Ciudadanía y Responsabilidad Social I. Empoderamiento Ciudadano para el rescate del Estado Democrático Citizenship and Social Responsibility I. Citizen empowerment for the rescue of the Democratic State

Ciudadanía y Responsabilidad Social I. Empoderamiento Ciudadano para el rescate del Estado Democrático Citizenship and Social Responsibility I. Citizen empowerment for the rescue of the Democratic State

Jorge I. Sarquís Ramírez - [email protected] Rafael G. Solís Alemán - [email protected]

Resumen Este es el primero de dos artículos que hemos dedicado a la reflexión sobre la responsabilidad social de las empresas en el caso de México. En él tratamos algunas ideas básicas sobre ciudadanía, responsabilidad social y participación ciudadana para esbozar un marco conceptual desde el cual argumentamos en pro del esfuerzo arduo y continuado para la formación de una ciudadanía madura y consciente de su responsabilidad social que haría posible el ejercicio democrático del poder en México. Concluimos que no hay alternativa y subrayamos el papel ejemplar que debe jugar la ética de la función pública como detonante del necesario cambio de actitud y conducta ejemplar que podrá sustentar la viabilidad de un régimen democrático constructivo de la sociedad mexicana del nuevo siglo. Palabras clave: ciudadanía; responsabilidad; democracia; derechos humanos. Abstract This is the first of two articles dedicated to the consideration of the social responsibility of enterprises in Mexico. In it, we address some basic ideas about citizenship, social responsibility and the participation of citizens to outline a framework from which we can argue in favor of the prolonged hard work for the development of residents who are mature and conscious of their social responsibility and that would bring about the democratic exercise of power in Mexico. Our conclusion is that there is no alternative we emphasize the representative role held by the ethics of the civil service that stimulate the unavoidable change of attitude. The ideal behavior could lend support to a functional constructive democratic system among the Mexican society of the new century. Keywords: citizenship; responsibility; democracy; human rights. Núm. 16, sep-dic. 2013, pp. 27-46

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Introducción

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or supuesto que el debate sobre la responsabilidad social de las empresas es bienvenido, pero no sin antes detenernos en temas precedentes frente a los que debemos tomar postura, pues no se puede proceder con grandes expectativas al estudio sobre la responsabilidad social de las empresas, sin previo asomo al sustrato ético social mexicano. Los propósitos de este esfuerzo reflexivo estarían condenados a la improductividad y no transcenderían los objetivos de menor alcance, si no revisamos previamente dos asuntos fundacionales: nos referimos a ciudadanía y responsabilidad social, conceptos reconocidos hoy como piedras angulares de la democracia que ha de responder a las condiciones impuestas por la dinámica del nuevo orden mundial (Tamayo, 2010). Mucho más que temas de moda, se trata de asuntos que, con renovada vigencia, son objeto de una revaloración conceptual profunda y un escrutinio del que depende ahora la ubicación de los países del mundo en el ranking democrático (Inglehart, 1988; Zovatto, 2002). No parece casual que la euforia mediática en torno a estos temas coincidiera con los momentos en que la caída del Muro de Berlín señalaba el fin del mundo bipolar y el inicio de una nueva era de multipolaridad, marcada por la hegemonía capitalista, la globalización, los fenómenos migratorios, la revolución tecnológica permanente, la creciente alarma mundial por el fenómeno del cambio climático y muchos otros fenómenos que han marcado ya el ambiente de finales del siglo XX y el de los albores del siglo XXI, con la impronta de un ánimo decadente, de fin de ciclo1; pero que, al mismo tiempo, han permitido entrever, a quienes no se amedrentan ante la amenaza de los antiguos y de los modernos jinetes del apocalipsis, la posibilidad de un nuevo horizonte para la historia humana (Brockman, 2009). En efecto, un furor ecuménico por redescubrir los valores de la democracia recorre el mundo (Aguilar, 1999; Assies et al., 2002; Ramos-Jiménez, 2008). A la vanguardia de esta ola de vehemencia refundadora no ha faltado la celebración del sorpresivo fracaso de la utopía socialista y el desmembramiento del bloque

1 El ensayo a leer es de R. D. Kaplan y se titula The Coming Anarchy, publicado por The Atlantic Monthly, 273(2):44-76, febrero de 1994.

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2 El libro a leer es de Y. F. Fukuyama (1992): The end of history and the last man. El autor argumenta que la expansión mundial de la democracia liberal y de la economía capitalista de libre mercado bien podrían señalar el fin de la evolución sociocultural de la humanidad, convirtiéndose en la última forma de gobierno para la humanidad. La idea generó un rico debate entre autores como R. Heilbroner, H. Scott, K. Mannheim y P. Drucker por parte de la inteligencia de derecha, y E. Hobsbawm, N. Chomsky, L. Paramio y A. Callinicos por parte de la intelectualidad de izquierda. 3 Ni las altas jerarquías castrenses del país están libres de culpa. El 25 de mayo de 2013 la revista PROCESO reporta la preocupación externada por los EUA por ligas del narco con mandos del ejército. 4 Conforme escribimos, nos enteramos por los medios televisivos y los diarios de mayor circulación nacional del más reciente oprobio para todos los mexicanos, ahora por parte del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, a quien fueron decomisados 88.5 millones de pesos en efectivo hallados en uno de los múltiples bienes inmuebles de su propiedad, cuando aún no dejaba de ser noticia el escándalo en que se vio envuelto por declaraciones presuntuosas de su riqueza en entrevista radiofónica.

