Conclusiones: ¿El político distante

Conclusiones: ¿El político distante? Xavier Coller (Universidad Pablo de Olavide) Antonio M. Jaime (Universidad de Málaga) Fabiola Mota (Universidad Autónoma de Madrid)

Este texto son las conclusiones NO CORREGIDAS del estudio siguiente: Coller, Xavier, Antonio Jaime y Fabiola Mota (eds) (2016), El poder político en España: parlamentarios y ciudadanía, Madrid: CIS. ISBN:978-84-7476-710-0

Conclusiones: ¿El político distante? Xavier Coller (Universidad Pablo de Olavide) Antonio M. Jaime (Universidad de Málaga) Fabiola Mota (Universidad Autónoma de Madrid)1

Las elites parlamentarias no suelen parecerse a las sociedades que las eligen, aunque históricamente se observan tendencias que muestran una progresiva diversidad en su composición interna que es resultado de la incorporación de nuevos efectivos a las instituciones de representación y a la dirección de los partidos en las democracias modernas (Best y Cotta 2000, Zweigenhaft y Domhoff 2006). Se puede hablar de una apertura de las instituciones de representación como consecuencia directa de la extensión de derechos políticos, transformaciones de la sociedad, y políticas de discriminación positiva. Aun así, resulta sumamente difícil encontrar una elite parlamentaria que sea una imagen especular de la sociedad que la elige. Lo habitual, con modulaciones temporales y geográficas, es encontrarnos con formas de conformación de élites políticas que sigan el modelo de la aglutinación: “las elites políticas provienen desproporcionadamente de grupos de la parte alta de la jerarquía social” (Putnam 1976:38). La aglutinación genera una elite parlamentaria con credenciales educativas, profesiones, estatus socioeconómico generalmente asociados a los grupos económicamente privilegiados. En la jerarquía de poder, los parlamentarios ocupan una posición alta en la medida en que se ubican en instituciones legislativas, con capacidad para afectar la vida de la ciudadanía. Se aplica a ellos también la ley de desproporción creciente (Putnam 1976:33), según la cual, cuando ascendemos en la escala de autoridad, encontramos representados con más frecuencia a grupos de estatus social

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Orden alfabético. Los tres autores son igualmente responsables de este capítulo.

alto. ¿En qué medida esta distancia social con la ciudadanía tiene un reflejo también en sus opiniones y actitudes?

Brechas con la ciudadanía La elite parlamentaria española de comienzos de siglo XXI no es una excepción a las pautas expuestas en los párrafos anteriores. Está compuesta fundamentalmente por varones nacidos en la comunidad autónoma a la que representan, de edad media superior a los 50 años, con título universitario y de profesión habitual relacionada con las leyes (básicamente, abogados/as) y la docencia. Sin embargo, parece que los parlamentos autonómicos están más abiertos que las Cortes a la incorporación de más mujeres, más políticos jóvenes y más oriundos de la comunidad autónoma. Es probable que la mayor parte de las cámaras autonómicas sean un punto de entrada o continuidad de la carrera política, más que una estación de término. Hay más razones para que esto sea así en las cámaras donde dominan los partidos de ámbito estatal, puesto que son los que pueden ofrecer trayectorias políticas de mayor recorrido. La mayor parte de parlamentarios viven en una relación estable (con o sin matrimonio) y tienen descendencia, aunque esto es menos frecuente en las instituciones centrales de representación que en las cámaras autonómicas. Aunque de cultura católica mayoritaria (sólo un tercio se consideran practicantes), una gran minoría (40%) se declaran indiferentes, agnósticos o ateos. Se dividen casi a partes iguales entre los que han estudiado en centros públicos o privados, sólo un cuarto ha tenido la experiencia de estudiar en algún momento en el extranjero, aunque tres cuartas partes declaran hablar algún idioma extranjero, especialmente inglés y/o francés. Los representantes españoles suelen tener una extracción social de la “clase de servicios” en terminología de Goldthorpe y Eriksson (1993), formada por

administradores, directivos, grandes empleadores y profesionales (el 89% del total de parlamentarios pertenecen a esta clase social con apenas variaciones por cámara). Se trata del grupo profesional que ocupa la escala más alta de la estratificación social. La ausencia de personas de la “clase intermedia” (ocupaciones rutinarias no manuales, pequeños propietarios y supervisores de trabajadores manuales) y, especialmente, de la “clase obrera” (ocupaciones manuales con o sin cualificación) es el resultado de una tendencia también observada en el conjunto de las cámaras autonómicas y de otros parlamentos europeos (Best y Cotta 2000, Coller 2008). Se trata de un efecto combinado de dos factores sobre los que Weber (1946a: 95, 97) llama la atención. Por un lado, la afinidad electiva entre el oficio de político y los del profesional de las leyes y de la docencia, que termina por atraer a más personas con estos perfiles a la arena política. Por otro lado, y especialmente, la dispensabilidad económica que tienen ciertas profesiones y que juega en contra de los trabajadores/as por cuenta ajena y, a favor de aquellos/as que han visto funcionarizada su profesión (caso de los docentes, por ejemplo). El resultado es una elite parlamentaria de “clase alta” en términos comunes, aunque también es común la movilidad ascendente; así pues, casi la mitad tienen orígenes sociales más humildes de los que han alcanzado profesionalmente antes de dedicarse a la política. La otra mitad se ubica en la clase de servicios como efecto de la reproducción de clase de sus progenitores. Probablemente, y a diferencia de la ciudadanía, esta composición interna de clase poco heterogénea explica que la clase social tenga poca relación con la ubicación ideológica del parlamentario/a. Al margen de la movilidad, y aun confirmando la ley de desproporción creciente, el perfil social del conjunto de los parlamentarios refleja mejor la estructura de la sociedad española que si se toman los parlamentarios agrupados por partidos y se compara con sus electores. Ahí se observan diferencias notables que invitan a poner en

