Contexto político y protesta: el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos (1933-68)

REVISTA DE

CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

Estudios Políticos SUSANA AGUILAR FERNÁNDEZ Contexto político y protesta: el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos (1933-68) MANUEL HERRERA GÓMEZ Más allá de las dialécticas modernas: libertad y control en la postmodernidad

136 NUEVA ÉPOCA Madrid abril/junio

2007

JERÓNIMO MOLINA CANO Wilhelm Röpke, conservador radical. De la crítica de la cultura al humanismo económico

ISSN: 0048-7694

ANTONIA M. RUIZ JIMÉNEZ Y CARMEN GONZÁLEZ ENRÍQUEZ La identidad nacional y europea de los ciudadanos españoles

ARTÍCULOS

FRANCISCO SACRISTÁN ROMERO Influencia de las elecciones primarias abiertas en el seno de los partidos políticos latinoamericanos CRISTINA ARES CASTRO-CONDE El sistema de alerta temprana para el control del principio de subsidiariedad en la Unión Europea y los Parlamentos Autonómicos: diagnosis y prognosis

NOTA RECENSIONES

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El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales no se identifica necesariamente con los juicios de los autores de esta Revista

CONTEXTO POLÍTICO Y PROTESTA: EL MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS CIVILES EN ESTADOS UNIDOS (1933-68) SUSANA AGUILAR FERNÁNDEZ Universidad Complutense de Madrid

EL

MODELO DE PROCESO POLÍTICO Y LA ACCIÓN COLECTIVA.—CENTRALIDAD, ÉXITO Y

LEGADO DEL MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS CIVILES.—ORGANIZACIONES DEL MOVIMIENTO, ESTRATEGIAS, CONTRAESTRATEGIAS Y RESPUESTAS POLÍTICAS: Franklin D. Roosevelt (1933-44): los límites del New Deal y el «convencionalismo elitista» del movimiento. Harry F. Truman y Dwight D. Eisenhower (1945-60): el desigual avance de los derechos civiles y el nacimiento del movimiento de masas. John F. Kennedy (1961-63): un «adalid recalcitrante» y un movimiento imparable. Lyndon Johnson (1963-65): empuje presidencial y culminación del éxito político del movimiento. Años de fractura y fracaso (1966-68): la campaña de Chicago, el capitalismo a debate y críticas a Vietnam.—VARIACIONES AL MODELO DE PROCESO POLÍTICO: ¿CÓMO AFECTÓ EL SISTEMA POLÍTICO NORTEAMERICANO A LA PROTESTA?—CONCLUSIONES.—BIBLIOGRAFÍA.

RESUMEN

A la hora de explicar cuándo surge, cómo actúa, y qué es lo que consigue el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la variable de las oportunidades políticas que utiliza el modelo de proceso político es claramente insatisfactoria. La razón estriba en que tal variable recoge una serie de dimensiones que se presentan como necesarias y suficientes para entender la relación entre distintos tipos de acción colectiva y sus particulares contextos políticos. Contradiciendo el modelo de proceso político, el presente análisis del movimiento por los derechos civiles muestra que ni la existencia de aliados influyentes ni de un sistema federal favoreció la expresión de la protesta negra, aunque la estructura territorialmente descentralizada Revista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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y de rígida separación de poderes del país no impidió tampoco la rápida puesta en práctica de la legislación a favor de la igualdad racial aprobada a mediados de los años sesenta. Por otro lado, las brutales formas de represión y control no solo no consiguieron desmovilizar a los participantes en la protesta, sino que reforzaron la adhesión de los mismos en torno a los repertorios no violentos de actuación —además, el movimiento buscó provocar la máxima violencia por parte de sus antagonistas de manera que las autoridades federales se vieran obligadas a intervenir. Finalmente, el trabajo aboga por analizar desde una óptica más política e instrumental, y menos contracultural o rupturista, el proceso de creación de discursos y significados en el que se embarcan todos los movimientos sociales. Palabras clave: derechos civiles, movimientos sociales y protesta, sistema político norteamericano, modelo de proceso político.

ABSTRACT

The political opportunities variable, within the political process model, is visibly insufficient when it comes to explaining the emergence, strategies and results of the civil rights movement in the United States. This is so because it embraces a number of dimensions that are seen as necessary and sufficient to understand the relationship between different types of collective action and their specific political contexts. In clear contradiction with the political process model, the current article shows that the existence of influential allies and of a federal system did not ease the expression of the black protest; yet high decentralization and a rigid system of checks and balances did not impair the enforcement of the civil rights legislation in the mid sixties either. Brutal repression strategies did not demobilize the challengers, nor did it undermine their adherence to non-violent techniques –brutality was, as a matter of fact, actively provoked by the civil rights activists as a way of forcing federal intervention in the South. Finally, the analysis sets out to explore the framing process from a political and instrumental, rather than from a contracultural or contentious perspective. Key words: civil rights, social movements and protest, American political system, political process model.

La literatura sobre movimientos sociales ha recogido en las últimas décadas distintas propuestas de síntesis que reunirían los elementos explicativos más importantes de la acción colectiva dispersos en diferentes modelos teóricos y disciplinas dentro de las ciencias sociales (Loveman, 1998; McAdam, Tarrow y Tilly, 2001) (1). Algunas de estas síntesis identifican (1)

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«Si la construcción de teoría social o de conocimiento científico social va a ser una Revista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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tres variables que explicarían tanto la aparición del movimiento social como sus resultados, probablemente exitosos si aquéllas se conjugan adecuadamente. Estas variables, además, habrían sido las seleccionadas como elemento explicativo principal por parte de los tres modelos teóricos más populares dentro de la literatura sobre movimientos sociales: — la variable de las oportunidades políticas, por el modelo de proceso político, — la variable organizativa, por el modelo de movilización de recursos, y — la variable de construcción colectiva de significados y símbolos, por los modelos constructivistas y los estudios culturales, habiendo sido profusamente utilizada por aquellos autores que han defendido el carácter novedoso de los movimientos sociales surgidos a finales de la década de los años 60 (2). Un ejemplo de este tipo de síntesis es un trabajo convertido ya en clásico, Political Process and the Development of Black Insurgency, en el que McAdam (1982) afirma que las oportunidades o restricciones políticas, las formas organizativas (formales e informales) como lugares de la movilización inicial, y los procesos colectivos de interpretación, atribución y construcción social que median entre la oportunidad y la acción colectiva deben ser tomados en cuenta en el análisis del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Así, la combinación de variables políticas, organizativas y de construcción de significados parece ser más satisfactoria que las explicaciones «monocausales» a la hora de entender, principalmente, aquellos movimientos sociales que actúan en contextos democráticos de riesgo (la protesta negra en el Sur de Estados Unidos, que estudia McAdam), o en contextos dictatoriales de alto riesgo (las organizaciones de derechos humanos en Chile, Uruguay y Argentina tras los golpes de estado militares de los años 70, analizados por Loveman, 1998). A diferencia del trabajo de McAdam, el presente estudio del movimiento por los derechos civiles se centra, criticándolo, en el modelo de proceso político y, aunque recoge también distintos aspectos de los modelos de movilización de recursos y constructivistas, los vincula estrechamente al contexto político en el que se desarrolla la acción colectiva. Se analizan así las interacciones entre las principales organizaciones del movimiento, sus antagonistas y las empresa acumulativa, las contribuciones de diversas teorías y de la investigación histórica comparada deben ser incorporadas y asimiladas, más que descartadas u olvidadas en una batalla de paradigmas en competencia. [Este trabajo] sirve como un modesto ejemplo de la utilidad que se deriva de la construcción de teoría sintética (LOVEMAN, 1998, 518). (2) Podría argumentarse que la existencia de redes sociales constituiría una cuarta variable explicativa, aunque, como tal, la recogen en mayor o menor medida todos los modelos mencionados. Revista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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autoridades políticas a través de una serie de mandatos presidenciales (3). Se concibe al movimiento como el actor que adopta en la mayoría de los casos la iniciativa de actuación (las estrategias de partida), ajustándose los otros dos actores (antagonistas y autoridades políticas), mediante contraestrategias, a lo que perciben como amenazas al statu quo racial, o como oportunidades para el cambio político. Dentro de los que interpretan la lucha por los derechos civiles como amenaza estarían los mayoritarios sectores blancos supremacistas del Sur y distintos grupos económicos (antagonistas), así como gran parte de la clase política sureña y de los sectores conservadores del Partido Republicano y Demócrata (autoridades). La oportunidad que derivaría de la protesta negra sería percibida por parte de grupos sociales y económicos minoritarios en el Sur y, lo que es más importante, por el establishment político liberal. Tanto las denominadas estructuras de input político (ámbito de expresión de demandas y contrademandas), como las de output político (aprobación o no de legislación y programas políticos como consecuencia de la expresión de las anteriores demandas), serán asimismo objeto de atención. Todo ello permitirá mejorar el modelo de proceso político de forma que: 1. se demuestre, en primer lugar, que no todas las dimensiones de la variable de las oportunidades políticas que recoge la literatura (y que serán discutidas posteriormente) deben ser necesariamente incorporadas al estudio o, al menos, que su relevancia explicativa debe ser matizada o contextualizada (la aparición de aliados influyentes no tiene por qué conducir necesariamente a elevar las probabilidades de éxito de la protesta, por ejemplo); 2. en segundo lugar, se pruebe que la relación causal que propone la literatura entre determinadas dimensiones de la variable y la aparición de (o consecuencias de) la acción colectiva debe ser invertida (así, la existencia de sistemas políticos altamente descentralizados puede no ser positiva para la protesta, tal y como se comprueba al analizar las consecuencias que la peculiar naturaleza del federalismo estadounidense tuvo para el movimiento de derechos civiles; al mismo tiempo, y a diferencia de lo que defiende el modelo en el sentido de que la aplicación de la fuerza bruta por parte de las autoridades conduce a la radicalización del movimiento y a su posterior frag(3) La periodización se centra en los mandatos presidenciales, no sólo porque el modelo que se está aplicando es el de proceso político u oportunidades políticas, sino porque el ejecutivo en Estados Unidos, a pesar de verse fuertemente constreñido en su actuación por la existencia de un formalizado sistema de checks and balances y por una peculiar visión del federalismo, disponía de recursos importantísimos para promover o no la causa de los derechos civiles. Además, el movimiento casi siempre dirigió sus reivindicaciones a la máxima instancia política del país. Si el análisis se centrara, por ejemplo, en los aspectos organizativos de la protesta, entonces la periodización debería ser diferente.

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mentación, el presente caso muestra que la puesta en práctica de estrategias represivas por parte de las autoridades puede resultar beneficiosa para los objetivos de aquél); 3. en tercer lugar, se constate que las organizaciones y los recursos del movimiento, así como sus discursos, símbolos y significados, están mucho más fuertemente imbricados en el contexto político de lo que tradicionalmente se ha argumentado (la enorme receptividad del lema de los derechos en la cultura política estadounidense y la continua mención a los valores del pueblo americano ejemplificarían esta imbricación) (4); y 4. finalmente, se proponga una reformulación del modelo de proceso político a través de la cual se identifiquen aquellos elementos específicos del sistema político estadounidense que facilitaron u obstaculizaron las estrategias y los fines del movimiento por los derechos civiles. Y es que en el presente trabajo subyace una doble premisa: en primer lugar, que debido a la riqueza y heterogeneidad de los movimientos sociales y de sus contextos políticos, resulta analíticamente más útil en determinadas circunstancias adecuar las variables explicativas a los casos concretos de estudio, que utilizar aquéllas como recetas fijas que agrupan dimensiones necesarias y suficientes; y, en segundo lugar, que puesto que las particulares configuraciones de las variables afectan a los resultados (Loveman, 1998), las explicaciones deben ser los suficientemente flexibles como para permitir la mejor comprensión del caso analizado. En consecuencia, en el análisis de la relación entre el movimiento por los derechos civiles y las oportunidades políticas, esta última tendrá que acomodarse a las especificidades de la protesta negra en el sistema político norteamericano. Es decir, no será el estudio de caso el que tenga que necesariamente recoger las dimensiones de la oportunidad política que señala la literatura, ni el que tenga que aceptar la forma en que estas dimensiones parecen incidir en los resultados de la acción colectiva, sino que, de forma inversa, será la variable explicativa la que se ajuste al objeto de explicación. Si al proceder de esta forma se cae en una casuística que hace difícil la generalización a otros casos, o entorpece la elaboración de hipótesis o modelos de carácter más general, habrá que reconocer entonces que se opta en cierto modo por una aproximación inductiva al estudio de la acción colectiva (5). La opción contraria de tipo deductivo nos puede llevar a aceptar explicaciones (4) Las iglesias negras evitaron que sus miembros «se implicaran en formas de acción política que hubieran podido comprometer el respeto por la ley o por los valores políticos de la sociedad americana» (en CALHOUN-BROWN, 2000: 173). (5) Aunque algunos autores argumentan que esta casuística, o lo que se denomina la exRevista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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problemáticas, y que han sido refutadas por trabajos posteriores, como la de Kitschelt (1986), cuando, al analizar la protesta antinuclear en Alemania, Francia, Suecia y Estados Unidos, parece forzar sus estudios de caso en categorías analíticas previamente adoptadas. De ello se deriva, por ejemplo, que el caso alemán resulte ser extrañamente el peor para la protesta porque combinaría tanto un sistema político poco permeable (estructura cerrada de input) como escasamente eficaz a la hora de dar respuesta a las demandas (estructura débil de output), cuando otros analistas del movimiento antinuclear han considerado a la muy descentralizada Alemania como un país relativamente abierto; aun más paradójico sería el caso norteamericano que, catalogado como tolerante por el autor, registra el mayor número de arrestos de activistas (6).

