Cinco ensayos sobre seguridad y ciudad

 

2010  

 

   

 

 

LUIS BERNETH PEÑA Docente-investigador Universidad Externado de Colombia Centro de Investigación sobre Dinámica Social Candidato a doctor en Geografía Social Universidad Haute Bretagne Rennes 2, Francia  

 

 

ARTICULOS EN TORNO A SEGURIDAD Y CIUDAD  Entendiendo la relación entre producción de la ciudad y los  problemas de la seguridad urbana  

Contenido  Retos a la construcción del derecho a la ciudad y la seguridad en América Latina ............................ 3  Seguridad con adjetivos. La imposibilidad de hablar de seguridad en sí misma. ........................... 4  Las tensiones en torno a la realización de la seguridad integral. ................................................... 7  Bibliografía .................................................................................................................................... 14  Introducción a la economía política de espacio urbano y la producción de la seguridad. ............... 16  Visiones sobre la ciudad y lo urbano.  Debates preliminares a la definición de seguridad urbana. . 16  a. 

Definir la ciudad en términos estadísticos. ........................................................................ 17 

b.  Definir lo urbano su proceso, lógicas, fuerza y actores económicos que producen y dinamizan la ciudad ................................................................................................................... 19  c. 

Lo urbano como un estilo de vida ..................................................................................... 21 

La seguridad en la ciudad. Seguridad urbana. .............................................................................. 22  Bibliografía .................................................................................................................................... 25  Rasgos estructurales de la ciudad latinoamericana y fundamentos para analizar el paisaje social  intra‐urbano ...................................................................................................................................... 27  Los rasgos estructurales de la urbanización latinoamericana. ..................................................... 28  Rasgos del interior de espacio social de las ciudades de america latina ...................................... 31  Los modelos de ciudades latinoamericanas. ................................................................................. 32  La forma, la estructura y los cambios de la ciudad y los problemas de la seguridad urbana ....... 35  Bibliografia .................................................................................................................................... 36  La informalidad y la formalidad, los procesos de segregación socio‐espacial en las ciudades  latinoamericanas y la seguridad urbana ........................................................................................... 38  La segregación socio‐espacial, las comunidades cerradas y las prácticas de securización urbana.  ....................................................................................................................................................... 39  Hábitat informal en América Latina .............................................................................................. 42  Preguntas en torno al hábitat  informal y seguridad urbana. ....................................................... 48  Bibliografia .................................................................................................................................... 48  Seguridad, policía y ciudad. .............................................................................................................. 50  Una genealogía de la policía. ........................................................................................................ 50  Reformas en la policía en América Latina desde la década de 1990. ........................................... 55  Bibliografia ................................................................................................................................... 58   

  Retos a la construcción del derecho a la ciudad y la seguridad en América Latina 

Introducción  Una de las tácticas recurrente para emplazar las discusiones sobre seguridad y ciudad es el de iniciar el debate dibujando un oscuro panorama de distopías1 urbanas. Ciudades inmanejables, con amplios sectores de la población en la miseria y perdidos en las drogas y vicios, crimen generalizado, corrupción estructural y una vida llena de miedos que nos hace angustioso el hecho de vivir juntos, son algunas de las imágenes que se invocan como antesala del debate sobre la cuestión urbana contemporánea. Lo más preocupante de dicha imagen, además de la magnificación intencionada de los hechos criminales y de violencia, es que tiene como corolario un tipo de acción política donde el “derecho a la seguridad” justifica todo. De inmediato surgen preguntas como: ¿qué es la seguridad en general?, ¿qué significa la seguridad en la ciudad?, ¿es la seguridad un derecho?, ¿si es un derecho cómo se vincula con otros derechos?, y por último, ¿qué hacer frente a la violencia y los actos delictivos a los cuales se exponen las personas en las ciudades?, ¿cuáles son las políticas públicas de seguridad más pertinentes? Las páginas siguientes están dedicadas a debatir estas cuestiones desde el enfoque de derecho a la ciudad, lo que significa sustentar que las políticas securitarias o de producción de la seguridad en la ciudad tienen que ser evaluadas bajo la perspectiva de cuáles son los derechos urbanos conexos que esa políticas y/o práctica securitarias están posibilitando o están ayudando a ser efectivos o a negar. El punto de partida de las discusiones sobre seguridad urbana desde el enfoque del Derecho a la Ciudad implica –y esta es la tesis central del artículo- que si bien la seguridad personal y patrimonial y la derrota de la delincuencia (términos a los que comúnmente se restringe los discursos y técnicas de securización) es un derecho fundamental, es un derecho que está en relación con otros derechos. Esa idea tiene como derivación que una política coherente, integral y democrática de control de la delincuencia y la violencia en la ciudad es una política que no niegue la realización de otros derechos de los ciudadanos. En ultimas, el enfoque del Derecho a la Ciudad, implica pensar críticamente los desafíos políticos, éticos y sociales de la “sacralización o canonización de la seguridad”2 entendida como el ataque al crimen y la delincuencia. ¿De qué vale la protección en contra del robo, la persecución implacable de los delincuentes en una sociedad desigual, pobre y famélica? ¿Contribuye eso a algo? ¿Qué tipo de sociedad se puede construir cuando existe una idea fija sobre un solo tipo de derechos y se olvidan el resto, es decir, ¿por qué canonizar el derecho a la seguridad al mismo tiempo que se fragilizan otros derechos como el derecho al empleo, la salud, a un ambiente sano, la educación, etc.? (Wacquant, 2004a) El artículo está compuesto de tres partes. En la primera, se discute cuáles deben ser los referentes asociados a la seguridad. La segunda, detalla en que significa hablar de la seguridad como derecho y las tensiones entre derechos. Y, por último, se presentan los argumentos emanados de la Carta del Derecho a la Ciudad del Foro Social Mundial sobre las funciones y los derechos urbanos.                                                              Distopía, es lo contrario a Utopía. Distopía se puede definir como una situación de degradación social, caos ambiental y de gobiernos autoritarios existentes o futuros en caso de no modificar las tendencias actuales. Es un término tomado de la literatura de ciencia ficción pero que ha alcanzado amplia difusión en las ciencias sociales. 2 El término canonización del derecho a la seguridad fue empleado originalmente en Wacquant, L. J. (2004). Punir les pauvres: le nouveau gouvernement de l'insécurité sociale. Agone. Paris. 1

Seguridad con adjetivos. La imposibilidad de hablar de seguridad en sí  misma.   Para evitar las imprecisiones y la mala utilización del concepto de seguridad es necesario usar ese término asociado a un referente. Cuando se usa el término seguridad solo, sin dicho referente, se cae el peligroso juego de usarlo como comodín para cualquier proyecto o acción justa o injusta, de protección o de agresión. En nombre de la seguridad se han emprendido las peores agresiones. Es por eso que es necesario siempre asociar el término seguridad con un referente o un valor. En un conocido artículo David Baldwin hace un análisis del concepto de seguridad donde confirma las diversas imbricaciones de ésta con otras dimensiones sociales y políticas. Él plantea cuatro preguntas que nos ponen frente a la profundidad del tema (Baldwin, 1997) (a) ¿Para quién es la seguridad? Es decir, cuál es el “objeto de referencia” de la seguridad, el sujeto que debe ser asegurado. Esto implica pensar si se trata de la seguridad nacional o del Estado, o si se trata más bien de la seguridad individual, de la seguridad de las personas. (b) ¿Qué valores hay que asegurar o proteger? Acaso hay que proteger la independencia política o la integridad territorial del Estado a toda costa, o más bien la vida digna de las personas, el bienestar económico, la salud? (c) ¿Qué amenazas a la seguridad se perciben? En función de los valores que se estimen dignos de protección, las fuentes de amenaza pueden variar: potenciales agresiones militares desde otros Estados, amenazas a la integridad física y sicológica de habitantes de un territorio (pobreza, delincuencia, desastres naturales, crisis económicas, epidemias, etc.). (d) ¿Con qué medios se puede garantizar la seguridad? En función de los conceptos de seguridad, valores y amenazas, los instrumentos y políticas necesarios pueden ser diversos: disuasión militar, represión social, cooperación internacional, políticas de bienestar social, revoluciones políticas. La utilidad de estas cuatro preguntas es doble. Por un lado, es un buen punto de partida porque las respuestas que se dan a cada una de ellas marcan perspectivas diferentes sobre la seguridad y, por el otro, muestran que el debate sobre la seguridad urbana no puede estar disociado de otros temas como la pobreza, la desigualdad, la política social, el desempleo, etc. (Peña, 2010) Pero lo interesante es cómo se responderían desde el enfoque del Derecho a la Ciudad las cuestiones planteadas por Baldwin. En primer lugar, frente a la pregunta para quién es la seguridad desde este enfoque el referente siempre serán las personas, los individuos y, especialmente, las capas empobrecidas de la sociedad. No solo son los que sufren más una serie de inseguridades (económicas, políticas, sociales, personales, patrimoniales, etc.) sino que, en los discursos sobre seguridad, se han convertidos en los culpables de los problemas que aquejan la sociedad urbana. Un claro ejemplo de la estigmatización es el sobredimensionamiento de los delitos callejeros con respecto a los delitos de cuello blanco, considerados estos como de menor impacto que los primeros. En segundo lugar, los valores que hay que asegurar y proteger serían los asociados con el buen vivir, la existencia digna de las personas en las ciudades y el disfrute de los encuentros de las personas en la ciudad. La seguridad urbana debe propiciar la humanización de la ciudad, es decir,

que la seguridad sea para que las personas tengan pleno ejercicio de las libertades y las posibilidades humanas. En el Derecho a la Ciudad, Henri Lefebvre, analiza cómo en las ciudades capitalistas se ha minado la existencia digna de una gran parte de la población y la pérdida de significado vital para las personas. Él sostiene que las ciudades capitalistas y la aplicación del urbanismo funcionalista donde no cuenta el individuo pretendió disecar la vida urbana y convertir el espacio urbano en un espacio abstracto de puras funciones mecánicas y bien diferenciadas unas de otras, como descansar, trabajar, circular, comprar etc. Lo más urbano, la calle, el cuarto de estar de la ciudad, es odiado por mucho del urbanismo contemporáneo. La calle es peligrosa, nociva, multifuncional, tierra de todos y de nadie, debe desaparecer, de acuerdo con los enfoques hegemónicos de planeación (Lefebvre, 1976). Desde esta perspectiva del Derecho a la Ciudad, los valores a defender son principalmente los valores relativos al desarrollo de actividades vinculadas con la satisfacción de las necesidades de los habitantes de la ciudad: subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad y el ejercicio de los derechos humanos. En ese sentido y dando respuesta a la tercera cuestión, se podría responder que la violencia, la delincuencia y el temor de salir a la calle o incluso de estar en la casa, que es últimas la referencia directa de la llamada Seguridad Urbana, deben ser entendidos como factores que impiden la reconquista del derecho a la ciudad (Borja, Muxí, & Municipis, 2003)3 Adicionalmente, regímenes económicos y políticos excluyentes, que fragilicen las condiciones de vida de las personas y que cierren toda posibilidad de participación política y de democracia son consideraras como amenazas a la seguridad en la ciudad. Esta no es una acusación dirigida exclusivamente contra la economía capitalista sino que puede ser extensiva a los regímenes socialistas. Desde el punto de vista la pregunta de qué medios son los más pertinentes para garantizar la seguridad, el enfoque del Derecho a la Ciudad sostendrá que la mejor política de seguridad urbana son las políticas sociales, las políticas de educación y las políticas económicas que no privilegien intereses estrechos. Debido a que el problema de la violencia y la delincuencia se interpreta como un problema de integración social y de ruptura de solidaridades sociales, las mejores medidas serían en las que se prevengan la reproducción de carreras delictivas (Wacquant, 2004a). A pesar de que la explicación de las causas objetivas de la violencia y la delincuencia es siempre polémica y puede resultar simplista (Beltrán & Albarán, 2003; Dureau, Barbary, Goueset, & Pissoat, 2004; Formisano, 2002; Llorente, Escobedo, Echandía, & Rubio, 2002), el enfoque del Derecho a la Ciudad hace énfasis en las políticas sociales como formula privilegiada para lograr la seguridad en las ciudades. Dicho de otra forma, la seguridad personal y patrimonial y, concomitantemente, el ataque a la violencia y la delincuencia en la ciudad no es posible de ser alcanzada cuando el resto de las seguridades no están garantizadas. Pero ¿cuáles son las otras seguridades que hacen posible el disfrute de los derechos a la ciudad? El Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD de 1994 da cuenta de un conjunto de derechos y seguridades que juntos configurarían lo que se conoce comúnmente como el enfoque de Seguridad Humana (Bassedas, 2007; Mancero, 2001) En dicho informe presenta un amplio espectro de seguridades que son necesarias para hablar de una seguridad basada en los individuos. Dichas seguridad estarían encaminadas a proteger a las personas y poblaciones más pobres frente amenazas crónicas como el hambre, las enfermedades, la                                                              3 Para ver una declaración amplia de los derechos y deberes de la ciudadanía se puede consultar las cartas y declaraciones de Porto Alegre de 1999 y la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad 2000.

represión y la protección contra interrupciones repentinas y dañinas de la vida cotidiana de las personas. En este informe se analizan siete categorías de seguridad: 1. Económica: tiene en cuenta la necesidad de contar con unos ingresos mínimos, así como los problemas asociados al desempleo, el trabajo precario, la pobreza creciente y las crisis económicas prolongadas, que a menudo dejan a millones de personas bajo el umbral de pobreza. 2. Alimentaria: que consiste en la certeza de acceso a alimento de calidad reconociendo que el problema no radica en la inexistencia de éstos sino más bien en la mala distribución de los mismos. 3. Sanitaria: que cubre un amplio rango de los problemas de como el acceso al agua potable, los accidentes de tráfico, la incidencia de enfermedades como el cáncer. Reconoce también que las poblaciones más expuestas a las amenazas sanitarias son aquellas en situación de pobreza, que viven en áreas rurales y, en particular, los niños. 4. Medioambiental: tiene en cuenta los procesos de degradación de los ecosistemas locales y globales. Se hace referencia a la contaminación del suelo y el aire, la escasez de agua potable, la deforestación, los desastres naturales, etc. 5. Personal: tiene en cuenta la seguridad frente a la violencia física, provenga ésta del propio Estado (tortura), de otros estados (guerra), de otros grupos de personas (tensiones étnicas o comunitarias), de otros individuos (violencia callejera y crimen) o se dirija contra mujeres (violaciones, violencia doméstica), niños (abusos) o contra uno mismo (suicidio, drogadicción). 6. Comunitaria: se basa en el papel de la familia, las organizaciones y los grupos étnicos y raciales en relación con la seguridad. Concierne también a las luchas inter-étnicas y a las que remiten a situaciones de limpieza étnica. 7. Política: contempla los derechos humanos básicos para los ciudadanos de un Estado así como los elementos que impiden su cumplimiento (represión política por parte del Estado, tortura sistemática, desapariciones, etc.). Concepciones de seguridad pretendidamente holísticas o, por lo menos, multifacéticas, como la de la Seguridad Humana, son comunes y reciben denominaciones como seguridad ciudadana, seguridad pública, seguridad integral, entre otras. Esta ampliación es sin duda un cambio fundamental con respecto al régimen de seguridad de la Guerra Fría, es decir, con respecto a la Doctrina de Seguridad Nacional. Sin embargo, no deja de ser un logro problemático, lleno de tensiones. No vamos a hablar de la complicación más frecuente y superficial de tipo terminológico, consistente en que no se puede distinguir claramente lo que significa seguridad ciudadana, de seguridad pública y seguridad urbana. Preferimos tratar un tipo de tensión que nos parece sustancial, referida a la relación y jerarquía entre los diversos tipos de seguridades y de derechos que estás pretenden salvaguardar. No se trata de una tensión de tipo conceptual, abstracto o teórico, sino de problematicidades que se configuran por los múltiples derechos que están buscando realizarse y compitiendo entre sí en una sociedad que pretende construir una seguridad en términos amplios, integrales y holísticos. Es una tensión que se deriva de privilegiar un tipo de derechos en detrimento de otros y de establecer un discurso sobre la jerarquía y las conexiones hegemónicas entre derechos. Vamos a hablar de la tensión derivada de la competencia entre diferentes derechos.

