Con elecciones de 2018, ¿cambio o continuidad? Colaboración especial de Carmen Chinas*, 27 de Marzo de 2017, 20:47 – NTR De manera formal, la legislación electoral que se ha construido a partir de los 90, después de que en 1988 por primera vez hubiera una disputa real entre diversos actores a la Presidencia de la República, permitiría que cualquier grupo político con respaldo popular pudiera aspirar a gobernar al país. Sin embargo, a pesar del marco jurídico cada vez más complejo, los procesos político electorales de México siguen siendo fuertemente cuestionados, como el señalamiento de fraude en 2006 o la compra de voto en 2012. Aún así, y a pesar de todos los elementos que distorsionan el derecho de los ciudadanos al ejercicio libre del sufragio, la vía electoral sigue siendo un instrumento político para ejercer la democracia. En América Latina, durante los años 90 y hacia el siglo 21, fuertes movilizaciones populares y movimiento sociales acompañaron y empujaron los procesos electorales con candidaturas progresistas, nacionalistas o de corte antineoliberal. La llegada de personajes como Evo Morales, en Bolivia; los Kirchner, en Argentina; Lula y Dilma, en Brasil; Rafael Correa en Ecuador y, en su momento, Hugo Chávez, en Venezuela, fue posible gracias al voto ciudadano en los procesos electorales pero precedidos, en todos los casos, de fuertes movilizaciones sociales. En el caso de México, en la disputa por el gobierno rumbo a 2018 y más allá de las fuerzas políticas o siglas de los actores que se encuentra aspirando a la Presidencia, la disputa de fondo de la contienda electoral es la posibilidad de cambiar el rumbo económico, político y social del país o mantener el viejo modelo que conocemos como neoliberalismo, cuya implementación cambió el rumbo económico y político definido por el México posrevolucionario, para apegarse al modelo de desarrollo impuesto desde el exterior. La continuidad en 2018 la representan aquellas fuerzas y actores políticos dispuestos a mantener el modelo económico establecido, aún con la entrega de los recursos naturales y humanos al capital trasnacional, sosteniendo el sistema exclusión, pobreza y desigualdad social; un modelo que cobija la impunidad, la corrupción y recurrentes violaciones a los derechos humanos; un sistema económico en el que los derechos de los trabajadores se
constriñen al máximo dando pie a la flexibilización laboral, los contratos temporales y el nulo acceso a la seguridad social y sistemas de pensiones. Las administraciones públicas, desde Miguel de la Madrid a la fecha, han continuado y profundizado el modelo, con la acusación de que las llamadas reformas estructurales no son sino la materialización más reciente del Consenso de Washington propuesto por los organismos financieros internacionales. La posibilidad de cambio estaría representada por aquellos actores y grupos políticos que cuestionan al sistema establecido, que no comparten el ideal neoliberal y que estarían trabajando por un proyecto de nación en el que se ponga el bienestar social por encima del interés de las trasnacionales y las élites políticas ligadas al capital extranjero. La situación no es sencilla, la maquinaria institucional puesta al servicio de la continuidad se vale de todos los mecanismos posibles; ya lo vimos con la llamada guerra sucia en la que la propaganda contra la opción de cambio se vuelve permanente y ante la posibilidad real de quedar desplazados del poder la ponen en marcha sin el menor recato. Los grupos que representan el poder económico del régimen neoliberal harán todo lo que esté a su alcance para preservarlo. Para lograr el cambio de rumbo, los actores que son críticos del sistema deberían establecer un programa común, una agenda de trabajo que permita construir el modelo de nación necesario para rescatar a México del desastre neoliberal; un programa de gobierno que sea acorde a las necesidades de la gente, que ponga fin a la corrupción e impunidad, que vea por el interés de la nación y no por las élites económicas ligadas al capital extranjero; lo que no será fácil, porque hay una gran dispersión y diversidad de voces críticas que aún no encuentran un mecanismo de acción para articularse y formar el gran referente que lleve a un cambio de fondo y no de siglas en la política mexicana. Las condiciones objetivas para el cambio están dadas, ahora sólo falta la más amplia correlación de fuerzas que de forma unitaria lo hagan posible.
* División de Estudios Jurídicos de la UdeG. Doctorado y Maestría en Derecho http://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=67826
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