Conferencia en el ciclo \"Parlamentarismo e integración europea: El reforzamiento de la cooperación interparlamentaria y del papel de los parlamentos de los estados miembros en las políticas europeas\" (2011)

Conferencia:
Parlamentarismo e integración europea: El reforzamiento de la cooperación
interparlamentaria y del papel de los parlamentos de los estados miembros
en las políticas europeas
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 14 de Junio 2011

Organizan
Fundación Manuel Giménez Abad
Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC)
Con el patrocinio de la Secretaría de Estado para la Unión Europea

En colaboración con
Real Instituto Elcano
Fundación Friedrich Ebert
Fundación Konrad Adenauer

Coordinadores
Mario Kölling, Fundación Manuel Giménez Abad
Ignacio Molina, Real Instituto Elcano y Universidad Autónoma de Madrid

SR. SÁNCHEZ AMOR:

Bien, buenas tardes.

Gracias a las instituciones que nos acogen, y yo, en particular, con mucho
cariño personal al Centro de Estudios Constitucionales, en el que pasé dos
años de mi vida, y en el que tuve ocasión de pasar horas inolvidables desde
el punto de vista de la..., en fin, del desarrollo intelectual, en una
sala, aquí al lado, en la que se reunió el Tribunal Constitucional antes de
tener su propia sede, y en la que 20 estudiantes de España y América
teníamos, por ejemplo, el privilegio estar un par de horas reunidos con
Paco Tomás y Valiente. Así que yo vuelvo con mucho placer a esta casa.

Yo me siento un poco como esos actores de las obras de teatro de Agatha
Christie que se ponen en Londres, que se representan centenares de veces,
porque ayer tarde estábamos hablando de estas mismas cosas en Málaga y hoy
nos toca aquí en Madrid. Así que habrá que meter alguna morcilla, como esos
actores, porque si no la representación es muy aburrida.

Miren, mi aproximación a este fenómeno es una perspectiva completamente
diferente, yo voy a intentar hablar de lo que no es está en el Derecho
Positivo, en lo que yo creo que se encuentran muchas de las razones de por
qué se escribe en el Derecho Positivo lo que se escribe, y voy a hablar
desde una cierta posición de realpolitik.

Vamos a ver el fenómeno desde arriba, desde la perspectiva europea, y desde
abajo. ¿Por qué hay interés en que los parlamentos –y los parlamentos
regionales– se incorporen a los procesos europeos, desde la visión de
Europa o de las instituciones europeas, y por qué lo habría desde el propio
interés de los parlamentarios nacionales y regionales?

Miren, yo creo que el interés de las instituciones europeas deriva del
síndrome del déficit democrático. A las instituciones europeas se las viene
machando hace años con esa cuestión de que tienen una falta de legitimidad
democrática, y las instituciones europeas, desgraciadamente, se lo han
creído, y como se lo han creído, han desarrollo un extraño síndrome, que
les conduce a hacer una especie de legitimación por avalancha, de tal
manera que estamos sustituyendo en Europa el criterio de la eficacia con el
criterio de la legitimación democrática. Ha sido tal la presión que,
sencillamente, instituciones como el Parlamento y la Comisión –menos, desde
luego, el Consejo–, están buscando aliados institucionales de cualquier
nivel para tener una mejor posición en el sistema político europeo, y ahí
han encontrado muchos aliados históricamente (los gobiernos regionales,
ahora los parlamentos, como veremos. De tal manera que este proceso de
acumulación de legitimaciones democráticas está conduciendo a un artefacto
plenamente democrático y a un artefacto plenamente ineficaz. Y yo ponía
ejemplos ayer en Málaga, como que a nadie se le ocurrió, cuando el volcán
islandés cerró el cielo aéreo europeo, invocar una necesidad urgente de
legitimación democrática, sino de tomar decisiones, o cuando ha habido que
retocar Schengen por presiones de los inmigrantes tunecinos, o cuando ha
habido que tomar decisiones sobre las revueltas árabes, o cuando ha habido
que tomar decisiones sobre la crisis del pepino entre España, Alemania y
los otros países afectados. Nadie ha dicho: por favor, que vengan los
parlamentos y que alguien tome una decisión democrática. La gente quería
decisiones y decisiones eficaces, y esa pretensión europea de acumular
legitimidad democrática, está creando unos procesos tan extraordinariamente
complejos, tan extraordinariamente precisos y equilibrados, que están
conduciendo a una cada vez mayor ineficacia.