EL MODELO DE PROCESO POLÍTICO Y LA ACCIÓN COLECTIVA

De las tres variables que recogen los modelos anteriores, la única que es exógena al movimiento social y que, de alguna manera, debe ser prácticamente siempre tenida en cuenta por el mismo es la de oportunidad/restricción política. Ello no implica que no existan formas de protesta que deliberadamente rehúyan el contacto con la política, bien porque sus objetivos caigan fuera de dicho ámbito (el movimiento Slow Food, que promueve el consumo ecológico), bien porque adopten un carácter alternativo o contracultural marginal (los punks ingleses en los años 70), o bien porque se centren en la expresión de sentimientos o afectos (ciertos sectores del movimiento gay). Aun así, y en todos estos casos, si los movimientos deciden explorar sus apoyos en el espacio público, se encontrarán más pronto o más tarde con actores políticos, aunque solo sea en aquella variante de la burocracia que ejecuta las decisiones políticas relativas a ley y orden público: la policía. La importancia del contexto pocepcionalidad de cada caso (the uniqueness of each case), puede implicar «el abandono de cualquier intento por teorizar la relación entre la acción colectiva y sus contextos políticos con el pretexto de que existen una gran cantidad de dimensiones» (ROOTES, 1999), esto no es del todo cierto, pues la comprensión en profundidad de los casos puede permitir mejorar la teoría, haciéndola más rica y compleja, pero también más flexible en sus aplicaciones particulares. (6) Frente al más desfavorable caso alemán, el sueco representaría el mejor escenario, por ser abierto y eficaz, y los casos francés y norteamericano conformarían categorías intermedias. Como señala Rootes, los cuatro casos de Kitschelt «parecen haber sido diseñados para ajustarse a las categorías y ello conduce a la pregunta de si las categorías son analíticamente independientes de los casos empíricos —o si éstas son de hecho intentos post hoc de colocar celdas estructurales en torno a las características (convenientemente simplificadas) de los cuatro casos empíricos analizados» (1999, 2). Agradezco a CHRIS A. ROOTES que me enviara su trabajo Political Opportunity Structures: Promise, Problems and Prospects (mimeo, 1999).

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lítico, por otro lado, es recogida por la mayor parte de la literatura cuando define los movimientos sociales como «reto colectivo, organizado, sostenido y no institucional hacia las autoridades, los que detentan el poder, o las creencias culturales y prácticas» (Goodwin y Jasper, 2003, 3); «desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades» (Tarrow, 2004, 26); o bien como aquel «sentimiento de insatisfacción que se extiende y ante el cual instituciones insuficientemente flexibles son incapaces de dar una respuesta» (Della Porta y Diani, 2006, 13). Una de las más conocidas formas de operacionalizar la variable de las oportunidades políticas se debe a Tarrow, que distingue entre una dimensión cambiante o coyuntural, y otra de tipo estructural o menos dinámica, dentro de la misma (7). En la primera encontramos: 1. la apertura del acceso a la participación de nuevos actores, 2. la existencia de nuevas alianzas políticas en el gobierno, 3. la aparición de aliados influyentes, 4. la emergencia de divisiones entre los dirigentes, y 5. la disminución en la capacidad o voluntad del estado de reprimir la disidencia. A la segunda dimensión pertenecen: 1. la fuerza o debilidad del estado, entendida en un doble sentido, como eficiencia vs. ineficiencia (los estados fuertes tienen la capacidad de imponer la política que decidan seguir) y como centralización vs descentralización (los estados centralizados atraen a los movimientos sociales al centro del sistema político), 2. las formas de represión y control social, y 3. las estrategias dominantes de los estados contra los que retan su poder, que pueden ser incluyentes (si responden a las demandas de los que protagonizan la acción colectiva) o excluyentes. Kriesi (1992), por otra parte, propone limitar las oportunidades políticas a aquellos aspectos del sistema político que determinan el desarrollo del movimiento, independientemente de la acción deliberada de los actores en (7) Las oportunidades políticas son «dimensiones consecuentes —aunque no necesariamente formales o permanentes— del entorno político que ofrecen incentivos para que la gente participe en acciones colectivas al afectar sus expectativas de éxito o fracaso» (TARROW, 2004, 116). Esta última posibilidad, la de fracaso, va generalmente asociada a la contraparte de las oportunidades: las restricciones políticas. Sin embargo, y siguiendo los trabajos sobre movimientos etno-nacionales, también se ha señalado que las amenazas que éstos perciben por parte de la población dominante pueden conducir, en mayor medida que las oportunidades, a su movilización (en MCADAM, 1982). Revista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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cuestión (es decir, opta por centrarse en la dimensión estructural de las oportunidades políticas). Distingue así la estructura institucional formal de un país tanto de los procedimientos informales y estrategias dominantes respecto a los activistas, como de la configuración de poder y alianzas relevante (el sistema de partidos) dentro del mismo. Centrándose solamente en la estructura institucional formal, Kriesi sigue a Kitschelt (el cual es indudablemente deudor del modelo de sistema político de Easton) cuando diferencia entre estructura de input político y estructura de output político: la primera se refiere al grado de acceso formal a las instituciones políticas del que disfrutan los movimientos sociales en un determinado país, mientras que la segunda conforma la capacidad que tiene el estado de ese país para aplicar sus decisiones y políticas. Existirían así estructuras de input más o menos abiertas o permeables a la protesta, y estructuras de output más o menos eficaces o capaces a la hora de transformar las exigencias de la protesta en productos políticos y legislativos. Según Kriesi, tanto las estructuras de input como las de output recogen las mismas cuatro variables: 1. El grado de centralización territorial (a mayor descentralización, más apertura pero menos eficacia), 2. El grado de concentración funcional del poder estatal (cuanto mayor el grado de separación entre los poderes o más formalizados están los checks and balances, más apertura pero menos eficacia), 3. El grado de coherencia de la administración pública (a mayor coherencia, coordinación interna y profesionalización, menos apertura pero más eficacia), 4. El grado de institucionalización de los procedimientos democráticos —iniciativa popular, referendos... (a mayor institucionalización, más apertura pero menos eficacia). Como las variables funcionan de forma inversa según se trate del input o del output, los movimientos sociales se encontrarían teóricamente con la paradoja de que aquellos países que pueden calificarse como abiertos en el lado del input, y por lo tanto resultan favorables a la expresión de la protesta, son los mismos que encuentran más dificultades a la hora de aplicar lo que supuestamente acuerden con los que protagonizan la acción colectiva, precisamente porque son débiles en el lado del output. Si se comparan los trabajos de Tarrow y Kriesi se comprueba que todas las dimensiones que recoge el primero, excepto una, pertenecen al lado del input (8): dentro de las de tipo coyuntural, el aumento del acceso a las institucio(8) Tal vez sea ésta una de las razones por las que los estudios sobre movimientos sociales han tendido a descuidar las consecuencias de la acción colectiva.

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nes, la aparición de nuevas alianzas electorales, aliados influyentes y divisiones de las élites, así como la reducción en la capacidad de reprimir, forman parte de una estructura abierta de input político. También las dimensiones estructurales se incluirían en el input: la descentralización, porque se entiende que multiplica los puntos de acceso al sistema político para los que protestan, así como las formas de represión y las estrategias dominantes frente a los activistas. La única excepción sería la de la fuerza o debilidad del estado, ya que, entendida como eficiencia o ineficiencia, cae claramente dentro del ámbito del output. La escasa atención que se otorga a las estructuras de output puede ser una de las principales razones por las que el modelo de proceso político parece estar mal equipado a la hora de analizar las consecuencias legislativas y políticas de la protesta. En la lógica de mejora de este modelo que recorre el presente trabajo, se aboga entonces por una mayor imbricación entre los estudios de acción colectiva y aquellos dedicados al análisis de las políticas públicas.

CENTRALIDAD, ÉXITO Y LEGADO DEL MOVIMIENTO POR LOS DERECHOS CIVILES

Muchos estudiosos coincidirían en afirmar que el movimiento por los derechos civiles disfruta de una centralidad indudable dentro de la miríada de organizaciones, grupos y redes sociales que protagonizaron la protesta en el siglo XX. La destreza mediática y política de sus organizadores, que se combinó con la activa participación de unas bases sociales sin experiencia previa en la lucha política; la puesta en práctica de innovaciones estratégicas en los repertorios de confrontación y la eficaz combinación de tácticas convencionales y no convencionales; la habilidad a la hora de producir discursos, símbolos y eslóganes que tuvieran una enorme resonancia dentro de la opinión pública y la cultura política del país; los logros políticos y legislativos alcanzados; y su reconocida influencia en las distintas modalidades de la acción colectiva que surgieron a finales de los años 60, empezando por el movimiento estudiantil a favor de la libertad de expresión, pasando por el antibelicismo y el feminismo, y culminando en las actuaciones de reafirmación de las minorías étnicas durante las dos décadas siguientes, son algunas de las muchas razones que justifican el análisis de este movimiento (9). Y ello por (9) «Ningún otro movimiento en la historia norteamericana de la posguerra hizo tanto por elevar la conciencia de los derechos en general —entre las mujeres, los pobres y otros grupos en situación desventajosa— y por transformar la sociedad y la cultura de los Estados Unidos» (PATTERSON, 1996, 385). «La espiral en las actividades de grupos de interés [en EstaRevista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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no hablar ya del heroísmo de sus protagonistas en un contexto de represión y ausencia generalizada de garantías legales, lo cual se tradujo no sólo en la conculcación del habeas corpus de los detenidos, sino en el encubrimiento de asesinatos y desapariciones de activistas. El período de análisis elegido, desde 1933 (lanzamiento del New Deal por Roosevelt) hasta 1968 (asesinato de Martin Luther King, Jr.), cubre cinco presidencias distintas y es, en consecuencia, lo suficientemente amplio como para estudiar la variable de las oportunidades o restricciones políticas de manera detallada, matizando la relevancia que atribuye la literatura a sus dimensiones estructurales y coyunturales. Se puede criticar, sin embargo, que este período, sobre todo el que transcurre desde 1955 (boicot del transporte en Montgomery) hasta 1968 (antes de que se produzca la fallida Campaña de la Gente Pobre), incorpora un cierto sesgo, ya que recoge la etapa «de mayor gloria» del movimiento pero no la posterior de ruptura y fracaso. Tal sesgo es asumible desde un punto de vista práctico, pues la mayoría de los estudios de acción colectiva no muestran a los movimientos a lo largo de su historia completa, o a través de sus distintas etapas de fuerza y debilidad, que coinciden muchas veces con la visibilidad o con la latencia, respectivamente, de la protesta que protagonizan. Además, no es cierto que este período sea absolutamente uniforme: por un lado, la resonancia mediática, social y política del movimiento es relativamente limitada hasta 1955 porque, entre otras cosas, sus actividades se centran principalmente en el recurso a los tribunales; por otro lado, a partir de 1965 y tras la aprobación de la Ley de Derechos Políticos, el movimiento empieza a perder credibilidad y a mostrar los primeros síntomas de fraccionamiento interno y cansancio —de hecho, los tres últimos años analizados (1966, 1967 y 1968) permiten comprobar cómo modificaciones en las agendas y los discursos de los movimientos pueden volverse contra ellos incluso si nada sustancial ha cambiado en el contexto político.

