Consultas populares, el dilema del movimiento de reivindicación del territorio en Guatemala

XXVIII CONGRESO INTERNACIONAL DE ALAS 6 a 11 de septiembre de 2011, UFPE, Recife-PE GT20 Sociedad civil: protestas y movimientos sociales Consultas populares, el dilema del movimiento de reivindicación del territorio en Guatemala Universidad de San Carlos de Guatemala – Escuela de Ciencia Política Miguel Alejandro Saquimux Contreras Max José Castillo Castillo Mónica Anaelí Aguilar Estrada

Resumen

Abstract

En Guatemala, desde 1996, con la firma de los Acuerdos de Paz, los gobiernos han facilitado y permitido la explotación del subsuelo y extracción de minerales por parte de empresas transnacionales. Sin embargo, estos procesos de la historia reciente del país son parte de una histórica tradición que responde a la racionalidad extractiva ligada al mercado internacional.

In Guatemala, since 1996, with the signing of the Peace Accords, governments have facilitated and allowed the exploitation of the subsoil and the extraction of minerals by transnational companies. However, processes of the country's recent History are part of a historical tradition that responds to an extractive rationality bounded to the international market.

Ante las nuevas condiciones promovidas desde la institucionalidad estatal, se han generado diversidad de acciones de protesta por parte de los sectores que reivindican la defensa del territorio. Tales acciones evidencian nuevas formas de organización social mediante las cuales esos sectores han buscado canalizar su rechazo hacia estas prácticas neocoloniales. Estas, en términos generales, se han articulado en torno a las llamadas “Consultas Comunitarias”, respaldadas por el convenio 169 de la OIT, la Ley Electoral y de Partidos Políticos y el Código Municipal.

Under the new conditions promoted by the institutionality, different kinds of protest actions have been generated by groups claiming for the defense of the territory. Such actions demonstrate new forms of social organization by which these have sought to canalize their rejection toward neocolonial practices; which, in general terms, have been articulated around the called "Community Consultations", supported by the ILO Convention 169, the law on Elections and Political Parties; and the Municipal Code.

Se problematiza el carácter de las consultas, tanto desde su carácter organizacional, sus agendas de trabajo y lucha; así como sí éstas pueden ser consideradas como reacciones puntuales ante tales situaciones o si, por el contrario, estamos ante un tipo de movimiento de reivindicación en el que el territorio se constituye un eje central aglutinador y problematizador frente a la intromisión abusiva y devastadora del capital transnacional. Palabras Claves: Territorio, Territorialidad, Pueblos Indígenas, Neoliberalismo, Consultas Comunitarias, Defensa del territorio, c169

We problematize the nature of the consultations, their organizational character, their agendas and struggle. Also, we wonder if these can be considered as an specific reaction to such situations, or if, au contraire, this is a kind of reivindication movement in which the territory constitutes the main focal point against abusive and destructive interference from transnational capital. Keywords: Territory, territoriality, Indigenous people, neoliberalism, community consultations, defense of territory, c169.

Nuestros más sinceros agradecimientos a: -Msc. Claudia Gil, por motivarnos a hacer la ruptura, y por su apoyo incondicional en todos los aspectos posibles. -Dr. Gustavo Palma Murga, por todos los meses que nos nutrió de conocimiento, y por incentivarnos a realizar una reinterpretación histórica de Guatemala. -Dra. Simona Yagenova, por brindarnos las herramientas básicas para la interpretación del fenómeno. -Dr. Luis Mack y Lic. Marcio Palacios por todo su apoyo.

Contexto histórico “Sumergiéndonos en las arenas del tiempo”

1.

“Un continente concebido por las heces del mundo entero sin un instante de amor: hijos de raptos, de violaciones, de tratos infames, de engaños, de enemigos con enemigos." Gabriel García Márquez

En Guatemala, desde el año 2005, alrededor de cada mes y medio, más de trece mil personas manifiestan su rechazo a la extracción minera, y más recientemente su rechazo hacia todo Mega Proyecto que se ubique dentro o en las postrimerías de su municipio; hecho que en los medios de comunicación se ha invisibilizado, criminalizado y al mismo tiempo ha sido menospreciado por la opinión pública. Este fenómeno suscita actualmente una serie de debates que van desde la legitimidad hasta la legalidad de éste, omitiendo por momentos el carácter sui géneris del fenómeno en sí mismo y peyorizando su carácter comunitario, que es, a nuestro criterio, el rasgo más fascinante de esta articulación que manifiesta la añeja y latente lucha por la defensa del territorio en Guatemala.

Pero, ¿Cuáles han sido las circunstancias históricas y coyunturales que han dado origen a ésta articulación? Partiendo de que la existencia de Guatemala como tal, tiene que ser entendida como el producto de una racionalidad económica extractiva, construida desde la Colonia para operar respondiendo a las necesidades del mercado internacional, considerando que desde esta época, en el país ha habido presencia de extracción minera1. Se llega a la premisa, en base a un breve y selectivo estudio de la historia de Guatemala, que el articularse en cada período histórico de acumulación a las demandas impuestas por el mercado internacional genera modificaciones en las formas de organización social y distribución del territorio; por lo cual las comunidades han ido reaccionando históricamente de diversa manera para la defensa del territorio.

1.1 Desarticular y re articular Con la Invasión española a principios del siglo XVI, se inicia un proceso de desestructuración de las sociedades existentes dando paso a un nuevo orden que se constituye en el sistema económico y político conocido como la Colonia. En Centroamérica no se encuentran los yacimientos de plata y minerales (Bethell, 1990a; 173), sin embargo hay abundante presencia de dos elementos económicos que articulan el modo de producción agro exportador guatemalteco: Tierra y gente. La reorganización social y política giró en torno a la consolidación de este modelo

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Ver anexo 1

productivo que utilizaría el repartimiento y la encomienda, para canalizar la mano de obra indígena en la producción de alimentos, servicios e impuestos. La pieza fundamental de este nuevo orden son los pueblos de indios, que concentran a la población indígena en un espacio determinado, ideado para controlar la fuerza de trabajo y el vasallaje. Lo anterior devino con la siguiente composición de la tenencia de la tierra: ejidal, comunal, privada y eclesiástica. Siendo las más importantes las primeras dos; la ejidal regularmente estaba conformada por 38 caballerías o 1,702.4 hectáreas (Camacho, Dourocher, Fernández, Letona, 2003; 24) a la que se le añadía las tierras comunales, éstas se utilizaban para la completar la producción del tributo y producir bienes para el autoconsumo, en muchas ocasiones las tierras ejidales no producían lo suficiente para garantizar el pago del tributo, mucho menos garantizar alimentos para toda la población de la comunidad.

Como respuesta a la violencia y explotación legal e ilegal que sufrían los indígenas, y al llegar al punto más álgido, estallaban en los ampliamente documentados por Severo Martínez, motines de indios (1991), que se daban no enteramente por el sistema opresivo, sino por hechos específicos que los desencadenaban, como el abuso de las autoridades con el tributo y con los repartimientos. El fin del motín no era cambiar o derribar el régimen, sino aliviar su situación, porque en la reestructuración social que se llevó a cabo, se implantó un ethos de servidumbre que garantizó la reproducción sistémica y sistemática del régimen. 1.2 ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde queremos ir? La separación formal de Centroamérica, considerada como la “Independencia” trasluce el desmoronamiento del Imperio Español, cuyas causas y efectos, por la naturaleza de la investigación no se mencionarán, aunque para efectos del siguiente análisis podemos nombrar al período histórico que va desde 1824 a 1829 como: El período de la incertidumbre.

Durante este período se empieza a cambiar la racionalidad económica, pero siempre dentro de la lógica extractiva, lo que hizo posible el cambio del mercantilismo al capitalismo rentista. Surge una disyuntiva respecto a la propiedad comunal y la propiedad privada, dentro de los afanes de la facción liberal de iniciar un nuevo proceso de modernización. Se empieza así la institucionalización de la segregación social, dándose el nacimiento de la discriminación a nivel estructural, la única política sobre la cual sí existía lucidez en ese tiempo; se pretendió

“occidentalizar” población indígena.2 La desarticulación de la propiedad comunal se llevó a cabo con el parcelamiento de los ejidos y de la apropiación de tierras en reposo, a las que llamaron “baldías”; bajo la idea de que sólo la propiedad privada conducía al desarrollo económico. Asimismo, se convirtió a los pueblos de indios en municipios, y se le cedió el poder a la población ladina, quienes hablaban y vestían a la occidental.

