Conflicto crudo: Petróleo y conflicto armado en Colombia (con Angelika Rettberg)

Conflicto crudo: Petróleo, conflicto armado y criminalidad en Colombia1

Angelika Rettberg2 y Juan Diego Prieto3

1. INTRODUCCIÓN Que la relación entre petróleo y sociedad es conflictiva no constituye novedad. Diversos casos en todo el mundo dan cuenta de las tensiones políticas, económicas y sociales asociadas a la explotación y distribución del llamado oro negro. Propensión a la corrupción, desigualdad y subdesarrollo, debilidad institucional, atrofia de otros sectores productivos, despilfarro de recursos, procesos desordenados de colonización y migración y generación de conflictos sociales y armados forman parte de su historial de agravios. Se trata de un recurso al mismo tiempo esencial para el funcionamiento de la economía global y generador de grandes riquezas pero oneroso en términos de su contribución al progreso y la estabilidad de los países que lo producen. Al igual que en otras partes del mundo, el petróleo colombiano ha generado grandes ingresos para el Estado y para actores sociales específicos, pero también ha sido vinculado a tensiones políticas, económicas y sociales, corrupción y debilidad institucional. El temor al despilfarro de regalías, el peligro de contraer la “enfermedad holandesa”4 y los múltiples modos de relación entre el petróleo, el conflicto armado y diferentes formas de criminalidad periódicamente dominan los análisis noticiosos de la economía colombiana. Diferentes tipos de evidencia sugieren que todos los grupos ilegales que han operado en Colombia —desde los izquierdistas Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), pasando por los grupos de autodefensa o paramilitares (de derecha) hasta las llamadas bandas criminales (Bacrim) o grupos armados organizados (GAO) y la simple delincuencia común— han participado en el saqueo de los recursos del petróleo. Las formas de saqueo han ido desde el robo de las regalías petroleras por medio de la extorsión o colaboración con políticos, funcionarios estatales y líderes sociales locales hasta la existencia de pozos petroleros y refinerías artesanales bajo el control de la guerrilla.5 En sus 1

Agradecemos a Sergio Guillermo y Daniel Quiroga Ángel por su valiosa asistencia de investigación. Este capítulo forma parte del libro Diferentes recursos, conflictos diferentes: La economía política del conflicto armado y la criminalidad en las regiones de Colombia. 2 Profesora asociada del Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes ([email protected]). 3 Candidato al doctorado en Política de la Universidad de California, Santa Cruz ([email protected]). 4 Por “enfermedad holandesa” se entiende el proceso mediante el cual las bonanzas externas, como las provenientes del petróleo, llevan a la contracción acelerada de sectores productores de bienes comercializables como resultado del "crecimiento de la razón de los precios de los bienes no transables y los transables, y de la transferencia de (…) mano de obra y capital desde los últimos hacia los primeros” (Puyana y Thorp 1998, 2). 5 En Putumayo se documentó la extracción de crudo por parte de las FARC en campos que habían quedado clausurados después de la salida de la región de la Texas Petroleum Company. La guerrilla extraía el petróleo “para venderlo para procesar cocaína” (entrevista con Andrés Peñate, exdirector del Departamento Administrativo de

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múltiples manifestaciones, las relaciones entre petróleo y actores armados han estado marcadas por elevados niveles de violencia y han acarreado un alto costo humano y material. Al mismo tiempo, las manifestaciones de estos fenómenos han variado considerablemente, de acuerdo con las particularidades de las diferentes regiones petroleras colombianas. Por ejemplo, mientras que el saqueo de las regalías en Arauca ha estado dominado por el ELN y — en menor medida— las FARC, en Casanare ha sido protagonizado por grupos paramilitares, y cada grupo ha empleado mecanismos distintos para apropiarse de la riqueza petrolera. En distintos contextos, los diferentes grupos armados han desarrollado múltiples estrategias que han combinado la intimidación y la extorsión (por medio de las voladuras de oleoductos, el secuestro, los asesinatos selectivos y las masacres) con la cooptación de organizaciones sociales y comunitarias y la captura de instituciones locales. En este capítulo se busca explorar la relación entre petróleo y conflicto armado y sus manifestaciones regionales desde una perspectiva institucionalista, haciendo énfasis en cómo los arreglos institucionales formales e informales históricamente construidos que rodean la extracción del recurso afectan las preferencias y el comportamiento de los actores armados ilegales y de los actores estatales y privados (North 1990; Snyder 2006; Thorp et al. 2012). El punto aquí no es sólo afirmar que el petróleo genera efectos en el conflicto armado sino preguntar cómo los genera y cómo el efecto varía entre regiones según arreglos institucionales particulares, para así poner a dialogar historias y contextos locales con tendencias nacionales de la confrontación armada (F.E. González 2014; Kalyvas 2006). Por medio de un análisis comparativo de las principales regiones petroleras colombianas —el municipio de Barrancabermeja (Santander) y los departamentos de Arauca, Casanare y Meta (ver mapas 1 y 2)— este capítulo revela cómo las características propias del sector petrolero y su cadena productiva, los procesos históricos de desarrollo institucional de cada región, las políticas del Estado nacional y las agendas de los actores del conflicto interactúan para determinar las manifestaciones específicas de la relación entre este recurso y el conflicto armado. Los datos utilizados para desarrollar este argumento provienen de múltiples fuentes. En primer lugar, se adelantaron 35 entrevistas en Arauca, Aguazul, Barrancabermeja, Bogotá, Tame, Tauramena, Villavicencio y Yopal, así como talleres regionales en Bogotá, Bucaramanga y Medellín, con funcionarios del Estado colombiano, empresarios y gremios del sector, fundaciones, sindicalistas y académicos. Además, se revisó la vasta literatura académica nacional e internacional, así como informes y documentos oficiales y de organizaciones no gubernamentales, acerca de la relación entre petróleo y conflicto y sobre las principales regiones petroleras del país. Esta información se complementó con una exhaustiva revisión de Seguridad, extinto servicio de inteligencia del Estado colombiano, 29 de octubre de 2007). Esto fue corroborado por Héctor Manosalva, vicepresidente de desarrollo y producción de Ecopetrol y ex Alto Consejero para la Infraestructura Energética de la Presidencia de la República (entrevista, Bogotá, 8 de noviembre de 2007). También se ha documentado la existencia de refinerías artesanales utilizadas por las FARC para obtener derivados del crudo robado del Oleoducto Transandino en Nariño. “Ejército destruye dos ‘refinerías’ de petróleo de las Farc en Nariño”, El Espectador, 8 de septiembre de 2014, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/ejercitodestruye-dos-refinerias-de-petroleo-de-farc-na-articulo-515432.

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prensa internacional, nacional y regional. El capítulo empieza con un breve recorrido por la literatura académica que se ha desarrollado en torno a la relación entre petróleo y conflicto armado en distintos lugares del mundo. Luego, para contextualizar la vinculación del petróleo con el conflicto en Colombia, se analizan varias particularidades de la extracción, procesamiento y distribución del petróleo y sus implicaciones políticas, y se presenta información general sobre la historia y la situación actual del petróleo en el país. La siguiente sección, dividida en cuatro partes, describe las múltiples maneras por medio de las cuales el petróleo se ha vinculado históricamente con el conflicto armado colombiano en distintas regiones del país. Por último se presenta un balance general de los principales hallazgos de la investigación y se señalan algunas direcciones posibles para investigaciones futuras.

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Mapa 1: Arauca, Meta y Casanare

Elaboración: Laboratorio de Cartografía de la Universidad de los Andes

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Mapa 2: Barrancabermeja

Elaboración: Laboratorio de Cartografía de la Universidad de los Andes

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2. PETRÓLEO Y CONFLICTO ARMADO EN LA LITERATURA ACADÉMICA Como se explica en la introducción de este libro, en las dos últimas décadas una rica literatura multidisciplinaria ha desmontado una serie de supuestos y expectativas acerca de la relación automática y positiva entre riqueza natural y desarrollo político y económico. Esta literatura ha mostrado de qué manera —en ausencia de estructuras institucionales aptas para regular las relaciones sociales y el manejo de los excedentes económicos— la presencia de recursos naturales lucrativos puede ser más problema que bendición. En breve, se argumenta, la riqueza que generan los recursos puede incentivar comportamientos corruptos o autoritarios y levantamientos armados, lo cual, a su vez, drena las riquezas nacionales en vez de brindar los medios para la superación de problemas como la pobreza, la desigualdad y la guerra. El petróleo encarna la relación conflictiva de las sociedades con recursos altamente lucrativos. Por un lado, el petróleo continúa siendo la principal fuente de energía en el mundo y un motor para el crecimiento económico a nivel mundial, y, pese a la caída de sus precios y al creciente desarrollo de fuentes alternativas de energía, se prevé que seguirá siéndolo por varias décadas6. Por otro lado, varios autores han mostrado cómo diferentes estados dependientes del petróleo han caído constantemente en patrones de bajo crecimiento económico, mal gobierno, baja capacidad estatal y autoritarismo (Karl 1997; Ross 2001, 2012; Sachs y Warner 2001). Además de afectar la gobernabilidad y las economías, la literatura sobre el sector extractivo, en general, y sobre el petróleo, en particular, destaca también su vinculación con guerras y conflictos armados internos en algunos países. Por su carácter estratégico para la economía global, en torno al petróleo se han librado guerras internacionales importantes (Yergin 2008). En el nivel nacional, la estructura física y corporativa del petróleo ha sido protegida por fuerzas estatales que han cometido atropellos para proteger la infraestructura petrolera o para disuadir a grupos que controvierten la distribución y el uso de las ganancias o reclaman una mayor participación en ellas. El caso de Nigeria, donde para proteger las instalaciones petroleras el gobierno envió tropas para aplastar la rebelión de un grupo étnico local (los Ogoni), matando a uno de sus líderes, es emblemático de esta relación entre petróleo y conflicto armado (Watts 2004). La incidencia de conflictos secesionistas en Aceh (Indonesia), Sudán del Sur y Nigeria se explica en gran parte por desacuerdos en torno a la distribución de los excedentes del petróleo (Patey 2007; Ross 2012). Varias empresas petroleras se han visto involucradas en violaciones de derechos humanos para defender su personal, sus instalaciones o las redes de distribución, así como en disputas por el acceso a zonas petroleras (Shankleman 2006). Finalmente, desde Nigeria y Angola hasta Colombia, el manejo de los recursos naturales —con el petróleo a la cabeza— ha estado en el centro de las motivaciones políticas y económicas de los grupos armados, lo cual se ha expresado en ataques a instalaciones, extorsiones a empresas y discursos nacionalistas en contra de la participación de empresas privadas (generalmente multinacionales extranjeras) en la extracción de recursos. 6

Véase “World Energy Outlook 2015”, International Energy Agency, 10 de noviembre de 2015, http://www.worldenergyoutlook.org.

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Los estudios estadísticos que analizan la relación entre diferentes tipos de recursos y conflictos armados indican que el petróleo es uno de los recursos que más contribuyen a la incidencia y a la intensidad de los conflictos armados (Koubi et al. 2014; Lujala, Rød y Thieme 2007; Ross 2004, 2012, 2015). Pero no se trata de una relación lineal ni automática: casi la mitad de los países petroleros desde 1970 —entre ellos Arabia Saudita, Canadá, Noruega y Venezuela— se han mantenido libres de guerras internas (Ross 2012, 178). También existen indicios de que en ciertos casos el petróleo puede ayudar a evitar la guerra bajo ciertas condiciones (Brunnschweiler y Bulte 2009; Smith 2007). Según Basedau y Lay (2009), el petróleo en cantidades pequeñas y medianas está relacionado con la presencia de conflictos armados, pero en grandes cantidades está asociado con su ausencia. De ahí el énfasis de la literatura reciente en la importancia de identificar las condiciones y los mecanismos mediante los cuales el petróleo provoca —o exacerba— conflictos. En primer lugar, se ha demostrado que el factor espacial es determinante: en general la explotación de petróleo no genera conflictos en todo el territorio de un país sino que suele concentrarse alrededor de las zonas específicas donde se ubica la infraestructura petrolera (Le Billon 2012; Lujala, Rød y Thieme 2007; Ross 2012). Segundo, el contexto institucional es decisivo (Barma et al. 2012; Elbadawi y Soto 2015; Thorp et al. 2012). En particular, Snyder (2006, 947) muestra que “si los gobernantes logran forjar instituciones de extracción que les permitan controlar las rentas generadas” por los recursos naturales, y mantenerlos así fuera del alcance de los grupos armados ilegales, “estos recursos de hecho pueden contribuir a mantener el orden al brindarles los ingresos necesarios para gobernar”. Aunque el petróleo no se considera un recurso directamente “saqueable” (como sí lo son los diamantes o las drogas, las cuales encierran gran valor en poco volumen y pueden apropiarse y comercializarse con facilidad)7, sus rentas sí pueden serlo cuando la capacidad institucional para manejarlas es deficiente. En tercer lugar, la estructura de propiedad del sector petrolero también es un factor determinante (Jones Luong y Weinthal 2010; Wegenast 2016). Factores como qué clase de actores (estatales o privados, nacionales o internacionales) pueden participar y entre quiénes (y en qué proporción) se reparten las ganancias generan diferentes estructuras de incentivos que afectan el poder relativo y el comportamiento de políticos, empresas y hasta organizaciones ilegales. Por ejemplo, si el Estado controla el sector y captura todas sus rentas, puede convertirse en un botín más atractivo para los grupos armados que si sólo recibe un porcentaje de las ganancias obtenidas por empresas privadas (Wegenast 2016). En cuanto a los mecanismos que conectan la abundancia de petróleo con las guerras internas, uno de los principales debates se centra en si son más importantes sus efectos en los actores ilegales o en el Estado (Koubi et al. 2014; Ross 2012). La primera hipótesis sugiere que el petróleo afecta a los grupos armados haciendo más rentable y atractiva la lucha armada (y menos llamativa la posibilidad de dejar las armas), a la vez que sirve para financiar la compra de 7

Véase la introducción a este libro para una explicación completa sobre la distinción entre recursos saqueables (lootable) y no saqueables, y sus implicaciones para los vínculos de distintos recursos con los conflictos armados (Le Billon 2012; Ross 2004).

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armas y el reclutamiento de combatientes, prolongando así la confrontación (Collier, Hoeffler y Rohner 2009; Weinstein 2007). La segunda se refiere a los efectos que puede tener el petróleo en la capacidad del Estado para mantener el orden: si una bonanza petrolera produce altos niveles de corrupción y debilita las instituciones, se hace más probable que aumente la violencia (Fearon 2004). Otra serie de teorías sobre mecanismos se centra en las particularidades de los procesos de extracción, procesamiento y distribución del petróleo (Le Billon 2012; Mitchell 2011). Factores como la inestabilidad social característica de los enclaves y la susceptibilidad de la infraestructura al sabotaje y a la interrupción de la cadena productiva aumentan la capacidad de presión tanto de movimientos populares como de actores ilegales frente a la industria y los gobiernos cuyos ingresos fiscales dependen de sus excedentes. En Colombia, académicos y activistas han estudiado y discutido la relación entre petróleo y conflicto armado, tanto desde una perspectiva nacional (Dunning y Wirpsa 2004; González 2011; Guáqueta 2002) como desde perspectivas regionales (Dube y Vargas 2013; González et al. 2012; Pearce 2005; Pérez 2011). Distintos estudios han hecho énfasis en actores específicos como los sindicatos petroleros (Gill 2016; Vega, Núñez y Pereira 2009), las comunidades indígenas (Gedicks 2001; Rodríguez Garavito y Arenas 2005; Uribe 2005), los actores armados (Aguilera 2006; Medina Gallego 2009; Peñate 1999) y las empresas petroleras (Dunning y Wirpsa 2004; González 2011; Massé y Camargo 2012). También se han trabajado temas como el desarrollo de la responsabilidad social empresarial en medio del conflicto (A.C. González 2014; Rettberg 2010; Rettberg y Rivas 2012) y el impacto ambiental de los conflictos relacionados con el petróleo (Avellaneda 2004; Fontaine 2003; Miranda y Restrepo 2005).

