Cargas y Deberes Probatorios de las Partes en el Nuevo CPC brasileño

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Descripción

I N S T I T U T O

P A C Í F I C O

Renzo Cavani Vitor de Paula Ramos (Coordinadores)

Prueba y proceso judicial Presentación de

Daniel Mitidiero Prólogo de

Eugenia Ariano Deho

INSTITUTO PACÍFICO

Prueba y proceso judicial Coordinadores Renzo Cavani Vitor de Paula Ramos Primera Edición - Febrero 2015 Copyright 2015 © Instituto Pacífico S.A.C. Diseño, diagramación y montaje: Georgina Condori Choque Ricardo De la Peña Malpartida Anyela Aranda Rojas José Carrascal Quispe Diego Camasca Borja

Edición a cargo de: Instituto Pacífico S.A.C. - 2015 Para su sello editorial Pacífico Editores Jr. Castrovirreyna Nº 224 - Breña Central: 332-5766 E-mail: [email protected] Tiraje: 3,000 ejemplares Registro de Proyecto Editorial

: 11501051500129

ISBN

: 978-612-4265-05-1

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° : 2015-01390 Impresión a cargo de: Pacífico Editores S.A.C. Jr. Castrovirreyna N° 224 - Breña Central: 330-3642 Derechos Reservados conforme a la Ley de Derecho de Autor. Queda terminantemente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, químico, óptico, incluyendo el sistema de fotocopiado, sin autorización escrita del autor e Instituto Pacífico S.A.C., quedando protegidos los derechos de propiedad intelectual y de autoría por la legislación peruana.

Cargas y deberes probatorios de las partes en el nuevo CPC brasileño

Cargas y deberes probatorios de las partes en el nuevo CPC brasileño* Vitor de Paula Ramos Sumario 1. Introducción.- 2. Bases teóricas.- 2.1. Distinción entre carga y deber: un problema de Teoría del Derecho.- 2.2. La importancia de la completitud del material probatorio para la búsqueda de la verdad.- 3. Actividades probatorias de las partes en el nuevo CPC brasileño.- 3.1. Carga de la prueba y dinamización positivada: ¿solución o problema? 3.2. La revigorización del deber de exhibir documentos, sus límites y la revocación de la Súmula 372.- 3.2.1. El artículo 386º y la inexistencia del derecho a la no producción de prueba contra sí mismo en el ámbito civil.- 4. Conclusiones.- 5. Bibliografía

1. Introducción El Derecho opera a través del lenguaje y de conceptos, de modo que debe ser preocupación de todo y cualquier estudioso la búsqueda por la claridad. En otra oportunidad,1 fue nuestra preocupación delimitar los contornos del derecho fundamental a la prueba, demostrando ser un elemento indisociable del derecho al proceso justo, diferenciándolo del derecho al contradictorio y del derecho a la amplia defensa. En aquella oportunidad, inclusive, ya defendíamos la necesidad de la separación de lo que comúnmente es llamado como “carga de la prueba” en dos cosas diferentes: (i) en el deber de la parte de producción de pruebas, cuando así es ordenado por el juez (con base en el art. 130º y 14º, V, CPC)2 y (ii) en el deber de que el juez decida conforme a la regla de decisión (en el texto referido hablamos de regla de “distribución de riesgos” de la demanda).3 En dicha ocasión, sin embargo, no fue nuestra preocupación hacer un análisis pormenorizada de los conceptos de carga y deber, y mucho menos * 1

Traducción de Renzo Cavani. PAULA RAMOS, Vitor de. “Direito Fundamental à Prova”. In: Revista de Processo, pp. 4161 (hay traducción al castellano: “Derecho fundamental a la prueba”, trad. Renzo Cavani. In Gaceta Constitucional, pp. 286-299).

2

Ibídem, p. 295.

3

Ibídem, pp. 295-296.

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abordar el tratamiento que sería dado al derecho probatorio en el nuevo CPC (en la época aún en estado seminal). Con la idea profundizar los pasos formulados en nuestro estudio anterior, el presente tiene, por tanto, el objetivo de realizar la diferenciación entre carga y deber desde el punto de vista de la Teoría del Derecho y, posteriormente, analizar qué cargas y deberes podrán gravar a los litigantes a la luz del texto del nuevo CPC.

2. Bases teóricas 2.1. Distinción entre carga y deber: un problema de Teoría del Derecho La primera importante característica de la carga (que ya llamara la atención de la doctrina desde las primeras construcciones científicas sobre el tema4) se orienta en el sentido de que la no adopción del comportamiento descrito por el texto normativo es tolerada por el ordenamiento jurídico, no creándose, así, un estado contrariedad a este, de ilícito.5 De allí que, inicialmente, las cargas fueron tratadas como “reglas finales”6 o “deberes libres”.7 La segunda de ellas, en el sentido de que, mediante la atribución de un “deber libre” (rectius: de una carga); el ordenamiento jurídico otorga al sujeto pasivo la libertad de elección.8 Uniendo ambas ideas, se tiene, en otras palabras, que el ordenamiento jurídico concede, con la atribución de una carga, la posibilidad de que el sujeto pasivo escoja entre opciones igualmente lícitas de comportamiento. Dicha afirmación no significa, sin embargo, que la carga no implique ninguna vinculación respecto de la voluntad del sujeto titular de la carga:9 al final, la regla que atribuye la carga crea una vinculación (una consecuencia jurídica) que, sin la propia regla, no existiría.10 Basta pensar, en efecto, que lavarse o no los dientes es una acción, en principio, libre de consecuencias jurídicas; 4

Brunetti, Giovanni. Il delitto civile; Brunetti, Giovanni. Norme e regole finali nel diritto.

5 6

Ibídem, p. 74. Ibídem, p. 85. Corroborando haber sido Brunetti el primero en tratar científicamente sobre la carga, cfr. Grau, Eros Roberto. Direito, conceitos e normas jurídicas, p. 115; Oberdan, Tommaso Scozzafava. Voz: Onere (nozione). In Enciclopedia del diritto, pp. 100-110. Brunetti, Giovanni. Norme e regole finali nel diritto, p. 73. La contradictio in adjecto de la expresión “deber-libre” fue apuntada por Bobbio, Norberto. Teoria della norma giuridica, p. 163. En el mismo sentido, cfr. Irti, Natalino. “La perfezione degli atti giuridici e il concettodi onere”. In Saggi di teoria generale del diritto, pp. 107-164, esp. p. 124; Grau, Eros Roberto. Direito, conceitos e normas jurídicas, p. 117.

