Comparando movimientos indígenas en México, Purépechas y Mazahuas

Silvia Janet Ramírez Cervantes, El Colegio de San Luis, SLP. Comparando movimientos indígenas en México, Purépechas y Mazahuas

Resumen Los grupos indígenas desde los tiempos de la conquista han sido objeto de rechazo social, político y cultural, han sido tratados como ciudadanos de segunda, y se ha buscado la asimilación de éstos a la “cultura del mexicano”, sin embargo, estos procesos de asimilación no han sucedido en completo orden. Han aparecido en escena diversos movimientos que rechazan esos procesos de asimilación. Los procesos de democratización ocurridos en la década de los 80 permitieron que emergieran posibilidades de inclusión y participación de grupos sociales que anteriormente permanecían en la marginalidad. Aunque queda mucho camino por recorrer, los movimientos sociales indígenas que comenzaron en el último cuarto del siglo XX, han logrado renovar sus lazos identitarios y construir hacia adentro un frente común. Retomamos como punto de partida el primero de enero de 1994, momento en el que tuvo lugar el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Con este suceso se consolida la aparición de un nuevo actor político y social que ha mantenido su presencia: los grupos indígenas. Por lo tanto a partir de esta coyuntura política y social que estableció dicho movimiento, se genera una dinámica que transgrede lo cotidiano en la arena política, puesto que se trata de movimientos que politizan sus demandas a fin de obtener respuestas por parte de la clase política. Gracias a esta movilización cambia la posición estructural de los indígenas. Del indigenismo integracionista y políticas de asimilación se abre el espacio para la inclusión de sus voces en el espacio social y político. La finalidad de este documento es realizar una comparación entre dos movimientos indígenas de México (Purépecha y Mazahua), con el objetivo de dar cuenta de las causas que provocan la explosión de su conflicto, y las diversas formas que toman sus movilizaciones y de forma transversal analizar si es

mediante la participación política institucional, es decir, el acercamiento a autoridades políticas y arreglos institucionales, que los movimientos logran incidir en la toma de decisiones así como en las agendas públicas de gobierno, o bien en caso contrario, que es mediante la participación política no institucional que logran obtener respuesta a sus demandas.

Aspectos generales sobre la vigencia de los asuntos indígenas América Latina se caracteriza por tener un alto índice de población indígena pues se ubican entre 33 y 40 millones de personas que dan vida a los pueblos originarios. Sin embargo, estos grupos han sido vistos como minoría con un atraso evidente debido a sus conocimientos, formas de estar y accionar (prácticas cognitivas), esto ha derivado en que el resto de la población no indígena y el Estado hayan establecido relaciones de discriminación y que los indígenas hayan sido tratados como ciudadanos de segunda. La historia nos permite dar cuenta de los procesos de explotación, opresión y exclusión que en un principio fueron realizados por los conquistadores y después han sido el Estado y la sociedad, quienes han dado pauta a un colonialismo interno lo que quiere decir la implementación de políticas integracionistas y asimilacioncitas para borrar las diferencias entre los indígenas y la sociedad. Asimismo es posible dar cuenta de que estas formas de opresión no fueron aceptadas por todos los grupos indígenas, ya que, hubo resistencias por parte de estos grupos frente a las políticas que el Estado ha impuesto. La acción colectiva ha sido una constante en los pueblos originarios, no obstante, muchas de las veces éstos solían ser actores complementarios de otras luchas donde sus demandas quedaban desdibujadas. Durante los años 70 y 80 reaparecen en escena movimientos indigenistas. El despertar indígena en palabras de Assies (2009: 89-90), refiere a la emergencia de las nuevas movilizaciones por parte de estos grupos y que tienen como principal objetivo reivindicar su condición como indígenas y no como actores que se disuelven en otras luchas. Es decir, los colectivos indígenas se movilizan para

demandar derechos a partir de su condición étnica. Consideramos que la década de los 80 trajo consigo diversas consecuencias para América Latina, siendo la principal la transición de régimen político, de las dictaduras se abre paso a las democracias (Diamond, 1997). Dicho régimen político, genera procesos de liberación (derechos políticos) y democratización (procesos políticos) por lo que esta transición facilita la presencia de nuevos actores políticos y sociales. El movimiento indígena en el continente se consolida a inicios de la década de los 90 con el 500 aniversario del Descubrimiento de América. Este movimiento de forma general engloba conflictos similares: agravio histórico, despojo de recursos naturales (tierras) así como la aniquilación de sus saberes, costumbres y rituales (Velasco, 2003: 48-51). Además, los diversos grupos indígenas comparten agendas semejantes al buscar el reconocimiento cultural y el derecho a la autonomía indígena como principales exigencias. La rehabilitación de los discursos multiculturalistas denuncia la existencia de diversas realidades y comprensiones respecto a las distintas formas de estar en el mundo. Es a finales de los años 80 y 90 que comienzan una serie de manifestaciones indígenas que nada tienen que celebrar frente a una conmemoración que festeja la colonización de la América. En el caso mexicano, se han suscitado diversos conflictos sociales y políticos debido a que existen condiciones estructurales que provocan tensiones y contradicciones, que en algunas situaciones provocan colisiones entre el Estado y ciertos sectores de la sociedad. Dichos sectores pueden movilizarse frente a estas tensiones buscando replantear su relación con el Estado. Nos dice Cadena Roa (1991: 40) que, “prácticamente todos los actores sociales han conducido sus demandas a la arena política” ya que si bien el Estado es considerado adversario también es el interlocutor (en todos sus niveles), “a él se plantean las demandas y de él se esperan soluciones”. En este país, el movimiento indígena se fortaleció con la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994. La emergencia de este movimiento, se muestra como una coyuntura social y política que exteriorizó la