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soviético, pues por fin, proclaman algunos2, llegó la hora del imperio de la democracia alrededor del mundo; ni los fundamentalismos irremisibles ni la nostalgia por el pasado podrán contener el avance democrático global. Sin pesimismo, afirmamos que no se ve fácil. Muchos y graves problemas aquejan al mundo, imputados precisamente al orden democrático liberal. Por lo que a México toca, asunto de jerarquía entre los que atañen la seguridad nacional, es la inacabable ola de inseguridad que cotidianamente cimbra nuestra endeble confianza en las instituciones democráticas. De la mano de este terrible azote, la impunidad de los criminales responsables, con su capacidad sin contrapeso para corromper cualquier institución3, no conoce límite y ha generado ya el brote de manifestaciones de autodefensa, en franca denuncia de la ineficacia de las instituciones del Estado de Derecho liberal. Los escándalos desde los pasillos de la Administración Pública, de suyo endémicos, se exacerban en extensión y magnitud4, recordándonos con demasiada frecuencia que no hemos superado la vieja visión patrimonialista sobre la función pública que caracteriza a los miembros de nuestra burocracia en todos sus niveles; que aún padecemos el viejo síndrome colonial manifiesto en un ejercicio del poder en clave de lucrativo autoservicio impune, en lugar de ética ejemplar al servicio del interés general. Así las cosas, el alegre discurso sobre nuestro presente y futuro democrático en voz de nuestros políticos, no es más que la grosera reafirmación de una clase política de consumada vocación para la autocomplacencia, cuya cínica demagogia es la medida del ensimismamiento en que vive absorta, abismal-

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mente distante de la realidad, incapaz de reconocerla o reconocerse en ella como parte de su complejidad. Por ello conviene alertar sobre los riesgos del fetichismo del ideal democrático en sustitución de la lucha por llevar nuestras incipientes democracias hacia nuevos logros, en función de nuestras posibilidades objetivas de incidir y cambiar, al menos, algunas cosas. A esa intención precautoria deseamos contribuir aquí. Para ello adoptamos la distinción lograda por el sobrio y atinado análisis del pensador italiano Giovanni Sartori, para quien la Democracia es una idealización sin existencia material como tal; es decir que toda sociedad democrática es una aproximación al ideal: “El deber ser siempre estará llamado a contrapesar el ser. Pero es preciso que el ideal no se limite a reaccionar contra lo real, sino que interactúe con lo real. Un ideal constructivo lo es sólo si aprende de la experiencia” (Sartori, 2008, p.65). Existe pues, y debe reconocerse, una brecha entre la democracia ideal y la democracia real que no puede nunca cerrarse del todo; tan sólo es posible reducirla hasta donde las condiciones concretas lo permitan en cada caso particular; ello determina eso que puede llamarse en cada momento, democracia posible.

Relación entre Ciudadanía y Responsabilidad social. Lo ideal y lo posible Consecuentemente debemos hablar de una responsabilidad social posible, a partir de la ciudadanía real en las condiciones concretas de desarrollo socioeconómico y de cultura política5 que limitan nuestro acercamiento a los contornos de ambos ideales, los cuales –no debemos perder de vista- son materia de la moral, la ciencia de la virtud; según esta óptica, ciudadanía y responsabilidad social son constructos éticos de carácter deontológico (González-Santos, 2008); de modo que, idealmente, la responsabilidad social es la virtud de tomar una serie de decisiones de manera consciente, asumiendo el deber de responder por las consecuencias de las mismas ante quien corresponda6 en cada momento. Un elemento necesario de este ideal de responsabilidad social es la libertad, pues 5 Generalizar respecto a la cultura política mexicana configurada a lo largo del siglo XX como una historia de nacionalismo revolucionario, populismo y autoritarismo modernizador no proporciona una imagen completa de nuestra realidad. Más adelante volveremos a referirnos a ello. 6 Dependiendo del asunto en cuestión, puede ser que nuestra obligación de rendir cuentas no rebase el ámbito de la pareja o el de la familia; en otros casos las explicaciones a que estemos obligados pueden incluir a nuestros vecinos, o a las autoridades de alguno de los

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niveles de gobierno, si no es que a más de uno de ellos o incluso a los tres, como es el caso con las infracciones graves a los códigos penales. 7 Naturalmente, la libertad puede y con frecuencia es usada para obrar a favor del bien propio, incluso a costa del bien común; por eso mismo son imprescindibles las leyes, cuya inspiración debe ser precisamente el interés general: “Seamos esclavos de las leyes, para poder ser libres”, decía Cicerón. 8 Tal vez la historia de las sociedades, como la de cada hombre, no sea más que la versión comunitaria del mito de Sísifo y su tarea inútil e incesante. Pero, como en el caso de cada hombre, las sociedades que no se construyen, se destruyen a sí mismas: la parálisis