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Brunetti, Giovanni. Norme e regole finali nel diritto, p. 75. En sentido contrario, como ya fue anotado, cfr. Augenti, Giacomo Primo. L’onere della prova, p. 137. Carnelutti, Francesco. Teoria generale del diritto, 3ª ed., p. 173. La referencia a “deber”, también a cargo del titular de la carga, entra en la crítica ya formulada, respecto de la imposibilidad de un “deber-libre”. Prueba y proceso judicial

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por otro lado, apelar o no una sentencia son actitudes con resultados jurídicos diferentes. La carga, por consiguiente, y al contrario de lo que podría imaginarse,11 opera, al fin y al cabo, también con “intereses” (rectius: fines) públicos:12 se trata de “una forma indirecta de protección de intereses [fines] privados, o (…) una forma de protección mediata de intereses [fines] públicos, o (…) al mismo tiempo ambas cosas”;13 o, inclusive, en otras palabras, de una “técnica sutil y ciertamente menos autoritaria que el deber para que las personas hagan o no ciertas las cosas, conservando, inclusive, la sensación indudablemente agradable, de ser libres”.14 Tutelar de manera mediata un fin público y, al mismo tiempo, de manera indirecta un fin privado es, en efecto, perfectamente posible. Carga, en resumen, puede ser definido de la siguiente forma: (a) es una situación pasiva subjetiva, con estado de sujeción “blando”; (b) atribuido por una regla jurídica imperativa; (c) que describe un comportamiento (positivo o negativo) “apreciado” por el Derecho, pero no categóricamente exigido; (d) que da al sujeto titular de la carga la posibilidad de elección entre opciones igualmente lícitas, haciendo que la no adopción del comportamiento “deseado” no sea, por tanto, ilícita; (e) que no permite que el Derecho utilice su fuerza, sea mediante técnicas coercitivas, sea mediante técnicas subrogatorias, para forzar al sujeto que adopte el comportamiento “deseado”, ya que (f) la consecuencia jurídica para la adopción o no adopción del comportamiento está prevista en la propia regla. El deber jurídico, por otro lado, ocurriría cuando el ordenamiento jurídico vincula “a la conducta opuesta un acto de coerción dirigido a la persona que así se conduce”.15 De esa forma, una “conducta que no es jurídica prohibida es –en este sentido negativo– jurídica permitida”.16 Para dicha corriente, la existencia o no de sanción sería central para la definición de la existencia o no de un deber. “El individuo cuya conducta es el presupuesto al que está ligada

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Es la posición corriente en la doctrina la idea que proviene de Carnelutti, Francesco. Sistema del diritto processuale civile, vol. 1, p. 55, en el sentido de que la carga sería una conducta adoptada en el interés propio del sujeto titular de la carga, al paso que el deber sería una conducta adoptada en el interés ajeno. Tal situación, sin embargo, no parece satisfactoria. Primero, porque como bien fue resaltado por Irti, Natalino. “La perfezione degli atti giuridici e il concetto di onere”. In Saggi di teoria generale del diritto, p. 137, no es posible identificar claramente cuál es el “interés” que está detrás de la regla. Segundo, porque hay diversas situaciones, como en el proceso civil (cfr.Micheli, Gian Antonio. L’onere della prova, p. 80), en donde no es siempre posible separar claramente intereses privados de intereses público.

12

Gavazzi, Giacomo. L’onere – Tra la libertà e l’obbligo, p. 68.

13

Ibídem, p. 69.

14

Ibídem, ídem.

15

Kelsen, Hans. Teoria pura do Direito, 8ª ed., p. 36.

16

Ibídem, p. 46.

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la sanción dirigida”, al violar el deber, provocaría la sanción;17 al cumplir el deber, ella sería evitada.18 La idea viene criticada posteriormente, sustentándose, básicamente, que existe una diferencia entre alguien que “fue obligado” a algo y alguien que “tenía un deber”.19 Al final, “sentirse obligado y tener una obligación son cosas diferentes, aúnque frecuentemente concomitantes”.20 Es decir, en otras palabras, que la “coercibilidad, directa o indirecta, tenga carácter tendencial, pero no constante ni necesario del deber jurídico”.21 La verdad, sin embargo, es que el deber jurídico describe una conducta (positiva o negativa) que el Derecho no solo aprecia, sino exige. No existen más, como en la carga, conductas igualmente lícitas, ni opción para el sujeto pasivo. La conducta descrita debe, en otras palabras, ser adoptada; el Derecho no tolera si no adopción. El contenido del deber es, por tanto, el “comportamiento con el que el sujeto debe [è tenuto a] manifestar su obediencia, es decir, la estructura de su acción”.22 Y el sujeto pasivo no puede “comportarse a no ser del modo establecido, cumpliendo el acto debido”.23 Para evitar la práctica, reiteración o continuación del ilícito, el Derecho utilizará su fuerza, sea mediante técnicas subrogatorias (sustituyendo la voluntad del sujeto pasivo), sea mediante técnicas coercitivas (para forzar la voluntad del sujeto pasivo), sea mediante la imposición de sanciones que, inmediatamente, desestimulen al sujeto a que adopte la conducta (para que este, sabiendo de esa consecuencia, desista de adoptar la acción ilícita).24 Deber, en resumen, puede definirse de la siguiente forma: (a) es una situación pasiva subjetiva, con estado de sujeción “radical”; (b) atribuido por una regla jurídica imperativa; (c) que describe un comportamiento (positivo o negativo) exigido por el Derecho; (d) que no da elección al sujeto: la adopción del comportamiento exigido es lícita y la no adopción es ilícita; (e) que 17

Ibídem, p. 131.

18

Ibídem, idem. Dicha idea dio ocasión a un amplio debate doctrinario, viniendo a ser criticada por Hart, una vez que este defendía la diferencia entre alguien que “fue obligado” y alguien que “tenía un deber”. Para la crítica, cfr. Hart, Herbert Lionel. The Concept of Law, 1ª ed., 10ª reimpresión, p. 80.

19

Ibídem, ídem.

20

Ibídem, p. 86.

21

Betti, Emilio. Voz: Dovere giuridico (teoria gen.). In Enciclopedia del diritto, p. 58.

22

Frosini, Vittorio. Voz: Dovere. In Novissimo digesto italiano, p. 703.

23

Palermo, Antonio. Voz: Obbligo giuridico. In Novissimo digesto italiano, p. 703.

24

Si un policía ve un sujeto a punto de asesinar a otro debe impedirlo, aún si el ofensor afirmase que está dispuesto a ser encarcelado después de la práctica del ilícito pretendido. Ello porque “no matar” es un deber jurídico, y el Derecho debe usar su fuerza para impedir su práctica/ reiteración/continuación. El ejemplo es de Augenti (L’onere della prova, p. 133).

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exige que el Derecho utilice su fuerza, sea mediante técnica coercitivas, sea mediante técnicas subrogatorias, para forzar al sujeto a adoptar el comportamiento exigido, inclusive preventivamente, ya que (f) la consecuencia jurídica para la adopción o no adopción del comportamiento estará no solo prevista en la propia regla, sino también en la fuerza del Derecho. Corresponde, finalmente, destacar que, al contrario de lo que parte de la doctrina sustentó,25 la distinción entre carga y deber no es algo que se refiere exclusivamente al proceso, sino un problema de Teoría del Derecho.26 La distinción aquí trazada sirve, por tanto, para el proceso civil como para el derecho civil, tributario, etc.