1.3 La Pax Carreriana El grado de incertidumbre alcanzado por la reestructuración liberal en Guatemala causó serios estragos, no sólo en la forma en que se vivía sino en la que se producía. Podemos en este momento aseverar que el cercenamiento de la propiedad comunal en los pueblos, creó un ambiente de crispación política, ira popular y rompió con una lógica establecida por más de 300 años, dentro de ésta y de la trágica historia que se mece en ella, cabe recordar que la expropiación de las tierras dejaba al indígena sin nada, además de institucionalizar por medio de la Constitución la condición de minoría de edad, y por tanto, la incapacidad para decidir por sí mismos en todo aspecto; les estaba vedado el derecho ciudadano de la participación.

El caudillo como figura histórica suele aparecer en los momentos de incertidumbre (Bethell, 1990b), en Rafael Carrera se erigió la autoridad en la cual descasaban las esperanzas de las poblaciones campesinas de volver al antiguo régimen de tenencia de la tierra, a pesar de estar en una condición de inferioridad legal –quienes le apoyaron militarmente- y de parte de la Iglesia con su apoyo ideológico- para asentar su vasto poder en la sociedad. A través del cultivo de la grana, un producto de carácter no extensivo, más bien artesanal, en donde son familias las que producen individualmente y su monopolio de importación lo controlan las poderosas élites comerciales, surgió la Pax Carreriana, en donde la habilidad “intrigante” de Carrera tuvo su culmen y fue posible durante cierto tiempo una relativa calma, que pronto se vio truncada en tanto el mercado y la revolución industrial relegaron el valor de la grana 3 y aumentaron de a poco, un cultivo, en las postrimerías del -por obra y gracia de Carrera- abortado Estado de los Altos: el Café. 1.4 La forma finquera del Estado: “Progreso, propiedad privada y nación” El año de 1871 es el punto cúspide de la consolidación de una nueva facción dentro de la oligarquía, que llevó a cabo una “Reforma Liberal”, en la cual se impuso un régimen de 2 3

Es así como se instauran los concursos para hacer desaparecer los idiomas mayas. Para conocer más acerca de la grana visítese: http://mgar.net/nopal.htm

producción mono-agro-exportador que estructuró una nueva modalidad económica y social, girando en torno al eje finquero-cafetalero, y configurando al café como la nueva base de la economía nacional y principal producto de la exportación (Tischler, 2001). La vinculación al mercado internacional se estimuló a través de un proceso de acumulación privado del suelo a costa de la propiedad comunal indígena.

El nuevo régimen, del Estado-Finquero, necesitaba garantizar la existencia de fuerza de trabajo, y fueron dos elementos los que permitieron la estructuración y consolidación de éste: el primer elemento fue la asimilación forzada de la población indígena (Gálvez, 1999: 298) y el segundo fue el de garantizar la “certeza jurídica” sobre la tenencia de la tierra. Por medio de la creación simultánea de los dos Registros de la Propiedad en 1887 (uno en la Ciudad de Guatemala y el otro en la Ciudad de Quetzaltenango); se condenó además a la desaparición a las otras formas de posesión de la tierra, principalmente la comunal y la ejidal, que se localizarán en tierras calientes.

El desmembramiento de las tierras comunales y ejidales derivó en la aparición de las figuras latifundio-minifundio, la segunda figura localizada en tierras frías y al occidente del territorio, donde se encontraba la fuente de sobrevivencia de los pueblos indígenas, quienes eran la fuerza de trabajo de los latifundios cafetaleros. Es dentro de ésta contradicción que aparecen en el imaginario social el ethos señorial y el ethos de servidumbre como formas de interpretación del mundo. El primero se refiere a la objetivización del poder hegemónico en manos de una élite oligárquica, que dentro de su concepción de clase, considera que el dominio que tienen y ejercen sobre otra clase explotada es natural y totalmente legítima. El ethos de servidumbre va de la mano del anterior, ya que es la objetivización del sometimiento, bajo la dominación de la oligarquía finquera. En este caso, son los campesinos y la población indígena quienes sufren la explotación, y ven como único horizonte de vida -de ellos mismos y de las generaciones futurasla explotación (Tischler, 2001). 1.5 Un quiebre histórico, una esperanza que nace. Inmerso dentro de un mundo posguerra, Guatemala sufre un quiebre en su historia, de éste hecho surge un período histórico donde sucedió el primer y único intento hasta ahora, de refundar al Estado guatemalteco, fue la Revolución de Octubre de 1944. Ésta revolución fue eminentemente urbana, fraguada por diversos sectores: estudiantil (medio y universitario), magisterial, cierta parte del ejército y de la emergente burguesía nacional. El proyecto económico

se fundamentaba en la racionalidad del Capitalismo-Industrial, se buscaba cambiar el modo de producción.

La vía en que se pretendía cambiar el modo de producción y al mismo tiempo empezar a erradicar las grandes brechas de desigualdad Urbana-Rural, fue impulsando reformas de todo tipo, las que interesan en éste trabajo son las relativas al territorio y la tenencia de la tierra. Reconociendo los ejidos y las tierras comunales como inalienables, imprescriptibles, inexpropiables e indivisibles (Artículo 96 de la Constitución de 1945. Guatemala) se buscó hacer desaparecer la dicotomía latifundio-minifundio, ya que el 88% de propiedades sólo controlaba el 14% de la superficie cultivable. Se hacía evidente que se seguía reproduciendo la lógica rentista y extractiva, siendo la producción de café (la más grande), de ganado y las plantaciones bananeras las que condicionaban la economía de agroexportación. La respuesta a la inequitativa distribución de la tierra es el Decreto 900 “Ley de Reforma Agraria” que entregaba las tierras confiscadas en parcelas individuales para el usufructo vitalicio. En total fueron expropiadas 1012 fincas, igual a 603,021 hectáreas (Paredes, 1964: 13). El objetivo de ésta reforma estaba pensada para expropiar principalmente las tierras de la United Fruit Company (UFCO) y de la International Railway of Central America (IRCA) que juntas concentraban más del 52% de superficie cultivable. Dentro de la Reforma también se incluyeron los terrenos municipales, muchos de los cuales eran bosques, y en cierta parte ésta disposición -desde la perspectiva de los pueblos indígenas- iba en contra de sus intereses, porque varias regiones boscosas eran de uso comunal indígena, lo que llevó a una agudización de la lucha por la defensa de la tierra, e hizo evidente el carácter urbano y poco incluyente de la Revolución. 1.6 Riqueza, poder y tierra, son privilegio de unos cuantos En 1954 el gobierno de Jacobo Árbenz es derrocado por un movimiento que involucró a los EEUU, por medio de su Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), a la UFCO, al ejército guatemalteco, a la oligarquía y a la Iglesia Católica. A partir del golpe de Estado, el anticomunismo y la contrainsurgencia se instauran y nutren el atraso cultural del país (Torres-Rivas, 1997). Se reinstaura el viejo orden, se revierte la reforma agraria, se cierran los espacios políticos y de participación. En palabras de Torres-Rivas: “la contrarrevolución fue sobre todo, una negación brutal de la democracia política” (1997:17). Económicamente hablando, hay un retorno al capitalismo rentista, y políticamente hablando, se monta, a partir de 1963, un Estado militar que controla el monopolio de la fuerza, siendo autoritario y represivo. En él, los militares se sitúan como eje de la autoridad en alianza con los intereses de las élites dominantes.