ORGANIZACIONES DEL MOVIMIENTO, ESTRATEGIAS, CONTRAESTRATEGIAS Y RESPUESTAS POLÍTICAS

Una vez que las expectativas de la población negra norteamericana con respecto a la mejora de su situación política y social se diluyen tras la finalidos Unidos] comenzó en gran parte en los movimientos de derechos civiles y antibelicistas de los años 60» (BERRY, 1997, 29). Su influencia, sin embargo, no se limita al panorama norteamericano: el movimiento por los derechos civiles en Irlanda del Norte, por ejemplo, imitó deliberadamente diversos aspectos de la protesta negra.

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zación del período denominado Primera Reconstrucción (1865-77) (10), comienzan a proliferar organizaciones centradas en la promoción de la autoayuda, a través del establecimiento de instituciones educativas y asistenciales propias, mientras que, por parte de la densa red de iglesias negras, se propaga un gospel resignado y fatalista. Prueba del inicial talante no combativo de este momento será Booker T. Washington, el líder negro indiscutible de finales del XIX y comienzos del XX, representante de una postura acomodacionista y conciliadora con los poderes blancos. Aunque Booker será atacado debido a su tibieza por figuras cruciales como W.E.B. Du Bois, creador en 1905 del Movimiento Niágara que exigía la abolición de las leyes raciales discriminatorias, y a pesar de que individuos tan populares como Marcus Garvey, que funda en 1914 la Asociación para la Mejora del Negro Universal (Universal Negro Improvement Association), ya promovieron durante el primer tercio del siglo XX un descarnado pannacionalismo negro (11), la gran mayoría de las personas de color, principalmente en el Sur del país, permanecieron apáticas y resignadas ante su suerte hasta básicamente la Segunda Guerra Mundial. La apatía y la resignación se mezclaban indudablemente con el terror, ya que aquellos miembros de la comunidad negra que se atrevían a exigir el cumplimiento de sus derechos civiles y políticos eran sistemáticamente atacados (verbal y físicamente), expulsados del trabajo o linchados. El «terror resignado» facilitó la progresiva extensión de un elaborado sistema de segregación (denominado Jim Crow) y de conculcación del derecho al voto. Estas prácticas discriminatorias fueron amparadas por el Tribunal Supremo, el cual, a través de una serie de sentencias a lo largo principalmente del período 1873-98, refrendó tanto la «legalidad» de la separación de las razas en todo tipo de espacios públicos, como la aplicación de diversas cláusulas (de alfabetización, de interpretación de la Constitución, la denominada (10) La Primera Reconstrucción cubre el período que siguió a la finalización de la Guerra de Secesión en 1865. A la victoria de los estados abolicionistas, que se tradujo en la emancipación de cuatro millones de esclavos, siguió la militarización o despliegue de las tropas federales, y la implantación de gobiernos republicanos y radicales corruptos, en los estados rebeldes del Sur. Aunque el Congreso de los Estados Unidos, dominado por el Partido Republicano, aprueba la Decimocuarta y Decimoquinta Enmiendas a la Constitución, en 1868 y 1870 respectivamente, con el objetivo de garantizar a la población negra sus derechos de ciudadanía, su aplicación en el Sur fue progresivamente cayendo en el olvido —lo mismo sucedió con las leyes de derechos civiles de 1866 y 1875—. Finalmente, tras la retirada de las tropas federales en 1876, el Sur es abandonado a su propia suerte, convirtiéndose entonces en bastión indiscutible del Partido Demócrata, formación que, en la región, tiene un claro componente de supremacismo blanco. (11) Dentro de esta línea estaría la Nación del Islam, creada en 1930 por Wallace Fard Muhammad. Revista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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del «abuelo», que permitía votar sólo a aquellos individuos que pudieran demostrar que sus abuelos se habían registrado en un colegio electoral...) que impedían a los negros participar en las elecciones. El pilar clave del Jim Crow es la sentencia Plessy vs. Ferguson, de 1896, que estableció la doctrina separate but equal, la cual defendía que la separación de las razas en espacios distintos (fueran éstos trenes, colegios, hospitales, parques o cementerios) era constitucional y no atentaba contra la igualdad de las personas. Las razones por las cuales estas prácticas fueron consentidas por parte de los estados del Norte, vencedores en la guerra civil, fueron principalmente «el duradero faccionalismo interracial dentro de las organizaciones republicanas en los estados del Sur, la tenaz resistencia de los blancos de la región..., la persistencia de un racismo sistémico en toda la nación, la reticencia de los líderes republicanos moderados a apoyar un aumento permanente en los poderes del Estado central, y el creciente deseo de reconciliación por el lado de los blancos del norte» (Cook, 1998, 13). Siguiendo una línea eminentemente pragmática, una de las primeras organizaciones del movimiento por los derechos civiles, la omnipresente Alianza Nacional para el Progreso de la Gente de Color (National Alliance for the Advancement of Colored People, NAACP), creada en 1909, centra pues su lucha en la adquisición de recursos legales y económicos para pleitear, defendiendo la inconstitucionalidad de Jim Crow ante principalmente el Tribunal Supremo, y evita toda confrontación pública (12).

Franklin D. Roosevelt (1933-44): los límites del New Deal y el «convencionalismo elitista» del movimiento La Gran Depresión de los años 30 provocó que dos millones de granjeros arrendatarios y jornaleros negros abandonaran el Sur y se asentaran en núcleos urbanos del Norte y del Este del país. Con el objetivo de favorecer la recuperación económica a través de un ambicioso programa de ayudas públicas y creación de agencias estatales, el demócrata Roosevelt lanza el programa del New Deal. Aunque éste no iba dirigido específicamente a aliviar la situación material de la población negra, porque ello habría privado al presidente del apoyo del ala sureña de su partido, «el hecho de que los afroamericanos se encontraran entre los principales beneficiarios de las políticas de bienestar del gobierno, implicó que se vieran atraídos hacia el Partido De(12) A este período pertenece también la National Urban League, fundada en 1911 y centrada en la apertura de oportunidades laborales para la comunidad negra.

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mócrata en el gobierno cuya respuesta positiva ante la depresión contrastaba vivamente con la postura de laissez-faire de los republicanos» (Cook, 1998, 59). Es de sobra conocido que Roosevelt, a diferencia de su esposa, Eleanor, no era un convencido adalid de los derechos civiles, y que se resistió a lo largo de sus diferentes mandatos a aprobar una ley antilinchamiento que hubiera convertido dicha «actividad» en un crimen federal (13). A pesar de ello, las ayudas económicas que el New Deal proporcionó a las familias negras explican que, por primera vez desde su emancipación, este colectivo dejara progresivamente de considerar al Partido Republicano (el partido de Lincoln, el que había aprobado las decimocuarta y decimoquinta Enmiendas a finales del XIX, el que había liderado el Sur durante la «etapa dorada» de la Primera Reconstrucción...) como su elección política natural, y comenzara a trasladar su lealtad a los demócratas (14). Aunque los triunfos electorales de Roosevelt se debían en gran parte al apoyo del electorado negro en los centros urbanos del Norte y del Este (regiones en las que, aun existiendo Jim Crow de facto, no se impedía el ejercicio del voto), el presidente demócrata sólo actuó decididamente a favor de la cuestión racial cuando se vio obligado a ello. La prueba más palpable de este patrón de «decisiones forzadas» la proporciona A. Philip Randolph, el líder sindical de la Hermandad de Maleteros (Brotherhood of Sleeping Car Porters, BSCP) (15), cuando amenaza a Roosevelt en 1941 con convocar una marcha masiva sobre Washington si el presidente no ordena inmediatamente el cese de la discriminación racial en el sector productivo bélico y en el gobierno federal. Reaccionando a la presión conjunta de la BSCP y la NAACP, Roosevelt promulga la orden ejecutiva 8802 (16) que contemplaba la crea(13) Entre 1884 y 1914 más de 4.000 negros fueron linchados en el Sur, «una forma de violencia de masas que implicaba el ahorcamiento, la hoguera o el apaleamiento hasta la muerte» (GILBERT, 1995, 57). (14) La primera referencia pública al New Deal tiene lugar en las elecciones al Congreso de 1934, momento en el cual «miles de afroamericanos desplazan su lealtad de los republicanos a los demócratas. Esta tendencia continuó dos años después cuando aproximadamente un 76 por 100 de los negros del Norte votaron por Roosevelt en las elecciones presidenciales de 1936» (COOK, 1998, 31). (15) La BSCP, creada en 1925, es el primer sindicato nacional de trabajadores negros. (16) Las órdenes ejecutivas (executive orders) son edictos, con fuerza de ley aunque no exigen ser aprobados por el Congreso, que el Presidente, actuando como cabeza del ejecutivo (art. II, sección 1, de la Constitución), dirige a las agencias federales. Generalmente se promulgan para ayudar a las agencias y burócratas federales en la aplicación de las leyes o políticas aprobadas por el Congreso, aunque, en numerosas ocasiones, se han utilizado en un sentido opuesto al previsto por la cámara de representantes (www.thisnation.com). El recurso a este mecanismo de gobierno ha sido siempre polémico, porque implica restar protagonismo al Revista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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ción del Comité de las Prácticas de Empleo Justo, cuyo objetivo era asegurar la participación plena y equitativa de todos los trabajadores en las industrias de defensa, sin que se produjera discriminación alguna debida a la raza, el credo, el color o el origen nacional (17). El factor que en mayor medida contribuirá a despertar la conciencia política del colectivo negro, en un contexto en el que la convencional y elitista NAACP mantenía el protagonismo absoluto dentro del movimiento por los derechos civiles y el pragmático Roosevelt se resistía a crear fricciones dentro de su propio partido por el tema racial, será la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial: en primer lugar, porque el esfuerzo bélico de los combatientes negros no se ve recompensado por la eliminación de la segregación en el frente de batalla, lo cual provoca no sólo numerosos enfrentamientos raciales, sino también la creación del símbolo de la doble uve, que evoca la victoria frente a un doble enemigo fuera y dentro de casa; y, en segundo lugar, porque la propaganda norteamericana, que justifica la participación en la conflagración por la necesidad de vencer a aquellos regímenes políticos antidemocráticos y racistas que perseguían la eliminación de los judíos y los no arios (en el caso de la Alemania nazi), o la conquista de los pueblos asiáticos inferiores (por parte del Japón imperial), saca a la luz las contradicciones entre el discurso democrático e igualitario y las prácticas antidemocráticas y discriminatorias en los Estados Unidos. Por todo ello, el final de la Segunda Guerra Mundial marca el inicio de lo que se ha denominado la Segunda Reconstrucción (18). De forma coincidente, además, un año antes de la muerte de Roosevelt, en 1944, el sociólogo Gunnar Myrdal publica su famoso informe sobre la situación del negro en Estados Unidos y, haciendo referencia a las contradicciones mencionadas, populariza el término «American Dilemma» para describir la imperiosa necesidad de reformar el statu quo racial.

poder legislativo para dárselo al ejecutivo. Los activistas a favor de los derechos civiles argumentaron frecuentemente que el Presidente tenía la capacidad de promover decisivamente la igualdad racial a «golpe de pluma» (stroke of a pen), lo cual implicaba la promulgación de órdenes ejecutivas. (17) Para algunos autores, «ésta era la primera vez que el gobierno federal introducía acción afirmativa» (MARTIN, 2004, 9). (18) La variable de las oportunidades políticas no recoge explicaciones de tipo internacional, centrándose solamente en aquéllas de tipo doméstico, lo cual supone una seria limitación.