2.2. La importancia de la completitud del material probatorio para la búsqueda de la verdad Otro aspecto importante vinculado a la prueba judicial es saber el porqué de la preocupación del Derecho con la calidad del material probatorio y, principalmente, con su completitud. Inicialmente, por tanto, es necesario diferenciar “estar probado” de “ser verdadero”. Es que la prueba tiene una relación teleológica27 con la verdad, en el sentido de que el fin de la prueba es buscar la verdad; sin embargo, no es porque algo esté probado que necesariamente deba ser verdadero. Algo (p) está probado cuando existen “elementos de juicio suficientes a favor de p (…), con independencia de la veracidad o falsedad de la proposición p”28 (“elemento de juicio” es aquí entendido como “cualquier enunciado fáctico descriptivo del que se puedan obtener directa o indirectamente inferencia para la corroboración o refutación de la hipótesis principal del caso”29). La verdad, por otro lado, viene definida en el insight aristotélico: “verdadero es decir que lo que es, es, y lo que no es, no es”,30 o, posteriormente, en el sentido de que “proposiciones pueden ser verdaderas o falsas solamente en la medida en que son retratos [pictures] de la realidad”.31 Se trata, por tanto, de la idea de correspondencia: una proposición es verdadera si corresponde a lo que ocurrió efectivamente en el mundo real.

25

A título ejemplificativo, cfr. Palermo, Antonio. Voz: Obbligo giuridico. In Novissimo digesto italiano, p. 114.

26

Marinoni, Luiz Guilherme y Arenhart, Sérgio Cruz. Prova, p. 177; Leonardo, Rodrigo Xavier. Imposição e inversão do ônus da prova, p. 53.

27

Ferrer Beltrán, Jordi. Prueba y verdad en el Derecho, 2ª ed., p. 56.

28

Ibídem, p. 37.

29

Ibídem, p. 35, nota 24.

30

Aristóteles. Metafísica, Livro IV, 7, 1011b25, p. 107.

31

Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. In Major Works, p. 25.

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Una vez que el Derecho tiene como una de sus funciones principales la ordenación de conductas,32 es muy importante que el derecho probatorio esté orientado hacia el fin de busca la verdad, o sea, que sea un instrumento para ella;33 ello para que se aumenten las posibilidades de que la prueba refleje aquello que realmente ocurrió en el mundo real. De otro modo, en caso las consecuencias jurídicas estén atribuidas aleatoriamente,34 no habría ninguna vinculación entre las conductas individuales y las consecuencias jurídicas, no existiendo, así, ninguna razón para que alguien se comporte de acuerdo con lo establecido por las normas jurídicas. El Derecho perdería su capacidad de ordenar conductas.35 De allí la importancia de que el proceso y el derecho probatorio sean “truth-conducive”,36 “truth-oriented”.37 Caso contrario, mejor sería abolir cualquier medio de prueba, volviendo a métodos antiguos de resolución de conflictos, más céleres y baratos, como lanzar una moneda al aire.38 La verificación adecuada de los hechos, además, es un elemento necesario para que una decisión pueda ser considera como justa.39 Y considerando que la corroboración a favor de determinada hipótesis fáctica puede ser mayor o menor,40 se hace necesaria la comprehensiveness;41 esto es, la mayor completitud posible del material probatorio, acarreando una búsqueda más refinada de la verdad y, por tanto, un proceso tendencialmente más justo. Ello porque “la calidad de la prueba de una persona, y, por tanto, el grado de warrant de una asertiva suya, también depende de la cantidad de pruebas relevantes que su prueba incluye”.42 “[U]n mayor conjunto probatorio (…) es generalmente un mejor indicador del truth-value de una hipótesis que uno

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Kelsen, Hans. Teoria pura do Direito, 8ª ed., p. 36; Ferrer Beltrán, Jordi. Prueba y verdad en el Derecho, 2ª ed., p. 22. Abordando las reglas, pero mencionando expresamente la necesidad de authoritative settlement, así como la determinación de aquello que debe ser hecho, Alexander, Larry y Sherwin, Emily. The Rule of Rules. Morality, Rules, and the Dilemmas of Law, p. 12. Taruffo, Michele. La prova dei fatti giuridici, p. 64. El ejempalo y el argumento son de Ferrer Beltrán, Jordi. La valoración racional de la prueba, p. 30. Ibídem, ídem. Goldman, Alvin I. Knowledge in a Social World, reimpresión, p. 29; Ho, Hock Lai. A Philosophy of Evidence Law, 1ª ed., p. 101. Goldman, Alvin I. Knowledge in a Social World, reimpresión, p. 281. Taruffo, Michele. Uma simples verdade, pp. 215-216. Taruffo, Michele. “Idee per una teoria della decisione giusta”. In Sui confini – Scritti sulla giustizia civile, pp. 219-234, esp. p. 224. Haack, Susan. Evidence and Inquiry. A Pragmatist Reconstruction of Epistemology, 2ª ed., p. 118. Ibídem, p. 132. Haack, Susan. Defending Science – Within Reason, p. 68. Prueba y proceso judicial

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menor”;43” hoy, en efecto, “no parece existir duda de que en el plano epistémico deba valer la regla según la cual el grado de confirmación de una hipótesis aumenta con la obtención de pruebas ulteriores, dado que la situación óptima es la de que todas las pruebas posibles sean obtenidas”.44 Uno de los objetivos centrales del derecho probatorio debe ser, por tanto, la búsqueda de la verdad, propiciando, para ello, la mayor completitud posible del material probatorio, a fin de que la decisión y, por tanto, el proceso, sean tendencialmente más justos.

3. Actividades probatorias de las partes en el nuevo CPC brasileño45 3.1. Carga de la prueba y dinamización positivada: ¿solución o problema? El proyecto de nuevo CPC, en su art. 380º, trata sobre lo que la doctrina acordó en llamar “carga de la prueba”. Renueva, así, la redacción del antiguo art. 333º, CPC, de 1973, dando a la parte demandante la “carga” de probar los hechos constitutivos de su alegado derecho y a la parte demandada la “carga” de probar los hechos impeditivos, extintivos y modificativos. La gran novedad, sin embargo, viene en el primer párrafo del referido dispositivo proyecto, pues allí viene abrazada, de manera bastante clara, la dinamización de la carga de la prueba.46 El proyecto permite que “el juez atribuya la carga de la prueba de modo diverso, siempre que lo haga por decisión fundamentada”, considerando criterios como la “excesiva dificultad de cumplir la carga en los términos del caput” o la “mayor facilidad de obtención de la prueba del hecho contrario”. El legislador tiene, así, el cuidado de adoptar las enseñanzas doctrinarias,47 no solo al exigir fundamentación, sino también que la correlativa oportunidad de probar sea concedida al “nuevo” “titular de la carga”. Dicha opción parte de la idea de que, al lado del aspecto objetivo de la carga de la prueba, dirigida al juez, existiría el aspecto subjetivo, que, como 43

Goldman, Alvin I. Knowledge in a Social World, reimpresión, p. 292.

44

Taruffo, Michele. “La valutazione delle prove”. In Taruffo, Michele (coord.). La prova nel processo civile, pp. 223-224.