poca sostenibilidad del discurso de modernización del ex presidente Carlos Salinas de Gortari. A la par se presentó como una oportunidad política para el desencadenamiento de diversas manifestaciones. La exaltación del elemento indígena a partir de la presencia de este movimiento, contribuyó a que el resto de los pueblos originarios de México se organizaran a partir de esta noción, es decir, con base en su identidad étnica. Aunque cabe señalar lo expuesto por de la Garza (citado en Ibíd.: 31) “no basta con poseer una identidad específica para que ésta se vuelva acción colectiva, es necesario un punto de ignición, un agravio sentido colectivamente, una injusticia evidente, una acción del otro flagrantemente ilegítima para que la identidad pueda convertirse en un detonante conflictivo”. Encontramos que, la población indígena se encuentra dispersa a lo largo y ancho de la República Mexicana. En algunos estados se puede hablar de alta concentración indígena, igual o menor al 50% de la población total. Los estados con mayor población indígena son: Yucatán (50.39%), Oaxaca (45.22%), Chiapas (31.5%) y Quintana Roo (30.49%). En el resto de los estados la población oscila entre el 22% y .17% de población en relación con la población total (Ver tabla 1). Podemos ubicar diferentes comunidades indígenas que han recurrido a alguna forma de acción colectiva para incidir en el espacio social y político, tales como los Tarahumaras en Chihuahua, los Wixárica en San Luis Potosí y Jalisco, los Mayas en Chiapas, los Mazahuas en el Estado de México, los Zapotecas en Oaxaca o los Purépechas en Michoacán.

Tabla 1. Población indígena por Estado. Elaboración propia, datos censo 2010 INEGI. Estado

Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche

Población total

Población indígena

Porcentaje de población indígena .54% 2.8%

1, 184,996 3,155,070

6,426 89,663

637,026

21,749

3.4%

822,441

181,805

22.1%

Chiapas 4,796,850 1,511,015 31.5% Chihuahua 3,406,465 158,527 4.6% Coahuila 2,748,391 14,638 .53% Colima 650, 555 8,435 1.2% Distrito Federal 8,851,080 300,138 3.3% Durango 1, 632,934 44,722 2.7% Guanajuato 5,486,372 34,639 .63% Guerrero 3,388,768 635,620 18.7% Hidalgo 2,665,018 575,161 21.5% Jalisco 7,350,682 96,373 1.3% México 15,175,862 985,690 6.4% Michoacán 4,351,037 213,478 4.9% Morelos 1,777,227 70,393 3.9% Nayarit 1,084,979 72,348 6.6% Nuevo León 4,653,458 213,478 1.7% Oaxaca 3,801,962 1,719,464 45.2% Puebla 5,779,829 1,018,397 17.6% Querétaro 1,827,937 56,664 3.09% Quintana Roo 1,325,578 404,292 30.4% San Luis Potosí 2,585,518 361,653 13.9% Sinaloa 2,767,761 53,215 1.9% Sonora 2,662,480 130,448 4.8% Tabasco 2,238,603 120,635 5.3% Tamaulipas 3,268,554 59,713 .17% Tlaxcala 1,169,936 72,270 6.1% Veracruz 7,643,194 1,037,424 13.5% Yucatán 1,955,577 985,549 50.3% Zacatecas 1,490,668 10,109 .67% Población total 112,336,538 11,132,562 10.09% Fuente: elaboración propia con base en datos de censo INEGI 2010 El EZLN dio cuenta de las tensiones estructurales derivadas de las condiciones estructurales, es decir, el escenario y los lineamientos bajo los cuales se desarrolla el proyecto del Estado y las tensiones que tal proyecto ha ejercido sobre la población indígena. Con esto nos referimos a las formas y políticas públicas que el Estado ha desarrollado e implementado para acercarse a la población indígena. Las tensiones se presentan cuando esta visión, la del Estado,