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Harry F. Truman y Dwight D. Eisenhower (1945-60): el desigual avance de los derechos civiles y el nacimiento del movimiento de masas Curiosamente, dos personas de talante distinto e inclinaciones políticas diferentes (el presidente demócrata Truman, convencido continuador del programa del New Deal y sureño convertido a la causa de la integración racial a través del cambio político, y el republicano Eisenhower, ex militar, conservador y poco amigo del intervencionismo, que creía que sólo el lento cambio de las mentalidades y costumbres traería la paz racial al país) contribuyeron, el primero, por activa, y el segundo, por pasiva, al progreso de los derechos civiles. Aunque Truman creó su propio comité presidencial de derechos civiles, se vio rápidamente limitado en su proyecto reformista por un Congreso dominado por líderes conservadores sureños: si el ejecutivo demócrata quería el apoyo de los congresistas del Sur tanto para mantener las políticas intervencionistas del New Deal como para frenar el expansionismo soviético, la «carta racial» debía ser manejada con suma cautela. De hecho, la adopción en 1948 por parte del Partido Demócrata, en su convención de Filadelfia, del más ambicioso programa de derechos civiles que hasta la fecha se había conocido provocó que los sureños demócratas, liderados por Strom Thurmond (gobernador de Carolina del Sur), formaran su propio Partido Dixiecrat (19), con Thurmond como candidato presidencial. Para algunos, «el Partido Demócrata, desde entonces, dejó de representar los intereses del Sur. Había caído presa de intelectuales, arribistas, y lo que era aún peor para los blancos sureños, de negros insensibles» (en Martin, 2004, 18). Contra todo pronóstico, y con un partido enormemente dividido, Truman gana las elecciones de 1948. A pesar de los constreñimientos políticos que rodearon a su mandato, el presidente consiguió desegregar las fuerzas armadas a través de la orden ejecutiva 8981, de 1948, y, lo que es más importante, dio instrucciones al Departamento de Justicia para que justificara la eliminación de la segregación en los pleitos que, promovidos por la NAACP, llegaban al Tribunal Supremo. Es interesante comprobar cómo la máxima instancia judicial del país, que se había aprestado a «legitimar» Jim Crow tras la Primera Reconstrucción y gran parte del primer tercio del siglo XX, comienza a cambiar su pos-

(19) La denominada Mason-Dixon Line, o dixie, se delineó a mediados del siglo XVIII para resolver un conflicto de propiedad de tierras. Desde entonces, se asocia con la división entre los estados del Norte (abolicionistas) y los del Sur (esclavistas) durante la Guerra de Secesión. La rebelión de los dixiecrats es, por lo tanto, la de los demócratas del Sur. Revista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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tura en los años cuarenta y termina convirtiéndose en uno de los máximos aliados del movimiento por los derechos civiles, sobre todo tras la sentencia de 1954 Brown vs. Junta Educativa de Topeka (Kansas). La sentencia Brown acaba con la doctina separate but equal y, por su indudable importancia, se reproduce parte de ella literalmente: «la segregación de niños blancos y de color en las escuelas públicas tiene un efecto perjudicial para los niños de color. Este impacto es más grande cuando recibe la sanción de la ley, ya que la política de separación de las razas es generalmente interpretada como denotando la inferioridad del negro. El sentimiento de inferioridad afecta a la motivación del niño a la hora de aprender. La segregación con la sanción de ley muestra por lo tanto una tendencia a retardar el desarrollo educativo y mental de los niños negros y a privarles de algunos de los beneficios que recibirían en un sistema escolar racialmente integrado» (en Hofstadter y Hofstadter, 1982, 445). Como la sentencia Brown no contemplaba ni mecanismos ni plazos de aplicación a la hora de acabar con la segregación en las escuelas públicas, un año después, en 1955, el Tribunal Supremo estipuló que serían los juzgados federales de distrito los responsables de supervisar la transición hacia un sistema educativo integrado y que tal tarea debería ser llevada a cabo con la prontitud necesaria («with all deliberate speed»). La cautela de la máxima instancia judicial se debía a la violenta reacción que la sentencia había recibido en, principalmente, los estados de Georgia, Carolina del Sur, Alabama, Mississipi y Luisiana: no sólo fue el tribunal criticado por haber sido «adoctrinado y manipulado por grupos de presión izquierdistas», en palabras del senador James O. Eastland (en Cook, 1998, 88), sino que las llamadas a oponerse a la integración a través de la creación de Consejos de Ciudadanos Blancos (White Citizens’ Councils) se propagaron por todo el Sur, iniciándose así un período de resistencia masiva de la comunidad blanca. Simultáneamente, un gran número de autoridades de la región empezaron a defender la necesidad de desafiar la sentencia, empleando el argumento decimonónico de los derechos, o de la soberanía (sacrosanta) de los estados. La antigua doctrina de la interposición o anulación, que sostenía que los estados tenían el poder de anular aquella legislación del Congreso que consideraran inconstitucional, también fue utilizada con profusión por los mandatarios de la región. En 1956, el Manifiesto Sureño, firmado por todos los senadores del Sur, excepto tres, y por un puñado de congresistas de la región, situó a la clase política dixie en un estado de rebelión frente a las instituciones federales. Simultáneamente, los esfuerzos de la NAACP por garantizar el cumplimiento de la sentencia avivaron aún más los mensajes racistas, al tiempo que contribuyeron a recrudecer la persecución de los activistas de dicha organización. 26

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Mientras que Truman instruía a los responsables de la administración de justicia para que apoyaran los pleitos antisegregacionistas, sería su sucesor en 1953, el presidente Eisenhower, el que se encontraría obligado, en contra de su voluntad, a hacer que las sentencias a favor de la integración racial se cumplieran. Inicialmente, la falta de apoyo del republicano a la sentencia Brown, cuando, argumentando que el gobierno federal no estaba justificado legalmente para intervenir en los asuntos de los estados siempre y cuando éstos mantuvieran el orden público, permitió al gobernador demócrata, Alan Shivers, utilizar fuerzas estatales para impedir la integración de un colegio en Texas, alentó las esperanzas de los defensores de la doctrina de la interposición. Sin embargo, los sucesos de Little Rock en Arkansas (1957), en los que una muchedumbre violenta, apoyada por la guardia nacional enviada por el gobernador Orval Faubus, impidió que estudiantes negros entraran en un colegio integrado, obligaron finalmente a Eisenhower a desplegar tropas federales en un estado del Sur por primera vez desde el final de la Guerra de Secesión. La lección de Little Rock, que demostraba que el gobierno federal sólo intervendría en el Sur a favor de los derechos civiles si las autoridades de la región no conseguían mantener el orden, o si se implicaban ellas mismas en el desorden callejero, no cayó en saco roto para el movimiento. Junto a esta lección, éste había ensayado con éxito dos años atrás una nueva táctica de protesta caracterizada por el protagonismo de las bases sociales: el boicot. En 1955, tras el arresto de Rosa Parks, una mujer negra que se había negado a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús atestado de público, se inicia en Montgomery (Alabama) el boicot al transporte público. Bajo el liderazgo de Martin Luther King, se crea la Asociación para el Progreso de Montgomery (Montgomery Improvement Association, MIA), encargada de dirigir la protesta. Después de un año de lucha, el Tribunal Supremo sentencia que la segregación en los autobuses públicos es anticonstitucional. Aunque el principal responsable de la NAACP, Roy Wilkins, ironizó que las penurias y sufrimientos asociados a la protesta podrían haber sido evitados, ya que el triunfo había provenido en última instancia de un fallo judicial promovido por su organización, el movimiento de Montgomery atrajo la atención de los medios de comunicación y convirtió la lucha por los derechos en una cuestión de ámbito nacional. Más importante aún, el boicot marcó el comienzo de una nueva etapa: aquélla protagonizada por las masas y liderada principalmente por los predicadores de las iglesias del Sur (20).

(20) Antes de Montgomery, en 1953, y en Baton Rouge (Luisiana), se había producido un boicot similar dirigido por el reverendo Theodore Jemison. Esta protesta se saldó sin emRevista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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En 1957 se constituye la Conferencia por el Liderazgo de los Cristianos del Sur (Southern Christian Leadership Conference, SCLC), con King como presidente. Frente a las estrategias convencionales y legalistas de la NAACP, la SCLC combatirá Jim Crow y luchará, posteriormente, a favor del ejercicio del voto mediante tácticas no violentas de participación masiva y desobediencia civil, que abarcan desde el boicot y las manifestaciones (a pesar de que fueran sistemáticamente desautorizadas por las autoridades locales o estatales), hasta los rezos o peregrinajes colectivos en las calles. Como resultado de la puesta en práctica de estos repertorios, los activistas aceptaban ser arrestados y, en ocasiones, se resistían a ser puestos en libertad mediante fianza (jail not bail) como forma de denunciar la inconstitucionalidad del statu quo racial en el Sur. No sólo la disparidad en las tácticas utilizadas, sino también las disputas en torno a unos recursos escasos y las rivalidades entre los líderes, convirtieron en ocasiones a la NAACP y a la SCLC en «aliados incómodos». Para complicar aún más las cosas, una tercera organización vino a sumarse en 1960 a la lucha por los derechos civiles: el Comité Coordinador de los Estudiantes por la No Violencia (Student Nonviolent Coordinating Committee, SNCC) (21), crítico tanto con el estilo autocrático de King y con lo que percibían como la incapacidad de la SCLC a la hora de crear un auténtico movimiento participativo de bases, como con el convencionalismo y los lentos progresos asociados a la NAACP. Los sucesos que provocan la creación de la organización estudiantil son las famosas sentadas (sit-ins) de Greensboro (Carolina del Norte) en 1960, durante la campaña presidencial que terminaría llevando al demócrata Kennedy a la Casa Blanca: cuatro estudiantes negros se sientan en el restaurante para blancos de un centro comercial y, ante la mirada atónita de los clientes, bargo con un rápido éxito y ello impidió que fuera objeto de atención por parte de los medios de comunicación. (21) Reducir el número de organizaciones dentro del movimiento a tres (NAACP, SCLC y SNCC) es una simplificación que, sin embargo, puede ser justificada. Dentro del movimiento se produce una implícita división del trabajo, siendo cada una de estas organizaciones la encargada de realizar, individualmente o en conjunción con otras, una tarea principal: mientras que los recursos legales (y la implantación territorial) de la NAACP fueron valiosísimos, no sólo a la hora de pleitear en el Tribunal Supremo y en las distintas instancias judiciales, sino también cuando asesoraban a, o conseguían fianzas para, los detenidos, la SCLC se encargaba de «explotar» la densa red de iglesias en el Sur para convencer tanto a los predicadores como a sus fieles de llevar la lucha política a la calle, abandonando, los primeros, el conservadurismo, y los segundos, la resignación, que tradicionalmente les habían caracterizado. Los estudiantes, por último, protagonizaron algunos de los episodios más peligrosos de la protesta, desde su participación en los Freedom Rides, hasta su asentamiento en lugares sin ley para conseguir el registro electoral de la población negra.