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ésta determina que alguien pueda realizar cualquier acción porque así conviene a los criterios del bien común7, y no por efecto de una disposición coercitiva. Del ejercicio ideal de la responsabilidad social así descrita, resultaría efectivamente la construcción de los espacios y mecanismos necesarios para la satisfacción de todas las necesidades, la realización de todos los anhelos y la solventación de todos los conflictos que fatalmente ocurren como consecuencia de las diferencias de cualquier tipo al interior de nuestro complejo mosaico pluriétnico y multicultural tan desigual. Esto además, en estricta observancia de todo lo que garantice la salvaguarda de los equilibrios dinámicos de los ecosistemas presentes en nuestro territorio, pues entendemos y apreciamos que de ello depende en buena medida el equilibrio global también; de manera que lo que hoy hacemos, en modo alguno compromete las oportunidades de las generaciones venideras para disfrutar de niveles de bienestar, incluso más altos de los que hoy disfrutamos, sin menoscabo de la calidad del medio ambiente. Naturalmente, tan utópico ideal de responsabilidad sólo puede corresponder a una estructura social, igualmente utópica, mínimamente consolidada para garantizar una sólida formación ciudadana en los principios elementales de la alteridad: reconocimiento mutuo, tolerancia, aceptación incuestionable de la otredad, celebración de la multiculturalidad y respeto irrestricto a los derechos humanos universales. Tal formación estaría, por supuesto, imbuida por los valores distintivos del ciudadano virtuoso: honestidad a prueba de fuego, lealtad exenta de prejuicios, amor por la justicia y la igualdad entre todos los hombres, amor y respeto por la naturaleza, por la ciencias y las artes que ennoblecen el espíritu, respeto a la equidad de género, y un largo etcétera al gusto de la estatura del ideal moral que podamos imaginar. Como se puede apreciar, no es difícil elaborar ideales de responsabilidad social o de ciudadanía aparentemente supra humanos que, no por parecer inalcanzables, son inherentemente inútiles a los propósitos de la preocupación por mejorar la salud social8.

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En contraparte a los ideales descritos, ¿Qué diagnóstico puede hacerse de la situación real de ciudadanía y responsabilidad social en México actualmente? Una vez más, sin ánimos derrotistas, se debe admitir que sigue pendiente la comunión nacional9; aún no somos ciudadanía más que formalmente y por ende, como los niños o los desequilibrados, no podemos ser responsables de nuestras decisiones ni de nuestros actos. No mientras no empecemos a educar más civilizatoriamente, buscando arraigar una idea toral en el imaginario colectivo: mejor que por cualquiera otra, por la vía de la participación ciudadana, lista y dispuesta a la corresponsabilidad en la toma de decisiones que a todos afectan, nuestra mayor riqueza o escolaridad puede traducirse en una mejor sociedad10. Para empezar, la inspiración del proceso educativo debe ser una noción de bien común o interés general universalmente compartida: una imagen de colectivo social atractiva a todos por igual, así por su salud como por su fortaleza. Pero, ¿Qué significa salud y fortaleza de nuestra sociedad? Obviamente no existe consenso al respecto. Con esos conceptos en mente, ahora mismo atestiguamos las más diversas manifestaciones del enfrentamiento entre las visiones situadas en opuestos irreconciliables: así como hay quienes estiman que nuestra mejor apuesta es la integración total al vecino del norte, hay quienes defienden la idea de un Estado multinacional “con base en las diferencias culturales que se revelan como realidades incuestionables”11 (Tamayo, 2010. p.189). En la búsqueda de alternativas para superar las diferencias y lograr la saludable unidad dentro de la diversidad, desde la cual se pueda construir una comunidad mexicana sólida, deberíamos recordar que las luchas en el pasado por imponer una hegemonía por la vía de la fuerza, enfrentan ahora la resistencia social que emana del aprendizaje acumulado a partir de la experiencia de esos mismos enfrentamientos sangrientos y costosísimos. Caso

nunca ha sido una alternativa. La grandeza del hombre comienza a partir de su conciencia sobre la inevitabilidad de la muerte y su ánimo de seguir viviendo. Como concluye Comus (2002), debemos imaginar dichoso y triunfante a Sísifo mientras baja la cuesta. 9 Entiendo por comunión nacional la consecución de acuerdos mínimos sobre el destino del país en un marco de respeto a la pluralidad lingüística y cultural. 10 Sarquís, J.I., Sarquís, D.J. 2012. Los avatares de la democracia en México: los mexicanos y sus procesos de construcción social. Razón y Palabra. ITESM. México. www.razonypalabra. org.mx 11 Tamayo hace una clara distinción entre acomodación y subordinación de distintas identidades para lograr en México la integración de la diversidad profunda, resolviendo así las contradicciones generadas por la asincronía histórica cultural y política de los varios grupos sociales que constituyen el Estado mexicano.

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Formación ciudadana Al igual que otros aspectos relativos a la educación del individuo, su formación para la ciudadanía es una responsabilidad compartida por tres agentes sociales fundamentales12: la familia, que goza de una responsabilidad preferente, las instituciones educativas, que tienen una responsabilidad por mandato; y el Estado, que complementa las anteriores con una responsabilidad subsidiaria13 (García-Garrido, 2008). Sin embargo, en la efervescencia de la discusión sobre 12 A estos debe agregarse uno cuarto: los medios de comunicación, cuyo impacto les hace protagonistas cotidianos de la historia contemporánea: “Indudablemente (…), los medios masivos y las redes informáticas adquieren una centralidad insoslayable, como escena privilegiada de intercambios. Por eso las reflexiones sobre la condición ciudadana como condición necesaria de la democracia resulta limitada si no se relaciona con esta nueva característica del espacio público” (Mata, 2006). 13 Estas tres instituciones están inscritas en un entorno más amplio que cada una de ellas, que se llama sociedad y que también ejerce una influencia propia en el proceso. En nuestro caso, por encima de las familias, las escuelas y el Estado, hay un grave deterioro social que afecta visiblemente a todo lo demás.

