Centros sociales okupados: El desalojo de la conciencia colectiva

Ignacio Esteban Fdez. Marta Herrera de la Hoz

CENTROS SOCIALES OKUPADOS

El desalojo de la conciencia colectiva Cientos de espacios culturales de todo el mundo son desalojados por el mero hecho de ubicarse en espacios ilegales Con las últimas cifras de desempleo del país –casi cinco millones de parados, más de un 10% sólo en la capital–, los medios de comunicación bullen de noticias de desalojamientos okupas. Resulta inevitable establecer la relación existente entre ambas realidades. ¿Debemos permitir esta clase de prácticas en un Estado que defiende la propiedad privada? ¿O debe primar un posible interés público en detrimento de los derechos de los propietarios? El desahucio en menos de dos años de los centros okupados más emblemáticos de Madrid, Patio Maravillas y Casablanca, ha reabierto un polémico debate sobre los derechos de los ciudadanos. El primero, de estilo urbanita y un objetivo bastante alejado de los fines políticos, fue desalojado a principios de 2010, aunque en la actualidad vuelve a encontrarse en funcionamiento. El segundo, despejado de ‘inquilinos’ hace unas pocas semanas, constituía el punto de reunión de varios estudiantes universitarios donde debatían acciones para reivindicar sus derechos en materia de educación. Este segundo desalojo se recuerda por especialmente escandaloso, ya que fue emitido en streaming desde la joven plataforma ‘Toma la Tele’, surgida con motivo del movimiento 15M. En concreto, el portal logró cierto reconocimiento por mostrar imágenes de una reportera que fue tratada con gran violencia durante el desahucio y a la que posteriormente se la amenazó con una querella en caso de difundir los vídeos. MADRID, 5/12/2012 //

Estos incidentes son solo la punta de un descomunal iceberg que ha abierto una caja de Pandora llena de críticas por parte de la población a los sistemas políticos de España y el resto de Europa. Ante la brutalidad policial demostrada en algunos casos, una parte de la sociedad no puede dejar de preguntarse si serán estos desalojos una herramienta para silenciar y dispersar la opinión del pueblo. ¿Nos encontramos ante medidas propias de un régimen fascista que castiga el ejercicio de los derechos fundamentales y la cultura gratuita o se trata únicamente de garantizar la efectividad de las leyes? Lo que parece evidente es que algo está cambiando en el país si uno de los centros sociales madrileños de tendencia más anarquista, La Enredadera, ha logrado un acuerdo con el propietario del local que okupaba con el apoyo de todos los vecinos del barrio. LOS CENTROS SOCIALES OKUPADOS

Ya se trate de los Centros Sociales Juveniles (CSJ) europeos, de los Centros Sociales Okupados Autogestionados (CSOA o simplemente CSO) españoles o de otras posibles denominaciones (casales en Cataluña, gaztetxe en País Vasco…), en cualquier caso el llamado ‘movimiento okupa’ –denominación popularizada por los medios frente a las anteriores– se articula desde hace años en torno a dichos lugares culturales, basados en los ateneos populares o libertarios de comienzos del siglo XX. Estas ‘Casas del Pueblo’, como también se los conocía, prosperaron notoriamente durante el segundo tercio de siglo con el éxodo rural de la población, el cual inspiró, junto con los ideales hippies y posteriormente punks, el movimiento de los squatters anglosajones, que pronto se 1

extendió a lo largo y ancho del continente, desde los crackers holandeses y los besetzers alemanes hasta los okupas españoles. Tal es así que incluso llegaron a legalizarse barrios enteramente okupados, como el Krenzberg de Berlín, y hasta surgieron verdaderas ciudades libres, como Christiania (Copenhague). Con respecto a los actuales CSOA, constituyen entidades autofinanciadas mediante donaciones y recaudaciones que se organizan mediante un sistema horizontal de jerarquía. Por tanto, todos los vecinos e integrantes participan por igual en la toma de decisiones, tendencia de clara inspiración democrática y, en cierto sentido, comunista (desde la perspectiva del socialismo utópico europeo), a pesar de que la okupación no se encuentra vinculada, por lo general, a una ideología o estética –como hipotética tribu urbana– determinadas, si bien suelen caracterizarse por una oposición al sistema establecido. En España, estos centros han desarrollado durante más de treinta años innumerables actividades en favor de sus vecinos y de los barrios como ‘espacios alternativos’, destacando la gran cantidad de talleres gratuitos (de idiomas, baile, creación literaria, música, deportes, sexualidad, etc.) que profesores voluntarios imparten permanentemente. Además de contar con bibliotecas, salas de estudio, clubes de lectura, gimnasios, locales de ensayo, salas de conciertos y departamentos de asesoría jurídica (entre otras facilidades), suelen organizar conciertos, ciclos de cine, fiestas y seminarios acerca de la realidad política social e internacional, contando en ocasiones con auténticas profesionales en la materia. Resulta meritoria asimismo la labor de ayuda que prestan a personas inmigrantes con sus papeles y cualquier otra duda o problema que tengan. [SUMARIO: La okupación tiene una finalidad política. Es una consecuencia, no un problema] APORTACIONES CULTURALES Y SOCIALES