45

El nuevo CPC brasileño está en la fase final de votación en la Cámara del Senado. El texto, en el parte que interesa para el presente estudio, no parece que sea susceptible a cambios hasta la promulgación, si bien en teoría ello sería posible.

46

“En los casos previstos en la ley o ante peculiaridades de la causa, relacionadas a la imposibilidad o a la excesiva dificultad de cumplir el encargo en los términos del caput o a la mayor facilidad de obtención de la prueba del hecho contrario, el juez podrá atribuir la carga de la prueba de modo diverso, siempre que lo haga por decisión fundamentada. En este caso, el juez deberá dar a la parte la oportunidad de liberarse de su carga que le fue atribuida”.

47

Mitidiero, Daniel. Colaboração no processo civil, 2ª ed., p. 140.

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el propio nombre sugiere, estaría dirigido a las partes, como una especie de “estímulo” dado a ellas para que traigan pruebas al proceso.48 Una vez que el sistema distribuye, teóricamente, “la carga de la prueba sobre aquella parte que, según una regla de experiencia, utilizada por el legislador, est[aría] en su posesión [de la prueba]”,49 imputando la carga a quien posee la prueba, el legislador estaría “influencia”, “estimulando” o “incentivando” a las partes a llevar pruebas al proceso, de modo a “llen[arlo] (…) con todos los elementos necesarios para la formación de la convicción judicial”.50 La dinamización permitiría, por tanto, la corrección de distorsiones de la regla de distribución fija, haciendo, así, que el juez pueda verificar en el caso concreto que determinada prueba no estaría en posesión de quien el legislador imaginara que pueda estar, incrementando, así, el material probatorio. El análisis crítico del dispositivo y de las ideas subyacentes lleva a que se cuestionen algunos datos tomados por ciertos. En primer lugar, conviene destacar que, una vez que algún hecho queda probado (cuando “hay elementos de corroboración suficientes”) no es necesario recurrir a la carga de la prueba. Las consecuencias jurídicas son dadas por el derecho material. Esto es, cuando el art. 927º, CC, dice que quien cause daño al otro será obligado a indemnizar y, en un proceso concreto, queda probado que Pedro causó un daño a Juan, la consecuencia de condenar a Pedro será determinada por el derecho material y no por la carga de la prueba. En segundo lugar, corresponde verificar que, cuando no hay pruebas suficientes, no es posible confirmar ni la versión del demandante ni la del demandado, ni cualquier otra. Basta utilizar una analogía para demostrar el punto con una radiografía desenfocada no es posible que un médico afirme que hubo una fractura ni que no la hubo. Él simplemente no tiene elementos suficientes. De la misma forma, si ninguna prueba es producida, no es posible considerar probado ni que Pedro chocó el carro de Juan, ni que Pedro no chocó el carro de Juan. Es rigurosamente lo que ocurre en cualquier otra área de la vida humana: cuando dos equipos de fútbol empatan 0 a 0, simplemente no es posible decir quién debe ganar. En tercer lugar, corresponde diferenciar la actividad de probar con el resultado de la prueba. La actividad, esto es, el aporte de material probatorio al proceso puede ser hecha por cualquiera de las partes u, hoy en día (en gran parte de los ordenamientos procesales) por determinación del juez. Una parte puede llevar una prueba al proceso, que contraríe frontalmente sus alegaciones. En ese caso, la actividad probatoria habrá sido ejercitada 48

Ibídem, ídem; Carpes, Artur. Ônus dinâmico da prova, p. 54.

49

Augenti, Giacomo Primo. L’onere della prova, p. 146.

50

Mitidiero, Daniel. Colaboração no processo civil, 2ª ed., p. 140.

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por la parte, digamos, demandante, pero la causa será decidida a favor del demandando; ello porque el resultado de la prueba indicará la corroboración objetiva de los hechos que favorecen al demandado, independientemente de que la actividad probatoria haya sido ejercitada por el demandante. Es lo que ocurre, también, cuando el rebelde, que no ejercita ninguna actividad probatoria, vence en el proceso: aún sin existir ninguna actividad probatoria (ni siquiera de contestar la demanda) el resultado es favorable, en dicho caso, al rebelde. Ello porque, en el sistema brasileño, así como en diversos otros, poco importa el origen de la prueba. No importa, para la valoración, para la corroboración de hipótesis fácticas, quién trajo la prueba al proceso. Las pruebas son valoradas como un conjunto unitario. De ahí que, en cuarto lugar, no parece adecuado, considerando lo que fue dicho antes, considerar la “carga” de la prueba como una verdadera carga jurídica, en sentido técnico. Ello justamente porque la elección de la parte, por el sí o por el no (la actividad o la no actividad probatoria), no trae automáticamente ninguna consecuencia jurídica. Lo que la doctrina acordó llamar de carga imperfecta (aquel que no tendría una consecuencia jurídica automática),51 además, no puede ser encuadrado verdaderamente en la categoría de carga. Que un abogado se entreviste personalmente con un juez, o que la parte contrate un buen abogado, ciertamente, son causas que contribuyen al resultado deseado de vencer una demanda; configuran, así, un derecho, un “interés”, pero ciertamente no una carga en sentido técnico. De la misma forma, que un abogado diligente que vaya a entrevistarse personalmente con los jueces aumentará las chances de triunfo, la parte que lleva al proceso pruebas ciertamente puede aumentar sus chances de triunfar, sin que ello, no obstante, pueda ser considerado como una carga. Puede ser un derecho (fundamental a la prueba), un “interés”, pero no una carga en sentido técnico. Uniendo todas esas ideas, queda como mínimo dudosa la posibilidad de que se pueda hablar de alguna dimensión subjetiva en la “carga de la prueba”. Si, de un lado, en el sistema brasileño, no importa quién trajo la prueba (sino solamente que alguien trajo la prueba) y, por otro lado, la actividad probatoria no trae ninguna garantía de resultado favorable, ¿cómo podría el legislador “prometer” a una parte que, mediante el ejercicio de una actividad probatoria venza en el proceso; o, por el contrario, que sin dicho ejercicio, perdería? Se trata, en efecto, de una falsa promesa. Conforme ya fue mencionado, al final, alguien con actividad probatoria máxima puede ser derrotado, cuando las hipótesis fácticas que le favorecen no queden suficientemente corrobo51

Dinamarco, Cândido. Instituições de direito processual civil, vol. III, 2ª ed., p. 85.