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concreto es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 1948. Por supuesto que del dicho al hecho persiste gran trecho y, en no pocos casos, abismal si se quiere; pero al fin, un documento signado por casi todos los países del orbe plasma principios fundamentales inspirados por un ideal de bien común adecuado a cualquier sociedad del mundo. Hacer valer la Declaración Universal de los Derechos Humanos es a principios del siglo XXI la oportunidad de todos los pueblos para sumarse propositivamente al concierto de las naciones civilizadas. Ciertamente no debemos pecar de ingenuos soslayando la siniestra realidad del despiadado capitalismo neoliberal que campea hoy en el mundo, a nadie debe cegar la ilusión de la libertad democrática gratuita; no ha existido nunca tal cosa, ni existirá. Todo lo que en el pasado ha contribuido a la ampliación de los derechos y libertades de la gente en las propias sociedades consideradas hoy democracias consolidadas, tiene sustento en la lucha incansable, el sacrificio y la sangre que en el camino han quedado, para empezar, en los propios Estados nacionales surgidos de entre las ruinas del antiguo régimen. Por eso resulta primordial asumir las responsabilidades ciudadanas propias del régimen democrático, que si bien no es en nada perfecto, sí parece ser el más perfectible que se haya conocido.

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la crisis de nuestro sistema educativo14, la responsabilidad para la formación ciudadana es frecuentemente objeto de acusaciones mutuas y descalificaciones entre los actores mencionados por lo que se observa como fallas u omisiones en el cumplimiento del deber de una u otra parte (Imbernón, 2005; Pratz y Raventós, 2005; Ruíz del Castillo, 1992). Este enfoque desde la óptica del deslindamiento de cuotas de responsabilidad entre los involucrados ha demostrado resultados muy pobres y la profusión de iniciativas y propuestas (Cuesta et al., 2005; Díaz e Inclán, 2001; Gimeno, 1995; Pratz y Raventós, 2005) parece contribuir más a empantanar el debate que a dirimir los conflictos inmanentes a la historicidad del fenómeno15. Conviene por ello retomar un principio básico como punto de partida: ciudadanía; el concepto está claramente ligado al de ciudad: espacio colectivo donde lo individual integra lo comunitario en estructuras, funciones y tensiones; sin duda, nadie es ciudadano al margen de sus vínculos con la comunidad. Como observa Idoya-Zorroza (2008), se es ciudadano sólo en convivencia: “(…) no sólo es posible que el ser humano conviva, sino que no puede vivir si no es conviviendo en una respectividad esencial con el mundo y con los demás. La positiva indefensión e insuficiencia del ser humano le hacen ser esencialmente dependiente. Luego plantear los fines y valores que la persona ha de buscar, desde el ideal individualista, es hacerle vivir en la superficie de su propia existencia (…) y no una existencia plena” (op cit. p.114). La dimensión social del ser humano es paralela a su individualidad, lo que es fácilmente demostrado por el hecho observable de que desde el momento mismo en que nace, le son absolutamente indispensables los cuidados que no podrá prodigarse a sí mismo por varios años. El resultado es que lo humano se forja en sociedad; luego entonces, no es lo individual del hombre, sino lo personal, lo que debe integrarse a la reflexión sobre la formación ciudadana. 14 Brovetto (1999) analizó en detalle el caso de la educación superior en varios países de Iberoamérica; sus datos desmienten cifras oficiales evidentemente favorables y concluye que es indispensable revisar los fundamentos de la política educativa de los últimos tiempos. 15 Rodríguez-Rojo (1997) parte de la base de los desequilibrios descritos por Habermas en lo ecológico y lo antropológico, además de la pérdida del equilibrio internacional, para analizar la crisis contemporánea de la educación de tradición Occidental; sobre esta premisa, el autor construye ciertas estrategias y orientaciones para arribar a una nueva escuela crítica que atiende problemas transversales, en relación directa con el contexto cultural y el entorno circundante para estar efectivamente al servicio de las personas, lo que acertadamente reconoce como la razón de ser del esfuerzo educacional.

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16 El ensayo a leer es de I. Carvallo Robledo (2005). Un encuadre analítico desde la perspectiva de la dialéctica entre imperios permite al autor diagnosticar que la construcción de imagen de la mexicanidad ha obedecido a los imperativos de las contradicciones entre latinidad y sajonismo. 17 No ha de entenderse el “sentimiento de identificación recíproca” como compatibilidad ideológica ni como fusión de identidades; la identificación recíproca quiere decir la existencia de principios acordados por sujetos racionales que, aun alimentando diferentes proyectos de vida, sirvan de límite a nuestras diferencias y de impulso a nuestras semejanzas: principios como, por ejemplo, respeto a la legalidad y a los valores de la democracia. 18 “Si nuestro patriotismo no se identifica con las diversas etapas del viejo conflicto de latinos y sajones, jamás lograremos que sobrepase los caracteres de un regionalismo sin aliento universal y lo veremos fatalmente degenerar en estrechez y miopía de campanario y en inercia impotente de molusco que se apega a su roca [...]” (Vasconcelos, citado por Carvallo, 2005).