cuestión las perspectivas microcósmicas de la representación (Norris y Lovenduski 1995:94). Por ejemplo, la brecha entre electores y representantes es notable respecto del género (especialmente en partidos como IU y ERC) y edad (especialmente en ERC y CiU), pero también en la educación donde parece que los partidos de izquierda se aproximan más a la sociedad que los conservadores, que suelen tener credenciales universitarias con mayor frecuencia. La religión muestra también una cierta brecha entre electores y representantes pero de una manera curiosa: los electores de partidos de izquierda suelen ser más religiosos que los representantes a los que han votado, mientras que en el campo conservador el fenómeno se invierte: los representantes suelen ser más religiosos que sus electores. Esta brecha puede ser más relevante cuando se tiene en cuenta que la religión aparece como el mejor predictor de la ideología entre los parlamentarios, por encima de las creencias en la igualdad o la libertad y de otro tipo, al igual que ocurre con la ciudadanía (Montero 1994a, Montero, Calvo y Martínez 2008). Hay tres aspectos relevantes de esta brecha sobre los que conviene llamar la atención: ideología, identidad colectiva y concepción de la representación política. En términos generales, los representantes políticos se ubican un poco más escorados a la izquierda ideológica que los electores, con la excepción del País Vasco. Y ello ocurre así en todos los partidos políticos. En el Partido Popular la brecha ideológica es la más amplia de todas (siete décimas). Se da la circunstancia de que en este partido, aproximadamente un 10% de electores no encuentra reflejo ideológico entre sus representantes al ubicarse en los extremos más conservadores de la escala ideológica. El fenómeno se observa también en el PSOE, donde un poco más de un cuarto de sus electores más moderados no encuentra equivalente de representación entre los parlamentarios/as, y en Izquierda Unida, donde poco más de un décimo de los electores moderados no encajan con la ubicación ideológica de sus representantes. En los partidos

nacionalistas el ajuste ideológico parece estar más desarrollado. Esto sugiere que, al menos para los partidos grandes, sus electores más conservadores en sus respectivos segmentos ideológicos encuentran poco reflejo ideológico entre los representantes elegidos. Hay evidencias que conducen a pensar que, al menos en el caso de los políticos, existe una cierta reproducción ideológica. La socialización primaria, el ambiente político de la familia, aparece como el factor más relevante para explicar la ubicación ideológica del parlamentario/a. La participación de familiares en política también tiene su relación, aunque hay matices relevantes: tener familiares que sirvieron en la Segunda República genera parlamentarios ligeramente más izquierdistas, pero tener familiares vinculados al régimen de Franco no parece tener un efecto claro sobre la ideología del político. Este hallazgo matiza dos estudios similares sobre parlamentarios en el que aparecía una relación clara entre familiares vinculados al franquismo y pertenencia a un partido político (López Nieto, 2004; Coller, 2004). La identidad colectiva es otro de los ámbitos en los que se observa una cierta brecha respecto del electorado. Poco más de la mitad de los electores se ubica en la categoría de identidad dual cuando se les pregunta por sus referentes identitarios (se sienten tan españoles como de su comunidad autónoma), y dos tercios de sus representantes eligen también esta opción. Ahora bien, a la hora de estudiar el polo español del referente colectivo, se observa que la brecha es importante en la medida en que los representantes tienden a evitar este referente en comparación con la ciudadanía. Y esto es así en mayor medida y con mayor frecuencia en Galicia, País Vasco y Cataluña, especialmente en esta última. No obstante, la identidad española es más frecuente en los dos grandes partidos nacionales (PP y PSOE) que en el resto. Se observa también que esa brecha es relevante en algunos partidos políticos que desempeñan un papel vital para el futuro del estado de las autonomías. A diferencia de

lo que ocurre en partidos equivalentes de otras comunidades, en el caso del PSC se observa una distancia notable entre los diputados autonómicos (escorados hacia el polo identitario catalán) y sus electores (orientados hacia la identidad dual y con un contingente considerable inclinado al polo español). La tercera brecha relevante es la que hace referencia a algunos aspectos de la función de representación política. Los parlamentarios/as entienden que representan al conjunto de la sociedad (ya sea en el nivel nacional o el autonómico). La ciudadanía también entiende que esta dimensión existe, pero apunta con la misma fuerza (un tercio de personas) que los diputados representan en realidad a sus partidos, algo que los propios parlamentarios casi ni consideran (6%). En un sentido similar, mientras que para los electores lo importante es que el parlamentario priorice los intereses de su circunscripción o autonomía en caso de conflicto con la posición del partido, para el diputado/a lo más frecuente es la opción de contemporizar y tratar de modular la posición de su partido. No obstante, esta visión debe quedar matizada por el hecho de que el 94% de los parlamentarios indican que un diputado/a debe votar con el resto del grupo (11%) o votar con el resto del grupo aun manifestando su opinión discrepante (83%). Por otra parte, mientras los parlamentarios se dividen en dos mitades respecto de cómo debe ser su función representativa (receptividad versus responsabilidad), para la gran mayoría de la ciudadanía (80%) el político debe tener en cuenta a sus electores, apostando por la dimensión de receptividad de la representación. La brecha entre ciudadanía y elites parlamentarias es habitual y esperable, aunque la variabilidad de su magnitud en función de los temas y de los partidos hace que el juego de relaciones entre políticos y ciudadanía sea más o menos complejo. Las diferencias son el resultado de electorados de partidos socialmente diversos como corresponde a modelos catch-all (Kirchheimer 1966), esto es, partidos que obtienen

votos en grupos sociales diversos a los que es difícil representar en la dimensión descriptiva de la que hablaba Pitkin (1967). El problema se puede generar en la acción política cuando la brecha es de tal magnitud que el divorcio entre ciudadanía y políticos sea irreparable o muy complicado restablecer puentes. Las encuestas del CIS parecen apuntar a este escenario cuando desde hace varios años los políticos, los partidos, el gobierno y la política reciben en conjunto el número de menciones suficientes como para ubicarse como uno de los problemas más relevantes percibidos por los españoles.2 Este escenario es caldo de cultivo para la desafección hacia las instituciones, aunque parece que la visión negativa de los políticos no parece haber contagiado todavía a la percepción de la democracia como forma de gobierno.

