Conflictividad y Territorio: pensando los conflictos mineros en Argentina

Ciuffolini-u-de-la-Vega_Conflictos-mineros-en-Argentina_v3_ME.doc Conflictividad y Territorio: pensando los conflictos mineros en Argentina

Resumen: La posible instalación o la continuidad de grandes proyectos de explotación minera en diferentes lugares de Argentina ha desatado importantes conflictos y resistencias a lo largo de los últimos años en ciudades y pueblos desconocidos para muchos. Estas circunstancias modificaron la experiencia del espacio. Si el territorio se llenó de conflictividad, como reverso de este proceso, la conflictividad también se empapó de territorio. En este marco, el objetivo de este artículo es abordar esta emergencia de luchas a partir de dos líneas argumentales. La primera, hace referencia a la particular articulación entre territorio, capital y Estado, que, a su vez, sustenta una determinada definición ideológica y simbólica del espacio. La segunda línea, refiere a las luchas sociales como instancias de disputa con los poderes más próximos. Estas luchas se presentan frecuentemente inscriptas en las contradicciones que se abren entre territorio, capital y Estado, y desde allí ensayan una construcción simbólica del espacio en claro antagonismo con los discursos dominantes. Las reflexiones aquí tratadas se sustentan en un amplio trabajo empírico y de investigación sobre el territorio y sus bienes naturales que las autoras vienen desarrollando en los últimos 4 años.

Palabras clave: Conflicto; Territorio; Estado; Minería

Conflict and territory: thinking mining conflicts in Argentina Abstract: Throughout the last years, the arrival of big mining projects in Argentina has sparked off important conflicts and resistances in unexplored cities and towns. These circumstances modified our space experience. If territory filled with conflict, as back of this process, conflict also impregnated with territory. In this frame, this article proposes an approach in order to explain the emergency of territorial disputes from two plot lines. The first one refers to the particular joint between territory, capital and State, which sustains a certain ideological and symbolic definition of space. The second one, recounts social struggles as instances of dispute with nearest powers. They appear frequently inscribed within contradictions opened between territory, capital and State; and from there, they test a symbolic construction of space in clear antagonism with the dominant speeches. The reflections presented are sustained in a wide empirical work and research on the territory and its natural goods that the authoresses come fulfilled in the last 4 years.

Key words: Conflict; Territory; State; Mining

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Ciuffolini-u-de-la-Vega_Conflictos-mineros-en-Argentina_v3_ME.doc Introducción La posible instalación o la continuidad de grandes proyectos de explotación minera en diferentes lugares de Argentina ha desatado importantes conflictos y resistencias a lo largo de los últimos años. Pueblos y ciudades que parecían estar perdidas en el vasto territorio argentino de pronto cobraron visibilidad. Indeliberadamente: Esquel; Famatina, Chilecito; Andalgalá, Tinogasta, Belén; Jachal, Valle de Uco; Gan Gan, Ingeniero Jacobacci, Loncopue; entre otras localidades; hicieron explotar el mapa del conflicto en Argentina, obligando a volver la mirada sobre esas porciones de territorio que antes parecían existir sólo en la quietud de algún relato de referencia geográfica1. Lo particular de estos conflictos es que pronto se extendieron a las ciudades, convirtiéndolas en estridentes cajas de resonancia, haciendo de avenidas y plazas potentes plataformas de expansión de demandas y reclamos ex-céntricos, ya por su ubicación, ya por su contenido. La ciudad se constituyó, entonces, en el espacio privilegiado para la consolidación de redes, contactos, alianzas y un reconocimiento público de problemas más allá de sus fronteras. Además los flujos de circulación entre los territorios -objeto de interés de las emprendimientos mineros- y los centros urbanos se hicieron más intensos. Estas circunstancias modificaron nuestra experiencia del espacio. Pensar el territorio argentino exigió, entonces, completarlo con nuevos nodos que referenciarán mucho más que una combinación única de coordenadas geográficas. Si el territorio se llenó de conflictividad, como reverso de este proceso, la conflictividad también se empapó de territorio. Y entonces, cobró todo su sentido interrogarse sobre por qué ciertas formas de conflictividad social, de luchas, de movimientos u organizaciones, emergen exactamente donde lo hacen. Tras una breve presentación en el primer apartado de este artículo de las principales características de la actividad minera en América Latina, en general, y en Argentina, en particular, el intento de respuesta a esta cuestión que aquí ofrecemos se organiza a partir de dos líneas argumentales que se ponen en tensión:  Por un lado, la particular articulación -no exenta de contradicciones- entre territorio, capital y Estado; la cual sustenta una determinada definición ideológica y simbólica del espacio. Estas cuestiones son tratadas en el segundo apartado de este artículo.  Por otro lado, las luchas sociales, como instancias de disputa que se erigen frente a los poderes más próximos; estas luchas se inscriben frecuentemente en esas contradicciones que se abren entre territorio, capital y Estado, y desde allí delinean una construcción simbólica del espacio en claro antagonismo con los discursos dominantes. A esta dimensión nos dedicamos en el tercer parte del artículo. Por último, cabe señalar que las reflexiones aquí ensayadas se sustentan en un amplio trabajo empírico y de investigación que las autoras vienen desarrollando en los últimos 4 años sobre el territorio y sus bienes naturales2. 1. LA ACTIVIDAD MINERA EN AMÉRICA LATINA Y EN ARGENTINA: los orígenes del conflicto En los umbrales del siglo XXI, Argentina como otros países de Latinoamérica acudieron a un proceso de cambio y consolidación de un nuevo modelo de acumulación, mercantilización, apropiación y control capitalista de los bienes naturales. Es lo que parte de la bibliografía ha venido a llamar “ofensiva extractivista” (Seoane et.al. 2011), “neodesarrollismo” (Katz 2010), “neoextractivismo” (Gudynas, 2009), o incluso “neocolonialismo” (Coronil 2002). Con algunos matices, estos términos pretenden señalar una serie de orientaciones y medidas económicas que caracterizan particularmente al capitalismo en nuestra región desde los primeros años del 2000, y que surgieron tras el ocaso del ciclo de hegemonía del capitalismo neoliberal en las dos décadas anteriores. En lo que coinciden estas definiciones es en reconocer que las actividades extractivas de bienes naturales siguen representando el principal interés acumulativo del capital en América

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Según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina (2012), en Argentina se registraron al menos 25 casos de conflictos mineros en los últimos 10 años. 2 Particularmente nos referimos al proyecto de investigación “Gestión de la vida: políticas públicas y conflicto en el uso del territorio y los recursos naturales. Un estudio comparativo de tres provincias argentinas”, radicado y financiado por la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, de la Universidad Católica de Córdoba. Una versión más amplia de las reflexiones colectivas surgidas de este proyecto se encuentran contenidas en Ciuffolini, M.A. (2012). Asimismo, las reflexiones se enmarcan en el proceso de elaboración de tesis de Maestría en Administración Pública (SeCyT-IIFAP-UNC) de Candela de la Vega, dirigida por María Alejandra Ciuffolini.