La violencia de un Estado represivo, pero débil para enfrentar el descontento social, la inexistencia de espacios políticos o de expresión, las condiciones de pobreza generalizada entre la población, llevaron al estallido de un enfrentamiento armado interno que duró 36 años, con un saldo de aproximadamente 150,000 personas muertas, 50,000 desaparecidos, un millón de refugiados, 200,000 niños huérfanos. Más del 90% de estas violaciones a los derechos humanos se le atribuyen al ejército o a grupos paramilitares afines. De las víctimas, el 90% eran hombres, de los cuales el 74.5% eran adultos indígenas. El 92% de las víctimas eran civiles (Beristain, 1998: 24).

Las causas profundas del conflicto armado son las grandes desigualdades de la sociedad guatemalteca, la estructura agraria, la exclusión económica y empobrecimiento de gran parte de la población (CEH, 1997). El conflicto armado polarizó a la sociedad guatemalteca; y el ejército, bajo la línea de la Seguridad Nacional, convirtió a la guerrilla y luego a cualquier opositor al régimen en el enemigo.

Es importante recalcar que la guerrilla no consideró a la población indígena como parte fundamental de la lucha, hasta su segunda ola, en la que actuó sin dejar de lado la visión paternalista criolla-mestiza.4

Durante el período de 1960-1979 se aumentó la dicotomía latifundio-minifundio. Éste último fue el que más se agudizó, “la atomización y proliferación de las parcelas menores de una manzana … hubo un aumento de 190.4% … la concentración del área promedio era de 0.3. manzanas” (Cambranes, 1991: 76). De 1964 a 1979, el índice de desigualdad de distribución de la tierra pasó de 82.4% a 85%, siendo el más elevado de América Latina5 (Camacho et al 2003: 32). En un pueblo condenado al hambre latente, cabe preguntarse entonces, en este contexto de extrema concentración-pulverización de la tierra y fuerte pobreza rural en un país eminentemente agrícola, qué alternativas de desarrollo existen (Cambranes, 1991: 76). En el período de 19801996 no hay cambios significativos en relación a la tenencia de la tierra.

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Cabe mencionar aquí, que nunca hubo un comandante guerrillero indígena, por ejemplo; ya que esta población no podía acceder a los altos rangos. 5 Se utiliza el índice de Gini para medir la desigualdad, respecto a una distribución uniforme que representa la igualdad. Tiene un rango de 0 a 1, en el que 0 representa una distribución igual, y el 1 la desigualdad total.

2. La Consulta Comunitaria, El dilema de la defensa del territorio Para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase (La Independencia) de hecho el mismo pueblo (sic). Punto Uno, del Acta de Independencia de Guatemala 15 de septiembre de 1821

2.1 La democracia en muchas ocasiones es centralizadora del poder económico y político en beneficio de un grupo pequeño.6 A continuación se realiza una selección de hechos determinantes que coadyuvaron a la objetivización del modelo neoliberal y la cimentación de la racionalidad extractiva. En el presente trabajo sólo se aborda la temática relacionada a la minería; y cómo los pueblos han reaccionado a ésta por medio de la adopción de los propios instrumentos jurídicos que brinda el sistema.

Este período se caracteriza principalmente por haberse iniciado dentro de un contexto de cambios económicos y políticos mundiales producto de la incipiente globalización y consolidación del neoliberalismo como ideología y sistema económico. En el contexto interno se estaba padeciendo uno de los momentos más oscuros de la historia guatemalteca, y con los espacios de participación aún cerrados para un porcentaje significativo de la población.

A inicios de la década de 1980 en el mundo ocurría una serie de cambios en la racionalidad económica hegemónica: surgía y se consolidaba el Neoliberalismo. El origen de éste debe rastrearse en el libro: The Road to Serfdom (La Ruta hacia la Servidumbre) de Friedrich Von Hayek en 1944, considerado ampliamente como la carta fundacional del Neoliberalismo, en éste, Hayek proclama, de forma airada y vehemente: el rechazo a toda limitación impuesta por el Estado al libre funcionamiento del mercado (Anderson, 1999; 1) al que él otorga una carácter de quasi perfecto. Tres años más tarde, en medio de las post guerras se da la consolidación del Estado de Bienestar en Europa y en los Estados Unidos, cómo respuesta a ésta “aberración” se funda la Sociedad Du Mont-Pélerin7 cuyo objetivo es combatir además del Keynesianismo, toda medida de solidaridad social (Anderson, 1999; 2) y crear la hoja de ruta para promulgar esta nueva corriente por el mundo. Hay que hacer en este momento énfasis en que el Neoliberalismo profesa, como base filosófica que el individualismo es la única fórmula real

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para el

Alicia Girón.

Algunos de sus más reconocidos miembros fueron: Karl Popper, Milton Friedmann, Walter Lippman, Ludwig Von Misses entre otros.

funcionamiento “armónico” del marco microeconómico (Bourdieu, 1998).

El porqué de tan

enigmática sustentación radica en el hecho mismo que el Neoliberalismo es: “Una teoría de prácticas político-económicas que afirma que la mejor manera de promover el bienestar del ser humano consiste en no restringir el libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales del individuo dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de propiedad fuertes, mercados libres y libertad de comercio” (Harvey, 2005;6)

Durante más de 25 años el neoliberalismo fue relegado a un papel secundario en el marco ideológico mundial, pasando desapercibido ante el avance triunfal del Keynesianismo. Un cambio significativo se da entre 1978 y 1980 después de la crisis de la Estanflación 8 que contiene los vestigios de la nueva ola liberal, la política monetaria; el origen está en 1974, el punto de inflexión de este nuevo paradigma económico y político están simbolizados en las figuras de: Xiaoping, Paul Volcker, Margaret Thatcher y Ronald Reagan; porque lejos de aquel Estado redistribuidor y regulador de la teoría Keynesiana, el Neoliberalismo le asigna el crear y preservar el marco institucional apropiado para el desarrollo del libre mercado, igualmente de disponer de las funciones y estructuras militares, defensivas, policiales y legales para asegurar la propiedad privada y garantizar el correcto funcionamiento de los mercados -incluso sí es por la fuerza. (Harvey, 2005;6)

Pero, ¿Cuál fue el fundamento del cambio de racionalidad económica? El Consenso de Washington, a partir de ahora CW. Los objetivos de los parámetros estaban claros, minimizar el Estado al máximo y con ello desregularizar la circulación de mercancías y capitales.

Es necesario mencionar que el CW fue ideado por el economista inglés John Williamson en la década de los ochenta, y postula temas de ajuste estructural que formaron parte de los programas del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Monetario Internacional, entre otras, para permitir un re-enfoque económico que diera respuesta a las crisis que se desató en agosto de 1982 en los países industrializados. Éste tratado fue promovido por Inglaterra y Estados Unidos a través de Thatcher y Reagan, respectivamente, para “reanimar” la economía mundial. Se hizo por medio de minimizar a los Estados de la periferia a través de la

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Combinación de una baja tasa de crecimiento y una elevada inflación.

desregularización de los mercados y así éstos se pueden “desarrollar” libremente por medio de la libre circulación de mercancías y capitales.

El CW postuló la liberalización de los mercados, bajo cuatro postulados fundamentales, que son: un marco macroeconómico equilibrado; Estados de menores dimensiones para que sea más eficiente; la necesidad de un sector privado “eficiente” y en expansión; y políticas destinadas a la reducción de la pobreza. Ésta última tiene como objetivo el tener acceso a fuerza de trabajo más calificada a mediano plazo que esté en condiciones de garantizar el producir más plusvalía.

Lo anterior estuvo acompañado por una serie de parámetros que permitieron la re-estructuración del Estado y la economía. El primer parámetro a seguir fue la imposición de fijar una disciplina presupuestaria que garantizara un equilibrio entre deuda y el producto interno bruto de cada país, esto se consiguió por medio del segundo parámetro, que es la instauración de prioridades del gasto público, que calificaron los sectores de salud y educación, así como las empresas estatales (telefonía, electricidad, agua, ferrovías) como poco productivas en posesión del Estado. El tercer parámetro es referente a reformas fiscales que consistían en incrementar la recaudación tributaria por medio de fijar un nivel mínimo considerado como necesario para que el Estado tuviera los recursos mínimos para garantizar “seguridad y justicia”; las reformas consistían en instaurar una base imponible íntegra y amplia sobre el impuesto sobre la renta.

