Capítulo del libro. \"Democracia municipal: análisis de los condicionantes para la reelección consecutiva\" en el Política, Democracia y Procesos Electorales en México.

Política, Democracia y Procesos Electorales en México

Política, Democracia y Procesos Electorales en México Carlos Bustamante López Rafael Molina Sandoval María Magdalena Sam Bautista (coordinadores)

Universidad Autónoma de Tlaxcala CIISDER

México, Tlaxcala 2015

Directorio Universitario Universidad Autónoma de Tlaxcala Mtro. Rubén Reyes Córdoba Rector Dr. Luis Armando González Placencia Secretario Académico Mtra. María Samantha Viñas Landa Secretaria de Investigación Científica y Posgrado Lic. Edilberto Sánchez Delgadillo Secretario de Extensión Universitaria y Difusión Cultural Mtro. Efraín Ortiz Linares Secretario Administrativo Mtro. José Antonio Joaquín Durante Murillo Secretario Técnico Dr. Ernesto Meza Sierra Secretario de Autorrealización Dr. Enrique Vázquez Fernández Coordinador de la División de Ciencias Sociales y Administrativas Dr. Ricardo Nava Olivares Coordinador General del CIISDER Dr. Sergio Algarra Cerezo Coordinador Institucional de Cuerpos Académicos

Política, Democracia y Procesos Electorales en México

©Universidad Autónoma de Tlaxcala Av. Universidad No. 1 Colonia La Loma Xicohténcatl Tlaxcala, Tlax., C.P. 90000 Primera edición: 2015 ISBN: 978-607-8432-49-3

Esta obra fue posible gracias al apoyo que el CA Análisis Regional Sociopolítico del CIISDER recibió a través del Programa Estratégico Cuerpos Académicos y Productividad para su Internacionalización de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (CACyPI-UATX-2014).

Impreso y hecho en México

Índice Agradecimientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Primera Parte: Jóvenes y Política Los movimientos estudiantiles hoy: revisión teórica y valoración de sus logros. . . . . . . . . . . . . . . 19 Anna María Fernández Poncela Democracia y expectativas de futuro: los jóvenes en México. . . . . 37 Claudio Escobar Cruz Contexto y causas de la actitud anti política y económica de los jóvenes en Tlaxcala . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Rafael Molina Sandoval

Segunda Parte: Procesos de Democratización en México La participación política en la construcción de la democracia real y de la realidad de la democracia en México . . . . . . . . . . . 75 Gonzalo Alejandre Ramos La agenda municipal, elementos para la democracia y la gobernanza local en México. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Ricardo Joel Jiménez González

Democracia municipal: análisis de los condicionantes para la reelección consecutiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 José Luis Estrada Rodríguez

Tercera Parte: Ciudadanía y Política Secularización política y construcción de ciudadanía en la alternancia mexicana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Juan Mora Heredia, Lilia Anaya Montoya y Anatalí Cruz Cardoso El ciudadano(a) agente de la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Rosa Ynés Alacio García Construcción de la ciudadanía: entre el liberalismo y el comunitarismo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Miriam Zarahí Chávez Reyes

Cuarta Parte: Procesos Electorales y Política Propuesta metodológica cualitativa para analizar procesos electorales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Javier Pineda Muñoz Sociología electoral y cultura política local. De la alternancia al retorno del autoritarismo político en la Región Zumpango, 1990 a 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Armando Sánchez Albarrán

Quinta Parte: Alternancia y Gobierno en Tlaxcala El agotamiento del sistema político tlaxcalteca (1998) . . . . . . . . 213 Cirilo Rosalío Espejel Perspectivas electorales en Tlaxcala. De la hegemonía al pluralismo político en las elecciones de diputados, 1974-2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 Neil Linares Méndez Las síndicas en Tlaxcala. Implicaciones políticas y de género durante el primer año de gobierno (2014) . . . . . . . . 249 María Magdalena Sam Bautista

Agradecimientos Los días 20 y 21 de abril del 2015 se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) el Coloquio política, procesos electorales y democracia, organizado por el Cuerpo Académico Análisis Regional Sociopolítico (CA ARSP), reconocido en el nivel de Consolidado por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la Secretaría de Educación Pública y adscrito al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER). Dicho evento reunió a diversos investigadores tanto del CA ARSP del CIISDER, como de otros centros universitarios tales como la UAM-Azcapotzalco y Xochimilco, Universidad Autónoma del Estado de México-Unidad Zumpango y Toluca, Universidad Autónoma de la Ciudad de México y la Unidad Pedagógica Nacional-Unidad 098. Para la realización del evento se contó con recursos del programa Cuerpos Académicos, Calidad y Productividad para su Internacionalización (CACyPI) 2014, que la rectoría de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) ha venido impulsando desde hace varios años con la finalidad de apoyar las iniciativas académicas de los profesores e investigadores organizados en cuerpos académicos. Los coordinadores de libro quieren hacer un amplio reconocimiento por la participación de los académicos de universidades públicas de otras latitudes, así como al apoyo económico y material otorgado por la UAT. Por otra parte, también es necesario reconocer el apoyo logístico que se brindó por el personal que administra el auditorio de la Casa de Profesores Visitantes de la UAT, así como las facilidades otorgadas por la Secretaría de Investigación y Posgrado de la misma universidad y la coordinación general del CIISDER, ésta última a cargo del Mtro. Jaime Rocha Rodríguez. Preciso también es hacer un extensivo agradecimiento a los compañeros administrativos del mismo centro que dedicaron un par de días a apoyar las tareas del Coloquio.

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Introducción La celebración en junio del 2015 de un proceso electoral a nivel federal en México, para elegir diputados al Congreso de la Unión, fue una de las razones que motivaron la realización de un evento académico que examinara al sistema político mexicano desde diversos ángulos y con ello dar pautas para evaluar el nivel de avance de la democracia en el país, y particularmente el caso del estado de Tlaxcala. El libro está dividido en cinco secciones, las cuales reúnen respectivamente los trabajos presentados en el Coloquio política, procesos electorales y democracia, abarcando los siguientes temas: Jóvenes y la política, Procesos de democratización en México, Ciudadanía y política, Procesos electorales y política, y Alternancia y gobierno en Tlaxcala. La primera parte del libro sobre los Jóvenes y la política, abre con el texto de Anna María Fernández Poncela, quien además de realizar un análisis de las principales corrientes teóricas sobre los movimientos sociales y su aplicación para entender los de carácter estudiantil, particularmente se propone estudiar a dos movimientos de este tipo en México de época reciente: #YoSoy132 del 2012 y #TodosSomosAyotzinapa del 2014. Es preciso señalar que el trabajo tiene como objetivos indagar sobre los logros de ambos movimientos a través de entrevistas a protagonistas, así como con la aplicación de una encuesta a ciudadanos del Distrito Federal. Un segundo texto de esta primera parte, es de la autoría de Claudio Escobar Cruz, quien lleva a cabo un recorrido por las condiciones actuales que vive la juventud en México, amplio sector poblacional existente en la actualidad del país, atendiendo a aspectos como violencia, exclusión educativa, calidad de vida, crisis social y democracia. De acuerdo con el autor, dichos ambientes deben ser abordados de manera eficiente por el Estado mexicano y con ello ofrecer oportunidades de desarrollo para aquél importante segmento de la población. El tercer documento que forma parte de esta sección de libro, elaborado por Rafael Molina Sandoval, enfatiza para el caso de la juventud en Tlaxcala los impactos del neoliberalismo como sistema económico y social, si bien añadiendo la perspectiva política en dicha reflexión. Al igual que en el texto de Escobar ya reseñado, Molina hace evidente que en diferente formas existe un entorno de crisis y exclusión que abarca un amplio sector de la juventud tlaxcalteca, y además, a través de la aplicación de una encuesta describe la percepción que tienen los jóvenes de cómo salir de este medio adverso y qué posibilidades de desarrollo vislumbran en su futuro. 13

La segunda sección del libro, sobre los Procesos de democratización en México, se conforma de tres aportaciones. La primera es de Gonzalo Alejandré Ramos, quien tiene como objetivo confrontar los conceptos de la democracia en tanto modelo teórico y de práctica política, frente a la realidad que muestran los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Política (ENCUP) 2012 aplicada en México. De acuerdo al autor, la discusión de fondo es analizar la situación que guarda la legitimidad del Estado, a partir de la acción de los actores políticos que operan la democracia, a saber: los partidos políticos, el sistema electoral y las instituciones del Estado y la ciudadanía. La siguiente aportación es de Ricardo Joel Jiménez González, el cual examina al ámbito municipal en México desde sus tres componentes: sociedad, gobierno y territorio, considerando que es precisamente mediante procesos de democratización de la vida pública municipal, como podría revertirse en parte la crisis sociopolítica en el país. Para ello se requiere eliminar las limitaciones estructurales del diseño institucional municipal, que promuevan la participación ciudadana, la rendición de cuentas sobre los asuntos públicos y el ejercicio de recursos, así como ampliar la autonomía de gobierno de este nivel local de la sociedad. El último trabajo de esta sección elaborado por José Luis Estrada Rodríguez, enfoca su análisis en el tema de la reelección de autoridades en el nivel municipal en México y particularmente la representación política que tienen sus miembros en un entorno de complejas diferencias locales y regionales. Si bien, lo que comparten como instituciones de gobierno municipal es un centralismo vigente en lo económico y político, a pesar de las reformas que en este ámbito tuvieron lugar en los años ochenta del siglo pasado. El debate y la reflexión del autor tienen la finalidad de examinar la necesidad de garantizar una discusión abierta dentro del cabildo (órgano de gobierno municipal), rendición de cuentas y establecer una representación efectiva en el mismo; logrando con ello mejorar la calidad democrática del gobierno municipal. La tercera parte titulada Ciudadanía y política, comienza con el texto de Juan Mora Heredia, Lilia Anaya Montoya y Anatalí Cruz Cardoso quienes utilizando la ENCUP del 2012 revisan los resultados de la encuesta analizando los rubros de satisfacción democrática y la confianza en las organizaciones e instituciones políticas (Iglesia, Fuerza Armadas, Partidos Políticos, entre otros) a nivel nacional, en un contexto donde hay un elevado formalismo de la democracia procedimental para elegir autoridades, coexistiendo con prácticas informales y grupos de poder, y además bajo los efectos adversos de un neoliberalismo galopante en la sociedad y la economía. De ahí que los autores se pregunten cómo puede esta situación “democrática” abonar a la justicia y la igualdad social en México. 14

