Construcción social de la infancia ciudadana: coordenadas para pensar en la ciudadanía de las infancias vulneradas desde las lógicas de intervención institucional. Sabine Cárdenas Boudey1 Agradezco el apoyo económico del proyecto MECESUP UCH1108 del Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
Introducción Estamos presenciando un proceso de transformación de sentido respecto de la infancia, dado a partir de la co-existencia entre dos paradigmas. El paradigma de la infancia institucionalizada, que emergió en el siglo XIX y se configuró a partir del replanteamiento de lo público y lo privado, se fundamentó sobre una idea de niño en proceso de ser adulto, cuyo espacio fueron las escuelas, y que dio lugar a dos infancias: aquella que cumplía con los descriptores de la clase burguesa al respecto del niño-niña normales y aquella que, en una condición social distinta no se ajustaba a tales descriptores: niños en riesgo, en peligro o peligrosos. Frente a este paradigma, emergen nuevas nociones de infancia que comienzan a organizarse en un nuevo paradigma, el de la infancia ciudadana (sujeta de derechos), que está armándose sobre la base de una noción de infancia como persona que ya es y la discusión acerca de su inclusión como ciudadano-a en los regímenes democráticos. Dos interrogantes guían la reflexión: ¿Qué sentidos se están tejiendo en torno a la infancia vulnerada/excluida a partir de la coexistencia de ambos paradigmas? ¿Cuáles podrían ser los efectos de estos sentidos en este sector de la infancia? La reflexión que aquí presento se origina a partir de la argumentación teórico conceptual de mi tesis doctoral titulada provisionalmente: “Construcción social de la infancia: entre la institucionalización y la ciudadanización”, cuyo contexto empírico serán las instituciones de crianza, aquellos espacios que albergan a niños y niñas que por diversas razones y en periodo particular de su vida, son separados de su familia y acogidos dentro de estos espacios. Parto entendiendo la infancia como una categoría sujeta al devenir de la historia que se configura y emerge dentro de una dinámica social particular y definida por los procesos económicos, productivos y demográficos (Alzate Piedrahita, 2001; Pilotti, 2001). Es resultado de un proceso de producción de sentido, que al reproducirse y sedimentarse al paso del tiempo se acepta como una realidad objetiva (Gaitán Muñoz, 1
Lic. En Psicología, Magíster en Educación, estudiante Doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Educadora de calle, coordinadora de proyectos socioeducativos de intervención en poblaciones infantiles altamente vulneradas en Guadalajara, México, y de procesos de planeación, seguimiento y evaluación de proyectos de la misma naturaleza. Dirección electrónica:
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2010), que delimita los horizontes y las formas de vida de los niños y las niñas. Una realidad que es también un campo social formado por discursos, prácticas en “*…+ donde se dirimen batallas conceptuales, luchas sociales y políticas” (Bustelo, 2007, pág. 15). Me referiré a ambos paradigmas como telón de fondo, para identificar las lógicas de intervención que de ellos se derivan y dirigen hacia la infancia excluida, asomándome al terreno de algunas prácticas y concepciones que dan cuenta de los mecanismos que están operando en esta co-habitación de paradigmas. El paradigma de la infancia institucionalizada (moderna) La construcción de la infancia moderna dio al lugar a la producción de dos discursos y dos infancias, cuyo eje de diferenciación fue la clase social: “la infancia escuela-familiacomunidad y la infancia trabajo-calle-delito” (Gomes Da Costa, 1996), o como dijeran Pilotti (2001) la infancia en peligro, la potencialmente peligrosa y la infancia delincuente. Para cada una de estas categorías de infancia se diseñó un andamiaje institucional con tratamientos diferenciados que buscaba responder a las expectativas y necesidades de los sujetos, expresadas en cada una de estas nociones de infancia, siguiendo, como lo señala García Méndez, el modelo de segregación social de los gobiernos latinoamericanos. La concepción de infancia moderna que persiste hasta nuestros días tuvo su origen en el siglo XIX, como resultante de los procesos de conformación del los Estados, y los cambios en el sistema de producción industrial, (Rojas Flores, 2001), el crecimiento demográfico, la migración campo ciudad, y los consecuentes cambios en la estructura y funcionamiento de las familias. Una de las trasformaciones más relevante ocurridas a lo largo de este proceso, fue la reformulación de la lógica entre el espacio público y el espacio privado de la vida de las familias, que se vio trastocado fundamentalmente en la tutela de los niños y las decisiones que se toman en torno a ellos, que pasaron de ser, exclusivas de la familia, a compartida con el Estado, a través de sus instituciones y los especialistas que en ellas comenzaron a operar (Halperin Donghi, 1970; Santiago Antonio, 2007; Rojas, 2010). Los profesionales de la