Las tensiones en torno a la realización de la seguridad integral.   Cada tipo de seguridad (alimentaria, política, ambiental, etc.) encarnaría la necesidad de defender un derecho o un conjunto de derechos que no emergen ni simultánea ni ubicuamente. En efecto, los derechos tienen un momento y un lugar “cartografiable” de surgimiento, al mismo tiempo que su aceptación ha sido un proceso desigual en los mismos términos territoriales y temporales. Paralelamente, así se hable de derechos universales, los derechos surgen, no solo de procesos y dinámicas sociales localizados, sino que surgen unidos a demandas de actores precisos (propietarios, campesinos, mujeres, comunidades indígenas y negras, niños, etc.) En síntesis, los derechos no han surgido todos al mismo tiempo sino que ha habido generaciones de derechos que expresan cada una, luchas de grupos particulares en lugares concretos. Eso significa que asegurar un derecho no necesariamente implica realizar los otros. Los derechos, por decirlo, de alguna manera, compiten en algunos casos entre sí. Los derechos son un edificio de principios y condiciones entre los cuales hay tensión. Toda la historia moderna es el conflicto entre derechos: el derecho a la propiedad privada podría competir con el derecho a un ambiente sano. El derecho al trabajo compite con el derecho a la libre circulación y el derecho a la propiedad privada. Puede existir un conflicto entre derecho a libertad de información y el derecho de honor. De igual forma que una estructura se requiere armonía, pesos y amarres complejos para producir solides lo mismo se requería en el caso de los derechos y las seguridades, teniendo en cuenta que es siempre un edificio inacabado y cambiante. (Carbonell, 1999; Etxeberria, 1994) Igualmente, cada vez que se alcanza un derecho nunca es un logro completo. Los derechos siempre son proyectos a mantener o por efectuar. Formular un derecho es siempre una puerta entreabierta. Cuando se alcanzan los derechos civiles y políticos (los llamados derechos de primera generación) se alcanzó para una porción reducida, en la que, inicialmente, las mujeres, los más pobres y comunidades negras estaban excluidas. De manera parecida, cuando se promulgan el derecho a la vida, que inicialmente fue un proyecto encaminado a derrocar el poder del rey, que disponía caprichosamente quien merecía vivir y morir, esto no significó en ningún momento la abolición de la pena de muerte. Cientos de luchas sociales subsecuentes han sido para ampliar los derechos y/o vindicar nuevos según la dinámica social lo imponga (Douzinas, 2000; Sparer, 1984) Esto quiere decir que la realización de la seguridad personal o la búsqueda de la derrota de la delincuencia no se ligan automáticamente con la realización de otros derechos y otras seguridades como la seguridad ambiental, política o la comunitaria. Una matriz de fuerzas complementarias y/o contrarias definen el conjunto de tensionalidades en torno a la búsqueda de la seguridad integral en el ámbito nacional, urbano, rural o cualquiera sea. Varias preguntas surgen entonces. ¿Acaso no tenemos la posibilidad de lograr una seguridad integral en las ciudades y debemos asumir que las tensiones existentes en la consecución de ese proyecto nos ponen ante un juego donde la mejor jugada es no jugar? ¿Las ciudades seguirán una tendencia de degradación social que nos conducirán a más desconfianza, más encerramientos y la ruptura de total de las solidaridades? ¿La única posibilidad es producir una seguridad autoreferencial y al alcance de quienes puedan acceder a dispositivos y estrategias de seguridad

sofisticados y costosos? Eso nos lleva a pensar que el reto fundamental consiste en detectar y definir, en medio del conjunto de dominios de la seguridad, cuál es el tipo de derechos o de seguridades que pueden resultar estructurantes, es decir, un tipo de derechos que tenga un rol articulador y cuya realización sea un paso estable en la realización de otros derechos y seguridades. ¿Cuál es el derecho o el conjunto de derechos que puede sirven de eje en la realización de la seguridad en términos holísticos? Consideramos que debe haber una jerarquía, pero el reto es, justamente, saber establecer cuál o cuáles son las seguridades articuladoras, prioritarias y estructurantes. Como lo confirman varios autores, hay razones para pensar que el pensamiento hegemónico contemporáneo está construyendo una jerarquía de derechos y seguridades, en el que primero se encuentra la lucha contra la delincuencia y el crimen y el reforzamiento de la seguridad personal, seguido de otros tipos de seguridad como la seguridad económica, medioambiental, política y la social(Bauman, 2003; Davis, 2003; Soja, 2000; Wacquant, 2004b). La expansión del neoliberalismo, las transformaciones del Estado, las privatizaciones de empresas e instituciones estatales en el campo de la educación, la salud, la manufactura, el sector financiero, el aumento del desempleo estructural, la guerra contra el terrorismo, entre otros factores, han puesto al problema de la lucha contra la delincuencia en el centro de la seguridad integral tanto que la seguridad personal se toma como sinónimo de la segunda. Mike Davis, en la Ciudad de Cuarzo sostiene que “[L]a seguridad residencial y comercial a escala faraónica consigue reemplazar las esperanzas residuales de reforma urbana e integración social [...] vivimos en «ciudades fortaleza» brutalmente divididas entre las «celdas fortificadas» para la sociedad de los ricos y «lugares de terror» en los que la policía lucha contra los pobres, considerados criminales. El viejo paradigma liberal del control social, que intentaba mantener el equilibrio entre represión y reforma, ha sido sustituido hace mucho por una retórica de guerra social que considera los intereses de los pobres urbanos y de las clases medias como en un juego de suma cero. En ciudades…se observa una inédita tendencia a mezclar el diseño urbano, la arquitectura y la maquinaria policial en una sola estrategia de seguridad global” (Davis, 2003, pág. 194) Eso no significa que los problemas de la violencia y la delincuencia sean irrelevantes para la realización del derecho a la ciudad. En efecto, tener miedo al transitar por las calles o mientras se está en la casa, ser víctima de un ataque violento o de un robo, sin duda es esencial para realizar el buen vivir en cualquier espacio. Jordi Borja argumenta que “No es preciso enfatizar algo tan comúnmente admitido: el derecho a la seguridad [personal] es un derecho democrático fundamental. Las instituciones políticas, las administraciones públicas, la justicia y la policía, deben garantizarlo, por lo tanto prevenir o reprimir las conductas que amenacen o violen este derecho. Quienes más necesitan de la protección pública del derecho a la seguridad son los sectores más débiles o vulnerables de la sociedad. El derecho a la seguridad es sobre todo un derecho a la justicia que demandan los sectores populares”(Borja et al., 2003, pág. 4). Sin embargo, sobre lo que llaman la atención los autores es que, considerar este derecho a la seguridad personal como un derecho que se puede construir por sí solo, es problemático porque nos

conduce a la destrucción de los derechos estructurantes de la seguridad integral entre los que están: el derecho al trabajo, el derecho a la salud y la educación de calidad. La derrota de la delincuencia sin un proyecto y sin políticas para el fortalecimiento de los derechos estructurantes, convertirá a las ciudades en campos de batalla y la política de control de la delincuencia en una persecución sin fin y, muy seguramente, en un negocio rentable y perverso.

1. Sobre la seguridad urbana. Pero ¿qué significa la seguridad urbana? Como lo anotamos arriba existe una intercambiabilidad de las expresiones como seguridad urbana, seguridad ciudadana y seguridad pública (Observar el recuadro numero 1). Esos términos se usan como sinónimos pero consideramos que es necesario hacer la distinción por lo menos entre seguridad urbana y seguridad ciudadana, que es donde se genera la confusión, probablemente por la cercanía de los términos citadino y ciudadano que aquí no discutiremos. La seguridad ciudadana se refiere a los derechos que deben ser garantizados para el conjunto de los ciudadanos que no son sólo los habitantes de la ciudad. Los ciudadanos son los habitantes del territorio entero del Estado, en el campo, en la ciudad. Recuadro 1. ¿Qué es la seguridad urbana? Hace 10 o 20 años, ante la problemática de la seguridad urbana los políticos urbanos y los criminólogos solo pensaban en el fenómeno delincuencial y en las tasas delictivas según los datos policiales. Hoy en día, cualquier político urbano ilustrado reconoce que la delincuencia es una parte importante de dicha problemática, pero que otros fenómenos asociados, como son la conducta antisocial, los problemas de desorden y el miedo al delito inciden gravemente en la calidad de vida urbana de los ciudadanos. Es la diferencia entre el concepto antiguo de “prevención de la delincuencia” y el concepto más actualizado de “seguridad ciudadana”. El reconocimiento de que hay que abarcar una problemática más amplia proviene del hecho de que la delincuencia, por mucha histeria que exista, afecta a una pequeña parte de la población. Sin embargo, la conducta antisocial, los problemas de desorden y el miedo afectan a una mayor proporción de los habitantes urbanos. Por otro lado, la conducta antisocial –la falta de respeto a las personas, el acoso, los insultos raciales, el ensuciamiento de las calles y las paredes generan miedo y ansiedad, y a veces consigue el retraimiento de los vecinos en sus hogares, lo cual pone en peligro el tejido social de los barrios. El miedo al delito, además, suele afectar más a mujeres y a ancianos, y por este efecto diferencial ocasiona una gran desigualdad demográfica de calidad de vida entre los ciudadanos urbanos (Barberet, 2004) “...la seguridad es ultimadamente un bien público; un derecho de los ciudadanos y particularmente de los más vulnerables tales como los pobres, las minorías, las mujeres y los niños. Las necesidades de seguridad de estas partes interesadas pueden, por lo tanto, ser valoradas y medidas a fin de ayudar a identificar las responsabilidades de las diversas instituciones estatales con un mandato de propiciar la seguridad del estado y (por sobre ello) de sus ciudadanos. Puesto que la seguridad ahora no es solamente un asunto de estado, debe basarse en relaciones de cooperación y consulta. La SC es y debe ser siempre expresión y resultado de políticas cohesionadas, amparadas en principios claves como: ciudadanía, solidaridad o colaboración de distintos agentes, proximidad e integración en términos de cercanía, prevención y eficacia que ataque de raíz las causas económicas, políticas y sociales que llevan a la violencia, a la delincuencia y a la inseguridad local” . (Ramirez, 2003)

Dentro de este marco conceptual, la visión internacional de la seguridad ciudadana tiende a adoptar la forma de una cuestión de gobernabilidad en la cual la sociedad civil, en buena parte a través de las Organizaciones No Gubernamentales, tiene una responsabilidad fundamental, que propende al desarrollo y consolidación del capital social y que procura la expansión del espacio público de gestión, lo cual incluye, en lo que se refiere a la intervención del aparato estatal, la ampliación del escrutinio, transparencia y auditoria de las actividades de sus organismos, dentro o fuera del sistema de justicia penal, y al desarrollo de mecanismos alternos a la coerción y la adjudicación, mediante conciliación y arbitraje. (Gabaldón, 2004) La seguridad urbana significa principalmente no temer una agresión violenta, saber respetada la integridad física y, sobre todo, poder disfrutar de la privacidad del hogar sin miedo a ser asaltado y circular tranquilamente por las calles sin temer un robo o una agresión. La seguridad sería una creación cultural que implicaría una forma igualitaria de sociabilidad, un ámbito libremente compartido por todos. (PNUD, 1994)

La seguridad urbana, por su lado, es la seguridad en el contexto de la ciudad. El disfrute de los derechos civiles y políticos, sociales, culturales, paz, desarrollo y medio ambiente en el contexto de la ciudad. No obstante, el desarrollo de los instrumentos de evaluación, seguimiento y planeación de la seguridad en la ciudad se han concentrado en los problemas del control del delito, la violencia y la percepción de miedo. En efecto, los informes y los comunicados de prensa de los gobiernos urbanos referentes al tema de la seguridad hacen esencialmente un balance del comportamiento de homicidios, las muertes violentas, la percepción de la seguridad, los atracos y robos. En ultimas, la seguridad se ha convertido en una preocupación por la criminalidad. Esa visión resulta estrecha (aunque, insistimos, no es en absoluto irrelevante) en relación con todo el conjunto de derechos que pueden ser considerados propios de habitar un contexto urbano. Eso significa, que el debate sobre la seguridad urbana es el debate sobre qué tipo de ciudad es la que permite el disfrute de los derechos y, además, cuales son los derechos urbanos. La Carta de Derecho a la Ciudad que se ha ido desarrollando en los diversos Foros Sociales Mundiales presenta de manera clara una respuesta a estas cuestiones. Frente a qué tipo de ciudad la carta habla de la Función Social de la Ciudad y de la Propiedad Urbana y sostiene que: 2.1. Como fin principal, la ciudad debe ejercer una función social, garantizando a todos sus habitantes el usufructo pleno de los recursos que la misma ciudad ofrece. Es decir, debe asumir la realización de proyectos e inversiones en beneficio de la comunidad urbana en su conjunto, dentro de criterios de equidad distributiva, complementariedad económica, respeto a la cultura y sustentabilidad ecológica, para garantizar el bienestar de todos y todas los(as) habitantes, en armonía con la naturaleza, para hoy y para las futuras generaciones. 2.2. Los espacios y bienes públicos y privados de la ciudad y de los(as) ciudadanos(as) deben ser utilizados priorizando el interés social, cultural y ambiental. Todos los(as) ciudadanos(as) tienen derecho a participar en la propiedad del territorio urbano dentro de parámetros democráticos, de justicia social y de condiciones ambientales sustentables. En la formulación e implementación de las políticas urbanas se debe promover el uso socialmente

justo y ambientalmente equilibrado del espacio y el suelo urbano, en condiciones seguras y con equidad entre los géneros. 2.3 Las ciudades deben promulgar la legislación adecuada y establecer mecanismos y sanciones destinados a garantizar el pleno aprovechamiento del suelo urbano y de los inmuebles públicos y privados no edificados, no utilizados, subutilizados o no ocupados, para el cumplimiento de la función social de la propiedad. 2.4 En la formulación e implementación de las políticas urbanas debe prevalecer el interés social y cultural colectivo por encima del derecho individual de propiedad y los intereses especulativos. 2.5. Las ciudades deben inhibir la especulación inmobiliaria mediante la adopción de normas urbanas para una justa distribución de las cargas y los beneficios generados por el proceso de urbanización y la adecuación de los instrumentos de política económica, tributaria y financiera y de los gastos públicos a los objetivos del desarrollo urbano, equitativo y sustentable. Las rentas extraordinarias (plusvalías) generadas por la inversión pública, - actualmente capturadas por empresas inmobiliarias y particulares -, deben gestionarse en favor de programas sociales que garanticen el derecho a la vivienda y a una vida digna a los sectores que habitan en condiciones precarias y en situación de riesgo. (Foro Social Mundial, 2003) En ese mismo sentido, Jordi Borja ha establecido, en dialogo con organizaciones sociales urbanas de todo el mundo, un conjunto de “derechos típicamente urbanos” que nos ayudan a considerar cuales son los ejes de seguridad urbana en el marco del enfoque del derecho a la ciudad. Él resume los derechos urbanos así: • Derecho a la vivienda y al lugar. La gente tiene derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales, en sus entornos significantes. Todas las personas que viven en un lugar que han contribuido a construir, en el que están arraigadas y que proporciona sentido a su vida, deben poder continuar viviendo en él. • Derecho al espacio público y a la monumentalidad. El espacio público es una de las condiciones básicas para la justicia urbana, un factor de redistribución social, un ordenador del urbanismo vocacionalmente igualitario e integrador. Todas las zonas de la ciudad deben estar articuladas por un sistema de espacios públicos y dotadas de elementos de monumentalidad que les den visibilidad e identidad. Ser visto y reconocido por los otros es una condición de ciudadanía. • Derecho a la belleza. El lujo del espacio público y de los equipamientos colectivos no es despilfarro, es justicia. Los programas públicos de vivienda, infraestructuras y servicios deben incorporar la dimensión estética como prueba de calidad urbana. • Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad. La organización interna del espacio urbano debe facilitar la cohesión sociocultural de las comunidades (de barrio, de grupos de edad, étnicas, etc.). La integración ciudadana es más factible si las personas están también insertas en grupos referenciales próximos. La ciudadanía es pluridimensional y requiere integraciones colectivas múltiples, bien para adherirse, o participar o confrontarse. • Derecho a la movilidad y a la accesibilidad. Hay que tender a igualar las condiciones de acceso a las centralidades y la movilidad desde cada zona de la ciudad metropolitana. El

derecho a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana debe universalizarse, no reservarse a los que disponen de vehículo privado. La accesibilidad de cada zona es indispensable para existir para los otros. • Derecho a la centralidad. Todas las áreas de la ciudad metropolitana deben poseer lugares con valor de centralidad y todos los habitantes deberían poder acceder con igual facilidad a los centros urbanos o metropolitanos. La pluralidad de centralidades se vincula a la superación de las dinámicas segregadoras y especializadoras de los territorios • Derecho a la conversión de la ciudad marginal o ilegal en ciudad de ciudadanía. Las políticas públicas deben desarrollar políticas ciudadanas en los márgenes, legalizar y equipar los asentamientos, introducir en ellos la calidad urbana y la mixtura social, promover formas originales de participación ciudadana que se adapte a las características de poblaciones especialmente vulnerables. • Derecho al gobierno metropolitano o plurimunicipal. Los ciudadanos tienen derecho, por razones de participación y de eficacia de la gestión pública, a un gobierno de proximidad • Derecho a la innovación política. Los gobiernos locales y regionales deben recoger las demandas sociales para innovar en cuanto a sistemas electorales, mecanismos de participación, instrumentos de planeamiento y de gestión, etc. • Derecho al acceso y al uso de las tecnologías de información y comunicación. Las administraciones públicas no solo deben proteger y garantizar este derecho sino también utilizar las TIC para democratizar realmente el acceso de todos a los servicios de interés general. • Derecho a la ciudad como refugio. La ciudad debe asumir áreas de refugio para aquellos que por razones legales, culturales o personales necesiten durante un tiempo protegerse de los aparatos más represivos del Estado, en tanto que las instituciones democráticas no sean capaces de protegerlos o integrarlos. • Derecho a la protección por parte del gobierno de proximidad ante las instituciones políticas superiores y las organizaciones y empresas prestadoras de servicios. El gobierno local debe actuar de defensor de oficio de los ciudadanos en su condición de usuarios y consumidores. Esta protección por parte de los gobiernos locales deberá compensar la tendencia a la gestión indirecta o a la privatización de servicios y la consiguiente reducción de la función pública. • Derecho a la alegalidad. Paradójicamente tanto los colectivos sociales como, a veces, las instituciones locales deberían asumir el coste de promover iniciativas alegales para convertir una demanda no reconocida en un derecho legal • Derecho al empleo y al salario ciudadano. El ámbito urbano-regional debe garantizar un rol social que proporcione ingresos monetarios, es decir remunerados al conjunto de la población activa. • Derecho a la calidad del medio ambiente. Como derecho a una calidad de vida integral y como derecho a preservar el medio para las generaciones futuras, este derecho incluye el uso de los recursos naturales y energéticos, el patrimonio histórico-cultural y la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno (contaminaciones, congestiones, suciedad, fealdad, etc.). • Derecho a la diferencia, a la intimidad y a la elección de los vínculos personales. Nadie puede sufrir discriminación según sus creencias, sus hábitos culturales o sus orientaciones