La liberación comercial y la apertura a la entrada de inversiones extranjeras directas son dos parámetros que van en simultáneo para permitir que no se crearan medidas proteccionistas en las economías dependientes que limitaran la circulación de mercancías importadas y la inversión extranjera directa de capital que potencializaba la consolidación de la economía globalizada y anulaba el crecimiento de los mercados internos. Los dos anteriores parámetros fueron consolidados a través de la imposición de la privatización de las empresas estatales, bajo el argumento de “reducción de la presión en el presupuesto del gobierno, tanto a corto plazo, gracias a los ingresos derivados de la venta de la empresa; como a largo plazo, puesto que el gobierno ya no tiene que financiar la inversión necesaria.” (Casilda, 2004: 22).

Dentro de los parámetros referentes a la economía financiera, la liberalización, especialmente de los tipos de interés, se promovieron en búsqueda y mantenimiento de tipos de cambio que permitieran tener precios “competitivos” en el mercado de exportación. Éste tipo de racionalidad cimentó aún más la lógica rentista de las élites latinoamericanas.

Y el último y más importante pilar del CW fue el relativo a los derechos de propiedad privada, para que la inversión extranjera no se viera amenazada y así garantizar la estabilidad económica que permite el crecimiento económico de los países dependientes. Lo que en realidad sucedió fue que se siguió estableciendo la inequitativa distribución de la riqueza y de la tierra.

En América Latina era posible establecer la lógica neoliberal que se objetivizó en el CW, sin que antes estos países no transformaran las estructuras económicas, por medio de un cambio de régimen, que pasó de autoritarios y regulados a sistemas desregulados, democrático-liberales y de mercado.

Explicado de manera somera el CW y sus implicaciones sobre los Estados periféricos, se aborda cómo se cristalizó en Guatemala dicho proceso. Es en 1983 cuando se inician las primeras medidas de re-estructuración, pero éstas no se dan por medio de impulsar medidas de reestructuración económica, sino que se dan por medio de la promulgación de una serie de decretos referentes al sistema político. ¿Cuáles fueron los motivos para promover una reestructuración del Estado empezando por el sistema político? Los motivos no serían evidentes si se omitiese la necesidad que tiene la facción hegemónica de establecer los parámetros legales en los cuales basa su racionalidad económica, no es el Estado como contrato social que promulga Rousseau, sino que es la objetivización axiológica de la élite económica y política que postula Poulantzas.

Lo anterior se evidencia con la búsqueda de garantizar el retorno a la legalidad del gobierno de facto de Ríos Montt, quien se encontraba en ese momento gobernando. Se estructuró el Tribunal Supremo Electoral, el Registro de Ciudadanos y se emitió la Ley de Organizaciones Políticas; y se convocó a la ciudadanía en febrero 1984, para elegir a quienes conformarían la Asamblea Nacional Constituyente que promulgaría una nueva Constitución Política, en la cual la mayoría de constituyentes provino de partidos tradicionales y de ideología de extrema derecha, y no se permitió la participación de partidos con tendencia progresista. Esto permitió que se cristalizara lo requerido por el CW.

Partiendo de la formulación que postula Poulantzas sobre el Estado como organización para la conservación de las condiciones de la producción, y por lo tanto de las condiciones de la existencia y el funcionamiento de la unidad de un modo de producción sobre el resto y de una

formación social específica (1986: 51) se puede identificar dentro de este período esa racionalidad de la facción hegemónica disimulada dentro del proceso de los Acuerdos de Paz que duró 12 años entre el Ejército, la Guerrilla y el Estado.

El proceso de paz estuvo a dispensas de las pautas marcadas por la Comunidad Internacional. El Ejército y el Estado de Guatemala inician junto a la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, en adelante URNG, un proceso de paz que tenía como fin el cese al fuego.

Cuando se inicia el proceso de pacificación, la URNG se encontraba en desventaja a todo nivel (político, ideológico y militar) y la campaña de contrainsurgencia, la más atroz jamás vista en América Latina en pleno apogeo, a través de la aplicación del sistema “Seguridad Nacional” impulsado y apoyado por EEUU; que en determinado momento y en cierta parte presionado por la Comunidad Internacional dejó de apoyar, cuestión que se vio reflejada en el cese de apoyo económico al ejército; acompañado de una creciente presión por llegar a un cese al fuego que garantizara un clima político que propiciase la inversión extranjera y la libre circulación de mercancías y capitales.

El nuevo marco institucional postula premisas claras respecto al Estado que aspira, que no es más que la utopía de una nueva racionalidad fundamentada en la lógica neoliberal, esto en el plano económico; respecto al plano político y social lo que llama la atención es que se aborda, de manera formal, el tema de los Derechos Humanos; que no es más que un requisito para conseguir el fin del enfrentamiento armado de forma paulatina; hasta en 1995 se registraron masacres y desapariciones.

A pesar que se trató dentro del proceso el tema de la Tenencia de la Tierra, Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria; éste nunca contó con certeza jurídica para que se llegase a cumplir; lo mismo sucedió con el Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. 2.2 La ola Neoliberal se cimenta y es el discurso de la Paz el que lo disimula. Dos hechos claves impactarán la psique de los guatemaltecos entre diciembre de 1996 y diciembre de 1997: La firma de la Paz y la privatización de GUATEL. Los vientos de una nueva

era se aproximan a mediados de los noventa, los Acuerdos de Esquipulas9 habían marcado el rumbo para la pacificación centroamericana, el Enfrentamiento Armado Interno era una sombra que se diluía en un pasado lúgubre y tenebroso, habían ocurrido ya tres procesos electorales y más allá de la crisis desatada por Serrano Elías 10, se creía que la democracia era la mejor elección. Esta nueva era necesitaba pues, racionalizarse a sí misma, ya que las contracciones dentro de ella, según la percepción general, habían causado el desangramiento dantesco de las épocas recientes, fue así como se planteó en la base ideológica de los habitantes del país, la construcción de la nueva utopía estatal, cuya fecha de alumbramiento sería el 29 de diciembre de 1996, minutos después de las 18:00 horas, en el momento en que el Ejército de Guatemala, el Estado de Guatemala, y la URNG11 en un concurrido Parque Central concluyen formalmente uno de los conflictos más álgidos, salvajes y brutales de la historia reciente, aunque no con las contradicciones, paradojas y sufrimientos de una nación -pareciese- condenada eternamente a ellos. ¿Fueron entonces sólo una luz en medio de la oscuridad? La respuesta parece encontrarse en una serie de hechos que demarcan no sólo el carácter formalista de aquel tratado, sino el ethos de una sociedad que ha llegado a los límites del estoicismo.

Un año más tarde el revuelo mediático giró en torno a la infructuosa venta de GUATEL y a las sospechas en torno a la transparencia de la misma. 12 Finalmente, ésta es vendida el 1 de septiembre de 1998, llegando el apogeo de la Ola Privatizadora comandada por Arzú, que responde a la sombra alargada del Neoliberalismo. Ahora bien el Neoliberalismo tal cual lo proclama Bourdieu, es un problema político al preguntarse: “¿Y qué pasaría sí, en realidad, este orden económico no fuera más que la instrumentación de una utopía -la utopía del neoliberalismo- convertida así en un 9

Consistieron en dos Declaraciones realizadas en Mayo de 1986 y Agosto de 1987 en la Localidad de Esquipulas, Guatemala en las cuales se acordaron las bases para la resolución pacífica de los conflictos armados en Centroamérica, promoviendo así la reconciliación nacional, el final de las hostilidades, la democratización y demás. 10 Conocido como: “Serranazo” el 25 de mayo de 1993, Jorge Serrano Elías, provoca un autogolpe de Estado, disolviendo el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. Siete días más tarde huye del país después de perder el apoyo del Ejército y de sufrir un histórico fallo departe de la Corte de Constitucionalidad que declara su autogolpe como: “Inconstitucional”. 11 Fundada el 7 de febrero de 1982 acogía a las cuatro fuerzas insurgentes más importantes de Guatemala: Ejército Guerrillero de los Pobres -EGP- Partido guatemalteco del Trabajo -PGT- Fuerzas Armadas Rebeldes -FAR- y Organización del Pueblo en Armas -ORPA12 Crystal Group de Guatemala valoró a la empresa en 800 millones de dólares, en la primera oferta Telmex -el actual propietario de la misma- ofreció 529.1 Millones. La venta final de la misma fue efectuada por más 700 millones de dólares, por el grupo centroamericano LUCA, SA., en medio de sospechas y la existencia de intereses familiares del presidente Arzú en LUCA, SA.

problema político? ¿Un problema político? ¿Un problema que, con la ayuda de la teoría económica que proclama, logrará concebirse como una descripción científica de la realidad? (1998; 1)”

Las cristalizaciones que produce el neoliberalismo están correlacionadas a la necesidad misma de crear en la práctica la teoría pura que contrapone, el mismo plano ideal con lo puramente real; es decir, que la política económica, es a su vez economía positiva y normativa.