infancia (médicos, profesores, psicólogos, pedagogos), tomaron la palabra y en nombre de la ciencia, sus discursos se cargaron de autoridad para definir al niño(a), su naturaleza, sus necesidades, y las prácticas a través de las cuales debían ser educados (Rojas Flores, 2001). La geografía infantil cambió concentrando a las niñas y niños en instituciones escolares. Las intervenciones estatales se caracterizaron por un trato diferenciado de acuerdo a la clase social, siguiendo una lógica que se expresa como sigue: a menores recursos disponibles en la familia para satisfacer las necesidades de los niños, mayor injerencia del Estado en la familia (Pilotti, 2001). Tales intervenciones fueron implementadas bajo una lógica policial, legitimando la irrupción en la vida privada de las familias con el argumento de la incapacidad de satisfacer las necesidades de sus hijos. Fue así como las características socioeconómicas de los sectores más pobres, se convirtieron en factores de riesgo, y las intervenciones estatales a pesar de su pretendido carácter universal, terminaron concentrándose en los hogares portadores de tales características. El Estado mantuvo bajo control a la población definida como
problemática y potencialmente “peligrosa” mediante un discurso justificatorio de la intervención en las clases bajas (Martinéz Muñoz, 2003), naturalizado por el discurso científico, técnico y administrativo de las instituciones interventoras (Pilotti, 2001). Este sistema dio forma a tres tipos de infancia: la que está en peligro porque sus padres no pueden brindarle los satisfactores necesarios para su pleno desarrollo, y por lo tanto se le asiste brindándole aquello que le falta; la infancia peligrosa, que por su contexto tiene un alto riesgo de traspasar las fronteras de la ley y la delincuente, que ha roto tales fronteras (Pilotti, 2001). Es así como se gestó la doctrina y el andamiaje institucional y burocrático de naturaleza legal/asistencial, que sobrevive hasta nuestros días, cimentado en la concepción del “menor en situación irregular”, que focaliza el problema en el niño o la niña a- normales (fuera de la norma) y su normalización. La lógica o núcleo para resolver los problemas de la infancia fue simple, si no es grave se le da ayuda material y si es grave se le saca le saca del medio y se lleva a una institución especializada en la atención de personas con su mismo problema, a esto se le ha denominado el paradigma de la especialización en la intervención social. (Casas, 2006). El paradigma de la infancia ciudadana Este paradigma emerge como resultante de los procesos de expansión de la democracia, como una reacción frente a la institucionalización y reificación de la infancia. Su potencia radica en sacar al niño de la lógica generacional basada en la noción desarrollista que históricamente lo definió como menor y colocarlo en una posición de persona niña ciudadana y por tanto sujeta de derechos. Dos nociones históricamente negadas a la infancia constituyeron la base sobre la cual este paradigma comenzó a armarse: la de sujeto de derecho y la de ciudadanía. La noción de derechos aplicada a la infancia tuvo como hito fundacional la firma de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) en 1989, donde se designa a los niños, niñas y adolescentes el estatus de ciudadanos sujetos de derechos, lo que implica su reconocimiento como personas ciudadanas, que conforman un sector relevante de la sociedad, planteando una nueva forma de relación entre niños y adultos que transforme los esquemas tradicionales de dominación. Esto tiene importantes implicaciones: plantea un nuevo orden de relación que revierte la lógica de segregación de las infancias y los tratos diferenciados por clases de edad, y descoloca del centro de los esfuerzos de las políticas de infancia al niño o niña víctima o victimaria y coloca al centro del problema las causas de su exclusión y “la promoción del bienestar, el desarrollo” (Laje, 2002, pág. 6). A partir de la CIDN surge la Doctrina de la Protección Integral con el propósito de materializar sus principios en una nueva doctrina que permitiera dejar atrás las lógicas de la situación irregular. La noción de ciudadanía de la infancia, comenzó a discutirse a partir del proceso de implementación de los principios de la CIDN, el desarrollo del debate sociológico en
torno a la infancia en el ámbito de los nuevos estudios sobre la infancia (Wintersberg, 2006), articulada al proceso de profundización de las democracias latinoamericanas (Baratta A., 2007a), donde, la ciudadanía infantil aporta una nueva forma de pensamiento y acción:
Desnaturaliza el rol pasivo de la infancia arraigado en las nociones del siglo XIX. Propone la ciudadanía como un proceso, una práctica en construcción, que no se ejerce por el hecho de llegar a la mayoría de edad, sino por un proceso progresivo de aprendizaje de otra forma de relación con los otros y participación en su entorno. Amplia la ciudadanía más allá de la participación política formal, abarcando prácticamente cualquier espacio público (Durston, 1996).