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radas objetivamente; de la misma forma, el rebelde con actividad probatoria igual a cero puede vencer en el proceso, en caso, por ejemplo, queden suficientemente corroborados los hechos que le favorecen. Cuando se está “manipulando” las cargas probatorias, por tanto, no se está “manipulando” la actividad de las partes, sino se está alterando la regla de decisión. Así como en el fútbol, para seguir con el ejemplo anterior, el criterio de desempate entra en escena cuando dos equipos poseen el mismo número de puntos. Se trata del momento en que el proceso desistió de la búsqueda de la verdad en un tiempo razonable, pero aún así necesita colocar punto final al conflicto. No es posible afirmar ni que hubo el incidente entre Pedro y Juan ni que no lo hubo, pero aún así el juez debe decidir a favor de uno o de otro. Es lo que ocurre en Brasil en un proceso electoral presidencial si hay empate en la segunda vuelta: el legislador constituyente brasileño determina la renuncia de una ulterior búsqueda de la “voluntad del pueblo”, considerando elegido el candidato más viejo. La posibilidad de que el juez altere el criterio de desempate cuando ya fue propuesta la causa no parece, sin embargo, limpia de problemas de constitucionalidad, una vez que son garantizados tanto la motivación como la posibilidad ulterior de producción de pruebas. No obstante, dicha solución no parece ser la mejor, esencialmente por dos motivos. El primero de ellos, porque, como se puede imaginar, la dinamización de la “carga” de la prueba no tiene el poder de afectar, en lo más mínimo, la actividad de las partes. Considerando la “carga” de la prueba una carga, la parte que no quiere producir una prueba simplemente tiene el derecho de hacerlo. Precisamente como alguien que opta por no presentar un recurso y, por tratarse de una carga, no puede ser forzado a “escoger” en sentido contrario. De allí que, considerando que probar es una carga, sería perfectamente coherente la aún vigente súmula 372 del STJ. De la misma forma, es bastante lógico imaginar que, en caso la parte posea un documento que le favorezca, por ejemplo, tendrá todo el “interés” en llevarlo a juicio. Si el dueño de un estacionamiento posee una filmación en donde el vehículo del demandante aparece ingresando en el establecimiento ya dañado, ciertamente ofrecerá dicha prueba en la demanda indemnizatoria por daños materiales. Rigurosamente, por tanto, cada parte, con la idea de que posee una carga de probar, lleva a los autos solamente los elementos de prueba que les interesa. Y, ante la dinamización no es diferente. Inclusive “amenazada” con que “tal vez” no venza en el proceso por no contribuir con la formación del material probatorio (esto es, por no adoptar ninguna actividad probatoria), le convendrá más a la parte correr dicho (incalculable y, por eso, poco temible) riesgo en vez de contribuir de manera efectiva para su derrota, llevando una 372

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prueba a los autos que, probablemente, sirva para la corroboración de las hipótesis fácticas de la parte contraria. El cálculo es bastante simple: entre correr un riesgo abstracto y genérico, o un riesgo concreto y específico, el justiciable, pudiendo hacerlo, siempre optará por ocultar las pruebas que le desfavorecen, inclusive ante un riesgo “aumentado” por la dinamización del primer párrafo del art. 380º. Y todo ello sin hablar que no es por casualidad que los criterios de desempate, en las más variadas experiencias humanas, son siempre fijados antes del inicio del procedimiento. Es así tanto dentro del Derecho (como en casos de elecciones presidenciales, de concursos públicos, etc.), pero también fuera de él, como en competiciones deportivas, televisivas, etc. La atribución fija del criterio de desempate promovería mejor la calculabilidad52 con relación a los litigios, esto es, de modo a que la parte pueda tener una idea previa sobre si vale la pena o no litigar. Aumenta, también, la capacidad de aceptación de la decisión por parte de aquel en quien el criterio de desempate incida de manera negativa. En conclusión, la dinamización de la “carga” de la prueba, además de causa problemas de seguridad jurídica, principalmente en el aspecto de la calculabilidad, no presente ganancias reales; ello porque las partes, con o sin dinamización, sin un deber de probar, terminan llevando a los autos solamente las pruebas que les favorecen. Así, la dinamización no promueve la mayor completitud del material probatorio, no pareciendo oportuna su adopción.

3.2. La revigorización del deber de exhibir documentos, sus límites y la revocación de la Súmula 372 El CPC de 1973 preveía, en los arts. 355º y siguientes, el procedimiento de exhibición de documentos. A pesar de la confusa redacción y de algunas oscuridades, es posible, en nuestro entendimiento, afirmar que, exclusivamente a partir de la interpretación del texto legal, era posible concluir por la existencia de un verdadero deber de exhibición. Cítese, en ese sentido, primeramente, la expresión del art. 355º, que afirma que el juez puede ordenar que una parte exhiba, lo cual no sería posible si se considerase la actividad de aportar prueba documental meramente como una carga de la parte. En seguida, en el art. 363º, afirmaba que solamente en las hipótesis allí descritas la parte tenía el derecho de no exhibir. A contrario senso, por tanto, en las demás hipótesis, la parte ciertamente tendría el deber de exhibición. Dicha hipótesis solo sería posible en la medida que se considere que la regla del art. 333º (prácticamente idéntica a la del proyectado art. 380º del 52

Ávila, Humberto. Segurança jurídica, p. 126.

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proyecto) pueda ser vista solamente como regla de decisión, como criterio de desempate, una vez que la actividad probatoria, esto es, la exhibición de un documento en juicio, no puede ser considerada, al mismo tiempo, una carga y un deber. Sea como fuere, las consecuencias del incumplimiento de dicho deber de exhibición eran diferentes, dependiendo de si el sujeto resistente era un tercero con relación a la demanda, o una parte. En el primer caso, según el art. 362º, le era posible al juez la utilización de la búsqueda y aprehensión y de fuerza policial, sin perjuicio de la configuración del delito de desobediencia; en la segunda, según el art. 359º, los hechos que se pretendían probar podrían ser considerados “verdaderos” (rectius: probados), contra la parte que no exhibió. Con relación a las consecuencias para las partes, se imaginaba, probablemente, que nada podía ser peor para una parte litigante que tener, contra sí, presumida una hipótesis fáctica que se pretendía probar. No obstante, la experiencia se mostró, como siempre, más rica que la teoría. Primero porque, en algunos casos, no se pretendía solamente probar el “sí o no” de un hecho, sino su contenido. Esto es, no era necesario apenas comprobar que determinado error médico ocurrió, sino cómo ocurrió y cuál fue la dimensión del error. Segundo, porque, en otros casos, se pasó a verificar que la presunción de “veracidad” podría ser destruida ulteriormente por otras pruebas, de modo que, para que el demandado que posea un documento desfavorable, siempre valdría la pena correr el riesgo de luchar contra la presunción en vez de proporcionar, inmediatamente, el material probatorio favorable al adversario. Se pasó a pensar, por tanto, en la jurisprudencia, la posibilidad de utilización de técnicas coercitivas y subrogatorias (tales como la imposición de multa coercitiva y búsqueda y aprehensión) para darle efectividad al deber de exhibición prometido por el legislador (y que, obviamente, tiene, en la otra cara del deber, el derecho a la prueba de la parte contraria). Con el pasar del tiempo, sin embargo, la jurisprudencia del STJ acabó impidiendo que los jueces utilicen tales técnicas. Primero, expidió la súmula 372, que expresamente impidió la imposición de multa en un procedimiento de exhibición de documentos. En seguida, impidió la utilización de la presunción de “veracidad” en caso de demandas preparatorias. Curiosamente, sin embargo, en algunos casos autorizaba la búsqueda y aprehensión de documentos, mientras que en otros casos la impedía.53 53

