando -de palabra- el uso de la tela donada por Barrick Gold para emprendimientos locales sugeridos por los propios pobladores de Angualasto (tales como el vallado de la toma de agua del poblado para evitar su posible contaminación por acción de los animales de ganado y caballares que pastan en los alrededores; el cerramiento del playón de juegos y deportes de la Escuela “Antártida Argentina” y del predio de la Iglesia). No obstante esto, hasta el momento, la entrega de la tela a los pobladores no se hizo efectiva, y se ha realizado finalmente la triunfal colocación de los postes que servirán de sostén al vallado perimetral de la aldea. Por su parte, los pormenores de las tareas para la ejecución del proyecto turístico-cultural mayor siguen siendo una incógnita para los pobladores de Angualasto y para nosotros, a pesar de la propaganda publicitaria del mismo en periódicos locales y páginas digitales del Municipio de Iglesia en donde los gobiernos de turno promocionan las “obras en marcha” de su gestión20. El caso presentado en Angualasto pone de relevancia varias situaciones, entre ellas, pone en evidencia las maneras a través de las cuales los organismos estatales y privados utilizan el campo cultural, en este caso, el referido al patrimonio cultural arqueológico indígena, como un área de disputa excluyendo y negando la participación de las comunidades en las decisiones que los involucran. Este caso también señala los ocultos mecanismos de negociación que mantienen los agentes estatales, entre ellos los profesionales arqueólogos/as del IIAM-UNSJ- la Subsecretaría de Cultura de la Provincia, el Municipio y Parques Nacionales en un contexto exacerbado por la presencia de jugosas “regalías mineras”. Mientras que la empresa Barrick Gold interviene en la trama proporcionado dadivas de las cuales desconoce, y tampoco le interesa conocer, los fundamentos para sus usos y utilidades y, más aún, sus consecuencias en los entramados sociales locales, contradiciendo su conocido slogan de “minera responsable”.

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Para ver alguna de estas propagandas pueden consultarse, por ejemplo: Diario de Cuyo nota del 1 de abril de 2010 y Página web del Municipio de Iglesia sf.

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Algunas notas sobre el caso del Proyecto “Poncha” en Colangüil El otro caso que nos interesa analizar aquí es el que se relacionado al proyecto Poncha, en la Cordillera de Colangüil, operado por Inversiones Mineras Australes S.A. (IMAUSA), subsidiaria de Golden Arrow. Esta empresa viene realizando tareas de exploración en las áreas aledañas a las Juntas de Colangüil en la Quebrada de Poncha, desde el año 2006. Según la edición del día 28 de Octubre de 2008 del Diario Huarpe, la continuidad de este proyecto se vio amenaza a raíz de la crisis financiera que afectó los mercados en el 2008. Sin embargo, posteriormente en Marzo de 2009, desde Canadá se hizo el anuncio de que el mencionado proyecto continuaría su marcha, La Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) 2009 que se realiza desde el domingo en Canadá, y culmina hoy, hará que las autoridades locales traigan buenas noticias para San Juan. Es que, el presidente del operador minero Grosso Group, Joseph Grosso, anunció en persona al secretario de Minería nacional, Jorge Mayoral, la puesta en marcha de un programa de exploración en un área minera de San Juan. En el evento, considerado como el ámbito de negocios de la minería mundial, el ejecutivo manifestó al funcionario la decisión del grupo inversor de poner en marcha un programa de exploración en el yacimiento de oro y plata denominado Poncha, ubicado en la cordillera de Colangüil, en el departamento de Iglesia. El mismo, prevé inicialmente 4.000 metros de perforaciones que implicarían una inversión en el orden de los $1.5 millones. El proyecto Poncha es operado por Inversiones Mineras Australes SA (IMAUSA), subsidiaria de Golden Arrow, miembros del Grosso Group. Fue en octubre del 2008 cuando desde la empresa dijeron a este medio que la próxima campaña de exploración estaba suspendida temporalmente en virtud del escenario económico desfavorable. Los trabajos habían quedado en stand by y estaban siendo evaluados para la programación exploratoria de este año. Meses atrás, los buenos resultados obtenidos no bastaron para burlar a la crisis financiera. Este proyecto con mineralización principalmente de oro -según los primeros resultados de exploraciónsuena entre los más prometedores del total de áreas en las que se están haciendo trabajos. Si bien es pronto para hablar de reservas de onzas, Poncha está considerado como más atractivo que Veladero, mina que opera Barrick Gold en la misma localidad. (Diario Huarpe, edición digital del 3 Marzo de 2009).