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Ciuffolini-u-de-la-Vega_Conflictos-mineros-en-Argentina_v3_ME.doc Latina. Según datos de la CEPAL (en Giarraca 2012), entre el 2001 y el 2009 el peso de las exportaciones primarias en América Latina pasó del 41,1% al 52,9%. En el caso de la Argentina, la cifra creció muy levemente del 67,4% al 68%. Las estadísticas para la actividad minera3, el monocultivo de soja4, la explotación de hidrocarburos5, o la compra-venta de tierra6, vienen a arrojar un panorama empírico del alcance de esta dinámica extractiva y exportadora en el nuevo siglo, que hace su parte en la explicación de un ciclo de crecimiento económico regional considerado “excepcional” por su duración. En este sentido, la CEPAL (2009) registra una ciclo de seis años continuados de incremento del PBI regional (2003-2008), y de cinco años de aumento del PBI por habitante mayor al 3% (2004-2008). En la mayoría de los casos, esta especialización en la explotación de bienes naturales es operada por agentes del capital internacional. Si se observa el total de los flujos mundiales de Inversión Extranjera Directa (IED) hacia América Latina, éstos comenzaron a recuperarse desde el último trimestre de 2009 y durante 2010 mantuvieron una tendencia creciente, según un informe de la CEPAL para esos años (2011). Excluidos los principales centros financieros, la región recibió 112.634 millones de dólares por concepto de IED, cifra un 40% superior a los 80.376 millones alcanzados en 2009. Los montos de IED recibidos en 2010 se mantuvieron sobre el promedio anual de la década y mostraron una tendencia al alza que refleja el posicionamiento de la región como destino de localización de las empresas transnacionales (CEPAL 2011). Esta recuperación de la IED se debió a varios factores, pero entre ellos jugó un papel importante el dinamismo de ciertas economías emergentes impulsadas por el aumento de la demanda de sectores de recursos naturales, como la minería metálica, los hidrocarburos y los alimentos. Según la CEPAL, si se considera sólo la IED que recibió la subregión de América del Sur, los sectores con mayor recepción en 2010 fueron los recursos naturales y los servicios, con un 43% y un 30% de participación, respectivamente. “En esta subregión se mantiene la elevada importancia de los recursos naturales y, en comparación con 2005-2009, se observa incluso un aumento del peso de los sectores primarios en las inversiones” (CEPAL 2011:11). En términos de inversiones mineras, este clima es también reconocido por la Sociedad Interamericana de Minería quien afirmó que, en la actualidad, América Latina es la región más importante del mundo con perspectivas de alcanzar inversiones de hasta $300.000 millones de dólares para el año 20207. En este marco, la región se convirtió en un destino privilegiado para las grandes transnacionales mineras que, simultáneamente, iniciaron un fuerte proceso de reconversión de sus estrategias empresariales -entre ellas, la relocalización de las actividades extractivas hacia territorios con menores costos fiscales y ambientales; y la reconcentración e integración vertical entre grandes empresas (Machado Aráoz 2009)-, y de sus estrategias tecnológicas. Entre estas últimas, y a diferencia de la antigua minería de socavón o subterránea, este tipo de minería -conocida ahora como megaminería- se caracterizará por la extracción de minerales que se encuentran en estado de diseminación a través procesar grandes volúmenes de roca dinamitada a través del uso de técnicas de lixiviación (disolución) con sustancias químicas (cianuro, ácido sulfúrico, mercurio, etc.). Este tipo de tecnología extractiva implica que un solo emprendimiento abarque hasta 1000 hectáreas sólo para el área de mina –la que será completamente destruida-, llegando a remover hasta 300 mil toneladas de roca diarias, y empleando por día hasta 10 toneladas de explosivos, más de 100 mil litros de combustibles y

Gudynas (2009:199) advierte que “las exportaciones provenientes de mineras y canteras de los países del MERCOSUR ampliado (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay), pasó del orden de los 20.000 millones de dólares en 2004, a un pico de más de 58.000 millones en 2008, y bajar a más de 42.000 millones en 2009”. 4 El área de soja se incrementó en un 120 % en América Latina entre 1990 y 2005 (Zibechi 2012), y en Argentina acapara el 70% de la tierra cultivable (Katz 2010). 5 Por ejemplo, “Entre las fusiones y adquisiciones en recursos naturales en el año 2010, destacan algunas grandes adquisiciones en el subsector de petróleo y gas por empresas chinas, como la compra del 40% de la filial brasileña de Repsol YPF por Sinopec por 7.111 millones de dólares y la adquisición del 50% de Bridas Corp. en la Argentina por CNOOC por cerca de 4.800 millones de dólares (…) Estas operaciones reflejan el interés de las empresas transnacionales por fortalecer su estrategia de búsqueda de recursos naturales en la región, especialmente en América del Sur.” (CEPAL 2011: 43). 6 Según el Banco Mundial -uno de los promotores de este proceso global de mercantilización de la tierra- entre 2008 y 2009, 56 millones de hectáreas fueron arrendadas o vendidas en los países del Sur, especialmente en África y América Latina, resultado de inversiones proveniente en gran parte de los fondos de inversión (Seoane 2012). 7 Nota: “Minería en América Latina proyecta inversiones por US$300.000M hasta el 2020”, 16/04/2012, http://www.americaeconomia.com/negocios-industrias/mineria-en-america-latina-proyecta-inversiones-por-us300000m 3