El trabajo de Rosa Ynés Alacio García es el segundo documento de esta sección, el cual analiza bajo los conceptos de realineamiento y desalineamiento electoral en relación con la teoría de la modernización, los resultados por partido y candidato político para ocupar en 2012 la jefatura de la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal. El objetivo del documento es analizar cómo los votantes al modificar su voto redistribuyen el poder político y lo cambiante que puede ser este fenómeno en el tiempo en función de las características urbanas y socioeconómicas del territorio donde habitan los electores. Esta sección del libro cierra con la aportación de Miriam Zarahí Chávez Reyes, quien examina el debate entre la ciudadanía liberal y comunitaria estudiando el caso de las comunidades del estado de Tlaxcala. Se busca entender, desde los espacios locales, lo que ocurre con la organización política; y en particular con la construcción de la ciudadanía para distinguir aspectos hasta ahora soslayados en donde ocurre una intersección e hibridación de ambos tipos de ciudadanía. La penúltima sección de libro, Procesos electorales y política, abre con el trabajo de Javier Pineda Muñoz quien propone una forma de analizar el proceso electoral y específicamente el acto de votar por parte de los ciudadanos. En opinión del autor, dicho proceso se puede estudiar en los niveles microsociales, utilizando instrumentos metodológicos de orden cualitativo, rescatando la perspectiva de los actores y no sólo las aseveraciones de los investigadores con base en datos estadísticos, tanto demográficos como electorales. En el fondo de la indagación hecha por Pineda, está la intención de explorar si la percepción de los cambios políticos a nivel nacional se identifica con la valoración del proceso electoral local, o si persisten las orientaciones valorativas de prácticas políticas locales que responden a intereses específicos. La segunda aportación en esta parte del libro es de Armando Sánchez Albarrán, y en ella se discute la idea de si el desarrollo económico coincide con el desarrollo político. El espacio de estudio donde se aplicó dicha hipótesis corresponde a la región Zumpango, en el Estado de México, en un periodo que va de 1990 al 2015, en la cual parece en principio coincidir la tesis de que la cultura política democrática y la alternancia serían producto del desarrollo económico y predominaría en sociedades modernas. Sin embargo, los resultados electorales de 2006 a 2012 muestran el retorno del Partido Revolucionario Institucional, partido que se había mantenido como segunda fuerza en virtud de su amplia estructura político organizativa con base clientelar, reforzada por el corporativismo. La última parte de libro se titula Alternancia y gobierno en Tlaxcala. El primero de los estudios es de la autoría de Cirilo Espejel Velasco, en el que se examinan las condiciones y circunstancias económicas, políticas y sociales existentes tanto a nivel nacional como estatal, que impulsaron la primera alternancia en el gobierno 15

del estado en 1998. El autor ofrece una explicación de cómo los elementos que daban cohesión al sistema político mexicano encontraron su límite en la elección de gobernador en Tlaxcala en el año de 1998, originando cambios que produjeron un sistema político con diferencias sustanciales al prevaleciente. Aunado a lo anterior, la disminución del poder adquisitivo, así como la falta de crecimiento económico que pudiera paliar la grave situación que enfrentaba la mayoría de los tlaxcaltecas, influyó de forma definitiva en la emisión del sufragio a favor de una opción política distinta al partido oficial. El siguiente trabajo de esta sección de libro es de la autoría de Neil Linares Méndez. El objetivo del documento es mostrar para el caso de Tlaxcala, entre 1974 y 2013, los cambios ocurridos en las actividades económicas, la vivienda, los servicios, la infraestructura carretera y las opciones educativas; con la finalidad de establecer una relación con los resultados de las elecciones de diputados locales. La hipótesis es que en la medida que van sucediéndose los cambios en el ámbito socioeconómico, en esa misma medida la competitividad de las elecciones ocurre con mayor intensidad, siendo la conjunción de estas particularidades lo que hace a la política tlaxcalteca algo singular. El libro cierra con la colaboración de María Magdalena Sam Bautista. La autora busca reflexionar sobre algunas implicaciones políticas y de género, que tuvo el ascenso de mujeres, a casi la totalidad, de las sindicaturas en estado de Tlaxcala en el presente trienio. En Tlaxcala, producto de una reforma legislativa en el 2013 se implementó la paridad vertical en las elecciones municipales, dando como resultado que de las 60 sindicaturas en la entidad, 55 de ellas quedaron representadas por mujeres y 5 por hombres, es decir, el 91% de este cargo de elección popular quedaron en manos de mujeres. Esta circunstancia tuvo consecuencias en las relaciones de poder dentro y fuera del ayuntamiento que generaron en varios municipios conflictos entre el presidente municipal y las síndicas que en algunos casos llegó hasta la violencia política. Sin duda alguna, las colaboraciones que conforman el libro aportan desde sus diferentes ángulos análisis relevantes para el conocimiento de la política en México y con ello de la democracia misma. Sin embargo, también varios de los trabajos presentados tienen el propósito de abonar en la definición de las tareas que están pendientes para disminuir la brecha de la desigualdad social y económica generada por el neoliberalismo, donde la política puede y debe aportar estrategias para encontrar los acuerdos necesarios entre los actores políticos que gobiernan en las instituciones.

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Primera Parte

Jóvenes y Política

Los movimientos estudiantiles hoy: revisión teórica y valoración de sus logros Anna María Fernández Poncela1

Introducción Variadas y diversas son las ideas, teorías y enfoques en torno a los movimientos sociales, desde las psicologistas hasta la movilización de recursos y de estructuras de oportunidades políticas, las identidades colectivas, y los marcos de acción colectiva, todas y cada una de ellas tienen algo que decir cuando se estudia un movimiento social. Es más, y en contra de lo que se cree y practica, es fructífero tenerlas a todas en cuenta para poder explicar y comprender un movimiento social que siempre es multicausal y procesual. Lo mismo acontece con las definiciones sobre los movimientos, tantas y tan amplias o profundas, sin embargo se quedan cortas al nombrar la acción humana, pues el lenguaje traduce y esquematiza inevitablemente la vida. Aquí pasaremos revistas a algunas definiciones y perspectivas de los movimientos sociales de forma general y nos centraremos en un punto que nos interesa mucho: los logros. Porque en contra de lo que se considera y predica, los movimientos no mueren con su fenecer físico, sino que como el caso de la energía nada de pierde todo se transforma. De ahí la importancia de las memorias, emociones y reflexividad en el análisis social además de todo lo que las diferentes teorías han aportado para el mismo. El enfoque en los logros es importante pues en general las investigaciones sobre el tema se concentran en el origen o causa del surgimiento de un movimiento, a veces olvidan su trayectoria, y casi siempre se quedan cortas y debiendo análisis y reflexión sobre las consecuencias más allá de aquellas movilizaciones que concluyen en cambios legislativos o políticos de forma clara y directa, por supuesto. 1

Docente e investigadora de la UAM-Xochimilco. [email protected]

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Si bien la primera parte será de carácter general, aunque se intentará ejemplificar cuando se pueda o se considere oportuno, la segunda cuestión focalizada en los logros es de carácter empírico, y se aterriza en los datos recabados en dos encuestas a la población del Distrito Federal (D.F.) realizadas a dos movimientos estudiantiles en México y en época reciente: #YoSoy132 (2012) y #TodosSomosAyotzinapa (2014), así como en información obtenida a través de entrevistas a los participantes de dichos movimientos estudiantiles. El interés es doble, por un lado aportar conocimiento y reflexión en torno a un asunto poco abordado como se dijo, el de los logros, y por otro lado hacerlo de una manera también poco desarrollada, esto es desde la voz de la ciudadanía –en este caso del DF a través de una encuesta general y por medio de entrevistas a los jóvenes protagonistas de los movimientos– , sin desconocer la intervención de quien investiga se intenta dar un lugar a la mirada y opinión de la población sobre el tema.

Ideas, teorías y enfoques En cuanto a las definiciones Para iniciar el tema tomamos una idea de Wallerstein (1999) que afirma que dos revoluciones mundiales de 1848 –oleada de revoluciones en Europa que incidieron en el colapso del antiguo régimen– y la de 1968, que históricamente fracasaron, realmente transformaron el mundo, su espontaneidad fue la causa, tanto del fracaso como de la transformación, según este autor. Para continuar con otra referencia, ahora de Castells (2013) quien considera a los movimientos sociales como palancas del cambio, originados en coyunturas de crisis, impulsados por la desconfianza ante las instituciones políticas, que en ocasiones aúnan deterioro económico y crisis de legitimidad de los gobernantes, que hace que la gente retome los asuntos públicos en sus manos participando en acciones colectivas que defienden sus reivindicaciones fuera de los canales institucionales. Para finalizar esta introducción al tema una mención de Tarrow (1997) la cual defiende el éxito de los movimientos en el ejercicio del poder ya impusieran sus demandas o fracasaran en el intento, pues su influencia a veces es de largo alcance. El poder lo concibe cuando la ciudadanía une su fuerza ante las autoridades a través de redes sociales y símbolos culturales que estructuran las relaciones sociales en contextos –según su teoría– de oportunidades políticas para la intervención de agentes sociales que usualmente no participan. Las tres reflexiones anteriores que provienen de autores y enfoques disímiles nos subrayan las posibilidades de éxito de algunos movimientos más allá de su 20

triunfo aparente e inmediato, de ahí que han sido seleccionadas para este trabajo. Ya que los dos movimientos que estudiamos aparentemente no alcanzaron sus reivindicaciones inmediatas y concretas, sin embargo qué duda cabe dejaron huella, influencia, tal vez incluso triunfaron al desnudar el estrecho y corrupto marco político institucional en nuestros días. Sobre las tipologías La caracterización y tipología de los movimientos sociales es diversa, en primer lugar los reformistas ante los revolucionarios o radicales, conceptos a los que se han sumado sistémicos y antisistémicos, esto según el alcance del cambio. Por otra parte y según la ideología del mismo están los progresistas y los conservadores. Además y según los objetivos encontramos a los estructurales ante los cambios en los individuos. Añadir que según la dirección del cambio pueden ser proactivos o positivos y reactivos o negativos. Por otro lado según la estrategia o lógica de acción se encuentran los instrumentales y los expresivos. Además de y según las formas de acción colectiva los convencionales, transgresores o violentos. No olvidamos la dimensión temporal: locales, nacionales, transnacionales. Y finalmente, según el devenir histórico están los premodernos, los viejos o tradicionales, los nuevos movimientos sociales, los novísimos y los antiglobalización. A la hora de clasificar a los dos movimientos sociales que estudiamos en estas páginas es posible decir que varias de las categorías anteriores pueden ser aplicadas. En cuanto al #YoSoy132 y según el alcance del cambio inició con tintes claramente en la dirección de democratizar la democracia o por una democracia de calidad por sus consignas en torno a la democracia en los medios y el voto consciente e informado, junto al reclamo de “no a la imposición”, está relacionada claramente con la anterior, por ello podría ser categorizado como reformista, si bien con el paso del tiempo se fue radicalizando. Su enfoque ideológico del cambio puede ser considerado progresista. Los objetivos del cambio eran estructurales, ya que pregonaba cambios legislativos, creencias y valores, entre otras cosas. En cuanto a la dirección del cambio éste fue proactivo en el sentido de buscar un cambio social. Respecto a la estrategia o lógica de acción se trató más bien de una forma expresiva en el sentido de influir políticamente y defender valores. Por otra parte sus formas de acción colectiva combinaron las convencionales –legales–, con las transgresoras y violentas, según etapas y grupos. En cuanto a su dimensión espacial es de carácter nacional. Finalmente y según su devenir histórico puede decirse que conjugan factores de los nuevos movimientos sociales –la defensa de los derechos, su composición estudiantil, etc.–, su base social inicial fue universitaria y si en el transcurso se amplió, las y los estudiantes fueron los principales protagonistas en todo momento. Además en 21

