Ciudadanía social, informalidad y trabajo a domicilio: el caso de los profesionales teletrabajadores en Chile

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M. Consuelo Figueroa G. (editora)

Chile y América Latina Democracias, ciudadanías y narrativas históricas

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301.155 Figueroa, M. Consuelo F Chile y América Latina / M. Consuelo Figueroa. – – Santiago : RIL editores, 2013. 302 p. ; 23 cm. ISBN: 978-956-284-983-8   1 América Latina-Condiciones políticas y sociales 2 América Latina-Condiciones económicas.

Chile y América Latina Primera edición: abril de 2013 © M. Consuelo Figueroa, 2013 Registro de Propiedad Intelectual Nº 226.934 © RIL® editores, 2013 Los Leones 2258 7511055 Providencia Santiago de Chile Tel. Fax. (56-2) 22238100 [email protected] • www.rileditores.com Composición, diseño de portada e impresión: RIL® editores

Impreso en Chile • Printed in Chile isbn 978-956-284-983-8 Derechos reservados.

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Índice

Prefacio....................................................................................9 El Estado-Nación desde los márgenes............................17 Pureza y nación. Masacres, silencios y órdenes políticos Ludmila da Silva Catela...........................................................19 Trazos e imágenes de la nación chilena. El norte grande y la frontera sur 1880-1930 M. Consuelo Figueroa G..........................................................39 Descentralización e identidades nacional y regional en Chile: La búsqueda política de la identidad María Luisa Méndez - Modesto Gayo.......................................77

Los debates en torno a la democracia..........................107 Empresarios y democracia: ¿instrumento o proyecto? El caso de Perú y Chile. 1986-1990 Rolando Álvarez Vallejos.......................................................109 La transición auto-contenida. Elites políticas y reformas constitucionales en Chile (1990-2010) Claudio Fuentes S..................................................................145 Tensiones irresueltas en torno a la ciudadanía y la interculturalidad María Teresa Zegada C..........................................................179

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Reformulaciones de la ciudadanía................................207 Ciudadanía social, informalidad y trabajo a domicilio: el caso de los profesionales teletrabajadores en Chile Ana Cárdenas........................................................................209 Mujeres entre «la espada y la pared». Violencia de género y Estado en Chile, 1990-2010 Hillary Carroll Hiner.............................................................249 Mapuche al reverso del Bicentenario chileno Claudio Barrientos................................................................277

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Prefacio

M. Consuelo Figueroa G.

En 2010, la mayoría de los países latinoamericanos conmemoraron 200 años de vida independiente, dando lugar a diversas celebraciones y festejos públicos que, con gran boato, rememoraron los hitos, personajes y símbolos patrios que a lo largo de esas dos centurias dieron vida a los Estados nacionales. Al mismo tiempo y, al igual como sucedió durante las celebraciones del Centenario, la coyuntura también fue propicia para el surgimiento de reflexiones críticas respecto de los caminos transitados y de las posibilidades futuras de cada país. Entre los temas abordados, destacaron discusiones acerca de los procesos de formación de las nuevas repúblicas, las rupturas y continuidades de los sistemas políticos, los conflictos que amenazan a las actuales democracias, los problemas de representación ciudadana, la creciente brecha entre ricos y pobres, y la permanencia de instituciones de corte autoritario. Fue en ese contexto cuando un grupo de académicos de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia y el Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO), de la Universidad Diego Portales, inició un ciclo de reflexión que apuntaba al estudio de esas y otras temáticas, poniendo énfasis en dos aspectos que parecían centrales. Por una parte, promover una discusión multidisciplinar que, nutrida desde las miradas provenientes de la sociología, la politología, la antropología y la historiografía, propiciara un diálogo amplio tendiente a pensar los problemas desde distintas posiciones analíticas y, por otra, incentivar el uso de enfoques metodológicos que privilegiaran perspectivas comparadas, centrados particularmente en el estudio de problemáticas regionales latinoamericanas dentro de un marco global. En las discusiones tomaron forma algunas materias específicas que marcaron el debate y que aludían a conflictos generalmente invisibilizados y de larga data, asociados con las violencias implícitas en las narrativas históricas nacionales, las formas de exclusión ciudadana según categorías de género o 9

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raza, o con los nuevos modos de concebir las ideas de democracia en el marco de Estados neoliberales. Al mismo tiempo, se acordó alejarse de las tradicionales miradas autocomplacientes y celebratorias, así como de los análisis circunscritos y aislados dentro de las fronteras impuestas por los Estadosnaciones, para situarnos en una reflexión que complejizara, tensionara y des-centrara el debate sobre la construcción histórica y actual de esos Estados. En este sentido, la conmemoración del Bicentenario constituyó un momento clave para re-visitar críticamente no solo las trayectorias de las repúblicas independizadas en las primeras décadas del siglo XIX, sino igualmente la constitución de Estadosnacionales como entidades individualizadas y diferenciadas entre sí. Al respecto, ha sido común que los estudios, provenientes tanto de las ciencias sociales como de la historia, reconozcan al Estadonación como el marco analítico natural que, como tal, dotaría de un sentido de universalidad sus saberes disciplinares. Ciertamente, el influjo ejercido por las formas de conocimiento derivadas del pensamiento europeo occidental ilustrado ha jugado aquí un papel clave, convirtiendo al Estado-nación en el sujeto de acción y el objeto de estudio por excelencia. Hacer frente a la naturalización de este tipo de aproximaciones es uno de los propósitos que persiguió este proyecto. Desde esta perspectiva, la propuesta fue traspasar los límites de esa supuesta universalidad para abordar aquello o aquellos que han quedado cautivos de la exclusión. Algunas de las interrogantes que resultan clave en este debate se relacionan con las siguientes preguntas: ¿cómo abordar conflictos, tantas veces obliterados, sin desatender las heridas que provoca el largo silencio en que han estado sumidos? ¿Cuáles son las coordenadas que nos llevarían a la constitución de un Estado más democrático e inclusivo? ¿Cómo repensar la historia nacional, en perspectiva comparada, de modo de terminar con las exclusiones discursivas y prácticas? ¿Cuáles serían los elementos que debieran informar conceptos, en la actualidad tan elusivos, como democracia, ciudadanía o Estado-nación? ¿Cuáles son los desafíos actuales que debiéramos enfrentar en la consecución de un futuro menos violento y más integrador? Para ello, el libro que se presenta se articula en torno de tres ejes temáticos como resultado de las reflexiones y debates produ-

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cidos en el seminario internacional organizado por el ICSO y la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales en 2010, titulado Chile y América Latina en el Bicentenario: ciudadanías, democracias y narrativas históricas, en que participaron todos los autores aquí incluidos, además de los politólogos Hernán Cuevas y Cath Collins; y en el panel Nuevas ciudadanías: tensiones y disputas en el Chile del Bicentenario, presentado en el Congreso LASA-Toronto en el mismo año, al que concurrieron Hillary Caroll Hiner, Claudio Barrientos, Rolando Álvarez y Consuelo Figueroa, que, además, contó con los sugerentes y lúcidos comentarios de la historiadora Heidi Tinsman, constituyendo un decisivo aporte al desarrollo de sus respectivos trabajos. Los ejes de discusión son los siguientes: El Estado-nación desde los márgenes. Tradicionalmente los Estados-nación han sido concebidos como entidades originadas desde un centro nodal –histórico, geográfico, social y político– que actuaría con una lógica de expansión centrífuga desde el poder hacia sus márgenes. De hecho, la gran mayoría de los estudios abocados al análisis politológico, historiográfico, antropológico y sociológico acerca de problemáticas de carácter nacional, siguen esta misma lógica. Si bien existen importantes investigaciones centradas en las experiencias de sujetos o localidades regionales, suele suceder que estos siguen siendo pensados como tales –es decir, periféricos en relación al núcleo principal. La propuesta en este apartado es escudriñar en los relatos históricos, formación de identidades y construcciones discursivas de la nación, desde esos otros lugares/ otros sujetos, pero concebidos, ahora, como núcleos de producción autónoma y dinamizadora de políticas, significados, imaginarios y decisiones dentro del orden nacional. La propuesta es des-centrar el análisis, situándonos en las antípodas de la tradicional concepción del Estado-nación. Partiendo del estremecedor impacto que provocan en América Latina y el mundo las macabras persecuciones, las torturas sistemáticas, la desaparición de personas, los secuestros y la persistente represión desatada en Argentina durante la llamada Guerra Sucia, instigada por la última dictadura militar de ese país, Ludmila da Silva Catela propone revisitar la historia narrada desde el Estado-

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nación, hurgando en sus intersticios, de forma de develar otras memorias –marginales al relato hegemónico– acerca de las prácticas de violencia allí ejercidas. En este caso, la autora apela a una reescritura de la hasta entonces aceptada historia nacional, para dejar ver el trasfondo oscuro que encierra. Por su parte, Consuelo Figueroa analiza un ámbito aparentemente imparcial y objetivo como es el territorio y la geografía, en tanto disciplina de estudio, de manera de develar los influjos que llegan a tener este tipo de relatos descriptivos, pretendidamente neutros, en la racialización y deslegitimación de algunos sujetos respecto de su pertenencia a la nación y el ejercicio de sus derechos ciudadanos. Estudiando los textos escolares de geografía publicados entre las décadas de 1880 y 1930 en Chile, la autora expone los mecanismos a través de los cuales las descripciones geográficas definen la existencia legítima de algunos sujetos como nacionales, en relación con su actuación protagónica en una temporalidad cronológica, y la violenta exclusión de otros, a partir de su reclusión en una naturaleza indómita, hostil y, fundamentalmente, a-histórica. En relación al capítulo de María Luisa Méndez y Modesto Gayo, este busca problematizar los discursos sobre identidad nacional producidos en el marco de la conmemoración del Bicentenario en Chile. Para ello, sus autores indagan en las complejas relaciones existentes entre una idea singular de identidad nacional vis a vis la pluralidad y diversidad de las identidades regionales. Tomando en cuenta la constitución altamente centralista del Estado chileno en los 200 años de historia desde su independencia en adelante, los autores abordan las paradojas que entraña la actual aplicación de políticas regionalistas, tendientes al fortalecimiento de identidades regionales, y el robustecimiento de un discurso de identidad nacional singular que, lejos de oponerse en términos de los intereses involucrados, los alinea dentro de un mismo imaginario de pertenencia. Los debates en torno a la democracia. El concepto de democracia ha sido tal vez uno de los que más debates, enfrentamientos y pasiones ha generado durante la última centuria, especialmente en América Latina, donde la recurrencia de golpes de Estado y dictaduras ha marcado la pauta de, prácticamente, todo el siglo

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XX. Sin embargo, esta misma persistencia de la democracia como expresión política y símbolo máximo de los anhelos del Estadonación ha devenido en la proliferación de nuevas características y particularidades que debieran nutrir, según distintas posiciones y sujetos, el significado del término. Los estudios que aquí se presentan abordan el estudio de algunas formas y contenidos que ha adquirido, en la actualidad, el concepto de democracia para algunos sectores específicos. Es el caso del artículo de Rolando Álvarez, quien analiza, desde una perspectiva comparada, el papel jugado por las elites económicas y empresariales de Perú y Chile en las décadas de 1980 y 1990. Situados ambos países en una coyuntura particular, signada por la instauración de sistemas neoliberales en contextos autoritarios y dictatoriales, estos grupos han sido concebidos como uno de los pilares centrales de los posteriores procesos de recuperación de las democracias y de la mantención de un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, alejándose de las tradicionales interpretaciones que explican su actuar como meros poderes fácticos, como grupos convencidos de su papel en la consolidación de las democracias o bien como defensores de intereses corporativos a partir de políticas cortoplacistas, el autor se imbuye en las trayectorias seguidas por estos grupos para develar el carácter proyectual e ideológico de sus acciones en el ámbito político, lo que devendrá en una nueva concepción de la democracia, de corte neoliberal, estrictamente sujeta al devenir económico. Aludiendo también a las variaciones experimentadas por el concepto de democracia durante el período de transición en Chile, bajo la institucionalidad que ofrece la Constitución de 1980 promulgada bajo dictadura, Claudio Fuentes escudriña en las tres fases de reformas constitucionales impulsadas por las elites políticas –1989, los cambios parciales de la década de 1990 y 2005–, de manera de analizar las razones últimas que motivaron ese tipo de cambios y no otros. En su estudio, el autor distingue dos ciclos, con su punto de inflexión en 2005. El primero, que se extiende desde 1988 a 2005, se vincula con lo que denomina «democracia autocontenida», caracterizada fundamentalmente por los intentos por desbaratar los enclaves autoritarios impuestos por la dictadura. El segundo, iniciado en 2006, apunta a una profundización del

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concepto de democracia, signado por el reconocimiento de derechos sociales, políticos, civiles, económicos y culturales, el perfeccionamiento de las instituciones de representación y la descentralización del poder del Estado. Por su parte, María Teresa Zegada sitúa su estudio en el debate acerca del carácter pretendidamente universal y homogeneizante con que se ha impuesto la idea de democracia y participación ciudadana a partir de las ideas eurocéntricas en el caso boliviano. Haciendo un recuento histórico de la trayectoria constitucional, la autora analiza, desde el contexto actual de crisis y transformaciones que están verificándose en ese país, las posibilidades y límites de la permanente exclusión de las mayorías indígenas. Su trabajo, elaborado desde una perspectiva comparada con la experiencia de otros países latinoamericanos, ilumina con gran acierto las tensiones, aún irresueltas, como señala el título de su artículo, acerca de las concepciones de democracia y ciudadanía en clave liberal decimonónica, cuando estas se instalan en realidades políticas y socioculturales plurales y heterogéneas. Reformulaciones de la ciudadanía. Uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los actuales Estados nacionales está vinculado con las distintas formas de inclusión y exclusión que ellos mismos generan. Si bien la ciudadanía ha sido uno de los modos clásicos de inserción/expulsión respecto de la nacionalidad y participación en la institucionalidad estatal, emerge la interrogante sobre qué tipo de ciudadanía es la que estos han privilegiado y siguen privilegiando. Los artículos que aquí se proponen discuten, justamente, los conceptos de ciudadanía en un sentido amplio, desafiando la tradicional idea que la asocia con la mera participación electoral o con ciertos derechos civiles básicos, pero claramente restrictivos. Desde esta perspectiva, y a la luz de las transformaciones políticas, sociales y económicas acaecidas en las últimas décadas junto con los nuevos debates académicos develadores de los fuertes grados de violencia que ha supuesto el concepto de ciudadanía tradicional, se plantea la reformulación del concepto, a partir del estudio de sujetos y categorías analíticas tradicionalmente ignoradas. El artículo de Ana Cárdenas analiza, justamente, las transformaciones que, en la práctica, ha operado el concepto de ciudadanía

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social moderna a partir de la reconfiguración de los mercados de trabajo introducida por economías más abiertas y desregularizadas. Para ello centra su estudio en el sector informal de trabajo, es decir, aquel situado en los márgenes de las normas estatales de regulación laboral y, por lo mismo, enfrentado a una desprotección del ejercicio de los derechos ciudadanos como fueron concebidos por las sociedades industriales, urbanas y modernas. A partir de varios estudios de casos de hombres y mujeres profesionales dedicados al teletrabajo a domicilio, una de las modalidades expandidas con mucha fuerza en el último tiempo en Chile, Ana Cárdenas analiza las reconfiguraciones que está adquiriendo el concepto de ciudadanía social, abordando los límites y posibilidades que ofrece. Hillary Hiner, por su parte, analiza las transformaciones sufridas, en estas últimas dos décadas en Chile, por la experiencia ciudadana de mujeres pobladoras en relación con el tema de violencia de género y políticas aplicadas desde la institucionalidad estatal. En términos epistemológicos, se sitúa en una noción de ciudadanía que podríamos definir como radical, toda vez que, apartándose de las estructuras sociales formales, la concibe desde las experiencias cotidianas de dominación, y las luchas por igualdad en la diferencia. Así, partiendo de la experiencia de un grupo de mujeres que se organizaron en una de las poblaciones de Talca, hacia mediados de los años ochenta, para hacer frente a las violencias provenientes tanto del Estado como de su entorno familiar, la autora da cuenta de las tensiones que emanaron, después de la recuperación de la democracia en el país, y que devinieron en la pérdida, por parte de esas mujeres, no solo de protagonismo, sino del derecho al ejercicio ciudadano real. Por último, Claudio Barrientos analiza las tensiones y paradojas que han emergido a raíz de las demandas de reformulación del concepto de ciudadanía para avanzar hacia nociones más inclusivas y plurales impulsadas por los movimientos indígenas de las últimas décadas en Chile frente a los gobiernos de la Concertación. A este respecto, el autor pone especial énfasis en la violencia con que estos gobiernos han respondido, manifiesta tanto en las políticas represivas aplicadas contra esos movimientos como en las prácticas discursivas que han terminado por diluir el conflicto en temáticas que no alteren las bases de la constitución del

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Estado nacional chileno. En un agudo análisis, el autor reflexiona sobre la naturaleza del Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato, en el marco de los informes de verdad producidos en las últimas décadas en el país, dando cuenta de las particularidades y contradicciones del primero en relación con la reescritura de una historia nacional, en pretérito, acerca de problemáticas que persisten en la actualidad. La invitación es, entonces, a seguir debatiendo y profundizando el análisis acerca de este tipo de asuntos y otros que suelen quedar en el olvido, no obstante su preeminencia en la configuración de nuestras sociedades. Esperamos que estas contribuciones permitan alimentar la discusión sobre las sociedades latinoamericanas desde perspectivas plurales y diversas, y que, en lo posible, favorezcan la generación de nuevas preguntas, miradas, sujetos y problemáticas para así evitar los peligros que conlleva su silenciamiento, y propender a la constitución de democracias y ejercicios ciudadanos más variados, tolerantes e inclusivos.

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Pureza y nación Masacres, silencios y órdenes políticos1*

Ludmila da Silva Catela2

Desde los albores de la constitución de la República Argentina, la eliminación del «otro» fue una acción regular y periódicamente sustentada por el Estado a modo de imponer«la paz». Atacar a un adversario interno hasta provocar su exterminio o aniquilamiento fue una práctica posible, legitimada por los más diversos argumentos y formas de imposición simbólica. Así, ha decantado un esquema cultural argentino de una matriz de pensamiento y acción que ha acompañado la historia de la formación y consolidación del Estado y la cultura nacional. Se sabe que los modos de construcción y producción de la alteridad de aquellos sectores indeseados para el proyecto de la nación arribaron a una formulación diáfana en la oposición sarmientina «civilización y barbarie», dicotomía irreconciliable y asociada con otros pares de oposiciones binarias como cultura/naturaleza; sagrado/profano o bien/mal. La impronta de estos esquemas en un inconsciente nacional colectivo, se expresa en los modos de hacer política, aun la practicada por aquellos grupos que explicitan algún grado de repudio, crítica y reflexividad sobre esa matriz. La razón del uso de la violencia para imponer «la paz», tuvo a lo largo de estos dos siglos un factor común: la negación de la humanidad de ciertos «otros» que, tratados como enemigos políticos portadores de impureza moral, pueden y deben ser exterminados. Frente a la pregunta de cómo la desaparición de personas, la apropiación de niños, la tortura, el secuestro, los centros clandestinos de detención, las fosas comunes, fueron posibles, no debemos

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Una primera versión de este texto fue publicada digitalmente en el volumen 3 de la Revista Digital del Goethe Institut. 2010. http://www.goethe.de/ins/ ar/cor/prj/bic/pub/vo3/es6626077.htm Doctora en antropología cultural. Académica de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Investigadora del Conicet y directora del Archivo Provincial de la Memoria de Córdoba.

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Ludmila da Silva Catela

ni podemos aislar esta experiencia extrema de otras análogas sucedidas en el territorio argentino. En este texto realizaré un análisis sobre continuidades en el uso de la violencia para la anulación del indeseado: indio, comunista, subversivo u otro, a lo largo de la historia de la constitución de la nación argentina. Importa menos recorrer una descripción general o una historia lineal de las masacres, que ver las continuidades y rupturas de esos procesos de eliminación, así como la elaboración de silencios, olvidos y ciclos de memorias en torno de los modos en que las masacres se tornaron visibles o se silenciaron. Para esto es necesario pensar las memorias y las violencias en plural, indagando allí donde la memoria dominante evidencia olvidos y silencios. En las relaciones cotidianas, en la interacción entre los individuos, entre los grupos sociales y la nación (con sus agentes y especialistas), la violencia (étnica, urbana o política) conduce formas de comunicación, aguda manifestación reguladora de las relaciones sociales. En la tensión entre fuerzas «pacificadoras» y energías disparadas en un «conflicto» se delimitan los lugares y perfiles de víctimas, victimarios y espectadores. En síntesis, la reflexión sobre la violencia implica, desde un punto de vista antropológico, analizar los conflictos generados por relaciones de violencia como elementos constitutivos de las relaciones sociales, culturales y políticas. Por otro lado, orienta la mirada hacia las formas concretas de su manifestación, situadas local e históricamente: ¿qué personas o grupos se enfrentan o apelan a la violencia frente a hechos que consideran «injustos»? ¿Qué los lleva a matar y morir por sus concepciones políticas, sociales o étnicas? ¿Cuáles son las condiciones que motivan, a estas personas, a desatar este tipo de procesos? Tomando como eje y punto de referencia la última dictadura militar argentina, con sus características locales y su expansión nacional, propongo una mirada hacia atrás a partir de la pregunta sobre cómo –y qué aspectos– el uso de la violencia puede revelarnos sobre las maneras de imponer visiones de mundo y delimitar grupos, o sobre las formas de las comunidades de pertenencia y los mecanismos de exclusión que giran en torno a la idea de nación. Generalmente, cuando se piensa en un relato (el guion de un museo, la estructura de un manual, el discurso de un acto político, las guías en un sitio de memoria) que intente explicar los modos

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de construcción del enemigo y sus métodos para exterminarlo, se construyen respuestas con materiales históricos del corto plazo o con memorias cortas relativas al pasado reciente. Es lo que ha sucedido con respecto a las narraciones y memorias de la década del setenta en Argentina, como si este período hubiese sido una excepción histórica. No es casual que, ante la pregunta sobre la última dictadura militar las respuestas varíen en márgenes temporales bastantes acotados. Estos pueden retrotraerse, como máximo, hasta la década de 1960, la década de 1950 y, en un extremo, hasta la de 1930. Las respuestas generalmente están mediadas por las posturas políticas e ideológicas de quien intente considerar el origen político de la tragedia como modo de explicación. De esta forma, aparecen, como argumentos principales, eventos concretos de la historia, tales como la proscripción del peronismo, el Cordobazo o la persecución al comunismo. Cada una de estas explicaciones anuda comunidades de pertenencias políticas e identitarias muy fuertes y excluye, claramente, otros posibles relatos, actores y recorridos para comprender la complejidad del pasado reciente. Mi intención es entender y explicar lo que implica trascender el interés ideológico, personal y colectivo. No busco una «memoria completa», sino una memoria compleja, con sus grises y claroscuros, sus continuidades y rupturas.

1. Una campaña al desierto… ¿Lograremos exterminar los indios? Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar […]. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño, que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888)

Todos sabemos, por haber estudiado en los manuales escolares, los libros de historia, los relatos televisivos, las novelas de ficción o el cine, algo sobre la Campaña al Desierto emprendida en la década de 1870 por el general Roca3 y pensada y conceptualizada 3

«Recordemos que entre 1879-1889 la República Argentina llevó adelante la conquista militar del espacio pampeano-patagónico –proceso incorporado a la conciencia histórica común con el nombre de Conquista del Desierto– y,

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intelectualmente por el Instituto Geográfico Argentino, creado en 1879. De esa Campaña se guardan, en la memoria colectiva, imágenes y representaciones que abarcan diversos episodios.4 No es una memoria homogénea, sino más bien polarizada entre quienes argumentan que allí hubo un genocidio y quienes aún hoy la defienden como un modelo de contacto y civilización.5 Sin embargo,



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entre 1884-1917, expandió sus fronteras sobre el nordeste en la región chaqueña –acontecimiento conocido como Conquista del Chaco, del Desierto Chaqueño, del Desierto Verde, etc. Estos hechos, precedidos entre 1874 y 1875 por la Campaña de los Andes, de la Puna o «de Susques», contribuyeron con su resultado a la cristalización de la estructura de la República Argentina tal como hoy la concebimos bajo la matriz Estado-nación-territorio» (http://www.a-r-w-e-b.com.ar/isociologia). Como resultado de este proceso fueron exterminados, en los territorios de Pampa, Patagonia y Chaco, un total estimado de 12.335 indígenas, como fruto de las campañas de aniquilamiento llevadas adelante por el Estado nacional en su afán por conquistar aquellos territorios. Hubo dos leyes que enmarcan la Campaña al Desierto y que modifican el lugar reservado al indígena. La novedad se plantea en la Ley Nº 947, sancionada el 5 de octubre de 1878. La misma describe minuciosamente las acciones previstas respecto de las tierras por conquistar y, a diferencia de la precedente Ley Nº 215, de 1867, no incluye un análisis o proyecciones en relación a cuál sería la solución respecto de la población presente en esas tierras. Las cartas de lectores, notas de opinión y editoriales de los diarios de mayor circulación del país son un buen territorio donde observar esta polaridad. Los dos diarios que más se han manifestado sobre el tema son La Nación, claramente de derecha, y Página/12, con tendencia de izquierda. Así, las Cartas de Lectores en el diario La Nación suelen ser las más elocuentes en esta polaridad. En la gran mayoría, sin tapujos, se «reivindica» la Campaña al Desierto como ejemplo de civilización. La siguiente es una muestra de las editadas por este diario: «El general Roca realizó la Campaña al Desierto en 1879. Los argentinos de entonces la pedían a gritos. Los malones asolaban ciudades y estancias, robando y secuestrando a pobladoras, las famosas cautivas. El último gran malón se produjo en 1876. Masivo y mortal ataque indígena que provocó más de 400 muertos, 500 secuestrados cautivos y 300.000 cabezas de ganado robadas (…). La primera presidencia de Roca fue exitosa: inmigración, inversiones extranjeras, aumento de las exportaciones, desarrollo exponencial de las vías férreas; Primer Congreso Pedagógico y ley Nº 1.420. En síntesis, creación del moderno Estado nacional». Carta de Lectores. Firmada por Claudio Chávez, DNI 8.288.385, fechada el 10 de junio de 2006. Consultada en noviembre de 2010: http://www.lanacion.com. ar/813161-cartas-de-lectores. Otro ejemplo puede verse en, «Roca y el mito del genocidio», de Juan José Cresto, del 23 de noviembre de 2004 www.lanación. com.ar/nota. Por otro lado, desde una mirada sobre la Campaña al Desierto como genocidio, se pueden leer las numerosas notas elaboradas por el historiador Osvaldo Bayer, en el diario Página/12, quien con sustanciosos documentos muestra y demuestra la extrema violencia ejercida sobre los pueblos indígenas. Puede consultarse, por ejemplo, «Desmonumentar» www.pagina12/contratapa/13-145745-2010-05-16, del 16 de mayo de 2010.

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como idea central, dos imágenes aparecen en pugna: por un lado, la expansión de la «civilización» sobre el territorio «desierto» que debía conquistarse y, por otro, las grandes redadas a poblaciones indígenas masacradas en nombre de esa expansión. Es singularmente llamativo como, cuando aprendíamos esto en la escuela, raramente nos preguntábamos «…pero si había un desierto, ¿cómo era posible que se masacraran pueblos enteros?». El odio al indio construido desde intelectuales nacionales como Sarmiento u otros, la constitución de imágenes sobre el «miedo al malón», la construcción de un mal engendrado en estas tierras a partir de la idea del «salvaje» y un modelo de patria donde el «blanco» era sinónimo de progreso, entre otras cuestiones, constituyeron poco a poco, políticas donde el exterminio, la eliminación y la desaparición de ese otro-indio eran necesarias para construir un nosotros «los argentinos». El libro Pureza moral y persecución en la historia, de Barrington Moore (2006), intenta comprender cuándo y por qué unos seres humanos asesinan y torturan a otros, a los que se presenta como una amenazadora fuente de contaminación por mostrar ideas religiosas, políticas, étnicas y económicas diferentes. Para el autor, es evidente que el elemento más importante de este problema lo constituyen las ideas antiguas y las que se tienen en la actualidad sobre el propio concepto de «contaminación», que no es, en caso alguno, estanco, sino que cambia con el tiempo. Lo interesante, entonces, es descubrir en qué clase de contextos aparece y reaparece esta combinación de ideas y de acciones. Moore parte de una pregunta general: ¿hasta dónde debemos remontar nuestra investigación en busca de formas de pureza moral con poderosos componentes de violencia? Su respuesta es obvia, como él mismo afirma, en el Antiguo Testamento se recogen acontecimientos tales como la invención del monoteísmo y las luchas sangrientas que fueron compañeras de su propia expansión y arraigo. El monoteísmo, en su más directo sentido de creencia en un Dios y solamente uno, implica necesariamente encontrarse en posesión del monopolio de la gracia y la virtud que distingue a sus miembros de otras religiones parecidas y competidoras. La competencia fue, y sigue siéndolo, bárbara y cruel. Podemos agregar aquí que, de manera similar, cuando se piensa en una y solo una posibilidad de

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construcción de nación, la idea de contaminación aparecerá y se resignificará a lo largo de la historia. Durante más de un siglo hubo pocos contra-relatos de la Campaña al Desierto. En términos de construcción de la memoria oficial y dominante, la nación incluyó a Roca en el panteón de los héroes nacionales, bendiciendo con su nombre pueblos, calles, estatuas, e incluyendo su imagen en libros escolares, fechas conmemorativas y, por supuesto, en los billetes de circulación cotidiana en el mercado de intercambios monetarios. Así, su figura ha sido producida, distribuida y usada para referenciar la nación, el «nosotros». Fue a partir de las propuestas de diferentes intelectuales argentinos como Osvaldo Bayer6 y de los procesos de re-etnización, que la memoria dominante comienza a ser cuestionada, apareciendo otras versiones en el espacio público. Se intenta cambiar los nombres de calles, se realizan actos de repudio frente a estatuas de los antes pretendidos héroes nacionales y aparecen en escenas las «tan temidas» y «desaparecidas» comunidades indígenas como «nuevos» actores sociales.7 Esta re-lectura de la Campaña al Desierto empuja al espacio de lo público a diversos grupos que se creían «exterminados», como los huarpes, los wichis, los pilagá y otros. Son ellos, a partir de las acciones de sus caciques –y, debe decirse, de un grupo de historiadores, antropólogos y abogados­– que quienes pueblan de otras memorias que, hasta ese momento, habían circulado por el espacio privado, siendo transmitidas de generación a generación. Memorias subterráneas ni olvidadas ni silenciadas, sino estratégicamente guardadas en la transmisión oral y, generalmente, a través de los idiomas nativos. Como todo proceso de memoria que explota en el espacio público, sus ondas expansivas son difíciles de determinar. Lo interesante de este proceso fue la recuperación de múltiples capas de memorias. En palabras de uno de los líderes wichis: «… nosotros transmitimos a nuestros hijos que la civilización mostró 6



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Historiador y ensayista argentino. Es uno de los principales propulsores del movimiento social y político que lucha por retirar del espacio público las estatuas de Julio Argentino Roca. Para un análisis histórico y etnográfico sobre la emergencia étnica y los movimientos etnopolíticos, consultar Miguel Alberto Bartolomé, «Los pobladores del ‘desierto’», Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 10/2004, [en línea]. Puesto en línea el 21 février 2005. URL:http:// alhim.revues.org/index103.html.

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como trofeo, muchas veces, los testículos de nuestros antepasados y que nos querían encerrar como a animales sueltos. Pero ¿qué saben de nosotros…? No saben nada».8 La aparición de las comunidades indígenas en el espacio público, silenciadas y despojadas de todos sus derechos, o, mejor dicho, «incorporadas» bajo la noción de ciudadano argentino por el Estado nacional que, durante años, ni siquiera las reconoció en sus censos, es, a mi modo de ver, por lo menos inquietante. Vale aquí la pregunta de Pierre Nora sobre los procesos sociales de la memoria y, más específicamente la pregunta: ¿para qué sirve la memoria? Nora resalta que esta, a diferencia de la historia, se caracteriza por sus reivindicaciones de emancipación y liberación, a menudo popular y siempre contestataria. Al mismo tiempo, la reivindica como la historia de aquellos que no tuvieron derecho a la historia y reclaman su reconocimiento. Así, las memorias sociales y colectivas de este siglo que surgen de «(...) la insondable desgracia del siglo, del alargamiento de la duración de la vida, del recurso posible a los testimonios de sobrevivientes, de la oficialización también de grupos y de comunidades, ligadas a su identidad, su memoria, su historia (los tres términos son equivalentes)», tienen la pretensión de proveernos de una «(...) verdad más ‘verdadera’ que la veracidad de la historia, la verdad de lo vivido y de lo recordado –recuerdo del dolor, de la opresión, de la humillación, del olvido–, cualquiera sea, en síntesis, la parte de reconstrucción y de reconducción artificial de esta memoria».9 Así, Nora da pistas para comprender por qué, a más de un siglo, estas memorias emergen y revelan otros despojos, otros muertos, otras masacres. Lo que se concebía como una «domesticación del indio» para «civilizarlo», hoy es traducido y denunciado como aniquilación que se inició con la constitución de la nación, pero que se ha perpetuado, a lo largo de los años, bajo un proceso de reinvención de la oposición civilización/barbarie, en cada nuevo evento. Ante los peligros de «malón», el Estado nacional y

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Cacique wichi, en Debates sobre el genocidio de los pueblos originarios y los límites de la justicia. Buenos Aires: UBA, 2008. Video, testimonio oral. Pierre Nora, 2002, pp. 29-30. Citado en Esteban Lythgoe, «Consideraciones sobre la relación historia-memoria en Paul Ricoeur», Revista de Filosofía, Nº 60, 2004, pp. 79-92 (versión digital en: www.historiaviva.cl/wp-content/ uploads/2007/11/consideraciones-sobre-la-relacion-historia-memoria-enpaul-ricoeur.pdf)

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la sociedad «blanca» temerosa respondieron con enfrentamientos, sangre y eliminación del otro, entendido como enemigo y, fundamentalmente, como un ser contaminante de la «pureza» nacional. Así en la región del Chaco argentino se sucedieron procesos de eliminación en San Javier (1904), Fortín Yunka (1919), Napalpí (1924), El Zapallar (1933) y Rincón Bomba (1947), por citar los más conocidos y públicos. La imagen que ofrece un cacique pilagá, en su denuncia de estos hechos, resume parte de esta historia en el mismo momento en que se produjo. Sin embargo, lo que resulta interesante es que, en su relato, ha incorporado las nociones de impureza y deshumanización con las que han sido consideradas en la matriz civilización y barbarie. En sus palabras, «… siempre quisieron barrer la maleza del patio, domesticando y matando al indio, para que la civilización avance…».10

2. In varianzas de las masacres Así, a lo largo de dos siglos, las masacres contra el indio, el extranjero, el obrero, el comunista y el subversivo han sido una constante en la nación argentina. De manera general, infligir la muerte sobre el otro ha sido una constante, razón por la cual es necesario reformar la mirada para lograr interpretar las razones de cómo esto ha sido posible. Analizar el tema de la muerte como forma de neutralización del «otro» impuro para el proyecto nacional, permitirá también comprender que la última dictadura militar no fue un estallido de cólera motivado por intensas y oscuras emociones e intereses ideológicos y económicos de unos pocos, sino como un suceso controlado y organizado que llevó a un extremo esquemas de violencia política ya asentados en una tradición nacional de larga data. En la última dictadura se construyó la misma deshumanización y demonización (antes los indios, ahora los subversivos), con idéntica ausencia de culpabilidad y remordimiento. En este sentido, observando con lupa la relación masacres-identidad-nación es posible arriesgarse a decir que hubo dos momentos, reflejados en dos masacres singulares, donde se puso en cuestión la

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Cacique Pilagá, en Debates sobre el genocidio de los pueblos originarios y los límites de la justicia. Buenos Aires: UBA, 2008. Video, testimonio oral.

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construcción de la alteridad y las ideas de nación excluyente, organizadas en una política de exterminio sistemático del otro. El principal, como ya adelanté, fue la Campaña al Desierto donde la noción de civilización y extensión del territorio excluía a las poblaciones locales del proyecto de nación. Estamos como nación empeñados en una contienda de razas en que el indígena lleva sobre sí el tremendo anatema de su desaparición, escrito en nombre de la civilización. Destruyamos, pues, moralmente esa raza, aniquilemos sus resortes y organización política, desaparezca su orden de tribus y si es necesario divídase la familia. Esta raza quebrada y dispersa, acabará por abrazar la causa de la civilización. Las colonias centrales, la Marina, las provincias del norte y del litoral sirven de teatro para realizar este propósito (Julio Argentino Roca).11

Julio Argentino Roca hablaba en nombre de la nación, la que aparece estrechamente vinculada a la poderosa imagen de la civilización, potente en su propio derecho de controlar o estimular al hombre a la acción. Desaparición, aniquilación, destrucción moral y división de las familias, aparecen como las acciones que, en nombre de la nación, son posibles y deseables. En estos relatos, los indios no son más que «cosas» o partes de un paisaje –¿el del desierto?– que debe ser purificado, limpiado, ordenado. Las metáforas sobre el paisaje y la limpieza pueblan, así, el imaginario social sobre la Campaña al Desierto. En las páginas del diario La República, Roca afirmaba: «Si no se ocupa la pampa, previa destrucción de los nidos de indios, es inútil toda precaución y paz para impedir las invasiones».12 Es elocuente el discurso de Roca frente al Congreso de la Nación, en 1879, después de haber finalizado la denominada Campaña al Desierto: La ola de bárbaros que ha inundado por espacio de siglos las fértiles llanuras ha sido por fin destruida […]. El éxito más brillante acaba de coronar esta expedición, de Diario La Prensa, 1878, citado en Carlos Martínez Sarasola, Nuestros paisanos los indios.. Buenos Aires: Editorial Emecé, 1992. Las cursivas son mías. 12 Citado en Jorge Páez, El Conventillo. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. Colección La Historia Popular, 1972, pp. 102-103. 11

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jando así libres para siempre del dominio del indio esos vastísimos territorios que se presentan ahora llenos de deslumbradoras promesas al inmigrante y al capital extranjero.13

Se inicia así la construcción de un relato sobre la nación. La Campaña al Desierto, y la masacre que la acompañó, puede ser pensada como una bisagra que ordena las nuevas concepciones sobre la nación, blanca y europea, que termina por predominar en la relación dicotómica nosotros-otros. De esta manera, en esta campaña se estableció, tal vez por vez primera, un enemigo «interno», enunciado como ajeno a la cultura nacional, un elemento contaminante que debía ser excluido, sometido y, en el extremo, eliminado, muerto.

3. La eliminación del «otro» como solución para preservar el «nosotros» En 1902, fue aprobada la Ley Nº 4144, conocida como de «residencia», que concedía al Ejecutivo la facultad de aplicar penas de destierro sin garantías legales y sin previa detención. Esta ley permitía la expulsión de los extranjeros llamados «indeseables» – anarquistas, comunistas, sindicalistas, obreros– a sus países de origen. Usando palabras similares a las vertidas años antes contra los indios, el ministro del Interior, Joaquín V. González, declaró que lo que estaba sucediendo en la nación argentina «era producto de un par de docenas de agitadores de profesión… basta eliminar a estos para volver a la sociedad a la tranquilidad merecida».14 Alrededor del Centenario se suceden los siguientes procesos represivos: • 1909 (Mayo 1): Matanza contra obreros. Crece la agitación obrera y se decreta el Estado de sitio. El coronel Ramón Falcón, jefe de policía, realiza una represión contra la multitud congregada por los sindicatos anarquistas, dejando un tendal de muertos y heridos en la Plaza Lorea.

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Citado en Osvaldo Bayer, diario Página/12. Buenos Aires, 2010, p. 16. Citado en Felipe Pigna, página www.elhistoriador.com.ar/articulos.

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Algunos diarios hablan de 22 muertos; los anarquistas, en cambio, de 60. 1919 (Enero 9-16): Fusilamiento de obreros (acontecimiento conocido como «Semana trágica»). Como consecuencia del conflicto en la empresa Vasena, se produce una huelga general seguida de una cruenta represión policial apoyada por grupos de choque privados, con muertos y heridos, conocida como «Semana trágica». Las fuentes policiales hablan de 800 muertos; otras de 1.500. 1921 (Enero 22): Fusilamientos en la Patagonia. Después de una serie de huelgas y negociaciones frustradas con los estancieros y con los delegados del Poder Ejecutivo nacional son fusilados, con la autorización del teniente coronel Varela, cientos de trabajadores. 1922: Los asesinatos de La Forestal. En el norte de la provincia de Santa Fe se producen movimientos huelguísticos entre los trabajadores de la Compañía La Forestal de capital británico. La huelga de La Forestal, en 1922, culminó con una represión en la cual la «gendarmería volante», conocida como los «cardenales», y otras formaciones parapoliciales actuaron impunemente con el apoyo del gobierno nacional, con un saldo de centenares de muertos y 16 dirigentes obreros condenados a 8 años de prisión. 1924 (19 de julio): Masacre de Napalpi (Chaco). Después de algunos conflictos de tierra entre indígenas y colonos blancos, un grupo de 130 hombres de las fuerzas policiales del gobierno (y con la autorización del gobernador Centeno) ingresan en el campamento indígena de Napalpi, en la provincia del Chaco. Sin resistencia alguna de parte de los indígenas, las fuerzas policiales disparan contra la masa de indígenas. Se estima que 200 indígenas perdieron la vida en lo que se conoció como «la masacre de Napalpi».15

De esta forma, las represiones organizadas desde el Estado, apoyadas en leyes y discursos, iniciaron el proceso de construcción de representaciones sociales y políticas acerca del peligro y

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Esta cronología fue realizada por la autora en colaboración con el antropólogo Lorenzo Macagno, de la Universidad Federal de Curitiba.

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el mal, focalizado en un «otro» nacional. En el pasaje del siglo, el comunismo, como categoría general, reemplazó a la de barbarie adjudicada hasta ese momento al indio. Poco a poco, se constituyó en sinónimo de oposición a patria y amenaza al orden establecido. Como bien analiza, Velho, esta categoría (…) muchas veces viene acompañada de criminal, ateo, traidor, con fuertes implicaciones morales. La lógica del discurso acusatorio hace que la denuncia política pase a ser una acusación más global donde la propia humanidad de los acusados es puesta en cuestión [...]. Existe la idea de que su mente es corrompida por agentes externos a las fronteras de su sociedad.16

Es interesante cómo estas clasificaciones han quedado plasmadas también en documentos policiales, libros y archivos. Por ejemplo, en el Archivo Provincial de la Memoria (APM)17 fueron recuperadas, de una dependencia policial del interior de la provincia de Córdoba, dos carpetas que en su primera lectura no «dicen» demasiado. Sin embargo, cuando se las observa detalladamente, no como meros documentos acumulados por la policía provincial, sino como procesos clasificatorios del otro, adquieren un poderoso significado. Un centenar de «prontuarios personales», atados entre dos tapas de madera bajo la sigla OSP (Orden Social y Político), guardan un interesante sistema clasificatorio sobre los ciudadanos de Río Cuarto. Esta documentación que tiene como año de inicio la década del veinte, clasifica a los individuos perseguidos y vigilados por sus «ideas anarquistas». Luego con el pasaje de las décadas, esas mismas carpetas muestran otras categorías acusatorias y muchos ciudadanos pasan a ser perseguidos por sus «ideas comunistas». Finalmente, hacia los años sesenta y setenta, por sus ���������������������������������������������������������������������������� Gilberto Velho, «Duas categorias de acusaçao na cultura brasileira contemporânea». En Individualismo e Cultura. Petrópolis: Editorial Vozes, 1980, p. 59. 17 El Archivo Provincial por la Memoria (APM) fue creado en 2006, por la Ley Nº 9286, para rescatar, resguardar, preservar y difundir los documentos de los diferentes momentos dictatoriales que afectaron a la provincia de Córdoba. El APM cuenta con numerosos fondos y series documentales. Entre ellas se encuentra el Fondo Policía de la Provincia y la subserie Orden Social y Política que cuenta con documentación relativa a la historia de la persecución política en toda la provincia. Esta subserie documental abarca fechas desde 1920-1980 y está ordenada por prontuarios individuales de ciudadanos de Río Cuarto. 16

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«ideas subversivas». Esta forma de construcción de la mirada sobre el «otro» ha perdurado en el tiempo de manera minuciosa, burocrática y obsesiva. A modo de ejemplo, un solo individuo fue sistemáticamente observado y reprimido, durante 40 años, por ser comunista y difundir «ideas comunistas», tener en su poder «literatura subversiva» y participar de «eventos sospechosos».18 Así, el comunista, el subversivo, arrastra el estigma de lo «extranjero», contamina su sociedad con lo exógeno. Desarma y desorganiza, de alguna manera, el «orden natural» con ideas y comportamientos disruptivos. En este sistema de representaciones y acusaciones, el comunista es entendido como «un traidor que reniega de su patria».19 Ya no es el bárbaro que desestabilizaba la nación en pleno proceso de construcción –como fue el caso de los indios–, sino aquel que pretende «ensuciar» y «desordenar» lo instituido en el panteón de lo nacional/lo patriótico.

4. Subversión: la impureza de nuestro país… La guerrilla, como todos sabemos, no sólo actúa en el campo militar, sino que se infiltra, destruye y corrompe distintas áreas del quehacer comunitario, como el club, la escuela, el taller, la familia, procurando de ese modo dominar nuestra vida nacional [...]. El pueblo argentino no sólo comprende, sino comparte la lucha contra la subversión; de no ser así no se puede triunfar. (Luciano Benjamín Menéndez, ex comandante del III Cuerpo de Ejército).

Estas clasificaciones sobre el «otro» perdurarán, con modificaciones significativas, durante el período de la revolución libertadora cuando el mal aparece encarnado en el peronismo (Bombardeo a la Plaza de Mayo y masacre de José León Suárez) para emerger, nuevamente, con toda su fuerza en la década del setenta. Herederas de las representaciones de los años veinte y treinta, y de la

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Expediente de la subserie Orden Social y Político, perteneciente a la Serie Documental Policía de la Provincia de Córdoba, bajo custodia del Archivo Provincial de la Memoria. Gilberto Velho, op. cit., p. 60.

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Ley de Residencia, el marxismo y la subversión se erigieron como banderas del Operativo Independencia y del Proceso de Reorganización Nacional.20 De manera similar a la Campaña al Desierto y la Ley de Residencia, el Operativo Independencia no fue producto de un «bando de desquiciados», sino contrariamente, significó la ejecución de acciones del Estado pensadas y reguladas por leyes y decretos. Así, los decretos Nº 261/75, de la presidenta Isabel de Perón y los subsecuentes Nº 2770-71-72/, de octubre de 1975, establecían que: El comando general del Ejército procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán.21 ARTÍCULO 1°.- Las Fuerzas Armadas bajo el Comando Superior del Presidente de la Nación que será ejercido a través del Consejo de Defensa procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país.22

Estos decretos describen un cambio significativo, operado en unos pocos meses, sobre las concepciones de la represión, extendiendo el accionar desde una pequeña provincia como Tucumán a todo el territorio nacional. Lo más significativo es cómo la neutralización del «otro» se transforma en aniquilación. En este sentido, los decretos muestran, una vez más, un cierto tipo de representación del campo político. El país está, nuevamente, «en peligro» de ser contaminado y su pureza está siendo cuestionada. Las palabras: ejecutar, aniquilar y luchar aparecen sin censuras en el discurso estatal. Las mismas son rápidamente apropiadas por diferentes sectores sociales (periodistas, políticos, sindicalistas, etc.)

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La Revolución Libertadora fue el movimiento golpista contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón en 1955. El Proceso de Reorganización Nacional fue el nombre dado por los militares al golpe de Estado de 1976, contra el gobierno constitucional de Isabel Perón. El Operativo Independencia fue el sistema represivo, organizado y llevado adelante para «luchar contra la subversión», en 1975, durante el gobierno de Isabel Perón. Decreto del Poder Ejecutivo nacional Nº 261/1975. Las cursivas son mías. Decreto Nº 2772, del 6 de octubre de 1975. Fecha: 6 de octubre de 1975. Las cursivas son mías.

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que se suman a poblar de imágenes y producir representaciones de un «enemigo» a quien potencialmente hay que eliminar. Así, podemos observar una solicitada, aparecida en 1975 en Tucumán, con motivo de la conmemoración del 25 de Mayo. Allí se afirmaba que había que «exterminar a minúsculos grupos de extraviados… para erradicar de nuestro suelo a los elementos apátridas que intentan cambiar la gloriosa y pura enseña celeste y blanca por un trapo cualquiera».23 Durante los años setenta, términos como banda de delincuentes subversivos, apátridas o extremistas se transformaron en categorías acusatorias que generaron prácticas y acciones represivas concretas: más de 500 centros clandestinos de detención, miles de prisioneros torturados, 30.000 desaparecidos, 500 niños y niñas apropiados, que se acompañaron de acciones –tanto clandestinas como legales– como también de discursos públicos sin censuras. Podemos citar la ya célebre frase del general Ibérico Saint Jean, en 1977: «Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después… a sus simpatizantes, enseguida… a aquellos que permanecen indiferentes, y finalmente mataremos a los tímidos».24 Sin embargo, lo que más llama la atención son las continuidades en los discursos públicos. Durante 1979 se conmemoró, en plena dictadura militar, el centenario de la Campaña al Desierto.25 Esto fue motivo de numerosos festejos y manifestaciones públicas. Los lazos entre el pasado y el presente, a 100 años de la Campaña, fueron elocuentes en la mayoría de los discursos militares. En palabras del ministro de Justicia de la Nación, Rodríguez Varela, las guerras tenían una continuidad y un mismo objetivo: …los argentinos querríamos concluir esta guerra defensiva contra los terroristas […], pero no conseguiremos consolidar la paz en un instante. La paz, como ocurrió hace cien años, hay que ganarla derrotando previamente a quie

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Citado en Marcos Taire. «Víctimas de la dictadura cómplices del Operativo Independencia», 2008 http://www.memoriando.com/noticias/701-800/713.html General Ibérico Saint Jean. Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Mayo, 1977. Para un análisis pormenorizado al respecto, ver el trabajo de Laura Sánchez, «La negación del genocidio en el discurso sobre la Conquista del Desierto». Terceras Jornadas de Historia de la Patagonia, 2008. Mimeo.

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nes se han propuesto imponernos un régimen esclavista mediante la violencia.26

Conclusión: crueldad y deshumanización en nombre de la nación Si contemplamos este recorrido de producción de sentidos de la nación argentina y observamos sus efectos sobre el sufrimiento humano emerge, como lo más significativo de estas metodologías de construcción de la política, la aprobación moral de la crueldad. Para los agentes del Estado fue necesario definir un enemigo contaminado como elemento no humano, es decir, situado al margen de los «verdaderos humanos» o para usar palabras más generales, de la «buena sociedad». Son a estos últimos, a quienes se les debe la más «mínima obligación, en tanto criaturas iguales a uno mismo».27 Como bien afirma Bartolomé, para el caso del genocidio indígena durante la Campaña al Desierto: … los indios estaban y no estaban allí, el desierto era desierto a pesar de la presencia humana, pero esta presencia no era blanca, ni siquiera mestiza y por lo tanto carente de humanidad reconocible. Poblar significaba, contradictoriamente, matar. Despoblar la tierra de esos «otros» irreductibles e irreconocibles, para reemplazarlos por blancos a la imagen del «nosotros» que manejaba el Estado nacional emergente.28

A partir de allí, el enemigo contaminado se define, metamorfoseándose según la época y la ideología dominante, como una amenaza demoníaca (sean los malones, las ideas comunistas, la guerrilla) al orden social existente. Desde ese modo de representación y clasificación del mundo, la deshumanización y la demonización sirven para disminuir, o en muchos casos, eliminar por completo «... los remordimientos o el sentimiento de culpa ante las crueldades más bárbaras»,29 en nombre de la paz, el orden y la patria. La Nación, 4 de octubre de 1979, citado en Laura Sánchez, op. cit., p. 6. Françoise Héritier. «Réflexions pour nourrir la réflexion». Séminaire de la violence. Paris: Editions Odile Jacob, 2006, p. 21. 28 Miguel Alberto Bartolomé, op. cit. www.alhim.revues.org/index103.html 29 Françoise Héritier, op. cit., p. 23. 26 27

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Cada una de las masacres ejecutadas contó con el uso de las fuerzas del Estado como herramientas de la muerte y accionar represivo, pero también con la construcción de discursos, leyes, ideas que los «intelectuales» de la nación llevaron adelante. Cada una de ellas guarda una particularidad y un encadenamiento de hechos singulares (las imágenes de poblar zonas desiertas o las de atacar al mal externo del comunismo). Sin embargo, las metodologías del horror se repiten una y otra vez: fosas clandestinas, asesinatos masivos, apropiación de los bienes de las comunidades, uso desmedido de la crueldad. En este sentido, cortar partes de los cuerpos, exhibirlos, desaparecerlos o mutilar a los que ya yacen muertos, supone, como dice Héritier: «… [de] volver inertes, impotentes, reducidos al estado de vegetales inmóviles a quienes se teme como enemigos… La crueldad se ejerce en un teatro donde conviene mostrar ostensiblemente por el trato, que se le debe hacer sufrir en carne propia que no es un ser humano a imagen de Dios como Uno, sino un cuerpo animal, carente de derechos.30

Sin embargo, el impacto de la eliminación de lo que se considera como impuro no se expresa solamente en las masacres y en el uso de la violencia física. La eficacia simbólica de estas construcciones acusatorias es su perdurabilidad en el tiempo y en el espacio de las representaciones. Para finalizar me gustaría remarcar tres procesos de memorias y silencios, por lo menos incómodos o inquietantes, para quienes trabajamos sobre el pasado reciente y los crímenes políticos. Lo que perdura en la construcción de las memorias es un gran olvido o, por lo menos, un silencio perturbador: el lugar del indígena. En efecto, cuando se recuerdan las violencias de las décadas de 1920 y 1930 desde la historia, los discursos políticos y las memorias colectivas, se remarca la figura del obrero o del inmigrante de izquierda, «olvidando» las masacres (que no fueron pocas en número y variedad) dirigidas contra las diferentes comunidades indígenas. Estas matanzas fueron producto, en su mayoría, en respuesta a la masividad de los movimientos milenaristas indígenas (leídas y reprimidas desde el Estado como malones). Allí se accio

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Françoise Héritier. Ibíd., p. 16.

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naba a la policía, la gendarmería y el ejército desde una mirada de peligro que terminaba casi siempre en la aniquilación de los grupos indígenas. La última de ellas fue en 1947, en Rincón Bomba, durante el gobierno de Juan Domingo Perón.31 De la misma forma, en relación al reconocimiento de personas clasificadas y validadas por la historia como víctimas de la violencia del Estado argentino durante la última dictadura militar (19761983) suelen quedar fuera tanto campesinos como indígenas, los que están ausentes de las estadísticas y estimaciones. En las conclusiones del informe Nunca Más, que valida y da cuenta de las víctimas entre 1976-1983, podemos observar y conocer sobre la desaparición de «obreros, estudiantes, amas de casa, religiosos, profesionales, docentes, autónomos, periodistas, actores, conscriptos y personal subalterno de las fuerzas de seguridad, empleados».32¿No hubo, acaso, indígenas y campesinos desaparecidos? Si la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) en su informe no registró desapariciones de indígenas (y otras categorías «impuras» como prostitutas, homosexuales, judíos o extranjeros), podemos arriesgarnos a pensar que el discurso nacional sobre lo impuro fue altamente eficaz, imponiendo la visión de una Argentina sin indios. El procedimiento no solo supuso la masacre física concreta, sino también su eliminación de las representaciones, lo que, sin dudas, generó prácticas «inconscientes» que redundaron en la inexistencia de esa categoría, a la hora de recolectar las denuncias. Doble desaparición, la de la negación de lo indígena, como categoría social y el no registro como desaparecidos durante la dictadura. Paradojalmente, el actual proceso de re-etnización que se vive en Argentina exige adaptarse a los grupos reunidos en asociaciones y en comunidades indígenas que quieran imponer sus memorias y reivindicar justicia sobre las masacres –antiguas y actuales– al vocabulario creado y legitimado para hablar del pasado reciente emanado del informe de la Conadep. Sin embargo, categorías �������������������������������������������������������������������������� Es interesante������������������������������������������������������������ hacer notar que durante estos últimos 10 años se ha reivindicado frente al Estado nacional la necesidad de excavación de las fosas producto de las matanzas. Hasta el momento no se otorgaron recursos ni humanos ni financieros para que esto se realice. 32 Informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Nunca Más, 1986, p. 480. 31

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Pureza y nación. Masacres, silencios y órdenes políticos

como terrorismo de Estado, genocidio, tortura, u otras, no reflejan necesariamente las vivencias, experiencias y sucesos que, desde hace más de un siglo, vienen sufriendo sobre sus cuerpos. Así, las memorias largas de estas comunidades deben ajustarse y someterse a las memorias cortas y dominantes, sobre el pasado reciente para ser escuchadas y comprendidas. Si quien ejecuta la masacre, como dice María Victoria Uribe Alarcón,33 solo tiene ante sí un extraño que no pertenece a su mundo, un extraño que es el arquetipo de lo indecible, físicamente cercano, pero espiritualmente distante, se construye una forma de alteridad donde las víctimas han desaparecido para dar paso a unos extraños que no pertenecen a su mundo. Ojalá que no nos transformemos en ejecutores simbólicos, de todos aquellos que pugnan por integrar el «nosotros».



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María Victoria Uribe Alarcón, Antropología de la inhumanidad. Un ensayo interpretativo sobre el terror en Colombia. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2004.

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Trazos e imágenes de la nación chilena El norte grande y la frontera sur 1880-1930

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La historia de Chile, expresión de nuestra conciencia, constituye una reacción violenta contra la tiranía geográfica. (Gabriela Mistral, «Geografía humana de Chile»)

Curiosa expresión con que la poeta se refiere a un país que suele ser distinguido por sus particularidades territoriales. Más aún, de sus palabras se desprende que la única forma de librarse del sometimiento que impone dicha tiranía geográfica es recurriendo al desenvolvimiento histórico de la nación concebido por la poetisa como «despejo [o talento] espiritual» de la «chilenidad». La frase, extraída del discurso que pronunció ante la Unión Panamericana, en 1939, aparece luego de una larga descripción de la fisonomía orográfica del país, la que, según la Mistral, se habría conjurado para dar cuerpo a lo que ella denomina «la raza común».35 Pero, si en su alocución es la historia la que constituiría la «conciencia» de la nación, ¿por qué esa insistencia majadera por describir las regiones del territorio para dar cuenta del país? ¿Es que la poeta no puede sino sucumbir ante la «tiranía geográfica», no obstante reconocer en la historia la esencia de lo propio? En otras palabras, ¿cuáles son las tensiones que existen entre la configuración de una noción de espacio y otra de tiempo a la hora de dar forma y contenido a las ideas de nación? y, en relación a lo que este debate convoca: ¿qué impacto tendrían esas nocio

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Académica de la Escuela de Historia, Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales. Gabriela Mistral, Geografía humana de Chile. Discurso en la Unión Panamericana. Washington, abril, 1939.

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nes en la generación de sentidos de pertenencia o exclusión de los sujetos respecto de su ciudadanía y nacionalidad? En este trabajo abordaremos, justamente, el influjo que ha ejercido la geografía, como disciplina de estudio, en el desarrollo de los conceptos de nación y en el reconocimiento de algunos sujetos como nacionales a partir de la compleja relación que se establece entre espacialidad y temporalidad. Al respecto, en el caso de Chile, el territorio geográfico se ha erigido en uno de los referentes de identidad más frecuentes, constituyéndose en el cuerpo material e indiscutible de la nación. En las descripciones que existen acerca del país, abundan frases como la siguiente: La angosta faja de tierra, calcinada por el sol en un extremo, es azotada por el agua en el otro. Los elementos la rodean y custodian en un arreo de combate. […] Allí, en la contemplación de la naturaleza, está todo el secreto y la psicología del alma chilena.36

Territorio, naturaleza y nación se entrelazan así en una unidad indistinguible que termina por naturalizar la existencia de cada uno de ellos. Sin embargo, esta fijación37 de la geografía, particularmente de las geografías nacionales, como espacios estables, seguros y permanentes, no es más que un artificio construido, histórica y socialmente, con claros efectos políticos en la configuración de relaciones desiguales de poder.



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Agustín Edwards, Mi tierra. Panorama, reminiscencias, escritores y folclore. Valparaíso: Soc. Imprenta i Litografía Universo, 1928, pp. 6-7. Ver también, entre otros, Benjamín Subercaseaux, Chile o una loca geografía. Santiago: Editorial Ercilla, 1940; y Jaime Eyzaguirre, Breve historia de las fronteras de Chile. Santiago: Eds. de la Revista Mapocho, 1965. En este último texto, el autor argumenta que los territorios del norte grande (particularmente desde el río Loa hacia el sur), así como las regiones de la frontera sur y la Patagonia, han constituido, desde los inicios del proceso de conquista, parte consustancial de Chile. En este punto seguimos la aclaración hecha por Raymond Craib, quien comprende el verbo «fijar» en su doble acepción, «establecer o precisar» y «sujetar e inmovilizar». Raymond Craib, Cartographic Mexico. A History of State Fixations and Fugitive Landscapes. Durham and London: Duke University Press, 2004. Introduction «Writing a Spatial History of Modern Mexico», p. 8.

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De este modo, lejos de la pretendida neutralidad que se les asigna, los espacios geográficos estarían cargados de abundantes imágenes y significados que llevan consigo rígidas concepciones de pertenencia y desarraigo respecto de los sujetos que los habitan, siendo la temporalidad una categoría central en esas concepciones. En este sentido, proponemos que las descripciones y representaciones de los territorios no solo sitúan los habitantes en un espacio geográfico específico, sino que, en ese ejercicio, también los ubican en diferentes lugares de la temporalidad, remitiendo algunos a una trayectoria histórico-cronológica que los vincularía claramente como nacionales, en tanto que otros quedarían sentenciados en un tiempo atávico, suspendido en una naturaleza salvaje, que terminaría por excluirlos de la pertenencia a la nación. Los procesos de independencia y consecuentes conflictos bélicos desatados en América Latina durante el siglo XIX,38 hicieron imprescindible la creación y difusión de identidades nacionales comunes que vincularan los habitantes de un territorio artificiosa y todavía vagamente delimitado. Para ello fue necesario elaborar trayectorias históricas colectivas que acaecían en espacios geográficos que debían considerarse propios. La historia y la geografía, como disciplinas de estudio y conocimiento positivo –en términos de la objetividad que se les asignaba–, posibilitaron la implementación de los proyectos nacionales, enmarcando los lindes y dando contenido a la idea de pertenencia a la nación. Uno de los mecanismos más exitosos en la difusión, interiorización y consecuente naturalización de esas disciplinas y de las ideas de nación fue la puesta en marcha de proyectos educativos liderados desde el Estado. En el caso de Chile, si bien desde los inicios del movimiento independentista se llevaron a cabo importantes debates acerca de la necesidad de establecer políticas educacionales tendientes a formar el «carácter nacional»,39 estas no se materializaron sino hasta la década de 1840. La creación de la Universidad de Chile, en 1842, y el otorgamiento de atribuciones para actuar como Superintendencia de Educación que velara por la extensión de una enseñanza uniformada para todas las clases so

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Rebecca Earle (Ed.), Rumors of Wars: Civil Conflict in Nineteenth-Century Latin America. Institute of Latin American Studies, London, 2000. Sol Serrano, Universidad y nación. Chile en el siglo XIX. Santiago: Editorial Universitaria, 1993, capítulo I.

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ciales, imprimiendo un fuerte sello nacional,40 fue una de las principales políticas a este respecto. Sin embargo, no fue la única. Ese mismo año comenzó a funcionar la Escuela Normal de Preceptores y, en 1854, la de Preceptoras, ambas entidades abocadas a la formación de futuros profesores primarios. El proceso de ampliación educacional fue paulatino. Si en la década de 1840 se estima que los estudiantes primarios alcanzaban solo 1% de la población,41 hacia los últimos años del siglo la situación había variado. Según el estudio de Cristián Cox y Jacqueline Gynsling, fue desde la década de 1880 cuando … el sistema educacional fiscal experimentó un importante crecimiento. La expansión continuó durante las primeras décadas del siglo XX. Al respecto, las cifras son elocuentes: a) la matrícula total, pública y privada, en los niveles primario y secundario, crece de 97.136 estudiantes en 1885 a 157.330 en 1900, 317.040 en 1919 y 401.261 en 1920. Es decir, el sistema prácticamente cuadruplica su cobertura en el período. b) La población escolar alcanza en 1920 a un 46,2% del grupo de edad entre 7 y 15 años. c) El analfabetismo decrece de un 71,1% en 1885 a un 49,7 en 1920.42

Pese a que en estas iniciativas se manifiestan altos grados de preocupación por instruir acerca de la historia y geografía nacionales –además de la lengua patria y otras materias como la reli

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Es lo que señala el presidente Manuel Bulnes en su mensaje enviado al Congreso el 4 de julio de 1842, citado en Sol Serrano, op. cit., p. 69. Ver también Alfredo Jocelyn-Holt, El peso de la noche. Nuestra frágil fortaleza histórica. Argentina: Ariel, 1997, capítulo I, y Sol Serrano, ibíd., capítulo II. Cristián Cox y Jacqueline Gynsling. La formación del profesorado en Chile. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales [1989], 2009, p. 57. Según las estimaciones que entregan estos autores, el porcentaje de estudiantes que accedía a la educación secundaria habría alcanzado, en la época, un magro 0,02% de la población. Ibíd., p. 82. Loreto Egaña también coincide con que el período de consolidación de la educación primaria, particularmente la popular, haya tenido lugar entre las décadas de 1880 y 1890, cuando habría habido un «reconocimiento de la responsabilidad del Estado con esta educación; pero no guarda relación con la cobertura, con la calidad ni con las condiciones de trabajo de los docentes; si a este respecto algo se había consolidado, eran las condiciones de gran precariedad con que se había desarrollado esta educación para los sectores pobres». Ver María Loreto Egaña, La educación primaria popular en el siglo XIX en Chile. Una práctica de política estatal. Santiago: DibamPIIE-LOM, 2000, pp. 36-37.

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gión, la aritmética o el dibujo–, llama la atención que, por lo menos en los primeros planes esbozados para la enseñanza primaria, la geografía alcanzara un mayor protagonismo que la historia. Así, por ejemplo, no obstante que en el primer programa de estudios destinado a la formación de los futuros profesores, publicado el 12 de noviembre de 1842, su director, Domingo F. Sarmiento, haya incluido las asignaturas de «geografía descriptiva» y «nociones generales de historia y particulares de la de Chile», en las anotaciones que hiciera en su «diario de las operaciones i de la marcha de la enseñanza por lo que pudiera convenir para lo futuro»,43 se refiriera con mucho más detalle e interés a las formas cómo se enseñaba y debía aprenderse la geografía. Algo similar ocurre con el listado de asignaturas que exigía la ley de Instrucción Primaria de 1860, que establecía como obligatorias la lectura, escritura, aritmética, religión, gramática castellana y geografía, sin incluir historia.44 Al parecer, en la época hubo claridad respecto de lo que luego Gastón Bachelard reconocería como «topofilia», es decir, el «valor humano de los espacios amados… A su valor de protección que puede ser positivo, se adhieren también valores imaginados y dichos valores son muy pronto valores dominantes», añadiendo luego que, «… [p]ara el conocimiento de la intimidad es más urgente que la determinación de las fechas, la localización de nuestra intimidad en los espacios».45 Desde esta perspectiva, la creación de un sentimiento nacional requería, antes que el reconocimiento de una trayectoria común, la convicción de formar parte de un espacio –nacional– considerado como propio. La operación no era fácil, pues suponía que los estudiantes se situaran en, y apropiaran de, un dilatado territorio, generalmente distante y, la mayoría de las veces, desconocido. En este trabajo analizaremos los textos escolares de geografía publicados en un período más tardío, entre las décadas de 1880 y 1930, en Chile, cuando tiempo y espacio confluían como elementos esenciales en la construcción nacional, de modo de entender no solo las formas en que fueron dibujados los contornos físicos de la En Obras de Domingo F. Sarmiento publicadas bajo los auspicios del gobierno argentino. Buenos Aires: Imprenta y Litografía Mariano Moreno, 1899, p. 10. 44 Loreto Egaña, op. cit., p. 165. 45 Gastón Bachelard, La poética del espacio. México: Fondo de Cultura Económica, 1975, pp. 28 y 39-40. 43

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nación chilena, sino también los contenidos con que estos fueron rellenados.46 El período es particularmente relevante toda vez que coincide con un momento en que tanto el Estado como distintos grupos de interés buscaron resignificar las ideas de nación luego de verificarse una extraordinaria y violenta expansión territorial hacia el norte y sur del país. En efecto, en la segunda mitad del siglo XIX tuvieron lugar dos hitos bélicos que resultaron en una dramática ampliación –casi dos tercios– del control jurisdiccional del territorio por parte del Estado nacional chileno. Pese a que en la mayoría de los relatos nacionales la mal denominada «Pacificación» de la Araucanía y la Guerra del Pacífico suelen aparecer como sucesos desvinculados entre sí, estas acontecieron en el mismo período histórico, involucraron las mismas fuerzas militares e intereses económicos, y devinieron en el acceso efectivo a la propiedad de la tierra y nuevas fuentes de riqueza que pasaron a manos de los mismos grupos de interés, tanto privados como públicos. De todos modos, la omisión histórica respecto de la contemporaneidad de estas guerras persiste. Por una parte, la Guerra del Pacífico se ha erigido en uno de los acontecimientos más trascendentales a la hora de nutrir los imaginarios nacionales, en tanto que, por otra, la «Pacificación» de la Araucanía ha caído en una especie de nebulosa a-histórica que ha terminado por expulsarla de la constitución nacional. Con todo, desde sus evocaciones y silenciamientos, ambos conflictos trajeron como corolario la configuración de un nuevo imaginario histórico y geográfico que abrazaría con creciente interés las regiones recién incorporadas.47

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Al respecto, Silvia Quintero señala que «la Geografía del sistema escolar ha sido ante todo un discurso sobre la nación, que ha tomado como tema central el territorio del Estado». Silvia Quintero «Los textos de Geografía: un territorio para la nación». En Luis A. Romero (Coord.), La Argentina en la escuela. La idea de nación en los textos escolares. Argentina: Siglo Veintiuno Editores, 2004, p. 79. Este proceso de expansión territorial se enmarca en el creciente interés, tanto de parte del Estado como de algunos privados, por consolidar el ingreso de la economía nacional en el desarrollo capitalista mundial, lo que se obtiene a través de la ocupación militar de los territorios fronterizos, así como también de la expansión de los transportes –particularmente ferrocarriles–, los medios de comunicación –correos y telégrafos– y nuevas formas de producción capitalista moderna –en especial, la explotación minera. Al respecto, no se puede desconocer el impacto que la geografía y, en particular, la distinción de los diversos espacios geográficos ha tenido en el desarrollo y consolidación del

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Es importante señalar también que en el mismo período en que se desataron estas guerras se estaban produciendo grandes y problemáticos cambios en el interior de la sociedad chilena. Los procesos de modernización capitalista estimulados, a partir de la década de 1850 en adelante, desde el Estado y algunos grupos de empresarios privados, no solo resultaron en la introducción de nuevas formas de producción y desarrollo comercial, sino también en la reconfiguración de los órdenes sociales, políticos, económicos y culturales. La expulsión de importantes contingentes de población desde las zonas rurales hacia algunos centros urbanos, las dramáticas condiciones de vida que muchos tuvieron que enfrentar por los altos grados de hacinamiento y precariedad a los que estaban sometidos, el surgimiento de nuevas clases sociales y grupos de interés, la explosión de protestas y movimientos por demandas y reivindicaciones sociales y laborales, la expansión de instituciones administrativas del Estado, y el surgimiento de una interpretación más doctrinaria del liberalismo, devinieron en el estallido de otro tipo de guerras –ahora internas y soterradas– entre diferentes grupos que comenzaron a disputar distintos proyectos de nación. Los reclamos por volver a escribir una historia que incorporara esta diversificación social, al tiempo que nuevos relatos que describieran los nuevos territorios en clave nacional, no tardaron en aparecer. Si bien los primeros textos escolares de geografía publicados en Chile datan de la década de 1830,48 fue en el período inmediatamente posterior a las guerras de expansión del territorio nacional –Guerra del Pacífico y «Pacificación» de la Araucanía–, cuando se



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capitalismo como sistema de acumulación. David Harvey señala que «la acumulación de capital siempre ha sido una cuestión profundamente geográfica. Sin las posibilidades inherentes a la expansión geográfica, la reorganización espacial y el desarrollo geográfico desigual, hace tiempo que el capitalismo habría dejado de funcionar como sistema político y económico». Spaces of Hope. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 2000, p. 38. Domingo F. Sarmiento, primer director de la Escuela Normal de Preceptores, fundada en 1842, señala en su diario sobre las operaciones relativas a esa institución, el 12 de noviembre de ese año que «había entonces tres testos de dicho ramo [geografía]: el Catecismo de jeografía publicado en Londres por don José Joaquín de Mora i reproducido en Buenos Aires i en Santiago: las Lecciones de jeografía moderna compuestas en 1835 por don J. Victorino Lastarria; i el Curso elemental de jeografía moderna dada a luz en 1830 por el profesor argentino don Tomás Godoi Cruz». En Obras de Domingo F. Sarmiento…, op. cit., p. 10.

