Cincuenta años de homicidio en Colombia: 1958-2007

La violencia es el mayor problema de Colombia. Por eso la mirada de un
historiador reconocido a 50 años de cifras sirve para pensar en sus causas,
en la eficacia de las políticas de los últimos 12 presidentes y en las
posibilidades de que la Seguridad Democrática siga dando resultados. (Razón
Pública)

Cincuenta años de homicidios: tendencias y perspectivas

Por Jorge Orlando Melo

Una revisión inicial de las cifras de homicidios permite hacer una
comprobaciones básicas y plantearse algunas hipótesis sobre los factores
que han influido en el mantenimiento de una violencia relativamente elevada
durante medio siglo en Colombia, sobre los resultados de algunas políticas
públicas y sobre las perspectivas de que continúe el proceso de reducción
de los índices de violencia que ha tenido lugar desde 2003. Este artículo
da una mirada brusca, puramente descriptiva, a las cifras más globales
sobre violencia, para tratar de identificar algunos de los procesos más
evidentes y esbozar algunas hipótesis sobre los ritmos de cambio de este
fenómeno, así como sobre las posibilidades de que continúe la tendencia de
los años recientes a la reducción rápida de los niveles de homicidios en el
país[1]

Las grandes tendencias.

1. En Colombia han muerto por homicidios, excluyendo los homicidios
culposos en accidentes de tránsito, aproximadamente 709.000 personas
entre 1958 y 2007. Esta cifra puede tener alguna subestimación por
omitir los homicidios en los que no fue posible recuperar los
cadáveres de las víctimas. Esto puede afectar un poco más las cifras
de 1998-2003, cuando hubo muchos homicidios en los que las víctimas
fueron descuartizadas, enterradas en fosas comunes o arrojadas a los
ríos.

2. Estos años de violencia se dividen en varios períodos.
a. Entre 1958 y 1970 el número de homicidios disminuye firme y
gradualmente. En el gobierno de Alberto Lleras la caída es
fuerte, se frena pero sin revertirse bajo el gobierno de
Valencia y cae otra vez rápidamente bajo el gobierno de Carlos
Lleras Restrepo.
b. A partir de 1970 comienza un ascenso gradual, leve en el
gobierno Pastrana, un poco más rápido en el de López Michelsen,
con tres años de crecimiento más brusco en el de Turbay (cuando
el número de homicidios subió en más del 50%.)
c. A pesar de que en el primer año del gobierno de Betancur
disminuyen los homicidios, en los tres siguientes suben más del
60%. En 1983 comienza un período de nueve años, hasta 1991, en
el que la violencia crece aceleradamente, y en número de
homicidios casi se triplica (aumenta 2.9 veces).
d. En 1991 comienza un descenso rápido, cuyo ritmo va disminuyendo
hasta 1998. En total hay una disminución del 20% del número
absoluto de homicidios en estos años.
e. De 1998 a 2002 vuelve a crecer el nivel de homicidios, y se
pierde la disminución reciente: en el último año del período se
llega al número más alto de muertes desde 1958.
f. Desde 2003 comienza una reducción rápida de los homicidios.
Entre este año y 2007 la caída absoluta es del 40%.


3. Teniendo en cuenta los cambios en la población se pueden destacar
algunos momentos críticos:
a. Entre 1958 y 1970 las tasas de homicidio se reducen
aproximadamente a la mitad, pues pasan de de 48 a 22 por cien
mil, una tasa que está muy por debajo de la actual.
b. Entre 1983 y 1991 la tasa pasa de 34 a 79 por cien mil, el
momento de mayor crecimiento.
c. Después de una disminución fuerte, vuelve a subir de 58 a 69
durante el gobierno de Pastrana.
d. En el actual gobierno la caída es fuerte, y pasa de 69 a 39.
Como puede verse en las tablas anexas, todavía estamos 50% por
encima de los promedios de las décadas de 1960 y 1970. Sin
embargo, este avance es significativo, pues representa la
primera disminución continua desde Carlos Lleras Restrepo, y se
da después de un período en el que la violencia parecía
insoluble.