determinado momento a sus consignas democráticas y preelectorales se les unió la crítica al neoliberalismo. Es en este sentido que también tienen parte de los considerados novísimos movimientos sociales y por supuesto en alguna etapa retoman ciertas consignas de los antiglobalización. De hecho, y siguiendo a Ardini (2012) se puede decir que algunos movimientos sociales actuales no tienen un plan sino que más bien ellos son el plan, lo cual coincide con la espontaneidad del movimiento desde su natural surgimiento, la improvisación de acciones, flexibilidad, creatividad, y apertura, cual pasadizo entre mundos, el conocido y el posible, donde ya se vive lo que se predica. El movimiento #TodosSomosAyotzinapa quizás sea más difícil de clasificar para empezar porque se trata de una demanda básica: el derecho a la vida. Si bien sus peticiones de presentación con vida y castigo a los culpables pudieran parecer reformistas, esto es que se cumpla la ley, en determinados regímenes políticos esto es más bien radical pues significa una transformación profunda en el sistema político y judicial del país, y en determinado momento solicitó la renuncia presidencial ante la falta de respuesta a la aparición de los normalistas. Por otra parte se trata de un movimiento progresista en cuanto a ideología aunque lo que pide es conservar la vida. Según los objetivos del cambio éste es estructural, ya que significa mejorar el sistema político y renovar los valores sociales y éticos. La dirección del cambio es proactiva. La estrategia y lógica de acción es expresiva pretendiendo defender valores e influir en la conciencia social. Las formas de acción colectiva fueron transgresoras y violentas, según actores y situaciones, aunque hubo de todo tipo. En cuanto a la dimensión espacial se trató de algo nacional si bien de resonancia internacional. En el marco del devenir histórico este movimiento es nuevamente complejo de clasificar, pues contiene elementos de los nuevos movimientos sociales, en especial los derechos, y de nuevo la composición estudiantil, y también otra vez la crítica al sistema capitalista que apareció en algunos momentos, pero sin lugar a dudas y más allá de las clasificaciones eurocentristas, se trató de un movimiento latinoamericano de carácter social en defensa de la dignidad de la vida y reclamando como punto central y eslogan de movilización: justicia. También hay que reconocer que su actuar inicial fue espontáneo, encabezado por estudiantes universitarios que siguieron a los normalistas de Ayotzinapa y a sus familias en el reclamo de los jóvenes sometidos a desaparición forzada. Respecto a las teorías Hoy en día y a la luz de los nuevos enfoques epistemológicos y metodológicos es posible realizar la convergencia de teorías, esto es, tomar de cada una de ellas aquello que resuene y haga sentido en la experiencia empírica a la cual nos aboquemos, es lo que vamos a realizar en estas páginas. 22

Para empezar, las primeras teorías psicologistas se focalizan en el origen de los movimientos en la psicología de masas en el sentido de reacciones emocionales irracionales que experimenta un individuo racional al sumergirse en una masa, sugestión, contagio, credulidad ingenua, por su puesto en la actualidad se sabe que la emociones no sólo no son irracionales sino que sin ellas la supuesta racionalidad del ser humano no existiría. Sin embargo, de este enfoque es rescatable el que apuntara a la importancia emocional de los grupos sociales, misma que es evidente en el caso de los movimientos estudiados. El movimiento del #YoSoy132 sobresale por su indignación inicial de un grupo, empatía, apoyo y solidaridad de un más amplio sector social que crea vínculo y despliega alegría y posibilita esperanzas, finalmente enojo ante el resultado electoral. En el caso del movimiento alrededor de los normalistas de Ayotzinapa ante la sorpresa y confusión de los primeros días por la sociedad, mientras un grupo de estudiantes sobrevivientes huyó y se escondió por miedo, siguió la indignación entremezclada con el dolor y la tristeza, lo cual dio paso a un amplio movimiento guiado por la empatía, solidaridad y deseos de justicia. Como se observa se trata de dos recorridos diferentes, ya que el primer movimiento estudiantil estalló en creatividad y alegría en cierto periodo de su existencia y si bien luego llegó el enojo en general se trató de una experiencia donde la creatividad festiva florecía. En el segundo caso y sin desconocer toda la creatividad que se pudo en marcha en diferentes actividades o en las manifestaciones públicas, el dolor permeó muchas cosas, un dolor que llevó a la indignación y al enojo, pero y que también convivió con la tristeza en todo momento, por lo que se trató de un movimiento donde las emociones se superponen –y si bien esto siempre pasa en la vida, en este caso eran emociones disímiles pues el enojo sube la energía y la tristeza la baja– tensando el sentir. Un segundo gran grupo de teorías son las que defienden la Movilización de Recursos, Teorías de Estructuras de Movilización y la Teoría de Estructuras de Oportunidades Políticas. En cuanto a la Teoría de Movilización de Recursos se considera que los movimientos siguen la racionalidad colectiva costo-beneficio –heredera de la teoría de elección racional y de las supuestas estrategias y razonamientos instrumentales individuales que apuntan a que la participación individual en la acción colectiva viene dada por el personal cálculo costo-beneficio, y cuyo logro se medirá si hay un reconocimiento político del movimiento y se obtienen beneficios materiales. Los movimientos aquí analizados no parecen encajar mucho en esta perspectiva, sin negar que exista una persona o grupo que se muevan por el cálculo costo-beneficio, en general los movimientos como tales en este caso particular difícilmente parecen hacerlo. Por supuesto, sí hay inversión de distinto tipo, y se persiguen logros, en el primer caso de democratización de los medios y participa23

ción electoral informada como supuesto beneficio, y en el segundo claramente que aparezcan los desaparecidos y se castigue a los responsables. La Teoría de Estructuras de Movilización, considera que la acción colectiva acontece cuando hay ciertos incentivos, mecanismos o estructuras para la reducción de costos y se esperan beneficios. La idea es aumentar las posibilidades de eficacia y reducir los riesgos, además de las recompensas que ciertos grupos esperan, y pueden darse en paralelo transformaciones en la conciencia colectiva y las creencias sociales. Quizás algo de esto último hubo en los movimientos estudiantiles estudiados, en el sentido de sensibilizar sobre ciertos temas y ampliar la conciencia social: necesidad de una democracia de mayor calidad por un lado, y de otro el derecho humano a la vida y el Estado como garante de la misma, entre otras cosas. Lo que no está tan claro es en todo lo otro. Respecto a la Teoría de Estructura de Oportunidades Políticas predica la importancia de la coyuntura y la estructura de oportunidades políticas para el nacimiento de un movimiento, un contexto político favorece o no su aparición en el sentido de la reducción de costos de la acción colectiva y genera oportunidades para su desenvolvimiento. En este punto Tarrow (1997) insiste que un movimiento surge ante la ampliación de oportunidades políticas, vulnerabilidad de los oponentes, la existencia de aliados, todo lo cual genera el movimiento que reclama el cambio o reforma de la institución política. Si las oportunidades abren cambios, también los cambios aumentan las oportunidades. Por su parte Tilly (1995) señala que se da una oportunidad/amenaza entre los movilizados, y una facilitación/represión entre las autoridades. Aplicar esta teoría a los movimientos estudiados es algo complicado, si bien puede decirse que más bien se trata de movilizaciones reactivas política y emocionalmente hablando, no obstante sí han tenido eco en el sentido de aliados en diferentes momentos de su devenir, no es posible afirmar la parte de la vulnerabilidad de los oponentes, pero sí la coyuntura ha tenido su importancia, la preelectoral en un caso y la violencia política en el segundo al que hay que añadir un contexto internacional receptivo y favorable a la condena de los hechos acaecidos. Otro enfoque defiende el Repertorio de Acción Colectiva y Ciclos de Protesta, sostiene que los movimientos se desarrollan según repertorios de acción colectiva, medios, memorias, experiencias, cultura política que dan lugar a estrategias, tácticas, formas de movilización y formas organizativas, así como comunicación asertiva, apoyos y solidaridades, acciones de impacto y eficacia en los medios. En el caso estudiado sin duda los movimientos se desenvolvieron sobre la cultura política del país, o mejor dicho de ciertos grupos dentro del país, desde memorias que se trenzan a emociones en cuanto al contexto preelectoral y las 24

peticiones de equanimidad en los medios, así como un voto consciente ante la compra del voto, con lo cual vibraron en primer lugar los grupos estudiantiles más conscientes respecto al tema y lo hicieron con acciones sino del todo impactante sí espontáneas, creativas, festivas incluso, lo comunicaron asertivamente y convocaron solidaridades diversas, esto en el caso del #YoSoy132. Para el caso de #TodosSomosAyotzinapa también el movimiento surgió sobre la cultura política del país, la cual lleva varias matanzas colectivas violentas desde las autoridades o las fuerzas de seguridad sobre sus hombros, pero fue ésta la que sin duda levantó un movimiento grande y muy amplio en cuanto a composición tras la consigna de los padres y el encabezamiento por parte de los estudiantes. Las acciones no siempre de impacto, fueron tantas y tan diversas que estuvieron presentes durante varios días en diferentes lugares por lo que fue más esto lo que impactó de alguna manera, su persistencia en el reclamo con una creativa, diversa y multitudinaria gama de actividades. La teoría de las Identidades Colectivas (Tarrow, 1997) subraya la existencia de un elemento ideológico y cultural en la movilización basado en la idea de justicia o injusticia, en paralelo al desarrollo de nuevas ideas, proyectos de organización social, formas ritualizadas de actuación, símbolos que unen y características claras del supuesto enemigo común, esto es la cohesión identitaria del nosotros frente a los otros. Esto por supuesto, se relaciona directamente con las dos teorías que vamos a mencionar a continuación, pero para el caso del #YoSoy132 y el de Ayotzinapa todo está más que claro, la identidad de sectores que abogan por una democracia real y por una sociedad justa, frente a enemigos que vapulean la democracia y comulgan con el crimen organizado. Así que este punto de confluir comunitariamente frente a un común enemigo está claro en lo político, ideológico y cultural, en ritos y símbolos que se desplegaron, la cohesión interna que además se aglutinó con el pegamento de la emoción colectiva. Las perspectivas en torno a los Nuevos Movimientos Sociales (Touraine, 1997 y Melucci, 1999) y más allá de la polémica en torno al nombre, hace hincapié en la identidad y la cultura. Uno de los actores destacados de estos nuevos movimientos son los jóvenes, las clases medias, los estudiantes, mismos que subrayamos, para el movimiento #YoSoy132, si bien en diferentes etapas hubo cambios de la preponderancia de este sector. También los jóvenes y los estudiantes y aquí sí multiclasista fue el movimiento por Ayotzinapa, no podía ser de otra manera cuando el reclamo es el respeto a la vida. Si bien la teoría se centra en objetivos y valores postmaterialistas hay que decir que en el caso del continente latinoamericano, donde varios grupos reclaman la tierra y la vida, esto no aplica o en todo caso lo hace para algunos movimientos. También se subraya en estos movimientos 25