3. LAS PARTICULARIDADES DEL PETRÓLEO Y SUS IMPLICACIONES POLÍTICAS El petróleo en su estado crudo se encuentra en el subsuelo. Se accede a él por medio de perforaciones que permiten la extracción del recurso. Los pozos desde los cuales se adelanta la explotación pueden estar sobre tierra o en plataformas marítimas (conocidas como operaciones off-shore). En su estado crudo, el petróleo no es apto para las múltiples tareas que cumplen sus derivados (desde insumos químicos para la fabricación de plástico hasta el más común, la gasolina, que se utiliza para la generación de energía principalmente automotriz). Los grados de calidad varían entre crudos de diferentes orígenes (los hay “pesados” y “livianos”), lo cual incide en la definición del precio. Por eso, debe ser procesado en centros de refinamiento. Para llevar el petróleo a los centros de refinamiento o a los puertos desde los cuales grandes buques lo transportan hacia los países de destino, los países requieren una vasta red de oleoductos. Esta infraestructura es altamente vulnerable al sabotaje (una huelga en una refinería o la voladura de un oleoducto pueden paralizar las operaciones y acarrear costos elevados), por lo cual la actividad petrolera en contextos de conflicto suele estar altamente militarizada. En torno al petróleo se ha desarrollado una vasta institucionalidad a nivel global. Más allá de las variaciones de precio según la calidad del crudo, los precios de referencia se fijan en una bolsa internacional, según la oferta y la demanda de crudo y según las perspectivas de futuro del 8

mercado. En Colombia, la principal empresa petrolera, Ecopetrol, usa el precio denominado West Texas Intermediate (WTI), que se rige por los movimientos del New York Mercantile Exchange, la principal bolsa de bienes primarios (commodities) del mundo (ver gráfico 1)8. Gráfico 1. Precios del petróleo (WTI), dólares por barril (1986-2016) 120 100 80 60 40 20

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FUENTE: U.S. Energy Information Administration (2017a)

El proceso de extracción del petróleo es altamente exigente en tiempo, capital y tecnología. Entre la identificación de un pozo petrolero mediante actividades de sísmica 9 y su efectiva extracción y distribución pueden pasar diez años.10 Tanto la identificación de las reservas como la extracción y el refinamiento son procesos crecientemente sofisticados desde el punto de vista tecnológico. De igual manera, la demora en obtener rendimientos sobre las inversiones exige de los inversionistas y los países productores una alta capacidad financiera (de endeudamiento o inversión), que excluye a la mayoría de empresas y explica por qué en el mundo son pocas las principales empresas petroleras (el 84 por ciento de la producción mundial sigue en manos de sólo 100 empresas)11. Por lo tanto, se considera un sector con elevadas barreras de entrada porque no permite la existencia de muchos competidores. En parte, eso explica por qué muchas empresas petroleras son estatales o multinacionales, ya que son las únicas con la capacidad financiera y de control y regulación requerida para investigar, adelantar y coordinar operaciones de exploración y distribución. Porque depende de grandes inversiones y de largos plazos de rendimiento sobre capital, y 8

Véase “What Drives Crude Oil Prices?”, U.S. Energy Information Administration, 12 de enero de 2016, http://www.eia.gov/finance/markets. El otro precio es el Brent, que se fija según el Intercontinental Exchange, otra bolsa de bienes. 9 Según Guerrero (2008), “[e]l método sísmico consiste en hacer penetrar energía al subsuelo. Esta energía viaja dentro de la tierra a cada una de las capas de roca y parte de esa energía es reflejada en cada contacto entre rocas con diferentes características físicas y es recibida en la superficie por medio de dispositivos que captan esta energía. (...) Con la ayuda de computadores de alta capacidad y aplicando algoritmos matemáticos, los datos [se analizan] buscando oportunidades exploratorias de interés, que eventualmente pueden ser perforables”. 10 No todas las reservas identificadas son explotadas, ya que las ganancias esperadas tienen que ser mayores a los costos de la infraestructura requerida. Por ello, el tipo de rocas en la cual se encuentra el petróleo y los volúmenes esperados son factores determinantes a la hora de decidir explotar un determinado pozo. 11 “Who are the major players supplying the world oil market?”, U.S. Energy Information Administration, 30 de septiembre de 2014, http://tonto.eia.doe.gov/energy_in_brief/world_oil_market.cfm.

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conlleva altas inversiones irrecuperables (sunk costs), el petróleo (y el sector extractivo, en general) es altamente vulnerable al riesgo y la inestabilidad locales: en contraste con capitales financieros —que pueden amenazar creíblemente con abandonar a un país ante señales de riesgo— los capitales petroleros son altamente inmóviles. Ya que el sector petrolero no dispone de esta herramienta para hacer presión sobre los gobiernos, las empresas buscan desarrollar relaciones estrechas con la clase política de los países donde operan para contrarrestar el riesgo y la inestabilidad (Hughes 2014). Al igual que la vulnerabilidad de la infraestructura, la inmovilidad de los capitales también tiende a aumentar la capacidad de presión de movimientos sociales y de actores ilegales, lo cual a su vez incentiva la militarización (tanto estatal como a través de fuerzas de seguridad privadas). La producción petrolera es muy variable respecto a su demanda de mano de obra, que es principalmente masculina. En general, se puede decir que el petróleo es menos intensivo en mano de obra, y más intensivo en capital, que otros recursos como los agrícolas o sectores como el industrial. En la etapa sísmica, la actividad requiere de una gran cantidad de mano de obra, tanto especializada (ingenieros de petróleo y geólogos) como no especializada. A la hora de perforar, se requieren entre veinte y sesenta personas por taladro, para hacer operaciones de 24 horas al día (por turnos). Luego, en la etapa de estudio y desarrollo, la actividad vuelve a ser intensiva en mano de obra (entre 2.000 y 4.000 personas por ciudadela). Se requiere entre uno y tres años para desarrollar la estructura de perforación y para construir la ciudadela que acomode los trabajadores del pozo. Después, se requiere aproximadamente de 100 personas operando 24 horas por turnos, hasta que se seque el pozo.12 Debido a que la exploración suele ocurrir lejos de los centros urbanos, los hábitos de trabajo de los petroleros no se adecúan a la jornada laboral común: los trabajadores especializados permanecen en el pozo entre una y dos semanas y luego descansan de una a dos semanas. A medida que los proyectos avanzan, los pozos son controlados por un grupo cada vez más reducido y más calificado de personas. En torno a los sitios de exploración y extracción petrolera se generan economías de enclave, entendidas como zonas de explotación económica vinculadas al mercado mundial con un nivel bajo de integración con la economía local (Hernández 1998). Heredado de la literatura de la dependencia que se desarrolló en los años sesenta y setenta, el término fue clave para entender los impactos locales de la inversión extranjera en las economías subdesarrolladas (Cardoso y Faletto 1979). El desarrollo de las economías de enclave en Colombia en sus orígenes estuvo ligada a la figura de los contratos de concesión, bajo la cual se inició la explotación de petróleo en Colombia (Echeverry et al. 2009; Hernández 1998). La concesión consistía en la asignación por parte de un Estado a una persona jurídica o natural de una porción del territorio nacional por un determinado periodo de tiempo para la explotación de un recurso natural o agrícola, a cambio del pago o no de una regalía, o a cambio de servicios al Estado. Las regiones con economías de enclave presentan ciertas dinámicas que se asocian al desarrollo de conflictos sociales. En primer lugar, presentan fuertes flujos de inmigrantes provenientes de 12

Entrevista con Carlos Eduardo Machado, analista del sector extractivo, 29 de octubre de 2009.

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diferentes regiones del país atraídos por la generación de empleo producto del boom económico; en segundo lugar, alteran el balance ambiental en la zona (normalmente el impacto se observa en las cuencas hídricas) afectando las actividades productivas típicas de las regiones; en tercer lugar, se da un crecimiento poblacional inusual en el cual se observa la preponderancia de población inmigrante sobre los nativos; en cuarto lugar, la multiculturalidad en algunos casos genera brotes de conflicto social (Hernández 1998). Por sus vínculos con violaciones de derechos humanos y conflictos armados, y por las implicaciones que esto tiene para la reputación de las empresas y sus accionistas en el norte global, en las dos últimas décadas el sector extractivo petrolero ha sido pionero y promotor de prácticas de conciencia del riesgo13 en sus zonas de operaciones, gestor de iniciativas y fundaciones filantrópicas y de responsabilidad social y de pactos y códigos de conducta sectoriales y empresariales dirigidos a prevenir y mitigar daños (como EITI o el Pacto Mundial14). Ha adelantado estas actividades por iniciativa propia (motivado por revelaciones o denuncias de malas prácticas) o respondiendo a estímulos de organizaciones internacionales que buscan lograr una extracción ambiental y socialmente sostenible15. El sector petrolero también ha sido protagonista en los estrados judiciales, en los que se ha enfrentado con grupos ambientalistas y de derechos humanos por su percibida o comprobada participación en la generación o agravamiento de conflictos sociales o armados16. La experiencia del sector petrolero ha provocado importantes cambios en el sector privado en general, poniendo de presente la necesidad de las empresas de autorregular su comportamiento y someterlo a verificación y monitoreo. En la práctica, por tanto, ha habido un incremento notable de la participación empresarial en actividades de responsabilidad social y, específicamente, en construcción de paz, aunque ésta se concentra aún en determinados sectores y empresas grandes de nacionalidades pertenecientes al mundo industrializado (Rettberg 2010).

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El concepto de “risk awareness” se refiere a que “las empresas que invierten en países donde los gobiernos no tienen la capacidad o la disposición de asumir sus responsabilidades” deben estar preparadas para afrontar diversos riesgos y dilemas éticos (véase OECD (2006). 14 La Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI, por sus siglas en inglés), lanzada en 2003, busca mejorar la gobernanza en países ricos en recursos “mediante la verificación y la publicación en su totalidad de los pagos de las empresas y de las rentas de los gobiernos provenientes del petróleo, el gas y la minería” (ver http://eitransparency.org/eiti). Por su parte, el Pacto Mundial, que comenzó a funcionar en 2000 y hoy agrupa a más de 12.000 empresas de 170 países bajo el liderazgo de la ONU, busca promover buenas prácticas entre sus afiliados en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción (ver http://www.unglobalcompact.org/what-is-gc). 15 Véase, por ejemplo, Kojucharov (2007) para el caso de Chad, donde el Banco Mundial buscó evitar el riesgo de corrupción asociado con las exploraciones petroleras condicionando el pago de regalías a la adopción de metas de inversión social y reducción de la pobreza. Sin embargo, el experimento fracasó cuando el gobierno incumplió los compromisos adquiridos (Kojucharov 2007). 16 Royal Dutch Shell enfrentó un caso judicial en Nigeria como consecuencia de su rol en los ataques contra la tribu Ogoni. Otras empresas petroleras que han sido llevadas ante las cortes son la británica British Petroleum y las estadounidenses Occidental, ExxonMobil, Texaco Chevron y UNOCAL. Véase Martin-Ortega (2008) y el portal de internet Business and Human Rights Resource Center (http://www.business-humanrights.org).

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4. EL PETRÓLEO EN COLOMBIA 4.1.

Recuento histórico y panorama actual

La historia del petróleo en Colombia está estrechamente relacionada con el Magdalena Medio, pues fue en el área conocida como La Tora, ubicada en esta región, donde una expedición militar española se topó en 1536 con los manaderos petrolíferos anteriormente descubiertos por los indígenas yariguíes (Aprile-Gniset 1997). Este descubrimiento no se transformaría en actividad productiva hasta 1921, cuando empezó la producción comercial del campo Infantas — hoy parte del municipio de Barrancabermeja— bajo la Concesión de Mares (Avella 2011; Bendeck 1993). Esta concesión fue adjudicada a la empresa estadounidense Tropical Oil Company por 30 años y llegó a su fin con la formación de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol) en 1951, fecha en la cual la entidad pública asumió la operación de la concesión. Diez años más tarde Ecopetrol se hizo cargo además de la refinería construida por la Tropical, la refinería más importante del país y eje productivo de Barrancabermeja. Otros hitos en el desarrollo de la industria petrolera fueron el descubrimiento, en 1983, del Campo Caño Limón, en Arauca, hallado bajo el modelo de contrato de asociación17 entre Ecopetrol y Occidental Petroleum, y, en los años noventa, de los yacimientos Cusiana y Cupiagua, en el departamento de Casanare, explotados a través de un contrato de asociación entre Ecopetrol, British Petroleum (BP), la francesa Total y la estadounidense Triton (Avella 2011).18 Como lo ilustra el gráfico 2, Colombia no es un jugador importante en el escenario de la producción petrolera mundial. Su producción es pequeña (alrededor de 1 por ciento) en contraste con los principales países productores como Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia o China. En 2016, Colombia ocupó el puesto 23 en la clasificación de los países productores de petróleo, con una producción aproximada de 1 millón de barriles por día (menos de la mitad de la producción de Venezuela). La mayor parte de la producción colombiana está destinada a Estados Unidos.

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Este modelo, instaurado mediante la Ley 20 de 1969, reemplazó el modelo de concesiones. Para más información, véase López et al. (2012). 18 Actualmente el campo es operado por la empresa Equion, de propiedad de Ecopetrol (51 por ciento) y la española Repsol (49 por ciento).