La reorientación y el dilema del nuevo Estado, no afectó así a las clases opulentas y poderosas, es más, les brindó una nueva forma de asociación lucrativa que les permitió empezar a desligarse de la producción tradicional: el café. Las nuevas articulaciones del mercado, si bien solicitaban nuevas y mayores materias primas, también estaban ligadas al capital transnacional la asociación con él como socios minoritarios-. Uno de los imperativos de la nueva racionalidad es la flexibilidad dentro de la legislación al momento de iniciarse una empresa y facilitar de la mejor manera la apertura y funcionamiento de ésta. Poco o nada importaban las necesidades de una población que se encontraba en situación crítica, sobre todo la rural, cuyo éxodo y retorno masivo del exilio, además de plantear dificultades desde lo agrario hasta lo demográfico, vislumbraban un nuevo y largo proceso de re-estructuración en la consolidación de una economía informal ligada a la economía de la supervivencia.

Se busca continuar así con el ya conocido modelo de responder a las demandas del mercado internacional, un modelo oligárquico en el que la élite prospera y a su paso deja restos que alcanzan al grueso de la población; sin tomar en consideración la alternativa de fomentar el crecimiento del mercado interno y de la capacidad de consumo. Hay una lógica tanto en lo que se legisla como sobre lo que se ejecuta, después de las privatizaciones a mediados de la década de 1990.

Guatemala ya contaba con antecedentes de explotación minera y petrolera en el siglo XX13, pero es dentro de éste contexto cuando inicia un nuevo episodio en la historia de la minería guatemalteca. En un consonancia por la liberalización de la circulación de capital extranjero y en el cambio de racionalidad extractiva de la economía guatemalteca; y dentro de la privatización del sector energético se promulga la nueva Ley de Minería (Decreto 48-97), siendo los incentivos más importantes que promulga la reducción del 13

Ver anexo 1

porcentaje de regalías correspondientes a los ingresos brutos que percibe el Estado, del 6% al 1%, y el permitir a las empresas extranjeras adquirir la propiedad total (100%) de las empresas mineras, siendo exentas al mismo tiempo del pago de varios impuestos, entre otros sobre el uso del agua y la maquinaria importada (PDH, Solano y López citado en Van de Sandt, 2009:11).

Es importante resaltar que la Ley de Minería de 1997 fue aprobada rápidamente por el Congreso bajo presión de las compañías transnacionales mineras y sin que los ciudadanos hubieran sido consultados al respecto, como lo prescribe la Constitución Política.14 Tampoco tomó específicamente en cuenta la situación especial de los pueblos indígenas que habitan en las áreas destinadas a las operaciones mineras. Falló en la inclusión de un párrafo sobre la consulta a que tienen derecho las comunidades indígenas con respecto a los proyectos planeados, y no considera sus derechos territoriales (títulos) colectivos o el lazo cultural que tienen con sus territorios ancestrales y con los recursos naturales en estas áreas. Todo esto a pesar del hecho de que la Ley de Minería fue promulgada después de la ratificación del Convenio número 169 de la OIT sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, realizada en 1996 por el Gobierno guatemalteco como resultado de la firma, en 1995, del Acuerdo sobre la Identidad y los Derechos de los Pueblos Indígenas (PDH 2005). Por otra parte, las regulaciones sobre el medio ambiente contenidas en la ley resultan vagas o están flojamente formuladas – especialmente si se consideran los procesos incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental y Social (EIAS) – o simplemente no existen – cuando tratan de la responsabilidad por daños al medio ambiente (Van de Sandt, 2009).

Dentro del período de gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) se dio una crisis de la producción cafetalera a nivel mundial. Guatemala, siendo mono-agro-exportadora de materias primas y con el café su principal producto de exportación, se vio fuertemente afectada. La teleología de nuestro trabajo nos impide extendernos en este apartado sobre los alcances y magnitudes de la misma, pero podemos dilucidar que fue el detonante (indirecto) que propició más acciones en pro de la extracción minera, no fue -podemos decir- la única solución que se buscó para el sostenimiento de la racionalidad extractiva empero, la base sobre la cual ésta se asienta, cambió

14

La Constitución Política de Guatemala estipula en el artículo 172, párrafo 1, que “todas las decisiones políticas de importancia trascendental deberán ser sometidas al mecanismo del referendo popular”

pues, la finca se fue diluyendo mientras que la actividad minera y la siembra de palma africana y caña de azúcar a mayor escala tomaron su lugar. En 2003 Montana solicita una la licencia de explotación, inicia operaciones de explotación en 2005. Posteriormente de la firma del Tratado de Libre Comercio TLC (en inglés CAFTA) 15 firmado con Estados Unidos en marzo de 2005 -durante el gobierno de Berger- se culmina de desregularizar el mercado y la circulación de mercancías y capitales. Es dentro de este contexto cuando se llega al punto más álgido en la solicitud de exploración minera y también es el inicio de las operaciones de explotación minera de parte de Montana Exploradora. Comienza la realización de las primeras consultas comunitarias en Sipakapa y Río Hondo16.

En 2007 la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo órgano jurisprudencial en el sistema judicial del país, decretó que las consultas a pesar de ser ejercicio de derechos inalienables, entran en contradicción con otro artículo relativo a la exploración y explotación de minerales (Art. 125 de la CPRG17) por lo cual no son de carácter vinculante respecto a permitir o no la exploración y explotación minera; quedando explícitamente claro que el Estado de Guatemala, por medio de su principal órgano jurisprudencial, le da primacía al mercado y no a la sociedad. Por lo cual, ese mismo año la CC recomendó la reglamentación de las consultas. Derivado de esto, el actual gobierno, presidido por Álvaro Colom, por medio del Organismo Ejecutivo se promulgó un anteproyecto para la reglamentación de las consultas, para reconocerles la facultad vinculante que tienen éstas; a pesar que las leyes ya se la otorgan. La reglamentación parte desde una visión occidental que pretende limitar y burocratizar el proceso. 2.3 La consulta comunitaria Nuestro período de estudio abarca desde mayo 2005 hasta mayo 2011, es decir, 49 meses. Durante este período se registraron 56 consultas comunitarias, de las cuales sólo se tomaron en consideración 43, debido a que eran las únicas que cumplían con los requisitos generales que para fines metodológicos impusimos, y que van de acuerdo a los lineamientos legales que están establecidos en el Código Municipal, en la Ley de Minería y en el Convenio 169 (C169) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 18. Los requisitos fueron: 15 16 17 18

Para más información, léase el Tratado. Más adelante se detalla. Véase Anexo 5 Para más detalle, ver anexo 4

●

Apoyo del Consejo Municipal

●

Registro y cuantificación de participación total.

Algunos datos generales extraídos de nuestro estudio nos arrojan las siguientes magnitudes:

● El motivo de las consultas comunitarias realizadas han sido referentes a Minería (93.62%), Hidroeléctricas (4.26%) y Cementera (2.13%).

● La población involucrada, tomando en cuenta del total de las consultas es de: 1,742,978 personas, que representa con respecto a la población total del país (14, 026,974 BM, 2011) el 12.43%.