4. Los factores más notorios en la violencia son la guerrilla, el
narcotráfico y a finales de siglo los paramilitares. Una breve
narración de los principales momentos es la siguiente:
a. En 1958 la violencia es más intensa en los sectores rurales que
urbanos. Una parte alta de los homicidios la hacen bandoleros y
otros grupos provenientes del conflicto político liberal
conservador: la violencia se concentra en Caldas, Antioquia,
Valle y Tolima. En 1958 el 57% de los homicidios se daban en
estos departamentos, que tenían el 37% de la población. Caldas,
Valle, Tolima, Meta y Norte de Santander tenían tasas muchos más
altas que el resto del país.
b. De 1958 a 1971 se reduce bruscamente la violencia en las zonas
mencionadas. Tolima, Caldas Valle y Antioquia están cerca de la
media. Meta, Boyacá y Santander son ahora los departamentos más
violentos: Santander ha sido el sitio de origen del ELN, y Meta
es escenario de actividades de las FARC. En Boyacá probablemente
la violencia se concentra en las zonas de producción de
esmeraldas y en el área de colonización del occidente. Sin
embargo, pese a la existencia de las guerrillas, 1970 es el año
de más bajo nivel de homicidios desde 1948 a hoy.
c. Para 1973 los departamentos comparativamente más violentos son
Boyacá, Meta y Santander, donde vive el 11% de la población y
ocurre el 20% de los homicidios. Al disminuir la tasa absoluta
de violencia, las tasas regionales son menos dispersas y en
general los departamentos más grandes tienen el mayor número de
homicidios. Caldas, Antioquia Valle y Tolima, que tenían el 57%
de los homicidios 15 años antes, tienen ahora el 38%, para una
población del 36%.
d. Para 1983 son evidentes cambios en la distribución de la
violencia. Esta crece rápidamente (aumenta en un 50% en la
administración Turbay) pero Antioquia, Atlántico y Córdoba
tienen aumentos superiores al 100% en el número de homicidios, y
Bolívar, Caldas, Valle, Cesar y Bogotá aumentan cerca del 80%.
Antioquia, Córdoba, Bolívar y Valle son sitios de expansión de
la guerrilla, en particular en el corredor de Urabá al sur de
Bolívar. Pero estos son los años de expansión de la violencia
urbana: fuera de Bogotá, crecen Medellín y Cali, y por primera
vez, en 1984, Medellín supera a Bogotá. Lo que esto indica es el
peso creciente del narcotráfico, que alimenta actividades
delictivas de todo orden en varios núcleos urbanos. Antioquia,
Caldas y Risaralda son ahora los departamentos con una mayor
tasa de homicidios, y combinan en diversos niveles la influencia
de la guerrilla y el narcotráfico: tienen el 18% de la población
y el 34% de las muertes. Antioquia, Caldas, Tolima y Valle,
ahora con el 33% de la población, vuelven a concentrar la
mayoría de los muertos: el 52%.
e. Entre 1983 y 1991 se recrudece la violencia en Antioquia (sobre
todo en el área metropolitana de Medellín, escenario de la
guerra entre narcos y milicias urbanas, y en Urabá, donde se
extiende el conflicto entre paramilitares y guerrilla). Allí
vive el 13% de los colombianos, pero se produce el 40% de los
homicidios. Otro departamento que sigue figurando con una alta
violencia es Risaralda. Meta mantiene tasas altas y aparecen en
las estadísticas, con tasas muy elevadas, Caquetá y Arauca.
Entre 1991 y 1993 suben bruscamente Bogotá y Cali. Al comparar
1983 y 1991 se advierte, fuera de que Antioquia multiplica sus
homicidios por cinco, y que Bogotá, Bolívar, Sucre y Caquetá
crecen más rápido que el país: en estos tres departamentos están
apareciendo grupos paramilitares para tratar de recuperar el
control en zonas de influencia guerrillera.
f. De 1990 a 1994 las tendencias son contradictorias y terminan
anulándose: la violencia crece, pero levemente, en el conjunto
del país. Los aumentos se dan en Cali y Valle, en Bogotá y
Arauca, mientras disminuyen mucho Medellín y el resto de
Antioquia.
g. De 1994 a 1998 la violencia continúa descendiendo en el país,
arrastrada sobre todo por la disminución de las muertes en las
zonas urbanas: Cali y Medellín y aún más en Bogotá. Pero
aumentan los homicidios en Chocó, Casanare, Arauca, Huila y
Guaviare, y Turbo, zonas de presencia guerrillera y paramilitar.
Entre 1994 y 1996, Urabá, uno de los centros del esfuerzo de
recuperación paramilitar, sufre un aumento de la violencia de
más del 135%; anticipa lo que pasará en otros sitios en el
período siguiente.
h. De 1998 a 2002 se rompe la tendencia a la disminución de la
violencia y esta crece bruscamente. Disminuye únicamente en
Bogotá, donde cae en un 25%, mientras en el resto del país crece
en un 30%: Medellín y Cali también aumentan. En el sector rural,
sólo desciende en Urabá, donde el control paramilitar, en
alianza con grupos ex guerrilleros y con apoyo público y
empresarial, es muy fuerte. Aumenta a un ritmo rápido donde se
está realizando el esfuerzo de consolidación paramilitar: En
Nariño, Santander y Cesar la violencia sube más del 100%
durante estos cuatro años. Crece también más del 60% en Arauca,
Guajira y Huila y por encima del 40 en Guajira y Cauca. Los
departamentos violentos de 50 años antes (Antioquia, Caldas,
Cundinamarca y Bogotá, Tolima y Valle) que tenían más de las dos
terceras partes de los homicidios, ahora tienen el 50%,
concentrados en las ciudades grandes e intermedias. En estos
años la expansión es explicable ante todo por el esfuerzo de los
paramilitares de ampliar y consolidar su control militar,
político y administrativo en zonas de antigua presencia
guerrillera, como respuesta a la política de negociaciones del
presidente Pastrana.