Y miren, yo les digo una cosa como ciudadano: la Unión Europea nunca se va
a legitimar para un ciudadano normal europeo porque esté o no esté su
parlamento autonómico, sino porque se tomen decisiones, que sean decisiones
útiles y sean decisiones en tiempo real. Por tanto, cuidado con esta
acumulación de legitimaciones democráticas, porque yo creo que no conducen
a mucho.

¿Qué ha hecho la Unión Europea, las instituciones, el Parlamento y la
Comisión especialmente? Una huida hacia delante. La incorporación de la
iniciativa ciudadana europea al sistema de decisión europeo es una bomba,
es un torpedo a la línea de flotación de la propia legitimidad de las
instituciones europeas, porque no va a ser usada por los proeuropeos, va a
ser usada, pueden ustedes estar seguros, por los escépticos. Esa
introducción artificiosa de la democracia directa en el sistema europeo
será utilizada para cosas como el referéndum de los minaretes en Suiza, y
aunque la regulación de la iniciativa ciudadana europea prevea mecanismos
para tratar de parar eso, si un grupo de euroescépticos consigue lanzar
políticamente una iniciativa que sea delicada para el propio proceso de
integración europea, si la Comisión, al final, la desautoriza, habrá sido
también una victoria para los escépticos, que podrán decirle a los 500
millones de europeos que Europa no es capaz de plantearse esta pregunta que
nosotros queremos hacer.

Por tanto esta huida hacia delante ultrademocrática de las instituciones
europeas yo creo que está conduciendo a una situación peligrosa, que
deberíamos por lo menos tener en cuenta para reaccionar. Me puedo referir a
las consultas alargadas, a los diálogos estructurados, a la introducción de
esa idea de la gobernanza multinivel como bálsamo de Fierabrás, como
solución total para los problemas europeos, cuando yo creo que lo que al
final sucede es una absoluta complejidad de los procedimientos de decisión
en Europa.

Y, luego, esa idea de que democracia solo es Parlamento. Decía la doctora
que me ha precedido: "No hay democracia sin Parlamento". Estoy de acuerdo,
el problema en Europa es que todo el mundo..., no hay democracia sin mi
Parlamento, como si el Parlamento Europeo no existiera. Oiga, ¿no es
suficiente con un Parlamento en cada estado o nación? ¿Por qué no es
suficiente entonces con un Parlamento en Europa, para que lo consideremos
suficientemente democrático? ¿O podemos pensar que las Cortes Españolas no
son suficientemente democráticas y tienen que rodearse de los parlamentos
autonómicos, y quizás de los 8.000 consistorios municipales, para que su
decisión sea democrática? ¿Por qué no trasladamos, ya que nos gusta tanto
trasladar los esquemas estatales a los esquemas europeos, por qué no nos
preguntamos si eso sería útil o si sería necesario para que las Cortes
Españolas fueran democráticas?
Por tanto, lo decía ahora Gracia, nuestros parlamentos cada vez nos
representan menos. Oiga, ¿y es que el Parlamento Europeo no lo elijo igual
que elijo el Parlamento de mi comunidad autónoma o el Parlamento de mi
nación? Yo puedo entender la cuestión de la cercanía, de la intensidad de
mi voluntad, pero resulta que estoy en un sistema que yo he querido, en el
cual delego un tipo de decisiones en el autonómico, otro tipo de decisiones
en el central y otro tipo de decisiones en el europeo. Pero estoy es una
democracia igual, yo como ciudadano no pierdo ningún ámbito ni hay ninguna
pérdida por mi parte, porque sencillamente estoy participando en todas los
niveles de elecciones parlamentarias.