En nuestra primera visita al poblado de Conlangüil en Noviembre de 2007 pudimos dar cuenta de esta “novedosa situación minera” a la que está asistiendo la Comunidad. En aquella oportunidad pudimos conocer algunos pormenores de las repercusiones más notorias vinculadas a la presencia de Mineras Australes S.A. (IMAUSA) en la pequeña localidad de 70 habitantes (aproximadamente). Uno de los acercamientos que pudimos hacer fue realizado a través de la Escuela “Hilario Ascasubi”. Aquella escuela fue inaugurada en la década del ‘60 en el actual edificio y allí concurren unos 20 niños. El dictado de clases está organizado en grados agrupados a cargo de 2 maestros. La escuela realiza “actividades extraescolares” con los padres a través de festejos del día del niño, del día de la madre, cumpleaños de los chicos, instancias en donde reciben “apoyo” de la minera. También se recurre a la empresa cuando a la escuela le hace falta algún elemento necesario y que no es provisto por el Ministerio de Educación, ni de parte del Municipio de Iglesia (por ejemplo, leña para calefaccionar las aulas durante el invierno, entre otros), así nos lo explicó el director del establecimiento. La localidad de Colangüil está conformada por unas 15 a 18 familias, donde la mayoría se dedica a actividades rurales tradicionales de cultivo, cría de animales,

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pequeñas huertas y confecciones de tejidos, etc., o bien son empleados públicos de hidráulica, trabajadores municipales o agentes de la policía o gendarmería nacional. En los últimos años, la gran mayoría de los jóvenes varones del poblado se encuentran realizando trabajos –casi todos con contrataciones temporarias- en proyectos megamineros de la zona y, también fuera de la provincia, como es el caso de Néstor, quien por el 2007 fue trasladado a Catamarca. El director de la escuela nos dice al respecto de esta situación: “… El poblador de la zona lo ve como un puesto de trabajo y eso no lo podemos combatir”. En general los habitantes de Colangüil dicen no tener “mala relación” con la minería porque “el tema de la contaminación debe estar controlándolo debidamente el gobierno”. Aunque nos sugieren que visitemos las casas de los vecinos para conocer situaciones particulares. Al recorrer algunas casas pudimos constatar una mirada sobre la actividad minera, entendida por la comunidad como beneficiosa, en tanto “factor de desarrollo” para la región. Paralelamente nos indican que muchos de sus hijos y esposos están contratados por estas empresas. Los discursos que la minera despliega en cursos y talleres a la comunidad son reproducidos, en algunos casos, por los mismos pobladores explicando que será beneficioso para la economía a través de la generación de empleos, del fomento del turismo, del subsidio de obras públicas y la expectativa por los diferentes tipos de “ayuda” que estas empresas ponen en marcha en el departamento en el marco de un asistencialismo social impuesto (desde campañas donde reparten zapatillas y útiles escolares hasta programas dentales). Muchos pobladores han entendido (a través de las mismas charlas que ofrece regularmente IMAUSA en Colangüil para “informar” sobre las actividades que realizan “allá arriba”) que no se están destruyendo ni contaminando los afluentes de agua dado que, por estas épocas, las obras aún se encontraban en etapa de “exploraciones”. Para poder tener mayores elementos en nuestra crítica nos pusimos en contacto con la Subsecretaría de Estado de Minería de la provincia para conocer los resultados de los Estudios de Impactos Ambientales realizados en el proyecto, sin poder obtener respuestas al respecto. Tampoco hemos podido consultar los Informes de Estudios de Impactos Arqueológicos del proyecto, de los cuales tenemos noticias por referencias de los pobladores, quienes nos comentaron acerca de la visita de profesionales del IIAM y Dirección de Patrimonio Provincial en la zona. Desde sus primeras exploraciones, Mineras Australes S.A. ha contratado un grupo de pobladores (en este caso, mujeres desocupadas solteras o casadas cuyos maridos están ausentes largo períodos fuera de sus hogares para trabajar en proyectos mineros aledaños) instalando una especie de sistema de (auto) control de las tareas que realiza la empresa. Las empleadas contratadas a partir de pequeños fondos asistenciales similares a los denominados Planes Trabajar, permanecen al costado del camino que atraviesa la localidad, a la altura de la Iglesia, punto estratégico de acceso a la Quebrada de Las Juntas por donde se ingresa al proyecto ubicado en la cordillera de Colangüil. Las mujeres pasan 12 horas apostadas en este punto realizando el “control vehicular” diario hacia el proyecto. Este control se realiza a partir de un sistema de planillas confeccionadas por la misma empresa. Básicamente, el control se concentra en las posibles pérdidas de aceite que pudieran generar los vehículos. De esta manera “la Comunidad puede constatar por sí misma la no contaminación del arroyo que los provee de agua dulce” en los numerosos cruces que realizan los vehículos durante el trayecto de ascenso por el río Las Juntas y