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verificó una circulación masiva de este tipo de publicaciones. En efecto, pese a que los esfuerzos desplegados por el Estado y grupos de elite por construir un discurso de carácter nacional pueden rastrearse desde el mismo proceso de independencia y, más precisamente desde fines de la década de 1830,49 la limitada capacidad del Estado para dar coherencia a la administración interna y definir el territorio efectivo del país, además de la acumulación de «demandas y frustraciones locales», particularmente en las regiones de Atacama y Concepción, que culminaron en dos guerras civiles en la década de 1850, redundaron en que el «… verdadero comienzo del despliegue del ‘estado en forma’, corresponde a la segunda mitad del siglo XIX».50 En este sentido, no habría sido sino hasta el período que corre entre las décadas de 1860 y 1880, cuando se alcanzó «un nuevo pacto político» entre las distintas fracciones del grupo dirigente que «… coincidió con la recuperación y la estabilización de las finanzas públicas», lo que «… permitió la consolidación y reorganización de la administración, el comienzo del desarrollo de la infraestructura de transportes y comunicaciones»51, y con ello, la posibilidad de difundir un discurso nacional que contrarrestara los altos grados de complejización y conflicto social, y legitimara la inclusión de los nuevos territorios. Los textos escolares de geografía fueron, al respecto, centrales. Ellos no solo describían el territorio, sino que, al hacerlo, sus autores escogían aquellos hitos que se consideraban más importantes y les otorgaban determinadas características que permitían un verdadero vínculo no solo con la geografía, sino, fundamentalmente, con la nación. Esto suponía fijar diferencias entre lo supuestamente chileno respecto de otras naciones y, a la vez, aunque general

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Alfredo Jocelyn-Holt ha planteado que el primer intento serio por establecer un proyecto propiamente nacional provino de la denominada Generación del 42, la que reunió a un grupo de jóvenes intelectuales de elite, quienes, bajo el amparo de la recientemente creada Universidad de Chile, iniciaron estudios asociados a la historia, el derecho o la literatura, las que, concebidas en clave nacional, fueron dando cuerpo a un discurso vinculado a las, en ese entonces, modernas formas de construcción de los estados-naciones. A. Jocelyn-Holt, op. cit., capítulo I. En este aspecto seguimos la propuesta analítica de Luis Ortega, «La política, las finanzas públicas y la construcción territorial. Chile 1830-1887. Ensayo de interpretación». En Revista Universum, Nº 25, vol. 1, 2010, Universidad de Talca, p. 142. Ibíd.

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mente de modo soterrado y pocas veces reconocido, distinciones internas que terminaban por excluir sujetos que eran partes, por lo menos desde una perspectiva formal, del Estado chileno. Esto último se erige como una de las paradojas del concepto de nación, toda vez que, reconocidos nominalmente como nacionales, algunos fueron –y, muchas veces, siguen siendo– despojados de sus derechos legales, expulsados de su calidad de ciudadanos e ignorados como protagonistas de la historia. Parafraseando a Judith Butler, la condición de nacional, en tanto está forzosamente enmarcada dentro de las fronteras del Estado-nación –que, para mantener su legitimidad requiere de expulsiones y despojamientos periódicos respecto de minorías nacionales–, produce sujetos que son interiorizados como una externalidad de lo propio o bien como habitantes ilegítimos de la nación.52 En las líneas que siguen se indagará cómo la geografía, en tanto disciplina de conocimiento, sirvió de plataforma para asentar, consolidar y naturalizar estos procesos de inclusión y exclusión nacional.

Los trazos de la nación El origen de la geografía como disciplina de estudio, estuvo íntimamente relacionado al surgimiento y expansión de los Estadosnación, lo que se traduce en dos aspectos centrales de las nociones de territorio y nacionalidad que, de algún modo, persisten hasta nuestros días. Por una parte, ambos tienden a ser percibidos como entidades supuestamente naturales, objetivas y neutras, que, investidas de un halo cientificista, terminan por encubrir los altos grados de artificio con que han sido construidas.53 Por otra parte,

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Judith Butler y Gayatri Chakravorty Spivak, Who Sings the Nation-State? Languaje, Politics and Belonging. London, New York, Calcuta: Seagul Books, 2007, pp. 1-43. La traducción es mía. Son varios los autores que abordan la geografía y los espacios territoriales como construcciones de carácter histórico y social. Tal vez uno de los que más influjo ha ejercido, desde la década de 1950 en adelante, y más precisamente desde la publicación de su libro La producción del espacio, en 1974, es el filósofo francés Henri Lefebvre. El autor debate tanto las concepciones cartesianas tradicionales que conciben al espacio en términos absolutos, como aquellas que lo entienden como producto de un espacio mental. Para él, el espacio (social) es un producto (social), es decir, es a la vez un producto y una herramienta de pensamiento y acción, por lo que, además de ser

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se establece una relación simbiótica entre los dos conceptos –territorio y nación– que instala, por un lado, la idea de las naciones, en tanto cuerpos singulares, circunscritos dentro de contornos territoriales fijos e inmanentes, y, por otro, la geografía, en su representación gráfica, como un gran entramado de líneas –aunque ficticias, pensadas como reales– que trazarían las fronteras nacionales. Ambas premisas se fundan en la idea de perennidad e inmanencia de los espacios geográficos, concebidos en clave nacional.54 La aparente inexistencia de transformaciones de los territorios o de invariabilidad en el modo de concebirlos, ha devenido no solo en una separación tajante de las ideas de espacio y tiempo –concebido como transcurso y mutación–, sino también en una forma de conocimiento inalterable que fija los saberes dentro de los límites específicos de la nación, otorgándole a esta un sentido de existencia material indiscutible. Sin embargo, tanto los espacios territoriales como las percepciones que se tienen de ellos sufren, necesariamente, variaciones en atención a las perspectivas con que (y desde donde) se mire. En el caso de Chile, la trayectoria ha sido larga. Así, pese a que la institucionalización formal de la geografía como disciplina de estudio no se materializó sino hasta 1944, cuando se creó el Instituto de Geografía en la Facultad de Filoso-



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un medio de producción, es también un medio de control y, por lo tanto, de dominación y de poder. Ver Henri Lefebvre, The Production of Space, Malden, Oxford, Victoria: Blackwell Publishing, [1974-1984], 2005. Por su parte, Raymond Craib señala que los espacios tienden a ser percibidos como categorías neutrales y estáticas, como objetos prepolíticos y pasivos, sobre los cuales los sujetos históricos juegan roles asignados. Raymond Craib, op. cit., p. 3. J.B. Harley, a su vez, alerta sobre el peligro de asumir la cartografía –en tanto representación gráfica de los territorios– como la materialización a-crítica de la geografía, toda vez que ella no es más que el resultado de determinados sentidos de orden impuestos por los geógrafos. ����������������� J.B. Harley. «Deconstructing the Map», en Michael J. Dear and Steven Flusty, The Spaces of Postmodernity. Readings in Human Geography. Oxford and Massachusetts: Blackwell Publishers, 2002, pp. 278 y 280. En este punto es particularmente útil el concepto de Geo-body, acuñado por Thongchai Winichakul, el cual no solo alude a la definición de espacio o territorio, sino a cómo este se transforma en un componente clave de la vida nacional, en tanto fuente de orgullo, lealtad, amor o pasión. De este modo, el discurso geográfico moderno, al fijar la existencia territorial de las naciones por medio de la representación gráfica de sus fronteras –mapas y cartografía en general– no ha hecho más que difundir la idea de una existencia, pretendidamente, natural. Siam Mapped. A History of the Geo-Body of a Nation. Honolulu: University of Hawaii Press, 1994.

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fía y Letras de la Universidad de Chile,55 ya, desde la década de 1830 –e incluso antes–56 se aprecia un evidente interés por parte de particulares y del Estado, de incursionar en el conocimiento del territorio a través de la contratación de científicos naturalistas y botánicos extranjeros, la organización de empresas de exploración geográfica, el levantamiento de planos y mapas, la publicación de estudios geodésicos y la obligatoriedad de la enseñanza del curso de geografía en las escuelas. Naturalmente, la consolidación del ejercicio de la soberanía y jurisdicción del Estado así como el interés por explotar nuevas materias primas en un territorio, en su mayor parte aún ignoto pero que prometía grandes riquezas, fue central. En 1828 llegó al país Claudio Gay, contratado como profesor en un establecimiento educacional del Estado, quien, abocado a un exhaustivo estudio de la naturaleza, elaboró el primer mapa del Chile republicano; en 1846, Ignacio Domeyko realizó importantes estudios geográficos en la región de Arauco; en 1860, R.A. Philippi publicó una relación de su viaje al desierto de Atacama; en la década de 1860, Francisco Solano Astaburuaga publicó su Diccionario Geográfico de Chile; y en 1875, Amado Pissis –también contratado por el gobierno– elaboró un gran mapa de Chile, a escala de 1:500.000 y publicó la Geografía física de la República de Chile.57 Estas políticas de incursión y reconocimiento del territorio patrio se incrementaron, particularmente para las regiones del norte grande y la frontera sur, después de la dé-



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El Instituto de Geografía fue impulsado por el profesor Humberto Fuenzalida Villegas. Su creación otorgó al quehacer de los geógrafos, independencia respecto de las ingenierías donde radicaba antes su estudio. Ver Oscar Roberto Liendo, Geografía profesional en Chile. Una visión retrospectiva desde comienzos del siglo XXI. Santiago: Universidad Bolivariana, 2004, pp. 29-33. Revisar también Rolando Mellafe, Antonia Rebolledo y Mario Cárdenas, Historia de la Universidad de Chile. Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1992. En palabras de Elías Almeyda Arroyo, «fueron los primeros gobiernos republicanos los que iniciaron el estudio científico de la nación. En 1823, don Ramón Freire encargó a los ingenieros D’Albe y Lozier que confeccionaran el mapa del país; pero este intento fracasó». Reseña histórica de la geografía de Chile. Santiago: Universidad de Chile. Escuela de Agronomía: s/a, p. 8. Al respecto, ver: Elías Almeyda Arroyo, Reseña…, op. cit., pp. 8-14 y, del mismo autor, La mapoteca de don José Toribio Medina. Santiago: s/n, 1952; además de Zenobio Saldivia, La visión de la naturaleza en tres científicos del siglo XIX en Chile: Gay, Domeyko y Philippi. Santiago: Usach, 2003.

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cada de 1880,58 como respuesta a las necesidades de explotación de las riquezas económicas y de la delimitación del territorio nacional. Al mismo tiempo, era necesario crear proyectos que propendieran a la internalización de los territorios como propios, difundiendo estos conocimientos como verdades irrefutables. Pero, ¿cómo se podía lograr esa internalización respecto de espacios geográficos no solo distantes, sino que, la mayoría de las veces, desconocidos? ¿A través de qué mecanismos se instalaba el conocimiento de grandes extensiones territoriales que, difícilmente, recorrerían en persona? ¿Cómo hacer posible pensar y asir esas tierras como propias? Uno de los primeros ejercicios que se puso en práctica fue la confección de mapas, globos terráqueos y atlas que representaran de forma gráfica la «patria» y su ubicación en la faz de la Tierra, resultando en una acción que materializaba y daba realidad a la existencia objetiva del territorio y, más precisamente, del territorio nacional. Así, por ejemplo, Domingo F. Sarmiento dispuso, como director de la Escuela Normal de Preceptores, «… que los alumnos hicieran estractos en cuadernos divididos en carillas, con el nombre del estado, límites, capital, ciudades principales, población, relijión, gobierno, etc.», solicitando, además, el acceso a los «… mapas que el gobierno hace litografiar… a fin de poder enseñar en ellos a colocar las ciudades principales i demás accidentes jeográficos».59

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Algunos ejemplos son las publicaciones cartográficas y descriptivas que hiciera Alejandro Bertrand y la Oficina Hidrográfica de Chile sobre los departamentos de Tacna, Moquegua y Arequipa, además de los desiertos de Tarapacá y Atacama (i.e., Esploración a las cordilleras del desierto de Atacama. Efectuada en los meses de enero a abril de 1884. Sin datos de publicación). También Francisco Vidal Gormaz, Noticias del desierto i sus recursos. Santiago: Imprenta Nacional, 1879; Nicolás Anrique, Cinco relaciones jeográficas e hidrográficas que interesan a Chile. Santiago: Imprenta Elseviriana, 1897; Enrique Espinoza, Atlas de Chile arreglado para la Jeografía Descriptiva de la República de Chile. París: Imprenta Erhard Hermanos, 1897; y Francisco Vidal Gormaz, Estudios geográficos e históricos. Santiago: Imprenta Cervantes, 1905, entre muchos otros. También destaca la creación de la Oficina de la Inspección de Jeografía i Minas en 1905 y la publicación de la Sinopsis estadística i jeográfica de Chile, desde 1879, de la Revista Chilena de Historia Natural, desde 1897, y de la Revista Chilena de Historia y Geografía, desde 1911. Obras de Domingo. F. Sarmiento…, op. cit., p. 10, correspondiente a las anotaciones del 12 de noviembre de 1842. El 3 de mayo de 1843 nuevamente alude al estudio de la geografía, señalando que «habiéndose ya recorrido, a más de las nociones jenerales de cosmografía i conocimiento i uso de la esfera, la parte descriptiva de la Europa y Asia. Los mapas están ya preparados i llenan su objeto en la esplicacion de las lecciones», op. cit., p. 13. En las

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Es más, en su Método de lectura gradual, editado por el gobierno de Chile, en 1853, enumeraba las «cosas que tiene que aprender un niño para ilustrar su espíritu», entre las que destacó saber leer, escribir y contar, saber geografía, gramática, ortografía, dibujo lineal, religión y la «Istoria Romana i la de su propio país» [sic]. En el acápite de geografía especificaba que los estudiantes debían aprender «el nombre de su pueblo, dónde está situado a qé república pertenece, en qé continente se alla situado. Saber, en fin qé pueblos abitan la tierra, qé nombres tienen, qé ríos los riegan, qé montañas los dividen, qé forma de gobierno los rije [sic]».60 Si el centro de la trayectoria histórica debía ubicarse en Roma para, de allí transitar hacia la historia «de su propio país», el centro de la ubicación espacial estaba en el entorno más inmediato para, de allí, aprehender el resto del mundo. De hecho, los textos escolares de geografía entregaban pautas de enseñanza a los preceptores tendientes a situar a los estudiantes en su entorno con el fin de facilitar el conocimiento de la geografía global. Así en el texto La jeografía de los niños, se señalaba que para entender mejor el estudio de la Jeografía se hace uso de globos i de mapas en los cuales está representada la forma de los diversos paises i señalados, sea con palabras o con signos, los nombres de las ciudades, de los puertos, de los rios, de las montañas, de los volcanes, etc. […] Nosotros podríamos hacer un dibujo en la pizarra o en el papel que representara la sala de la clase o el edificio de la escuela, i por medio de ese dibujo podríamos conocer la situacion de las puertas i ventanas de la sala, la colocacion de los muebles que en ella hai o la distribucion de las diferentes piezas que tiene el edificio entero de la escuela […]. Estendiendo mas todavía este dibujo sería posible señalar en él las calles i casas de la poblacion, i aun mas tarde llegaríamos a dibujar una parte mas estensa del pais que comprendiera los campos vecinos i en la cual estarían indicados los cerros, los caminos, los arroyos, los rios i todo lo que hubiera de interesante.61



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siguientes anotaciones del director de la Escuela Normal, la geografía sigue apareciendo como uno de los temas centrales. Obras de Domingo F. Sarmiento…, op. cit., pp. 100-101. La jeografía de los niños. Nociones elementales de la jeografía moderna arregladas para el uso de las escuelas primarias de la República de Chile. Sin autor, 1887, pp. 5-6.

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De este modo, la enseñanza de la geografía suponía situarse en un espacio material concreto y, por lo tanto, de existencia incuestionable, que redundaba, a su vez, en la convicción de una existencia real y natural del resto de los hitos topográficos y naciones lejanas. La elaboración de mapas fue una preocupación permanente. En 1909, la Inspección de Jeografía i Minas, con el apoyo del Ministerio de Instrucción, mandó a imprimir a Alemania, más de 12.000 mapas murales –grandes y medianos–, con el fin de ser repartidos en los establecimientos educacionales y oficinas administrativas del Estado. Junto con ello, se editaron más de 9.000 atlas geográficos de Chile, para ser utilizados en las escuelas primarias del país. El objetivo era propender a la «enseñanza de la geografía patria», con una representación de alto valor científico, en el que «al primer golpe de vista cualquier observador se [dé] cuenta cabal de las principales características de nuestra geografía, de su naturaleza física, agricultura, vías de comunicación, principales ciudades y villas, etc.».62 En efecto, una de las características de los mapas y representaciones geográficas es que, «al primer golpe de vista» –como señala la cita–, instalan la existencia y dan forma incuestionable a las unidades nacionales. Sin embargo, esa constatación conlleva una gran paradoja; si bien, en ellos se representan las características particulares de las diferentes regiones que constituyen una nación, al mismo tiempo, borran, en palabras de Silvia Quintero, «toda imagen de la sociedad como complejo plural de actores y relaciones».63 Este aspecto es particularmente sugerente para el caso que estamos analizando, toda vez que la intensificación en la confección y difusión de este tipo de proyecciones gráficas coincide, justamente, con la expansión del Estado hacia territorios antes fuera –o, por lo menos, no completamente incluidos– en la idea de nación, y con un proceso de complejización política y social expresado en la explosión de grandes conflictos y manifestaciones sociales. La simplificación inherente a las representaciones cartográficas permite anular toda diferencia e imponer –como señala

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«El mapa escolar de Chile», artículo publicado en el Boletín de la Inspección de Geografía y Minas. Año VII. Segundo semestre de 1911, Nº 31, pp. 245-246. Silvia Quintero. En Luis A. Romero, op. cit., p. 79.

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James Scott– las imágenes –o «representaciones abreviadas»– del observador oficial, encargado de construirlos.64

La nación en coordenadas Pero si partimos del supuesto de que ni la nación ni la geografía son entidades neutras sino dispositivos discursivos que, entrelazados, establecen formas de pertenencia y exclusión, surge la pregunta sobre cuáles son los atributos asignados al espacio natural y cuáles los silencios que lo envuelven; es decir, lo no graficado, nombrado o representado. Los textos escolares de geografía constituyen una fuente abundante de información en tanto que están llenos de imágenes que trazan –aquí el término es literal– formas específicas, fijas y estandarizadas de aprehender tanto las características supuestamente esenciales y propias de la nación, así como la situación –en el sentido más lato de la palabra– que esta ocupa dentro del contexto mundial. En efecto, era preciso ubicar los hitos geográficos en relación a los límites impuestos por los Estados, de modo de localizar –y ratificar– lo que se supone sería lo propio. Las descripciones y caracterizaciones de las distintas regiones, países y continentes estuvieron siempre en relación a lo más próximo, en un intento por situar la nación en términos del lugar que le correspondía tanto geográficamente como en la escala de evolución social, en un momento en que los estudios científicos buscaban establecer clasificaciones taxonómicas enmarcadas, justamente, en las ideas de progreso. Es lo que deja traslucir el texto Lecciones de jeografía moderna, de José Victorino Lastarria, «un buen libro elemental de Jeografía debe ser un buen bosquejo en que se hallen dibujados los rasgos característicos de cada una de las partes de esta ciencia… Por eso me he limitado a combinar la esposicion de la idea general que debe tenerse de los paises del globo con el estudio de aquellos caracteres que mas importa conocer a los americanos».65

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James Scott, Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven and London: Yale University Press, 1998, p. 3. José Victorino Lastarria, Lecciones de jeografía moderna para la enseñanza de la juventud americana. Valparaíso: Imprenta del Mercurio, 1840, p. IV. Si

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En términos generales, la estructura de los textos de estudio no varió mucho. La mayoría de ellos parte con una definición del concepto de geografía como «descripción de la Tierra», enfatizando el carácter científico y objetivo que se supone tiene la disciplina. A continuación explican las parcelas en que se divide su estudio, entre las que se cuentan la cosmografía, la geografía física y la geografía descriptiva, concluyendo que «la ciencia que considera la tierra bajo estos tres aspectos a la vez se llama Jeografía Universal».66 El rótulo de universalidad adosado a estos conocimientos viene a ratificar, nuevamente, un tipo de saber que, presumiéndole un carácter absoluto, se naturaliza como auténtico y verídico. Sin embargo, la pretensión de universalidad –pese a la amplitud que intenta abarcar– está necesariamente limitada por lo que aparece descrito o representado, es decir, por las características y atributos que se otorgan a las distintas regiones, repercutiendo no solo en las formas que adopta ese conocimiento, sino también, como veremos más adelante, en las cualidades que deberían ser aprobadas o rechazadas en relación a lo propio. Luego, introducen al lector en la ubicación del planeta en el universo, los círculos imaginarios que permiten entender el globo, las representaciones cartográficas, la división de las tierras y aguas, la descripción de gobiernos y religiones, y la distribución de las razas. Después siguen con una descripción detallada –con mayor o menor precisión, según la valoración que se le otorgue– de cada uno de los continentes y países o regiones que los constituyen. Así, aquellas naciones o zonas geográficas concebidas como «más importantes» comprenden varias páginas, en tanto que otras reciben una escueta referencia que no va más allá de unas pocas líneas. Al respecto, las distintas regiones del globo suelen ser clasificadas según su grado de progreso y civilización, con lo que se establecen parámetros fijos de referencia en relación a la situación que ocuparía el propio país en la escala de evolución supuestamente «universal». Privilegiando un tipo de conocimiento que asocia las áreas geográficas a características específicas de la población que las habita, las distinciones taxonómicas suelen subrayar elementos raciales con claras connotaciones racistas.



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bien la primera publicación de este texto data de 1840, siguió reeditándose hasta la década de 1870 y utilizándose hasta fines del siglo XIX. E. Cortambert, Cosmografía i jeografía física. Traducidas del frances i adoptadas para el uso de las escuelas de Chile. Santiago: Imprenta de la Sociedad, 1850, p. 4.

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Llama la atención que uno de los mecanismos más recurrentes a la hora de determinar los niveles de evolución de las distintas regiones, se vincule a la dicotómica relación que se da entre temporalidad y espacialidad de la que devendrían las supuestas propiedades raciales. De algún modo, para que el territorio geográfico exista como objeto de conocimiento debía nutrirse de características temporales determinadas. En efecto, como se verá más adelante, las cualidades adjudicadas a aquellas regiones consideradas como atrasadas se asociarán a zonas ubicadas fuera del tiempo cronológico, donde predominaría una naturaleza indómita, telúrica y salvaje, en la que la injerencia humana habría sido escasa e, incluso, nula. La ausencia de acciones tendientes a dominar esa naturaleza silvestre remitiría a sus moradores a un estado de primitivismo situado fuera de la historia. No hay hitos que marquen un progreso, ni construcciones que den cuenta de él. En este sentido, sus poblaciones, más que formar parte de la humanidad universal, serían elementos propios de los mundos animal y vegetal. Por el contrario, el detallado relato vinculado a aquellas zonas concebidas como civilizadas, pone el acento en los avances –ubicados en una cronología histórica– alcanzados por la población. En estos casos, el territorio y la naturaleza tienden a eclipsar ante la preeminencia de construcciones y edificios realizados por los hombres. Este tipo de caracterizaciones redundan en una clara racialización de los espacios geográficos. La mayoría de los textos asigna un sitial central al continente europeo no solo por el cúmulo de información que comprende, sino por la valoración positiva que se le otorga. Así, Europa es descrita como la: parte del mundo… más distinguida de todas por el grado de perfección [a] que han llegado las artes y ciencias, la industria y el comercio; por su poder e influencia sobre el resto de la [T]ierra y por el número de su población… Aunque no se admira en Europa la riqueza de vegetación, como en otras partes del globo, produce, sin embargo, con abundancia todo lo necesario para la subsistencia y comodidad del hombre.67

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José V. Lastarria, op. cit., pp. 20-21. Referencias como esta suelen ser muy similares en los distintos textos escolares. Por ejemplo, en el texto de Gonzalo Cruz, se señala «la Europa comprende el noroeste del Antiguo Continente. Es

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Despojada de características tradicionalmente asociadas a las descripciones geográficas, como es el medioambiente natural,68 el Viejo Continente toma cuerpo en razón de hitos históricos que evidenciarían su liderazgo entre las otras regiones. Por ejemplo, José Victorino Lastarria, al describir la geografía de Francia, expone algunos datos sobre límites territoriales, población, clima y producciones. Sin embargo, el grueso del relato se centra en una descripción histórica que parte desde la conquista de la Galia por parte de los romanos, pasando por el imperio de Carlo Magno, hasta que la memorable revolucion que a finales del siglo pasado reformó el antiguo y ominoso sistema de gobierno de Francia, estableciendo la república, abrió paso a Napoleón para que llegase hasta coronarse emperador de los Franceses en 1804. Después de la caída de este hombre admirable, fué restituida al trono la familia de los Borbones; pero en 1830 fué de nuevo destronada, arrojada de Francia y reemplazada por la de Orleáns, que es la que actualmente reina.69

Es interesante ver cómo los textos de geografía, al incluir descripciones como la anterior, hacen confluir al tiempo y al espacio en un sentido único de estabilidad que, implícitamente, los asocia con la civilización.70 En este sentido, no es necesario realizar enmarañados enlaces para establecer el vínculo entre experiencia y protagonismo histórico, por un lado, y civilidad, por otro. El



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la menor de las cinco partes del Mundo; pero es la mas notable por el jenio de sus habitantes, el estado avanzado de su civilización, i por la influencia que ha ejercido en el resto del Globo con sus numerosas colonias». Jeografía para la enseñanza secundaria. Santiago: Imprenta Cervantes, 1884, p. 152. En los escasos ejemplos en los que se alude a las características naturales del Viejo Continente, se insiste en el beneficio y conveniencia que ellas tienen para el desarrollo de las civilizaciones. Es el caso de Julio Montebruno, quien señala. «Flora.- A causa de su clima templado i benigno, Europa no presenta, como los otros continentes, vastas estaciones cubiertas de una vegetación variada i exuberante. En cambio, carece de grandes desiertos, i, por el contrario, abundan en ella los bosques fácilmente explotables, i los terrenos adecuados para el cultivo de las plantas más útiles a la alimentación humana». Respecto a la fauna, señala «se compone principalmente de animales domésticos, útiles al hombre». Julio Montebruno, Jeografía de Europa. Santiago: Imprenta, Litografía i Encuadernación Barcelona, 1904, pp. 26-28. José V. Lastarria, op. cit., p. 26. Al respecto, Gastón Bachelard sostiene que «[e]n sus mil alvéolos, el espacio conserva tiempo comprimido. El espacio sirve para eso», op. cit., p. 38.

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continente europeo se erige en la referencia obligada para explicar el resto del mundo.71 Incluso, cuando Julio Montebruno López denuncia, en 1909, que «se ha lamentado con justicia que la jeografía de América i aún de Chile se conozca tan poco entre nosotros, i no ocupe en la enseñanza respectiva el lugar preeminente que le corresponde. Hoi día salen los alumnos de casi todos nuestros establecimientos de educación secundaria más familiarizados con los países del Viejo Mundo, algunos de los cuales tienen ninguna o escasas relaciones con América i carecen de especial interés jeográfico», 72 el mismo autor explica y describe esta última en relación al tamaño, contorno, hidrografía, clima y flora y fauna de Europa. Uno de los aspectos que más se destaca en los textos escolares de geografía es la conformación racial de los habitantes, concebida como un indicador objetivo y cierto de la constitución espacial del territorio. Fundados en el convencimiento de la influencia que tendría el medioambiente en la configuración mental y psíquica de los pobladores de cada zona, la «geografía racial» emergía, en la época, como uno de los ejes centrales del currículum de cualquier programa de geografía.73 En relación al continente europeo, fueron comunes descripciones como la siguiente: la raza blanca se llama también caucásica porque la cadena del Cáucaso parece haber sido su cuna i es en donde se encuentran aun sus tipos mas bellos […]. Los caracteres que la distinguen, además del color mas o menos blanco según las latitudes, son: la conformacion regular de la cabeza i cara; la frente ancha i casi vertical; los ojos grandes i horizontales, de color variado, siendo la única raza en que se ven ojos azules, los cabellos finos, lijeramente rizados, i jeneralmente castaños o rubios; i un ángulo facial mui

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La mayoría de los textos escolares incluye detalladas descripciones de las trayectorias históricas que han experimentado los países del Viejo Continente, particularmente, Francia, Inglaterra y Alemania. Con menor importancia aparecen referencias a Holanda, Bélgica, España, Portugal o Italia. En tanto que Rusia (Europea), el Imperio Otomano, Serbia, Grecia o Moldavia, reciben escasas menciones. Julio Montebruno López, Jeografía de América i Chile. Santiago: s/n, 1909, p. 1. Alastair Bonnet, «Constructions of ‘race’, place and discipline. Geographies of ‘racial identity and racism’». En Martin Bulmer y John Solomos, Ethnic and Racial Studies Today. Londres y Nueva York: Routledge, 1999, pp. 136-151.

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abierto […]. Esta raza que comprende mas de las dos quintas partes de la poblacion total del Mundo, es activa i emprendedora, presenta los modelos de mayor belleza física, i es la que ha alcanzado mayor desarrollo en la civilización.74

Las calificaciones de belleza física y nivel de desarrollo no dejan duda respecto de la preeminencia que este tipo racial tendría para liderar las pautas civilizatorias lo que favorecería, por lo menos en términos discursivos, la aceptación incuestionable de su expansión y dominio colonial. En efecto, la legitimidad que otorgaba el uso académico del concepto «raza» tenía directa injerencia en las relaciones y prácticas sociales y de poder, por cuanto estaba revestido de un tipo de conocimiento que avalaba el predominio de unos en desmedro de otros.75 En el caso de Asia, los textos escolares no solo dedican un número menor de páginas, sino que insisten en calificarla como un continente más atrasado que Europa. Por ejemplo, Gonzalo Cruz, refiriéndose a los pueblos civilizados que viven en «estados o naciones», señala que «la inmensa mayoría del Mundo pertenece a este grado. La civilización va penetrando en todas partes i destruyendo poco a poco los restos de la salvajez i de la barbarie. Sin embargo… hai pueblos mas i ménos civilizados: los del Asia, por ejemplo, son menos civilizados que los de la Europa occidental».76 Ciertamente, el parámetro de comparación era el continente europeo, lo que, como ha planteado la crítica postcolonial, no es más que el reflejo de la colonización ya no solo de los territorios o poblaciones, sino de la producción e internación del conocimiento.77 Una de las características atribuidas al continente asiático es que este habría sido la cuna de grandes civilizaciones y de signifi

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Gonzalo Cruz, op. cit., pp. 28-29. Peter Wade, Race and Ethnicity in Latin America. London-Virginia: Pluto Press, 1997. Capítulo I, «The Meaning of ‘Race’ and ‘Ethnicity’». Gonzalo Cruz, op. cit., p. 32. Entre otros estudios, revisar Robert J.C. Young, Postcolonialism. An ����������� historical introduction. Oxford: Blackwell Publishers Ltd., 2001; Gyan Prakash, «Subaltern Studies as Postcolonial Criticism», en American Historical Review, vol. 99, N° 5, Dec., 1994; Dipesh Chakrabarty. «Postcoloniality and the Artifice of History», en Ashcroft, Bill; Griffiths Gareth and Tiffin, Hellen, The Postcolonial Studies Reader. New York: Routledge, 2002; Frederick Cooper, «Conflict and Connection: Rethinking Colonial Africa History», en American Historical Review, vol. 99, N° 5, Dec., 1994.

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cativo esplendor cultural, pero en un tiempo tan remoto y distante que terminaba por difuminarse en una especie de a-historicidad. Al respecto, en su famoso estudio sobre Orientalismo, Edward Said advierte que, así como la cercanía e intimidad de los espacios constituyen sentidos de pertenencia y apropiación, la sensación de proximidad o, contrario sensu, distancia temporal también generaría sentimientos de unión o desafección, según sea el caso.78 En otras palabras, la ubicación de los hitos geográficos en una cronología histórica clara, aunque situados en tiempos lejanos, facilitaría esa sensación de cercanía, lo que no acontece cuando es la imprecisión temporal la que impera. Elocuente resulta la descripción que hacen Julio Montebruno y Moisés Vargas en su texto Jeografía de Asia, África i Oceanía, acerca del aspecto físico de Mesopotamia: en la antigüedad, bajo la dominación de los activos i laboriosos monarcas de Babilonia, que se ocuparon con gran interés de abrir canales destinados a la irrigación de los campos, la Mesopotamia fue un país cuyas riquezas agrícolas bastaban en demasía para el sostenimiento de la población. La dominación de los turcos, indolente i apática, unida a las desastrosas consecuencias que para este ramo de la industria han producido las diversas invasiones que desde la Edad Media han asolado el país, han hecho de Mesopotamia un verdadero desierto.79

La grandiosidad de Mesopotamia queda así fijada en una antigüedad indefinida, para devenir, posteriormente, en un «verdadero desierto» desprovisto de relevancia histórica. Similar es el relato que entrega Gonzalo Cruz, quien señala: el Asia es de las cinco partes del Mundo, la que contiene mayor población, i es también la más extensa del Antiguo Continente. De ella salieron las antiguas naciones que poblaron la Tierra. Ella fue la cuna de las ciencias, de las artes i de las ideas relijiosas que se difundieron por el occidente i dieron impulso a una nueva i brillante civilización. Pero el Asia ha permanecido estacionaria, sobre todo la parte



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Edward Said, Orientalism. New York: Vintage Books, 1979, p. 55. Julio Montebruno y Moisés Vargas, Jeografía de Asia, África i Oceanía. Santiago: Imprenta i Encuadernación El Globo, 1901, pp. 74-75.

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occidental, de donde la Europa ha recibido la luz, se halla hoy menos civilizada que en otro tiempo.80

Ese otro tiempo –«estacionario» y, por lo tanto, detenido, casi estático– vuelve a caer en una nebulosa imprecisa que lo expulsa del transcurrir de la historia. Como una forma de ratificar con más autoridad estas imágenes, otro texto insiste en que, además de ser un continente «mui atrasado en civilización; el despotismo mas espantoso reina en casi todas sus divisiones políticas».81 Tal vez es la carencia la característica más llamativa: carencia de historia, carencia de civilización, carencia de organización política, carencia de humanidad. Pese a que se aprecian algunas distinciones entre las diferentes regiones que componen el continente asiático, suelen primar los descalificativos. Nuevamente el uso de caracterizaciones racistas es la tónica. Así como Europa emergía como «la mas notable por el estado avanzado de civilización de sus habitantes i la influencia que ellos han ejercido en el resto del Globo»82 o, como se señala en otro texto, aquella parte del mundo formada por la raza caucásica «la mas importante, industriosa, emprendedora, inteligente y activa»,83 la Meseta Central del Asia se caracterizaba como una región donde «no existe ningún sentimiento de nacionalidad entre ellos, por lo cual son desconfiados i recelosos […]. Son de carácter melancólico i débil; su mediana inteligencia se concreta en los detalles, jamás puede elevarse a las ideas jenerales ni comprender las especulaciones de la ciencia i la filosofía».84 Para más abundancia, en el caso de China su población era descrita como «pacientes, activos, laboriosos pero embusteros; serviles i de imaginación mui limitada; apegados a la rutina i a las antiguas tradiciones, son conservadores por instinto i enemigos de todo progreso i mudanza. Han inventado grandes cosas pero no han llegado a perfeccionar ninguna».85 Si bien Japón escapa a este tipo de calificaciones, rescatándose una 82 83 80 81



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Gonzalo Cruz, op. cit., p. 191. José V. Lastarria, op. cit., p. 50. La jeografía de los niños, op. cit., pp. 105-106. Domingo Villalobos, Tratado elemental de jeografía. Santiago: Imprenta i Encuadernación Barcelona, 1897, p. 215 Julio Montebruno y Moisés Vargas, op. cit., p. 24. Ibíd., pp. 33-34.

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noción más occidentalizada de la isla,86 nunca se constituye en un igual. El uso de imágenes exóticas y extravagantes corroboraba estas percepciones. En el texto la Jeografía de los niños se incluye una serie de ilustraciones que ayudaban a fijar en la mente de los estudiantes un territorio con características determinadas. Si para el caso de Europa las imágenes eran la iglesia de Notre Dame en París, las catedrales de Colonia o la de San Pedro en Roma, en el caso de Asia, predominaban ejemplos como «Dama japonesa y caballero japonés» con atuendos tradicionales, un mandarín chino o un árabe con su camello.87 Más elocuentes aún resultan las descripciones y referencias que los textos escolares de geografía hacen de África. Al contrario de lo que sucedía en los estudios de Europa y, en alguna medida de Asia, en que incluían descripciones de países específicos –con énfasis, como se señaló, en aquellos que se concebían «más importantes» por su grado de desarrollo y civilización–, en las secciones destinadas a África –con excepción de las colonias imperiales– las descripciones optan por identificar grandes regiones, enfatizando la falta de Estado, nación, gobierno y, por tanto, civilización. Son comunes afirmaciones como la siguiente «dividiremos esta parte de la tierra en cinco grandes rejiones, que son: la del norte, la oriental, la occidental, la del sud y la del centro»,88 y pese a que el continente comprende áreas muy diversas, no se hacen distinciones respecto a su desarrollo cultural o poblamiento humano. En ese sentido, al contrario de los otros continentes –particularmente Europa y, como veremos más adelante, América–, la tendencia, en este aspecto, es a generalizar percepciones homogeneizadoras que borran toda particularidad. En efecto, no obstante que se diferencien las regiones montañosas de la fertilidad de las costas o de los arenosos desiertos, su población queda fijada en una imagen estática e indivisible «muchos se encuentran

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En el mismo texto de Montebruno y Vargas se señala que «los japoneses pertenecen a la raza mongólica como los chinos, pero se distinguen de estos por su físico e inteligencia. Son mui sociables, atentos, bravos, sensibles al honor i, por lo mismo, se han elevado a un grado de civilización i de cultura que les permite hacer nuevos i rápidos progresos, colocándolos al nivel de las naciones europeas […]. Gran parte de la juventud ilustrada completa sus estudios en París, en las facultades de medicina, de ciencias políticas, de matemáticas. Sus hombres públicos poseen la misma ilustración que los estadistas europeos». Ibíd., pp. 42-43. La Jeografía de los niños, op. cit. José V. Lastarria, op. cit., p. 67.

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en un miserable estado de barbarie […]. Casi todos los soberanos del África son déspotas más o ménos crueles, que disponen, según su capricho, de los bienes i de la vida de sus súbditos»,89 o «Entre los negros han adquirido por su ferocidad una reputación universal los niam-niam i los mombutus, que según Schweinfurth francamente son antropófagos. Cuando no pueden comer la carne de sus enemigos, devoran los cadáveres de sus propios compatriotas que carecen de amigos o deudos que los entierren».90 La ausencia de organizaciones políticas al estilo occidental y, más aún, la acusación de cometer actos de antropofagia –los que remedan las imágenes de canibalismo, antes asociadas con América y ahora trasladadas al África– situaría la región en las antípodas de la humanidad, en tanto encarnación del horror que significaba la posibilidad de ser devorado. Paradójicamente, esta imagen fue la que legitimó una expansión colonial insaciable que terminó por consumir las poblaciones africanas en el saqueo, la expoliación y la esclavitud.91 Así, África emerge como un continente no solo carente de civilizaciones, cultura o humanidad, sino asociado a una naturaleza hostil, bestial, bárbara e indómita, desprovisto de, y ausente de temporalidad. Al respecto, predominan descripciones como las siguientes: Aspecto de África. La región tropical, inundada constantemente por lluvias torrenciales, está cubierta de bosques vírgenes […]. La fauna no es ménos numerosa. […] A orillas de los ríos, que constituyen a veces los únicos caminos posibles, pululan los hipopótamos i los cocodrilos […]. Entre los grandes animales, sobresalen el elefante i el rinoceronte […]. Los monos abundan i, en algunas especies, como el chimpancé i el gorila… del Sudán i Guinea, han alcanzado su desarrollo más perfecto. Se cree que el navegante cartaginés Hannon, viajando por las costas de Guinea en el siglo V a. de C., tomó por tribu de indígenas lo que era una cuadrilla de gorilas.92

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Gonzalo Cruz, op. cit., pp. 208 y 211. Julio Montebruno y Moisés Vargas, Jeografía de Asia, África i Oceanía, op. cit., p. 136. Ver al respecto el incisivo estudio realizado por Carlos A. Jáuregui, Canibalia. Canibalismo, calibanismo, antropofagia cultural y consumo en América Latina. Madrid: Vervuert, 2008. Julio Montebruno i Moisés Vargas, op. cit., p. 88. El destacado es de los autores citados.

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Esta confusión a la que alude el texto no es más que otra forma de confirmar la constitución –ya no solo cultural, sino claramente física– de los habitantes del África como partes del mundo animal y no humano. Más aún, cuando describe a los pueblos que lo habitan, el relato identifica a «la raza etíope o negra», entre los que se cuentan los «negros o negricios» los fulbes y los bantús; la «raza sud-africana o de los coin-coin», que «por sus caracteres físicos i morales ocupa uno de los últimos lugares de la humanidad»; los hotentones, los bosjemanos o buschamanes, la «raza malaya», y la «raza blanca» a la que pertenecen los abisinios y los árabes, además de «la familia indogermánica» a la que «pertenecen casi todos los colonos europeos establecidos en el continente».93 La detallada clasificación de las razas, en medio de la imprecisión de las regiones geográficas del continente africano, termina por constituirlos en objetos –no sujetos– de estudio, susceptibles de ser descritos, tipificados y, en definitiva, cosificados, como cualquier otro elemento del medioambiente. África no sería más que naturaleza pura, prístina y salvaje. Es lo que argumentan Montebruno y Vargas cuando señalan que la ignorancia que existe respecto de este continente, estraña en vista de la gran proximidad… a Europa, se esplica mui bien si se buscan sus causas en la naturaleza misma del pais. La forma maciza del conjunto, el desierto de Sahara, las costas inhospitalarias e insalubres, las altas montañas de los contornos, los saltos i rápidos que obstruyen el paso de los ríos, las enfermedades i peligros de los trópicos, etc., todo parece conjugarse en África para dificultar el acceso al interior.94

Es preciso insistir en que estos obstáculos no fueron impedimento alguno para las invasiones coloniales que los países europeos estaban llevando a cabo al mismo tiempo que se imponía un velo de ignorancia respecto de ese continente. En este sentido, no era la abrupta y escabrosa geografía el estorbo, sino el desinterés, e incluso el repudio a conocer lo que allí estaba aconteciendo. En el caso de Oceanía, las referencias suelen ser más bien vagas. La ausencia de descripciones hace de este continente una enti Ibídem. Ibídem., p. 92.

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dad ininteligible, difusa, casi inexistente. Aunque sin mayor detalle de las características de sus pueblos o topografía, se insiste en que tanto en Australia como en las islas que la circundan, habitarían grupos tribales con distintos grados de salvajismo, entre los que destaca la raza malaya o parda a la que se conoce con «el nombre jenérico de negritos».95 En esa misma línea, otro de los textos señala que: se nota, por ejemplo, una gran diferencia entre los indígenas de Australia, a quienes por su color mui oscuro ha solido confundirse con los negros de África, i los habitantes de Tahiti, que se asemejan a los de la raza blanca. Por esto es que jeneralmente se distinguen la negra oceánica i la polinésica entre las razas secundarias en que se subdivide la parda. Domina, sin embargo, en ella un color pardo mas o menos oscuro, la nariz gruesa, la boca grande i el cabello negro, lacio i a veces rizado.96

La falta de información referente a sus habitantes o geografía junto a la lacónica alusión sobre la presencia de «negritos», termina por minimizar, e incluso, anular la región del conocimiento de lo que se concibe como «universal». Por último, la mayoría de los textos escolares de geografía otorgan una gran relevancia al continente americano, incluyendo detallados relatos sobre las características más importantes de los distintos países que lo componen. Sin embargo, al mismo tiempo, las descripciones tienden a ser más bien elusivas e imprecisas, en particular, respecto de la clasificación racial de su población. Si bien todos coinciden en que en este aspecto la población americana es heterogénea, todos también subrayan –a ratos, casi majaderamente– la preeminencia de la población «blanca». Al respecto, son comunes descripciones como la que sigue: los actuales habitantes de América pueden clasificarse del modo siguiente: 1º los de orijen europeo, que pertenecen a la raza blanca i constituyen la parte principal de la población; 2º los indíjenas o indios, que forman la raza americana o cobriza; 3º los negros, trasportados de África



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Ibíd, p. 175. Gonzalo Cruz, op. cit., p. 30.

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como esclavos pero que ahora son casi todos libres; 4º los nacidos de la mezcla de estas razas.97

Afirmar que es la «raza blanca» la que constituye «la parte principal de la población» envuelve, implícita, y también explícitamente, una clara descalificación respecto de los otros sujetos, toda vez que no especifica si el adjetivo «principal» se refiere al número de población descendiente de europeos o alguna calidad, supuestamente superior, de estos. Ese tipo de imprecisiones son una constante. Uno de los casos más evidentes, dice relación con las características y calificaciones asignadas a América del Norte, particularmente, Estados Unidos y Canadá. Allí, el exterminio de la población indígena aparece asociado al progreso y evolución de sociedades civilizadas. En efecto, si Estados Unidos es concebido como «el principal estado de América i una de las naciones mas poderosas i comerciales del Mundo»,98 al mismo tiempo se insiste en que «la raza blanca i la nacionalidad anglo-sajona predominan como elemento étnico... Hai 75 millones de blancos… La raza negra está representada con 10 millones de individuos. La raza cobriza no se ha mezclado con los europeos, i cuenta apenas con 250 mil indios que tienden a desaparecer».99 Es más, cuando se incluyen dibujos representativos de los distintos países de este continente, la mayoría reproduce imágenes de antiguos pueblos indígenas o de una naturaleza abundante; sin embargo, Estados Unidos es el único asociado a símbolos indiscutiblemente modernos. En efecto, uno de los dibujos titulado «Cultivo de algodón» muestra, en primera plana, dos mujeres trabajadoras –presumiblemente negras– y atrás un capataz –hombre blanco– y, luego, dos trabajadores más. La referencia a un tipo de producción capitalista moderna, típica de las plantaciones fundada en la explotación de la mano de obra según

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Gonzalo Cruz, op. cit., 38. Julio Montebruno también insiste en la predominancia de la raza blanca en el continente americano. «El continente está poblado por ciento cuarenta i cuatro millones de habs.; ciento cinco millones i medio de los cuales corresponden a la América del Norte i treinta i ocho i medio a la del Sur. La raza blanca predomina con 81 millones de individuos; en seguida vienen los indios i mestizos con 33 ½ millones, i en tercer lugar los negros i mulatos, representados por 29 millones de personas. El resto de la población está formada por chinos, japoneses i esquimales». Julio Montebruno, Jeografía de América i Chile, op. cit., p. 8. La jeografía de los niños, op, cit., p. 64. Julio Montebruno, Jeografía de América i Chile, op. cit., p. 45.

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distinciones raciales y de género, no deja espacio a la ambigüedad. Por el contrario, resulta casi explícito que el éxito del «principal estado de América» radica, justamente, en ese tipo de producción económica y ordenamiento social. La otra imagen es un dibujo de un «Vapor de río en los Estados Unidos» que, claramente, alude al desarrollo tecnológico e industrial de ese país.100 Es necesario señalar que estos atributos, en particular aquellos referidos a la conformación racial, no fueron privativos de América del Norte, sino que se hacían extensivos a países como Argentina e, incluso, Chile. En la descripción que Luis Caviédes hace de América del Sur, señala elocuentemente en una estension de 20 millones de kilómetros viven cerca de 50 millones de hombres. El tipo superior es el europeo, que predomina en todas partes mas por su importancia que por su número. Hai gran cantidad de indios i de negros, especialmente en los países tropicales. Chile i Argentina tienen una raza más homojénea i sustancialmente blanca, siendo en estas naciones mui escasos los negros.101

El contraste es evidente respecto de países caracterizados por una abrumadora presencia de población indígena. Bolivia, Perú, México, Ecuador o Paraguay, suelen estar colmados de referencias vinculadas a sus raíces indígenas, generalmente cargadas de calificaciones negativas, como el atraso, el salvajismo, la geofagia o el canibalismo.102 De todos modos, vuelve a predominar la im100 101





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La jeografía de los niños, p. 64. Luis Caviedes, Jeografía elemental. Santiago: Casa Editora Juan Nascimento, 1909, p. 11. Los ejemplos abundan. El texto de Domingo Villalobos, al referirse a Bolivia, señala que «la población es de 1.500.000 habitantes, muchos de los cuales son indios salvajes»; respecto de Perú dice que «la población es de 3.000.000 de habitantes; tiene gobierno republicano unitario i su Presidente gobierna durante cuatro años; la relijión dominante es la católica, pero no por cierto en la rejión oriental, porque los indios viven una vida salvaje»; lo mismo sucede respecto de Ecuador cuando, refiriéndose a su población, indica que «muchos de ellos son indíjenas». Domingo Villalobos, op. cit., pp. 161-165. José Victorino Lastarria, por su parte, indica respecto de México que «esta nación, tan célebre en los fastos de la historia americana y cuyo orijen está envuelto en la mas oscura antigüedad, habia sido dominada por varias razas cuando los españoles la conquistaron en 1522 bajo la direccion de Hernán Cortés», si bien después señala que hoy es un pueblo católico, indicando su europeización, la presencia de los indígenas queda fijada en esa antigüedad

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precisión, por cuanto se insiste en una pretendida blancura de la población del continente. Por ejemplo, una de las descripciones geográficas acerca del territorio peruano, pone el acento en la existencia prehistórica de estas comunidades. La numerosa población que los españoles encontraron en el Perú, reconocía, salvo algunas tribus salvajes de los llanos orientales, la dominación de los incas, gozaba de un estado de cultura mui avanzado. A la cabeza del imperio incásico figuraba el pueblo de los quichuas. Los restos arqueológicos que se conservan permiten creer que los aimaraes i los yuncas se habían civilizado independientemente, ántes que aquéllos los conquistaran i fundaran la unidad política del país.103

En efecto, la referencia a la arqueología, los constituye en vestigios o ruinas de un tiempo indeterminado, pero que, claramente, no corresponden al presente. En otro de los textos se señala que en Perú cerca de las dos terceras partes son indíjenas, i el resto jeneralmente de oríjen español, [y que] hácia el NE, por el interior, viven como 200.000 indios salvajes […]. Al E. se extiende una gran llanura que abraza como los dos tercios de la superficie del Perú. Esta rejion, de clima cálido i húmedo i de una feracidad extraordinaria, se halla por lo jeneral inculta, entrecortada por bosques impenetrables i recorrida por un número de rios caudalosos, tributarios del Amazonas. Está todavía, en su mayor parte, en poder de los indios.104

En este caso, el despojo de su calidad de sujetos se relaciona con su pertenencia a una naturaleza que obstruye y hace impenetrable las incursiones de la civilización. De cualquier modo, estos países tienden a ser situados fuera –o por lo menos, no completamente dentro– de la historia. Así, la imagen que acompaña la descripción de Bolivia es una ilustración de dos «Indios Aimará», un hombre joven, de frente, bastante estilizado y una mujer, de

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indefinida, pero también muy presente. José V. Lastarria, op. cit., p. 86. Luis Caviedes, al describir Ecuador, señala que «la Cordillera de los Andes divide al Ecuador en tres secciones: la costa, la meseta i la montaña; la última está llena de inmensas selvas mui regadas habitadas por tribus salvajes». Luis Caviedes, op. cit., p. 37. Julio Montebruno, Jeografía de América i Chile, op. cit., p. 140. Gonzalo Cruz, op. cit., p. 112.

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espalda, de anchas proporciones corporales. En el caso de Perú, el dibujo se titula «Los médanos en el Perú», donde se ve un paraje sinuoso, al fondo, las alturas de montañas y, atravesando el territorio, dos hombres con un par de mulas. Le sigue otra ilustración que representa las «Ruinas del templo del Sol», con dos mujeres –probablemente, indígenas– frente a ellas.105 Es importante señalar que en el caso de Perú, las descripciones geográficas no solo se centran en el carácter aborigen y natural de esa nación, sino que también aluden a algunos hitos acontecidos durante la guerra de 1879, situándolo claramente en una cronología temporal. Sin embargo, el protagonismo histórico lejos de vincularse a ese país, exalta el triunfo de los chilenos. Así por ejemplo, en el Tratado elemental de jeografía, después de dar cuenta del proceso de conquista liderado por Pizarro sobre el Imperio inca señala que durante la Guerra de la Independencia, el Perú fué el centro de las fuerzas realistas: de ahí partian tropas para combatir a los patriotas en todas direcciones. Vencidos los españoles en Chile (1818), O’Higgins, como Director Supremo, envió al Perú un ejército i una escuadra, mandados respectivamente por San Martín i Cochrane, para dar libertad al Perú [indicando más adelante que]; en 1879, el Perú, como aliado de Bolivia, se vió envuelto en una guerra con Chile; fue vencido en Pisagua, Arica, Tacna, Chorrillos, Miraflores, etc., i tuvo que ceder la provincia de Tarapacá como indemnización de guerra i la de Tacna por diez años. Hoi el Perú se entrega a los trabajos para mejorar su posición […]. El Perú es un pais mui rico, pero sus riquezas no son bien aprovechadas.106

Pese a su inclusión en la temporalidad histórica, este país queda fijado en el atraso y la derrota. Problemática resulta también la presencia de población negra, prevaleciendo nuevamente la ambigüedad en las calificaciones que se le adjudican. En el caso de Brasil, esta última es reconocida en términos más bien positivos:



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Ver imágenes en La jeografía de los niños. Domingo Villalobos, op. cit., pp. 163-164.

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se dedican hoy a los trabajos i oficios inferiores de la sociedad, i forman casi la totalidad del ejército, en cuyas filas han revelado valor i disciplina. La existencia de millones de negros en el Brasil no es hoy un problema social de difícil solución, como en Estados Unidos

Esta opinión contrasta con las características atribuidas a los indígenas que allí habitan andan desnudos, pero les gusta adornarse con plumas, collares de piedras coloreadas, de cuentas de vidrio i aún de garras i dientes de animales salvajes […]. El canibalismo, mui practicado en otro tiempo, aún existe en algunas tribus. Los mundrucus, que sobresalen por su carácter feroz i belicoso, tienen la costumbre de matar i comerse a los viejos i ancianos.107

Sin embargo, esta valoración más bien positiva de la población negra de Brasil difiere notablemente respecto de las descalificaciones que recibe la población de Haití. Uno de los textos señala: Haití floreció tanto bajo la administración francesa, que fue considerada como la más valiosa colonia europea [pero que] los negros, al cabo de tres sublevaciones… consiguieron matar o expulsar a los blancos i quedar como únicos señores de la isla. La historia posterior de la Española es una sucesión de crímenes i revoluciones que la mantienen en perpetua anarquía. De las dos repúblicas independientes en que se dividió –Haití i Santo Domingo– la primera es la más atrasada i en ella es donde los negros han dado pruebas de mayor degradación e incapacidad política.108 La asociación de la negritud con las atrocidades de la revolución que aún se mantendrían, termina por deshumanizar y deshistorizar su población, toda vez que la anarquía, los crímenes y el atraso la expulsan del devenir de la historia. No muy distinta es la descalificación atribuida a la región caribeña de Colombia, cuando se afirma que «en los puertos insalubres del Mar Caribe abundan los negros africanos»,109 fijando una relación directa entre una geografía sucia y nociva, con la presencia de población negra. 109 107 108

Julio Montebruno, Jeografía de América i Chile, op. cit., pp. 115-117. Julio Montebruno, Ibíd., pp. 88-89. Julio Montebruno, ibíd., p. 125.

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Las coordenadas de la nación chilena Como se desprende del análisis anterior, las imágenes y representaciones que emergieron acerca de las distintas regiones del mundo, sustentadas en el aval cientificista que otorgaba la geografía como disciplina de estudio, terminaron por legitimar un sistema colonial en que unos –«blancos»– estarían naturalmente destinados a la dominación de otros –indios y «negros»– en razón de supuestas diferencias en los grados de civilización. Sin embargo, esta no fue la única consecuencia que trajo este tipo de descripciones. El traslado de adjetivos (positivos o negativos) otorgados a las distintas partes del globo hacia el territorio nacional, también naturalizó la preeminencia y dominación interna de algunos sujetos respecto de otros. Esta situación fue particularmente sensible en el caso de Chile para el período que estamos analizando, toda vez que los violentos procesos de expansión territorial, asociados a los graves problemas derivados de la diversificación social y surgimiento de nuevos intereses, favorecieron el uso y aplicación de tales calificativos para definir los grados de pertenencia y exclusión nacional, materializados en las descripciones de las recientemente incorporadas regiones. Así, en la mayoría de los textos escolares de geografía, el norte grande aparece fijado en dos imágenes que le dan el sentido de pertenencia nacional. Por un lado, asociado a una producción minera –particularmente, aunque no única, del salitre–, con características modernas de producción capitalista industrial y, por el otro, a los hitos del conflicto bélico de 1879. En lo que respecta a lo primero, los textos escolares insisten en la pujanza y belleza del territorio derivado de las extracciones mineras que han permitido un dinámico desarrollo dentro de los parámetros de modernización imperantes en la época. Por ejemplo, al describir Tacna –en ese entonces bajo la administración del Estado chileno–, uno de los textos señala que esta provincia que se encuentra bajo la dominación de Chile en virtud del tratado de paz celebrado con el Perú, tiene por capital la ciudad de Tacna, hermosa población con 20.000 habitantes […]; es el centro de un comercio mui activo con Bolivia. Hai una línea de ferrocarril que une el puerto de Arica con Tacna.110

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La jeografía de los niños, op. cit., p. 20.

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Esta descripción claramente contrasta con las calificaciones de atraso y estancamiento atribuidas a Perú. En efecto, pese a que la cita proviene de un texto escolar publicado en 1887, es decir, a menos de una década de finalizada la Guerra del Pacífico, la provincia de Tacna –hasta entonces parte del territorio peruano– es revestida de imágenes de esplendor, progreso y desarrollo moderno. En la misma línea, el Compendio de jeografía de Chile, al referirse a lo que denomina como la «Zona de los desiertos», pone énfasis en la fuerza y vigor de los chilenos que han sabido explotar económicamente una región caracterizada por la inclemencia del tiempo y las dificultades para habitarla: Esta zona contiene inmensas riquezas minerales, entre las que ocupa el primer puesto el salitre, rico abono que no existe sino en Chile… Las difíciles condiciones de vida del desierto hacen que en las salitreras se paguen los mayores salarios de Chile […] la mayoría de esta población se agrupa en las ciudades de la costa… o en los centros salitreros, donde se forman estensas poblaciones, formadas por casas de obreros, llamadas campamentos.111

Sin embargo, es la Guerra del Pacífico la que da existencia real a este territorio. Al describir la ciudad de Tacna y sus alrededores, Domingo Villalobos señala: Cerca de ella hai un cordón de cerros en cuya altiplanicie, situada a 8 km. de la población, el ejército chileno, mandado por el jeneral Baquedano, obtuvo la victoria de Tacna o del Campo de la Alianza, contra los ejércitos unidos del Perú i Bolivia. [Y a renglón seguido]; En la costa está Arica, cuya bahía… está defendida al S. por la isla de Alacrán. El ejército chileno ocupó este puerto después de Tacna. Una parte del ejército la atacó bajo las órdenes del coronel don Pedro Lagos i la tomó después de un combate encarnizado de cerca de una hora, a pesar de las grandes fortificaciones del puerto.112

Al igual que aquellas zonas concebidas como núcleos de civilización, los hitos geográficos toman forma y corporalidad desde Elías Almeyda Arroyo, Compendio de jeografía de Chile. Santiago: Soc. Imprenta y Litografía Universo, 1909, pp. 37-38. 112 Domingo Villalobos, op. cit., p. 70. 111

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su ubicación cronológica, esto es, a partir de las hazañas, principalmente bélicas, que allí tuvieron lugar. Los nombres de grandes héroes y batallas, incluso los minutos y horas que estas demoraron están claramente especificados. Esta fijación del norte grande en la Guerra del Pacífico –Iquique es, tal vez, el hito más paradigmático– encubre otros hechos que, eventualmente, desestabilizarían la idea de unidad nacional. Los procesos de conquista hispánica y posterior dominio peruano o boliviano, el estallido de grandes movilizaciones y huelgas obreras que ya venían teniendo lugar desde hacía varios años, sin mencionar la presencia de las comunidades indígenas que, aunque aún existentes, eran concebidas como objetos de estudio de la arqueología o antropología, fueron dramáticamente expulsadas de la pertenencia territorial y, más específicamente, de la existencia nacional. Por su parte, la frontera sur, emerge atiborrada de imágenes asociadas a la larga Guerra de Arauco que, aunque evocada en la mayoría de los relatos geográficos, aparece revestida de un halo de a-temporalidad que nunca termina por entrar claramente en la historia. Los habitantes de Chile descienden de los antiguos conquistadores españoles que dominaron el país, i de los naturales que lo poblaban antes de su llegada […]. Los valientes e indómitos Araucanos que ocupaban la rejión del Sur de Chile resistieron a la conquista de los españoles durante varios siglos i jamás pudieron ser dominados, manteniéndose siempre dueños de todo el territorio que se estiende desde el Biobío hasta Valdivia. Sus bravos capitanes Caupolicán, Lautaro, Rengo i otros hicieron prodijios de valor combatiendo contra los españoles, i hasta el presente se ha conservado en esa hermosa raza el mismo patriotismo i el mismo valor para la pelea que hizo famoso el nombre de aquellos jefes.113

Remitida, básicamente, al siglo XVI, como origen fundante de la nación, su presencia, luego se desvanece en medio de una naturaleza abrumadora, azotada por las constantes guerras y catástrofes naturales que no dejan más que restos y vestigios de un tiempo adánico. Abundan descripciones como la siguiente: «Angol… cer113



La jeografía de los niños, op. cit., pp. 42-43.

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ca de la unión del Malleco con el Picoiquen, e inmediata a las ruinas de la antigua ciudad fundada por los españoles i destruida por los araucanos».114 Su inclusión –que no incluye fechas, personajes o episodios específicos, como en el caso del norte grande– queda fijada como naturaleza. Al respecto, en el mismo texto el autor intercala ilustraciones a medida que describe las distintas zonas geográficas nacionales, entre las que destacan el escudo nacional, el Palacio del Congreso, el Palacio de La Moneda y la Galería San Carlos. Sin embargo, al describir la región de la frontera sur aparece una imagen del río Biobío, donde se puede apreciar su enorme anchura. Las aguas aparecen quietas, casi como un lago, rodeadas de frondoso verde. A lo lejos, en uno de sus costados se aprecia una línea de ferrocarril y una locomotora en marcha, como señal de la civilización y progreso, que, en palabras del autor: en el día [de hoy] el territorio llamado la Araucanía está sometido al gobierno de la República, que reconocen todos sus habitantes; i se construye una línea de ferrocarril que irá desde Angol a Valdivia i Osorno poniendo así en comunicación todo el Sur de Chile con Santiago, la capital, i las provincias centrales.115

Si el norte grande aparece colmado de imágenes asociadas a la Guerra del Pacífico, donde los chilenos –soldados y personajes claramente identificados– hacen la historia, la frontera sur queda remitida a una imprecisión numérica y temporal vinculada a figuras del período de la conquista, desvaneciéndose luego su población en medio de una apabullante naturaleza. Como señalábamos recién, las imágenes destacan la fertilidad extrema de sus bosques y selvas donde «no ha penetrado la mano del hombre».116 En efecto, uno de los rasgos llamativos de las descripciones es la insistencia en la presencia casi insignificante de indígenas, e incluso en la vacuidad total de la zona. En el Catecismo titulado Geografía de Chile, publicado en 1894, en un juego permanente de interrogantes y respuestas a repetir por los estudiantes, se pregunta: Ibíd., p. 36. Ibíd., pp. 36 y 43. 116 Domingo Villalobos, op. cit., p. 118. 114 115

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¿De quién descienden los chilenos? Los chilenos descienden de europeos, especialmente de españoles. ¿A qué raza pertenecen los chilenos descendientes de europeos? Los chilenos descendientes de europeos pertenecen á la raza blanca. ¿En dónde se encuentran los tipos más bellos de la raza blanca? Los tipos más bellos de la raza blanca se encuentran en Rusia, al sur del monte Cáucaso. ¿Y los indígenas de Chile á qué raza pertenecen? Los indígenas de Chile pertenecen a la raza cobriza ó americana. ¿Cuántos son los indígenas de Chile? Los indígenas de Chile son 50.000. ¿Qué idioma hablan los habitantes de Chile? Los habitantes de Chile hablan el idioma español.117

El bajo número –generalmente, impreciso– asignado a la población indígena queda aún más reducido, en términos de presencia en la constitución nacional, por las otras afirmaciones, de las que se desprende que no solo son pocos, sino que claramente no son chilenos. En otra de las estimaciones realizada en 1871, Leandro Ramírez, refiriéndose al número de «indios independientes», afirmaba que estos no bajarían «de los 90.000».118 Cuatro décadas después –en 1909–, en otro texto de geografía se señala: los españoles que conquistaron el país a mediados del siglo XVI, colonizaron con relativa facilidad toda la sección que queda al norte del Bio-Bio, i mezclándose en ella con los indios formaron la base de la población chilena. Además, ocuparon sin grandes dificultades los territorios que se estienden al sur del Tolten, pero nunca pudieron conquistar definitivamente la zona intermedia. Esta zona… solo en la segunda mitad del siglo pasado ha sido incorporada a la civilización… El número actual de indios puros que aún viven en la Araucanía i provincias que siguen al sur se calcula en unos 70.000 individuos.119

Sin embargo, cuando más adelante describe las ciudades de la «Sección Sur» dice que estas «deben su prosperidad actual a los esfuerzos de la laboriosa colonia alemana».120 No se señala nada H. de las EE.CC. Geografía de Chile. Para uso de los niños. Santiago: Imprenta Cervantes, 1894, p. 5. 118 Leandro Ramírez, Lecciones de jeografía moderna: Descubrimientos i cambios políticos más recientes. Santiago: Imprenta El Independiente, 1871, p. 133. 119 Julio Montebruno López, Jeografía de América i Chile, op. cit., pp. 180-181. 120 Ibíd, p. 198. 117

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respecto de los mapuches. El mismo año, otro texto señala que «hai 40.000 indios en vias de completa civilización».121 Invitados a reflexionar, en el marco de la conmemoración del Bicentenario, acerca de los modos de construcción de ciudadanías –históricas y contemporáneas–, creímos relevante detenernos en aspectos que suelen pasar inadvertidos por su supuesta neutralidad en relación a la definición de las pertenencias y exclusiones de la nación. La geografía y, más precisamente, las descripciones geográficas, han gozado de un sentido de imparcialidad asociado al carácter pretendidamente objetivo asignado al territorio como marco natural de los países y naciones. Sin embargo, como hemos tratado de exponer en este trabajo, ni los espacios geográficos ni las descripciones que se hacen de ellos son imparciales ni ingenuos. Por el contrario, las formas que se atribuyen a las distintas regiones y las características que se les asignan, son decisivas a la hora de establecer tanto los sentidos de pertenencia como los de expulsión de la nacionalidad. Tal vez es por esta razón que Gabriela Mistral –como aparece en el epígrafe con que se inicia este artículo– alude a esa «tiranía geográfica» de la que no puede desprenderse, pero, al mismo tiempo, también puede explicar por qué, hasta hoy, algunos habitantes de este país pueden gozar de una ciudadanía plena, en tanto que otros se ven claramente despojados de sus derechos ciudadanos básicos, sin causar sorpresa ni conmoción alguna. Contrariamente, parece prevalecer un ambiente de normalidad y naturalización al respecto. Nos referimos, por ejemplo, a la situación desatada en agosto de 2010 –justo en el momento en que este trabajo empezó a tomar forma– cuando el país se llenó de las imágenes de 33 mineros literalmente «tragados» por la tierra. Los titulares y notas informativas de la prensa escrita, la radio y la televisión dejaban poco espacio para otras noticias. Durante 70 días, y más, toda la atención estuvo puesta allí. Sin embargo, al mismo tiempo, una treintena de comuneros mapuches habían iniciado una huelga de hambre que se prolongó por 82 días para protestar contra la desmilitarización de las comunidades en conflicto, las condiciones en que se llevaban a cabo los procesos judiciales en su contra y, en particular, por la 121



Luis Caviédes, op. cit., p. 13.

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aplicación de la ley antiterrorista y doble procesamiento ante la justicia civil y militar a que estaban sometidos. Nada de esto apareció en el debate público; contradictoriamente, un manto de silenciamiento cubrió estos hechos, como si no fueran parte de los intereses centrales de la nación. Al igual que los contenidos de los textos escolares de geografía que hemos analizado, los mineros del norte alcanzaron un protagonismo histórico incuestionable. Conocimos en detalle las dramáticas vivencias dentro de la mina, supimos sus nombres, anhelos y experiencias de vida. De algún modo, eran y son reconocidos como actores históricos de la nación. Los mapuches, por el contrario, siguen siendo obliterados, confirmando su calidad de no ciudadanos o ciudadanos «a medias», no solo por la dureza de la represión y las medidas que se aplican contra ellos, sino porque no aparecen, porque no se nombran y, por lo tanto, no existen como nacionales.

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Descentralización e identidades nacional y regional en Chile: La búsqueda política de la identidad

María Luisa Méndez Modesto Gayo122

1. Introducción Desde la perspectiva del Estado, la conmemoración de los bicentenarios ha sido, fundamentalmente, un trabajo de producción y reproducción de las ideas de cómo él mismo concibe la identidad nacional. En el marco de la reflexión sobre los espacios, actores y narrativas que han sido motivo de dicha celebración nos proponemos, en este capítulo, reflexionar sobre otras identidades que han acompañado estos 200 años, pero desde los márgenes: las identidades regionales. A este respecto, este estudio se pregunta acerca del estado de estas identidades regionales en el Chile del Bicentenario y, en particular, se propone discutir cómo, actualmente, el Estado chileno –que ha crecido y se ha consolidado sobre un fuerte centralismo– intenta reinventar el vínculo entre territorio e identidad por medio de una propuesta de articulación entre mayor descentralización y fortalecimiento de la identidades regionales. Lo anterior podría aparecer como una política «acorde con los tiempos» e, incluso, como un quiebre con la historia de invisibilización de las identidades regionales verificada en estos 200 años. Sin embargo, este trabajo muestra cómo las políticas pro descentralización y los discursos por mayor reconocimiento y promoción de identidades regionales en Chile son apoyados por el propio Estado (con un carácter aún fuertemente centralista), promoviendo la implantación de identidades «despolitizadas» mediante el empleo de, al menos, tres dispositivos: el encaje forzado entre las identidades y las re122



Académicos de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales.

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giones; el énfasis puesto en los objetos y los productos y no tanto en las personas y su voluntad de ser; y la mirada de desarrollo económico o de orientación hacia el futuro. Ello es clave porque produce, como espejo, tres tipos de marginalidad que cualquier teoría normativa de democracia debiese considerar: la de identidades presentes que no refuerzan ningún proyecto propuesto de gobernabilidad o de gobernanza; la de la ciudadanía y los acuerdos locales que puedan adoptar sobre su querer ser como colectividad; y la recuperación del pasado como un ejercicio permanente de entender la constitución de un «nosotros» en un período más o menos dilatado de tiempo. Obviamente, estos elementos marginados plantean problemas a cualquier Estado y, por ello mismo, han sido frecuentemente obliterados en un plano discursivo o sencillamente derrotados en batallas políticas abiertas. Actualmente, no parece haber discrepancias sobre el hecho de que el Estado chileno, a lo largo de estos 200 años, haya sido eficaz en instalar y promover una identidad nacional compartida y que, ahora, siga en dicha senda. Es por ello que es importante cuestionar el aparente giro de este mismo Estado hacia un mayor regionalismo, más aún si se trata de una política pretendidamente descentralizadora, basada en un supuesto intento genuino de fortalecer identidades y demandas regionales. A este respecto, es importante considerar que las ideas sobre identidad nacional en Chile se han construido sobre la base de un fuerte centralismo, contexto en el cual las identidades regionales han debido lidiar con dos grandes fuerzas: por un lado, intentos (fallidos y complejos) de descentralización que, finalmente, han tendido a reforzar el centralismo; y, por otro, un débil regionalismo y defensa de los intereses e identidades locales que ha provenido, fundamentalmente, de las élites, sin un vínculo claro con movimientos sociales y políticos de la región.123 Sin embargo, es importante señalar que no estamos hablando de identidades o proyectos contrapuestos. Por el contrario, el éxito del centralismo en Chile ha contribuido a que las identidades, tan123



Un caso diferente ha sido la reciente movilización regional en Magallanes, producto de la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de reducir la subvención al combustible. La movilización se desencadenó a través de las redes sociales en internet y no solo se logró la destitución del ministro de Minería, sino también un cambio de la política que buscaba imponerse.

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to nacional como regional (es), no se presenten como alternativas enfrentadas, sino como dimensiones «compatibles» dentro de procesos de construcción de identidad social. Evidentemente, ello ha simplificado un eventual proceso complejo de articulación de dichas identidades en proyectos, tanto políticos como de vida cotidiana. Bajo este contexto, este trabajo desarrolla dos argumentos centrales. Por un lado, en base a la evidencia empírica sobre la correlación entre identidad nacional y regional,124 argumentamos que este es un caso en que la identificación con la nación es compartida por la gran mayoría de sus miembros, razón por la cual, hoy, las identidad(es) regional (es) y la identidad nacional no funcionan como categorías sociales opuestas, sino que conviven en forma más bien fluida. En relación con lo anterior, al no existir una oposición centro/periferia, lo que aparece, desde un punto de vista territorial, es un enfrentamiento entre aquellos identificados contra aquellos no identificados, siendo los primeros la gran mayoría. Por otro lado, en este marco de éxito identitario podría parecer paradójico, desde el punto de vista de la política moderna, el énfasis que el Estado ha dado al fomento de la identidad a nivel regional, lo que podría llevar a conclusiones apresuradas sobre el supuesto carácter «regionalista» de dichas políticas. Por el contrario, creemos que esta promoción identitaria tiene un carácter fuertemente centralista y economicista y que, si bien es funcional para el Estado, plantea algunas dudas sobre sus implicaciones en tanto que constituye identidades que contribuyen a dejar al margen alternativas posibles y vigentes.

2. Estudios de identidad regional en Chile Los estudios de identidad regional en Chile, a diferencia de lo que pareciera suceder en otros países como España o el Reino Unido, muestran poca evidencia sobre una posible tensión entre los niveles de identificación regional y nacional. En efecto, Zúñiga y Asún, en su estudio realizado entre estudiantes universitarios de las regiones de la Araucanía y Valparaíso, señalan 124



Estas identidades se refieren a medidas relativas a diferentes niveles de identificación territorial (ver tabla 3 en Anexo 1).