no coincide ni provee de las condiciones materiales y libertades necesarias para estos grupos como lo es el derecho a la auto-organización política. En este sentido, diversas comunidades han manifestado la presencia de algún tipo de conflicto que los ha llevado a participar en el espacio público, y con esto buscar atraer la atención de diversos actores que puedan respaldar y dar respuesta a sus demandas. Así, desde lo local (desde espacios municipales) han aparecido movilizaciones indígenas que presentan conflictos específicos debido al contexto en el que se encuentran. La historia y manifestaciones de los pueblos originarios pueden ser estudiadas a partir de tres momentos en la historia. Estos periodos de tiempo nos dan cuenta de las características generales en que se desarrollaban sus manifestaciones, en otras palabras, la forma en que el Estado se ha acercado a los pueblos originarios. Korsbaek y Sámano (2007: 196), señalan que se pueden identificar tres formas de indigenismo a lo largo de la historia mexicana: “el indigenismo pre institucional, que va desde el desde el descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo y la construcción de la Nueva

España

hasta

la

Revolución

Mexicana;

el

indigenismo

institucionalizado que empieza con el período posrevolucionario para adquirir fuerza con el congreso en Pátzcuaro en 1940 y cuerpo con la creación del Instituto Indigenista Interamericano a nivel continental y el Instituto Nacional Indigenista en México en 1948 a nivel nacional; finalmente el período de la crisis del indigenismo institucionalizado que empieza en 1982, con la adopción formal y real del neoliberalismo como política oficial del Estado, llegando hasta hoy a lo que hemos llamado neo indigenismo”.

Los parámetros teóricos: Participación política y movimientos sociales Con el derrocamiento de las dictaduras en varios países de América Latina, y la aparición de lo que Samuel Huntington (citado en Diamond, 1997: 1), denomina como la tercera ola de la democracia a finales de la década de los 70 y comienzo

de la década de los 80 se abrieron las puertas a nuevas formas de participación ciudadana lo que generó cambios en las formas tradicionales de la relación entre Estado y ciudadanos. Así, la democracia como régimen político, entendida desde una perspectiva procedimental, centrada en procesos electorales o bien desde una perspectiva sustantiva, enfocada en las libertades del sujeto más allá del voto (Duhem, 2006) nos permite comprender la emergencia de nuevos actores en los espacios públicos. La democracia en una definición llana refiere al poder del pueblo, lo cual implicaría un acercamiento activo por parte de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones. En este sentido, el eje de la democracia sustantiva son las expectativas del ciudadano por lo que se promueve su participación política. Asimismo este enfoque se fija en las condiciones de vida de los sujetos, “¿promueve tal régimen el bienestar humano, la libertad individual, la seguridad, la equidad, la igualdad social, la deliberación pública y la resolución pacífica de los conflictos?” (Tilly, 2007: 38). La democracia como contexto político ha posibilitado la apertura política y en consecuencia la aparición de nuevos actores. Ubicándonos en la perspectiva de la democracia sustantiva, ésta busca la participación política y social de los ciudadanos, en otras palabras, se trata de que los ciudadanos incidan en el desarrollo y transformación de su contexto. Con la participación es posible promover el cambio social. Derivado de esto es pertinente dar cuenta de lo que entendemos por participación ciudadana de forma general y de manera específica de la participación política. Tamayo (2009: 80) expone que, “existen distintos significados y formas de la participación, sin embargo, partimos del supuesto de que participar significa tomar parte en la argumentación y solución de problemas públicos”, pues si lo pensamos ¿cómo podría legitimarse la democracia sin la participación ciudadana? La participación es una dimensión central en los procesos de democratización y a la par, nos dice Tamayo, puede transformarse es un campo de conflicto social.

La participación a su vez puede ser categorizada en participación convencional/institucional y participación no convencional/no institucional (Vallés, 2000: 299). Esta clasificación facilita el análisis y explicación de las formas de participación de la ciudadanía. La participación institucional es la forma legítima de incluirse en el sistema político, es decir, no atenta contra el Estado/gobierno ni el resto de la ciudadanía. El sufragio es el mecanismo institucional por excelencia de esta forma de participación. Participar desde las instituciones representativas implica organizarse bajo la normatividad establecida; se trata de una forma de participación regulada. La participación institucional es pues la visión dominante desde la cual se busca alcanzar consensos sin alejarse del control que ejerce el Estado ni perturbar la estabilidad social. Mientras que la participación política no convencional atenta contra el orden social y político establecido por los gobiernos, busca transformar su contexto o al menos dar cuenta del malestar de la ciudadanía. Se trata de acciones que a menudo no están apegadas a la ley, entre las cuales podemos ubicar: manifestaciones legales, boicots, huelgas legales e ilegales, daño a la propiedad, sabotajes y violencia personal. La participación política no institucional “son formas de lucha que se enfrentan al poder hegemónico y que desafían esa institucionalidad” (Tamayo, 2009). En otras palabras, esta forma de participación puede conllevar a la pérdida del control político. Esta forma de participación da cuenta de la tensión existente entre Estado y sociedad. La participación no institucional es una de las vías usadas cuando la participación institucional no tiene resultados positivos, lo que significa que, el Estado no ha logrado atender las demandas de los sujetos que participan. La ciudadanía en su derecho a organizarse considera la necesidad de establecer nuevas formas de protesta que no ocurran por vía de los canales institucionales. Nos dice Cadena Roa (2009: 5) que “la protesta social se convierte en una opción o llega a ser la única disponible cuando la participación política institucional es restringida, no ofrece opciones atractivas al electorado, o no produce los efectos que la gente demanda”.