nuevos como luchas contra viejos patrones culturales y morales (Touraine, 1990) lo cual incluye en el caso de América Latina y México la lucha por la vida o la resistencia a la privatización o el derecho al territorio. Melucci (1999) los considera mensajeros, incluso profetas, y como laboratorios culturales creadores de formas diferentes y alternativas de ser. El Enfoque Constructivista se inspira en los Procesos Enmarcadores o en los Marcos de Acción Colectiva inspirados en Goffman (2006) y la organización de la experiencia que contempla la interrelación social así como los sistemas de creencias, entre otras perspectivas. Se trata de un contexto o campo social donde emergen agencias de significación colectiva, acciones simbólicas que propagan un nuevo discurso social y alternativas para la vida. Se aborda el cómo y el por qué del descontento para la acción, desde el sentimiento de injusticia que señala al responsable, pasando por el colectivo solidario, hasta el sentimiento de la posibilidad de superar la injusticia a través de la movilización colectiva (Gamson cit. Ibarra, 2005). Un marco como esquema mental de interpretación y significado compartido que aúna cognición y emoción, memoria e imaginario social que une, a modo de identidad colectiva y autocategorizacón positiva (Tajfel, 1981). Ante el agravio surge la acción colectiva (Moore, 1985), tiene lugar una respuesta centrada en la injusticia (Snow y Benford cit. Chihu, 2000), y esta injusticia –sufrimiento social e indignación moral– recrea identidad –reconocimiento nosotros ante los otros– y sentimiento de eficacia –conciencia y posibilidad de cambio– (Reis y López, 2007). Todo lo cual relaciona esquemas y sentimientos preexistentes con el trabajo de significación del grupo que organiza, ante una determinada problemática social. Para los casos que nos ocupan esta teoría da en el blanco o es muy adecuada, en el sentido de que hay un agravio y un sentimiento de injusticia (Moore, 1985), una necesidad de expresión y reconocimiento (Honneth, 2009), así como un discurso y propuesta alternativa de vida (Touraine 1997, Melucci 1999), todo ello enmarcado en una cultura política. Ya sea en el movimiento del #YoSoy132, ya en el de apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa esto fue así, tuvo lugar un acontecimiento determinado, en un caso un insulto a un grupo de estudiantes en el otro el secuestro de un grupo de estudiantes hasta la fecha desaparecidos y supuestamente muertos, si bien la diferencia es mucha, lo básico es el sentimiento inicial de injusticia y agravio que despierta identidad y necesidad de reconocimiento y reclamo por un colectivo solidario más amplio como reacción, toda vez que tiene lugar a través de la movilización del colectivo solidario un sentimiento de posibilidad de superación de la injusticia o de respuesta a la misma, la conciencia y la posibilidad de cambio, lo cual tuvo lugar como decimos en ambos movimientos juveniles. 26

Datos, realidades y prácticas Investigaciones sobre las prácticas de los movimientos sociales hay muchas, pero quizás una de las cuestiones menos desarrolladas ha sido la de los éxitos o los logros, es por ello que la elegimos para reflexionar aquí. Además lo hacemos con base a la opinión de la ciudadanía y sus protagonistas, esto es la población en general a través de una encuesta y los estudiantes involucrados en particular por medio de entrevistas, esto con relación al movimiento #TodosSomosAyotzinapa (2014) y #YoSoy132 (2012). Se parte de la idea que varios investigadores proclaman, la dificultad de fijar impactos y logros es compleja de demostrar, esto es probar si los cambios son resultado directo de la acción colectiva o de otros factores, así como algunas transformaciones que en el corto plazo y a simple vista no se presentan de manera clara, directa o explícita. Relacionar objetivos concretos con logros, o logros ni imaginados que aparecen producto de las reivindicaciones, es como se dijo complicado. De hecho, en ocasiones hay cambios y reformas en las legislaciones, a veces transformaciones en prácticas políticas, o creación de políticas públicas, pero no siempre esto es tan directo y claro como se dijo. Tarrow (1997) es uno de los autores que señala este tema, en el sentido de que no es fácil identificar un resultado político específico por el posible impacto de otros grupos de interés, de partidos, del ejecutivo, así como la duración y desgaste del movimiento en sí, y es que las autoridades tal vez no responden al movimiento en sí sino más bien a la competencia en el seno político o a sus aliados y seguidores. Por otra parte Melucci (1999) como ya se dijo, en el tenor de ser mensajeros y mensajes a la vez, manifiesta la posibilidad de ser expresión y semilla que puede sembrarse en un periodo de latencia y tal vez emerjan y fructifiquen en otro momento histórico. Como mensajeros se puede incidir en agrietar el sistema o en crear imaginarios de posibilidades de otras posibilidades, ya sea en el plano cognitivo, el emocional, el cultural, el ético, el discursivo, el experiencial. Ya como mensajes se trata de vivenciar los nuevos espacios y valores en el accionar mismo de los agentes en movimiento. Y es que un movimiento social es de alguna manera una protesta moral (Touraine, 1997) que pretende transformar la sociedad, enjuicia una forma de organización social y propone otra. Bien lo anterior estaría de acuerdo con una mirada a los dos movimientos sociales que analizamos en estas páginas, no obstante preferimos aquí analizar el punto de los logros a la luz de la opinión pública a través de sendas encuestas aplicadas en su momento sobre ambos movimientos, y de la recolección de testimonios de sus protagonistas por medio de entrevistas. 27

Encuestas a la ciudadanía2 Los datos cuantitativos generales sobre los logros En cuanto al tema de los logros y según dos encuestas realizadas sobre ambos movimientos a la ciudadanía del DF, cada una en su momento y centrada en un movimiento, es posible afirmar que la percepción de logros en el movimiento por Ayotzipana es casi de la mitad de las y los entrevistados (47.8%), algo más de los hombres y relativamente por parte de los más jóvenes. Para el caso del 132, es algo más de un tercio de la población consultada quien considera logros (39.2%), aquí quizás las mujeres y la juventud de nuevo es quien opina así un poco más. En cuanto a la consideración de no logros, 24.1% para el primero y 56.1% para el segundo, con lo que queda claro que en este último caso predomina la valoración en dicho sentido –aclarar que la encuesta sobre el 132 se aplicó cuando el movimiento ya había finalizado, esto es, un año después, y la de Ayotzinapa cuando éste se encontraba en pleno auge lo cual es preciso recordar con objeto de contextualizar los datos y opiniones que arroja la es ejercicio-. Además el movimiento del 2014 fue mucho más masivo y los hechos que lo convocaron más impactantes que el que tuvo lugar en 2012. Para concretar la metodología decir que la encuesta sobre el 132 se aplicó en 2013 y fue sobre percepciones, opiniones, valoraciones, creencias, emociones y actitudes hacia el movimiento estudiantil #YoSoy132 que surgió a media campaña electoral –mayo– y se desarrolló con anterioridad y posterioridad a la contienda electoral –julio– en México en el año 2012. En primer lugar, en cuanto a la población de este estudio contempla a las y los mexicanos que viven en la Ciudad de México mayores de 18 años que según el IFE –en ese entonces- es de 7,720.617 millones (IFE, 2012). Sobre el tamaño de la muestra es de 600 casos de personas que residían en el momento del levantamiento y al menos mínimo un año antes –luego se concretaron en 497 al excluir a quienes desconocían el movimiento-. Se diseñó una muestra no probabilística por cuotas, con una confiabilidad de 95% y un margen de error de + - 4. Las cuotas definidas fuero el sexo y la edad, especialmente esta última, pues por la temática de la misma encuesta la consideramos importantes. Por ello es que diseñamos tres grupos etarios en los cuales se conglomeraron en partes iguales a las personas, estos fueron de entre 19 y 29 años para el primero, 30 y 44 años otro, y mayores de 45 años para el tercero. Así resultaron 200 individuos por grupo de edad. Respecto al sexo la muestra está integrada por 288 hombres y 312 mujeres, es decir un 48% de sujetos del sexo masculino y un 52% del sexo femenino -porcentaje que corresponde con el de la lista nominal del IFE (2012)-, en concreto 104 mujeres y 96 hombres por cada grupo de edad. En cuanto a las fechas, el levantamiento de campo fue llevado a cabo en vía pública y cara a cara con un cuestionario de 15 preguntas en total, y se aplicó del 11 al 18 de agosto del año 2013 en el Centro Histórico de la Ciudad de México y alrededores. Con relación a la encuesta movimiento sobre Ayotzinapa, no repetiremos algunas de las cuestiones que se tuvieron en cuenta y ya dichas para la anterior encuesta, por lo que y en resumen, su aplicación tuvo lugar en la ciudad de México en la penúltima semana del mes de noviembre del 2014, a casi dos meses de los hechos que originan el movimiento -muerte de 6 personas y desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero-. El levantamiento de campo en concreto fue en las calles del Centro Histórico e inicialmente el tamaño de la muestra fue de 600 casos -con una confiabilidad de 95% y un margen de error de + - 4- que luego se redujo a 590 al descartarse las personas que dijeron no conocer el movimiento por lo que no se les podía interrogar sobre el mismo. Su composición se estableció por cuotas de sexo y edad, la mitad hombres y la otra mitad mujeres en este caso, y dividida en tres grupos etarios, de 19 a 29, de 30 a 44 y de 45 años y más, todo ello con objeto de poder realizar comparaciones a la hora del análisis, como en el ejercicio anterior. Es importante subrayar para ambas encuestas que se trata de estudios no probabilísticos, y los resultados obtenidos son representativos de la población encuestada, por lo que las inferencias se realizarán sobre la muestra, no obstante consideramos que alumbran tendencias más allá de la misma, y ofrecen una mirada general sobre un tema, poco trabajado desde el punto de vista que aquí lo hacemos.

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Cuadro 1 ¿Cree que el movimiento tuvo/tendrá o no logros? ¿Cree que el movimiento tuvo/tendrá o no logros?

Sexo  

#yosoy132

Sí No No sabe/ No contestó Total

Hombre 87 17.5% 136 27.4% 10 2% 233 46.9%

Mujer 108 21.7% 143 28.8% 14 2.6% 264 53.1%

Ayotzinapa Total 195 39.2% 279 56.1% 23 4.6% 497 100%

Hombre 151 25.6% 122 20.7% 27 4.6% 298 50.5%

Mujer 131 22.2% 120 20.3% 19 3.2% 292 49.5%

Total 282 47.8% 142 24.1% 46 7.8% 590 100%

Fuente: encuesta sobre el movimiento estudiantil #Yosoy132 (2012) a un año de distancia y Encuesta sobre el Movimiento por Ayotzinapa (2014).

Cuadro 2 ¿Cree que el movimiento tuvo/tendrá o no logros? Grupos Etarios #Yosoy132

¿Cree que el movimiento tuvo/tendrá o no logros?

 

74 14.9% 91 18.3% 10

30 a 44 70 14.1% 95 19.1% 3

45 ó más 51 10.3% 93 18.7% 11

195 39.2% 279 56.1% 23

108 18.3% 76 12.9% 14

2%

0.6%

2.2%

4.6%

174 35.0%

168 33.8%

155 31.2%

497 100%

19 a 29 Sí No No sabe/No contestó Total

Ayotzinapa Total

79 13.4% 96 16.3% 20

45 a más 95 16.1% 90 15.3% 12

282 47.8% 262 44.4% 46

2.4%

3.4%

2%

7.8%

198 33.6%

195 33.1%

197 33.4%

590 100%

15 a 29 30 a 44

Total

Fuente: encuesta sobre el movimiento estudiantil #Yosoy132 (2012) a un año de distancia y Encuesta sobre el Movimiento por Ayotzinapa (2014).