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Consecuencia de la realidad social del hombre, es claro que en la convivencia con los otros existe la posibilidad de encontrar el modo de cumplir más acabadamente el destino personal, de crecer, de ser más libres y por ello más felices. Precisamente la idea aristotélica de bien común parte del reconocimiento de que, siendo animales que hablan y han de convivir, el bien esencial para los hombres será aquél que contribuya a facilitar esa comunicación y hacer posible la convivencia en la que, más que la comunicación interpersonal de ideas, son éstas mismas y lo que ellas portan, lo que se comunica: inquietudes, valores, posibilidades, aspiraciones (Idoya-Zorroza, op. cit. p114-115). Ahora bien, es verdad que la solución a la insuficiencia y a la dependencia individual está en la convivencia; y es de esperar que los fines y valores que la persona ha de buscar para vivir una existencia plena, sean todos aquellos que contribuyan a la construcción de su respectividad esencial con los demás. No es tan evidente, sin embargo, qué representación de esta respectividad puede habitar en el imaginario comunitario como imagen propia, distinta de la que ofrece el espejo, es decir, no una imagen personal sino una imagen de membresía o pertenencia, pues es evidente que dicha imagen no es un resultado a escoger o espontáneo de la convivencia, sino una construcción histórica16. A este respecto, tristemente debemos concluir que en México no se ha consolidado una imagen compartida de la identidad nacional, de membresía o pertenencia a un todo mayor compartido. México sigue siendo muchos Méxicos. Reiteramos, no puede haber nación mexicana sin un sentimiento de identificación recíproca entre una mayoría de los mexicanos17, superior a los regionalismos o incluso al nacionalismo “sin aliento universal”18; un sentimiento a partir del cual podamos construir el ethos ciudadano más conducente a la

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realización democrática como el medio para lograr una sociedad mexicana sin opulencia ni pobreza extrema, de plena vigencia del Estado de Derecho, de justicia pronta y expedita para todos, de instituciones legítimas y respetadas; para lograr asimismo, una ciudadanía heterogénea pero convergente a través de todos los espacios imaginables para la participación informada y educada en los valores de la solidaridad con las causas más justas y la toma de las decisiones que mejor procuren el interés general. La identidad recíproca entre los miembros de cualquier sociedad fuerte tiene por fundamento el convencimiento profundo y por ello la convicción más firme en los principios de la alteridad. Desgraciadamente, se puede afirmar que, en general, entre los mexicanos el desarrollo de tal convencimiento es menos que precario; no somos muy dados a reconocernos si no es en el espejo, sencillamente porque desde la más temprana edad nos entrenamos en y para el no reconocimiento mutuo; es una finalidad distinguirnos “del montón”; así que tampoco sentimos mucho respeto por los otros y, ante la disyuntiva entre sus intereses y los propios, el dilema en nuestra conciencia no existe; los límites de nuestra lealtad siguen siendo la familia y los amigos de la cuadra, la banda en la escuela; los demás son todos enemigos y no se puede confiar en ellos. Fallamos en entender que el problema no es tanto el sujeto u objeto de nuestra confianza, como nuestra milenaria actitud de confundir el acto de depositar nuestra confianza con el de firmar un cheque en blanco para luego desentendernos del resto. Confianza pueril de la que cualquier merolico se aprovecha con facilidad, sobre todo cuando del poder se trata. El corolario de esta lógica es la desesperanza que reafirma, inevitablemente, una actitud esencialmente escéptica, no como instrumento de análisis de lo percibido, sino como conclusión permanente: nuestra tierra es el reino del escepticismo, “sospechosismo” si se quiere, en jerga política contemporánea; sustituimos malicia por confianza, por eso nunca es demasiado nuestro desencanto. Esta miopía parece ser el sello distintivo de la miseria democrática propia de nuestra cultura política, hondamente enraizada en los mecanismos clientelares consolidados por el autoritarismo como formas naturales y propias de distribución de recursos y negociación política desde el momento mismo en que quedara institucionalizada la Revolución mexicana, como habría de recordárnoslo el nombre mismo del Partido único encargado de aglutinar a los factores reales del poder.19 19 Más allá del caso de México, Assies et al. (2002) abordan el estudio de la asociación entre ciudadanía, cultura política y reforma del Estado en América Latina. Descubren que, en

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medio de una sociedad marcada por relaciones autoritarias, las condiciones para lograr una democracia amplia y profundizada son escasas. En otras palabras, es necesario tomar en cuenta los elementos culturales fuertemente enraizados para analizar las democracias latinoamericanas contemporáneas (p.74). 20 La indispensable refutabilidad de cualquier idea que aspire a constituirse en conocimiento verdadero y la consecuente actitud crítica versus la actitud dogmática que nos hace aferrarnos a nuestras impresiones, son propuestas de Popper (1967, cap. 1:57-93) que debían ser estructurales de los ejes rectores de la educación para la ciudadanía.

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Una vez aceptado que ciudadanía no es sólo un término formal, debemos reconocer que intercomunicación y convivencia son consustanciales a ella. Resulta pues paradójico que el sello de la época sea precisamente el deterioro de los valores asociados a la sociabilidad innata de la especie; sin duda, entre las causas de estos graves males de las sociedades modernas está el extendido malentendido ya citado respecto del concepto de individualidad versus dimensión social del individuo; a este malentendido se suma otro grave equívoco en relación con el concepto de libertad, según el cual ésta significa independencia y desvinculación o liberación de todo compromiso, con el único límite de no perjudicar al prójimo. Según esta idea de ser humano, la estructura y dinámica social se asumen como la mano invisible que hace del egoísmo la fuente del interés general o bien común. De este modo, individuo y comunidad son categorías mutuamente excluyentes que funcionan en la medida que lo privado es privado y lo público es un ámbito formal carente de valores (IdoyaZorroza, op. cit. p.112-114). Dada pues nuestra consustancial sociabilidad, en lo que atañe a la formación para la ciudadanía, sería positivo -por decirlo sobriamente- que todos, empezando por las instituciones del Estado, dejásemos de lado el optimismo infundado y aceptáramos de una buena vez que no hay atajos: llevará todavía mucho tiempo y esfuerzo corregir gradualmente los efectos heredados del condicionamiento de nuestra inteligencia y nuestras emociones durante tantos siglos. Al efecto, haríamos bien en enseñar mucho de Popper20 a la más temprana edad que fuera posible. Sería de enorme beneficio empezar a instruir a nuestra infancia en las bondades de la mente abierta a la crítica, pues en la raíz de nuestros más grandes problemas se encuentra invariablemente alguna manifestación de dogmatismo, alguna expresión de potestad sobre la verdad o la razón. Quien, aun con las mejores intenciones, proclama su posesión de la verdad, atenta contra la salud social a la que aspira la democracia. Para empezar, no hay crítica sin autocrítica. Deberíamos enseñar que, más que tratar de llegar al verdadero conocimiento, debería preocuparnos evitar el error. La tolerancia