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Ciuffolini-u-de-la-Vega_Conflictos-mineros-en-Argentina_v3_ME.doc decenas de tonelada de sustancias químicas de alta toxicidad, además del altísimo consumo hídrico y energético (Colectivo Voces de Alerta 2011). Las bases de este modelo extractivo exportador minero en Argentina habían sido ya sentadas en las décadas precedentes. A mediados de los ’90 la reforma integral de los marcos jurídicolegales que regulaban la actividad aseguró a los capitales transnacionales condiciones óptimas para la explotación. Como consecuencia, la Argentina transformaría un perfil minero más tradicional (con explotación predominante de rocas de aplicación en tanto insumos destinados a la industria nacional y a la construcción; y un protagonismo del Estado nacional en las explotaciones a gran escala y de pequeños y medianos productores privados), experimentando el inicio de un “boom” minero sin precedentes:  Las empresas transnacionales localizadas en el sector manufacturero, en el petróleo y en la minería fueron las que vieron expandir su participación en las ventas totales para convertirse en la fracción de capital más relevante de la cúpula empresarial, en detrimento de las firmas de origen nacional (Azpiazu y Basualdo 2009). Si en 1992 operaban en el país sólo 4 compañías mineras extranjeras, hacia 1999 ese número había ascendido a 80, entre las que se cuentan desde algunas de las empresas mundiales más grandes como Barrick o Rio Tinto; hasta otras de pequeña y mediana envergadura -conocidas como juniors-, principalmente de origen canadiense, como Meridian Gold (Antonelli, 2009).  La inversión en el sector minero evidenció un fuerte despegue desde los 60 millones de dólares en el año 1993 a los 1.091 millones en el año 1998 (Christel 2012).  Al cabo de la década del ’90, la superficie concesionada a las exploraciones mineras cubría más de 187.500 km2 del territorio argentino, alrededor de un 7% de la superficie terrestre total del país (Machado Araoz, 2010)8. Ya bien entrada la década del 2000, en un contexto global de fuertes incrementos de los precios de los metales y de extraordinarias ganancias empresariales, la legislación y las políticas públicas orientadas al sector casi no cambiaron la orientación de la década anterior a pesar de sucederse medidas de mayor o menor carácter restrictivo. Ello lo demuestran los siguientes datos de la misma Secretaría de Minería de la Nación (2011):  La inversión minera volvió a alcanzar una cifra récord de 11.078 millones de dólares en el año 2011, acumulando un crecimiento del 1948% desde el año 2002.  En el mismo período, el número de proyectos mineros aumentó de 18 a 614; la cantidad de metros perforados en exploración superó el millón, y el valor de las exportaciones creció un 434% para alcanzar los 16.310 millones en 2011, donde los rubros metálicos -antes marginales-, en particular el cobre, la plata y el oro, pasaron a explicar el comportamiento global del sector. Resulta interesante cruzar los datos anteriores con aquellos que provee el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y que dan cuenta de la aun débil consolidación de la minería como sector productivo de gran peso en el país:  La participación en el PBI del rubro “Explotación de minas y canteras” sigue siendo bastante ínfimo: fluctuó entre los 4.880 millones de pesos (a precios constantes de 1993) en el año 2000 y los 5.250 millones de pesos en 2008, lo que significa una oscilación apenas entre 1% y el 2% del total. En los siguientes años no superó tampoco los 5 mil millones de pesos9.  En el valor del total nacional de exportaciones de 2011, el oro alcanzó unos 2.327.055 miles de dólares (alrededor del 2,7% del valor total de exportaciones) y las exportaciones de cobre tocaron los 1.406.482 mil millones de dólares (un 1,6% del valor total de exportaciones nacionales)10.  No obstante, si se observa la composición de las exportaciones por provincia para el año 2011, el cobre representa el 87% de las exportaciones de la provincia de Catamarca, y el oro, el 9%. Por su parte, el oro también abarca el 75% de las exportaciones de la provincia de San Juan y el 23% de la de la provincia de Santa Cruz.

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La superficie continental total de Argentina, incluyendo las Islas Malvinas, es de 2.791.810 km2 Cuadro 15: “Estimaciónn del Producto Interno Bruto. Millones de pesos, a precios de 1993”. Disponible en http://www.indec.gob.ar 10 Cuadro: “Complejos exportadores según origen provincial. Año 2011”. Disponible en http://www.indec.gob.ar 9