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Las concretizaciones cualitativas de algunos logros La pregunta tenía una segunda parte abierta donde los que respondían de forma afirmativa eran invitados a mencionar un logro que el movimiento tuvo, recordemos que la encuesta tuvo lugar en 2013 y el movimiento se desarrolló durante 2012, por lo que el interrogante fue una valoración sobre un hecho pasado. En cuanto al primer movimiento estudiantil varios fueron los logros enunciados y algunos incluso explicados, para empezar aquí presentamos la información vertida por las 195 personas que dijeron que sí tenía logros el movimiento #YoSoy132, recordemos que 279 dijeron que no y 23 que no sabían, sobre un total de 497 personas consultadas al respecto. De quienes respondieron afirmativamente a la pregunta cerrada sobre los logros, todavía hubo 11 que no supieron decir uno, por lo que el estudio se redujo a 184 personas que fueron al final el total que opinó sobre el tema. Así las cosas dos palabras sobresalieron en las respuestas obtenidas: conciencia con 29 expresiones de manera principal y directa –en ocasiones seguida de la gente, la juventud, la población, las masas y a veces la expresión únicamente–, y despertar con siete menciones –de la gente, de la conciencia, de la juventud–, eso sí en más ocasiones dijeron ambos conceptos ya acompañados de otros o como reflexión de otras expresiones, o sea no como el centro de las mismas. Para este segundo caso traemos aquí algunas transcripciones: “Dar a conocer que una parte de la población tenía conciencia política”, “se generó un poco de conciencia”, “abrió la conciencia de gente desinformada para un voto consciente y de la corrupción que hay y acabar con el monopolio de la tv” y “despertó conciencia en la juventud e hizo despertar a mucha gente”, “hizo que despertara mucha gente de las tranzas que hace el gobierno”, “hizo que se despertara la conciencia”. Por otra parte un testimonio sentenció: ”Hizo reflexionar al gobierno en que la sociedad no está dormida”. Ya en menor medida se habló de apoyo, comunicación, expresión, hablar, centrado en “expresión de inconformidades” o “expresión de los jóvenes”, “ser escuchados”, “tener presencia y ser escuchados”, “libertad de expresión”, “la voz de la gente”, “difundir lo que pasaba”, así también “comunicación y diálogo”, “apertura hacia los medios de comunicación”, “Diálogo, informar a la gente, propaganda, crear discusión en una coyuntura importante”, “la gente se informó”, todo en el sentido de expresar e informar, de hablar y dialogar, de comunicar su sentir y su pensar en definitiva. También en la dirección de “tuvo impacto” o “llamó la atención” y “logró sobresalir”, pues “salió mucho en la televisión para decir sus cosas” y es que “se dejaron escuchar los estudiantes”, además de “ganar el respeto a los derechos como jóvenes”. Oraciones que recogían la palabra cambio y su significado “hacer un cambio en el país”, “hizo surgir la esperanza de un cambio verdadero”. Y también quienes valoran el “motivar a la gente para ir a votar” y “votos más democráticos”, 30

esto “invitando a las personas a reflexionar” sobre “la problemática que se vive” y “reflexión entre los jóvenes”. Respecto al segundo movimiento por Ayotzinapa en apoyo de los normalistas de esta localidad hay que recordar que 283 personas dijeron que sí tendrá logros y 260 dijo que no, además de los 57 que señalaron no saber. En cuanto a los primeros de ellos 21 no supieron mencionar ninguno, por lo que los testimonios que aquí aportamos surgieron de los 262 que sí respondieron con un logro concreto en una palabra o con una frase expresiva sobre el asunto. Hay que remarcar que la encuesta se aplicó en noviembre de 2014 en pleno auge del movimiento por lo que la pregunta se hizo en futuro en el sentido de si tendría logros. En cuanto a la cantidad de expresiones vertidas, la más numerosa fue castigo a los culpables con 25 menciones directas –eslogan del movimiento–, esto es, como expresión única en la respuesta, además quienes lo mencionaron conjuntamente a otras cuestiones. Por otra parte 23 personas dijeron también de forma directa: justicia –lema del movimiento–, además reiteramos quienes lo expresaron entretejido a una oración de más amplio significado. Por otra parte 15 personas dijeron de forma también directa que aparezcan y 14 que los encuentren. Por ello en cuanto al número de veces que reiteraron de manera directa una reivindicación es posible afirmar que “castigo a los culpables”, “justicia” y que “aparezcan” y “encuentren” o “presentación de los cuerpos”, fueron las cuatro expresiones más notables, obviamente la primera y segunda se refieren a lo mismo, igual que la tercera y la cuarta, sin embargo, se ha preferido separarlas y mostrarlas como se recolectaron de la opinión pública. Por otra parte 11 gentes señalaron el cambio –de gobierno y de sistema judicial– como posible futuro logro, como quien dijo “que cambie la forma de pensar de muchos políticos y la sociedad”, que el gobierno cambie de alguna manera”. Hubo quien también señaló conciencia y despertar o el “despertar de la conciencia” en la misma línea del movimiento anterior, pero fueron pocos casos, y en el sentido de “ser más conscientes a cerca de la corrupción de nuestro gobierno”. Por ejemplo, alguien se expresó de la siguiente manera: “el despertar de la conciencia de la gente dato que ya es internacional”, “generar conciencia y empoderar a la ciudadanía”, “mayor conciencia de las personas para exigirle al gobierno”. Y también como el otro caso se habló de la importancia de “ser escuchados, que disminuya la violencia, respeto a los estudiantes”. Otros más señalaban la responsabilidad del gobierno y situaban el futuro logro en el sentido de “evidenciar la corrupción en todos los niveles de gobierno y que el narcotráfico lo ha permeado todo”. También el “explicar lo que pasó” o “saber qué pasó con los estudiantes” sería ya considerado como logro o “que el gobierno escuche y haga caso a los estudiantes”. Un grupo se centró en “destitución del presidente” o “quitar a Peña Nieto”. Alguien señaló “mejorar el 31

sistema educativo” y “mejorar las normales”. Incluso hubo quien consideró logro “que la opinión de la sociedad sea tomada en cuenta” y “que las autoridades hagan su trabajo y se resuelva” o “que la autoridades vean que el pueblo está consciente”. Entrevistas a los protagonistas3 Por otra parte contamos con información que nos proporcionan dirigentes y participantes del movimiento a través de las entrevistas ya mencionadas a estudiantes de centros públicos o privados de la ciudad de México. Vamos aquí únicamente a transcribir algunas de las expresiones recabadas. Entre las cuestiones que mencionan más asiduamente en ambos movimientos destaca el poder expresarse y ser escuchados, la creación de conciencia política y social, la unión y organización, así como la vivencia y aprendizaje experiencial o capital social. Estos cuatro elementos en diversos testimonios y con diferentes palabras son abordados por los dos movimientos sujetos de estudio de este trabajo. En primer lugar lo que decimos de expresar y ser escuchados según el 132: “estamos contra la imposición…expresar nuestra inconformidad hacia el gobierno, hacia los altos cargos que siempre imponen”, “con el movimiento intentamos que los jóvenes sean escuchados y tomados en cuenta, porque ya estamos cansados de lo mismo ciclo tras ciclo”, “darle voz a un sector un tanto olvidado por el mundo político como son los jóvenes”. En cuanto al movimiento por Ayotzinapa: “son espacios de lucha y que reivindica la memoria y creo que eso es un logro importante, tomar las calles y decir que estamos inconformes y que además los distintos sectores de la población se puedan expresar, que los niños puedan marchar, que las mujeres y niños puedan estar ahí y mostrar su inconformidad, entonces me parece un logro, el poder tomar las calles, expresarse y expresar nuestro desacuerdo en términos concreto”. En segundo lugar lo de la creación o extensión de la conciencia, que hubo quien habló de despertar y quien se centró en la palabra misma de conciencia, un vocablo de los más significativos por su reiteración para ambos movimientos sociales. Por ejemplo y en el primer caso se dice “Bueno el 132 viene a romper una serie de paradigmas, sobre el que hagan lo que hagan nada va a cambiar…lo más importante es la capacidad de que la gente pueda ver, los estudiantes podamos ver la necesidad o la capacidad que uno tiene para incidir en la vida pública y política Para el caso de las entrevistas y sobre el primer movimiento tuvieron lugar una treintena de entrevistas a estudiantes de universidades públicas y privadas, y participantes del movimiento, voceros de asambleas, representantes de comisiones o participantes en actividades varias y en las marchas que fueran del DF. Se aplicaron a mediados del mes de julio del año 2012 –esto es, para precisar a quince días de las elecciones-. Sobre el segundo movimiento se realizaron también 30 entrevistas a participantes y líderes del mismo con la condición que fueran estudiantes universitarios de centros públicos y privados de la ciudad de México. Su aplicación fue en el mes de marzo de 2015, esto es a seis meses de los hechos y a poco menos del inicio del movimiento.

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de este país…es un movimiento que empieza a abrir la puerta”, “Es un movimiento democrático que ha abierto conciencias”, “los que fueran a votar que tuvieran suficiente conciencia para ejercer su voto”. Sobre el mismo asunto y para el otro movimiento: “realmente es impresionante el nivel de convocatoria que tuvieron estos sucesos y creo que mucha gente no se preocupa a profundidad que está pasando en el sistema político, con el hecho de ir a la calle, son espacios de conciencia y de reflexión”, “creo que con Ayotzinapa se sacudieron muchas conciencias y solidaridades”, “ha servido para darse cuenta de las condiciones de vida zonas rurales”, y “crear conciencia en la población sobre la injusticia”. En tercer lugar y respecto al tema de la unión u organización y con relación al 132 se mencionó en varias ocasiones la palabra “unión”, “causa común” y “organización” con relación a su estructura organizativa, y también lo de la participación, en este caso para la población en general: “generó mayor participación en las elecciones, vigilar las urnas y los votos, hubo más difusión de delitos electorales”. También en relación a la respuesta movimentista en torno a los hechos acaecidos en Iguala, Guerrero, se habló de la “unión” en el sentido de las “asambleas universitarias” como un ejercicio político necesario y la creación del “hecho de que los jóvenes se unan”, o “la unión solidaria entre los mexicanos” en general y “la iniciativa para organizarnos” en lo particular para el propio movimiento. En cuarto lugar algo no tan mencionado de forma directa pero que tuvo lugar y queremos añadir en estas páginas es la experiencia y aprendizaje, político y social como hubo quien dijo, pero y sobre todo en cuanto a vivencia y convivencia, participación y expresión. Tal vez es posible hablar de acumulación de capital social en el sentido de Bourdieu (1991) o quizás sería más conveniente el aprendizaje de la persona para su florecimiento personal en términos de Nussbaum (2012), incluso según James (2013) se trata de la reconstrucción de los universos políticos de los individuos a través del proceso de aprendizaje dentro del movimiento interrelaciones internas y grupales externas. Al respecto por ejemplo la anterior mención a la importancia de las asambleas universitarias como ejercicio político que apareció para ambos movimientos, entre otras cosas. Por otra parte varias personas entrevistadas dijeron para el primer movimiento que “no se logró frenar la imposición” y para el segundo que sobre “los desaparecidos no se logró nada porque no se ha sabido qué pasó”. Esto es, en torno a algunas demandas directas de los movimientos, sin embargo, y como se fue desglosando con anterioridad hay otra serie de logros de otra índole, en el sentido de Tarrow (1997) como influencia a largo plazo, o en palabras de Wallerstein (1999) de posible transformación del estado de las cosas, como vimos en las citas iniciales realizadas en este texto. 33