La desafección política Existe en estos momentos en España una percepción generalizada de desafección hacia la política que puede contagiar a las instituciones que conforman el sistema político. A pesar de no tratarse de un fenómeno enteramente nuevo, todos los indicadores apuntan a que esta desafección ha alcanzado cotas antes desconocidas. Como ha podido comprobarse en las páginas de este estudio, los representantes políticos no son ajenos a este problema, a pesar de que la imagen que tienen del funcionamiento de la política en sus respectivas comunidades autónomas es moderadamente positiva. También parece claro que los parlamentarios están de acuerdo, en términos generales y sin distinciones entre partidos o cámaras de representación, en que los casos de corrupción que afectan a la vida política son el motivo fundamental por el que la ciudadanía tiene una imagen

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En el barómetro de mayo de 2015 del CIS, “los/as políticos/as en general, los partidos y la política” recibían el 18,8% de menciones y “el Gobierno y partidos o políticos/as concretos” el 2.4% de las menciones. Con un 21,2%, los políticos y los partidos se ubican como el cuarto problema de España precedido por el paro (79,4% de menciones), la corrupción y el fraude (con un 50,8% de menciones) y los problemas de índole económica (25,1% de menciones).

desprestigiada de la política en general y de los partidos en particular. Pero también apuntan a otras causas posibles, situando a poca distancia, en orden de importancia, a la crispación continua de la vida política y la crítica constante de los medios de comunicación, mientras que la falta de preparación en los puestos de representación política es el factor al que atribuyen menos importancia. A tenor de los datos, puede decirse que la percepción de los representantes es, en cierta forma, académica o, al menos, se corresponde con los factores explicativos que la literatura ha identificado como causas de la desafección política en perspectiva comparada: la corrupción (Anderson y Tverdova 2003) y los mensajes críticos o altamente polarizados que se reciben a través de los medios de comunicación (Newton 2006). Estas percepciones también están en línea con la percepción que tienen los ciudadanos de este problema, ya que alrededor de ocho de cada diez españoles, sin apenas diferencias en función de su adscripción ideológica o partidista, señalan que la corrupción es el principal motivo por el que la ciudadanía no confía en la política. No obstante, la ciudadanía no es proclive apenas a identificar la crítica de los medios de comunicación como un factor relevante que produzca desconfianza en la política. Ese acuerdo sobre las causas de la desafección se rompe al evaluar las dimensiones del problema de la corrupción. Mientras algo más de la mitad de la ciudadanía señala que los problemas de corrupción son más importantes en España que en el resto de Europa y menos de un 10% piensa que hay menos casos de corrupción, los representantes de PP y PSOE opinan de forma ampliamente mayoritaria (casi en un 80% en ambos casos) que el problema de la corrupción es igual de importante en España que en Europa. En esto también difieren de los representantes de IU y otros partidos, cuyos parlamentarios también señalan en proporciones cercanas al 50% que la corrupción es más importante en España que en el resto de Europa. Esta diferencia entre

partidos mayoritarios y minoritarios también se traslada al ámbito de la evaluación de la legislación sobre la financiación de los partidos. Si bien los parlamentarios de PP y PSOE aparecen divididos en dos mitades, una que afirma que la Ley Orgánica de Financiación de los Partidos Políticos de 2007 garantiza la transparencia en la financiación de los partidos y otra que opina lo contrario, en el caso de los representantes de IU y otros partidos, son ocho de cada diez los que afirman que la citada ley no garantiza la transparencia necesaria. Conviene recalcar igualmente que las diferencias en la percepción de las causas de la desconfianza no se dan solo entre partidos, sino también en su interior y más concretamente en función la posición que cada parlamentario ocupa dentro de su respectivo grupo parlamentario. En los análisis presentados en el capítulo nueve, las causas del desprestigio de la política y de la desconfianza en los partidos se han agrupado en factores internos (que dependen de la propia capacidad de actuación de los partidos) y externos (que vienen definidos por el contexto institucional y sobre los cuales los partidos no pueden actuar directamente). Entre los primeros se incluyen causas como la corrupción, la falta de democracia interna de los partidos o la falta de contacto con los problemas de la gente y entre los segundos, se incluyen factores como la crítica de los medios de comunicación o la tendencia de la política española hacia el bipartidismo. Atendiendo a esta clasificación, los parlamentarios tienden a repartir culpas en proporciones parecidas entre factores internos y externos, si bien tienden a considerar que los factores internos son más importantes para explicar la desconfianza en los partidos, mientras que los factores externos o del contexto institucional son más importantes para explicar la desconfianza en la política en general. A partir del análisis multivariante también se constata que quienes tienen más capacidad de influencia en sus respectivos grupos parlamentarios (medida a través del

liderazgo) dan menos importancia a los factores internos en la explicación de la desconfianza en la política en general y en los partidos. Otro resultado en esta misma línea apunta que los parlamentarios más veteranos (los que llevan un mayor número de legislaturas en el parlamento) así como los que tienen una experiencia profesional previa a la política menos dilatada atribuyen menos importancia a los factores internos en la explicación de la desconfianza en la política y en los partidos. En sentido contrario, los parlamentarios menos veteranos y los que tienen más experiencia profesional atribuyen mayor importancia a los factores internos en la explicación de la desconfianza en los partidos políticos. De estos resultados se desprende que la capacidad de auto-crítica de los parlamentarios es más reducida en los núcleos dirigentes más profesionalizados de los partidos. También revelan una cierta dificultad de los centros de poder de los partidos para tomar conciencia de los factores que causan la desafección política y, en consecuencia, implementar las medidas que permitan actuar sobre ellos.