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Ciuffolini-u-de-la-Vega_Conflictos-mineros-en-Argentina_v3_ME.doc Detalla Rodríguez Pardo11 que para el año 2010 existían en el país 74 megacorporaciones mineras -la mayoría canadienses y británicas- y 165 proyectos de explotación que esperaban luz verde para avanzar en diferentes etapas de exploración, factibilidad, construcción y explotación. De ellos, 66 se ubican en las Provincias del noroeste argentino (Jujuy, Salta, Catamarca y La Rioja)12, 43 operan en las Provincias de la zona cuyana (San Juan, San Luis, Mendoza y Neuquén)13, y 56 en provincias de la Patagonia (Santa Cruz, Chubut y Río Negro)14. El autor señala que “A esta cantidad se suman miles de cateos mineros que prospectan vastas áreas cuantificando yacimientos y su posibilidad extractiva, con absoluta promiscuidad y un laxismo legal inconcebible: la cifra da escalofríos porque es el comienzo de la devastación. De aprobarse todos los informes de impacto ambiental, cohabitaríamos con suelos lunares, ingentes territorios con centenares de cráteres de 4 kilómetros de diámetro y más de 700 metros de profundidad que en la jerga se denominan ‘open pit’”. Esta lógica de acumulación basada en la explotación intensiva y a gran escala de metales desencadena profundos impactos territoriales al modificar la configuración del espacio, los actores que lo construyen y sus formas de relación. Por ejemplo, Gudynas (2009) advierte que los enclaves productivos que produce este modelo representan, en muchos casos, la llegada de contingentes (operarios y técnicos, y sus equipos) que ignoran los límites y sentidos de los territorios preexistentes, reconocidos por pueblos indígenas o comunidades campesinas. En otros casos, esos enclaves significan la apertura de zonas remotas, condicionando y mediatizando los planes de ordenamiento territorial, asignación de áreas protegidas o habitables, o incluso las promesas de reforma agraria o de distribución de tierras. Lo anterior, conlleva la profundización de una dinámica de desposesión o despojo de tierras que se enfrenta a multiplicidad de actividades preexistentes en las distintas regiones (turismo, agricultura, ganadería). A su vez, los enclaves extractivos requieren redes de conectividad que permitan la entrada de insumos y equipamientos, y la salida de los productos exportables, lo que genera un determinado tipo de relaciones entre los espacios locales y los nacionales e internacionales. Por eso se hacen necesarias significativas obras de apoyo en infraestructura o energía (incluso represas hidroeléctricas o provisión de gas), las que a su vez producen otros impactos territoriales. El plan Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) es un ejemplo de ello: fue anunciado en el año 2000 con el objetivo de construir un nuevo paradigma para el desarrollo de la infraestructura regional, integrando las características económicas y estratégicas diferenciadas de cada región del continente para facilitar la extracción y exportación de productos a puertos de destino. En el mismo año fue lanzado el Plan Puebla Panamá (PPP), con características similares, y abarcando el área comprendida desde México hasta Panamá (Ceceña et.al. 2007). El avance de este tipo de minería -principalmente a lo largo de la Cordillera de los Andes y las zonas precordilleranas o de estribaciones- ha sido acompañado por altos niveles de conflictividad social en las principales localidades donde se proyecta o se ejecuta la explotación. De ahí que en al menos 15 de las 23 provincias argentinas hayan emergido asambleas de vecinos, organizaciones, movimientos o articulaciones multisectoriales que se aglutinan en defensa de la tierra que habitan y que se ve amenazada –cuando no efectivamente dañada- por la explotación minera a gran escala, denunciando contaminación, destrucción territorial y saqueo. No obstante, vale reiterar que el foco de la crítica de estos conflictos recae de manera predominante sobre la megaminería, y no sobre la minería no metalífera -aun cuando, por cierto, ésta también pueda generar impactos socioambientales como cualquier otra actividad económica. El caso de la asamblea de la localidad de Esquel -Provincia de Chubut- ha sido uno de los de mayor trascendencia en el país, logrando en 2003 la sanción de una ley provincial prohibitiva Nota: “Un año de conflictos mineros”, 08/02/2010, Diario Crítica (http://www.criticadigital.com/index.php?secc=nota&nid=37286) 12 Entre los proyectos de mayor envergadura en Catamarca se encuentran Bajo de la Alumbrera (cobre y oro, puesto en marcha en 1997) y Agua Rica–Farallón Negro (oro, cobre y molibdeno). También el proyecto Loma Blanca (litio, borato) o Pirquitas (plata, estaño y zinc, reinaugurado en 2009 tras 20 años de inactividad) en Jujuy; o el proyecto Famatina (plata) en La Rioja. 13 En San Juan, los proyectos más importantes son Veladero (oro y plata, puesto en marcha en 2005), El Pachón (cobre), y el proyecto binacional con Chile: Pascua Lama (oro y plata); y en Mendoza, el proyecto Potasio Río Colorado (potasio, puesto en marcha en 2010). 14 Los proyectos Cerro Vanguardia (oro, opera desde 1998), Cerro Negro (oro) en Santa Cruz; o Sierra Grande (hierro), en Río Negro. 11

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Ciuffolini-u-de-la-Vega_Conflictos-mineros-en-Argentina_v3_ME.doc de este tipo de explotación. Luego, seis provincias más sancionaron leyes similares, aunque su aplicación y vigencia se enfrente también al lobby político-empresario. Estos nuevos conflictos ponen de relieve las nuevas fronteras de la exclusión que operan tras la instalación de la megaminería, que no sólo incluyen la posibilidad de afectar severamente las condiciones y calidad de vida de las poblaciones, sino que, además de ello, representan la materialización de una visión del territorio –sus usos, sentidos, distribuciones, sujetos- que se presenta como excluyente de las existentes o potencialmente existentes. Estos aspectos de los cofnlictos mineros son los que explicamos en los siguientes apartados.