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que los distintos niveles de identificación nacional y subnacional pueden coexistir (esto es constituir identidades inclusivas), en la medida [en] que una alta identidad con uno de ellos no tiene por qué suponer el rechazo de los otros grupos… la identificación con un grupo regional promueve procesos de diferenciación social tales que el endogrupo regional es construido como una entidad social distinta en relación con el endogrupo nacional más inclusivo.125

De este modo, entre las identidades regionales y la identidad nacional no tendría por qué existir una definición por oposición entre el «nosotros» y el «ellos», por lo que un individuo podría sentirse muy identificado con un grupo regional y, al mismo tiempo, sentirse parte de su grupo nacional.126 En otras palabras, la identidad nacional y la identidad regional no actuarían como polos excluyentes. Desde una perspectiva sociocultural y utilizando una metodología cualitativa, Guerrero ha desarrollado una amplia agenda de investigación en temas de identidad regional en la Región de Tarapacá. Refiriéndose a la convivencia cotidiana de la identidad religiosa (bailes chinos), la identidad territorial (prácticas deportivas, como el fútbol), y la identidad nacional (desfiles), afirma que «la mesa de tres patas donde se asienta la identidad nortina no constituye, para quienes la portan, contradicciones».127 De acuerdo con el autor, dichas identidades se articulan en la vida cotidiana (particularmente, para el caso de los hombres) en actos rituales que refuerzan la pertenencia a la «comunidad imaginada», recurriendo a la célebre terminología acuñada por el investigador Benedict Anderson. Asimismo, en la línea de considerar elementos que podrían estar en la base de las diferencias entre diversos niveles de identificación regional, Zúñiga y Asún (2009) señalan que, de acuerdo con la evidencia recogida en sus estudios, no existirían diferencias interregionales respecto de las actitudes hacia la descentralización, Claudia Zúñiga y Rodrigo Asún, «Identidad regional en un contexto de cambio: un estudio en La Araucanía». En Revista Psicología Política, N° 26, pp. 73-92. 126 Claudia Zúñiga y Rodrigo Asún, ibíd., pp. 91. 127 Bernardo Guerrero, «Bailar, jugar y desfilar: la identidad cultural de los nortinos», en Revista de Ciencias Sociales, N° 14 (2004), Iquique: Universidad Arturo Prat, Chile, p. 80. 125

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lo cual puede llevar a pensar que dichas diferencias estarían radicadas en actitudes y valores personales.

3. Datos sobre identificación regional A propósito de estas ideas, el análisis de los datos recogidos por la Encuesta Nacional de Estratificación Social128 también corrobora la correlación entre identidad regional y nacional. En dicha encuesta se introdujo un módulo sobre identificación territorial a diversas escalas –país, región, comuna, barrio. A este respecto, se entiende que el concepto de identificación territorial y, particularmente de identificación regional, se refiere a la adhesión de las personas que viven en un territorio, regional o nacional, sobre la entidad simbólica a la cual nos referimos por «región» o «nación».129 Esta encuesta fue aplicada en el marco del Proyecto Anillos SOC12, financiado por Conicyt (Proyecto Desigualdades: www.desigualdades.cl). La encuesta fue aplicada entre el 29 de mayo y el 9 de agosto de 2009 a lo largo de las 15 regiones que comprende el territorio nacional. Se entrevistaron 6.153 personas de modo presencial y se calculó un margen de error nacional de 1,3%, 3,6% para la Región Metropolitana y de 5,7% para el resto de las regiones del país. 129 En relación con la terminología, Paasi ha realizado un importante aporte. Los siguientes textos son muestras de ello: «Europe as a social process and discourse: considerations of place, boundaries and identity», European Urban and Regional Studies, vol. 8: 1 (2001), pp. 6-28; «Bounded spaces in the mobile world: deconstructing ‘regional identity’», Tijschrift voor Economische en Sociale Geografie, vol. 93, Nº 2 (2002a), pp. 137-148; «Place and region: regional worlds and words», Progress in Human Geography, vol, 26, 6 (2002b), pp. 802-811; y «Region and place: regional identity in question», Progress in Human Geography, 27,4 (2003), pp. 475-485. Este autor contribuye con una discusión conceptual sobre términos que, a menudo, se utilizan de forma indistinta. Según este autor, la identidad de la región se refiere a las características de la naturaleza, cultura, paisaje y gente que vive en los territorios que se usan en la construcción de discursos y clasificaciones que se elaboran desde la política, el activismo, el marketing regional, la governance y las políticas de regionalización, entre tantos posibles, los cuales permiten distinguir una región de otra con el afán de delimitar, nombrar y simbolizar el espacio y sus grupos. Por otro lado, la identidad o conciencia regional, tanto de quienes viven en la región como de aquellos que viven fuera de ella, apunta a la identificación que la gente tiene, a distinto nivel, de esas prácticas institucionales, discursos y simbolismos que son un retrato de la estructura de expectativas que se instituyen como partes del proceso que llamamos región. El tercer concepto que especifica Paasi, la identificación regional, no se trataría de la capacidad de distinguir una región de otra por sus caracter128



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Esto permite hacer uso de la idea de «identificación» como una dimensión de la identidad, lo que a su vez hace posible una lectura política del fenómeno identitario. Antes de analizar la variable identidad o identificación regional por sí sola, y en relación con la identidad nacional, es conveniente situarla respecto de la identificación con otras unidades territoriales. En general, observamos que la identificación regional no es particularmente destacada entre los distintos niveles territoriales. Por el contrario, en casi todas las regiones, la gran mayoría se identifica con el país –exceptuando los casos de Magallanes, donde la identificación con la región es más fuerte, y de la Región del Maule, donde la identificación a nivel local y barrial es mayor que la nacional y regional (ver Gráfico 1).







ísticas, sino que se referiría al proceso por medio del cual los habitantes de una región se hacen parte activa y/o interesada en los procesos de desarrollo social, económico, político y cultural de una región. Para llegar a este estadio es preciso, según el autor, transitar por un proceso de institucionalización de una región, vale decir, el reconocimiento social, político, administrativo y cultural de un territorio mediante las siguientes etapas: La constitución territorial (el establecimiento de fronteras y delimitaciones; se forma la unidad territorial en una estructura espacial). La formación simbólica (la región adquiere un nombre, lengua o dialecto, bandera, escudo, personajes famosos, hitos geográficos, infraestructura, etc.). La institucionalización (establecimiento y funcionamiento de organizaciones formales como juntas de vecinos, escuelas, empresas, ONG, todo lo que se refiere a la institucionalización de relaciones sociales que utilizan el nombre y otros símbolos de la región como propios). La conciencia socio-espacial de los habitantes y el establecimiento de la región en un sistema más amplio (producto del proceso continuo de institucionalización y transformación). Lo interesante es que estas etapas no seguirían una secuencia particular, sino que podrían ocurrir simultáneamente. Al igual que el concepto de identidad, el de identidad regional es dinámico, y se refiere al proceso a través del cual las personas identifican y se identifican con un territorio, su cultura, tradiciones, paisaje, historia, etc. Asimismo, la identidad regional no puede ser entendida solo en términos del pasado o presente, sino también de futuro, proyecciones, arquetipos, proyectos, mitos o metáforas con que la gente de una región o de un país crea metas, horizontes de expectativas o utopías, por definición inalcanzables en su totalidad, aunque por lo mismo fuertemente productivos. En síntesis, la identidad regional alude a cuestiones tanto simbólicas (festividades, mitos, ritos, actividades culturales propias del territorio que renuevan el compromiso con el pasado y refuerzan una narrativa de identidad), así como a cuestiones de carácter práctico y cotidiano como oportunidades de trabajo, reproducción, empleo y participación, entre tantos otros.

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Descentralización e identidades nacional y regional en Chile

Gráfico 1 Comparación de identificaciones territoriales por región Se siente muy identificado/a con... XV XIV XIII XII XI

PAÍS

X

REGIÓN

IX

CIUDAD

VIII VII

COMUNA

VI

BARRIO

V IV III II I

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Fuente: Proyecto desigualdades.

En segundo término, es importante subrayar que la identificación regional varía fuertemente según la región, al menos si tomamos como medida la categoría de los «muy identificados»130. A este respecto, una lectura del Gráfico 2 muestra que hay regiones donde existe una fuerte identidad regional relativa, en las cuales la mitad de los entrevistados manifiesta estar muy identificada con sus respectivas regiones. Este es el caso particular de las regiones de la Araucanía, Magallanes y, en menor medida (alrededor de 40% de los entrevistados se describe como muy identificado), las regiones de Valparaíso, Atacama, Arica y Parinacota, Tarapacá, Metropolitana, Los Lagos y Aysén. En la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, 32% de los entrevistados se describe como muy identificado con su región. Luego, las regiones de Los Ríos, Biobío, Copiapó y Maule bordean 20%.131

130



131

Cuando son agregadas las categorías de «muy identificado» y «bastante identificado», las diferencias entre regiones tienden a disminuir drásticamente. No obstante, haciéndose evidente que la gran mayoría de los chilenos se identifican positivamente con el país y sus regiones, nos parece una alternativa razonable diferenciar los encuestados de acuerdo a la intensidad de la identificación. Con el fin de identificar algunos determinantes de las diferencias en términos de identificación regional fueron realizados análisis estadísticos. En particular, estudiamos si acaso podría existir una división significativa de acuerdo a lo que podríamos denominar la etnia de origen o de pertenencia, lo que se entendía como el sentimiento de pertenecer a algún «pueblo originario», y que, eventualmente, podría contribuir a dar explicación, principalmente, a

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Gráfico 2 Identificación regional por región Se siente muy identificado/a con la región donde vive 36%

Total VII III

20% 21% 24%

VIII

25%

XIV

29%

II

32%

VI

36%

XI

37%

X

39%

XIII

39%

I

40%

XV

41%

IV

44%

V

50%

XII IX

53%

Fuente: Proyecto desigualdades.

¿Identidad nacional versus regional? Si tomáramos una foto del Chile del Bicentenario, la identificación regional no aparecería en conflicto con la identidad nacional. Más aún, la primera estaría, fuerte y positivamente, correlacionada con la segunda (ver Tabla 1 y Tabla de contingencia en Anexo 1), por lo que si la identificación regional es alta, la nacional también lo será, y viceversa. Es lo que también se observa en la Tabla 4 (ver Anexo 1), la cual muestra que la gran mayoría se sitúa en la diagonal, es decir, manifiestan similares niveles de identificación nacional y regional. No obstante el hecho de que las identificaciones territoriales no se oponen, cabe hacer una distinción entre quienes se identifican a nivel territorial (en cuyo caso lo hacen con ambos niveles o dimensiones territoriales) y quienes no lo hacen con ningún nivel, siendo los primeros la enorme mayoría (ver Anexo 1, Tabla 5).

los casos de las regiones de Biobío y Los Ríos. Sin embargo, en ninguna de las regiones para las cuales teníamos un número razonable de casos, mayormente las del sur del país por la concentración de población mapuche, encontramos diferencias que debamos mencionar. En otros términos, la identificación regional, al menos con las regiones, tal y como han sido definidas dentro del Estado chileno, no pareciera depender del sentimiento de pertenencia étnica.

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Tabla 1 Correlación de pearson132 de las identificaciones regional y nacional Identificación nacional 0,704(**)

Identificación regional

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Los determinantes de la identificación regional Adicionalmente, aunque aquí no nos detendremos en detalle en este aspecto, algunos análisis muestran que, en la actualidad, la identificación regional es más fuerte entre los niveles socioeconómicos altos y de mayor edad que en los grupos de clase media y adultos jóvenes, lo que podría plantear problemas para el desarrollo de un regionalismo extenso, genuinamente endógeno y no elitista. En este sentido, la identificación regional sería más débil cuando las personas viven en una región donde la situación económica y etaria los obliga a buscar mejores oportunidades en otras localidades, siendo Santiago el destino más demandado. La siguiente tabla ofrece los resultados de una exploración de algunos de los que pudieran ser determinantes clave de la identificación regional. En este caso, observamos los porcentajes para el cruce de la identificación por sexo, edad, nivel socioeconómico y centro urbano.

132



Esta medida es un indicador de la intensidad y la dirección de la relación entre dos variables. Su signo indica si la relación es positiva o negativa. Positiva significa que a mayor cantidad de algo, tenemos mayor cantidad de otra cosa también. Negativa quiere decir que a mayor cantidad de X, tenemos una menor cantidad de Y, y viceversa. Por otro lado, es una medida que varía entre 0 y 1, siendo el 0 el menor grado de relación, y el 1 el máximo. En nuestro caso, el coeficiente de correlación indica que las identificaciones nacional y regional están positiva y fuertemente asociadas.

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100

Total

M

100

0,3

6,5

9,4

100

0,7

6,5

9,5

14,8 16,4

32,6 31,2

36,4 35,7

H

Sexo

Fuente: Proyecto Desigualdades.

0,5

6,5

9,5

15,6

31,9

36,0

NS/NR

identificado/a

Nada

identificado/a

Poco

identificado/a

Algo

identificado/a

Bastante

identificado/a

Muy

Total

100

0,7

8,9

11,1

21,6

29,5

100

0,1

7,0

10,7

14,4

32,4

35,4

44

29

28,3

30-

18-

100

0,4

5,1

8,2

13,1

36,8

36,4

54

45-

Tramo de edad

100

0,4

4,5

9,0

14,6

29,7

41,7

64

55-

100

1,2

4,2

5,9

10,9

29,9

48,0

y+

65

¿En qué medida se siente Ud. identificado/a con la región donde vive?

Nivel de identificación regional, por sexo, edad, gse y centro urbano

Tabla 2

100

0,2

3,4

5,4

8,7

20,8

61,5

ABC1

100

0,2

6,3

7,5

17,9

31,8

36,3

C2

100

0,4

5,6

10,2

13,3

32,7

37,7

C3

100

0,6

7,5

9,9

16,7

31,9

33,3

D

GSE Grupo Socioeconómico

100

0,7

5,0

6,3

25,7

36,0

26,3

E

100

0,5

5,5

8,2

14,6

32,1

38,9

Urbano

Centro

100

0,5

8,0

11,5

17,2

31,5

31,3

urb+ rural

Resto

Centro Urbano

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Los datos que se presentan en la Tabla 2 muestran que la variable identificación regional cambia respecto de edad y GSE. En efecto, a menor edad se verifica una menor identificación regional y viceversa. Así, el grupo de 18 a 29 años es el que muestra mayor porcentaje de «poca identificación» con la región y «nada de identificación» con la misma. Respecto de la variable GSE, es posible apreciar que el grupo ABC1 es aquel que manifiesta, de forma más contundente, su identificación con la región donde vive: 61,5% de los encuestados de este segmento se siente «muy identificado», superando los porcentajes en todos los grupos y en todas las categorías. El porcentaje más próximo es del grupo de mayor edad, con 48%.

Conclusiones a propósito de los datos de la encuesta En consecuencia, podemos ver que, en su conjunto, el análisis de la encuesta nos muestra que: 1. La identificación territorial es alta en todo Chile y en todos sus niveles territoriales. 2. Las identificaciones territoriales de diferente nivel (barrio, comuna, ciudad, región, país) correlacionan positivamente, esto es, los que se identifican con cualquiera de ellas tienden a identificarse con las otras. Por lo tanto, la divisoria se daría entre los identificados y los no identificados (una pequeña minoría), no habiendo tensiones entre los niveles de identificación territorial. Esto incluye los niveles regional y nacional, los cuales se encontrarían fuerte y positivamente correlacionados. 3. La intensidad de la identificación regional es desigual según las regiones. 4. La intensidad de las identificaciones territoriales son variables, no siendo la regional una de las más destacadas. 5. La identidad, o más bien la identificación regional, no solo involucra la cuestión simbólica, cultural o festiva, sino también las oportunidades del territorio (de empleo o emprendimiento), aspecto que debiera asumirse como eje central, aunque no único.

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6. Los datos presentados en este trabajo muestran que la identificación regional es alta entre grupos de mayor ingreso y mayor edad, y más baja entre sectores medios y bajos, y entre grupos más jóvenes, quienes se encuentran disputando las oportunidades de movilidad social. Es en estos grupos, también, donde se ve mayor ambivalencia sobre la decisión de residir en la región o en otro lugar. A este respecto, es preciso apuntar que hay regiones de economías pujantes donde la mayoría reconoce las oportunidades, como Antofagasta, pero que no se identifica ni con la región ni con sus procesos de desarrollo. En el caso de esta región, la falta de identificación, más allá de los altos beneficios materiales que ofrece, podría explicarse por la alta movilidad de una población flotante o instalada por temporadas de acuerdo a necesidades laborales. Por lo tanto, si bien la estructura de oportunidades que entrega el territorio-región (oportunidades laborales, de movilidad social, educativas, etc.) es fundamental para la decisión de residir de forma más permanente e «identificada» con el lugar, el buen desempeño económico de un sector dentro de la región no es suficiente para vincular a las personas con el territorio.

4. ¿Identidades regionales desde los márgenes o «desde arriba»? Centralismo y elitismo en el fortalecimiento de las identidades regionales del Chile Bicentenario Existe relativo consenso en señalar que uno de los pilares sobre los cuales se ha construido y reforzado la identidad nacional en Chile ha sido su profundo y arraigado centralismo.133 Así, aunque a lo 133



Jorge Larraín, ¿América Latina moderna? Globalización e identidad. Santiago: LOM Ediciones, 2005; Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contemporánea de Chile, Volumen I, Santiago de Chile: LOM Ediciones, 1999. Además de ello, Arenas et al. (2007) sostienen que «sin responder a un criterio de largo plazo, el desenvolvimiento de las políticas públicas en materia de ordenamiento y desarrollo territorial que han sostenido los procesos de regionalización en Chile, han estado sujetos históricamente a los intereses de un sector dominante de la sociedad». Federico Arenas, Rodrigo Hidalgo, Arturo Orellana, Gastón Aliaga, «Propuesta de nuevos criterios para redefinir

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largo de la historia se han defendido, con mayor o menor fuerza, intentos descentralizadores, estos no han logrado imponerse. De acuerdo con Montecinos,134 habría dos grandes períodos marcados por intentos, más o menos infructuosos, de instalar propuestas de descentralización política y administrativa. Los primeros datarían del tiempo de la independencia y se prolongarían hasta 1925, incentivados por movimientos regionalistas o federalistas que buscaban una descentralización de carácter político.135 Los segundos serían de tipo administrativo con vocación desarrollista, y se observan a partir de 1925 hasta la fecha. A diferencia de los primeros, estos tendrían un carácter vertical (de arriba hacia abajo) y surgirían desde el propio centro político nacional a partir del cual se despliegan hacia todo el territorio. En otras palabras, fruto del propio centralismo, instalado eficazmente en el período anterior, se consolidarían instituciones y organizaciones de gobierno que buscan fortalecer el desarrollo económico de las regiones y la modernización del Estado.136 Ambos intentos, al igual que las reacciones que generaron y que terminaron por imponerse, habrían tenido su origen y se habrían implementado en arreglos institucionales y constitucionales. Sin embargo, siguiendo a Montecinos, una de las principales diferencias sería que el primero tendría un origen endógeno (de abajo hacia arriba), impulsado por intentos revolucionarios que buscaban un cambio radical del modelo de gobierno y ordenamiento constitucional, en tanto que el segundo, habría partido desde el centro que, sin una contraparte articulada en movimientos regionalistas (de arriba hacia abajo), presentaba la descentralización como un proyecto modernizador. En palabras de este autor

unidades político administrativas regionales en Chile», Camino al Bicentenario. Propuestas para Chile. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007, capítulo 11, p. 360. 134 Egon Montecinos, «Antecedentes sobre la relación histórica centralismo y descentralización en Chile», Revista Venezolana de Gerencia, Año 10, Nº 31, 2005, pp. 443-462. Universidad del Zulia. 135 Aquí se encontrarían los intentos federalistas de 1826, 1859 y el período parlamentarista de 1891 a 1925. 136 Ejemplos de estos intentos, señala Montecinos, op. cit., son la creación de la Corporación de Fomento (Corfo), en 1939, y la creación de la Oficina de Planificación Nacional (Odeplan), en 1965.

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no se observan instituciones ni movimientos regionalistas sustantivos que pudieran llevar a pensar en un estilo de descentralización que por la vía de los movimientos regionalistas o federalistas persiga distribuir el poder político del Estado. Más bien las demandas descentralizadoras se canalizan de manera gradual y selectiva hacia las regiones y municipios mediante un estilo de descentralización esencialmente administrativo con escasa participación ciudadana y con ausencia de movimientos políticos que provengan desde las regiones.137

Esta historia de centralismo no se refiere solo al pasado –en particular al período en que se produjo la constitución del Estado chileno–, sino que pervive hasta la actualidad y, por ello mismo, es imprescindible analizar el tratamiento que el gobierno chileno ha dado, en los últimos años, a la descentralización en relación con la dimensión identitaria.

5. Elementos para entender la producción de identidades regionales Paasi138 advierte que un problema relativamente habitual en las investigaciones sobre identidad regional es que se asume que este es un fenómeno del que puede probarse empíricamente su existencia usando material de investigación como encuestas, literatura regional, folclore y diversos elementos del paisaje simbólico que «representan» a la región. Sin embargo, a juicio del autor, esto únicamente entregaría una visión estrecha del análisis empírico el cual, finalmente, se vuelve equivalente a definir esencialmente la identidad regional fijándola en el tiempo o construyendo un retrato estático de la misma. En este sentido, plantea que abordar esta identidad como identificación puede implicar una homología entre una porción de espacio, un grupo de personas y una cultura, lo que otorga cierta consistencia a la comunidad, y pone menos acento en la pregunta sobre fronteras y narrativas en torno a las mismas, lo que abriría más espacio para pensar alternativas e incorporar una perspectiva más dinámica sobre la producción identitaria. Ha

137 138

Ibíd., p. 5. Anssi Paasi, «Region and place: regional identity in question», Progress in Human Geography 27, 4 (2003), pp. 475-485.

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ciéndonos eco de dichas aprehensiones epistemológicas, en esta sección atenderemos al análisis de los dispositivos en juego de la producción de identidades regionales en el Chile del Bicentenario. Si el proyecto de promoción de identidades regionales ha sido fuertemente centralista, la mayoría de los múltiples encuentros entre académicos y decisores públicos ha sido convocada por el gobierno de turno.139 Como producto de este trabajo se produjo un variado y amplio conjunto de documentos en los cuales podemos encontrar las ideas fuerza que han fundamentado el proyecto de promoción de las identidades regionales en el país.140 Del análisis de una parte sustancial de dicha documentación se derivan este y los siguientes apartados, incluyendo buena parte de las conclusiones que presentamos al final del capítulo. Con el objeto de hacer un ordenamiento comprensible y clarificador de las ideas o elementos aludidos, dividimos esta sección en subapartados numerados. Aunque aparezcan de manera separada, corresponden a un conjunto de aspectos que han formado parte integrante del discurso descentralizador referido –aunque no solo– a la identidad. Es por ello que dedicamos los epígrafes contenidos en este apartado a las temáticas que ahora pasamos a analizar.

a. Importancia del Estado Cuando se habla de identidad regional en Chile se reconoce que esta ha tenido una importancia más bien marginal en su historia, toda vez que, por lo general, no ha logrado que los ciudadanos tomen conciencia de ella siendo sus exigencias, en relación a esta iden

GORE Metropolitano, Santiago 2021: Región multicultural. Identidades para el desarrollo de la región post-Bicentenario. Gobierno Metropolitano de Santiago y Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Gobierno de Chile), 2010; Subdere, Identidad regional. Reconociendo la diversidad para el desarrollo de los territorios. Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Gobierno de Chile), División de Políticas y Estudios, Departamento de Estudios y Evaluación, Unidad Identidad y Cultura. 2009; Heinrich von Baer (Ed.), Pensando Chile desde sus regiones. Temuco: Ediciones Universidad de la Frontera, 2009. 140 Además de documentación gubernamental, también incluimos algunas referencias a literatura relacionada con la temática motivo de análisis, esto es, las identidades regionales. Con ello, podemos obtener una imagen más completa de lo que los textos del gobierno nos dirían por sí mismos, dado que su producción está íntimamente asociada a ideas que han circulado con bastante éxito a nivel internacional. 139

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tidad, bajas o inexistentes. De allí que se le reconozca al Estado un papel estratégico en la constitución o reactivación de la misma. Es lo que se desprende del documento de la Subdere, cuando señala que «las demandas de la ciudadanía… aún son débiles y dispersas».141

b. Algo por descubrir La intervención del Estado es fundamental desde el momento en que es evidente la no existencia de claridad sobre las identidades de las diferentes regiones del país. Es por ello que su acción se orienta a levantar información que haga posible definir un conjunto de rasgos o características, como las partes de un todo «coherente» que debería estar denotado por la identidad de cada una de las regiones, desde su peculiaridad. La identidad sería, por tanto, algo por descubrir y no un aspecto dado o adscrito a la realidad del territorio. Es lo que señaló, en 2009, Iván de la Maza Maillet, intendente de la Región de Valparaíso: pensamos que era necesario contar con un estudio sobre las diversas identidades que coexisten en el seno de la matriz sociocultural de la Región, intentando encontrar aquellos factores de convergencia que contribuyen a darle una cierta unidad y organización a esta diversidad identitaria que se presenta en el territorio (Iván de la Maza Maillet, intendente Región de Valparaíso).142

En esta misma línea, el descubrimiento identitario no se relaciona solo con la identificación de lo previamente ignoto, sino también, como señala el documento de la Subdere, con la promoción del valor de la dimensión identitaria, esto es, «las múltiples identidades de una región no han sido suficientemente reconocidas y menos valorizadas».143

Ibíd., p. 23. Ibíd., p. 7. 143 Ibíd., p. 23. 141 142

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c. Cambio El texto que a continuación presentamos ilustra, de forma contundente, lo que podríamos denominar consenso sobre uno de los aspectos de la relación entre identidad y tiempo que plantea que la identidad no es una herencia o patrimonio inalterable recibido de tiempos pasados, sino una entidad dinámica en continuo cambio. El autor es Julio Berdegué, y en este se refiere a la relación entre identidad y desarrollo en el ámbito rural: Existe un abismo entre una estrategia de desarrollo a partir del rescate y de la valorización de las identidades de las sociedades rurales, y una actitud conservadora y nostálgica que mira el pasado como una respuesta a las amenazas y a los daños reales de la globalización. El desarrollo con identidad no es un refugio y si se lo ve así, se le terminará castrando. El desarrollo rural con identidad pasa por la innovación y el cambio en las instituciones, en las organizaciones, en la producción y el comercio, en las políticas públicas y en las relaciones sociales.144

En este sentido, la identidad sería fluida, cambiante y, sobre todo, alterable/modificable, lo que la pone a disposición de un proyecto social y político que dialoga con la misma en tanto parte de la voluntad humana. Es el dinamismo de la identidad lo que la hace domeñable, frente a identidades más «rígidas».

d. Mirando al futuro Como hemos indicado, la identidad no se queda anclada en el pasado; por el contrario, la relación identidad y futuro es clave como ingrediente de una propuesta o mirada hacia el porvenir y, por esta razón, disponible para planteamientos diversos. Eso significa que la identidad no contiene mandatos sobre la forma de organización social, sino que es un componente flexible de la misma. En otras palabras, «la identidad es dinámica, es acerca

144

Julio A. Berdegué, «Introducción», Revista Opera, revista anual del Observatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración Pública, Nº 7, publicado bajo el título «Territorios con identidad cultural. Perspectivas desde América Latina y la Unión Europea». Bogotá, Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 5.

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de lo que somos, pero sobre todo, de qué queremos ser, o cómo queremos ser vistos».145

e. Más que diversidad, mezcla o mestizaje Los estudios y los responsables políticos comparten la idea de que el proyecto identitario regional tiene, como un eje central, compatibilizar las diferentes identidades y/o expresiones culturales existentes. En este sentido, si el pasado se asocia a la diversidad, el futuro debería ser equivalente a la coagulación o concreción de una identidad heterogéneo-mestiza constituida sobre la mezcla de elementos originalmente distintos y, quizás, a menudo, difícilmente compatibles. Al respecto, algunas opiniones son: • El debate transita hacia representar la región como un espacio de convivencia de la diversidad identitaria.146 • El Estudio de Fortalecimiento de la Identidad de la Región del Biobío nace de la necesidad de promover instancias de discusión entre las variadas identidades presentes en la región, e identificar aquellos elementos de consenso que permitan generar proyectos comunes e identidades territoriales que se puedan conectar a procesos de desarrollo económico social endógenos, dado que la territorialidad es un espacio compartido, y por ello, un componente básico de las identidades.147 • Esta permanente transformación nos desafía a articular una identidad regional multicultural e incluyente que contribuya a la consolidación de una ciudad-región global inclusiva y sustentable y enriquezca nuestro posicionamiento en un mundo globalizado.148

f. Despersonalización Este elemento o dispositivo consiste en que la identidad regional hace referencia a un proceso de identificación con el territorio (y sus productos) y no con un pueblo o una historia compartida, Subdere, Identidad regional…, op. cit., p. 13. Ibíd., p. 17. 147 Ibíd., p. 102. 148 GORE Metropolitano, Santiago 2021…, op. cit., p. 13. 145 146

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distinta a la nacional hegemónica. En consecuencia, no sería un proyecto susceptible de, y abierto a, una discusión democrática, sino un descubrimiento o reconocimiento de lo que hay o somos. En otras palabras, más que un «hacer», es un «develar» de forma parcial, pues el que se devela es el proyecto político de vinculación entre territorio y conciencia de ser individual y no un otro inesperado. En este sentido, se descubre lo que se quiere descubrir. En el caso de Chile, se ha enfatizado la vinculación con el territorio y con los otros a través del mismo y no con una comunidad transcendental con destino propio en la historia, ajena al proyecto nacional chileno. Hoy podemos decir que la Región de Valparaíso cuenta con la identificación y descripción de un conjunto de atributos identitarios que nos caracterizan desde una perspectiva territorial, histórico-cultural y socioeconómica, que se conjugan en torno a las visiones de Región Habitable y Sustentable, Región Portal y Región TurísticaPatrimonial y que se integran al concepto de Región con Calidad de Vida.149

Por otro lado, además de la creación de comunidad a través del vínculo con el territorio, la despersonalización también radica en la idea de que la identidad se encuentra depositada en objetos (por ejemplo, la producción artesanal) y productos (vino, frutas). Independientemente de la escuela de pensamiento que sustente la presencia de producto con identidad, en todas ellas se puede conceptualizar la existencia de una demanda hedónica donde la identidad es un elemento adicional de heterogeneidad de los bienes o servicios, los cuales son valorados por los consumidores sobre la base de la utilidad que generan sus diferentes características.150

Así, la identidad sería del territorio y se ancla en sus características y no en rasgos históricamente decantados de las personas o los pueblos.

Subdere, Identidad regional…, op. cit., p. 7. Eduardo Ramírez, «La identidad como elemento dinamizador de la economía territorial», Opera, op. cit.: p. 56.

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g. Construcción «desde abajo» o «pseudodemocrática» La reflexión sobre la identidad y su incorporación política en el marco del proceso de descentralización no tiene que ver únicamente con la funcionalidad de la misma para producir un actor colectivo al que, posteriormente, se le puedan transferir competencias, sino que también es muy relevante como mecanismo a través del cual los decisores políticos o gubernamentales envían el mensaje de la integración de elementos pre-políticos o de naturaleza ante-política, siendo uno de los más descollantes las referencias al pueblo o a la población. En otros términos, aludir a la identidad es incorporar al pueblo en el proyecto nacional mediante el binomio ciudadanía/territorio o su equivalente identidad/región, lo que supone una falsa construcción regional desde abajo, o «pseudodemocrática», pues nunca se produjo un debate abierto sobre el proyecto regionalizador. Es lo que Murilo Flores advierte: Se concluye enfatizando la importancia del proceso participativo de construcción del desarrollo territorial con identidad cultural como base de la sostenibilidad. En este sentido se alerta acerca del riesgo de caer en un desarrollo basado en élites, si no se incluye una perspectiva de amplia participación y compromiso del conjunto de los actores locales.151

h. Imagen región Si seguimos la secuencia de elementos o dispositivos enunciados hasta el momento podemos observar que, ante la falta de claridad sobre la identidad regional o más bien «identidades regionales», el Estado ha tomado la responsabilidad de elaborar y promover un conjunto de rasgos que entenderemos como identidades peculiares de cada una de las regiones. Este ejercicio no estará destinado únicamente al trabajo sobre la vinculación afectiva y consciente entre territorio y ciudadanía sino que se propone, como tarea central, la construcción de una imagen de la región asociada a la elaboración de la «peculiaridad» de lo que en ese territorio se haga y se produzca. Es lo que enfatiza Iván de la Maza Maillet:

151

Murilo Flores, «La identidad cultural del territorio como base de una estrategia de desarrollo sostenible», Opera, op. cit., p. 35.

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Una imagen región basada en la identidad del territorio permite, por un lado, generar diferenciación y valor agregado a la productividad regional, fomentando un ánimo optimista en torno al emprendimiento local. Por otro lado, es una búsqueda de consensos para definir un sello representativo de la identidad regional como factor estratégico para potenciar el desarrollo del territorio y el sentido de pertenencia de sus habitantes.152

i. Capital social y desarrollo del tejido social Una de las ideas que está detrás del énfasis en la promoción de la identidad regional es la que asocia su generación a la configuración paralela de un capital social que posibilite la aparición de un actor social que favorezca el desarrollo de la región. Esta idea, que es uno de los objetivos de la política orientada a la producción de identidad regional, reúne otros fenómenos positivos que merece la pena mencionar. En primer lugar, la promoción de un tejido social, entendido como la capacidad para reconocerse y cooperar mutuamente, sería un mecanismo clave para la movilización de la población o la ciudadanía que vive en un territorio determinado o región. Mayor identidad regional trae consigo mayor capital social (redes, valores comunes, confianza) y cooperación. Una fuerte identidad regional crea mayores niveles de motivación colectiva y personal, induce al desarrollo del aprendizaje de buenas prácticas y da estabilidad al desarrollo demográfico.153

En segundo lugar, al mejorar el capital social y, por ello mismo, hacer posible, como adelantamos, la movilización, favorecería el surgimiento de un actor colectivo que antes era débil o no existía. En la medida en que se fortalece la identidad o identidades regionales, los actores se vuelven más capaces de interpelar a su entorno, y sobre todo están en mejores con-

Subdere, Identidad regional…, op. cit., p. 6. Ídem., p. 17.

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diciones para articularse entre sí, elaborar demandas regionales, y promover y gestionar su propio desarrollo.154

j. Descentralización política Tal y como hemos indicado en el punto previo, si la identidad regional es importante para generar capital social y potenciar un actor colectivo, sería asimismo la condición necesaria para que la descentralización cuente con un sujeto político al cual hacer traspaso de las atribuciones o competencias que se quieren transferir. En otros términos, sin identidad no hay actores y sin estos no existiría nada significativo más allá del centro, es decir, no sería posible descentralizar el poder porque no habría disponible ningún ente receptor. El desafío es… generar un proceso de fortalecimiento de la identidad regional en los ciudadanos, que dé un impulso endógeno al proceso de descentralización. Se requieren así personas-actores que, al identificarse con los procesos de desarrollo económico, social y cultural de sus regiones, apoyen e influyan en un mayor y mejor traspaso de poder. En la medida [en] que se fortalece la identidad o identidades regionales, los actores se vuelven más capaces de interpelar a su entorno, ya sea al nivel central, como al mundo privado, y sobre todo están en mejores condiciones para articular iniciativas y elaborar demandas regionales.155

k. Desarrollo económico El esfuerzo del Estado por dotar a las regiones de identidad no tiene como objetivo profundizar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, lo cual, evidentemente, no forma parte de la agenda regionalizadora. El propósito es mejorar las oportunidades de desarrollo económico de los territorios por medio de esta propuesta de desenvolvimiento político. Es decir, la identidad sería una herramienta política al servicio del crecimiento económico de las regiones. Es lo que se desprende de las siguientes citas:

GORE Metropolitano, Santiago 2021…, op. cit., p. 20. Subdere, Identidad regional…, op. cit., p. 13.

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El escenario de la globalización determina que el desarrollo local, desarrollo endógeno o etnodesarrollo, se rearticule en base a las necesidades de competencia y competitividad que plantea el sistema económico global. En ese marco, las identidades locales, tanto territoriales como regionales, configuran una herramienta estratégica para integrar las comunidades locales a los procesos de desarrollo globales.156 La identidad cultural se convierte en una pieza clave para su desarrollo. Ya no es posible que los países se desarrollen sobre modelos hegemónicos, sin diversidad cultural. Contra la idea clásica, pero crecientemente desgastada de homogeneidad, la autonomía territorial es una condición para lograr el desarrollo en un mundo crecientemente internacionalizado y mundializado.157

6. Identidad para la gobernabilidad De acuerdo al análisis presentado, podemos afirmar que en el Chile del Bicentenario las identidades territoriales subnacionales o regionales están siendo entendidas, por gobernantes o elites políticas nacionales, como un recurso a disposición de su proyecto político como Estado-nación. En este sentido, las identidades regionales que podrían presentarse como demandas de reconocimiento desde los márgenes operan de manera no solo complementaria a la identidad nacional, sino promovidas desde la propia agenda centralista. El caso de la descentralización es particularmente ilustrativo, pues la forma de disponer de la identidad como si fuese materia maleable de acuerdo con el proyecto de ingeniería sociopolítica en desarrollo, la sitúa en un estadio que podríamos denominar «pos-identitario», esto es, un momento de la historia en el cual la supuesta centralidad de lo identitario-cultural es espuria por, al menos, dos razones. La primera, porque la identidad se entiende más como un proceso abierto que como un producto cerrado, lo que significa que está siempre disponible para ser redefinida; la identidad no sería ni de la comunidad antes que del individuo ni del pasado antes que del presente y el futuro. La segunda, porque parece ser un fenómeno que puede ser diseñado de acuerdo a propósitos de otra naturaleza. 156 157



GORE Metropolitano, Santiago 2021…, op. cit., pp. 27-28. Julio A. Berdegué, «Introducción», Revista Opera, op. cit., p. 1.

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De este modo, al pretender ajustar la identidad a los objetivos de la regionalización política del país, y puesto que las regiones no fueron trazadas según identidad alguna, no parece difícil concluir que las identidades regionales resultantes no son sino una construcción nueva, un producto de la ingeniería política puesta en práctica para los propósitos de la gobernabilidad. En este sentido, podríamos afirmar que, para el caso del Chile del Bicentenario, ni siquiera hay una aplicación de la tesis de la institucionalización de la región, sino esfuerzos más bien tendentes a fortalecer las identidades de las regiones desde la percepción construida desde fuera y no desde procesos de identificación de los habitantes en relación a su propio devenir. En otras palabras, se confirman hoy las aprehensiones de Antonsich respecto de que es posible que exista una región como unidad administrativa con total prescindencia de sentimientos de identificación regional por parte de la población que allí habita.158 El esfuerzo por ensamblar identidad territorial y descentralización no es privativo del caso chileno. Su historia es larga y sus caminos han sido también diferentes. En la Tabla 3 proponemos dos formas de aproximación con el objetivo de hacer más amplia la visión sobre lo que se está postulando para Chile. Si bien, en ambos casos el punto de partida es distinto, las diferencias no se mantienen necesariamente en el de llegada. Hoy es ampliamente compartido que la descentralización del poder tiene efectos benéficos para el funcionamiento de las democracias y, en particular, para la administración de sus territorios. Es en este marco que el manejo de la identidad se presenta como especialmente importante pues la lógica del encaje entre identidad y política sigue operando, si bien se trata de que este binomio se comporte de forma subordinada al poder y no como base real del mismo, es decir, la identidad no es un instrumento a disposición de las comunidades locales, sino una herramienta destinada a insertar lo local en un marco político más amplio, de alcance nacional.



158

Marco Antonsich, «Exploring the nexus between regional identity and regional governance». European Urban and Regional Studies 17(3), pp. 261-276.

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Tabla 3 Cruce de identidad territorial y descentralización Identidad territorial (regional)

Descentralización

Sí

Sí

No

No

Ideal, gobierno posmo-

Desconcentración, gestión

derno, descentrado, más

administrativa del territorio,

democrático

búsqueda de identidad (Chile

(España 2010).

moviéndose hacia aquí).

Concentración conflictiva

Concentración pacífica del

del poder, identidades y

poder, identidades basadas en

élites regionales asentadas,

elementos no territoriales, ca-

gobierno moderno (España

rencia de historia en el territo-

1970).

rio (Chile).

Fuente: Elaboración propia.

7. De la política de la identidad a la identidad en manos de la política El proceso de descentralización chileno no se hace eco de las fuertes demandas identitarias.159 Muy por el contrario, trata de domesticar la identidad configurándola a su imagen y semejanza, y la utiliza como dispositivo que facilite la gobernabilidad del país. Por tanto, nos encontramos con una política que se preocupa por construir identidad de acuerdo a sus proyectos de desenvolvimiento político o a los mapas de poder relacionados con las élites, pero olvida las identidades de más larga data, previas a la constitución del Estado chileno y con mayor carga simbólica y potencial político disruptivo (por ejemplo, la de los pueblos originarios, en particular la mapuche).160 Eso significa que esta política de la identidad

159



160

En este sentido, Arenas et al. sostienen que «tradicionalmente la creación de regiones político-administrativas en Chile ha estado asociada a la necesidad del Estado nacional para administrar y gobernar de forma más eficiente el país. Hasta la reciente creación de las dos últimas regiones (Arica-Parinacota y de Los Ríos), no existieron experiencias de solicitudes propiamente regionales basadas en demandas sociales con raigambre territorial». Arenas et al., op. cit., p. 305. Con ello no queremos hacer referencia a ningún tipo de identidad esencial, ajena al paso del tiempo y consolidada en algún momento remoto por encima de las realidades políticas presentes. En un sentido diferente, queremos subrayar que, frecuentemente, estarán disponibles alternativas identitarias,

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es una manera de enmascarar soluciones políticas que tienen bases diferentes a la identitaria y cuyo uso no sería sino un mecanismo que mejoraría la aceptabilidad de las decisiones gubernamentales. En todo caso, afirmar que las identidades regionales están en manos de la política no es suficiente. Es fundamental indagar en la naturaleza de las identidades que se producen. A este respecto, como hemos mostrado previamente, la producción de identidades regionales se logra por medio de la despolitización o, tomando la grasa por la carne, sin mitos de origen, héroes, historias y causas propias, lo que en términos prácticos implica marginar las identidades previas. En este sentido, se trata de una identidad regional instrumental y no expresiva, centrada en el rendimiento económico. Más que de identidad, pareciera estarse hablando de variedad cultural. A ello se suma que la identidad, frecuentemente, no se refiere a las personas, sino a los objetos o productos; esto es, a la búsqueda de la denominación de origen, del ingrediente de la tierra, de la naturaleza, del fruto autóctono, y no del descubrimiento de una forma de vida o pensamiento de larga data cuya conservación quizás pudiera perjudicar el proyecto de soberanía y desarrollo en marcha. Finalmente, dentro de la estrategia del Estado de encajar identidad y fronteras regionales, la metodología de producción de identidad regional no puede sorprendernos, pues toma como punto de partida la población que actualmente vive en las regiones, cuyos miembros deben ser combinados en un melting pot local, que sería no solamente un producto multicultural y democrático, sino que sentaría las bases para la tolerancia y el entendimiento mutuo. Este giro promovido por la política hace tabula rasa del tiempo y la memoria, se olvida por tanto del pasado y del reconocimiento de cualquier derecho histórico, generando un nuevo comienzo en el cual la única alternativa posible es ser parte.

8. La paradoja de la descentralización chilena Existe algo paradójico en la política chilena que está íntimamente asociado a la propensión a promover la idea de que la regionalización política estaría vinculada a realidades identitarias muchas de ellas con mayor potencial político que las elegidas, las cuales serán relegadas por la «inconveniencia» de su desarrollo.

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diferentes, al tiempo que tanto su institucionalidad política como el sentimiento de pertenencia de la gran mayoría de sus habitantes, estarían directamente ligados a la unidad casi prístina en que Chile ha llegado a constituirse. La paradoja proviene de la ruptura de la lógica política que en la modernidad ha asociado, inseparablemente, la institución estatal del sentimiento de pertenencia a una única comunidad, representada por aquel. Obviamente, promover la profundización de la regionalización, entendida como un tipo de desconcentración o descentralización mayor, no sería contradictorio, en absoluto.161 Sin embargo, estas iniciativas deberían ser entendidas desde el punto de vista de la eficiencia o eficacia administrativa y no como reflejo de una instancia extra-política, que es lo habitual, como la identidad de un colectivo. A esta situación la podríamos denominar la «paradoja de la regionalización identitaria», de modo de enfatizar la fragmentación de la identidad colectiva chilena en identidades más específicas de alcance regional. Este hecho se hace evidente en la documentación analizada: Tenemos claro que en nuestro caso la construcción de la identidad regional va a contramano de una práctica nacional histórica, ya que por mucho tiempo la política pública se preocupó de construir «el» referente colectivo: un imaginario nacional que tuviera supremacía por sobre otros imaginarios regionales y locales.162.

De acuerdo con Arenas et al., esto es lo que habría sido la constante en la historia de Chile: «más que reconocer la existencia de una región o regiones desde la perspectiva histórica, identitaria-cultural o económica-productiva, lo que se ha buscado ha sido establecer regiones desde un concepto políticoadministrativo, vale decir, se establecen territorios para ejercer el gobierno y la administración interior. Por ello, han primado criterios más orientados en la idea de desconcentración y ajenos a un concepto de verdadera autonomía territorial o descentralización», op. cit., p. 361. 162 Subdere, Identidad regional…, op. cit., p. 16. Este tipo de ideas parece ser parte de una corriente de pensamiento más general, que trata de rescatar formas identitarias no nacionales a través de la asociación entre las mismas y el desarrollo social. A este respecto pueden ser ilustrativas las siguientes palabras, contenidas en la «presentación» de un número de la revista colombiana Opera dedicado a la identidad cultural de los territorios: «La idea tradicional de desarrollo –nacional, social, político, en fin, humano– ponía todo el énfasis en el papel del Estado y en la idea de Nación como un todo. En contraste, la historia más reciente rescata y fortalece la noción de identidad cultural, y la diversidad como fuente y garantía de desarrollo generador de capital social, capital humano y capital intelectual para una sociedad. Así, el 161

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Evidentemente, toda unidad social esconde un grado considerable de heterogeneidad, pero si se compara con otras experiencias, la aceptación casi unánime de la población de pertenecer a una comunidad que denominamos Chile hace evidente la ausencia de una dimensión de la política moderna en torno a la cual las disputas, en otras latitudes del planeta, han mostrado una gran virulencia y, en muchos casos, consecuencias desastrosas. En efecto, los conflictos étnicos han venido, frecuentemente, acompañados de la invocación de identidades ancestrales, territoriales o no. Este trabajo ha tenido esta paradoja como telón de fondo. En primer lugar, los datos expuestos han demostrado el éxito indiscutible de la construcción de una identidad chilena no como una petición de principio, sino como consenso identitario. Al mismo tiempo, puede argumentarse que existen resistencias regionales expresadas en forma de identidades «periféricas» contradictorias con aquella. En segundo lugar, la reflexión sobre lo que podríamos denominar proceso de «regionalización identitaria» ha buscado contribuir a entender una iniciativa que podría resultar sorprendente o paradójica, de acuerdo a las enseñanzas que nos ha dejado la historia de la política en los últimos dos siglos, en los que ha gobernado, de manera creciente, el principio de nacionalidad o soberanía nacional, lo que en muchos casos ha traído consigo connotaciones negativas como el nacionalismo. Por supuesto, esta es una falsa paradoja o, para una mentalidad políticamente moderna preocupada por el encaje entre identidad territorial o conciencia nacional y Estado, una paradoja aparente. Ello, sin embargo, no significa que no haya sido eficaz y que no haya operado en la mente y en las decisiones de los responsables de la cosa pública. De hecho, su presencia ha sido tan eficaz que sin ella difícilmente podríamos entender la forma que ha adoptado la reflexión y la política sobre el fenómeno identitario regional en la propuesta de un Chile más descentralizado o, quizás sencillamente, y en términos más reales, menos centralizado.163 rescate de y el enraizamiento en la diversidad cultural se traducen al mismo tiempo en garantes del Estado social de derecho». Ibíd., p. 1. 163 La conciencia sobre los riesgos es posible detectarla en diferentes textos. Uno de ellos es el de Zúñiga y Asún, op. cit., en el cual podemos encontrar las siguientes afirmaciones: «es necesario tener claro que, en el caso chileno, tomarse en serio la descentralización implica dar un giro crucial a las prácticas políticas, aceptando la necesidad de aparición de elites locales,

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Descentralización e identidades nacional y regional en Chile

9. Conclusión: el Chile del Bicentenario, nación antes que región Cuando se han producido procesos de descentralización en Chile han sido, históricamente, dirigidos desde el centro, lo que ha redundado en que el fomento institucional-gubernamental de la configuración de imaginarios identitarios regionales también haya tenido un evidente carácter centralista. La razón es que las regiones han sido imaginadas desde el centro, en primer lugar, como espacios de soberanía y, en segundo lugar, de gobernabilidad. En otras palabras, los imaginarios e identidades regionales han sido entendidos por el Estado chileno como dispositivos para favorecer el gobierno y no para obstaculizarlo. Esto significa que estas identidades son tanto del centro como de regiones, siendo estas una pieza más del proyecto chileno de nación. Finalmente, bajo la perspectiva que nos proporcionan los argumentos presentados a lo largo de las páginas previas, podemos concluir que la identidad puede ser entendida como una forma espuria, pseudodemocrática, de incorporación del pueblo o la ciudadanía a la institucionalidad política, lo cual, de ser así, haría de esta una instancia más representativa que lo que expresa la toma de decisiones de naturaleza elitista y frecuentemente tecnocrática. Ello puede convertir las identidades regionales en metáforas de representación, en dispositivos aparentes de inclusión, de los cuales se derivaría, siempre discursivamente, una política a su servicio.

quienes tendrán intereses diferentes entre sí y con el centro del país […]; el ámbito de oportunidades y riesgos que abre la opción descentralizadora es inmenso y ello podría explicar la extrema prudencia con que Chile se ha incorporado a esta posibilidad» (p. 19).

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Anexo 1 Tabla 4 Tabla de contingencias producto del cruce de las identificaciones regional y nacional Tabla de contingencia idregio1 Identificación regional (4 categorías sin ns/nr) * idnacio1 Identificación nacional (4 categorías sin ns/nr)

idregio1 Identificación regional (4 categorías sin ns/nr)

1,00 Muy identificado

2,00 Bastante identificado 3,00 Algo identificado

4,00 Poco o nada identificado Total

Recuento % del total Residuos corregidos Recuento % del total Residuos corregidos Recuento % del total Residuos corregidos Recuento % del total Residuos corregidos Recuento % del total

idnacio1 Identificación nacional (4 categorías sin ns/nr) 2,00 4,00 Poco o 1,00 Muy Bastante 3,00 Algo nada identificado identificado identificado identificado 2038 78 59 41 33,3% 1,3% 1,0% ,7% 57,4 -34,9 -18,2 -18,9 311 1515 82 52 5,1% 24,8% 1,3% ,9% -30,1 54,0 -14,2 -15,9 167 180 543 71 2,7% 2,9% 8,9% 1,2% -17,9 -8,8 43,4 -5,1 156 113 117 594 2,6% 1,8% 1,9% 9,7% -19,1 -14,3 -1,2 50,0 2672 1886 801 758 43,7% 30,8% 13,1% 12,4%

Total 2216 36,2% 1960 32,0% 961 15,7% 980 16,0% 6117 100,0%

Tabla 5 Tabla de correlaciones de acuerdo a niveles de identificación territorial (barrio, comuna, ciudad, región y nacional) Correlaciones

idbarr1 Identificación de barrio (4 categorías sin ns/nr) idcom1 Identificación de comuna (4 categorías sin ns/nr) idciud1 Identificación de ciudad (4 categorías sin ns/nr)

idregio1 Identificación regional (4 categorías sin ns/nr) idnacio1 Identificación nacional (4 categorías sin ns/nr)

Correlación de Pearson Sig. (bilateral) N Correlación de Pearson Sig. (bilateral)

idbarr1 Identificación de barrio (4 categorías sin ns/nr) 1

idcom1 idciud1 idregio1 idnacio1 Identificación Identificación Identificación Identificación de comuna (4 de ciudad (4 regional (4 nacional (4 categorías sin categorías sin categorías sin categorías sin ns/nr) ns/nr) ns/nr) ns/nr) ,760** ,569** ,505** ,410** ,000 ,000 ,000 ,000 6132 6123 6118 6113 6113 ,760** 1 ,746** ,662** ,536** ,000

,000

,000

,000

6121

6117

6116

,836** ,000

,642** ,000

6118

6115

N

6123

6128

Correlación de Pearson Sig. (bilateral) N

,569** ,000

,746** ,000

6118

6121

6127

,505** ,000 6113 ,410** ,000 6113

,662** ,000 6117 ,536** ,000 6116

,836** ,000 6118 ,642** ,000 6115

Correlación de Pearson Sig. (bilateral) N Correlación de Pearson Sig. (bilateral) N

1

1 6123 ,704** ,000 6117

,704** ,000 6117 1 6123

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

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Los debates en torno a la democracia

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Empresarios y democracia: ¿instrumento o proyecto? El caso de Perú y Chile. 1986-1990

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Chile y Perú comparten un pasado reciente con algunos patrones comunes. En ambos países, a pesar de sus particularidades locales, la implementación del modelo económico neoliberal se llevó a cabo a través de regímenes autoritarios. En décadas distintas, peruanos y chilenos conocieron los rigores de la violencia política, la violación de los derechos humanos, el impacto social de las políticas de shock neoliberales, la apertura radical de las fronteras económicas, la flexibilidad laboral y, en fin, la entronización del nuevo modelo de desarrollo capitalista que dejó en el pasado la anterior experiencia basada en Estados interventores. En el contexto de la derrota de las fuerzas izquierdistas y reformistas, tanto en Chile como en Perú, al terminar sus respectivas experiencias autoritarias, los renacientes sistemas democráticos portaban un nuevo consenso: la supremacía del libre mercado y de las reglas neoliberales como el mejor modelo para asegurar el crecimiento económico y consolidar la democracia. Por ello, un actor antaño vilipendiado y atacado por las fuerzas anticapitalistas surgió como gran protagonista del nuevo orden democrático: los empresarios. Desde entonces, este sector se convirtió en baluarte del post-autoritarismo, siendo señalado como pieza fundamental para su sustentación en el tiempo. Este nuevo empresariado, fogueado en tiempos de crisis y enfrentamientos radicales, constituye ahora un actor central de las grandes discusiones políticas nacio-

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Académico Universidad de Santiago de Chile. Este texto es producto del proyecto dirigido por la historiadora Olga Ulianova «Chile y América Latina frente a la globalización: profundización de los Estudios Americanos Interdisciplinarios», código PDA-26, financiado por el Programa Bicentenario de Ciencia y Tecnología (PBCT).

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nales y un referente imposible de soslayar a la hora de pensar en el presente y el futuro de sus países. En este marco, cabe preguntarse sobre la certeza del supuesto compromiso democrático del gran empresariado chileno y peruano. Tomando en cuenta que ambos obtuvieron relevancia como actores políticos durante los regímenes autoritarios, ¿cómo fue el proceso de conversión y adaptación a la nueva realidad democrática?, ¿qué los llevó a apoyar a las nuevas autoridades? y, en el fondo, ¿cómo se desarrolló el proceso ideológico del gran empresariado de Chile y Perú que lo llevó de ser soporte de Pinochet y Fujimori a respetado referente de las nuevas democracias? Para el caso chileno se ha señalado que, no obstante el compromiso ideológico del gran empresariado con el régimen militar, este rápidamente supo adaptarse a las reglas democráticas, más que por mezquinos cálculos de intereses corporativos, por haber adquirido conciencia de ser un sujeto colectivo nacional importante para el desarrollo nacional.165 Coincidente con esta perspectiva, se afirmaba que solo dejando atrás su ligazón con la dictadura y, particularmente, con el general Pinochet, el gran empresariado sería un actor relevante en la nueva era democrática.166 Desde un punto de vista opuesto, se ha planteado que el empresariado, ampliamente identificado con la ideología del régimen militar, se convirtió en un duro adversario de los gobiernos democráticos por su perfil dogmático y decidida participación en la política nacional convirtiéndose en un «poder fáctico», ajeno a la institucionalidad democrática, pero muy influyente en la política nacional.167 Por su parte, y a diferencia de Chile, el papel político del empresariado peruano en las décadas recién pasadas ha sido ampliamente investigado. Se ha planteado que los empresarios peruanos se unieron y organizaron solo por consideraciones defensivas en el Cecilia Montero, La revolución empresarial chilena. Santiago: Dolmen, 1997. Comparte esta visión positiva del papel del empresariado en los primeros años del retorno a la democracia en Chile; René Cortázar, Política laboral en el Chile democrático. Avances y desafíos en los noventa. Santiago: Dolmen, 1993. 166 Guillermo Campero, «Los empresarios chilenos en el régimen militar y el post plebiscito», en Paul Drake e Iván Jaksic, El difícil camino a la democracia en Chile. 1982-1990. Santiago: Flacso, 1993. 167 Paul Drake e Iván Jaksic, El modelo chileno. Santiago: LOM, 1999; y Genaro Arriagada, Los empresarios y la política. Santiago: LOM, 2004. 165

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contexto de la crisis de mediados de los ochenta;168 que mutaron ideológicamente, a partir de 1987-1988, dando origen a una nueva derecha neoliberal,169 pero que predominó en ellos el cortoplacismo, las consideraciones corporativas y su incapacidad de generar una perspectiva más proyectual.170 Esto explicaría la persistencia de la inestabilidad social y política en Perú luego de la huida de Alberto Fujimori y una vez recuperada la democracia.171 Por ello, el resultado del retorno a la democracia en Perú significó el triunfo del modelo neoliberal y la unidad de intereses entre la clase política y el gran empresariado, pero con una baja legitimidad entre la población.172 Por otra parte, se ha insistido que durante los ochenta los grupos económicos han sido más importantes que los gremios patronales.173 Finalmente, desde distintas ópticas y valoraciones, existe coincidencia en señalar la importancia que tuvo el sector empresarial en la consolidación del modelo neoliberal en Perú.174 Sin Francisco Durand, «Los empresarios y la concertación», en Diagnóstico y Debate N° 23, 1987. 169 Francisco Durand, Riqueza económica y pobreza política. Reflexiones sobre las elites del poder en un país inestable. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, y La mano invisible en el Estado. Efectos del neoliberalismo en el empresariado y en la política. Lima: DESCO-Friedrich Ebert Stiftung, 2005. 170 Francisco Durand, El poder incierto. Trayectoria económica y política del empresariado peruano. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2004. En la misma línea, Gonzalo Portocarrero y Milagros Sáenz, La mentalidad de los empresarios peruanos: una aproximación a su estudio. Lima: Universidad del Pacífico, 2005. 171 Francisco Durand, «Las nuevas élites del poder: sueños económicos y pesadillas políticas», en Luis Pásara (Ed.), Perú en el siglo XXI. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008. 172 Francisco Durand, El Perú fracturado. Formalidad, informalidad y economía delictiva. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2007. 173 Francisco Durand, Riqueza económica…, op. cit. Sobre los grupos económicos peruanos, enfatizando las diferencias entre ellos, Enrique Vásquez Huamán, Estrategias del poder. Grupos económicos en el Perú. Lima: Universidad del Pacífico, 2000. 174 Desde una óptica panegírica, Jaime de Althaus, La revolución capitalista en el Perú. Lima: Fondo de Cultura Económica, 2008. Desde la perspectiva de las transformaciones del aparato productivo y empresarial, Denis Sulmont y Enrique Vásquez (Eds.), Modernización empresarial en el Perú. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú-Universidad del Pacífico-IEP, 2000. Desde una óptica historiográfica, John Crabtree, Alan García en el poder. Perú 19851990. Lima: PEISA, 2005, y Romeo Grompone, «Al día siguiente: el fujimorismo como proyecto inconcluso de transformación», en varios autores, El fujimorismo. Ascenso y caída de un régimen autoritario. Lima: IEP, 2001. 168

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embargo, se ha insistido en proponer que los aspectos estructurales han sido decisivos para explicar el papel del empresariado en la sociedad peruana y el compromiso de este con la democracia: un empresariado de «mala calidad», emprendedor producto de factores extra-económicos relacionados con la permanente inestabilidad política peruana. Por ello, el compromiso democrático del empresariado peruano no dependería tanto de ellos mismos, sino de que el sistema político de este país lograra terminar con la continua incertidumbre que lo caracteriza.175 En este artículo se reflexionará sobre el comportamiento político del actor empresarial y su compromiso ideológico en Chile y Perú. Alejándonos de las perspectivas más estructurales, como las reseñadas más arriba, caracterizaremos al actor empresarial como un protagonista activo sobre los hechos que ocurrían en sus países. Sin descartar el pragmatismo empresarial, enfatizaremos la fortaleza de los aspectos ideológicos que nos llevan a visualizar las organizaciones empresariales chilenas y peruanas como componentes decisivos en la proyección de la nueva fase de desarrollo capitalista en sus países, corrientemente conocida como «neoliberalismo». En otras palabras, estimamos que el actor empresarial en la coyuntura de fines de la década de 1980 fue mucho más ideológico y proyectual de lo que se ha señalado hasta ahora y que, por lo mismo, jugó un papel importante en la coyuntura política de aquellos años. Desde el punto de vista de este trabajo, durante el segundo lustro de la década de 1980 tanto en Chile como en Perú surgió un nuevo tipo de empresariado cuyas características fundamentales fueron dos: su conciencia de ser un actor político relevante en el nuevo orden neoliberal y la constitución de una visión política de largo plazo, proyectual, que iba más allá de los compromisos con tal o cual gobierno. De esta manera, bajo contextos políticos y sociales muy distintos, ambos grupos empresariales desarrollaron una nueva cultura política, acorde con las necesidades del proyecto neoliberal, basada en una mirada instrumental de la democracia, la exaltación de los valores empresariales y la defensa de sus intereses tras una supuesta vocación de servicio 175



Ver especialmente los citados trabajos de Durand, El poder incierto… y Riqueza económica y pobreza política…

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público expresada en su participación en el quehacer político de sus países. En base a estos puntos, los empresarios de Chile y Perú lograron posicionarse como actores políticos gravitantes en sus respectivos procesos políticos. En el presente trabajo analizamos la gestación de esta nueva cultura política empresarial, ubicada temporalmente en el segundo lustro de la década de 1980. En la primera parte del artículo se indaga en el comportamiento del empresariado chileno desde 1986, cuando eran evidentes los signos de recuperación de la economía chilena y la crisis de principios de los ochenta quedaba atrás, hasta marzo de 1990, cuando asumieron la conducción del país los opositores al régimen militar. La segunda parte examina el caso peruano desde 1986, cuando detectamos la génesis de un nuevo protagonismo político de las organizaciones gremiales peruanas, hasta 1990, cuando se consagró el triunfo de Alberto Fujimori, quien implementaría el proyecto neoliberal asociado a los grandes gremios patronales peruanos. Sin desconocer las particularidades de cada caso, remarcaremos los puntos de conexión entre ambas experiencias surgidas de los propios contactos y referencias entre los mundos empresariales de Chile y Perú.

El caso chileno. 1986: la ofensiva proyectual del empresariado chileno A lo largo del siglo XX el comportamiento político del empresariado chileno tuvo importantes modificaciones. Existen divergencias respecto de su papel en el proceso de la instauración del modelo de sustitución de importaciones (ISI) hacia fines de la década de los años treinta. De acuerdo a algunos, ellos habrían sido los autores del nuevo modelo económico chileno basado en el desarrollo de la industria nacional y el papel interventor del Estado en la economía, a través de la Corporación de la Producción y Comercio (CPC). Esto explicaría el carácter consensuado que tuvo la implementación del modelo de sustitución de importaciones en Chile.176 Para otros, ante la ausencia de una propuesta propia, el empresariado y las organizaciones que lo representaban habrían desplega176



Sofía Correa, Con las riendas del poder. Santiago: Sudamericana, 2004.

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do, desde esa misma década, una estrategia defensiva, agobiados por la crisis económica derivada de la Gran Depresión de 1929, la dependencia del capital extranjero y el acoso de las organizaciones populares. Preocupados de la defensa de sus intereses corporativos y de corto plazo, pragmáticos y negociadores, los hombres de negocios se adaptaron a los nuevos tiempos basados en el papel del Estado en la economía.177 De esta manera, el gran empresariado chileno, aglutinado en la Sociedad Nacional de Agricultura, la Confederación de la Producción y el Comercio y la Sociedad de Fomento Fabril, logró convivir con los regímenes de distinto signo que gobernaron el país. Sin embargo, existe consenso que en la coyuntura de la Unidad Popular, el empresariado modificó la cultura negociadora que le había permitido entenderse con los gobiernos de turno. El proceso de cambio se había iniciado en la década de 1970 como reacción a la reforma agraria, la que, al afectar el derecho a propiedad, estableció los límites de la profundización del sistema democrático chileno.178 Por ello, al radicalizarse el conflicto social producto de las medidas expropiatorias del gobierno de Salvador Allende, los gremios patronales terminaron por cobrar un nuevo protagonismo político, colocándose a la cabeza del movimiento opositor al experimento socialista. El nuevo patrón de conducta del empresariado se caracterizó por el carácter ofensivo, dejando atrás la supuesta neutralidad política y afanes negociadores. De esta manera, los gremios patronales jugaron un papel decisivo en el derrocamiento de Allende e incluso avanzaron en la elaboración de una propuesta nacional de desarrollo basada en la «economía social de mercado». Con todo, ante la urgencia de terminar con el gobierno socialista, predominó en ellos una dimensión confrontacional más que proyectual.179 Desde el punto de vista de este trabajo, la experiencia empresarial durante la Unidad Popular constituyó un hito en la historia de las relaciones entre la política y los empresarios. En estos últimos, surgió un imaginario acerca de procesos políticos y económicos Al respecto, ver Gabriel Salazar, Mercaderes, empresarios y capitalistas. Santiago: Sudamericana, 2009; Tomás Moulian, Fracturas. Santiago: LOM, 2007; y Cecilia Montero, op. cit. 178 Juan Carlos Gómez, Las fronteras de la democracia. Santiago: LOM, 2005. 179 Síntesis de los planteamientos de Guillermo Campero, Los gremios empresariales en el período 1970-1983: comportamiento sociopolítico y orientaciones ideológicas. Santiago: ILET, 1984. 177

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que no debían repetirse, lo que años más tarde cristalizó en una nueva cultura política empresarial. Pero antes debieron pasar otra prueba: la implementación del modelo neoliberal en los años del régimen militar. En efecto, buena parte de los integrantes de los gremios patronales que ayudaron a terminar con el régimen de Allende dejaron de ser actores relevantes en los siguientes años. Como se ha señalado, el empresariado chileno vivió, a partir de fines de los años setenta, un constante proceso de destrucción y reconstrucción producto, fundamentalmente, de las reformas estructurales realizadas por los gobiernos de Frei y Allende, y los vaivenes de las crisis económicas que asolaron al país durante el régimen militar.180 Asimismo, los constructores del nuevo modelo económico neoliberal no fueron los otrora poderosos gremios empresariales. Ante la ausencia de un proyecto empresarial propio y la heterogeneidad de sus posiciones durante los primeros años del régimen militar, los gremios quedaron al margen de las principales decisiones políticas y económicas en la década de los setenta y principios de los ochenta. El protagonismo lo asumieron tecnócratas neoliberales, los que, al ser responsabilizados de la crisis económica de 1983, abrieron paso a la influencia de los gremios empresariales.181 De esta manera, hacia 1985, cuando se terminaba la recesión económica iniciada cuatro años antes, nuevas generaciones de empresarios habían desaparecido y otras se habían desarrollado: unos, incapaces de sobrevivir a la política de shock de mediados de los setenta; otros, surgidos explosivamente gracias a esta y a la «generosa» política de privatizaciones de las empresas que habían sido expropiadas bajo la Unidad Popular. De efímera existencia, gran parte de estos nuevos empresarios desaparecieron con el estallido de la crisis de 1982.182 Así, hacia inicios del segundo lustro de la década de los ochenta surgió una nueva generación de empresarios cuya existencia se superpuso a los que sobrevivieron las crisis anteriores. Estuvo compuesta por ex funcionarios públicos Arriagada, op. cit., pp. 153 y ss. Campero, ibíd. 182 Nos referimos a los grupos Cruzat-Larraín, el más poderoso en la etapa previa a la crisis de 1982 y al BHC, encabezado por Javier Vial. Ambos quebraron e incluso en el caso de Vial, sus ejecutivos terminaron en la cárcel. Otros grupos de esa generación fueron el Fluxá-Yaconi, Banco Concepción, Ross, entre otros. 180 181

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que se vieron favorecidos por la segunda oleada privatizadora del régimen miliar (como Julio Ponce Lerou, Álvaro Saieh o José Yuraszeck); por grupos económicos que, al no endeudarse en exceso en el ciclo anterior, sobrevivieron a la crisis y que, al tener liquidez, también se beneficiaron de las privatizaciones realizadas durante ese período (grupos Angelini, Matte y Luksic); finalmente, por la llegada de capitales multinacionales que marcaron fuerte presencia a partir de esa fecha (el grupo australiano Bond adquirió la Compañía de Teléfonos de Chile).183 Esta nueva «capa geológica» –como la denominó Genaro Arriagada–, heredera de las sucesivas crisis ya reseñadas, cambió su relación con el Estado dejando atrás su etapa defensiva. Ahora, en el marco de la superación de la crisis del «neoliberalismo radical», apareció como un actor ideológico-político y no solo económico; como un protagonista de los grandes debates nacionales dispuesto a defender su proyecto y, en tercer lugar, como un actor que consideraba debía ser oído a la hora de tomar decisiones sobre el futuro del país, alejándose de los papeles pasivos o neutrales de antaño.184 Así, luego de décadas de mixturas ideológicas, de constantes muertes y resurrecciones, de apoyos y disidencias ante todo tipo de gobiernos, el segundo lustro de los ochenta vio surgir un empresariado neoliberalizado y decidido a conservar el modelo económico que lo amparaba.185 Nacía una nueva cultura política empresarial que se proyectaría en el tiempo y que jugaría un papel determinante en los años del retorno a la democracia en Chile. El año 1986 debe ser considerado como aquel en que se consolidaron tres aspectos fundamentales de la nueva cultura política empresarial, desarrollados de la mano de la coyuntura política vivida por el país durante ese año. En primer lugar, surge el carácter proyectual del «nuevo» empresariado basado en el consenso neoli

Cfr. Ibíd., p. 155. Algunos de los principales «nuevos empresarios» genéticamente ligados al modelo neoliberal y al régimen militar, son: Juan Antonio Guzmán, Carlos Eugenio Silva, Máximo Silva Bafalluy y Sergio de la Cuadra, entre otros. Al respecto, ver el trabajo de María Olivia Mönckeberg, El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno. Santiago: Ediciones B, 2001. 184 Cfr. Montero, pp. 152-153. El concepto de «neoliberalismo radical» en Eduardo Silva, «La política económica del régimen militar chileno durante la transición: del neo-liberalismo radical al neo-liberalismo pragmático», en Paul Drake e Iván Jaksic (Eds.), El difícil camino a la democracia…, op. cit. 185 Guillermo Campero, «Los empresarios chilenos en el Régimen Militar y el post plebiscito», en Drake y Jaksic, op. cit. 183

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beral; en segundo lugar, lo que llamaremos el orgullo empresarial, que reclamó un nuevo estatus para la labor realizada por su sector al interior de la sociedad chilena y, finalmente, la necesidad de repensar el papel político de los gremios empresariales en Chile. La coyuntura de 1986 estuvo marcada por una situación paradojal para el gran empresariado chileno. Por un lado, florecía el optimismo por la evidente mejoría de los indicadores económicos, confirmando la superación de la crisis que había azotado al sector durante el primer lustro de la década en curso. Por otro, sin embargo, existía incertidumbre respecto del futuro político del país y sobre los cambios «en las reglas del juego» neoliberal que los años venideros provocarían. Es decir, confianza en la labor del gobierno y su ministro de Hacienda Hernán Büchi, pero mucha desconfianza respecto de la oposición al régimen. Fue en tal contexto que se definió el comportamiento de los gremios patronales chilenos, modificando su anterior cortoplacismo y neutralidad política.186 Por eso, aunque optimistas por la franca recuperación económica que registraba el país, el empresariado, a diferencia del período de la Unidad Popular, no esperó el estallido de una nueva crisis para pensar y proponer un proyecto de país. En un clima político en donde todavía resonaba la movilización callejera contra la dictadura y la oposición a Pinochet aún no concordaba un camino común para hacerle frente, el gran empresariado tomó en 1986 la iniciativa política. Ante una derecha política atomizada y dispersa, el lugar de la defensa de la «obra» y proyección de la dictadura la tomaron los gremios patronales. Con este fin, realizaron una fuerte autocrítica a las posiciones sostenidas en el pasado por el sector. Especialmente, por haber adolecido de posiciones doctrinarias definidas, «razón por la cual no han sabido defender los conceptos de propiedad y empresa privada», y por la antigua tendencia empresarial de acogerse al «proteccionismo del Estado cuando se sentían amenazados por la compe186



El Mercurio, 4 de junio de 1986, cuerpo A, p. 3. Sobre el temor empresarial sobre el futuro económico del país, ver el interesante intercambio de cartas públicas entre la Sofofa y Ricardo Lagos Escobar, entonces líder de los sectores moderados de la izquierda chilena, publicadas en El Mercurio durante mayo y junio de 1986. Además, ver El Mercurio del 28 de junio de 1986, donde se analiza el llamado «síndrome 1989», en alusión a la incertidumbre política que abría la coyuntura política de los siguientes años.

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tencia y el énfasis excesivo en obtener ganancias a corto plazo».187 De allí que los sectores empresariales llamaran a terminar con «la falta de un pensamiento empresarial concreto, claro y amplio».188 Estos planteamientos implicaban reconocer abiertamente la injerencia de los gremios empresariales en los asuntos públicos del país y, más derechamente, en la política nacional. En efecto, la base del proyecto empresarial establecía que el modelo económico vigente era el único capaz de sacar a Chile de la pobreza y, desde esa perspectiva, los empresarios constituían la piedra angular para sostener su desarrollo. Por eso que una de las ideas arquetípicas del naciente proyecto empresarial fue fomentar el «orgullo empresarial», especie de alegoría de la riqueza. En este sentido, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Manuel Feliú, afirmaba que en aquellos períodos de la historia de Chile en que se había desestimado la actividad de los empresarios, el país había tenido menor progreso y desarrollo. En cambio, cuando estos habían «contado con un reconocimiento social efectivo», Chile había «conocido sus mejores momentos en cuanto al desarrollo y mayor riqueza de sus habitantes».189 Por este motivo, uno de los pilares del proyecto empresarial consistió en reivindicar su actividad, exaltarla como la principal responsable del bienestar de los chilenos, buscando el reconocimiento del conjunto de la sociedad. De esta manera, se configuraban los planteamientos que permitieron la articulación de este proyecto: un contexto de incertidumbre por los cambios políticos que se avizoraban en el horizonte nacional, el consenso en torno al modelo neoliberal, el surgimiento de un «orgullo empresarial», y el convencimiento de la necesidad de intervenir en política. Antes de cristalizarse, fueron elegidos los líderes de los principales gremios patronales. Al interior de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la más importante organización empresarial chilena, se eligió al banquero Manuel Feliú, partidario de que esta entidad tuviera un liderazgo nacional, con mirada de largo plazo. El nuevo presidente de la CPC se declaraba abierto al diálogo, matizando el carácter de la nueva cultura empresarial. En efecto, Manuel Feliú representó el triunfo de las posiciones que instalaban al empresariado como un 189 187 188

«Crítica a los empresarios», Estrategia, 17 al 23 de noviembre de 1986. Estrategia, 24 a 30 de noviembre de 1986. Estrategia, 27 de octubre al 2 de noviembre de 1986. p. 19.