● Considerando las consultas seleccionadas, la población total que participó es de 585,547 personas; siendo el 39.8% del total de la población de los municipios involucrados (1,470,018).

● Durante los seis años estudiados, se registró en promedio, una consulta cada 5 semanas, y la participación de 13,307 personas en cada una; siendo el año 2008 en el que más consultas se llevaron a cabo (15).

● Las consultas se realizaron en 54 municipios, abarcando 7 departamentos19 diferentes, representando un 16.17% respecto del total de municipios a nivel nacional.

● Se logró identificar que el 93.33% de las consultas se han realizado en comunidades con preeminencia indígena y al mismo tiempo son altamente homogéneas, el 91.49% pertenece a una etnia indígena; el restante 7.66% de las consultas corresponde a comunidades mestizas con un 90.1% respecto a éste grupo étnico.

● Respecto a la participación de la población de los 54 municipios estudiados para los comicios electorales generales en 2007 (573,703 personas), hay un aumento del 109.75% de participación en las consultas comunitarias. 2.4 Características del proceso de Consulta. Se llegó a identificar por medio de la observación participante, que el proceso de la consulta tiene varias fases: 1) La organización es la primera en consolidarse, producto de la convocatoria que se emite con algunos días de antelación.

19

Guatemala, Zacapa, San Marcos, Quiché, Huehuetenango, Alta Verapaz y Quetzaltenango. Para más información, ver anexo 2.

2) El proceso de capacitación, es la mayoría de veces sobre qué es el C169, los talleres están coordinados con los Consejos Comunitarios de Desarrollo COCODES y las Municipalidades, se aborda la problemática desde la perspectiva de los pueblos y su concepción de territorio. Buscando concientizar y sensibilizar a la población para que emita una decisión informada y fundamentada en varios aspectos.

El apoyo de otras organizaciones es de vital importancia para abordar diferentes temáticas durante el proceso de capacitación.

Respetando las costumbres y usos culturales de cada pueblo, las consultas pueden ser en español o en el idioma predominante; y el voto puede emitirse de distintas maneras (a mano alzada, con papeletas, sobre papelógrafo, entre otras). La consulta inicia y finaliza a la misma hora en todas las aldeas y caseríos que estén involucrados en el proceso de consulta.

Un aspecto a resaltar es que ha habido observadores imparciales en las consultas, esto con el objetivo de garantizar que no habrá manipulación de resultados. Al finalizar la consulta se procede a escribir un acta donde quede registrado los resultados y la forma en que se llevó el proceso de consulta.

2.5 Organización comunitaria Según la cosmovisión indígena en Guatemala, el universo y la naturaleza se concibe como un todo en equilibrio, y de acuerdo a esta concepción, la tierra, la Madre Tierra es la fuente de todas las manifestaciones de vida, sean estas animales, vegetales o humanas. El valor simbólico de la tierra se enraíza en su fertilidad y generosidad al procurar el alimento diario, enmarcado en la aceptación que el ser humano pertenece a la Tierra, que ha nacido de ésta, y a ella regresará. La siembra, y todo el proceso de cultivo significan más que un acto de reproducción económica; ante todo, es un rito de identificación cultural y reproducción social. (Camacho et al,2003: 41)

El tipo ideal de sociedad campesina está necesariamente integrada por agricultores y pastores (Roger, 1973: 299); debido a las características específicas del campesinado guatemalteco podemos observar que se da una subdivisión del trabajo particularmente ligada a la tierra dentro de un mismo concepto: El proletario rural, que abarca desde un mozo colono que subsiste más de lo que produce en la parcela usufructuaria dada por el latifundista que por la venta de su fuerza de trabajo, llegando a un proletario agrícola perfectamente definido que no tiene una

relación estrecha con los medios de producción y que fundamentalmente vive de la venta de su fuerza de trabajo a una finca donde permanentemente es empleado. (Ibarra; 1980) En toda sociedad campesina se da el desarrollo de un derecho -más consuetudinario que objetivo- para regular la propiedad del suelo. La sociedad campesina además cuenta con varios rasgos característicos que nos ayudarán más tarde a dilucidar un poco el contexto y desarrollo de las consultas comunitarias; una de las características es que se encuentra en muchas ocasiones aislada y encerrada en sí misma (consideramos que son de tipo centrífugas que en ocasiones tienden a ser cerradas pero no es una constante), con un gobierno propio -ligado a cuestiones culturales y tradicionales- leyes particulares y un dato esencial, sus relaciones con otras sociedades son las que se dan con comunidades cercanas y de su mismo tipo. (Roger; 1973)

Los sistemas más frecuentes de tenencia de la tierra son la propiedad municipal, la propiedad comunitaria y la propiedad privada. Existen tres sistemas de tenencia que determinan las formas de acceder a las tierras: por concesión municipal (usufructo); asociación comunitaria; y por compraventa y herencia (IIES; 1998: 51, 52).

2.6 Solidaridad y territorialidad Siguiendo las categorías propuestas por Durkheim (1928), en las poblaciones estudiadas identificamos nexos de solidaridad mecánica, basándonos en tres condiciones:

1. Extensión relativa de la conciencia colectiva y de la conciencia individual: esta condición se ve representada en la categoría de Municipio, que es donde surgen y se consolidan las consultas comunitarias y el sujeto comunitario. Los pueblos indígenas, merced de su concepción cosmogónica, fundamentan su identidad en la adscripción a un territorio concreto y un entorno ecológico determinado, expresión concreta de la Madre Tierra. No se trata de un sentimiento de posesión, sino de pertenencia, de integración de la persona con el entorno en el cual ha nacido. (Grünberg, 2003: 19). Por lo que la territorialidad en los pueblos indígenas no se da en términos de unidad lingüística o étnica, sino que está directamente relacionada con el ámbito de la comunidad (cantón, aldea, paraje), las tierras comunales y, frecuentemente, con el municipio, un espacio común geográficamente definido, que da identidad y tiene por lo general linderos que preceden a la colonización española. (Grünberg, 2003: 107). 2. Intensidad: afluencia, periodicidad, construcción y expansión en el imaginario social sobre un fenómeno en común. Salta a la vista que las consultas comunitarias, como fenómeno social, han

intensificado su grado de impacto en la conciencia de la población y en la formación de un nuevo sujeto comunitario, ya que se han llevado a cabo periódicamente, pero detrás de cada una hay todo un proceso de organización, formación y concientización en la población, que se cristaliza en que participan más personas en estos procesos que en los comicios generales, debiéndose considerar entonces como más legítimos aún que las elecciones a autoridades generales -la proporción de la participación en la consulta con respecto a la población que participó en las Elecciones Generales 2007 fue de 109.75%20.

3. Grado de determinación de los estados, que componen la primera que se da en sociedades donde la conexión entre sus individuos se construye a partir de las semejanzas entre ellos: Se producen dentro de ella, lazos unión de índole fraternal y de pertenencia, siendo comunidades homogéneas que comparten idioma, cultura, tradición y propiedad; y en cuyo carácter social se encuentran depositadas, el o los órganos que dan respuesta cuando tal o cuales son vínculos están siendo amenazados.

El territorio y las maneras de solidaridad al interior de la población crea y forma un concepto bastante desarrollado por las Ciencias Sociales: “La territorialidad". La territorialidad puede ser abordada desde dos temáticas, una que la considera como una conducta instintiva -encabezada por Ardrey- y la otra como una conducta social humana -por Soja-. En la primera, Ardrey considera que el instinto es una explicación posible de la tendencia humana a poseer, defender y organizar políticamente un área geográfica delimitada. Según él, la posesión y la identificación con un territorio constituyen prerrequisitos para la satisfacción de necesidades básicas de la gente, tales como seguridad (que permite superar la ansiedad), estímulo (que vence el tedio) y sobre todo, identidad (que anula el anonimato) (1966, citado por Cairo).