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Gráfico 2. Producción de petróleo crudo (miles de barriles por día), 1990-2016 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

0

Estados Unidos (#1)

Arabia Saudita (#2)

Rusia (#3)

China (#4)

Venezuela (#12)

Colombia (#23)

FUENTE: U.S. Energy Information Administration (2017b)

Hoy en día 20 de los 32 departamentos del país tienen campos petroleros en explotación (y en dos departamentos más hay áreas en exploración). La tabla 2 enumera los departamentos productores y sus reservas probadas. Las principales regiones petroleras del país son los Llanos Orientales (Arauca, Casanare y Meta) y el Magdalena Medio. Los grandes centros de refinería, dedicados a procesar el crudo para suplir la demanda interna, están ubicados en Barrancabermeja y Cartagena; también hay refinerías menores en Orito (Putumayo), Tibú (Norte de Santander) y Villavicencio (Meta). Tabla 2: Producción petrolera y reservas probadas por departamento Departamentos

Antioquia Arauca Atlántico Bolívar Boyacá Caquetá Casanare Cauca Cesar Córdoba Cundinamarca Huila Magdalena Meta Nariño Norte de Santander Putumayo

Campos en producción (2016) 4 17 1 3 10 1 150 3 15 1 3 29 5 64 1 6

Producción en 2016 (promedio diario de barriles) 20.465 48,028 32 12.031 41.745 9 164.250 1.003 9.613 2 299 26.903 207 447.700 333 3.501

Reservas probadas en 2015 (barriles)

22

36.863

83.593.147

21.322.057 50.757.629 n.d. 59.788.269 99.550.998 n.d. 287.861.627 1.306.983 30.046.823 n.d. 567.754 70.221.803 1.032.212 756.159.355 362.566 6.865.866

13

Santander Sucre Tolima TOTAL

34 3 14 414

57.601 167.240.340 20 102.050 15,595 28.710.375 886.231 2.307.571.319 n.d.: No hay datos disponibles FUENTES: Producción: Agencia Nacional de Hidrocarburos (2017); Reservas: Agencia Nacional de Hidrocarburos (2016)

La producción colombiana de crudo creció de manera constante desde 1980 hasta 1998 y luego entre 2006 y 2015 (ver gráfico 3). Como resultado del crecimiento, el petróleo llegó a constituir el 52,7 por ciento de las exportaciones en 2014 y el 19,6 por ciento de los ingresos del gobierno nacional (ver gráficos 4 y 5). La importancia (y dependencia) del petróleo también se manifiesta en el ámbito subnacional: en los tres principales departamentos petroleros (Arauca, Casanare y Meta), la producción de petróleo se ha mantenido por encima del 50 por ciento del PIB departamental durante varios años, y ha llegado a sobrepasar el 70 por ciento (ver gráfico 6). Sin embargo, la caída del precio internacional a partir de 2014 (de un tope de $112 dólares por barril en junio de ese año a menos de $28 en enero de 2016) ha impactado fuertemente a la industria petrolera colombiana, lo cual se ha reflejado en la disminución en la actividad exploratoria y la adjudicación de bloques (Fedesarrollo 2015; Toro et al. 2015). A su vez, la participación del petróleo en las exportaciones y en los ingresos del gobierno han decaído notablemente (ver gráficos 4 y 5), forzando recortes considerables en el presupuesto nacional (Toro et al. 2015). Gráfico 3. Producción de crudo en Colombia (promedio diario en miles de barriles), 1921-2016 1200 1000 800 600 400 200 0 1921 1926 1931 1936 1941 1946 1951 1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016

FUENTES: 1921-2009: Unidad de Planeación Minero Energética (2014); 2010-2016: Agencia Nacional de Hidrocarburos (2017)

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Gráfico 4: Exportaciones de petróleo como porcentaje del total de exportaciones, 1970-2016 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

NOTA: Los datos de 2014 a 2016 son preliminares. FUENTES: Banco de la República (2017)

Gráfico 5: Rentas petroleras como porcentaje de los ingresos del gobierno nacional de Colombia 25 20 15 10 5 0 2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

FUENTE: Toro et al. (2015, 43)

Gráfico 6: Producción de petróleo como porcentaje del PIB departamental (Arauca, Casanare y Meta, 2000-2016) 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2000

2001

2002

2003

2004 Arauca

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Casanare

2013

2014

2015

2016

Meta

NOTA: Los datos de 2015 y 2016 son preliminares. FUENTE: DANE (2017)

15

4.2.

Estructura institucional, organizacional y corporativa del sector petrolero

Teniendo en cuenta la trascendencia política de la estructura de propiedad y control del sector petrolero (Jones Luong y Weinthal 2010; Wegenast 2016), así como de la institucionalidad que lo rodea (Elbadawi y Soto 2015; Snyder 2006; Thorp et al. 2012), en esta sección describimos estas facetas del sector petrolero colombiano. El actor más importante de la industria es Ecopetrol, que está a cargo del 68 por ciento de la producción, mientras que el 32 por ciento restante lo producen empresas privadas, la mayoría de ellas con sedes extranjeras (López et al. 2013, 7). Si bien Ecopetrol es una empresa estatal, se diferencia de otras petroleras estatales en que, desde la reestructuración del sector petrolero en 2003, es una sociedad pública por acciones19, y debe competir en igualdad de condiciones con otras empresas para la adjudicación de bloques para exploración o explotación. Antes de dicha reforma20, si bien se permitía la participación de empresas privadas, éstas debían hacerlo en asociación con Ecopetrol, la cual estaba encargada tanto del proceso productivo (exploración, extracción, refinación, transporte y comercialización) como de la regulación del sector (Echeverry et al. 2009). Tras la reforma, estas últimas funciones quedaron en manos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), adscrita al Ministerio de Minas y Energía. Así, hoy en día la existencia de una empresa estatal no implica el control por parte del Estado del sector petrolero colombiano, como sucede en países como Arabia Saudita, Irán o Venezuela. Por otra parte, diferentes regiones petroleras han experimentado distintos modelos de propiedad: mientras que Barrancabermeja ha experimentado tanto el control privado de la Tropical Oil Company (19181951) como la operación estatal de Ecopetrol (1951-presente), en Arauca la producción ha estado siempre en manos de la empresa privada estadounidense Occidental (Oxy), y los campos de Casanare han funcionado bajo el control de petroleras privadas, de Ecopetrol y, más recientemente, de alianzas entre Ecopetrol y empresas privadas. El proceso productivo del petróleo es altamente formal: permisos, licencias y convocatorias lo regulan de comienzo a fin (Echeverry et al. 2009; López et al. 2012; Moreno 2012)21. La normatividad colombiana reglamenta exhaustivamente procesos de contratación y asignación de áreas para la actividad petrolera; procedimientos técnicos y operativos para fiscalizar la exploración, explotación, refinación, avalúo, transporte y comercialización; temas económicos y de mercadeo; asuntos ambientales (zonas protegidas, licencias ambientales, estudios de impacto, etc.); derechos humanos; y cuestiones relacionadas con comunidades étnicas

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El 11,51 por ciento de las acciones no pertenecen a entidades estatales. Entre estos accionistas figuran inversionistas colombianos, estadounidenses, chinos y europeos. Véase “Composición Accionaria”, Ecopetrol, http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/acciones/composicionaccionaria (consultado el 7 de febrero de 2016). 20 La reforma se ejecutó mediante el Decreto 1760 de 2003, emitido en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas al gobierno de Álvaro Uribe para la reestructuración organizacional del Estado por la Ley 790 de 2002. 21 En febrero de 2016 la base de datos sobre normatividad del sitio de internet del Ministerio de Minas y Energía (https://www.minminas.gov.co/normatividad) contenía 1.329 normas vigentes para el sector de hidrocarburos. Véase también “Normatividad”, Agencia Nacional de Hidrocarburos, http://www.anh.gov.co/la-anh/Normatividad.

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(especialmente en lo relacionado con la consulta previa)22, e involucra a una multiplicidad de agencias estatales. Un elemento característico de la industria petrolera colombiana es su fuerte actividad de responsabilidad social empresarial (RSE)23. La vasta actividad filantrópica de la industria petrolera constituye un factor de diferenciación de otros recursos, en los cuales la RSE es inexistente o incipiente. En Colombia, la RSE de las empresas petroleras ha sido, como a nivel global, consecuencia de múltiples motivaciones, incluyendo la necesidad de promover la viabilidad de las operaciones de las empresas en contextos política y socialmente inestables y la de contrarrestar los señalamientos por afectar comunidades y violar derechos humanos (A.C. González 2014)24. Como explica una persona que trabajó en temas de RSE en una empresa petrolera, “si las comunidades están contentas no van a salir a hacer paros y protestas en la calle. Se trata de ganar el consentimiento de la comunidad”25. Por su gran tamaño, las empresas petroleras son más susceptibles a temas de reputación, especialmente aquellas que cotizan en bolsa y tienen asambleas grandes de accionistas que monitorean el desempeño corporativo en todos los frentes, incluyendo el social. La RSE del sector petrolero se adelanta por medio de seis fundaciones a nivel nacional, agremiadas en la Asociación de Fundaciones Petroleras26. Además, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), que agremia a 46 compañías petroleras y gasíferas privadas que operan en Colombia, ha promovido activamente las prácticas de RSE entre sus afiliados27. La actividad de RSE consiste en proyectos productivos con poblaciones vulnerables, gestión de microcréditos, proyectos de vivienda, proyectos de conservación o recuperación ambiental, mejoramiento de la calidad de vida, promoción de derechos humanos, consulta a grupos de interés y fortalecimiento institucional. Otra parte fundamental del sector petrolero es el componente sindical. En el contexto de un sindicalismo nacional esencialmente débil (menos del 5 por ciento de la población económicamente activa se encuentra sindicalizada en Colombia; Vidal 2012), los sindicatos 22

Este mecanismo, reglamentado principalmente por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y, en Colombia, por la Sentencia SU-039 de 1997 de la Corte Constitucional, consiste en consultar a los pueblos afectados por medidas legislativas o administrativas (incluyendo la actividad petrolera) a través de sus propias instituciones o autoridades con el fin de lograr un acuerdo o su consentimiento (Rodri ́guez 2005). Véase también Ministerio del Interior y de Justicia (2009). 23 Sobre los significados y alcances del término responsabilidad social empresarial existe una rica literatura, sobre todo en las facultades de administración, que promueven la adopción de una perspectiva de impacto social entre las empresas privadas. 24 Se destaca, en este sentido, el caso del enfrentamiento entre la empresa estadounidense Oxy y la comunidad indígena U’wa en torno a la exploración petrolera en territorio considerado sagrado (Uribe 2005). La Oxy había recibido el bloque Samoré en el departamento de Arauca, operación que fue rechazada por los indígenas, que amenazaron con un suicidio colectivo y contaron con el apoyo de varias organizaciones sociales. 25 Entrevista con Alexandra Guáqueta, Bogotá, 1 de noviembre de 2007. 26 Estas son la Fundación del Alto Magdalena (que opera en Huila, Tolima y Putumayo), la Fundación Alcaraván (Arauca), la Fundación Amanecer (Casanare y Meta), Fundesmag (fundada por Ecopetrol en el Magdalena Medio), la Fundación Oleoductos de Colombia (con sede en Caucasia, Antioquia) y Fundescat (Catatumbo). 27 Véase “Experiencias en la promoción de buenas prácticas de RSE”, Asociación Colombiana del Petróleo, https://www.acp.com.co/index.php/es/buenas-practicas/experiencias-promocion-de-buenas-practicas-de-rse.

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petroleros, especialmente la Unión Sindical Obrera (USO), gozan de un estatus especial. A pesar de severos recortes en los beneficios, la USO cuenta con más de 20.000 trabajadores afiliados y cuenta entre sus conquistas beneficios educativos para los hijos de afiliados, subsidios de vivienda, una edad de jubilación más temprana que el trabajador promedio y precios preferenciales en alimentos básicos como la carne para algunos miembros28. Fundada en la clandestinidad entre 1922 y 1923 en torno a las operaciones de la Tropical Oil Company, la USO se hizo visible a nivel nacional por primera vez en la huelga de 1924, año en el cual les fue reconocida la personería jurídica (Vega, Núñez y Pereira 2009). Actualmente la USO tiene una vasta estructura nacional, compuesta por su junta directiva nacional y 24 subdirectivas regionales, mediante las cuales hacen presencia en la mayoría de zonas petroleras. La USO está inexorablemente atada a la historia del petróleo colombiano, especialmente a aquella parte que se escribió en el municipio de Barrancabermeja. Protagonista de grandes paros, huelgas y una relación generalmente contenciosa con el Estado y las empresas, la USO ha jugado un papel fundamental en el desarrollo político y económico de Barrancabermeja (Gill 2016; Van Isschot 2015; Vega, Núñez y Pereira 2009). Por un lado, la ideología de izquierda del sindicato, acompañada de su discurso de soberanía económica, ha calado en el pensamiento político de la población, lo que se relaciona con el buen desempeño electoral del Partido Liberal y de grupos políticos vinculados a la izquierda en este municipio29. Por otro lado, el sindicato ha tenido gran influencia en la orientación de la gestión y la administración del municipio, complementando —y en algunos casos hasta desplazando— a las autoridades políticas formales en funciones estatales como el manejo y la resolución de problemas y conflictos30, y movilizándose junto con movimientos cívicos locales para conseguir mejorías en la provisión local de bienes públicos por parte del Estado (Van Isschot 2015; Vega, Núñez y Pereira 2009).

4.3.

Ingresos fiscales y regalías del petróleo

En Colombia la riqueza del petróleo entra a las arcas del Estado principalmente en forma de regalías31. Las empresas deben pagar regalías a la ANH con base en la producción y el transporte del crudo (las etapas de exploración y perforación no generan regalías), y estas se distribuyen entre el gobierno central y las entidades territoriales32. De acuerdo con el Sistema 28

Entrevista con Héctor Vaca, miembro de la junta directiva nacional de la USO, Bogotá, 6 de noviembre de 2007. Para la muestra, Álvaro Uribe perdió en Barrancabermeja tanto en 2002, frente a Horacio Serpa (del Partido Liberal), quien obtuvo más del 65% de la votación, como en 2006, cuando ocupó el tercer lugar detrás de Carlos Gaviria (Polo Democrático, 37,8%) y de Horacio Serpa (Partido Liberal, 35,1%). En 2010 el ganador de las dos vueltas fue Juan Manuel Santos (en la primera vuelta el voto de la izquierda se dividió entre Antanas Mockus y Gustavo Petro, quienes sumaron casi la mitad de los votos), y en 2014 la ganadora de la primera vuelta fue Clara López, del Polo Democrático y la Unión Patriótica (32,08%), quien apoyó a Santos en la segunda vuelta, garantizando su victoria en el municipio con casi el 75% de la votación. 30 Entrevista con Jaime Prieto Amaya, entonces obispo de la Diócesis de Barrancabermeja y presidente de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 15 de mayo de 2008. 31 El Estado central también percibe ingresos a través de su participación en las utilidades de Ecopetrol, del cobro de derechos económicos para la contratación, de los impuestos de renta y retención en la fuente que pagan las empresas privadas y de impuestos a la producción de derivados (López et al. 2012). 32 Las entidades territoriales también gravan la actividad petrolera por medio de impuestos prediales y de industria y comercio, pero los ingresos por estos tributos generan ingresos minúsculos en comparación con las regalías. 29

18

General de Regalías (SGR), vigente desde 2011, las regalías se distribuyen entre todos los departamentos del país para financiar proyectos de inversión que los entes territoriales deben postular ante los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), aparatos de orden regional, departamental y municipal conformados por delegados de los gobiernos nacional y subnacionales (Bonet y Urrego 2014)33. Los OCAD deben evaluar la viabilidad de los proyectos, sus efectos esperados en materia de equidad social, competitividad regional, ahorro y buen gobierno, y su coherencia con los planes de desarrollo nacional y subnacionales. Los fondos correspondientes a cada entidad territorial sólo pueden ejecutarse una vez la OCAD aprueba su destinación para proyectos específicos, y todo el proceso es vigilado por el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del SGR, a cargo del Departamento Nacional de Planeación. La distribución de los recursos se hace de acuerdo con la proporción de población de los entes territoriales en el total nacional y según su pobreza relativa (medida con el índice de necesidades básicas insatisfechas). Además, los departamentos y municipios petroleros y aquellos con puertos por donde se transporta el petróleo reciben asignaciones directas adicionales34. El SGR reemplazó un esquema de regalías (constituido por la Ley 141 de 1994) que destinaba entre el 68 y el 92 por ciento de los recursos (según el volumen de producción) a los gobiernos subnacionales de las regiones productoras o con infraestructura de transporte35. Bajo este sistema, siete departamentos (Arauca, Casanare, Cesar, Guajira, Huila, Meta y Santander), en los cuales habita aproximadamente el 14 por ciento de la población nacional, concentraron el 70 por ciento de las regalías giradas entre 2002 y 2011 (Bonet y Urrego 2014, 1). El sistema también estuvo marcado por problemas de capturas de rentas, corrupción y despilfarro en la inversión de los recursos, debido a que gobiernos subnacionales con instituciones débiles recibieron enormes sumas de dinero sin tener la capacidad para manejarlas (Perry, Olivera y Restrepo 2012)36. Además, como explicamos en la siguiente sección, el sistema incentivó y facilitó la captura de gobiernos subnacionales por parte de guerrillas y paramilitares para saquear recursos de regalías. Con el SGR se buscó dar solución a esta situación imponiendo controles más rígidos para limitar el gasto discrecional, aumentar la transparencia y mejorar la efectividad de las inversiones37. A varias administraciones locales se les ha congelado el pago de 33