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actor político «nacional» y no solo sectorial o corporativo. Vital para el logro de ese objetivo, fue mostrarse llano, desde el primer momento, disponible para hablar y entenderse con distintos sectores, incluso adversarios. Sin embargo, a diferencia de épocas pasadas, ahora Feliú posicionaría su sector desde la propuesta, desde el proyecto, desde el nuevo orgullo empresarial. Feliú fue el rostro y la voz del nuevo empresariado chileno. En resumen, el nuevo liderazgo empresarial fue una mixtura de dogmatismo ideológico, voluntad de poder y disposición a entendimientos, siempre y cuando estos respetaran los estrechos límites programáticos del «nuevo empresariado» chileno, del que Feliú fue el rostro y voz representativa. La reunión de Enade 1986, cuyo sugestivo título era «El empresariado, motor del progreso», debe ser considerada un punto de llegada de las evoluciones políticas e ideológicas de los gremios patronales chilenos, justo cuando el proceso político se abría hacia la «nueva democracia».190 Conscientes de querer jugar un papel relevante en esta nueva etapa, el empresariado dio a conocer lo que se llamó su «credo». El diagnóstico inicial de la propuesta empresarial se relacionaba con los supuestos que, desde principios de 1986, estaban siendo debatidos entre los mismos empresarios: la necesidad de la acción política empresarial y el nuevo «orgullo empresarial». En la reunión empresarial se abordaron las formas como se proyectaría el modelo neoliberal una vez terminada la dictadura, concluyendo que era necesario fomentar, en distintos sectores sociales y políticos, los llamados «valores empresariales» con el fin de crear un consenso nacional en torno al modelo implementado por el régimen. Proponían al país un modelo democrático de sociedad, pero basado en los principios neoliberales de Estado subsidiario y desregulación de los mercados.191 A diferencia de lo que se ha dicho, en el sentido de que estos serían las típicas máximas empresariales y cuya única novedad sería su exposición programática,192 estimamos que este nuevo credo 190



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En este sentido, en 1985 ya se habían puesto en el debate tópicos sociales, como el empleo y los salarios, junto con la realización de encuentros de diálogo con dirigentes sindicales. Ver Campero, «Los empresarios chilenos…», op. cit., pp. 276 y 277. El Mercurio, 2 de noviembre de 1986. Cuerpo B., p. 1; y del 8 de noviembre de 1986.Cuerpo B, p. 1 y 20. Campero, «Los empresarios chilenos…», op. cit.

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empresarial introdujo un significado también nuevo a las organizaciones empresariales en el terreno político: una concepción de la democracia que, de acuerdo a los sectores más extremos del neoliberalismo, subordinaba su significado a las libertades económicas, en desmedro de las políticas. En otras palabras, la democracia política era un elemento menos importante que la libertad económica, convirtiendo esta última en condición de posibilidad de la sociedad del mañana. Este aspecto, de acuerdo a nuestra óptica, fue el fundamento político-ideológico más importante del nuevo proyecto empresarial que, años más tarde, en tiempos de la renaciente democracia de los noventa, los llevó a ser considerados como «poderes fácticos» que actuaban sobre los órganos de representación popular. El año 1987 se caracterizó por la consolidación de las tres características de la nueva cultura política empresarial, pero, a diferencia de 1986 cuando fueron discutidas a nivel de las cúpulas empresariales, ahora serían instaladas en el debate nacional. Por este motivo, este año puede ser considerado del volcamiento de los gremios hacia la acción política abierta. El tradicional estilo negociador y de reuniones entre «hombres de negocios» o de «hombres del poder», se convirtió en el de defensores públicos del modelo instaurado por el régimen militar. Los años de la neutralidad habían quedado atrás. Una vez que el gran empresariado trazó su línea estratégico-programática se inició la ofensiva proyectual del sector. La coyuntura política del país estuvo marcada por el fracaso de la vía no pactada para derrotar a la dictadura y la paulatina imposición, por lo tanto, de la salida negociada. La inscripción en los registros electorales y la legalización de los partidos políticos de oposición en la institucionalidad creada por la dictadura, fueron el símbolo de los nuevos tiempos políticos, quedando atrás la etapa de la movilización social. En ese clima, los gremios patronales buscaron instalarse en el debate nacional reivindicando su importancia y protagonismo. Así, durante este año la nueva cultura política empresarial desarrolló un discurso que perseguía su propia legitimación como un referente político clave del quehacer nacional. Desde nuestra óptica, esta nueva cultura empresarial, basada en una supuesta «conciencia nacional», fue expresión de una meditada táctica política del gran empresariado chileno que había sufrido la traumática

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experiencia de la Unidad Popular, la frustración de no ser tomado en cuenta durante la primera década de mandato del régimen militar y que había sobrevivido al derrumbe de la economía en 1982 producto del «neoliberalismo radical». Este empresariado sobreviviente, fuertemente cohesionado y unido tras sus gremios, apostaba ahora por evitar los trastornos del pasado. Fue esta la razón de fondo de la dimensión proyectual de los gremios patronales desarrollada en el segundo lustro de los ochenta la que, tras este discurso supuestamente nacional, seguía buscando la defensa de sus intereses corporativos. Por ello, es posible afirmar que el nuevo empresariado chileno, nacido en la década de 1980, trajo como novedad un nuevo discurso y protagonismo del sector, pero fundado en sus tradicionales intereses. De allí que entre los líderes empresariales el debate sobre el sistema político haya estado casi ausente, pues lo único que les importaba, más allá del tipo de democracia, es que esta respetara las mentadas «reglas del juego», eufemismo que escondía la aspiración de que el modelo neoliberal no sufriera ninguna modificación de fondo. Así, este empresariado que «haría sentir su voz» ante cualquier amenaza a sus «reglas del juego» se convierte en un actor ineludible para los ideólogos de la transición. Por eso, en las escasas referencias que se hacían al futuro sistema político, se hablaba genéricamente de la «democracia» sin entrar en mayores contenidos, reduciéndola al marco general en que debería desenvolverse la libre empresa. A eso se debía reducir su función. En todo caso, algunos empresarios sinceraban su posición aclarando sus temores ante el futuro democrático que se avizoraba: No es que le quite valor, pero frente a la frase ‘la democracia ante todo’, creo que hay valores superiores a eso. El ideal es que tengamos ambas cosas, pero lo fundamental es una sociedad libre en el sentido ante señalado [es decir]… el país va a andar bien en la medida [en] que haya mayor prosperidad, más trabajo, más libertad e influencia en las cosas de la vida cotidiana, que son más importantes que los aspectos formales de la democracia.193 193

Declaraciones de Beltrán Urenda, presidente del Consejo Económico y Social, designado por el general Pinochet. Manuel Feliú también era consejero de dicha instancia. En Estrategia, 27 de abril al 3 de mayo de 1987.

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Fue esta mentalidad la que caracterizó la nueva cultura política empresarial en los años venideros, lo que explica que su preocupación proyectual se concentrara en lo económico sobre lo político. En 1988, el comportamiento político del gran empresariado estuvo marcado por la realización del plebiscito que confirmaría o rechazaría la continuidad del general Pinochet en el poder. De acuerdo a Guillermo Campero, durante este año los gremios patronales dividieron su accionar entre la lucha ideológica («la batalla de las ideas») y el apoyo al general Pinochet, enfatizando un perfil propositivo, aunque tentado a veces de caer en la «campaña del terror» fomentada por la propia dictadura.194 Sin embargo, desde nuestra óptica, más que desarrollar un discurso paralelo (uno «ideológico» y otro «político»), el empresariado, ante el temor de que en el futuro no se respetaran las reglas del juego, fundió en un mismo hilo conductor sus tres tópicos fundamentales: respaldo incondicional al gobierno militar, porque era el único que aseguraba la continuidad del modelo neoliberal («pinochetización» del empresariado); la campaña del terror contra la oposición; y la propuesta de proyecto de país. Es decir, el énfasis del gran empresariado era, sobre todo, político, buscando asegurar la continuidad de un gobierno funcional al modelo económico. Por ello, nunca escatimaron recursos para lograrlo y por este motivo la llamada «batalla por las ideas», de la que hablaba en aquellos años Manuel Feliú, era la máxima expresión del planteamiento sobre la inserción del empresariado chileno en la política. En el fondo, planteamos que la «batalla por las ideas» no debe ser entendida como un mero ejercicio intelectual o un modo inocente de dar a conocer el «orgullo empresarial», sino que fue la modalidad para enfrentar la batalla electoral que permitiera el triunfo electoral de Pinochet. Esta fue, en la práctica, la expresión de la nueva cultura política empresarial chilena decidida a ser un actor político relevante en los grandes debates del país. Lo primero que el empresariado despejó, a comienzos de 1988, fue su respaldo al general Pinochet. Lo hicieron sin exaltar su figura personal, sino su «obra». Esto no significa que no hayan sido «pinochetistas», ya que a través de sus declaraciones supuestamente objetivas y contactos personales con el gobernante, el gran em

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Campero, «Los empresarios chilenos…», op. cit.

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presariado respaldó mayoritariamente al general. Por este motivo discordamos con el análisis de Campero, quien plantea que las divergencias políticas dentro del empresariado eran más profundas o que las tendencias críticas al régimen tenían posibilidades de cuestionar a los dirigentes de las organizaciones patronales. Más bien, lo que refleja el debate de la época, más allá de las excepciones, fue el alineamiento en torno a Pinochet, su «obra» (el modelo económico) y la preocupación por asegurar la continuidad de esta.195 Durante toda la campaña electoral de ese año, el gran empresariado, a través de sus voceros, medios de comunicación, declaraciones públicas y entrevistas, insistieron majaderamente en la necesidad de defender «la obra» del régimen. En eso consistió, grosso modo, su batalla ideológica llevada a cabo durante el crucial año 1988. Esta ofensiva patronal fue acompañada por la instalación en el debate de temáticas nacionales, que los alejaban de las meras defensas corporativas. Así, el actor empresarial aparecía preocupado del futuro del conjunto de los chilenos. Remuneraciones, diálogo social, deudores y lucha contra la pobreza, entre otros, fueron temas propuestos desde el sector empresarial, intentando construir una imagen de un sector con altura de miras, preocupado por el futuro del conjunto del país. En definitiva, un sector con sentido de Estado.196 Sin embargo, el empresariado combinó este plano propositivo con la consabida campaña del terror, presentando el «estatismo» de la oposición como el anverso de las bondades que el modelo defendido por ellos estaba produciendo en el país. El propio Manuel Feliú, considerado un personaje moderado dentro del mundo empresarial, se sumó a esta estrategia reflejando el consenso que generaba la campaña del terror dentro del sector.197

En Estrategia, 1 al 7 de febrero de 1988, los contenidos de la conferencia de prensa encabezada por Manuel Feliú en la que el gran empresariado se alineó junto a Pinochet. 196 Por ejemplo, ver sobre remuneraciones Estrategia, del 1 al 7 de febrero de 1998; sobre los deudores, Estrategia, del 22 al 28 de febrero de 1988; sobre la pobreza, Estrategia, del 18 al 24 de abril de 1988; sobre diálogo con dirigentes sindicales, Estrategia, del 11 al 17 de julio de 1988; sobre la promoción del «orgullo empresarial», Estrategia, del 25 al 31 de julio y del 23 al 29 de mayo de 1988. Sobre actividades de difusión de Empresarios por el Desarrollo, Estrategia, del 20 al 26 de junio de 1988. 197 Ver sus declaraciones alarmistas en Estrategia, del 26 de septiembre al 2 de octubre de 1988. 195

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De esta manera, la coyuntura plebiscitaria fue convertida por los gremios patronales en un momento fundamental para definir el curso de su destino. De hecho, el mismo Manuel Feliú publicó, en el momento más álgido de la campaña –septiembre de 1988–, un libro que puede ser considerado la síntesis de la evolución del pensamiento político de los empresarios que hundía sus raíces en los tiempos de la crisis económica de principios de los ochenta. Más allá del contenido que reiteraba los tópicos de la nueva cultura empresarial que hemos enunciado, el momento de su publicación constituye la ratificación del compromiso y la lealtad del gran empresariado con el general Pinochet. En efecto, en su libro Feliú se abrió a temas omitidos por el discurso que sostenía públicamente el empresariado justificando la violación a los derechos humanos y defendiendo el modelo de «democracia protegida» que planteaba la Constitución de 1980.198 De este modo, la cultura política empresarial reflejaba, como marca genética, una adhesión irrestricta a la figura de quien había forjado el nuevo modelo económico. A diferencia de lo que se ha dicho, estimamos que para los empresarios la defensa del «modelo» implicaba también una determinada concepción del modelo político, en este caso autoritario, restrictivo y funcional al neoliberalismo. Lo segundo no era transable por lo primero, por lo que la decisión de los líderes patronales de «pinochetizarse» en la coyuntura de 1988 no fue un paso táctico sino consustancial para la proyección de la matriz neoliberal. La derrota del general Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre de 1988 abrió un nuevo escenario político en el país. A fines del año siguiente se realizarían las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias en casi 20 años, cuyos resultados más probables, a la luz del plebiscito que derrotó a Pinochet, sería el triunfo del candidato proveniente de la oposición al régimen militar. Ante esta coyuntura, la dirigencia de las organizaciones patronales tuvo que diseñar una «plan de emergencia» frente a lo que percibían como una amenaza a sus intereses. La fórmula que siguieron los gremios patronales demostró la profundidad de las definiciones políticas tomadas desde mediados de los ochenta. Su estrategia ante la decisiva coyuntura electoral de 1989 consistió en no moverse un ápice de su principal objetivo consistente en defender, sin concesiones, el 198



El texto se llama La empresa de la libertad. Santiago: Zig-Zag, 1988.

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modelo neoliberal instaurado por la dictadura. El supuesto político en que se basaba este planteamiento era el mismo previo al plebiscito de 1988, es decir, desconfianza absoluta hacia los opositores a Pinochet. En función de esto, los gremios patronales desplegaron, como táctica política, una imagen de apertura al diálogo con los opositores y dirigentes sindicales y de supuesta neutralidad ante la elección presidencial de ese año. Asimismo, profundizaron su estrategia de fomento del «orgullo empresarial» y su posición de «estadistas» preocupados por los problemas nacionales y el «bien del país» por sobre las coyunturas políticas. Pero, en el fondo de este discurso, prevalecía la intransigencia y los resquemores hacia el nuevo período democrático. En este sentido, la trampa de la táctica de la dirigencia empresarial era proponer discutir, pero desde una posición de intransigencia reveladora del verdadero alcance de la postura «dialogante» y «negociadora» de los gremios patronales.199 El segundo movimiento de la táctica empresarial en el nuevo escenario fue el de la «neutralidad» política que denominaremos la «doctrina Feliú». Jugados por Pinochet en 1988, en la nueva etapa los gremios patronales se autoproclamaron independientes de cualquier candidato o corriente política. Como dijera Feliú, «ahora es el tiempo de los políticos», pero sí tenían derecho a actuar en la contingencia política de acuerdo a la lógica de la nueva cultura política empresarial, reseñada más arriba. La modalidad de intervención de los gremios patronales en los debates sería realizar («contribuir», como lo llamaba Feliú) «ofertas concretas, de soluciones realistas a los problemas más acuciantes que afectan a los segmentos más postergados de la población».200 De esta forma, los gremios patronales declaraban su intención de no restarse de ningún debate y que la derrota de Pinochet no los había hecho modificar ninguno de sus planteamientos. La doctrina Feliú tuvo variadas expresiones en la etapa previa a la elección presidencial de 1989. Por ejemplo, meses antes de que la oposición y el gobierno militar concordaran introducir modificaciones a la Constitución de 1980, Enade 1988 anunciaba que el sector las consideraba necesarias y aprobaba, de antemano, los acuerdos. Pero, en consonancia con su inflexibilidad política,

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Ver entrevista a Manuel Feliú en El Diario Financiero, 26 de octubre de 1988. Discurso de Manuel Feliú en Enade 1988. Estrategia, del 31 de octubre al 6 de noviembre de 1988.

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se remarcaba que lo importante era «perfeccionar y no debilitar la Constitución, puesto que su permanencia no estaba en juego. De manera que las reformas deberán ser mínimas…». Lo negociable eran aspectos secundarios, relacionados, como se señalaba, «con las prácticas políticas» y no con materias económicas.201 Así, desde muy temprano, la dirigencia patronal, ante la incertidumbre empresarial de que hablaban los medios afines y los propios empresarios, evitó caer en el inmovilismo luego de la derrota de octubre de 1988 y procuró no dejar que la iniciativa política quedara en manos de la oposición. Habían sido derrotados en una batalla puntual, pero quedaban muchas barreras para defender la hegemonía neoliberal. En base a propuestas supuestamente nacionales, no corporativas, el gran empresariado tuvo presencia en la política nacional. Por ello, la doctrina Feliú fue la mejor expresión de la forma de hacer política de los empresarios en vísperas del retorno a la democracia, y la modalidad que adoptó en esta fase fue lo que en los años venideros se conocería como el «poder fáctico» de los gremios patronales.202 El símbolo más claro de la estrategia política ofensiva de las organizaciones empresariales fue el fomento del diálogo social, llamado «concertación social». Esta iniciativa dejó en evidencia la contradictoria estrategia de «negociación inflexible» de los dirigentes patronales, pues, si bien la propiciaban, no estaban dispuestos a ceder en ningún aspecto de fondo. Teniendo en cuenta este planteamiento, no debe extrañar el infructuoso resultado de las negociaciones y búsqueda de acuerdos, obstaculizado por el férreo dogmatismo ideológico empresarial de cuño neoliberal que impidió lograr mínimos acuerdos.203 Casi un año después, en un contexto político marcado por el triunfo de Patricio Aylwin, el candidato opositor al régimen militar y la CPC abrieron un nuevo proceso de diálogo, pero ahora con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) –organización mayorita

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Discurso en Enade 1988 de Víctor Manuel Ojeda, director de la revista Estrategia. En Estrategia, del 31 de octubre al 6 de noviembre de 1988. Sobre los temores empresariales luego del plebiscito de 1988, ver el editorial de El Diario Financiero, del 17 de noviembre de 1988. Declaraciones de líderes empresariales en la misma línea, como Sergio Romero, de la SNA, y Beltrán Urenda, del CES, en Estrategia, del 10 al 16 de octubre de 1988. Ver en Estrategia, del 19 al 25 de diciembre de 1988 el «diálogo» entre la CPC y organizaciones sindicales.

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ria entre los trabajadores organizados en Chile– y con otra de menor convocatoria –la Central Democrática de Trabajadores (CDT). A pesar de la derrota electoral de la derecha en 1989, el acuerdo marco CPC-CUT dejó muchos más dividendos políticos al sector empresarial, ya que no transó ninguno de sus principales postulados, ganando en prestigio e imagen de sector abierto al diálogo. La estrategia de «negociación inflexible» tuvo en este acuerdo el ciento por ciento de éxito para los gremios patronales que no se movieron de sus posiciones, tal como lo habían advertido muchas veces, y, a cambio, se legitimaron como actor nacional, referente obligado del proceso político chileno y sector con vocación «colaboradora» para la nueva democracia. Así, por obra y gracia de la transición chilena un grupo intransigentemente adepto al conjunto de lo obrado por la dictadura militar, sacaba, en las semanas previas al término del régimen, credenciales democráticas sin deponer su posición. Finalmente, como una manera de consolidar su presencia en la arena nacional, un significativo número de líderes empresariales participaron como candidatos en la elección del nuevo Parlamento democrático. Esta fue una medida consecuente con su nueva cultura política que les permitió debatir y difundir en terreno las «ideas de la libre empresa». Provenientes de distintos sectores del mundo empresarial (agricultura, banca, industria, transporte y comercio, entre otros), representaron las posiciones más ardorosamente defensoras del régimen militar.204 Así, más allá de la mitología sobre empresarios más abiertos o progresistas, los dirigentes patronales que derechamente intervinieron en política contingente, rebasando la doctrina Feliú, mostraron la cara más dura e intransigente de los partidarios del gobierno de Pinochet. Varios de ellos resultaron electos en la contienda del 14 de diciembre permitiendo que el gran empresariado chileno contara, junto a su poder fáctico ganado durante la dictadura, con presencia en la novel y frágil nueva democracia chilena.205 De cara Ver declaraciones de Beltrán Urenda, Manuel Ariztía, Sebastián Piñera, Ángel Fantuzzi y Sergio Romero en Estrategia, del 4 al 10 diciembre, del 20 al 26 de noviembre; El Diario, del 17 de octubre; Estrategia, del 13 al 19 de noviembre, y Estrategia, del 30 de octubre al 5 de noviembre, todos de 1989, respectivamente. 205 Sobre el resultado electoral de los empresarios candidatos a senadores y diputados, ver Estrategia, del 18 al 24 de diciembre de 1989. Los triunfos más

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a la nueva etapa histórica, este actor surgía como uno de los protagonistas centrales de la transición democrática chilena.

Confiep: el gran empresariado peruano y el origen del proyecto neoliberal peruano En Perú, la década de los años ochenta estuvo marcada por el desarrollo de dos profundas y complejas problemáticas. Por un lado, una persistente crisis económica que fue empeorando a lo largo de la década hasta convertirse en la peor de la historia de Perú. Por otro, el surgimiento del movimiento insurgente de inspiración maoísta Sendero Luminoso, que envolvió al país en una «guerra popular» con altos costos humanos y económicos. Hacia 1990, la combinación de ambos procesos sumió al país en una crisis que parecía terminal. Incluso se pensó en el eventual triunfo de la guerrilla y el colapso del Estado peruano.206 En este contexto, se ha destacado la incapacidad de la clase política para encauzar el desarrollo del país predominando el cortoplacismo, los intereses particulares y, en el fondo, la ausencia de una cultura política democrática.207 Como señalábamos en las primeras páginas, al empresariado peruano también se lo ha investido del mismo cortoplacismo e incapacidad de convertirse en portadores de un proyecto nacional de desarrollo. Sin embargo, hoy Perú cumple cerca de 20 años de la aplicación del modelo neoliberal en medio de indicadores macroeconómicos auspiciosos y con una guerrilla resonantes fueron los de Sebastián Piñera, Sergio Romero, Beltrán Urenda y Julio Lagos, todos senadores electos, y Ángel Fantuzzi, entre los diputados. 206 La bibliografía sobre la crisis económica de los ochenta y Sendero Luminoso es extensa. Sobre la primera, ver los citados trabajos de Francisco Durand y John Crabtree. Sobre su impacto en los grupos económicos, en Enrique Vásquez Huamán, op. cit. Una visión de conjunto de la trayectoria de la economía peruana en la segunda parte del siglo XX, en Carlos Parodi Trece, Perú 1960-2000. Políticas económicas y sociales en entornos cambiantes. Lima: Universidad del Pacífico, 2008. Sobre Sendero Luminoso, ver Steve J. Stern (Ed.), Los senderos insólitos del Perú: guerra y sociedad, 1980-1995. Lima: IEP, UNSCH, 1999; Enrique Gorriti, Sendero. Historia de la guerra milenaria en el Perú. Lima: Planeta, 2008; y Jo-Marie Burt, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura de Fujimori. Lima: IEP, 2009. 207 Yusuke Murakami, Perú en la era del Chino. La política no institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador. Lima: IEP, 2007.

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que solo es un resabio marginal de otros tiempos. La denominada «revolución capitalista» peruana ha tenido en el gran empresariado peruano un factor decisivo. A diferencia del caso chileno, este no cuenta con una larga tradición orgánica ya que recién en 1984 se constituyó la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) que agrupó a los principales sectores empresariales de Perú. Hasta principios de la década de 1980, el sector industrial era estatista y rechazaba las medidas de ajuste que se habían aplicado en los últimos años de la dictadura militar como aquellas implementadas por el nuevo gobierno democrático encabezado, desde 1980, por Fernando Belaúnde Terry. Creada por la necesidad de actuar unidos en medio de la crisis económica que vivía el país, la Confiep pasó a convertirse en un importante referente de la política peruana.208 En su discurso inaugural, Julio Piccini Martín –primer presidente de la multigremial patronal peruana– declaraba la necesidad de su sector, en el contexto de la crisis económica que vivía el país, de contar con una sola voz. Desde el punto de vista gremial, la naciente confederación buscaba cumplir dos objetivos fundamentales: primero, aparecer como una entidad nacional y no meramente corporativa, y, segundo, lograr la unidad del sector para hacer frente a la difícil coyuntura económica.209 Así, en la génesis de la nueva agrupación, más allá de unos principios básicos en torno a la importancia de la existencia y desarrollo de la iniciativa privada, estaba la preocupación por aglutinarse como sector, lo cual le permitiría ganar influencia en el país. Es importante destacar que, desde su nacimiento, la Confiep asignó gran importancia a la obtención de legitimidad como actor social, lo que explica su rechazo a ser considerada como un mero grupo de presión en defensa de intereses corporativos. Además, en esta primera declaración de principios se apreciaban las primeras críticas al estatismo predominante en la economía peruana a pesar de las reformas liberales de Belaúnde Terry.210 De esta manera, aunque todavía no se configuraba en la Confiep Durand, Riqueza económica, pobreza…, op. cit. «Discurso del Ing. Julio Piccini Martín, Presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. Ceremonia de instalación. Lima, 12.11.84». p. 5. 210 Ibíd. p. 10. 208 209

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una ideología propia, se insinuaban sus tendencias futuras ligadas al neoliberalismo. Clave en la génesis del nuevo organismo patronal peruano fue su voluntad de poder y la decisión de convertirse en un actor político relevante en el país. En 1985, el Partido Aprista Peruano (PAP), encabezado por su joven caudillo Alan García, logró un arrollador triunfo en las elecciones presidenciales. Como es sabido, García aplicó una política económica conocida como «heterodoxa», basada en el pago limitado de la deuda externa y aumento del gasto para combatir la inflación. Así, con los recursos generados por el no pago del total de los intereses de la deuda externa y el incentivo del consumo se activaría la utilización de la capacidad ociosa de la industria peruana. Con resultados exitosos durante 1986, al año siguiente surgieron los primeros síntomas de la crisis que se avecinaba. A fines de la década, el Perú estaba con hiperinflación y con un presidente que nunca se decidió a aplicar una política de ajuste económico radical por el temor a perder el respaldo popular. Hasta antes de la estatización de la banca en 1987, Alan García privilegió las relaciones directas con los grandes grupos económicos, desconociendo en los hechos la presencia de la Confiep. De esta forma, García apostaba a ganarse la confianza del gran empresariado y sumarlo al proyecto económico «heterodoxo». El contexto previo al giro neoliberal del empresariado peruano también estuvo acompañado por el papel de algunos de sus intelectuales orgánicos que sistematizaron la opinión crítica surgida de la crisis de la economía peruana ubicada en el centro de las preocupaciones de Confiep. El trabajo del economista Hernando de Soto, titulado El otro sendero, fue un punto de inflexión en el pensamiento económico de las elites peruanas. Su popular tesis, que buscaba explicar el crecimiento de la economía informal en Perú, señalaba que el origen de la pobreza radicaba en las trabas que el Estado peruano imponía a los emprendedores. Ante esta barrera burocrática no les quedaba más remedio que situarse al margen de la ley, en la llamada economía informal. La conclusión del destacado economista neoliberal era que el «ejército» de emprendedores existentes en la sociedad peruana solo daría rienda suelta a sus iniciativas empresariales si se reducía el papel del Estado en

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la economía, comenzando el verdadero camino para derrotar la cesantía y la pobreza en el país andino.211 De este modo, desde fines de 1986 hasta la estatización de la banca en julio de 1987, la Confiep vivió un proceso de transición hacia su nuevo papel en la política peruana, materializado a partir de la sorpresiva decisión del gobierno de García de intervenir la banca. Durante este proceso, el eje de continuidad del quehacer de la multigremial empresarial fue insistir en establecer un diálogo con el gobierno en base a su propuesta de «concertación social» fundada en la búsqueda del eventual acuerdo entre el Estado y el sector privado. Sin embargo, al mismo tiempo, se incubaron y desarrollaron nuevas características, producto de la búsqueda del perfil político propio de la Confiep, que la llevaron a posiciones cada vez más críticas al gobierno y a una mayor sintonía con las tesis neoliberales. El progresivo distanciamiento de la administración de Alan García, exacerbado por el diálogo de este con los «12 apóstoles» (nombre con que se conocían los principales empresarios peruanos) y la marginación de la confederación como vocero empresarial, unido a la agudización de la crisis económica, generaron las condiciones para el quiebre total entre el gobierno y la multigremial peruana. Con el anuncio de la estatización de la banca, este se hizo irreversible. Con la confianza casi perdida en el gobierno, luego de que este intentara aplicar nuevos impuestos a la empresa privada, la Confiep buscó su propio proyecto de país. Se partía de un diagnóstico negativo sobre el papel que los empresarios habían jugado en el pasado.212 Para revertir esta situación, la obsesión del gremio empresarial era levantar un «plan de desarrollo nacional», idea enunciada en 1984, pero que aún no se lograba concretar a principios de 1987. A fines de 1986, en su discurso de despedida de la presidencia de la Confiep, Miguel Vega Alvear señalaba la necesidad de concretar este proyecto nacional, pero todavía creía posible lograrlo concordando con el gobierno aspectos fundamentales para asegurar una «opción de largo plazo».213

Hernando de Soto, El otro sendero. La revolución informal. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1986. 212 Ver declaraciones del dirigente de la Confiep Francisco Giraldo Pratto en Presencia N° 2, diciembre de 1986, p. 10. 213 Presencia N° 2, diciembre de 1986, pp. 12-13. 211

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De esta manera, en medio de constantes conflictos con el gobierno, la acentuación de la crisis económica, las acciones de la insurgencia senderista y la convicción de que el empresariado debía involucrarse para resolver la crisis por la que atravesaba Perú, los integrantes de la confederación se movieron hacia el neoliberalismo. Si bien estamos de acuerdo con la tesis que plantea que la unidad empresarial en Perú se forjó en un contexto de crisis, creemos que esta no fue solo una respuesta defensiva, como se ha dicho, sino proyectual, intentando generar un proceso de desarrollo de largo plazo.214 La crítica empresarial no era solo económica, sino también política, ya que cuestionaba la capacidad del sistema político para combatir las guerrillas y dar gobernabilidad al país. En el ámbito económico el empresariado reclamaba «reglas del juego» favorables y medidas que liberalizaran el quehacer de la iniciativa privada. Si hasta mediados de los ochenta un segmento de los privados peruanos todavía era partidario de un Estado proteccionista, la experiencia del gobierno de Alan García, con sus erráticas decisiones económicas y su relación corporativa con los «12 apóstoles», echaron las bases para un crear un trauma que generaría un nuevo consenso ideológico en el sector. El 27 de julio de 1987, en medio del tradicional discurso presidencial que conmemoraba un nuevo aniversario de la independencia, Alan García anunció sorpresivamente la estatización de la banca. Este hecho generó un quiebre en la administración aprista, ya que no solo no pudo llevar a la práctica la medida, sino que esta fue asociada a la profundización de la crisis económica y, fundamentalmente, a la aparición de una «nueva derecha» peruana encabezada por el escritor Mario Vargas Llosa capaz de movilizar a cientos de miles en las calles, como nunca antes en la historia de Perú.215 Se ha planteado que si bien la «nueva derecha» peruana tuvo como matriz común el modelo neoliberal, su composición

Francisco Durand planteó esta tesis por primera vez en «Los empresarios y la concertación»…, op. cit. Luego la repitió en sus citados siguientes trabajos. En marzo de 1987 se publicó una encuesta a 300 grandes empresarios, cuyos resultados mostraban la nueva inclinación neoliberal de estos. Ver Presencia N° 5, marzo de 1987. 215 Durand, Riqueza económica, pobreza…, op. cit. En este texto, el autor desarrolla detalladamente el nuevo protagonismo de la Confiep, que imponiéndose a los «12 apóstoles», se convirtió en uno de los baluartes de la lucha contra la medida del gobierno. 214

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fue heterogénea. Para algunos, estaban los neoliberales químicamente puros, representados por Hernando de Soto, Felipe Ortiz de Zevallos y Mario Vargas Llosa, lejanos a la vieja derecha ligada al socialcristianismo y a resabios estatistas. En este sentido, la constitución del Frente Democrático (Fredemo) que aglutinaba al Movimiento Libertad de Vargas Llosa, a Acción Popular y al Partido Popular Cristiano, no pudo superar sus divergencias entre un neoliberalismo radical y los resabios de las ideas económicas intervencionistas.216 Para otros, la heterogeneidad al interior de la «nueva derecha» era más compleja. Por un lado, estaban los intelectuales orgánicos del neoliberalismo (de Soto, Ortiz de Zevallos, Vargas Llosa), algunos cercanos a ellos, como los líderes empresariales de la Confiep (Vega Llona y Rafael Villegas) y profesionales universitarios, que conformaban un neoliberalismo democrático. Por otro lado, militares, civiles y otros sectores empresariales, también provenientes de la Confiep, que eran partidarios de un golpe militar y que admiraban un modelo neoliberal autoritario como el del general Pinochet en Chile. De esta manera, aunque mayoritario, el sector neoliberal democrático debió enfrentarse al sector golpista. Derrotado Vargas Llosa en 1990, el proyecto neoliberal se desarrolla a través de una vía intermedia pactada con Alberto Fujimori, el sorpresivo nuevo presidente de Perú.217 Desde nuestra perspectiva, el giro ideológico del empresariado peruano, fraguado antes de la estatización, pero acelerado por ella, lo hizo seguir un curso histórico que lo asemeja, en parte, al caso chileno. Aunque en un contexto histórico diametralmente distinto –crisis versus bonanza económica–, el convencimiento del neoliberalismo hizo que el empresariado peruano se enfocara en los siguientes aspectos: necesidad de actuar en la política contingente; reivindicación de la labor del empresariado (el nuevo «orgullo empresarial»); fin de las defensas corporativas y particulares, como era el estilo de los «12 apóstoles», para privilegiar un accionar político a través de la unidad gremial (Confiep); necesidad de legitimidad social, por medio de la tesis de la «nueva derecha» como nuevo paradigma de desarrollo nacional y reconocimiento del carácter instrumental del sistema democrático, pues era más

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Es la tesis de Crabtree, op. cit., pp. 258 y ss. Es la tesis de Durand, Riqueza económica, pobreza…, op. cit.

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importante el proyecto económico. El sistema político (autoritario o democrático) podría variar según las circunstancias políticas. Desde esta perspectiva, el apoyo o rechazo a una intentona golpista se relacionó más con los cálculos políticos (Vargas Llosa tenía amplia ventaja en las encuestas hasta principios de 1990) que en convicciones ideológicas democráticas, según varios especialistas, frágiles o inexistentes en el volátil sistema político peruano.218 Es decir, planteamos que para los partidarios del neoliberalismo en el país andino, la democracia pasó a ser un aspecto secundario. Además, el contexto de una sociedad que visualizaba el sistema democrático fracasado, tanto para contener la subversión como para resolver la agobiante crisis económica, creó las condiciones para que la solución autoritaria se terminara de configurar. El inicio del «fujimorato» simbolizó esta concepción desechable de la democracia en un país al borde del colapso. Y en medio del vacío de poder, el proyecto neoliberal se abriría camino. A partir de las movilizaciones populares encabezadas por Mario Vargas Llosa contra la estatización de la banca, la Confiep se convirtió en un importante referente político convocando y participando en las movilizaciones callejeras contra la medida del gobierno. Durante los meses álgidos de las protestas contra el régimen del Partido Aprista Peruano se configuraron en el gran empresariado tres aspectos políticos-ideológicos, todos estrechamente vinculados entre sí: la importancia de su actuación política y, por ende, de la unidad del sector; la constitución de la doctrina o proyecto político-económico del gran empresariado asociado al neoliberalismo; y el «orgullo empresarial» que dejaba atrás las culpas por ser ricos. A pocas semanas de iniciado el conflicto por la estatización de la banca el presidente de la Confiep, Ricardo Vega Llona, arengaba a sus colegas conminándolos a «cambiar de mentalidad para que dediquen algunas horas del día al fortalecimiento de la actividad gremial y nos guste o no nos guste, debemos ubicarnos en 218



Aquí nos remitimos al clásico trabajo de Julio Cotler, Clases, Estado y nación en el Perú. Lima: IEP, 1978. Para un análisis de la coyuntura política de fines de los ochenta, Julio Cotler, «Los partidos políticos y la democracia en el Perú», en Luis Pásara y Jorge Parodi (Eds.), Democracia, sociedad y gobierno en el Perú. Lima: Centro de Estudios de Democracia y Sociedad, 1988. Una perspectiva de conjunto sobre el sistema político peruano, en Murakami, op. cit.

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alguna posición para entrar a colaborar de una manera u otra en política».219 Detrás de estas declaraciones se incubaba una crítica al conjunto del sistema político peruano, es decir, a los partidos políticos por incapaces, según ellos, de representar los verdaderos intereses de los peruanos; y al gobierno por conducir al despeñadero la economía y la sociedad, pavimentando el avance de la guerrilla. Así, ante el vacío de poder producto del fracaso de los organismos intermedios de representación, el accionar político de la Confiep era visualizado como una necesidad histórica cuya urgencia se relacionaba con las dramáticas horas que vivía Perú. Asumida su condición de actor político, la confederación aceleró la búsqueda de un perfil programático que, como hemos visto, desde antes del 28 de julio de 1987, se estaba inclinando al neoliberalismo. Semanas después de esa fecha, la Confiep adhería a la llamada «Declaración de Arequipa», cuyo contenido señalaba el inicio de la maduración del nuevo consenso ideológico en el sector privado peruano, echando las bases del ansiado «proyecto nacional de desarrollo» que la multigremial venía planteando desde su fundación en 1984. Sin embargo, la metamorfosis del empresariado peruano también implicó reconsiderar su papel en la sociedad. A partir de una autovaloración de su actividad, el sector buscó legitimar un nuevo paradigma, autoasignándose un papel fundamental en el presente y futuro de Perú, ocultando sus intereses corporativos detrás de planteamientos «nacionales» y «sociales». En ese contexto debe entenderse que la programática «Declaración de Arequipa» terminara remarcando la «función social» de la empresa privada. En los meses siguientes, la Confiep profundizó estos aspectos refundacionales de los que surgió la nueva cultura política empresarial que los hizo protagonistas de las futuras y cruciales coyunturas políticas de Perú.220 El año 1988 se caracterizó por la agudización de la crisis económica cuyos primeros vientos habían soplado desde el año ante219



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El discurso de Ricardo Vega Llona ante la Asociación de Dirigentes de Ventas (ADV), en Presencia N° 9, agosto de 1987, p. 18, y la declaración pública de la Confiep, en ibíd., p. 2. Sobre la nueva vocación política de la Confiep, ver el editorial de Presencia N° 10, de septiembre de 1987. Sobre la «revuelta empresarial» contra la estatización de la banca, ver Presencia, octubre de 1987. Edición especial.

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rior. La inflación saltó a los cuatro dígitos, la economía se contrajo, estalló la cesantía, se acababan los ahorros fiscales y todo parecía conducir al abismo. A través de sucesivos «paquetazos» el gobierno de García intentó detener la crisis, pero no fueron lo suficientemente radicales como para lograrlo, sumando fracaso tras fracaso. Asimismo, fue cuando Sendero Luminoso, acosado por el ejército en sus bases rurales, decidió desarrollar sus actividades terroristas en las ciudades, especialmente en Lima, acentuando la sensación de crisis total en la sociedad peruana.221 En este contexto, la Confiep, asegurada la unidad gremial gracias al adverso panorama político, profundizó las críticas al sistema político peruano y ahondó su programa neoliberal. Además, decidida a ser un factor político fundamental en el proceso peruano, buscó conocer otras experiencias de empresarios en política. Así, en ese momento comenzó un fluido intercambio con sus pares chilenos a los que veía como un modelo exitoso de empresarios en política. Finalmente, estuvieron en constante pugna con el gobierno, que los culpó de los fracasos y costos sociales que traían aparejados los fallidos «paquetazos».222 Si bien es evidente que tanto la trayectoria política como la evolución ideológica del gran empresariado peruano durante la década de 1980 respondió a la realidad del país, ellos mismos fueron pioneros en mirar al exterior en búsqueda de otras experiencias de desarrollo económico. Por razones ideológicas y cercanía física, fue casi natural el encuentro con sus pares chilenos. De esta forma, a mediados de 1988, cuarenta grandes empresarios peruanos, encabezados por el presidente de la Confiep, Rafael Villegas, y su predecesor, Ricardo Vega Llona, asistieron al Primer Encuentro Empresarial Peruano-Chileno, organizado por la CPC chilena y la Cámara de Comercio Chileno-Peruana. En una reunión abierta con el general Pinochet, Villegas declaró su admiración por el modelo político chileno y la intención de la Confiep de estrechar vínculos con los empresarios chilenos.223 El menosprecio al sistema democrático que de acuerdo a la experiencia peruana era el respon

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Una descripción detallada de esta coyuntura en los citados trabajos de Crabtree, Durand y Murakami. Sobre el conflicto entre la Confiep y el gobierno durante 1988, ver por ejemplo Presencia N° 21, agosto-septiembre 1988. pp. 2 y ss. La Nación, 8 de julio de 1988, p. 1.

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sable de la crisis que vivía el país se encontraba presente también en su precandidato presidencial Mario Vargas Llosa. Entrevistado por la prensa chilena en los mismos días que la delegación de la Confiep se encontraba en Chile, el escritor reiteraba sus críticas al régimen militar del general Pinochet por ser antidemocrático, pero también planteaba una concepción economicista de la libertad y la democracia, señalando que «para perfeccionar la democracia, propiciamos una difusión masiva de la propiedad, porque no basta solo la libertad […]; la libertad política no basta para mantener una democracia y que es importante que tenga el complemento de la libertad económica».224 Para un régimen militar como el chileno, ansioso de recibir respaldos internacionales, las declaraciones del escritor fueron ampliamente bien recibidas. Así, la visita de la delegación peruana, titular en la prensa oficialista chilena, unida a las declaraciones de Vargas Llosa, pasaban a formar parte de la campaña pinochetista para eternizarse en el poder y legitimar el modelo económico. En cambio, para los empresarios peruanos constituía la posibilidad de conocer un modelo de desarrollo que consideraban exitoso, lo que venía a ratificar su compromiso ideológico con el neoliberalismo. En este punto es necesario hacer una digresión. En Perú se ha discutido sobre las similitudes entre la dictadura militar chilena y la modalidad autoritaria de implantación del neoliberalismo en su país. De hecho, a fines de los ochenta, cuando arreciaba la crisis económica y Sendero Luminoso parecía asediar las ciudades, surgió, entre algunos círculos políticos limeños, la tesis de la necesidad de un «Pinochet» peruano.225 Desde nuestra perspectiva, compartimos que los casos de Pinochet y Fujimori son contrastantes, tanto por las diferencias de contextos en que asumieron como por las características de sus gobiernos.226 Incluso, en el caso chileno, los empresarios fueron objetos del nuevo modelo, más que sujetos protagonistas de su génesis y construcción. En cambio, en Perú, el gran empresariado fue un actor relevante para lograr la nueva hegemonía neoliberal. Sin embargo, nos parece que el contacto entre la Confiep y la CPC fue importante para los peruanos porque se constituyó en un espejo que dio sustento histórico a las tesis que El Mercurio, 10 de julio de 1988. Cuerpo D, pp. 1-2. Durand, Riqueza económica, pobreza…, op. cit., p. 325. 226 Durand, «Las nuevas elites del poder:…», op. cit., pp. 75-76. 224 225

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venían desarrollando en su país. Chile y su «modelo» eran la demostración fáctica de que una nación con menos recursos que Perú podía dar el salto hacia el desarrollo mediante la libre empresa. En el fondo, la idealización del caso chileno, divulgada por los propios empresarios peruanos, fue un factor gravitante para obtener legitimidad dentro del país. Por ello, más que copiar mecánicamente una experiencia, la Confiep se sintió llamada a imitar, en su propia realidad política, económica y cultural, el papel preponderante que jugaban los empresarios chilenos. En el III Congreso de la Empresa Privada, el gran empresariado peruano, junto con las medidas de largo aliento, también se ocupó de las de corto plazo para subsanar los problemas del país. Benami Grobman Tversqui, dirigente de la Confiep, enfatizaba la convicción empresarial de la necesidad de aplicar una política de shock en Perú. Las medidas urgentes que se proponían eran detener la inflación a través de una fuerte contracción del gasto; reinsertarse en la comunidad financiera internacional, reprogramando deudas para obtener recursos frescos; devaluar el peso ante el dólar; disminuir impuestos a las exportaciones; y convocar a los trabajadores a no realizar huelgas.227 De esta manera, la Confiep se adelantaba varios meses a las polémicas propuestas del candidato presidencial del Fredemo, Mario Vargas Llosa, quien, en el marco de las elecciones presidenciales de 1990, declaró taxativamente que aplicaría este tipo de medidas para resolver la hiperinflación que asolaba al país. Esto demuestra la importancia genética que tuvo la Confiep y el gran empresariado peruano en la propagación y posterior implementación del modelo neoliberal en Perú. El año 1989 se inició con pésimos indicadores económicos heredados del año anterior. Ante el crítico estado de la economía, Alan García se rehusó a aplicar una política de ajuste radical, optando por medidas gradualistas que se mostraron incapaces de revertir el descalabro del país.228 Así, los intentos de reactivación económica, de control de la inflación fijando algunos precios y

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Empresa privada. Presente y futuro. Lima: Confiep, 1989, pp. 144 y ss. Ver Carlos Parodi, op. cit., pp. 218-219. Las razones de la decisión de García fueron de índole político-electorales, de cara a las elecciones municipales y presidenciales, junto al temor del aumento de las protestas populares. Ver Martín Tanaka, Los espejismos de la democracia. Lima: IEP, 1998.

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altas tasas de interés, fracasaron, profundizando la crisis económica, ahora con el agregado del agotamiento de las reservas fiscales que llevaron a hipotecar el futuro económico del país. Además, el gobierno y el propio presidente se vieron involucrados en actos de corrupción, lo que acentuó la caída de la popularidad de la maltrecha democracia peruana. Por su parte, Sendero Luminoso profundizó su estrategia de trasladar su «guerra popular» a las ciudades a través de «paros armados» y atentados dinamiteros, convirtiendo a Lima en el escenario más importante de la guerra.229 En este contexto, durante 1989, la Confiep fue el motor ideológico del proyecto neoliberal en Perú cuyo vocero y candidato presidencial fue Mario Vargas Llosa. La tesis principal para el período señalaba que el origen de la crisis que vivía el país no era coyuntural sino estructural, producto de décadas de intervencionismo del Estado. Por lo tanto, era fundamental realizar un cambio drástico del modelo de desarrollo peruano, sustituirlo por el proyecto neoliberal y, junto con ello, promover un cambio cultural en la sociedad para ganar su adhesión a este. Asimismo, era esencial lograr la «pacificación» del país para enmendar el rumbo de la economía. En estas tareas el empresariado debía jugar un papel destacado para salir de la crisis, autoasignándose la Confiep un perfil mesiánico alentado por el colapso de los proyectos alternativos al neoliberalismo, la caída del Muro de Berlín y el dogmatismo de sus certezas ideológicas neoliberales. Así, durante la campaña electoral la Confiep actuó como una especie de partido político en que se apoyó el candidato presidencial del Fredemo para el despliegue y financiamiento de su costosa campaña presidencial. Además, fue el referente ideológico más afín al candidato y decidido partidario de la tesis neoliberal de ajuste estructural. Estas medidas estaban contempladas en su programa denominado «Nuevo Testamento» que incluía los siguientes puntos: reducción de los impuestos a las empresas, flexibilización laboral, recorte del gasto, privatizaciones de empresas del Estado, promoción del crédito al sector privado, fin de las trabas burocráticas a la actividad empresarial, tipo de cambio realista no fijado por el Estado, reducción de los aranceles a las importaciones, alza 229



Teodoro Hidalgo Morey, Sendero Luminoso. Subversión y contrasubversión. Historia y tragedia. Lima: Aguilar, 2004, pp.154 y ss.

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de las tasas de interés y una política de inversiones «eficientes», asimilando estas como las realizadas por el sector privado en oposición a las supuestamente ineficientes efectuadas por el Estado.230 Al igual como ocurría con sus pares chilenos en ese mismo año, si bien la propuesta económica estaba bien articulada y ahondaba en detalles técnicos, el plano político estaba escasamente desarrollado. Esto no dejaba de ser contradictorio si consideramos las palabras del presidente de la Confiep, Miguel Vega Alvear, quien reconocía que el conjunto de la propuesta neoliberal pasaba por un cambio político. Desde nuestra perspectiva, el mundo empresarial estaba confiado en que, dada la situación desastrosa que vivía el país, el triunfo de su candidato sería arrollador. Por ello, la tentación autoritaria se alejó no por sus convicciones democráticas, sino porque la coyuntura política no la hacía necesaria. El cálculo político de los empresarios permitía esperar unos meses, tomando en consideración un aspecto siempre presente en sus reflexiones relacionado con la necesidad de obtener un alto grado de legitimidad y soporte político en torno al nuevo consenso neoliberal. El apoyo que indicaban las encuestas para Vargas Llosa cumplía a cabalidad este objetivo en un contexto latinoamericano y mundial en que las democracias liberales se terminaban por imponer sobre las dictaduras militares y el «socialismo real».231 Así, con el respaldo popular, la «nueva derecha» generaría una nueva institucionalidad política, funcional al despliegue a largo plazo del modelo neoliberal. Por ello, el empresariado peruano, al igual que el chileno, se convirtió en un actor político dogmático en lo económico, pero aparentemente pragmático en lo político, relegando la democracia a un aspecto secundario. Esto explica que tras la derrota de Vargas Llosa, la Confiep rápidamente se entendiera y colaborara con Alberto Fujimori.

Cada uno de estos puntos venían desarrollados en textos de corte técnico, pero accesible para lectores con mediana formación política. Ver las ediciones de Caretas, 23 de enero, 30 de enero, 6 de febrero, 13 de febrero, 20 de febrero, 27 de febrero, 6 de marzo, 20 de marzo y 27 de marzo de 1989. 231 A fines de 1989, Salvador Majluf, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SIN) de Perú, declaraba en Chile que «sin dudas» Mario Vargas Llosa triunfaría en las elecciones de 1990. Ver El Diario, 24 de noviembre de 1989. p. 19. 230

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En 1990, el nuevo presidente de la Confiep, Jorge Camet, al igual que su antecesor, puso a la multigremial al servicio de la campaña de Vargas Llosa, quien, todavía en el verano de 1990, encabezaba las preferencias en las encuestas de cara a los comicios presidenciales de abril.232 El ajuste estructural y la política de shock anunciada por el candidato del Fredemo se instalaron como uno de los tópicos fundamentales de la campaña. El gran empresariado defendió la aplicación radical de estas medidas, colocándose en el sector más recalcitrantemente neoliberal del espectro político peruano. A pesar del estrecho triunfo de Mario Vargas Llosa en primera vuelta y su posterior derrota en la segunda, la Confiep igualmente celebraría. Gracias a su pragmatismo político, al día siguiente de confirmado el triunfo de Alberto Fujimori, el nuevo presidente fue rodeado por los intelectuales orgánicos de la «nueva derecha», encabezados por Hernando de Soto, y fue rápidamente convertido al neoliberalismo en sus versiones más radicales. Se iniciaba así un largo romance entre el gran empresariado peruano y el nuevo jefe de Estado. Años más tarde, al romperse esta relación, dejaría como legado para el nuevo siglo la proyección del modelo de desarrollo neoliberal.

Epílogo: los empresarios y la democracia en Chile y Perú: una relación instrumental Luego de revisar las trayectorias del gran empresariado peruano y chileno en el segundo lustro de la década de 1980 es posible plantear algunas conclusiones. En primer lugar, en ambos países los estudios sobre el comportamiento político de los empresarios han resaltado tradicionalmente su pragmatismo y capacidad de acomodo a distintas coyunturas políticas. Sea por cerrados intereses corporativos –especialmente en el caso de Perú– o por supuestos compromisos con el desarrollo nacional y la democracia –como se 232



Como es sabido, recién en marzo, a un mes de la elección, Alberto Fujimori Fujimori, un outsider, subió en las encuestas. Producto de la franqueza neoliberal de Mario Vargas Llosa, el centro y la izquierda apoyaron al desconocido Fujimori en la segunda vuelta y lo consagraron nuevo presidente de Perú. Esta crucial coyuntura de la historia reciente de Perú ha sido ampliamente investigada y analizada. Un resumen de las principales tesis que se han planteado en Murakami, op. cit.

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ha dicho para el caso de Chile–, los grandes empresarios habrían podido enfrentar exitosamente distintas coyunturas políticas, sorteando cuestionamientos e, incluso, fortaleciéndose gracias a ellos. La fase que hemos analizado en este trabajo se caracterizó porque en los dos países el gran empresariado se enfrentó a una realidad política, económica y social que anunciaba o consolidaba profundos cambios. Por este motivo, podemos considerar que en ambos casos este fue un período fundacional para el desarrollo ideológico de las elites empresariales cuyo principal componente se relacionaba con el nuevo consenso ideológico en torno al paradigma neoliberal. De esta manera, en el segundo lustro de los ochenta, el supuesto pragmatismo empresarial quedaba en tela de juicio ante la aparición de una nueva convicción ideológica que, a la luz de los años siguientes, había llegado para quedarse. El convencimiento dogmático de que el modelo económico neoliberal era la única alternativa para continuar «la senda del progreso» (como en el caso de Chile) o para «salir de la crisis» (como en el caso de Perú), caracterizó la nueva cultura política del empresariado peruano y chileno. Así, el supuesto pragmatismo político del sector era reemplazado por una opción proyectual genéticamente ligada al modelo neoliberal. En segundo lugar, este pragmatismo solo surgió en un segundo nivel del análisis político realizado por los grandes empresarios. Es decir, el núcleo ideológico no transable era el «nuevo credo» neoliberal. Lo que se podía negociar era el tipo de régimen político, autoritario o democrático, siempre y cuando se respetaran las «reglas del juego», es decir, la liberalización de la economía. Esto explica que, en el caso chileno, el empresariado se resignara ante el fin de la dictadura, aunque influyendo en cómo debía ser la nueva democracia y que, en el caso de Perú, en medio del desprestigio popular del régimen democrático derrotado en las elecciones presidenciales de 1990, no haya tenido problemas en olvidarse de su antiguo líder y convertirse en uno de los principales baluartes del régimen de Alberto Fujimori. Por este motivo, la nueva cultura política empresarial implicó una relación instrumental con la democracia, la que quedaba supeditada a la necesidad de mantener intacto el modelo económico. Es decir, la disyuntiva democracia o dictadura pasó a depender de

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cuál mostraba mayor eficiencia para asegurar la implementación y/o continuidad del modelo económico neoliberal. Para los chilenos, la «democracia protegida», legada por el régimen militar al nuevo gobierno civil, fue la denominada «jaula de hierro» de un régimen que apenas podía disimular las fuertes continuidades autoritarias del período anterior. En Perú, cuando Fujimori ejecutó el autogolpe de abril de 1992 que implicó el fin de la democracia peruana, la Confiep fue la principal organización no estatal –además del partido fujimorista– que apoyó públicamente la medida. Fue así como el gran empresariado de estos países concretó su aspiración de convertirse en un actor político relevante en sus respectivas naciones. Su importancia fue tal, que en la década de 1990, se dijo en Chile que constituía un poder fáctico fuera del control de las instituciones democráticas. El origen de este fenómeno lo hemos tratado de rastrear en este trabajo.233 Por otra parte, es conocido que, desde fines de los ochenta, en Perú se insistió en la necesidad de imitar el modelo político y económico del régimen militar chileno. El apoyo público de Mario Vargas Llosa a Hernán Büchi, candidato del continuismo en 1989, colaboró a popularizar esta idea. Cuando unos años más tarde, Alberto Fujimori optó por la vía autoritaria para terminar de imponer el modelo neoliberal en el Perú, nuevamente las comparaciones surgieron. Evidentemente, las diferencias entre ambos son notables, tanto por sus tradiciones históricas, culturas políticas específicas, estratificaciones sociales, composiciones étnicas e, incluso, particularidades geográficas. Por lo mismo, no es pertinente hacer traslados mecánicos de las experiencias chilena y peruana. Sin embargo, las conexiones entre ambos empresariados fueron públicas. Producto de las dramáticas diferencias de contexto político en que se produjo este encuentro, fueron los peruanos los que recogieron con admiración el caso de sus pares chilenos. En ese sentido, es posible afirmar que para los peruanos la trayectoria chilena fue importante para reafirmar sus propias convicciones políticas e ideológicas. Por lo mismo, fue parte del aliciente internacional que ayudó a consolidar la búsqueda de una alternativa posible ante el descalabro que el país vivía a fines de los Sobre los empresarios como «poderes fácticos» durante la década de los noventa, Genaro Arriagada, Los empresarios y la política. Santiago: LOM ediciones, 2004.

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Rolando Álvarez Vallejos

ochenta. Por este motivo, las similitudes ideológicas y del accionar, en ambos casos, no deben considerarse casualidad, ya que el traspaso de experiencias existió, manteniéndose una relación que se tradujo en invitaciones cruzadas desde fines de los ochenta hasta entrada la década de los noventa.234 Así, al contrario de lo que se ha señalado, estimamos que a partir de mediados de los ochenta el gran empresariado peruano tuvo un carácter proyectual y largoplacista. A contrapelo de la estructural inestabilidad política de Perú, el país ha logrado prolongar la fórmula neoliberal, incluso luego de la salida del poder de Fujimori. Al igual que en Chile, el nuevo consenso económico permitió que los regímenes democráticos del siglo XXI (presidentes Toledo y García) dieran continuidad a las fórmulas económicas monetaristas. Pero esta mirada de largo plazo es posible detectarla desde mediados de los ochenta en el marco de la peor crisis política, económica y social de la historia de Perú. Y en esa tarea, el gremio patronal jugó un papel decisivo. Paralelamente, en Chile, detrás de las declaraciones formales y tras la mascarada de un discurso supuestamente nacional, en la década de los noventa siguió preocupado de sus intereses corporativos, obstaculizando cualquier alternativa de profundización democrática que pusiera en riesgo el nuevo orden neoliberal.

Al respecto, ver las conferencias de Hernán Büchi en Perú durante 1991 en Reflexiones para el desarrollo. Boloña & Büchi. Estrategias del cambio. Lima: Agenda 2000 Editores, 1991.

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La transición auto-contenida Elites políticas y reformas constitucionales en Chile (1990-2010)

Claudio Fuentes S.235

Una Constitución define las normas básicas de convivencia política en una sociedad. Establece los poderes que tendrá el gobierno, pero al mismo tiempo considera restricciones a este, define derechos y deberes, asigna responsabilidades e introduce los principios básicos de la convivencia en una sociedad. Son estas razones las que han llevado a los estudiosos a poner atención a las siguientes preguntas centrales: ¿cómo, quiénes y bajo qué inspiración establecen una Constitución? ¿cuáles son los efectos sociales y políticos de las normas constitucionales?, y ¿cuáles son los factores que determinan un cambio en las reglas del juego? Este trabajo tiene por objeto explicar la dinámica política asociada al cambio constitucional verificada en los últimos 25 años. El caso resulta anómalo en el contexto latinoamericano por cuanto se trata de uno de los pocos países donde se mantuvo un esquema constitucional diseñado en dictadura. Es decir, mientras en la mayor parte de los casos de democratización se han dado procesos de participación mediante los cuales la ciudadanía se ha expresado sobre el pacto constitucional fundante, en el caso de Chile ha correspondido a la elite negociar las condiciones institucionales en que funcionará el proceso democrático. En el período 1988-2010 se observa un proceso incremental de transformaciones. Luego de derrotado el general Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988, se introdujeron reformas parciales a la Constitución, acordadas entre el régimen militar y la entonces opo Académico de la Facultad de Ciencias Sociales e Historia de la Universidad Diego Portales y director del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO), de la misma universidad. Este artículo forma parte del proyecto Fondecyt Nº 1100255. El autor agradece la asistencia de José Saldaña en la recopilación de información que sirvió para este artículo y los comentarios de Augusto Varas a una versión anterior de este trabajo. Asimismo, los comentarios editoriales de Consuelo Figueroa fueron muy relevantes para la presentación final de este.

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sición (1989); luego, entre 1990 y 2000, se volvieron a introducir cambios parciales; y, finalmente, se estableció un acuerdo político entre la Concertación y la oposición de derecha, en 2005. En, prácticamente, la totalidad de los casos, dichas reformas aludían a la cuestión de los enclaves autoritarios. Es decir, entre 1988 y 2005, la política de las reformas constitucionales giró básicamente en torno a eliminar los enclaves con el objetivo de cerrar la transición. Después de 2005 se inició un nuevo ciclo cuando los actores políticos colocaron, con mucha mayor vehemencia, cuestiones relativas al régimen político, relaciones de poder vertical Estado-ciudadanía e, incluso, el debate acerca del establecimiento de una «nueva Constitución». Así, como observaremos en este trabajo, pese a que el equilibrio de fuerzas no cambia, se advierten nítidamente dos ciclos políticos: de 1988 a 2005, centrado en los enclaves autoritarios; y, de 2006 hasta la fecha, en la profundización de la democracia. La supresión de gran parte de los enclaves autoritarios en 2005 no solo abrió una nueva agenda de reformas, sino también una discusión sobre la verdadera naturaleza del acuerdo constitucional. Según esta visión, una vez suprimidas aquellas instituciones autoritarias se establecería un nuevo escenario institucional. En palabras del ex presidente Ricardo Lagos al verificarse el acuerdo de 2005: «Chile cuenta desde hoy con una Constitución que ya no nos divide, sino que es un piso institucional compartido, desde donde seguir perfeccionando nuestra democracia». Agregaba que «Chile merecía y merece una Constitución democrática, de acuerdo a los actuales estándares internacionales de la democracia en el mundo, y eso es lo que el Congreso pleno ha aprobado hace algunos días y que hoy hemos procedido a firmar».236 Ahora bien, uno de los problemas que plantea esta secuencia es que no quedan claros los factores que motivaron esta estrategia por parte de los actores políticos que asumieron el poder en 1990. La principal, y más recurrente explicación, es que las condiciones políticas rápidamente acotaron las ambiciones del nuevo gobierno democrático. Al carecer de una mayoría suficiente en el Congreso, se habría optado por una estrategia «pragmática» en donde solo 236

Discurso del presidente de la República, Ricardo Lagos, 17 de agosto de 2005. En «Con discurso político, Lagos firma nueva Constitución», La Tercera, 18 de agosto de 2005.

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se realizarían propuestas con posibilidad de ser aprobadas en el Congreso. La política de hacer cosas «en la medida de lo posible». Esta interpretación de costo/beneficio es insuficiente, pues sabemos que los actores políticos no siempre realizan cálculos estratégicos. Muchas veces se mueven por compromisos ideológicos y/o percepciones respecto del entorno que los llevan a propiciar iniciativas, incluso, sabiendo que no serán aprobadas. Tal explicación tampoco aclararía por qué después de 2005 –con un mismo balance de fuerzas– se produjo un nuevo ciclo prorreformista. Con el propósito de explicar la dinámica o ciclo político de autocontención de la etapa transicional (1988-2005) y el activismo posterior (2006 a la fecha) planteamos, como argumento, que la elite política concertacionista habría establecido, desde muy temprano, que el único modo posible de salir de la dictadura era a partir de la aceptación de las reglas del juego. Ello, unido al balance de poder que favorecía a la derecha en el Congreso y a posturas cautelosas de la dirigencia política de la Concertación, contribuyó a definir un marco restringido de opciones de reforma institucional que se limitó, principalmente, a la supresión de los enclaves autoritarios. Es en ese contexto que la cuestión de la «democratización» pasó a convertirse, básicamente, en la supresión de los enclaves heredados de la dictadura, dejando fuera de discusión temas sustantivos asociados a la vinculación Estado-partidos-sociedad, los mecanismos de representación y la transformación de los balances de poder en un país caracterizado por su desigualdad. El «orden» primó sobre la agenda democratizadora. El acuerdo unánime de eliminar los enclaves autoritarios postergó las divergencias intracoalicionales asociadas a los modelos de democracia que compiten en la centroizquierda chilena. En 2005, superada esta cuestión, emergió «sorpresivamente» una nueva agenda de democratización haciendo cada vez más evidentes las diferencias sustantivas en torno al modelo de sociedad democrática que aspira dicha coalición.

Dinámicas de reforma y democratización La politología ha abordado la cuestión constitucional observando, principalmente, el impacto del diseño institucional en la estabi-

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lidad, eficiencia o eficacia del sistema.237 Los debates sobre régimen político, balances de poder Ejecutivo-Legislativo y sistemas electorales han puesto acento en este tipo de interrogantes. Existe, sin embargo, una pregunta anterior sobre los factores que explican las dinámicas políticas asociadas a la cuestión constitucional. ¿Por qué en algunas sociedades la cuestión constitucional permea al conjunto del «pueblo» mientras que en otras queda relegado a un grupo relativamente minoritario de actores de la elite? En América Latina la cuestión constitucional ha estado en el centro de la política en las últimas décadas. Contrariando la idea, ampliamente difundida respecto de lo costoso de las reformas constitucionales, Gabriel Negretto ilustra la intensidad del reformismo en la región.238 En la mayoría de los casos, las elites políticas en el poder han promulgado nuevas constituciones en contextos democráticos, a partir del establecimiento de asambleas o convenciones constituyentes. Por lo general, los países que enfrentaron altos niveles de conflictividad social (guerras civiles) y política (dictaduras) generaron, una vez que retornaron a la democracia, nuevas reglas de juego refrendadas por la ciudadanía en un marco democrático. Costa Rica, México y Uruguay se encuentran en una situación distinta. Los dos primeros mantienen vigentes sus constituciones (1949 y 1917, respectivamente) realizando reformas vía Congreso. En Uruguay, una vez superada la dictadura, se retornó a la Constitución democrática de 1967 y, en 1996, tomó lugar la última reforma constitucional sustantiva que, por ley, requiere la aprobación ciudadana vía referendo. Existe, finalmente, un tercer grupo de países donde sus constituciones se aprobaron en contextos no democráticos. En el caso de Chile (1980) y Panamá (1972) se promulgaron en el marco de regímenes militares; Nicaragua aprobó su Constitución durante el gobierno sandinista (1987) y en Perú se hizo durante el gobierno de Fujimori (1993). En estos cuatro casos se han promovido reformas más o menos sustantivas una vez producido el retorno a la democracia.

Ver por ejemplo, Dieter Nohlen y Mario Fernández, Presidencialismo versus parlamentarismo. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1991. 238 Gabriel Negretto, «Paradojas de la reforma constitucional en América Latina». Journal of Democracy, N° 1 (1), 2009, pp. 38-54. 237



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El caso de Chile, entonces, corresponde a un grupo de países donde, efectivamente, se han realizado reformas significativas, pero solo en el marco de un debate en las instituciones representativas, esto es, sin abrirse a la ciudadanía en su conjunto. Lo anterior contradice la tendencia general. Los factores que promueven un cambio constitucional significativo suelen estar vinculados a crisis sociales y políticas de magnitud o bien a situaciones de transición a la democracia donde se redefinen, parcial o completamente, las relaciones de poder entre los actores.239 En Chile, esto sucedió, concretamente, en 1989, pero a partir de entonces respondería a lo que Bruce Ackerman definiría como procesos de reforma en tiempos «normales», esto es, cuando son los representantes de la ciudadanía quienes discuten, interpretan y reforman la Carta Fundamental. Es decir, proceden las reformas, pero sin una ratificación ciudadana.240 Esta situación no es novedosa. Los dos grandes arreglos constitucionales llevados a cabo en la historia de Chile y que organizaron la vida republicana nacional (1833 y 1925), también fueron fruto de una discusión limitada a un segmento restringido de la elite política.241 Nuestro país presenta la característica de no haber enfrentado «momentos constitucionales» como sí ha sucedido en muchos otros lugares. ¿Qué circunstancias explican, entonces, la dinámica política en torno al cambio constitucional en Chile? En este trabajo partimos del supuesto de que un proceso político requiere comprenderse en un marco histórico secuencial en que, decisiones tomadas inicialmente por los actores, impactan significativamente en el futuro. Así, los procesos sociales exhiben mecanismos de retroalimentación que marcan una senda de desarrollo histórico.242 Puesto de otro modo, las condiciones iniciales impuestas o autoimpuestas por los actores van a definir un rango de posibilidades que limitarán las opciones futuras y que harán altamente costoso revertir Negretto, ibíd., pp. 40-41. Ver, Bruce Ackerman, We the People: Foundations. Cambridge: Harvard University Press, 2010. 241 Verónica Valdivia Ortiz de Zárate, «Estabilidad y constitucionalismo: Las sombras de la excepcionalidad chilena». En Claudio Fuentes (Ed.), En nombre del pueblo. Debate sobre el cambio constitucional en Chile. Santiago: Böll Cono Sur, 2010, pp. 131-154. 242 Paul Pierson, Politics in Time: History, Institutions and Social Analysis. New Jersey: Princeton University Press, 2004, p. 21. 239 240



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decisiones asumidas como propias. El argumento patrón dependiente se ha aplicado al marco propiamente institucional (la dificultad de cambiar una institución después de establecida) como también a los mapas mentales sociales. Una vez instaurada una cierta forma de ver las cosas y resolver los conflictos, es difícil que surjan otras alternativas.243 El anterior supuesto debiera implicar altos niveles de inmovilismo. ¿Por qué, entonces, las instituciones cambian y se modifican si las fuerzas del statu quo son más resistentes? La literatura ha señalado que las «coyunturas críticas», actores claves con influencia para promover transformaciones y efectos inesperados de decisiones tomadas anteriormente, son tres de las varias explicaciones que justificarían un cambio.244 En nuestro estudio intentamos explicar secuencialmente la dinámica de cambio constitucional. Sostenemos que muy al inicio de la transición política los actores de oposición aceptaron jugar bajo reglas marcadamente limitantes de su accionar. Aquello definió un «modo de hacer las cosas» que combinaba la aceptación de las normas pre-establecidas y cierto temor a romper con la paz social en el momento de la transición. El mecanismo de decisión desde arriba marcó la transición política hasta por lo menos 2005. La «alta política» se centró en resolver el tema de los enclaves autoritarios. Determinadas coyunturas críticas (1998 y 2000, particularmente) 245 contribuyeron a crear condiciones para un nuevo pacto político reformador. Manteniendo una acotada agenda, un selecto grupo de actores definió, en forma relevante, lo que constituiría el cierre de la transición. Paradójicamente, aquella decisión de terminar con los enclaves autoritarios abrió una nueva dinámica política reformista, pero ahora sobre temas sustantivos del arreglo constitucional democrático básico de la sociedad. Se hicieron evidentes las divisiones entre los diferentes actores de la elite sobre el modelo democrático deseable y la mejor estrategia para lograr aquel objetivo. Al no existir un acuerdo básico sustantivo sobre las 245 243 244

Ídem. Pierson, op. cit. Me refiero al arresto del general Pinochet en Londres en octubre de 1998 que redujo los conflictos entre civiles y militares, y a las elecciones de 2000 que permitieron a la derecha obtener un importante triunfo electoral en el Congreso y, por muy pocos votos, perder las elecciones presidenciales, quedando en una posición expectante.

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normas constitucionales dentro de la dirigencia, se abrió camino a un nuevo ciclo de disputa política transformadora.

La democracia autocontenida: el ciclo 1988-2005 Tres son los determinantes que potencialmente podrían explicar la forma cómo la elite política habría actuado desde el retorno a la democracia. Sus reacciones y estrategias dependerían de: (a) las condiciones institucionales y políticas para avanzar reformas; (b) el marco normativo que establecía un sentido común entre los actores; y (c) la evidencia de ciertas diferencias ideológicas que estarían marcando a la coalición. Eventualmente, podría darse una combinación de estos tres elementos. En relación al primer aspecto, la principal característica de la transición chilena fue el temprano reconocimiento de la elite opositora a la dictadura de que la única opción dependía de aceptar las reglas del juego impuestas por esta. Aquello definió el curso de los acontecimientos futuros y el marco de posibilidades de reforma. Ya en 1984, algunos sectores de la entonces oposición a la dictadura discutían sobre la mejor estrategia para terminar con ella (confrontación vs. negociación). En esa ocasión, Brunner planteó que parecía razonable una estrategia dual de confrontación amplia social y de apoyo al diálogo político con el gobierno para buscar salidas institucionales a partir de «un pacto constitucional y un plan de transición».246 Para Rafael Otano, la coyuntura clave también se dio en 1984 cuando el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH) convocó a un seminario para discutir si era posible salir de la dictadura en el contexto de la propia Constitución.247 En esa oportunidad, tanto Francisco Bulnes como Patricio Aylwin se inclinaron por evitar el debate sobre la legitimidad/ilegitimidad de la Constitución y encontrar una fórmula que, aceptando las reglas del juego, permitiera realizar una reforma.248 En palabras de Aylwin:

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José Joaquín Brunner, Notas para una discusión sobre la situación actual y su perspectiva. Archivo personal, 1984, p. 7. Rafael Otano, Crónica de la transición. Santiago: Planeta, 1995, pp. 18-19. Otano, ibíd, pp. 18-21.