Dado lo anterior se abre una brecha entre las formas de atención a la infancia instituidas en el viejo paradigma y el horizonte que comienza a delinearse acerca de un nuevo deber hacer, que demanda el desmontaje del andamiaje cultural, ideológico, político e institucional, y para lo cual se han puesto en marcha reformas legales, en los sistemas de protección de la infancia, en las políticas púbicas y en las lógicas de comprensión e intervención en los problemas de la infancia El reto ha sido transitar de la Doctrina de la Situación Irregular hacia la de la Protección Integral, pasar de definir al niño como menor objeto de protección y contenedor del problema a resolver a definir al niño como persona activa y participativa en la toma de decisiones de todos aquellos aspectos que le afectan e interesan, trasladando el problema a los adultos y el contexto que vulneran los derechos del niño. Superando la clasificación denigrante de normalidad-anormalidad que se hace de los niños en la Doctrina irregular y terminando con el internamiento como solución. La respuesta ha sido un modelo cuya lógica de intervención favorecer el derecho del niño a la vida en familia y dentro de su comunidad, desenfocando el problema antes centrado en el niño y colocándolo en el entorno, dando paso a una lógica que enfatiza la normalización dentro de la red social de de los niños y sus familias, que busca reducir al mínimo los tiempos de institucionalización. Entendiendo que la normalización, a diferencia de la normalidad que clasifica a las personas, alude a construir “condiciones de vida similares” de acuerdo al de las personas de la misma edad y contexto sociocultural (Casas, 2006, pág. 37). Este modelo descansa en dos principios: Toda persona debe de vivir en un ambiente que le permita “construir un sistema de relaciones interpersonales similares” a las otras personas de su condición social, cultural y de edad, en un contexto también similar al de las personas de su misma condición (Casas, 2006, pág. 37). Por lo que en teoría el modelo de la Normalización del Entorno del niños permite desmontar el viejo andamiaje institucional y diseñar dispositivos menos objetivantes y coherentes con la realidad de los niños, la familia y la comunidad. Sin embargo, al llevarlo a la práctica, hay que enfrentarse con diversos problemas que van desde la dificultad de pensar lo nuevo desde las formaciones culturales dadas en el viejo paradigma, las fuertes inercias resultantes que operan tanto en el personal operario como en los mismos usuarios (familias y niños) de los “Sistemas Residenciales” –como
se denominan en Chile-, hasta los montajes institucionales, políticos y legales. Así como también, la complejidad de la realidad en contextos de exclusión, que se nos revelan con toda su fuerza al sacar al niño del centro del problema: aparecen contextos de alta marginalidad social, esos hiperguetos de los que el Estado está ausente y en donde impera otra ley, familias erosionadas generacionalmente por esta condición, en la que no solo se constriñen sus horizontes matriales, sino por encima de todo, los horizontes para el desarrollo de su humanidad ¿Cómo normalizar las condiciones del entorno y las diámicas de vida de los niños, en aquellos territorios de la exclusión? 3. Las resultantes de la co-existencia: dos modelos en pugna La diferencia central entre ambos paradigmas radica en la concepción de niño como sujeto pasivo/activo, y las formas, los alcances y las restricciones de su acción social. Este enfrentamiento se convierte en una situación paradojal, ya que, visto desde el viejo paradigma, el principio de cuidado y protección se opone al de autonomía y participación (Trevisan, Juillet, 2008). Sin embargo, de acuerdo al paradigma de la ciudadanía, esta paradoja no es tal, ya que el desarrollo de la autonomía es en sí mismo un importante factor protector, especialmente relevante para aquellos niños y niñas que viven en contextos que vulnerna sus derechos. En este marco la Participación Infantil (PPI), como forma de organización y