CASO DEL CARPINTERO REAVIVA EL DEBATE SOBRE LA EXTRADICIÓN

CASO DEL CARPINTERO REAVIVA EL DEBATE SOBRE LA EXTRADICIÓN
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Ariel Josué Martínez se ha librado in extremis de ser extraditado a Estados Unidos a petición de una Corte del Distrito Sur del estado norteamericano de Florida.

Su dramático caso, que ha movilizado a la Iglesia, a su pueblo de San Vicente del Caguán (Caquetá) y a medios de comunicación, ha devuelto al debate público el tema de la extradición y los errores en la identificación de delincuentes.

Martínez fue confundido con un responsable de lavado de dinero del narcotráfico. Según las autoridades norteamericanas, blanqueaba fondos a través de un complejo entramado en el ciberespacio. Sin embargo, el acusado ni siquiera sabía encender un computador. Finalmente, los Estados Unidos retiraron la solicitud de extradición cuando la misma ya estaba firmada por el Presidente Santos.

La extradición en el derecho colombiano
La extradición es un mecanismo de cooperación jurídica entre países para mejorar la persecución de delitos realizados en más de un país o para perseguir delincuentes fugados de su país de origen o de aquél en el que hayan cometido delitos.

Como tal, supone una regulación del principio de soberanía de cada nación. Se rige por la legislación interna de cada país, la cual además suele remitirse a los Tratados Internacionales multilaterales y bilaterales.

Proceso de extradición en Colombia


Se inicia con una solicitud que identifique al individuo y el delito que la motiva. El Fiscal General de la Nación emite orden de captura contra el presunto delincuente, que una vez capturado, permanece 60 días a disposición de la Fiscalía
En ese plazo, el país requirente ha de entregar documentación donde debe constar que el delito por el que se persigue a esa persona está tipificado en Colombia y que se ha emitido resolución por la autoridad nacional competente en el país solicitante.

El Ministerio de Justicia determina si existe tratado internacional aplicable o si se aplica de modo supletorio la ley colombiana. Tras ello, la Corte Suprema emite dictamen sobre cuestiones formales del proceso, absteniéndose de las materiales (pruebas). Si la Corte emite dictamen desfavorable a la extradición, el Gobierno no puede llevarla a cabo. Si el dictamen es favorable, el Gobierno puede aplicarlo o no.

Se demandan garantías para el extraditado, como que la pena no supere la contemplada en Colombia, que no pueda ser condenado a pena de muerte ni cadena perpetua y que sea por delitos graves.

Discrepancia entre defensores y críticos de la extradición
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https://youtu.be/aRtvLgZotvQ

El caso de Ariel Josué Martínez, quien valora presentar una demanda por los daños causados durante su captura y cautiverio de seis meses a la espera de la extradición, se une al de aquellos que incluso llegaron a ser extraditados erróneamente.

Personas como Gabriel Consuegra Martínez, platanero de Barranquilla absuelto en Manhattan de narcotráfico o Carlos Antonio Ortega, piloto acusado por una Corte de Florida, se suman al de Nelson Vargas, que durante 4 años estuvo acusado de un triple asesinato, o Margarita Salinas Forero, comisionista de bolsa erróneamente acusada de lavado de dinero.

Estos casos son considerados como un fracaso de la Justicia colombiana por críticos con la extradición como, quienes considera que faltan garantías probatorias en el procedimiento y que las razones políticas motivan un número tan alto de extradiciones poco revisadas.

Afirman que si el delincuente tiene deudas con la Justicia colombiana, no debería ser extraditado y que con sistemas judiciales extranjeros los delincuentes obtienen penas más bajas que en Colombia y no indemnizan al Estado ni a los ciudadanos colombianos.

En cambio, para Jaime Arrubla Paucar, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, la extradición es un instrumento eficaz, si bien se ha de ser más riguroso para evitar errores como el del carpintero Martínez. Opina también que es necesario un nuevo tratado de extradición con Estados Unidos, ya que hoy se aplica nuestro derecho interno por un defecto formal a la hora de ratificar el tratado anterior.