5. Entre 2002 y 2007 se produce una rápida disminución de la violencia.
Para el último año, las tasas son similares a las de 1985. Una caída
notable, pero debe notarse que la tasa de 2007 es todavía el doble de
la de 1970, tasa esta que podría considerarse una meta razonable para
los próximos años. La caída más fuerte se da en Medellín. En términos
absolutos, el 50% de la disminución de estos años corresponde a las
áreas metropolitanas de Medellín, Bogotá y Cali. Comparando 2002 y
2006, los años de más rápida disminución, se advierten algunos
patrones interesantes. Fuera de Medellín y Bogotá, las disminuciones
más notables corresponden a los sitios donde los paramilitares habían
consolidado su poder en los años anteriores, o donde el ejército logró
desplazar el control guerrillero: la región con una disminución mayor
fue Cesar. Otros departamentos donde la violencia disminuye por lo
menos un 50% (o dicho de otro modo, donde los homicidios son menos de
la mitad de los que eran 5 años antes) son Cundinamarca, Norte, Chocó,
Caldas y Arauca. Descensos menos pronunciados, pero significativos,
tienen Bolívar, Sucre y Boyacá, Huila, Magdalena y Tolima. Urabá, que
había anticipado la caída entre 1998 y 2002, sigue bajando. En
general, los departamentos donde hubo una ola paramilitar antes de
2002, como Norte, Chocó, Bolívar, Sucre y Magdalena, y en los que
subió la violencia bruscamente, ven una disminución brusca
correlativa, que lleva la tasa de homicidios al nivel de 1996 o 1997.
De 2002 a 2006 se borra el pico de los cuatro años anteriores. Caldas,
Tolima y Cundinamarca son diferentes: allí la caída afecta una tasa de
homicidios elevada que venía desde antes, y lleva las nuevas tasas a
los niveles de 1984-1986.