acción cotidiana, hace las veces de visagra que permite articular y traducir los principios del paradigma de la ciudadanía infantil, a modelos y prácticas de intervención coherentes con tales principios, conciliando la protección y la autonomía. Sin embargo no se trata de un proceso de desmantelamiento de lo viejo y toma de posesión de lo nuevo, sino de una co-habitación de estos dos modelos con sus respectivas lógicas de intervención. Uno tiene la fuerza histórica, material y cultural que lo sostiene, basado en la Doctrina de la Situación Irregular y caracterizado por una estructura de naturaleza legal/normativa/asistencial. El segundo que se empuja con la fuerza de los nuevos mandatos internacionales y nacionales, la crisis del modelo viejo y de las experiencias prácticas, sostenido por los mandatos de la Doctrina de la Protección Integral cuya naturaleza es cívica/contextual/participativa. ¿Habría que preguntase que es lo que ha ocurido en esta “bajada” ¿Cómo se han concretado los principios de la ciudadanía y los derechos de la infancia, en aquellos proyectos de crianza instituionalizada, hechos de un andamiaje material, institucional y subjetivo que emergió del paradigma de la infancia institucionalzada proveniente del siglo XIX? ¿Cómo se expresa el desarrollo de la autonomía y el derecho a la PPI? ¿Qué tipo de mecanismos se activan par hacer frente a los nuevos mandatos hechos leyes y poíticas sociales? A partir de lo anterior intentaré plasmar ciertas coordenadas que contribuyan a la reflexión. Primero me referiré a algunos de los cambios relevantes que cuestionan lo que los niños son capaces de hacer y que han contribuido a la tansofrmación de las representaciones sociales respecto de la infancia. Posteriormente daré cuenta de los cambios que están operando en los espacios institucionales de crianza para reflexionar
acerca de la naturaleza de los mismos y las posibilidades que estos representan para la para esta infancia. 3.1 Concepciones de infancia ¿en mudanza? a. El contexto La idea del niño como un adulto en proceso, como un ser inacabado, “como el conjunto de los aún-no”, es el núcleo duro de la representación moderna de la infancia (Casas, 2006, pág. 5), que co-existe con otras representaciones que están emergiendo y constituyéndose en torno a la idea de los niños como personas que ya son, cuya personalidad, capacidad y conducta no está determinada únicamente por la edad, dado que al igual que los adultos pueden ser o no confiables, competentes y responsable; con una escala de valores y una lectura propia de la realidad que puede diferir de la de los adultos, pero que en todo caso no es superior o inferior a la de estos. Los niños viven en medio de dos fuerzas que tensionan su realidad: experimentan nuevas formas de liberad y autonomía, pero en espacios donde se ejerce también nuevas formas de control vinculadas a la inseguridad, la violencia y el influjo del mercado y su ideología mercantil. Se han debilitado “los muros protectores” entre los cuales los niños(as) eran criados, la mediación que los adultos ejercían entre el niño y la realidad ya no es posible. Los niños mantienen una relación más frontal y directa con la realidad, en un territorio gobernado por el mercado, la tecnología y los medios masivos de comunicación (Rojas, 2010). Tienen un acceso prácticamente ilimitado a la información, de manera que la vieja noción acerca de que “no saben muchas de las cosas de la vida” ya no se sostiene (Casas, 2006). Pueden comunicarse con una gran diversidad de personas o buscar todo tipo de información, sin la intervención del adulto. Los niños comienzan a ser reconocidos como hábiles para muchas cosas, algunas que incluso los adultos no pueden realizar, como ocurre en el ámbito de las nuevas tecnologías (Casas, 2006). Han desarrollado competencias que los llevan a desempeñarse mejor que los adultos en este campo, lo que ha contribuido a la ruptura de la lógica intergeneracional de transmisión del saber y del poder (Sánchez Vera, 1993). A pesar de que tienen un amplio espectro