La segunda, encabezada por Soja, considera más bien que la territorialidad tiene tres elementos: el sentido de la identidad espacial, el sentido de la exclusividad y la compartimentación de la interacción humana en el espacio. Proporciona entonces, no sólo sentimiento de pertenencia a una porción particular de tierra sobre la que se tienen derechos exclusivos, sino que implica un modo de comportamiento en el interior de esa entidad (1971 citado por Cairo). La forma de solidaridad que consideramos existe en las comunidades guatemaltecas rurales -en donde se da según nuestros criterios la mayoría de las consultas- y de acuerdo a las nociones básicas de territorialidad (en donde consideramos la corriente encabezada por Soja) se articula 20

Para más información, véase Anexo 3

perfectamente con la descrita por Camacho et al, al considerar que respecto a la territorialidad en Guatemala: “Existen tres niveles o anillos territoriales, que son: La comunidad, que representa la isla de solidaridad y tierra de los antepasados; El Territorio Étnico, espacio donde se comparten valores, idioma y conocimiento; y El Pueblo Maya, que es el espacio simbólico e ideológico de la comunidad.” (2003: 41- 42)

2.7 Un nuevo tipo de sujeto comunitario El sujeto comunitario es una construcción que surge a partir de los nexos de solidaridad entre la población referida, y se divisa la reconstrucción del tejido social desde los procesos de formación, capacitación y concientización de las consultas. Comparte un sentido de territorialidad, pero también una historia de lucha y resistencia, así como cultura; y construyen su identidad en contraposición a la hegemonía del otro, del invasor.

El sujeto comunitario tiene conciencia en sí dentro del sentido de territorialidad, partiendo del hecho de conocerse y autoidentificarse dentro un espacio/tiempo concreto y definido por las circunstancias en las que se ha formado. Esto se concretiza con la constancia de asistir a las capacitaciones y participación absoluta en el proceso de la consulta comunitaria. También existe una conciencia para sí desde la identificación del sujeto hacia la comunidad y de ésta hacia él, dentro de una relación recíproca; que se evidencia a través de una identificación de actores que participan durante la consulta, en la cual se engloba de manera integral a todos los habitantes de la comunidad -niños, adultos y ancianos.

Llegamos pues a la conclusión que el sujeto comunitario es la representación de la voluntad, carácter y racionalización de la comunidad, no que toma conciencia -pues esta es en ocasiones milenaria-, sino que utiliza esa conciencia para demostrar, luchar y defender no sólo el territorio, sino formas de organización y de interpretación del mundo, una visión de trascendencia, cuyos alcances la terminología actual, no puede vislumbrar aún.

Anexos Anexo 1 – Cuadro de la historia de la minería en Guatemala Fecha Época Colonial

Localización Producto Huehuetenango, Antigua Plata, plomo, oro y mercurio. GUatemala, Zunil (Quetzaltenango), Palencia, Barreneche Entre 1860 y Las Quebradas, Izabal Oro 1870 De 1887 a Mataquescuintla, Santa Antiguo mineral abandonado 1893 Rosa Entre 1898 y Concepción y Alotepeque Exploración que resultó en el descubrimiento 1899 de veneros de cinc, plomo argentífero y cobre. Alrededor de Operaban las compañías explotadoras 1917 Guatemarmol mining and Development Co., The Quebradas Co., Mataquescuintla Mining Co., Rosario Co., entre otras. 1958 Zacapa Mármol 1960 Izabal Comienza a operar EXMIBAL, para investigar el potencial de níquel y cobalto en lateritas de Izabal. Desde 1960 El Estor, Izabal Exploración y perforación de pozos. hasta 1965 Aproximadamente se enviaron 2000 toneladas de mineral a Canadá para análisis y estudios metalúrgicos Agosto de Cahabón, Panzós y Senhú Se otorga la concesión de explotación conocida 1965 (Alta Verapaz); y El Estor, como NIQUEGUA para una extensión total de Livingston, Los Amates y 385.38km, para la extracción de níquel, Morales (Izabal) cobalto, hierro y cromo. Desde 1970 Izabal Exmibal mantiene en funcionamiento una hasta 1980 planta de extracción de níquel 1996 San Miguel Ixtahuacán y Se otorga licencia de exploración a Montana Sipacapa, San Marcos Exploradora de Guatemala S.A.. En 2003 se le otorga licencia para explotación de oro y plata Fuente: Ministerio de Energía y Minas

Anexo 2 – Consultas realizadas por departamento.

Departamento Alta Verapaz Guatemala Huehuetenango Quetzaltenango Quiché San Marcos Zacapa Total

Fuente: elaboración propia

Consultas 1 1 28 5 10 10 1 56

Porcentaje 1.7857% 1.7857% 50% 8.9286% 17.8571% 17.8571% 1.7857% 100%

Anexo 3 -

Fecha 6/13/2005 7/3/2005 7/25/2006 7/25/2006 7/25/2006 7/25/2006 7/27/2006 7/29/2006 2/13/2007 3/30/2007 4/20/2007 5/12/2007 5/13/2007 6/13/2007 6/23/2007 8/11/2007 9/22/2007 10/26/2007 12/1/2007 4/18/2008 5/13/2008 5/13/2008 6/27/2008 7/6/2008 7/26/2008

Municipio Sipakapa Río Hondo Colotenango Concepción Huista San Juan Atitán Todos Santos Cuchumatán Santiago Chimaltenango Santa Eulalia Concepción Tutuapa San Pedro Necta Ixcán San Antonio Huista San Juan Sacatepéquez Ixchiguán, San Marcos Santa Cruz Barillas Nentón San Ildefonso Ixtahuacán San Sebastian Huehuetenango San Miguel Acatán Sibinal San Juan Ixcoy Comitancillo Chiantla Santa Ana Huista Jacaltenango

Participación con respecto al Padrón Electoral en Consulta Comunitaria (%)

Total de participantes en la Consulta Comunitaria

33.76205788 24.69080076 56.83955334 67.98963448 65.57722136 52.85097514 69.46000448 160.4435413 51.62646199 125.5022637 9.049289748 85.83320945 17.19038107 114.0408407 209.6599621 153.2437442 89.46392135

2415 2735 7737 4985 5919 7100 3100 18159 11300 17741 2115 5774 8950 7651 46490 19842 14469

Total de Población en el Municipio 52894 17765 21834 16961 13365 26118 5811 40684 55357 26025 84377 12675 152583 20324 75987 28983 30466

64.53765491 122.6258581 240.831965 139.7602979 71.99576496 138.0265194 114.5645279 159.9835613

6770 12861 13200 12011 13600 32998 4696 27250

21198 21805 15168 19367 56456 74899 7368 34397

Padrón Electoral 2007

Abstencionismo en Elecciones Generales 2007 (%)

7153 11077 13612 7332 9026 13434 4463 11318 21888 14136 23372 6727 52064 6709 22174 12948 16173

36.84 36.89 34.43 44.83 27.15 37.24 29.91 47.49 48.37 33.06 37.74 31.81 40.11 49.5 41.63 32.95 33.97

10490 10488 5481 8594 18890 23907 4099 17033

30.27 42.52 39.28 49.62 38.59 41.92 37.98 40.59

10/3/2008 10/17/2008 10/25/2008 11/28/2008 1/10/2009 4/28/2009 5/21/2009 7/23/2009 9/24/2009 10/27/2009 10/27/2009 1/18/2010 9/28/2010 10/22/2010 10/29/2010 2/18/2010 2/20/2011

Fuente:

Aguacatán San Pedro Soloma Cuilco Santa Bárbara San Rafael Petzal San Rafael La Independencia San Mateo Ixtatán San Gaspar Ixil San Sebastían Coatán Cunen Sacapulas Unión Cantinil Lanquín Santa Cruz del Quiché San Miguel Uspantán San Juan Ostuncalco Olintepeque

126.3454721 158.3000266 68.26633706 98.43795198 76.2365355 36.21074565 210.2040816 117.1232877 161.4780436 149.478673 175.9543413 153.5491071 180.2841695 87.08655986 135.1387336 96.94598206 138.8746317 109.7491593

23523 23764 12703 10209 3468 2433 25647 3933 13569 18924 28209 6879 14338 27778 25375 20316 14611 585547

elaboración

41671 35764 46407 15318 6420 10830 29993 5809 18022 33411 35706 17540 17128 90890 57348 52894 22000 1470018

18618 15012 18608 10371 4549 6719 12201 3358 8403 12660 16032 4480 7953 31897 18777 20956 10521 573703

46.71 56.92 65 31.91 21.87 61.69 41.79 32.88 36.38 34.61 36.05 23.59 21.31 38.72 37.53 44.18 45.71 39.08428571

propia

Anexo 4 - Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), -C169- es un instrumento jurídico internacional vinculante que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales en países independientes, y busca la adopción de medidas especiales para la protección de sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas; para elevar sus condiciones de vida a las mismas del resto de la población nacional.