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“AGRAVO REGIMENTAL EN EL AGRAVO. EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS. DEBER DE EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS CONFIGURADO. EXHIBICIÓN INCIDENTAL DE DOCUMENTO. DECISIÓN AGRAVADA MANTENIDA. INFUNDADO. 1.- Conforme jurisprudencia sentada de esta Corte, tratándose de documento común a las partes, no se admite la recusación de exhibirlo, principalmente cuando la institución recurrente tiene la obligación de mantenerlo mientras no prescriba la eventual acción sobre él. 2.- Según la jurisprudencia consolidada del STJ, en la acción de exhibición de documentos no cabe la aplicación de una multa conminatoria (Súmula 372). Este entendimiento se aplica, por los Prueba y proceso judicial

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Como se puede percibir, la falta de coherencia es grande. Al final, o se consideraba que la exhibición de documentos era un deber, como parecía sugerir la redacción del CPC de 1973 –y de allí todas las técnicas coercitivas y subrogatoias podrían ser utilizadas por el juez (inclusive por el deber de las partes de obedecer las órdenes judiciales, fuerte en el art. 14, V, CPC)– o se consideraba que era una carga, en cuyo caso serían impertinentes cualquier tipo de medidas coercitivas o subrogatorias, inclusive la búsqueda y aprehensión. No hay, en verdad, ningún sentido cuando se habla de carga, de permitir la búsqueda y aprehensión y no permitir multa. El STJ, por tanto, con su interpretación de los dispositivos bajo comentario, acabó por vaciar el deber de exhibición de documentos, volviendo los arts. 355º y subsiguiente en auténtica letra muerta. El proyecto del CPC, por tanto, expresamente positivó el fin de la súmula 372, cuando, en su artículo 407º, § 1,54 previó expresamente la posibilidad no solo de que el juez imponga multas en caso de la no exhibición de documentos, sino también que utilice otras técnicas, como la búsqueda y aprehensión. Se trata, por tanto, sin sombra de dudas, de una regulación deseable del deber de exhibición de documentos, necesaria para que el juez tenga herramientas para promover una búsqueda más completa de la verdad, privilegiando el derecho fundamental a la prueba de ambas partes. Tal herramienta, sin embargo, como todas las otras, no deberá ser usada siempre. Al final, como demuestra la experiencia, cada parte lleva a juicio siempre las pruebas que les interesan, de modo que, como ellas, el juez jamás necesitará preocuparse. La situación cambia de figura, no obstante, ante la prueba que demuestren hechos que no son interesantes para la parte que detiene la prueba. Según fue mencionado anteriormente, dicha prueba, en regla, no será llevada por la parte al proceso y, considerándose la actividad probatoria como una carga, nadie, ni siquiera el juez, podrá forzar a la parte a exhibir. De allí que, si, por un lado, la dinamización de la carga de la prueba no parece tener condiciones de incrementar el material probatorio (porque las partes seguirán llevando al proceso solamente los materiales que les favorezmismos fundamentos, para apartar la conminación de multa diaria para forzar a la parte a exhibir documentos en una medida incidental en el curso de la acción ordinaria. En esta, al contrario de lo que sucede en la acción cautelar, cabe la presunción ficta de veracidad de los hechos que la parte adversaria pretendía comprobar con el documento (CPC, art. 359º), cuyas consecuencias serán evaluadas por el juzgador en conjunto con las demás pruebas que constan en autos, sin perjuicio de la posibilidad de búsqueda y aprehensión en los casos que la presunción ficta del art. 359 no sea suficiente, al prudente criterio judicial (…)” (AgRg en el AREsp 260973/MG, Relator(a) Ministro Sidnei Beneti, Tercera Sala, fecha de la decisión: 26.02.2013, fecha de publcación/Fuente DJe 19.03.2013). 54

Dice dicho texto: “Siendo necesario, puede el juez adoptar medidas coercitivas o subrogatorias para que el documento sea exhibido”.

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can), el deber de prueba hace que las pruebas que no estarían en juicio ante una carga (o de un deber inoperante, como era el caso en el CPC de 1973 interpretado) pasen a estar gracias a un deber operante. Con ello, el legislador del nuevo CPC está promoviendo una deseable mejora en el procedimiento con relación a la búsqueda de la verdad. Al promover una mayor completitud del material probatorio está permitiendo que las decisiones pueda, en mayor medida, reflejar aquello que realmente ocurre en el mundo real. Así, el proceso se vuelve más truth-oriented, mejor equipado tendencialmente para la producción de decisiones justas. Se vuelve, en resumen, en un proceso más justo.

3.3. El art. 386° y la inexistencia del derecho a la no producción de pruebas contra sí mismo en el ámbito civil La deseable y oportuna operatividad del deber de producción de pruebas promovido por el art. 407º, § 1 del nuevo CPC, sin embargo, sufre una amenaza cuando el mismo cuerpo normativo, en el art. 386º, menciona un supuesto derecho de la parte de no producir pruebas contra sí mismo.55 La mera lectura del dispositivo del art. 386º, sin embargo, no puede prescindir de un verificación sobre qué derecho está refiriéndose. Al final, la expresión “salvado el derecho” remite al intérprete, naturalmente, a algún derecho que esté positivado en otro cuerpo normativo. Y este, como podría imaginarse fácilmente, es la Constitución Federal brasileña. Lo que ocurre, sin embargo, es que la Constitución Federal sencillamente no prevé ningún derecho de no producción de pruebas contra sí mismo en el ámbito civil. El derecho de no producción de pruebas en el ámbito penal posee origen en el privilegie against self-incrimination, esto es, el derecho de no autoincriminación. Dicho derecho, ya desde mediados del siglo XVIII, era reconocido en Inglaterra, en la medida que ninguna persona podría ser obligada a proporcionar respuestas incriminadores bajo juramento.56 En la historia americana, dicho derecho fue, posteriormente, positivada por la V Amendment en la Federal Constitution. El texto de dicha Enmienda no deja dudas sobre el ámbito de aplicación de la protección: “[n]adie (…) podrá ser compelido, en ningún caso criminal, a ser testigo contra sí mismo [No person (...) shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself]”. Ni siquiera en los ordenamientos de common law, por tanto, el derecho a la no autoincriminación se aplica, por extensión, en procedimientos que no

55

“Preservado el derecho de no producir prueba contra sí mismo, le corresponde a la parte (…)”.

56

Morgan, Edmund. Basic Problems of Evidence, p. 144.