2. EL ANUDAMIENTO ENTRE TERRITORIO, CAPITAL Y ESTADO Los paradigmas y prácticas económicas que se construyen como dominantes en una sociedad tienen su correlato en la organización del espacio. El capitalismo tiene la necesidad de “producir un espacio”, un espacio que le sirva de una manera instrumental, que favorezca la reproducción de las relaciones de producción: “La producción del espacio no es una producción cualquiera, añade algo decisivo a la producción, puesto que es también reproducción de las relaciones de producción” (Lefebvre 1976:232). De allí que el espacio no sea sólo un lugar pasivo de la producción económica, solamente su escenario o su sustento físico; al contrario, el espacio interviene como tal en el proceso de producción, es un elemento más de la producción -simple y ampliada- del capital. En otras palabras, las relaciones sociales propias del capitalismo, o sea, las relaciones de explotación y dominio, se mantienen por y en la totalidad del espacio; por y en el espacio que le sirve de manera constitutiva. Por ello afirmamos que el espacio es siempre un espacio social; no es una sumatoria de hechos históricos o de recursos materiales, sino que el espacio participa y expresa y realiza relaciones de producción y de reproducción de una determinada formación social e histórica. Visto así espacio y capital componen una matriz de relaciones, cuyas formas varían en el tiempo. Con cada necesidad de cambio y adaptación de las fuerzas productiva y de las relaciones de producción, partes o elementos del territorio se visibilizan, otras se vuelven opacas o se colocan bajo otra relación de distancia (más “lejos”, o más “cerca”); se marcan nuevos centros urbanos o se transforman los antiguos, nuevas vías de circulación y asentamiento; se restablecen límites y fronteras de ese territorio. Por ejemplo, Harvey explica cómo el impulso de acumulación de capital “ha ayudado a crear ciudades tan diversas como Los Ángeles, Edmonton, Atlanta y Boston, y transformado casi más allá de todo reconocimiento (aunque de maneras muy diferentes) ciudades antiguas como Atenas, Roma, París y Londres” (2007:137). Para el capitalismo “El incentivo para crear el mercado mundial, para reducir las barreras espaciales y aniquilar el espacio a través del tiempo es una condición omnipresente, como lo es el incentivo para racionalizar la organización espacial en configuraciones de producción eficientes (organización serial de la división del trabajo particularizada, sistema fabriles y líneas de montaje, división territorial del trabajo y aglomeración en grandes ciudades), redes de circulación (sistemas de transporte y comunicaciones) y consumo (instalación de los hogares y casas, organización de la comunidad y diferenciación residencial, consumo colectivo en las ciudades)” (Harvey 2008:257-258). Ahora bien, a cada nueva estructuración del territorio -correlato de una combinación histórica de las fuerzas de producción y las relaciones sociales de producción- le corresponde una particular representación del mismo. Esta representación del espacio (Lefebvre 1976) tiene la importante función de asegurar, ampliar y sobreimprimir las necesidades de acumulación en un determinado momento histórico; por lo tanto no se trata solamente de discursos o ideologías sino de la inscripción de estos en prácticas sociales, instituciones, aparatos, cuerpos y conductas. En consecuencia, el espacio tiene la característica de ser igualmente ideológico y sapiencial, pues comporta representaciones elaboradas y está vinculado con la reproducción de las relaciones de producción. La forma Estado, en tanto resultado de un conjunto de dispositivos de carácter gubernamental y de la sociedad civil, es el lugar por excelencia de producción simbólica del territorio. Los grandes discursos que hilaron una historia del espacio -una “historia ecológica” (Brailovsky & Foguelman 1991) o una “historia ambiental” (Alimonda 2009)- en nuestro país son, por lo anterior, justamente más que un mito o una retórica de intervención cultural. “El granero del mundo”, “la Argentina es un país rico en recursos”, “la industria nacional y la autarquía económica”, “la revolución verde o la modernización agraria”, “la Argentina globalizada”, son

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Ciuffolini-u-de-la-Vega_Conflictos-mineros-en-Argentina_v3_ME.doc más que simples afirmaciones; son verdaderos artefactos simbólicos que habilitaron y legitimaron formas de apropiación o desapropiación del territorio, y por lo tanto, imprimieron una marca en su forma de organización, en los sujetos y en los sentidos de la circulación dentro de él. 1.1. “La Argentina minera” Como advertimos anteriormente, en el presente los discursos dominantes sobre el espacio se configuran a partir de un nuevo ciclo de apropiación y control capitalista, fuertemente centrado al menos en Argentina y América Latina- en actividades extractivas de bienes naturales y materias primas. Desde esta plataforma, el discurso dominante sobre el territorio inscribe en el paradigma del “desarrollo y del crecimiento económico” que insiste en una mirada estratégica y de “LA” oportunidad abierta en el mercado internacional; para inmediatamente codificar en términos de “mercancía” a los territorios y sus recursos. En su afanosa persecución del lucro, el capital va constituyendo lugares en los que toda vida se vuelve imposible. Marx lo explica de la siguiente manera: la necesidad económica de explotar los recursos naturales ejercería una presión lo suficientemente poderosa sobre el conjunto de las relaciones teórico y prácticas que los hombres mantienen con su entorno como para que se pueda hablar de una “pérdida de la naturaleza” (en Renault 2008:151). La pérdida de la naturaleza alude aquí tanto al deterioro que la actividad del capital entraña para el medioambiente como también a la alienación en la que subsume a los sujetos. Se trata de un proceso único que destruye por igual las capacidades creativas de lo humano y las capacidades creadoras de la naturaleza. Estas representaciones del espacio, como decíamos anteriormente, se definen por dos características: por un lado, están vinculadas con las instituciones del poder dominante; y por otro lado, están cargadas de saberes técnicos y racionales. La vida cotidiana queda, por ellas, encerrada en un espacio enmarcado, restringido y colonizado en diferentes niveles por la comodificación y burocratización del territorio (Oslender 2000). En cuanto a la primera característica, las representaciones del espacio se generan en las instituciones del poder dominante y las atraviesan transversalmente. Allí debemos incluir un amplio abanico que encierra desde las dependencias de la administración pública propiamente dicha -en tanto ente de operación y ejecución de decisiones estatales-; como instituciones del Poder Legislativo o Judicial; hasta otros centros poder tales como instituciones educativas y académicas, organizaciones empresariales, grandes medios de comunicación o, incluso, aquellas organizaciones “de la sociedad civil”. En relación a la segunda característica de las representaciones del espacio, son estos centros institucionales los espacios privilegiados de generación y difusión de un tipo de conocimiento técnico y racional, que se atiene a reglas y procedimientos homogéneamente establecidos. Ellos hacen explícito el valor que tienen el saber especializado, la comprobación científica, y, en definitiva, la ciencia, como único referente para dar cuenta de “la verdad” del territorio. Por ejemplo, la alusión constante a la necesidad de “evidencia científica” sobre los efectos de la actividad minera en relación al medio ambiente y la salud de la población, implican un reforzamiento epistemológico de este tipo de saber científico. La “racionalidad” en el uso de los recursos, las exigencias de certificaciones técnicas acorde a normativas científicas internacionales (por ejemplo, ISO-9001, ISO-14001), la justificación del uso de determinados materiales nocivos de acuerdo a estándares avalados por las comunidades científico-técnica y política a nivel nacional o mundial; o el uso creciente de Sistemas de Información Geográfica, operan en el mismo sentido. En consecuencia, desde estos discursos dominantes se resaltan ciertas condiciones del territorio como la baja densidad poblacional o las características físicas del territorio, construyendo así una representación del espacio que apela a imágenes como la del “desierto de piedra”. Son este tipo de construcciones las que luego funcionan como fundamento de lo posible: el “destino minero” del territorio, la “Argentina minera”15.