6. Una revisión más detallada requeriría comparar las cifras municipales,
y no he localizado cifras por municipio para 2006 y 2007. Las cifras
divulgadas por la policía para 1990-2005 tienen obvias deficiencias:
por ejemplo, Ituango figura en 1997 con 11 homicidios, cuando este año
fue la masacre de El Aro, con 19 muertos; La Gabarra figura en 1999
con cero homicidios, cuando ese año hubo una masacre con 35 muertos.

7. Tomando los datos de 2005 y comparándolos con los de 2002, se
advierten algunos patrones, que sugieren y respaldan la hipótesis de
que buena parte de la caída corresponde a la eliminación del pico
paramilitar parece razonable. Unos pocos ejemplos de esto:
a. En Antioquia, fuera de Medellín, la mayor disminución absoluta
se da en la zona del oriente, en particular en el descenso al
Magdalena: Cocorná, Granada, San Luis y San Carlos son los 4
municipios fuera del Área Metropolitana de Medellín donde
disminuyeron más los homicidios. En todos ellos se había
presentado un alza brusca de la violencia entre 1999 y 2002.
Esta fue la zona de influencia de Ramón Isaza.
b. El municipio de Arauca sigue el mismo patrón, con alza repentina
en 2002.
c. Tibú tuvo un alza brusca entre 1999 y 2003, que se compensa con
una caída en 2004 y 2005; sin embargo, a pesar de que es la
mayor reducción absoluta del país para un municipio no capital,
todavía en este año el número de homicidios era superior al de
1998.
d. Carmen de Bolívar anticipa algo el patrón: de 1998 a 2000 suben
los homicidios bruscamente, y más en la realidad que en los
datos de la policía. En las solas masacres de Salado y Macayepo
hubo 115 víctimas en 2000, aunque la estadística oficial
registra solo 103 muertos para todo el año. Los homicidios
comienzan a disminuir desde 2001. Lo mismo ocurre con San
Onofre, donde también es evidente que las cifras oficiales
incluyen solo una ínfima parte de las víctimas.
e. Montería tenía altos niveles desde fines de los ochentas, pero
se había reducido mucho para 1998, cuando volvió a aumentar
bruscamente hasta 2002; a continuación sigue el patrón general
de reducción de zonas con antigua influencia paramilitar.


8. Por otra parte, las cifras de 1998 a 2003, años del pico paramilitar,
pueden estar subestimadas. En especial, es probable que un número
elevado de víctimas enterradas en fosas comunes o tiradas a los ríos
no figuren. Con estas cifras, la tasa de crecimiento de homicidios de
1998 a 2002 sería más alta, así como la reducción durante el gobierno
de Uribe.

9. La comparación de cifras ente 2002, 2006 y 2007 muestra que en 2007
muchos de los municipios que habían tenido las mayores disminuciones
se estabilizan o comienzan a subir lentamente. La reducción fácil ha
terminado. Sin embargo, no hay razones para pensar que es imposible
continuar el proceso de reducción de los niveles actuales de
homicidios. Tres categorías podrían identificarse en abstracto:
a. Municipios con un aumento reciente por encima de sus registros
anteriores a 1998. En muchos municipios las tasas actuales son
todavía muy superiores a 1997 o 1998: un ejemplo extremo es
Tumaco, donde hubo en el 2005 más de 10 veces los homicidios de
1997. En Puerto Asís los homicidios del 2005 fueron 4 veces los
de 1996. Estos municipios, podría decirse, tienen un "espacio"
obvio para la reducción: los factores que causaron este brusco
aumento son recientes y un buen análisis debe poder
identificarlos.
b. Municipios donde la tasa de homicidios es muy superior a la
media nacional o regional, lo que implica la presencia de
factores locales perturbadores. Puerto Asís, por ejemplo, tenía
una tasa de 324 homicidios en 2005. Son obvias las razones
generales para esto.
c. Municipios donde el número de homicidios absolutos en alto. Por
ejemplo, tienen más de 100 homicidios al año 27 municipios:
Tame, Barranquilla, Soledad, Cartagena, Chinchiná, Manizales,
Valledupar, Soacha, Bello, Itagüí, Medellín, Santa Marta,
Villavicencio, Cúcuta, Pasto, Tumaco, Puerto Asís, Dos
Quebradas, Pereira, Bucaramanga, Ibagué, Buenaventura, Cartago,
Tuluá, Cali y Bogotá.
d. Hay municipios que están en las tres categorías, como Puerto
Asís, mientras que hay otros, como Medellín o Bogotá, cuyas
tasas son bajas y sus niveles de homicidio son inferiores a
1985, en los que el proceso de reducción de la violencia será
sin duda difícil. Sin embargo, estas ciudades tienen
administraciones comparativamente serias y capaces de promover
programas de reducción de violencia significativos.