para la movilidad comunicacional que les permiten mayores grados de autonomía, pero una movilidad geográfica limitada, dada la cultura de la desconfianza y la violencia que permea las grandes ciudades latinoamericanas, promueve la reclusión de los niños(as) en espacios cerrados y vigilados. Además de ello, las nuevas formas de control, cada vez más sutiles, se han desplazado del Estado al mercado. Como lo explica Bustelo (2007), los niños (as) son uno de los blancos preferidos del marketing que define sus gustos, sus intereses, los modos de expresarse, comportarse, etc. Configurando al niño capitalista, niño consumidor, cuyas fronteras de experiencia se limitan cada vez más a lo que los medios definen para ellos y constriñen sus posibilidades de emancipación. Pero también al niño capaz y hábil de hacer, pensar y expresarse de formas no esperadas
que transgreden la idea tradicional de infancia y que abre las fronteras de posibilidades de acción para la infancia. b. Las concepciones Entre la noción del niño que aún no es y la del niño que es, se construyen discursos diversos y contradictorios acerca de quiénes son los niños y cuáles deben de ser las fronteras de su acción. Tal diversidad es un asomo de evidencias de la emergencia de nuevos valores respecto a la infancia y las resistencias que generan, así como estos se distribuyen en los sectores responsables de la infancia y como definen las prácticas desarrolladas hacia la infancia (Martinéz Muñoz, 2003). Investigaciones recientes acerca de las representaciones sobre la PPI realizados en Lima, Perú con profesores y padres de familia (Espinar, 2007), y en España con educadores no formales y gestores políticos, (Martinéz Muñoz; Ligero y Laza, 2003), dan cuenta de esta tensión entre las persistencias históricas y los nuevos discursos, así como entre las fuerzas de surgen del espacio privado y aquellas del espacio público. Al respecto estos estudios han concluido lo siguiente: Hay una dificultad para describir la infancia: no había un acuerdo al respecto y se describía en forma de metáforas tales como: “seres en cambio o en proceso; seres inestables; propiedad privada de los padres; seres vulnerables que deben ser protegidos; seres no racionales, indómitos y conflictivos” (Martinéz Muñoz, 2003, pág. 54). Prevalece la estigmatización de aquellos niños y las niñas que participan en espacios institucionales no escolares dada su condición “de riesgo o vulneración de derechos”, en un contexto donde la normalidad se construye bajo los parámetros sociales, culturales y económicos de la clase media (Espinar, 2007; Martinéz Muñoz y ots., 2003). Finalmente en cuanto a la PPI, hay un reconocimiento del niño como sujeto activo pero sólo en determinados contextos. Primero y sobre todo en el del consumo, después en otros contextos indentificados como espacios para la infancia. En otro grupo de trabajos, cuyos esfuerzos se han dirigido a estudiar las prácticas de intervención y las subjetividades de sus operadores, han encontrado resistencias a nivel de las concepciones tanto de los operadores como de las familias y los mismos niños, donde impera la creencias en la institucionalización como forma de resolver la problemática en la que viven los niños (Loza, 2011). En síntesis, los trabajos anteriores dan cuenta de la dificultad que tenemos los adultos para definir a los niños bajo parámetros no objetivantes, que se expresa en no poder conciliar la idea de persona con la idea de niño (Sánchez Praga, 2009), es decir la persona niña como igual y diferente de la persona adulta. También dan cuenta de las resistencias al cambio, particularmente en las familias y los operadores de los programas, quienes han sido formados en las lógicas que institucionalizan a los niños, dando como respuesta su internación y en cuyos imaginarios otro tipo de respuesta como sería la intervención familiar no daría buenos resultados porque las familias no son vistas con el potencial de cambio necesaria para poder acoger a sus hijos (Loza, 2011; Coords. Ferrari, Couso, & Cillero, 2002).