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En una entrevista al diario Clarín en el año 2007, el Secretario de Minería de la Nación expresó: "La idea es aprovechar nuestra orografía, queremos potenciar el desarrollo de cada provincia para diagramar un modelo productivo sustentable con base en los recursos naturales locales. En las provincias mineras no se puede hacer soja o carne o pasar de un grano a otro según el precio del mercado. La mayoría del territorio es un desierto de piedra". Nota: “Récord de inversiones para la gran minería”, 18/02/2007, http://edant.clarin.com/suplementos/economico/2007/02/18/n00311.htm

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Ciuffolini-u-de-la-Vega_Conflictos-mineros-en-Argentina_v3_ME.doc De esta manera, los centros de poder producen representaciones del espacio que se sustentan en un saber basado en la experticia, en la especialización, la profesionalización y disciplinamiento de la ciencia. El producto final es una simplificación del territorio como una superficie transparente, cosificada, inerte y abstracta, se trata de una insensibilización instrumental del espacio. 1.2. Estrategias estatales vinculadas a la representación de la “Argentina minera” El Estado -entendido en su sentido restringido como administración y gobierno- despliega una heterogeneidad de acciones, decisiones y omisiones que configuran el modo de su relación con el territorio, entendida en los términos de la representación de la “Argentina minera”. Conceptualizamos estas estrategias como anclaje y desanclaje –de los aspectos geográficos y localizables del Estado-, con el propósito de enfatizar el análisis sobre el carácter múltiple e incluso contradictorio que tienen estas estrategias a través de las que se configura tal relación entre Estado y territorios. En este sentido y si bien podemos dar cuenta de los efectos producidos, nos distanciamos de otros conceptos importantes utilizados en la bibliografía como los de: desterritorialización (Gudynas 2009); autoinhibición (Antonelli 2009); Estado metarregulador (Sousa Santos 2007), entre otros. Las acciones de desanclaje -no necesariamente articuladas y homogéneas- refieren a una serie de estrategias de “desaplicación” del Estado al territorio: el Estado, y con él, todo el cuerpo jurídico-institucional, se aplica desaplicándose. Los casos que ejemplifican este conjunto de estrategias son variados; en una enumeración, para nada exhaustiva, podemos identificar a modo orientativo:  El paquete legislativo de los 90’ para la actividad minera, que representa el tema el inicio de una “una incesante institucionalidad en nuestros países para el traspaso y control de territorio y aparato público a las transnacionales del negocio minero (…) [un]escenario de entrega del subsuelo” (Sánchez Albavera & Lardé, en Antonelli 2009:52)  La delegación de poderes de decisión y control en instancias supranacionales o infranacionales. Un ejemplo de ello son los casos de ausencia de controles de frontera con otros países en zonas de explotación16.  La privatización de empresas de explotación minera o la entrada de capitales privados en empresas de constitución mixta.  Pero además, la “ausencia” se consuma en los casos en los que el Estado no logra asegurar la cobertura de servicios de salud o educación, la administración de Justicia, o de control del cumplimiento de procedimientos o garantías previstas por ley. Ello deja espacio para que, incluso, sean las empresas las que aparezcan -a través de la llamada “Responsabilidad Empresarial”- como únicos agentes con capacidad de desplegar grandes aparatos de asistencia social, educativa o sanitaria para las comunidades. Por su parte, y en contracara de las arriba mencionadas las acciones de anclaje, despliegan un conjunto de relaciones e intervenciones cuyo efecto es la presencia y penetración directa de la estatalidad en el territorio. Ellas afirman la voluntad de intervención del Estado en la gestión del territorio y en lo que allí sucede. Nuevamente, a modo orientativo, mas no exhaustivo, identificamos:  La modificación física del territorio a través de acciones directas. Un ejemplo son las obras de infraestructura o de provisión de energía; otro ejemplo es la sanción de leyes o políticas de ordenamiento territorial. La ya mencionada Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA); la Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial17, o la definiciones de usos diferenciales del

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Ícono de este tipo de casos es lo que sucede en el caso del proyecto de explotación binacional Pascua Lama, a partir del tratado entre Argentina y Chile. Su ámbito de aplicación se monta sobre la frontera común y territorios adyacentes, configurando una unidad territorial y administrativa distinta —casi como un tercer país—, con normativa tributaria y fuerzas de seguridad propias, donde la frontera desaparece para los negocios mineros, con una autoridad supranacional a cargo” (Colectivo Voces de Alerta 2011:59) 17 La “Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (2004-2016): Argentina 2016” fue diseñada y presentada en el año 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Un análisis de los supuestos ideológicos que inspiran la PNDOT, de las representaciones del espacio que subyacen a esta política, lo hemos ofrecido en Brandan Z., de la Vega & Hernández 2012.