Anotaciones finales Hasta aquí la revisión de definiciones, tipologías y teorías sobre movimientos sociales en general, con su aplicación correspondiente a los casos de estudios de movimientos estudiantiles seleccionados. Hasta aquí también una mirada a los logros o no logros de dichos movimientos según una mirada de la opinión pública de la ciudadanía en general y el testimonio concreto de algunos jóvenes participantes en el movimiento. Para lo primero se ha podido comprobar, entre otras cosas, como un mismo movimiento puede interpretarse bajo diferentes enfoques teóricos por un lado, y de otro como algunas teorías no siempre pueden explicar o acoplarse a un determinado movimiento, pero en todo caso todas aportan y lo importante es poseer un óptica abierta y flexible para que autores, obras y perspectivas contribuyan de una manera complementaria a la investigación social aplicada. Con relación a lo segundo se espera haber podido comprobar la tesis de una mirada más amplia de los logros sociales de un movimiento dado, en el sentido de un aparente fracaso de las peticiones directas y centrales de un movimiento pero que comporta logros de otro tipo, a más largo plazo o incluso colaterales a las peticiones del movimiento, pero logros al fin y al cabo. Esta revisión se ha realizado como se proponía en un inicio desde la población sus perspectivas y valoraciones, así como desde la visión de sus participantes y protagonistas, dos perspectivas que no siempre son tenidas suficientemente en cuenta desde la investigación social y que aquí se les ha dado una relevancia protagónica. Concluimos con la cita textual de Tarrow (1997: 17) cuya idea central resumimos el iniciar este texto, por considerarla iluminadora y resumen de un movimiento social, así como de sus posibles logros, toda vez que aplicable a los casos estudiados en estas páginas: “...a lo largo de la historia, la gente de a pie se ha echado una y otra vez a la calle y, aunque brevemente, ha ejercido un poder considerable…A menudo tenían éxito, pero, incluso cuando fracasaban, estos movimientos tenían efectos de gran alcance y ponían en marcha importantes cambios en la política y en la esfera internacional. El poder de los movimientos se pone de manifiesto cuando los ciudadanos corrientes unen sus fuerzas para enfrentarse a las élites, a las autoridades y a sus antagonistas sociales. Crear, coordinar y mantener esta interacción es la contribución específica de los movimientos sociales, que surgen cuando se dan las oportunidades políticas para la intervención de agentes sociales que normalmente carecen de ellas. Estos movimientos atraen a la gente a la acción colectiva por medio de repertorios conocidos de enfrentamiento e 34

introducen innovaciones en torno a sus márgenes. En su base se encuentran las redes sociales y los símbolos culturales a través de los cuales se estructuran las relaciones sociales” (Tarrow 1997:17).

Añadir alguna ideas muy fructíferas de Arditi (cit. 2012: 6) como cuando cita a Michelet: “Cada época sueña a la siguiente… la gente experimenta con imágenes de pensamiento provisionales”, y cuando parafrasea a Glitlin: “Sólo podías comenzar a ser libre si actuabas como si ya lo fueras; esto implicaba, tanto como fuera posible –y sólo tú sabías qué era posible– desembarazarse del lastre institucional que intentaba convencerte de que nada era realmente posible” (cit. Arditi 2012:7) y otra cita más en este caso de Graeber sobre Ocupa Wall Street: “Para quienes desean crear una sociedad basada en el principio de la libertad humana, la acción directa es simple y llanamente la insistencia desafiante de actuar como si uno ya fuera libre” (cit. Arditi, 2012:7).

Bibliografía Arditi, Benjamín (2012). “Las Insurgencias no tienen un plan –ellas son el plan: performativos políticos y mediadores evanescentes” en Hemispheric Institute E-Misférica en http://hemisphericinstitute.org/hemi/es/e-misferica-102/ardit Bourdieu, Pierre (1991). El sentido práctico, Madrid, Taurus. Castells, Manuel (2013). Redes de indignación y esperanza, Madrid, Alianza Editorial. Chihu Amparán, Aquiles (2000). “El análisis cultural de los movimientos sociales”, Sociológica, México, UAM-Azcapotzalco, número 42, enero-abril, pp. 209-230. Goffman, Erving (2006). Frame analysis. Los marcos de la experiencia, España, Centro de Investigaciones Sociológicas, Siglo XXI. Honneth, Alex (2009). Reconocimiento y menosprecio. Sobre la fundamentación normativa de una teoría social, Barcelona, Katz-CCCB. Ibarra, Pedro (2005). Manual de sociedad civil y movimientos sociales, Madrid, Síntesis. Jasper, James M. (2013). “Las emociones y los movimientos sociales: veinte años de teoría e investigación”, RELACES, número 10, diciembre 2012-marzo 2013, pp. 48-68. Melucci, Alberto (1999). Acción colectiva, vida cotidiana y democracia, México, El Colegio de México. Moore, Barrington (1985). La injusticia: bases sociales de la obediencia y la rebelión, México, UNAM. Nussbaum, Martha (2012). Crear capacidades. Propuesta para el desarrollo humano, Barcelona, Paidós. 35

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Otras referencias Encuesta sobre el movimiento estudiantil #Yosoy132 (2012) a un año de distancia en 2013. Encuesta sobre el Movimiento #TodosSomosAyotzinapa (2014) en 2014. Entrevistas líderes y participantes del movimiento estudiantil #YoSoy132 (2012) en 2013. Entrevistas líderes y participantes del movimiento estudiantil #TodosSomosAyotzinapa en 2015. IFE (2012). Lista nominal en http://listanominal.ife.org.mx 30/06/2012

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Democracia y expectativas de futuro: Los jóvenes en México Claudio Escobar Cruz1

Introducción En las últimas dos décadas, se han presentado una serie de fenómenos en los distintos planos de la vida socio-cultural, económica y política de la sociedad mexicana, que han transformado en cierta medida las experiencias de vida de la población, así como las formas de percibir su entorno inmediato y cotidiano. La población en general, pero especialmente los jóvenes han resultado de los sectores menos favorecidos, considerado en su momento el grupo poblacional que podría potenciar el desarrollo del país, de ahí su importancia no sólo demográfica sino por su potencial creativo y vigorosidad participativa. Por ello, es necesario reconocer que hoy día, un amplio porcentaje de jóvenes, están inmersos en muy distintos ambientes definidos a partir de las escasas posibilidades económicas, sociales, políticas y culturales fomentadas por la sociedad y el Estado, mismas que requieren ser atendidas de forma integral, situación que sin lugar a dudas tenderá mejores puentes entre los jóvenes y el mundo adulto, lo que alentará su incorporación, además de ampliar los mecanismos de participación en todas las esferas de la vida social. Ello permitiría blindar al mundo de los jóvenes, y no volver a repetir experiencias de extrema violencia (sea Salvárcar, Tlatlaya o Ayotzinapa). En este contexto de incertidumbre nos situamos, para abordar la precariedad laboral, la escases de oportunidades para el estudio que conlleve a un adecuado desarrollo, y la violencia en sus distintas manifestaciones ejercida sobre los jóvenes desde distintos ámbitos sociales e institucionales, a manera de encontrar razones que expliquen los déficit que oprimen a los jóvenes en los dos últimos sexenios presidenciales. Profesor de Tiempo Completo de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 098. [email protected]

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El escenario de la democracia después de la alternancia en México Los tiempos aciagos por los que atraviesa el país desde el sexenio calderonista y lo que va de la presidencia de Enrique Peña Nieto no son nuevos, de echo la inseguridad, el robo, los secuestros, los asesinatos parecen no tener fin, el denominado crimen organizado controla territorios completos, donde la capacidad del Estado mexicano para ofrecer seguridad a la población es nula; en buena medida perdió el monopolio de la violencia, dado que las organizaciones criminales han dado muestras de contar con una mayor capacidad de movilización. Aunado al derramamiento de sangre, se padece en amplios sectores de la sociedad desempleo, empleos precarios, ambulantaje, bajos salarios, con una corrupción que galopa por todo el espectro de la sociedad mexicana, a la que los políticos en turno del color y partido que sea han sucumbido. Fenómenos como la pobreza ante la cual programas y recursos desfilan, reflejan que, la batalla hasta el momento la sigue perdiendo el Estado, ya que, no logra disminuirse de forma drástica ese fenómeno que lacera las condiciones de vida de la gente, como se puede constatar al revisar los siguientes datos. Una medición basada en el ingreso muestra que la pobreza es la misma que en 1992. Medidos a partir de su ingreso, el número de mexicanos con extrema pobreza, se ubicó en 23.1 millones de personas, la cifra más elevada desde 1988. Mientras, en la clasificación de pobreza moderada se encuentra un universo de 61.4 millones de mexicanos, la mayor cantidad desde 1996 (González, 2015). Con un Estado que resulta rebasado y cuando responde lo hace a destiempo, sin ir al fondo de las necesidades o demandas de los sectores sociales excluidos; una percepción generalizada de la sociedad mexicana es la de ausencia de justicia, en donde priva la impunidad; no es de gratis que México ocupe la nada honrosa segunda posición en una lista de 59 países clasificados. Por lo anterior, uno de los grandes pendientes en la agenda de gobierno, ha sido el fortalecimiento del Estado de Derecho, en suma, porque de ello se deriva sin restricción alguna la aplicación sistemática de la ley, como un principio ineludible de la justicia, que hoy día sigue siendo una demanda histórica que favorezca la instauración de un orden basado en la legalidad. El problema radica en que la debilidad institucional del Estado mexicano, sirve de caldo de cultivo para que todo aquel que lo desee tenga los espacios donde el margen de maniobra sea propicio para burlar la fragilidad de la ley. Como resultado, la denominada delincuencia organizada ha podido suplantar al Estado en varias zonas del país, ello sin lugar a dudas producto de la impunidad directamente relacionada con altos porcentajes de corrupción. En este sentido la corrupción durante los últimos años en México hace más evidente que los ricos son intocables, impunes, poderosos, influyentes y siempre 38

tratados con deferencia (aunque se sepa que el origen de sus fortunas sea ilícito). En cambio ser pobre o modesto no sólo es una penalidad en sí misma, sino que implica ser altamente vulnerable (en todos sentidos). De ahí que muchos estén dispuestos a corromper y dejarse corromper (en cualquier ámbito) si eso permite acumular fortuna. Si además la probabilidad de ser penalizado por ello es mínima, pues tanto mejor. No puede romperse ese círculo vicioso de nuestra cultura con exhortos ni sentidas declaraciones, sino a través de la única posibilidad en que las democracias desarrolladas lo han logrado, aplicando la ley (Crespo, 2011). El escenario de México en pleno siglo XXI, es el de un país que no sólo propicia la ausencia de oportunidades y de expectativas reales, nada más enarboladas en el discurso; derivado de ello, la violencia en sus distintas manifestaciones, sea la ejercida por el crimen organizado o desde las distintas esferas del poder político, económico, policial o militar se han recrudecido; como evidencia del grado de descomposición institucional están los hechos ocurridos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, donde murieron 22 personas la mayoría jóvenes a manos de militares (Aristegui, 2014), o el caso de Ayotzinapa en Guerrero, donde el saldo es trágico. En cuatro eventos violentos relacionados entre sí, protagonizados por policías municipales y pistoleros, fueron asesinadas seis personas, tres de ellas normalistas; 20 resultaron heridas, un muchacho está en estado vegetativo y se desconoce el paradero de otros 55, de los cuales al menos 20, fueron subidos a camionetas de la policía municipal (Hernández, 2014). En resumen jóvenes muertos, masacrados y desaparecidos, sin saber nada de 43 jóvenes normalistas, salvo lo dicho en su momento por Murillo Karam, fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río. En ese orden. Esta es la verdad histórica de los hechos, que debe tener validez jurídica (Milenio Digital, 2015). Sin embargo, a más de seis meses de ese fatídico suceso, el gobierno de Peña Nieto ha sido incapaz de dar una respuesta creíble, una que esté fundada en irrestricto apego a la legalidad, institucionalidad y aplicación de la justicia, dichos casos sólo son una muestra de la crisis de violencia e inseguridad que el gobierno en turno se ha negado a aceptar.