Luego, hay que tener en cuenta una cuestión histórica: los gobiernos, el
Consejo, han dado "alpiste" a los parlamentos solo para superar las
ratificaciones de los sucesivos en los que nos hemos envuelto en los
últimos quince años. Los gobiernos daban lo suficiente para que el
Parlamento, los parlamentos nacionales, como instituciones, permitiesen
pasar aquella reforma de los tratados, y por eso han ido apareciendo en los
tratados los parlamentos europeos, en algunos casos, y los parlamentos
nacionales, en parte por esa necesidad de que luego venía un proceso de
ratificación que podría encontrar dificultades en esas cámaras.

Bien, por tanto, desde el punto de vista europeo, de arriba abajo, yo
detecto esa necesidad infantil de acumular legitimaciones democráticas,
acumularlas, y convertir los procesos en sencillamente inmanejables. Desde
el punto de vista de los parlamentos autonómicos especialmente aunque quizá
no tanto de las Cortes Generales, ya se ha dicho aquí hoy, el panorama es
de "crisis del Parlamento"... Hombre, no todo va a ser culpa de la Unión
Europea, ¿verdad?, la crisis del parlamentarismo es una cosa bastante
antigua y todos hemos estudiado en nuestros manuales que esto viene de
antes de la perversidad de los mecanismos de la Unión Europea. Yo he
escrito hace poco un texto sobre los macguffin parlamentarios... Macguffin
era una fórmula que utilizaba Hitchcock en las películas, en la cual
distraía al espectador con algún tipo de giro en el guión, que le hacía
pensar al espectador que ahí estaba la clave, ahí estaba el enigma, y luego
resulta que no tenía nada que ver con la resolución del mismo. Distraía al
espectador de donde realmente estaba el asunto, como la mano del mago que
se mueve, pero la mano que está haciendo el truco es la otra, que
aparentemente no se mueve. Pues los macguffin parlamentarios se han
multiplicado, y los parlamentos autonómicos españoles –hablaré de lo que
conozco– en vez de hacer bien lo que tienen que hacer, que es hacer leyes
con una mínima calidad, representar bien a sus electorados, formar
gobiernos –que eso yo creo que lo hacen bien– y controlar, se han dedicado
a todo tipo de macguffin, y un macguffin muy particular de los parlamentos
autonómicos españoles es la acción exterior, la incorporación al mundo
internacional.

Y para que no me riña Nacho, que ha salido, les diré que mi crítica frontal
a la concepción actual de la diplomacia parlamentaria no tiene nada que ver
con la Unión Europea. Cuando yo critico la diplomacia parlamentaria, la
critico porque es una muestra más de la distracción de los parlamentos de
sus funciones esenciales. Y esa idea de que la diplomacia parlamentaria es
más democrática que la diplomacia de los gobiernos o la idea de que
representa una continuidad del Estado, me parecen francamente, en fin, que
no se pueden admitir desde un punto de vista lógico. Es decir, la política
exterior será democrática porque cuenta con el aval de una decisión
parlamentaria en una investidura o en un debate o en una votación, pero no
porque a la chepa del ministro se incorporen cinco diputados para
acompañarle en una visita al Medio Oriente. Esa idea nos llevaría a que
para democratizar la política de incendios forestales, vistiéramos a cinco
diputados con un traje de bombero y los mandásemos al monte. Por tanto, eso
de democratizar la política exterior me parece que no tiene ningún sentido.
La única diplomacia parlamentaria admisible es la que está dirigida por los
gobiernos, autorizada y avalada por los gobiernos, y con el control a
posteriori de los gobiernos. Lo demás son enredos o planes turísticos. No
lo he dicho yo, lo dijo Piedad García Escudero, sobre que no había que
confundir la diplomacia parlamentaria con el turismo parlamentario.

Pero no me preocupa el factor dispendio económico, me preocupa la
intromisión en un ámbito constitucionalmente reservado al Gobierno por
parte de los parlamentos, a veces en contra de los criterios de los propios
gobiernos. Reitero, esto no tiene que ver con la Unión Europea, pero es un
ejemplo más de cómo los parlamentos, en vez de dedicarse a hacer bien las
cosas que tienen que hacer, se dedican a otro tipo de funciones.