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quebradas aledañas en una huella minera iniciada años antes por la empresa Teck Cominco. Este criticable “sistema de control comunitario” de las obras prevé además una serie de visitas periódicas de una de las empleadas al lugar “en donde están trabajando para controlar que no estén dañando, ni contaminando, ni destruyendo”, dice una de las mujeres que participa del control. Para que las empleadas sepan qué deben mirar al momento de controlar, el personal de la empresa les ofrece improvisados cursos de capacitación. “Nosotras vamos allá arriba y miramos las piedras pintadas (petroglifos indígenas) que están ahí cerquita y vemos si están sanas o rotas, y si se han movido” (Colangüil, Noviembre de 2007).

Según lo observado y lo referido por los mismos pobladores, la empresa genera una situación en donde ella actúa como juez y parte de su propio accionar, montando la escenificación estratégica de relaciones comunitarias que se presentan, a primera instancia, como “transparentes” para los pobladores de la localidad. Muchos pobladores dicen estar “tranquilos” en relación a la contaminación minera porque hay gente de su comunidad abocada a “controlar” esa tarea. Ello le permite a la empresa, no sólo contar con la complicidad y ayuda logística de la comunidad (para la provisión de víveres, distracciones sociales, entre otros, durante las largas jornadas de trabajo en la alta cordillera), si no que evita los interrogantes que le sean negativos para su desempeño en la zona, tales como son las preguntas por los resultados de los Estudios de Impactos Ambientales y las consecuencias del proyecto a futuro en el lugar. En el caso de Colangüil, la empresa Mineras Australes S.A. monta una instancia de control de los vehículos donde actúa frente a la comunidad manifestando públicamente su preocupación en relación a la contaminación que pudiera realizar en la zona. La escuela –como institución mediadora- aparece como un punto de entrada a la comunidad mediante mecanismos de asistencialismo, estableciendo relaciones clientelistas y de control social. Los niños se forman en un contexto en donde el mensaje que les llega es que “aquello que no provee el Estado puede ser obtenido a través de estas empresas mineras”. Al mismo tiempo que los vecinos están siendo orientados a creer que aquellos trabajos que la empresa está haciendo en la zona “todavía no contaminan ni destruyen sus paisajes naturales y culturales dado que se hayan en etapa de exploración”. La única expectativa al respecto es saber qué sucederá con los pobladores empleados si Poncha “no resulta económicamente rentable para la empresa”. CONCLUSIONES Podemos concluir que, a partir del caso presentado en relación al Proyecto “Mina Veladero”, en lo que respecta a los Informes de Impactos Arqueológicos realizados durante la etapa de exploración del proyecto, una cadena de malas actuaciones fue acomodada rápidamente de acuerdo a los intereses provinciales y particulares de la empresa. No caben dudas del desempeño comprometido con los intereses del gobierno provincial de turno y con la empresa transnacional que realizaron los profesionales del IIAM-UNSJ. Tampoco caben dudas que la Subsecretaría de Cultura, y sus asesores, tambien fueron funcionales a estos intereses privados en su mediación en las Evaluaciones de los Estudios de Impactos Arqueológicos; en este punto discordamos con