El Acto Legislativo 05 de 2011 constituye el SGR y la Ley 1530 de 2012 regula su organización y funcionamiento. Las asignaciones directas constituyen el 20 por ciento del total de las regalías a distribuir. Además, estos entes territoriales tienen garantizado que sus asignaciones directas no pueden estar por debajo de ciertos porcentajes del promedio de las regalías que recibieron entre 2007 y 2010 (50 por ciento de 2012 a 2014 y 40 por ciento de 2015 a 2020). Véase Bonet y Urrego (2014) para una explicación detallada del esquema de distribución. 35 Los ingresos restantes se dirigían a un Fondo Nacional de Regalías, que redistribuía los recursos para promover la minería, preservar el medio ambiente y financiar proyectos regionales de inversión en el resto del país. 36 Aunque la ley requería que los recursos se invirtieran prioritariamente para reducir la mortalidad infantil y mejorar las coberturas de salud, educación y agua potable, muy pocas lograron cumplir las metas establecidas (Departamento Nacional de Planeación 2010); por el contrario, se desataron múltiples escándalos por el uso de regalías en obras suntuarias de infraestructura, muchas de las cuales ni siquiera llegaban a funcionar (“elefantes blancos”). 37 El sistema ha tenido éxito en su propósito de lograr una distribución más equitativa, pues sí se evidencia “una asignación per cápita mayor en aquellos territorios con mayor pobreza relativa” (Bonet y Urrego 2014, 40), pero no es claro que las OCAD hayan servido para limitar el gasto en “elefantes blancos”, mientras que sí tienden a retrasar considerablemente la ejecución de los recursos (véase también Contraloría General de la República 2015). 34

19

regalías por no rendirle cuentas al Departamento Nacional de Planeación según lo estipulado en la ley sobre la inversión de estos recursos y el avance de los proyectos financiados con ellos38. El gráfico 7 presenta las regalías recibidas por los departamentos de Arauca, Casanare y Meta y el municipio de Barrancabermeja. Gráfico 7. Regalías giradas a Arauca, Casanare, Meta y Barrancabermeja (1994-2015), en miles de millones de pesos 1500000

1000000

500000

0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Arauca (pre-SGR) Arauca (SGR)

Casanare (pre-SGR) Casanare (SGR)

Meta (pre-SGR) Meta (SGR)

B/bermeja (pre-SGR) B/bermeja (SGR)

FUENTES: 1994-2003: Ecopetrol (s.f.); 2004-2011: Agencia Nacional de Hidrocarburos (2014); 2012-2014: Departamento Nacional de Planeación (2016) NOTA: Los datos de 1994 a 2011 reflejan el total de regalías giradas a los gobiernos departamentales y municipales de Arauca, Meta y Casanare por concepto de producción de hidrocarburos; en el caso de Barrancabermeja se trata del total de regalías giradas al municipio como productor y como sede de puerto de transporte. Los valores mostrados para 2013 y 2014 son los promedios anuales de cada año según el total desembolsado durante el bienio presupuestal 2013-2014 ya que los datos desagregados para cada año no están disponibles.

4.4.

Las regiones petroleras: geografía, colonización y violencia

Las dinámicas del conflicto armado colombiano han estado estrechamente vinculadas a los procesos de migración y colonización interna (F.E. González 2014; LeGrand 2016). Gran parte de la actividad petrolera se ha ubicado en regiones de colonización reciente, las cuales están marcadas por diferentes dinámicas de poblamiento. A su vez, el petróleo ha impulsado grandes migraciones de población, sobre todo al inicio de las operaciones, cuando trabajadores poco calificados —principalmente hombres lejos de sus familias— buscan empleo en la naciente actividad en torno al desarrollo de la infraestructura petrolera (Domínguez 1999; Rausch 2013; Serrano 2009). El caso de Barrancabermeja es ilustrativo de estos procesos. Cuando se firmó la Concesión de Mares en 1905 era un poblado con menos de 400 habitantes; cuando la Tropical Oil Company hizo las primeras perforaciones en 1918 ya había 1.450; y cuando se elevó a municipio en 1922 38

“Gobierno suspende giros de regalías a 127 municipios”, El Espectador, 18 de diciembre de 2015, http://www.elespectador.com/noticias/politica/gobierno-suspende-giros-de-regalias-127-municipios-articulo606454.

20

ya eran más de 3.000 (Otero 2015, 58-60). Fue la industria petrolera la que ocasionó esta ola de migraciones que desató una explosión demográfica en el municipio, como se ilustra en el gráfico 8. Como resultado, el municipio de Barrancabermeja cuenta con un ordenamiento territorial atípico: las principales vías del municipio, por ejemplo, no se dirigen al centro administrativo y religioso, sino que desembocan en lo que se denomina las “puertas” de entrada y salida de la refinería y los campos petroleros.39 Así mismo, la formación de los barrios populares de la ciudad —con frecuencia mediante invasiones posteriormente legalizadas y dotadas de servicios públicos gracias a presiones del sindicato40— está ligada directamente a la llegada de campesinos y obreros en búsqueda de oportunidades laborales con el petróleo, especialmente después de la reversión de la concesión y la llegada de Ecopetrol en 1951. Los gráficos 8 y 9 ilustran el crecimiento demográfico de la ciudad. Gráfico 8. Crecimiento demográfico de Barrancabermeja, 1905-1964

Población

80000

71.096

60000 35.471

40000 20000 1.450

3.000

1918

1922

8.685

15.401

0 1928

1938

1951

1964

FUENTES: Otero (2015) y DANE (1955, 1964, 1973)

Al mismo tiempo, las olas de migración hacia Barrancabermeja por el petróleo estuvieron entrelazadas desde finales de los años veinte del siglo XX con aquellas relacionadas con la colonización campesina del Magdalena Medio, caracterizada por la presencia de líderes liberales radicales que irían creando simpatías con el sindicato petrolero (F.E. González 2014, 233-238, 328-330). Varios de estos líderes formaron guerrillas liberales en los años cincuenta, y su legado —sumado al ambiente laboral contencioso de la ciudad— influyó en la decisión de los fundadores del ELN de lanzar su insurgencia en la región (Medina Gallego 2009). También el poblamiento contemporáneo de Arauca, Casanare y, en menor medida, Meta ha estado relacionado directamente con el petróleo (Domínguez 1999; Rausch 2013). En Arauca la población pasó de 102.845 habitantes en 1985 a 177.070 en 1995 (creciendo alrededor de 30 por ciento cada lustro) y a 232.118 en 2005. La capital departamental contaba con 11.108 habitantes en 1980; tras 25 años, en 2005, la población se había multiplicado por 7, incrementándose a 75.557 habitantes (Serrano 2009). El caso de Yopal es similar: aumentó de 39

Entrevista con Monseñor Jaime Prieto Amaya, entonces obispo de la Diócesis de Barrancabermeja y Presidente de la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 15 de mayo de 2008. 40 Entrevista con Alirio Rueda, entonces presidente de la ONG CREDHOS y expresidente de la USO, Barrancabermeja, 14 de mayo de 2008.

21

10.378 habitantes en 1985 a 33.790 en 1996 (Domínguez 1999), y llegó a 106.762 en 2010. En todos los casos se trató de un crecimiento desordenado, caracterizado por la formación de asentamientos informales (llamadas “invasiones”) habitados por trabajadores temporales y por tensiones entre población nueva y antigua41. El gráfico 8 ilustra el crecimiento poblacional de estos departamentos. Gráfico 9. Tasas estimadas de crecimiento poblacional (1951-2005) 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 1951-1964

1964-1973

1973-1985 Arauca

Casanare

1985-1990

1990-1995

Meta

Barrancabermeja

1995-2000

2000-2005

FUENTES: Arauca, Meta y Casanare: DANE (1973) y DANE (2007); Barrancabermeja: DANE (1955), DANE (1964), DANE (1973) y DANE (2007)

Pero, al igual que en Barrancabermeja, las migraciones petroleras de la Orinoquia no se implantaron en el vacío sino que se entremezclaron con los procesos de poblamiento de más largo plazo de cada zona. A diferencia de Arauca y Casanare, cuando Meta empezó a producir petróleo en 1981, su capital (Villavicencio) ya era una ciudad bastante desarrollada, ya existía un sector agropecuario relativamente fuerte (principalmente en ganadería extensiva pero también con cultivos comerciales de arroz y palma de aceite) y contaba con una red básica de carreteras (Rausch 2013). Las tres regiones recibieron grandes migraciones de población desplazada por conflictos partidistas antes, durante y después de la época de la Violencia, pero de manera diferenciada. La zona petrolera del Meta tuvo una colonización diversa con presencia de liberales y conservadores pero también de los primeros integrantes de las guerrillas comunistas vinculadas a la formación de las FARC; la de Casanare tuvo presencia de guerrillas liberales que ayudaron a fortalecer la presencia del Partido Liberal, pero no modificaron la estructura económica local, basada en latifundios ganaderos fundados por conservadores boyacenses; y Arauca estuvo más marcada por migraciones de liberales santandereanos y, luego, por movimientos de colonización y titulación de baldíos acompañados por el ala radical de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) (F.E. González 2014; Gutiérrez 2012; Nieto 2012; Rausch 2013). Las diferentes configuraciones políticas locales resultantes de estos procesos de poblamiento jugarían luego un importante rol al facilitar o 41

Varias de las personas entrevistadas en Arauca y Casanare se quejaron, por ejemplo, de la generación de “cordones de miseria alrededor de los municipios” (entrevista con Ramón del Carmen Garcés, exdiputado de Arauca, 30 de noviembre de 2007) y de la llegada de “prostitutas, malandros y de toda clase de gente” (entrevista con William Durán, Personero Municipal de Tauramena, 22 de noviembre de 2007), que “pervirtieron la esencia de la cultura llanera” (entrevista con el teniente David Anderson Figueroa, comandante de la Estación de Polici ́a de Tauramena, 23 de noviembre de 2007).

22

dificultar la incursión de distintos actores armados en las diferentes zonas petroleras. Para completar, en los años ochenta el Llano experimentó una nueva oleada de migraciones, esta vez por el auge de los cultivos ilícitos en el Meta, donde el auge petrolero coincidió con el de la coca, y, en menor medida, en Arauca (ver gráfico 10). Además, la economía ilegal de la droga ha atraído a todos los actores del conflicto a varias zonas de los departamentos petroleros y desatado violentos conflictos por el control territorial (Centro Nacional de Memoria Histórica 2014; González et al. 2012; Rausch 2013). En particular, Arauca, por su porosa frontera con Venezuela, ha sido una zona estratégica para todos los grupos armados 42. Si bien en Casanare no ha habido cultivos ilícitos, sí ha sido un territorio marcado por la presencia de laboratorios de procesamiento de cocaína y de múltiples corredores estratégicos43 para el narcotráfico. En cuanto a Barrancabermeja, su ubicación en el Magdalena Medio —una zona con presencia considerable de cultivos ilícitos— ha llevado a que el narcotráfico juegue un papel importante en la relación entre petróleo y conflicto en esa ciudad, principalmente a través del financiamiento de los grupos paramilitares locales. Gráfico 10. Cultivos de coca en Arauca y Meta, en hectáreas, 1999-2016 20000 15000 10000 5000 0 1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Arauca

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Meta

NOTA: No hay datos para años anteriores porque la medición satelital de áreas con cultivos ilícitos empezó en 1999. FUENTE: Observatorio de Drogas de Colombia (2017)

5. PETRÓLEO Y CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA El conflicto armado colombiano no se originó en debates sobre el petróleo ni en la captura de sus rentas, ni tampoco se circunscribe a las zonas petroleras. Sin embargo, el carácter estratégico del petróleo como motor de la economía, y su contribución a las arcas de los gobiernos subnacionales a través de las regalías, lo han vuelto un blanco predilecto de los actores armados ilegales. Aun para quien conoce la truculenta historia del conflicto armado 42

De los más de 250 kilómetros del río Arauca en la frontera con Venezuela, cerca del 98% son considerados frontera porosa, puesto que los dos puestos de control (en Arauca y Arauquita) no dan abasto para la vigilancia de todo el río (entrevista con Jair Moreno, jefe del grupo de investigación de Policía Judicial del DAS de Arauca, Arauca, 30 de noviembre de 2007). 43 Los corredores estratégicos son, en términos más generales, fracciones encadenadas de territorio clandestinas por las que transitan personas (combatientes y secuestrados), por medio de los cuales se abastecen los grupos ilegales (alimentación, uniformes, armamento, primeros auxilios), se transportan armas y narcóticos y sirven de zonas de repliegue y escape.

23

colombiano puede resultar sorprendente la virulencia del azote en las regiones petroleras. Como resultado, el vínculo entre petróleo y conflicto armado es directo y las regiones y actividades de exploración y explotación petrolera han conocido altos índices y diferentes formas de violencia entre todos los actores involucrados —guerrillas de Izquierda, grupos paramilitares de derecha, bandas criminales y fuerza pública— y contra múltiples sectores de la sociedad —empresas, sindicatos y comunidades—. En las siguientes subsecciones se desarrollan las múltiples interacciones entre petróleo y conflicto armado en Colombia, empezando con una mirada global a distintos indicadores de violencia relacionada con el petróleo. Luego se relacionan en detalle las principales maneras por medio de las cuales el petróleo se ha visto envuelto en las dinámicas del conflicto. Primero analizamos los primeros lazos que se desarrollaron en la década de 1960, cuando la presencia de la industria y los conflictos asociados a ella en Barrancabermeja llevaron a los fundadores del ELN a elegir específicamente esta región para crear su grupo guerrillero y a hacer de la infiltración del movimiento sindical una de sus prioridades estratégicas. Luego se analiza la práctica generalizada de extorsión a las empresas por parte del ELN, las FARC y algunos bloques de las AUC, y la reacción que provocó por parte del Estado y las empresas. Finalmente abordamos el fenómeno del saqueo de regalías petroleras, facilitado por las reformas descentralizadoras de los años ochenta y noventa.

5.1.