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La única ventaja que tiene él [Pinochet] sobre mí a este respecto es que la Constitución –me guste o no– está rigiendo. Este es un hecho que forma parte de la realidad y que yo acato. ¿Cómo superar este impasse sin que nadie sufra humillación? Sólo hay una manera: el eludir deliberadamente el tema de le legitimidad.249

En el «Acuerdo Nacional para el tránsito pacífico a la democracia», documento suscrito por una amplia variedad de fuerzas políticas de oposición y algunos liberales partidarios del régimen militar (agosto de 1985), todavía era ambigua la aceptación de la Constitución. De hecho, el texto proponía «un acuerdo constitucional sobre las bases fundamentales del ordenamiento político democrático».250 Sin embargo, un grupo de juristas signatarios de este manifiesto siguió trabajando y, en abril y septiembre de 1986, dieron a conocer dos nuevos documentos: «Proposición para una reforma mínima de la Constitución de 1980» y «Bases de sustentación del régimen democrático. Profundización del Acuerdo Nacional para la transición a la plena democracia».251 En el primer texto se delinearon los ámbitos mínimos para aceptar la Constitución de 1980, entre ellos, la supresión del artículo 8º (que excluía el pluralismo ideológico), la ampliación del Senado y Cámara de Diputados con un sistema de elección proporcional, cambios en la composición del Tribunal Constitucional y Tribunal Calificador de elecciones, modificación en la integración del Consejo de Seguridad Nacional, flexibilización del procedimiento para reformar la Constitución, y convocatoria a elecciones libres de presidente y Congreso en forma simultánea.252 Luego del atentado a Pinochet y del desgaste producido por las movilizaciones en 1986 algunos actores de oposición se inclinaron por una transición negociada, incluyendo «la explícita afirmación

Ibíd, p. 20. Patricio Aylwin, El reencuentro de los demócratas. Del Golpe al triunfo del No. Santiago: Ediciones Grupo Zeta, 1998, p. 295. 251 El primero de ellos fue redactado por los juristas Carlos Andrade, Héctor Correa, Francisco Cumplido, Tomás Puig, Carlos Reymond y Germán Urzúa. La comisión estuvo a cargo de Sergio Molina (ver Aylwin 1998, pp. 298-299). 252 Cabe advertir que de todas estas demandas solo se logró modificar, parcialmente, la composición del Senado y la supresión del artículo 8º en la negociación posterior a la derrota de Pinochet en 1988. 249 250

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de que esa salida no puede encontrarse al margen de las condiciones creadas por la Constitución de 1980».253 En un documento enviado por Edgardo Boeninger a la directiva nacional del PDC, se reafirmaba la postura de aceptar la institucionalidad al plantear que una de las claves de la estrategia de salida de la dictadura sería «una propuesta política centrada en las reformas constitucionales mínimas necesarias para asegurar el paso a una democracia, aceptando de hecho la Constitución de 1980 como realidad vigente a partir de la cual se hacen las reformas».254 A partir de 1986 el dilema, para gran parte de los opositores, no era la naturaleza de la Constitución, sino más bien el tipo de reformas posibles de realizar en el corto plazo. De esta forma, el primer condicionamiento de la transición fue la aceptación de una norma que los propios actores de la época consideraban ilegítima, pero que, debido al contexto político, decidieron acatar. Esta aceptación establecía un marco relativamente estrecho de opciones para el futuro gobierno democrático. A ello se agregaba una fuerte cuota de pragmatismo en la visión de las nuevas autoridades que asumirían el poder con el retorno a la democracia. Edgardo Boeninger, uno de los grandes estrategas de la transición y ministro Secretario General de la Presidencia (1990-1994), sostenía que uno de los objetivos estratégicos del primer gobierno democrático post-Pinochet era la democratización de las instituciones –lo que implicaría promover, a la mayor brevedad, reformas constitucionales para eliminar los enclaves autoritarios. Sin embargo, «de proceder así, se habría producido un difícil y confrontacional debate parlamentario de alta probabilidad de rechazo, dadas las señales enviadas por Renovación Nacional en el sentido [de] que (…) ellas le parecían ahora inoportunas».255 De acuerdo a esta visión se enfrentó el dilema estratégico de establecer algunos acuerdos con la oposición en temas económicos (reforma tributaria, por ejemplo), lo que obligó a posponer la urgencia de las reformas constitucionales democratizadoras. La necesidad de establecer ciertos acuerdos básicos llevó a los actores políticos pro-

255 253 254

José Joaquín Brunner, Notas para la discusión. Archivo personal, 1986, p. 5. Aylwin, op. cit., p. 319. Edgardo Boeninger, Democracia en Chile: Lecciones para la gobernabilidad. Santiago: Andrés Bello, 1997, p. 389.

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rreforma a postergar una agenda asociada a modificar y/o cambiar la Constitución. El pragmatismo y eventual temor a conflictos políticos con los militares marcaron la agenda de la transición desde un comienzo. Ricardo Lagos entrega su testimonio en una conversación a solas con el recién asumido presidente Aylwin, en 1990, donde ambos discutieron el énfasis que debía tener el discurso que el segundo entregaría al país en el Estadio Nacional: Presidente –le planteó Lagos–, yo anunciaría un puro proyecto de ley, restituyendo las facultades presidenciales para cambiar a los altos mandos de las FF.AA., y le explicaría al país y al mundo por qué lo hace. El Presidente se sonrió, se paseó un poco por la pieza y me contestó que no le parecía conveniente hacer algo tan fuerte. Yo insistí en que nunca tendría más fuerza que en ese momento, que dejara que la derecha y los senadores designados rechazaran su primer proyecto… Pero él pensó que era mejor tomar otro camino. Prefirió partir con reformas más suaves como la municipal.256

Un dilema similar se produjo en relación a los temas de los derechos humanos donde se postergó la idea de promover el fin del decreto-ley de amnistía y se acuñó la noción de «justicia en la medida de lo posible», reconociendo la existencia de una institucionalidad heredada que no podía transformarse sin mediar un acuerdo en el Congreso. Asimismo, también se reconocía la existencia de los militares como actores de veto, formales e informales, en el sistema político, 257 lo que nos lleva a considerar la segunda argumentación asociada al temor de las elites al principio de la transición. Boeninger lo expresaba con particular nitidez: El riesgo de regresión autoritaria no había desaparecido, pero quedaba circunscrito a eventuales actos de insubordinación militar (en el Ejército, exclusivamente) del tipo de los

256



257

Patricia Politzer, El libro de Lagos. Santiago: Ediciones B Grupo Zeta, 1998, pp. 149-150. Elizabeth Lira y Brian Loveman, «Derechos Humanos en la transición ‘Modelo’: Chile 1988-1999». En Paul Drake e Iván Jaksic (Comps.), El modelo chileno. Democracia y desarrollo en los noventa. Santiago: LOM, 1999. Ver también, Claudio Fuentes. La transición de los militares. Santiago: LOM, 2006.

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que habían ocurrido en Argentina, ante los cuales el gobierno democrático pudiera quedar inerme por falta de imperio.258

Para estos actores las condiciones políticas objetivas que posibilitaban el inicio de reformas se veían limitadas, principalmente, por la ausencia de una mayoría relevante en el Congreso. Al examinar el juego de fuerzas entre la Concertación y la Alianza en el período 1990-2010 vemos un predominio de la coalición de centroizquierda en la Cámara hasta 2002, con un porcentaje cercano a 60%, y un decaimiento posterior hasta quedar prácticamente empatados en las elecciones de 2009. Respecto del Senado, se observa un leve dominio de la derecha, hasta 1998, y un leve dominio de la Concertación, a partir de 2006 (Cuadro 3 y 4).

258 Boeninger, op. cit., p. 395.

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1990-1994 1994-1998 1998-2002 2002-2006

Concert. N % 69 57,5 70 58,3 69 57,5 62 51,7 45 48,3

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16© 37†

0,8 2,5

Período

Total

Senadores electos Concertación Derecha Indep. N % N % N % 1990-1994 479 22 46,8 16 34 0 0 1994-1998 47 21 44,7 17 36,1 0 0 19984910 20 40,8 18 36,7 0 0 1998-2002 48 20 41,7 18 37,5 0 0 2002-2006 48 20 41,7 18 37,5 0 0 2006-2010 38 20 52,6 17 44,7 114† 2,6 2010-201415++ 38 20 52,6 17 44,7 1 2,6 Fuente: www.elecciones.gob.cl y www.bcn.cl

Cuadro 4 Equilibrios políticos en el Senado, 1990-2014

2006-2010 120 65 54,2 54 2010-2014 120 57 47,5 58 Fuente: www.elecciones.gob.cl y www.bcn.cl

Total

Período

Diputados electos Derecha Otros N % N % 48 40 21* 1,7 50 41,7 --47 39,2 23+ 1,7 57 47,5 ---

Cuadro 3 Equilibrios políticos en la Cámara de Diputados, 1990-2014

-1,7

65 57

54,2 47,5

Sen. designados y vitalicios Pro-Derecha Pro-Concert. N % N % 9 19,2 0 0 9 19,2 0 0 711* 14,3 412** 8,2 6 12,5 4 8,3 613+ 12,5 4 8,3 ---------

-28††

Indep. N % 12** 0,8 --24++ 1,7 15® 0,8 45,8 48,3

Balance final Concert. Derecha N % N % 22 46,8 25 53,2 21 44,7 26 55,3 24 49 25 51 24 50 24 50 24 50 24 50 20 52,6 17 44,7 20 52,6 17 44,7

55 58

Balance final Concert. Derecha N % N % 72 60 48 40 70 58,3 50 41,7 70 58,3 50 41,7 63 52,5 57 47,5

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Lo que demuestran las cifras es que ninguna de las coaliciones con representación en el Congreso podría aprobar una reforma sin contar con el acuerdo de su contraparte. Dado el requisito de quórum especial exigido para realizar cambios constitucionales, la única posibilidad era llegar a un acuerdo sustantivo entre gobierno y oposición que permitiera aprobar una reforma constitucional. En este sentido, una visión pragmática de la política hubiera aconsejado no aventurarse con reformas constitucionales, pues sabemos que al comienzo de la transición, la oposición de derecha se mostró contraria a realizar innovaciones institucionales. A este respecto, Ricardo Lagos sostiene: No me parece del todo justo decir que nos acomodamos [al poder]. Algunos pueden decir –con un alto grado de realismo– que asumimos que no teníamos los votos suficientes, una vez que Renovación Nacional dejó de estar disponible para las reformas que estaban pendientes y con las cuales se había comprometido. Otros dirán que si hubiésemos mantenido los grados de movilización social que se dieron durante la lucha previa, podríamos haber avanzado más rápido. Lo concreto es que hemos tenido una transición insatisfactoria porque no tuvimos la fuerza para imponer los cambios que habíamos esperado hacer.259

Si al inicio de la transición el gobierno optó por una definición pragmática, queda la interrogante de si aquello permeó a los actores en el Congreso. Es plausible pensar que los actores políticos no actuaran solo movidos por un cálculo racional, sino también por compromisos ideológicos o intentos de presionar a los sectores pro-statu quo a partir de propuestas de amplio alcance con la esperanza de producir algunos cambios menores. Ahora bien, si examinamos las iniciativas legislativas en materia de reformas constitucionales en el mismo período, vemos que, efectivamente, las fuerzas políticas prorreforma, independientemente de las posibilidades de éxito, buscaron dejar su testimonio legislativo. Con el fin de no distorsionar el análisis, excluimos el paquete de reformas constitucionales aprobado en 2005, que será objeto de un análisis posterior. De esta forma, si sumamos las iniciativas del Ejecutivo (en calidad de mensajes) con aquellas fuerzas

259

Politzer, op. cit., p. 159.

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en el Congreso representadas por la Concertación (como mociones), hubo siempre un intento mayoritario por promover reformas. El Cuadro 5 ilustra la existencia de una «voluntad política» de la Concertación por impulsar reformas, independientemente de su grado de éxito. Un segundo hecho relevante es que se dio un salto significativo entre el promedio total de reformas presentadas al Congreso en el período 1990-2005 y durante la administración Bachelet. En este último gobierno se presentó un promedio anual más de tres veces superior al de los gobiernos de Lagos y Aylwin, y el doble que en la administración Frei. La actividad legislativa de la Alianza, asociada a reformas constitucionales, se mantuvo constante observándose un aumento en las mociones parlamentarias transversales durante el período de Bachelet. Cuadro 5 Reformas constitucionales propuestas en el Congreso Total de mensajes del Ejecutivo y mociones parlamentarias Total N (N total) Aylwin Frei Lagos Bachelet

27 (41) 76 (91) 63 (65) 144 (144)

Promedio por año 10,25

Origen iniciativa Ejecutivo

Moción

Moción

Moción

N

Pro- Con

Pro-der

Mixta

8

10

6

3

(22,2%)

(11,1%)

24

17

(31,5%)

(22,4)

15,17

13

22

10,83

8

25

36,00

11

52

20

10

(31,7%)

(15,9%)

47

34

(32,6%)

(26,6%)

Fuente: Elaborado por el autor en base a información disponible en www.camara.cl. Se excluyó de este ejercicio el paquete de reformas constitucionales de 2005, con el fin de evitar una distorsión de los datos. Total en paréntesis refleja total de propuestas presentadas al Congreso. Sin paréntesis refleja subtotal sobre el cual se tiene información del origen de la propuesta. Moción pro-Con.: mociones promovidas por partidos de la Concertación; Moción pro-der.: mociones promovidas por partidos de derecha. Moción mixta: propuestas promovidas por una combinación de partidos.

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Sin embargo, lo que interesa conocer, para efectos de este trabajo, es quién promueve las reformas y de qué tipo de reformas se trata. El quién importa por cuanto en el sistema presidencial chileno la probabilidad de que una reforma sea aprobada depende, en un porcentaje muy alto, de la iniciativa que tenga el Poder Ejecutivo.260 Lo que observamos del comportamiento de este, en el período en estudio, es una estrategia bastante pragmática de enviar al Congreso proyectos con posibilidad de éxito, lo que se expresa en la cantidad relativamente baja de propuestas enviadas por período y el porcentaje de aprobación de las mismas. Cuadro 6. Mensajes del Ejecutivo al Congreso 1990-2010 Total

Nº aprobados

Temas aprobados (Nº proyectos)

Temas Rechazados/Archivados -Reforma electoral -Dependencia de FF AA -Poder Judicial y

Aylwin

8

1

-Mandato

defensor

presidencial

-Gobierno regional -Pueblos indígenas -Reforma municipalidades

-Elección municipal -Ministerio Público Frei

13

5

-Elimina censura -Reforma justicia -Elecciones presidenciales

260

- Reforma comprehensiva (2) -Probidad -Enclaves (Senado, Cosena) -Tribunal Constitucional -Plebiscito

������������������������������������������������������������������������� Peter Siavelis, ��������������������������������������������������������� «Exaggerated presidentialism and moderate presidents: Executive-legislative relations in Chile». En Scott Morgenstern y Benito Nacif (Edits.), Legislative Politics in Latin America. Cambridge: Cambridge University Press, 2002. Ver también, José Luis Saldaña, «Reformas Constitucionales en el Chile democrático: Análisis de tendencias 1992-2008». En Claudio Fuentes (Ed.), En nombre del pueblo, op. cit., pp. 85-112.

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-Estatuto de Roma -Educación obligatoria media Lagos

9

4

-Regiones especiales -Reforma comprehensiva (1)

-Derechos pol. (nacionalidad) -Ministerio Público -Administración regional -Sistema electoral

-Transparencia y probidad Bachelet

11

3

-Sistema electoral

-Asociatividad

-Pueblos indígenas

municipal

-Número diputados

-Fecha elección presidencial Fuente: Elaborado por el autor basado en mensajes presidenciales al Congreso.

Los temas que dominaron la agenda del Ejecutivo en este período se asociaron con la supresión de los enclaves autoritarios, el fortalecimiento del gobierno regional y zonas especiales, reforma al sector justicia, duración del mandato presidencial, reforma al sistema electoral, probidad y transparencia y, en menor medida, derechos sociales y políticos. Más adelante presentamos un análisis más detallado de los énfasis puestos en los intentos reformadores por etapa. Lo que interesa destacar aquí es que desde el Ejecutivo se optó por una agenda relativamente acotada de propuestas de reforma constitucional con posibilidad de éxito y un grupo de iniciativas más testimoniales asociadas a temas que fueron, en su oportunidad, promesas de campaña.261 La segunda dimensión que nos importa evaluar aquí es el tipo de propuestas que se buscaba materializar. Nuestra hipótesis es que existieron dos momentos políticos: el primero, de 1990 a 2005, cuando la preocupación central estuvo en temas asociados a los denominados enclaves autoritarios y, un segundo período que comienza con Bachelet, que abrió una agenda más diversa y que 261



Vale la pena advertir que en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle hubo dos intentos legislativos comprehensivos que buscaron –junto con eliminar los enclaves autoritarios– establecer un más equilibrado balance de poder entre el Ejecutivo y el Legislativo. La reforma aprobada durante el gobierno de Ricardo Lagos retomó algunos de aquellos temas como se indicará en el próximo capítulo.

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explora aspectos más sustantivos de la democracia, más allá del tema de los «enclaves». Al observar el conjunto de propuestas enviadas al Congreso por el Ejecutivo y por parlamentarios pro-Concertación (Cuadro 7) se observa que, del total de proyectos de reformas para el período 1990-2010, poco más de 56% se refería a instituciones de representación formal. Bajo este ámbito destacan aquellas referidas a las labores propias del Legislativo, reformas asociadas a distintos poderes del Estado (Fuerzas Armadas, Tribunal Constitucional, y sector Justicia) y balance de poder entre Ejecutivo y Legislativo, además de cuestiones vinculadas con poderes presidenciales, reforma constitucional, cronograma electoral probidad y estados de excepción. El segundo ámbito se refiere al reforzamiento de los derechos políticos, sociales, económicos, que representa 24,9% de la atención concertacionista en el conjunto del período. Finalmente, 17,2% de las iniciativas se refieren a cuestiones asociadas a la representación vertical (sistema electoral), reforma de partidos, grupos intermedios y reformas de participación ciudadana (instancias de participación de abajo hacia arriba). Lo interesante de observar es la evolución a lo largo de los distintos gobiernos, haciéndose evidente una marcada atención de los tres primeros a temas referidos a las tradicionales instancias de representación (con particular énfasis en los «enclaves autoritarios») y un cambio sustantivo durante el gobierno de Michelle Bachelet en que se diversifica la agenda de reformas incorporando, con mucha relevancia, propuestas referidas a estimular mecanismos de participación ciudadana, desconcentrar el poder, así como promover derechos sociales, reproductivos y medioambientales. Lo anterior comprueba una intuición que, varios autores, han indicado respecto de la transición chilena, y es que, tempranamente, la elite política pro-Concertación priorizó, de modo evidente, una agenda asociada a la supresión de los «enclaves autoritarios», evitando abrirse a un conjunto de temas directamente vinculados a la cuestión constitucional que formaban parte de una agenda de profundización democrática mayor. La agenda de reformas, hasta fines de 2005, estuvo marcada por intentar cerrar la transición, y aquello implicaba, ni más ni menos, que suprimir los enclaves au-

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toritarios –de ahí la atención principal dada a las instituciones de representación del Estado. Cuadro 7 Temas en proyectos de ley en el Congreso presentados o copatrocinados por partidarios de la Concertación 1990-2010 %

Total

Aylwin

Frei

Lagos

Bachelet

56,8

60,0

67,6

58,8

46,6

17,2

30,0

14,9

13,8

19,2

24,9

10,0

17,6

25,0

33,3

1,1

-

-

2,5

1,1

100

100

100

100

100

Reforma a balance de poderes e instituciones formales Sistema de representación, partidos, grupos intermedios, desconcentración poder central y mec. ciudadanos Derechos civiles, políticos y sociales, democracia social, Estado empresario e impuestos Seguridad ciudadana

Fuente: Elaborado por el autor a partir de mensajes y mociones presentadas al Congreso sobre un total de 213 iniciativas presentadas por partidarios de la Concertación. La especificación metodológica se encuentra en Anexo 1.

Lo anterior se hace evidente al observar, por ejemplo, el notable cambio experimentado en los énfasis de la coalición de gobierno en relación con los temas vinculados al fortalecimiento de iniciativas populares y/o ciudadanas (democracia desde abajo) y temas asociados con derechos políticos, civiles, económicos y sociales (Cuadro 8). Es a partir del mandato de la presidenta Bachelet cuando cobran peso en la coalición de centroizquierda asuntos asociados al respeto de los derechos económicos y sociales e iniciativas relacionadas con la desconcentración del poder. Desde el Ejecutivo se promovieron proyectos de reforma constitucional vinculados a derechos sociales (educación), iniciativa popular de ley, derechos de los pueblos indígenas, defensoría de las personas y derechos de aguas. Como mociones se incorporó en la 162

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agenda política de los partidarios de la centroizquierda un nutrido set de derechos que incluyeron derechos sexuales y reproductivos, medioambiente, derechos sociales, eliminación de cortapisas para que sindicalistas puedan participar en procesos político-electorales como candidatos, derechos a la conectividad digital, negociación colectiva, e iniciativas locales (plebiscitos comunales, descentralización y financiamiento municipal), entre otros. La agenda de reformas promovida desde la propia Concertación demuestra, con bastante claridad, que en el período 19902005 predominó la moderación. Parece ser que tanto los actores políticos prorreforma en el Ejecutivo y Congreso optaron por concentrarse en un marco relativamente acotado de reformas asociadas a la Constitución. Así, la estrategia definida al inicio de la transición tendió a permear el conjunto de las fuerzas políticas prorreforma, advirtiéndose una fuerte disciplina en torno al pragmatismo promovido desde el Ejecutivo y expresado en colocar únicamente en la agenda política proyectos con posibilidad de éxito legislativo. Ello explicaría el bajo nivel de iniciativas de reforma institucional más allá de los indicados enclaves hasta 2005. Cuadro 8 Temas en proyectos de ley en el Congreso presentados o copatrocinados por partidarios de la Concertación 1990-2010 Número total de iniciativas en ámbitos de derechos y balance de poder vertical de empoderamiento ciudadano y/o de regiones-municipios  

Bachelet

Total

5

7

2

2

6

2

3

7

12

4

7

5

17

Derechos civiles

2

4

3

9

Derechos sociales

3

2

4

9

1

3

2

7

Balance de poder municipios Balance de poder regiones

Aylwin

Frei

1

1

1

1

Balance de poder part. ciudadana Derechos políticos

Derechos étnicos

1

1

Lagos

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Derechos igualdad de género Derechos del niño Derechos sexuales y reproductivos

1

1

1

1

2

2

Derechos

0

económicos Derechos de

1

propiedad Derechos laborales Derechos medioambiente Derechos de información Derechos de familia  

1

2

3

3

6

6

2

2

44

85

1 4

14

23

1

Fuente: Cuadro elaborado por el autor a partir de mensajes y mociones presentadas al Congreso sobre un total de 83 iniciativas documentadas y presentadas por partidarios de la Concertación.

Las reformas de 2005: el cierre de la transición La más relevante de las reformas a la Constitución ocurrió en 2005 y de ahí la importancia de comprender la dinámica política detrás de dicha negociación, lo que nos permitirá ratificar el acotado ámbito de temas en discusión por parte de la elite de gobierno y oposición hasta ese año. Para este trabajo, nos centraremos en dos cuestiones principales: los temas en debate y los actores que participaron de la discusión. La reforma constitucional de 2005 comenzó a materializarse en marzo de 2000, luego de la disputada elección presidencial entre el candidato de oposición Joaquín Lavín y Ricardo Lagos –resultando victorioso, por un estrecho margen de votación, el segundo. El contexto político abrió una oportunidad única para iniciar un proceso de diálogo entre gobierno y oposición debido al arresto del general Pinochet en Londres, en 1998, el acuerdo polí164

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tico en torno a la Mesa de Diálogo y la disposición de las fuerzas opositoras de derecha de distanciarse de dicha figura y abrirse a una agenda de reformas sustantivas de algunos de los «enclaves autoritarios». En mayo de 2000, con motivo del discurso del 21 de mayo, el presidente Lagos hizo un llamado al país a cerrar la transición e iniciar un proceso de reformas constitucionales. Pocos días después, se contactó con el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, a quien encomendó la tarea de iniciar un proceso de debate político con la oposición en el Senado con el objetivo de concordar una agenda de reformas a la Constitución.262 A principios de julio de ese año, las fuerzas de la Concertación y de la oposición presentaron dos mociones por separado con los temas que cada coalición consideraba trascendentes. Los partidarios de la Alianza fueron explícitos en vincular el estrecho resultado en las presidenciales con el cierre de la transición. Planteaba la moción: a nuestro juicio, darle término a este período de transición nos permite responder en forma sustantiva el mensaje mayoritario que la ciudadanía nos entregó en la última elección presidencial, cual es la demanda de restablecer la paz social en el país.263

Para la Alianza, los enclaves autoritarios habían permitido un equilibrio positivo entre los poderes públicos para garantizar la estabilidad política, económica y social del país. Pasados 20 años de su promulgación, de acuerdo a ellos, se requería «perfeccionar» dicha norma adecuándola a los nuevos tiempos políticos. Por parte del gobierno, también se compartía el objetivo de cerrar la transición, aunque el propósito no era avanzar en su perfeccionamiento, sino «enmendar aquello que considera el núcleo esencial de la filosofía del Constituyente de 1980, que es la idea de una democracia protegida».264 El entonces ministro del Interior, José Miguel Insulza, sostuvo que era ciertamente indispensable abordar otras facetas de la Carta como temas de fiscalización, probidad, libertad de expresión y ampliación de la posibilidad del 264 262 263

Biblioteca del Congreso Nacional. Historia de la Ley 20.050 (2005), p. 51. Ibíd., p. 5. José Miguel Insulza, ibíd., p. 52.

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Ejecutivo de consultar la ciudadanía vía plebiscitos. Sostuvo que «estos asuntos tienen gran importancia en el perfeccionamiento de la Carta Fundamental, pero una vez que esta haya cambiado su filosofía esencial».265 Actuando bajo el supuesto de la gradualidad, tanto el Ejecutivo como la oposición acotaron su agenda de reformas a un limitado rango de temas. Esta visión fue ampliamente compartida por los senadores oficialistas y de oposición al votar la idea general de legislar en la Comisión del Senado de Constitución, Legislación y Justicia, en julio de 2000. Las dos voces parcialmente discordantes fueron los senadores Edgardo Boeninger y José Antonio Viera-Gallo. El primero planteó al Ejecutivo una posición algo distinta, al sostener que no se deberían excluir algunos temas relevantes; por ejemplo, la facultad del presidente de llamar a retiro a un oficial y la reforma a la justicia militar, indicando que el propósito debiera ser «alcanzar textos estables, que resistan plazos largos sin modificaciones de fondo». La preocupación de Boeninger era que «una vez despachadas estas reformas, nuevamente surjan voces que pidan nuevas enmiendas. Ese sería un resultado muy menguado y, en definitiva, un fracaso».266 Viera-Gallo también pidió incorporar algunos otros puntos, como la regulación de los estados de excepción, de modo de abordar temas esenciales de la Carta y que, en un escenario de triunfo electoral de la oposición, pondrían en entredicho la legitimidad democrática de determinadas instituciones.267 Las propuestas de la oposición y de la Concertación, presentadas en forma de mociones, demarcaron el límite de lo posible. El eje de la negociación se definió en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado, donde, en un primer informe (2000-2001), se discutieron ambas propuestas y se incluyeron algunos otros temas. De ahí, se solicitó un informe complementario a la misma Comisión (2002). La discusión en el Senado marcó la pauta de lo que sería el acuerdo definitivo, lo que tomó prácticamente cuatro años (julio 2000 a noviembre 2004). Tal como se advierte en el Cuadro 8, los temas en debate por parte de los principales actores quedaron acotados a un número relativamente 267 265 266

Biblioteca del Congreso Nacional, op. cit., p. 55. Ibíd., pp. 63-64. Ibíd., p. 68.

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reducido de ámbitos constitucionales y se referían, principalmente, a la eliminación de los enclaves autoritarios. Existía acuerdo entre gobierno y oposición en ampliar las atribuciones de la Cámara, incorporar temas asociados a la probidad y publicidad de actos administrativos como derecho fundamental, incorporar una reforma a los estados de excepción, ampliar las atribuciones y composición del Tribunal Constitucional, reducir el mandato presidencial, e incorporar algunos derechos civiles y políticos en la Carta Fundamental. Al final, se alcanzó acuerdo respecto de la supresión de los senadores designados y vitalicios, la reducción de las facultades de las Fuerzas Armadas y limitación de atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional.268 Los temas que generaron más polémica fueron cinco: lo relativo a la composición del Senado y la solución que se daría una vez acordada la supresión de los senadores designados y vitalicios; la fórmula para ampliar los poderes del presidente para remover a los comandantes en jefe; lo asociado a las atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional; el reconocimiento de los pueblos indígenas, en que finalmente no hubo acuerdo; y el debate sobre el sistema electoral, sin que tampoco hubiera acuerdo entre los senadores. Este último se transformó en el punto de tope para el Ejecutivo lo que, finalmente, derivó en un acuerdo político para sacar de la Constitución la mención al sistema electoral, dejando, sin embargo, el número de diputados en la Constitución, lo que implicaba una solución intermedia que obligaba a un acuerdo mayor si en el futuro se planteaba el tema de la reforma a tal sistema. La discusión en la primera comisión del Senado resultó esencial por cuanto estableció la agenda setting de lo que sería la posterior aprobación de la norma, y de ahí que sea relevante observar quiénes participaron en dicho debate. En general, la conducción política del tema fue liderada, personalmente, por el ministro José Miguel Insulza, quien intervino activamente en la reunión de la Comisión, la discusión en sala y la negociación posterior, hasta su salida del gobierno en 2004. Aunque el secretario de Estado tenía un par de asesores, la mayor parte de la resolución de los temas fue centralizada por él, con una escasa participación del subsecretario 268

Claudio Fuentes, «Elites, opinión pública y cambio constitucional». En Claudio Fuentes (Ed.), En nombre del pueblo, op. cit., pp. 45-84.

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del Interior. Adicionalmente, la Secretaría General de la Presidencia tampoco tuvo un papel relevante en esta tramitación.269 Por parte del Legislativo, los actores claves –medido en términos de la participación en los debates y presentación de indicaciones, así como de la propia percepción de los que intervinieron en las deliberaciones– fueron los senadores Edgardo Boeninger, José Antonio Viera-Gallo, Hernán Larraín, Sergio Diez y Andrés Chadwick (Cuadro 9).270 Resulta interesante observar que, pese al alto grado de indicaciones presentadas por los senadores designados (Fernández, Martínez y Vega) para mantener los privilegios de las fuerzas armadas y evitar la supresión de los senadores designados (un total de 123 indicaciones), solo cinco de ellas fueron aprobadas, aunque con modificaciones (4%), por lo que su nivel de influencia fue muy bajo. En tanto, Renovación Nacional y la Democracia Cristiana fueron los que obtuvieron, comparativamente, un mayor número de aprobaciones de sus indicaciones (35% del total de aprobadas en caso de RN y 20% del PDC). Cuadro 9 Participación en debate e indicaciones Comisión Constitución Senado (2000-2001) Partido

Nº

Indicaciones

intervenciones

presentadas

Sergio Diez

RN

57

Juan Hamilton

PDC

51

11 (con Boeninger)

José Antonio Viera-Gallo

PS

32

14 (con Flores)

25

11 (con Hamilton)

Edgardo Boeninger

PDC Designado

Hernán Larraín

UDI

22

Andrés Chadwick

UDI

21

Rafael Moreno

PDC

21

10

Entrevista con presidente Ricardo Lagos Escobar, 1º de junio de 2010, y Jorge Correa Sutil, 4 de agosto de 2010. 270 A la fecha se entrevistó al ex senador José Antonio Viera-Gallo (04/06/2010). Adicionalmente, se entrevistó a Gonzalo García (asesor del ministro del Interior 26/03/2010), Francisco Zúñiga (asesor bancada socialista, 28/05/2010), Jorge Correa Sutil (subsecretario del Interior 2000-2005, 04/08/2010). 269

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José Miguel Insulza

PS (Ejecutivo)

18

38 (Ejecutivo) 12 (con Parra)

Enrique Silva Cimma

PRSD

17

Marcos Aburto

Designado

16

Sergio Fernández

Designado

15

19

Jorge Martínez

Designado

7

41

Ramón Vega

Designado

9

30

Alberto Espina

RN

-

26

Julio Canessa

Designado

4

20

Otros Ejecutivo

Otros

16

Otros Senado

Otros

52

86

Fuente: Elaborado por el autor a partir de informe de Comisión.

El grado de centralización del proceso de toma de decisiones fue particularmente relevante. Por tratarse de una reforma compleja, las autoridades del Ejecutivo decidieron permitir que fuese en el contexto de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia donde se produjera un primer acercamiento entre ambas coaliciones. Tal como dijimos, el presidente Lagos encargó directamente al ministro Insulza la responsabilidad de darles seguimiento a los acuerdos. Algunos de los temas fueron tratados en las reuniones del Comité político de los domingos, pero, en general, la responsabilidad de seguimiento correspondía directamente al ministro del Interior.271 El ministro Insulza se hizo asesorar por dos abogados que trabajaban directamente con él en el gabinete de su ministerio. El ministro participó de la mayor parte de las reuniones de la Comisión del Senado hasta que se evacuó el primer informe de Comisión, a fines de diciembre de 2001. De acuerdo al subsecretario del Interior, el ministro concentraba los temas en directa coordinación con el presidente de la República.272 La alta centralización de este proceso en muy pocas personas queda también demostrado por la ausencia de actores externos a los poderes Ejecutivo y Legislativo en la discusión. A modo de ejemplo, en el primer ciclo de debates sobre la reforma, y que marcarían la agenda, al Ejecutivo le correspondió un rol fundamental 271 272



Entrevista a Ricardo Lagos Escobar, 1º de junio de 2010. Entrevista a Jorge Correa Sutil, 4 de agosto de 2010.

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participando de prácticamente todos los debates en el Senado (19 intervenciones). El segundo círculo de influencia lo constituyeron abogados constitucionalistas. En particular, el profesor Francisco Cumplido (ex ministro de Justicia y un actor muy relevante en la primera ola de reformas constitucionales de 1989), quien fuera invitado a la Comisión en seis ocasiones, Humberto Nogueira (cuatro intervenciones), y en un menor grado los profesores Arturo Fermandois (de la Universidad Católica) y Raúl Bertelsen. Al discutirse temas como el sistema electoral se invitó, en una ocasión, a un representante del gobierno en calidad de «experto electoral» (Mario Fernández, entonces ministro de Defensa), Carlos Huneeus, Mahmud Aleuy, Eugenio Guzmán y Ricardo Wilhem. En general, se trató de discusiones acotadas y que giraban en torno a un relativamente limitado rango de temas.

El ciclo 2006-2010: modelos de democracia en disputa Resueltos gran parte de los enclaves autoritarios, advertimos el inicio de un nuevo ciclo político. Hemos demostrado que las fuerzas prorreforma promovieron cambios en un número significativo de temas que incluían, principalmente, tres esferas: (1) reconocimiento de derechos sociales, políticos, civiles, económicos y culturales; (2) perfeccionamiento de las instituciones de representación; y (3) mecanismos para desconcentrar el poder, transfiriéndolo hacia las regiones y hacia la propia ciudadanía (Cuadro 8). La pregunta que surge se refiere a las motivaciones e incentivos de los partidos de la centroizquierda para abrirse en una agenda que, hasta ese minuto, no había sido promovida. La explicación de un eventual cambio en las correlaciones de fuerza ya fue abordada aquí. Desde el punto de vista de la viabilidad de las reformas el balance de fuerzas seguía siendo el mismo, esto es, resultaba imposible aprobar reformas sin contar con el acuerdo de la oposición. Estamos ante un escenario donde el equilibrio de fuerzas se mantiene, pero en que parecieron incrementarse los incentivos para plantear estos temas a la luz pública.

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Una segunda explicación podría hacer referencia al cambio en la composición de los actores de la legislatura, es decir, que los nuevos legisladores fueran quienes estuvieran incentivando este tipo de reformas. Sin embargo, tampoco es muy plausible, toda vez que al examinar el perfil de los parlamentarios que presentan iniciativas en el Congreso, en el período 2006-2010, solo 4,9% correspondió a la iniciativa de un legislador que estaba por primera vez en el Congreso. Otro argumento se asocia al eventual fraccionamiento de la Concertación. En un entorno político más desgastado y competitivo se evidenciarían divisiones al interior de la coalición, estimulando la disputa política en torno a cuestiones centrales como el acuerdo constitucional vigente. Sin embargo, cuando examinamos la autoría de las mociones parlamentarias, vemos una gran consistencia de alianzas. En promedio, en 63,4% de las ocasiones, los diputados y senadores de la Concertación optaron por presentar mociones de reforma constitucional en alianza con sus compañeros de coalición. En contadas ocasiones, militantes parlamentarios del PDC o de los partidos vinculados al progresismo (PPD y PS) presentaron proyectos en alianza con partidos de la oposición. Las tendencias más significativas dadas en el período de Bachelet fueron: (1) un mayor porcentaje de proyectos presentados por el PS-PPD, 19,8% del total –tres puntos más que durante Lago–; y (2) un marcado incremento de las propuestas transversales de la Concertación y la Alianza que implicaron más de dos partidos concertacionistas y al menos uno de la derecha. Las cifras analizadas demuestran bajas fuerzas centrífugas, al menos hasta marzo de 2010, en lo concerniente a iniciativas presentadas por los parlamentarios.

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29

2

Progresismo Concertación

Otros Concertación

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50

Propuestas transversales (+ 2) 100

29,1

2,91

4,65

63,4

1,16

16,9

17,4

27,9

%

11

1

0

2

8

2

5

1

Aylwin

100

9,1

0

18

73

18

45

9,1

%

39

14

1

2

22

4

12

6

Frei

100

35,9

2,56

5,13

56,4

10,3

30,8

15,4

%

36

6

1

3

26

2

6

4

14

Lagos

100

16,7

2,78

8,33

72,2

5,56

16,7

11,1

38,9

%

86

29

3

1

53

17

9

27

Bachelet

Fuente: Elaborado por el autor a partir de la revisión de mociones presentadas por partidarios de la Concertación.

PERÍODO

172

5

Progresismo + derecha

TOTAL MOCIONES

8

PDC + derecha

CONCERTACIÓN

109

30

Centro Concertación

SUBTOTAL

48

Total

Coalición Concertación (2 + )

 

Cuadro 12 Mociones parlamentarias por gobierno y según tipo de alianza

100

33,7

3,49

1,16

61,6

 

19,8

10,5

31,4

%

Claudio Fuentes

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La transición auto-contenida

La explicación más plausible es la combinación de factores institucionales y políticos. A partir de 2005, efectivamente se produjo un incremento en el número de iniciativas presentadas, lo que podría justificarse por la decisión adoptada por el Ejecutivo de permitir que los legisladores participaran de la autoría de la ley como una política informal. Al convertirse en coautores de iniciativas de ley, se generó un incentivo muy concreto para la presentación de proyectos.273 La segunda justificación se asocia al fin de una etapa política. La supresión de los «enclaves autoritarios» sin duda abrió una nueva etapa en el discurso y acción política. La entonces candidata Michelle Bachelet promovió un proyecto asociado al mejoramiento de las instituciones democráticas y de la calidad de la política –en particular vinculado con el sistema de inscripción, iniciativa ciudadana, acción afirmativa y sistema electoral (Programa Bachelet 2005). Los temas relativos a ciudadanía y derechos ciudadanos saltaron a la palestra política, lo cual incentivó la generación de nuevas iniciativas de ley. No obstante, dentro de las fuerzas prorreforma emergieron visiones radicalmente diferentes sobre el modelo de democracia por desarrollar y la mejor estrategia para enfrentar esta nueva agenda de profundización democrática. En efecto, una de las tensiones que se advirtió dentro de la elite política decía relación con el modelo de democracia. Dijimos que a partir de 2006 se promovieron reformas orientadas a alterar las relaciones de poder vertical (ciudadanía-representantes) y horizontal (entre poderes del Estado). Aunque no existen absolutos, es posible advertir matices y diferencias ideológicas a este respecto. Por un lado, se encuentran quienes propiciaban un modelo «republicano igualitario» en que la ciudadanía participara activamente de las decisiones. Proyectos de ley en discusión en el Congreso, tales como la iniciativa popular de ley y referendo revocatorio, son parte de esta postura que, a fin de activar dichos mecanismos, establece ciertas condiciones de participación (un registro mínimo de firmas, por ejemplo).274 En general, este tipo de iniciativas tuvo más apoyo de sectores de izquierda, aunque los representantes de 273



274



Entrevista a Carlos Carmona (jefe división legislativa, Ministerio Secretaría General de la Presidencia), 26 de marzo de 2009. Ver al respecto mociones sobre iniciativa popular de ley en Boletín 4165-07 y 4191-07. Sobre referendo revocatorio, ver Boletín 4330-07.

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Claudio Fuentes

derecha y de centro presentaron un proyecto de iniciativa popular de ley que establecía el requisito de firmas más alto que el promovido por la izquierda (5% vs. 1%, respectivamente). En una segunda variante se encuentran los partidarios de incorporar la ciudadanía a través del fortalecimiento de mecanismos plebiscitarios que otorguen al Poder Ejecutivo (ya sea al presidente o alcalde) la potestad de convocar a plebiscitos cuando temas de reforma constitucional sean rechazados por ambas Cámaras, en el caso del presidente, o definiendo algunas materias de interés social en el caso de los alcaldes. Hasta el momento las iniciativas presentadas a este respecto tienden a ser transversales al conjunto de los partidos.275 Una tercera variante, no excluyente, es el fortalecimiento de los poderes representativos, incluyendo la capacidad de fiscalización de la Cámara y su potestad de iniciar proyectos de ley que contengan materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Por el momento, este tipo de proyectos han sido presentados por la derecha.276 Así, se hace evidente una tensión en las elites asociadas al modelo de democracia deseable, aspecto que seguramente se transformará en un nuevo clivaje político nacional.277

Conclusiones Hemos intentado sistematizar la dinámica política chilena observando un ámbito específico, pero de vital importancia para la convivencia democrática: el ciclo de reformas constitucionales. Observamos que, entre 1990 y 2005, se produjo, efectivamente, un ciclo de autocontención de los actores políticos, en tanto que, a partir de 2006, se inició un proceso de apertura hacia una mayor profundización democrática. Intentamos explicar tal ciclo a partir del argumento patróndependiente. Una vez que los actores decidieron participar dentro de las reglas del juego, hubo una fuerte limitación al marco de lo 277 275 276

Ver al respecto mociones 5879-07; 5982-07 y 6566-07. Ver al respecto mociones 4428-07 y 5016-07. Una buena síntesis de los modelos de democracia, en Félix Ovejero. Incluso un pueblo de demonios: democracia, liberalismo, republicanismo. Buenos Aires: Katz, 2008.

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La transición auto-contenida

posible. Pese a que los actores políticos prorreforma manifestaron, desde el inicio, su rechazo a la Constitución impuesta por la dictadura, el discurso asociado a la gobernabilidad, estabilidad y viabilidad de las reformas hizo que se centraran en un ámbito limitado de políticas: los enclaves autoritarios. El proceso político asociado al cambio constitucional presentó las siguientes características: 1) estuvo marcado por una agenda acotada de temas vinculados, principalmente, a cambiar los balances de poder del Estado; 2) el Ejecutivo asumió un rol crucial en los esfuerzos prorreforma; y 3) los actores que participaron del debate político fueron un limitado número de hombres (y no mujeres) –en su gran mayoría abogados– en que senadores y representantes del Ejecutivo tuvieron un rol fundamental. La reforma crucial de 2005 dependió de no más de 15 personas. El cierre de la transición, en agosto de 2005, implicó la apertura de un nuevo ciclo político. Emergió la agenda que no había sido considerada con anterioridad y que abordaba, principalmente, cuestiones de derechos sociales, culturales, civiles y políticos, temas de representación (sistema electoral, principalmente) y desconcentración del poder. Sin verse alterado el balance del poder político, el cambio de las condiciones institucionales (eliminación de enclaves) permitió el surgimiento de una agenda nueva de temas que no habían sido consensuados por la elite política nacional. ¿Qué aprendemos de este caso? En primer término, parece que el clivaje democracia/dictadura, que marcó el ciclo político 1988-2005, comenzó a verse reemplazado por un clivaje algo más complejo respecto del modelo de democracia que debiese prevalecer en el país. A partir de 2006 se explicitaron propuestas en esa dirección y que, es probable, tensionen internamente las coaliciones. En el caso de la Concertación, es posible que los grupos más de izquierda (incluyendo algunos actores del PDC) busquen promover mecanismos de desconcentración del poder. En tanto otros pongan más énfasis en el fortalecimiento de las instancias representativas.278 En segundo término, aparece el marcado carácter elitista de los procesos de reforma constitucional en Chile. Durante la transición 278



Si bien existen otros clivajes, como los valóricos, aquí nos centramos solo en lo concerniente a la cuestión del modelo de democracia.

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Claudio Fuentes

existió un evidente énfasis en el control de la agenda por parte del Ejecutivo, lo que implicó un sistema de toma de decisiones altamente jerárquico y sin la inclusión de actores sociales o políticos. Los actores fuera del ámbito estatal que podrían llegar a tener alguna incidencia eran quienes, contando con algunos saberes expertos, mantenían una vinculación más directa con la elite en el ejercicio del poder. Finalmente, y siguiendo la tendencia latinoamericana,279 el debate constitucional chileno contrapone iniciativas contradictorias asociadas a reforzar derechos colectivos e individuales, desconcentrar poder, descentralizar y al mismo tiempo –en algunos casos– otorgar mayores poderes al Ejecutivo. Resulta evidente que, a partir de 2006, al carecer de un acuerdo básico constitucional, la política tendió, progresivamente, a «constitucionalizarse». Tal como Edgardo Boeninger lo anticipaba en 2000, la elite política que participó de la negociación se conformó con eliminar los enclaves. Sin embargo, al no establecer aquel «piso institucional compartido», el resultado ha sido una incesante disconformidad constitucional de las elites, patrón que, por cierto, nos acompaña desde el nacimiento de la República.



279

Negretto, op. cit.

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2 3       1     3   1

Poderes presidenciales

Funciones Legislativo

Balance poder vertical (arriba-abajo)

Reforma constitucional y quórum

Estados excepción

Cronograma electoral

Probidad

 

Sistema representación

Partidos políticos

Grupos intermedios

 

part. ciudadana (abajo - arriba)

Poder regiones y muni. y  

2

4

Balance poder (FA, TC, CG, Just)

Balance poder vertical, descon.

2

Aylwin

Balance poder horizontal

 

30

10

5

0

15

60

0

5

0

0

0

15

10

20

10

%

 

4

 

 

7

 

6

2

 

2

2

9

7

10

12

Frei

Proyectos de Ley presentados por la Concertación 1990-2010

Anexo 1 %

14,9

5,41

0

0

9,46

67,6

8,11

2,7

0

2,7

2,7

12,2

9,46

13,5

16,2

 

5

1

1

4

 

2

2

1

4

2

14

4

15

3

Lagos

%

13,8

6,25

1,25

1,25

5

58,8

2,5

2,5

1,25

5

2,5

17,5

5

18,8

3,75

 

14

 

2

3

 

8

3

 

 

3

14

5

7

6

Bachelet

%

19,2

14,1

0

2,02

3,03

46,5

8,08

3,03

0

0

3,03

14,1

5,05

7,07

6,06

 

25

2

3

17

 

16

8

1

6

7

40

18

36

23

Total

%

17,2

9,16

0,73

1,1

6,23

56,8

5,86

2,93

0,37

2,2

2,56

14,7

6,59

13,2

8,42

La transición auto-contenida

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            20

Democracia social

Tratados internacionales

Estado empresario

Impuestos

 

Seguridad ciudadana

Total

100

0

10

0

0

0

0

10

74

 

 

1

 

2

 

10

100

0

17,6

1,35

0

2,7

0

13,5

80

2

 

 

 

2

 

18

100

2,5

25

0

0

2,5

0

22,5

99

1

 

 

1

1

1

30

100

1,01

33,3

0

1,01

1,01

1,01

30,3

273

3

 

1

1

5

1

60

22

100

1,1

24,9

0,37

0,37

1,83

0,37

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213 mociones involucran un total de 273 temas que fueron clasificados por el autor de acuerdo a los ítems que se indican en el cuadro.

mociones parlamentarias individuales, colectivas y que incluyen actores de la oposición cuando se trata de proyectos transversales). Las

del total seleccionado). En este universo, se incluyeron mensajes del Ejecutivo, mociones de parlamentarios de la Concertación (se incluyen

su origen (quedando un total de 317: 90,8%). De ellas, se seleccionaron las propuestas por la Concertación (213: 67,2% de las iniciativas

mas constitucionales (41 mensajes y 308 mociones). De ese universo, se excluyeron 32 porque no se cuenta con información respecto de

Nota metodológica: Entre 1990 y febrero de 2010, se contabilizó un total de 349 mociones y mensajes del Ejecutivo vinculados a refor-

2

Derechos

Claudio Fuentes

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Tensiones irresueltas en torno a la ciudadanía y la interculturalidad

María Teresa Zegada C.280

Consideraciones conceptuales En las últimas décadas, la emergencia de nuevos actores sociopolíticos e identidades étnico-culturales en el ámbito público, el cuestionamiento de las tradicionales formas de ejercicio del poder, así como las demandas de ampliación de la democracia a lo largo y ancho de América Latina, han puesto en evidencia una serie de tensiones relacionadas con la política, el poder, las estructuras socio-culturales dominantes y, particularmente, con la noción de ciudadanía sobre la cual se han edificado los andamiajes institucionales del Estado. El concepto de ciudadanía surgió ligado al Estado moderno y, en su momento, significó un gran salto cualitativo en términos de conquista y participación de la sociedad civil en los espacios públicos y ámbitos de decisiones que afectaban la comunidad, además de actuar como un dispositivo de control y freno de las arbitrariedades del Estado. Este concepto se construyó junto al desarrollo del Estado liberal, como la institución encargada de velar por los derechos y deberes, y de establecer una serie de políticas y reglamentaciones vinculantes para todos. De ahí devienen las bases de

280



Socióloga, con maestría en ciencias políticas. Profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), y de la carrera de comunicación de la Universidad Católica Boliviana (UCB). Investigadora y coordinadora del Centro Cuarto Intermedio (CCI), miembro del directorio Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES). Actualmente, investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Cuenta con diversos libros y artículos especializados sobre temas sociológicos y políticos. Colabora en diarios de circulación nacional e internacional.

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M. Teresa Zegada

una relación jurídico-ética entre ciudadanos y Estado, propia de la tradición liberal contractualista. Desde una perspectiva histórica, la noción de ciudadanía revela la vigencia de un conjunto de derechos individuales que fueron conquistados progresivamente en una larga historia de disputas y conflictos sociales. Marshall y Bottomore,281 establecen una secuencia en la conquista de derechos civiles primero, más adelante derechos políticos, para luego pasar a aquellos sociales o denominados de segunda generación. Sin embargo, de acuerdo a los contextos, características y dinámicas de las distintas formaciones sociales particulares, estos también asumieron temporalidades y alcances propios. Los derechos civiles abarcan la libertad de expresión, el derecho a la propiedad, la libertad individual de pensamiento, expresión y culto, la autonomía del individuo, la libertad de asociación, y el acceso igualitario a la justicia. Se fundamentan en los principios de igualdad entre los miembros de una sociedad, más allá de sus características raciales, culturales, sexuales o etarias; en otras palabras, remiten a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Los derechos civiles se adscriben a los denominados derechos de primera generación, aquellos que protegen la vida y libertad del hombre. Los derechos políticos, en cambio, se refieren a la libertad de los individuos de participar en el ejercicio del poder político y la posibilidad de ser elector y elegible en los procesos de elección de autoridades a través del voto. De manera más amplia, igualmente se relacionan con la participación en la gestión y fiscalización del ámbito público, mientras que, los derechos sociales y económicos, o de segunda generación, se orientan a la satisfacción de las necesidades humanas básicas como el acceso a fuentes de empleo, ingresos, condiciones de vida, servicios básicos, educación, salud, vivienda y alimentación, entre otras. Ahora bien, la concepción acerca de la igualdad de derechos individuales entre los miembros de una sociedad y la liberalización política fueron consustanciales al surgimiento del capitalismo – como su natural correlato–, puesto que la liberación del individuo de la tutela feudal, la posibilidad de vender libremente su fuerza

281

T. Marshall y T. Bottomore. Ciudadanía y clase social. España: Alianza Editorial, 1998.

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Tensiones irresueltas en torno a la ciudadanía

de trabajo, así como la existencia y respeto por la propiedad individual y la competencia en el libre mercado, se constituían en las condiciones de posibilidad estructurales para la libertad formal del individuo en el ámbito jurídico y su participación, a través del voto, con base en criterios universales. Esta visión moderna y homogeneizante de la sociedad, originada en la tradición liberal, universaliza los procedimientos democráticos a los distintos contextos sociales y económicos del planeta sin reparar en sus características particulares. La idea gestada en la Revolución francesa, basada en la igualdad y la libertad, encuentra sus límites en las características particulares de la realidad política y sociocultural que complejiza su aplicación mecánica. En esta misma lógica se produce el proceso de construcción del Estado-nación, aquella comunidad imaginada, universal y fraterna, a la que hacía referencia Benedict Anderson,282 ubicada en un tiempo abstracto, homogéneo y vacío, y que se encontraba alejada de las condiciones societales específicas. En efecto, se trataba de un horizonte de posibilidades trazado ideológicamente que acompañaba la idea de nacionalismo cívico basado en las libertades individuales y en que el voto se convertía en «el gran ritual anónimo de la ciudadanía».283 Estas construcciones simbólicas devienen en una narrativa hegemónica que tiende a subordinar al otro, al diferente, cuyo reconocimiento o proceso de inclusión es asimétrico, pues en él se imponen códigos de dominación y poder que se sustentan en la configuración de un régimen de verdad284 establecido, socialmente aceptado y compartido. Ahora bien, estas nociones de nación y de ciudadanía han sido cuestionadas desde diversas perspectivas. En primera instancia, desde el estructuralismo que argumenta que la igualdad, en el plano formal y jurídico, esconde las profundas desigualdades persistentes en el ámbito económico y social, propios del régimen de explotación capitalista y que continúan generando una serie de conflictos causados por una distribución inequitativa de los recur282 283

284



Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. México: FCE, 1993. Partha Chatergee, La nación en tiempo heterogéneo. Buenos Aires: Ed. Siglo XXI y Clacso, 2008. Michael Foucault, El discurso del poder. Un diálogo sobre el poder. Madrid: Ed. Alianza, 1983.

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sos. Es, de esta manera, que se incorporan los problemas socioeconómicos en la agenda de la ciudadanía y se produce una fractura entre la ciudadanía formal y la ciudadanía sustancial, objeto de amplios debates en la ciencia social contemporánea. Por otro lado, los cuestionamientos provienen de la emergencia o, más bien visibilización, de identidades y cosmovisiones diversas, provenientes de tiempos históricos, también diferenciados, que instalan en el debate nuevos paradigmas de ejercicio ciudadano; por ejemplo, aquellos ligados a los derechos colectivos y comunitarios, distintos de los planteados por el pensamiento moderno, individual y universal, que incorporan una mirada diferenciada de los derechos. De ahí deviene otra distinción entre ciudadanía formal o jurídica y ciudadanía efectiva, esta última portadora de las demandas identitarias y de la convivencia e interacción de diversas temporalidades.285 Desde esta perspectiva, la discusión sobre la nación adquiere un nuevo sentido, el de la integración, de la complementariedad, de la unidad en la diversidad, y de la construcción de una ciudadanía nacional a partir de las especificidades que la componen, cuestionando el universalismo nacionalista. Es evidente que no queda clara aún la fórmula para lograr esta complementariedad de forma efectiva, pues, por ahora, las soluciones son coyunturales, estratégicas o, si se quiere, políticas y, por tanto, provisionales. Sin embargo, el horizonte del debate y sus correlatos en acciones estratégicas de actores y organizaciones sociales, está planteado. Ahora bien, en la práctica, los derechos también se ejercen de manera diferenciada no solo porque algunos sectores sociales e individuos tienen más acceso que otros, sino porque sus formas de acceso son distintas. Unas se dan por la vía de la reivindicación política, otras por la vía del mercado o por acuerdos culturales y sociales. A estas múltiples y diversas combinaciones del ejercicio y acceso a los derechos, Arditi286 las denomina ciudadanía de geometría variable. En todo caso, partimos de dos premisas básicas sobre el tema: la primera, que tanto los derechos como el ejercicio ciudadano de Nos referimos al concepto trabajado por Chatergee de «nación en tiempo heterogéneo», op. cit. 286 Benjamín Arditi, «Ciudadanía de geometría variable y empoderamiento social: una propuesta». En Calderón (Comp.), Ciudadanía y desarrollo humano. Buenos Aires: PNUD, 2007, pp. 123-148. 285

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los mismos exceden los límites del Estado y la institucionalidad para desplazarse y circular por el ámbito de la sociedad y sus organizaciones. Según Bauman, vivimos tiempos signados por una tácita separación entre el poder y la política,287 impensable durante la consolidación y expansión del Estado moderno. Ahora se experimenta un desplazamiento incontrolable del poder hacia espacios societales y cotidianos, así como globalizados, que trascienden las fronteras del Estado-nación y que son parte del signo de la época denominado, por el mismo autor, un tiempo de incertidumbres, ambigüedades y flexibilidades; en definitiva, caracterizado como un tiempo líquido. La segunda premisa para pensar la ciudadanía es la necesaria distinción entre el momento de la enunciación de los derechos (que suele tener formato jurídico y constitucional) y el momento de su ejercicio legítimo. Muchas veces el segundo precede al primero; de hecho, la mayoría de las conquistas ciudadanas fueron resultado de luchas sociales y de poder que luego lograron plasmarse a nivel normativo y constitucional. Por último, partimos de la importancia que adquiere la esfera pública como escenario de deliberación y posicionamiento de la diversidad societal y como espacio que adquiere relevancia en la construcción de ciudadanías plurales e incluyentes.288

Ciudadanía y memoria: una trayectoria de exclusión y marginación La primera Constitución boliviana, aprobada en 1826 –un año después de la fundación de la República, el 6 de agosto de 1825–, incluyó una serie de preceptos jurídicos provenientes del contractualismo moderno adoptados de textos constitucionales foráneos e incorporados de manera mecánica a la Carta Magna boliviana. Así, la Constitución de 1826 estuvo fuertemente influenciada por Zygmunt Bauman, Tiempos líquidos. Vivir una época de incertidumbre. Buenos Aires: Tusquets Editores, 2009. 288 Guillermo Hoyos Vásquez. «Introducción. Filosofía política como política deliberativa». En Guillermo Hoyos Vásquez, Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía. Buenos Aires: Clacso, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2007. 287

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las ideas de la Revolución francesa y la Declaración de Independencia de Norteamérica en que se enunciaban los derechos inalienables del hombre a nivel universal. De esa forma, en la primera Constitución se proclamaba Bolivia como una República Popular Representativa y se establecía que la soberanía residía en el pueblo. Sin embargo, en ese momento las grandes mayorías sociales se encontraban excluidas de la norma constitucional y aisladas de la vida política nacional, pues no eran considerados ciudadanos del nuevo Estado, al no cumplir con los mínimos requisitos constitucionales exigidos, como los de carácter económico, género y alfabetización en idioma español. En el momento de su fundación, Bolivia contaba con una población indígena de habla aymara y quechua de, aproximadamente, 800.000 personas; los denominados blancos o criollos alcanzaban 200.000; y los tipificados como mestizos o cholos llegaban a 100.000.289 Así, una elite reducida y carente de iniciativas económicas nacionales y de emprendimiento se encargaba del poder político que era desempeñado por «ciudadanos en ejercicio», elegidos para ese fin –uno por cada cien–, los mismos que componían el denominado cuerpo electoral que se reunía todos los años en las capitales de provincia para, entre otras cosas, calificar la incorporación de nuevos ciudadanos al ejercicio activo, inhabilitar a otros, y elegir y proponer ternas para los cargos jerárquicos. Uno de los temas críticos en relación con la ciudadanía, que arrastraron las primeras constituciones bolivianas hasta bien entrado el siglo XIX, fue la diferencia que se establecía entre «bolivianos» y «ciudadanos». Se consideraban bolivianos los nacidos en el territorio, hijos de madre o padre boliviano y que combatieron en las batallas de Junín y Ayacucho, por la libertad; en tanto que para ser ciudadano se requería ser boliviano, casado o mayor de 20 años, saber leer y escribir, tener empleo o industria, o profesar alguna ciencia o arte, pero sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico. Si bien todos los bolivianos gozaban de los derechos civiles concedidos a los ciudadanos, se encontraban privados del ejercicio electoral, de obtener empleos en el Estado y de acceder a cargos

289

Herbert Pentland, en Klein, Orígenes de la revolución nacional boliviana. La Paz: Ed. Juventud, 1968.

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públicos. En estas primeras versiones constitucionales no se hablaba de derechos propiamente tales, sino de garantías, asegurando a todos los bolivianos la libertad civil, seguridad individual, propiedad, igualdad ante la ley, libertad de expresión, movilización, inviolabilidad de las residencias y correspondencia. Finamente, se establecía la libertad de trabajo, la abolición de la esclavitud y de los empleos y privilegios hereditarios. Por su parte, los bolivianos tenían el deber de someterse a la Constitución y leyes, respetar y obedecer a las autoridades, contribuir a los gastos públicos, sacrificar sus bienes y vida «si así exige la República» y conservar las libertades públicas. Resulta extremadamente curioso un artículo de la Constitución que señalaba que se suspendía la ciudadanía, entre otras cosas, por «ser notoriamente ebrio, jugador o mendigo... comprar o vender sufragios en las elecciones, o turbar el orden de ellas».290 En relación con la ciudadanía política se puede comprobar, desde el inicio, un claro desfase entre los principios de ciudadanía universal y moderna enunciados en las normas constitucionales y la ausencia de una participación real de las mayorías sociales. De este modo, si bien la independencia y el inicio de la vida republicana sustituyeron el aparato político administrativo y reemplazó unas clases dominantes por otras, la estructura económica y social de explotación y exclusión previa se mantuvo mediante el colonialismo interno que define muy apropiadamente las relaciones de poder posrepublicanas. En consecuencia, los símbolos que emitía el Estado como elementos de pertenencia o integración nacional –claves para la construcción de ciudadanía– solo alcanzaban a ciertas y reducidas elites, esencialmente mineras, hacendales o ligadas a la actividad comercial. Las reformas constitucionales del siglo XIX reflejan una continuidad en relación con los derechos. Los escasos cambios que se encuentran entre una Constitución y otra respondían, normalmente, a intereses sectarios, políticos o personales de los grupos de poder o de los presidentes y gobiernos de turno.291 En la Constitu290



291



Ciro Félix Trigo, Las Constituciones de Bolivia (actualizado por Jorge Asbun R., 1961-2002). La Paz: Ed. Fondo Editorial de la Biblioteca y Archivo Histórico de H. Congreso Nacional, 2a ed., 2003. Trigo, op. cit.

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ción de 1831, por ejemplo, se añadió el derecho a elevar quejas a las autoridades. Ese mismo año se redactó el primer Código Civil de la República –que perduró hasta 1973– y que, en su momento, fue enaltecido por las elites por su carácter moderno, no obstante haber recibido fuertes críticas de parte de otros sectores, por considerarlo una mera copia de legislaciones extranjeras y por tener un carácter deliberadamente incompleto y tendencioso.292 En relación con los derechos políticos, en la Constitución de 1831 se modificó el sistema de elección mediante el cual la población (censada cada cinco años para determinar la proporcionalidad) elegiría a los diputados electos para la Cámara de Representantes (uno por cada 40.000 y fracción). Al mismo tiempo, se establecieron requisitos para ser elegible, entre los que se exigía ser ciudadano en ejercicio, tener un capital de 6.000 pesos en bienes raíces o una profesión que le procure una renta de 500 pesos y 25 años cumplidos. Para ser senador la edad mínima era de 35 años y se requería un capital mayor que el exigido para ser diputado. Para presidente, se pedían los mismos requisitos, pero se añadía «haber prestado servicios importantes a la República […], tener talentos acreditados para la administración del Estado [y] ser elegido en el Congreso».293 En 1839, se estableció como requisito para votar saber leer y escribir, tener un capital de 400 pesos o ejercer ciencia, arte y oficio sin sujeción a otro en calidad de sirviente doméstico. Con el curso del tiempo, los requisitos para ser representante bajaron en edad y en el monto de la renta obligado. En la Constitución de 1839, para ser ciudadano se incorporó el requisito de inscripción en el Registro Cívico, y la facultad de proclamar los derechos ante los depositarios de la autoridad pública, «con la moderación y el respeto debidos», aunque nadie podía hacerlo a nombre del pueblo ni arrogarse su representación. En la reforma constitucional de 1843, se estableció una curiosa diferenciación entre «bolivianos» y «habitantes». Mientras los primeros tenían el deber de velar por la conservación de las libertades públicas, contribuir a los gastos públicos, servir a la República y defenderla, los segundos debían, simplemente, vivir sometidos a la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades Clavero, Bartolomé, «¿En qué quedará el derecho indígena?» En Revista Cuarto Intermedio N° 74-75, Cochabamba, 2005. 293 Trigo, op. cit. 292

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constituidas como meros receptores pasivos de las disposiciones estatales. Simultáneamente, se incluyeron derechos jurídicos como que ningún habitante puede ser juzgado por causas civiles ni criminales, sino por el tribunal designado por ley. A partir de la Constitución de 1851 se introdujo un primer capítulo referido al derecho público de los bolivianos. Allí se establecían derechos, libertades y garantías individuales sin restricción, bajo el principio de igualdad ante la ley, señalando que «el goce de garantías y derechos que esta Constitución concede a todo hombre, cualquiera sea su origen y creencia, está subordinado al cumplimiento del deber: respeto y obediencia a la ley y a las autoridades constituidas».294 ¿A qué responde este cambio cualitativo? A mediados de siglo se había iniciado una nueva fase histórica caracterizada por la incursión de caudillos que orientaron sus políticas hacia los sectores populares (en algunos casos se trataba de líderes de extracción humilde como Manuel Isidoro Belzu),295 y el inicio de una etapa de inestabilidad política signada por golpes de Estado y cambios de gobierno, denominada «caudillismo bárbaro». Al mismo tiempo, los problemas estructurales persistían. Si bien, la gran mayoría de la población vivía en áreas rurales, y solo unas 210.000 personas en las ciudades, la única forma de lograr cierta movilidad social era a través de la migración a estas últimas, el aprendizaje del idioma español y la inserción laboral. Sin embargo, se les negaba el acceso al poder político.296 Pese a que las siguientes constituciones mantuvieron la separación de categorías entre ciudadanos y bolivianos, algunas de ellas tendieron a difuminar las diferencias. Así, la Constitución de 1861 amplió las garantías y derechos estableciendo que ni el Congreso ni el Ejecutivo podían vulnerar la vida, el honor o los bienes de los bolivianos, señalando, explícitamente, que los derechos de ciudadanía consisten en concurrir como elector o elegido a la formación o ejercicio del poder público y, en igual admisibilidad, a las funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad. La Carta Magna de 1878, por su parte, abrió un capítulo especial sobre ciudadanía, estableciendo requisitos y derechos, los que an

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Trigo, op. cit. Belzu fue presidente de Bolivia entre 1848 y 1855, y utilizó su origen indígena y popular para sublevar a los sectores subalternos contra la aristocracia criolla. Klein, op. cit.

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tes se encontraban prescritos en los capítulos sobre derechos y garantías o derechos públicos. En relación a las anteriores, la Constitución de 1880 fue la mejor elaborada. Esta fue el resultado de una Convención Nacional y en ella se sentaron las bases de la regularidad electoral y la representación política, manteniéndose vigente hasta 1938. Una de las reformas más importantes introducidas en esta Carta Fundamental, se produjo en relación con la libertad de culto. Pese a que en la primera Constitución se proclamaba la libertad de creencias, ella establecía que la religión de la República era la católica, apostólica y romana, «con exclusión de todo otro culto público». En la Constitución de 1871 se admitió el ejercicio público de cualquier culto religioso –favoreciendo, específicamente, a las colonias extranjeras–, pero en la siguiente reforma, realizada en 1878, volvió a suprimirse esta disposición, con excepción de las colonias de extranjeros. Fue recién en la Constitución de 1880 que se estableció que, si bien el Estado reconoce y sostiene la religión católica, también permite el ejercicio público de todo otro culto, disposición que se mantendrá hasta la última reforma constitucional, aprobada en 2009, que establece que el Estado se declara independiente de la religión y respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones, acorde con la nueva característica plurinacional del Estado actual. Hacia principios del siglo XX, la situación poblacional no se había modificado casi nada en relación con el momento de la fundación de la República: el aumento fue solo de 500.000 habitantes, mantuvo un carácter fundamentalmente rural, y 85% de la población urbana estaba concentrada en solo cinco ciudades. El esquema de dominación económica se modificó, pasando de la era de la plata a la era del estaño; y si bien se transformaron las lógicas de organización política de las elites, ello no se reflejó en modificaciones de los derechos civiles y políticos. En esta etapa, la sociedad civil se organiza y expresa sus demandas económicas y sociales, provocando conflictos significativos como huelgas y levantamientos campesinos en defensa de tierras comunitarias y contra la violación de los derechos humanos

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por parte de las autoridades locales.297 Al mismo tiempo, se puso en evidencia la influencia de ideas socialistas, anarquistas y nacionalistas, provenientes de las revoluciones rusa y mexicana de principios de siglo, que constituyeron un discurso alternativo para las elites intelectuales bolivianas, apegadas a concepciones positivistas y fuertemente racistas –vinculadas, incluso, al darwinismo social– que, en ese momento, predominaban en los ámbitos de poder. Según datos demográficos, hacia 1930, se registraba solo entre 300.000 a 400.000 personas alfabetizadas y, por tanto, habilitadas para constituirse en ciudadanos, de un total de cerca de dos millones de habitantes.298 La guerra del Chaco (1932-1935), que enfrentó a Bolivia con Paraguay, además de la estruendosa derrota militar, tuvo importantes consecuencias políticas internas, ya que permitió, por primera vez, el encuentro entre bolivianos de todos los confines del país que habían sido reclutados de manera forzosa, produciéndose lo que se denominó «la democracia de las trincheras» y desembocó en el desarrollo de una conciencia nacional. La construcción del proyecto de la nación boliviana se plasmó en la organización de partidos y expresiones políticas alternativas a las existentes, representando un universo político y simbólico más amplio, que cuestionaba la dominación oligárquica antinacional y colonial. En efecto, las consecuencias de la guerra del Chaco y los cambios posteriores crearían las condiciones para una participación más activa de la sociedad en la política y en la organización de sus demandas; por ejemplo, contra el régimen latifundista y el pongueaje, que significaban un sometimiento servil hacia los hacendados sin ninguna defensa legal ni justicia contra el abuso y los castigos corporales. Es en ese contexto de cambios societales y emancipatorios cuando se aprobó la Constitución de 1938, marcando un hito fundamental en la memoria porque expresó la nueva ideología emergente e implicó el fin del constitucionalismo clásico, regido por el individualismo liberal y la propiedad privada. De este modo, se introdujo el constitucionalismo social –o derechos de segunda generación– tal y como se había establecido,

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Por ejemplo, el levantamiento de Jesús de Machaca en 1921, que fue leído por las elites como un signo de odio secular contra la raza blanca acusada de opresión y usurpación (Klein, op. cit). Klein, op. cit.

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años antes en otros países de la región, lo que se tradujo en la incorporación de derechos sociales y nuevos derechos civiles y políticos; por ejemplo, el derecho a reunirse y asociarse para distintos fines que no fuesen contrarios a la seguridad del Estado, a recibir instrucción y enseñar bajo la vigilancia del Estado y el derecho de huelga. Junto con ello, se otorgó al Estado responsabilidades sociales y se desconoció cualquier tipo de servidumbre, estableciéndose que nadie podría ser obligado a prestar trabajos personales sin justa retribución y pleno consentimiento. Diversos constitucionalistas coinciden en que esta Carta Magna es una verdadera proclamación de los derechos humanos. En una sección específica denominada «Del Campesinado», el Estado, por primera vez, «reconoce y garantiza la existencia legal de las comunidades indígenas», admitiéndoles el derecho a tener una legislación propia y a ser instruidos mediante núcleos escolares indígenas de carácter integral. Sin embargo, estos avances, a pesar de ser significativos, no se expresaron en el resto de la Constitución, lo que, probablemente, fue un reflejo de la situación nacional en que, como señala Zavaleta, tuvieron una presencia solo esporádica en el marco del Estado.299 Fue en la Asamblea Constituyente de 1938, cuando, por primera vez, participaron junto a sectores oligárquicos y elitistas, veteranos de la guerra y representantes de los trabajadores, gremiales e intelectuales de izquierda. La Constitución de 1945 marcó un hito fundamental en relación con las demandas de género. Allí se incorporó, por primera vez en la historia, el derecho a voto para las mujeres, aunque restringido al ámbito municipal. El acceso universal a los derechos políticos recién se producirá después de la revolución de 1952, cuando se logra el voto de «todos los bolivianos mayores de 21 años, cualquiera sea su grado de instrucción, ocupación o renta, sin más requisito que su inscripción en el Registro Cívico [y] se reconoce y garantiza el voto universal, obligatorio, directo, igual y secreto». La conquista del voto universal fue aplicada desde 1956 y consagrada en la Constitución de 1961. Esto incrementó la cantidad de votantes de aproximadamente 200.000 a 1.000.000. En términos generacionales, fue la Constitución de 1967 la que reconoció René Zavaleta. «Consideraciones generales sobre la historia de Bolivia (1932-1971)». En América Latina, historia de medio siglo. México: Ed. Siglo XXI, 1979.