sexuales, siempre que se respeten los derechos básicos de las personas con las que se relacione. • Derecho de todos los residentes en una ciudad a tener el mismo status político-jurídico de ciudadano. Y, por lo tanto, igualdad de derechos y responsabilidades. La ciudadanía debe distinguirse de la nacionalidad (que en el marco de la globalización y de las uniones políticas supraestatales debe perder su actual carácter absoluto, es decir, la facultad de proporcionar un estatuto diferenciado). Es la relación con un territorio –con un entorno social– lo que debe determinar el estatuto legal. • Derecho a la participación. Derecho a que los representantes directos de los ciudadanos tanto institucionales (gobierno local y/o regional) como sociales (organizaciones profesionales, económicas, sindicales, territoriales, etc.) participen en o accedan a las conferencias y organismos internacionales que tratan cuestiones que les afectan directamente. • Derecho de los ciudadanos a igual movilidad y acceso a la información transversal, similar al que poseen los capitales privados y las instituciones públicas. Derecho a acceder a todo tipo de información emanada de los organismos públicos y de las empresas de servicios de interés general. • Derecho a la justicia local y a la seguridad. Hoy la justicia es inaccesible para la mayoría de ciudadanos (por su coste, lentitud, etc.). La seguridad es vista principalmente en términos de represión y se plantean políticas de seguridad sobre todo cuando la “inseguridad” afecta a sectores medios y altos y a agentes y representantes de las instituciones. La justicia local, de base municipal, y la seguridad como actuación concertada entre la institución local y la sociedad civil organizada es hoy una demanda inaplazable de las mayorías ciudadanas, en la medida en que puede asegurar una prevención más eficaz y si es preciso una reacción sancionadora más rápida. Las ciudades deben adoptar medidas destinadas a mejorar el acceso de todas las personas al derecho y la justicia. Las ciudades deben fomentar la resolución de los conflictos civiles, penales, administrativos y laborales mediante la implementación de mecanismos públicos de conciliación, transacción, mediación y arbitraje. Las ciudades deben garantizar el acceso al servicio de justicia estableciendo políticas especiales a favor de los grupos vulnerables de la población y fortaleciendo los sistemas de defensa pública gratuita.(Borja, 2004) Frente al caso específico de la seguridad como control del delito y la violencia, el mismo autor sostiene que 1. Las ciudades deben crear condiciones para la convivencia pacifica, el desarrollo colectivo y el ejercicio de la solidaridad. Para ello deben garantizar el pleno usufructo de la ciudad, respetando la diversidad y preservando la memoria e identidad cultural de todos los(as) ciudadanos(as) sin discriminación alguna. 2. Las fuerzas de seguridad tienen entre sus principales misiones el respeto y la protección de los derechos de los(as) ciudadanos(as). Las ciudades deben garantizar que las fuerzas de seguridad bajo su mando apliquen el uso de la fuerza estrictamente bajo las previsiones de la ley y bajo control democrático. 3. Las ciudades deben garantizar la participación de todos(as) los(as) ciudadanos(as) en el control y evaluación de las fuerzas de seguridad. (Borja, 2004)

Se podría sintetizar lo planteado sosteniendo que la seguridad personal hace parte de los derechos urbanos y ciudadanos y que es ante todo un derecho de los individuos, es una situación donde no existe ni miedo, ni temor a ser víctima de violencia o algún delito en la ciudad, ya sea en la calle o en la casa; es una situación donde las personas disfrutan de la paz en la ciudad; es una situación de confianza entre las personas, donde las presencia de los otros no se concibe como amenazante sino como enriquecedora; pero no es un derecho superior a los otros porque la seguridad personal en la ciudad surge de la realización primero de los otros derechos humanos en la ciudad tales como la libertad, la satisfacción de las necesidades materiales y existenciales. La seguridad urbana es una situación donde las vulnerabilidades sociales están reducidas gracias a que las personas participan en redes sociales y económicas que les permite llevar una vida, digna, participar, sentirse respetados, etc. La seguridad urbana se logra en un medio urbano no privatizado, con infraestruras físicas de bienestar social y recreación al servicio de todos y no de unos pocos. En ese contexto, la existencia de delincuencia es uno de los factores que trunca de manera más prominente la realización de los derechos urbanos y la seguridad urbana. Sin embargo, una política de seguridad urbana deberá reconocer que no es posible alcanzar la paz en la ciudad sin la realización de otros los derechos estructurantes antes mencionados. El reto es, entonces, no reducir el problema de la seguridad urbana a la contención de la delincuencia y la violencia. Puesto en otros términos, el reto podría resumirse como evitar la trampa securitaria. ¿En qué consiste la trampa securitaria? Significa, ante todo, el de confundir los efectos (la delincuencia) con la causa (la existencia de enormes desigualdades en el seno de la economía y la sociedad.

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Introducción a la economía política de espacio urbano y la producción de la  seguridad. 

Introducción.  En la perspectiva de comprender las relaciones que existen entre seguridad y ciudad o, más precisamente, la relación entre producción de la ciudad y producción de la seguridad,4 hay que responder la pregunta, aparentemente anodina, sobre ¿qué es la ciudad? Por supuesto, el reto es no ofrecer un concepto estático y simplista de algo tan complejo y cambiante como la ciudad y lo urbano. Por eso, nuestras reflexiones estarán referidas a la ciudad moderna de economía capitalista y no a la ciudad en general. En la sesión tercera hablaremos del proceso de urbanización en la América Latina, sin embargo, aquí nos concentraremos en describir y discutir los diferentes tratamientos, que existen en la literatura latinoamericana y en otras latitudes, sobre la ciudad capitalista. No se trata de una labor de compilación compulsiva de conceptos, sino de una tarea necesaria para construir la noción de seguridad urbana. Consideramos que hablar de seguridad urbana sin unos referentes básicos sobre qué es el espacio urbano podría pervertir la política pública en este campo. El trabajo está dividido en dos partes. En la primera se exponen las diversas formas de acercamiento a la ciudad y lo urbano. Allí distinguimos tres grandes acercamientos: a) los estadísticos, donde lo urbano se define en términos de densidad, tamaño y tipo de actividad económica que un asentamiento debe tener para ser considerado como ciudad; b) los estudios que hablan sobre las lógicas, fuerza y actores económicos que producen y dinamizan la ciudad; y c) los estilos de vida urbanos y las experiencias de las personas en la ciudad. En la segunda parte, se vuelve sobre el concepto de seguridad urbana y seguridad ciudadana con el fin de distinguir los contenidos de estas dos denominaciones. El eje de la argumentación girará en torno al significado de la ciudadanía. Visiones sobre la ciudad y lo urbano.  Debates preliminares a la definición de  seguridad urbana.  Parece una tarea mínima, en el proyecto de discutir y formular políticas verdaderamente democráticas sobre seguridad urbana, la de preocuparse por la definición de lo urbano y la de ciudad. Esta es una labor importante porque resulta evidente que la formulación de una                                                              4

Securización urbana, es una expresión que usaremos frecuentemente para hablar de producción de la seguridad.

política de seguridad no puede tener los mismos rasgos tanto en el campo como en la ciudad. Si bien es cierto que la ciudad y el campo son clasificaciones que se van volviendo cada vez más arbitrarias y anquilosadas5, resultaría simplificador decir que no hay necesidad de pensar esa contextualidad (rural-urbana) y que simplemente se ha borrado y desaparecido. ¿Acaso ha desaparecido la ciudad? ¿Acaso las nuevas formas territoriales de la ciudad (ciudad difusa, ciudad borde, metapolis, exopolis, megalópolis, etc.) niegan de un tajo a lo rural o al campo? Lo que si resultaría problemático, en cualquier caso, es considerar que la dinámica social de las ciudades es independiente de aquella que del campo y viceversa. En lo que sigue abordarán tres acercamientos a la ciudad: a) el estadístico, b) los de la economía política y; c) los centrados en los estilo de vida. Los que van a resultar de mayor interés para el debate sobre seguridad serán dos últimos. a. Definir la ciudad en términos estadísticos. Cuando se habla de la ciudad como una entidad claramente distinguible en relación con otras formas de implantación territorial y asentamientos humanos, se utilizan cuatro métodos. Dichos métodos son los empleados por las agencias gubernamentales en la construcción de estadísticas demográficas. •

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Tamaño de la población. El principio que se emplea para clasificar los espacios como rurales o urbanos es que los asentamientos urbanos son generalmente más grandes que los rurales. Se establece un rango entre la ciudad y el campo donde en el intermedio se encontrarían asentamiento del tipo caserío, pueblo, villa. El tamaño del asentamiento para ser catalogado como ciudad varía de país en país. En Suecia, cualquier asentamiento con más de 200 personas se clasifica como ciudad. En Estados Unidos la población mínima para alcanzar el estatus de ciudad es de 2500. Esa diversidad refleja los contextos sociales también diversos. (Pacione, 2009) La base económica: en algunos países el tamaño de la población se combinan criterios económicos para definir que es un espacio urbano. en la India, por ejemplo, un asentamiento es urbano cuando más del 75% de la población masculina se emplea en actividades clasificadas como no-agrícolas. (Pacione, 2009) Criterios administrativos: en otros casos, la administración pública puede considerar como ciudad a un asentamiento solo por criterios legales o administrativos. Esto le imprime una gran diversidad a la noción de ciudad y dificulta, por un lado, la

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Debido principalmente por la interpenetración en el campo y en la ciudad de objetos, personas, costumbres y relaciones que antes eran consideradas típicamente rurales o típicamente urbana. Las grandes fuerzas que están detrás de ese proceso son: el desarrollo de los medios de transporte, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las nuevas pautas de localización de actividades comerciales e industriales, la creciente estandarización de los consumos culturales, modelos de comportamiento, de formas de vida y de actitudes; junto con procesos de acelerada urbanización y destrucción de la vida rural, en algunos casos, como el colombiano, donde el éxodo rural-urbano está marcado por el desplazamiento forzado.

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comparación internacional y, por el otro, una definición de este tipo puede ser incoherente con la extensión física real. La ciudad puede sobrepasar los límites administrativos y esto causa problemas en términos fiscales. (Pacione, 2009) Los criterios funcionales: es una clasificación de la ciudad basada en el área de influencia de esta. Sirve para detectar las regiones urbanas funcionales. Administrativamente, se podría ver como las áreas metropolitanas: un conjunto de ciudades organizadas y ligadas por la influencia de una ciudad central o principal. Una noción similar podría ser la de sistema urbano diario (Daily, urban system) que sirve para establecer a Áreas de Mercado de Trabajo Metropolitano. En Europa occidental son comunes estas clasificaciones de lo ciudad. (Pacione, 2009)

En la tabla siguiente se pueden observar algunos de los criterios que en América Latina se usan para catalogar a un asentamiento como ciudad. Tabla 1. Clasificación urbano-rural según países. América Latina 1950-2005 Tipo de criterios Población en centros poblados o localidades Población y otros criterios

Países y años

Clasificadores

Argentina (1947, 1960, 1970, 1980, 1991 y 2001) Bolivia (1976, 1992, 2001) Venezuela (2000) Chile (1992, 2002)

Menos de 2000 habitantes

Cuba (1979, 1981)

Honduras (1974, 1988)

México (2000) Nicaragua (1995)

Administrativos

Panamá (1950, 1960, 1970, 1990, 2000) Brasil (1980, 1990, 2000)

Colombia (1985, 1993) Ecuador (1974, 1982,1990) El Salvador (1950, 1961, 1971, 1992 Haití (1971, 1992) Paraguay (1972, 1982, 1992 y 2002) República Dominicana

Menos de 2000 habitantes Menos de 2500 habitantes Menos de 1000 habitantes o entre 1000 y 2000 con más del 50% de la PEA en actividades primarias. Menos de 500 habitantes o entre 500 y 2000 que presentan menos de cuatro características urbanas (alumbrado, servicio médico, calles pavimentadas, acueducto, centro educacional Menos de 2000 habitantes o más de 2000 habitantes sin agua por tubería, carretera o ferrocarril, escuela primaria de 6 grados, correo, alumbrado eléctrico, alcantarillado y centro de salud Menos de 2500 habitantes o fuera de la cabecera municipal Menos de 1500 habitantes o más de 1500 sin características urbanas (luz eléctrica, etc.) o fuera de la cabecera municipal. Menos de 1000 habitantes o más de 1000 sin características urbanas (luz eléctrica, etc.). Fuera de los límites de las áreas urbanas conforme a la definición de las respectivas municipalidades (fijado en 1980 y en 1996) Fuera del perímetro de la cabecera municipal Fuera de la periferia de las capitales provinciales y cabeceras cantonales. Fuera de la cabecera municipal Fuera de las áreas consideradas urbanas Aquella que vive fuera de los distritos oficiales de la República Fuera de la cabecera municipal

Administrativos y otros criterios

(1950, 1960, 1979, 1981, 1993) Costa Rica (1984, 2000) Guatemala (2002)

Perú(1972, 1981, 1993) Uruguay(1996)

Fuera de las áreas definidas como urbanas (en base a centros administrativos y servicios e infraestructura. Fuera de las ciudades, villas y pueblos (cabeceras departamentales y municipales) y otros poblados que tienen más de 2000 habitantes pero con menos de 51% con energía eléctrica y agua potable por tubería Menos de 100 casas contiguas o fuera de las capitales distritales Fuera de las áreas definidas por la ley de centros poblados y otros criterios prácticos y de tipo operativo

Nota: años censales mencionados sin cambio en la definición Fuente (CEPAL, CELADE, 2005) El objetivo de las definiciones sobre la ciudad en términos puramente cuantitativos buscan ser un instrumento de la planeación muy sencillo y accesible a todos y que permita hacer comparaciones internacionales. Pero en esta búsqueda de la claridad y la eficiencia quedan por fuera aspectos muy importantes como los que van a considerar los otros acercamientos. b. Definir lo urbano su proceso, lógicas, fuerza y actores económicos que producen y dinamizan la ciudad En contra de las definiciones de la ciudad como una entidad física y con el objetivo de comprender el proceso de formaciones de las ciudades en las sociedades humanas, aparecen los acercamientos que podríamos catalogar enfoques de la economía política de la ciudad. Son enfoques donde ésta es considerara como producto de la sociedad, especialmente, como un producto de las relaciones sociales de producción. Un producto tangible en cuya constitución se expresan los conflictos sociales. Aunque parece un principio demasiado escueto para la constitución una línea de investigación, la comprensión que se logró de la ciudad sobre esta premisa significó una revolución paradigmática importante en los años 1960 y 1970. Veamos algunas ideas sobre la ciudad que se desprenden de este enfoque. Manuel Castells hizo una lectura, desde el estructuralismo marxista, donde la ciudad es la proyección de las diferentes instancias del modo de producción capitalista en el espacio. Él habla de tres instancias o sistemas del modo de producción, como se describe a continuación: 1. Sistema o instancia económica: Se organiza en torno a las relaciones entre fuerza de trabajo, medios de producción y gestión. Más claramente, puede expresarse como la resultante espacial de la Producción, Consumo, Intercambio y Gestión. 2. Sistema o instancia político-institucional: Es la organización institucional del espacio que Castells considera bipolar. (integración-represión) El aparato del estado no solo ejerce una dominación de clase (ideológica y represiva) sino que aspira a

regular las crisis dentro del sistema a fin de preservarlo. Se trata de la delimitación administrativa del espacio y su eficacia para los procesos económicos, sociales y la lucha política. 3. Sistema o instancia ideológica: Es la organización simbólica del espacio que Castells identifica con una red de signos cuyos significantes están constituidos por formas espaciales y cuyos significados son contenidos ideológicos, cuya eficacia de estos se ha de deducir de sus efectos sobre la estructura social. (Castells, 1976, págs. 141-155)