Indicadores principales de la relación entre petróleo y conflicto

Como muestran los gráficos 11, 12 y 13, las tasas de homicidios, desplazamiento forzado y secuestros en las zonas petroleras estudiadas han estado, en gran medida, por encima del promedio nacional. Gráfico 11: Homicidios en Arauca, Casanare, Meta, Barrancabermeja y total nacional (tasas por 100.000 habitantes), 1990-2014 250 200 150 100 50

Arauca

Casanare

Meta

Barrancabermeja

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

NACIONAL

FUENTES: 1990-2013: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2014); 2014: Policía Nacional de Colombia (2015) y DANE (2007)

24

Gráfico 12. Tasas de desplazamiento forzado (por 1.000 habitantes) en Arauca, Casanare, Meta, Barrancabermeja y total nacional, 1985-2015 70 60 50 40 30 20 10

Arauca

Casanare

Meta

Barrancabermeja

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

0

NACIONAL

FUENTES: Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (2016) y DANE (2007)

Gráfico 13. Tasas de secuestro (por 100.000 habitantes) en Arauca, Casanare, Meta, Barrancabermeja y total nacional, 1996-2013 50 40 30 20 10 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Arauca

Casanare

Meta

Barrancabermeja

NACIONAL

FUENTES: Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH (2014) y DANE (2007)

Ninguna de estas formas de violencia está asociada exclusivamente con el petróleo. Por lo que sí es conocido especialmente el petróleo y menos otros recursos es porque su infraestructura física —altamente vulnerable al sabotaje, como explicamos antes— ha sido blanco sistemático de ataques por parte de los actores armados, principalmente las FARC y el ELN. Desde los pozos hasta los puertos, y sobre todo los oleoductos, los ataques con explosivos han tenido un impacto severo en la industria. Un oleoducto en particular, el que inicia en Caño Limón (Arauca) y termina en Coveñas (Sucre) ha sido de los más duramente afectados. Desde 1986 se han derramado más de 4,1 millones de barriles44. En 2014 el costo de las reparaciones a la

44

“Perdidos 4,1 millones de barriles de crudo en ataques,” El Colombiano, 2 de julio de 2015, http://www.elcolombiano.com/colombia/perdidos-4-1-millones-de-barriles-de-crudo-en-ataques-GA2233392.

25

infraestructura tras los atentados fue de 142.140 millones de pesos45. El gráfico 14 detalla los atentados contra oleoductos perpetrados entre 2000 y 2014. En términos ambientales, las “voladuras” a los oleoductos también han resultado onerosas, generando contaminación y daños severos a la fauna y la flora de las regiones, afectando las cuencas, ciénagas y ecosistemas de las regiones (Miranda y Restrepo 2005). Un caso que alcanzó gran notoriedad fue el atentado de las FARC en junio de 2015 contra el Oleoducto Transandino, que provocó el derrame de 410.000 galones de crudo y contaminó las fuentes de agua potable del municipio de Tumaco (Nariño), cortando el suministro por más de un mes46. Socialmente, los ataques a los oleoductos y los derrames ocasionados han afectado negativamente la imagen de las guerrillas por cuanto han golpeado a las comunidades que buscan, en principio, proteger. El caso del ataque con una carga explosiva al Oleoducto Central-Ocensa por parte del ELN a la altura de la vereda de Machuca (Segovia, Antioquia) el 18 de octubre de 1998, que desató un incendio que acabó con la vida de 84 personas, hirió a 30 más y quemó 46 casas47 ilustra este efecto no deseado. Gráfico 14: Atentados contra oleoductos, 2000-2014 261

259

215

184

2001

2002

151 106

98

86

2000

155 57

2003

2004

2005

2006

2007

141

84 32

32

31

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

FUENTES: 2000-2002: Presidencia de la República (2009); 2003-2014: Ministerio de Defensa Nacional (2015)

Por otra parte, si bien los grupos paramilitares y las bandas criminales no han atentado directamente contra la infraestructura petrolera, sí han aprovechado la vulnerabilidad de la infraestructura del sector de hidrocarburos en una fase más avanzada de la cadena productiva para extraer ganancias del sector, específicamente a través del robo de combustibles refinados de los poliductos que transportan estos productos desde las refinerías hacia ciudades y puertos mediante la instalación de válvulas ilegales. El hurto de combustibles sirve principalmente a dos propósitos: su venta ilegal en estaciones de servicio ilegales o en “pimpinas” (recipientes de cinco galones) para consumo automotor y su utilización para el procesamiento de narcóticos. Este fenómeno fue especialmente común en el Magdalena Medio durante la dominación de esa

45

“Costo por cada ataque petrolero suma $1.045 millones”, El Universal, 21 de junio de 2015, http://www.eluniversal.com.co/colombia/costo-por-cada-ataque-petrolero-suma-1045-millones-197536. 46 “Tumaco, epicentro de la peor tragedia ambiental del país en 10 años”, Semana, 25 de junio de 2015, http://www.semana.com/nacion/galeria/tumaco-tragedia-ambiental-por-atentado-de-farc-oleoducto/432561-3. 47 “Eln pidió perdón por la tragedia de Machuca, que ocurrió hace 11 años”, El Tiempo, 16 de noviembre de 2010, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-8371541. En 2007 la Corte Suprema de Justicia condenó a la cúpula del ELN a 40 años de prisión por este atentado (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No. 23825, 7 de marzo de 2007).

26

zona por parte del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) 48, y en ocasiones contó con la complicidad de funcionarios de Ecopetrol49. La región era ideal para el saqueo por la presencia de poliductos conectados a la refinería de Barrancabermeja y la cercanía de áreas sembradas con cultivos ilícitos en el sur de Bolívar. Tras la desmovilización de las AUC, las FARC se han convertido en las principales partícipes de esta modalidad de saqueo, sobre todo en Putumayo y Nariño (Ecopetrol 2015), seguidas por las llamadas ‘bacrim’. Sin embargo, como muestra el gráfico 15, el hurto de hidrocarburos refinados ha disminuido considerablemente en los últimos años. Al mismo tiempo, el contrabando de combustible en la extensa frontera con Venezuela se ha constituido como estructura de oportunidad de la cual derivan ganancias las nuevas ‘bacrim’ y otras organizaciones criminales en Colombia y en el país vecino, planteando nuevos desafíos transnacionales a la estabilidad de inminente posconflicto colombiano. Gráfico 15: Hurto de hidrocarburos refinados, 2002-2014 (promedio de barriles diarios) 7270 5777 2942 1601

2002

2003

2004

2005

942

2006

561

389

196

132

81

27

23

44

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

FUENTES: 2002: Ministerio de Minas y Energía (2010); 2003-2011: Ecopetrol (2013); 2012-2014: Ecopetrol (2015)

5.2.

Del conflicto laboral al conflicto armado: sindicalismo, insurgencia y contrainsurgencia

La historia de Barrancabermeja en la primera mitad del siglo XX estuvo marcada por fuertes conflictos laborales y sociales en el contexto de una región —el Magdalena Medio— de frontera, aislada física, política y económicamente, y en la cual la presencia estatal era casi estrictamente represiva ante las frecuentes huelgas contra la Tropical Oil Company por las precarias condiciones laborales, habitacionales y de salud pública (Gill 2016; Van Isschot 2015; F.E. González 2014; Vega, Núñez y Pereira 2009). A la conflictividad alrededor del petróleo, protagonizada por un sindicato cada vez más fuerte, se le iban juntando crecientemente las tensiones por la tierra entre colonizadores ganaderos y campesinos y la formación de milicias liberales y comunistas en el marco de la violencia bipartidista. Ya en los años sesenta, en este entorno cada vez más contencioso, los fundadores del ELN encontraron un lugar ideal para

48

Entrevista con Jaime Prieto Amaya, entonces obispo de la Diócesis de Barrancabermeja y presidente de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, 15 de mayo de 2008. Véase también “Así robábamos gasolina: Julián Bolívar”, Verdad Abierta, 29 de enero de 2009, http://www.verdadabierta.com/justicia-ypaz/versiones/514-bloque-central-bolivar/815-asi-robabamos-gasolina. 49 “'Paras' robaban gasolina en complicidad con funcionarios de Ecopetrol”, Verdad Abierta, 28 de mayo de 2010, http://www.verdadabierta.com/otros-negocios-criminales/2484-paras-robaban-gasolina-en-complicidad-confuncionarios-de-ecopetrol.

27

crear bases sociales y formar el primer foco de su organización50, específicamente en San Vicente de Chucurí (Medina Gallego 2009, 53-59), a unos 40 kilómetros de los pozos petroleros y aproximadamente 50 km del casco urbano de Barrancabermeja. Luego vendrían varias décadas de relaciones complejas, con fronteras a veces porosas, entre la USO y el ELN en Barrancabermeja. Algunos líderes sindicales justificaron su participación en la lucha armada en los años sesenta y setenta aduciendo que la represión estatal contra las acciones del sindicato hacía más viable y efectivo unirse a la guerrilla que mantenerse en la civilidad (Vega, Núñez y Pereira 2009, vol. 2, 256). Las coincidencias entre las agendas políticas del sindicato y el ELN en su oposición al trato preferencial a los capitales extranjeros en la industria petrolera han expuesto al sindicato a los intentos de la guerrilla de cooptar sus movilizaciones y permear sus estructuras, a las acusaciones de subversión por parte de empresas petroleras y actores estatales, y a la persecución violenta por parte de los grupos paramilitares51. Desde el surgimiento de los primeros grupos paramilitares del Magdalena Medio hasta la toma paramilitar de Barrancabermeja entre 1998 y 2006 (al respecto, véase Vargas 2009), decenas de líderes de la USO fueron asesinados en la ciudad petrolera, acusados de ser integrantes o colaboradores del ELN (Gill 2016; Van Isschot 2015; Vega, Núñez y Pereira 2009). El principal jefe paramilitar de la zona declaró en una audiencia judicial que el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) tenía una lista de sindicalistas que supuestamente tenían vínculos con el ELN y reconoció el homicidio de 15 de ellos52. La USO rechaza las acusaciones de colaboración con la guerrilla. En palabras de Alirio Rueda, expresidente de la USO y de la ONG de derechos humanos CREDHOS, tratar de vincular a la USO y otros sindicatos (…) como si fueran el brazo político de la insurgencia colombiana, eso [es] para facilitar (…) [su] judicialización (…) Que haya coincidencias entre la lucha que libra la USO con algunas de las peticiones que ha hecho dentro de sus agendas la insurgencia colombiana, tanto las FARC como el ELN, es otra cosa (…) Que la insurgencia haya querido acompañar o dentro de sus estrategias hayan pretendido permear alguna organización sindical o social en Colombia, es otra cosa.53

Otro dirigente consultado agrega: “Ellos consideran que es por la vía de las armas que se debe 50

La llamada Brigada José Antonio Galán, un grupo de estudiantes colombianos que habían recibido entrenamiento militar en Cuba, barajó varias opciones —el sur de Bolívar, la región de Miraflores en Boyacá y la zona cafetera, entre otras— al regresar al país para lanzar una guerrilla foquista, según el modelo ideado por el ‘Che’ Guevara, pero terminó inclinándose por el Magdalena Medio santandereano (Medina Gallego 2009, 53-54), donde justamente en 1963 el sindicato, con el apoyo de los pobladores de la ciudad y campesinos de municipios vecinos, organizó una multitudinaria huelga y un paro cívico. 51 Entrevistas con Alirio Rueda, entonces presidente de la ONG CREDHOS y expresidente de la USO, Barrancabermeja, 14 de mayo de 2008; Nelson Díaz, operador de la refinería de Barrancabermeja y dirigente de la USO, Barrancabermeja, 16 de mayo de 2008; y Héctor Vaca, miembro de la junta directiva nacional de la USO, Bogotá, 6 de noviembre de 2007. 52 “La lista negra de las Auc en Barranca”, Verdad Abierta, 19 de diciembre de 2008, http://www.verdadabierta.com/la-historia/647-la-lista-negra-de-las-auc-en-barranca; “Julián Bolívar reconoce la muerte de 15 sindicalistas”, Vanguardia Liberal, 27 de enero de 2009, http://www.vanguardia.com/historico/19144-julian-bolivar-reconoce-la-muerte-de-15-sindicalistas. 53 Entrevista personal, Barrancabermeja, 14 de mayo de 2008.

28

llegar al poder. Nosotros hemos dicho ‘no, a través de procesos sociales podemos llegar a un cambio político’”54. Si bien hay casos de líderes sindicales del sector petrolero que han estado en las filas del ELN, como Juan de Dios Aguilera y Carlos Uribe Gaviria (Medina Gallego 2009, 139), no ha habido condenas en procesos judiciales contra sindicalistas por sus relaciones con grupos guerrilleros55. La dinámica en otras zonas petroleras ha sido distinta. En Arauca la presencia e influencia de la USO han sido más limitadas que en Barrancabermeja, y los orígenes del ELN en aquella región fueron otros. Allí la creación del Frente Domingo Laín en 1980 —tres años antes del descubrimiento del campo Caño Limón— estuvo vinculada a la colonización campesina de la región del Sarare (un área selvática entre Norte de Santander y los Llanos) en un momento en que esa guerrilla buscaba reorganizarse después de haber sido derrotada casi por completo en 1973 (Aguilera 2006; Medina Gallego 2009; Peñate 1999). El Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) dirigió en los años sesenta una migración de aproximadamente 5.000 familias en la zona, pero la falta de vías de comunicación, servicios públicos e integración a los mercados nacionales provocó grandes manifestaciones y paros cívicos durante la década siguiente (Gutiérrez 2012; Zamosc 1986); entre los líderes de estas movilizaciones estuvieron varios de los fundadores del Domingo Laín56. La USO, por su parte, tiene una historia más corta en Arauca —la subdirectiva regional sólo funciona desde 1996, cuando el sindicato de la Occidental (Oxy), Sintraoxy, se fusionó con la USO nacional57— y su influencia es bastante menor que en Barranca, en gran parte a raíz de las transformaciones globales del sector petrolero, especialmente el aumento de la subcontratación y la tercerización58. De ahí que el accionar del ELN —y de las FARC, que habían creado su frente 10 ‘Guadalupe Salcedo’ en la región a finales de los setenta— en Arauca no haya estado vinculada a las luchas del sindicato, sino que se ha concentrado en la extorsión de las empresas y en el saqueo de las regalías, como explicamos en las siguientes subsecciones. En la (poca) medida en que han buscado aprovechar o infiltrar movilizaciones sociales en la región, esto se dio a través de los colonos que llegaron a la zona con los programas del INCORA en los años ochenta, y más recientemente con relación a la resistencia de los indígenas u’wa a la explotación petrolera, aunque en este caso fue más por medio de la coerción que de la creación de una base de apoyo59. En breve, la relación entre guerrilla y sindicalismo en Arauca —al igual que en

54

Entrevista con Héctor Vaca, miembro de la junta directiva nacional de la USO, Bogotá, 6 de noviembre de 2007. Casos sonados como el del expresidente de la USO Hernando Hernández, acusado del delito de rebelión por presuntos nexos con el ELN, han terminado en absoluciones. “Absuelto Hernando Hernández de la USO”, El Tiempo, 30 de marzo de 2004, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1593299. 56 “El Frente Domingo Laín, mitos y realidades de una máquina de guerra”, El Espectador, 7 de julio de 2014, http://www.elespectador.com/noticias/paz/el-frente-domingo-lain-mitos-y-realidades-de-una-maquin-articulo502321. 57 Entrevista con Oscar García, expresidente de la subdirectiva de la USO en Arauca, Arauca, 30 de noviembre de 2007. 58 Entrevista con Héctor Vaca, miembro de la junta directiva nacional de la USO, Bogotá, 6 de noviembre de 2007. Véase también Bridge (2008). 59 “Guerrilla aprovecha debate u’wa”, El Tiempo, 21 de febrero de 2000, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1219892. Véase también Fontaine (2003, 474). 55

29

Casanare y Meta60, donde la USO es todavía más débil— ha sido distante, aunque esto no ha evitado la persecución de miembros de la USO por parte de grupos paramilitares bajo acusaciones de colaboración con el ELN y las FARC.