Finalmente muestran una mezcla entre apertura y cierre frente a la idea de las capacidades y posibilidades de acción social de la infancia, donde a pesar de que comienzan a reconocerse sus capacidades, más allá de lo que antes éramos capaces de reconocer, este reconocimiento parece estar orientado por la ideología mercantil, mostrándose como evidente que los niños puedan tomar decisiones en cuanto a las compras y el presupuesto familiar, más no así en otros ámbitos como podría ser la violencia escolar, o los problemas de su bario, etc. Lo que podría indicar la emergencia de una noción de infancia que tiende más hacia la idea de niño consumidor que a la de niño ciudadano. 3.2 Transformación, simulación o cooptación del sentido de infancia A partir de la firma de la CIDN, las instituciones dedicadas a la atención de la infancia excluida2 iniciaron un proceso de transformación para ajustarse a los principios de la Doctrina de la Protección Integral. Tales ajustes dan cuenta de los sentidos y formas de apropiación de los principios de la CIDN y sus repercusiones en la vida de los niños y niñas que pertenecen a este sector de la infancia. Dicha recomposición obedece en mucho a la naturaleza misma de la institución, sus formas de concebir a la infancia, definir sus necesidades, organizarse e intervenir. Para describir este complejo campo, me referiré a dos tipos de instituciones que constituyen los dos extremos de un continuo, a lo largo del cual es posible dar cuenta de de las formas de apropiación de los principios y el enfoque nacidos de la CIDN. En un extremo se encuentran aquellas instituciones más tradicionales que operaban bajo las nociones de la infancia moderna, desarrollando lógicas de atención asistenciales bajo el modelo de la infancia en situación irregular, con estructuras institucionales fuertes y divisiones de funciones claramente definidas. En el otro extremo están aquellas instituciones más flexibles, con modelos de intervención promocional, basados en los principios de la educación popular, bajo un enfoque participativo, con intervenciones directas, menos institucionalizantes, lo que implicaba una proceso de atención centrado en el individuo y no en la compartamentalización de las especialidades institucionales: la cuidadora, la trabajadora social, el médico, la psicóloga, etc. (QUIERA, 1999). Teniendo como telón de fondo las formas contrarias de reacción al cambio de paradigma, a continuación me aventuraré a sistematizar tres formas de aterrizaje resultante del encuentro de estos dos paradigmas: la asimilación del nuevo paradigma al viejo paradigma, el vaciamiento de los sentidos del nuevo paradigma, el tránsito hacia nuevas formas de acción en donde se expresan los nuevos sentidos del paradigma de la infancia ciudadana. a. Asimilación del nuevo paradigma desde el vejo paradigma
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Niños que en las múltiples condiciones de existencia está cruzados por la pobreza y sometidos a los procesos de exclusión social: niños de la calle, trabajadores, indígenas, abandonados, con discapacidad, con enfermedades crónicas degenerativas, y por tanto son sujetos de la política social y de las intervenciones tanto privadas como públicas.
A esta forma de apropiación la denomino cooptación de sentido, ya que el nuevo discurso de la infancia es extraído de su contexto amplio y transformado para poder encajar con las estructuras asistenciales. Esta forma de proceder se advierte sobre todo, en aquellas instituciones a las que definí como tradicionales, en las que se redujo el nuevo pensamiento de la infancia ciudadana a una serie de mandatos prevenientes de la CIDN. Este hecho se expresa de maneas distintas, en algunos casos las instituciones adoptaron el nuevo discurso de la infancia bajo un formato de “chek list”, es decir, como una lista de servicios que garanticen sus derechos, pero manteniendo la noción de niño pasivo receptor de servicios. Otro ejemplo de la prácticas que pretenden incorporar el nuevo sentido de la infancia pero no logran salirse del viejo paradigma, son aquellas intervenciones que cambiaron su foco de atención del niño a la familia “en crisis”, y que propone la resolución de la crisis familiar en un tiempo previamente definido, que en el caso de Chile debería no ser mayor a doce meses (SENAME, 2010, pág. 15). Esta racionalidad busca reducir paulatinamente los procesos de institucionalización (Coords. Ferrari, Couso, & Cillero, 2002), sin embargo la apuesta por la resolución de la crisis familiar es difícil de concretar cuando se trata de familias multiproblemáticas que más que una crisis, experimentan una estructura compleja, mezcla de problemas económicos, emocionales, culturales (Fergusson, 2009), producto de un proceso generacional e histórico de rompimiento del tejido social, abandono y degradación emocional como efecto de la marginalidad histórica. La realidad parece desbordar el dispositivo, que más allá de transformarse, continúa operando bajo una lógica institucionalizante, que frente a los graves problemas que se dan en los contextos de exclusión (delincuencia, violencia, abuso sexual, negligencia, abondo), corren el riesgo de hiper-especializarse, en el sentido de aquellos procesos de automatización social, en los que se definen una intervención a partir de una serie de pasos estandarizados se busca llegar a la resolución del problema dado a partir del diagnóstico. b. Vaciamiento del nuevo sentido de la infancia A partir del mecanismo de cooptación del nuevo sentido de la infancia, se diversifican sus formas de interpretación y por tanto de acción, que se mantienen fijas en las lógicas de la situación irregular. Tantas interpretaciones conllevan el riesgo de un vaciamiento, de la pérdida del sentido original. El tema de la PPI es un caso emblemático que da cuenta del fenómeno del vaciamiento y la pérdida de sentido. Representa un fin, en la idea de que es un derecho que debe garantizarse, pero es también un medio a partir del cual es posible que los niños ejerzan sus derechos. La participación es la acción que concreta la propuesta y da forma al ejercicio de los derechos, es un medio a través del cual se construye el contexto adecuado para dicho ejercicio. Sin embargo se opone con toda su fuerza el andamiaje político institucional que fue constituido con el propósito de control de la infancia desde la lógica de la Doctrina de la Situación Irregular, dando lugar al vaciamiento de la dimensión política de la PPI, cribada por los discursos políticos, institucionales y grupales. Al respecto el IIN señala lo siguiente:
Podríamos asistir a una proliferación de modalidades manipulativas o decorativas que darían cuenta de una aparente “moda participativa obturando el autentico ejercicio de un derecho inalienable. (Instituto Interamericano del Niño, 2010, pág. 75)”.