La violencia político-militar: los efectos inesperados Ante un panorama con escasas posibilidades inmediatas para revertir la situación de violencia e inseguridad. Los magros resultados se emplean como argumento propagandístico cuyo eje de la “política de seguridad pública” justifica la necedad de continuar con el despliegue policiaco-militar para combatir supuestamente al crimen organizado (sea tráfico de drogas, robo, secuestro, extorsión, asesinatos). 39

Sin que signifique para el Estado, hacer suyos los adeudos que tiene en relación a sus responsabilidades de bienestar que debe proporcionar a la sociedad en su conjunto y no sólo a unos cuantos. La realidad pone a discusión no sólo el papel del gobierno en turno, sino del Estado mismo, incluido el modelo de desarrollo seguido en México desde hace más tres décadas, donde la desigualdad económica y la concentración del ingreso son el telón de fondo de la acumulación bajo el neoliberalismo.Y eso necesita una nueva y más potente capacidad represora. Por eso el extraordinario crecimiento del aparato de seguridad del Estado. Las funciones de represión directa y de espionaje se han reorganizado y hoy se encuentran en el corazón de múltiples agencias a nivel nacional o regional, muchas veces con fuertes vínculos con la delincuencia organizada. Todo lo anterior se acompaña de un hecho fundamental: la desmovilización de la ciudadanía (Nadal, 2015: 22). La decisión y actuación de los políticos en turno, o de los grupos económicos, afectan a amplias capas de la sociedad, ante ello, lo que ha privado es la inmovilidad, la desesperanza y el fragmentado poder de la ciudadanía, una ciudadanía que no se asume o identifica como tal, una ciudadanía que ha dejado que la decisión de todos sea tomada por unos pocos (por los que tienen el poder), aunque bajo esta situación el accionar de los políticos debe llevarnos a reconocer que independientemente de la orientación ideológica que tengan, dan la impresión de estar jugando con fuego sin saber muy bien qué lo enciende, qué lo alimenta ni en qué dirección sopla el viento. Nadie se arriesgaría hoy a predecir qué pasaría si el sistema se desplomara (Augé, 2015). Hechos dolorosos como el de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, se volvió piedra de toque, en la medida que se convirtió en una especie de catalizador que impulsó a una amplia capa de sectores sociales a tomar las calles y manifestar su repudio por la brutalidad, el grado de violencia empleado para su detención y posterior desaparición, sin que hasta el momento quede claro quién o quiénes participaron en la represión, ni sus motivaciones para hacerlo; como muestra del desdén gubernamental por resolver ese y muchos otros crímenes. Los que decidieron la acción desde la parte intelectual, no tomaron en cuenta el grado, nivel de enojo, frustración y hartazgo que históricamente ha acumulado la sociedad, los estudiantes normalistas se convirtieron en el icono que enarboló la inconformidad contenida, el motivo para descargar el grito de protesta vía la movilización que exigiera al gobierno volver la mirada ante lamentable hecho, obligarlo a fijar postura, ponerlo en evidencia por su falta de sensibilidad política, presionarlo para que actuara, hecho que al final realizó a regañadientes, forzado por la presión interna e internacional, que se tradujo en el descontento y energía que tomó las calles, se convirtió en el espacio de confluencia, logró articular intereses a través de una sola 40

exigencia, justicia. Ahí radica la trascendencia de la protesta y movilización, porque la indignación es una forma sublimada del miedo, donde el malestar generalizado parece haberse apoderado de las sociedades humanas y amenazar su equilibrio (Augé, 2015).

Los retos de la democracia en un contexto de crisis social Explicar la convulsión de la realidad mexicana nos lleva a revisar el entorno de la transición política a inicios del siglo XXI, se pensó que el país había instalado la normalidad democrática en todos los ámbitos sociales como corolario y concreción de una larga lucha por alcanzar la democracia política, traducida en democracia representativa; sí bien reconocemos que, en los últimos diez o quince años, México dio importantes pasos hacia la celebración de elecciones libres, afianzó las libertades civiles y políticas, e inició un proceso de reforma del Estado que incluye la modernización de sus instituciones y leyes. En contrapartida, persisten la desconfianza ciudadana en los procesos electorales y en las instituciones gubernamentales, la baja participación política, la extremada desigualdad económica, social y regional, la corrupción, y un clima de inseguridad que constituyen obstáculos formidables para la plena vigencia de la democracia en el país. En estas circunstancias, vale preguntarse: ¿En qué medida México es democrático hoy día? ¿En qué áreas se ha avanzado más, y cuáles otras presentan rezagos a superar? La actitud hacia la democracia se ha traducido en un factor fundamental que subyace en buena parte de las preferencias políticas ciudadanas. Las inclinaciones pro y antidemocráticas están vinculadas con la preferencia por uno u otro partido. La transición a la democracia y su consolidación son procesos temporales. Puede esperarse que el proceso de consolidación de un sistema democrático en México vaya acompañado por un reemplazo gradual del tema de la democracia por otros temas que interesan y afectan a los ciudadanos: cuestiones de redistribución y bienestar económico, formas alternativas para promover la seguridad pública, propuestas de participación y extensión de derechos de las minorías, la ampliación de las oportunidades de trabajo y desarrollo de la mujer. Puede ser que la cuestión de tener o no una forma de gobierno democrático ceda su centralidad ante éstos y otros cuestionamientos (Moreno, 1999). Ese es en parte el enorme reto que enfrenta la democracia real, el de ofrecer resultados concretos, para una buen parte de la población la comparación es inevitable, si el sistema autoritario ofreció resultados, porque la democracia ha resultado ineficaz, la espera de mejoría ha agotado la confianza en la idea de que la instalación de la democracia nos generaría mejores condiciones de vida, los sucesos referidos contrastan y cuestionan los ideales. 41

El futuro de la democracia en México está estrechamente vinculado a las maneras en que la cultura política generalizará nuevas legitimidades. Sin embargo es de reconocer que el contexto de por lo menos la última década se hace manifiesto, que en la sociedad mexicana hay fuerzas poderosas que intentan bloquear los cambios aun antes de que puedan siquiera proponerse formalmente, es evidente que enfrentamos turbulencias políticas, que ponen en entredicho la eficacia del sistema político. Estos procesos frenan la consolidación de un sistema democrático y republicano de partidos políticos modernos, un sistema sin el cual es casi imposible pensar en una nueva legitimidad democrática, cuya pluralidad abra las puertas de la imaginación social y de la creatividad política (Bartra, 2006). De acuerdo con el planteamiento anterior, es pertinente señalar que después de experimentar la democracia, los imaginarios no están en la perspectiva de que las cosas vayan a mejorar. Indudablemente que se han operado cambios en el sistema político mexicano, en donde para algunos se ha dado la democratización del sistema político y su cada vez más vigoroso sistema de pesos y contrapesos tiene como origen la arena electoral, donde el motor del cambio político ha sido el votante. Una de las preguntas centrales es si la competitividad actual del sistema de partidos ha implicado una transformación sustantiva del electorado. Si bien se argumenta que las actitudes de los individuos son determinantes en la creación y el mantenimiento de regímenes democráticos, se podría esperar que la transformación democrática del régimen político mexicano este acompañada de cambios importantes en el electorado mexicano (Buendía, 2000; Beltrán, 2000). El cuestionamiento recae justo en un momento de la vida social y política en nuestro país, en el cual, el desprestigio de los políticos se ha incrementado, motivo que genera un enorme rechazo de la población respecto de estos personajes sean de uno u otro partido, situación que se traducirá en un alejamiento de las urnas por parte de los electores, cuya manifestación se prevé sea de un alto abstencionismo, a modo de castigo por el actuar de los partidos y de los políticos. Ahora, no es la democracia como institución lo que la gente quiere, sino lo que, en teoría, debería proveer. Porque mientras el sistema democrático provea las oportunidades de movilidad social, no habrá nada que pueda detener la consolidación de las instituciones democráticas. Pero si la reforma económica y la liberalización no traen consigo crecimiento y desarrollo en el contexto de la lucha democrática por el poder, se constatará lo que amplios sectores de la sociedad mexicana, en la última década han sufrido, vía los efectos devastadores de la carencia de condiciones para llevar a cabo la consolidación democrática (Barrón, 2006). Documentar los pocos logros, desde cualquier ángulo que se mire no abonan a favor de la democracia, tenemos millones de pobres, el desempleo, con todo y reformas sobre todo econó42

micas las grandes inversiones no llegan, la corrupción no se erradica, la brecha entre los muy ricos y los muy pobres se ahonda, el resultado está a la vista, como colofón a los dos primeros años de gobierno del “nuevo PRI” tenemos la reciente declaración de Luis Videgaray, secretario de Hacienda, quien afirmó que los recortes presupuestales para disminuir el gasto gubernamental serán por varios años porque el futuro de la economía nacional e internacional es incierto, los precios del petróleo se mantendrán bajos y se observará alta volatilidad en el tipo de cambio. Completó al referir que los mexicanos tenemos que ajustarnos ante una nueva realidad. Si de preservar la estabilidad de la economía se trata, tenemos que reaccionar ante este fenómeno y entender que no estamos enfrentando una situación transitoria sino algo de características permanentes y por lo tanto reaccionar como se reacciona ante un choque permanente de ingresos: reduciendo los gastos (Cardoso, 2015). Así, en el actual proceso de consolidación democrática, se da un punto intermedio muy riesgoso entre la misma consolidación democrática y la regresión autoritaria, por ausencia de una reforma normativa e institucional que de rumbo y certidumbre a la transición. Si por un lado la calidad de la democracia significa también la posibilidad de saber en qué punto nos encontramos del desarrollo institucional y societal de la vida democrática en todos los niveles. De ahí que la teoría de la calidad de la democrática ha arribado a la postulación de cinco grandes parámetros para analizar qué tan buenas o malas son las democracias modernas, para ello se proponen los siguientes parámetros de análisis: a) respeto al Estado de derecho; b) transparencia y rendición de cuentas; c) correspondencia y capacidad de respuesta de los detentadores legítimos del poder en la satisfacción de las demandas ciudadanas y de la sociedad civil en su conjunto; d) resolución de los problemas de desigualdad y justicia; y e) profundización y creación de nuevos derechos (Cansino y Covarrubias, 2007). Todo ello nos plantea el difícil camino que implica en su momento desmontar el caduco entramado autoritario y al mismo tiempo modificar la situación de la desconfianza que acompañó a los resultados electorales en un pasado reciente; lo cual no significa que todo haya cambiado, al menos para la elección intermedia de 2015,2 las expectativas de participación respecto de los posibles electores es baja, lo seguro 2