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algunos de los cuales vociferan dirty niggers (22), se niegan a abandonarlo hasta ser atendidos. Aunque se habían producido sit-ins en los años 40 y 50 protagonizados por miembros del CORE (23), Greensboro enciende una mecha que se propaga con rapidez por distintos estados del Sur. La relevancia de la protesta es inmediatamente comprendida por King, que se dirige a los estudiantes de la siguiente forma: «Lo que es fresco, lo que es nuevo en vuestra lucha es el hecho de que ha sido iniciada, dirigida y sostenida por estudiantes. Lo que es nuevo es que los estudiantes americanos han alcanzado su madurez y ahora os corresponde ocupar los lugares de honor en la lucha mundial por la libertad» (en Martin, 2004, 56-7)

John F. Kennedy (1961-3): un «adalid recalcitrante» y un movimiento imparable A pesar de que en ocasiones se ha afirmado que Kennedy fue el primer demócrata que llegó a la presidencia de los Estados Unidos con la ayuda del voto negro (24), la tradicional lealtad del elector negro hacia el Partido Republicano ya había comenzado a romperse sustancialmente en las elecciones de 1944 y 1948. Kennedy no era un ardiente defensor de los derechos civi(22) La elección de los términos casi nunca es políticamente neutral, como bien saben los movimientos sociales. Al igual que los negros norteamericanos lucharon para que los blancos les llamaran por sus nombres y apellidos, precedidos por el apelativo señor o señora, y no se refirieran a ellos indistintamente, y con independencia de su edad o estatus social, como chico (boy) o chica (girl), también las feministas en determinados países, como Alemania, han conseguido desterrar del vocabulario términos, como el de Fraülein (señorita), que consideraban despectivos. Durante la mayor parte de la lucha por los derechos civiles la palabra Negro (escrita con mayúscula) era utilizada, sin ninguna connotación racista, tanto por los negros como por los blancos. A partir principalmente de 1967 el término black, asociado al mayor radicalismo de los jóvenes y de movimientos como el Black Power y el Black Pride, adquiere notoriedad y va sustituyendo al de Negro. Posteriormente, afroamericano ha sido la palabra que ha designado a este colectivo. Términos como nigger y darkie han sido y siguen siendo racistas. (23) El Congreso por la Igualdad Racial (Congress of Racial Equality, CORE) había sido creado en 1942. (24) Este argumento aparece en el documental de la BBC, The man and the dream, cuando se afirma que Kennedy consiguió el apoyo político de los negros debido a la gestión que realizó para liberar a King de la prisión de alta seguridad en Georgia en la que se hallaba confinado tras haber violado las condiciones de una orden de libertad condicional. Sí es cierto, sin embargo, que el padre de King, un influyente y próspero reverendo de Atlanta, había anunciado en uno de sus muy concurridos sermones que llevaría a Washington una maleta cargada de votos negros para Kennedy por haber facilitado la salida de la cárcel de su hijo. Revista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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les, se mostraba «receptivo a la interpretación de la Reconstrucción de los blancos sureños» (Cook, 1998, 120) y se comportaba, ante todo, como un pragmático que no estaba dispuesto a alienarse el apoyo de su partido en el Sur. Con políticos sureños dominando los más importantes comités del congreso, Kennedy «delegó» la responsabilidad de promover la justicia racial en su hermano, Robert, Fiscal General al frente del Departamento de Justicia, y en su vicepresidente, Lyndon Johnson. Su pragmatismo le sirvió inicialmente para soslayar con habilidad las presiones que recibía del movimiento, pero, en un momento posterior, se vio obligado a intervenir (de manera similar a como le había ocurrido a su antecesor en el cargo) cuando las estrategias de los activistas consiguieron desencadenar crisis políticas que forzaron la presencia federal en el Sur. CORE fue la primera organización del movimiento en lograr sacar a la administración Kennedy de su cómodo pragmatismo cuando, en 1961, dio el pistoletazo de salida a la campaña de los Viajes por la Libertad (Freedom Rides). Diseñada para comprobar si la sentencia del Tribunal Supremo que declaraba inconstitucional la segregación en las estaciones de autobús interestatales se estaba cumpliendo en el Sur, los Rides se componían de voluntarios negros y blancos que, entrenados en la no violencia, se adentrarían en el Profundo Dixie para realizar tal comprobación in situ. El presidente tuvo que desplegar al cuerpo federal de policía (US marshals) (25) en Montgomery cuando, tras sustituir activistas del SNCC a los del CORE que habían sido salvajemente atacados en Anniston y Birmingham (Alabama), aquéllos volvieron a ser violentamente apaleados. La cobertura mediática de los incidentes (26), que mostraba a unos jóvenes acurrucados en el suelo mientras hordas salvajes de blancos les golpeaban con bates y cadenas, limitándose la policía a observar la agresión, influyó sin ninguna duda en la decisión presidencial. Desgraciadamente para el movimiento, el éxito de los Rides fue seguido por el fracaso del Albany Movement, en Georgia. El Movimiento de Albany (1961-2) había sido inspirado por activistas del SNCC y constituía una coalición de grupos civiles dispuestos a usar la no violencia para denunciar la segregación, las prácticas discriminatorias en el empleo y la brutalidad policial. La participación de King y de la SCLC en la lucha tensó las relaciones entre éstos y los estudiantes, que perseguían un movimiento de bases sin líderes y recelaban del protagonismo mediático del (25) Los US marshals son funcionarios de tribunales federales que, asignados a un distrito judicial, tienen tareas similares a las de un jefe de policía. (26) La irrupción de la televisión como soporte mediático de grandes audiencias fue hábilmente explotada por los activistas.

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predicador. La moderación de las fuerzas de orden público, dirigidas por el astuto jefe de policía, Laurie Pritchett, y las estratagemas del estamento político y económico blanco, que tan pronto se aprestaba a firmar acuerdos como mostraba su falta de voluntad para cumplirlos, terminaron disipando las fuerzas del movimiento tras casi un año de presencia en las calles y más de 1.200 arrestos provocados por la desobediencia a las órdenes judiciales (injunctions) que prohibían las manifestaciones. Las razones del fracaso se resumen en la ausencia de una cuidadosa planificación, las fricciones entre la SCLC y el SNCC, la incapacidad de los activistas para granjearse el apoyo de la comunidad negra en su conjunto y la relativa no violencia desplegada por Pritchett. Como señaló Malcolm X, uno de los líderes de la organización Nación del Islam, y defensor de la doctrina de la respuesta violenta (violent retaliation) —según la cual los negros sólo debían ser no violentos con los no violentos, pero responder con la violencia si ésta se empleaba contra ellos—, el Movimiento de Albany marcó «el punto más bajo» en la lucha por los derechos civiles (en Colaiaco, 1988, 48). Sin embargo, Albany constituyó una lección que el movimiento ya no olvidaría: la no violencia debía utilizarse como estrategia militante y activa que sirviera para crear situaciones de crisis política caracterizadas por la exhibición brutal de la fuerza por parte de los sureños blancos, lo cual atraería la atención de los medios de comunicación y forzaría la intervención del ejecutivo y las autoridades federales. Esta lección fue puesta en práctica con gran éxito en la campaña de Birmingham. Siguiendo la invitación del reverendo Fred Shuttlesworth, que había organizado el Movimiento Cristiano de Alabama por los Derechos Humanos en 1956, la SCLC decidió participar en una lucha masiva contra la segregación en Birmingham en 1963. La protesta, centrada inicialmente en un boicot —acompañado de piquetes— al sector comercial del centro de la ciudad, se combinaría con sentadas y constantes marchas callejeras para provocar la «confrontación» (de hecho, la campaña recibió el nombre en clave de Proyecto «C») con el violento y racista jefe de policía, Eugene «Bull» Connor. Cuando después de unos días de protestas pacíficas, Connor decidió finalmente «restaurar el orden», permitiendo que perros adiestrados atacaran brutalmente a los manifestantes, sirvió al movimiento en bandeja de plata la crisis política que estaba buscando. Poco después, tras ser King encarcelado por desafiar una injunction del juez del estado de Alabama, la resonancia mediática de la campaña aumentó aun más. La decisión de King de no respetar la orden judicial se basó en dos argumentos clave: en primer lugar, la orden violaba la Primera Enmienda, garante de la libertad de expresión y de reunión pacífica, y, más importante aún, la orden era «injusta, antidemocrátiRevista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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ca e inconstitucional» porque provenía del tribunal de un estado en el que imperaba Jim Crow. Este segundo elemento era de crucial importancia para el movimiento, pues una cosa era incumplir la injunction de un tribunal estatal, y otra muy distinta resistirse a una injunction de un tribunal federal, ya que esta última procedía de un poder judicial que se había mostrado aliado en la lucha por los derechos civiles y dimanaba del centro del poder político al que se quería obligar a intervenir en el Sur (27): de hecho, la obediencia de King a una orden federal había sido una de las razones del fracaso en Albany. Finalmente, cuando, con las cárceles abarrotadas de manifestantes, la SCLC decidió movilizar a jóvenes y escolares y éstos fueron atacados con perros, apaleados y malheridos por mangueras de alta presión, al presidente Kennedy no le quedó otro remedio que enviar al ayudante del Fiscal General, Burke Marshall, para que presionara a la comunidad blanca con el objetivo de llegar un acuerdo, el cual, recogiendo la mayoría de las reivindicaciones del movimiento, fue firmado poco después. Durante su encarcelamiento King escribió lo que para muchos constituye el manifiesto del movimiento por los derechos civiles: la Carta desde la Prisión de Birmingham. En la misma detalla las cuatro etapas que caracterizan la protesta (la recogida de información que pruebe la existencia de injusticia; la negociación; la autopurificación o preparación para la no violencia; y la acción directa) y formula los valores y marcos cognitivos del movimiento, que, de forma resumida, son: 1. la defensa de la no violencia, que «exige que los medios que usamos sean tan puros como los fines que buscamos», ya que «está mal utilizar medios inmorales para conseguir fines morales»; 2. la aceptación del castigo (la cárcel) por el ejercicio de la desobediencia civil como medio de reforzar el sistema democrático, eliminar la injusticia racial, y obligar al país a autoexaminarse; y 3. la relevancia del derecho natural (principios morales percibidos por la razón e independientes del estado), que justifica el incumplimiento de las leyes segregacionistas «porque [éstas] distorsionan el alma y dañan la personalidad, dan al segregador un sentido falso de superioridad y al segregado un sentido falso de inferioridad» (en Colaiaco, 1988, 87) (28). (27) Injunctions «son órdenes de los tribunales que requieren que los individuos realicen, o se abstengan de realizar, determinados actos específicamente descritos en la orden» y funcionaron «como armas efectivas de las autoridades segregacionistas en su intento por impedir las protestas no violentas» (COLAIACO, 1988, 45). Podían ser recurridas ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos. (28) «Una ley injusta es un código que un grupo mayoritario en el poder obliga a un grupo minoritario a obedecer pero no obligándose a sí mismo. Esto es diferencia hecha legal. De

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Finalmente, King vincula la victoria del movimiento por los derechos civiles con el destino de América (en un claro guiño al «dilema americano» de Gunnar Myrdal) y apela a la conciencia moral de la nación. «Los turbulentos, si no criminales, sucesos en Birmingham convencieron al Fiscal General de que las crisis creadas por los derechos civiles ya no podían ser resueltas sobre una base ad hoc y que la única solución de largo plazo era aprobar una legislación general que erradicara la segregación»... Siguiendo «este cambio desde una estrategia de actuación del ejecutivo a otra del legislativo» (Cook, 1998, 133), el presidente Kennedy anunció su respaldo a un ambicioso proyecto de ley a favor de los derechos civiles (29). A pesar del prometedor curso político de los acontecimientos, la protesta negra en el Sur aumentó: una mezcla de cansancio ante las llamadas a la paciencia y la experiencia de innumerables promesas incumplidas, el aumento de las expectativas y la gradual erosión de la resignación, junto con el convencimiento por parte de las organizaciones del movimiento de la necesidad de mantener la presión en las calles para sortear los previsibles obstáculos políticos (encarnados en un Congreso dominado por sureños conservadores), explican este incremento de la acción colectiva. La campaña en St. Augustine (Florida), organizada tras un ataque incendiario a una iglesia en Birmingham que se saldó con la muerte de cuatro niños negros, intentó primordialmente evitar que se retrasara la aprobación del proyecto de ley por los derechos civiles. Entretanto, organizaciones más radicales, como el SNCC y el CORE, se asentaban en las zonas rurales más peligrosas del Sur con el objetivo de crear un movimiento de bases que pudiera sustentar por sí mismo, y sin la ayuda de líderes mediáticos de fuera, la lucha contra Jim Crow y a favor del voto. Frustrados ante sus lentos avances, los estudiantes del SNCC diseñaron una gran campaña de educación política que, con la participación de cientos de estudiantes universitarios blancos, atrajera la atención federal. La campaña, denominada Verano de la Libertad en Mississipi (Mississipi Freedom Summer), se inició en 1964 y, tras dejar en su transcurso, entre otros sula misma forma, una ley justa es un código que una mayoría obliga a una minoría a seguir y que está dispuesta a seguir ella misma. Esto es igualdad (sameness) hecha legal». El orden segregacionista es «paz negativa», aceptación pasiva de la opresión, y no «paz positiva» a través de la que se promueve la dignidad humana (en COLAIACO, 1988, 88). El movimiento denunció constantemente la inconstitucionalidad de la normativa estatal y local, contraria a la 1.ª y 14.ª enmiendas que garantizan la libertad de expresión y de protesta pacífica. (29) Con el objetivo principal de apoyar este proyecto de ley, se produce la marcha sobre Washington en 1963. Con una asistencia de más de un cuarto de millón de personas, marca el punto álgido del movimiento y el de máxima popularidad para King, que inmortaliza entonces su discurso, I have a dream. Revista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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cesos, seis activistas asesinados, miles de arrestos, y el fracaso de la iniciativa del Partido Democrático por la Libertad (Freedom Democratic Party, FDP) (30), contribuyó a la radicalización del sector estudiantil y a la posterior fractura del movimiento por los derechos civiles. Lyndon Johnson (1963-5): empuje presidencial y culminación del éxito político del movimiento Tras el asesinato de Kennedy a finales de 1963, asume la presidencia Johnson, un político tejano enormemente hábil y dispuesto a pasar a la historia como uno de los mayores reformistas del país. Gracias a su creación de un fuerte consenso bipartidista en el Congreso que impidió el ejercicio del filibusterismo (31) sureño en el Senado, Johnson puede ser considerado como uno de los artífices indudables de la aprobación en 1964 de la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act) (32), que había comenzado a preparar el equipo presidencial anterior. Igualmente importante fue el lobby ejercido por la Conferencia por el Liderazgo de los Derechos Civiles (Leadership Conference on Civil Rights), una «organización paraguas» creada originalmente para organizar la marcha de Washington en 1963 y mostrar un frente común en la lucha contra Jim Crow (33). La ley de 1964 acabó con la segregación y «otorgó al Fiscal General fuertes poderes para iniciar acciones judiciales federales que aseguraran la igualdad de trato, algo recibido con horror por los senadores sureños que consideraron la perspectiva de un aumento de la intervención federal como evidencia de totalitarismo» (Cook, 1998, 143). A pesar de los méritos de la ley, ésta no afrontaba de manera decidida el tema del voto y, por ello, la SCLC decidió llevar su protesta a Selma (Alabama).