A la luz de lo expuesto, cabe afirmar que estos centros sociales realizan importantes aportaciones a los barrios donde se enclavan, si bien operando desde edificios que no les pertenecen. Debido a ello, sin perjuicio de la convivencia pacífica lograda en ciertas ocasiones (se han citado algunos ejemplos con anterioridad), a menudo estas comunidades de actividad alternativa se han encontrado con una oposición vecinal, empresarial, mediática e ideológica por asociarse con movimientos radicales antisistema, con el consumo y tráfico de estupefacientes o, aprovechando la terminología de moda, con la comunidad ‘perroflauta’. Nada más lejos de la realidad. Y de hecho, los principales difusores de semejantes equívocos han sido nuevamente los medios de comunicación, los mismos que aún se resisten al lenguaje del movimiento y siguen hablando de okupas. No es esta una cuestión fácil de explicar sin anotar previamente algunos caracteres básicos del movimiento de los centros sociales. Contrariamente a lo que cree una amplia mayoría de la población (al menos en España), se trata de un movimiento social y político consistente en aprovechar terrenos o edificios abandonados temporal o permanentemente no sólo con el fin de responder a una eventual situación de necesidad económica debida a la coyuntura del país, sino como medio de denuncia ante las dificultades para acceder a una vivienda que supuestamente garantiza el tan citado artículo diez de la Constitución Española. Dicho de otro modo, no se trata de ocupar

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simplemente una vivienda ajena porque «no es de nadie» ni de tomarse uno la justicia por su mano; la okupación tiene una finalidad política, social y, a menudo, cultural. En palabras de Víctor, colaborador del CSO La Fabrika, «es una consecuencia, una respuesta, no un problema». Esta aparente utopía, no exenta de dificultades en la práctica, es la esencia del movimiento, y este no puede entenderse sin comprender previamente aquello. Parafraseando un habitual eslogan okupa, «cuando vivir es un lujo, ocupar pasa a ser un derecho». Y ello es así porque la propiedad no es exclusivamente un derecho, sino también una responsabilidad. Es en esta línea donde el movimiento encuentra su significado, no pudiendo identificarse, como pretenden sobre todo algunos medios, con los grupos de vándalos que asaltan viviendas particulares y toman posesión de las mismas, por mucho que pretendan autodenominarse okupas. De hecho, uno de los fundamentos de los centros sociales es que suelen localizarse en edificaciones y solares abandonados no por particulares, sino por entes del Estado o empresas privadas, lo que no es baladí en un país donde existen más de doscientas mil viviendas, solo en la capital, construidas a estrenar. [SUMARIO: Solo en Madrid existen más de doscientas mil viviendas a estrenar] REVUELO MEDIÁTICO Y VIOLENCIA

Esta situación es la que permite comprender el revuelo ocasionado hace un año con respecto al hotel okupado, dentro del movimiento 15M. Este hotel, en pleno centro de Madrid, fue okupado con la finalidad de dar un hogar a todas las familias que habían sido desalojadas de sus viviendas. En dicha ocasión, la expresidenta de la comunidad Esperanza Aguirre ‘delegó’ la responsabilidad de contestar a las acusaciones de pasividad ante la situación a la Delegación del Gobierno, que llevó a cabo el desalojo entre duras críticas por la actuación policial. Ese mismo día se produjo una manifestación de dos mil personas en protesta por lo ocurrido. Los atónitos manifestantes no podían creer que familias enteras con niños muy pequeños hubieran sido ‘lanzadas’ de sus ‘hogares’ (las minúsculas habitaciones del hotel donde vivían), donde recibían comida caliente y recursos proporcionados por la generosidad popular. Este hotel causó casi tanta conmoción como el desalojo de Tacheles, centro okupado de Berlín. Tacheles era uno de los centros de arte más importantes y reconocidos a nivel internacional por numerosos artistas llegados de todos los rincones del mundo, que aprovechaban el centro para agruparse en armonía sin importar la disciplina a la que se dedicaran. Fines humanitarios y fines artísticos. Fines nobles desalojados. Después de todo, no es sencillo discernir dónde se encuentra el límite legal que permite eliminar beneficios sociales por localizarse en centros ilegales. ¿Acaso no garantizan todas las Constituciones el derecho al desarrollo personal, cultural e intelectual? Garantía que de momento sigue ofreciendo la Tabacalera, otro de los emblemas de la capital española, que acoge numerosas exposiciones y ciclos de cine de muy variada índole. Sin embargo, el ideario de la okupación se ha visto contaminado a consecuencia de la actividad de ciertos individuos. Aunque debe recordarse que el movimiento encuentra sus orígenes en las ideologías hippie y punk, no parece admisible el uso que de él hacen sujetos autodenominados okupas que simplemente pretenden privar a los propietarios de

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sus inmuebles para organizar fiestas y ‘botellones’. Esta corrupción del significado del movimiento ha servido como fundamento para las críticas de amplios sectores de la sociedad, en los que por supuesto cabe incluir a los medios de comunicación y el Gobierno. Esto es así hasta el punto de que se han denunciado auténticos «montajes para manipular a la opinión pública», como el escandaloso ‘caso Veiret’, en el cual el propietario de todo un bloque de pisos en Barcelona aprovechó para calificar de okupas a los inquilinos que tenía alquilados ilegalmente. En definitiva, se puede observar cómo las cúpulas del poder político y mediático pretenden dirigir la opinión pública en contra de esta clase de movimientos usando como excusa argumentos fundamentalmente basados en la ignorancia generalizada con respecto a la esencia de los mismos. Esta ignorancia contrasta con el destacable hecho de que cada vez más ciudadanos (no sólo jóvenes, también ancianos) acuden a estos centros y les ofrecen su apoyo incondicional. Ello es muestra de que la conciencia del pueblo está cambiando: los derechos culturales y de libre asociación se exigen cada vez con mayor ímpetu, y las medidas policiales actúan con la misma fuerza en sentido contrario. La conclusión del ideario de los centros sociales okupados la resume en sus declaraciones Mariela, una de las okupas más representativas del CSO El Dragón y una de las más implicadas en su continuidad: «La defensa de los centros es la defensa de los derechos sociales. Pese a las críticas, creemos que la sociedad y sus derechos deben ser gestionados por los vecinos del barrio. El barrio debe ser para el barrio, no de los especuladores».

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