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el derecho a voto a los jóvenes de 18 años –si eran casados. En términos sociales, estas reformas demarcaron derechos y obligaciones de la «persona» en relación con la salud, la vida y la cultura. Entre las obligaciones, se estableció el derecho a trabajar, adquirir instrucción primaria, asistir, alimentar y educar a hijos menores, proteger y alimentar a los padres, y prestar servicios civiles y militares, entre otros. La Constitución de 1961 también amplió los temas referidos al régimen agrario y campesino, correspondiéndole al Estado la distribución, redistribución y reagrupamiento de la propiedad agraria conforme a las necesidades del pueblo, desconociendo, de este modo, el latifundio. Simultáneamente, garantizó la existencia de propiedades comunitarias, cooperativas y privadas, reconoció las organizaciones campesinas, fomentó las migraciones para redistribuir el factor humano y propuso impulsar la educación fundamental, técnica y profesional. En términos de ciudadanía y conquista de derechos, la revolución del 52 marcó un hito insoslayable ya que entre las medidas asumidas se declaró el voto universal y se sentaron las bases estructurales para la expansión de la democracia mediante la reforma agraria, la ampliación del mercado y la consolidación de la propiedad individual de la tierra. De este modo, se liberó al individuo de la tutela terrateniente y se le permitió asumir sus derechos. Sin embargo, este proceso tuvo sus límites en la incorporación subordinada de los sectores sociales al Estado y en la construcción de una «ciudadanía» basada en una concepción cultural homogeneizante y universalista que no reparó en las características abigarradas y multisocietales de la realidad boliviana. En 1982, después de un largo período de gobiernos militares, se logró la recuperación de la democracia y, tres años más tarde, se inauguró un ciclo político signado por el neoliberalismo en el campo económico y la democracia representativa en el orden político. Fue en este contexto que emergió una serie de actores e identidades que demandaron la ampliación y reconocimiento de sus derechos. De esta manera, en la reforma constitucional de 1994 se introdujeron importantes cambios relacionados con la ciudadanía. En el artículo 1 se incluyeron, por primera vez, las categorías «multiétnica» y «pluricultural» como características del Estado boliviano, reconociendo formalmente las distintas identidades étnico-cultu-

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rales. Al mismo tiempo, se introdujo el artículo 171 en el que se reconocen, respetan y protegen los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas, el uso de los recursos naturales y «su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones». En este artículo, el Estado también reconoce personalidad jurídica a las comunidades, asociaciones y sindicatos campesinos e indígenas, así como a las autoridades naturales, otorgándoles el derecho de ejercer funciones administrativas y la aplicación de normas propias para la resolución de conflictos, «siempre que no sean contrarias a esta Constitución y las leyes». Junto con ello, se incorporó una serie de instrumentos jurídicos orientados al ejercicio ciudadano y de derechos; por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. Dichas reformas reportaron cambios importantes en términos de derechos políticos, tales como la disminución en la edad para votar –de 21 a 18 años– y la reducción de los umbrales para la elegibilidad –para diputado se requieren 25 años y para una concejalía o agencia cantonal, 21. Por último, en la reforma de 2004 se incorporaron mecanismos de democracia directa, como la Asamblea Constituyente y el Referéndum, y la ruptura del monopolio partidario en la representación. De este breve recuento histórico se pueden inferir algunas conclusiones respecto del decurso de la ciudadanía en Bolivia. La primera, es la constatación de una enorme brecha entre un andamiaje institucional «moderno», importado en sus bases fundamentales y adaptado de forma antojadiza por las autoridades de turno, y una realidad totalmente ajena al Estado. La segunda, la idea de ciudadanía plasmada, en las reglas legales, estuvo fuertemente cruzada por la discriminación y diferenciación social manifestada, por ejemplo, en la distancia establecida por las constituciones del siglo XIX entre bolivianos y ciudadanos, de lo que se colige que la ciudadanía estuvo restringida a un reducido grupo urbano, letrado, masculino y con ciertas condiciones económicas ¿Se puede hablar, en esas condiciones, de ejercicio ciudadano? En tercer lugar, la sociedad que permanecía al margen del Estado fue logrando, con el tiempo, algunas conquistas que permitieron incorporar, por medio de luchas sociales y procesos organizativos, algunas de sus demandas. En este sentido, la conquista de

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derechos no fue una concesión estatal proveniente de las clases dominantes, sino resultado de las movilizaciones sociales y acciones estratégicas que arrancaron, sistemáticamente, al Estado derechos y disposiciones que, si bien muchas veces fueron solo formales, en su enunciación trazaban el horizonte de cambios. Es el caso, por ejemplo, del reconocimiento constitucional de una Bolivia multicultural y pluriétnica a mediados de los noventa que, aunque en su momento se proyectó en algunas leyes formales y cambios en la orientación de políticas públicas, no significó una transformación sustancial en las relaciones del Estado con la sociedad. Por último, el recorrido de la historia de Bolivia muestra los déficits del proceso de construcción de ciudadanía, así como del conjunto de desafíos que quedan por trabajar en sus diversas dimensiones: civil, política social, social y cultural.

Ciudadanía e interculturalidad en contexto actual El reciente proceso de crisis y transformaciones que opera en Bolivia ha revelado una serie de fracturas no resueltas a lo largo de la historia y que se visibilizan y buscan un escenario de solución en la nueva configuración política y en la Constitución del Estado, aprobada en enero de 2009. Estos factores de crisis pueden agruparse, al menos, en cuatro clivajes fundamentales que constituyen el trasfondo del proceso boliviano actual: el económico, que deviene de la memoria corta, es decir, de la crisis del modelo neoliberal instaurado en la década de los ochenta y noventa, y reflejado en la persistencia de altos índices de pobreza y desigualdad en el país; el segundo, derivado de la crisis del sistema de representación política y el desplazamiento de los partidos como protagonistas del sistema y mediadores entre el Estado y la sociedad, ante la emergencia de nuevos actores; el tercero, proveniente de la crisis del Estado centralista con que se fundó la República hace casi 200 años que, en repetidas ocasiones, fue objeto de cuestionamiento y demandas de transformación, demostrando sus propias limitaciones; y, por último, vinculado a la memoria larga anclada en los 500 años de colonización española

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que luego se reprodujo en el colonialismo interno, revelaba una larga historia de exclusión étnico-cultural materializada en un Estado edificado sobre un andamiaje institucional elitista que dejaba fuera de sus fronteras la realidad socio-cultural boliviana. La crisis que se desencadenó con el ciclo de protestas iniciado por los movimientos sociales, el 2000, derivó en una demanda de transformación estatal profunda revelando las distintas fracturas no resueltas que confluyeron en el momento mismo de la crisis.300 Este proceso puso en el centro del debate el tema de la ciudadanía desde sus distintos anclajes: la ciudadanía social o socio-económica, que ponía al descubierto los déficits en las condiciones de vida, la desigualdad, la falta de acceso a servicios básicos y el desempleo. Los déficits de ciudadanía política, por la ausencia de una participación efectiva de los actores sociales en el ámbito de las decisiones y la falta de atención estatal a sus necesidades y demandas. Y, sobre todo, la propia noción de ciudadanía ligada a sus pretensiones de universalidad de los derechos y a su naturaleza individual, instalando un nuevo paradigma de ciudadanía que deviene de los derechos colectivos y de la comunidad como sujeto de derecho. En la historia boliviana, la noción predominante de ciudadanía ha tendido a ignorar, sistemáticamente, su carácter multisocietal.301 Fundada en «la negación del otro», ha arrasado, muchas veces y de diversas maneras, con la diversidad étnico-cultural y ha impuesto los dispositivos uniformizantes y homogeneizadores del Estado de derecho. En efecto, la categoría de ciudadanía basada en la universalidad y homogeneización –según la cual todos son libres e iguales en el ámbito público, relegando al ámbito privado las discusiones de las particularidades y diferencias– ha sido rebasada por la propia realidad, poniendo en tensión la concepción universal de los derechos en un país que contiene diversas naciones y referentes identitarios múltiples.



Zavaleta alude a la crisis como método de conocimiento o visibilización de procesos subterráneos. 301 Este concepto se refiere a «la coexistencia y sobreposición de diferentes sociedades o matrices de relaciones sociales de diversa cualidad y tiempos históricos», fuertemente conectado al concepto de sociedad abigarrada de René Zavaleta Mercado, en Luis Tapia, La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo, modernidad. La Paz: Ed. CIDES-Muela del Diablo, 2002. 300

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Al respecto, a partir de la década de los noventa, los pueblos indígenas han logrado importantes conquistas de sus derechos. La firma del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 1989, que promueve, de modo general, relaciones equitativas de no discriminación y de respeto de los derechos de los campesinos y pueblos indígenas, ha significado un impulso importante para la formulación de las demandas étnico-culturales. Según este instrumento, un pueblo indígena o tribal es aquel que cuenta con condiciones sociales, culturales y económicas distintas de otros sectores del ámbito nacional, que está regido, total o parcialmente, por sus propias costumbres o tradiciones, y que tiene conciencia de su identidad indígena. Al mismo tiempo, lo reconoce por su existencia previa a los procesos de colonización y que, actualmente, conserva todas sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Este documento también establece el respeto a la integridad de los valores, prácticas e instituciones de los pueblos indígenas y recomienda que, al aplicarse en las legislaciones nacionales, se consideren sus costumbres, derecho consuetudinario, y mecanismos de consulta, en caso de que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarles. Complementariamente, la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró, a partir de 1995, el decenio de los pueblos indígenas, para lo cual promovió la organización de diversos eventos para debatir sus derechos colectivos. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art°. 27) también introdujo una serie de derechos de los mundos indígenas. Todo este marco internacional ha promovido importantes movimientos en América Latina, tendientes a lograr el reconocimiento de los derechos comunitarios e indígenas en las distintas cartas constitucionales, lo cual se ha traducido en el movimiento denominado «constitucionalismo multicultural» que promueve un nuevo modelo estatal con reconocimiento de los pueblos indígenas, iniciado con la reforma constitucional de Guatemala, en 1985, y que se ha replicado en otros países de América Latina.302 Las constituciones de Ecuador, Colombia y Venezuela son las más avanzadas en el tema y, pese a que aún quedan aspectos pen302



Cletus Gregor Barié, «Desarrollo de los pueblos indígenas en la perspectiva latinoamericana», ponencia al Seminario sobre Derechos Indígenas. Centro de Culturas Originarias Kawsay-UMSS, Cochabamba, 2005.

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dientes, los movimientos indígenas asumieron estos adelantos como éxitos, sirviendo de base para seguir en su lucha. El caso de México es distinto, ya que, para los movimientos indígenas, las reformas constitucionales fueron vistas como una derrota y terminaron por impugnarlas.303 En Perú, por su parte, el Estado reconoce y protege, desde 1993, la pluralidad étnica y cultural de la nación, reconociendo la existencia legal de las comunidades campesinas y nativas, su identidad, personalidad jurídica y autonomía, así como sus autoridades para ejercer funciones en sus respectivas jurisdicciones. Como se señalaba recién, la experiencia colombiana es, quizás, la más avanzada en la búsqueda de mecanismos institucionales de inclusión y reconocimiento de la diversidad étnico-cultural y de la presencia de indígenas. Uno de los logros más notables de la Constituyente Colombiana (1991) fue el reconocimiento de sus territorios o resguardos, a través de circunscripciones especiales para fortalecer la representación de minorías en el Parlamento (dos senadores y de uno a cinco diputados por circunscripción especial). Además, se establecieron instrumentos para garantizar que los derechos sean exigibles y se cumplan; se fortaleció el poder local descentralizado, a través de los municipios como la instancia más cercana a la población; y se amplió la participación social, robusteciendo la iniciativa ciudadana en todos los ámbitos –por esta vía se crearon los municipios indígenas. Los resguardos son autónomos, en ellos la educación es multicultural bilingüe, rigen autoridades propias, se aplica la jurisdicción indígena, «siempre que no sean contrarios a la Constitución y a las Leyes nacionales», y se establecen mecanismos de coordinación entre la jurisdicción especial y el sistema judicial nacional. En definitiva, se logró que los indígenas cuenten con una entidad política reconocida. En el caso de Ecuador, el proceso constituyente fue participativo y de largo aliento. Allí se generó una interesante fórmula de acuerdos y concertaciones previas que devinieron en la inclusión de un conjunto de derechos colectivos de los pueblos indígenas, negros y afroecuatorianos que han sido reconocidos en la Constitución de 1998 como «nacionalidades de raíces ancestrales». Al mismo tiempo, se definió al Estado como social, pluricultural y Diego Iturralde, «Tres lecciones de procesos de Asamblea Constituyente». En Puntos de partida de la Asamblea Constituyente. La Paz: Apostamos por Bolivia, 2004.

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multiétnico, y se estableció la elección de un defensor público para el patrocinio de las comunidades indígenas. De alguna manera, la importante presencia indígena en las comisiones de trabajo ha logrado transversalizar el tema indígena en la Constitución. Al igual que en Colombia, el ciudadano goza del derecho de elegir, ser elegido, presentar proyectos, ser consultado, fiscalizar los actos del orden público y revocar el mandato. En Brasil, a pesar de tener una población indígena muy pequeña –aproximadamente 1%– lograron organizarse y movilizarse hacia la capital obteniendo el reconocimiento de sus derechos, aunque, más que de interrelación horizontal, bajo una concepción de protección de sus territorios.304 En la Constitución se incluyó un capítulo sobre derechos y deberes individuales y colectivos, y otro, específico, sobre «los indios» que establece el reconocimiento a su organización social, costumbres, lenguas, creencias, tradiciones y derechos originarios sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado. Al parecer, el problema ha sido el cumplimiento de la norma constitucional. Al respecto, Sebastiao Machinery, un indígena brasileño, señalaba que los avances logrados, «si serían cumplidos... sería casi suficiente para nuestras acciones, porque nos garantizan la seguridad territorial, la demarcación de nuestros territorios».305 En la misma línea, para Gregor Barié, uno de los problemas es el escaso cumplimiento de la Constitución y las leyes, es decir, la distancia entre esta y la realidad.306 En el caso de Venezuela, aunque la población indígena es también pequeña –32 pueblos originarios que representan 0,5% de la población total–, esta participó activamente en la Constituyente en que se logró el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas, su organización, cultura, usos y costumbres, idiomas y derechos originarios sobre tierras, el derecho a una identidad étnica, la participación política directa, la propiedad intelectual colectiva y la jurisdicción indígena (1999). La sociedad venezolana se define como democrática, multiétnica y pluricultural, estableciendo el respeto a la interculturalidad. Barié, op. cit. Sebastiao Machinery, indígena amazónico, secretario Ejecutivo de la Coordinadora de Pueblos Amazónicos con sede en Quito. En Puntos de partida de la Asamblea Constituyente. Apostamos por Bolivia, 2004. 306 Barié, op. cit. 304 305

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En Chile, en cambio, con una población indígena cercana a 4%, según el censo del 2002, los derechos colectivos no están reconocidos en la Constitución y quedan diluidos en la idea de una nación única e indivisible. En definitiva, la experiencia en los distintos contextos latinoamericanos demuestra que la incorporación de los derechos indígenas en las reformas constitucionales proviene de la presión de los movimientos sociales ligada, en muchos casos, a las demandas de descentralización y autonomía, o a las negociaciones de otras temáticas constitucionales.307 Para Iturralde, una coincidencia curiosa es que la incorporación de los derechos colectivos indígenas en las constituciones se haya producido en paralelo con las medidas neoliberalizadoras, en una lógica ciertamente multiculturalista.308 En el caso de Bolivia, uno de los hitos importantes lo constituyó la «Marcha por el territorio, la dignidad y la vida», protagonizada por los pueblos indígenas de las tierras bajas, en 1990,309 en la que se enarbolaron demandas de reconocimiento de derechos civiles, sociales y políticos articulados a la demanda territorial. Poco tiempo antes se había presentado una propuesta de Ley Indígena ante el Congreso, respaldada por 100.000 firmas, que fue rechazada. En 1992, los indígenas de las tierras altas310 organizaron la Asamblea de Naciones Originarias, al calor de la conmemoración de los 500 años de la invasión española. Años más tarde, en 2000, la Confederación de Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB) propuso la realización de una Asamblea Constituyente y un nuevo pacto para rediseñar el país, además de participar activamente en las sesiones del Consejo Ciudadano que elaboraba una propuesta por encargo del gobierno. En septiembre de 2004, se realizó el Encuentro Nacional de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Originarias de Tierras Altas y Bajas, y se firmó el Pacto de Unidad. Allí, se trazaron los lineamientos para la próxima constituyente y se for Iturralde, op. cit. Entendemos el multiculturalismo como aquella política que reconoce la presencia de otras identidades, pero solo de manera formal, y funcional al orden establecido y a la cultura dominante. 309 En las tierras bajas, situadas en el oriente del país (Chaco y Amazonía), se ubican los pueblos indígenas: araonas, cayubabas, guaraníes, machineris, pacahuaras, weenhayeks, ayoreos, guarayos, baures, chimanes, itonamas, yuquis, mosetenes, sirionos, chiquitanos, tacanas, yuracarés y otros. 310 Fundamentalmente quechuas, aimaras y otros. 307 308

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muló una propuesta para crear un Estado plurinacional, suscrita por varias organizaciones, que fue recogida por los constituyentes afines al gobierno e incorporada al nuevo texto constitucional. La inclusión de estos nuevos conceptos produjo un descentramiento de los códigos habituales de nación y homogeneización cultural. En el marco de la Constituyente, el dirigente campesino Román Loayza, de la CSUTCB, señalaba: «No solo ahora se habla de refundar el país, lo hicimos desde la protesta durante 500 años que se recordaron por la invasión española. Entonces ya se habló de hacer un nuevo Estado. Ya hemos madurado […]. El pueblo ha dicho: queremos todo nuevo».311 Junto a la problemática indígena, las demandas de género también ingresaron en un proceso de debate y luchas sociales. Así como el feminismo en el mundo ha alentado la construcción de una ciudadanía más plena, el movimiento de mujeres en Bolivia ha logrado incorporar, desde distintos frentes, un conjunto de derechos en la normativa nacional. Bajo la influencia del Encuentro Mundial realizado en Beijing (1995), en que se establecieron las bases de las reivindicaciones y lineamientos para las acciones estratégicas, las movilizaciones nacionales se vieron fortalecidas, logrando conquistar una serie de derechos civiles referidos a la protección de las mujeres, los niños y adolescentes, plasmadas en leyes como la Ley contra la Violencia en la Familia o Doméstica (1995), que legisla y sanciona la violencia física, sexual y psicológica dentro de la familia; la Ley de Abreviación Procesal Civil de Asistencia Familiar (1997), que acorta y agiliza los procesos de asistencia familiar; la Ley de Modificación del Código Penal del mismo año, que convierte en punibles los delitos contra niños y mujeres; la Ley de Protección a Víctimas de Delitos contra la Libertad Sexual (1999); el Código Niño, Niña y Adolescente (1999), que vela por los derechos generacionales; la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, aprobada el 2001; y, finalmente, los artículos incorporados en el Nuevo Código de Procedimiento Penal, como el referido al acoso sexual. En el campo político, se logró la Ley de cuotas de 30% de participación en las instancias de representación y, en la nueva Constitución, se incorporó el principio de equidad (50%) y alternancia. 311

En Revista Construyendo, N° 4, 2004, p. 8.

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Por último, en relación con las demandas generacionales, los jóvenes también obtuvieron, desde la década de los noventa, importantes conquistas; entre ellas, el voto a los 18 años (reforma constitucional de 1994), un tratamiento especializado en la Ley de Partidos Políticos aprobada en 1999 –que promueve la participación de los jóvenes entre 16 y 18 años como categoría especial– y la reducción de la edad para optar a cargos públicos en la nueva Constitución Política del Estado.

Ciudadanía e interculturalidad en el nuevo Estado boliviano El desafío planteado en la nueva Constitución radica en la reafirmación de la diferencia en el marco de la igualdad y la participación, tarea difícil de resolver y concretar. La nueva Carta, aprobada mediante referéndum el 25 de enero de 2009 y promulgada en febrero, fue producto de un controvertido proceso de conflictos y polarización política en que finalmente se impuso la hegemonía del partido gobernante. El contenido del texto recoge las demandas de las organizaciones sindicales e indígenas, agrupadas en el denominado «pacto de unidad» –base social del actual gobierno–, las que luego fueron negociadas con representantes del partido gobernante y la oposición política. Entre los aspectos relevantes del nuevo texto cabe destacar la noción de Estado Plurinacional Comunitario que reconoce la preexistencia colonial de las 36 naciones y pueblos indígenas originarios campesinos que cohabitan en el territorio boliviano, sus estructuras jurídico-políticas y culturales, sus normas y procedimientos propios, y su relación con la tierra y el territorio. Además, adopta el carácter autonómico y descentralizado como respuesta al centralismo que rigió la vida nacional desde la fundación de la República y que había sido cuestionado varias veces en la historia boliviana, como en la revolución federal de 1899, aunque sin mayores repercusiones. También asume un sistema de justicia plural, reconociendo con igual jerarquía constitucional el sistema de justicia ordinario vigente y el de justicia indígena, originario campesino que, basado en normas y procedimientos propios, per-

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mite a los pueblos indígenas ejercer sus funciones jurisdiccionales a través de sus autoridades, principios y valores. Por su parte, el pluralismo económico está orientado por el principio del vivir bien o sumaq qamaña, el cual reconoce cuatro formas de organización económica: la pública, la privada, la cooperativa y la comunitaria. En suma, el paradigma indígena originario campesino es central en la nueva Constitución y transversaliza el texto recogiendo sus principios y valores discursivos y simbólicos, a la vez que establece su ejercicio institucional en la configuración del nuevo Estado. Es más, el nuevo sujeto protagónico del Estado boliviano es el indígena originario campesino, otorgando un importante peso a los derechos colectivos comunitarios. Además, un conjunto de derechos, nuevos y antiguos, de diversa índole –civiles, políticos, sociales, ambientales e interculturales, como el derecho a la vida, al agua, a la alimentación, a la educación, a la salud, al hábitat y la vivienda, al acceso a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario y otros–, alcanzaron, en el nuevo texto, rango constitucional. El capítulo de derechos abarca casi cien artículos de la Constitución, mientras que, curiosamente, los deberes se circunscriben a uno solo. Por ejemplo, la educación se constituye en una función suprema y de responsabilidad estatal, y se la define como unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, descolonizadora y de calidad, caracterizándola como intracultural, intercultural y plurilingüe. En relación con la forma representativa y directa de participación democrática, se añade la participativa y comunitaria, abriendo el escenario de gestión política. La forma comunitaria se ejerce «por medio de la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, entre otros, conforme a Ley» (Art° 11). Esta novedosa disposición apunta al ejercicio pleno de los derechos colectivos a nivel local –por ejemplo, bajo el formato de las autonomías indígenas–, pero también a nivel nacional –por ejemplo, en la elección de representantes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional– mediante normas y procedimientos propios que luego son refrendados por el voto popular. Ahora bien, ¿cuáles son las formas comunitarias de organización socio-política o de democracia comunal, étnica o de ayllu? Si

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bien las más de 30 comunidades no son plenamente homogéneas, presentan algunos rasgos comunes: se basan en una lógica colectiva antes que individual; la elección de autoridades está mediada por valores como la trayectoria personal, los sistemas de rotación de cargos y la obligatoriedad en el cumplimiento de funciones de autoridad; la toma de decisiones se basa en el consenso deliberativo en la asamblea, como máxima autoridad de mando (mandato) colectivo; parten de una concepción de autoridad como servicio y no como privilegio; e introducen sistemas de rendición de cuentas y control social, o la revocatoria de mandato, entre otros.312 El desafío que emana del texto es construir formas articuladas que relacionen los diversos paradigmas de gobierno y organización social a través del criterio de la interculturalidad. En esa línea, destacan la propuesta de Luis Tapia (2006)313 de construir un «núcleo común» o un «núcleo intercultural democrático»314 y, desde la perspectiva del vicepresidente Álvaro García Linera, articular algunos elementos de la democracia y ciudadanía comunitaria con sistemas institucionales «modernos» que, de hecho, se producen en experiencias locales y que bien podrían tener una existencia regular a escala macroestatal.315 Después de la aprobación de la nueva Constitución, con un apoyo de 61%, se inició el proceso de discusión y aprobación de leyes secundarias para su respectiva aplicación. Ello trajo una serie de dificultades, unas de carácter político y otras de carácter técnico. En términos políticos, no se logró un adecuado proceso de acuerdos enEsteban Ticona et al., «Votos y Wiphalas. Campesinos y pueblos originarios en democracia.» Cuadernos de investigación. La Paz: Fundación Milenio/ CIPCA, Nº 43, 1993; y Silvia Rivera, «Democracia liberal y democracia de ayllu». En Miranda Pacheco (Comp.), Bolivia en la hora de su modernización. México: UNAM, 1995. 313 Luis Tapia, La invención del núcleo común. Ciudadanía y gobierno multisocietal. La Paz: Muela del Diablo, 2006. 314 Según Tapia, op. cit., el «núcleo común» implica un reconocimiento de igualdad política que debe ser previamente discutido y decidido en los ámbitos comunitarios, pero solo puede ser posible bajo la condición de igualdad en relación a la propiedad de la tierra y los recursos naturales. 315 De acuerdo a García Linera, un ejemplo de estas «sincronicidades puntuales» de las varias culturas políticas del país se da en municipios del Chapare, el altiplano aimara o en el norte de Potosí «cuando al momento de la elección de autoridades municipales o parlamentarias vía partido y voto individual (régimen liberal), la decisión de escoger a las personas es tomada bajo formas de deliberación y cabildeo de sindicatos agrarios o ayllus (régimen comunitarista o comunal)». García Linera, Álvaro, «Democracia liberal vs. democracia comunitaria», s/d.

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tre las diversas fuerzas, así sean minoritarias; y en términos técnicos, hubo problemas en concretar los enunciados constitucionales altamente simbólicos en leyes y disposiciones concretas, especialmente en aquellos temas que implican un viraje estructural. Evidentemente, la aprobación formal de estas disposiciones en el nuevo texto no es suficiente, pues, como concluye Chaterjee, cambiar la ley es una cosa, pero cambiar las prácticas sociales es otra muy distinta.316

Tensiones en torno a la ciudadanía Los cambios producidos en el marco institucional y en el ejercicio político y ciudadano han generado una serie de tensiones que, con fines expositivos, se pueden agrupar en las siguientes: 1. En el ámbito institucional: si la democracia supone la existencia de reglas de juego compartidas y vinculantes, así como la responsabilidad sobre el buen funcionamiento de las instituciones que velan por la vigencia de derechos y de la ciudadanía, al tiempo que generan las condiciones de posibilidad para avanzar en la conquista de una ciudadanía plena, la experiencia boliviana exige un replanteamiento de la noción de esta última y de su materialización en el ámbito institucional. Es decir, se hace necesario partir de una noción plural y abierta de ciudadanía que tenga la capacidad de articular el conjunto de elementos presentes en una realidad multisocietal y abigarrada, que se materialice en las instituciones, mecanismos de participación en las decisiones y en la gestión pública, así como en el procesamiento de políticas públicas acordes con dicha realidad. 2. En el campo político y las luchas de poder: la conquista de ciudadanía no puede reducirse a un estatus legal y formal que describa una lista de derechos y deberes del individuo frente al Estado, y un conjunto de facultades para elegir y ser elegido, sino que se asocia a una forma de identificación política como principio articulador.317 Si –siguiendo a Foucault– la conflictividad social 316 317



Chaterjee, op. cit. Chantal Mouffe, El retorno de lo político. España: Ed. Paidós, 1999.

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e, incluso, las interacciones cotidianas las entendemos como luchas de poder, se constata que este último no se localiza en una institución o en el Estado, sino que se disemina en las distintas dimensiones de la vida social y política que luego derivan en relaciones de fuerza. De ahí que el ciudadano no sea solo un receptor pasivo de derechos, sino un sujeto activo que forma parte, de manera regular y comprometida, de la formación de opinión, gestión y responsabilidad con lo público, propendiendo hacia un difícil equilibrio «entre la democracia como conjunto de procedimientos necesarios para administrar la pluralidad y la democracia como adhesión a valores que informan un modo particular de coexistencia».318 De lo que se desprende que la ciudadanía civil tiene que ver, también, con la pertenencia y participación en la comunidad.319 Al mismo tiempo, la conquista de derechos y su cumplimiento se resuelve en el campo político, es decir, en la disputa por los recursos y elementos simbólicos entre distintas fuerzas y proyectos. 3. En el ámbito societal y ciudadano: aquí se pone de manifiesto la tensión entre lo universal y lo particular, esto es, la existencia de una diversidad de grupos minoritarios –comunidades indígenas originarias regidas por su propia estructura organizativa, costumbres y tradiciones específicas– y la presencia abarcadora de un Estado-nación, homogeneizante y unificador que no termina de completarse como tal. Ante esta situación se estructuran al menos dos vertientes de interpretación y acción política: aquellas que parten de la idea de una ciudadanía ligada a la integración estatal, subordinada al proyecto hegemónico –en este caso neoliberal– que, en lo político, se revela en acuerdos multiculturales, como el caso de la fórmula Sánchez de Lozada-Víctor Hugo Cárdenas,320 en que el líder indígena se convierte en «el indio permitido»,321 y aquellas que tienden, más bien, a Mouffe, op. cit. David Held, «Ciudadanía y autonomía». En Revista Ágora N° 7, Buenos Aires, 1997. 320 Fórmula que ganó las elecciones nacionales de 1993, en que un empresario minero neoliberal como Gonzalo Sánchez de Lozada llevó como candidato a la vicepresidencia a un connotado intelectual aimara. 321 Xavier Albó utiliza esta categoría para referirse a la presencia de un indígena funcional al modelo dominante, y más adelante la categoría de «indio 318 319

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la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas, reforzadas por el pensamiento descolonizador y el reforzamiento de la identidad como resistencia al avasallamiento colonial del Estado, de donde emerge una figura como la de Evo Morales, calificado como el «indio alzado». Entre la pretensión universalista y las pulsiones particularistas se genera una contradicción aparentemente insalvable como posibles vías de resolución de este dilema. A ello se suman otras tensiones y contradicciones como, por ejemplo, la identidad de los grupos regionales cambas –del oriente de Bolivia– versus collas –de la zona occidental o andina– que provienen de procesos de confrontación histórica por la redistribución de recursos y por proyectos políticos e intereses distintos; del mismo modo se sobrepone la contradicción pobres versus ricos, que deviene de fracturas económicas; o la de blancos o karas versus indígenas, que tiende a asumir tintes racistas. De esta manera, la concurrencia de actores y luchas desplegadas, así como de los cambios en la estructura estatal, nos han puesto frente a una profunda transformación de la noción de ciudadanía que, desde la perspectiva de Arditi, más que una crisis, es un proceso de metamorfosis de la misma.322 Con todo, surge la interrogante de cómo compatibilizar el conjunto de derechos de alcance universal con aquellos que provienen de la diversidad social y cultural que, por naturaleza, son de carácter particular; y, junto con ello, la preocupación sobre si las particularidades territoriales y culturales locales terminarán diluidas en el signo de la modernidad o se transformarán en opciones como el particularismo y autoexclusión, generando procesos de segregación social. En los terrenos de la cultura y de la política es posible elaborar las condiciones para la gestación de un nuevo concepto de ciudadanía que incluya la noción del derecho a la diferencia. Por definición, la inclusión acepta al otro, reconoce su identidad, la incorpora y busca su resolución en el pluralismo político que es, a la vez, consustancial a la construcción democrática. Por ello, el desafío es crear un pluralismo cultural e ideológico y acciones consecuentes para una construcción compartida de ciudadanía.

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alzado» para referirse a aquel que transgrede el orden. Arditi, op. cit.

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Ciudadanía social, informalidad y trabajo a domicilio: el caso de los profesionales teletrabajadores323 en Chile

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Introducción El proceso de conformación de la ciudadanía social en América Latina ocurrió, en gran medida, en torno al trabajo asalariado. De esta manera, paulatinamente, accedió a dichos derechos sociales y laborales, aquella población que se integró laboralmente de forma asalariada, es decir, los empleados públicos, los trabajadores no manuales y los trabajadores de sectores industriales claves para el proceso de modernización de estas sociedades. Quedaron con ello al margen de dichos derechos, beneficios y servicios toda aquella población que se integró laboralmente de modo informal: los campesinos, los pequeños empresarios y sus trabajadores, los trabajadores por cuenta propia (entre ellos, las/ los trabajadores/as a domicilio) y el trabajador familiar no remunerado. Las reformas neoliberales implementadas en la región en las últimas décadas han modificado parte de los fundamentos legales sobre los cuales se desarrolló el trabajo asalariado y con ello las condiciones laborales de la población. En este capítulo se presentan y discuten parte de los resultados de una investigación centrada en mujeres y hombres profesionales que participan hoy en el mercado laboral a través de diversas formas de trabajo a domicilio basado en el uso de las tecnologías de la información y comunicación: el teletrabajo a domicilio.

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En este capítulo se nombra bajo el concepto de (tele) trabajador/es a domicilio tanto a hombres como a mujeres, salvo que se especifique de otra manera. Académica de la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales.

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Ciudadanía y sociedad industrial En la clásica obra de T.H. Marshall Ciudadanía y estratificación social (1950) se plantea y desarrolla la pregunta de cómo lograr una mínima igualdad dentro de sociedades estratificadas y, por lo tanto, desiguales, en orden a alcanzar una membresía plena de cada individuo en la sociedad.325 La respuesta a dicha interrogante ha sido definir el concepto de ciudadanía a partir de la consideración simultánea de tres dimensiones: política, económica y social. De esta manera, se ha intentado superar el predominio de lo político en el concepto de ciudadanía, destacando que para el ejercicio efectivo de los derechos políticos y civiles es necesario ser libres de la inseguridad y la dependencia impuesta por la pobreza extrema, la falta de educación y las precarias condiciones de salud.326 El paulatino reconocimiento de diversos derechos sociales y laborales ocurrió en el siglo XX en el marco de un determinado modelo de sociedad en Occidente: la sociedad industrial. De acuerdo a Castel,327 las relaciones de trabajo y, consecuentemente, los soportes de identidad social e integración comunitaria se cristalizaron en este modelo de sociedad a través de tres formas: La «condición proletaria» constituyó una situación de cuasi exclusión en la sociedad industrial. Pese a que el proletario se volvió un actor fundamental del proceso de industrialización, la relación salarial se basó en una retribución puntual de su tarea y próxima a un ingreso mínimo para su reproducción, imposibilitándole invertir en el consumo no imprescindible. En dicho contexto, hay una ausencia de garantías legales relativas a la situación de trabajo. La «condición obrera» sería un segundo momento en la conformación de la relación salarial, en que paulatinamente deja de ser una relación basada únicamente en el pago por el trabajo realizado y se constituye sobre la base de un salario mensual regular. Asimismo, dicho salario pasa a asegurar progresivamente algunos derechos, dar acceso a prestaciones fuera del trabajo (enfermedades, accidentes y jubilación) y permite una participación ampliada

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Thomas H. Marshall, Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza Editorial [1950], 1992, p. 19. Ibíd., p. 60. Robert Castel, La metamorfosis de la cuestión social. Buenos Aires: Paidós, 1997, p. 325.

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en la vida social (consumo, vivienda, educación e incluso ocio). Se configura entonces una estratificación social más compleja que incluye zonas superpuestas en las cuales la clase obrera vive esa participación en la subordinación: el consumo (pero de masas), la educación (pero primaria) y la vivienda (pero vivienda obrera). Por último, la «condición salarial» se refiere a una progresiva generalización de los derechos y prestaciones asociadas al mundo obrero, a diferentes grupos ocupacionales (empleados, miembros de las profesiones intermedias, el sector terciario), definiéndose entonces la identidad social a partir de la posición que se ocupaba dentro del asalariado. Como indica Castel, el asalariado no era sólo un modo de retribución de trabajo, sino la condición a partir de la cual se distribuían en el espacio social (…); el asalariado es juzgado/ubicado por su situación de empleo y los asalariados encuentran su común denominador y existen socialmente a partir de ese lugar.328

La sociedad industrial salarial pudo desplegar entonces, a lo largo del siglo XX, una estructura social relativamente homogénea en su diferenciación porque gran parte de las actividades sociales quedaron centradas en el grupo de asalariados y la mayoría de los miembros de esta sociedad encontraron en el asalariado un fundamento identitario. En el caso de Chile y los restantes países de América Latina, el proyecto de construcción de una ciudadanía social moderna también ocurrió en el marco del proceso de industrialización y urbanización de la región. En estos países, el así llamado Estado desarrollista, principal promotor y agente económico del proceso de sustitución de importaciones, fue paulatinamente reconociendo y definiendo un conjunto de derechos sociales y laborales a aquellos grupos ocupacionales que liderarían y llevarían a cabo aquellas acciones modernizadoras: los empleados públicos, los trabajadores no manuales y los trabajadores de sectores industriales claves, ocupados principalmente en las grandes empresas. Específicamente, a través del pago de impuestos y un sistema estratificado de provisión de beneficios orientado a los diferentes grupos ocupa-

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Ibíd., p. 375.

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cionales, el Estado buscó alcanzar una progresiva integración de la población a las oportunidades de acceso a la ciudadanía social.329 Dado el significativo crecimiento del empleo en el Estado y su acceso a los servicios sociales, aquellos grupos ocupacionales que tuvieron un paulatino acceso a dichos derechos, beneficios y servicios se constituirían en grupos privilegiados dentro de las sociedades latinoamericanas, situación que se expresaría, finalmente, en ingresos y un estatus social más alto al interior de esta población.330 En consecuencia, las posibilidades de movilidad social emergentes contribuirían al desarrollo de los sectores medios en la región,331 complejizando con ello la estructura social existente hasta esos momentos. El proceso de conformación de la ciudadanía social, tanto en Chile como en el conjunto de América Latina, ocurrió entonces en el siglo pasado y también en torno al trabajo asalariado, es decir, remunerado y regulado legalmente. Consecuentemente, quedó marginada de dicho proceso toda aquella población que, en esos momentos, mostraba una participación relativamente escasa en el mercado del trabajo: las mujeres, los niños, las personas discapacitadas y los ancianos. El acceso de esta población a la provisión de los servicios sociales prestados por el Estado dependería del vínculo que tuviera y estableciera con aquellos ciudadanos. A su vez, al interior del mismo mercado del trabajo se produjo una segmentación adicional en el proceso de reconocimiento de una ciudadanía social en la región: aquella entre el trabajo formal y el trabajo informal.332 Específicamente, todas aquellas personas que quedaron al margen del trabajo asalariado fueron excluidas, parcial o totalmente, de los beneficios y servicios que el Estado puso a disposición de ciertos grupos ocupacionales al interior de la población. En consecuencia, los campesinos, los pequeños empresarios y sus trabajadores, los trabajadores por cuenta propia Juan Pablo Arellano, Políticas sociales y desarrollo en Chile 1924-1984. Santiago de Chile: Cieplan, 1985. 330 Carlos Filgueira y Carlo Geneletti, «Estratificación y movilidad ocupacional en América Latina», Cuadernos de la Cepal, 1981, pp. 120-121. 331 Rolando Franco y Arturo León, «Clases medias latinoamericanas: ayer y hoy», Estudios Avanzados, N° 13, 2010, p. 64. 332 María Cristina Bayón, Bryan Roberts y Gonzalo A. Saraví, «Ciudadanía social y sector informal en América Latina», Perfiles Latinoamericanos, 13, México, Facultad de Ciencias Sociales (Flacso), 1998, p. 74. 329

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y el trabajador familiar no remunerado (que en su mayoría eran mujeres) no fueron reconocidos como «ciudadanos sociales» y por ello no pudieron tampoco acceder directamente a estos derechos, beneficios y servicios.333 En definitiva, la construcción de una ciudadanía social en América Latina ha tenido un contenido ambiguo y, muchas veces, contradictorio. Ha significado tanto una paulatina integración de parte de la población a las oportunidades de acceso a la ciudadanía social, así como una marginación de la población restante. Consecuentemente, se produjo un proceso de progresiva estratificación en estas sociedades no solo entre los trabajadores y no trabajadores (remunerados), sino también al interior del mundo del trabajo, entre trabajadores formales e informales.334

Ciudadanía social e (in)formalidad Desde la década de 1970 el concepto de «informalidad» ha sido central en las ciencias sociales para la comprensión de la configuración, el funcionamiento y el desarrollo tanto de las economías latinoamericanas como de sus mercados del trabajo. Dicho concepto hace referencia primeramente al desarrollo de los mercados de trabajo urbano en América Latina, donde la participación en estos fue considerada como el principal mecanismo de integración social y económica de la población.335 Sin embargo, en la práctica, y pese a los avances que progresivamente se alcanzaron en el proceso de urbanización e industrialización de las sociedades latinoamericanas, un número significativo de personas no lograba integrarse de la forma prevista por dicho proyecto modernizador. El concepto de informalidad surgió entonces al interior de las ciencias sociales ante la necesidad de explicar la persistencia e incluso el crecimiento de amplios sectores de la población que quedaban marginados de los nuevos espacios de integración social, econó-

Ibíd., p. 82. Ídem. 335 Jorge Carpio e Irene Novacovsky, «Introducción», en Jorge Carpio, Emilio Klein e Irene Novacovsky (Comps.), Informalidad y exclusión social. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, Siempro, OIT, 2000, p. 11. 333 334

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mica y territorial, generados desde mediados del siglo XX por los procesos de urbanización y modernización.336 Desde aquella época hasta hoy no se ha alcanzado un consenso sobre el significado del concepto de informalidad, específicamente del trabajo y de la economía informal. De hecho, se han distinguido, a grandes rasgos, tres definiciones respecto al sector informal:337 1. El segmento de actividades económicas de baja productividad en donde se inserta aquella fuerza de trabajo que no puede ser absorbida por el sector moderno de la economía urbana. En términos más específicos, la informalidad es considerada una forma de producción y de integración segmentada al mundo del trabajo constituida de manera subordinada en la economía urbana. Se habla entonces de un modelo dual de oportunidades de ingreso de la fuerza de trabajo urbana relacionado con la heterogeneidad estructural que caracteriza a las economías de menor desarrollo;338 2. Una forma de vinculación entre capital y trabajo, específicamente aquellas acciones de los agentes económicos que se desarrollan más allá de las reglas institucionales establecidas o que no entran bajo su protección. Su propósito puede ser diverso: lograr la subsistencia del individuo o del grupo familiar, alcanzar una mayor flexibilidad gerencial y menores costos laborales o lograr una acumulación de capital por medio de la movilización de sus relaciones solidarias;339

Ídem. Ibíd., pp. 11-12 338 Texto central para el surgimiento de esta concepción de la informalidad han sido, entre otros, Keith Hart, «Informal income opportunities and urban employment in Ghana», en Journal of Modern African Studies 11 (1), 1973, pp. 61-89, así como V.E. Tokman, Beyond Regulation: The Informal Sector in Latin America. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1992. Una versión actual sobre esta discusión la constituye Víctor E. Tokman, Modernizing the informal sector. DESA Working Paper N° 42, 2007. 339 Véase al respecto Alejandro Portes, Manuel Castells y L.A. Benton, The Informal Economy: Studies in Advanced and Less Developed Countries. ���� Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1989, y Alejandro Portes, «La economía informal y sus paradojas», en Jorge Carpio, Emilio Klein e Irene Novacovsky (Comps.), Informalidad y exclusión social. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, Siempro, OIT, 2000, pp. 25-49. 336 337

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3. Una respuesta individual y social a las múltiples y anacrónicas regulaciones del Estado y su burocracia, constituyéndose en un signo del dinamismo empresarial popular.340 Pese a las diferentes acepciones del concepto de «informalidad», aquella que permite hoy una comparación internacional entre los diversos mercados del trabajo en el mundo y que ha orientado las políticas públicas hacia este sector corresponde a la desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Esta entiende el empleo en el sector informal como aquel segmento de la economía donde se desempeñan empleadores o asalariados de empresas de hasta cinco trabajadores, trabajadores por cuenta propia no profesionales ni técnicos, el servicio doméstico y los familiares no remunerados. Dicho sector de la economía se caracteriza por un incumplimiento de las normas de conformación de una sociedad, el establecimiento de registros contables, así como las normas laborales.341 Por el contrario, el sector formal de la economía respetaría dichas normas y estaría conformado por empleadores o asalariados de empresas de más de cinco trabajadores, así como por trabajadores por cuenta propia, profesionales y técnicos.342 La relación entre el desarrollo de la ciudadanía social y el sector informal en América Latina ha sido contradictoria y compleja, producto de los modos específicos en que la economía y el empleo informal se han vinculado con el Estado y el mercado.343 Específicamente, el sector informal se ha estructurado y funcionado a partir de la no observancia de las normas estatales situándose, con ello, al margen de las relaciones paternalistas y clientelares que caracterizaron al Estado desarrollista.344 Asimismo, al interior del

Reflexiones base sobre este sentido de la informalidad se encuentran en Hernando de Soto, El otro sendero: La revolución informal. Lima: Instituto Libertad y Democracia, 1986. 341 OIT América Latina y el Caribe, Panorama Laboral 2009. Oficina Internacional del Trabajo, 2009, p. 56. 342 OIT, «Chile: Crecimiento, empleo y el desafío de la justicia social». Santiago de Chile, Oficina Internacional del Trabajo, 1998, p. 94. 343 María Cristina Bayón, Bryan Roberts y Gonzalo A. Saraví, op. cit., pp. 74-75. 344 Ibíd., pp. 82-83. Al respecto, véase también Guillermo Wormald, Luz Eugenia Cereceda y Pamela Ugalde, «Estructura de oportunidades y vulnerabilidad social: los grupos pobres de la Región Metropolitana de Santiago de Chile en los años noventa». En Rubén Katzman y Guillermo Wormald, Trabajo y ciudadanía. Los cambiantes rostros de la integración y la exclusión social en 340

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sector informal, y a diferencia del sector formal de la economía, no se ha logrado crear un «sistema secundario de ciudadanía industrial paralelo al sistema de ciudadanía política y suplementario a este», donde el reconocimiento legal de la negociación colectiva representó la transferencia de la esfera política a la civil,345 de un importante proceso de formación y ejercicio de la ciudadanía. Por el contrario, el sector informal ha mostrado constantemente dificultades para su organización colectiva, limitando con ello su «capacidad de modelar el Estado de acuerdo con sus intereses».346 En conclusión, el desarrollo de la ciudadanía social al interior del sector informal latinoamericano ha sido claramente insuficiente dado que, finalmente, ha quedado excluida una parte importante de esta fuerza de trabajo y sus familias de los derechos y beneficios que el desarrollo de la ciudadanía social ha logrado en la región. Al respecto, las transformaciones estructurales, institucionales y subjetivas producidas en estas últimas décadas parecieran situar ahora dicha relación en un escenario aún más complejo.

Transformaciones estructurales del mundo del trabajo y sus condiciones laborales El contexto en el cual se formó y cristalizó el concepto de ciudadanía, específicamente los derechos laborales y sociales en esta sociedad, experimentó un cambio radical a partir de las transformaciones estructurales iniciadas hacia finales de la década de los setenta. Estas contribuyeron a las modificaciones en los fundamentos tanto del modelo de desarrollo en Chile como del mercado del trabajo al interior de esta sociedad. En términos generales, dichas reformas se desplegaron sobre la base de los siguientes pilares:347

cuatro áreas metropolitanas de América Latina. Montevideo: Cebra, 2002, p. 140. 345 Thomas H. Marshall, op. cit., p. 50. 346 María Cristina Bayón, Bryan Roberts y Gonzalo A. Saraví, op. cit., p. 76. 347 Cepal, Quince años de desempeño económico. América Latina y el Caribe, 1980-1995. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 1996; OIT, op. cit., 1998.

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1. Apertura internacional de la economía basada en las ventajas comparativas del país (recursos naturales y actividades intensivas en mano de obra). 2. Sustitución del Estado por el mercado como agente asignador de recursos. 3. Reducción del sector público y sus gastos (focalización de las políticas sociales, privatización de las empresas estatales y la seguridad social, entre otros). 4. Reforma al sistema tributario (principalmente, reducción de impuestos y simplificación de estructura tributaria). 5. Liberalización del sistema financiero. En el caso del mercado del trabajo cabe mencionar, adicionalmente, tres grandes transformaciones, las cuales han tenido un fuerte impacto sobre su conformación y funcionamiento actual: 1. Las reformas laborales (Plan Laboral): estas implicaron cambios en las relaciones individuales y colectivas de trabajo.348 En el caso de las reformas de las relaciones individuales de trabajo, se buscó incrementar las posibilidades de ajuste de las empresas a las fluctuaciones económicas («flexibilidad numérica») en relación al número y composición de la plantilla de trabajadores. En consecuencia, estas reformas modificaron tanto las condiciones de contratación de la fuerza de trabajo como la duración de los contratos laborales, las condiciones de despido y los costos de contratación. En el caso de las relaciones colectivas de trabajo, estas buscaron desregular o restringir este tipo de relaciones, favoreciendo el privilegio de la libertad negativa de asociación sindical, es decir, la no sindicalización y el establecimiento de relaciones individuales de trabajo.349 Asimismo, se proscribió la afiliación múltiple Víctor E. Tokman y Daniel Martínez, Flexibilización en el margen: la reforma del contrato de trabajo. Lima: Oficina Internacional del Trabajo, 1999; R. Urmeneta, «La flexibilización de las relaciones de trabajo en Chile: contrataciones temporales, subcontrataciones y despidos», en Víctor E. Tokman y Daniel Martínez, Flexibilización en el margen: la reforma del contrato de trabajo, op. cit., pp. 67-131. 349 Emilio Morgado Valenzuela, «Las reformas laborales y su impacto en el funcionamiento del mercado del trabajo», Serie Reformas Económicas, N° 32, Cepal, Santiago de Chile. 348

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a sindicatos, federaciones y confederaciones, la existencia de centrales sindicales nacionales intersectoriales e interprofesionales; las negociaciones laborales fueron radicadas al ámbito de la empresa y se reguló detalladamente la conformación, el funcionamiento y la extinción de los sindicatos, federaciones y confederaciones;350 2. Los procesos de reestructuración productiva: dentro de estos destacan los de externalización y subcontratación de servicios y parte de los productivos.351 Mediante estas estrategias productivas las empresas han buscado reducir los costos asociados de producción y alcanzar mejoras en la calidad de sus productos y un mayor acercamiento a las necesidades de los clientes.352 3. La incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC): en el tránsito de un siglo a otro, esta sociedad ha incorporado muy rápida y masivamente las diversas tecnologías de la información y comunicación, tanto para el consumo de las empresas como de las propias personas. Es así como en 2010 el número de abonados a telefonía móvil había crecido ocho veces desde 2000, alcanzando un total de 16.529.922.353 Asimismo, el porcentaje de individuos con acceso a internet entre 2000 y 2006 aumentó desde 21,6% a 42,5%. En ese mismo período, el porcentaje de hogares con al menos un computador creció también de 17,8% a 34,4%.354 En este nuevo escenario, las condiciones de trabajo han presentado características que parecieran distanciarse de los logros alcanzados en materia de ciudadanía social. Es así como los nuevos empleos tienden a contar con una regulación contractual temporalmente restringida o a no estar regulados, situando con ello a sus Ibíd. Magdalena Echeverría, La historia inconclusa de la subcontratación y el relato de los trabajadores. Departamento de Estudios, Dirección del Trabajo, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, 2010, Santiago de Chile. 352 Magdalena Echeverría y Verónica Uribe, «Condiciones de trabajo en sistemas de subcontratación», Documentos de Trabajo N° 81, OIT/ETM, Santiago de Chile. 353 Observatorio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, Secretaría de Desarrollo Digital, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Gobierno de Chile. En: http://www.observatoriotic.gob.cl/indicadores/results 354 Ídem. 350 351

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trabajadores al margen de la seguridad social.355 Estas condiciones de trabajo se han expandido mayoritariamente en la pequeña y mediana empresa, la fuerza de trabajo joven, femenina y menos calificada.356 Sin embargo, se ha observado igualmente en la mediana y gran empresa, así como también en todos los sectores de la economía, una paulatina proliferación de relaciones laborales reguladas temporalmente o simplemente no reguladas, las que terminan por situar estos trabajadores al margen de la seguridad social.357 Además, y contra lo presagiado por la literatura existente, la fuerza de trabajo correspondiente a los quintiles medios y altos en el país pareciera también estar desempeñándose progresivamente bajo tales condiciones de trabajo.358 En consecuencia, los fundamentos legales sobre los cuales se construyó la ciudadanía social en Chile han cambiado significativamente en las últimas décadas. De esta manera, las condiciones de trabajo asociadas tradicionalmente al «sector informal» estarían presentes hoy no solo en dicho sector de la economía, sino en el llamado «sector formal» de la economía, afectando progresivamente a la población más educada del país.

Ciudadanía, empleo y la expansión de la educación en Chile Este creciente proceso de precarización de las condiciones de trabajo, específicamente de expansión de las condiciones de trabajo propias del sector informal, pareciera tensionar fuertemente uno de los fundamentos básicos de la ciudadanía social moderna: la educación como requisito central para el ejercicio pleno de la ciudadanía, puesto que permitiría contar tanto con electores como con trabajadores educados.359 De hecho, es precisamente esta función integradora la Al respecto, véase OIT, 1998, op. cit.; Víctor E. Tokman y Daniel Martínez, op. cit.; Guillermo Wormald y Jaime Ruiz-Tagle, «Exclusión social en el mercado del trabajo: el caso de Chile», Documentos de Trabajo N° 106, Oficina Internacional del Trabajo/Fundación Ford, 1999, Santiago de Chile; Víctor E. Tokman, 2007, op. cit. 356 Guillermo Wormald y Jaime Ruiz-Tagle, op. cit.; Víctor E. Tokman y Daniel Martínez, op. cit.; Víctor E. Tokman, op. cit. 357 Ídem. 358 Guillermo Wormald y Jaime Ruiz-Tagle, op. cit. 359 Op. cit., pp. 34-35 355



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desempeñada por la educación durante el siglo XX en Chile. Por esta razón, la intervención del Estado en materia social se orientó a la provisión de educación pública para la población. Un reflejo de aquello es la progresiva expansión de la oferta de educación escolar a lo largo del siglo pasado. Es así como en 2000 la cobertura del nivel básico y de enseñanza media alcanzaba 99,0% y 90,0%, respectivamente.360 Significativos avances se produjeron también en el aumento de la oferta de educación superior en el país. Dicho proceso ocurrió especialmente a partir de la década de los ochenta, cuando «se modificó su estructura, su coordinación y los mecanismos de financiamiento».361 Es así como el mercado, y no el Estado, se constituyó en el principal agente distribuidor de la oferta educacional superior, se promovió el autofinanciamiento institucional, a través de aranceles y matrículas, y se creó un régimen de créditos y becas.362 En consecuencia, la cobertura de la educación superior en el tramo etario 18 y 24 años aumentó en el período 1990-2000 desde 16% a 31,5%, respectivamente.363-364. Los avances alcanzados en materia educacional en el país han tendido también a reflejarse en el mercado del trabajo. Es así como las generaciones más jóvenes que ingresan y participan en el mercado del trabajo muestran un nivel educacional claramente mayor, caracterizado por haber alcanzado por lo menos la educación media y progresivamente la educación superior (ver Cuadro N° 1).



Berta Teitelboim y Valeria Salfate, «Cambios sociodemográficos en educación». En INE, Cuánto y cómo cambiamos los chilenos. Balance de una década. Censos 1992-2002. Santiago: Publicaciones del Bicentenario, 2000, p. 173. 361 Óscar Espinoza Díaz y Luis Eduardo González, «Equidad y acceso a la educación superior en Chile (1990-2003)». En José Joaquín Brunner y Carlos Peña (Eds.), Reforma de la educación superior. Santiago: Aportes para el Debate, Ediciones Universidad Diego Portales, 2008, p. 150. 362 Ibíd., pp. 150-151. 363 Ibíd., p. 171. 364 Destacar la expansión alcanzada por el sistema educacional superior no implica desconocer que el sistema educacional superior chileno siga presentando un acceso segmentado a este según el nivel socioeconómico del hogar al que pertenece el/la joven. Al respecto cabe tener presente que «mientras los jóvenes pertenecientes al quintil V tiene una cobertura superior a los dos tercios en el sistema terciario, los del quintil más pobre no superaban el 12% en el año 2003 y los jóvenes del quintil II no superaban aún el 20%». Ibíd., p. 160. 360

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Ciudadaniía social, informalidad y trabajo a domicilio Cuadro N° 1 Estructura de los ocupados según nivel educacional y edad, 2002 30 a 60 y 45-59 Total 29 44 más Sin educación 1,1 1,7 3,4 8,3 2,3 Básica incompleta 9,3 13,3 24,7 35,9 16,4 Básica completa 9,0 10,1 9,0 6,3 9,3 Media incompleta 30,4 21,7 17,7 12,6 22,5 Media completa 24,7 22,7 18,8 17,0 21,9 Superior 25,6 30,5 26,4 20,0 27,6 Total 100 100 100 100 100 Fuente: INE, Censos de Población. Elaboración B. Teitelboim/V. Salfate.365 Nivel educacional

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Asimismo, el censo de población y vivienda realizado en el país en 2002 indica que la composición del empleo por oficio ha experimentado un significativo incremento en los técnicos medios y profesionales en el país, tanto en la fuerza de trabajo masculina como femenina (ver Cuadro N° 2). Cuadro N° 2 Evolución de la composición del empleo por oficio, 1992-2002 Oficio Directores/gerentes Profesionales Técnicos medios Empleados Vendedores Trab. agrícolas Obreros/artesanos Conductores/

Total 1992 6,0 7,1 5,1 12,7 11,0 12,5 17,2

Hombres 1992 6,4 5,1 4,2 9,6 8,3 17,0 21,8

2002 6,3 10,2 14,2 8,8 12,8 5,3 12,1

2002 6,6 8,0 12,0 6,8 9,9 7,7 16,8

8,8 8,8 11,3 12,5 operarios Trab. no calificados 19,7 21,5 16,3 19,8 Total 100 100 100 100 Fuente: INE, Censos de Población. Elaboración D. Bravo.366

365 366

Mujeres 1992 5,1 11,7 7,3 19,9 17,2 1,9 6,6

2002 5,8 14,3 18,1 12,6 18,1 0,9 3,5

2,9

2,1

27,4 100

24,5 100

Ibíd., p. 178. D. Bravo, «Trabajo: dignidad y cambios». En INE, Cuánto y cómo cambiamos los chilenos. Balance de una década. Censos 1992-2002. Santiago: Publicaciones del Bicentenario, 2000, p. 150.

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A comienzos del nuevo siglo la sociedad chilena contemporánea muestra entonces un importante aumento en su nivel educacional. Dentro de dicho proceso destaca el hecho de que los profesionales y técnicos de nivel superior, es decir, aquella población que conformaría, desde el punto de vista de la literatura especializada, los grupos más privilegiados de la sociedad chilena, ha alcanzado la magnitud esperada.

Transformaciones institucionales y subjetivas: el impulso individualizador en Chile Los cambios ocurridos en las condiciones de trabajo en el país y su impacto sobre el desarrollo de la ciudadanía social parecieran no solo explicarse por transformaciones a nivel de las estructuras sociales, sino también a nivel institucional y subjetivo. Al respecto, el actual desarrollo de la teoría de la individualización plantea una paulatina disolución y desprendi­miento de las formas de vida propias de la sociedad industrial (tales como la clase, la familia y el orden tradicional de género) producto, principalmente, de un mejora­miento en las condiciones materiales de vida, la expansión del sistema educacional, el aumento del tiempo libre y la movilidad geográfica de las personas.367 En dicho contexto, se produciría un debilitamiento del contenido normativo de las instituciones sociales modernas y, consecuentemente, una expansión de las posibilidades de elección y decisión de los sujetos. Sin embargo, dicho proceso significaría, al mismo tiempo, una pérdida de las seguridades y certezas que tradicionalmente dichas instituciones habían propor­ cionado.368 En consecuencia, los sujetos tendrían que asumir paulatinamente las responsabilidades y posibilidades, los riesgos e (in)seguridades

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Beck, U., Risikogesellschaft. Auf den Weg in eine andere Moderne. Frankfurt: Suhrkamp,1986. Beck-Gernsheim, E., Individualisierungstheorie: Veränderungen des Lebenslaufs in der Moderne. En Keupp, H. (Eds.), Zugänge zum Subjekt: Perspektiven einer reflexiven Sozialpsychologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994; Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim, Riskante Freiheiten. Zur Individualisierung von Lebensformen in der Moderne. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1994. Beck, U./Giddens, A./Lash, S. (1996): Reflexive Modernisierung. Eine Kontroverse. Frankfurt am Main: Suhrkamp. Ídem.

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relativos a la definición, planificación y organización de su propia forma de vida y relaciones sociales.369 Así, se generaría una mayor dependencia del Estado y del mercado (laboral), es decir, de organizaciones e instituciones impersonales, dando origen igualmente a nuevas formas de estandarización y dependencia institucional por parte de los individuos.370 A pesar de que al interior de la sociedad chilena no se ha alcanzado el nivel de bienestar material y de seguridad social que habría favorecido este nuevo impulso individualizador, la literatura actual sí da cuenta de una paulatina transformación de las instituciones sociales que regularon la vida en la sociedad chilena del siglo pasado. Al respecto, destaca el significativo aumento del nivel educacional de las mujeres,371 así como su progresiva incorporación al mundo del trabajo remunerado.372 Además, se observa un proceso creciente de pluralización de los modos de conformación de las familias y el consecuente debilitamiento de la «familia nuclear» como forma familiar predominante en el país.373 En dicho contexto, el orden tradicional de género estaría siendo cuestionado especialmente por la población femenina y

Ídem. Ulrich Beck op. cit., 1986; Ulrich Beck y Peter Sopp (Eds.), Individualisierung und Integration. Neue Konflikte und neuer Integrationsmodus? Opladen: Leske + Budrich, 1997. 371 De acuerdo al censo de población y vivienda realizado en el país (2002), los grupos etarios más jóvenes (15-29 y 30-34 años) alcanzaban niveles educacionales mayores que los hombres en relación a la educación media y superior. Berta Teitelboim y Valeria Salfate, op. cit., p. 177. 372 La tasa de participación laboral femenina creció desde 22% en el período 1960-1970 a 35,7% en 2002. Lorena Godoy, Ximena Díaz y Amalia Mauro, «Imágenes sobre el trabajo femenino en Chile, 1880-2000», Revista Universum, N° 24, vol. 2, 2009, p. 88. Actualmente, las mujeres de 15 años y más presentan una participación laboral de 41,3% en Chile. Cepal y OIT, Boletín Cepal/OIT Coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, N° 3, «Crisis, estabilización y reactivación: el desempeño del mercado laboral», 2009, p. 20. 373 Verónica Gubbins, Francisca Browne y Andrea Bagnara, «Familia: innovaciones y desafíos. Las familias chilenas en la década 1992-2002». En INE, Cuánto y cómo cambiamos los chilenos. Balance de una década. Censos 1992-2002. Santiago: Cuadernos Bicentenario, 2003, pp. 191-249; PNUD, Informe Desarrollo Humano en Chile 2002. Nosotros los chilenos: un desafío cultural. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; PNUD, Informe Desarrollo Humano en Chile 2010. Género: los desafíos de la igualdad. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 369 370



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más joven.374 Por último, algunos estudios indican también una progresiva desestandarización de la trayectoria laboral.375 Al respecto, cabe tener presente que la trayectoria de vida ha sido la institución social que ha regulado diacrónica, secuencial y biográficamente la dimensión temporal de la vida de las personas.376 Sin embargo, actualmente se observa una desestandarización de la trayectoria de vida, la cual adquiriría un horizonte de carácter abierto,377 volviendo así altamente «riesgosas» y, consecuentemente, inciertas tanto las posibilidades de desarrollo de los suje­tos como de la sociedad.378 En el caso de Chile, los estudios de trayectoria laboral indican que la fuerza laboral femenina y masculina más joven desarrollaría trayectorias de vida menos lineales y más complejas que las generaciones anteriores.379 Las razones que explicarían dicho comportamiento sería la necesidad de estas/os jóvenes de alcanzar mejores condiciones de trabajo.380 Paralelamente a estas transformaciones institucionales, la población chilena manifiesta un creciente «malestar» en relación al mundo del trabajo, producto tanto de la creciente selectividad del actual sistema económico como de la fuerte presión percibida por los sujetos hacia el rendimiento y su adaptabilidad a los requerimientos de esta PNUD, op. cit.; PNUD, Informe Desarrollo Humano en Chile 2010. Género: los desafíos de la igualdad. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 375 Helia Henríquez y Verónica Uribe-Echevarría, «Trayectorias laborales: la certeza de la incertidumbre». Departamento de Estudios, Cuadernos de investigación Nº 18. Santiago: Dirección del Trabajo, 2003; Virginia Guzmán y Amalia Mauro, «Las trayectorias laborales de mujeres de tres generaciones: coacción y autonomía», en Rosalba Todaro y Sonia Yáñez (Eds.), El trabajo se transforma. Relaciones de producción y relaciones de género. Santiago: Centro de Estudios de la Mujer (CEM), 2004; Virginia Guzmán y Amalia Mauro, «Trayectorias laborales masculinas y orden de género», en Rosalba Todaro y Sonia Yáñez (Eds.), El trabajo se transforma…, op. cit. 376 Martin Kohli, «Die Institutionalisierung des Lebenslaufs. Historische Befunde und theoretische Argumente«, Kölner Zeitschrift für Soziologie. Köln: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 1985. 377 Discusiones recientes se encuentran recogidas en Lothar Böhnisch, Sozialpädagogik der Lebensalter. Eine Einführung. Weinheim/München: Juventa, 2001; Martin Kohli, The institutionalization of the life course: looking back to look ahead, Research in Human Development, 4 (3-4), 2007, pp. 253-271. 378 Ulrich Beck y Elisabeth Beck-Gernsheim, op. cit. 379 Helia Henríquez y Verónica Uribe-Echevarría, op. cit., 2003; Virginia Guzmán y Amalia Mauro, op. cit., 2004. 380 Ibíd. 374

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esfera social.381 Al respecto, la «falta de tiempo»382 emerge como una de los principales malestares subjetivos (y colectivos). Esto, porque no le permitiría a los sujetos construir «un punto de vista desde donde observar el significado de esas exigencias (laborales) para el propio proyecto personal».383 Significativa es entonces la sensación de las personas de tener que tomar constantemente «opciones» o decisiones unilaterales (parciales) al interior del mundo del trabajo (por ejemplo, entre familia y trabajo), puesto que el trabajo (remunerado) no les permitiría satisfacer simultáneamente sus necesidades materiales e inmateriales.384 Esta sensación pareciera verse, obviamente, agravada por los bajos ingresos percibidos por las personas en un contexto de aumento de la capacidad de compra de la población, pero también de crecientes demandas. En consecuencia, las demandas de integración de la población apuntan a alcanzar «una vida cotidiana con rostro humano»,385 en que se prioricen las necesidades de las personas antes que las necesidades de la economía y la política. Asimismo, aspiran a desarrollar un trabajo «digno» y «gratificante», es decir, un trabajo en el cual se les considere en tanto persona, se les reconozcan sus capacidades y se les otorgue el tiempo libre necesario para poder desarrollarse, establecer y cultivar sus relaciones interpersonales.386 En conclusión, en estas últimas décadas se han producido significativos procesos de cambio en la sociedad chilena contemporánea, tanto a nivel institucional como subjetivo, que llevan a plantearse la pregunta sobre las acciones y sentidos de los individuos en relación a los cambios en curso en el mundo del trabajo. Específicamente, junto al proceso de pluralización de las formas de hacer familia, ¿no podría igualmente estar ocurriendo un proceso de pluralización de las formas de trabajo? Dichas posibles acciones y sus significados subyacentes podrían no solo buscar modificar las transformaciones estructurales anteriormente descritas, sino también estar reforzándolas y profundizándolas, volviendo aún más compleja la confor PNUD, Desarrollo Humano en Chile. Las paradojas de la modernización. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1998, p. 122. 382 PNUD, Desarrollo Humano en Chile. Nosotros los chilenos: un desafío cultural. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2002, p. 197. 383 Ídem. 384 Ibíd., p. 195. 385 PNUD, Desarrollo Humano en Chile. Más sociedad para gobernar el futuro. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2000, p. 92. 386 Ibíd., pp. 92-93. 381

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mación del mundo del trabajo e imponiendo nuevos desafíos al desarrollo de la ciudadanía social en esta sociedad.

Trabajo a domicilio e informalidad Una de las formas que tradicionalmente ha sido clasificada bajo la categoría de trabajo informal ha sido el trabajo a domicilio. Este es entendido como «la producción de bienes para un empleador o un contratista, o la prestación de un servicio a dichas personas en virtud de un acuerdo con arreglo al cual el trabajo se efectúa en el sitio que elige el trabajador, a menudo su propio hogar».387 El trabajo a domicilio es, entonces, una forma de trabajo que se diferencia del trabajo asalariado desarrollado tradicionalmente para una empresa o el Estado, pues no se lleva a cabo por un trabajador fuera de su hogar, sino precisamente en el propio hogar del trabajador. El trabajo a domicilio ha sido considerado una de las formas de trabajo urbano más antiguas de trabajo flexible388 que, pese a su larga data, presenta hasta hoy dificultades en su medición y conceptualización. En América Latina, esta modalidad laboral se ha caracterizado por el subregistro y su consecuente invisibilidad, precisamente por el hecho de que se desarrolla al interior del hogar de las propias personas.389 Las dificultades de medición del trabajo a domicilio se han debido también a los difusos límites existentes entre subordinación e independencia, es decir, entre trabajo asalariado y trabajo independiente, y por su carácter muchas veces temporal e intermitente.390 En América Latina, los estudios realizados han indicado que el trabajo a domicilio presenta características comunes al interior OIT. «Trabajo a domicilio. Informe V (1). Conferencia Internacional del Trabajo, 82ª reunión, obtenido en (2011), desde http://www.ilo.org 388 Manuela Tomei. «Home Work in selected Latin American Countries: A comparative overview». En SEED Working Paper N° 1, Series on Homeworkers in the Global Economy, InFocus Programme on Boosting Employment through Small Enterprise Development, Job Creation an Enterprise Department. Ginebra: ILO, 2001, p. 1 389 G. Rossignotti, «Género, trabajo a domicilio y acción sindical en América Latina», p. 3. Obtenido en enero de 2010. En: http://white.oit.org.pe/ spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/edob/material/cadenas/ pdf/os2.pdf 390 Manuela Tomei, op. cit., p. 3. 387

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de esta región. Por un lado, se ha desarrollado tradicionalmente en el sector textil, de la confección y del calzado.391 Por otro lado, se ha caracterizado por sus condiciones de trabajo precarias, específicamente por el establecimiento de relaciones laborales al margen de un contrato de trabajo, bajos ingresos, jornadas de trabajo extensivas y un bajo acceso a los beneficios sociales. Asimismo, en el marco de dichas condiciones laborales se ha desempeñado principalmente una mano de obra femenina, personas de bajos niveles de educación formal y calificación profesional, así como igualmente fuerza de trabajo no organizada y de escasa productividad.392 El paulatino proceso de reestructuración de las economías latinoamericanas en la región, así como los procesos de descentralización, externalización y subcontratación de la producción y los servicios parecieran, sin embargo, modificar parte de la configuración tradicional de esta forma de trabajo. Por un lado, se observa una mayor heterogeneidad en los sectores de la economía en que el trabajo a domicilio se despliega.393 Es así como el trabajo a domicilio se desarrollaría principalmente en el sector de los servicios tanto en Chile394 como en Brasil.395 Además, se observa una segregación sexual del trabajo a domicilio, específicamente una feminización Ibíd. Estas características han sido observadas en diversos países de la región. Véase al respecto Elizabeth Jelin, Matilde Mercado y Gabriela Wyczykier, «Home work in Argentina». En SEED Working Paper N° 1, Series on Homeworkers in the Global Economy, InFocus Programme on Boosting Employment through Small Enterprise Development, Job Creation an Enterprise Department. Ginebra: ILO, 2001; Francisco Verdera, «Home work in Peru». En SEED Working Paper N° 3, Series on Homeworkers in the Global Economy, InFocus Programme on Boosting Employment through Small Enterprise Development, Job Creation an Enterprise Department. Ginebra: ILO, 2001; Helia Henríquez, Verónica Riquelme, Thelma Gálvez y Teresita Selamé. «Home work in Chile: Past and present results of a National Survey». En SEED Working Paper N° 8, Series on Homeworkers in the Global Economy, InFocus Programme on Boosting Employment through Small Enterprise Development, Job Creation an Enterprise Department. Ginebra: ILO, 2001. 393 Manuela Tomei, op. cit., p. 16. 394 Helia Henríquez, Verónica Riquelme, Thelma Gálvez y Teresita Selamé, op. cit, pp. 17-18. 395 Lena Lavinas, Bila Sorj, Leila Linhares y Angela Jorge. «Homework in Brazil: New contractual Arrangements». En SEED Working Paper N° 7, Series on Homeworkers in the Global Economy, InFocus Programme on Boosting Employment through Small Enterprise Development, Job Creation an Enterprise Department. Ginebra: ILO, 2001, p. 23. 391 392

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de este en los sectores de comercio y servicios, mientras que una masculinización en la producción de bienes.396 No obstante, continuaría siendo una forma de trabajo desempeñada principalmente por fuerza de trabajo femenina en esta región.397 En el caso de Chile, el trabajo a domicilio muestra un desarrollo similar al anteriormente esbozado, pero con características muy particulares. Como se indicó, Chile constituye uno de los pocos países de Sudamérica donde el comercio y los servicios conforman el principal sector de despliegue de esta modalidad de trabajo. Asimismo, en este país el nivel educacional de los trabajadores a domicilio alcanza niveles similares al de la fuerza de trabajo ocupada del país, es decir, un nivel educacional de nivel medio (9-12 años de estudio). Sin embargo, casi un quinto de esta población cuenta con educación superior, es decir, 13 y más años de estudio. Estos mayores niveles educacionales se perfilan con claridad, especialmente en el caso de aquellos trabajadores a domicilio que desarrollan esta forma de trabajo como actividad laboral principal, en la fuerza de trabajo femenina y en las actividades de servicios.398 Por último, esta única medición nacional de trabajo a domicilio aplicada en Chile (Encuesta Suplementaria –ES– incorporada a la Encuesta Nacional del Empleo –ENE–) mostró también que las condiciones laborales de esta forma de trabajo no eran, como se había pensado hasta entonces, necesariamente condiciones que tendían a caracterizar el trabajo informal. Específicamente, los resultados de esta encuesta mostraron que, pese a que el trabajo a domicilio realizado para el sector de la confección continuaba teniendo jornadas de trabajo extensas, es decir, superiores a las 48 horas semanales, el efectuado para el sector de los servicios se llevaría a cabo principalmente en el marco de jornadas parciales, es decir, menores de 35 horas semanales.399

Manuela Tomei, op. cit., pp. 17-19. Ídem. 398 H. Henríquez, V. Riquelme, T. Gálvez, T. Selamé, «El trabajo a domicilio en Chile, un tema antiguo y actual: Resultados de una medición nacional». Documento de discusión, N° 32, Cuestiones de Desarrollo, Departamento de Políticas de Desarrollo. Ginebra, Oficina Internacional del Trabajo, 1998, p. 47. 399 Helia Henríquez, Verónica Riquelme, Thelma Gálvez y Teresita Selamé, op. cit., p. 21. 396 397

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(Tele)trabajo a domicilio y profesionales en Chile En el marco de los diversos procesos de transformación mencionados, el trabajo a domicilio adquirie actualmente nuevos matices en la sociedad chilena contemporánea, especialmente por su expansión dentro del sector de servicios y la presencia de trabajadores/as con mayores niveles de educación. Considerando, a su vez, la creciente difusión de las tecnologías de la información y comunicación en el país, cabe situar la atención en los diversos modos de «teletrabajo» que emergen. El «teletrabajo», en tanto concepto genérico,400 se refiere a las diversas modalidades de trabajo remunerado que adquiere la forma de teletrabajo parcial («alternado») o teletrabajo («puro»).401 Característico del «teletrabajo» es que este es remunerado y se organiza, parcial o totalmente, de manera descentralizada de la empresa mediante la utilización de tecnologías de la información y comunicación.402 El «teletrabajo a domicilio» es entonces un tipo específico de teletrabajo, que se desarrolla desde el domicilio del trabajador. A continuación se presentan y discuten parte de los resultados de una investigación centrada en mujeres y hombres profesionales en Chile que participan del mundo del trabajo a través de diversas maneras de teletrabajo a domicilio como principal actividad laboral.403 Específicamente, se mencionan y analizan algunos resultados que permitirían discutir el concepto de ciudadanía social ��������������������������������������������������������������������������� A. Büssing, P. Broome, «Telearbeit. Zeitflexibel in die Informationsgesellschaft?» En Büssing, A./Seifert H. (Eds.), Die Stechuhr hat ausgediehnt. Flexiblere Arbeitszeiten durch technische Entwicklungen. Düsseldorf: Hans Böckler-Stiftung, 1999. 401 ��������������������������������������������������������������������������� F. Kleemann, G.G. Voss, «Telearbeit und alltägliche Lebensführung���������� »��������� . En Büssing, A./Seifert H. (Eds.), Die Stechuhr hat asugediehnt. Flexiblere Arbeitszeiten durch technische Entwicklungen. Düsseldorf: Hans Böckler-Stiftung, 1999. Nota: definición traducida por la autora de este capítulo. 402 Ibíd. 403 En concreto, se discuten acá parte de los resultados obtenidos a partir de 18 entrevistas en profundidad realizadas tanto a hombres como a mujeres, correspondientes a diferentes grupos etarios, que tienen un título profesional universitario y que se desempeñaban como teletrabajadores/as en la Región Metropolitana. ��������������������������������������������������������������� La totalidad de los resultados de esta investigación están disponibles en: A. Cárdenas, Soziale Exklusion im chilenischen Arbeitsmarkt und die Integration der hochqualifizierten Erwerbstätigen: der Fall der TeleheimarbeiterInnen, en: http://www.diss.fu-berlin.de/diss/receive/FUDISS_thesis_000000016076, Freie Universität Berlin. 400

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al interior de la sociedad chilena contemporánea a partir de un segmento de la población que, tradicionalmente, había sido reconocida como ciudadanos plenos de esta sociedad.