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son criminales,57 o que la regulación legal es exclusivamente civil.58 Esto es, el demandado en un proceso civil no puede ser obligado a declarar sobre hechos que puedan incriminarlo, pero no tiene ningún derecho de no producir pruebas contra sí mismo con relación a hechos eminentemente civiles. En el ordenamiento jurídico brasileño, por demás, la claridad evidente con la que está redactado el texto constitucional no puede, realmente, dejar dudas sobre el ámbito de aplicación del derecho al silencio: “El preso será informado de sus derechos, entre los cuales se encuentran el de permanecer callado, siéndole asegurada la asistencia de la familia y de abogado” (art. 5º, LXIII). El STF, en la misma línea, reconoce, en dicho texto, un derecho a la no auto-incriminación –o nemo tenetur se detegere– con sus consecuencias para los procesos penales.59 La doctrina apunta a la misma dirección.60 De allí que el derecho mencionado por el texto del art. 386º, único existente en el derecho brasileño, solo puede ser el que posee la parte de no producir pruebas que puedan, en teoría, incriminarle.61 No obstante ello, si el supuesto (e inexistente) derecho de no producir pruebas contra sí mismo no puede servir de límites para el deber de exhibición, otros derechos constitucionalmente garantizados servirán. Ello porque el derecho a la prueba tiene el rango de derecho fundamental, idéntica a la de los otros derechos igualmente fundamentales. Tales límites, obviamente, 57

Allen, Ronald J. y Mace, M. Kristin. “The Self-Incrimination Clause Explained and its Future Predicted”. In Journal of Criminal Law and Criminology, p. 14.

58

Ibídem, ídem.

59

“El privilegio contra la auto-incriminación –nemo tenetur se detegere–, erigido como garantía fundamental por la Constitución (…) implicó compeler al inquiridor, en la policía o en el juicio, al deber de advertir al interrogado de su derecho al silencio: la falta de advertencia –y de su documentación formal– hace ilícita la prueba que el imputado o acusado ofrezca contra sí mismo en el interrogatorio formal (…)” (STF, Primera Sala, HC 80.949-9/RJ. Relator: Min. Sepúlveda Pertence, decidido en 30.10.2001, D. J. 14.12.2001); “El Ministerio Público, sin perjuicio de la fiscalización intra-orgánica y la desempeñada por el Consejo Nacional del Ministerio Público, está permanentemente sujeto al control jurisdiccional de los actos quepratique en el ámbito de las investigaciones penales que promueva ‘ex propria auctoritate’, no pudiendo, entre otras limitaciones de orden jurídico, no respetar el derecho al silencio del investigado (‘nemo tenetur se detegere’), ni ordenarle la conducción coercitiva ni obligarlo a producir prueba contra sí mismo (…)” (STF, Segunda Sala, HC 94173/BA, Rel.: Min. Celso de Mello, Decisión: 27.10.2009, Publicación: 27.11.2009).

60

Cfr., por todos, Malaquias, Roberto Antônio Darós. “Princípio nemo tenetur se detegere no Estado Democrático de Direito”. In Revista dos tribunais, p. 145.

61

A idéntica conclusión se llegó en el II Encuentro de Jóvenes Procesalistas en Brasil, cuando se aprobó por unanimidad el enunciado 50, que dice: “La compatibilización de lo dispuesto en este dispositivo c/c el art. 5º, LXIII, de la CF/88, asegura a la parte, exclusivamente, el derecho de no producir prueba contra sí en razón de reflejos en el ambiente penal”. Disponible en: https://pt.scribd.com/doc/190489212/Enunciados-e-Carta-de-Salvador . Último acceso: 06.10.2014, 22:43.

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serán aquí citados solamente a título ejemplificativo, siendo que un abordaje profundo del asunto demandaría un espacio mucho mayor al que dispone el presente estudio. Un límite constitucional claro, aúnque dotado de gran posibilidad de relativización de acuerdo con las circunstancias del caso concreto, es el derecho fundamental a la vida privada (privacidad e intimidad), que, según la doctrina, consiste “en el derecho de estar solo y ser dejado solo (the right to be let alone), en el sentido, por tanto, de un derecho a vivir sin ser molestado por el Estado y por terceros en lo que corresponde a los aspectos de la vida personal (afectiva, sexual, etc.) y familiar”.62 Dicha limitación, a su vez, encontrará también límites, una vez que, a veces, será precisamente la intimidad del sujeto la que estará en discusión, como en casos de derecho de familia (tenencia de hijos, paternidad, etc.). En esos casos, la limitación no parecerá tan razonable. De la misma forma, el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio podrá servir de límite al deber de producción de prueba. Está protegido por dicho derecho, según la doctrina, “todo aquel espacio (local) delimitado y separado que alguien ocupa con exclusividad, sea para fines de residencia, sea para fines profesionales”.63 La propia regla constitucional del art. 5º, XI, sin embargo, ya trae una autolimitación, que puede y debe ser utilizada para temperar la protección dada por dicho derecho, cuando esté frente al derecho fundamental a la prueba y el respectivo deber de producir pruebas. Se trata de la expresión final de que salvo “durante el día, por determinación judicial”. Finalmente, y resaltando de nuevo la inexistencia de una pretensión de exhaustividad en la enumeración de límites aquí desarrollados, corresponde referir el límite impuesto por el derecho al sigilo profesional, previsto en el art. 5°, XIV, de la Constitución Federal. Ese límite es reconocido, también, por la Rule 26 (b) (1) de las Federal Rules of Civil Procedure, que mencionan expresamente que están dentro del fin del Discovery precisamente las cuestiones “non privileged”, siendo ello explicado por la doctrina por el hecho de que “[d]epositar confianza en esas relaciones es tomado como más importante que otorgar acceso total a esa información para fines del litigio”.64 Lo que es importante notar, sin embargo, es que los sigilos del médico, del abogado, etc., solamente tienen razón de ser para la protección de la intimidad y de la vida privada del propio paciente/cliente. No será posible, por tanto, que el médico, el abogado u otro profesional con deber de sigilo, 62

Sarlet, Ingo; Marinoni, Luiz Guilherme y Mitidiero, Daniel. Curso de direito constitucional, p. 393.

63

Ibídem, p. 405.

64

Friedenthal, Jack H.; Kane, Mary Kay y Miller, Arthur R. Civil Procedure, 4ª ed., p. 406.

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defendiéndose en un proceso contra el propio paciente/cliente, oponga con él mismo el secreto profesional a fin de blindarse frente a la producción de pruebas que pueda perjudicarle. Sea como fuere, sin embargo, aunque el deber de exhibición vaya a sufrir (deseables) limitaciones, esperamos haber demostrado su importante e idoneidad en el sentido de promover una mayor completitud del material probatorio, volviéndose el proceso tendencialmente más truth-oriented y, por tanto, más justo.

4. Conclusiones Primera. El proceso civil del Estado Constitucional tiene que estar preocupado con la búsqueda de la verdad, así como con el desarrollo de procedimiento que promuevan la mayor completitud posible del material probatorio. Segunda. Procediendo así, el proceso se vuelve más truth-oriented, más apto para la producción tendencial de decisiones justas y, por tanto, más justo. Tercera. La dinamización de la carga de la prueba, adoptada por el art. 380, CPC, no tiene condiciones de propiciar la mayor completitud del material probatorio, pues (i) la actividad probatoria no puede ser considerada una carga en sentido técnico; (ii) no existe razón para imaginar una dimensión subjetiva de la “carga de la prueba”; (iii) la regla prevista en el caput del art. 380º es un criterio de desempate, una regla de decisión; (iv) la dinamización permitida por el nuevo CPC significa solamente la posibilidad de que el juez altere la regla de decisión en el caso concreto; (v) inclusive ante la dinamización, sin embargo, considerando la actividad de probar una carga, la parte no posee estímulos concretos para la producción de pruebas contrarias a sus “intereses”; (vi) la dinamización apenas permite que las partes lleven al proceso las pruebas que les benefician, no teniendo el poder, por tanto, de propiciar una mayor completitud del material probatorio. Cuarta. El deber de exhibición de documentos fue revigorizado por el Nuevo CPC en su art. 407º, § 1, derogando de manera expresa la súmula 372 del STJ. Quinta. Con ello, el legislador dio al juez el poder para realmente determinar la incorporación de las pruebas a los autos. Sexta. El deber de exhibición, al contrario de la dinamización, tiene condiciones reales de promover la mayor completitud posible del material probatorio, de modo que el deseable cambio está transformando el proceso civil brasileño en un proceso más justo, en la medida en que vuelve al procedimiento más truth-oriented. Séptima. Ello porque las pruebas que no serían llevadas al proceso, una vez que son contraria a los “intereses” de una parte, ante el deber operativo, pasarán a constar en los autos.