En ese sentido, Castells interpreta la estructura del espacio residencial, la localización de las actividades industriales y de comercio, la política de planeación urbana, entre otros muchos aspectos, como despliegues espaciales necesarios para la reproducción de las relaciones sociales capitalista. Todos los objetos espaciales y las representaciones sociales que componen a una ciudad son en consecuencia un medio y un resultado de las lógicas del modo de producción. Christian Topalov, en su libro La urbanización capitalista, de finales de los años 1970, también encuentra una relación estrecha entre la acumulación de capital y la ciudad. El considera, del mismo modo que Castells, que la ciudad es un medio y un resultado del modo de producción burgués. Él considera que “… la ciudad constituye una forma de socialización capitalista de las fuerzas productivas. Ella misma es el resultado de la división social del trabajo y es una forma desarrollada de la cooperación entre unidades de producción. En otros términos, para el capital el valor de uso de la ciudad reside en el hecho de que es una fuerza productiva, porque concentra las condiciones generales de la producción capitalista. Estas condiciones generales a su vez son condiciones para la producción, la circulación, el consumo; procesos que cuentan con soportes físicos, es decir, objetos materiales incorporados al suelo (los inmobiliarios) (Topalov, 1979), citado por (Torres, 2009, pág. 32) En la misma línea de los autores antes mencionados, Jean Lojkine, va entender a la ciudad capitalista como la forma más desarrollada de división social del trabajo. Sustenta que la ciudad capitalista encuentra su unidad contradictoria en el enfrentamiento entre la necesidad creciente de cooperación técnica y la existencia de una competencia intercapitalista. Eso significa que la ciudad es una suerte de solución al conflicto entre los intereses privados de los capitalistas, quienes al no poder producir su propio e individual medio territorial de producción, recurren a los medios colectivos, al espacio construido colectivamente. La ciudad sería, pues, el soporte de los consumos colectivos los cuales son producidos por un agente: el Estado, el gran productor de los bienes de consumo colectivo (Lojkine, 1986)

c. Lo urbano como un estilo de vida Pero ¿acaso las visiones antes mencionadas son suficientes para entender la ciudad? ¿se puede reducir la ciudad a lo demográfico y lo económico? La respuesta a estas cuestiones se encuentra en los diversos enfoques que hablan de la experiencia del habitar el espacio urbano. Aunque la economía política de la ciudad contribuye a entender las fuerza, agentes y conflictos en la producción de la ciudad, se queda corta a la hora de entender lo fugaz, lo fortuito y lo laberintico de la experiencia de las personas en la ciudad (Hiernaux, 2006). Seguramente, los argumentos de Castells, Topalov y Lojkine, nos ayuden a entender cómo se producen en las ciudades capitalistas las desigualdades y las disrupciones sociales que son el medio propicio para generar los problemas de inseguridad, pero no abordan el problema de qué nos hace sentir más seguros en ella. Pues bien, los análisis de lo urbano como estilo de vida, como una experiencia del habitar particular, como un tipo de prácticas cotidianas marcadas por la copresencia de extraños, resultan pertinentes para revelar esos mecanismos. Para comenzar, hay que decir que estos enfoques consideran la ciudad tanto como un espacio físico o de despliegue territorial de mecanismos abstractos económicos, tanto como un espacio sicológico, social, antropológico que tiene como centro las practicas cotidianas de las personas. Lewis Munford en su conocido libro de Qué es una Ciudad, de 1937, presentaba la siguiente definición: “La ciudad es un conjunto interrelacionado de grupos primarios y asociaciones con propósitos definidos: los primeros, como la familia y el grupo de vecinos, son comunes a todas las comunidades, mientras que los segundos son característicos de la vida urbana. Esta variedad de grupos se mantienen a sí mismos a través de una específica organización económica. Los medios físicos esenciales para la existencia de la ciudad son los sitios fijos, los refugios durables, las instalaciones permanentes para el ensamblaje, el intercambio y el almacenamiento. Los medios sociales esenciales de la ciudad se condensan en la división de trabajo que no tiene solo una finalidad económica sino que hace parte del proceso cultural. La ciudad en su sentido más complejo, es un plexo (red formada por varios filamentos nerviosos o vasculares entrelazados) geográfico, una organización económica, un proceso institucional, un teatro de la acción humana, donde las actividades humanas más interesadas y planeadas están concentradas y funcionan a través de eventos, grupos y personalidades humanas de carácter conflictivo y/o cooperativo. La ciudad es un teatro donde se desarrollada un drama que surge de la concentración y la intensificación de las relaciones sociales en la ciudad. Este drama es lo que le da sentido al organización física de la ciudad, a sus industrias, a sus edificios, a sus mercados, a sus red de comunicaciones” (LeGates & Stout, 2003; Mumford, 1937)

La ciudad no es, entonces, un espacio que se pueda reducir a una sola expresión. La ciudad es un Aleph, un espacio lleno de múltiples dominios definidos no tanto en términos escalares o geométricos sino en términos de prácticas, tipos de encuentros, identidades sociales y sentimientos (topofilia y topofobias6) de los individuos. Lyn Lofland describe la diversidad de espacios (sicológicos) que componente la experiencia urbana. Ella sostiene que la ciudad es una colección de espacio socio-sicológicos que se pueden tratar como dominios de la vida urbana. Dichos dominios son: a) el privado, caracterizado por los lazos íntimos entre miembros de un grupo primario dentro de una vivienda o distinguibles en una red personal; b) el reino de lo provincial o comunal, caracterizado lazos que extienden más allá de la familia y en donde participan conocidos y vecinos próximos, lo que da un sentido de pertenencia a una comunidad; y c) el público, que son áreas en el espacio urbano donde se está en co-presencia e interactuando con extraños o personas que uno “conoce” solo en términos ocupacionales o identidades no personales (Lofland, 1989a, pág. 19). La ciudad es considerada como la expresión de la diversidad, la heterogeneidad, la mezcla, la intensificación de los contactos sociales, la proximidad con personas extrañas y, en ese sentido, la practica más importante es la de caminar, la de transitar la calle, la de estar en el espacio público. La experiencia que define mejor, la vida urbana, es la “vida pública” que se hace andando la ciudad. Ese es un acto lleno de significaciones, porque en ese proceso de enfrentarse a otras personas y objetos de la ciudad, el que camina va formando su identidad, sus proyectos y sus miedos. Esos desplazamiento se hacen dentro de un espacio físico, un orden espacial, que si bien es cierto, como dice De Certeau, organiza un conjunto de posibilidades (por ejemplo, mediante un sitio donde se puede circular) y de prohibiciones (por ejemplo, a consecuencia del muro que impide avanzar), el caminante actualiza o resignifica. El caminar expresa una apropiación de la ciudad que se podrían analizar en términos de los tipos de relación que mantiene con los recorridos al asignarles un valor de verdad (de lo necesario, de lo imposible, de lo posible) un valor de conocimiento (modalidades de lo cierto, de lo excluido, de lo plausible o de lo impugnable) o, en fin, un valor concerniente a un deber hacer (modalidades de lo obligatorio, de lo prohibido, de lo permitido o de lo facultativo) El andar afirma, sospecha, arriesga, transgrede, respeta, etc.(De Certeau, 1996, págs. 110-113)

La seguridad en la ciudad. Seguridad urbana. 

                                                             6

Las ideas de topofilia y topofobia fueron desarrollados por el geógrafo Japonés Yi Fu-Tuan en un libro titulado Topofilia: un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno. Allí, Tuan usa una nueva terminología para describir las múltiples relaciones simbólicas y afectivas de los sujetos con los lugares que usan y habitan. Habla de un lazo fundamental que es el de la topofilia que se despliega de diversas maneras. Así, cuando existe un sentimiento reverencial frente a un lugar se habla de topolatría. O cuando los sujetos hablan del rechazo y sentimientos asociados con el miedo, la inseguridad, la incertidumbre Tuan habla de topofobia. Entre estos dos casos extremos de la experiencia del lugar se encuentra la toponegligencia, lo que supone la aparición de un corte brusco en las raíces del hombre con su entorno.(Tuan, 2007)

Hay dos puntos que quisiera tratar en esta segunda parte. En primer lugar, haremos una distinción entre la seguridad ciudadana y la seguridad urbana y, en segundo lugar, hablaremos de qué es lo que hace sentir a las personas seguras en la ciudad, retomando especialmente, las ideas sobre ciudad presentadas en el aparte inmediatamente anterior. La conexión entre estos dos temas, parte de un presupuesto que implícitamente se puede detectar tanto en el primero como en el presente documento. Dicho presupuesto podría resumirse de la siguiente manera: hay que tomar seriamente el hecho de que estamos hablando de los problemas de seguridad en la ciudad. Ese contexto es relevante para entender tanto los problemas de inseguridad personal y social (miedo, criminalidad, violencia, etc.) como para definir políticas y acciones de securización que sean realmente democráticas. Empecemos pues con el primer punto. Es una confusión frecuente en los debates sobre seguridad es la de tomar como sinónimo la denominación seguridad ciudadana y la de seguridad urbana. Desde nuestra perspectiva, apoyada en gran medida en el enfoque del Derecho a la Ciudad y la existencia de derechos urbanos específicos, la seguridad ciudadana se refiere al disfrute y protección de los derechos de una comunidad dentro de un Estado-Nación territorial. Esa comunidad es la comunidad de ciudadanos, cuya afiliación no se establece por la pertenencia a una ciudad sino a un Estado. El ciudadano es el miembro de una comunidad, la cual tiene una extensión territorial precisa en un momento dado, pero cambiante históricamente. La pertenencia a dicha comunidad le otorgar ciertos privilegios y obligaciones que no poseen quienes no hacen parte de esa afiliación políticaterritorial. El ciudadano es quien tiene derechos políticos dentro de una comunidad. En la actualidad el referente de la ciudadanía son los Estados y no la ciudad como fue, originalmente, en el mundo de la Grecia Clásica donde la ciudad-Estado era el referente de la identidad y de la pertenencia territorial. Ciudadano era, en el mundo griego helenístico, el miembro de una ciudad. De ahí viene su etimología. No obstante, hay que recordar que ser ciudadano o ciudadana, es decir, detentar la ciudadanía, nunca ha tenido un carácter universal. No todas las personas que habitan un territorio permanentemente han sido consideradas automáticamente como tales. Ver recuadro 1. Recuadro 1 ¿Qué es un ciudadano? Inicialmente, el término fue utilizado por los griegos para designar a los miembros de esa pequeña elite dentro de una ciudad-estado que tenían derechos políticos, a diferencia del "sujeto": alguien que tenía un maestro. Hasta el surgimiento del Estado-nación, la ciudadanía fue enteramente ausente o restringida a unos pocos. El Estado-nación moderno representa una importante ruptura con las formaciones anteriores en el sentido que su legitimidad se basa en su capacidad para encarnar la voluntad y las aspiraciones de todo un pueblo que, en cierto sentido, son participantes iguales en una comunidad horizontal. Esta

retórica igualitaria tomó forma, finalmente, con la expansión del derecho al voto, proceso que se inició a comienzo del siglo XX y se consolidó en la primera parte del siglo XX. T.H. Marshall amplió la idea de la ciudadanía al definirla como el estado de una persona que es miembro de pleno derecho en una comunidad y argumentó que ésta tenía tres componentes: 1) los derechos civiles (como el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información, libertad de asociación y de igualdad ante la ley), 2), los derechos políticos (expresada, principalmente, en el derecho a elegir el tipo de gobierno), y 3) los derechos sociales y económicos. Marshall considera el derecho al bienestar social como una salvaguarda importante de los sectores más pobres de la población que a pesar de tener derecho al voto, están de facto excluidos de la sociedad. Marshall sostiene que los tres componentes se adquieren en el orden indicado anteriormente. Sin embargo, los autores feministas han señalado que la adquisición de los derechos de ciudadanía de las mujeres, no se produjo junto con la adquisición de los derechos por parte de los hombres, por ejemplo, el derecho al voto. Desde el colapso del comunismo, a finales de 1980, ha habido un interés renovado en la noción de ciudadanía. Debido a que el comunismo ya no parece una alternativa viable al capitalismo y la vieja retórica de la intervención estatal se ha vuelto impopular, los críticos del capitalismo han puesto énfasis en las ideas de la sociedad civil y la ciudadanía. (Bruce & Yearley, 2006)The Sage dictionary of sociology. SAGE Publications. La seguridad ciudadana, entonces, sería la garantía de poder disfrutar de los derechos humanos en todo el ámbito territorial del Estado, ya sea en las áreas rurales y urbanas. No obstante, los mecanismos del Estado y las demandas que hacen las poblaciones sobre seguridad no son las mismas tanto en el campo como en la ciudad. Si bien las distinciones entre ciudad y campo están siendo resignificadas, eso no niega la idea de tener presente la contextualidad que deben tener las políticas de seguridad. Puesto en otros términos, debido a que dentro de un Estado existen múltiples formas de organización espacial y social (zonas de economía campesina, comunidades indígenas, comunidad negras, redes de ciudades densas y difusas, grandes metrópolis, etc.) con problemas específicos de amenaza a los derechos humanos, la política de seguridad ciudadana debe territorializarse para ajustarse a esas condiciones. La política de seguridad ciudadana (global) debe especificarse y una de esas especificaciones es la seguridad en las ciudades, es decir, la seguridad urbana. Es por eso que es necesario pensar qué es la ciudad y cuáles son los derechos urbanos7. En esta ocasión no vamos a referirnos a los derechos urbanos, que fue el tema del primer documento, sino que reflexionaremos, a manera de cierre, sobre lo que hace sentir seguras a las personas en la ciudad.                                                              7

Para una discussion sobre los derechos urbanos ver Borja, J. (2004). La ciudad conquistada. EURE (Santiago), 30, 90. 

Como dijimos anteriormente, sicológica y sociológicamente, la ciudad se caracteriza por la intensificación de los contactos con personas extrañas. La experiencia de estar en el espacio público de la ciudad, implica manejar de manera constante los encuentros fortuitos y fugaces con personas desconocidas en un espacio que puede resultar laberintico. De acuerdo con varios autores, el sentimiento de seguridad se deriva de la negociación constante entre lo esperado, lo deseado y lo ocurrido a nuestro alrededor en la ciudad. La seguridad urbana es el resultado de la constante y delicada negociación y evaluación entre sus miedos, riesgos y peligros con el placer asociado a la presencia de los extraños en la calle. (Allen, Massey, & Pryke, 1999) Sentirse seguros en la ciudad significa des-intensificar la relación con los otros (Lofland, 1989b), es decir, transformar un mundo poblado por extraños y potencialmente caótico y sin sentido, en un mundo de extraños conocible y predecible. Esto se logra a través de la adquisición y el despliegue cotidiano de habilidades de evaluación que permiten leer, interpretar y negociar los múltiples encuentros que se producen en la ciudad (Pile, Mooney, & Brook, 1999, pág. 106) Se trata de un proceso de vigilancia que en condiciones extremas, de sociedades degradadas y desiguales, puede pasar de ser una actitud momentánea y serena, a ser una actitud obsesiva y angustiante de evaluación de los otros con los que se comparte que el espacio público. Haber sido víctima de un delito, haber presenciado o estar bombardeado de mensajes que nos transmiten la idea de que vivir juntos es tensionante y peligroso, la presencia de bandas organizadas, etc. son factores que niegan la seguridad urbana, que clausuran el espacio público.

Bibliografía  Allen, J., Massey, D. B., & Pryke, M. (1999). Unsettling cities: movement/settlement. Routledge. Bruce, S., & Yearley, S. (2006). The Sage dictionary of sociology. SAGE. Castells, M. (1976). La Cuestiâon Urbana (2º ed.). Mâexico: Siglo Veintiuno. CEPAL, CELADE. (2005). Boletín Demográfico (No. 75). De Certeau, M. D. (1996). La invención de lo cotidiano. Universidad Iberoamericana. Hiernaux, D. (2006). Repensar la ciudad: la dimensión ontológica de lo urbano. Liminar. Estudios sociales y humanísticos, 8. LeGates, R. T., & Stout, F. (2003). The city reader. Routledge. Lofland, L. H. (1989a). The morality of urban public life: The emergence and continuation of a debate. Places, 6(1). Lofland, L. H. (1989b). Social life in the public realm. Journal of Contemporary Ethnography, 17(4), 453. Lojkine, J. (1986). El marxismo: el Estado y ; La cuestión urbana. Siglo XXI Ediciones. Mumford, L. (1937). What is a city?

Pacione, M. (2009). Urban geography: a global perspective. Taylor & Francis. Pile, S., Mooney, G., & Brook, C. (1999). Unruly cities?: order/disorder. Routledge. Topalov, C. (1979). La urbanización capitalista: algunos elementos para su análisis. Edicol. Torres, C. (2009). Ciudad informal colombiana. Barrios construidos por la gente lalibreriadelaU – Conocimiento y cultura. Universidad Nacional de Colombia. Tuan, Y. (2007). Topofilia: un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno. Melusina.

  Rasgos estructurales de la ciudad latinoamericana y fundamentos para analizar el  paisaje social intra‐urbano 

Introducción 

A lo largo de estas presentaciones hemos hecho especial énfasis en la relevancia del contexto a la hora de pensar los problemas de seguridad y, concomitantemente, en la importancia de dichos contextos en el despliegue de las políticas de seguridad ciudadana. Hemos sustentado que la especificación de la seguridad ciudadana en las ciudades es lo que podríamos llamar seguridad urbana. El primer paso fue el de describir en qué consiste el derecho a la ciudad y los derechos urbanos, es decir, un conjunto de principios abstractos y éticos que deberían ser la guía para hacer de la experiencia de vivir en la ciudad una experiencia dignificante. El segundo paso consistió en discutir qué es una ciudad, no tanto en términos estadísticos o cuantitativos, sino en términos de los procesos socio-económicos que le dan vida a ésta. La ciudad, se sustentó, se puede entender tanto como medio como resultado espacial de un conjunto de procesos tales como: la división del trabajo, la necesidad de cooperación económica, la reproducción de la fuerza de trabajo, el soporte de los consumos colectivos, la escisión fundamental del proceso de trabajo y el proceso de reproducción de la fuerza de trabajo, etc. En esta aglomeración que es la ciudad – compuesta por una triada de dominios espaciales interrelacionados: el espacio privado, el comunal y el público- surge un tipo específico de interacciones sociales caracterizado por el encuentro cotidiano con extraños. En ciudades con sistemas sociales y económicos excluyentes, junto con otros factores culturales, dichos encuentros e interacciones suelen ser angustiantes y hasta violentos, razón por la cual las personas, cotidianamente, despliegan estrategias de securización variadas: de la evaluación constante de las personas que los rodean hasta el uso mismo de la violencia. Con el fin de seguir especificando la relación entre ciudad y seguridad, ahora es tiempo de debatir las siguientes cuestiones: ¿Qué tipo de ciudades son las ciudades latinoamericanas? ¿Es pertinente tener en cuenta sus rasgos espaciales estructurales y los procesos estructurantes de la ciudad para comprender las dinámicas de la violencia, la delincuencia y el crimen que se viven en las ciudades latinoamericanas?, ¿podemos construir políticas de seguridad efectivas para combatir el crimen, la delincuencia y, al mismo tiempo, verdaderamente democráticas comprendiendo mejor que tipo de ciudades son las ciudades latinoamericanas? ¿Las formas urbanas nos ayudan a comprender cómo han variado las estrategias de securización de las personas? Para abordar dichas cuestiones trataremos cuatro temas. Primero, se hace una breve mención al tipo de urbanización que han sufrido los países latinoamericanos. Segundo, se describen los rasgos más sobresalientes de las ciudades de América Latina. Tercero, se

discuten los modelos de ciudades y, por último, se hace una reflexión sobre la importancia de estos temas para tratar los problemas de seguridad urbana. Palabras claves Ciudades latinomericanas, modelos de ciudades, estructura espacial de ciudades,

Los rasgos estructurales de la urbanización latinoamericana.  El proceso de formación y crecimiento del espacio urbano, de la red de ciudades y los estilos de vida urbanos, en cualquier lugar, son procesos asociados a las condiciones del desarrollo del modo de producción8. No obstante, es bajo las relaciones sociales capitalistas donde la ciudad adquiere un protagonismo social y espacial tan enérgico que, con la extensión del sistema-mundo capitalista, el mundo se urbanizado acelerada y descontroladamente. En América latina, la pregunta que más agudas disputas ha despertado en el campo de los estudios sobre urbanización, es justamente: ¿qué tipo de economía capitalista se configura en nuestros países? La respuesta más común es que la economía que ha generado el proceso de urbanización en América Latina ha sido el de un capitalismo dependiente, razón por la cual se puede hablar del enfoque de la Urbanización Dependiente (Castells, 1973a, 1973b; Coraggio, 1988; Hardoy, 1972; Hardoy, Tobar, & Aires, 1969; Hauser, 1967; Mesa, 1985; Schteingart, 1973). Éste, sin embargo, no es un enfoque incontestado y algunas críticas han ayudado a matizar los argumentos de la Teoría de la Urbanización Dependiente (Jaramillo & Cuervo, 1993; Singer, 1973; Singer, Paul, s.d.)9. La presentación de ese debate implicaría una tarea que sobrepasa el objetivo de este documento, razón por la cual describiremos algunos rasgos comunes que sobre la urbanización en América Latina (AL) destacan varios autores desde diferentes perspectivas. •

Una tendencia muy rápida a la urbanización.