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Ciuffolini-u-de-la-Vega_Conflictos-mineros-en-Argentina_v3_ME.doc territorio que se establecen en las leyes nacionales de Presupuestos Mínimos -y las normales provinciales o municipales que las complementan-; son casos concretos  La entrada directa del Estado como agente económico extractivo a partir de la reactivación o creación de empresas estatales. El panorama puede ser trazado con unos pocos ejemplos: la potenciación en Bolivia de la Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); en Brasil, la consolidación en los últimos años de Petrobras como la mayor empresa petrolera de América Latina18 –incluso con operaciones en otros países latinoamericanos-; en Argentina, la creación de Energía Argentina S.A. (ENARSA) y la expropiación de la parte mayoritaria de las acciones de YPF-Repsol del Estado. En lo que refiere a la actividad minera, por ejemplo, en la Provincia de la Rioja se crea por ley provincial 8.380, en el año 2008, la empresa Energía Minerales Sociedad del Estado (E.M.S.E.); a través de ella el Estado se propone, según su propia declaración, “llevar a cabo por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros” actividades de “explotación, industrialización y administración de todos los recursos energéticos, provinciales, hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, los provenientes de fuentes alternativas o limpias, y a los derivados de los agro- combustibles y biocombustibles” 19.  Finalmente, las estrategias de represión y de despliegue de fuerzas de seguridad son la forma en las que tradicionalmente y de manera más permanente se ha hecho visible la presencia del Estado en el territorio. Los sucesos de denunciada represión o violencia policial en caso de conflictos no hace más que revelar la presencia del Estado20. La represión privilegia prácticas que interpelan a los sujetos en conflicto como infractores disponiendo, en ese acto, todo el andamiaje del sistema punitivo. Disminuir el potencial de amenaza que portan los conflictos involucra una compleja operatoria de normalización cuya finalidad es asegurar su adscripción a un cuerpo social homogéneo a través de prácticas disciplinares. Frente a esta construcción del territorio y los modos diversos en los que el Estado la operacionaliza y ejecuta, se erigen otras construcciones que desde racionalidades e imágenes locales hacen explotar la carga simbólica de las representaciones del espacio propiciadas desde los poderes dominantes. Son aquellas que se organizan desde y en la resistencia a la expropiación no sólo de los recursos sino también a un modo de vivir y relacionarse con los mismos. 3. Luchas y resistencias contra los poderes dominantes Nuestra segunda línea argumental, señala que, aunque esas representaciones del espacio en la sociedad capitalista pretenden ser racionales y coherentes, existen, a su vez, contradicciones del espacio (Lefebvre 1976). Si por una parte, desde el discurso dominante y el Estado refuerzan el espacio en tanto que recurso y lugar de poder, por otra, la i-racionalidad de este control, como veremos más adelante, es también lo que hace estallar la conflictividad en el territorio. En esta línea, el emplazamiento de los conflictos es el resultado de un proceso de socio-espacialización de las relaciones entre dominantes y dominados, entre sus clases explotadas y sus “elites”, sus ciudadanos poseedores y sus ciudadanos excluidos; por ello, tampoco esa espacialización de las relaciones de poder se producen sin resistencias o cuestionamientos. Las resistencias y luchas contra la minería deben ser inscriptas como lo sugiere Harvey (2008) en el corazón mismo de los procesos económicos y políticos. Pues sólo en reacción a ellos aparece la contestación y la resistencia como una concepción abierta de la relación entre ser social y conciencia social, y entre espontaneidad y conciencia (Thompson 2004). Parafraseando a este autor podríamos decir que las luchas “van siendo”, en tanto no parten de una identidad dada sino que surgen como una relación y un proceso marcado indeleblemente por el conflicto.

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Véase, por ejemplo, Barrera & Inchauspe 2012. La declaración de objetivos de la nueva empresa puede consultarse en http://www.emselr.com.ar 20 Un registro ejemplificativo de la vigencia de estos mecanismos lo representan los recientes sucesos que relatan las siguientes notas periodísticas: “El peligro de represión persiste en Famatina” (http://www.fmcosmos.com.ar/2012/01/08/el-peligro-de-represion-persiste-en-famatina-a-casusa-de-una-minera/, 8 de enero de 2012); “Catamarca: brutal represión a una protesta pacífica contra la minería” (http://www.larazon.com.ar/actualidad/Catamarca-represion-protesta-pacifica-mineria_0_321900143.html, 10 de febrero de 2012). 19

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Ciuffolini-u-de-la-Vega_Conflictos-mineros-en-Argentina_v3_ME.doc Ese ir siendo es el resultado del procesamiento y acumulación de vivencias, saberes y prácticas colectivas que se forjan en la experiencia misma del conflicto y el miedo. Su configuración se constituye en la acción misma de resistencia, no viene dada por algún consenso normativo o ideológico ni surge de las formas de subjetivación normalizadas. Por el contrario, todo ello es consecuencia de un proceso de exploración y elaboración de mecanismos capaces de articular posiciones, de crear consensos y de montaje de acciones (Melucci 1994) a partir de su colocación en un terreno común que se ve amenazado. El riesgo y la amenaza son entonces el disparador para un retorno de los sujetos a la política que se organiza a partir de la experiencia inmediata y cotidiana de una realidad intolerable. Decimos “una” en el sentido de “realidad escorzada”, esto es, que no puede ser aprehendida desde la experiencia como totalidad. Por lo tanto, esta experiencia constituye sujetos y conflictos atendiendo a perspectivas y reglas que son dadas por cada espacio y situación. En sus relatos, el territorio puede ser comprendido como un espacio vivido, esto es, como un espacio formado y ordenado por la vida. Siguiendo a Bollnow (1962:151; citado en Villegas Guzmán 2012), “el hombre es esencialmente el que habita, es decir, el que reside en un lugar fijo y se establece en él, tratando de protegerlo contra fuerzas amenazantes mediante murallas erigidas artificialmente […] el hombre no está sencillamente arrojado al mundo como si fuera por principio, un sujeto sin espacio en un mundo espacial que le es por principio extraño, como si el espacio le fuera esencialmente algo exterior, un mero sistema de referencia en el cual estuviera colocado en cualquier lugar. El hombre, más bien, gana su ser solamente creándose, formándose y construyéndose su espacio, teniendo espacio y no estando de alguna manera en el espacio, es decir, teniendo un campo libre para su movimiento, un espacio vital en el más amplio sentido de la palabra” (ibíd.:143). En ese ejercicio de registro de condiciones de vida y experiencias semejantes es donde se constituye lo común. El carácter preciado y precioso del territorio no tiene que ver con una admiración al territorio por la calidad estética o paisajística de sus componentes físicos. Tampoco se asocia a un sentido de sacralidad a partir de un enfoque espiritual sobre la naturaleza que, por ejemplo, le asigna entidad y valores inherentes. Antes que eso, el territorio para las luchas y resistencias es una experiencia vital, un tejido que se percibe como red de seguridad y protección que permite afirmar y corroborar la existencia de quienes lo habitan en un aquí y en un ahora. En este marco, la explotación minera aparece en los relatos de las resistencias como un complejo de des-conexiones o rupturas que refieren principalmente a dos tipos: por un lado, la ruptura con el espacio físico: los registros son aquí del tipo “nos van a correr”, “nos quieren sacar de aquí”; remiten al desarraigo o al éxodo como expresión de la des-conexión. Por otro lado, la rotura de las pautas de sociabilidad o solidaridad familiares, vecinales o comunitarias dentro del territorio: gente que no habla, no se comunica o no se encuentra con otros; gente que se esconde o se oculta de otra gente; gente que se pelea con otros; son las expresiones que se engloban en este sentido. La particularidad de la experiencia desde donde nacen las luchas es concebida asimismo como espacio constructor de lo político, y ello redunda no sólo en el carácter local y múltiple de los conflictos, sino también en la reabsorción de lo social en lo político. Esta segunda dimensión refleja una forma de politización que opera desde la vivencia de alienación en lo más inmediato de la vida, a saber: la amenaza y el riesgo, la pobreza, la escasez, inexistencia y/o destrucción de bienes básicos como alimentos, agua, salud, y demás. El sufrimiento no es aquí un mudo residuo de la política, sino que, por el contrario, constituye un fundamento para levantarse y a dirigirse a aquellos que detentan el poder (Foucault 1992). De esta manera, el territorio se enuncia como una relación entre algo que se es y algo que no se es. No se trata de un espacio geométrico, de la pura espacialidad, sino de ese emplazamiento que surge a partir de las significaciones, de las relaciones que en él se tejen y de los proyectos que en él se plantean. Si el desarraigo conlleva un profundo proceso de desubjetivización, la constitución de un territorio como lugar de pertenencia es un movimiento de sentido inverso. Hacer un territorio a partir de un espacio –ya sea físico, simbólico, de trabajo, de residencia, etc.– es poner en juego un conjunto de significados, una disposición de relaciones entre sujetos y entre sujetos y cosas. En definitiva, es construirlo como un orden. Constituir un territorio como lugar de pertenencia exige, antes que nada, determinarlo, darle o reconocerle una morfología: esto es, dar cuenta de sus características y de sus gentes, reconocer sus necesidades y también sus capacidades. La experiencia de necesidades y urgencias dadas en un determinado espacio son entonces el sustrato (y el insumo) de lo común. Conforme a ello, lo próximo y lo concreto devienen los criterios demarcadores del