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Octavo. El art. 386º, CPC, al exceptuar el derecho de no producción de pruebas contra sí mismo está refiriéndose exclusivamente al derecho de no auto-incriminación, único garantizado por la Constitución federal. Noveno. No obstante, el deber de exhibición, consecuencia del derecho fundamental a la prueba de la parte contraria, puede ser limitado por otros derechos fundamentales, como, por ejemplo, el derecho a la privacidad, al domicilio y al siglo profesional.

5. Bibliografía Alexander, Larry y Sherwin, Emily. The Rule of Rules. Morality, Rules, and the Dilemmas of Law. Durham-Londres: Duke University Press, 2001 Allen, Ronald J. y Mace, M. Kristin. “The Self-Incrimination Clause Explained and its Future Predicted”. In Journal of Criminal Law and Criminology, 2003. Disponible: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.480143 , último acceso en 19.03.2014, a las 22:15. Aristóteles. Metafísica, trad. Leonel Vallandro. Porto Alegre: Ed. Globo, 1969. Augenti, Giacomo Primo. L’onere della prova. Roma: Società Editrice del “Foro Italiano”, 1932. Ávila, Humberto. Segurança jurídica. Entre permanência, mudança e realização no direito tributário. São Paulo: Malheiros, 2011. Betti, Emilio. Voz: Dovere giuridico (teoria gen.). In Enciclopedia del diritto, V. Milão: Giuffrè, 1965. Bobbio, Norberto. Teoria della norma giuridica. Turín: Giappichelli, 1958. Brunetti, Giovanni. Il delitto civile. Florencia: Bernardo Seeber, 1906. ___. Norme e regole finali nel Diritto. Turín: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1913. Carnelutti, Francesco. Teoria generale del Diritto, 3ª ed. revisada y ampliada. Roma: Società Editrice del “Foro Italiano”, 1951. ___. Sistema del diritto processuale civile, v. 1 – Funzione e Composizione del Processo. Padua: CEDAM, 1936. Carpes, Artur. Ônus dinâmico da prova. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010. De Stefano, Giuseppe. Voz: Onere (dir. proc. civ.). In Enciclopedia del diritto, v. XXX. Milán: Giuffrè, 1980. Dinamarco, Cândido. Instituições de direito processual civil, vol. III, 2.ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002. Ferrer Beltrán, Jordi. Prueba y verdad en el Derecho, 2ª ed. Madrid: Marcial Pons, 2005. ___. La valoración racional de la prueba. Madrid: Marcial Pons, 2007. 380

Prueba y proceso judicial

Cargas y deberes probatorios de las partes en el nuevo CPC brasileño

Friedenthal, Jack H.; Kane, Mary Kay y Miller, Arthur R. Civil Procedure, 4.ª ed. St. Paul: Thomsom West, 2005. Frosini, Vittorio. Voz: Dovere. In Novissimo digesto italiano, vol. VI. Turín: UTET, 1975. Gavazzi, Giacomo. L’onere – Tra la libertà e l’obbligo. Turín: Giappichelli, 1970. Goldman, Alvin I. Knowledge in a Social World, reimpresión. New York: Oxford University Press, 2003. Grau, Eros Roberto. Direito, conceitos e normas jurídicas. São Paulo: Editora RT, 1988. Haack, Susan. Defending Science – Within Reason. Nueva York: Prometheus Books, 2007. ___. Evidence and Inquiry. A Pragmatist Reconstruction of Epistemology, 2.ª ed. expandida. New York: Prometheus Books, 2009. Hart, Herbert Lionel. The Concept of Law, 1.ª ed., 10.ª reimp. Oxford: Oxford University Press, 1979 HO, Hock Lai. A Philosophy of Evidence Law [2008], reimpresión. Oxford: Oxford Universisty Press, 2010. Irti, Natalino. “La perfezione degli atti giuridici e il concetto di onere”. In Saggi di teoria generale del diritto. Milán: Giuffrè, 2008. Kelsen, Hans. Teoria pura do Direito, trad. João Baptista Machado, 8.ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2009. Leonardo, Rodrigo Xavier. Imposição e inversão do ônus da prova. Río de Janeiro: Renovar, 2004. Malaquias, Roberto Antônio Darós. “Princípio nemo tenetur se detegere no Estado Democrático de Direito”. In Revista dos tribunais, vol. 941, 2014. Marinoni, Luiz Guilherme y Arenhart, Sérgio Cruz. Prova. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. Micheli, Gian Antonio. L’onere della prova. Padua: CEDAM, 1942. Mitidiero, Daniel. Colaboração no processo civil. Pressupostos sociais, lógicos e éticos, 2.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. Morgan, Edmund. Basic Problems of Evidence. Institute of Continuing Legal Education, 1961. Oberdan, Tommaso Scozzafava. Voz: Onere (nozione). In: Enciclopedia del diritto, vol. XXX. Milán: Giuffrè, 1980. Palermo, Antonio. Voz: Obbligo giuridico. In Novissimo digesto italiano, vol. XI. Turín: UTET, 1965. Paula Ramos, Vitor de. “Derecho fundamental a la prueba”, trad. Renzo Cavani. In Gaceta constitucional, n. 65. Lima: Gaceta Jurídica, mayo 2013.

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381

Vitor de Paula Ramos

____. “Direito fundamental à prova”. In Revista de processo, v. 224. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. Sarlet, Ingo; Marinoni, Luiz Guilherme y Mitidiero, Daniel. Curso de direito constitucional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. Taruffo, Michele. La prova dei fatti giuridici – Nozioni generali. Milán: Giuffrè, 1992. ___. Uma simples verdade – O juiz e a construção dos fatos, trad. Vitor de Paula Ramos. São Paulo: Marcial Pons, 2012. ___. “Idee per una teoria della decisione giusta”. In Sui confini – Scritti sulla giustizia civile. Boloña: Il Mulino, 2002. ___. “La valutazione delle prove”. In Taruffo, Michele (coord.). La prova nel processo civile. Milán: Giuffrè, 2012, pp. 207-269. Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico-Philosophicus. In Major Works. New York: Harper Collins, 2009.

Fin de la obra

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