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las apreciaciones de García (2005) al respecto del caso. Sostenemos esto en razón de que consideramos que el rechazo del Informe de Estudios de Impactos Arqueológicos presentado por Barrick Gold debió hacerse valer enérgicamente por sobre los intereses del Gobierno de turno, quien seguramente no permitiría que tamaña empresa se viera detenida por la presencia de viejos relictos de una historia que mejor olvidar… El despido apresurado y la conclusión accidentada del informe de las actividades desarrolladas en aquel “Plan de estudio del patrimonio arqueológico del Proyecto Minero Veladero” a raíz de conflictos poco claros entre el personal contratado dirigido por el Dr. Kulemeyer y la empresa21 delatan por sí mismo la oscura trama. Es posible que por estas razones los informes de la parte arqueológica no fueran incorporados en el Informe de Impacto Ambiental (IIA) general del Proyecto Mina Veladero y aprobado en 2003 con los remiendos y omisiones aquí aludidos. El caso de “Mina Veladero” también nos sirve para ejemplificar que el material escrito publicado en medios masivos por el gobierno giogista de la provincia de San Juan no refleja la complejidad de estos procedimientos enviciados -no solamente por la burocracia estatal. Para constatar esto basta con echar un vistazo a los Informes de los Estudios y Evaluaciones de Impacto disponibles on line proporcionados por la Subsecretaría de Estado de Minería de San Juan (según se sostiene, para esclarecer los mecanismos y procedimientos de las concesiones mineras). A partir de una lectura detallada de estos documentos podemos darnos cuenta que los mismos son breves resúmenes, a veces muy mal hechos, que presentan las Consultoras Ambientales contratadas por las empresas mineras en donde no se expone información sustancialmente importante de los estudios realizados. En la parte arqueológica, estos informes se limitan a escuetos inventarios cargados solamente con descripciones someras –y a veces distorsionadas- de lo que hay y no hay en las zonas afectadas. Se asume que la información faltante en los informes generales se encuentra contenida en los informes proporcionados a la empresa por los distintos equipos de arqueólogos/as que llevaron a cabo las tareas en el proyecto. Pero aquella información no está debidamente contenida en los IIA de Veladero y sus respectivas actualizaciones hechas públicas, y tampoco es fácilmente accesible. Desde la lectura de estos IIA pudimos constatar que los servicios ofrecidos por las Consultoras, como es el caso de Enviromental Resources Management Argentina S.A., consistieron, básicamente, en confeccionar informes cargados de descripciones orientadas prioritariamente a “desviar la atención de los focos de cuestionamiento”; pero también queda al descubierto, según lo que venimos señalando, que la Consultora tampoco pudo cumplir eficientemente con este cometido. El acceso a los informes elaborados por los propios profesionales, arqueólogos/as en este caso, queda limitado a un restringido circuito burocrático y, otras veces, directamente se niega por considerarse información privativa y confidencial de las empresas; para ello se despliega toda una estrategia de control orientada al manejo de la circulación restringida de esta información a través de cláusulas de confidencialidad en las contrataciones de los profesionales. Esta es una situación al menos desprolija y contraviene a las propias legislaciones provinciales y nacionales que declaran al patrimonio arqueológico como bienes de interés común. De ello se desprende que la firma de cualquier cláusula o contrato de confidencialidad de los profesionales 21

Información confidencial transmitida en comunicación personal por profesionales colegas que participaron de aquel grupo de arqueólogos/as (alrededor de 20 profesionales y estudiantes de arqueología) que realizó las obras y que culminaron accidentadamente durante los primeros meses de 2004.

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arqueólogos/as con estas empresas va en contra de los intereses comunes que vox populi se dicen defender. En este contexto los Estudios de Impactos Arqueológicos del Proyecto “Mina Veladero”, desde sus inicios, han estado orientados a la liberación del área comprometida por las obras, y no así a identificar, estudiar, y evitar los impactos negativos ocasionados y a ocasionar. Hemos señalado que los cuestionables marcos teórico-metodológicos de los estudios de impactos realizados en “Mina Veladero”22 no tienen en cuenta, y desmerecen, las objetivaciones nativas de estos paisajes culturales pasados y activamente presentes en las construcciones de las subjetividades locales, en torno a las cuales conviven miradas del mundo claramente diferentes de aquellas construcciones modernas propias del aparato científico-técnico desplegado para su estudio y análisis. Esta misma crítica teóricametodológica, tiene fuertes implicaciones éticas y puede extenderse a los demás estudios científicos y técnicos realizados en otras áreas de conocimiento dentro de estos proyectos mega-mineros, tales como en geografía, geología, geomorfología, botánica, zoología, biología general, hidrología, climatología, etc. En cuanto a las medidas de preservación y/o mitigación sugeridas por los profesionales en los Informes de Impactos Arqueológicos de la Etapa de Explotación, ellos confunden medidas de preservación con los procedimientos metodológicos para llevar a cabo tareas de relevamiento de los impactos, tal como lo demuestran los informes presentados por Catchpole (2004); Durán (2005, 2007, 2008); García (2001); Kulemeyer (2003); Micheli (2003a, 2003b); Riveros y Varela (2001). También, y por sobre todo, carecen de una resolución teórica acorde con la realidad social local, reproduciendo discursos conservacionistas y/o proteccionistas que sirven a los intereses de las empresas. Esto es más evidente cuando los profesionales a cargo de estos estudios sostienen que a través de cursos de formación dirigidos a personal de la empresa se podrá asegurar que: “toda persona sea informada sobre la política de conservación del patrimonio cultural de la Empresa, entienda la importancia del trabajo arqueológico, pueda reconocer material arqueológico, y sepa proceder ante su eventual hallazgo. Durante la capacitación deberán darse a conocer los aspectos fundamentales de las leyes vigentes (provinciales y nacionales) relacionadas con la protección del patrimonio cultural, e informar sobre las normas de la Empresa al respecto (Durán 2007: 6, los resaltados en negrita son nuestros).