Conclusión.
La conclusión brusca de este análisis inicial es que la reducción reciente
de la violencia tiene que ver en gran parte con la reversión del auge
provocado por los esfuerzos paramilitares por combatir la guerrilla y
controlar la política y los recursos locales, en especial los ligados al
narcotráfico. Aunque esta reversión no ha concluido, y en algunas zonas
todavía la tasa de homicidios es superior a la que existía bajo Samper o a
comienzos del gobierno de Pastrana, la probabilidad de que los acuerdos con
los paramilitares y su represión tengan un gran impacto adicional es cada
vez menor. Si esto es así, el impacto en la tasa de homicidios de la lucha
contra la guerrilla y los paramilitares, que debe por supuesto continuarse,
va a reducirse poco a poco. Por supuesto, los factores de mejoramiento
institucional que se han producido desde 1990, sobre todo en las fuerzas
armadas y policiales, seguirán pesando a favor de una reducción continua de
los homicidios, pero su impacto también puede ir siendo marginalmente
decreciente.

Por eso es preciso encontrar estrategias novedosas para continuar atacando
los factores que hoy se enfrentan y diseñar una política más polivalente,
para llevar al país a tasas menos extremas de homicidio: una meta razonable
es volver al índice de 1970, que aunque todavía superior al de los países
del sur del continente, representaría un éxito indudable.
Para ayudar a definir una política continúa y de largo plazo, sería
conveniente establecer un sistema claro, público y abierto, de metas
nacionales, regionales y locales, para reducir la violencia en los
municipios más críticos o prioritarios del país, por su intensidad, la
existencia de factores recientes de violencia o el tamaño absoluto de su
contribución a los homicidios del país.
Además de las acciones actuales que desarrollan las entidades nacionales,
policía, ejército, etc., estos municipios deberían tener un seguimiento
complejo de sus fenómenos de violencia, con sistemas epidemiológicos como
el que se aplica en Medellín, y ojalá acompañados de evaluaciones e
investigaciones sociales, económicas y políticas periódicas. Es esencial
que la información estadística se publique en la forma más completa
posible, con claridad metodológica y haciendo un esfuerzo para que las
cifras de diversas entidades del Estado sean compatibles o, cuando haya
razones para mantener esas diferencias, estas se expliquen bien.
El sistema judicial, hasta donde puede presumirse, ha contribuido poco a la
reducción de la violencia en años recientes. Pero lo grave es que poco se
sabe al respecto: si la información pública sobre homicidios es pobre, la
que existe sobre la investigación judicial es prácticamente inexistente.
Nadie parece saber cuántas aperturas de instrucción por homicidio ha hecho
la fiscalía cada año, cuántas han concluido en acusación, en cuántas de
ellas ha habido un juicio, en cuántas se ha condenado al responsable y
cuántos han sido sancionados realmente.[2]
Colombia ha hecho un gran avance en la reducción de sus cifras de violencia
en los últimos seis años, y puede seguir haciéndolo, pero para eso hace
falta que se tome en serio la información disponible y que se diseñe una
estrategia seria y de largo plazo contra el homicidio.