El C169 se aplica a las poblaciones por medio de dos criterios: uno objetivo, cuando un determinado grupo o población cumpla con lo determinado por el artículo 1.1 del mismo; y uno subjetivo -el fundamental-, cuando un individuo o grupo se considere a sí mismo como indígena o tribal (autoidentificación) de acuerdo a las disposiciones del convenio (OIT, 2003: 8).

Asimismo, destaca el derecho de los pueblos a ser consultados, y los gobiernos antes de adoptar normas legales o disposiciones administrativas deben discutir abierta, franca y significativamente con los pueblos interesados. Las consultas son el principal instrumento de los pueblos para expresar su posición respecto a diferentes temas, y su objetivo es alcanzar un acuerdo o consenso de las partes. Deben llevarse a cabo de buena fe, y respetando el principio de representatividad (OIT, 2003).

En cuanto al concepto de tierra, el C169 reconoce tanto los aspectos individuales como colectivos del término. Comprende todas las tierras que una comunidad o pueblo utiliza y cuida, así como las que se poseen o usan a título individual (OIT, 2003: 30), y los gobiernos deben respetar la importancia que tenga para la cultura o los valores espirituales de los pueblos interesados. Los artículos 14, 15 y 18 reconocen derechos de propiedad y posesión sobre las tierras tradicionalmente ocupadas21, y sobre los recursos naturales existentes en sus tierras o en las que interesen a los pueblos, así como la sanción contra intrusiones no autorizadas en sus tierras (OIT, 1989).

La relación del Estado Guatemalteco con el C169 se establece formalmente con su ratificación en mayo de 1996, después de una profunda discusión política, más que jurídica. En cuanto a su 21

Las tierras tradicionalmente ocupadas son en las que han vivido desde tiempo inmemorial y que han utilizado y administrado según sus prácticas tradicionales. Son las de sus antepasados, y las que esperan legar a sus descendientes. En algunos casos podrían comprender las recientemente perdidas (OIT, 2003: 31)

injerencia con el derecho interno, la misma Constitución Política de la República en su artículo 46, La preeminencia del Derecho Internacional, establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno.

Anexo 5 – Instrumentos jurídicos guatemaltecos “Según el pluralismo jurídico guatemalteco, las consultas siempre han estado vigentes en las comunidades, sus decisiones están legitimadas a través de la socialización de información, el diálogo, y el consenso. Lo que los instrumentos en derechos humanos llaman, el consentimiento libre, previo e informado”. (Loarca, 2009: 59) A continuación se muestran diversos artículos contenidos en diferentes instrumentos legales que le otorgan legalidad y carácter vinculante a las consultas comunitarias: La Constitución Política de la República de Guatemala -en adelante CPRG-

● Art. 67 Protección a las tierras y a las cooperativas agrícolas indígenas: establece el desarrollo, protección y aseguramiento de la propiedad comunal de parte del Estado. En el Código Municipal Código Municipal

● Art. 3 Autonomía: que establece que las Municipalidades disponen de sus recursos patrimoniales y la emisión de sus ordenanzas y reglamentos (siempre y cuando no contravengan la CPRG)

● Art. 8 Elementos del municipio: se reconoce la forma original de

autoridad y de

representación, también se reconoce la comunidad organizada, el ordenamiento jurídico municipal y el Derecho Consuetudinario del lugar; y el patrimonio del municipio.

● Art. 17 Derechos y obligaciones de los vecinos incisos c-j-k: se reconoce la facultad del pueblo para organizar y realizar consultas relativas a cualquier asunto trascendental para el municipio.

● Arts. 20 y 21 Comunidades de los pueblos indígenas y Relaciones de las comunidades de los pueblos indígenas: Se reconoce las particularidades de organización y decisión las que les es inherente.

● Art. 58 Atribuciones del alcalde comunitario o alcalde auxiliar: Se reconoce dentro del derecho positivo vigente, la figura de la autoridad tradicional.

● Art. 61 Facultades de decisión: Se reconoce la potestad que tienen los habitantes de los Municipios para autoconvocarse para decidir sobre lo que les concierne.

● Art. 63 Consulta a los vecinos: Las comunidades tienen la libertad de solicitar ante el Consejo Municipal la realización de una consulta, la cual será autorizada cuando ⅔ de éste aprueben la solicitud.

● Art. 64 Consulta a solicitud de los vecinos: La consulta deberá contar con la participación mínima de por lo menos el 10% de los empadronados para solicitarla, y los resultados serán vinculantes si participa por lo menos un 20% de los empadronados, y la mayoría vota favorablemente sobre el asunto consultado.

● Art. 65 Consultas a las comunidades o autoridades indígenas del municipio y Art. 66 Modalidades de esas consultas: Se respetan los criterios propios de las costumbres y tradiciones de las comunidades para realizar las consultas (idioma, dinámicas: mano alzada, a viva voz, sobre cartel, papeletas, etc.).

● Art. 109 Tierras comunitarias: Se reconoce como obligación de la Municipalidad el consultar a las comunidades acerca del uso, conservación y administración de las tierras.

● Art. 143 Los planes y usos del suelo: Respeto a los lugares de significancia histórica y cultural.

Ley de Minería 48-97

● Art. 23d Obligaciones del titular: Se debe compensar los daños a terceros que se hayan producido por la actividad de la misma. Ley Electoral y de Partidos Políticos

● En el artículo 199 Clases de comicios: Se reconoce como la consulta popular como una clase de comicio,

● Aunque en el Artículo 250bis Convocatoria y procedimiento: Se establece que el proceso consultivo regirá en lo aplicable, para las normas que para elecciones establece la presente ley y su reglamento, así como por las específicas que emita el Tribunal Supremo Electoral; en concordancia con lo anterior el Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos Acuerdo número 018-2007- en el Artículo 130 Convocatoria sólo considerará como

Consultas populares a los Casos establecidos por la CPRG, en las demás leyes y sobre los tratados o convenciones internacionales, que para ser ratificados por Guatemala, como requisito previo, que se hubiere realizado consulta popular y que la misma sea afirmativa.

A continuación los artículos que condicionan la legalidad y el carácter vinculante de las consultas comunitarias:

CPRG

● Art. 125 Explotación de recursos naturales no renovables Se declara de utilidad y necesidad públicas, la explotación técnica y racional de minerales. El Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, explotación y comercialización. Ley de Mineria 48-97 ●

Art. 7 Unidad y necesidad pública: De acuerdo con el CW y siguiendo la lógica extractiva, se establece que el fomento a la actividad minera es primordial para el desarrollo económico del país.

●

Art. 46 Oposición: Se da un periodo para presentar las pruebas, reclamos y objeciones en contra de la exploración y explotación Minera de diez días, lo cual es irrisorio y ridículo.

Se hace evidente que el sistema jurídico a nivel local tiene importancia considerable al promoverse y respetarse la consulta comunitaria como una figura de cohesión, cultura e identidad; esto como simbiosis (consideramos) de reconocimiento latente de la territorialidad del municipio.

Pero se identifica una contradicción inherente que responde, según Poulantzas, al paso dialéctico axiológico de la base a la superestructura judicial, debido a que los instrumentos que legalizan la extracción minera y que además le dan un cuerpo normativo que la protege de toda interferencia -sea nacional o extranjera-, deslegalizando y soslayando el proceso de la consulta comunitaria como respuesta y defensa a la intromisión del interés particular de una empresa transnacional.

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