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exige el dominio de nuestra “naturaleza brava”, como la llamara Alfonso Reyes (Sol, 2006, p.20).

Hacia una ética ciudadana para la democracia ¿Puede haber responsabilidad social sin ciudadanía? ¿Es concebible una al margen de la otra? En la actualidad todo indica que no es posible, pues ya la vieja fórmula según la cual, en política la forma puede pasar por fondo, no se sostiene. Responsabilidad y ciudadanía son, una a la otra, como los átomos de oxígeno e hidrógeno a la molécula de agua. Así, la creciente preocupación actual por la ética en México y en todo el mundo corresponde más bien a lo que Rodríguez Arana (2008) identifica como “un movimiento cultural e intelectual de fondo que parece presagiar el advenimiento de un nuevo ciclo en el desarrollo de la humanidad, en el que el factor ético será generador del pensamiento, de la acción y de las relaciones de convivencia dentro y fuera de las organizaciones” (Rodríguez-Arana, 2008, p.31). Toda filosofía empieza por ser una ética. Asistimos a cambios profundos y acelerados del estilo de vida en el cual se formó el ciudadano medio de casi cualquier país hasta hace unos treinta años; cambios que han desvanecido los valores de las sociedades tradicionales hasta desaparecerlos o hacerlos irreconocibles. Sobre todo en los países del primer mundo, pero lo mismo en los nuestros, hacia los que se ha extendido la democracia, el ciudadano común va dejando de ser simplemente súbdito de la autoridad instituida legalmente, titular nominal de derechos e intereses frente al Estado. Lenta, pero inexorablemente, se abren camino insospechadas formas alternas a la verticalidad como ejercicio exclusivo y excluyente del poder; así, el sometimiento del individuo cede su lugar a una creciente interacción participativa entre actores sociales por vías institucionales y no institucionales que va redefiniendo el marco de las relaciones entre gobernantes y gobernados para esperanza de nuestra experiencia democrática, pues el sentido jurídico formal de ciudadanía se enriquece en su concreción como construcción social conforme “se articula estrechamente con el campo polémico de la democracia” (Tamayo, op. cit. p.42). Ningún diálogo social podría conducir a tal enriquecimiento de nuestra vivencia del régimen democrático sin el reconocimiento cabal de que en el terreno de los hechos constatables, la ciudadanía es resultado del enfrenta38

21 Al respecto, Freeman (2011) ha señalado que tanto o más que los mexicanos residentes en México, los mexicanos residentes en los Estados Unidos se están constituyendo rápidamente en un importante factor de cambio en su país de origen, tanto por su actuación en los Estados Unidos como por lo que, aquellos que van y vienen, están aprendiendo y adoptando como nueva visión de lo que es el poder ciudadano frente a un gobierno y unas instituciones que a su parecer sí funcionan.

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miento entre grupos por el acceso y control de los recursos; encarna así la lucha de clases por el poder entre grupos cuya identidad es factor de cohesión: “ciudadanía es (…) una categoría, un criterio definido por un conjunto de actores; es un vínculo, porque los actores comparten aspectos de la memoria colectiva, visiones de futuro y derechos tanto como obligaciones; es un papel, porque los actores se comportan de acuerdo a un estatus; y todo ello construye un tipo de identidad” (Ibídem. p.27). Quiere decir esto que, más allá de su significado formal jurídico, en los hechos la ciudadanía es una identidad de membresía dentro de una comunidad política; identidad provista de unos derechos y unas obligaciones que habilitan al ciudadano para la participación en la toma de decisiones de la comunidad; pero no se trata de una identidad estática sino histórica, que expresa siempre las condiciones de conflicto social entre los grupos que conforman la comunidad en términos de desigualdad de oportunidades y, particularmente, de inequidad en lo que atañe a la distribución de la riqueza. Consecuentemente, la realización de la ciudadanía sólo es posible a través de su ejercicio en la participación, ya sea por alguna vía institucional u otra no institucional, como se describe adelante. Cabe destacar el rol detonante de estos cambios que en México ha tenido la globalización según estudios (Canales, 2008; Giménez y Gendreau, 2001) que muestran cómo, la flexibilización laboral y contractual que acompañó la incorporación del país al tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, generó un nuevo flujo migratorio mucho más heterogéneo en cuanto a la diversidad de regiones y estados, incrementándose la participación femenina y de origen urbano debido al empobrecimiento de amplios sectores de la población y a la precarización del empleo. El fenómeno es especialmente importante por los efectos que ya está teniendo sobre las formas de hacer política en México21, donde la participación ciudadana institucional no tiene carácter obligatorio y consiste en la expresión de las ideas y los intereses de individuos o de grupos dentro de los propios cauces construidos, regulados y operados por el Estado para la promoción de la corresponsabilidad ciudadana en la toma de las decisiones que a los grupos afectados concierne en cada