Bogotá Agosto 3 2008
Publicado en Razón Publica
http://www.razonpublica.com/index.php?option=com_content&view=article&id=217
:cincuenta-ade-homicidios-tendencias-y-perspectivas&catid=21:conflicto-
drogas-y-paz&Itemid=30

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[1] Este texto hace una aproximación inicial y resumida a un tema muy
amplio. No presenta todas las fuentes, estadísticas y análisis que serían
necesarios para justificar todas las afirmaciones que se hacen, ni discute
las interpretaciones acerca de las causas o correlaciones estadísticas más
pertinentes y fuertes. Publico sin embargo, como anexo, una tabla con los
datos básicos y resumidos que sirven de base para el análisi Por otra
parte, la información a mi alcance es limitada: no he podido encontrar una
base de datos en la que aparezcan los homicidios para todo el período
analizado discriminados por municipios, ni tampoco una base de datos con
datos mensuales, lo que sería clave para afinar y verificar algunas de las
hipótesis. Lamentablemente, las entidades públicas cada vez publican menos
información útil: o han dejado de publicar las bases de datos básicas, o
han cambiado los criterios de clasificación, o han optado por publicar
síntesis o resúmenes que impiden verificar la información y someterla a
nuevas operaciones de análisis. La policía nacional dejó de publicar sus
bases de datos anuales; la excelente revista Criminalidad dejó de aparecer;
los informes de la vicepresidencia han dejado de actualizarse, en la página
del DANE no existen estadísticas de homicidios, y nadie consolida la
información dispersa y a veces diferente. Solo Medellín mantiene una
información excelente en la web, con datos semana a semana y comuna a
comuna, clasificados por una amplia gama de factores. Por otra parte,
Medicina Legal, la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y las
autoridades regionales y municipales manejan criterios metodológicos
diferentes y los cambian intempestivamente, sin explicar los cambios.
Muchas de las tasas de homicidios para los años recientes, e incluso para
2006-2008, se están calculando con base en las proyecciones del DANE
basadas en las tendencias demográficas de 1985-1993, a pesar de que el DANE
ya publicó nuevos estimativos revisados, más sólidos: algunos se niegan a
usarlos con el argumento burocrático y leguleyo de que el censo no ha sido
aprobado por el congreso, como si los criterios para el análisis
investigativo debieran definirlos los padres de la patria. Los datos de
Medellín, un modelo que debería ser adoptado por todas las ciudades, están
(o estaban?) en:
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/AdmonContenido/EstadisticasGobiern
o/DocumentosEstadisticasGobierno.htm?idPagina=1135?idPagina=1135

[2] El Anuario Estadístico de la Fiscalía de 2004, por ejemplo, nos cuenta
que entre 2000 y 2004 la Fiscalía comenzó 239.897 investigaciones por
homicidio, y le dio "salida" a un poco más de 250.000 investigaciones por
este delito, cuando hubo 100.000 homicidios en el país. Pero no nos dice
cuantas de esas investigaciones por homicidio se concluyeron con resolución
acusatoria: no deben ser muchas, pues las unidades de delitos contra la
vida, la libertad y el pudor sexual, donde suponemos que se incluye el
homicidio, en ningún año dictaron más de 7.500 resoluciones acusatorias.,
En el 2001, por ejemplo, hubo 3.258 acusaciones sin preso y 1.259 con
preso, para un total de 4.517. Si recordamos que ese año hubo al menos
27.800 homicidios, y pensamos que se acusaron 1.259 presos, tenemos al
menos un indicio débil de la probabilidad de que a uno lo acusen y apresen
por homicidio: menos del 5%. Y por supuesto, tampoco parece divulgarse la
información sobre lo que los jueces hicieron con estos acusados, pues es de
suponer que algunos fueron absueltos. Lo grave es que mientras la fiscalía
no sepa lo que hace ni el país sepa lo que hace la justicia, no importa
cuántas reformas le hagan a la leyes, pues el problema principal es de
aplicación de las leyes, de administración, de eficiencia, e incluso, muy
simplemente, de información.