Uno de los procesos sociales y territoriales que más destacan diferentes estudios es la acelerada urbanización de AL desde mediados del siglo XX. Como lo muestra la tabla 1,                                                              8

Aquí nos concentraremos en las características de la ciudad capitalista latinoamericana cuidándonos de no replicar el argumento eurocentrista que considera que la ciudad es un fenómeno europeo en América. Ese argumento desconoce, por un lado, la existencia de imponentes ciudades (Tenochtitlán, Cuzco, especialmente) en los territorios invadidos por los europeos y, por otro, presenta un idea según la cual la estructuras territoriales americanas fueron borradas por el poder colonial. Esta forma de narrar la formación de la ciudad, es una forma de invisibilizar las culturas prehispánicas considerándolas como culturas remotas y desaparecidas. 9 Las críticas de Singer y Jaramillo & Cuervo pueden resumirse en que la teoría de la urbanización dependiente es eurocentrica puesto que considera que todo lo que en AL difiera de la historia y las estructuras espaciales europeas (el tipo de concentración urbana, el ritmo de urbanización, el mundo social interno de las ciudades) es considerado anormal.  

AL pasó de tener un porcentaje de población urbana en 1925 de 25% a tener, para el año 2000, un porcentaje cercano al 80%. Tabla 1. Nivel de urbanización de las grandes regiones del mundo. 1925-2025

Fuente: (Lattes, 1995) Aunque este proceso ha sido muy desigual en la región de AL, en términos generales se puede decir que los niveles de urbanización en la actualidad son similares a los de los países llamados desarrollados y con economías capitalistas más prosperas. En efecto, tanto para el año 2000 como para la proyección del año 2025, los niveles de urbanización, por ejemplo, en Europa y AL, presentan valores casi idénticos. Eso prueba que el mito que sostiene que a mayor urbanización mayor desarrollo económico y social, resulta simplista pues, justamente, la urbanización ha estado acompañada de profundas desigualdades, miseria para la mayoría de la población, degradación ambiental, entre otras problemáticas. La rápida tendencia a la urbanización está relacionada con la desestructuración de la economía campesina que, sin duda, es la gran fijadora de la población a la tierra. Con la modernización del campo (paso de la economía campesina a la economía agrícola capitalista) y el proceso de industrialización se inicia esa transformación en la estructura territorial de los países de AL lo que ha conducido a ritmos vertiginosos de urbanización, como se evidencia en la tabla 2. Tabla 2. Niveles de urbanización por países en AL

Fuentee:(Lattes, 19 995)

•

Una desartticulación de la red urban na

c coomo urbana, como se pueede Ese prroceso de creecimiento aceelerado de laa población clasificada observar, no ha sido o homogéneoo en los paísees de AL, ni homogéneo h a interior de los mismos. De al D hecho, la urbanización se ha caraacterizado poor estar polariizada en una o un muy pocas ciudades en cada país. Aunque esto se ha intterpretado coomo una inefiicaz división espacial del trabajo en caada e podríía, desde otroo punto de vissta, naciónn (Jaramillo & Cuervo, 19993), dicha coonfiguración espacial entendderse como eficaz e para un sistema de relacionees económicas globales basadas en la dependdencia y en una u estructuraa espacial de centro-perifeeria (Castellss, 1973a; Schhteingart, 19773). En estoos términos, la configuracción de la esstructura espaacial aparecerría mas comoo un obstácuulo,

antes que un apoyo al desarrollo social. La manifestación más importante de este rasgo seria una excesiva primacía de ciudad más grande sobre el resto de la red urbana, hasta el punto de hablarse de una ‘macrocefalia urbana’ como una nota estructural de las redes urbanas latinoamericanas. El mismo grado de urbanización aludido en el punto anterior es a menudo visto excesivo en sí mismo: existiría tanto una “híperconcentración” de la población urbana, como una “híperurbanización, ambas prejudiciales al desarrollo económico” (Cuervo, 1994; Jaramillo & Cuervo, 1993). Este rasgo de la urbanización también se expresa en la persistencia de diferencias regionales muy marcadas. Del mismo modo hay quienes interpretan este fenómeno como una extensión desigual de las relaciones sociales y económicas capitalistas y no como una forma de despliegue especifico del capitalismo en el contexto latinoamericano. Dichas diferencias aluden a la coexistencia de perfiles socio- económicos muy diversos en distintas secciones del territorio, sino a su débil integración e interdependencia, lo que restringe las posibilidades de extensión de la cooperación. (Jaramillo & Cuervo, 1993)

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Una enorme distancia social entre el campo y la ciudad

El desarrollo territorial antes planteado, establece una desigualdad en términos de bienestar y desarrollo económico entre las áreas rurales y las urbanas, siendo estas las últimas donde se viven (con enormes divisiones sociales), niveles de acceso a bienes y servicios sociales y comunales más altos. Esto refuerza la imagen del campo como áreas de atraso y las ciudades como territorios luminosos del desarrollo económico, que no hace más que reproducir los agudos problemas tanto en la ciudad como en el campo. Esta ha sido una característica del proceso de urbanización que, como sostiene, un informe de la Cepal, está lejos de ser resuelto. En efecto, “la proporción de los habitantes rurales que viven en condiciones de pobreza se mantuvo casi constante en la últimas dos décadas en cerca de 60% y cerca de 80 millones de personas viven actualmente en las zonas rurales latinoamericanas con un ingreso insuficiente para cubrir sus necesidades elementales, y, de ellas alrededor de 48 millones ni siquiera tienen lo necesario para obtener una canasta básica de alimentos. Por lo demás, como es bien sabido, la insuficiencia de los ingresos suele ir acompañada de otras carencias en prácticamente todos los planos” (CEPAL, 2003) •

Régimen de salarios bajos

Aunque no es precisamente un rasgo espacial de la urbanización latinoamericana, la existencia de un régimen de salarios bajos, se constituye en una de las características más importantes de las sociedades latinoamericanas. La manera como los gobiernos de la región han decidido competir en el mercado internacional, además de la exportación de materias, ha sido la de establecer un sistema de salarios extremadamente bajos. Para crear una ventaja comparativa y hacer posible procesos de acumulación, la elite latinoamericana ha impulsado, en las diferentes fases del desarrollo económico, políticas de contención, por lo bajo, de los salarios, los cuales son el recurso fundamental para reproducción de la fuerza de trabajo. (Jaramillo, 2010)

Rasgos del interior de espacio social de las ciudades de america latina 

Los elementos anteriores hacen referencia a las características espaciales que el proceso de urbanización dependiente ha adoptado en AL. En esta sección, listamos algunos de los rasgos que definen el mundo social interno de las ciudades de la región. Destacamos los siguientes, tomados esencialmente del texto Urbanización latinoamericana. Nuevas perspectivas (Jaramillo & Cuervo, 1993) •

Agudeza excepcional de la segregación socio-espacial.

Este va a ser uno de los rasgos que atraviese las preocupaciones sobre la seguridad urbana, debido a que se relaciona con la manera como los grupos sociales dentro de un mismo espacio urbano acceden a condiciones de seguridad diferenciadas y jerarquizadas. La segregación socio-espacial se puede definir como la transposición del orden desigual social en el orden espacial, razón por la cual, se establecen fuertes divisiones en las practicas cotidianas de las personas que los distintos segmentos territoriales de una misma aglomeración urbana parecen operar con lógicas muy heterogéneas (Jaramillo & Cuervo, 1993).Sobre este punto volveremos debido a que los modelos de la ciudad que presentaremos en la sección siguiente nos ayudaran a ver los cambios en la maneras de división del espacio urbano. •

Baja provisión de valores de uso colectivo urbano.

Como corolario de un proceso de urbanización desordenado, con masas enormes de población no integradas a la economía formal, la existencia de un aparato estatal débil y una elite irresponsable, los núcleos urbanos latinoamericanos presentan falencias enormes en cuanto a la provisión de valores de uso colectivo tales como: vías, parques, alcantarillados, redes de servicios públicos domiciliarios (Jaramillo & Cuervo, 1993). Además de reforzar las penurias, la falta de bienes de consumo colectivo, es, por un lado, fuente de múltiples demandas de parte de la población a través de los movimientos y protestas urbanas y, por otro, se constituye en una carencia que impulsa formas novedosas de cooperación para la provisión de dichos bienes. •

Debilidad de los aparatos administrativos locales.

Las ramas locales del aparato estatal se relevan particularmente precarias para regular el funcionamiento de las aglomeraciones urbanas. Las limitaciones financieras en una economía pobre, la falta de inversión en la educación para crear cuadros administrativos bien formados, las prácticas clientelistas, impiden una provisión satisfactoria de equipamiento urbano. En esas condiciones, el diseño, la implementación y la evaluación de la planeación territorial se vuelven una tarea de difícil ejecución. (Jaramillo & Cuervo, 1993). Esa debilidad puede expresarse también en el manejo de problemas asociados a la seguridad.

Los modelos de ciudades latinoamericanas.  Como hemos visto, el proceso de urbanización en AL tiene unos rasgos generales similares que denominamos características estructurales. Esto no niega la diversidad de los países sino que nos permite comprender globalmente un espacio que ha compartido historias y proyectos económicos comunes que parecen hoy estar diversificándose. Pero surge la

cuestión de si ¿es posible establecer un modelo espacial de las ciudades AL? ¿Han tenido las ciudades de la región dinámicas socio-espaciales similares? La pregunta ha sido respondida afirmativamente por varios autores quienes han expresado gráficamente los rasgos espaciales más sobresalientes de la ciudad latinoamericana. En lo que sigue, nos concentraremos en la exposición del trabajo de Axel Bosdrof, quien además presenta una secuencia de evolución espacial de las ciudades muy útil para los propósitos de esta discusión sobre seguridad urbana. Axel Borsdorf, en su clásico articulo Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana, habla de cuatro órdenes o fases de organización espacial de las ciudades de AL. Dichas fases son: a) época colonia; b) primera fase de urbanización; c) segunda fase de urbanización y; d) restructuración (Borsdorf, 2003) Ver figura 1 y figura 2. A continuación resumimos los planteamientos del geógrafo alemán. a) La época colonial: esta es la primera fase donde la ciudad se caracteriza por ser compacta. La plaza mayor, constituía tanto el centro de cada ciudad como la estructura clave para la red de calles urbanas. Además, la plaza actuaba como el núcleo de la vida social. La posición social de cada uno de los ciudadanos estaba determinada por la distancia de su casa respecto de la plaza principal. Cerca de la plaza estaba instalada la aristocracia, formada por las familias de los conquistadores, los funcionarios de la corona y los encomenderos o grandes hacendados. El círculo siguiente era ocupado por la clase media, formada por comerciantes y artesanos. En este barrio se ubicaba por lo general el mercado municipal. En el último círculo, el más periférico, vivían los "blancos pobres", los indios y mestizos. (Borsdorf, 2003, pág. 4) b) La primera fase de urbanización: (1820-1920): es la época de transición de los territorios coloniales a los territorios republicanos, basado en la economía mercantilista y, paulatinamente, a la economía capitalista. El principio de estructuración espacial más típico de esta época es la diferenciación sectorial orientada a estructuras lineales. En esta fase, se evidencia claramente un crecimiento urbano que sigue los ejes de los bulevares principales y las líneas de implantación de las primeras zonas industriales, establecidas cerca de las líneas ferroviarias que conectaban la ciudad con el resto de cada país. Se desarrollan los primeros barrios obreros se desarrollaron en las casas abandonadas por la clase alta, bajo la forma de conventillos, tugurios o vecindades. Se rompe con la estructura circular de la ciudad colonial. (Borsdorf, 2003, pág. 5)

c) La segunda fase de rápida urbanización (1920-1970): la ciudad polarizada. América Latina comenzó a buscar el "desarrollo hacia adentro". Crece la industria y la industrialización rápida alrededor de las líneas ferroviarias y las autopistas reforzó el crecimiento de algunos sectores. En las primeras décadas de esa época, los barrios de la clase baja y de grupos marginales se expandieron en el centro a través de estructuras en forma de pasaje, llamadas "cité" o "casita" en Chile y "vecindad" en México. Éstas eran construcciones que imitaban el modelo del conventillo, construidas de una manera parecida. Simultáneamente -o poco tiempo después-, nacieron los barrios marginales periféricos (callampas, barriadas, villas miserias), localizados tanto en nichos no edificados dentro del perímetro urbano como en lotes aislados fuera de la ciudad. Al mismo tiempo, también fueron construidos barrios de vivienda social en la periferia urbana. Al otro lado de la ciudad, los ricos se alejaban cada vez más del centro de la ciudad. Barrios exclusivos con casas y bungalows, calles amplias y extensas áreas verdes proliferaron en el "barrio alto" de cada ciudad (Borsdorf, 2003, pág. 6) d) La fase más reciente del desarrollo urbano en América Latina (1970 hasta hoy): la ciudad fragmentada. Sostiene Borsdorf que la tendencia sectorial-lineal y el crecimiento celular se ha mantenido, pero en una forma marcadamente diferente a las fases anteriores de desarrollo. Se puede denominar a esta nueva forma de la

ciudad como el modelo de la ciudad fragmentada debido a que una nueva forma de separación de funciones y elementos socio-espaciales, ya no -como antes- en una dimensión grande (ciudad rica-ciudad pobre, zona habitacional-zona industrial), sino en una dimensión pequeña ha aparecido. Elementos económicos y barrios habitacionales se dispersan y mezclan en espacios pequeños: urbanizaciones de lujo se localizan en barrios muy pobres; centros de comercio se emplazan en todas partes de la ciudad; barrios marginales entran en los sectores de la clase alta. Este desarrollo se hace posible solamente a través de muros y cercos, barreras con que se separan y aseguran contra la pobreza las islas de riqueza y exclusividad. Pero hay que mencionar también que el fenómeno de los muros no es privativo de los barrios de la clase alta: los barrios de clase media y baja también se amurallan, y se observa este fenómeno de igual manera en los barrios marginales.(Borsdorf, 2003, págs. 710)   La forma, la estructura y los cambios de la ciudad y los problemas de la  seguridad urbana  El repaso por el proceso de urbanización latinoamericana y las fases de la estructura espacial interna de las ciudades nos ofrecen elementos de análisis ineludibles a la hora de pensar y actuar sobre los problemas de la seguridad urbana. Consideramos que las enseñanzas de esta revisión pueden resumirse en las siguientes premisas: a) Tener precaución a la hora de importar políticas y discursos sobre la seguridad urbana de contextos con historias y estructuras territoriales muy diferentes a los de AL. Eso es un llamado de atención a la frecuente actitud de adoptar acríticamente modelos, estrategias y dispositivos de seguridad elaborados para contextos como el norteamericano y el europeo. b) Lo expuesto en este documento contribuye a conocer algunas de las causas del surgimiento de la delincuencia, la criminalidad y la violencia en AL. Sugiere que si son importantes las causas objetivas para comprender los niveles de degradación de la vida urbana en nuestra región e invitan a no dejar de lado las políticas sociales y de inclusión económica a la hora de formular estrategias de lucha contra la inseguridad. c) Es de mucha importancia el estudio de los cambios en la estructura espacial de las ciudades en dos sentidos. En primer lugar, se podría afirmar que los modelos nos ayudan a ver porqué hoy se ha vuelto tan importante el tema de la seguridad. En efecto, cuando se observa el paso de la ciudad polarizada a la ciudad fragmentada uno observa que la cercanía entre diversos usos y clases sociales se ha vuelto más frecuente. Eso, en el marco del debilitamiento del Estado y la promulgación de un discurso de guerra social (que incentiva la desconfianza en vez de la solidaridad)

explican, en parte, porque se ha vuelto importante hoy día el tema de la seguridad. En segundo lugar, los modelos nos invitan a pensar la relación entre tipo de estructura de la ciudad y tipo de delincuencia y criminalidad, por un lado, y las estrategias de securización empleadas en cada periodo por parte de las autoridades y las personas del común, por otra parte. Estos modelos son importantes, para construir la noción de régimen de seguridad que será tema de otra ponencia. Bibliografia  Borsdorf, A. (2003). Cómo modelar el desarrollo y la dinámica de la ciudad latinoamericana. EURE (Santiago), 29(86). Castells, M. (1973a). La urbanización dependiente en América Latina. Imperialismo y urbanización en América Latina, 7–26. Castells, M. (1973b). Imperialismo y urbanización en América Latina. Editorial Gustavo Gili. CEPAL - Naciones Unidas. (2003). La pobreza rural en América Latina: lecciones para una reorientación de las políticas. Santiago de Chile: Naciones Unidas, Coraggio, J. L. (1988). Territorios en transición: crítica a la planificación regional en América Latina. Ciudad, Quito. Cuervo, L. M. (1994). Cambio económico y primacía urbana en América Latina. CIDER UNIANDES. Hardoy, J. E. (1972). Las ciudades en America Latina: Seis ensayos sobre la urbanización contemporanea. Paidós. Hardoy, J. E., Tobar, C., & Aires, U. D. B. (1969). La urbanización en América latina. Editorial del Instituto. Hauser, P. M. (1967). La urbanización en América Latina. Solar, Hachette. Jaramillo, S. (2010). Reflexiones sobre la “informalidad” fundiaria como peculiaridad de los mercados del suelo en las ciudades de América Latina. territorios, 18(0). Jaramillo, S., & Cuervo, L. M. (1993). Urbanización latinoamericana. Nuevas perspectivas. Historia y teoría latinoamericana. Bogotá, Colombia: Escala. Lattes, A. (1995). Urbanización, crecimiento urbano y migraciones en América Latina. Pensamiento Iberoamericano: Revista de Economía Política, 211–260. Mesa, N. (1985). Interpretación de la urbanización en América Latina (págs. 1-29). Presented at the Talleres Latinoamericanos del Programa de Estudios de Vivienda para América Latina, Colombia: Univ. Nacional de Colombia. Schteingart, M. (1973). Urbanización y dependencia en América Latina. Ediciones SIAP [Programa Editorial de la Sociedad Interamericana de Planificación; distribuidor exclusivo: Ediciones Nueva Visión. Singer, P. (1973). Urbanización, dependencia y marginalidad en América Latina. Imperialismo y Urbanizacion en America Latina. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