Desde la empresa a la casa A diferencia del «trabajo a domicilio» clásico en América Latina, el «teletrabajo a domicilio» desarrollado por los profesionales teletrabajadores estudiados no fue su forma de integración inicial al mercado del trabajo. Como presagiaban Filgueira y Geneletti, la mayoría de estos profesionales se desempeñaron primeramente en el sector moderno de la economía. Sin embargo, dicha integración laboral no ocurrió principalmente al alero del Estado chileno, sino en la empresa privada. En concreto, los lugares donde se desempeñaban estas personas antes de transitar a algún modo de teletrabajo a domicilio fueron, por ejemplo, un diario, una empresa de publicidad, una consultora de recursos humanos, un departamento de estudios de un canal de televisión nacional, una universidad, etc. De hecho, al interior de la muestra estudiada solo un único profesional trabajaba en un ministerio del Estado chileno antes de trabajar desde su casa. Este quiebre con la «biografía normal» o «típica» de un profesional en Chile, más bien propia de hombres adultos, pareciera explicarse por razones diversas según el grupo etario, específicamente de acuerdo a la cohorte a la cual pertenecen estas personas. En el caso de la población mayor de 45 años, esta situación habría ocurrido principalmente producto de los despidos acaecidos en el marco de los procesos de reorganización de la empresa donde trabajaban, siendo entonces este resultado consistente con la literatura predominante anteriormente mencionada. Sin embargo, en el caso de los profesionales menores de 45 años, quienes resultaron ser el grupo mayoritario en la etapa de selección aleatoria de esta muestra, el comienzo de su teletrabajo a domicilio estuvo asociado a una decisión propia: su renuncia al trabajo que desarrollaban hasta ese momento. Las dificultades y tensiones vividos por estos individuos en su «trabajo de integración» (Integrationsarbeit)404 a esta sociedad, así como consigo mismo, es decir, la tarea simultánea de integración de sus acciones en su vida cotidiana («inte404



Ana Cárdenas, op. cit., p. 200.

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gración sincrónica»), su biografía («integración diacrónica») y su identidad parecieran haber constituido los fundamentos de sentido de dicha acción. Estas dificultades, tensiones y malestares, en el sentido de los informes de Desarrollo Humano del PNUD, no serían exclusivos de mujeres profesionales con hijos/as, como ha supuesto la literatura especializada, sino también de profesionales hombres tanto con hijos como sin hijos/as.405 En las próximas páginas de este capítulo se profundizará en dichos resultados. Por último, el teletrabajo a domicilio que estos profesionales desarrollan desde sus casas para diferentes empresas situadas en la Región Metropolitana del país corresponde a un tipo de trabajo independiente que difiere del autónomo tradicional. Como indica Sergio Bologna,406 esta forma de trabajo corresponde a aquella relacionada con la agricultura, el comercio y las profesiones liberales protegidas por los colegios profesionales (abogados, médicos, arquitectos, etc.). En el caso de los teletrabajadores estudiados, estos corresponden más bien a los «trabajadores autónomos de segunda generación o semiautónomos o según proyectos o creativo»,407 es decir, aquel que ofrece y proporciona servicios externos a las empresas y que pertenece a los estratos laborales propios del trabajo cognitivo y/o creativo. Específicamente, los profesionales estudiados acá comienzan a desempeñarse no solo temporal, sino también regularmente como teletrabajadores a domicilio principalmente para diversas empresas correspondientes a la industria de los medios de comunicación de masas y del ocio, y ofrecen servicios de diseño, traducción y de edición para organismos del Estado chileno, internacionales y empresas medianas y grandes. En una menor proporción, entregan servicios de asesoría profesional en temas medioambientales, legales, informáticos y de ingeniería industrial.

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Este estudio se realizó a partir de dos etapas de selección de la muestra. En la primera etapa se accedió a la muestra a través del «sistema de bola de nieve», donde se logró contactar a más hombres (siete casos) que mujeres (tres casos) teletrabajadores/as a domicilio. En una segunda etapa, y de acuerdo a los resultados obtenidos, se seleccionó una segunda muestra, introduciendo una segmentación interna según sexo (cuatro mujeres y cuatro hombres) y grupos etarios (menores de 45 años y mayores de 45 años). Asimismo, todos los entrevistados debían tener hijos, en orden a contrastar los resultados con aquellos entrevistados sin hijos obtenidos en la primera etapa de la investigación. S. Bologna, Crisis de la clase media y posfordismo. Madrid: Ediciones Akal, 2006, p. 147. Ídem.

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La diversidad de servicios ofrecidos a diversas organizaciones pareciera no solo dar cuenta del grado de formación de dicha fuerza de trabajo, sino igualmente de los diversos procesos de externalización408 y posterior subcontratación409 de las empresas en el país. Al respecto, se vuelve interesante observar cómo se sitúan estos/as profesionales en el nuevo contexto laboral y cuáles son los sentidos subjetivos de las acciones que finalmente emprenden ellos y ellas.

7.2. La «informalización» del trabajo profesional La integración de los profesionales tanto en América Latina como en Chile ha sido asociada por la literatura especializada a condiciones de trabajo «formales», es decir, a un contrato de trabajo indefinido y a un conjunto de derechos laborales que fueron reconocidos en el marco del desarrollo de la ciudadanía social, tales como una jornada de trabajo predeterminada, un ingreso mensual y el acceso a la seguridad social y a la salud. Por el contrario, el trabajo a domicilio se ha caracterizado tradicionalmente, como se indicó, por condiciones de trabajo «informales», es decir, por relaciones laborales desarrolladas al margen del contrato de trabajo y por ello sin acceso a aquellos derechos. En la sociedad chilena contemporánea y en el marco de la expansión de la educación superior, las condiciones de trabajo de los profesionales parecieran ser distintas a las esperadas. En el caso de los profesionales teletrabajadores a domicilio estudiados, sus condiciones de trabajo han tendido cada vez más hacia la informalización desde que comenzaron a trabajar desde su hogar. En concreto, la mayoría de estos profesionales teletrabaja actualmente al margen de un contrato de trabajo, replicando con ello la desregulación laboral que ha caracterizado al trabajo a domicilio clásico (ver Cuadro N° 3).



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M. Novick, J. Carrillo, «Eslabonamientos productivos globales y actores locales: debates y experiencias en América Latina». En E. de la Garza Toledo (Coord.), Teorías sociales y estudios del trabajo: nuevos enfoques. Barcelona/Iztapalapa: Anthropos/Universidad Autónoma Metropolitana, 2006, pp. 243-267. M. Echeverría, op. cit.

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50 Separado marino Sra. I. Traductora 51 Separada Sra. B. Periodista 51 Conviviente Sr. B. Periodista 53 Conviviente Sr. M. Periodista 63 Soltero Fuente: Elaboración propia sobre la base de entrevistas.

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Diferencias de género significativas se observan en relación a la distribución de dichas condiciones de trabajo. Es así como ninguna de las mujeres profesionales analizadas cuenta con un contrato de trabajo, pareciendo con ello dar cuenta del proceso de «feminización de los empleos de mala calidad» (feminisation of bad quality jobs)410 desplegado tanto en América Latina como en la mayoría de los países del mundo en las últimas décadas. Al respecto, cabe tener presente que gran parte de estas teletrabajadoras tiene hijos menores de edad y dentro de estas, la mayoría vive sola con sus hijos y constituyen el ingreso principal de su hogar (ver Cuadro N° 2). Asimismo, ellas tienden a desarrollar alguna «estrategia de autoseguridad» para lograr un ingreso mínimo estable y/o uno relativamente alto para suplir las variaciones de los ingresos durante el año. Dichas estrategias las implementan principalmente a través de la prestación simultánea de servicios (diseño, traducción, periodismo, asesoría medioambiental, etc.) a diversos empleadores. En el caso de los profesionales hombres, se observa una «estrategia de autoseguridad» relativamente diferente, en que las personas buscan insertarse paralelamente, pero de manera secundaria, a un trabajo regulado contractualmente para lograr un ingreso mínimo estable y el acceso a la previsión social y salud. Dicho trabajo paralelo corresponde principalmente a cursos que dictan por hora en alguna universidad (por ejemplo, escuelas de Periodismo y Traducción). En el caso de los teletrabajadores más jóvenes entrevistados, son sus propias familias de origen quienes los contratan en el marco de su empresa para asegurar así el acceso a la seguridad social y a la salud. El Sr. A, ingeniero informático, constituye el único caso estudiado que trabaja para una empresa informática desde su casa en el marco de un contrato de trabajo. Cabe tener presente que este contrato existía previo al inicio de su teletrabajo, es decir, mientras trabajaba al interior de esta empresa. Sin embargo, dicho contrato no fue modificado cuando esta persona decidió trabajar desde su hogar. Si dicha solución no hubiera sido posible, este profesional hubiese renunciado a su trabajo, pues él tenía tomada la decisión de irse a vivir con su pareja 410



Resultados recientes al respecto se encuentran en Johannes Jütting, Angela Luci y Christian Morrisson, «Why do so many women end up in bad jobs? A cross-country assessment», Working Paper N° 287, OECD Development Centre.

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fuera de Santiago. La solución encontrada entre la empresa y él, fue, finalmente, mantener las condiciones contractuales existentes y comprometer su trabajo diario y una venida semanal a Santiago por el día para trabajar en la empresa misma. El teletrabajo a domicilio ha llevado entonces, en la mayoría de los casos, a un incremento de la informalidad de las relaciones laborales dentro de las cuales se integran estos profesionales. No obstante, cabe destacar que solo algunos de ellos se habían desempeñado anteriormente bajo condiciones laborales totalmente «formales». Específicamente, en el caso de los profesionales más jóvenes, la mitad venía trabajando en el marco de un contrato de trabajo definido o simplemente al margen de la regulación laboral, reduciéndose con ello un conjunto de derechos laborales, tales como el acceso a la seguridad social, salud y vacaciones pagadas. Sin embargo, dicha relación laboral continuaba presentando algunas de las características del trabajo asalariado «típicas», como único empleador, único lugar de trabajo, sueldo mensual y requerimiento de la presencia regular del trabajador en su lugar de trabajo. De esta manera, los lugares de trabajo en cuestión parecieran haber logrado normar y tipificar el comportamiento laboral de las personas entrevistadas, independientemente de la existencia concreta de un contrato de trabajo. Al mismo tiempo, de esta forma, los profesionales estudiados habían tenido la experiencia subjetiva de una «integración laboral típica/formal», constituyendo, en última instancia, un elemento central para su posterior decisión de trabajar desde su casa. Un segundo elemento que caracteriza las condiciones de trabajo de los entrevistados es que no perciben ingresos mensuales fijos. Esta condición de trabajo es predominante, pese a ser ellos, en la mayoría de los casos, el ingreso principal del hogar y tener hijos menores de edad a su cargo. En concreto, casi la totalidad de estos teletrabajadores percibe la remuneración de su trabajo contra entrega de una boleta (lo que usualmente en Chile se llama «boletear»), replicando con ello las condiciones de trabajo características del trabajo a domicilio clásico e incluso de la «condición proletaria»: el «trabajo a trato». El acceso a la seguridad social y salud, pilares fundamentales de la ciudadanía social moderna, presenta patrones igualmente

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complejos. La mayoría de los teletrabajadores a domicilio estudiados no tiene ningún tipo de previsión social (AFP), (ver Cuadro N° 3); sin embargo, sí tienen acceso a la salud (Fonasa). Esto se debe, en gran medida, a que estas personas aportan como trabajadores independientes a Fonasa debido a que consideran que la cobertura de las necesidades de salud constituye una necesidad básica para ellos. En el caso de aquellos profesionales que desarrollan un trabajo dependiente paralelo, su acceso al sistema de salud público y al sistema de previsión social está asegurado precisamente por el contrato laboral que regula dicha actividad. Al interior de este grupo solo se encontraron dos casos de teletrabajadores asegurados a través de algún tipo de seguro privado, modalidad de aseguramiento que podría emerger como modo de compensación al no acceso a la seguridad social y la salud, vía contrato de trabajo. En dichos casos (Sr. D. y Sra. C.), ambos teletrabajadores tienen un seguro de vida. En un único caso (Sra. C.), la teletrabajadora, además de estar cotizando en una Isapre, cuenta con un conjunto de seguros (de vida, catastrófico, por incapacidad temporal y de ahorro para la vejez). Cabe tener presente que, en este último caso, la teletrabajadora es de origen chileno-norteamericana y vivió un largo período en Estados Unidos, razón por la cual ella misma reconoce haber sido socializada en el marco de una cultura donde los seguros privados forman parte de los modos de aseguramiento habituales de la población de aquella sociedad. En los restantes casos estudiados no se registró un mayor interés ni conocimiento respecto de este tipo de formas de aseguramiento. Por último, la integración y participación laboral a través de diversas maneras de teletrabajo a domicilio no implica únicamente asumir los costos que, en el marco del desarrollo de la ciudadanía social, habían tendido a ser compartidos progresivamente con el empleador (por ejemplo, la seguridad social y la salud). Adicionalmente, los sujetos deben progresivamente prever y autofinanciar un conjunto de otros costos como, por ejemplo, adquirir la tecnología adecuada para responder a los requerimientos de las empresas empleadoras, habilitar un espacio en su hogar para trabajar y todos aquellos costos fijos y variables asociados al ejercicio mismo de la actividad (electricidad, teléfono, tinta, etc.). Llama la atención, que estos costos no suelen ser traspasados al valor final de los servicios

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que prestan a un determinado empleador. Esta situación pareciera deberse, en gran medida, a que estos teletrabajadores buscan mantener una posición competitiva, en términos del valor de sus servicios, en el mercado. Otra de las razones que explicaría dicha situación es que estos profesionales suelen no percibirse a sí mismos como trabajadores independientes, sino más bien como «en la mitad» (Sr. D., 28 años, diseñador), es decir, entre un empleado y un empresario. No obstante, y como planteara Max Weber hace un siglo,411 se observa una progresiva racionalización de la conducta de estos profesionales, es decir, una orientación de las acciones sociales ya no por la costumbre (en este caso, lo dispuesto por el contrato de trabajo en tanto institución social), sino por los intereses. Específicamente, en los casos estudiados pareciera desplegarse una paulatina «autorracionalización» (Selbstrationalisierung)412 de estos sujetos. Esta no ocurriría únicamente en relación a sus acciones en la esfera del trabajo, sino también en relación al modo de conducir su vida (Lebensführung).413 Al respecto, el uso reflexivo y racional del tiempo (tiempo de trabajo remunerado, tiempo de trabajo no remunerado –mantención del hogar y su abastecimiento, cuidado y educación de sus hijos–, tiempo para relacionarse con un otro, etc.), es decir, su cálculo, planificación y delimitación sería una de sus más claras manifestaciones al respecto. En conclusión, la integración de los profesionales estudiados tiende a ocurrir al margen de un contrato de trabajo y, por lo tanto, al margen de los diversos derechos laborales y sociales que se habían consolidado en esta sociedad. A esto se suma el hecho de que estos mismos profesionales tienden a asumir un conjunto de diversos costos laborales, situándolos, en principio, en una situación económica más precaria. ¿Qué razones podría tener entonces un profesional en Chile para integrarse laboralmente en el marco de estas condiciones de trabajo?



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Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. México: Fondo de Cultura Económica [1903], 2003. Ana Cárdenas, op. cit.., p. 237. Interesantes reflexiones sobre los procesos de «autorracionalización» (Selbstrationalisierung) pueden encontrarse, por ejemplo, en G.G. Voß y H.J. Pongratz, «Der Arbeitskraftunternehmer. Eine neue Grundform der Ware Arbeitskraft». En Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 50 (1). Colonia, 1998. Max Weber, op. cit.

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Teletrabajo(s) a domicilio y los discursos en torno a la (in)seguridad Una de las maneras para comprender la integración de estos profesionales al teletrabajo a domicilio desde el punto de vista subjetivo es reconstruyendo no solo sus condiciones de trabajo, sino su actitud hacia el mismo y las experiencias vividas por ellos/as en relación al mundo del trabajo. A continuación se revisan brevemente algunos de los discursos de estos/as teletrabajadores/as, con especial énfasis en aquellos referidos a la seguridad en el espacio del trabajo.

El trabajo asalariado y sus (in)seguridades El trabajo asalariado ha sido en Chile una institución social que, sobre la base del contrato de trabajo indefinido, logró constituirse en un referente normativo significativo para la regulación del comportamiento de las personas en el mercado laboral en el siglo pasado. En el marco de dicha institución social no solo se definió un conjunto de comportamientos socialmente esperados (brevemente: deberes), sino también de privilegios asociados al acatamiento de dicho comportamiento (brevemente: derechos). Dentro de estos últimos destacaron los diversos elementos que han conformado el trabajo asalariado que, como bien ha planteado Robert Castel, debían otorgarle al trabajador un mínimo de seguridad en esta esfera de la vida. Esto no implicó únicamente asegurar la estabilidad del empleo y con ello del salario, sino asimismo asegurar el acceso a la seguridad social, la salud y a diversos beneficios laborales (por ejemplo, vacaciones con goce de sueldo). Como se señaló, la mayoría de los profesionales entrevistados tuvieron la experiencia de situarse laboralmente en el marco de dicha institución social, pese a que varios de ellos trabajaron con contrato definido o sin contrato de trabajo. Precisamente por esto, e independientemente de si la persona fue despedida o no antes de ingresar a teletrabajar, prima en el discurso de estos profesionales una sensación generalizada de inestabilidad en relación al trabajo asalariado. El discurso del Sr. P. es un ejemplo en este sentido: Yo estoy abierto a las posibilidades de trabajo que existan tanto en el ámbito de la consultoría como dentro de una

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empresa. Además, lo de la consultoría lo puedo seguir si es que estoy trabajando en un momento dentro de una empresa. Ahora, yo creo que es bueno siempre tener una idea en desarrollo o ya desarrollada, porque esta idea del trabajo de por vida no existe. La estabilidad no existe, porque un día cambian las cosas, cambia el jefe y cambia la estructura (Sr. P., 41 años, ingeniero industrial).

El trabajo asalariado o más bien el trabajo remunerado que se realiza hoy al interior de una organización no es visto entonces como una fuente de seguridad. Por el contrario, dicha modalidad de trabajo es más bien vivida por estos profesionales como una ilusión o incluso como una trampa frente a la cual deben mantenerse atentos. Esto, debido a que genera la sensación de ser estable en el tiempo por los diversos requerimientos que a diario se hacen a los que así se desempeñan; por ejemplo, la asistencia diaria al trabajo, presencia en el lugar de trabajo más allá de la jornada laboral acordada y salario mensual. Sin embargo, en cualquier momento dicha relación laboral puede ser finalizada «por necesidades de la empresa». Estas percepciones parecieran ser consistentes con los estudios del PNUD, en que la «inseguridad laboral»414 sería uno de los malestares centrales expresados por la mayoría de la población en relación a los procesos de transformación de esta sociedad. Las inseguridades respecto a la esfera del trabajo parecieran acentuarse cuando se pone atención a las instituciones sociales creadas precisamente para la seguridad social, en especial, el sistema de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones). Tal como indicara un estudio del PNUD415 relativo al caso de Chile, las AFP no son vistas como mecanismos de seguridad social a disposición de los sujetos. Por el contrario, la mayoría de la población se siente insegura con este sistema de previsión social, principalmente por su creciente «monetarización de los riesgos».416 En el caso de los profesionales estudiados, el sistema de ahorro previsional no PNUD, Desarrollo Humano en Chile. Las paradojas de la modernización. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1998, p. 122. 415 PNUD, Desarrollo Humano en Chile. Nosotros los chilenos: un desafío cultural. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2002, p. 287. 416 PNUD, Desarrollo Humano en Chile. Las paradojas de la modernización. Santiago: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 1998, p. 27. 414

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solo es percibido en este sentido, sino como un sistema de ahorro previsional que coarta, en el presente, los espacios de acción de los sujetos. Al respecto, la Sra. C. entrega algunos elementos: Como soy rebelde, porque soy de la época de la dictadura y no transo con el modelo de las AFP, es decir, no tolero que me digan qué hago con mi plata y cuándo puedo usarla y cuando quiero usarla, no me dejen, mandé a la punta del cerro a la APF el año 2001 (Sra. C., 36 años, traductora).

Asimismo, las AFP adquieren una connotación negativa adicional. Especialmente en el caso de los entrevistados de mayor edad que las asocian a las reformas neoliberales implementadas durante el período de la dictadura militar (1973-1989). En consecuencia, parte de estos sujetos busca situarse al margen de este sistema privado de previsión social, sea buscando formas alternativas de ahorro previsional o dejando de ahorrar con estos fines. Tal es el caso del Sr. U., quien indica al respecto que «el tema de la jubilación es un tema que tengo stand by» (Sr. U, 39 años, psicólogo). La automarginación del sistema de previsión social por parte de la mayoría de estos profesionales y tener que asumir progresivamente cada riesgo asociado a la actividad laboral, finalmente, pareciera generar, en algunas de las personas estudiadas, la sensación de tener y poder controlar todos los factores que intervienen tanto en su seguridad presente como futura. Lo complejo de esto para los sujetos es que si se produce alguna consecuencia negativa a raíz de las opciones realizadas, el responsable será única y exclusivamente este individuo, pues estas «libertades riesgosas» (riskante Freiheiten)417 son construidas precisamente al margen de las instituciones de previsión social existentes. La actitud de estos profesionales en relación al acceso a la salud presenta algunos matices. Pese a que en muchos casos las isapres (Instituciones de Salud Previsional) tampoco son consideradas como un mecanismo de seguridad para las personas frente a alguna enfermedad, la mayoría de los profesionales entrevistados considera que la salud, a diferencia de la previsión social, es una 417



U. Beck y E. Beck-Gernsheim, Riskante Freiheiten. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1994.

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necesidad inmediata que deben cubrir. Sin embargo, dicha cobertura no es realizada por los profesionales estudiados vía la contratación de alguna Isapre, sino a través de su afiliación a Fonasa, es decir, al Fondo Nacional de Salud del Ministerio de Salud. En consecuencia, y en un contexto de claro emprendimiento privado, emerge simultáneamente una progresiva dependencia institucional de estos profesionales en relación al Estado. En un contexto de inseguridad laboral, cuando las condiciones de trabajo se han vuelto objetivamente más inestables, no es sorprendente que se constituya entonces un tipo de subjetividad que tenga la inseguridad como uno de sus elementos identitarios presentes. Como ha indicado Richard Sennett, en la actual fase del capitalismo flexible «el riesgo tiende a volverse una necesidad diaria sostenida por las masas».418 Específicamente, el emprender acciones riesgosas respondería al hecho de que culturalmente el movimiento constante o más bien la disposición al movimiento es sinónimo de éxito, mientras que la estabilidad sería «una muerte en vida».419 Al respecto, el discurso del Sr. D. pareciera graficar este tipo de subjetividad: Yo no estoy ni ahí con las AFP. Por eso yo pensé tener ese seguro de vida, porque me permite ahorrar y si me pasa algo, me corto un brazo, me permite sacar mi dinero de aquí a 10 años, un año o tres semanas. Además, que yo tampoco soy una persona que esté juntando plata pa’ la casa. Yo no soy de esa onda, de que voy a tener nietos ni tampoco puedo estar mucho amarrado. Yo funciono con ese concepto, «no estar amarrado». Yo tengo ese problema de no poder estar amarrado, yo estoy aquí, estoy trabajando y ahora me quiero ir de viaje a finales de año, un mes o tres semanas, para no perder a mis clientes (Sr. D., 28 años, diseñador).

En el caso de los profesionales estudiados, esta necesidad subjetiva por emprender acciones riesgosas pareciera responder, sin embargo, a una necesidad adicional: romper con una cultura laboral que, desde el punto de vista subjetivo, es disfuncional tanto a los

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R. Sennett, La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama, Colección Argumentos, 2000, p. 83. Ibíd., p. 91.

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requerimientos del mundo del trabajo actual como al «trabajo de integración» que a diario deben realizar estos profesionales. La cultura laboral de la empresa en Chile, pese a las reformas realizadas y al proceso de apertura de esta economía, operaría bajo un concepto de trabajo que no tiene mayor sentido para estos sujetos. Específicamente, un «buen trabajador» sería quien cumple diariamente con una jornada de trabajo predefinida y extensa, independientemente de los objetivos laborales y del nivel de productividad que se alcance. Asimismo, un «buen trabajador» sería quien entregue su autonomía y autenticidad a una estructura laboral jerárquica y altamente autoritaria.420 Esta cultura laboral entraría entonces en tensión con la cultura laboral de estos profesionales por diferentes razones. Por un lado, la mayoría ha sido formada tanto para insertarse en un vínculo de dependencia laboral como para ejercer su profesión de manera libre. Por otro lado, y como se indicó anteriormente, estos trabajadores buscan hacer un uso racional del tiempo, específicamente, destinar el tiempo requerido para la realización adecuada de su trabajo (remunerado) y no tener que permanecer en el lugar de trabajo simplemente porque en dicho contexto este comportamiento es positivamente valorado. Dicha concepción del tiempo está también fuertemente vinculada con la propia concepción respecto de su integración tanto al trabajo remunerado como a la sociedad y consigo mismos. Como se verá a continuación, estos profesionales consideran que el trabajo no es su única esfera de integración, sino que una de las cuales participan y cuya acción al interior de esta debe lograr coordinar y armonizar con las restantes acciones en las otras esferas de la vida, así como igualmente con sus requerimientos biográficos e identitarios. Al respecto, las palabras del Sr. D. parecieran dar cuenta de ello: porque si no tienes pega y estás dos días sentado en una oficina, es una lata, mientras que yo estoy sentado acá y si no tengo pega, me invento algo o puedo ir a ver a una persona o puedo ir a solucionar otro problema (Sr. D., diseñador, 28 años).



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Similares resultados pueden encontrarse en Claudio Ramos Z., La transformación de la empresa chilena. Una modernización desbalanceada. Santiago: Ediciones Universidad Alberto Hurtado, 2010.

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En un contexto en que las instituciones tradicionales de seguridad social y la misma cultura laboral imperante alcanzan una escasa legitimidad para estos profesionales, son ellos mismos quienes buscan y construyen sus «estrategias de autoaseguramiento».421 Al respecto, su salario o más bien los ingresos percibidos por los servicios profesionales prestados pasa a constituirse en el gran pilar de dichas estrategias. Específicamente, estos profesionales buscan incrementar e idealmente estabilizar sus ingresos mensuales para lograr tener un «colchón» (como señalaron los entrevistados Sr. L., Sra. C., Sra. I. y Sra. M.) que les permita, precisamente, amortiguar y resistir los vaivenes que suele tener el teletrabajo a domicilio producto de las variaciones en los servicios demandados por las empresas y la modalidad de pago por trabajo realizado. Como indica la Sra. M., solo así es posible coordinar los diversos momentos en que recibe su pago por los servicios realizados con el pago mensual de la mayoría de las cuentas que habitualmente deben ser pagadas bajo esta temporalidad: «La desventaja es que uno tiene que organizarse de diferente manera a cómo se organiza todo el mundo, porque hay que tener un ahorro que te cubra por lo menos por tres meses en que puede que no tengas» (Sra. M., 26 años, diseñadora). Si el sueldo es finalmente la única condición laboral que estos profesionales buscan o pueden asegurar, su red social se constituye entonces en un recurso fundamental para reforzar sus ingresos laborales. Al respecto, no solo se vuelven relevantes las redes sociales con que contaban antes de comenzar a teletrabajar, sino también todas aquellas que logren construir y ampliar desde que empiezan a laborar bajo dicha modalidad. Como relata la Sra. I., son estas redes sociales las que permitirán asegurar una demanda relativa estable de trabajo y con ello, de ingresos: La que es dueña de la pega reparte. Conoces gente que es mejor, «¿Tienes tiempo?, ¿puedes?» Oye, la fulanita, no sé, eso ya queda al criterio de cada persona. Si yo recibo un trabajo, busco a aquellas personas que van a hacerlo rápido y bien, que no vaya a tener que gastar ene tiempo en revisar, pero eso lo vas viendo a medida que vas trabajando. Hay veces que dicen que está fantástico y tú repasái algo y es un desastre. Entonces se va armando como un grupo de gente

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Ana Cárdenas, op. cit., p. 260.

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que saben que tú eres buena y que te recomiendan unas a otras (Sra. I., 51 años, traductora e intérprete).

Seguridad vs. autonomía y autenticidad La integración de los sujetos al interior de una sociedad moderna ocurre bajo la forma de una «inclusión múltiple» (Multiinklusion),422 es decir, a través de una «integración simultánea» (gleichzeitige Zugehörigkeit)423 a los diferentes subsistemas sociales (economía, derecho, salud, cultura, política, educación y ciencia). Es precisamente esta manera de inclusión a la sociedad chilena contemporánea la que pareciera haberse vuelto problemática. Los diversos malestares de la población respecto de las opciones de integración que los individuos se verían obligados a tomar, parecieran estar expresando la tendencia de las sociedades modernas de «anular la totalidad de las personalidad del individuo».424 En el caso concreto de estos profesionales, su transición hacia el teletrabajo a domicilio pareciera explicarse, por lo menos en parte, por su necesidad de lograr no solo su integración simultánea a los diversos subsistemas en su vida cotidiana, sino también a lo largo de su biografía. Esto, porque el «trabajo de integración» requiere de un grado de autonomía mínimo para asegurar, específicamente, organizar, distribuir, coordinar y armonizar dichas acciones simultáneas según los requerimientos cotidianos y biográficos. Las diversas formas de «teletrabajo a domicilio» serían entonces para estos/as profesionales estrategias para el restablecimiento e incremento de sus posibilidades de acción en el marco del momento biográfico que viven. Dicha integración implica un conjunto de esfuerzos, es decir, «trabajos» que tienen y quieren desarrollar junto con su trabajo remunerado y no en contra de este, situación que solo sería posible situándose fuera de las empresas. Las palabras del Sr. U. parecieran apuntar en este sentido:



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Armin Nassehi, Inklusion, Exklusion, Integration, Desintegration. Die Theorie funktionaler Differenzierung und die Desintegrationsthese. En Wilhelm Heitmeyer (Ed.): Was hält die Gesellschaft zusammen? Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag, p. 123, 1997. Ídem. Ibíd., p. 127.

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Tiene la ventaja que me administro, entonces soy absolutamente dependiente de mí, por lo tanto me organizo, hago la pega cuando yo estimo conveniente, o sea, tengo plena, plena autonomía. Yo te diría que esa es la principal ventaja. La segunda principal ventaja es que he criado a mi hija, o sea, mi hija tiene papá y el papá que le lava el poto, el papá le lava los dientes todas las mañanas, o sea, esto me calza con lo que esperaba para mí e integro además equipos. Bueno, yo no tengo problemas con el poder, porque trabajo solo y no tiene ninguna desventaja. O sea, la desventaja es la inseguridad económica, pero cuando uno está en una empresa la seguridad económica es como un sueño. Entonces yo no le veo ninguna desventaja (Sr. U, 39 años, psicólogo).

Poder comprender dichos modos de integración supone tener presente que la conformación y el despliegue de la individualidad de todo sujeto en una sociedad diferenciada ocurre «tanto con como también en contra de las estructuras sociales».425 En términos identitarios, esta «individualidad (auto)excluida» (Exklusionsindividualität)426 implica no solo ampliar las capacidades de acción, sino, al mismo tiempo, preservar la autenticidad, es decir, la capacidad de posicionarse, así como de realizar y validar su proyecto de vida.427 En este sentido, el trabajo de integración que realizan estos sujetos implica tomar en consideración no solo la preservación de su cotidianidad y su biografía, sino igualmente de su propia identidad. Por esta razón, otra de las tensiones que emerge en el discurso de los/as teletrabajadores/as se refiere a la tendencia en las organizaciones a homogeneizar a las personas no solo en términos de los tiempos de trabajo, sino asimismo en relación a su apariencia personal. Las palabras del Sr. A. parecieran ilustrar dichas tensiones: Sí, para mí es súper importante. O sea, algo que me cargaría es ir disfrazado a la pega, ponerme corbata, pantalones, aparte que es súper cara la ropa. Bueno, yo siempre, desde el colegio, he sido bastante desastroso con mi ropa. 427 425 426

Ibíd., p. 127. Ídem. Heiner Keupp, Patchworkidentität – Riskante Chancen bei prekären Ressourcen. En: www.ipp-muenchen.de/texte/html, p. 11.

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Mira, siempre ocupaba el mismo chaleco por dos, tres semanas. Los mismos pantalones. Nunca me preocupé si mi camisa estaba rota. En ese sentido, no me gusta disfrazarme. Hay ritos para los que uno se disfraza para jugar, qué sé yo, cuando me casé, cuando defendí mi memoria. Tiene también que ver con que la gente con la que trabajas o con la que estás también te interesa que la otra persona esté también cómoda. Entonces, si tú vas a ir a un evento donde todos están vestidos formalmente, yo me sentiría incómodo, porque haría sentir incómodo a los demás ir de otra manera, pero creo que no podría trabajar en un ambiente donde todos los días tienes que ir formal (…). Como me visto yo, no sé, como me siento cómodo. En ese sentido soy un poco despechado para mis cosas y siento que no me gusta que crean que voy a hacer un trabajo, porque voy bien vestido. Al contrario quizás. Me gusta demostrar que puedo hacer un buen trabajo a pesar de estar vestido así (Sr. A., 27 años, ingeniero informático).

Conclusiones En el siglo pasado se hicieron importantes esfuerzos al interior de la sociedad chilena para generar las condiciones jurídicas y materiales para liberar a la población de la inseguridad y la dependencia impuesta por la pobreza extrema, la falta de educación y las precarias condiciones de salud. Sin embargo, el concepto de ciudadanía social, que incluyó un conjunto de diversos derechos sociales que buscaban asegurar una vida digna para la población, se constituyó en estrecho vínculo con el trabajo formal. Esto significó crear, desde sus orígenes, una tensión al interior del propio concepto de ciudadanía social, pues excluyó un segmento importante de la población. Las reformas neoliberales implementadas en el país han tendido a erosionar las bases legales sobre las cuales se construyó la ciudadanía social. Sin embargo, los avances en la precarización de las condiciones de trabajo parecieran verse reforzadas por el sentido que adquiere el trabajo para determinados segmentos de la población y sus modos de integración laboral resultantes. Es así como las seguridades que antes se constituyeron en un horizonte de acción para la materialización del proyecto de ciudadanía social parecieran carecer de sentido, por lo menos en parte, precisamen247

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te para aquella población más beneficiada. Los amplios espacios de acción que requieren los sujetos socializados en una sociedad neoliberal como la chilena parecieran indicar que la discusión en torno a la ciudadanía social tendrá que situarse en el difícil establecimiento de un balance entre la defensa de la autonomía y la autenticidad de las personas y su seguridad y las de sus familias.

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Mujeres entre «la espada y la pared» Violencia de género y Estado en Chile, 1990-2010

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A mediados de los años ochenta, un grupo de mujeres se reunió en la capilla de la parroquia de una población del sector norte de Talca a ver la película El color púrpura. En ese momento era poco probable que alguna de ellas hubiese imaginado que la violencia representada en esa película –violencia que, muchas de ellas, vivían cotidianamente– llegaría a ser no solo rechazada en forma pública en Chile, sino también castigada. En un contexto de total impunidad ante los abusos de la mayoría de las figuras «patriarcales» de la comunidad –allanamientos de agentes del Estado, golpes de los maridos y acoso sexual de patrones–, era poco probable que el Estado intercediera en beneficio de los perjudicados/as. Sin embargo, desde 1990 en adelante se han visto avances sin precedentes respecto de este tema, ganados, en gran medida, con la ayuda de mujeres como las que se juntaron a ver esa película. En efecto, fue después de ese momento que esas mujeres empezaron a hablar de la violencia dentro y fuera de sus casas, dando inicio a un proceso de concientización de sus familiares, vecinos/as y amigos/as, que proclamaba la inaceptabilidad del tan conocido dicho «quien te quiere te aporrea» y que promovía la unidad y empoderamiento de las mujeres para enfrentar este tipo de problemas. No obstante, en la actualidad es principalmente el Estado, y no las mujeres de la sociedad civil, el que está liderando los esfuerzos para prevenir y tratar la violencia de género. En esta investigación se propone reflexionar acerca de este punto en relación a las nociones de ciudadanía y el papel de las políticas públicas emanadas desde el Estado respecto de la violencia de género. 428



Académica Escuela de Historia, Universidad Diego Portales.

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Ciudadanía más allá de lo meramente formal. Movimientos sociales y Estado en Chile Para empezar, debemos clarificar qué entendemos por el concepto de «ciudadanía» que concebimos, siguiendo el pensamiento de Chantal Mouffe sobre la interpretación «demócrata-radical» de ciudadanía: [Esta] enfatiza las numerosas relaciones sociales en las cuales existen situaciones de dominación y que tienen que ser desafiadas para que los principios de libertad e igualdad puedan ser aplicados. [Esta definición] indica que el reconocimiento compartido por parte de los distintos grupos que luchan por una extensión y radicalización de la democracia tiene que ver con una preocupación en común. Esto debe desembocar en la articulación de las demandas democráticas encontradas en una serie de movimientos: mujeres, obreros, negros, homosexuales, ecológicos, y también los «nuevos movimientos sociales». La meta es construir un «nosotros» como ciudadanos democráticos radicales, una identidad política colectiva articulada a través de los principios de la equidad democrática, aunque se debe destacar que una relación de equidad no elimina la diferencia.429

Esta idea de Mouffe sobre la construcción de un «nosotros» democrático-radical encaja muy bien con el planteamiento de Elizabeth Jelin, quien, parafraseando a Hannah Arendt dice «que el derecho básico es el derecho a tener derechos», y con otros autores que también enfatizan la naturaleza cambiante y conflictiva del proceso de construcción de ciudadanía y su estrecha relación con la movilización y organización de sectores particulares de la sociedad civil. Por ejemplo, Néstor García Canclini señala que: En América Latina la experiencia de los movimientos sociales está llevando a redefinir lo que se entiende por ciudadano, no sólo en relación con los derechos a la igualdad, sino también con los derechos a la diferencia. Esto implica una desustancialización del concepto de ciudadanía manejado por los juristas: más que como valores abstractos, los derechos importan como algo que se construye y cambia

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Chantal Mouffe, «Feminism, Citizenship and Radical Democratic Politics», pp. 378-379. En Judith Butler y Joan Scott (Eds.), Feminists theorize the political. New York: Routledge, 1992, pp. 369-383.

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en relación con prácticas y discursos. La ciudadanía y los derechos no hablan únicamente de la estructura formal de una sociedad; además, indican el estado de la lucha por el reconocimiento de los otros como sujetos de «interés válidos, valores pertinentes y demandas legítimas».430

De allí que postulemos que el vínculo entre violencia de género y ciudadanía puede ser explorado desde dos ángulos. Por una parte, la violencia de género limita el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, como individuos o grupo, lo que debe ser considerado como una violación de los derechos humanos. Por otra parte, la movilización y organización de la sociedad civil en torno a la violencia de género liderada, principalmente, por grupos de mujeres y grupos feministas, profundizan las nociones de democracia y ciudadanía, lo que sería «el derecho a tener derechos». Para esta discusión será clave explorar la injerencia que tiene el Estado, o las múltiples representaciones del Estado, en la formulación de las políticas de violencia de género en Chile y, por ende, las formas como la ciudadanía se relaciona con ella. Históricamente en Chile, el Estado ha jugado un papel muy importante –por lo menos desde la versión conocida como el Estado benefactor, impulsado por los gobiernos del Frente Popular, de Frei Montalva y de Allende– en las propuestas sobre ciudadanía y problemas sociales vinculados a las mujeres y las familias. Historiadores como Thomas Klubock, Karin Rosemblatt y Heidi Tinsman, han estudiado las formas de funcionamiento del Estado benefactor –conceptualizado de manera gramsciana en relación a la hegemonía– y el modo en que algunos organismos estatales, como los centros de madres, se entroncaban con el dispositivo del Estado «vigilante» y la nación «sana», en un período de grandes cambios socio-políticos. Estas instituciones buscaban remediar los «males» de la familia –como la violencia o el alcoholismo– desde políticas y programas de higiene social e intervención paternalista del Estado. De este modo, la ciudadanía se configuraba desde la óptica de la enseñanza y la modernidad, siendo el Estado el que debía tutelar y moldear a la nación vía la constitución apropiada de familias, lo que, necesariamente, involucraba a las mujeres. La

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Néstor García Canclini, Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales de la globalización. México, D.F.: Editorial Grijalbo, 1995, p. 36.

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contraparte de este argumento, y tal vez el lado más oscuro del proceso, se relaciona con los niveles de culpabilización de aquellas mujeres que no pudieron «cumplir» con la tarea dirigida desde el Estado y sus representantes –trabajadoras sociales o «visitadoras», enfermeras y otros– quienes concebían la violencia de sus parejas como un fracaso personal de las mujeres populares en relación a las normativas de higiene y domesticidad. El régimen neoliberal de la dictadura puso fin al Estado benefactor, al tiempo que validaba el uso de la violencia como herramienta legítima de control social y familiar. El enfoque estatal del régimen en la familia «tradicional» y en lo que concebía como el lugar apropiado de la mujer dentro de esa estructura, vino a reforzar el poder y control de la figura patriarcal por sobre el cuerpo de sus mujeres (esposas, hijas u otras integrantes del grupo familiar). La violencia ejercida por el Estado contra mujeres que no concordaban con este modelo –desde mujeres «terroristas» encarceladas en los centros de detención, hasta mujeres feministas que protestaban en las calles– fue pieza clave en la institucionalización de la impunidad frente la violencia de género. Sin embargo, fue también dentro de este contexto que las mismas mujeres de la sociedad civil cuestionaron al Estado y sus niveles de impunidad. La demanda de «democracia en el país y en la casa» fue una exigencia que se levantó tanto fuera como dentro de Chile. Al referirse a las pobladoras, las autoras Teresa Valdés y Marisa Weinstein señalan: Junto a la reivindicación de derechos sociales, las pobladoras organizadas plantean en el período analizado la delimitación de otros derechos. Numerosos problemas sociales-públicos: partiendo por la perversión que traduce la violación sistemática de los derechos humanos, la cesantía que incorpora masivamente a las mujeres al sector informal de la economía mediante el desarrollo de estrategias de subsistencia, el «allegamiento» en viviendas insuficientes, con sus secuelas de deterioro de las relaciones humanas; la violencia doméstica; las crisis de pareja, que revierten en un creciente porcentaje de hogares encabezados por mujeres; el cuestionamiento de los responsables en el cuidado de los hijos; el alcoholismo, drogadicción y prostitución infantiles, etc. Como decíamos, la acción de las mujeres abre un campo diferente de cuestionamiento del orden social: aquel

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de las relaciones interpersonales, de las identidades, de los símbolos comunes…de la subjetividad.431

La vuelta a la democracia formal, en 1990, significó también la vuelta de un modelo más intervencionista en términos de la violencia de género. Poco después de asumir su mandato, Patricio Aylwin estableció el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) cuya directora iba a tener rango ministerial. Una de las metas más explícitas al momento de dar vida a esta institución, fue el combate a la violencia de género. Desde este punto en adelante, el Estado de Chile se ha involucrado cada vez más en la dictación de políticas públicas relacionadas con este tema, patrocinando dos leyes que hacen referencia a la violencia intrafamiliar (VIF), e implementando decenas de centros de atención y casas de acogida. En este sistema han sido, una vez más, las mujeres profesionales –como trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas– las que han estado a cargo de velar por los derechos de las mujeres en Chile. El blanco de este tipo de políticas públicas se ha restringido básicamente a las víctimas, por lo general las mujeres y sus hijos, ya que hasta ahora no se ha implementado un proyecto coherente dirigido hacia los agresores.432 431



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Teresa Valdés y Marisa Weinstein, Mujeres que sueñan: las organizaciones de pobladoras, 1973-1989. Santiago: Flacso, 1993, p. 242. Ahora, con la llegada de un presidente de derecha, se ha propuesto un programa de este tipo. Por la reciente fecha de iniciación, es difícil analizar cabalmente en qué consiste este programa o lo que podrían ser sus resultados, tanto negativos como positivos. Según la página web de Sernam (http:// www.sernam.cl/portal/index.php/violencia-intrafamiliar, consultada el 22 de marzo de 2011), en respuesta a la pregunta de si existen o no servicios para los hombres, se dice: «En Chile existen diversas instituciones que trabajan con hombres que ejercen o han ejercido violencia intrafamiliar. Gendarmería lo hace con personas que han sido derivadas judicialmente. Existen también programas financiados por Fondos de Apoyo a la Gestión Municipal, que funcionan desde este año, en 10 municipios del país: Calama, La Serena, Valparaíso, San Fernando, Cauquenes, Talca, Osorno, Coyhaique, Cerrillos y Cerro Navia. En algunos consultorios de Salud Mental, dependientes del Ministerio de Salud, se realizan intervenciones de este tipo. Sernam ha querido sumarse al apoyo de hombres que ejercen violencia para dar una respuesta integral al problema, que no se limita a la asistencia de mujeres agredidas. Desde enero de 2011 funcionarán Centros Modelos que trabajarán con aquellos interesados en solicitar ayuda». Por lo tanto, como «contraparte» de los Centros de la Mujer establecidos durante el gobierno de la Concertación, ahora hay también Centros del Hombre. Llama la atención, en todo

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Desde la perspectiva de la sociedad civil, el proceso de redemocratización en Chile ha traído consecuencias esperables y otras que no fueron previstas. Por un lado, es claro que hoy estos grupos no enfrentan los mismos niveles de violencia y represión que los experimentados durante los años de la dictadura. Sin embargo, desde el prisma de la supervivencia de estos grupos –en relación al financiamiento y vitalidad– se detecta un evidente declive. El ingreso de Chile a la OCDE, en 2009, vino a confirmar una percepción que ya existía desde hacía bastante tiempo, y que señala que Chile es un país «desarrollado», por lo que sus ONG no deberían recibir los mismos fondos que reciben los países más pobres. Así, los años noventa, fueron testigos de un lento proceso de muerte de muchos grupos de mujeres –particularmente, los más pequeños, organizados a nivel local (tipo grassroots, en inglés)– que antes habían trabajado temas como los derechos de la mujer y la no violencia. Es necesario agregar también que en Chile las formas de crear alianzas duraderas entre grupos de la sociedad civil que trabajan la violencia de género y el Estado ha seguido un patrón marcadamente distinto al de algunos otros países. Así, en vez de potenciar y proteger a estas organizaciones bajo el alero financiero del Estado, se optó por privilegiar intervenciones estatales directas controladas, principalmente, por mujeres profesionales y burócratas. Analizaremos más de cerca este proceso en la siguiente sección.

Sernam y violencia «intrafamiliar»: desafíos, estrategias e intervención, 1990-2010 Una de las primeras iniciativas del Sernam fue impulsar una ley contra la violencia intrafamiliar que ingresó al Congreso en 1991 y fue publicada en el Diario Oficial, el 27 de agosto de 1994. Introducida por los diputados concertacionistas Sergio Aguiló (PS) y Adriana Muñoz (PPD), esta fue reconocida como una consecuencia de los años de lucha de las mujeres. El mismo diputado Aguiló señaló:

caso, esta fórmula de Centro Mujer/Hombre que sugiere, sin duda, un tipo de «igualación» o de «complementariedad» entre los sexos biológicos.

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Esta ley es el resultado del esfuerzo de millares de mujeres y organizaciones a lo largo del país que se han comprometido en la lucha por dignificar a la mujer y hacer respetar sus derechos y que han denunciado públicamente la violencia que sufre un porcentaje altísimo de ellas al interior de sus hogares.433

Sin embargo, aunque la promulgación de esta ley fue un paso indudablemente importante en la criminalización de la violencia contra las mujeres, al mirar en retrospectiva se perciben sus limitaciones, las que, probablemente, se debieron a las circunstancias políticas del momento. Así, pese a haber sido tímidamente formulada desde la categoría «familia», alejándose de los discursos feministas acerca de los derechos reproductivos y civiles de la mujer, estuvo sujeta a reparos por parte de la derecha, la Democracia Cristiana y sectores más conservadores de la Iglesia católica, los que, irónicamente, la interpretaron como una ley «antifamilia». El martes 16 de noviembre de 1993 (después de dos años de discusión en la Cámara de Diputados) fue debatida en la Cámara de Senadores. Allí, el senador Eugenio Cantuarias, de la UDI, arremetió en su contra argumentando que «no hay peor violencia intrafamiliar que el aborto y el divorcio… una familia bien constituida representa una base sólida y estable para la sociedad; una mal conformada encierra un riesgo potencial para toda la comunidad». Por su parte, el senador DC Nicolás Díaz, concordando con su homólogo, señaló que «la más brutal de las violencias tiene que ver con asesinar a un niño ‘in útero’».434 Estas declaraciones se hicieron, incluso después de que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia señalara que el enfoque del procedimiento legal se focalizaría en la conciliación antes que en la penalización, ya que la ley «pretende conservar la familia». De allí que no sorprenda que, en su versión final, se hayan priorizado los intentos por resguardar la familia bajo el discurso reconciliador del Estado. En palabras del entonces presidente Frei Ruiz-Tagle, pronunciadas en la ceremonia de aprobación de la Ley Nº 19.325: «Diputado Aguiló se refiere a Ley de Violencia Intrafamiliar», La Prensa, Curicó, 28 de junio de 1996. 434 Ambas citas tomadas de «Discusión parlamentaria», Cámara de Senadores, Sesión 14, 16 de noviembre de 1993. 433

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Esta normativa tiene un carácter rehabilitador. Las víctimas buscan más la recuperación que la penalización del agresor, con la esperanza de restablecer los lazos familiares sobre la base de una relación sana y libre de traumas. Ciertamente lo mejor sería no tener que legislar sobre estos temas. Pero, lamentablemente, existe esta realidad que no podemos desconocer. Quiero insistir en que las normas, por muy completas y justas que sean, no bastan. Es preciso un cambio de actitud que será más profundo si se fundamenta más en el convencimiento que en el castigo.435

Esta opción por proteger la integridad de la «familia» antes que la seguridad de la mujer sería duramente cuestionada, con posterioridad, por el movimiento de mujeres y por el mismo Sernam. Sin embargo, en el contexto de un país que, en ese momento, no contaba siquiera con una ley de divorcio –ya que era tipificada como un «atentado contra la familia»–, la promulgación de la primera ley sobre violencia intrafamiliar (Nº 19.325) aparece como una victoria para aquellas que llevaban tiempo luchando contra la violencia de género y como una importante herramienta para las que anhelaban dejar una relación violenta. En 1996, Eduardo Frei Ruiz-Tagle firma el decreto que ratifica la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada, en 1994, por la OEA, también conocida como la Convención Belem do Pará, por el lugar donde se llevó a cabo la conferencia. Fue en este contexto que la abogada de la Red Chilena contra la Violencia Sexual y Doméstica, Luz Rioseco, declara en el diario La Nación: Por fin tenemos un instrumento legal que establece mecanismos que se deben respetar internacionalmente y que obliga a los Estados a establecer políticas y a modificar o perfeccionar legislaciones […]; desde agosto de 1994 existe la ley 19.325, que sanciona la violencia intrafamiliar, cuerpo legal que demoró cuatro años en promulgarse. La aplicación de la ley ha permitido aumentar el número de mujeres que se atreven a denunciar el delito. Pero la ley no está resolviendo el problema, porque depende mucho del

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«Ley sobre violencia familiar», La Mañana, Talca, 20 de agosto de 1994.

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juzgado en que se inicie el juicio. Y de la sensibilidad sobre el tema que tengan las o los jueces.436

Junto con ello, hubo fuertes críticas sobre temas igualmente relacionados con lo judicial, como los problemas asociados a las medidas precautorias (los jueces no podían implementar estas medidas al inicio de una investigación) o a las sentencias (que muchas veces no se dictaban –se archivaba la causa– o bien, no eran apropiadas –trabajo voluntario o multas). No obstante, hubo una crítica más profunda proveniente de sectores que ya venían trabajando temas de violencia intrafamiliar (profesionales y mujeres de la sociedad civil) que demandaban una mayor presencia e inversión del Estado en programas de violencia intrafamiliar. Este tipo de críticas remite a dos problemas profundos, asociados a las formas como se trabajaba la violencia intrafamiliar en Chile durante el período 1990-2000: (1) Por una parte, las serias dificultades para llevar a cabo denuncias y demandas de violencia intrafamiliar en las comisarías, en el sistema de salud y en los tribunales, lo que redundó en una bajísima tasa de procesos exitosos (en Valparaíso, en 1995, 92,4% de las denuncias quedaron «pendientes» y 71,9%, en Santiago).437 (2) Por otra, la falta de apoyo financiero y técnico del Sernam para actuar frente a los casos de violencia intrafamiliar. El primero de estos problemas será abordado más adelante en relación a las reformas introducidas al proceso penal, la promulgación de la nueva ley de violencia intrafamiliar y los tribunales de familia. Sin embargo, es preciso ahondar más sobre el segundo punto. Antes que todo, es necesario señalar que el Sernam no cuenta, ni nunca ha contado, con fondos suficientes para instalar sus propios programas y llevarlos a cabo, por lo que se limita a estudiar los problemas y promover soluciones a través de programas pilotos, alianzas estratégicas y otras propuestas. Vale decir, incluso en el aspecto más técnico de los estudios y/o asesoramientos, debe entrar en alianzas con otros organismos como consultores privados, universidades y ONG. Si bien esta fórmula funciona en otros ámbitos como la salud, la educación o el trabajo –los que sí «Piden no violencia contra la mujer», La Nación, Santiago, 25 de noviembre de 1996. 437 Ídem. 436



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contaban con fondos propios–, en el caso de la violencia intrafamiliar no hubo nunca una vía clara de financiamiento. De hecho, en algunas iniciativas vinculadas al problema de seguridad ciudadana y delincuencia no se lograba captar la naturaleza de la violencia de género ni promover soluciones adecuadas para las mujeres sobrevivientes. Esto empezó a cambiar con la llegada del nuevo siglo. A partir de 2000 la estrategia del Sernam frente a la violencia contra las mujeres cambió no por mera coincidencia ni por el nuevo milenio, sino a raíz de las luchas de mujeres que se habían organizado contra este tipo de violencia a nivel local y su influencia en las definiciones del Estado, además del impulso a la nueva ley de violencia intrafamiliar, la reforma procesal penal y la creación de los tribunales de familia. Tomadas en conjunto, estas tres iniciativas abordan algunas de las falencias más denunciadas respecto de la anterior ley de violencia intrafamiliar y su aplicación en los tribunales; por ejemplo, problemas procesales y medidas precautorias, sentencias inadecuadas, y ambigüedad en la tipificación de los delitos. En cuanto a este último punto, hubo algunas definiciones que se ampliaron en su significado, como el caso de «intrafamiliar» que llegó a incluir la convivencia de una pareja o a los padres con un hijo en común; o «maltrato habitual» que dependía del número de actos violentos y la proximidad temporal de los mismos, siendo posible traspasar un caso desde el Juzgado de Familia al Ministerio Público con lo que podía aumentar la pena. En el debate sobre la nueva Ley de Violencia Intrafamiliar (Nº 20.066), promulgada el 7 de octubre de 2005, se verificó una mayor disposición de los legisladores de reconocer la ilegalidad de la violencia intrafamiliar y, en particular, de las diputadas y senadoras quienes rechazaron las medidas de «conciliación» que habían definido el debate previo a la promulgación de la primera ley. Con todo, al estudiar en detalle las intervenciones en el proceso de tramitación de la Ley 20.066, destacan dos aspectos. Primero, la insistencia de la UDI en clausurar la discusión sobre los derechos de la mujer a través del apego, casi mesiánico, al concepto de «familia» como núcleo de la sociedad; y, segundo, la propensión a buscar interpretaciones «alternativas» que expliquen ese tipo de violencia. Respecto a este último punto, se esgrimen argumentos – muchas veces compartidos por algunos miembros de la DC– como

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que la violencia sería ejercida tanto contra hombres como mujeres, o bien que ella podría ser, de cierta manera, «provocada» por la infidelidad de la mujer. Al respecto, el diputado UDI Gonzalo Ibáñez reiteró, varias veces, en la Cámara de Diputados: La causa más importante de la violencia intrafamiliar sigue siendo el adulterio; es decir, la falta de fidelidad a los compromisos matrimoniales. Obviamente, el adulterio provoca en el cónyuge engañado una reacción que lo incita a la violencia, o que provoca, en definitiva, esa situación al interior del hogar.438

Similar a las justificaciones legales decimonónicas que admitían el asesinato para vengar el honor «dañado» del hombre, este tipo de raciocinio no denota sino una profunda misoginia, perjudicial a cualquier agenda política que no sitúe a la mujer como madre-esposa desprovista de derechos dentro de la jaula familiar. Pese a la clara posición sexista de algunos congresistas de derecha, la ley que se promulgó fue indudablemente mejor a lo existente hasta entonces. Sus reformas no solo apuntaban hacia el ámbito jurídico, sino que también asignaban un rol mucho más proactivo al Estado y al Sernam en la asistencia y prevención del problema. Es lo que se establece en el artículo 4º de dicha ley: Corresponderá al Servicio Nacional de la Mujer proponer al Presidente de la República las políticas públicas para el cumplimiento de los objetivos de esta ley. En coordinación y colaboración con los organismos públicos y privados pertinentes formulará anualmente un plan nacional de acción. Para los efectos de los incisos anteriores, el Servicio Nacional de la Mujer tendrá las siguientes funciones: (a) Impulsar, coordinar y evaluar las políticas gubernamentales en contra de la violencia intrafamiliar; (b) Recomendar la adopción de medidas legales, reglamentarias o de otra naturaleza para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar; (c) Prestar atención técnica a los organismos que intervengan en la aplicación de esta ley que así lo requieran; y (d) Promover la contribución de los medios de comunicación para erradicar la violencia contra la mujer y realzar el respeto a su dignidad.

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«Discusión en sala», Cámara de Diputados, Legislatura 349, Sesión 12, 2 de julio de 2003.

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Tal y como veremos más adelante, en 2005 –al promulgarse la Ley 20.066–, el Sernam ya estaba trabajando en proyectos de prevención y asistencia, por lo que este artículo vino a institucionalizar estas iniciativas y promover la profundización de las mismas, particularmente en el contexto de la presidencia de Michelle Bachelet y sus programas sociales. Aunque en 1990 ya existía, en Santiago, un centro de atención a mujeres de la ciudad afectadas por violencia intrafamiliar (Centro de la Mujer), no fue sino hasta 2000 cuando esta iniciativa se extendió a otras comunas de la Región Metropolitana y a otras regiones del país. Allí, en los Centros de la Mujer, se provee atención directa, incluyendo asesorías socio-jurídicas y tratamiento psicológico. Cada centro cuenta con asistente social, abogado y psicólogo, quienes pueden ofrecer servicios de atención tanto individual como grupal.439 En 2000, el número de centros de atención subió a 12 y, a comienzo del período presidencial de Bachelet, este se había más que duplicado, llegando a 31.440 Sin embargo, fue durante ese gobierno cuando estos centros se difundieron a lo largo del país bajo el rubro del sello bacheletista de la «protección social»: en 2010, se estima que existían 90 centros de la mujer en todo el país. Además, a inicios de 2007, el Sernam decidió abrir sus propias casas de acogida, lo que vino a complementar la iniciativa anterior. Ese año, se fundaron 16 de estas casas en 13 regiones; en tanto que en 2009, el número había aumentado a 25, con planes para construir 13 más. En el marco de la inauguración de una nueva casa de acogida en el sector sur de Santiago, en julio de 2009, la ministra de Sernam, Laura Albornoz, dijo: Estamos muy pronto a inaugurar 13 más que se han construido con un diseño que acoja a los grupos familiares. Esto sumado a los 90 centros de prevención de violencia contra la mujer que brindan protección ambulatoria. La idea es dejar establecido –con miras a finalizar el gobier-

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Sernam (2009). ¿Qué son los Centros de la Mujer? Consultado el 14 de abril de 2010 desde http://www.sernam.cl Sernam (2008). «Minuta de datos estadísticos 2008. Tema Nº 1.2. Oferta del Sernam a las mujeres víctimas de violencia». Obtenido el 14 de abril de 2010 desde http://www.sernam.cl

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no– este sistema de protección y prevención de la violencia contra las mujeres y contra los niños y niñas.441

En la práctica, sin embargo, es relevante notar que, en cuanto al financiamiento de estos nuevos programas de atención directa, no se verifica un cambio respecto de las prácticas previas del Sernam, ya que, si bien son iniciativas desarrolladas por este organismo, son llevadas a cabo con la asistencia de entes privados. En el caso de los centros y de las casas de acogida, el Sernam ha entrado en alianza con organizaciones de carácter religioso (de la Iglesia católica o iglesias evangélicas) que administran las necesidades de las familias pobres, particularmente el Hogar de Cristo o CáritasChile. Como veremos en el caso de la región de Maule, los centros de atención y las casas de acogida son responsabilidad del Centro Regional de Asistencia Técnica y Empresarial (Crate),442 a cargo del Obispado de Talca.443 Es esta fundación, junto a la oficina regional del Sernam, la que toma las decisiones sobre las políticas de los centros y casas, siendo los profesionales contratados por estas instituciones los que proveen servicios a las mujeres de la región. De esta manera, la relación Sernam-ONG ha cambiado radicalmente, entrando el primero en competencia con las segundas –las cuales anteriormente, por ejemplo, proveían servicios directos a las mujeres en las casas de acogida–, sin incorporar canales que permitan integrar a las mujeres en sus planes de prevención y tratamiento. Así, el conocimiento popular acumulado por las mujeres activistas «Sernam inaugura nueva Casa de Acogida en Región Metropolitana», La Nación, Santiago, 30 de julio de 2009. 442 Al momento de escribir este artículo, Crate estaba a cargo de la casa de acogida. Sin embargo, con el cambio de gobierno, en marzo de 2010, la casa pasó a ser administrada por Cáritas-Chile. Originalmente, cuando comenzó a funcionar la casa, en 2007, estuvo a cargo del Hogar de Cristo. No obstante, durante todo este tiempo, ha seguido trabajando allí básicamente el mismo equipo de personas que siguen las instrucciones y las tendencias nacionales del Sernam. Agradezco a María Paz Fernández por haberme aclarado este punto. 443 Según algunas fuentes, esta tendencia del Estado de formar alianzas con organismos de la Iglesia católica y/o otras iglesias es principalmente resultado de la falta de otros organismos con los cuales formar relaciones de trabajo. La línea de argumentación es que «si no [es] con ellos, ¿con quién?», señalando la crónica ausencia de organizaciones que trabajen con las bases. Sin embargo, cuestiono este raciocinio, no porque no sea, hasta cierto punto, verdad, sino porque ese mismo vacío de instituciones que trabajen en la comunidad es precisamente el tipo de problema que intento explorar aquí. 441

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se pierde, alcanzando una mayor preponderancia las profesionales y el Estado como locus de respuesta a la violencia intrafamiliar. La participación en la toma de decisiones de las ONG dedicadas a estos temas ha sido fluctuante. Si bien algunas fueron convocadas a colaborar en proyectos con el Sernam, los resultados fueron, en la mayoría de los casos, poco productivos debido al bajo nivel de inversión e interés por parte del organismo gubernamental. En una entrevista realizada en 1999 (citada en un artículo de Susan Franceschet), Francisca Rodríguez, de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (Anamuri), señaló: Nosotros no vamos a correr detrás de este carrusel de ser convocados para proyectos, porque eso es característico de un Estado subsidiario, que convoca todos los días para diferentes proyectos y todo el mundo corre detrás de estos proyectos por la falta de recursos y termina aplicando las políticas del Estado y abandonando las propuestas políticas y los planes de sus propias organizaciones.444

Aída Moreno, directora de la Casa de la Mujer Huamachuco, en Renca, agrega: Solo hemos obtenido muchas ofertas que nunca se concretaron, nuestro centro se logra mantener con muchas dificultades solo con los fondos de World Vision… Estamos totalmente en desacuerdo con la burocracia impuesta por el Sernam para dar respuesta concreta a las mujeres víctimas de violencia.445

Con el fin de analizar esta relación, muchas veces problemática, entre ONG y Sernam volcaremos nuestra atención al estudio de la Casa Yela, en Talca.



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Citada en la página 25 de Susan Franceschet. «‘State feminism’ and women’s movements: The impact of Chile’s Servicio Nacional de la Mujer on Women’s Activism». En Latin American Research Review, vol. 38, N° 1, 2003, pp. 9-40. Aída Moreno, e-mail personal, 4 de mayo de 2010.

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Las mujeres de la Casa Yela y violencia de género: sus luchas y conflictos En la introducción de este texto hablamos de un grupo de mujeres que se reunió, en los años ochenta, a ver una película sobre violencia de género. Este grupo fue el núcleo de lo que sería la Casa Yela. Integrado, mayoritariamente, por mujeres populares del sector norte de Talca, partió como comedor popular de la parroquia en los días negros de la dictadura. Desde el principio, la iniciativa estuvo liderada por dos religiosas de las Hermanas Maryknoll, Laura Magallanes y Jessie Poynton, que habían llegado a Chile en los años cincuenta y al sector norte de Talca durante los setenta. Por su parte, desde los ochenta el movimiento feminista internacional se había organizado en torno a la problemática de la violencia contra la mujer446 y, en 1979, la ONU realizó la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación Contra la Mujer, o CEDAW. Inspiradas en el feminismo del mundo secular y las lecturas de religiosas que tocaban temas relacionados al género, como Rosemary Radford Ruether, las Hermanas Maryknoll fueron pioneras en trabajar este tipo de temáticas en Chile. Jessie Poynton recuerda sobre este período: Se estaba cambiando la vida en Chile. En Santiago, se abrían centros de empoderamiento y de salud mental para las mujeres. Nuestras hermanas abrieron Casa Sofía y Casa Malén en las poblaciones del sector norte de Santiago. Nosotras también aprendimos de ellas. Nos informamos y seguimos algunos de sus programas, utilizando las dinámicas de grupo que habían tenido éxito con las mujeres de las poblaciones santiaguinas. Nosotras mandamos algunas de nuestras mujeres talquinas a talleres organizados por los centros de mujeres en Santiago; ellas respondieron con todo su corazón. Pudieron reflexionar sobre, y participar en, las presentaciones y pudieron reconocer y reivindicar que la dignidad y el valor de un ser humano es un don innato y viene de Dios, no de la sociedad ni del hombre. No fueron creadas las mujeres para servir a los hombres, sino para



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La primera casa de acogida para mujeres golpeadas fue abierta en Inglaterra en 1971, seguida por experiencias similares en Estados Unidos y otras partes de Europa.

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compartir de forma igualitaria en los deleites y los logros de la vida.447

Hacia 1988, las mujeres que participaban de lo que sería la Casa Yela tenían experiencia, de varios años, en el trabajo sobre la violencia contra la mujer, por lo que estaban listas para manifestarse públicamente. La primera directora, Elena Valenzuela, recuerda la primera manifestación pública del grupo: Dijimos, «¡vamos a salir a la calle con estas mujeres!»; primera vez en Talca, no pedimos ni permiso primero a las autoridades… en ese tiempo, difícil. Dijimos, «nos vamos a venir por todas las calles centrales de Talca, desde la 11 Oriente, desde el terminal hacia abajo hasta la Plaza de Armas»…Y dijimos, «¡Ya! ¡Una marcha!» Nos conseguimos más poleras y nos pusimos estas poleras, hicimos pancartas –muy mal hechas porque no habían recursos tampoco– hicimos gritos, hicimos cosas alusivas con nuestra propia imaginación y nos vinimos por la calle principal de Talca. Oye… ¡nos tiraron piedras! (habían construcciones en el centro de Talca); los dueños de las casas comerciales se paraban en la puerta, nos decían «mujeres locas», «¡vayan a hacer el almuerzo!», «tontas» y muchas más cosas que esas y los carabineros, mucho más represivos que ahora, nos echaban a la vereda; nosotras nos bajábamos. En cada cuadra habíamos hecho una proclama.448

Después de esa experiencia, formaron la primera casa de acogida en Villa la Paz, con espacio para apenas dos personas, y siguieron juntándose con mujeres capitalinas, de modo de continuar su capacitación en los temas de violencia de género. Junto con ello, tuvieron una activa presencia en el movimiento antidictatorial y, como iniciativa ciudadana, se organizaron para enseñar a las mujeres a votar en el plebiscito. Leonarda Gutiérrez, otra de las coordinadoras y monitoras de la Casa Yela, recuerda: «Había mujeres que no sabían votar. Y para el plebiscito –para el ‘sí’ y el ‘no’– nosotras estuvimos todo un día con una urna…hicimos una

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Jessie Poynton, e-mail personal (traducido por la autora), 25 de febrero de 2010. Elena Valenzuela, Entrevista personal. Talca, 15 de febrero de 2010.

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votación simbólica. Todo el día y lo hicimos en la iglesia, en una salita de la iglesia».449 Después que hubo retornado la democracia, y con mucho esfuerzo organizacional, las mujeres de la Casa Yela lograron el sueño de fundar una casa de acogida, con espacio para talleres y actividades del grupo, contando con el apoyo financiero de una ONG suiza –Terre des Hommes–, conseguido a través del diputado socialista Sergio Aguiló, quien, recordemos, había sido uno de los autores de la primera ley de violencia intrafamiliar. El respaldo económico les permitió comprar una casa en Villa Las Palmas a la que denominaron Casa de la Mujer Yela, en honor a YE-ssica y LA-ura, transformándose en un reconocido lugar de refugio y organización en Talca. Entre 1995 y 2000, la Casa Yela vivió un período de importante crecimiento, inserción y reconocimiento por parte del Estado. Durante esos años, esta fue la única casa de acogida a nivel regional y una de las pocas existentes a nivel nacional, por lo que les tocó participar en numerosos foros, conferencias, programas y proyectos con el Estado y otras ONG, en particular con la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual. De algún modo, esta fue la época «dorada», tanto para la Casa Yela como para las mujeres que trabajaban allí. Marcelo Pinochet, asistente social, quien hizo su práctica en la Casa Yela durante ese período y que trabajó muy de cerca con ellas recuerda: tengo la impresión desde el momento en que yo la conocí, que fue en 1995-1996, [que] siempre tuvo un reconocimiento social, la Casa Yela, por los Carabineros –en este tiempo no existía el Ministerio Público, no estaban los procedimientos actuales de justicia–, pero conocida por la Corte de Apelaciones, conocida por el Sernam; era conocida por todos lados. Toda la gente hablaba de la Casa Yela; todo el mundo la conocía y, además, hacían muchas campañas. Ellas celebraban; no, más bien conmemoraban el 25 de noviembre… [y] el 8 de marzo en conjunto con el Sernam.450



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Leonarda Gutiérrez, Entrevista personal. Talca, 13 de diciembre de 2008. Marcelo Pinochet, Entrevista personal. Talca, 27 de noviembre de 2009.

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Entre 1998 y 2000, fueron acogidas 78 mujeres y 111 niños/ as (189 personas en total), es decir, 32% de los que serían atendidos en la década que va desde 1998 y 2009.451 La fama y el buen nombre de la Casa Yela y sus miembros llegaron a tal nivel, que en 2000, dos monitoras –Leonarda Gutiérrez y Benedicta Aravena– fueron invitadas a participar en actividades internacionales. La primera participó en un encuentro latinoamericano sobre violencia de género y casas de acogida en Nicaragua, organizado por el BID; y la segunda, en la marcha mundial por las mujeres contra la violencia y la pobreza (marcha Pan y Rosas), en Estados Unidos. Sin embargo, entre 1999 y 2000, se verificaron importantes cambios –internos y externos– que tendrían consecuencias duraderas para el grupo. En 1999, Elena Valenzuela, directora histórica de la Casa Yela, dejó su cargo en medio de un contexto confuso de recambio organizacional impulsado por algunos miembros de la casa que querían darle una conducción más «profesional» y menos personalizada, de modo de competir con otras organizaciones, regionales y nacionales, por financiamiento estatal e internacional. La salida de Valenzuela fue tremendamente dolorosa no solo para ella, sino para muchas mujeres, dejando a otras con fuertes sentimientos encontrados. Si bien algunas consideran que fue un paso necesario, otras lo interpretan como el primero de una seguidilla de quiebres posteriores que terminarían desarticulando, en gran medida, la casa. Al mismo tiempo, comenzó a haber mayores conflictos con el Sernam producto de la falta de claridad inicial, por parte del organismo público, sobre el lugar que ocuparía este tipo de ONG en relación a la provisión de servicios directos. Al respecto, en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre de 2000, la ministra del Sernam Adriana Delpiano, anunció la creación de una red nacional de centros de atención para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar con un costo de, aproximadamente, 550 millones de pesos. El anuncio dejaba abierta la posibilidad de formar alianzas entre Sernam y ONG, como la Casa Yela: Según informó la ministra, dichos centros no serán administrados por el Estado directamente, sino a través de fundaciones particulares y organizaciones no gubernamentales, que deberán concursar para la asignación de fondos

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Cifras del Archivo Casa Yela.