Cabe dar cuenta que la participación política no institucional puede tener varias aristas, se presenta como formas de acción social que pueden ser desarticuladas y espontáneas y así como emergen se pueden disolver o bien establecerse como una forma de acción colectiva más duradera, al menos hasta que hayan sido satisfechas su demandas. En ese sentido, los movimientos sociales son una forma de participación política no institucional. Para Cadena Roa (2009: 2-3), los movimientos sociales se aíslan de la política institucional (no se acercan a los partidos políticos o no realizan cabildeo, es decir, no hay una interlocución o un mediador entre ellos y el Estado), se ubican en la participación política no convencional debido a que en los modelos liberales de democracia han sido descritos como amenazas al orden, a la estabilidad y al estado de Derecho a pesar de ampararse en los derechos que la transición política ha generado. No obstante, nos señala Tamayo (2009) que muchas de las veces la confrontación hacia el Estado es causada por la violencia y desigualdad que proviene de éste. Ahora bien, partimos del supuesto de que los movimientos sociales son una forma de participación que se suscribe al ámbito de la política, porque una de sus características principales es que buscan la transformación del orden existente y además sus demandas son planteadas al Estado en todos sus niveles. Así, una de las funciones del Estado es regular a los ciudadanos a través de leyes, normas y reglas por lo que Estado y sociedad mantienen una relación de influencia mutua. El Estado es necesario para el mantenimiento de un orden común de la sociedad y la convivencia pacífica entre los individuos y la ciudadanía legítima sus acciones. El Estado al ser una forma de organización política, en este caso democrática, necesita la aprobación por parte de sus ciudadanos de las diversas acciones que decide implementar. Estas formas de acción colectiva muestran “los verdaderos conflictos centrales, aquellos que ponen en cuestión el control social de la historicidad y de los modelos para la elaboración de las relaciones entre una sociedad y sus contornos" (Touraine, 2000: 99). Los movimientos societales defienden un modo

de uso social de valores morales en oposición a los que sostiene su adversario y éste es identificado claramente. La conceptualización sobre los movimientos societales está basada en el supuesto de control/dominación social donde lo actores que ejercen este control son la economía y la política. Son los dos sistemas de poder como los denomina Touraine. Retomando la idea de Cadena Roa (2009), nos dice que los movimientos sociales son un actor social consciente de ser diferente a los otros e independiente del Estado y su política pública, que se plantea luchar a través de las organizaciones que se han instituido para ese efecto, por la obtención de ciertas demandas mínimas que pueden ir desde el reconocimiento a su organización o la dotación de servicios etcétera. Cabe señalar que este teórico, parte de la idea del uso de las vías institucionales para establecer los reclamos que los movimientos sociales hacen. Por su parte Melucci (1999: 12-18, 37) plantea que los movimientos sociales “son sistemas de acción, redes complejas entre los distintos niveles y significados de la acción social, y son el resultado de intercambios, negociaciones, decisiones y conflictos entre diversos actores”. Los movimientos sociales se originan en torno a un conflicto que se vuelve visible a través de los nuevos patrones de desigualdad y las formas de poder que recrea la sociedad. Un punto interesante que formula Melucci (1999: 17-20), refiere al sistema político: la democracia es el sistema político donde la forma en que se ejerce el poder puede ser cuestionada y negociada para así elaborar nuevas normas y criterios de inclusión. Para este teórico los conflictos no se solucionan de una vez y para siempre. Para Sidney Tarrow la acción política contenciosa (contentious politics) es el marco teórico general para analizar los movimientos sociales. Esta acción colectiva se da cuando se actúa en nombre de nuevas demandas o demandas no aceptadas o bien quienes actúan en formas que fundamentalmente desafían a otros o a las autoridades. La acción política contenciosa emerge en respuesta a los cambios en oportunidades políticas y amenazas cuando los participantes perciben y responden a una variedad de incentivos materiales e ideológicos.

Cuando las acciones de los participantes están basadas en, redes sociales densas y estructuras de conectividad específicas así como marcos culturales orientados hacia la acción, los participantes pueden mantener sus acciones, incluso con oponentes poderosos se está en presencia de un movimiento social (Tarrow, 2011: 16).