Los Impactos Arqueológicos no se consideran como impactos que afecten a la comunidad, ni tampoco al paisaje natural, como se ha podido mostrar. Se asume que los Impactos Arqueológicos no son de interés social ya que remiten a cultura material producida “por gente que ya no está”. Los trasfondos ideológicos de estas posturas asumidas en el IIA analizado son, por su parte, los elementos más importantes a ser 22

“Varios informes han dado cuenta de la baja calidad técnica de los EIA y otros documentos técnicos presentados por las empresas mineras y/o consultoras que las empresas contratan (e.g., Donadio et al. 2006; Reina 2006; Wildlife Conservation Society 2007; Giraud 2008)” (Donadio 2009: 251). En este caso de los EIA, equiparable con el que estamos tratando en este capítulo, Donadio sostiene que “(1) los ecólogos, como conjunto, no participan de manera pública, concreta y contundente en el conflicto minero-ambiental, y (2) la opinión de los ecólogos es necesaria dado el pobre contenido científico-técnico de los EIA y de los informes de monitoreo presentados por las empresas mineras” (Donadio 2009: 252).

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atacados para una crítica de estos modos de expropiación. Estos no son solamente metáforas abstraídas de la destrucción material y/o física de nuestros patrimonios culturales y naturales, sino que también resultan ser planificaciones de políticas coloniales bien articuladas y montadas con y sobre las retóricas estatales. Retóricas que se confabulan con perversas nuevas maneras de des-territorialización económica que tienen impactos sobre la constitución de nuevas subjetividades nacionales-globales. Los casos de Angualasto y Colangüil nos permitieron describir algunas de las maneras como actúan estas empresas transnacionales en la zona, articulando sus proyectos de control social a través de organismos del propio Estado provincial, los científicos, municipio e instituciones comunitarias como la escuela. Pese a esto la resistencia de los vecinos en contra de este modelo extractivo-exportador minero empieza a tomar cada vez mayor visibilidad en las comunidades de Iglesia, incluso a través de movilizaciones sociales23. Para concluir nuestro análisis de los estudios y evaluaciones de Impacto Arqueológico de “Mina Veladero” sostenemos que la falta de desarrollos con una profundidad teórica reflexiva en estos informes es representativa de su nivel de compromiso con la reflexión social y política actual. De esta manera, dichos trabajos científicos no sirven realmente a las comunidades, sino a los intereses político-económicos que subvencionan, delimitan, restringen, editan, formatean y enmarcan el contenido y forma de los estudios presentados en estos informes. Queda preguntarnos si ¿es posible entonces, en este cuadro desalentador, que los estudios de impactos arqueológicos puedan servir para otra cosa que no sea justificar la presencia de las empresas transnacionales mega-mineras?24 Con este trabajo hemos querido demostrar que estos informes alimentan ideológicamente la ilusión de que el control y supervisión ambientalsocial de estas monstruosas obras extractivas en nuestra cordillera es posible. Hasta hace algunos años pensábamos que este control era posible, cuando aún no podíamos dimensionar el tamaño e impacto devastador de estos proyectos mega-mineros en nuestras provincias. Hoy sabemos, porque lamentablemente lo estamos viendo con nuestros ojos, y quizás tarde, que es imposible pensar en que estos proyectos ubicados en nuestras reservas de agua, como es el caso de “Mina Veladero”, puedan ser controlados para evitar los impactos y los riesgos ambientales, sociales y culturales. Como lo gritan a los cuatros vientos las Asambleas Ciudadanas autoconvocadas que en distintos lugares del país entendieron tempranamente desde su propia experiencia próxima que estos controles no 23

