Carrusel de la contratación: corrupción y escándalo en Bogotá

Carrusel de la contratación: corrupción y escándalo en Bogotá

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En 2010, en Bogotá la política se vio envuelta de corrupción en uno de los escándalos más importantes de la historia de Colombia. El motivo fue el denominado "Carrusel de la contratación", que se dio durante el período de alcaldía de Samuel Moreno Rojas, integrante del Polo Democrático Alternativo. Actualmente, el ex alcalde es una de las personas condenadas por este caso de corrupción.
Las pruebas que aparecieron el 25 de junio delataban que Germán Olano, quien fue congresista de la República, negoció con Miguel Nule Velilla, quien dirigía la empresa Grupo Nule, y le dio a este millonarias comisiones. La empresa de Nule Velilla se encargaba de realizar obras públicas en Bogotá.
Los síntomas de la corrupción
Uno de los síntomas de estas negociaciones ilegales fueron obras de transporte público, cuya tercera fase de construcción correspondía en un 70% al Grupo Nule. El desarrollo de las obras presentó un retraso de un par de años debido a los problemas financieros de la empresa encargada, TransMilenio, que fueron consecuencia, en gran parte, a una mala administración. El detrimento patrimonial del Estado fue cercano a 2,2 billones de pesos colombianos.
Fue en 2010 cuando el ex alcalde dio orden de que cese el contrato con Transvial, debido a que salió a la luz que hubo un desvío de fondos que originalmente eran anticipos de obras. Fueron 80 mil millones de pesos colombianos que finalmente se destinaros a otros intereses, y no a sus originales.
El ex alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, se desligó de la situación en aquel entonces. Pero la denuncia de Alejando Botero (contratista) ante la Fiscalía y la Contraloría complicó la situación del ex alcalde. La denuncia hacía referencia a contratos irregulares encabezados por Emilio Tapia (abogado) y Julio Gómez (empresario) que, según el contratista, eran los líderes de una mafia que se apoderaba de distintos contratos de construcción en Bogotá. También reveló que esta mafia tenía contacto con varios funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano, y hasta con el asesor del ex alcalde, Leonardo Echeverri.
Casi a mitad de 2010 aún no se sabía qué había sucedido con las millonarias comisiones que el Grupo Nule había recibido para, supuestamente, terminar las obras que le correspondían. Además, varias obras estaban retrasadas, por lo que Liliana Pardo tuvo que renunciar al cargo de directora del Instituto de Desarrollo Urbano.
Esto, además, fue generando un "hueco fiscal" en el Estado. Los costos excesivos de las obras de TransMilenio dejaban su consecuencia. Hubo sospechas también de que el hermano del ex alcalde buscaba beneficiarse de la realización de la autopista Vía Bogotá, que estaba a cargo del Grupo Nule, y también tenía retraso.
Y eran varias las obras que tenían retraso. Esto dejaba múltiples consecuencias negativas para Colombia. Las obras públicas se veían estancadas. La competitividad del país disminuía. La construcción del Metro de Bogotá estaba no avanzaba; así como tampoco la Calle 26, la doble calzada Bogotá-Girardot; y había una falta de cumplimento de 50 contratos de obras públicas en todo el país, la mayoría en Bogotá. A esto se le suman 400 millones de dólares que habían desaparecido.
Guido Alberto Nule aprovechó para salir del país en 2010 e irse a vivir a Italia, ya que aún no era requerido por la justicia. De todos modos, un año más tarde, en 2011, él junto a sus primos Miguel y Manuel Nule fueron condenados a 7 años y medio de prisión. Se los acusó del delito peculado (malversación de fondos públicos) por apropiación; además de falsedad en documento privado, fraude procesal, concierto para delinquir y cohecho.
Mauricio Galofre fue acusado también por el delito peculado por apropiación,y condenado a 72 meses de cárcel. Según el juez Martínez, quien se encargó de la causa, el Grupo Nuel incurrió en delitos de corrupción, en donde hubo sobornos y diversas irregularidades en contratos con varias entidades, entre ellas el Instituto de Desarrollo Urbano. De hecho, otro de los condenados fue el ex director técnico del Instituto, el señor Inocencio Meléndez, condenado a 7 años y medio de prisión y a pagar 63 millones de pesos. Son varios los delitos por los que fue condenado: prevaricato por omisión en calidad de coautor, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido de contratos y prevaricato por acción en calidad de autor.
En agosto pasado se determinó que Samuel Moreno, el ex alcalde, sea destituido e inhabilitado por 18 años. El listado de implicados contiene también al senador Iván Moreno, al ex gobernador de Cundinarmarca Álvaro Cruz Vargas, y a varios contratistas, concejales y representantes a la Cámara y funcionarios públicos. Pero la lista de involucrados, y las condenas que deberán cumplir, se va agrandando a medida que pasa el tiempo y se desarrollan las investigaciones.