El camino hacia la política parlamentaria La acción política actual se enmarca en un contexto de crisis todavía no sistémica que pivota sobre una creciente desafección ciudadana y una percepción continuada de la política y los políticos como problema. En estas circunstancias emerge un interrogante con fuerza: ¿por qué algunas personas se dedican a la política? ¿De dónde vienen las vocaciones políticas como el inicio de una carrera que conduce al parlamento tras una selección previa por parte de actores diversos en entornos también diversos? Los datos de este estudio apuntan a que la motivación para interesarse y luego dedicarse a la política deriva de una socialización en la que el diputado/a estaba expuesto al debate político en la familia. En comparación con la ciudadanía, el representante político

proviene de entornos familiares más politizados. Una segunda fuente de motivación es el ejemplo directo o la proximidad a la experiencia política ya que casi la mitad de los parlamentarios (47%) tienen familiares próximos que se han dedicado a la política. Así pues, la discusión familiar sobre y la proximidad a la política parecen ser dos factores relevantes que conducen a las personas a la dedicación a la política; y esto parece ser así con más frecuencia entre políticos de izquierda que de derecha o centro derecha y con más intensidad entre las mujeres que entre los hombres. Aunque la vocación de servicio público es la motivación más frecuente entre los políticos españoles, lo cierto es que existen modulaciones importantes. Parece que entre los políticos de izquierda, la participación en movimientos sociales (especialmente en la etapa universitaria) se combina con la exposición ideológica y la discusión de asuntos públicos en el seno de la familia. Entre los políticos conservadores, la socialización y el ejemplo familiar se combinan con la movilización de vocaciones también en el entorno profesional. Pero esta vocación o motivación no son suficientes para explicar por qué unas personas llegan a ocupar puestos de representación y otras no. Necesitamos introducir en la ecuación los incentivos institucionales o, lo que es lo mismo, las fórmulas de reclutamiento y selección del personal político-parlamentario. Una vez se han desarrollado motivaciones y vocaciones suficientes para que una persona se incline hacia la función política, conviene responder al interrogante planteado por Matthews (1985:32): “¿cómo se convierten las personas en parlamentarias?” El primer paso es la aproximación o militancia en un partido político. Dado que hay pocos independientes en la política, este primer paso se revela casi como una conditio sine qua non. Adicionalmente, existen condicionantes estructurales que facilitan o impiden que unas personas lleguen a los parlamentos como las leyes, el sistema electoral y el de partidos, o incluso la estructura territorial del Estado. Pero cuando estas condiciones están

controladas, emergen las normas y procedimientos de los partidos como el elemento fundamental para entender cómo algunas personas son seleccionadas y terminan en una lista electoral. Sin embargo, esto es sólo una parte del fenómeno porque además de las instituciones (normas, reglamentos, procedimientos) existe el funcionamiento real de las organizaciones donde las decisiones suelen ser el resultado de juegos de poder, influencias múltiples y oros factores menos visibles que hacen que los partidos cumplan con la ley de hierro de la oligarquía formulada por Michels (1911). La mayor parte de personas acceden a las listas electorales porque o bien un líder o un órgano del partido les hace el ofrecimiento, pero especialmente los líderes regionales, locales o nacionales, por este orden. Aunque hay algunas diferencias por partidos, la percepción de los parlamentarios es que su selección está centralizada y, en buena medida, depende de sus conocimientos sobre la circunscripción, su preparación y, en tercer lugar, sobre la fidelidad al partido o al liderazgo del mismo, sea en el nivel territorial que corresponda. Un tipo de selección centralizada y exclusiva, basada en buena medida en el mérito (preparación, conocimientos) y la fidelidad, tiene todos los ingredientes para generar grupos parlamentarios en los que las decisiones se toman menos por deliberación que recurriendo a la jerarquía (Cordero y Coller 2015). O, al menos, en la medida en que primen unos u otros criterios para seleccionar podemos encontrarnos con ciertas tensiones en la gestión de los grupos parlamentarios: la fidelidad suele producir parlamentarios/as más disciplinados y dispuestos a seguir órdenes, mientras que la preparación y el mérito puede generar parlamentarios más dispuestos a la deliberación y discusión. Los primeros/as son más frecuentes en los partidos estatales y el PNV, también entre los que tienen credenciales educativas más bajas. Los segundos/as son habituales entre quienes presentan niveles educativos más elevados.

La presencia en las cámaras de representación puede ser un paso más de una carrera política o el comienzo de una trayectoria profesional dedicada a los asuntos públicos. Los datos de otros estudios muestran que aumenta el número de políticos profesionales (Coller et al. 2014), algo que se corrobora en este trabajo. Las trayectorias profesionalizantes del político adquieren un carácter multinivel en el que el inicio parece ser el ámbito local y la dirección variada, pero marcada por la percepción de que existe una jerarquía de instituciones de representación en la que el Congreso de los diputados parece figurar en la cúspide. En las comunidades con sistemas de partidos diferenciados (generalmente aquellas en las que su cámara de representación suele ser estación término de las carreras políticas, como el País Vasco o Cataluña), esta jerarquía no opera de la misma manera. La forma en la que se desarrollan las carreras parlamentarias de los representantes políticos indica que el ámbito fundamental de iniciación a la política es el local. Los datos analizados en el capítulo 5 apuntan a una relación jerárquica en la estructuración de las carreras políticas en España, de forma que un parlamentario típico empieza ejerciendo cargos de representación en el ámbito local para pasar a un parlamento autonómico y finalmente a las Cortes generales. De una parte, la mayoría de parlamentarios, tanto autonómicos como nacionales, empiezan por desempeñar cargos de concejal o alcalde. No obstante, la relación entre el nivel autonómico y el nacional no es tan clara. Es cierto que una proporción importante de los diputados y senadores (en torno a uno de cada cuatro) han desempeñado cargos de representación en alguna cámara autonómica y solamente uno de cada diez ha hecho la transición en sentido inverso (del Congreso o Senado a un parlamento autonómico). Pero aquí se observan diferencias en función de la comunidad autónoma. En aquellas autonomías en las que el sistema de partidos está más diferenciado del nacional (por la presencia importante de