Durante estos últimos años los vecinos de Iglesia se organizan –aunque dificultosamente por las constantes persecuciones políticas en el departamento-. Así lo demuestra la resistencia de pobladores marchando en Tudcum contra el Proyecto Veladero y Pascu-Lama. Nota editada de los medios masivos locales. (ver Contrapunto. Prensa Alternativa, edición digital del 18 de Marzo de 2010). 24

Este fue unos de los puntos discutidos en la Jornada de Debate “Arqueología, Arqueólogos y Mega Minería” llevada a cabo entre estudiantes, docentes y no docentes de la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional de Catamarca sin llegar a una posición clara respecto al mismo. “Este encuentro se estructuró en torno al debate sobre las condiciones y efectos histórico-políticos de la irrupción de la megaminería transnacional en nuestra realidad regional, sus impactos económicos, ecológicos, políticos y culturales; las vinculaciones que las empresas mineras –y en particular Minera Alumbrera Ltd.- tienen con nuestra universidad, y sobre las implicaciones y consecuencias que tienen los diferentes papeles que la/os arqueóloga/os desempeñan en tales procesos. Se debatió especialmente el tema de los fondos provenientes de las utilidades de YMAD-Minera Alumbrera y la postura a asumir por la EDA frente a los mismos. Como producto de tales deliberaciones, se arribó a la elaboración consensuada de una posición institucional (Documento Declaración de la Escuela de Arqueología-UNCa. 2010: 2)

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son posibles. Las cartas han sido echadas desde el mismo momento en que la instalación de estos capitales en el lugar se hizo efectiva. Sólo queda batallar para que estas empresas se retiren y para que el Estado respete “la decisión a la vida” de las comunidades. Agradecimientos: Deseamos agradecer en primer término a los pobladores del Departamento Iglesia que se animaron, y se animan siempre, a cuestionar la realidad social local a costa de las innumerables formas de acoso y amenaza que sufren día a día. Ellos nos permitieron entender la importancia de la protesta silenciosa y activa operando en los recodos de la vida diaria en Iglesia. También queremos agradecer a Ramón Gómez Mederos, integrante de la “Asamblea Sanjuanina en Contra de la Contaminación y el Saqueo”, porque sin su molesta insistencia este trabajo quizás no hubiera sido escrito, vaya a él nuestro reconocimiento. Esperamos que este artículo pueda hacer pensar otras vías de acción que también necesitan urgentemente ser agenciadas y, finalmente, también demostrar que siempre podemos hacer de la universidad “otra cosa”. Finalmente agradecemos la transcripción que hiciera Cristian Naranjo del texto que sirve de epígrafe a este capítulo. Bibliografía Beyon Borders. 2008a. A Barrick Gold Quarterly Report On Responsible Mining • March. 2008b. A Barrick Gold Quarterly Report On Responsible Mining • October. Biasatti, S., Compañy, G., González, G., I. C. Jofré. 2006. Una visión de las relaciones entre arqueología y educación. En: Libro de Resúmenes del VII° Congreso Argentino de Antropología Social. Mesa: “Nuevos desafíos en arqueología: los espacios de interacción con la comunidad”. Salta 16 al 19 de Septiembre (ms). Catchpole, S. 2004. Memorandum-Inspección de Sitios arqueológicos, Abril (ms). Contrapunto. Prensa Alternativa. 2010. Tudcum, un oasis sanjuanino que resiste. Nota digital del 18 de marzo En: http://prensacontrapunto.com.ar/index.php?option=com_content&task=view&id=1571& Itemid=27 (Sitio visitado por última vez el 1 de junio de 2010). Colectivo de Arqueología Cayana. Colectivo de Investigación-Acción-Militante. s.f. En: www.cayanacolectivodearqueologia.wordpress.com (Sitio visitado por última vez el 4 de junio de 2010). Colectivo Situaciones. Colectivo de Investigación Militante. 2002. Asambleas, cacerolas y piquetes. Sobre las nuevas formas de protagonismo social. En: http://caosmosis.acracia.net/?cat=150 (Sitio visitado por última vez el 1 de junio de 2009). Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos. 2010. Boletín Informativo N°2 Año 1. http://www.monumentosysitios.gov.ar/boletin/boletines/0210_marzo.pdf (Sitio visitado por última vez el 1 de junio de 2010). Diario de Cuyo 2007a. En Iglesia. Polémica por un sitio que se eligió para el camino del Inca. Edición impresa y digital del 6 de noviembre. En: http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=250525 (Sitio visitado por última vez el 15 de marzo de 2009).

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