(30) El FDP fue creado en 1964 para forzar la admisión de negros a las filas del Partido Demócrata en la convención que éste iba a celebrar en Atlantic City (New Jersey). Temeroso de que la delegación del FDP provocara un éxodo masivo de los dixiecrats, Johnson ofreció a los activistas un compromiso (principalmente, la participación de dos de sus representantes y nuevas reformas para la convención de 1968) que éstos rechazaron como claramente insuficiente. (31) El filibusterismo es una estratagema política que persigue obstruir la aprobación de legislación mediante la puesta en práctica de largos discursos y otras técnicas dilatorias. (32) En 1957 y 1960 se habían aprobado leyes de derechos civiles, pero no eran tan ambiciosas como la de 1964 y, además, no habían sido aplicadas en el Sur. (33) La coordinación a través de la creación de «organizaciones paraguas» era una práctica corriente dentro del movimiento: por ejemplo, Bob Moses, del SNCC, creó el Council of Federated Organizations para coordinar la SCLC, el SNCC y otros grupos.

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La campaña de Selma, en 1964, siguió una estrategia parecida a la de Birmingham un año antes. Tras meses de protesta callejera y la muerte a manos de la policía de un joven, se produjeron los famosos incidentes del Domingo Sangriento (Bloody Sunday), cuando manifestantes liderados por la SCLC y el SNCC fueron brutalmente atacados por las fuerzas de seguridad, dirigidas por el sherif James Clark, provocando la carga más de medio centenar de hospitalizados. De nuevo, las imágenes televisivas de pacíficos activistas gaseados y apaleados por policías a caballo galvanizaron a la opinión pública. Aprovechando este escándalo nacional, King lideró la famosa marcha de Selma a Montgomery (34), acelerando así la aprobación de la Ley de Derechos Políticos (Voting Rights Act) en 1965. Tras la culminación de su éxito, el movimiento comenzó, paradójicamente, a experimentar un declive imparable. Contribución del ejecutivo a la causa de los Derechos Civiles Roosevelt

Truman

Eisenhower

Kennedy

Johnson

–

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Años de fractura y fracaso (1966-8): la campaña de Chicago, el capitalismo a debate y críticas a Vietnam Poco después de aprobarse la Ley de Derechos Políticos, comienzan los disturbios raciales en una serie de guetos del Este y Norte del país, siendo el primero en importancia el del barrio de Watts (Los Ángeles). King fue recibido con cierta hostilidad en Watts y ello le hizo entender no sólo que su liderazgo en el movimiento estaba fundamentalmente circunscrito al Sur rural y religioso del país, sino que los problemas de discriminación y pobreza en los guetos urbanos no habían sido abordados con la suficiente energía por su organización. Por ello, la SCLC anunció que trasladaría su actuación al Norte. Chicago fue la ciudad elegida para una campaña cuyos objetivos eran mejorar las condiciones de vida en los guetos y denunciar la segregación en el acceso a la vivienda (35). Éstos eran fines ambiciosos en un contexto altamente complejo, pues al frente de Chicago, con más de tres millones de ha(34) Todos los pormenores que rodean a la marcha los recoge TAYLOR BRANCH, en At Canaan’s Edge: America in the King Years, 1965-68. Este libro junto con los dos anteriores del mismo autor (Parting the Waters y Pillar of Fire), constituyen la obra más detallada sobre el movimiento. Garry Wills, en The New York Review of Books. (35) Durante los años 50, el país había experimentado un proceso imparable de «suburRevista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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bitantes, se encontraba el alcalde demócrata Richard J. Daley, astuto demagogo y excelente encarnación de la política clientelar, que contaba con el apoyo electoral de negros, trabajadores blancos y católicos. Como pronto descubrirían los activistas, la estrategia de la no violencia y la cooperación interracial no encontró una gran receptividad entre las masas pobres y desarraigadas de los guetos, más atraídas por los discursos de tono beligerante de figuras como Malcolm X. La campaña de Chicago se vio interrumpida cuando James Meredith, un conocido activista, fue tiroteado en Mississipi en el verano de 1966, tras embarcarse en una marcha en solitario para animar a los negros del Sur a registrarse electoralmente. De nuevo en el Sur, King decidió, junto con Floyd McKissick (CORE) y Stokely Carmichael (al frente del SNCC tras haber sustituido al relativamente moderado John Lewis), que el movimiento debía retomar el proyecto de Meredith. A pesar de las tensiones entre el ala moderada (básicamente Roy Wilkins de la NAACP, y Andrew Young de la SCLC) y la radical (CORE y SNCC), se organizó una marcha desde Menfis hasta Jackson, durante la cual rivalizaron en popularidad el eslogan Black Power (36), coreado por Carmichael, y símbolo tanto de la autodefensa como del separatismo racial (37), y el alternativo, Freedom Now, de los seguidores de King. Recibidos con brutal saña por la policía en distintas localidades, la televisión pareció más interesada, por primera vez, en mostrar la desunión del movimiento que la violencia de las fuerzas del orden. Tras 1966 el movimiento ya no volvería a actuar de forma conjunta y cohesionada. banización», gracias al cual «el centro de las ciudades creció [solo] un 11 por 100... mientras que las áreas residenciales (suburbs) lo hacían un 46 por 100». Lo interesante de este proceso es que, al tiempo que muchos centros urbanos se convertían en guetos de minorías raciales, los suburbios alojaban exclusivamente a la próspera clase media blanca. Esta segregación fue alentada tanto por ordenanzas locales (zoning laws) como por acuerdos privados (private covenants). «Uno de los rasgos más sorprendentes de esta bifurcación racial es que estaba ocurriendo en el preciso momento en que... las bases legales de la segregación estaban empezando a ser eliminadas... La suburbanización... estaba reforzando la base de facto de la segregación racial en un momento en el que las sentencias judiciales, la protesta militante, la acción del Congreso y las intervenciones del ejecutivo estaban debilitando su base de jure» (POLENBERG, 1980, 128, 153). (36) Tras años de hostigamiento en el Sur, y ante lo que percibía como exiguos avances como resultado de la cooperación con los blancos liberales, Carmichael promovió una fuerza política exclusivamente negra en Mississipi: la Organización por la Libertad del Condado de Lowndes (Lowndes County Freedom Organization), que adoptó el símbolo de una pantera negra. Esta nueva y más agresiva aproximación al problema racial fue seguida por el Partido de los Panteras Negras (Black Panther Party for Self-Defense), creado en 1966 en Oakland, California (COOK, 1998). (37) Poco después, el SNCC votaría la expulsión de los blancos de la organización.

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La campaña de Chicago, caracterizada por la ferocidad racista de los residentes de los suburbios blancos ante las marchas que denunciaban la segregación en la vivienda, se saldó con un acuerdo que facilitó la salida de la SCLC de la ciudad. El acuerdo no resolvió los problemas que habían motivado la campaña (de manera similar a como había ocurrido con el fracasado Movimiento de Albany), y tampoco se vio precedido por la intervención de las autoridades federales. De todos modos, las relaciones entre la administración Johnson y King eran entonces tensas, no sólo porque el líder de la SCLC se había opuesto a la guerra del Vietnam en fecha tan temprana como 1965, sino también porque éste había ampliado la agenda de su organización (desde los derechos civiles a los derechos humanos) y estaba poniendo en cuestión las bases económicas del país, al tiempo que propugnaba una especie de socialismo cristiano. La postura antibelicista adoptada por King, que le granjeará la enemistad no sólo de su antiguo aliado, el presidente Johnson, sino también de organizaciones como la NAACP y de miembros de su propio colectivo, está fuertemente vinculada al cambio estratégico de la SCLC, ya que se argumenta que la guerra en Vietnam está privando a la administración de los recursos necesarios para llevar a cabo la guerra contra la pobreza encarnada en los programas federales de la Great Society (38). La radicalización del predicador baptista durante los años 1966, 1967 y 1968 le llevó a apoyar el proyecto Campaña de la Gente Pobre (The Poor People’s Campaign), que preveía una alianza interracial de «parias» que se asentarían en chabolas en Washington para protestar de forma no violenta por las desigualdades socioeconómicas del capitalismo. Su asesinato en Menfis en 1968, tras haberse desplazado a dicha ciudad para apoyar una huelga de los trabajadores del sector sanitario, imposibilitó que retomara la campaña en contra de la pobreza (39) y privó al movimiento de su líder indiscutible. Si ya desde 1966 el movimiento se había desmembrado, tras 1968 había sido irremediablemente decapitado. El resumen de las cinco presidencias se encuentra en los esquemas que aparecen a continuación, en los que las estructuras de input político se señalan con rectángulos (las demandas del movimiento se marcan con flechas y las contrademandas de los antagonistas con conectores) y las de output (decisiones políticas y productos legislativos) con óvalos. (38) En 1964, Johnson «declaró una guerra incondicional a la pobreza y aseguró el apoyo del Congreso a su Ley de Oportunidad Económica, la primera de una serie de leyes diseñadas para promover la “Gran Sociedad”» (COOK, 1998, 179). (39) Esta campaña fue puesta en práctica de manera apresurada, cuando ya King había sido asesinado, por parte del que sería su sucesor al frente de la SLCL, Ralph Abernathy, y fracasó estrepitosamente. Revista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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Presión BSCP + Lobby NAACP

Roosevelt

órdenes ejecutivas Lobby NAACP Tribunal Supremo

Truman Presión del movimiento

órdenes ejecutivas

sentencias

Consejos de Ciud. Blancos Dixiecrats

Tribunal Supremo

Presión del movimiento

Eisenhower

Consejos de Ciud. Blancos

Envio tropas

Johnson Kennedy

Presión del movimiento

Fiscal General

Proyecto de ley de derechos civiles

Senado

Congreso Johnson

Presión del movimiento

Ley de Derechos Civiles Ley de Derechos Políticos

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VARIACIONES AL MODELO DE PROCESO POLÍTICO: ¿CÓMO AFECTÓ EL SISTEMA POLÍTICO NORTEAMERICANO A LA PROTESTA?