Los movimientos Cadena Roa (2009) nos dice que “la participación política no institucional suele ser más costosa e implica por lo común mayores riesgos. De ahí que menos gente participe por esa vía que por la política institucional. No obstante, la protesta social se convierte en una opción o llega a ser la única disponible cuando la participación política institucional es restringida, no ofrece opciones atractivas al electorado, o no produce los efectos que la gente quiere”. Ahora bien, este tipo de participación no institucional, como lo son los movimientos sociales, buscan dar cuenta del malestar que se vive y su finalidad es modificar el orden existente de las cosas, en ese sentido y retomando la idea que expresa Cadena Roa, son en última instancia la vía para que haya respuesta a las demandas planteadas. Como se mencionó, México ha sido escenario de diversos conflictos sociales y políticos. El siglo XXI para México comenzó como contexto de transición política donde la participación institucional más comúnmente realizada, es decir, el voto tuvo su impacto en el cambio de gobierno en el poder. Así, la participación política en sus variantes y hasta la fecha no ha dejado de aparecer. Sin embargo, para finalidades de este documento nos interesa la participación política no institucional. En ese sentido, ubicamos movilizaciones en Guadalajara contra la III Cumbre América Latina, El caribe, y La Unión Europea, la aparición de la APPO como respuesta al autoritarismo local, las diversas apariciones de los zapatistas (la marcha del color de la tierra), las movilizaciones en contra del desafuero de López Obrador, las protestas ocurridas en Atenco por la defensa de las tierras, el movimiento por la Paz, el movimiento #Yosoy132, y las diversas protestas

efectuadas recientemente contra las reformas educativa, laboral, energética y hacendaria. En este escenario también han aparecido diversos movimientos que actúan desde lo local, es decir, que aunque sus demandas sean planteadas a los tres niveles de gobierno, la satisfacción de éstas responde a un contexto particular y es el Estado/gobierno quien otorga respuestas. Al respecto de esto, las movilizaciones indígenas, como una forma de participación política, tienen demandas específicas que buscan ser satisfechas. Tales movimientos aparecen como actores políticos y sociales que buscan que su voz incida en el proceso de toma de decisiones, si bien, no en todos los casos las consecuencias de estas movilizaciones se traducen en las deseadas, consideramos que estas formas de participación política permiten construir procesos de democratización y ciudadanía más allá de lo legal en la medida en que estas prácticas transforman e influyen no sólo en el espacio social y político sino que al interior de su propia dinámica se generan procesos de empoderamiento y apropiación del espacio. En lo siguiente se presenta una comparación entre dos movimientos indígenas. La comparación se justifica por la finalidad de descubrir las posibles diferencias en cuanto a las formas de participación que utilizó cada movimiento, si es que existiesen. Como expresa Sartori (2012: 267), “no está inscripto en ningún texto sagrado que quien compara debe buscar semejanzas en vez de diferencias”, empero ambos criterios son complementarios. Los casos seleccionados son el movimiento Mazahua en Villa de Allende, Estado de México y el movimiento Purépecha en Cherán, Michoacán.

Por qué surgen Estos movimientos aparecen en escena en diversos momentos de tiempo y sus demandas principales responden a cuestiones de autonomía, uso de recursos naturales y condiciones materiales. La región mazahua está situada en la parte noroeste del Estado de México y en una pequeña área del oriente del estado de Michoacán. Su topografía se

caracteriza por contar con un sistema montañoso de mediana altura. Los municipios que componen la región mazahua son 11, de los cuales 10 se localizan en el Estado de México: Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Donato Guerra, El Oro de Hidalgo, Ixtlahuaca, Jocotitlán, San Felipe del Progreso, Temascalcingo, Villa de Allende y Villa Victoria, y uno, Zitácuaro, en el estado de Michoacán. El movimiento Mazahua aparece en escena en septiembre de 2003, la explosión de este conflicto se ubica en la inundación de 300 hectáreas de cultivo de los habitantes de diversas localidades del municipio de Villa de Allende. La inundación fue a causa del desbordamiento del río Malacatepec proveniente de la presa de Villa Victoria, que forma parte del sistema Cutzamala. A esta situación se le agregan factores históricos y estructurales que permiten que su movilización se consolide. Los factores históricos pueden hallarse en “el acaparamiento de tierras por parte de los españoles y la forma ilegal en que las obtuvieron provocaron innumerables quejas de los representantes de los pueblos. A partir del siglo XVIII, muchos de los conflictos que se presentaron sobre el uso y aprovechamiento del agua tenían su origen en los procesos de reparto del agua durante la colonia. La disputa entre las grandes haciendas y los pueblos originarios se dio por la vía legal o reacciones violentas como la apropiación forzosa del agua, tomas clandestinas, obstrucción del paso del agua o bien la destrucción parcial o total de la infraestructura hidráulica” (Sandre, 2005: 24). Los factores estructurales responden a las políticas gubernamentales que han propiciado la escasez la mala distribución y contaminación del líquido e incluso que habitantes de esta zona aun no cuenten con agua potable en sus viviendas. En ese sentido, los mazahuas se constituyeron como una organización denominada: Frente Mazahua para la Defensa de Usos y Costumbres de los Derechos Humanos y Recursos Naturales. El agua para los mazahuas es un recurso que pertenece a la colectividad y además lo consideran un recurso sagrado que les permite dar continuidad a sus costumbres (Gómez Reyes, 2011: 116).