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en cada región del país. «El Sernam está dando una demostración de confianza a la trayectoria, capacidad técnica y eficiencia acumulada por las instituciones privadas que han trabajado en el tema», señaló Delpiano.452

Sin embargo, un mes después, esta posibilidad de cooperación laboral y financiera entre el Estado y Casa Yela se esfumó, cuando la directora regional del Sernam se negó a que este fuese el centro de atención, rechazando, incluso, la posibilidad de que se ubicara en Talca y proponiendo, como alternativa, San Javier. Según Leonarda Gutiérrez y otras mujeres, esta decisión tuvo que ver con intereses personales y políticos de la directora: Ahí en Santiago todos sabían que ese centro iba a ser para la Casa Yela porque la gente ya había trabajado hace años, que ya tenía experiencia…Y la directora de [Sernam] que teníamos en ese tiempo era DC… Y fuimos a hablar con la directora y nos encontró muy «apasionadas» para el tema y que eso era malo que estábamos tan apasionadas con el tema y que ella, el centro, no lo dejaba en Talca porque «Yo soy de San Javier y allá el alcalde es de mi partido y me da todo el apoyo». ¿Ya? Nada…y después tuvimos otra conversación con ella…nada, nada, nada. «Yo me llevo este centro a San Javier» (golpeando la mesa). Nosotros le hicimos una protesta a Sernam. Nos fuimos con las mujeres acogidas y los niños, y nos fuimos con los medios de comunicación y entregamos una carta, con los medios ahí comprobando. Y, al final, después de todo esto de la protesta y la lucha persistente que tuvimos, el centro se quedó acá… Quedó en Talca, pero ella luchó para que el centro no se quedara en la Casa Yela. Se dio la licitación al Hogar de Cristo.453

Desde ese momento en adelante, la Casa Yela manifestó ciertas fracturas que fueron debilitándola cada vez más. En primer lugar, la situación financiera empezaba a pesar mucho, lo que se vio agravado por el término del convenio con Terre des Hommes, en 2005, después de una década de apoyo. La situación era compleja, ya que los gastos de una casa de acogida son muchos y muy va452



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«Crearán red de atención para mujeres que sufren maltrato», El Mercurio, Santiago, 26 de noviembre de 2000. Leonarda Gutiérrez, op. cit.

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riados, desde la mantención de las mujeres acogidas y sus hijos/as, hasta pagar las cuentas de la casa (agua, luz, gas), y asumir el costo del traslado hacia lugares como comisarías, juzgados, o consultorios, entre otros. Aunque la casa logró cubrir sus necesidades básicas por medio de una subvención municipal, de las ganancias de los talleres de deportes y de un «pago-por-mujer acogida», según un acuerdo al que llegó con la fiscalía, el retiro de la ONG suiza terminó en una obsesión por hacer más y más proyectos. Benedicta Aravena, entonces directora de la casa, recuerda: Yo creo que nosotros nos desperfilábamos mucho en esto del proyectitis y querer hacer muchas cosas. Nos metimos en deportes, nos metimos en las drogas, nos metimos en un montón de cosas porque, como no había financiamiento, postulábamos a todos los proyectos que había.454

Ya, en 2004 la Casa Yela decidió diversificarse, fundando un centro de atención psico-social y jurídico en el sector norte de Talca –lugar de donde provenían los primeros miembros del grupo. En octubre de 2005 abrieron el Centro de Atención Familiar Quidell, dependiente de la Casa Yela, con financiamiento del Ministerio del Interior. A poco andar el proyecto fracasó, produciéndose el segundo gran quiebre. Como resultado, dos de las mujeres más activas –Benedicta Aravena y Guacolda Saavedra– se retiraron en 2006, para formar el Centro Social Quidell, que sigue funcionando hasta hoy, abocado también a la violencia de género en Talca. Las consecuencias para el equipo fueron dramáticas: por una parte, la separación del Centro Social Quidell fue muy conflictiva y, por otra, se perdían dos mujeres que siempre habían sido muy activas en la formulación de proyectos. En enero de 2007, la directora regional del Sernam, Claudia Quezada, anunció la apertura de una nueva casa de acogida en Talca: Por primera vez el gobierno se va a hacer cargo de la prevención y reparación de las víctimas. Esto quiere decir que desde el juzgado de garantía podrían ser derivadas a esta casa mujeres de las 30 comunas de la región. Es una casa grande y cómoda para que la gente tenga una acogida con calidad.455 Benedicta Aravena y Guacolda Saavedra, Entrevista personal. Talca, 12 de febrero de 2010. 455 «Gobierno y privados implementan casa de acogida para mujeres maltratadas», El Centro, Talca, 9 de enero de 2007. 454

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En su discurso, Quezada planteó contratar profesionales y monitoras; sin embargo, hasta la fecha, no se ha incorporado ninguna mujer de la Casa Yela, probablemente por no ser «profesionales». El mismo año, el Programa de Prevención Comunitaria de Violencia Intrafamiliar de la Municipalidad de Talca firmó un convenio con la fundación Crate (dependiente del Obispado de Talca) para trabajar el tema de la violencia intrafamiliar en el sector norte de la ciudad donde antes habían funcionado los proyectos Quidell y Yela. A partir de 2009, Crate se hizo cargo, también, de la administración de la casa de acogida del Sernam en Talca, la que cuenta con espacio para 15 mujeres con uno o dos hijos y un equipo de profesionales –un asistente social, una psicóloga y una técnico social administrativo–, más cinco monitoras. El objetivo, según su propia página web, es: Entregar protección temporal a mujeres que se encuentran en situación de riesgo vital a causa de violencia intrafamiliar grave, otorgándoles un lugar seguro de residencia, atención psicosocial y legal; asimismo, apoyo para la reelaboración de su proyecto de vida.456

Las frases «protección temporal», «situación de riesgo vital» o «reelaboración de su proyecto de vida» contrastan de manera visible con las propuestas de la Casa Yela que «brindaba una atención integral […], concientizaba a la comunidad [y] hacía control ciudadano» sobre la violencia contra la mujer.457 No cabe duda de que, en el caso de la casa de acogida de Sernam/Crate, el trato es «profesional», patologizando el tema como una «enfermedad» social en el marco de los discursos sobre seguridad ciudadana. La Casa Yela, por su parte, se constituyó –bajo lo que Robert Putnam denomina como «capital social»–458 en un espacio de Crate. (2010). Casa de Acogida para Mujeres Víctimas de Violencia Intrafamiliar Grave en Talca. Consultado el 3 de agosto de 2010 desde http:// www.crate.cl 457 Casa Yela (2006). Power Point «Casa de la Mujer Yela», sección «Objetivos de la Casa Yela». Documento provisto por Leonarda Gutiérrez. 458 El sujeto social maneja una red de relaciones personales y profesionales que utiliza para tomar medidas en distintas circunstancias. Durante momentos decisivos de la vida (lo que Giddens llama fateful moments) o de guerra/represión política, las opciones que estas redes posibilitan puedan llegar a tener consecuencias dramáticas en la vida de un individuo o un grupo social. Se puede hablar, entonces, de múltiples formas de capital social que cada persona tiene a su disposición como individuo y como miembro de varios grupos 456

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organización feminista comunitaria en donde las mismas mujeres populares son las que ofrecen una «atención integral» y se organizan para «controlar» las políticas públicas del Estado como una expresión poderosa de la ciudadanía. Sin embargo, a pesar de sus más de 20 años de servicio a la comunidad de Talca y de seguir abierta como centro de actividades comunitarias en Villa Las Palmas, la Casa Yela dejó de acoger a mujeres como hacía antes de noviembre de 2009.

Reflexiones finales sobre ciudadanía, violencia de género y Estado Retomando las ideas planteadas en un principio, abordaremos la interpretación «doble» de ciudadanía en relación al caso de la Casa Yela. Por un lado, es indudable que tanto el Estado como la sociedad civil han realizado un importante trabajo en conjunto para visibilizar y criminalizar la violencia de género en Chile. Evidentemente, hace 30, 50 o 200 años, ni este tipo de violencia ni el concepto de los derechos de la mujer se pensaban de la misma manera. Tal vez, más que cualquier otro segmento de la población, las mujeres han podido cambiar –a veces radicalmente– su posición frente a temas como el trabajo, la familia o la educación y, producto de ello, incorporar una condena bastante generalizada, a nivel de discursos públicos, sobre la violencia ejercida en su contra. En palabras simples, hoy es muy difícil que alguien justifique públicamente la violencia como una manera de «corregir» a su mujer, como sí se podía hacer años atrás. Claramente esto ha tenido un efecto positivo sobre el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, ya que la violencia en su contra puede contribuir significativamente a la disminución de su participación en la esfera pública, no solo por el control que pueda ejercer su pareja sobre ella y que podría llegar al extremo de no poder salir de su casa (quitándole en una sociedad. Algunos sujetos optarán por utilizar un capital social más «formal», como unirse a una organización tipo «nuevo movimiento social» o a un sindicato, una iglesia, etc., y otros por redes y relaciones más relajadas (denominadas por Wurthnow loose relations para el contexto estadounidense) que tipifican el capital social «informal». Ver: Robert Putnam (Ed.). Democracies in Flux. The Evolution of Social Capital in Contemporary Society. New York: Oxford University Press, 2002.

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la posibilidad de ejercer su ciudadanía), sino porque la impunidad frente a este tipo de violencia puede provocar una sensación de clausura en cuanto a conceptos como «democracia» y «ciudadanía». En otras palabras, ¿qué tipo de ciudadanía es aquella en que la violencia perpetrada en el propio hogar es silenciada y tácitamente tolerada por la sociedad? No es extraño que este tema haya sido crucial en el movimiento de mujeres en Chile y en el mundo durante los años ochenta y noventa. Al respecto, el Sernam ha sido particularmente eficaz en la condena de la violencia contra la mujer. Todos los años, durante noviembre, lanza una campaña de denuncia en atención al Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres, que se conmemora el 25 de ese mes. Además, ha jugado un rol activo en la promulgación de leyes contra esta violencia y, en la última década, se ha posicionado como promotor de servicios directos para las mujeres afectadas, incluyendo centros de atención y casas de acogida. Sin duda, estas políticas han sido tremendamente importantes, ya que han promovido más concientización sobre el tema y han facilitado medios psico-sociales y jurídicos para que las mujeres puedan dejar a sus parejas abusivas con menos obstáculos que antes. Sin embargo, vale preguntarse acerca de cuál es el punto de vista con que el Sernam aborda la violencia de género, ¿es desde los derechos de la mujer y el género? Al respecto, Alejandra Valdés señaló, en 2000: El Sernam ha jugado un rol importante en algunos de los cambios de la normativa discriminatoria hacia las mujeres y de protección de sus derechos. Y si bien ha logrado generar opinión pública sobre aquellos problemas que históricamente estuvieron relegados al ámbito privado como lo es, entre otros, la normativa sobre violencia intrafamiliar o el embarazo en adolescentes, no logra mantener un discurso respecto a los derechos de las mujeres en las diversas instancias creadas, las que terminan por desarrollar un discurso moralizante y exento de contenidos de género, que a la larga puede significar, en el caso de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, su incorporación a la agenda de seguridad ciudadana, sin los resguardos que permitan enfrentarla como uno de los efectos centrales de la discriminación hacia las

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mujeres, que debe ser superado con políticas integrales y no parciales.459

Con todo, existe la sensación de que esto podría haberse modificado en los últimos dos gobiernos de la Concertación por presiones de organizaciones de mujeres. Es lo que plantea Ana María Órdenes, de la ONG Solidaridad y Organización Local (o SOL): Los cambios que ha experimentado el Sernam es por la influencia del movimiento de mujeres, porque lo estamos criticando –«¿Hasta cuándo victimizar a las mujeres? Esta campaña no nos gusta porque se continúa victimizando a las mujeres…». En la Red contra la Violencia hay un equipo bien potente de mujeres en la coordinación y muy crítica al trabajo que venía haciendo el Sernam y yo creo que eso también ha ido cambiando, ha ido haciendo que el Sernam vaya cambiando su postura. El Sernam hablaba de violencia intrafamiliar. También, ahora habla de violencia contra las mujeres porque eso fue algo que desde la Red lo empezamos a colocar. ¡Ya basta ya de invisibilizar a las mujeres! Porque quienes son las víctimas de la violencia intrafamiliar, el 99%… son mujeres. 460

A pesar de estos avances, sin embargo, si se piensa la ciudadanía desde la participación activa de la sociedad civil en la formulación de políticas públicas del Estado, los efectos del Sernam no han sido tan positivos. Por un lado, pese a que algunas mujeres, incluso algunas que participaron en el movimiento de mujeres durante los años ochenta, entraron al Sernam o han logrado trabajar, de forma productiva con este organismo, habría que preguntarse quiénes

Alejandra Valdés, «Mecanismos institucionales para la incorporación del enfoque de género: limitaciones y desafíos», pp. 141-142. En Line Barreiro et al., Memoria del II Seminario Regional: De poderes y saberes, debates sobre reestructura política y transformación social. Montevideo: Doble Clic Editoras, 2000, pp. 137-146. De manera similar, Ana María Gutiérrez dice: «Una de las mayores falencias que podemos identificar en cuanto a la concepción general del trabajo del Sernam, es el construir a la familia como eje central de su quehacer, antes que poner el énfasis sobre las relaciones de género o, incluso, el mundo de las mujeres», en Relaciones posibles e imposibles: sistematización de un programa de intervención en violencia doméstica. Santiago: La Morada, 1994, p. 45. 460 Ana María Órdenes, Entrevista personal, Santiago, 27 de noviembre de 2009. 459

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son. La gran mayoría son mujeres profesionales que accedieron a la educación superior, que manejan el set de habilidades necesarias para desempeñarse en un sistema estatal altamente tecnificado y, mayoritariamente, digitalizado. Es con estas mujeres que el Sernam forma alianzas; son ellas las que confeccionan encuestas para recibir «insumos», estudian las políticas públicas, y atienden a las «clientas» del sistema. Las que quedaron fuera son las mujeres populares, como las de la Casa Yela, es decir, mujeres con poca educación «formal», pero con capacitación y mucha experiencia de trabajo directo con las mujeres en sus comunidades. Al decir de Guacolda Saavedra, ex monitora de la Casa Yela y actual miembro del Centro Social Quidell, Lo que pasó con el Sernam es que nunca validaron nuestro trabajo… No validaron nuestro trabajo. Las educadoras populares como no teníamos un título universitario, ninguna de nosotras había seguido un curso superior, entonces nunca nos valoraron nuestro trabajo, pero si nosotros nos creíamos esto, que éramos capaces, que teníamos expertise en esto.461

Leonarda Gutiérrez va un paso más allá, situando su crítica no solo en la discriminación hacia las mujeres populares, sino también en la manera como la «profesionalización» de los servicios para frenar la violencia intrafamiliar puede perjudicar a las mismas mujeres sobrevivientes: Lo que pasa es que los movimientos siempre hemos sido… discriminados, si quiere decir, por los estamentos del gobierno. Que grupos de mujeres que no sirven para profesionales… Entonces yo siempre he visto que nosotras como grupo de mujeres siempre ha costado mucho que seamos reconocidas. Y por lo mismo las leyes salen con deficiencias porque las leyes no son de las mujeres. No es la necesidad de la mujer pobladora. No te soluciona. [Solo] en algunos casos. Porque nosotras las mujeres que trabajamos con las mujeres a diario, que trabajamos en terreno, que no trabajamos detrás de un escritorio en una oficina, sabemos las necesidades de las mujeres. Porque yo, que trabajo en una



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Benedicta Aravena y Guacolda Saavedra, op. cit.

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oficina y viene una mujer a contarme sus problemas, ¿le doy todo el tiempo que ella necesita? No. Eso es lo que pasa.462

Históricamente en Chile, las soluciones a los problemas sociales han tendido a emanar desde el Estado –arriba– hacia los ciudadanos -abajo-, siendo estos últimos los que demandan respuestas del Estado cuando tienen problemas. Esta ha sido la tónica en el caso particular de las políticas referentes a la mujer y a la familia. Fue en el contexto de la dictadura –de violencia política y crisis económica– que este patrón se quebró, temporalmente, coadyuvado por la presencia de poderosos movimientos sociales; entre ellos, los de mujeres, pobladores y de derechos humanos. Con la vuelta a la democracia, muchas activistas fueron incorporadas y cooptadas, dejando sus trabajos de base para integrarse a los partidos políticos y al gobierno. Si bien esta transición entre las lógicas del movimiento feminista, la creación del Sernam y las políticas de género de la Concertación ha sido ampliamente estudiada desde la academia, creemos que aún falta entender las dinámicas de inclusión y exclusión desde los cruces de género y de clase. Como es bien sabido, en Chile el acceso a la educación superior es todavía un fenómeno restringido a los sectores más acomodados del país, por lo que no debe sorprender que las que tienen más posibilidades de ingresar a la universidad sean mujeres provenientes de las clases medias para arriba y que sean estas las que puedan entrar a trabajar en organismos como el Sernam. Circunscribir la participación en la planificación e implementación de las políticas públicas a un grupo de elite, significa dejar fuera toda una gama de conocimientos y sabidurías de otros sectores de la población, deslegitimando estos saberes populares, en favor de normas y prácticas sancionadas por el Estado y sus equipos técnicos. Si bien algunas académicas, como Susan Franceschet, piensan que esta situación es más bien una retirada de las mujeres populares, rurales e indígenas de las negociaciones con el Estado para volver al espacio autónomo de los movimientos sociales, creemos que, en un contexto nacional de opciones financieras limitadas, los aspectos «positivos» de esta retirada son, por lo menos, dudosos, en particular, para situaciones como la de la Casa



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Leonarda Gutiérrez, op. cit.

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Yela que necesitan fuentes monetarias constantes para administrar la casa y atender a las acogidas.463 En definitiva, al analizar la relación entre las mujeres populares, las políticas sobre violencia de género y el Estado en Chile, el concepto de «ciudadanía» se torna difuso. Al respecto, Carole Pateman señala en su libro El desorden de las mujeres, que es difícil compatibilizar el Estado de bienestar y los derechos de las mujeres ya que, históricamente, el primero ha tendido a fundarse sobre la base del modelo de familia nuclear y el rol proveedor del padre, en que las mujeres y los hijos son solo sujetos «dependientes» que deben ser «cuidados» y «protegidos». Bajo ese patrón, el único trabajo legítimo de las mujeres es el doméstico, circunscrito al hogar. En el caso de Chile, los ya citados estudios de Tinsman y Rosemblatt señalan que es, justamente, esto lo que el Estado benefactor quiso hacer durante las décadas inmediatamente anteriores al golpe de Estado de 1973, promoviendo políticas que reforzaban el matrimonio, la libreta y el sueldo familiar. Aunque menos amplio y efectivo que sus predecesores de los años sesenta y comienzos de los setenta, el Estado concertacionista ha intentado implementar sus propias políticas de bienestar (a veces, bastante parciales y neoliberales), particularmente, para las mujeres y los niños. Con pocas excepciones, las disposiciones sobre violencia intrafamiliar se entienden como políticas de «protección», por parte del Estado, para proveer de ciertos servicios a la mujer víctima de esta violencia y a sus hijos. Aunque en los últimos años se ha hecho sentir el peso de un discurso más vinculado con los derechos específicos de la mujer, la tendencia de asociar esta violencia con un desarrollo «apropiado» de la familia no ha desaparecido, lo que queda de manifiesto en los vínculos que hacen los políticos entre violencia intrafamiliar y desarrollo de los niños, su inserción productiva en la sociedad e, incluso, con el combate de la delincuencia. Pateman apunta precisamente a este dilema: Algunas feministas han respaldado públicamente y con entusiasmo el Estado benefactor como «el principal recurso para las mujeres» y como generador de «recursos políticos» que son, me parece justo decir, en gran medida recursos femeninos. Ellos pueden apuntar, en Australia, por ejemplo, a 463



Susan Franceschet, op. cit., pp. 9-40.

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la creación durante la década de 1975-1985 de un rango amplio de políticas públicas de la mujer y servicios para la mujer subsidiados por el gobierno (entregados por mujeres para mujeres) que no tienen rival. Sin embargo, este entusiasmo choca con el contrapunto de otras feministas que proponen que las mujeres que buscan soluciones vía el Estado benefactor sólo están intercambiando la dependencia individual de un hombre por la dependencia del Estado. Se reemplaza el poder y la volatilidad de los maridos con la arbitrariedad, la burocracia y el poder del Estado. Su objeción es lógica: hacer a las mujeres depender directamente del Estado no hará nada per se para desafiar las relaciones del poder patriarcal.464

Cerramos el capítulo con la idea acerca de cuál es, en el fondo, el problema más crítico que surge de la coyuntura estudiada, es decir, si el Estado benefactor (Sernam) está efectivamente combatiendo la violencia de género en Chile y, en el mejor de los casos, si tiene capacidad de hacerlo. Mirar al Estado como figura patriarcal y paternalista, y fuente de solución de los problemas, trae consigo una serie de conflictos respecto de la ciudadanía. No nos parece que una estructura de ese tipo sea capaz de enfrentar adecuadamente la violencia de género, ya que el mecanismo de poder del Estado paternalista tiende a reproducir discursos y prácticas muy similares a esa misma violencia. En vez de «empoderar» a las mujeres para que puedan dejar una relación abusiva y empezar a tomar sus propias decisiones –que es la estrategia de los grupos de inspiración feminista que tratan la violencia de género–, el Estado paternalista recurre a un discurso de victimización y patologización en el que no son las mujeres las que deben participar en la solución de sus problemas a través de sus organizaciones y concientización, sino que se transforman en simples víctimas que deben apelar a la beneficencia del Estado para que este solucione el problema. Desde nuestro punto de vista, esto, lejos de convertirlas en ciudadanas, las transforma en simples clientas y consumidoras. Una posible solución, pensada desde los resultados de nuestra investigación, no es excluir al Estado, sino más bien «democratizarlo» e integrar a las mujeres de base – como las de la Casa Yela– y a la ciudadanía, en general, para proveer más y mejores soluciones frente a la violencia de género en Chile.

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Carole Pateman, The disorder of women: Democracy, feminism, and political theory. Stanford: Stanford University Press, 1990, pp. 199-200.

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El presente texto es una reflexión sobre las paradojas y desafíos que las movilizaciones indígenas, en pos de la consecución de sus demandas de tierras y reconocimiento de derechos políticos, han ejercido en los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia en Chile, entre 1990 y 2010. Atendiendo al estudio de la práctica discursiva y la producción de informes por parte de estos gobiernos, desde 1991 hasta 2005, nos centraremos, especialmente, en el Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (2003), de modo de analizar cómo este marca una imposibilidad de ruptura con el pasado para el gobierno y la sociedad chilena en su conjunto. Esto, a diferencia de los informes Retting y Valech que construyen un contexto discursivo en que las violencias y arbitrariedades de la dictadura quedan relegadas a un pasado que «nunca más» se volverá a repetir, el Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato re-instala el pasado chileno dentro de las discusiones sobre las problemáticas indígenas y el actuar del Estado, dejando en evidencia las contradicciones del último período democrático en materia de asuntos indígenas.466 Académico de la Escuela de Historia de la Universidad Diego Portales. Este ensayo no pretende ser una narración detallada de la historia del movimiento mapuche en los últimos 20 años, sino más bien una reflexión en torno a las fases más recientes de su conflicto en función del Bicentenario chileno. 466 Para una referencia histórica sobre el pueblo mapuche y su relación con el Estado y la sociedad chilena, en períodos previos a 1990, ver: el estudio etnográfico e histórico de la Comunidad Nicolás Ailío realizado por Florencia Mallon, donde analiza la relación política del Estado chileno con los mapuches de Cautín desde una perspectiva cultural y desde la historia de la comunidad en el siglo XX. Florencia E. Mallon, La sangre del copihue: La comunidad mapuche de Nicolás Ailío y el Estado chileno, 1906-2001. Santiago: LOM, 2004. También es imprescindible referirse al clásico estudio sobre el pueblo mapuche desde la Colonia al siglo XX de José Bengoa, Historia del pueblo mapuche: siglos XIX y XX. Santiago: Ediciones Sur, 1985, y, del 465



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Se postula aquí que los movimientos indígenas chilenos de los últimos 20 años involucran una redefinición de ciudadanía en torno a derechos específicos, particularidades étnicas y de propiedad, que el gobierno y las elites políticas no están dispuestas a asumir, ya sea por trabas teórico discursivas en las políticas reparatorias de derechos humanos o por problemas en torno a un concepto de nación y ciudadanía, que los pueblos indígenas tensionan permanentemente. En el Diario Austral, de Temuco, del lunes 29 de marzo de 2010, un artículo titulado «Nueva política indígena incentiva conflictos» reproducía la entrevista realizada a José Aylwin, del Observatorio Ciudadano, sobre los conflictos mapuches en la región y sobre las proyecciones que él hacía respecto de las dificultades que se preveían en la implementación del Convenio 169 de la OIT durante el gobierno de Sebastián Piñera. En una pregunta fuera de todo contexto, el periodista consultaba por una supuesta indemnización a la familia de Jaime Mendoza Collío, asesinado en agosto de 2009, en un acto de recuperación de tierras en Collipulli. Según el periodista la familia del comunero «iba a recibir una pensión mismo autor, Historia de un conflicto: el Estado y los mapuches en el siglo XX. Santiago: Planeta/Ariel, 1999. Andrés Aylwin ha hecho un estudio sobre la génesis y los cambios de la legislación indígena en Chile en los gobiernos de la Concertación: José Aylwin Oyarzún, Materializaciones y conflictos: aplicación de la ley indígena en el territorio mapuche (1994-1997). Temuco, Chile: Instituto de Estudios Indígenas, 2000. Un estudio importante para entender el desarrollo de la industria forestal en Chile y su cercana relación al proceso de proletarización de los campesinos de las montañas del sur del país es el trabajo de Thomas Klubock. Si bien su análisis no contempla la variable étnica y es más bien una aproximación a la historia social y ambiental, es posible hacerse de un contexto específico en lo referido a la explotación forestal en la Región de la Araucanía y zonas aledañas a esta. Thomas Miller Klubock, «The Politics of Forests and Forestry on Chile’s Southern Frontier, 1880s-1940s,» The Hispanic American Historical Review 86, N° 3, 2006. Estudios sobre ciudadanía, etnicidad y género, desde el punto de vista sociológico, con fuerte trabajo en terreno y en diálogo con las principales investigaciones históricas y antropológicas chilenas, han sido realizadas por Patricia Richards, quien despliega en sus textos importantes preguntas sobre la especificidad del pueblo mapuche en términos de ciudadanía en nuestro país. Patricia Richards, «Expanding Women’s Citizenship? Mapuche Women and Chile’s National Women’s Service,» Latin American Perspectives 30, N° 2, 2003, y de la misma autora, «The Politics of Gender, Human Rights, and Being Indigenous in Chile», Gender and Society 19, N° 2, 2005. De Yun-Joo Park y Patricia Richards, «Negotiating Neoliberal Multiculturalism: Mapuche Workers in the Chilean State», Social Forces 85, N° 3, 2007.

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de $120 mil», ante lo cual preguntaba al entrevistado, «¿Qué le parece que se haya establecido este mecanismo?». La respuesta de José Aylwin aludía a que este tipo de violencias, además de ser evitables, no eran más que producto de la acción de la policía y del Estado, y que una indemnización no permitía hacer justicia frente a este tipo de situaciones.467 El trasfondo de la entrevista y, particularmente de esta pregunta, refería al uso de las compensaciones materiales como medio de reparación e impunidad frente a la violencia del Estado, mecanismo anteriormente usado con las víctimas consignadas en los dos informes sobre violaciones de derechos humanos. Una situación similar asociada a la falta de justicia e impunidad se presenta en el caso de Matías Catrileo, también muerto en un acto de recuperación de tierras, en enero de 2008. El asesinato fue perpetrado por el carabinero Walter Ramírez, quien, hasta agosto de 2010, solo había recibido una condena de tres años y un día por violencia innecesaria.468 Estos casos emblemáticos de violencia desmedida contra activistas mapuches, ambos ocurridos bajo el período presidencial de Michelle Bachelet, hablan sobre las prácticas discursivas y políticas de los gobiernos de la Concertación en la resolución de conflictos heredados de la dictadura. 467



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«Me parece que son muertes que fueron totalmente evitables, de las cuales el Estado es responsable porque fueron sus agentes policiales. Son demostrativas de un irrespeto al derecho a la vida y la dignidad de las personas. El Estado tendría que haber reconocido esa responsabilidad y tendría que haberse hecho justicia. Lamentablemente, los delitos que cometen los agentes policiales van a la justicia militar, que no es calificada ni independiente para juzgar a delitos que involucran a personas de las Fuerzas Armadas. Me parece que una indemnización de ese monto no permite hacer justicia ni evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir en el futuro» (Diario Austral, Temuco, lunes 29 de marzo de 2010, «Nueva política indígena incentiva conflictos»). http://www.latercera.com/noticia/nacional/2010/08 consultado el 15 de agosto de 2010. Este texto fue escrito en agosto de 2010. Para esta última versión, el caso de Matías Catrileo sigue en las mismas condiciones, Walter Ramírez, el policía acusado de su asesinato, fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada, la familia trató de impugnar la medida, pero esta fue rechazada en la Corte Suprema, hasta febrero de 2011. El policía condenado aún estaba en funciones en la ciudad de Coyhaique. Sobre el caso de Jaime Mendoza Collío, el oficial de fuerzas especiales de carabineros que fue acusado de su muerte –cabo Patricio Jara Muñoz– fue sentenciado a 15 años de prisión. Su caso se encuentra en apelación en la Corte Marcial de Santiago, ver http://latercera.com/noticia/nacional/2010/12/680-3299039-caso-mendoza-collio-justicia-militar-condena-a-15-anos-de-presidio-alautor-del.shtml

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Junto a la falta de justicia, es necesario mencionar además que, desde la década de los noventa, el nuevo sistema democrático chileno se ha preocupado por generar informes que buscan fijar y establecer aquellos hechos históricos que, en un pasado reciente, fueron negados o cuestionados en su ocurrencia e importancia por una parte de la sociedad chilena. En este contexto, hemos conocido los informes Rettig y Valech, que han instalado en el debate público y en el imaginario nacional problemáticas vinculadas a temas como la desaparición forzada de individuos, y la tortura y prisión política, respectivamente, llevadas a cabo durante el período de la dictadura militar.469 Estos informes se situaban frente a formas de violencia ejercidas durante un período anterior a 1990 y dentro de un marco temporal específico –1973-1989– cuando los eventos y los actores, al decir de Hillary Hiner, se ubicaban en un tiempo pretérito que la Concertación significó desde un marco conceptual dicotómico en que se contraponía lo democrático versus lo autoritario. Fueron estos marcos conceptuales dentro de los cuales se construyeron también las dicotomías teóricas de los informes y discursos de derechos humanos en relación a las categorías de víctimas y victimarios usadas durante gran parte de los gobiernos

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Para una mirada comprehensiva del proceso de la dictadura y la transición en Chile, se puede ver: el estudio sobre construcción de memorias de la dictadura realizado por Steve J. Stern, Remembering Pinochet’s Chile: On the Eve of London, 1998. (Latin America Otherwise). Durham: Duke University Press, 2004.�������������������������������������������������������������� El segundo estudio de Stern contempla el período de la dictadura y es hasta ahora el principal trabajo comprensivo de las décadas de los setenta y ochenta en nuestro país. Del mismo autor, Battling for Hearts and Minds: Memory Struggles in Pinochet’s Chile, 1973-1988. (Latin America Otherwise). Durham: Duke University Press, 2006.���������������������� Otro ámbito historiográfico interesante que dialoga con la producción de Stern es el trabajo de Verónica Valdivia en donde propone un estudio sobre la dictadura como un proceso de renovación y profundas transformaciones políticas y sociales en Chile. Ver Rolando Álvarez, Verónica Valdivia Ortiz de Zárate y Julio Pinto Vallejos, Su revolución contra nuestra revolución I: izquierdas y derechas en el Chile de Pinochet, 1973-1981. Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2006. De los mismos autores, Su revolución contra nuestra revolución: la pugna marxista-gremialista en los ochenta. Santiago de Chile: LOM Ediciones, 2008. Por último, el contexto político y cultural post-1998 hasta 2006 es reconstituido y analizado por el último texto de la trilogía sobre estudios de memoria en Chile de Steve Stern. En este último volumen, si bien no trata el tema indígena, sí entra en temáticas de derechos humanos y plantea líneas de análisis que son útiles para entender el contexto analítico de este artículo. Steve J. Stern, Reckoning with Pinochet: The Memory Question in Democratic Chile (1989-2006). Durham: Duke University Press, 2010.

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de la Concertación. La mención a estos informes y los ámbitos conceptuales que ellos construyeron importan porque la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, promovida e implementada por el gobierno de Ricardo Lagos, se articuló también dentro de esas prácticas discursivas que, a raíz del citado informe, intentan dejar en el pasado una práctica de abusos e injusticias para refundar una nueva visión de Chile como nación democrática e inclusiva con miras al Bicentenario. De todos los intentos de los gobiernos de la Concertación por saldar cuentas con el pasado, este informe y esta Comisión de Nuevo Trato serán pocos exitosos en articular un discurso de justicia y, mucho menos, de reparación. Paradójicamente, el gobierno de Ricardo Lagos utiliza, en 2000, la Ley Antiterrorista para reprimir las movilizaciones indígenas en el sur de Chile, al tiempo que, en marzo de 2002, fue el primero en segregar y dividir a los mapuches bajo la amenaza de que aquellos que sean parte de «actos violentistas» no serían beneficiarios con las políticas de gobierno, por tanto, el «nuevo trato» solo se aplicaría a quienes el Estado considere legítimos beneficiarios del acceso a la tierra y de las políticas de fomento indígena.470

Concertación y la refundación de la nación chilena Si bien el o los conflictos que el Estado mantenía con los indígenas no eran parte del programa de gobierno de Ricardo Lagos, la sociedad civil, representada en las organizaciones y grupos políticos mapuches, presionaron por un reconocimiento, por parte del Estado, de los problemas no resueltos y heredados de los gobiernos de Patricio Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle. El presidente Aylwin fue el primero en incluir una propuesta de revisión de la relación establecida entre el Estado y los grupos indígenas. No solo porque era parte del compromiso del nuevo gobierno democrático con las organizaciones mapuches proclives a la Concertación, sino porque, además, el contexto internacional de la conmemoración del 470



Nancy Yáñez y José Aylwin Oyarzún, El gobierno de Lagos, los pueblos indígenas y el nuevo trato: las paradojas de la democracia chilena. Chile: LOM Ediciones, 2007, pp. 22-25.

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Quinto Centenario de la colonización de América y la emergencia de los movimientos indígenas mexicanos y bolivianos crearon el escenario propicio para poner en jaque el constructo homogéneo y hegemónico de los Estados nacionales decimonónicos, reposicionando la idea de la necesidad de que la nueva democracia incluyera los pueblos indígenas como parte de su programa reivindicativo. En 1993 se promulga, luego de extensas sesiones y discusiones parlamentarias, la Ley de Protección y Fomento Indígena. En los mensajes que la Presidencia de la República enviaba al Congreso, acompañando el proyecto de ley y sus múltiples versiones modificadas, se hacía un breve recorrido histórico por los hitos de las relaciones entre el Estado y, en especial, el pueblo mapuche. De esta forma el gobierno legitimaba la inclusión de las políticas indígenas en sus labores legislativas más importantes: Deseo señalar que la recuperación democrática de Chile tiene un particular desafío para con los pueblos indígenas del país. Este desafío consiste en asegurar que en democracia exista un espacio para sus comunidades y personas que las integran. Nuestra aspiración es lograr para los pueblos indígenas de Chile y los demás sectores que componen la comunidad nacional, la patria justa y buena que esperamos para todos los chilenos.471

La idea de un Chile distinto incluía la búsqueda y construcción de lo que el presidente Lagos llamaba, en ese momento, la «patria justa», al mismo tiempo que ese proyecto reparatorio instalaba una diferencia central: el nuevo gobierno democrático establecería una nueva relación con los pueblos indígenas. Se esbozaba así, un nuevo tipo de nación en que el restablecimiento democrático que refundaba Chile buscaba hacer justicia desde todos los ámbitos posibles. Sin embargo, a diferencia de las violaciones de los derechos humanos realizadas durante la dictadura, los abusos y atropellos contra los pueblos originarios habían sido un problema histórico de larga data. De allí que el nuevo Estado democrático admitiera la duración de varios siglos de las violencias contra los

Ley 19.253 «Protección, Fomento y Desarrollo de los Pueblos Indígenas». Sesión 8ª. Martes 15 de octubre de 1991, p. 503.

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indígenas, y su manera de enfrentarlo fuera reconociendo el lugar que había correspondido a los indígenas en el origen de la nación. En esta etapa hemos ido cumpliendo el imperativo que nos propusimos al iniciar el actual período presidencial en el sentido de establecer una relación diferente con los pueblos indígenas de Chile, en la cual primará el respeto y la responsabilidad, y que se diera cabida a los legítimos derechos que pretenden el casi millón de chilenos que forman los pueblos de la tierra, las raíces de nuestra nación.472

Sin embargo, si situamos conceptualmente a los indígenas en el origen de la nación podemos caer en la trampa discursiva de concebirlos bajo una perspectiva patrimonialista, es decir, reconocer que la especificidad cultural indígena tendría un lugar «originario» dentro de la identidad nacional. Ello significaría atribuirles una condición histórica e identitaria que sería primigenia y actuaría como antecedente de la nación, pero remitida a un tiempo inicial, a fin de cuentas, una identidad «otra». Patrimonio distintivo, museologizable y, por tanto, monolítico de lo que el Estado considera como los inicios de la identidad cultural y racial de Chile. Así, por negación, es decir, desde la construcción de un «otro» distante y distinto de la comunidad nacional (nosotros), se termina por restringir el valor de los pueblos indígenas a «lo meramente cultural», desconflictuando, por una parte, la relación que estos han tenido y tienen con el Estado y, por otra, restándoles agencia y reconocimiento como actores políticos dentro de la sociedad chilena: El Estado reconoce que los Pueblos Indígenas existentes en Chile son poseedores de una cultura propia que engloba conocimientos, técnicas, instituciones, expresiones y valores que los distinguen de la cultura global. Estas culturas son un patrimonio de la Nación chilena…

En definitiva, la nueva legislación tiene como objetivo permitir la recuperación y promoción de elementos propios de la cultura indígena tales como la formas de hacer justicia, los valores de la comunidad, los sistemas económicos, los sistemas de participación y expresión social de acuerdo a sus tradiciones, la religiosidad y 472



Ibíd., p. 504.

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manifestaciones religiosas y en general, sus costumbres, abarcando todos los aspectos que dicen relación con los indígenas de Chile.473 Al mismo tiempo, al restringir los indígenas a un origen preexistente al Estado moderno deja el problema del concepto de nación inalterable. Lo mismo ocurre con la ciudadanía, la especificidad de los indígenas sería cultural y restringida al espacio y tiempo de los orígenes de Chile, no a la construcción moderna del Estado y la sociedad civil. Por tanto, no es necesario introducir un elemento diferenciador ni reconocer las tensiones que el concepto de pueblo-nación mapuche imprime a las conceptualizaciones con que el Estado chileno se autoconstruye como garante de la unidad e indivisibilidad de la nación. Este problema de fondo nunca fue enfrentado con decisión por los gobiernos concertacionistas. En el debate de la Ley Indígena, los representantes conservadores se manifestaban preocupados por no alterar la concepción de lo que ellos entendían por nación chilena. Teodoro Ribera, de Renovación Nacional, señalaba que su partido «cree que es necesario salvaguardar el concepto de diversidad cultural, siempre en el marco de la unidad nacional»,474 es decir, respetando aquellos particularismos que no alteren el concepto unitario de nación. Por su parte, Víctor Pérez, de la Unión Demócrata Independiente, argumentaba que en su partido estaban muy preocupados de la unidad nacional «porque si bien reconocen la ‘multiplicidad’ de orígenes, les preocupa que eso no vaya a generar un quiebre en la unidad».475 Ramón Pérez, militante del mismo partido (UDI), señalaba que no se debe seguir con esa «odiosa idea» de que dentro del país podrían existir dos pueblos, el chileno y el indígena, postulando eliminar la noción de «pueblo» del proyecto. Al mismo tiempo, enfatizaba que esta no es una ley para el pueblo mapuche, sino para todas las comunidades indígenas.476 La ley de 1993 frustró las aspiraciones de las comunidades y organizaciones indígenas al crear el Consejo Nacional de la Conadi que estaría compuesto por el director de esta, más ocho miembros designados por el gobierno y ocho integrantes indígenas propuestos al poder central por las organizaciones y comunidades, Ibíd., p. 508. Sesión Cámara de Diputados, N° 44, 21 de enero de 1993. 475 Ibídem. 476 Ibídem. 473 474

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por lo que, en caso de disenso, pese a la alta presencia de representantes indígenas, los votos del gobierno serían, invariablemente, nueve contra ocho, instalando un desequilibrio predecible que favorecería, en caso de conflicto, al gobierno de turno. Esta ley, además, dejó las comunidades en una precaria situación, pues no limitaba sus derechos de propiedad sobre el agua, los recursos del subsuelo o los recursos marítimos. Por último, no solo dejó pendientes problemáticas de uso y capacidad de explotación de todos los tipos de propiedad asociados a la tierra, sino que, en su intento por establecer una separación histórica entre la nueva democracia y la dictadura, así como su insistencia por diferenciarse del pasado de abusos hacia los pueblos indígenas, dejó inalterable el concepto de nación chilena. Esta siguió pensándose en términos unitarios y homogéneos a pesar de la permanente invocación del concepto de diversidad y multiculturalidad, desconociendo diferencias específicas y la existencia de prácticas y formas de expresión y representación cultural basadas en la desigualdad y el reconocimiento real de las minorías. Así, la década de los noventa constituyó un contexto discursivo que se extenderá hasta el Bicentenario, en que débiles intentos por asumir la diversidad cultural y étnica del país se entrecruzaron con un discurso de diferenciación cultural e interculturalidad propugnado por las organizaciones indígenas, a la sazón mucho más sofisticadas y actualizadas que los aparatajes conceptuales utilizados por las elites políticas nacionales. Bajo este marco jurídico, el gobierno de Eduardo Frei agudizó aún más los conflictos de tierras cuando, en función de su política económica tendiente a una inserción más agresiva de Chile en el capitalismo global, permitió el acceso de nuevas inversiones extranjeras que intensificaron las explotaciones forestales y la implementación de centrales hidroeléctricas en el país. El gobierno de Frei entendía el problema indígena como un problema económico y de condiciones de pobreza y, por tanto, el desarrollo de las comunidades indígenas debía ser resultado de la expansión de inversiones extranjeras en las regiones del sur de Chile que impulsaran la economía en la zona. Durante ese gobierno se inició un nuevo ciclo de luchas reivindicativas mapuches. El hito que marcó la irrupción de la política indígena radical en la esfera pública fue

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el atentado de Lumaco, en que se quemaron tres camiones madereros de la empresa Forestal Arauco, el 1° de diciembre de 1997. El hecho generó un requerimiento, por parte de la Intendencia de la Araucanía, para interponer la Ley de Seguridad Interior del Estado ante la Corte de Apelaciones de Temuco, lo que de inmediato hizo que se manejaran hipótesis de infiltración de grupos subversivos y a difundirse la idea de la presencia de «terroristas» en la región. Sin embargo, el ataque a los camiones de Lumaco no fue un hecho aislado. Con anterioridad se habían producido otras acciones en el fundo Pidenco, ataques contra empresas forestales y ocupaciones de terrenos de predios agrícolas de propiedad de empresas forestales o de particulares, en especial en 1998.477 Uno de los proyectos emblemáticos del gobierno de Eduardo Frei fue la construcción de las centrales hidroeléctricas en el Alto Biobío. En 1997, se construyó la Central Pangue, comenzando, de inmediato, los trabajos de Ralco, que finalizarían en 2003, durante el gobierno de Ricardo Lagos. El rechazo a estas centrales se fundó en el hecho de que para su construcción se requería inundar y, por tanto, expulsar de sus propiedades y terrenos ancestrales a comunidades pehuenches que habitaban, desde tiempos inmemoriales, esta zona de la cordillera de los Andes. Las reacciones tanto de la sociedad civil como también de las comunidades indígenas en solidaridad con los pehuenches generaron un nuevo período de conflicto entre las comunidades mapuches y el Estado chileno. Según Fernando Pairicán, este período de radicalización de la política mapuche inició nuevas formas de lucha y enfrentamiento con el Estado.478 La diferencia con otros momentos de la historia mapuche es que, a partir de Lumaco, en 1997, y de las movilizaciones contra la construcción de Ralco, se retomó una reivindicación ancestral que, en términos políticos, resulta más radical que la mera demanda por tierras. En otras palabras, a partir de estos eventos, las demandas mapuches se centrarán en territorio y autonomía. El 11 de octubre de 1999, El Mercurio reporteó las noticias de las protestas de las organizaciones pehuenches y mapuches por la Javier Lavanchy, «Conflicto y propuesta de autonomía mapuche», 1999, consultado en http://rehue.home.xs4all.nl/art/lava1.html 478 Fernando Pairican Padilla, «La Coordinadora Arauco Malleco y el conflicto mapuche en el Chile de la Concertación 1997-2002». Tesis para optar al grado de licenciado en historia, USACH, 2009, Tomo I, pp. 116-119. 477

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construcción de esta central hidroeléctrica. Lo que llama la atención de los reportajes que aparecen en este período, es la radicalización de algunos líderes indígenas que se niegan a participar de las instancias de diálogo propuestas por la Conadi, dando claras muestras de una división entre las distintas organizaciones y líderes mapuches; entre los más importantes disidentes, estaban la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y el Consejo de Todas las Tierras (CTT). El 27 de septiembre de 2002, Ralco se inauguró. El ministro de Economía, Jorge Rodríguez, representó al gobierno, ya que el presidente Lagos no acudió, un hecho para nada fortuito, porque, anteriormente, se había comprometido a que la construcción de la central hidroeléctrica respetara los derechos de los pehuenches. Por tanto, su ausencia y su silencio respondían a la falta de voluntad del gobierno de cumplir con esa promesa. Pese a ello, su ministro expresó la satisfacción del gobierno ante tan ambicioso proyecto.479 Esto, sin duda, implicó una radicalización de las partes involucradas en este conflicto: el Estado y los indígenas. En los insertos de prensa que reporteaban las protestas y reacciones del gobierno frente a la oposición de los indígenas a la construcción de las hidroeléctricas, se puede observar la evolución del discurso de Ricardo Lagos ante la aplicación de la Ley Antiterrorista y la consecuente represión de los activistas mapuches por la ocupación de terrenos y quema de vehículos. Así, al inicio del tercer año de su mandato se expresaba del siguiente modo: «Una cosa es aplicar la ley por la quema de un camión o algún destrozo en particular, pero de ahí a decir que hay terrorismo en esa zona del país hay una larga distancia. El Gobierno sabe cuándo hay que aplicar una ley y de la forma que lo hace. Pero no por eso vamos a hacer deducciones en otros sentidos», indicó el Mandatario.480

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José Aylwin O., «Se inauguró la central hidroeléctrica Ralco en el Alto Bío Bío», Enlace Mapuche Internacional, 2002. Consultado en http://www. mapuche-nation.org/espanol/html/medioambiente/ma-ntcs-05.htm El Mercurio, «Conflicto indígena: Lagos anuncia castigo a los autores de tomas de predios», 22 de marzo de 2002.

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En esta declaración decía que bajo ningún punto de vista es posible hablar de terrorismo en torno a los enfrentamientos entre comuneros mapuches y terratenientes en la zona de conflicto. Sin embargo, en otro inserto de prensa hablaba de la violencia indígena y de la voluntad de apertura de su gobierno frente a posiciones contrarias, pero evidenciando un clima tenso no solo respecto del mundo indígena, sino también de los políticos y empresarios locales: Lo importante es que no puede haber violencia en Chile, de ninguna naturaleza, en ningún ámbito. Y si la hay, el gobierno va a actuar con mucha dureza. Porque podemos tener mucha discrepancia en Chile, pero tenemos que aprender que lo que nos permite tener una sociedad ordenada hoy en el mundo es la capacidad de diálogo. 481

El jefe de Estado también respondió a las críticas de la derecha y de aquellos que demandaban mayor dureza de su parte hacia el movimiento indígena, y señaló que no se debe confundir el hecho de conversar con tener una actitud pasiva frente a actos de violencia: «En eso quiero ser muy claro y diáfano; creo que los gobiernos tienen la obligación de escuchar, de abrirse, pero al mismo tiempo dentro de las normas del Estado de derecho y del respeto de unos a otros».482 Contextualmente, Lagos estaba en un terreno muy complicado. Por un lado, estaban los activistas mapuches movilizados y radicalizados desde fines de la década de los noventa, y por otro el Estado, la clase política y los empresarios que presionaban porque el conflicto se acabara. Sin embargo, en este período la crítica y la protesta de las organizaciones indígenas asumieron una clara postura contra las inversiones extranjeras en la región, así como de rechazo a las nuevas formas de explotación del capitalismo globalizado, las que se unieron a las demandas locales por territorio y autonomía, creando para el gobierno un complicado panorama no solo político, sino también conceptual. Hacia 2003, con motivo de un ataque al predio agrícola de Fernando Léniz (ex ministro de Economía de Pinochet), Lagos fue más enfático en sus amenazas a los comuneros mapuches. El Diario Austral, Temuco, 16 de marzo de 2002. Ibídem.

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El Mandatario advirtió que se aplicará todo el rigor de la ley al sector absolutamente minoritario de las comunidades mapuches que realiza acciones de violencia que vulneran el Estado de derecho, al inaugurar la XII versión de la Expocorma. «Nadie, por legítimas que sean sus aspiraciones, puede salirse de la legalidad, porque es la única forma de poder convivir civilizadamente con los 15 millones de chilenos», sentenció.483

No solo reforzaba la idea de castigar severamente a los comuneros mapuches, sino que, además, reforzaba la idea de que eran una minoría muy específica y que, por tanto, su actuar fuera de la legalidad implicaba formas de castigo asimismo excepcionales. Para esta fecha, el gobierno de Lagos ya había invocado la Ley Antiterrorista, la que igual será aplicada durante el período de Bachelet, constituyéndose en una de las políticas que más críticas ha generado respecto de los gobiernos de la Concertación. De hecho, fue durante este último gobierno cuando ocurrió el mayor número de muertes de comuneros mapuches junto a acciones de violencia y tortura desmedida contra mujeres y niños, hechos que serán parte de los informes de derechos humanos producidos en el período y de sanciones por parte de organismos e instituciones a nivel nacional e internacional. En este contexto de intensificación de las protestas de los grupos indígenas y de un creciente protagonismo de la coordinadora de las comunidades indígenas en conflicto –Arauco Malleco (CAM)–, es que Ricardo Lagos da impulso al proceso de creación y publicación del Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas, que había anunciado desde los inicios de su mandato.



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El Mercurio, «Advertencia: Lagos condena toma de fundo de ex ministro», 13 de noviembre de 2003.

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La Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas (CVHNT) En el discurso presidencial del 21 de mayo de 2001, Lagos hacía mención a su postura respecto de los pueblos indígenas, señalando: La política que me propongo desarrollar respecto de los pueblos originarios, es una política que tiene que nacer de lo más profundo del alma de Chile. No para hacer justicia con ellos, que también hay que hacer, sino para entender que preservar su cultura es lo que nos permite mantener una riqueza mayor como país.484

Nuevamente, el discurso oscurece los problemas centrales en torno a las movilizaciones indígenas a raíz de las hidroeléctricas y las tomas de terreno en el sur de Chile, reduciendo las problemáticas indígenas a la preservación de rasgos culturales ancestrales como una forma de desplazar el conflicto hacia un no lugar y tiempo pretérito sin cronología clara ni contingencia inmediata. En ese mismo discurso, anunció la creación de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, la que sería «presidida por don Patricio Aylwin, donde participan dirigentes indígenas y representantes académicos y empresariales, con el mandato de proponer, con total autonomía, una nueva relación entre el Estado de Chile y los pueblos originarios».485 La peculiaridad del Informe de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas es que no solo tardó mucho más que los otros en instalarse en la esfera pública ni que sus resultados tuvieran una modesta cobertura mediática, sino que debía investigar y reflexionar sobre conflictos y problemáticas aún no resueltas en la sociedad chilena y en las que el Estado era un actor crucial y relevante en términos de las políticas presentes y futuras sobre pueblos indígenas. Se puede pensar que este informe es en sí una reparación simbólica, ya que incluye la historia indígena en la narrativa histórica de nuestro país, buscando, desde el campo de la narración, corregir la violencia y desmesura que alienó a los pueblos originarios de nuestra forma de imaginar Chile.

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Primer Discurso Presidencial de Ricardo Lagos, 21 de mayo de 2000. Segundo Discurso Presidencial de Ricardo Lagos, 21 de mayo de 2001.

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El texto histórico y las recomendaciones de la comisión están llenos de buenas intenciones, las que fueron elaboradas por técnicos y académicos chilenos de todos los sectores disciplinarios (arqueólogos, antropólogos, historiadores y juristas, entre otros) y expertos en el estudio de los distintos grupos indígenas del país. Pero, al mismo tiempo, es un diagnóstico de las violencias ejercidas histórica y cotidianamente por el Estado y la sociedad chilena contra los pueblos originarios, imponiendo desafíos futuros al Estado para reparar no solo las violencias simbólicas y culturales, sino también construir una nueva subjetividad y ética públicas en torno a estas problemáticas, asumiendo que los pueblos indígenas chilenos y las minorías, en general, eran la piedra de toque de la democracia chilena contemporánea. Este informe, a diferencia de los otros (Rettig y Valech) producidos en democracia, no cerraba procesos históricos de abusos e injusticias, sino que apenas abría el debate –una vez más– sobre estos temas. En el informe se advierten varios niveles, no muy claros, donde se pretende instalar hechos, derribar mitos y establecer reparaciones. Uno es respecto del papel del Estado moderno que ha perpetuado, desde sus orígenes, una relación hostil y violenta hacia los pueblos indígenas, lo cual desde el punto de vista histórico es complicado, pues establece continuidades que pueden atentar contra una comprensión complejizada del devenir de los pueblos indígenas chilenos. Otro es el reconocimiento e inclusión de nuestras culturas étnicas en el concepto de nación contemporáneo que no es menor, porque el acto nominal de nombrar un otro –otrora excluido– dentro de una comunidad es otorgarle reconocimiento y un rol activo dentro de ella. El mandato de la comisión establecía la elaboración de un informe que diera cuenta de la historia de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado486 con el fin de ofrecer una aclaración de la situación, pero, al mismo tiempo, explicar el origen y desarrollo de los problemas de los distintos grupos étnicos chilenos. Esta misión estaba basada en la premisa de que este texto daría inicio al establecimiento de una nueva relación con los pueblos indígenas desde el Estado y desde la sociedad en general.

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Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, p. 21.

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En este sentido, el informe situaba los problemas indígenas en un contexto de larga duración histórica y, por tanto, es un texto de alta complejidad disciplinar respecto de la tradición, hasta ese entonces conocida, en la producción de informes de comisiones de verdad en la transición chilena a la democracia. Esto, si bien parece obvio no lo es tanto, pues determina un texto de naturaleza distinta en términos de la narrativa y de los elementos que sitúa dentro del marco explicativo de las problemáticas indígenas. Sin embargo, la larga duración de los conflictos entre el Estado chileno y los pueblos originarios produce un problema en función del contexto histórico del informe que sitúa a las comunidades indígenas desde tiempos prehispánicos, pasando por la Colonia y la temprana República. Con este gesto narrativo se instala un reconocimiento desde la comunidad nacional al devenir histórico de los pueblos indígenas como parte de nuestra historia común. En este sentido, hay un desplazamiento del origen racial patrimonial que tradicionalmente se les daba en la historia de Chile, para estudiarlos y constituirlos como agentes y actores del desarrollo histórico de nuestro país, no para asimilarlos dentro de esta narración, sino para reconocerlos como un factor independiente, pero, al mismo tiempo, determinante en la formación del Estado nacional. En el texto se entiende que la larga narración histórica, desde antes de la Conquista y durante la Colonia, pretende reconocer y otorgar existencia histórica y agencia política a los pueblos indígenas desde antes de la colonización europea. Pero es la formación moderna del Estado el contexto que debería ser más relevante, pues si pretendemos hablar, en sentido estricto, de las problemáticas y la relación del Estado con los pueblos indígenas, debería situarse en un contexto poscolonial y moderno. Lo mismo ocurre si hablamos desde la nación. Habría que preguntarse por el concepto de nación utilizado y los contextos y cronologías históricas en que lo situamos, porque una linealidad temporal de miles de años puede hacer pensar que estamos pensando la nación desde una comunidad originaria, anterior a la modernidad y volveríamos a situar discursivamente los pueblos indígenas en un punto de origen de la sociedad chilena, lo que teórica y políticamente es complicado. Los diversos tipos de violencia ejercidos contra los indígenas responden especialmente a procesos modernos de construcción del Esta-

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do-nación chileno y a la expansión territorial hacia el norte y sur de nuestro país. Esta tensión histórica hace que uno se pregunte entonces por el alcance de este informe en términos de los ámbitos y esferas en los que va tendrá efecto, es decir, tener claridad si el nuevo trato se plantea solo desde el Estado o pretende involucrar toda la sociedad chilena en una relación distinta con los grupos étnicos. Si este nuevo trato fuera construido desde la sociedad sería necesario develar procesos culturales de construcción del racismo y mecanismos de exclusión de los pueblos indígenas para producir reconocimiento y reparación desde las prácticas cotidianas de violencia, en que no solo el Estado, sino sectores concretos de nuestro país han participado. El Informe de la Comisión Nacional de Verdad Histórica y Nuevo Trato ha sido muy eficiente, en tanto relato histórico, en armar capítulos específicos que den cuenta del proceso de construcción de Estado en el siglo XIX, en términos de las políticas de homogeneización y hegemonización cultural que obliteraron las especificidades culturales indígenas. La educación y procesos de asimilación forzosa también son magistralmente descritos en relación a los casos de los aimaras y mapuches. Sin embargo, el relato construido es desde el Estado, atribuyéndosele a este las responsabilidades en la discriminación y en el proceso de expropiación de tierras y desplazamiento de comunidades indígenas durante la ocupación de la Araucanía. Pero no hay una mirada desde una construcción social de estos procesos que involucre la responsabilidad de actores de la sociedad local y nacional en las violencias que se ejercieron con los pueblos indígenas en los siglos XIX y XX. Así, pese a que el informe propone una serie de medidas tendientes a dar solución a los problemas presentes de cada pueblo indígena y que el nuevo trato se instale exclusivamente desde el Estado, la calidad de «informe», es decir, el mandato de solo comunicar propuestas, significa que no llegaron nunca a constituirse en leyes. De hecho, el gobierno de Ricardo Lagos asumió el texto como un estado de la situación indígena, quedando, por ejemplo, muchas medidas propuestas en torno a la implementación del Convenio 169 de la OIT, pendientes hasta los gobiernos de Bachelet y de Sebastián Piñera. La falta de conocimiento público de este informe, respecto de los otros informes (Rettig y Valech) producidos en los gobiernos

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de la Concertación, y la aún menor presencia mediática o difusión de la recepción y críticas que recibió de parte de comunidades e intelectuales indígenas, reflejan no solo el lugar marginal de las problemáticas indígenas dentro de la agenda política de los gobiernos de Lagos y Bachelet, sino también un fracaso respecto del discurso fundacional y de profundización de la democracia que caracterizó la imagen que, especialmente, Lagos construyó del Chile del Bicentenario. El país, inexorablemente, enfrentó sus 200 años de vida republicana con el conflicto interno de más larga data y difícil resolución, más vivo y presente que nunca. Uno de los aspectos más novedosos que sugiere este informe en el tratamiento de la historia y las problemáticas indígenas es la forma cómo los conflictos mapuches pasan de tensiones por usurpaciones de tierra, en un proceso de expansión territorial y desarrollo de conceptos de propiedad privada propios del liberalismo económico, a un problema de subsistencia económica y pobreza en períodos contemporáneos. En este sentido, se entrecruzan conceptos de derechos humanos y derechos indígenas que van más allá de las formas de violencia o discriminación de que han sido objeto los grupos aborígenes, sino de cómo el Estado y particulares específicos han amparado y fomentado un proceso de precarización tal que tiene subsumidas en la pobreza las comunidades rurales de las IX, X y XIV regiones del país. Aquí los derechos territoriales, económicos y ambientales pasan al ámbito de los derechos indígenas; no son comprendidos dentro del marco de los derechos humanos y, dentro de este nuevo trato, se demanda un estatuto jurídico e institucional específico para el estudio y resolución de los problemas expuestos en el informe. En este sentido, tomando en cuenta las recomendaciones de las políticas a seguir, es necesario que el Estado defina quiénes serán objeto de derechos y beneficios según los resultados de este documento. La narrativa histórica llega hasta pasado los años ochenta del siglo XX, careciendo de una explicación y un análisis más detallado del estado de los grupos indígenas organizados, existentes al momento en que se publica el informe. Así, no se pronuncia acerca de los grupos de activistas más radicalizados, por lo que cabe preguntarse si sus demandas serían parte del reconocimiento de problemas históricos de la siempre conflictiva relación entre el

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Estado y los pueblos indígenas o no. Hoy por hoy, vemos que estos grupos son parte de problemáticas que no caben dentro del marco referencial que este informe construyó. Una de las características de este tipo de comisiones de verdad es que los textos que producen generan un marco referencial dentro del cual se entienden los conflictos y abusos de que dan cuenta. Los informes Retting y Valech construyeron un marco desde donde entender la violencia política de los setenta y ochenta, elaboraron conceptos de derechos humanos asociados a las experiencias represivas de la dictadura y articularon conceptos de víctimas de violencia que han sido muy difíciles de cuestionar, ampliar o desmantelar en el discurso del Estado y organizaciones afines a esos temas. Lo mismo puede ocurrir con los movimientos indígenas, es decir, el informe al no conceptualizar sino grupos con problemas territoriales específicos, oblitera aquellos sectores más radicales, al asumir que es imposible restituir tierras de propiedades que actualmente están constituidas y en manos de particulares. En términos conceptuales, el texto no provee de un marco teórico que evite que los grupos indígenas movilizados no sean criminalizados o bien estereotipados como terroristas. Para cuando la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas hizo entrega al presidente Lagos de su informe, los movimientos indígenas estaban generando, a nivel de la esfera pública, una discusión en torno a este tipo de rótulos y estigmatizaciones. Por otro lado, es posible percibir, en la narrativa del documento, un continuo histórico de victimización de los pueblos indígenas por parte del Estado, pero, simultáneamente, una dicotomía permanente en que el Estado estaría de un lado y los pueblos indígenas del otro. No se profundiza en los distintos sectores y actores que no pertenecen ni a uno ni a otro bando involucrados en esta historia de violencias de larga y corta duración. El Estado se vuelve un actor que invisibiliza la agencia de otros, al tiempo que asume toda la responsabilidad y la culpa de la historia larga y las coyunturas recientes de violencia hacia los indígenas. Salvo las clasificaciones étnicas, solo en los períodos más contemporáneos se hace mención a grupos políticos mapuches; sin embargo, al situarse fuera del concepto de víctima o de legalidad actual, no son considerados en el análisis.

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Este informe fue totalmente ignorado por la administración Lagos. La permanente ambivalencia frente al conflicto mapuche hizo que el Estado asumiera políticas erráticas que iban desde el intento de beneficiar algunas comunidades con la restitución de tierras, hasta la aplicación de la Ley Antiterrorista para fortalecer y defender un concepto moderno de propiedad privada (originada en la usurpación y la violencia), además de proteger los intereses de las empresas transnacionales.487 La validez de mirar y revisitar este informe y el contexto en que emerge, es porque constituye un buen proyecto de los gobiernos de la Concertación que pretendió cerrar los problemas que la democracia chilena presentaba a mediados de la década pasada, proyectando un país más inclusivo hacia el Bicentenario, al tiempo que era parte del proyecto de finalizar la transición a la democracia resolviendo los nudos autoritarios heredados de la dictadura. No obstante, es muy difícil plantear de esta manera el conflicto indígena en Chile, porque es un problema que trasciende el período dictatorial, enraizándose en nuestro pasado republicano más remoto.

Conclusiones Desde un análisis preliminar más específico, los argumentos sobre violencia étnica en Chile están, en la actualidad, en función de tres áreas teóricamente distintas, pero que juntas complementan un concepto de violencia étnica contemporánea que podría ser útil para nuestro análisis. En primer lugar, a partir de la Ley de Fomento y Protección Indígena que crea la Conadi, en 1993, se plantea el problema del reconocimiento y la diversidad cultural en nuestro país. Este concepto de diversidad comprende todas las minorías étnicas chilenas, y el proyecto de ley pretende darles reconocimiento histórico y legal en términos de las especificidades que sus identidades implican. Sin embargo, hay un problema en cuanto a la concepción de diversidad cultural chilena que está en función solamente del «supuesto legado histórico» de los grupos indígenas y no del papel que ellos tienen en la formación de la nación moderna, y se refiere a que no hay un reconocimiento de

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Aylwin y Yáñez, op. cit., 2007, pp. 499-500.

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su agencia como sujetos políticos y participantes de una forma de ciudadanía específica dentro del Estado y la nación chilena. Si bien se hace mención a las especificidades lingüísticas y culturales que, supuestamente, son parte del constructo identitario mapuche, no se dialoga con el concepto de nación o pueblo nación mapuche ni con las formas de políticas y organizaciones que esta concepción conlleva. Esto, en diálogo con Patricia Richards, se debe a que en Chile el concepto de diversidad cultural, que ella denomina «multiculturalismo neoliberal», otorga reconocimiento cultural a las minorías étnicas solo en sus aspectos y manifestaciones culturales externas, asignadas como propias, pero siempre y cuando no alteren la unidad e indivisibilidad de la nación ni mucho menos contradigan la agenda neoliberal global y nacional, que es básicamente lo que el Estado chileno posdictatorial tiende a privilegiar en las políticas relativas a los pueblos indígenas.488 Otro argumento que se desprende del concepto de multiculturalismo neoliberal es que el Estado posdictatorial chileno no ve el problema de la tierra como un problema de distribución de recursos naturales, sino más bien como un problema de pobreza y acceso a un bien económico, es decir, los indígenas más que un grupo o colectivo con necesidades económicas específicas, son entendidos como individuos con dificultades para lograr una integración eficiente al mercado. Por tanto, el conflicto se traduce no en un problema de acceso y restitución de tierras ancestrales, sino en la provisión eficiente de subsidios y tecnologías de producción competitivas que permitan la inserción de estos individuos en una economía a escala donde puedan subsistir y ojalá acumular riqueza. No negamos que algo de este planteamiento pueda ser parte del problema que enfrentan hoy muchas comunidades indígenas, pero, además, creemos que es un problema histórico de despojos y desconocimiento de las formas de propiedad indígena y de sus medios económicos. Aun, si entendiéramos el problema de acceso a la tierra desde una perspectiva neoliberal, es decir, de facilitar a los individuos su acceso al mercado, las políticas de fomento indígena no atienden los problemas de compatibilidad del desarrollo del capital global en la región y el abuso de los recursos hídricos, 488



Patricia Richards, «Of Indians and Terrorists: How the State and Local Elites Construct the Mapuche in Neoliberal Multicultural Chile», Journal of Latin American Studies 42, N° 1, 2010, pp. 67-69.

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agrícolas y forestales que posibilitan la sobrevivencia de las comunidades. Por ello, un problema central referido a las formas históricas de expoliación de la economía familiar y comunal mapuche queda relegado a un segundo plano. Desde este punto de vista, si la falta de acceso a la tierra solo se ve como una problemática de condiciones de pobreza y pauperización contemporánea y, por lo tanto hay que garantizar el acceso de los indígenas al mercado de la tierra, es imposible lograr el reconocimiento histórico de las comunidades indígenas, toda vez que el aspecto central y la raíz de los conflictos étnicos en Chile sigue sin atenderse. Esto redunda en nuevos ciclos de renovación de la violencia étnica hacia las comunidades indígenas, no desde las comunidades a la sociedad civil y el Estado, sino desde el Estado hacia los sectores de la sociedad civil que tienen una forma específica de ciudadanía que no solo demanda derechos, sino que, además, desde su acción, propone formas alternativas a las construcciones jurídicas modernas del Estado chileno. Si consideramos los argumentos que los intelectuales mapuches han planteado sobre las movilizaciones y reivindicaciones instaladas en la esfera pública luego de Lumaco en 1997, habría, según Fernando Pairicán,489 un giro en la política mapuche hacia metodologías y modos de activismo que reincorporan demandas ancestrales de autonomía, en tanto que, según José Marimán, situado en otro horizonte argumentativo, las movilizaciones de los años noventa serían producto de un proceso de reivindicaciones que comenzó tempranamente en los ochenta,490 y que para inicios de la década de los 2000 había madurado en la instalación, a nivel local y nacional, de un conflicto que cuestionaba el concepto de nación chileno. Por tanto, ello sugiere que el Informe de la Comisión Nacional de Verdad Histórica y Nuevo Trato emergió en medio de un complejo y tensionado tramado de conceptos de autonomía y nación, al margen del Estado. De hecho, este no fue capaz de percibir cómo estas reivindicaciones, si bien históricas, requerían miradas

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Pairicán, op. cit. José Marimán, «El conflicto nacionalitario y sus perspectivas de desarrollo en Chile», Revista Austerra Nº 2, Facultad de Antropología, Universidad Bolivariana, Santiago, Chile, 2005.

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específicas respecto de las formas de ciudadanía propuestas desde la política mapuche. Este informe puede ser entendido como un avance y un buen intento por refundar las relaciones entre el Estado chileno y las comunidades mapuches, pero la falta de sincronía con el desarrollo del movimiento indígena hace que sea una oportunidad perdida para enfrentar el Bicentenario con el «conflicto mapuche» en vías de solución. Actualmente en Chile se da la paradoja de un Estado que intenta modernizarse en temáticas de diversidad cultural, manteniendo un concepto obsoleto de nación decimonónico, al tiempo que está en una ambivalente tensión con los grupos sociales y minorías que, desde un lugar específico, están articulando variaciones innovadoras del constructo moderno de «nación» a nivel local y global. Estas nuevas formas de ciudadanía no encontraron un referente o un mecanismo de diálogo con el Estado concertacionista, y está por verse si esto es posible con el gobierno de Sebastián Piñera. En 2010 y 2011, algunos presos políticos mapuches realizaron, en menos de un año, dos prolongadas huelgas de hambre para impedir ser procesados por la Ley Antiterrorista y para revocar las excesivas penas que los condenaban a más de 20 años de prisión. Esta breve reflexión es parte de un proyecto de investigación mayor sobre aquellas formas de violencia que, a pesar de todo lo vivido en estos 200 años, seguimos reproduciendo y perpetuando, sin cuestionar la neutralidad racial, étnica y de género que aún coloniza nuestros precarios y anquilosados conceptos de nación y ciudadanías.491 491



Rosalva Aída Hernández Castillo and Victoria J. Furio, «The Indigenous Movement in Mexico: Between Electoral Politics and Local Resistance», Latin American Perspectives 33, N° 2, 2006; Jeff Corntassel, «Partnership in Action? Indigenous Political Mobilization and Co-Optation During the First Indigenous Decade (1995-2004)», Human Rights Quarterly 29, N° 1, 2007; Evelina Dagnino, «Citizenship in Latin America: An Introduction», Latin American Perspectives 30, N° 2, 2003; Varennes Fernand de, «Minority Aspirations and the Revival of Indigenous Peoples», International Review of Education / Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft / Revue Internationale de l’Education 42, N° 4, 1996; Mark Goodale, «Reclaiming Modernity: Indigenous Cosmopolitanism and the Coming of the Second Revolution in Bolivia», American Ethnologist 33, N° 4, 2006; Cindy L. Holder and Jeff J. Corntassel, «Indigenous Peoples and Multicultural Citizenship: Bridging Collective and Individual Rights», Human Rights Quarterly 24, N° 1, 2002.; Justin Kenrick and Jerome Lewis, «Indigenous Peoples’

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Hasta ahora, las problemáticas y demandas mapuches no han tenido soluciones claras y efectivas no solo porque tensionan el desarrollo del capitalismo globalizado en Chile o el sistema jurídico en torno al derecho de propiedad individual y colectiva, sino que al plantear el uso del pasado como herramienta analítica y la diferencia como lenguaje constitutivo de las prácticas políticas que otorguen reconocimiento efectivo a los pueblos indígenas en este Bicentenario, redefinen la nación y, al hacerlo, desestabilizan un constructo ideológico sobre el cual las relaciones de poder se han construido desde los inicios de nuestra República.

Rights and the Politics of the Term ‘Indigenous’», Anthropology Today 20, N° 2, 2004; Emma Kowal, «The Politics of the Gap: Indigenous Australians, Liberal Multiculturalism, and the End of the Self-Determination Era», American Anthropologist 110, N° 3, 2008; Gerardo Otero, «Global Economy, Local Politics: Indigenous Struggles, Civil Society and Democracy», Canadian Journal of Political Science / Revue canadienne de science politique 37,N° 2, 2004; Park and Richards, «Negotiating Neoliberal Multiculturalism: Mapuche Workers in the Chilean State»; Bret Gustafson, New Languages of the State (Narrating Native Histories). Durham: Duke University Press, 2009.

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Este libro se terminó de imprimir en los talleres digitales de

RIL® editores Teléfono: 2223-8100 / [email protected] Santiago de Chile, abril de 2013 Se utilizó tecnología de última generación que reduce el impacto medioambiental, pues ocupa estrictamente el papel necesario para su producción, y se aplicaron altos estándares para la gestión y reciclaje de desechos en toda la cadena de producción.

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