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caso. Tal es el sentido y el propósito, por ejemplo, del ejercicio -cada vez más concurrido- al que las nuevas administraciones de los tres niveles de gobierno invitan a los distintos sectores de la comunidad desde hace ya algunos años, para participar en la elaboración de los planes de desarrollo municipal, estatal y federal. Otro tanto puede decirse de las figuras de referéndum y plebiscito22. Sin embargo, sea por indolencia, por la falta de credibilidad de las instituciones o por repudio al carácter institucionalizado de tales formas de participación, para muchos mexicanos ésta sigue limitándose, en el mejor de los casos, a la emisión del voto aquellos días en los que se celebra un proceso electoral. La participación no institucionalizada es mucho más activa, no sigue los cauces establecidos; se abre espacio irrumpiendo en la vida institucional por la vía de la lucha disidente y la confrontación, es frecuentemente contestataria e incluso violenta. Debe reconocerse que a ella deben en más que buena medida todas las democracias del mundo la ampliación de los derechos y cualquier cambio de reglas del juego en lo político, lo económico o lo social, que merezca la pena llamarse progreso social. Es esto, más que cualquier otra cosa, lo que hace de la ciudadanía el resultado de un proceso de participación, “cuando las masas deliberan, se convierten en ciudadanos, cuando los ciudadanos participan, crean comunidad” (Alejandro, citado por Tamayo op. cit. p.43).

Ética de la función pública para la democracia Debido a que la confianza ciudadana en la función pública descansa sobre los aspectos éticos propios de la misma, hoy día, los titulares de los medios de comunicación que denuncian escandalosos actos de corrupción en los países del primer mundo, otrora considerados por la opinión pública ajenos o casi ajenos a tales acontecimientos, legitiman la preocupación sobre la relajación -si no es que el resquebrajamiento- de valores en la actuación pública23. Es en 22 El plebiscito es utilizado en los casos de supresión o creación de nuevos municipios o en la designación de los funcionarios del mismo y para someter a consideración actos o decisiones del gobierno trascendentes para la vida pública del Estado. El referéndum se utiliza para someter a consideración de la ciudadanía las reformas o adiciones de leyes que expida el Congreso del Estado o para reforma de la Constitución. Se puede encontrar un recuento detallado de la experiencia mexicana con estas figuras de participación política en el trabajo de Amezcua y Martínez (2000). 23 Ejemplo de notoriedad internacional es el caso Nóos en España, conocido también como Operación Babel; caso de corrupción política denunciado desde 2012, en el que estaría involucrada incluso la infanta Cristina y su esposo Iñaki Urdangarín, acusados de mal

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versión, fraude, lavado de dinero y evasión fiscal. En México, el “Wal-Mart Gate” es un caso de corrupción extendida denunciado por el New York Times el 21 de abril de 2013. Según el rotativo, de 2001 a 2005 la trasnacional pagó millones de pesos a funcionarios de todos los órdenes de gobierno para acelerar permisos y quitar trabas a la proliferación de tiendas y así ganar el dominio en el mercado mexicano. 24 Los Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se reconocen como fuentes del Derecho Administrativo incluyen los siguientes: 3, 16, 21, 27, 28, 89, 90, 92, 115, 124, 126, 127,128 y 134. Mediante estos artículos se concibió un esquema de administración Pública distribuido en cinco ámbitos distintos: Federal, del Distrito Federal, de los Territorios Federales, Estatal y Municipal. 25 La administración pública se trata, según Bonnin, de “una potencia que arregla, corrige y mejora todo cuanto existe y da una dirección más conveniente a los seres organizados y a las cosas” (Calindo-Camacho, 1999 citado por Sarquís y Solís, 2013).

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la esfera de lo ético donde residen las razones del servicio público: el comportamiento ético en los servicios públicos es una condición sine qua non para la gobernanza (Sarquís y Solís, 2013). Por ello, de manera convergente y complementaria a la discusión sobre la formación para la ciudadanía, la idea del servicio a la colectividad es hoy el nuevo eje central de la ética pública orientada a la promoción de los poderes públicos con la misión de crear un clima en el que los ciudadanos colaboran con la Administración Pública en la gestión del interés general (Rodríguez-Arana, 2008). En México, la vieja tradición colonial de la Administración Pública distante hasta la oposición misma al interés general, ha entrado en crisis. El Derecho Administrativo Mexicano reconoce hoy el valor de la transparencia como legítima exigencia social sobre la base constitucional que dispone que la dignidad de las personas, sus inviolables derechos, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la paz social; tal es el alcance del interés general en el Estado Democrático24. La versión patrimonial de dicho interés público no debe ser compatible con el nuevo ejercicio de las libertades y derechos ciudadanos. Esta circunstancia exige un cambio sustancial en la actuación de los agentes de la Administración Pública que permita la validación ciudadana del carácter instrumental de la labor administrativa de lo público con una orientación hacia la eficacia y el servicio, para lograr hacer de la calidad y la transparencia propiedades consustanciales a la ética del servidor público. Al efecto, la función esencial de la Administración Pública25 antes cifrada en garantizar en abstracto el interés general como fundamento del orden político y la paz social, vincula hoy esa tarea a la necesaria distinción que deben procurar todos los agentes de la gestión pública, cualquiera que sea su posición, a través de la calidad del servicio que brinda su trabajo profesional.