La población Purépecha se concentra sobre todo en 22 municipios de Michoacán: Coeneo, Charapan, Cherán, Chilchota, Erongarícuaro, Los Reyes, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, Paracho, Pátzcuaro, Periban, Quiroga, Tancítaro, Tangamandapio, Tangancícuaro, Tingambato, Tinguindín, Tocumbo, Tzintzuntzan, Uruapan, Zacapu y Ziracuaretiro; sin embargo, los hablantes de la lengua p'urhé se distribuyen en 95 de los 113 municipios del estado. El área se ha subdividido tradicionalmente en cuatro regiones: Japóndarhu, lugar del lago; Eráxamani Cañada de los once pueblos; Juátarisi, Meseta; la Ciénega de Zacapu y antiguamente se agregaba otra región: Jurhío (lugar de la tierra caliente). Asimismo cabe resaltar que Cherán, el municipio donde emerge tal movimiento, se encuentra dividido en cuatro barrios, los cuales son: Jarukutini (Barrio Primero), Ketsikua (Barrio Segundo), Karhakua (Barrio Tercero) y Parhikutini (Barrio Cuarto). La organización comunal de los Purépechas en San Francisco Cherán surge en un primer momento, por la defensa de su territorio y sus recursos naturales después de tres años de la presencia de grupos talamontes. La aparición del crimen organizado apoyando la tala de sus bosques en zonas sagradas y la ausencia de las autoridades municipales para frenar estas acciones, desencadenó una movilización popular. Si bien, nos dice Andrade (2013), la tala moderada había sido una cuestión vivida con normalidad dentro de la comunidad, al verse trastocada esta normalidad por sujetos pertenecientes al crimen organizado, el 15 de abril de 2011 aparece el primer conflicto entre comuneras y miembros del crimen organizado por la tala en una zona sagrada para ellos, de este conflicto resultan varios heridos. Posteriormente se adhiere un conflicto de tipo electoral debido a que las elecciones estaban próximas a realizarse. Los miembros de la comunidad rechazan a los partidos políticos como representantes de los intereses de la ciudadanía. En palabras de Andrade (2013) la emergencia de este conflicto se debe a: (I) el problema del incremento de la explotación ilegal de la madera por la aparición de un “nuevo” actor en la región como el crimen organizado; (II) el incremento de

la inseguridad al interior de la comunidad a consecuencia precisamente del creciente poder del crimen organizado; (III) la corrupción e ineptitud de la autoridad municipal y también de las autoridades estatales; (IV) la profunda división entre los cheraneses ocasionada por el último proceso electoral en el municipio.

Demandas Por parte de la comunidad Mazahua, la extracción de agua de algunas comunidades del Estado de México para trasladarla a la zona Metropolitana del Valle de México por parte de gobierno a través del sistema Cutzamala había generado diversas reacciones por parte de los habitantes de la zona. En relación a esto, la comunidad mazahua de Villa de Allende exigió el pago de los cultivos afectados en un primer momento y contar con agua potable porque en sus palabras “no es justo vivir donde nace el agua y no tener agua” (Gómez, 2011: 178), sin embargo, a medida que gana visibilidad su movimiento, se sofistican sus demandas y hablan de un proyecto modernizador incluyente que expanda los beneficios del desarrollo a todos los habitantes y a la par las posibilidades de un desarrollo sustentable. Partiendo de la idea de que la modernización, para ellos, es acceder a una mejor calidad de vida. En un marco de tala clandestina perpetrado por grupos armados, los crímenes y los delitos en la comunidad aumentaron exponencialmente. Es este contexto que la comunidad Purépecha demandó la seguridad y protección a sus bosques como a sí mismos. Ante la ausencia de respuesta y resultados por parte de las autoridades se adhirió una nueva demanda centrada en el proceso electoral. La comunidad solicitaba la posibilidad de que se organizaran elecciones mediante sus usos y costumbres, como sucedía en Oaxaca. Tabla 1. Origen y demandas de las comunidades indígenas Mazahua y Purépechas Origen y demandas Mazahuas

Purépechas

Detonante: Inundación de cultivos

Detonante: Tala ilegal por grupos armados

Condiciones estructurales: Políticas públicas excluyentes que derivan en mala distribución y escasez del agua. Demandas 1 Compensación por los cultivos afectado 2 Agua potable 3 Desarrollo sustentable 4 Proyecto de modernización incluyente

Condiciones estructurales Inseguridad e Ineficacia del gobierno para proteger a los ciudadanos. Demandas 1 Protección/seguridad 2 Derecho a la autonomía política