Luego hay esta idea, que manejan los parlamentos porque la manejaron los
ejecutivos regionales, del derecho de participación en la Unión Europea. Es
que yo la he manejado durante años cuando he tenido que sentarme con el
Gobierno para defender avances en la participación regional. Dice así:
puesto que yo cedí competencias, atribuidas constitucionalmente o en los
estatutos, cedí competencias, debo participar en aquel sitio donde se
manejen materialmente mis competencias. Pero eso, al final, es una
construcción intelectual que parte de una hipótesis difícilmente
verificable, que es la "hipótesis del regreso" de la competencia. Es decir,
la idea es: si algún día se deshiciera la Unión Europea, volverían a recaer
sobre mí –Parlamento autonómico de Extremadura– las competencias sobre tal
materia. Me parece demasiado artificioso, demasiado irreal, sobre todo,
porque ¿qué podría reclamar Escocia? Porque, claro, cuando un país se ha
regionalizado antes de incorporarse a la Unión Europea, puede hacer esa
tesis de la pérdida de la competencia, pero cuando uno se ha regionalizado,
estando ya en la Unión Europea, esa tesis de la pérdida de la competencia
se deshace, ¿no?

En cualquier caso, creo que aunque se pueda determinar la diferente
intensidad con la que un ciudadano participa en el Parlamento Europeo o en
el Parlamento de su región, al final, son instituciones en las que todos
tenemos participación y, por tanto, nadie puede decir que ha perdido
capacidades como ciudadano. Yo no he perdido nada, tengo otro Parlamento
que decide el tamaño de las jaulas de las gallinas ponedoras, que es el
Parlamento Europeo, y tengo otro Parlamento que decide la política que se
hace en España con El Magreb, y tengo otro Parlamento que decide la
política de caza, que es el mío regional. Yo no pierdo nada, yo no pierdo
ninguna capacidad. No hagamos creer a los ciudadanos que pierden algo
porque parte de sus decisiones deriven de la introducción de la papeleta en
una urna o en otra, porque no pierden nada, hay otro ámbito que les
representa y que toma decisiones en esas materias.

Por tanto, todo esto nos trae al final a una cuestión, la esencial, que es:
¿quién hace qué en Europa? Todo este jaleo acaba en una pregunta esencial y
que ha provocado que en Madrid esta sala esté hoy absolutamente abarrotada
de gente interesada por este grave problema de la subsidiariedad. Es decir,
al final, ¿quién hace qué en Europa? Porque esa es la pregunta esencial a
la que tenemos que responder. Mi idea, –la digo de una manera un poco
brutal, pero les aseguro que detrás de estas afirmaciones un poco
apresuradas hay una cierta elaboración intelectual (a pesar de mi condición
de político)– es que la subsidiariedad es un mecanismo de deconstrucción
europea, de deconstrucción europea. El mecanismo de subsidiariedad
políticamente es un principio de intervención mínima y, por tanto, no
debería entusiasmar a los que somos federalistas o integracionistas.

Y la pregunta es: ¿por qué aparentemente hay un entusiasmo universal con la
subsidiariedad?. La subsidiariedad nace como un producto intelectual que
ponen en el marcado los lander alemanes, y no con una idea precisamente
integracionista, ¿verdad?, sino con una idea de limitar el efecto expansivo
de las competencias implícitas que iban adquiriendo las instituciones por
vía de la práctica o por vía de autorizaciones jurisprudenciales. Por
tanto, la idea de la subsidiariedad no es precisamente una idea proeuropea
o prointegracionista, es todo lo contrario. La cuestión es por qué los
españoles –que siempre hemos sido prointegración y proeuropeos– no sumamos
con esta alegría a la cuestión. Y es por pura falta de reflexión, porque
los parlamentos autonómicos españoles y los gobiernos regionales españoles
eran capaces de acaparar cualquier mínimo nicho de oportunidad que les
diera alguna capacidad de decisión en Europa, y no hay más que leer las
entusiastas palabras del embajador Alberto Navarro –Ignacio, tú estabas
entonces en la Comisión– tratando de decirle a todo el mundo: por favor,
que nadie se entusiasme con la subsidiaridad, por favor, que esto es solo
para competencias compartidas, por favor, que esto tiene unos ciertos
riesgos. Pero los agentes regionales españoles se apuntan a un bombardeo,
como se apuntan a todo, sin ningún tipo de reflexión política sobre cuál
era el origen político del principio de subsidiariedad, quién lo había
puesto en el marcado, o los avisos que dio gente, tan poco sospechosas como
Delors, sobre lo que significaba el principio de subsidiaridad.