5.3.

Extorsión a la industria petrolera y esquemas de seguridad

La supervivencia del ELN como algo más que una milicia dispersa con menos de 100 integrantes, su éxito comparativo a la hora de contener la avanzada paramilitar y la ofensiva estatal en Arauca y su persistente capacidad para desestabilizar la zona (como lo hizo con su paro armado en nombre de Camilo Torres a comienzos de 2016) se debe casi por completo al petróleo. Tras el hallazgo del campo Caño Limón en 1983 se hizo evidente la necesidad de construir un oleoducto para transportar el crudo a los puertos marítimos. A los tres meses de iniciar su construcción, la empresa alemana Mannesmann AG —contratada en 1984 por un valor de 300 millones de dólares— ya había sido atacada cuatro veces, cuatro de sus empleados habían sido asesinados y otros cuatro secuestrados, y la obra estaba prácticamente paralizada (Peñate 1999, 91). Ante la falta de protección estatal, que restaba a las compañías capacidad e interés en la resistencia ante la presión armada, y por la existencia de políticas corporativas — expresas o implícitas— afines al pago como mecanismo para lograr la viabilidad de las operaciones61, Mannesmann accedió a pagar entre 2 y 5 millones de dólares al ELN. Además, el ELN forzó a la empresa a entregar donaciones en especie —medicinas, alimentos, libros y ropa— a la población local. Reportajes citados por el Centro Nacional de Memoria Histórica (2014, 29) afirman que la Oxy ofreció a Mannesmann reembolsarle el pago realizado al ELN y mencionan declaraciones del entonces presidente de la Oxy al Wall Street Journal en las que explica: “Estamos dándole empleos a la guerrilla. Les damos trabajos como proveedores y nos hacemos cargo de la población local. Hasta el momento ha funcionado, y ellos a cambio nos protegen de otras guerrillas”62. El entonces comandante del ELN, Manuel ‘el Cura’ Pérez, explicó en una entrevista que “una parte [del pago] la hemos redistribuido entre el pueblo y otra la hemos destinado a la compra de armas” (Centro Nacional de Memoria Histórica 2014, 27). El botín de las extorsiones permitió al ELN crecer exponencialmente a nivel nacional (pasando de contar con apenas 30 combatientes en 1978 a cerca de 1.000 en 1987 y alrededor de 4.700 en 200163), ampliar su alcance territorial (creando frentes en Santander, Norte de Santander, Casanare y Boyacá a partir del Domingo Laín; Gutiérrez 2012) y fortalecer sus bases sociales en la región. Además de servir como mecanismos de presión para exigir pagos, los atentados contra la

60

Según Héctor Castañeda, entonces superintendente de operaciones de Ecopetrol en Apiay, “en el caso del Meta los sindicalistas tienen demandas más acordes con los intereses de la comunidad y algunos intereses propios, pero no vínculos con grupos al margen de la ley” (entrevista, Villavicencio, 20 de noviembre de 2007). 61 La industria petrolera no es especial en ese sentido. Recurrentemente se exponen casos de políticas empresariales según las cuales el pago de sobornos, comisiones o “mordidas” para la adquisición de contratos o para facilitar operaciones empresariales son vistas como algo inevitable. 62 Youssef M. Ibrahim, “Black-Gold Mine: Discovery in Colombia Points Up Big Change in World Oil Picture”, Wall Street Journal, 13 de mayo de 1985, obtenido a través de ProQuest Historical Newspapers. 63 Véanse Medina Gallego (2009, 225) y Echandía (2013, 6).

30

infraestructura tenían una función adicional. Tras la voladura de un oleoducto, las empresas afectadas recibían solicitudes de empleo para ciertos integrantes de juntas de acción comunal de la región, presumiblemente afines al proyecto eleno64. Las cuadrillas de trabajo debían negociar con el líder comunal, quien tenía una lista de personas que debían ser empleadas para la construcción del tramo establecido y se prohibía llevar trabajadores de otra zona. La pertenencia a esa lista estaba supeditada a lealtades políticas. Este mecanismo de consolidación de la base social por medio del acceso preferencial a fuentes de trabajo fue un componente central del llamado “clientelismo armado” de esta guerrilla en Arauca, como explicamos en la siguiente subsección. Por otra parte, la infiltración de juntas de acción comunal cuando estas sirven de intermediarias para la contratación de mano de obra no calificada ha sido reproducida parcialmente (sin el componente de los ataques previos a la infraestructura) por bandas criminales y organizaciones de delincuencia común en el Meta, Santander y Norte de Santander contra contratistas de empresas petroleras65 con el fin de consolidar una base electoral fiel a sus aliados políticos y apropiarse parcialmente de los pagos. La práctica de extorsionar a las empresas petroleras se ha mantenido a través de los años, convirtiéndola en fuente de ingresos para grupos guerrilleros, paramilitares y bandas criminales (González 2011; Massé y Camargo 2012), y generando cuestionamientos a la industria petrolera de haberse convertido en cómplice indirecto de los actores armados. Según declaraciones de varios comandantes en versiones libres del proceso de Justicia y Paz, el Bloque Centauros de las AUC —que operaba en Casanare, Meta, Guaviare y el piedemonte oriental de Cundinamarca— recibió pagos mensuales por 20 millones de pesos y 30 barriles de combustible refinado por parte de la petrolera anglofrancesa Perenco66. Más recientemente, la petrolera Emerald Energy, propiedad del conglomerado chino Sinochem, y la empresa italoargentina Sicim (constructora del oleoducto Bicentenario) han sido acusadas de pagar “vacunas” a las FARC, y a las FARC y el ELN, respectivamente67. Como reacción a los continuos ataques a los oleoductos y al personal de las empresas, la industria petrolera adoptó desde los años noventa —mientras se sometía a un profundo proceso de reestructuración organizacional, reflejo de transformaciones en el negocio petrolero mundial— una serie de cambios que afectarían la naturaleza y los alcances de la extorsión. Por un lado, descentralizó y subcontrató varios eslabones del negocio petrolero para ganar eficiencia operativa. Las empresas petroleras siguen siendo comparativamente grandes, pero 64

Entrevista con Andrés Peñate, exdirector del DAS, 29 de octubre de 2007. Para el caso del Meta, véase Massé y Camargo (2013, 16-17); para el caso de Norte de Santander, véase “Cómo las bacrim ‘vacunan’ a contratistas de petroleras”, Semana, 7 de mayo de 2015, http://www.semana.com/nacion/articulo/como-las-bacrim-vacunan-contratistas-de-petroleras/426680-3; para Santander, véase “Capturan a líder de El Centro por extorsión”, Vanguardia Liberal, 4 de septiembre de 2015, http://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/326301-capturan-a-lider-de-el-centro-por-extorsion. 66 “La 'Dian' del Bloque Centauros”, Verdad Abierta, 24 de febrero de 2010, http://www.verdadabierta.com/component/content/article/156-captura-de-rentas-publicas/2237-la-qdianq-delbloque-centauros. 67 “¿Cobraron las FARC un rescate de US$10 millones?”, Semana, 27 de abril de 2014, http://www.semana.com/nacion/articulo/cobraron-las-farc-un-rescate-de-us10-millones/385187-3; “El ‘miti-miti’ entre el ELN y las FARC”, 31 de enero de 2015, http://www.semana.com/nacion/articulo/documento-de-vacunassicim-multinacional-el-miti-miti-entre-el-eln-las-farc/416526-3. 65

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debido a la tercerización su negocio se ha simplificado o focalizado (Bridge 2008). Por otro lado, la industria interiorizó aprendizajes derivados de experiencias similares en otras partes del mundo y se acogió a normas y estándares internacionales desarrollados con el propósito de limitar el impacto nocivo de la industria extractiva en sus entornos de operación (Watts 2005). Estandarizó procedimientos e introdujo mecanismos de auditoría interna que dificultaron el pago de extorsiones por parte de filiales locales de empresas multinacionales68. La industria complementó estas medidas manteniendo a los altos ejecutivos y el grueso de las actividades administrativas alejados en las grandes ciudades, evitando su exposición a los riegos locales en las zonas petroleras y aumentando su protección. Como consecuencia de estos múltiples cambios, decrecieron las presiones del pago de extorsión sobre las empresas mismas. Sin embargo, la presión ha continuado sobre los contratistas, que pueden trasladar los costos de la extorsión a las empresas indirectamente. Por otra parte, con el propósito de limitar la extorsión y proteger la infraestructura, la industria contrató masivamente empresas de seguridad y vigilancia privada69. Como resultado, el petróleo —en Colombia y en otros países (Perret 2009; Watts 2004)— ha dado pie a la creación de una red de empresas de seguridad privada que recurrentemente ha puesto sobre el tapete preguntas sobre participación en la violación de derechos humanos, soberanía estatal y rendición de cuentas. Un caso ilustrativo de las tensiones a las que da pie la existencia de una estructura privada de seguridad ocurrió en Santo Domingo, corregimiento del municipio de Tame (Arauca), donde el 13 de diciembre de 1998 pilotos de un helicóptero de contratistas de la Oxy divisaron un grupo de personas al que equivocadamente catalogaron como guerrilleros que hostigaban el oleoducto de Caño Limón y lo reportaron a la fuerza pública. La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) reaccionó con el envío de una bomba de racimo que provocó la muerte de 17 personas, incluidos seis niños70. También ha habido denuncias sobre la presunta vinculación de miembros de bandas criminales a empresas de vigilancia y seguridad privada contratadas por empresas petroleras en el Meta para proteger su infraestructura (Massé y Camargo 2012, 19). Además del crecimiento de la industria de seguridad privada, el sector de hidrocarburos ha establecido más de 750 convenios de cooperación y protección con la fuerza pública desde 1998 para prevenir la afectación de la infraestructura económica del país por parte de los actores armados y garantizar el desarrollo de la actividad productiva. Estos convenios, institucionalizados en el marco del Acuerdo Gobierno-Industria a partir de 2002 y reestructurados por la Resolución 5342 de 2014 del Ministerio de Defensa, permiten la movilización de los recursos técnicos, humanos y logísticos necesarios para implementar planes de protección en las áreas de operación de las empresas y facilitar la coordinación entre la

68

Las directrices sobre seguridad y derechos humanos de la ACP pueden consultarse en su sitio de internet: https://www.acp.com.co/index.php/es/buenas-practicas/seguridad-y-derechos-humanos. 69 González (2011, 35) describe cinco modelos de seguridad comunes en la industria petrolera de acuerdo con su uso de empresas de seguridad privada, su dependencia de la protección estatal y sus prácticas en materia de pagos a grupos armados ilegales. 70 La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado colombiano responsable de esta masacre. Véase “Caso Masacre de Santo Domingo vs. Colombia: Resumen Oficial”, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 30 de noviembre de 2012, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_259_esp.pdf.

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fuerza pública y el personal de seguridad privada de aquellas71. También en el marco de la cooperación en seguridad entre las empresas petroleras y el gobierno se han creado 14 Batallones Especiales Energéticos y Viales (BAEEV) del Ejército, los cuales operan en las áreas de operación e influencia de las empresas, además de cinco Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado (COPEI) en zonas petroleras, que cuentan con la presencia de personal de las fuerzas militares, la policía nacional y personal de empresas petroleras (ver tabla 3)72. Tabla 3: Batallones Especiales Energéticos y Viales (BAEEV) y Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado (COPEI) en zonas petroleras BAEEV o COPEI BAEEV No. 1 BAEEV No. 3 BAEEV No. 6 BAEEV No. 7

Ubicación Arauquita (Arauca) La Gloria (Cesar) Miraflores (Boyacá) Barrancabermeja (Santander)

BAEEV No. 9 BAEEV No. 10

Valle del Guamuez (Putumayo) Convención (Norte de Santander)

BAEEV No. 12 BAEEV No. 14 BAEEV No. 15 BAEEV No. 16 BAEEV No. 18

Garzón (Huila) Tame (Arauca) Puerto Gaitán (Meta) Caricare (Arauca) Toledo (Norte de Santander)

BAEEV No. 19 BAEEV No. 20 BAEEV No. 21 COPEI (Div. 2) COPEI (Div. 8) COPEI (Div. 4) COPEI (Div. 6) COPEI (Div. 3)

Puerto Rico (Caquetá) Ipiales (Nariño) Villa Garzón (Putumayo) Tibú (Norte de Santander) Saravena (Arauca) Villavicencio (Meta) Orito (Putumayo) Tumaco (Nariño)

Área de responsabilidad y operación Campo y oleoducto Caño Limón-Coveñas Estación Ayacucho y poliducto (Ecopetrol) Oleoducto Central-Ocensa Zona petrolera de Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander) y Yondó (Antioquia) Oleoducto Transandino Zona petrolera del Catatumbo y oleoducto Caño LimónCoveñas Zona petrolera e hidroeléctricas Oleoducto Caño Limón-Coveñas Campo Rubiales Oleoducto Caño Limón-Coveñas Zona petrolera del Catatumbo y oleoducto Caño LimónCoveñas Zona de operaciones de Ecopetrol Oleoducto Transandino Oleoducto Transandino Zona petrolera del Catatumbo Zona petrolera de Arauca y oleoducto Caño Limón-Coveñas Zona petrolera de Meta Zona petrolera de Putumayo y oleoducto Transandino Oleoducto Transandino

FUENTE: Cepeda (2015), corregido con información de cada batallón en el sitio de internet del Ejército (http://www.ejercito.mil.co)

Estos esquemas de protección han sido financiados en parte con recursos de la ayuda militar de 71

Según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el presupuesto para estos convenios es de $400.000 millones de pesos, “de los cuales cerca del 50 por ciento corresponden a Ecopetrol”. “Convenios con empresas minero energéticas se mantendrán: Mindefensa”, Comando General Fuerzas Militares de Colombia, 3 de noviembre de 2015, http://cgfm.mil.co/visor-noticias/-/asset_publisher/QdWT1pDd5moH/content/fuerza-publica-ha-brindadoseguridad-a-la-infraestructura-del-pais-convenios-con-empresas-minero-energeticas-se-mantendran-mindefensa. Los convenios fueron objeto de un debate de control político en el Congreso por parte del senador Iván Cepeda (del Polo Democrático) en noviembre de 2015 (Cepeda 2015) 72 “Los COPEI: Fuerza de apoyo para la seguridad del país”, Ejército Nacional de Colombia, 22 de abril de 2015, http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=378150.