La informalidad y la formalidad, los procesos de segregación socio‐espacial en las  ciudades latinoamericanas y la seguridad urbana 

Introducción  La informalidad del hábitat urbano y la segregación socio-espacial son las características más sobresalientes de las ciudades latinoamericanas. La socialización de las personas, los movimientos sociales, la cultura política, la planeación urbana, el mercado de vivienda y suelo, las estrategias económicas de individuos, familias y comunidades y múltiples actitudes, gestos y representaciones sociales son, por solo nombrar algunos aspectos de la vida urbana, procesos que están atravesados-producidos-reproducidos por la existencia de esa doble condición de informalidad y segregación socio-espacial en las ciudades de América Latina (AL). Podríamos decir que mucho del habitus10 de las clases sociales latinoamericanas está construido y es reflejo de estos rasgos socio-espaciales. Desde el punto de vista del análisis de las relaciones entre ciudad y seguridad, interesa ver los vínculos entre informalidad y segregación socio-espacial, por un lado, con las políticas securitarias del Estado y las practicas de securización de las personas, por el otro. Este ejercicio es novedoso, especialmente, en lo que tiene que ver con el interés por establecer vínculos entre informalidad y seguridad urbana (políticas y prácticas securitarias), debido a que ya hay estudios sobre la relación entre seguridad urbana (practicas securitarias, principalmente) y la segregación socio-espacial11. En las paginas siguientes queremos,                                                              10

  Habitus es un conjunto de principios adquiridos de pensamiento, el comportamiento y gustos ("esquemas clasificatorios" y "valores ") que genera prácticas sociales y se asocia particularmente con una determinada clase social. Se describe como el conocimiento propio de una persona y la comprensión del mundo, que en parte constituye ese mundo. (Calhoun, Rojek, & Turner, 2005, pág. 169) 11 Este interés se expresa claramente en los estudios sobre los conjuntos cerrados o gated communities, que justamente se entienden como expresiones en el espacio residencial de la exacerbación y mercados de miedos, la creciente brecha social entre ricos y pobres, la disminución de la clase media, la proliferación de los discursos de guerra social, etc. No obstante, no se ha estudiado esa relación en periodos anteriores. Esa relación ha sido explorada en relación con las nuevas transformaciones espaciales de la ciudad y no se han hecho estudios históricos al respecto. La bibliografía sobre este el tema de las comunidades cerradas en enorme, aquí citamos algunas referencias que pueden guiar la lectura posterior. • Acosta, J. (2007). Ciudades de muros. Los fraccionamientos cerrados en la frontera noroeste de México. Scripta Nova: revista electrónica de geografía y ciencias sociales, 11. • Borsdorf, A., Hidalgo, R., & Sánchez, R. (2007). A new model of urban development in Latin America: The gated communities and fenced cities in the metropolitan areas of Santiago de Chile and Valparaíso. Cities, 24(5), 365–378. • Chumillas, I. R., & Ruiz-Gómez, M. M. (2003). La vivienda en las urbanizaciones cerradas de Puebla y Toluca. Scripta Nova, Barcelona, 146. • Girola, M. (2005). Tendencias globales, procesos locales: una aproximación al fenómeno de los conjuntos residenciales con seguridad de la región metropolitana de Buenos Aires. AIBR, Revista de Antropología Iberoamericana, 43. • Guerrien, M. (2006). Arquitectura de la inseguridad, percepcion del crimen y fragmentación del espacio urbano en la zona metropolitana del valle de México. Paisaje ciudadano, delito y percepción de la inseguridad: investigación interdisciplinaria del medio urbano, 93. • Lindón, A., & Nogué, J. (2007). La construcción social de paisajes invisibles y del miedo. La construcción social del paisaje, 213–236.

precisamente, empezar a explorar esos nexos sin el ánimo de ser exhaustivos sino sobre todo con la intensión de poner sobre la mesa una serie de preguntas referentes a este tema. La primera parte hace una síntesis de los estudios sobre comunidades cerradas destacando las estrategias de securización asociadas a estos espacios residenciales. En la segunda, se aborda la temática del hábitat informal en AL. En la tercera, se explora la relación entre informalidad y seguridad. La segregación socio­espacial, las comunidades cerradas y las prácticas de  securización urbana.   La segregación urbana no es un fenómeno reciente en la conformación espacial de las ciudades latinoamericanas. En efecto, se puede afirmar que ésta ha adoptado múltiples maneras y es uno de los elementos más profundos, como lo decíamos antes, de la estructura de socialización de los citadinos de AL. En cada una de las fases del desarrollo espacial de las ciudades se dan formas y estrategias particulares de clasificación, diferenciación, jerarquización de lugares y personas en el contexto urbano. En la ciudad polarizada, por ejemplo, las clases sociales tendieron a localizarse en zonas particulares de la ciudad y se formaron núcleos bien definidos de ocupación de ésta para cada una de las clases sociales. Tan profundo fue ese fenómeno de polarización, que una de las maneras más frecuentemente utilizadas por los habitantes de las ciudades latinoamericanas para determinar la posición social de las personas ha sido la de preguntar: dónde vives?. Esa pregunta, demuestra que en el sentido común existe una clara asociación entre zona de residencia y posición socio-económica12. En la ciudad fragmentada, descrita por Borsdorf (2003), se empieza a ver una mezcla de clases sociales y usos del espacio que está modificando las formas de segregación y las prácticas de securización de las personas. En efecto, estamos pasando de patrones macro de segregación (propios de las ciudades polarizadas) a patrones micro de segregación en las ciudades de AL (Capron & Gonzales, 2006). Este proceso significa que las clases sociales que están en extremos de la jerarquía social vuelven a acercarse físicamente ya sea por los

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Mertins, G. (2010). Estudios Urbanos-Regionales desde el Caribe: El crecimiento “moderno” espacialurbano en Barranquilla:?` Planeación pública-oficial o manejo del sector privado? Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, (7). Meyer, K., & Bähr, J. (2004). La difusión de condominios en las metrópolis latinoamericanas. El ejemplo de Santiago de Chile. Revista de Geografía Norte Grande, 32, 39–53. Roitman, S. (2003). Barrios cerrados y segregación social urbana. Scripta Nova, 146. Roitman, S. (2004). Urbanizaciones cerradas: Estado de la cuestión hoy y propuesta teórica. Revista de Geografía Norte Grande, 32, 5–19.

 Esta no es una característica exclusiva de las ciudades latinoamericanas como lo dejan ver los estudios en otros contextos 

procesos de gentrificación o la elitización13 y la aparición de conjuntos cerrados en zonas centrales o, ya sea, por la extensión de espacio residenciales urbanos en contextos rurales o periurbanos por lo general pobres. Esa renovada cercanía física entre clases sociales se da en el contexto de la neoliberalización económica y el neoconservadurismo político que han exacerbado las desigualdades sociales y han ofrecido un discurso legitimador cuyo fundamento es el miedo, el individualismo y la idea de que no existen conflictos ni contradicciones sociales sino ataques irracionales desde dentro o externos a la sociedad. Es por lo anterior que la ciudad fragmentada refleja las transformaciones sociales que están viviendo las ciudades capitalistas en muchas latitudes y cuyo rasgo predominante es la proliferación de múltiples espacios prohibitorios que buscan ofrecer una supuesta seguridad basada en la paranoia y la idea de guerra social (Davis, 2003; Flusty, 1994). Entre esos espacios prohibitorios se destacan los conjuntos cerrados y las urbanizaciones amuralladas (ver recuadro 1). Dichos espacios cerrados, reflejan y reproducen un ideal de seguridad egoísta donde el lema es: no podernos vivir juntos. Así, la mayoría de los habitantes urbanos han empezado a considerar que un espacio seguro es un espacio donde se restringe el transito, el paso y la estadía a alguien. Estos espacios de seguridad son espacios producto de un miedo. Son una respuesta a una amenaza real y pero sobre todo construida por el amarillismos de los medios de comunicación. Estos espacios de seguridad cerrados pretenden ser espacios de paz comunitarios y, efectivamente, ofrecen una paz de club, que niega la posibilidad de construir dicha paz más allá de una pequeña escala. Estos espacios cerrados ofrecen una ilusión de seguridad cuando la tranquilidad se ha convertido en un bien escaso. Cuando el resto de la ciudad asusta, se levantan todo tipo de murallas. Cuando la incertidumbre está a cada instante acechando para romper el muy endeble sistema de seguridades de las personas (si sufro un accidente quedo en la ruina, si me roban ahora no podre comer hoy, si sufro una calamidad me tocará empezar de ceros), las personas desean tener un refugio donde sentir algo de la certidumbre, que nunca ha sido constante, de cualquier forma. En una sociedad conservadora, racista y clasista, los espacios amurallados refuerzan las distancias entre los grupos sociales.

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Gentrificación puede ser entendida como elitización o aburgesamiento de ciertas áreas urbanas especialmente áreas que antes estaban ocupadas por clases bajas o con usos (como la industria) poco atractivas para las clases acomodadas. Viene del término en inglés gentry que significa pequeña nobleza o alta burguesía. (Johnston, Gregory, Smith, & López, 2000, pág. 238)

Figura 1. Elementos convergentes en la aparición de los barrios cerrados

Fuente: (Borsdorf, 2003, pág. 9) ¿Qué recursos hay que movilizar para crear urbanizaciones cerradas? Como ya dijimos, el primero de esos recursos que hay que poner en marcha es el del miedo y publicitarlo hasta tal punto que la gente tenga la impresión de vivir en una sociedad poblada por miles de monstruos. Los monstruos pueden ser múltiples, especialmente ciertas personas con atributos raciales y sociales muy precisos, pero entre ellos se destaca los zombis urbanos, aquellos seres que alguna vez fueron humanos y que deambulan por la calle, amputados, asquerosos, purulentos y que ya no distinguen ni frio, ni hambre, ni personas, ni a sí mismos. Pero movilizar los recursos del miedo por sí solo no produciría espacios prohibitorios, amurallados y cerrados. Hay que movilizar los recursos del individualismo y del darwinismo social bajo el lema de “cada quien por su cuenta” o “cada quien por su pellejo”. Adicionalmente, para hacer posible el funcionamiento de dichos espacios se requiere de dispositivos tecnológicos de vigilancia, control y alerta no solo para propiciar la evaluación constante del interior sino también del exterior. Para el caso latinoamericano, Axel Borsdorf (2003), señala algunos elementos convergentes que hicieron posible la aparición de las urbanizaciones cerradas. Además de los aspectos antes mencionados, el autor menciona la importancia que tuvieron las preformas en el espacio residencial (conventillos, ciudades monasterio, lazos comunitarios fuertes) en la aceptación y extensión de los barrios cerrados en AL. Ver el figura numero 1.

Recuadro 1. Conceptualización de los barrios cerrados. Sonia Roitman “Los barrios cerrados son áreas residenciales cerradas por muros y barreras que cuentan con vigilancia las 24 horas del día. Los dispositivos de seguridad impiden el libre acceso a ellos por parte de los no residentes. Estos nuevos emprendimientos urbanos han sido diseñados con la intención de proveer seguridad a sus residentes y prevenir la entrada de personas desconocidas a los mismos. La privatización del espacio urbano, anteriormente público, es lo que los distingue como nuevo fenómeno residencial urbano. La mayoría de ellos está situada en las áreas suburbanas, donde hay tierra disponible para la realización de este tipo de emprendimientos. Esto ha generado un importante cambio en los patrones de uso del suelo urbano, ya que anteriormente eran los barrios construidos con subsidios estatales, destinados a los grupos sociales de menores ingresos, los que se ubicaban en la periferia de la ciudad. Por otra parte, los barrios cerrados generalmente se encuentran ubicados cerca de vías rápidas de circulación para facilitar el desplazamiento desde el lugar de residencia hacia las áreas centrales de la ciudad donde se desarrollan las actividades cotidianas. Asimismo, al estar localizados en zonas periféricas de la ciudad, en muchas ocasiones, los barrios cerrados se encuentran cerca de villas inestables, lo que hace que los contrastes sociales se tornen más evidentes. Los barrios cerrados no están dirigidos hacia un grupo socioeconómico homogéneo. Sin embargo, en el caso de los países latinoamericanos, generalmente sus residentes pertenecen a los sectores sociales medio-altos y altos. Respecto al tamaño de los lotes, los barrios cerrados difieren en gran medida: aquellos destinados a los sectores medios y medio-altos cuentan con lotes amplios, pero sólo los destinados a los sectores más altos de la sociedad poseen lotes de grandes dimensiones que les permiten diferenciarse de un barrio no cerrado. Las murallas y los dispositivos de seguridad actúan como símbolos de status y distinción. Cuanto más segura y cerrada es la propiedad, más alto es el status de la familia que la habita. Algunas personas deciden vivir en un barrio cerrado porque buscan tener relaciones más cercanas con gente perteneciente al mismo grupo socioeconómico y, además, buscan evitar la heterogeneidad social que suele darse en los barrios "no cerrados", como así también, todo contacto con situaciones de pobreza y extrema miseria, tan usuales actualmente en Latinoamérica. En este sentido, se trata de nuevas formas de control de la vida cotidiana, emanados los individuos. Son espacios producto de la desregulación por parte del Estado pero al mismo tiempo impulsan la hiperregulación dentro de los límites del barrio”. (Roitman, 2003)

  Hábitat informal en América Latina  Cuando se habla de hábitat informal o hábitat popular se tiene en mente el conjunto de espacios auto-producidos por los más pobres de la ciudad que de manera voluntaria e impuesta, a la vez, crean estrategias para acceder a un lugar donde ir edificando paulatinamente una vivienda. Dichas estrategias suponen algún grado de desajuste a los mecanismos consideraros como normales y/o legales por una sociedad en un momento dado sobre el acceso al suelo y la edificación. La autoconstrucción de la vivienda por parte de las clases más bajas de la sociedad no es un proceso nuevo sino que ha sido una constante en la historia de la lucha por acceder a las condiciones de reproducción individual y familiares en las ciudades de AL (Hardoy & Satterhwaite, 1987). No obstante, es el contexto de la acelerada y descontrolada urbanización que sufrió el continente desde la década de 1950 en adelante, cuando se extiende este fenómeno a magnitudes enormes, lo que conducirá a una serie de estudios con el fin de entenderlo. La primera cuestión que hay que resolver es por qué se denomina hábitat informal. La informalidad se define en relación con las normas y mecanismos que se consideran típicos-ideales de la producción de la vivienda, los mercados del suelo y el proceso de crecimiento de la ciudad dentro

de una economía capitalista. En efecto, se considera que en la producción de la vivienda y en el mercado del suelo típicamente capitalista participan una serie de actores que, coordinados por el Estado a través de un conjunto de normas (ver figura 2), promueven la creación de un espacio urbano formal. Dichos actores serían (Pacione, 2009, pág. 152) • • • • • • •

Propietarios de la tierra Desarrolladores: los constructores y los subdividores Las familias u hogares Los agentes de finca raíz El sistema financiero El gobierno Otras facilitadores

En los hábitats populares la consecución del suelo para la urbanización y la construcción de la vivienda no han involucrado a estos actores y son más bien otros agentes y mecanismos a los que acuden las personas para acceder al suelo y la vivienda urbanos. Por ejemplo, las clases populares que autoconstruyen sus viviendas rara vez hacen transacciones con los dueños de la tierra utilizando los mecanismos financieros. Eso significa que el dinero para la compra del terreno donde se construirá la casa no proviene de un préstamo bancario sino de préstamos de amigos y familiares (Abramo, 2003; Jaramillo & Parias, 1998) O, por otro lado, los propietarios de la tierra, venden lotes urbanos sin cumplir con los requisitos que las normas exigirían para hacer la promoción legal de dichos lotes: permisos de la administración e infraestructura necesaria para acoger una aglomeración de personas. Esto en el caso donde hay urbanizaciones informales en la que se da una transacción comercial del suelo, pero esta no es la única forma de acceso al suelo por parte de las clases populares que construyen los hábitats informales. La otra forma de acceder a la tierra es mediante las invasiones de terrenos baldíos. En ese caso no existe un propietario de la tierra y, por supuesto, ninguna transacción comercial media la toma de posesión del suelo. Aparecen si otros agentes, como organizaciones sociales y partidos políticos de todos los espectros que impulsan dichas tomas de tierra con el fin de crear feudos políticos o con el de ofrecer soluciones a través de las vías de hecho a la lamentable política de vivienda social para los pobres de la ciudad.