El modelo de proceso político recoge, como ya se vio anteriormente, una serie de dimensiones de la variable de las oportunidades políticas que afectarían tanto a cuándo y cómo decide actuar el movimiento social, como a cuáles son los resultados de su acción. 1.º) En primer lugar, se ha señalado que a) generalmente los países altamente descentralizados, o federales, facilitan la puesta en práctica de la protesta porque multiplican los puntos de acceso al sistema político, aunque b) desde el lado de las estructuras del output, los países descentralizados y con una formalizada división de poderes son menos eficaces que los centralizados a la hora de cumplir lo acordado con los activistas o de garantizar la puesta en práctica de los productos políticos y legislativos (lo que se denomina baja capacidad de enforcement) (Tarrow, 2004; Kriesi, 1992; Kitschelt, 1986). En el caso de los derechos civiles ninguno de estos dos supuestos se cumple. 1a. Por un lado, no es tanto el grado de descentralización per se del país, sino el reparto de competencias entre los distintos poderes territoriales asociado a una determinada política o a la gestión de un asunto concreto, acerca de los cuales se moviliza el movimiento social, lo que importa. Es decir, no es lo mismo enfrentarse a la construcción de plantas nucleares, como elemento crucial de la planificación energética de medio-largo plazo que está en manos del gobierno central, que combatir un sistema de segregación racial y exclusión del voto de jure que afecta sólo a una región del país y sobre el cual existe, en principio, una tradición asentada de aquiescencia, o no intervención, por parte del gobierno federal. En este último caso, el ámbito de la actuación está determinado por la existencia de la práctica que se denuncia y no por la naturaleza federal o no del país. Además, en aquellos países, como Estados Unidos, cuyo federalismo parte de abajo a arriba (de los estados hacia la unión), y cuya constitución recoge un formalizado sistema de división de poderes con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, el ejercicio abusivo de la autoridad por parte del ejecutivo, suele existir una sospecha generalizada hacia toda expansión, o intervención «injustificada», de la administración federal (40). Y como era (40) Los enormes problemas que encontró el New Deal son prueba de esta sospecha, la cual tiene raíces históricas que se remontan al enfrentamiento entre las colonias americanas y la metrópoli: cuando Inglaterra decidió imponer ciertos impuestos a sus colonos en torno a 1774, éstos se opusieron con el eslogan «no taxation without representation». La primera Revista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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al poder federal al que el movimiento por los derechos civiles quería forzar a intervenir en el Sur, la peculiar visión del federalismo en Estados Unidos no ayudó en absoluto a la protesta. En este sentido, existía una doctrina jurídica que dificultaba la intervención federal: la doctrina de los derechos de los estados, que señalaba que el poder policial en cuanto al mantenimiento de la ley y el orden recaía en las autoridades locales. De manera coincidente, la visión del federalismo que compartieron todos los presidentes reseñados era la de que el gobierno federal no podía mandar fuerzas de orden público a los estados a menos que lo pidieran sus gobernadores. De hecho, el gobierno federal sólo intervino —mediante injunctions o federalizando las fuerzas estatales— cuando se violaban las sentencias de tribunales federales (sucesos de Little Rock), o cuando los estados no podían mantener la ley y el orden (caso de los Freedom Rides). Si acaso, una de las pocas ventajas del sistema federal que explotaron los activistas, asesorados por la NAACP, fue el sistema dual de legislación e injunctions estatales (definidas como injustas y por lo tanto «violables») y legislación e injunctions federales (justas y respetables en principio, aunque, si éstas obstaculizaban las estrategias de los activistas, siempre se podía invocar la autoridad superior del derecho natural). Por otro lado, a pesar de que la responsabilidad de hacer cumplir la Constitución y las leyes de la nación recaían principalmente en el Presidente —que tiene (según el art II) el deber de «preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos», y que es (según el art VI) «la ley suprema del país»—, existieron fuertes resistencias en cuanto al ejercicio de este mandato. Tampoco se tutelaron eficazmente por el gobierno federal la 1.ª enmienda (que recoge el derecho a la libertad de expresión, reunión pacífica y a pedir al gobierno la reparación de los agravios), la 14.ª (que garantiza el derecho a una igual protección de las leyes y prohíbe a los estados que priven a sus ciudadanos de la vida, libertad o propiedad sin la debida tutela de la ley), o la 15.ª (que protege el derecho de todos los ciudadanos al voto). Ni siquiera se invocó el art VI de la Constitución (supremacy clause) que da poderes al gobierno federal para actuar si un estado fracasa a la hora de pro«constitución confederal» de 1777, incapaz de crear el marco político necesario para el desarrollo social y económico de las ya independientes colonias, dio paso a la Convención de Filadelfia, durante la cual se produjo el debate político entre los federalistas y los antifederalistas, que finalmente resultó en la Constitución de 1787. Aunque como es bien sabido la interpretación que triunfó en la carta magna fue la de los defensores de un gobierno federal fuerte, ni los ecos antifederalistas, ni el recelo de los federalistas hacia las mayorías, se han apagado jamás. Artículos federalistas y antifederalistas (selección e introducción de SÁNCHEZ-CUENCA Y LLEDÓ).

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teger derechos garantizados constitucionalmente. El que mejor articuló la resistencia a intervenir en el Sur fue Burke Marshall (ayudante del Fiscal General y responsable de derechos civiles en el Departamento de Justicia) en una serie de conferencias celebradas en 1964 en la Universidad de Columbia, que aparecieron en un libro titulado Federalism and Civil Rights. «En el prefacio al mismo, el Fiscal General, Robert Kennedy, explicaba que, como un límite a los poderes del gobierno federal, los autores de la constitución norteamericana habían construido un sistema que otorgaba un considerable poder a los estados en cuanto al mantenimiento de la ley y el orden. Aunque Kennedy reconocía la exigencia en aumento de protección federal para los negros y los activistas de los derechos en el Sur, insistía al mismo tiempo en que existía una reticencia a iniciar el sendero que conduciría inevitablemente a la creación de una fuerza nacional de policía» (41) (en Colaiaco, 1988, 145). Siguiendo este argumento, que expresaba el temor a que la injerencia federal rompiera el delicado equilibrio entre los poderes de la nación y de los estados que contribuía a preservar la libertad, Marshall afirmaba que el gobierno no debía asumir los litigios por vulneración de derechos constitucionales en el Sur, ya que el sistema federal contemplaba que tales derechos eran individuales y personales, y debían ser defendidos por los propios ciudadanos en los tribunales. También aseveró que para aprobar una injunction que protegiera los derechos, el Departamento de Justicia debía contar con una autoridad normativa como la que derivaba de las leyes de derechos civiles (42). 1b. Por otro lado, si bien el sistema norteamericano no favoreció la expresión de la protesta a favor de los derechos civiles (desde el lado de las estructuras de input politico), su eficacia (desde el lado del output) a la hora de hacer cumplir la legislación en contra de la segregación (Ley de Derechos Civiles de 1964) y en contra de los obstáculos al ejercicio del voto (Ley de Derechos Políticos de 1965) fue indudable. En 1966, sólo un año después de aprobarse la legislación sobre derechos políticos, 430.000 ciudadanos negros se registraron para votar en los once estados sureños y, a finales de la (41) En esta misma línea, el profesor Bickel, de la Facultad de Derecho de Yale, declaraba que una fuerza nacional de policía sería «destructiva para los valores de una sociedad libre» (en COLAIACO, 1988, 145). (42) No todos los juristas compartían, sin embargo, tal interpretación: en 1964, 27 profesores de las más prestigiosas escuelas de derecho firmaron una declaración apoyando una mayor intervención federal en defensa de los derechos civiles. Contradiciendo claramente a Marshall, además, argumentaron que el Departamento de Justicia podía buscar injunctions que protegieran los derechos civiles de las personas sin la necesidad de contar con la autoridad de leyes específicas (en COLAIACO, 1988). Revista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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década, aproximadamente el 60 por 100 ya estaba preparado para participar en los comicios; si se escogen los «peores» estados, Alabama y Mississipi, el porcentaje de registrados aumentó dramáticamente entre 1964 y 1968, desde el 23 por 100 al 53 por 100 y desde el 6,7 por 100 al 59,4 por 100, respectivamente (Martín, 2004, 87; Cook, 1998, 177). De la misma forma, el complejo sistema de segregación mantenido durante casi un siglo, que indicaba claramente qué lugares eran sólo para blancos y cuáles eran para los negros (colored only), comenzó a ser desmantelado con prontitud durante los años que siguieron a la aprobación de la legislación de 1964. 2.º) En segundo lugar, la literatura suele afirmar que la dura represión que en ocasiones confrontan los movimientos sociales tiende a provocar o bien desmovilización, o bien fracturas que conducen a la radicalización de una minoría dentro del movimiento (Della Porta, 1995; Tarrow, 2004). De nuevo, el caso de los derechos civiles refuta ambos escenarios. Mientras el movimiento se mostró unido (hasta aproximadamente mediados de los años 60), existió una coincidencia por parte de las distintas organizaciones, desde el SNCC hasta la SCLC, con respecto a la necesidad de provocar la peor brutalidad policial en los estados del Sur para explotarla política y mediaticamente con posterioridad. Por ejemplo, el inspirador del Freedom Summer, Bob Moses, del SCLC, reclutó conscientemente a estudiantes blancos de las universidades de Yale y Stanford para forzar la intervención federal en Mississipi: ya que las autoridades en Washington parecían haberse acostumbrado al hostigamiento sistemático a la comunidad negra, tal vez se verían sacudidas de su somnolencia si la televisión presentaba las imágenes de jóvenes blancos de clase media/media-alta siendo apaleados por las fuerzas supremacistas. La confianza en las instancias federales (ya fuera el Presidente, el Fiscal General o el Departamento de Justicia, el Tribunal Supremo o los jueces federales de distrito) sólo se rompió a partir de 1965, tras la decepcionante experiencia del Freedom Democratic Party y la vivencia cotidiana de violencia en el Sur Profundo que experimentaron los jóvenes activistas negros que provenían del Norte. Y esta ruptura sólo afectó a determinadas organizaciones del movimiento como el CORE y el SNCC, pero no a otras, como la SCLC y la NAACP, que siguieron trabajando con el establishment blanco liberal. Lo interesante, sin embargo, es recordar que el movimiento coincidió, durante más de una década, en la necesidad de provocar una dura represión por parte de sus antagonistas de forma que se crearan situaciones de crisis política que forzaran la presencia federal en Dixie: cuanto más dura la represión, mayor la movilización y mayores las probabilidades de éxito; cuanto más dura la represión, mayores los esfuerzos estratégicos por mantener al movimiento dentro de los repertorios no violentos de acción colectiva, 42