partidos nacionalistas) se da también una menor integración de las carreras políticas. Y lo que es más llamativo, esta menor integración de las carreras no es exclusiva de los partidos nacionalistas en esos territorios, si no que afecta también a los partidos de ámbito nacional en estas regiones. Otro factor que apunta a la ruptura de las transiciones desde el ámbito autonómico al nacional son las diferencias en las carreras políticas por grupos de edad. Los/as diputados y senadores más jóvenes han pasado anteriormente por parlamentos autonómicos en una proporción sensiblemente menor que sus compañeros de más edad. Más acusadas aún son las diferencias en sentido inverso. Es decir, los parlamentarios autonómicos jóvenes tienen una probabilidad mucho menor que los más mayores de haber sido diputados o senadores. Y estas diferencias parecen reproducirse en todos los partidos con una intensidad similar. Así pues, el sistema parlamentario español parece evolucionar hacia una situación dual en la que la arena local parece ser el comienzo de las carreras políticas que luego se bifurcan hacia el ámbito autonómico o el nacional con una integración relativamente débil entre ambas. Ello vendría explicado por dos tendencias de la vida política en las últimas décadas. Por una parte, la regionalización creciente de la política española. Y de otra parte, el hecho de que los parlamentos autonómicos han adquirido un mayor ámbito de competencias legislativas haciendo más necesaria la especialización de los parlamentarios en un nivel de representación. En paralelo, se ha producido también un proceso de profesionalización creciente de los representantes políticos. A pesar de que una inmensa mayoría (en torno al 90% de los parlamentarios) ha desempeñado alguna profesión antes de dedicarse a la política, resulta significativo que uno de cada cinco lo haya hecho por un periodo inferior a cinco años y que un tercio entre estos últimos haya pasado directamente de la vida estudiantil a la política. Este último fenómeno se concentra entre los parlamentarios más jóvenes.

En línea con esta tendencia a la profesionalización, la mayoría de los parlamentarios también manifiestan que preferirían seguir ocupando el cargo de representación que ocupan a cualquier otro.

La acción en los parlamentos Una vez una persona llega al parlamento hay dos aspectos que conviene analizar. Por un lado, cómo entiende que es su papel como representante de la ciudadanía. Por otro lado, cómo lleva a cabo sus actividades de representación dentro de un grupo parlamentario generalmente (aunque no siempre es así). Respecto del primer asunto, los/as parlamentarios se dividen a partes iguales entre los que priman una dimensión receptiva de la representación con otra que prima el criterio del representante, aunque con el matiz de que tiene la obligación de aproximarse a los electores y tratar de convencerlos de sus argumentos. Se trata de modular la opinión pública. Esta visión, curiosamente, es más frecuente entre los parlamentarios de partidos de izquierda, mientras que entre los diputados de partidos de centro-derecha o derecha la posición más frecuente es la que les aproxima a la de “correa de transmisión” de los deseos de los electores. Pertenecer a una cámara autonómica o tener un escaño en las comunidades de vía rápida (las que obtienen la autonomía por el artículo 151 de la Constitución) parecen asociadas también esta postura. En función de la percepción que tiene el diputado/a de la representación política como la defensa del bien común o como el avance de los intereses de grupos concretos, la fuente de juicio del representante, y la receptividad ante las posibles sanciones del electorado, se derivan unas categorías del modelo de Rehfeld (2009) en las que parecen encajar parlamentarios/as de partidos diversos. Los parlamentarios del PSOE suelen encajar en el grupo de “burkeanos” dado que suelen adoptar una postura de defensa del bien común (no de intereses de grupos particulares) según sus propios criterios (no los

del electorado) y con poca receptividad frente las posibles sanciones de los electores, lo que les aleja de posturas populistas aun sin estar libres de ceder a esa tentación. Los parlamentarios del PP/UPN y los del PNV suelen encajar en la categoría de “burócratas”, no en el sentido de político funcionarial, sino de aquel político que persigue el bien común pero con mayor dependencia de las percepciones del electorado sobre lo que es mejor para la sociedad, y distante de las posibles sanciones del electorado. Los diputados de IU y de “otros partidos nacionalistas” comparten características del político “voluntario”, esto es, de aquella persona que intenta avanzar los intereses de un grupo concreto de la sociedad o de sus electores (los más desfavorecidos, por ejemplo, o los que hablan una lengua particular). Aunque usan su propio criterio para seleccionar qué intereses deben promocionar, dependen de las sanciones electorales de los grupos que dicen representar o promover. Los parlamentarios de ERC y CiU son “madisonianos” en el sentido de que, al igual que burkeanos y burócratas, buscan el bien común, no particular de un grupo al que dicen representar, pero lo hacen siguiendo su propio criterio aun siendo muy dependientes de las posibles sanciones por parte del electorado. Estas maneras diferentes de entender la función de la representación política no se trasladan necesariamente a la acción individual de los diputados en las cámaras ya que allí están sometidos al funcionamiento en grupos parlamentarios. Y ese funcionamiento está marcado, visto desde fuera, por una elevada cohesión interna y disciplina. De forma congruente con la literatura que establece una relación positiva entre sistemas electorales proporcionales y cohesión de los grupos parlamentarios (Fenno 1978; Sánchez de Dios 1996), los datos analizados en este trabajo muestran que los grupos parlamentarios en España se caracterizan por una elevada disciplina parlamentaria. Se trata de un rasgo que se reproduce en todos los parlamentos y partidos sin excepción.