De acuerdo a una evaluación de los avance en materia de PPI en los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), la situación se expresa en los siguientes hechos:
Las políticas de participación evidencian formas distintas de interpretación que van desde actividades lúdicas hasta procesos de participación política protagónica. Las dificultades para desarrollar proyectos que obedecen a lógicas institucionales no adultocéntricas, dentro de estructuras y formas de operar adultocéntricas, basadas en una cultura vertical donde no tiene cabida las formas propias para la participación. Se advierte una tendencia a reducir la lógica de la PPI a cuestiones legales y normativas.
De manera que la apuesta de la PPI se ha vaciado de su contenido político capaz de vincular la acción de los niños con la realidad social en la que viven, y ha quedado únicamente con su contenido descriptivo, que se advierte en la implementación de dispositivos particulares en momentos particulares y desde las lógicas de la participación política de los adultos: procesos de consulta, votaciones, parlamentos, etc.que están lejos de dar cuenta de una forma de ser, estar y actuar en el mundo congruente con la noción de ciudadanía y participación infantil. c. Formas de acción que expresan los nuevos sentidos del paradigma de la infancia ciudadana. Por su parte, las instituciones más flexibles parecieron embonar con mayor facilidad con los principios de la doctrina de la Protección integral incorporando el nuevo discurso de los derechos ya sea para dar soporte a su apuesta de intervención, o innovando con nuevas formas poniendo al centro de sus propósitos el desmontaje de los procesos de institucionalización, la reducción de los tiempos de separación de los niños de sus familias, y el tránsito de la intervención focalizada en el niño a la intervención familiar y comunitaria (Ferrari, Couso, & Cillero, 2002) Pareciera que estos ejercicios están llevando a nuevas intervenciones, a transitar a territorios no explorados en los que surgen nuevos problemas. Por lo que aquello que hace que sea factible innovar y aquello que facilita la aplicación de los principios de la CIDN, tiene que ver con la flexibilidad, la capacidad de leer la realidad particular en la que se interviene, retroalimentar los dispositivos de intervención en un constante proceso de adaptación estructuración, transformación. Un ejemplo de esto son las formas de intervención que han desarrollado en el Hogar de Cristo en Chile, donde al igual que en el ejemplo anterior iniciaron con el propósito de disminuir los tiempos de institucionalización de los niños e intervenir en las familias, pero entendiendo este como un punto de partida y no como la concreción de una nueva forma institucional (Coords. Ferrari, Couso, & Cillero, 2002, págs. 88-99).