Fuente: Elaboración propia

Breve descripción de los movimientos La comunidad Mazahua involucrada en esta movilización en un primer momento muestra una cara masculina, es decir, son los hombres quienes realizan las primeras acciones que dan cuenta de su malestar. Se busca el apoyo en diversas dependencias de gobierno y al no existir una respuesta favorable se decide contratar un abogado con la finalidad de recibir asesoría y estrategias para tratar con las instancias de gobierno. Con base en la asesoría se elaboró un pliego petitorio donde se exigía, una compensación por los daños ocasionados en los terrenos inundados, la dotación de agua potable para las comunidades, la restitución de tierras expropiadas por la Comisión Nacional del Agua (CNA) que no fueron utilizadas por el sistema Cutzamala y un plan de desarrollo sustentable para la zona. Posterior a esto se puede elaborar una cronología de las diversas acciones que hicieron:  El 2 de febrero de 2004, manifestación con antorchas en las inmediaciones de la planta potabilizadora de Los Berros del Cutzamala, cerrando simbólicamente las instalaciones por unos minutos, para

posteriormente iniciar un plantón de cinco días afuera de la potabilizadora.  El 24 de febrero de 2004 reunión con los campesinos mazahuas y la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, donde se acordaron obras por 27 millones de pesos. El recurso económico tardó en llegar y el progreso de las obras fue demasiado lento.  El 9 de agosto 2004, los campesinos realizaron nuevamente una marcha a la ciudad de México. El Frente Mazahua advirtió al gobierno federal que si no había solución para el 15 de septiembre, cerrarían las válvulas del sistema Cutzamala.  El 14 de septiembre los mazahuas retuvieron un camión con 12 mil litros de cloro en las inmediaciones de la potabilizadora. Al detener el camión ejercían una forma de presión a las autoridades, sin cloro para potabilizar el agua, el suministro de ésta se ve mermado.  La noche del 19 de septiembre de 2004 los integrantes del Frente Mazahua se reunieron con funcionarios de la CNA, de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Gobierno estatal en las instalaciones de la planta potabilizadora de Los Berros. La reunión estaba programada para “calmar los ánimos” entre los mazahuas. Como señala Gómez Fuentes, las negociaciones no fueron exitosas para el grupo Mazahua y a partir de la reunión del 19 de agosto y el desconocimiento de los acuerdos establecidos en ésta es que el movimiento define su rumbo. Las mujeres mazahuas aparecen en escena como un actor de peso al volverse imagen y líderes del movimiento. Asimismo, se reconoce que el municipio fue un actor que obstaculizó las acciones de la organización debido a que trató de contener el movimiento. El 20 de septiembre de 2004, en la primera manifestación “visible” de las mujeres, fue lanzada la amenaza de pasar de las acciones pacíficas que habían realizado los hombres, a las acciones violentas que ellas estaban dispuestas a ejecutar si no se atendían sus demandas. Se autonombraron Ejército Zapatista de

Mujeres por la Defensa del Agua (EZMDA). La forma en que se personificaron las mujeres tuvo varios símbolos, el principal emblema fue la figura de la mujer indígena mazahua y el uso de las armas de madera, así como la reminiscencia a la lucha de Emiliano Zapata y la neozapatista del EZLN. Cabe traer a colación lo que sucedió en una de sus manifestaciones, esta fue hecha afuera de Mc Donald’s en los portales de Toluca donde las mujeres regalaron tortillas hechas a mano con frijoles y salsa de molcajete. Son elementos simbólicos que consientes o no forman parte de luchas contra los procesos de globalización. Así, el 26 de octubre de 2004 las partes involucradas el Frente Mazahua y las diversas instancias de gobierno involucradas firman el Convenio de Coordinación y Concertación de acciones donde se contemplan las demandas establecidas por el Frente Mazahua.

El movimiento realizado en Cherán por los miembros de la comunidad se da en un contexto de incertidumbre y desprotección, el día en que ocurre el conflicto que detona el movimiento (15 de abril de 2011), la organización comunal toma el control sobre la comunidad. Una de las primeras acciones que se realizaron fue construir barricadas alrededor de la comunidad con la finalidad de resguardarla e impedir el paso o salida de grupos armados. Posterior a este evento, el mismo día, surge un fuerte proceso organizativo al interior de la comunidad. Las fogatas1 fueron la base para la reactivación de las asambleas de barrio y de la asamblea general como espacios de deliberación y decisión comunitaria. Estas fogatas se volvieron una especie de punto de reunión y puntos de vigilancia donde se establecían acuerdos para la organización. Ante la tibia respuesta de los políticos en el poder, se llega a la conclusión de que no Refieren a la convivencia horizontal desde la calle, las cuales se establecieron en cada barrio y en cada dos o tres cuadras. Esta dinámica poco a poco fue acercando de nuevo a los cheranenses para permitir su organización. Con base en esto se fueron recordando los viejos usos y costumbres; se retomó la idea de “la faena” que refiere al trabajo que se hace entre todos por el bien de todos. No hace mucho que esta costumbre se practicaba aún. Los mayores dicen: “Esta escuela la hicimos con faena” y recuerdan cómo en una boda o un entierro, la tradición es que cada quien ayude con algo: comida, trabajo, cualquier cosa para que entre todos sea más fácil. Esa vieja usanza que acerca a la gente y los hace a todos iguales. 1