Así pues, una gran mayoría de los representantes (más del 90%) piensa que un parlamentario/a que decide abandonar su grupo parlamentario debería renunciar a su escaño. Y ésta también es una percepción ampliamente compartida por la ciudadanía sin grandes diferencias en función de la adscripción ideológica o partidista. De la misma forma, aproximadamente ocho de cada diez representantes son partidarios de que en caso de que un parlamentario discrepe con su partido, haga constar su opinión pero acate la disciplina y acabe votando con su partido. En lo que no coinciden electores y representantes es la forma de solucionar los conflictos entre los intereses del partido y la circunscripción a la que representan los parlamentarios. En caso de que tal conflicto se produjera, los electores son partidarios mayoritariamente de que el parlamentario en cuestión prime los intereses de su provincia o comunidad autónoma, mientras que la mayoría de los representantes (en torno al 80% en todos los partidos, con la excepción de los partidos minoritarios) manifiestan que el parlamentario debería tratar de influir para cambiar la posición de su partido. Parece intuirse, por tanto, que no solo existe una elevada disciplina parlamentaria en los grupos, si no que los propios parlamentarios se muestran partidarios de que los grupos funcionen de forma cohesionada. Esta elevada disciplina parlamentaria no se traduce necesariamente, no obstante, en un funcionamiento vertical de los grupos parlamentarios. Son mayoría en todos los partidos los que afirman que las decisiones se toman tras una discusión general frente a los que opinan que las decisiones las toman unos pocos. Sin embargo, en este punto sí se perciben diferencias notables entre partidos y cámaras de representación. Estas diferencias sugieren que el funcionamiento es más horizontal (o participativo) cuanto más pequeño es el tamaño del grupo parlamentario, siendo los diputados y senadores lo que señalan en un porcentaje más bajo que las decisiones se toman tras una discusión general. De la misma forma, la gran mayoría de los representantes de todos los partidos

consideran que un parlamentario de base tiene una autonomía considerable, sin perjuicio de que deba seguir unas directrices generales o consultar con los dirigentes del grupo antes de tomar decisiones. En este punto concreto también se perciben las mismas diferencias en función del tamaño del grupo parlamentario, lo cual indica que conforme aumenta el tamaño de los grupos su gestión se burocratiza dando lugar al establecimiento de jerarquías más visibles y a una mayor división del trabajo. La otra cuestión relevante es sobre el proceso por el que se forman los liderazgos dentro de los grupos parlamentarios y ante esta pregunta caben tres posibilidades teóricas. La primera es que el acceso a las posiciones de liderazgo venga condicionada por la posición de poder dentro del partido. La segunda es que el liderazgo sea una cuestión de veteranía, de forma que los parlamentarios que llevan más legislaturas en el parlamento sean los que ocupen las posiciones de liderazgo. Y finalmente cabe la posibilidad de que el liderazgo esté basado en credenciales profesionales ajenas a la política, lo cual apuntaría a liderazgos de carácter técnico o tecnocrático dentro de los grupos parlamentarios. Los datos analizados en el capítulo siete indican que prima claramente la segunda de estas lógicas. Es decir, conforme los parlamentarios desempeñan el cargo de representación durante más tiempo, su liderazgo dentro del grupo se va incrementando linealmente. Sin embargo, el hecho de tener un cargo en el partido no tiene un efecto sobre la posición de liderazgo que se ocupa en el grupo, lo cual es consistente con el hecho de que la mayoría de los parlamentarios ocupan cargos de diferente nivel en los partidos a los que representan. Adicionalmente, el efecto de la competencia puramente técnica (medido por la experiencia profesional previa a la política) tiene un efecto negativo sobre el acceso a puestos de liderazgo dentro de los grupos parlamentarios. En su lugar, son los perfiles que han desarrollado su carrera profesional dentro de los partidos los que tienen más posibilidades de acceder a esas

posiciones. Un último aspecto que merece la pena destacar respecto de la selección de los líderes parlamentarios es que las parlamentarias tienen menor acceso a tales puestos de liderazgo que sus correligionarios varones.

Democracia multinivel y estado plurinacional La función de representación política que se aborda en este trabajo se inserta en múltiples niveles: el autonómico, el nacional y el de la Unión Europea (UE). Por una parte, la condición de parlamentario en un estado descentralizado y plurinacional, integrado a su vez en la estructura política supranacional de la UE, ha llevado a explorar las opiniones y preferencias de los representantes políticos respecto al modelo territorial del Estado, la cuestión nacional en España, o su visión de y participación en la política de la UE. Por otra parte, qué representa en las actitudes y comportamiento de los parlamentarios el que realicen su labor en el legislativo nacional o en los legislativos autonómicos; o que, entre estos últimos, se ubiquen en comunidades históricas o nacionalidades o bien en autonomías de rango constitucional común; o que pertenezcan a partidos de ámbito nacional o bien a partidos nacionalistas o regionalistas. Estas preguntas han estado presentes de manera transversal en la mayor parte de los capítulos de este volumen, aunque han sido objeto de análisis especial en algunos de ellos. En primer lugar, la existencia misma de una elite y una función política representativa que integra y vincula el nivel de la democracia regional, nacional y europea, es puesta en cuestión por los resultados obtenidos. El concepto de una representación política engarzada en tres niveles no encuentra traducción empírica en las percepciones, actitudes y comportamiento de los parlamentarios españoles; bien al contrario, estas refuerzan la idea extendida de que el juego político en España se despliega en un espacio político multinivel donde coexisten sólo dos arenas políticas, la