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Ciuffolini-u-de-la-Vega_Conflictos-mineros-en-Argentina_v3_ME.doc espacio y la pertenencia; ellos determinan el alcance y límite de lo común. El espacio se traduce en territorio por la fluidez de los lazos establecidos, y por el carácter más o menos palpable, sólido y permanente de las específicas relaciones sociales que se construyen, reproducen y concurren en él. En definitiva, experiencias del peligro y micro-conflictividad hacen a la dinámica de producción de subjetividades individuales y colectivas que emergen en la acción y resistencia frente a las –también múltiples– lógicas capitalistas de expropiación y dominación. El proceso de constitución de sujetos se realiza, entonces, a partir de una secuencia de experienciaantagonismo-autonomía, que en su desarrollo y confluencia va configurando una nueva subjetividad cuya construcción, es siempre una singularización individual y colectiva (Guatari 1996: 18). La emergencia de estas fuerzas innovadoras en escenarios locales, marca una tendencia renovada en lo referido a las formas de acción política. Articulando formas específicas de poder social y político con relación a las modalidades históricamente concretas de su ejercicio, configuran una racionalidad política local que se despliega con pretensiones y potencialidad para impugnar la irracionalidad global del capital. Así la autonomía en contra y en las fronteras de la dominación, es función de las fuerzas innovadoras, que guiadas por un interés común y capaces de conducirse a sí mismas en el interior de redes de cooperación, construyen desde un espacio múltiple y diferencial luchas que desafían las pretensiones y/o condiciones de sometimiento que los poderes dominantes intentan imponerse.

Reflexiones finales A partir de lo expuesto y para finalizar, sólo cabe enfatizar que el espacio y la vida adquieren una vulnerabilidad inusitada cuando quedan subordinados a los parámetros del capital y del sistema productor de mercancías. Como dice Harvey: “si hay un conflicto entre el bienestar de la población y el buen clima de negocios, se privilegia lo segundo” (2006: 4). La avanzada del capital sobre los recursos naturales –por caso la minería- implica tanto una amenaza para el ambiente y las formas de producción que en él existen, como para las relaciones de poder sedimentadas a lo largo del tiempo en cada lugar. De allí que el encuentro entre estos modelos de espacialidad desencadene conflictos y resistencias. La particularidad de los conflictos y las resistencias que se activan frente a la explotación minera es que son expresión de una subjetivación política autónoma y antagonista. En ese intersticio entre la conciencia del peligro y la reacción espontánea, es el lugar donde surgen y se organizan las luchas del presente frente a la incursión de grandes capitales con proyectos de explotación de recursos naturales que transforman de manera dramática el espacio de vida. El conflicto emergente es entonces una reacción vital, una defensa alarmada, como dice Gramsci (2000: 27), que ante la posibilidad de la desorganización de las topografías y relaciones, de los modos de ser y de hacer que constituyen la sociabilidad de ese espacio amenazado. Caracterizar la insubordinación desde el antagonismo y la experiencia, importa inscribirlas en el corazón mismo de los procesos económicos y políticos. Pues sólo en reacción a ellos aparece la contestación y la resistencia como una concepción abierta de la relación entre ser social y conciencia social, y entre espontaneidad y conciencia (Thompson 2004). En el proceso de subjetivación que emerge con la resistencia, la posibilidad de “desposesión” ocupa un papel primordial como categoría aglutinadora en tanto su propia enunciación refiere al acto del despojo, al tiempo que da cuenta de manera cabal de los modos de extracciónproducción-reproducción que la realizan. Ciertamente la amenaza del despojo, cuando se trata de recursos naturales, implica para las comunidades una introducción en campos de conocimiento ajenos a su mundo cotidiano, se vuelven expertos en temas estrictamente técnicos que hacen a la explotación y a sus consecuencias ambientales. Y paralelamente, también se activa una especial sensibilidad respecto de los bienes comunes. Ante la probabilidad de la degradación ambiental las comunidades comienzan a valorar aquello que hasta entonces parecía inapreciado: la calidad de su entorno natural. De este modo, conocimiento y sensibilidad son los vectores que amplían y refuerzan las prácticas de las culturas locales, al tiempo que instituyen esas nuevas formas de sociabilidad gestadas en la lucha y la resistencia. Evitar la expropiación de los recursos naturales implica

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Ciuffolini-u-de-la-Vega_Conflictos-mineros-en-Argentina_v3_ME.doc también evitar la expropiación de la capacidad de tener y trasmitir una forma de vida y relación con el entorno.

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