4. A modo de cierre y para abrir caminos para la reflexión El problema de la ciudadanía y la participación infantil como núcleos configuradores del nuevo paradigma de la infancia, expresa sus contradicciones en el intento de materializar estos principios particularmente en aquellos sectores de la infancia que vive en contextos de alta marginación y exclusión social. En la reflexión se evidencia la fuerza con que se resiste el viejo paradigma a ser desmantelado, y los mecanismos que se establecen en la lucha por el sentido de la infancia, cuyo núcleo más duro parece ser la acción social de los niños. Donde muchas iniciativas que buscan reconfigurarse terminan cooptando y vaciando el sentido del paradigma de la infancia ciudadana, omiten la perspectiva participativa de la infancia y neutralizan el potencial transformador y rupturista de la propuesta del paradigma de la ciudadanía. Podríamos estar en un momento histórico de recomposición y apertura para el cambio, en dirección a una transformación profunda en las relaciones sociales (Baratta A., 2007a; García Méndez, 2007. Pero otra lectura podría mostrar que dicho cambio es más bien una reformar que más allá de la declaración de intenciones, no logra trastocar las estructura generacional de dominación hacia la infancia (Instituto Interamericano del Niño, 2010). Una tercera posibilidad es que el influjo de transformación quede subsumido a una fuerza mayor como es la del mercado (Bustelo, 2007). Parecería que vivimos una etapa de apertura al cambio en la que se presentan una serie de oportunidades que lleven a mejorar las condiciones de la infancia excluida, pero también, en estas oportunidades se encarnan algunos riesgos: ya sea que los mecanismos de cooptación y vaciamiento provoquen que mantenga el estatus quo, o peor aún, que ese orden de cosas tome formas cada vez más rígidas y represivas que se mimeticen y escondan detrás de un lenguaje políticamente correcto a través de los mecanismos antes descritos, o que las transformaciones nos lleven en el sentido opuesto al de la ciudadanía, quizá hacia el de la infancia como sujeto de consumo. Hay una difícil relación entre la universalización de los derechos y la particularización de los contextos y las intervenciones, la complejidad de los contextos y la reducción de los internamientos, la severidad de los problemas que afectan a los niños en condiciones de exclusión y la superación de los dispositivos clasificatorios y objetivantes de la infancia, ya que las condiciones violencia y exclusión en la que viven amplios sectores de la población, hace imposible descentrar las intervenciones en estos sectores, por lo que se corre el riesgo de fortalecer el estigma de la anormalidad y regresar a la lógica de las dos infancias. Las múltiples formas de interpretación del nuevo paradigma y la particularización de las intervenciones que buscan ajustarse con mayor coherencia a las realidades de las familias, dan lugar a sentidos diversos de la infancia, múltiples interpretaciones de sus necesidades y de prácticas de intervención que buscan satisfacerlas (Lobet, 2006). Lo que podría encarnar un riesgo de sobre clasificación, que genere nuevos automatizamos sociales ahora más especializados y objetivantes, o podría ser una oportunidad para visibilizar y reconocer la diversidad de condiciones en las que viven los niños, e identificar con mayor precisión las formas particulares que en cada uno se
requiere intervenir para normalizar sus contextos en relación a los parámetros de universalización de las condiciones de vida dignas. Caminamos sobe un terreno confuso, resbaladizo, que requiere de una praxis permanente, que facilite la articulación de los principios del paradigma de la ciudadanía con las realidades de la infancia a través de intervenciones congruentes entre ambos. Pensar la ciudadanización de la infancia implica construir desde la acción y la imaginación de nuevas formas de relación con este grupo, en las que se alteren las dinámicas de dominación. Sin embargo estas formas sólo tendrán cabida en la medida en que la lucha político ideológica abra posibilidades para ello. Este escenario implica transitar en sentido contrario a lo que ha venido ocurriendo, es decir, restituir su fuerza política y su carga ideológica emancipadora a las categorías que constituyen el nuevo paradigma: infancia, derechos, ciudadanía y participación. Bibliografía Alzate Piedrahita, M. V. (2001). Concepciones e imágenes de la infancia. Revista Ciencais Humanas . Baratta, A. (2007) La Niñez como Arqueología del Futuro (págs. 7-16). Democrcia y Derechos del Niño. Santiago de Chile: UNICEF. Bustelo, E. (2007). El recreo de la infancia. Argumentos para otro cominezo. Argentina: Siglo XXI. Casas, F. (2006). Infancia y representaciones sociales. Política y sociedad , 43 (1), 27-42. Corona Caraveo & Del Río Lugo, N. (2005). Derechos de la infancia. Infancia en riesgo.Tomo 1. México: UAM Xochimilco. Durston, J. (1996). Limitantes de ciudadanía entre la juventud Latinoamericana. Revista Iberoamericana de Juventud (1), 1-4. Espinar, A. (2007). El ejercicio de poder compartido. Estudio para la elaboración de indicadores e instrumentos para analizar el componente de participación de niños y niñas en proyectos sociales. Perú: Save the Children. Ferrari, M., Couso, J., & Cillero, M., Coord. (2002). Internación de niños ¿El principio del fin? Crísis de los internados y transfomación de las políticas de infancia en España, Italia y el Cono Sur. Florencia: UNICEF. Fergusson, C. I. (2009). Madres que tienen hijos institucionalizados. Santiago de Chile: Universidad Adólfo Ibáñez.
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