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Estados Unidos (González 2011), que también envió personal de las fuerzas especiales del ejército en 2002 para asesorar y entrenar a la Decimoctava Brigada del Ejército colombiano, con sede en Arauca, para proteger la infraestructura petrolera (Loveman 2006). La llegada de estos asesores coincidió con la creación por parte del gobierno de Álvaro Uribe de la zona de rehabilitación y consolidación en los municipios petroleros de Arauca, en la cual se nombró a un gobernador militar con autoridad sobre los alcaldes elegidos popularmente y se otorgó a las fuerzas militares la facultad de hacer capturas, allanamientos, interceptaciones y registros domiciliarios sin orden judicial (Gutiérrez 2012). Estas zonas fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Constitucional unas semanas después de su creación. Los mecanismos de cooperación entre la fuerza pública y el sector petrolero han sido cuestionados por privilegiar la seguridad de las empresas por encima del común de la población (una crítica frecuente en otros contextos; véase Jaskoski 2013). Según el presidente de la Asociación Comunal y Comunitaria Regional de Cusiana (Casanare), las unidades dedicadas a la infraestructura petrolera en el marco de convenios de protección “tienen orden de no actuar ante hechos distintos a la amenaza a la infraestructura petrolera, aun si está en riesgo la vida de los pobladores que habitan en zonas cercanas”73. Como resultado, explica este mismo dirigente, “la policía y el ejército en vez de proteger a la población la vigila constantemente, se presentan roces con frecuencia y la desconfianza mutua es generalizada” (véase también Pearce 2005). Por otra parte, Cepeda (2015) denunció que los convenios de protección se han prestado para reprimir manifestaciones de sindicatos y comunidades en el Meta y el Putumayo, y que algunas unidades militares asociadas a los convenios han sido investigadas por su presunta participación en ejecuciones extrajudiciales durante la vigencia de estos.

5.4.

Regalías petroleras: Saqueo y competencia violenta

El saqueo de las regalías petroleras ha sido empleado por todos los grupos armados del país a través de la captura de gobiernos subnacionales, casi siempre en colaboración con funcionarios y estructuras partidistas locales. Como explicamos en la subsección 4.3, por muchos años los gobiernos departamentales y municipales de las zonas productoras de petróleo recibieron enormes cantidades de dinero por concepto de regalías. Esto, sumado a la descentralización política (elección popular de alcaldes a partir de 1988 y de gobernadores a partir de 1992; Peñate 1999) y administrativa (creciente autonomía de las autoridades subnacionales para el gasto público; Eaton 2006), convirtió a los gobiernos locales en botines de guerra de gran valor para todos los grupos armados ilegales y provocó una violenta competencia entre ellos. La primera ola de saqueo de regalías ocurrió en el departamento de Arauca entre finales de los años ochenta y comienzos de los noventa. Aprovechando sus bases sociales históricas en la región, el frente Domingo Laín del ELN desarrolló una sofisticada estructura de cooptación de organizaciones del Estado y de la sociedad civil para promover, por un lado, una agenda de inversión social afín a su proyecto revolucionario y, por otro, la viabilidad financiera del grupo y su expansión territorial. Desde la primera elección popular de alcaldes en 1988, el Domingo Laín se apartó de la oposición radical del ELN a la política electoral y forjó una alianza con 73

Entrevista con Wilman Salazar, presidente de Asocore Cusiana, Aguazul (Casanare), 23 de noviembre de 2007.

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políticos liberales y dirigentes de juntas de acción comunal. Además de ganar varios escaños en la asamblea intendencial, esta alianza ganó la alcaldía de Saravena (el municipio del Sarare por donde pasa el oleoducto) con José Vicente Lozano (Pachón y Sánchez 2014), quien luego fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por el delito de rebelión debido a su apoyo al ELN, primero desde esa alcaldía y luego como gobernador del departamento entre 1995 y 199774. Ahí empezó el imperio del “clientelismo armado” en Arauca. Los tres gobernadores que tuvo el departamento desde la primera elección popular en 1992 hasta el período 1998-2000 han sido condenados por el delito de rebelión por su colaboración con el ELN desde la gobernación 75. El ELN aseguraba los votos del Sarare para su candidato aliado y éste se comprometía con concertar planes de inversión, nombramientos burocráticos y contrataciones con la guerrilla (Peñate 1999; Eaton 2006; Pérez 2011)76. Se trataba de un arreglo clientelista porque el ELN alimentaba su base social y electoral asegurando que gran parte del gasto público de los recursos de regalías por parte de la gobernación se destinara a ella, especialmente a los municipios del Sarare (cuyos gobiernos municipales recibían menos regalías que los de Arauca y Arauquita, dentro de los cuales se ubica el campo Caño Limón). Y era armado porque no dejó de utilizar la coerción para disciplinar a su electorado, vetar candidatos y acallar la oposición, como se reflejó en el asesinato del obispo de Arauca, quien aconsejaba a sus feligreses no apoyar a la guerrilla77. La experiencia de Arauca inspiró las estrategias tanto de las guerrillas como de los paramilitares en Casanare tras el hallazgo de los campos Cusiana y Cupiagua a comienzos de los años noventa. Pero a diferencia de Arauca, donde el ELN era dominante social y militarmente cuando comenzó el flujo de recursos del petróleo, en Casanare no había un solo actor dominante: distintas áreas estaban bajo la influencia del ELN, las FARC y grupos de “autodefensa” contrainsurgente formadas por narcotraficantes, ganaderos y terratenientes desde la década de 1980 (Nieto 2012). Esto ayuda a explicar el escalamiento en la violencia en la zona cuando comenzó la actividad petrolera (como muestra el gráfico 11, la tasa de homicidios aumentó de 9,8 por 100.000 habitantes en 1991 a 64,8 en 1992 y 89,1 en 1993). En Aguazul, el municipio más beneficiado por las regalías, el alcalde fue asesinado por el ELN en 199378. El siguiente alcalde, candidato único en las elecciones de 1994 (Pachón y Sánchez 2014), fue incluido en dos 74

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Proceso No. 26680, 16 de septiembre de 2010. Ibíd. El gobernador elegido para el período 2001-2003, cuya elección fue anulada por inhabilidad, también fue condenado por rebelión, pero su condena fue revocada por prescripción de términos en el proceso de apelación. “Tribunal Superior de Arauca extingue la Acción Penal contra ex funcionarios y dirigentes políticos”, La Voz del Cinaruco, 9 de agosto de 2012, http://www.lavozdelcinaruco.com/?id=7197#.VsTenhjero0. 76 Véase también “Gobierno tras las rejas “, Semana, 27 de octubre de 2003, http://www.semana.com/nacion/articulo/gobierno-tras-rejas/61509-3; “Arauca: el eterno retorno de la insurgencia”, El Espectador, 8 de julio de 2014, http://www.elespectador.com/noticias/paz/arauca-el-eternoretorno-de-insurgencia-articulo-502322. 77 Entrevista con Jair Moreno, jefe del grupo de investigación de Policía Judicial del DAS de Arauca, Arauca, 30 de noviembre de 2007. Véase también “La ‘locomotora’ del petróleo y el peor crimen del Domingo Laín”, El Espectador, 8 de julio de 2014, http://www.elespectador.com/noticias/paz/locomotora-del-petroleo-y-el-peorcrimen-del-domingo-la-articulo-502323. 78 “El ELN asesinó al alcalde de Aguazul”, El Tiempo, 20 de diciembre de 1993, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-278400. 75

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informes de inteligencia del Ejército como presunto colaborador del ELN. En esos informes también aparece el alcalde de Tauramena (el segundo municipio receptor de regalías), acusado de ser aliado de las FARC, aunque ambos rechazaron las acusaciones y ninguno ha sido procesado judicialmente79. Esto indica que las guerrillas habrían intentado replicar lo hecho por el ELN en Arauca, pero su éxito fue limitado por la creciente presión paramilitar (Pearce 2005). La captura sistemática de las administraciones locales por parte de las autodefensas casanareñas —que luego se autodenominarían las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC)— comenzó en las elecciones de 2000 y se consolidó en las de 2003, tras haber desalojado casi por completo a las FARC y al ELN de la región. En 2000 conquistaron la gobernación del departamento y la alcaldía de Aguazul a través de políticos que luego serían condenados por estos vínculos ilegales80. En 2003 no sólo volvieron a elegir gobernador (Miguel Ángel Pérez, condenado en 2006 por sus vínculos con las ACC) sino además sellaron el llamado Pacto de Casanare, mediante el cual acordaron con los candidatos a seis alcaldías (cuya llegada al poder garantizaron a través de la coerción armada) la entrega del 50 por ciento del presupuesto y el 10 por ciento de los contratos de cada municipio81. En los municipios donde no tenían control directo sobre la alcaldía acudían a la coerción armada, ya fuera contra funcionarios o contra contratistas. El exsecretario de planeación municipal de Tauramena explicó: Mediante circulares se informaba (…) el monto y fecha de pago [a las autodefensas]. (…) El uso de herramientas de transparencia como la publicación por internet facilitaban el acceso a la información por parte de estos grupos, quienes sabían el monto del contrato, las empresas que licitaban y los domicilios de las mismas, facilitando el trabajo de seguimiento a los contratistas.82

El desvío de recursos se hacía principalmente a través de la entrega de contratos para la ejecución de obras y prestación de servicios pagados con fondos de regalías —los cuales en general parecían ajustarse formalmente a todos los requisitos legales— a empresas y cooperativas controladas o cooptadas por las ACC. Aunque también hubo desvío de recursos por medio de contratos patentemente irregulares (como la contratación de obras públicas a la Universidad de Cartagena), en muchos otros casos las empresas no sólo actuaban como fachadas sino que contaban con personal calificado y cierta capacidad de ejecución. Este grado de sofisticación en el saqueo se hizo necesario porque la veeduría a las regalías por parte del gobierno central a través de la Contraloría se había reforzado parcialmente a la luz de la 79

“Ronda a los alcaldes”, Semana, 12 de diciembre de 1994, http://www.semana.com/nacion/articulo/ronda-losalcaldes/24350-3; “Los alcaldes de la guerrilla”, Semana, 16 de junio de 1997, http://www.semana.com/nacion/articulo/los-alcaldes-de-la-guerrilla/32729-3. 80 “Detalles de una condena”, El Espectador, 6 de noviembre de 2009, http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso170830-detalles-de-una-condena; “Ex alcalde de Aguazul, Casanare, sentenciado a 29 años de cárcel”, Verdad Abierta, 1 de febrero de 2011, http://www.verdadabierta.com/component/content/article/54-generales/2990-ex-alcalde-de-aguazul-casanaresentenciado-a-29-anos-de-carcel. 81 “Fiscalía y Procuraduría piden condenar a firmantes del ‘Pacto de Casanare’”, Verdad Abierta, 12 de noviembre de 2009, http://www.verdadabierta.com/politica-ilegal/parapoliticos/1961-fiscalia-y-procuraduria-piden-condenapara-firmantes-del-pacto-de-casanare. Véase también Pérez (2011). 82 Entrevista con Robert Torres, Tauramena, 22 de noviembre de 2007.

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experiencia con el ELN en Arauca83. Aunque los controles no dejaron de ser deficientes (Pérez 2011), sí forzaron a los grupos armados a utilizar mecanismos más sofisticados —y costosos— para capturar los recursos de las regalías. ¿Por qué la captura de los gobiernos subnacionales no empezó antes, si la producción de Cusiana y Cupiagua comenzó cuando las autodefensas casanareñas ya tenían varios años de existencia? Además de las disputas con las guerrillas, una explicación adicional tiene que ver con el tamaño del botín a través del tiempo. Aunque la producción comercial de estos campos empezó en 1994, el pico de producción no llegó hasta 1998. Ese año se terminó de construir el oleoducto Ocensa, que conduce el crudo de Cusiana al puerto de Coveñas y permite su salida al mercado global. Esto coincidió además con un alza en el precio internacional del crudo desde 1999, lo que, a su vez, significó un aumento considerable en el monto de las regalías giradas a las administraciones de Casanare a partir de 2000 (ver gráficos 1 y 7)84. Teniendo en cuenta el grado de sofisticación que demandaba el saqueo, es posible que este sólo resultara lo suficientemente atractivo para las ACC —que ya contaban con fuentes de ingresos bastante lucrativas (el control de laboratorios para procesar cocaína y de corredores estratégicos para las rutas del narcotráfico y el lavado de activos por medio de la compra masiva de tierras, además de la extorsión simple)— cuando el flujo de regalías llegó a ser lo suficientemente abundante. Esta hipótesis también ayuda a entender por qué el saqueo de regalías en el vecino departamento del Meta no fue una práctica tan común, al menos según la evidencia disponible85. El único municipio petrolero del Meta sobre el que existe algún indicio de posible infiltración por parte del Bloque Centauros de las AUC en la administración local fue Villavicencio, durante el mandato de Franklin Germán Chaparro (2004-2005) (Nieto 2012). La administración de Chaparro —condenado por sus vínculos con el Bloque Centauros— firmó contratos con la empresa administradora del régimen subsidiado de salud ARS Tayrona, vinculada en otras regiones con las AUC86, lo cual indica que pudo haber desvío de fondos de regalías hacia los paramilitares. De resto, los intentos de captura de gobiernos locales por parte de grupos paramilitares en el Meta se concentraron, primero, en municipios con influencia de

83

Véase, por ejemplo, “Investigarán uso de las regalías del Casanare", El Tiempo, 21 de agosto de 1999, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-943178; “Casanare desvió uso de regalías”, El Tiempo, 4 de julio de 2000, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1304398. 84 Sobre el impacto de las fluctuaciones de precios en las dinámicas del conflicto, véase Dube y Vargas (2013). 85 El saqueo de regalías por parte de grupos paramilitares en el Meta no ha sido denunciado en versiones libres de exparamilitares ni ha sido documentado en las múltiples investigaciones sobre parapolítica en el Meta (Ávila y Moreno 2010; González 2007; Nieto 2012; Pérez 2011), ni tampoco fue mencionado por nuestros informantes durante el trabajo de campo. Por el contrario, Héctor Castañeda —entonces superintendente de operaciones de Ecopetrol en Apiay— mencionó el caso de Castilla la Nueva, el municipio con más regalías del departamento a partir de 2003, como “un caso que sorprende positivamente” por el buen manejo de los recursos (entrevista, Villavicencio, 20 de noviembre de 2007). 86 “El expediente secreto de las ARS”, El Tiempo, 25 de julio de 2004, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1503619.