¿Cuál era el papel del lobby europeo de parlamentos? Bueno, se pidió
originalmente una segunda Cámara regional, esa locura anduvo por ahí, por
el mercado de las ideas europeas, cuatro o cinco años. Luego se creó el
Comité de las Regiones, y esa reivindicación parece que cesó, y el Comité
de las Regiones fue un Comité sobre todo dominado por los gobiernos, por
los ejecutivos, a pesar de que hubo un presidente del Comité de las
Regiones que era un parlamentario, que era Manfred Dammeyer, que no era ni
presidente ni miembro del Gobierno regional. El Comité de las Regiones, por
su pura lógica, ha tenido siempre una presencia abrumadora de ejecutivos,
tanto locales como regionales, y los parlamentos se quedaron sin una
plataforma institucional. Ahí aparece la CALRE, a mediados de los 90, con
las tesis de Stuttgart, paralelamente a la creación de las regiones
legislativas. Pero REGLEG es una reacción a la incomodidad de las
regionales legislativas por estar en el Comité de las Regiones, no nos
gustaba estar allí y buscamos otro foro; luego, inteligentemente, el
Comité, después de unos años de reticencias, absorbió otra vez a las
regiones legislativas. Pero los parlamentos no estaban en el Comité y
tuvieron que crear su propio lobby, y su propio lobby funcionó bien al
principio, y las peticiones que se hacían en Stuttgart y las peticiones de
las cumbres de Oviedo eran razonables. La cuestión es que no había ninguna
forma de que los parlamentos alcanzaran un nivel de satisfacción de sus
demandas, e iban acumulando demanda tras demanda. Algunas francamente
enloquecidas. Es decir, los parlamentos regionales pedían que en los
Tratados se establecieran las competencias regionales, y lo pedían así, y
lo pedían por escrito, los parlamentos europeos decían que en los tratados
de la Unión Europea tenían que estar las competencias regionales escritas.
Claro, en fin, era una especie de sucesivo canto al sol, en el que se
acumulaban unas demandas absolutamente irreflexivas. Mientras que los
gobiernos iban consiguiendo cosas, tanto en sus sistemas nacionales como en
la capacidad un poquito mayor del Comité de las Regiones, los parlamentos
tenían un grado de frustración enorme, porque no conseguían nada de lo que
estaban pidiendo.

En ese momento llegamos a la Convención, en la que se van a cuajar un poco
todas esas tendencias que he tratado de describir rápidamente. Hasta ese
momento de la convención los parlamentos tenían "alpiste", alguna cosita,
alguna mención, alguna gracia, para que se callaran y ratificaran, pero, a
partir de ese momento, el punto en el que se produce el gravísimo error de
todo este proceso de la subsidiariedad es en la Convención. No lo puedo
explicar muy detenidamente; en la convención hay dos grupos (subsidiariedad
y parlamentos nacionales), el grupo de parlamentos nacionales, como es
lógico, aboga porque los parlamentos nacionales tengan un gran papel, el
grupo de subsidiariedad, sin embargo, se plantea que la subsidiariedad
puede se controlada por 13 o 14 fórmulas diferentes de la que al final
cuajó, la de los parlamentos nacionales. Proponían un "señor
subsidiariedad", la incorporación de parlamentos a los Consejos, a una
especialización de parte del Parlamento Europeo, había 13 o 14 sistemas
propuestos, pero, al final, el que cuaja es: vamos a encargar la
subsidiariedad a los parlamentos. ¿Porque es lo mejor? No, porque había que
darles algo, porque hubo una cierta rebelión de los parlamentos, porque
daban la lata, porque Borrell se enfadó, porque había que darles algo, y
cuando tú hablas personalmente con los protagonistas –y me refiero a José
María Gil Robles, Carmen, ¿te acuerdas de lo que nos lo contó en
Zaragoza?–, es que un día nos levantamos Iñigo Méndez de Vigo y yo y
dijimos: joder, ¿por qué no le damos esto a los parlamentos a ver si se
callan?. No recuerdo si las palabras de José María fueron así, pero la idea
era: bueno, están dando la lata, hay que darles algo a los parlamentos,
démosle subsidiariedad.