estatal y la autonómica. Apenas se obtienen indicios de un hipotético proceso de ‘europeización’ de los parlamentarios españoles: son pocos los que declaran mantener contactos con homólogos europeos, muy pocos los que tratan asuntos europeos en su actividad parlamentaria, aún son menos los que aspiran en su carrera a ocupar un escaño en el Parlamento Europeo y, como colofón, ninguno de los individuos de la muestra estudiada contaba con la experiencia de eurodiputado. Estos resultados vienen a corroborar la tesis que apunta a un proceso de centralización en la gestión de los asuntos europeos a favor de los ejecutivos (Morata 2010), con la consiguiente reducción, incluso vaciamiento, del papel de los legislativos nacionales y especialmente regionales en la política europea. Una consecuencia paradójica es que nos hallamos ante una elite parlamentaria autonómica que, al tiempo que manifiesta una percepción claramente negativa respecto a la influencia real de los parlamentos regionales en la construcción de la UE, muestra una actitud abiertamente favorable a la ‘europeización’ del electorado regional (a la concesión del derecho de sufragio en las elecciones autonómicas a los ciudadanos de la Unión Europea residentes en el país), lo cual, teniendo en cuenta la importante presencia de residentes comunitarios en algunas autonomías, constituye una rotunda expresión del sentir pro-europeísta de nuestros parlamentarios. En segundo lugar, comprobado que el nivel parlamentario supranacional es apenas perceptible en la experiencia y en las aspiraciones políticas de los parlamentarios españoles, la distinción entre las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos aporta información sobre la naturaleza multinivel de la democracia española. La investigación presentada en esta obra ha revelado numerosa evidencia que prueba que, en ciertos aspectos, los parlamentarios sostienen opiniones, actitudes y preferencias políticas diferentes en función de que actúen como representantes en el parlamento nacional o en los legislativos autonómicos. Las diferencias observadas, que se resumen

a continuación, constituyen el más claro efecto de la lógica política multinivel en la función parlamentaria española y son atribuibles al propio efecto que ejercen las instituciones y organizaciones políticas sobre las actitudes y comportamientos de los individuos que las integran (e.g., March y Olsen 1989, Hall y Taylor 1996). Por una parte, resulta evidente que los parlamentarios de ambos niveles legislativos expresan opiniones y preferencias que revierten en una mayor concentración de poder para sus respectivos parlamentos. Así, observamos que los parlamentarios autonómicos son más favorables que los del legislativo nacional a la cesión a las comunidades autónomas de poder de negociación directa con la Unión Europea en las materias que son de competencia regional. Del mismo modo, senadores y diputados del Congreso se muestran más satisfechos que los parlamentarios autonómicos con el techo competencial logrado por su comunidad autónoma de procedencia y con el grado de financiación del que disfruta su respectiva comunidad, al tiempo que se manifiestan reacios, en mayor proporción que los diputados regionales, a que su comunidad obtenga financiación a través del sistema de cupo o concierto económico. En definitiva, los representantes políticos del legislativo nacional expresan preferencias más acordes con el mantenimiento del status quo en la distribución multinivel del poder político que los parlamentarios regionales, los cuales manifiestan actitudes favorables a una mayor descentralización territorial del poder. No obstante, hay que destacar un hallazgo particularmente nuevo de esta investigación y es que este efecto multinivel no se observa por igual en los parlamentarios de cada uno de los dos principales partidos políticos de ámbito nacional, Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Partido Popular (PP). Los resultados muestran que los parlamentarios populares de las asambleas regionales tienen una visión del Estado de las autonomías distinta de la que tienen sus compañeros de partido en el Congreso y en el Senado, y dichas opiniones son

independientes de la región donde residan o de su ideología. En cambio, no existen diferencias significativas entre parlamentarios según la comunidad autónoma (vía rápida o vía lenta) en la que residan. En el PSOE, sin embargo, el nivel de representación de sus parlamentarios no es importante para explicar la diversidad de preferencias sobre el modelo territorial, pero sí es relevante la comunidad autónoma de la que procedan. Los diputados socialistas de las regiones de vía rápida son más favorables a mayores niveles de descentralización (tanto a nivel general como respecto al nivel de competencias de su comunidad autónoma). Por otra parte, las diferencias observadas también corresponden, en parte, a las identidades nacionales y a las opiniones sobre la propia idea de España como estadonación que expresan los parlamentarios de uno y otro nivel territorial de legislativo. El indicador de la identidad nacional subjetiva muestra que dos de cada tres parlamentarios españoles manifiesta una identidad dual, se sienten tan españoles como de su propia comunidad autónoma. Una extendida identidad nacional dual entre la ciudadanía ha sido considerada por la literatura (Linz 1989) un indicador de la legitimidad del Estado de las autonomías. Sin embargo, la identidad dual es menor, a favor de las identidades más o exclusivamente regionales, entre los parlamentarios de las comunidades “históricas” en relación con los representantes del legislativo nacional y los de las cámaras autonómicas de estatuto “ordinario”. Este dato, de sobra conocido en la política española, conduce a observar otra dimensión política territorial que explica mejor las dispares preferencias de los parlamentarios/as respecto al modelo de Estado que la simple distinción multinivel entre Cortes Generales y cámaras autonómicas. Por tanto, en tercer lugar, los resultados obtenidos muestran que la fractura centroperiferia emerge como el factor divisorio clave de las actitudes y preferencias de los parlamentarios españoles ante el modelo territorial del Estado y la distribución del poder