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la Unión Patriótica87 (Pérez 2011), y, después de exterminar o expulsar a esta fuerza política en los años noventa, en zonas con cultivos ilícitos, laboratorios de procesamiento o rutas de narcotráfico (Nieto 2012). A pesar de la disponibilidad de regalías en el Meta, los montos girados a las administraciones departamental y municipales en los años de dominación paramilitar (1997-2005) siempre fueron bastante inferiores a los de Casanare (alrededor de una tercera parte; ver gráfico 7). Además, la mayor integración y cercanía del Meta con el centro político y administrativo del país probablemente dificultaba y encarecía aún más la captura de sus entes territoriales. Esto, por supuesto, no impidió que el Bloque Centauros extorsionara directamente a las empresas petroleras, como mencionamos en la subsección anterior. Pero si se tiene en cuenta que el área con cultivos de coca en el Meta tuvo su pico más alto en este mismo lapso de tiempo (ver gráfico 10), parece evidente que las ganancias del narcotráfico fueron más importantes para el Bloque Centauros en el Meta que las rentas de las regalías petroleras. Por supuesto, esto no quiere decir que las regalías petroleras y el narcotráfico sean recursos mutuamente excluyentes para los grupos armados, los cuales suelen diversificar sus fuentes de ingresos88. Cuando el Bloque Centauros intentó desplazar a las ACC en Casanare a partir de 2001, parte de su motivación (además de controlar las rutas del narcotráfico que conectaban al Meta con Arauca y Venezuela) era arrebatarle el control de las regalías (Pérez 2011). Su incursión en Casanare dio inicio a una cruenta lucha por el control territorial con las ACC, la cual duró aproximadamente hasta 2006 y dejó más de mil muertos y más de 23.000 desplazados (ver gráficos 11 y 12). Picos similares en la violencia ocurrieron en Arauca —otro escenario de la compleja relación entre petróleo, narcotráfico y conflicto— cuando los paramilitares y la fuerza pública incursionaron a comienzos de la década de 2000 para disputarle al ELN su dominio en ese departamento, y luego hacia 2007 cuando las FARC intentaron aprovechar el debilitamiento de esa guerrilla para quedarse con sus zonas de influencia (Gutiérrez 2012), especialmente en Tame, donde hay presencia de cultivos ilícitos89. El ELN perdió casi por completo el acceso a los recursos de regalías al verse replegado casi exclusivamente a Saravena, y más aún tras la elección de Julio Acosta Bernal como gobernador en 2003. Acosta fue condenado en 2013, entre otros delitos, por recibir dinero del Bloque Vencedores de Arauca de las AUC durante la campaña electoral a cambio de $700 millones de pesos del presupuesto departamental90, monto que sólo podría provenir de las regalías petroleras. Desde la creación del Sistema General de Regalías (SGR) en 2011 (ver subsección 4.3) no ha vuelto a haber denuncias sobre saqueo de regalías por parte de grupos armados, aunque se ha 87

La UP es un partido político creado en 1985 en el marco del proceso de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC e integrado por miembros de las FARC, líderes del Partido Comunista y otras fuerzas de izquierda. En sus primeras contiendas electorales obtuvo buenos resultados en varias zonas del Meta (Pérez 2011). 88 En el capítulo XX, Angelika Rettberg, Juan Felipe Ortiz Riomalo y Juan Camilo Cárdenas desarrollan el concepto del “portafolio de recursos” para referirse a esta diversificación. Ver también Rettberg y Ortiz Riomalo (2016). 89 Entrevista con Ramón del Carmen Garcés, exdiputado de la asamblea departamental de Arauca, Arauca, 30 de noviembre de 2007. 90 “La condena al exgobernador de Arauca”, El Espectador, 24 de noviembre de 2013, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/condena-al-exgobernador-de-arauca-articulo-460280.

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reportado que hay alcaldes con representación en las OCAD que llegaron a sus cargos con apoyos de políticos condenados o investigados por vínculos con grupos paramilitares o bandas criminales91. Es probable que los rígidos controles impuestos por el SGR sobre el manejo de las regalías —además de la desmovilización de las AUC y al debilitamiento de las guerrillas— hayan hecho aún más difícil el desvío de estos recursos hacia las arcas de los actores armados.

6. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES Las secciones previas describieron las complejas formas de relación entre el petróleo y el conflicto armado en Colombia, que corroboran muchos de los problemas experimentados en otras regiones del mundo. En vez de mejorar las condiciones de vida de las comunidades receptoras de sus ingresos, ha generado o exacerbado tensiones sociales, ha estimulado la corrupción y ha nutrido a organizaciones armadas. Los recursos del petróleo no han pasado desapercibidos por los actores armados activos en las zonas productoras, y lo común fue su vinculación a la actividad armada. Pero al mismo tiempo los modos de relación específicos entre petróleo y conflicto han variado considerablemente en el espacio y el tiempo. Se hace entonces necesario buscar un punto de equilibrio entre visiones muy generales —como la de la supuesta “maldición de los recursos naturales”— y otras demasiado específicas que no vayan más allá de las idiosincrasias de casos particulares. Esta sección intenta alcanzar este equilibrio por medio de un balance general de los hallazgos de la investigación.

6.1.

Variaciones regionales: geografía, poblamiento e instituciones

Si bien las secciones previas describen un panorama que sugiere una relación tensa entre recurso y guerra en general, los datos presentados plantean la necesidad de considerar variaciones regionales incluso entre las regiones petroleras en la forma en la que el petróleo creó o complementó condiciones locales de conflicto armado. Así, al énfasis en la importancia de considerar el nivel subnacional para comprender las diferencias regionales en el conflicto armado nacional —dentro del que se inscribe el estudio más amplio del que forma parte esta investigación— este estudio sobre el petróleo agrega la necesidad de distinguir incluso entre regiones petroleras a la hora de establecer los mecanismos por medio de los cuales el petróleo se vinculó al conflicto armado. Las regiones petroleras han diferido considerablemente como consecuencia de su ubicación espacial, sus características geográficas y sus procesos históricos de poblamiento y migración, marcados por la violencia y los conflictos agrarios (desde la Violencia de mediados del siglo XX hasta el conflicto armado contemporáneo, pasando por las recurrentes tensiones por la tierra y las distintas políticas gubernamentales que han procurado resolverlas). Estos procesos han forjado instituciones tanto formales como informales, desde arreglos políticos entre las autoridades locales, las redes partidistas de alcance nacional y el gobierno central hasta estructuras y tradiciones de organización y movilización social. Estos entramados institucionales locales, junto con el contexto institucional del nivel nacional (por ejemplo, los distintos 91

“Los alcaldes polémicos y poderosos en las regalías”, La Silla Vacía, 20 de febrero de 2013, http://lasillavacia.com/historia/los-alcaldes-polemicos-y-poderosos-en-las-regalias-41447.

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esquemas de distribución de regalías), constituyeron los escenarios en los cuales se implantó la actividad petrolera. En las regiones colombianas el denso marco normativo y regulatorio del sector petrolero —que, como se explicó en la subsección 4.2, especifica detalles de todo orden desde la exploración hasta la asignación de recursos resultantes— se topó con una precaria capacidad estatal para la implementación efectiva de normas y políticas, la cual muchas veces fue agravada por la llegada del petróleo. Pero la debilidad del Estado, común en todas las regiones estudiadas, aunque importante, no explica adecuadamente toda la variación observada. El caso colombiano confirma el papel decisivo de las instituciones en la relación entre recursos naturales y conflictos armados (Barma et al. 2012; Elbadawi y Soto 2015; Snyder 2006), pero al mismo tiempo llama la atención sobre la necesidad de abrir la “caja negra” de las instituciones, examinando en detalle sus orígenes, su contenido y su evolución en contextos particulares (Thorp et al. 2012) y procurando identificar de manera más desagregada y concreta qué características institucionales fomentan o previenen la vinculación de los recursos naturales con el conflicto. Así, por ejemplo, el legado de los conflictos laborales y el tipo de Estado —presente en asuntos de orden público pero prácticamente inexistente en la provisión de bienes públicos— que se construyó en Barrancabermeja en los tiempos de la Tropical Oil Company, sumados al entorno de conflictividad rural del Magdalena Medio, determinaron el tipo de vínculo que se forjó entre petróleo y conflicto en la zona. En breve, el desarrollo institucional histórico de cada zona determinó la capacidad de penetración y el poder relativo de distintos actores armados en las diferentes zonas petroleras. Pero, de nuevo, el repertorio de estrategias disponibles para el aprovechamiento de la actividad petrolera por parte de estos actores también ha sido producto de las características específicas del sector: sus enormes rentas, sus enclaves, la inmovilidad de sus capitales, y la vulnerabilidad al sabotaje de su infraestructura y de su cadena productiva (Le Billon 2012; Mitchell 2011).

6.2.

Variación temporal y aprendizaje

Otro elemento crucial en la relación entre petróleo y conflicto en Colombia es el temporal. El momento histórico en el cual el petróleo comenzó a ser explotado en las regiones estudiadas (primero en Barrancabermeja, luego en Arauca y después en Casanare y Meta) incidió de maneras distintas en las estrategias desplegadas por los actores armados, en sus interacciones, en el tipo de institucionalidad que se desarrolló, en el tipo de estructura corporativa presente (pública en Barrancabermeja, privada o mixta en otras regiones) y en las interacciones de todos estos factores con un contexto marcado por la lógica de un conflicto armado nacional y la presencia del narcotráfico. Podría argumentarse que ocurrió una suerte de aprendizaje en múltiples niveles, que explica parcialmente las diferencias granjeadas entre las regiones petroleras a lo largo de varias décadas de actividad productiva. En primer lugar, hay aprendizaje y adaptación por parte de los grupos armados. El ELN que coloniza la población obrera de Barranca es diferente al ELN que se recupera de una derrota militar con la financiación obtenida de la extorsión de la industria petrolera en Arauca; la forma en la que el ELN penetra la clase política local y las juntas de acción comunal en Arauca difiere de la manera en la que los paramilitares cooptan el estado 40

local en Casanare. En segundo lugar, el aprendizaje de la industria y el gobierno tras la experiencia de Arauca —reflejado tanto en el fortalecimiento de la protección militar como en el aumento parcial en la vigilancia a las regalías— impidió que el ELN lograra reproducir su clientelismo armado en Casanare y dificultaron, aunque no lograron prevenir por completo, la captura de las administraciones subnacionales de Casanare y Meta por los grupos paramilitares. Además, los cambios de la industria petrolera a la hora de diseñar sus esquemas de producción y de protección en respuesta a un contexto cambiante tanto nacional —en lo relacionado con el conflicto armado y con la legislación petrolera— como internacional —en lo relacionado con las condiciones y cambios del mercado y la disponibilidad de tecnología— también reflejan un aprendizaje continuo. Las grandes empresas multinacionales desarrollan en la actualidad relaciones con su entorno basadas en la estandarización de procedimientos, los controles de auditoría interna y el análisis del riesgo local que distan mucho de las condiciones alguna vez descritas para la Tropical Oil Company. En este aspecto se destacan las multinacionales que cotizan en bolsa, pues cada vez es más común que los accionistas exijan rendición de cuentas sobre el comportamiento de las empresas con relación a estándares internacionales como EITI o el Pacto Global, ya que los escándalos sobre violaciones de derechos humanos pueden afectar el valor de sus inversiones (Watts 2005). No parece ser mera casualidad que las empresas acusadas de haber cedido ante las extorsiones de los grupos armados colombianos en años recientes —Perenco, Emerald, Sicim, o contratistas de las grandes empresas— sean todas firmas de propiedad privada que no cotizan en bolsa. En este sentido la experiencia colombiana indica que, además de analizar la estructura de propiedad del sector extractivo en términos de si es de carácter estatal o privado (Jones Luong y Weinthal 2010; Wegenast 2016), las características de las empresas individuales también pueden ser un factor decisivo para explicar su papel en los conflictos armados.

6.3.

El papel del narcotráfico

La presencia de distintos eslabones del narcotráfico (cultivos, laboratorios o rutas) también ha influido profundamente en las dinámicas del conflicto armado alrededor del petróleo. Por una parte, la expansión de los grupos al margen de la ley en Colombia ha estado estrechamente vinculada a la economía del narcotráfico en diversas partes del territorio nacional (F.E. González 2014; Guáqueta 2002), incluyendo las zonas petroleras —en algunos casos más que al petróleo mismo—. La presencia de grupos paramilitares en Casanare se debió ante todo al narcotráfico, el cual les dio los recursos necesarios para expulsar a las guerrillas y, más de una década más tarde, para montar su sofisticado sistema de saqueo de regalías. Su llegada a Arauca —al igual que la arremetida de las FARC contra el ELN en esa misma región—fue motivada más por los cultivos ilícitos en Tame, Arauquita y Fortul que por el petróleo; sólo después de que se establece el Bloque Vencedores de Arauca (comandado por narcotraficantes) es que hay indicios de saqueo de regalías por parte de las AUC. Por otra parte, los casos de Casanare entre 1994 y 2000 y del Meta antes de la desmovilización paramilitar (en los cuales había regalías petroleras pero en cantidades relativamente bajas) sugieren que la mezcla de narcotráfico y petróleo también puede producir resultados inesperados. Estos casos la infiltración de gobiernos subnacionales por parte de los 41

paramilitares fue limitada o inexistente, lo cual indica que la disponibilidad de recursos del narcotráfico (o de otras fuentes de financiación altamente lucrativas) puede crear una especie de umbral por debajo del cual el saqueo de regalías no es lo suficientemente rentable en términos comparativos para merecer la inversión que requiere. Recuérdese que el desvío de regalías hacia las arcas de las ACC en Casanare requirió no sólo la cooptación de funcionarios sino también la creación de una sofisticada red de empresas y cooperativas contratistas con personal calificado y con cierta capacidad de ejecución de los contratos que les eran adjudicados. Si los recursos disponibles a través del saqueo de regalías son limitados, el costo de oportunidad de la inversión en el saqueo puede resultar demasiado alto y puede ser más rentable para el grupo armado concentrar sus esfuerzos en proteger o expandir su dominio sobre los negocios del narcotráfico. Si el narcotráfico ofrece una fuente de recursos relativamente constante y segura, puede proteger de manera indirecta al sector petrolero de la penetración por parte de grupos armados. Quiroga (capítulo XX de este libro) encuentra una dinámica similar en su estudio sobre el carbón en La Guajira. Esta hipótesis deberá ser evaluada de forma más detallada y sistemática en investigaciones futuras.

6.4.

El futuro del petróleo en Colombia: muchos campos pendientes por explorar

A la luz de las experiencias de otros países en conflicto, el papel del petróleo en el conflicto armado colombiano no es único en el mundo. Sorprenden, sin embargo, las múltiples y sofisticadas formas en que se manifiesta esta relación, y las diversas implicaciones que ha tenido para los actores del conflicto y para la industria involucrada. La visión comparativa e histórica que ha querido aportar este capítulo constituye una invitación a poner a prueba los hallazgos e hipótesis planteados aquí en otras regiones petroleras como el Catatumbo, Putumayo, Huila y Tolima, así como en otros lugares del mundo y a través de distintos enfoques metodológicos. Además de profundizar la investigación sobre la relación del petróleo con procesos regionales de desarrollo institucional a través del tiempo, los efectos en la conflictividad de la estructura corporativa de las empresas petroleras y el complejo papel del narcotráfico como variable intermedia en la relación entre petróleo y conflicto, futuras investigaciones podrán abordar preguntas como las siguientes: ¿Cómo se han adaptado (o se irán adaptando) los actores ilegales a transformaciones institucionales (como el Sistema General de Regalías), tecnológicas (como la explotación de yacimientos no convencionales por medio de la fracturación hidráulica), sociales (como la creciente oposición de muchas comunidades frente a nuevos proyectos extractivos) o ambientales (la creciente visibilidad de los impactos del cambio climático y su relación con la actividad extractiva)? ¿Qué impacto ha tenido o tendrá la caída de los precios del crudo en las dinámicas de conflicto y criminalidad en zonas altamente dependientes del petróleo? ¿En qué medida los legados del conflicto armado en las distintas regiones petroleras colombianas pueden afectar la conflictividad, delincuencia y violencia alrededor de la industria extractiva tras la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC? Con la expansión de la extracción a regiones anteriormente vedadas, ¿hasta qué punto se repetirán o transformarán los conflictos del pasado? La agenda para investigaciones futuras es amplia. Teniendo en cuenta que el final de la era del petróleo como la principal fuente de 42

energía en el mundo aún parece estar lejos, seguirán surgiendo más y más preguntas de gran importancia económica, política y social para Colombia.

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