¿Qué sale de la Convención?, ¿qué sale del Tratado Constitucional y qué
llega a Lisboa?: Una regulación de la subsidiariedad en el Tratado
Constitucional que es una grosera violación del principio de neutralidad
institucional y es una grosera violación de la propia idea de
subsidiariedad. Lo que decía es que lo que sale en el Tratado de Lisboa de
la subsidiariedad es una grosera violación del principio de neutralidad
institucional. Oiga, ¿usted no ha dicho siempre que a usted lo que le
interesa es la opinión, la decisión del Estado miembro, y cómo se organice
cada uno dentro a usted no le va ni le viene? Pues, bien, ¿por qué tiene el
Tratado que decidir que los órganos dentro del Estado miembro tienen que
ser los parlamentos, e introducir, además, la posibilidad de los
parlamentos regionales? ¿Con qué criterio? Oiga, ¿y si usted defiende la
subsidiariedad, no debía haber sido cada Estado el que diga, dentro de sus
sistema político, qué órgano es el que va a llevar lo de la
subsidiariedad?. Porque lo que hace usted al regular así la subsidiariedad
es ser bastante poco "subsidiario", si usted creyera en esto, usted diría:
hombre, que los más cercanos decidan qué órgano lo hace dentro de su
sistema político. A mí como Unión Europea me da igual quién me lo diga,
usted, Estado español, tiene que decirme: creo que ese proyecto de norma
viola el principio de subsidiariedad. Y a usted Unión Europea qué más le da
si yo lo hago con el Parlamento, con el Gobierno, con una Comisión Mixta o
con un Centro de Estudios Constitucionales, al que pongo a estudiar estas
cosas. Es que a usted tiene que darle igual. Pero como había que dar
reconocimientos políticos a los parlamentos, había que citarlos, y había
que citar a los parlamentos regionales que se colaron de rondón…… Pero, en
esencia, la regulación de la subsidiariedad ni es subsidiaria, viola en sí
misma el principio, y, por supuesto, rompe el principio de neutralidad
institucional, que había sido una prudente práctica de la Unión desde
tiempos inmemoriales.

Por tanto, los parlamentos, al final, han pasado del alpiste a la
avalancha, del alpiste a la avalancha, de una cosita para cada ratificación
a una especie ya de "voy a paralizarlos mediante la avalancha de papeles",
es decir, los voy a hartar de Unión Europea. Y un poco de eso hubo al
principio.

¿Y por qué el gran error es atribuir esto a los parlamentos? No solo porque
sea una violación del principio de neutralidad, no solo porque sea una
violación de la propia idea de subsidiariedad, sino porque los parlamentos
no están vocacionados para el tipo de juicio que es el juicio de
subsidiariedad. El juicio de subsidiariedad no es un juicio de delimitación
competencial.

Para mi asombro, ayer el señor Arias Cañete, presidente de la Comisión
Mixta Congreso-Senado, insistía en que la labor sobre subsidiariedad es de
delimitación competencial. No, no, esa es previa, esa es previa. O la
competencia es compartida o no lo es. Si es compartida entramos a hablar.
Si no, no hay análisis de subsidiariedad. Pero –y lo ha dicho hoy la
senadora también– esto no es una cuestión de delimitación competencial. Si
eso fuera así, sería una pura cuestión jurídica y jurisdiccional. Pero aquí
a los parlamentos se los llama porque..., hombre, un poquito, no diré de
oportunidad, pero sí de juicio político tiene el tema de la subsidiaridad.