quieren que estos los representen. Asimismo se busca la asesoría y representación legal para el proceso de autonomía derivado del rechazo de partidos políticos como representantes de los intereses de la ciudadanía. Así, establecen una “coordinación general”, fue la que finalmente encabezó todo el movimiento social y el proceso judicial que después se emprendió hasta el nombramiento del nuevo gobierno municipal. A la par se fueron constituyendo comisiones2 que se encargaron de cubrir todas las necesidades de la comunidad y el vacío dejado por el entonces gobierno municipal. 

En junio de 2011 se pidió la renuncia, de forma pacífica, al alcalde Roberto Bautista Chapina representante del PRI, después de investigarlo por sus actos de corrupción, desviación de recursos y enriquecimiento ilícito.



Toman el palacio municipal y es habitado por comuneros, jóvenes y mujeres.



Se crea la radio Fogata Cherán.



El 31 de agosto de 2011 se solicitó ante al Instituto Electoral de Morelia (IEM) a través Coordinación General del Movimiento de Lucha de la Comunidad Indígena de Cherán, respetar y respaldar el acuerdo de nombramiento de las autoridades locales con base al derecho indígena o usos y costumbres de la comunidad.



Dicha institución rechazo la solicitud. Se decidió llevar un proceso de impugnación. Participaron tres abogados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y algunos comuneros. El objetivo fue convertir al derecho en el arma central de la movilización purépecha. La impugnación fue presentada ante la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

2

La regla para la integración de estas comisiones consistió en que tenían que tener representación de los cuatro barrios, que sus integrantes fueran electos en asambleas y que el trabajo que realizaran fuera honorífico o a favor de la comunidad sin cobrar un peso”.

Este movimiento mantuvo un proceso legal y a la par mantuvo relaciones con diversos actores pertenecientes a espacios variados, entre los que podemos resaltar los medios de información alternativos, las opiniones de intelectuales comprometidos; incluso la difusión masiva del movimiento mediante la música que distintos grupos y cantantes. Dentro de la arena político-judicial el actor clave fue la Oficina en México para Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Naciones Unidas quien prácticamente dio seguimiento y acompañamiento al trámite que se le iba dando en las distintas instancias gubernamentales. El 2 de noviembre de 2011 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó una resolución a favor del municipio indígena de Cherán. “Por primera vez en la historia el Estado mexicano reconoció el derecho de un municipio indígena para elegir a una autoridad municipal conformada de acuerdo a sus usos y costumbres” (Andrade, 2013: 1).

Tabla 2. Mecanismos usados para ganar visibilidad por parte de los movimientos. Mecanismos usados para ganar visibilidad Mazahuas  Género e identidad  Folclor

Purépechas  La movilización a partir del ejercicio de

los

derechos

en

el

marco

internacional  Fogatas  Creación de medios comunicación  Alianzas con actores de diversos espacios: culturales, internacionales Fuente: Elaboración propia

Conclusiones El movimiento mazahua tuvo un período de tiempo más amplio que el movimiento en Cherán, si bien sus demandas a simple vista pueden considerarse como

diferentes, ambas movilizaciones emergen por la aparición de conflictos de recursos naturales y con base en ellos realizan la construcción de un conflicto más hondo, un conflicto de condiciones estructurales, es decir, la forma que hasta ahora han venido desarrollándose las acciones de gobierno y la incidencia de éstas en la vida comunal de estas poblaciones. No se trata de cuestiones de debilidad institucional sino de construir un camino hacia procesos de democratización y liberación que trasciendan el aspecto legal, es decir, que se lleven a la práctica. Si bien los movimientos sociales son ubicados en la participación no institucional es porque atentan contra ese orden institucional, es pertinente recordar que la democracia no tiene límites claramente definidos y que éstos se van modificando con base a la acción performativa de los ciudadanos. Las acciones del movimiento Purépecha nos hablan de innovación, en la medida que a través del derecho en el marco nacional e internacional, sustentan sus demandas en un proceso legal. Sin embargo, el movimiento no se limitó a los canales institucionales, ya que explotó las vías no convencionales para el reclamo de sus demandas. Dichas movilizaciones dan cuenta de proyectos organizativos que se construyen desde local e inciden en la formación de políticas públicas. Avanzar en la comprensión de los movimientos indígenas contemporáneos puede abrir fructuosas y novedosas líneas de investigación que permitan encontrar nuevas formas de integración, construcción y participación política y ciudadana.

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