político en un sistema democrático multinivel. Esta divisoria política traza una separación nítida entre los parlamentarios de las comunidades autónomas “históricas” y los del resto de autonomías. Los primeros son más favorables que los segundos a un modelo territorial asimétrico, reclaman en mayor medida la negociación directa con Bruselas en los ámbitos de competencia autonómica, y muestran menor identificación con España o un nivel inferior de identidad nacional dual que sus colegas de las Cortes Generales y del resto de autonomías. De hecho, en los parlamentos de Cataluña, Galicia y País Vasco la proporción de representantes que declara una identidad nacionalista exclusiva (se sienten sólo de su comunidad autónoma), es mayor que el observado en las poblaciones respectivas, especialmente en las comunidades de Cataluña y de País Vasco. La brecha observada entre la identidad nacionalista de los representantes y los representados políticos en las comunidades históricas ha llevado a plantear cuestiones relativas a la representatividad sociológica o mimética de la elite parlamentaria autonómica, incluso al papel de political entrepreneur que puede desempeñar esta elite y que puede dar cuenta, hasta cierto punto, de la tensión centrífuga que se detecta en la política territorial española (Torcal y Mota 2014). No obstante, este resultado viene a reforzar la conclusión quizás más evidente y rotunda de esta investigación: los partidos políticos son el mejor predictor de las opiniones y preferencias de los parlamentarios en lo que al modelo nacional y territorial del Estado español se refiere. El análisis de las opiniones de los representantes políticos con respecto al modelo autonómico muestra que la pertenencia a un partido de ámbito estatal o de ámbito autonómico/regional es el factor que establece unas diferencias más amplias entre las preferencias y opiniones de los parlamentarios (frente a la comunidad autónoma de donde proceden o el tipo de cámara territorial donde ejercen la representación). Esto se observa, especialmente, en las cuestiones referidas al modelo territorial (grado de

autonomía y asimetría territorial) y al futuro del Estado autonómico (reforma constitucional del modelo territorial). Los representantes de los partidos nacionalistas contemplados en el estudio (CIU y ERC en Cataluña, PNV, Aralar y EA en el País Vasco, BNG en Galicia y Nabai en Navarra) expresan una opinión mayoritaria y unánime a favor de la asimetría territorial del modelo autonómico. Además, el 90% de los representantes de partidos nacionalistas y regionalistas prefiere que los ejecutivos autonómicos se relacionen bilateralmente con el gobierno central frente a la opción alternativa de un órgano colectivo multilateral. Por último, también una mayoría de ellos es favorable a la implantación de un régimen de financiación autonómica mediante cupo o concierto en su propia Autonomía, pero no que se generalice al resto de comunidades autónomas. En definitiva, las preferencias, opiniones e identidades políticas nacionales de los representantes de partidos nacionalistas y regionalistas se diferencian muy significativamente de las de los partidos de ámbito estatal en lo que respecta a la dimensión política institucional del modelo de Estado (incluyendo a los diputados de IU/ICV que son más parecidos a sus homólogos del PP/UPN y del PSOE). Además, se comprueba que las posiciones de los parlamentarios de partidos nacionalistas, y en alguna medida también de partidos regionalistas, parecen converger en torno a una agenda que se ha radicalizado con respecto a sus posicionamientos hace tres décadas, de modo muy notable en el caso de CiU, lo cual plantea el dilema, presente en las teorías sobre el federalismo (Erk y Anderson 2010), de si el proceso de descentralización en España ha servido para acomodar a las minorías nacionales o, por el contrario, ha alimentado las aspiraciones secesionistas.

Coda

Dedicarse a la política en tiempos de desafección no debe ser fácil. En algunas de las entrevistas realizadas para este estudio traslucía un cierto sentimiento de cansancio, de desilusión, quizá. No es extraño entonces que casi la mitad de las personas entrevistadas (49%) indicaran que en un plazo de diez años no estaría dedicado a la política, sino a su profesión y a la familia. Aun así, a más de la mitad de los parlamentarios que tienen hijos (54%) no les importaría que alguno de ellos/as se dedicara a la política, aunque casi un tercio (30%) desaprueban la idea. Para explicar las vocaciones políticas siempre late la suspicacia del enriquecimiento personal, el ansia de poder, la ambición del mando. Desde dentro, como parece normal, se ven las cosas de otra manera. De la misma manera que no todo el mundo está preparado para ejercer la medicina o para hacer armarios de madera, tampoco parece que todo el mundo esté preparado para ser político. Y, sin embargo, es de las pocas ocupaciones para las que no se precisa una preparación especial como la de mecánico, ingeniera, administrativo o modista. ¿Qué se necesita entonces para dedicarse a la política? Aunque hay opiniones dispares, los entrevistados/as respondieron abiertamente las dos o tres cualidades que creen que necesita una persona para poder dedicarse a la política. En cierta medida, estas respuestas pueden verse como un reflejo de lo que son nuestros políticos o, al menos, de cómo se perciben. Ni las convicciones (ideología) o la formación y conocimientos ocupan el primer lugar de las menciones que realizaron espontáneamente, sino el quinto y sexto puesto. La característica que concita más acuerdo (48%) es la de la “vocación y pasión por la política”, la voluntad de servicio, el compromiso. A cierta distancia, el segundo bloque de características (37%) tiene que ver con la capacidad y la perseverancia: carácter trabajador, dedicación, entrega, constancia, perseverancia, esfuerzo. Muy cerca de este bloque, un tercero (35%) que incluye la honradez, honestidad, integridad y que puede estar relacionado con el efecto

de la corrupción sobre la imagen pública de los políticos. Y en cuarto lugar (30% de menciones) ciertas habilidades sociales que permitirán a la persona relacionarse con los demás: empatía, sociabilidad, don de gentes, comunicación, saber escuchar, extroversión. No podemos juzgar si nuestros políticos encajan con estos requisitos o no a la vista de las evidencias de que disponemos. Sospechamos que muchas personas ya habrán emitido un juicio al respecto. Lo que sí parece claro es que estas cuatro características marcan una línea de actuación para aquellas personas que tengan la intención de dedicarse a la política.