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Los ciudadanos tienen el derecho de exigir de los funcionarios públicos eficacia, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas incondicional y total. A su vez, los funcionarios públicos, independientemente de su jerarquía, electos o designados, deben contribuir a la gobernanza a través del ejemplo que pueden dar a la comunidad a la que sirven, pues sólo en las conductas más estrechamente apegadas a estos valores de la función pública, sólo en el servicio visible a los intereses colectivos, en el servicio del bien común, se hará patente la justificación de la existencia de la Administración Pública; más aún, entonces será espontánea su reivindicación como mejor escuela para la educación ciudadana en el ejercicio del poder democrático; como mejor instrumento para el empoderamiento ciudadano, sin necesidad de apelar ni a la buena fe ni a la dialéctica de la historia a las que infructuosamente el socialismo utópico y el socialismo científico apelaron, respectivamente26. Huelga abundar en las dificultades que entraña la concreción de estas exigencias de la Democracia sobre la Administración de la cosa pública en el plano de la realidad de hoy en día. Se entiende que no basta insistir en subrayar que la correspondencia entre interés de la Administración Pública e interés general emana del objetivo de la primera en procurar este último; de ahí la ineludible responsabilidad administrativa de configurarse en un organismo transparente, abierto a la información, a la participación y al control democrático por parte de los ciudadanos; si ello se hace evidente ante la opinión pública, se reforzarán las condiciones de credibilidad de la propia Administración y sus agentes, pues la tarea pública presupone el servicio a los demás (Rodríguez-Arana, op. cit. p33-35). En el caso de México, es necesario reconocer que la credibilidad de los actores de la Administración Pública nunca ha sido muy amplia. No negamos el palpable avance que en el país ha experimentado la profesionalización de los funcionarios, esto es, la adecuación del perfil profesional a las demandas del puesto administrativo. Tampoco es de soslayarse el impacto que sobre la eficacia y la eficiencia de la tarea administrativa de lo público han tenido las nuevas tecnologías en gestión de la información y la importación de los criterios del “management” de la empresa privada hacia la esfera de la Administración de la cosa pública. 26 En el segundo artículo sobre este tema discutimos el carácter socializante de las empresas que promete tener la agenda ciudadana en lo que respecta a los temas del medio ambiente, los derechos humanos, la equidad de género, entre otras preocupaciones.

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Agradecimientos Agradecemos a nuestros colegas, David J. Sarquís, Alfonso Colorado y Cuauhtémoc Jiménez por la revisión crítica del manuscrito y los invaluables comentarios que sin duda contribuyeron a centrar y enriquecer nuestro enfoque discursivo. Referencias ࣩࣩ Aguilar, P. 1999. Memoria histórica y legados institucionales en los procesos de cambio político. RIFP. 14:31-46. ࣩࣩ Assies, W., Calderón, M.A., y Salman, T. 2002. Ciudadanía, cultura política y reforma del Estado en América Latina. América Latina Hoy. Revista de investigaciones sociales. 32:55-90. 27 Mundialización versus globalización, reconocimiento recíproco entre los miembros de la sociedad como efectivamente iguales; tolerancia, apertura y respeto a la otredad, participación, no violencia activa, transparencia, rendición de cuentas, pleno respeto al Estado de Derecho (De la Rubia, 2004).

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Sin embargo, urge incorporar a nuestro sistema de Administración Pública los valores que están redefiniendo a la democracia en el discurso del nuevo humanismo27, pues la deficiencia más palpable e irritante de nuestro avance en esta materia es que, ante la incipiente conciencia ciudadana, incapaz de vislumbrar su empoderamiento materializado en la lucha permanente por extender sus derechos y los espacios para su participación en la toma de decisiones, sigue faltando la ciudadanización de las estrategias y de los mecanismos que definen las políticas públicas. Como resultado, el andamiaje y la jerarquía de la Administración Pública siguen siendo dueñas del interés público, definiéndolo en todo momento desde las esferas del poder donde se enfrentan –ocultos a los ojos de la sociedad- los grupos de interés que negocian continuamente así, al margen del interés general. Tanto así por los bien fundados temores de los grupos dominantes que ven sus prebendas e intereses particulares amenazados por el empuje del interés general, como por los bien fundados temores del gobierno de verse desbordado por las demandas del interés colectivo, como por la precariedad del desarrollo de una ciudadanía madura en cabal ejercicio de su responsabilidad social. Este es el quid del asunto, ningún otro.

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JORGE ISAAC SARQUÍS RAMÍREZ cuenta con el Doctorado por la Universidad de Texas A&M. Es investigador de tiempo completo desde el año 2000 en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana campus Orizaba-Córdoba. Es Agrónomo por la UAM-Xochimilco, Maestro en Ciencias en Fisiología Vegetal por la Universidad de Texas A&M. Tiene estudios en Economía y Letras Modernas. Sus áreas de interés incluyen la agricultura de precisión, la fisiología de los cultivos en condiciones adversas, las ciencias sociales y las humanidades. RAFAEL SOLÍS ALEMÁN es Maestro en Administración por la Universidad del Sureste de Tabasco. Es Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana. Ha estado en la Universidad Veracruzana desde hace 34 años. Actualmente coordina el posgrado de la facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana. Sus principales intereses incluyen la ética en las organizaciones, la administración de los recursos humanos y los procesos administrativos de lo público.

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