Figura 2. Formalmente la producción del espacio residencial debe enmarcase dentro de las reglas que se derivan de los instrumentos de la acción colectiva

Fuente: (Alfonso, 2008, pág. 22)

Nora Clichevsky en varios artículos (Clichevsky, 2000; Clichevsky, 2001) sostiene que sostiene la informalidad implica dos formas de transgresiones: a) “Desde el punto de vista dominial (de dominio, vinculados a la propiedad): ocupación de tierra pública o privada en "villa", favela, callampa, barriada; asentamiento, toma; ocupación de lote individual; loteos clandestinos o "piratas"; loteos irregulares; propiedad

horizontal aplicada a la tierra urbana; venta de lotes rurales, como partes indivisas; ocupación de inmuebles de propiedad fiscal o privada; contratos de comodato entre municipios y ocupantes de inmuebles, indefinidos en el tiempo; propiedad de origen social (ejidos o comunidades indígenas), incorporada al área urbana por medio de ventas ilegales; cooperativas agrícolas transformadas en “urbanas”. Es decir que se trata tanto de ocupaciones directas como a través del mercado informal del suelo, algunas de ellas de muy compleja forma de producción y uso” (Clichevsky, 2000, pág. 4). b) “Desde el punto de vista de la urbanización: Ocupación de tierras sin condiciones, desde el punto de vista urbano - ambiental, para ser usadas como residenciales: tierras inundables y sin infraestructura; dificultosa accesibilidad a los centros de empleo, educación primaria, servicios primarios de salud; contaminación del suelo; cercanía a basurales clandestinos y hornos de ladrillo; construcción de viviendas por fuera de la normativa existente. Ocupaciones de inmuebles abandonados por diferentes razones: las "casas tomadas"; los "equipamientos tomados"; hoteles –pensiones, corticos, tugurios, casas de vecindad, conventillos. Ocupación de áreas públicas (plazas, etc.); viviendas en palafito. Los loteos irregulares son aquellos que fueron vendidos cuando aún les faltaba alguna de las condiciones que indica la legislación vigente, mientras que los loteos clandestinos o "piratas" son los que nunca se han presentado ante las autoridades, para su aprobación”(Clichevsky, 2001, pág. 5) La extensión de estas formas de urbanización ha alcanzado grados variados en las ciudades AL como lo expresa la tabla 1, siendo Bogotá la ciudad, de las listadas por Nora Clichevsky, donde se presenta el porcentaje más alto de población de la ciudad viviendo en los hábitats informales. Le siguen Caracas, México y Quito. En otro extremo están las ciudades como Buenos Aires, donde el 10% de la población total de la ciudad vive en estos barrios de origen informal. Este parece ser un caso excepcional en el contexto latinoamericano. En cada ciudad, paralelamente, unas estrategias de acceso a la tierra predominan sobre otras. Esto quiere decir que hay ciudades donde es más importante, porcentualmente hablando, el acceso al suelo a través de la invasión u ocupación directa y, otras, donde predominan los loteos irregulares o ilegales o compra-venta ilegales como la forma más frecuente de acceso a ésta. Por ejemplo, en el caso de Bogotá las invasiones son apenas el 5% de la urbanización informal, mientras que las urbanizaciones piratas, como se denominan los loteos irregulares o ilegales, representan el 95% del hábitat informal. Lima, por el contrario, y en menor proporción Caracas, se caracterizan por ser ciudades donde el hábitat informal se ha construido principalmente a través de la toma directa de tierras (Dahau, 1998). La combinación específica de factores en cada contexto es lo que genera esa diferenciación en la predominancia de unas formas de acceso al suelo. En la figura 3, se muestran dichos factores.

Tabla 1. Magnitud de la Informalidad, por ciudades, en porcentajes de población CIUDAD  Bogotá   Belo Horizonte   Buenos Aires   Caracas   Fortaleza   Lima   México   Quito   Recife   Río de Janeiro   Salvador   San Pablo   San Salvador   Santos   Fuente: Clichevsky, 2000, pág. 7

% DE POBLACIÓN VIVIENDO EN  INFORMALIDAD  59  20(solo en favela)  10  50  21(solo en favela)  40  40  50  46  20(solo en favela)  21(solo en favela)  22(solo en favela)  35,5(solo en mesones)  12 (solo en corticos) 

Figura 3. Factores concurrentes en el predominio de dos formas de acceso al suelo urbano en los hábitats informales de América Latina

Fuente. Elaboración propia a partir de (Dahau, 1998). La vivienda autoconstruida es, ante todo, una respuesta a la ineficiencia o desinterés del Estado en proporcionar condiciones dignas de vida a los habitantes de las ciudades. En esas viviendas autoconstruidas se dan una serie de innovaciones técnicas, organizacionales y políticas que, a pesar de nacer de la precariedad, son una fuente de saber popular. La vivienda autoconstruida, base del

hábitat popular tiene, igualmente, un doble significado económico pues, por un lado, es un 40%, aproximadamente, más barata que la vivienda comercial y, por otro lado, es un componente importante de la economía de los sectores populares porque sobre la base de la edificación se establecen estrategias económicas: alquiler de una parte o la utilización de una parte de la misma para un establecimiento comercial (Abramo, 1998, 2003; Dahau, 1998; Jaramillo & Parias, 1998). El paisaje de las ciudades donde predomina la urbanización popular o informal es muy particular. En efecto, la autoconstrucción de la vivienda individual y comunal deriva en la construcción de una ciudad informal. Los procesos de formación de la ciudad son muy diferentes en las dinámicas formales e informales (Giráldez, Caldero, & Roch, 2009). Un rasgo de una ciudad formal sería la planeación o el urbanismo y después la edificación (Figura 4) Figura 4. Proceso urbano en la ciudad formal.

Urbanización y plan

Parcelación

Edificación

Fuente: Giráldez et al., 2009, pág. 7 Por su lado, la urbanización informal se distingue porque no parte de un plan urbanístico sino de una parcelación o de la edificación, a partir de la cual se establece el resto de la infraestructura necesaria para el funcionamiento del asentamiento (ver figura 5). La heterogeneidad en el tipo y calidades de las edificaciones, la falta de medios colectivos de consumo (parques, escuelas, vías, redes de servicios públicos) y una vida comunitaria muy activa hacen parte del paisaje de las zonas informales en las ciudades latinoamericanas. Figura 5. Proceso urbano en la ciudad informal

Parcelación-Edificación

Fuente: (Giráldez et al., 2009, pág. 7)

 

Edificación-parcelación

Edificación-parcelaciónurbanismo

Preguntas en torno al hábitat  informal y seguridad urbana.   El hecho de que el hábitat informal sea un rasgo socio-espacial tan importante en las ciudades de AL, incita a hacer una reflexión sobre los vínculos entre éste y los temas de la seguridad urbana: la diversidad de formas de violencia en la ciudad, los tipos de delincuencia, los despliegues de las políticas, las prácticas y los discursos securitarios, el derecho a la ciudad, etc. Sin embargo, estos múltiples lazos no han sido analizados y esta es una línea de investigación donde solo podemos plantear preguntas. Aquí vamos a hacer una lista de preguntas que nos parecen relevantes en la perspectiva de profundizar sobre los nexos entre hábitat informal y seguridad urbana. La pregunta que se deriva de ver esta conexión y que nos parece que puede ayudar a trazar un derrotero para investigaciones posteriores es: ¿existe alguna relación entre hábitat formal y estrategias formales de securización y, viceversa, existe una relación entre hábitat popular y estrategias informales de securización? Esa pregunta implica responder, antes, cuál es la manera formal de provisión de seguridad urbana y cuál sería su contraparte informal. Lo que nos parece relevante de la pregunta de base es que nos permite concretar aun más ese vínculo entre ciudad y seguridad y, más precisamente, la relación entre producción de la ciudad y producción de la seguridad. En efecto, en la urbanización popular, en los hábitats informales, las personas se organizan para hacer una serie de demandas frente a las instituciones estatales. Dichas demandas están relacionadas con la provisión de bienes de consumo colectivo y las condiciones de

seguridad de las propiedades y las personas en dichas zonas, que si las instituciones formales no satisfacen las personas buscarán satisfacer por su cuenta. Frente a las demandas de las personas por servicios públicos, educación, vivienda y seguridad personal los habitantes de los barrios informales no se quedan impasibles. Por el contrario, frente a las carencias, las personas crean, las personas innovan. Es ahí cuando surgen estrategias informales de construcción de la vivienda, de economía y, por supuesto, estrategias informales de securización de los barrios. Esas estrategias cubren un amplio rango de mecanismos que van desde mecanismos vigilantismo y parapolicia (basadas en una suerte de ideología de justicia por propia mano) hasta el uso de los perros, que en los barrios informales tienen una función de alarmas frente a la presencia de extraños. El conjunto de estrategias que las personas usan en los barrios informales todavía no se ha estudiado. ¿Son todas estrategias innovadoras y positivas de securización de los barrios? ¿Qué valores están detrás de dichas estrategias y prácticas de securización? ¿Deberían las instituciones encargadas de la seguridad acogerlas? Bibliografia  Abramo, P. (1998). La ville kaléidoscopique: coordination spatiale et convention urbaine: une perspective hétérodoxe pour l'économie urbaine. l'Harmattan. Abramo, P. (2003). La teoría económica de la favela: cuatro notas sobre la localización residencial de los pobres y el mercado inmobiliario informal. Ciudad y Territorio: Estudios Territoriales, 273–294. Alfonso, O. (2008). Economía institucional de la intervenciâon urbanística Estatal. Universidad Externado de Colombia.

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Seguridad, policía y ciudad. La mayor parte de las reflexiones sobre la policía y la ciudad que se producen en la actualidad están encaminadas a evaluar las transformaciones que desde finales de la década de 1980 se empezaron a gestar en esta institución (Dammert & Malone, 2002; Frühling, Hugo, 2006; Fruhling, 1998) Priman dos intereses en relación con este tema. En primer lugar, los retos que implica dicha reforma y, en ese sentido, se debate el por qué no se puede o cómo se debe “modernizar” la policía en ciertos contextos. Aquí cobra particular interés lo que ha significado la policía comunitaria en términos de la proximidad entre gente del común e institución policial (Fruhling, 2007; Llorente, 2004; Llorente, Ortiz, & Urrutia, 2008; Pontón, 2007, 2009). En segundo lugar, existe un énfasis en los problemas de las reformas aplicadas a la corrección de los problemas de corrupción en la policía como elemento necesario para la sostenibilidad de la lucha contra el crimen, la delincuencia y la violencia en las ciudades (Casas, 2005; Casas, s.d.; Cortés, 2001; Huntington & Scott, 1994; Sherman, 1974; Urueña, 2001; Wesberry, 2004) Dichos trabajos transmiten la imagen de la policía como una institución cuya finalidad se ha mantenido inalterada y en la que ha cambiado, esencialmente, el tipo de estrategias que emplea para mantener el orden público y el cumplimiento de las normas de convivencia. Es por eso, que algunas voces han llamado la atención en la necesidad de pensar en la genealogía de la policía en una escala temporal más amplia (Foucault, 2006; Sozzo, 2008; Yáñez, 1999). Esos estudios dan por sentado que la policía debe tener ciertas funciones y no se interrogan sobre ¿Cuándo surge la policía como una institución dedicada al control del delito, el disciplinamiento de los ciudadanos a las normas, etc? Consideramos que ese es el punto de partida más sólido para hablar de la relación entre ciudad y policía y las reformas que ésta está sufriendo. Es por eso que el articulo tiene dos secciones. En la primera, la más extensa, se hace una genealogía de la policía. Y en la segunda se presenta sucintamente, el significado y la filosofía de la policía de proximidad, entendida como una de las estrategias de reforma institucional en la policía en América Latina.

Una genealogía de la policía. La genealogía de la policía consiste en un tipo específico de análisis en el que el interés fundamental es el de ver cuáles han sido los discursos y las formas concretas (instituciones) que esos discursos han adoptado. Es un análisis donde se pregunta por el contexto de institucionalización de los discursos que sobre la policía las sociedades han elaborado, en una escala temporal que supere lo presente. En América Latina hay varios intentos por realizar ese análisis genealógico de la policía, donde destacamos los trabajo tanto el de Yáñes (1999) como el de Sozzo (2008)Sin embargo, este es un campo relativamente inexplorado. Es por esa razón que nos parece pertinente concentrarnos en el trabajo de Michel Foucault, titulado Seguridad, territorio y población, quien estudia los conceptos de policía desde el siglo XVI hasta el siglo XIX en Europa, que por el efecto del colonialismo han sido referentes universales para la definición de la policía en Occidente. La historia que narramos a continuación es, fundamentalmente, una reseña de dicho trabajo por considerarlo imprescindible y casi único en el tratamiento del tema de la policía.

Foucault comienza comentando que el término policía en los siglos XV y XVI significaba una forma de comunidad o asociación regida por una autoridad pública o, más precisamente, el conjunto de actos que van a regir las comunidades bajo la autoridad pública. En el siglo XVII se empieza a llamar “policía” al conjunto de medios a través de los cuales se puede incrementar la fuerza del Estado a la vez que mantiene el buen orden de éste. Dicho de otra manera, la policía será el cálculo y la técnica que van a permitir establecer una relación móvil entre el orden interior del Estado y el crecimiento de sus fuerzas. Foucault cita un texto de 1611, titulado La monarchie aristodémocratique de Turquet de Mayerne, donde se define a la policía como la encargada de asegurar el esplendor del Estado. Dice el mismo texto, que la policía debe ocuparse de todo aquello que le puede dar ornamento, forma y esplendor a la ciudad. La pregunta es entonces qué significa esplendor. Foucault sostiene que este término fue utilizado para referirse tanto a la belleza visible del orden como al brillo de la fuerza del Estado. Puesto en términos de Von Justi (1760, Citado por Foucault, 2006 pag. 359) un teórico de la policía en el siglo XVIII, la policía será el conjunto de leyes y reglamentos que conciernen al interior del Estado y se consagran a consolidad y acrecentar su poder y hacer un buen uso de sus fuerzas. Un buen uso de las fuerzas del Estado es el objeto de la policía. El problema de la policía es el cómo hacer para que las fuerzas del Estado crezcan al máximo y a la vez se mantenga el buen orden en él. Así definida, la policía es sinónimo de gobierno y, más precisamente, de buen gobierno. El arte de gobernar y ejercer la policía son la misma cosa. ¿Qué es lo que hace posible el buen gobierno? Foucault sostiene que en el siglo XVII y, especialmente en el siglo XVIII, la respuesta a esta pregunta derivó en una ciencia de la policía (polizeiwissenchaft) que se expresaba en una enorme bibliografía sobre administración, estadística y diversas técnicas para permitir el crecimiento de las fuerzas del Estado, que tiene sobre todo en Alemania su lugar de desarrollo. Lugar especial ocupa dentro de las técnicas del buen gobierno, dentro de la ciencia de la policía, la estadística pues para acrecentar, combinar y desarrollar el conjunto de fuerzas del estado se requerirá conocer en qué cantidad, cómo y dónde se encuentran las posibilidades de desarrollo del Estado. La policía hace necesaria la estadística, pero también la hace posible. Turquet de Mayerne, en el texto de 1611 antes citado, consideraba que un buen gobierno debería estar compuesto de cuatro grandes oficinas y oficiales: el canciller para ocuparse de la justicia, el condestable para ocuparse del ejército, un superintendente para ocuparse de la hacienda y, por último, el conservador y reformador de la policía. La función de este último consistiría en fomentar en el pueblo una singular práctica de modestia, caridad, lealtad, industria y buenas costumbres. Foucault sostiene que este conservador de la policía es un oficial mayor al mismo nivel (no subordinado) del canciller. Del mayor de policía (mayor reformados y conservador de policía) dependerían cuatro grandes oficinas, según el plan de buen gobierno propuesto por Turquet de Mayerne. La primera tiene el nombre de Oficina de Policía, que, en primer lugar, se encargaría de la instrucción de los niños y los jóvenes en todo lo necesario para cumplir una buena función en el Estado. Eso significaba aprender la importancia de la piedad también el manejo de las armas. Esta Oficina de Policía, tendrá a su cargo la repartición de las profesiones de cada quien. Una vez educado el joven, este deberá decidir qué tipo de ocupación quiere desempeñar en la vida. A la edad de los 25 años deberá, como sea dejar sentado qué quiere hacer. Quienes no tomaran esa decisión serán consideraros como hez del pueblo, truhanes carentes de honor.