La subsidiariedad es un juicio de eficacia, es un juicio de adecuación de
medios y es un juicio de dimensión, responde a quién puede hacer mejor qué.
Pero, quién puede hacer mejor qué porque la competencia en medio ambiente
es europea, es nacional y es regional, y teniendo competencia todos, la
cuestión es decir: ¿quién interesa que lo haga?, ¿quien lo va a hacer más
eficazmente?. Porque basta con que la intervención sea regional o que sea
europea, si el objetivo que se busca requiere una intensidad o una amplitud
de ese tipo, pero no es un juicio de oportunidad. Y, al principio, los
diputados se confundían, como si se les pidiera una opinión política, y no
es eso lo que se les pide. Y, por supuesto, no es un trabajo de
delimitación competencial, que condujo a que muchos informes de
subsidiaridad se limitaban a que los letrados de los parlamentos de las
comunidades autónomas se pasaban el papel unos a otros y aparecían en
Madrid papeles calcados de un parlamento a otro, porque era un informe del
letrado que se había pasado a los otros colegas. Por lo tanto, no es
cuestión de competencia, no es un juicio tampoco de oportunidad política.

¿Qué estamos haciendo? –y termino brevemente–: pues, miren, a pesar de que
mi entusiasmo es perfectamente descriptible, perfectamente entendible,
hemos trabajado los parlamentos autonómicos. Al final hemos sacado adelante
unas instrucciones, una guía, que salió en Zaragoza (estuvo Ana Carmona,
estuvo Carmen, estuvieron algunos compañeros trabajando en ese asunto), y
hemos hecho un formulario para que los diputados sepan a qué tienen que
contestar ante un informe de subsidiariedad –yo creo que ese es un buen
trabajo que hemos hecho–. Este asunto de la subsidiariedad va a servir para
revitalizar las comisiones de asuntos europeos de los parlamentos, que
estaban moribundas y que no tenían muy claro qué hacer. En mi opinión, el
hecho de que se atribuya a las comisiones de asuntos europeos no debería
impedir que las ponencias se formen por especialistas de otras comisiones
–esa idea la dejo ahí–. En segundo lugar, esto no es tan nuevo, es decir, a
mí me asombra que digamos que hay cuatro semanas y que es poco para papeles
complicados. No hay cuatro semanas, hay año y medio, porque la misma
comunidad autónoma que al final tiene que ver una propuesta legislativa, la
ha visto en forma de libro blanco, de libro verde y en comitología mediante
su Gobierno regional en el CDR y en resto del proceso en el que participa.
Es decir, cuando un papel llega a la Asamblea de Extremadura hay un año y
medio en el que el Gobierno de Extremadura conoce cómo va ese papel, y, por
tanto, decir que solo hay cuatro semanas me parece que es no entender que
en ese proceso participamos desde mucho antes.

Al final, los reglamentos parlamentarios han regulado como han regulado...

Efectos secundarios. Efectos secundarios sí: va a servir para una mayor
sensibilización, va a servir para que las comisiones de asuntos europeos
funcionen mejor. Pero, oiga, para eso no ponemos en danza 27 más 78
parlamentos. Para que los diputados españoles tengan más sensibilidad sobre
la Unión Europea hacemos un curso aquí en el Centro, o les obligamos a ir a
las instituciones europeas, pero no ponemos en marcha un mecanismo,
mediante tratados, que pone en danza nada menos que a 78 cámaras más 27
cámaras nacionales, algunas de ellas con doble instancia. Yo creo que, al
final, esto es un poco la montaña que parió un ratón, la montaña que parió
un ratón, porque de ciento y pico casos que han pasado ya por los
parlamentos, en ni un caso hasta ahora –Ignacio me decía ahora, a mediodía,
que habrá alguno próximamente–, en ningún caso hasta ahora, en cero de
cien, ha aparecido ninguna violación del principio de subsidiariedad. ¡A
ver si hemos puesto en marcha este complejísimo mecanismo para, al final,
deducir que la Comisión Europea hace las cosas bien, que no hace falta
estar tan encima y que con alguna oficina de control de la subsidiariedad
en Bruselas hubiera sido suficiente!.

Por tanto, yo creo, efectivamente, que la subsidiariedad es un macguffin,
un macguffin más, con el que se han adornado los parlamentos, y que
seguramente conducirá a la absoluta irrelevancia del mecanismo. (aplausos)