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de forma que no se proporcionaran argumentos justificatorios a los antagonistas. 3.º) La literatura, en tercer lugar, menciona la existencia de aliados influyentes como un elemento que abre ventanas de oportunidad política y condiciona, consiguientemente, cuándo decide actuar el movimiento social y cuáles son sus probabilidades de éxito. Sin embargo, aunque este tipo de aliados es constatable a lo largo de las distintas etapas por las que transcurre la protesta negra por los derechos, su impacto es relativamente insignificante. Se podría empezar mencionando a Eleanor Roosevelt (miembro honoraria de la NAACP, ardua defensora de una ley federal antilinchamiento durante los cuatro mandatos presidenciales de su marido, y activista contraria a la segregación), pasar por Richard Nixon (vicepresidente durante el gobierno de Eisenhower, que cultivó la amistad de King desde que ambos coincidieron en 1957 en la conmemoración de la independencia de Ghana, invitándole posteriormente a la Casa Blanca para hablar de derechos civiles), y llegar a Harris Wofford (responsable de derechos civiles en el Departamento de Justicia con Kennedy y consejero personal del propio King), para concluir que, a pesar de las distintas posiciones cruciales que todos ellos ocuparon, ninguno fue capaz de, o mostró el suficiente vigor político para, hacer avanzar significativamente la causa del movimiento. La principal razón de este «fracaso» era la peculiar distribución del poder político en el país, con un Partido Demócrata fuertemente dividido en el tema racial, dentro del cual el ala liberal del Norte tenía que contar con el apoyo electoral que la conservadora maquinaria del Sur (bastión incuestionable de los demócratas) le brindaba, y con un Partido Republicano sin un claro programa reformista, y fragmentado también (aunque no tanto regionalmente) en torno al tema de la igualdad entre las razas. Como prueban claramente las presidencias demócratas de Roosevelt y Kennedy, el pragmatismo que impregnó sus actuaciones en cuestiones de derechos civiles venía marcado por su profundo conocimiento de la Realpolitik estadounidense. Por ello, hablar de aliados influyentes implica una cierta visión personalista, voluntarista e ingenua del juego político, que relega a un segundo plano los constreñimientos institucionales (el formalizado sistema de división de poderes que posibilita, entre otras cosas, una distinta correlación de fuerzas en el Congreso y el Senado), políticos (la división intra e interpartidista de partidos sin disciplina de voto) (43) (43) «Generalmente, los congresistas y senadores no se han sentido vinculados a su partido cuando la preferencia del mismo entraba en conflicto con su propia conciencia o con los intereses de sus electores... los miembros del Congreso no son criaturas de sus partidos nacionales. Los legisladores dependen de sus propias habilidades a la hora de conseguir su nominaRevista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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y sociales (la fuerza de los antagonistas y el enraizamiento del prejuicio racial) que rodearon el ámbito de las decisiones políticas. Tales constreñimientos perdían importancia cuando la presión del movimiento provocaba la violencia más brutal por parte de los supremacistas y cuando el lobby de organizaciones como la NAACP se traducía en sentencias judiciales que eran ignoradas por las autoridades sureñas. Enfrentado a esta situación, el ejecutivo se veía obligado a adoptar decisiones extremas, como la promulgación de órdenes ejecutivas, la aprobación de injunctions —a través de las instancias judiciales federales— que protegían el derecho a protestar pacíficamente por parte de los activistas, o el envío de tropas (o la federalización de las de los estados) para mantener la ley y el orden. Puede decirse así, sensu contrario, que no fueron los aliados sino más bien los antagonistas los que proporcionaron (involuntariamente) los mayores éxitos al movimiento. 4.º) Aunque los constreñimientos o restricciones políticas influyeron en la escasa proclividad del ejecutivo a actuar motu proprio a favor de los derechos civiles (44), no condicionaron de la misma forma la dinámica del movimiento: la protesta por los derechos aumentó, a pesar de la existencia de una desfavorable estructura de oportunidad política (EOP), a partir de mediados de los años 50. Como han señalado diversos autores (Della Porta, 1995; Rootes, 1999), más allá del tipo de separación de poderes que recoja la constitución de un país, del sistema electoral o del modelo de distribución territorial del poder existentes en el mismo, los movimientos sociales tienen en cuenta, a la hora de elaborar sus estrategias, factores cambiantes de corto plazo como las previsibles reacciones de las autoridades y de la policía ante una manifestación anunciada, el impacto mediático de un determinado tipo de protesta o las consecuencias que para una coalición de partidos en el gobierno tendrá la reivindicación pública de sus demandas. Existe así una gran coincidencia en la literatura a la hora de argumentar que las oportunidades, en la mayoría de los casos, no deberían reflejar primordialmente características estructurales y relativamente inmutables del sistema político, sino más bien rasgos coyunturales o volátiles del mismo, y que, por ello, no debe-

ción, coaliciones de apoyo en sus distritos o en sus estados, y recoger contribuciones para la campaña». A diferencia de Europa, no existe en los Estados Unidos un «sistema de partidos responsable» que promueva el ejercicio coherente y por mayoría del poder (BERRY, 1997, 48-9). (44) A diferencia del modelo de movilización de recursos, en el que subyace una visión benigna (léase pluralista) de la política, el de proceso político mantiene que la clase política quiere mantener el statu quo y que sólo accederá a introducir reformas sustanciales si se ve presionada a ello.

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ría hablarse de EOP, sino simplemente de oportunidades y restricciones políticas. Lo que parece olvidar este análisis es, en cuarto lugar, que los determinantes del contexto político no afectan del mismo modo a los distintos actores que interactúan estratégicamente: podría afirmarse así que las autoridades y las élites se ven más mediatizadas por aquéllos que los movimientos o sus antagonistas. La mayor «libertad» de los activistas frente a la EOP explicaría el porqué de la movilización in crescendo de la protesta negra desde mediados de la década de los 50, una vez que el protagonismo de las bases sociales sustituyó el liderazgo de las organizaciones más convencionales del movimiento. 5.º) Los modelos constructivistas, que centran su atención en los enmarcados (framing) mediante los cuales los protagonistas de la protesta construyen significados y símbolos comunes, así como definiciones compartidas de la situación (que incluyen la identificación del problema o la injusticia, de los responsables de la misma y la propuesta de soluciones), generalmente atribuyen una gran plasticidad a estos procesos de construcción cultural. Sin embargo, y ésta sería finalmente una crítica dirigida tanto a los constructivistas como al modelo político, la principal razón por la cual el enmarcado contribuyó indudablemente al éxito del movimiento por los derechos civiles fue su «corrección política». Ello implica que el framing estaba mucho más imbricado en la tradición política del país y era, por consiguiente, menos innovador y rupturista de lo que la literatura suele reconocer (45). Como señala Walter, el movimiento estaba «enraizado en el americanismo, el cristianismo y la completa convicción de que, con independencia de lo que dijeran las ordenanzas de Alabama y Montgomery, la ley auténtica, tanto la ley de Dios como la ley de una nación justa, estaba del lado de la justicia racial. Este espíritu, profundamente leal a la Constitución y con la fe puesta en que América viviría de acuerdo a sus ideales, impregnó tanto la estrategia como las tácticas del movimiento» (2001, 314). Asimismo, hasta mediados de los años 60, el movimiento se cuidó mucho de explotar las diferencias entre blancos y negros, y evitó la construcción de identidades polémicas (Della Porta y Diani, 2006) y excluyentes: a diferencia de Malcom X (2003), que había proclamado que los blancos encarnaban el mal y que, aunque podrían existir blancos buenos, no había tiempo para buscarlos, tanto la NAACP como la SCLC, como incluso organizaciones más radicales como el (45) La cultura, los valores y las ideologías, siendo como son productos históricos y heredados, que se transmiten de generación en generación, pueden en ocasiones constreñir más que ampliar las posibilidades creativas de la protesta. Revista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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CORE y el SNCC durante gran parte de su activismo, buscaron la colaboración con los blancos liberales. En un contexto de Guerra Fría, además, el movimiento explotó hábilmente las contradicciones entre la propaganda democrática y antisoviética de los Estados Unidos y las prácticas antidemocráticas en el país. Ya durante el boicot de Montgomery, King proclamó: «La única arma que tenemos en nuestras manos es la de la protesta. Si se nos encarcelara detrás del telón de acero de una nación comunista, no podríamos protestar... Pero la gran gloria de la democracia americana es el derecho a protestar por los derechos...» (46). Dentro de esta línea argumental, el vínculo entre el destino del movimiento y el del país fue objeto de mención continua: «Si estamos equivocados, entonces el Tribunal Supremo de esta nación está equivocado. Si estamos equivocados, entonces Dios Todopoderoso está equivocado» (Walter, 2001, 314). Las continuas referencias religiosas tienen indudablemente que ver con el protagonismo de los predicadores dentro del movimiento a partir de 1955, pero no se puede aquí olvidar que, hasta entonces, la mayoría de los líderes religiosos negros del Sur compartían una visión conservadora y resignada del gospel cristiano. El movimiento tuvo pues que empeñarse a fondo para transformar tal visión, «liberando cognitivamente» (McAdam, 1982) tanto a los pastores como a sus feligreses (47). Además, el elemento cristiano del framing fue indudablemente eficaz, en un país tan profundamente religioso como Estados Unidos, a la hora de despertar la conciencia moral de la nación. Por lo tanto, y al igual que ocurrió con la defensa de la estrategia de la no violencia por parte de la mayoría de las organizaciones del movimiento, el uso del cristianismo durante la protesta obedeció tanto a razones éticas como instrumentales.

(46) En 1956, cuando los estudiantes y trabajadores húngaros intentaron acabar con el régimen comunista y terminaron siendo aplastados por las tropas del Pacto de Varsovia, el gobierno de Eisenhower denunció el totalitarismo soviético, pero fue replicado por la prensa negra: «¿Cómo puede América en buena fe escandalizarse de tal forma por la libertad de los húngaros cuando a una enorme proporción de su propia población se la priva de la libertad que garantiza la Constitución?» (en MARTIN, 2004, 34). (47) DIANI y DELLA PORTA (2006) señalan que la religión puede contener tanto elementos de cambio y reforma, como de aceptación del statu quo, algo que tiende a olvidarse NEW YORK.

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CONCLUSIONES

La variable de las oportunidades políticas que utiliza el modelo de proceso político es claramente insatisfactoria a la hora de explicar cuándo surge, cómo actúa, y qué es lo que consigue el movimiento por los derechos civiles. Aunque pueda ser cierto que para comparar movimientos sociales diversos y elaborar hipótesis generales que puedan ser aplicables en distintos contextos, hay que centrarse en las dimensiones estructurales de las oportunidades políticas (EOP) y no en las coyunturales, y más mutables, que recoge el modelo de proceso político (Rootes, 1999; Kriesi, 1992), no es ésta la principal razón por la cual este modelo resulta ser insuficiente: su insuficiencia deriva de la confección de una lista de elementos que se presentan como necesarios y suficientes para entender la relación entre distintos tipos de acción colectiva y sus particulares contextos políticos. La complejidad institucional, las especificidades del proceso político y los rasgos sui generis de la interacción entre los actores públicos y privados, no pueden quedar recogidos en una lista cerrada de variables políticas que, además, aspira a establecer relaciones de causalidad entre aquéllas y las dinámicas de protesta en distintos países. La aplicación de fórmulas políticas predeterminadas es poco útil no solo a nivel de estudio de caso (ya que el mismo país puede pasar por diferentes ciclos históricos, o por momentos más o menos favorables políticamente para la expresión de determinadas reivindicaciones), sino también a nivel comparativo: naciones con una tradición política común como, por ejemplo, los Estados Unidos y Gran Bretaña, muestran enormes diferencias en sus estructuras políticas. Más aún, tales fórmulas son claramente deficientes cuando lo que se estudia son movimientos sociales en contextos democráticos de riesgo. Tal y como se ha mostrado a través del análisis del movimiento por los derechos civiles, ni la existencia de aliados influyentes ni de un sistema federal favoreció la expresión de la protesta negra. Sin embargo, una vez que las reivindicaciones del movimiento consiguieron convertirse en legislación, la estructura territorialmente descentralizada y de rígida separación de poderes del país no impidió la rápida puesta en práctica de tales outputs políticos. Por otro lado, las formas de represión y control, caracterizadas por su enorme brutalidad, no sólo no consiguieron desmovilizar a los participantes en la protesta, sino que reforzaron la adhesión de los mismos en torno a los repertorios no violentos de actuación (reduciendo la posibilidad de radicalización de una minoría, al menos hasta mediados de los años 60). Paradójicamente, además, y en clara contradicción con lo que señala el modelo de proceso político, el movimiento buscó provocar la máxima violencia por parte de sus Revista de Estudios Políticos (nueva época) ISSN: 0048-7694, Núm. 136, Madrid, abril-junio (2007), págs. 11-49

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antagonistas de manera que las autoridades federales se vieran obligadas a intervenir. Otro de los asuntos que no recoge la literatura es que las dimensiones que engloba la variable de las oportunidades políticas no influyen de la misma forma en los distintos actores que interactúan durante el desarrollo de la protesta: la EOP parece constreñir más a las autoridades que a los activistas o a sus antagonistas, disponiendo estos últimos de un mayor margen de maniobra que los primeros aunque operen en el mismo contexto político. Finalmente, el estudio de los derechos civiles permite analizar desde una óptica más política e instrumental, y menos creativa, contracultural o rupturista, el proceso de creación de discursos y significados en el que se embarcan todos los movimientos sociales. Las constantes referencias cristianas, a la Constitución, a la democracia estadounidense y a los valores morales de la nación no sólo otorgaron legitimidad a la protesta negra por parte de la opinión pública (lo que podría denominarse éxito procedimental), sino que facilitaron la consecución de sus objetivos (éxito sustantivo).

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