Dependiendo del mayor conservador y reformador de la policía estará una segunda oficina, la Oficina de Caridad, que se ocupará de los pobres sanos a quienes dará trabajo u obligará a tomarlo. Esta oficina de caridad también se hará cargo de la salud pública en tiempos de epidemia y contagio, pero también en todo momento. Se ocupará de los accidentes, de los incendios, de las inundaciones y todo lo que pueda causar empobrecimiento. Incluso esta oficina de la caridad se encargará de prestar dinero a artesanos y comerciantes. La tercera oficina que está bajo la oficina de conservación y reforma de policía, es una oficina que se ocupa de los comerciantes y que se ocupará de los problemas del mercado y los problemas de fabricación. Junto a esta oficina, estará una cuarta, la Oficina de la Propiedad, encargada de los bienes inmuebles: mantener los registros de herencias, regular las transacciones de bienes raíces, proteger las propiedades del rey, etc. Todo esto significa, según Foucault, que la policía se identifica con una función estatal frente a otras tres: la justicia, el ejército y la hacienda que eran instituciones tradicionales, es decir, existentes antes del siglo XVII y XVIII. La policía tiene frente a las demás es oficinas una función, por un lado, moral en tanto que debe velar por la lealtad, la modestia de los ciudadanos, y por el otro lado, una función económica pues debe ocuparse asimismo de la manera de conducirse de la gente en lo concerniente sus riquezas y su modo de trabajar y consumir. Gobernar (“policiar”) estos dominios a nivel individual son los elementos constitutivos de la fuerza del Estado. La policía es todo lo necesario y suficiente para que el individuo alcance una integración efectiva al Estado, a sus fuerzas y al desarrollo de estas. En términos más concretos, dice Foucault, se consideraba que la policía en el siglo XVII y XVIII debería ocuparse de cinco temas necesarios para el resplandor del Estado. En primer lugar, la policía tendrá que ocuparse del número de hombres. No se puede impartir justicia, hacer la guerra, cobrar impuestos, etc., sin abundancia de hombres sanos, vivos y apacibles. Cuantos más haya, más sencillo será el resto y más poderoso el Estado. El segundo objeto de la policía, comenta Foucault, son las necesidades de la vida, pues no basta que haya hombres, también es preciso que puedan vivir, razón por la cual la policía va a ocuparse de las necesidades inmediatas. Este objetivo de la policía, implica sin lugar a dudas una política agrícola. El tercer objetivo de la policía, luego de la cantidad de gente y las necesidades de la vida, es el de la salud. La salud es un objetivo de la policía por ser, en efecto, una de las condiciones necesarias para que la multitud de hombres que subsisten gracias a los víveres y los artículos de primera necesidad que se les suministra puedan además trabajar, tener actividades, ocuparse. Eso significa que la salud para la policía no será una preocupación exclusiva en caso de epidemias sino una preocupación cotidiana. Se trata especialmente de la salud de las personas en las ciudades, de aire, la aireación, la ventilación y la regulación de los espacio y equipamientos urbanos que propicien la salud: calles amplias, dispersión de factores susceptibles a envenenar la atmosfera (carnicerías, mataderos, cementerios, etc.) y en general todo tipo de problemas referidos a la sanidad. Un cuarto objeto de la policía, además de los antes mencionados, será el referido a la vigilancia de las actividades de los habitantes. Entiéndase como una intervención sobre el ocio y los ociosos. La policía se encargará de hacer trabajar a todos los que están en condiciones de hacerlo, es decir, la

policía se encargará de conducir y vigilar al grupo de personas pobres sanas para que realicen actividades útiles para el Estado. Para terminar, Foucault menciona un quito objeto de la policía: la circulación de mercancías y de productos originados en las actividades de las personas. Esa circulación debe ser entendida tanto como el conjunto de instrumentos o infraestructuras materiales que permiten la circulación (vías, ríos navegables, etc.) como el conjunto de reglamentos, restricciones, facilidades y estímulos a los intercambios. En síntesis, la policía tendrá a regir todas las formas de coexistencia de los hombres entre sí. El hecho de que vivan juntos, se reproduzcan, se necesiten unos a otros, determina la cantidad de alimentos, aire para respirar, vivir, subsistir; el hecho de que trabajen unos al lado de otros en oficios diferentes o similares; y también el hecho de que se encuentren en espacios de circulación, será lo que la policía deba tomar a su cargo. Así, la policía es el conjunto de las intervenciones y los medios que garantizan que vivir y coexistir sean efectivamente útiles a la constitución y al acrecentamiento de la fuerza del Estado. Foucault va a resaltar que cuando se analiza el conjunto de objetos de la policía se pone en evidencia que se trata en esencia de objetos que podrían calificarse como urbanos, en el sentido de que algunos de ellos solo existen en la ciudad o porque hay ciudades. Los objetos de la seguridad son sobre todos problemas que surgen de lo que se podría denominar una coexistencia densa. Adicionalmente, Foucault sostiene que los problemas de los que se ocupa la policía están relacionados con el mercado, la compra y la venta, el intercambio, igualmente próximos a los problemas de la ciudad. Es por eso que él señala que la policía es esencialmente urbana y mercantil o, para decir las cosas de manera más contundente, que es una institución del mercado. La policía es un conjunto de reglas y ordenanzas, principalmente urbanas, que buscan crear mayor bienestar material y fuerza del Estado a través del comercio. Es por eso que policía y comercio, policía y regulación-crecimiento urbanos, policía y desarrollo de todas las actividades del mercado son una unidad esencial en el siglo XVII y XVIII. En siglo XIX se va a operar un cambio sustancial en la forma de concebir la policía y donde se va perfilando la idea de la policía como un cuerpo armado dentro de la sociedad dedicada esencialmente al control de los delitos. Observemos cómo Foucault expone esta transformación. La perspectiva que acabamos de describir se enmarca en el contexto del fortalecimiento de los estados absolutistas y, en ese sentido, se puede entender como propia de la racionalización impulsada por el grupo de políticos que buscaban la legitimación y pervivencia de dicho estado. La policía, entendida como el conjunto de reglamentos, infraestructuras, lealtades que hacen del hombre un ser útil para el Estado, será la forma de denominar al gobierno en un estado conducido por el proyecto de las monarquías absolutas que, a su vez, están en disputa con otros estados monárquicos en Europa. Pero en el siglo XIX, las cosas comienzan a cambiar. Después de las revoluciones burguesas (especialmente la Revolución Francesa) y la Revolución Industrial donde se fortalece el poder de la clase burguesa, surge, según Foucault, una nueva racionalidad para el Estado, una racionalidad elaborada principalmente por economistas y quienes van a inventar un nuevo arte de gobernar donde la razón económica, presente en el Estado absolutista, se va a convertir en la razón de Estado. La razón económica va, por consiguiente, a asignar nuevas formas

de racionalidad estatal y nuevos roles a la policía. Cuatro factores explican en qué va a consistir esa nueva doctrina sobre el Estado y el papel que se le dará a la policía en todo este andamiaje. En primer lugar, se empieza a dar un análisis de los problemas referidos a la administración, el mercado, la economía y la sociedad, en general, donde prima un lenguaje científico y la idea de que las dinámicas sociales y económicas pueden describirse y predecirse objetivamente con la ayuda de métodos neutros de investigación. La ciencia de la policía, tenia mas el carácter de normatizar la coexistencia a partir de unos principios extraídos de “la moral” y, más precisamente, de los de interés del Principe, del Estado Absolutista. En cambio, los economistas, particularmente los mercantilistas, empezaron a elaborar una serie de principio que se consideraban empíricamente irrefutables que constituían un tipo de conocimiento científico absolutamente indispensable para el buen gobierno. Un gobierno que no tenga en cuenta los análisis científicos de los procesos sociales y que no respete los frutos de esta clase de conocimiento, estará destinado al fracaso. En segundo lugar y vinculado con lo que acabamos de señalar, aparece en el lenguaje político y en las elites burguesas la idea de procesos de que los fenómenos sociales y económicos tienen un carácter natural. No se trata de procesos de la naturaleza mismas, entendida como naturaleza del mundo; es una naturalidad específica de las relaciones de los hombres entre sí, de lo que sucede de manera espontanea cuando cohabitan, cuando están junto, cuando hacen intercambios, cuando trabajan, cuando producen. Es decir, se trata de una naturalidad de algo que , en el fondo, no tenia existencia hasta entonces y que comienza a ser pensado y analizado como tal: la naturalidad de la sociedad, la creencia en que existe una lógica connatural a las interacciones sociales y que puede ser estudiada y controlada positivamente. Un tercer elemento que empieza a distinguir una nueva doctrina de la policía y del Estado en general, es el seguimiento de nuevos problemas en el campo de la población del Estado. En el fondo, dice Foucault, antes del siglo XIX el problema de la población estaba dominado más bien por el problema del poblamiento y/o del despoblamiento y la obediencia de los súbditos. Después la población se presenta como un problema relativo a los salarios, las posibilidades de trabajo, sus desplazamientos internos, su incremento o decremento, las transformaciones en su composición (proporción de hombres y mujeres, proporción de viejos, adultos, jóvenes y niños, etc.) Dice Foucault, la población como conjunto de fenómenos naturales toma el relevo de la población como agrupamiento de súbditos. La cuarta transformación tiene que ver con las implicaciones que tuvo sostener que los hechos de la población y la economía son hechos naturales. Cuando se afirma eso, se empieza a considerar que no solo no habrá justificación alguna, sino ni siquiera interés en tratar de imponerles sistemas reglamentarios de mandatos, imperativos y prohibiciones. Eso quiere decir que el Estado no puede reglamentar todas las dinámicas sociales y económicas –porque éstas tienen una lógica interna, natural- sino apenas tratar de manejarlas. El Estado tiene la obligación de conocer dicha naturaleza de los fenómenos pero solo puede ensayar manejar partes de dichos fenómenos. Esto quiere decir que el dominio de intervenciones posibles y de intervenciones necesarias se restringe para el Estado. Puesto en otros términos, no se puede reglamentar la naturaleza de los fenómenos sociales solo hay posibilidad de evitar que no se desvíen o que una intervención torpe, arbitraria y ciega los haga desviar. Habrá que introducir entonces mecanismos de seguridad. Los mecanismos de

seguridad o de intervención tiene la función esencial de garantizar el desenvolvimiento de los fenómenos naturales que son los procesos económicos o los procesos de intrínseco a la población. Pero, entonces, ¿qué sucede con la policía en este contexto? La gran policía reglamentaria descrita antes, se disloca en el siglo XIX. La reglamentación del territorio y los súbditos que caracterizaba la policía en el siglo XVII y XVIII, se empieza a cuestionar y ahora habrá un sistema doble. Por una parte, toda una serie de mecanismos correspondientes a la economía, a la gestión de la población, cuya función será justamente incrementar la fuerza del Estado. Por otra parte, un aparato o un cantidad determinada de instrumentos que van a asegurar la prohibición o la represión del desorden, las irregularidades, las ilegalidades y los diversos tipos de delincuencia. Dicho de otra manera, la nueva forma de gobierno y de concepción del Estado se corporificará, en primer término, en grandes mecanismos de regulación de los fenómenos: la economía, el manejo de la población, etc., y, en segundo término, en unas funciones de carácter negativo cuyo objetivo es evitar la aparición de los desordenes sociales y que estará a cargo de la policía. Ahí nace la institución de la policía en el sentido moderno del término. El resultado es que el concepto de policía da un vuelco total, se margina y adopta el sentido puramente negativo que le conocemos. Esta lectura sobre la institución policial es muy diciente de las precauciones que hay que tener a la hora de hacer una lectura cortoplacista de la policía. Para nuestro contexto tendríamos que analizar cómo concibió el Estado colonial español la policía. Adicionalmente, para entender la formación de la institución policial moderna en nuestro continente, será necesario estudiar lo que implicó en términos de la formación de la institución policial, la formación de las repúblicas independientes en América. Ese trabajo aun está por hacerse y existen más preguntas que certezas.

Reformas en la policía en América Latina desde la década de 1990. En el apartado anterior veíamos como se pasa de una idea de policía como sinónimo de buen gobierno a la idea de policía como el despliegue de mecanismos represivos (negativos) destinados a contener el desorden social. Eso hizo que el problema del orden público fuera un tema de la policía y que, durante largo tiempo, no existiera un interés de otros estamentos del Estado por participar en el control de la delincuencia y la ilegalidad. No obstante, desde la década de 1990 en adelante, este problema se empezó a convertir en una estrategia global del gobierno, tanto que los problemas de orden público (delincuencia, crimen, violencia, etc.) empezaron a ser llamados problemas de seguridad ciudadana, seguridad urbana, seguridad pública, etc. El cambio más importante es que la seguridad personal en las ciudades dejó de ser un problema exclusivo de la policía y empezaron a participar nuevos entes del estado. Eso siguiere cambios importantes en los estilos de gubernamentalidad estatal. En esta sección observaremos qué significado tuvo esta nueva gubernamentalidad en las reformas a la policía, en el capitulo siguiente ofreceremos una mirada más global de este tema de la gubernamentalidad actual. Las institución policial en América Latina desde la década de 1990 empezó a sufrir una serie de transformaciones que, aunque no son idénticas en todo el continente, algunos autores sostienen se pueden ver rasgos comunes (Arriagada & Godoy, 1999; Dammert & Malone, 2002; Fruhling, 1998, 2007). Fruhling (2003) sostiene que reformar a la policía en América Latina están influidos por tres factores En primer lugar por el proceso de democratización que tiene lugar durante la década de los años ochenta y noventa en muchos países de la región. En efecto, el hecho de la que la policía hubiera estado directamente involucrada en el aparato represivo de las dictaduras que azotaron el

contenente durante el auge de la Doctrina de Seguridad Nacional, puso en evidencia la incompatibilidad entre las normas democráticas y de derechos humanos y la actuación y características policiales. En segundo lugar, continua Fruhling, el fuerte incremento que experimenta el delito común en casi todos los países latinoamericanos, el que se ve acompañado por la visible presencia del tema del crimen como uno de los problemas que requerirían ser solucionados con urgencia por parte de la autoridad pública también incentivó las reformas en esta institución. Un elemento relacionado con este problema del aumento de la delincuencia y la violencia en las ciudades fue el creciente desprestigio de la policía, la cual era percibida no como un aliado de la ciudadanía en el control del delito sino, por el contrario, como un eslabón de la cadena de inseguridades de las ciudades. Y en tercer lugar, dice el autor, la discusión sobre el cambio policial se da en el contexto de las transformaciones que comienza a experimentar el Estado a nivel global y en Latinoamérica en particular. Dichos cambios se relacionan con la reducción del aparato público, la privatización de empresas públicas, la descentralizan funciones hacia los gobiernos locales o regionales, y el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas de los organismos públicos respecto de la eficacia y eficiencia de sus acciones. Esas ideas de reforma al Estado, alimentan también muchas de las propuestas que se dirigen hacia la policía, específicamente en lo referente a utilizar criterios propios de la administración empresarial con el fin de hacerlos aplicables a la gestión policial. Por otra parte, queda claro que los problemas que enfrenta la policía son comunes en el aparato público de los países latinoamericanos, aunque en el caso de la policía dichas fallas son más graves debido a los poderes coercitivos con los que cuentan sus integrantes (Frühling, 2003). En la grafica 1, se muestra un conjunto de reformas asociadas a la reforma a la policía, que son expresión del régimen de seguridad y policía que se ha empezado a implantar en América Latina. En efecto, se han hecho reformas al sistema judicial y al sistema penitenciario –por nombrar solo dos- para incluir nuevas modalidades de delitos, transformar los procesos de judicialización, descongestionar la justicia, propiciar formas de rehabilitación y de reinserción de los condenados a la sociedad. La característica de estas reformas están basadas en lo fundamental en la aplicación de medidas de mano dura y la penalización cada vez más extendida y drástica sin tomar en cuenta las causas estructurales de dichas dinámicas de violencia e inseguridad (Carranza, 1992; Rico, 1997)

Figura 1. Reforma policial en América Latina.

Fuente: elaboración propia a partir de Fruhling, 2003. La respuesta del Estado y de la misma policía ante la pérdida de legitimidad y prestigio de la institución policial consistió en transformar su doctrina sobre la base de la profesionalización, la modernización operativa y la implementación de varias estrategias de locales de seguridad. La policía de proximidad pretendió combinar los aspectos antes mencionados, no sin dificultades y sin críticos (Ferret, 2009; Herrera Arrando, 1998). Juan Carlos Ruiz (2004), interpreta el surgimiento de la política de proximidad, como la puesta en funcionamiento de una nueva doctrina de seguridad ciudadana en la que la policía empieza a preocuparse y tratar temas referidos, ya no solo al orden público (bandas criminales, narcotráfico, actos terroristas, etc.) que pueden ser considerados de escala más global, sino problemas más cotidianos de seguridad, más cercanos a las necesidad de las personas (robos, atracos, etc.) Él sostiene que existe en inglés dos términos que sinterizarían los cambios de énfasis que la política de policía de proximidad introdujo. El primer término es el de safety referido a la protección integral del individuo y su propiedad y, el segundo término, es el de security que se relaciona más con el mantenimiento del orden público y el papel del Estado para evitar el peligro y las amenazas. Dice Ruiz que durante años la policía se concentró en la security en detrimento de la safety y que la policía de proximidad es una búsqueda de complementariedad y equilibrio entre los dos énfasis (Ruiz, 2004). La figura 2, resume los elementos de esa estrategia de policía de proximidad. En ella se descatan algunos factores comunes, filosóficos, que en cada contexto, como muestra Fruhling (2003) tienen expresiones diversas en los diferentes contextos de América Latina. Dichos rasgos comunes de la policía de proximidad son:

1. Énfasis en el control del temor, o del sentimiento de inseguridad; 2. La intensión de territorializar a una escala más reducida (a nivel de barrio) las estretagias de control de la delincuencia y la violencia urbana; 3. La corresponsabilidad y coproducción de la seguridad, es decir, el involucramiento más directo y formalizados de las personas en la definición de las políticas de seguridad locales. 4. Eso implica la promoción de relaciones estrechas entre policía y comunidad (reuniones periódicas, visita de la policía casa a casa, etc.) 5. Se introduce un mecanismos que es el de rendición de cuentas donde la policía presenta un balance en términos de reducción de la delincuencia ante la comunidad, 6. La policía busca evitar que los actos delictivos sucedan en vez de reprimir o actuar solo en caso de que algún acto de este tipo haya sucedido. Figura 2. Ejes de la policía de proximidad

Fuente: Elaboración propia.

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