El domingo 5 de abril arrancó la campaña electoral para renovar la Cámara de Diputados. El proceso en puerta tiene un desafío central: el abstencionismo cíclico de los comicios intermedios, que podría acentuarse con el desánimo social frente a los escándalos de corrupción partidista, una clase política cada vez más alejada de los reclamos ciudadanos. Hemos pasado de la gran apuesta de la transición a la democracia hacia una precarización de la democracia; ubica un gran desprecio de los partidos –encerrados en su cápsulas burocráticas- hacia los ciudadanos, quienes no se sienten representados o veces los más empobrecidos sólo esperan la elección para obtener algún beneficio, el escenario que se vislumbra en los meses de campaña es nebuloso, en el cual el factor de la inseguridad en estados como Michoacán o Guerrero refleja la debilidad institucional, advierte Álvaro Arreola, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (Herrera y Urrutia, 2015)

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es que los índices de abstencionismo serán muy altos, resultado de la actuación de los políticos y sus respectivos partidos que a través de sus ideas y acciones desde distintos ámbitos, se han encargado de dinamitar la más leve posibilidad de cercanía con los electores; la ruta para poco a poco ir configurando mecanismo que den pie a un escenario de cercanía entre ciudadanos y partidos, nos lleva por el intrincado camino de orden, lo que requiere por un lado, ejercer la legalidad, y por otro practicar la tolerancia entre los distintos actores involucrados como parte de la sociedad civil, donde las distintas voces respecto a lo político puedan ser escuchadas y debatidas las ideas para iniciar la construcción de una cultura política democrática. Resulta innegable que para que una sociedad y sus instituciones funcionen democráticamente, es indispensable que los integrantes de esa sociedad compartan, apliquen acciones, patrones de conducta y políticas de corte democrático.

Jóvenes, democracia, condiciones y expectativas de vida Realizar un acercamiento al fenómeno de los jóvenes desde una perspectiva analítica requiere tener presente que la Juventus es un concepto vacío de contenido fuera de su contexto histórico y sociocultural. Además de las transformaciones sociodemográficas y los niveles desiguales de desarrollo entre países, el concepto de juventud se inscribe en las características fundamentales de la clase social. La condición juvenil ha dejado de ser una categoría residual y paulatinamente ha ganado centralidad en los estudios socioculturales. También se ha desarrollado en la conceptuación de la juventud como construcción sociocultural históricamente definida, aunque se ha avanzado poco en los rasgos significantes y muchas veces se piensa lo juvenil fuera de su contexto social y relacional, o se le atribuye características omnicomprensivas, como si desde lo juvenil se pudiera interpretar el conjunto de elementos que definen los proyectos de vida de las y los jóvenes (Valenzuela, 2008; Lozano, 2003). Ser joven es ser diverso. A cada individuo hay que colocarlo en su contexto. Algunos compartirían características que los identifican y los aglutinan en grupos similares y otros que en poco o nada pueden coincidir. La juventud termina siendo una construcción social que se asocia a la cultura y a la época histórica (González-Rizzo, 2005). Ahora bien, la juventud, más allá de una supuesta rebeldía o protesta, siempre habría representado la búsqueda de la originalidad y la individualización, con la explosión demográfica, se puede concebir que se producen jóvenes en serie o jóvenes códigos de barras, debido a la masificación de la juventud, el tiempo de los jóvenes contemporáneos es el de la exposición a la velocidad y al riesgo (Cueva, 2006). 44

La etapa de la juventud se puede interpretar, por tanto, como el proceso de adquisición por parte de los jóvenes de los recursos necesarios para integrarse en la organización social y asumir nuevas dependencias y responsabilidades socialmente y siempre desde esta perspectiva, el comportamiento de los jóvenes se puede interpretar como una incorporación o integración a formas de vida que les preceden y que le exigen una adaptación o acomodo. Así, cuándo un joven se integra, deja de ser joven. Pero al tiempo que lo hace incurre en compromisos de tanto o más peso que los que mantenía cuando se limitaba a depender de su familia de origen (Benedicto, 2008; Leyton, 2009; Brito, 1998; Aguilera, 2003; Moran, 2008).

Jóvenes: los rostros de la exclusión Los contextos (políticos, sociales, culturales y económicos), en la discusión contemporánea en ciencias sociales, son cruciales, no sólo en lo que corresponde a su valor de historicidad, sino fundamentalmente como claves interpretativas que favorecen una comprensión de las complejidades socioculturales, en virtud de ser un espacio geográfico, social y temporal; es decir, histórico. A partir de las articulaciones entre contextos, podemos caracterizar una particular producción de la condición juvenil en la sociedad mexicana, que se definirían en términos amplios por su precariedad. Para documentar lo anterior la propia Secretaría de Educación Pública (SEP) acepta que en México hay más de dos millones de jóvenes en edad de cursar el bachillerato que no lo hacen. Para referir cuales son las perspectivas oficiales al respecto el subsecretario de Educación Media Superior, Rodolfo Tuirán aseguró que el país se encuentra en rumbo de cumplir la meta intermedia de 80% de cobertura en bachillerato, la cual deberá ser universal en 2021, por mandato constitucional, la matrícula de este nivel educativo aumentó en los últimos dos años más de medio millón de estudiantes, lo que significa un hecho inédito, lo cual permitió pasar de 65.9% de cobertura escolarizada en 2012 a 71.5% en 2014. De acuerdo a datos oficiales el abandono escolar en el nivel bachillerato en los últimos dos años disminuyó de 15% a 13.4%, si bien para 2012, 650 mil jóvenes dejaron su formación en el nivel medio superior, dicha cifra empieza a disminuir (Román, 2015). Otro de los factores que contribuye a incrementar la problemática está directamente relacionado con la oferta educativa, los planes y programas de estudio, la actualización docente y los modelos pedagógicos no cumplen con las aspiraciones y expectativas de los jóvenes.3 A ello habría que sumarle la crisis económica que en3 Para el ciclo escolar 2015-2016 se prevé la instauración del nuevo modelo educativo en el bachillerato, que

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frentan, las familias han abandonado la formación y la reproducción de valores en el hogar, dejando esta tarea al internet, la televisión, los juegos de vídeo y en el mejor de los casos, a la calle, la inactividad representa riesgos para los jóvenes, entre ellos depresión, angustia y en algunos casos suicidio, pero permanecer en el abandono familiar puede generar rasgos pronunciados de ansiedad que lo lleven al consumo de alcohol, droga y tabaco,4 frente a la crisis de oportunidades y valores, entre los jóvenes puede darse la búsqueda de referentes de autoridad en el barrio o la esquina y es justo ahí donde se ubica el punto más crítico, porque se corre el riesgo de que se involucren en conductas vandálicas o la comisión de acciones ilícitas, señaló Mario Carrillo titular de la Secretaría de Educación Pública del Distrito Federal (Archundia, 2010). Pareciera que, no importan sus estudios, tampoco la escuela de procedencia, ni el nivel económico de sus familias, no cuenta si hablan idiomas, tienen licenciatura o sólo preparatoria, no se considera si sus expectativas laborales eran altas, simplemente están condenados a seguir viviendo con sus padres, pues la nómina a la que pertenecen les niega acceso a ahorrar, tener casa propia, coche, vacaciones o independencia al cien por ciento. Son la generación de los 5 mil pesos y para algunos son privilegiados, pero ellos cuentan que ese monto mensual los mantiene viviendo al día. No son pocos, pues de los 14 millones de menores de 29 años que trabajan en México el 49.1% de los hombres y 59% de mujeres ganan entre 1 y 3 salarios mínimos (alrededor de 5 mil 400 pesos) son jóvenes con estudios de licenciatura, pero que ganan lo mismo o mil pesos más que el personal de intendencia de las empresas donde trabajan (Sánchez, 2011b). En México la mitad de los desempleados, son jóvenes, en 2010, la población juvenil según el censo de ese año, era de 36.2 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años. A pesar de que estas generaciones tienen más acceso a la educación que sus antecesores, pero contradictoriamente menos empleo;5 aunado a ello, son un sector con mayor acercamiento a la información cipondrá énfasis las debilidades del actual modelo, entre las cuales están la poca profesionalización de docentes y directivos, además de las diferencias marcadas en la calidad de los servicios (Román, 2015). 4 Antes el factor de riesgo era de los 15 años en adelante, ahora hay niños que consumen drogas desde temprana edad. Los inhalantes, representan la droga de inicio en menores de edad. Niños cada vez más pequeños se introducen al consumo de algún tipo de estupefaciente, cigarro o licor. El alcohol desplazó al tabaco como la droga (legal) inicial y en muchos lugares de la población mexicana, la droga de inicio entre los 6 y 7 años, son los inhalantes. Entre los factores que contribuyen al abuso de los inhalantes, está la violencia social que vive el país, las condiciones socioeconómicas adversas e historial de maltrato en la niñez. El entorno familiar, el abandono de los padres, que muchas veces no tienen autoridad con los menores, es un fenómeno que sucede sobre todo en las grandes ciudades (Arellano, 2015). 5 Debido a la asimetría que existen en el sistema universitario del país, la educación superior en su conjunto ya no representa una opción para la movilidad social, hay universidades de élite, entre las que se encuentran las casas de estudio federales, algunas estatales y muy pocas particulares, pero en contraparte abundan instituciones, públicas y privadas, en las que sólo se realiza formación de profesionistas, dejando de lado la investigación, la producción de conocimiento y la difusión de la cultura.Y justo son los jóvenes que acuden a

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bernética, pero con menos presencia en el poder y, a pesar de estar más preparados que sus padres, triplican las tasas de desempleo que existían hace dos décadas. Por todo lo anterior han demostrado ser una generación que es adaptable a los cambios, quizá por eso ellos buscan su camino La mayoría de los jóvenes lo ha encontrado en el comercio informal, en la migración e incluso en la delincuencia. La situación es peor para las mujeres jóvenes. México es uno de los países con menor participación laboral femenina en América Latina; de 100% de mujeres con título universitario, sólo 70% trabaja, según reportes de la UNAM. Los jóvenes mexicanos tienen una crisis de expectativas: por una parte, 30% del total de jóvenes que desertan de la escuela lo hace porque creen que ésta no les aportará los elementos necesarios para desarrollarse en el mercado laboral y los que deciden quedarse y concluir una licenciatura, al término de ésta no encuentran empleo y sus expectativas de independencia familiar son tan cortas que pueden llegar a los 30 años sin el escenario ideal para vivir solos. Cuatro de cada 10 jóvenes ingresaron al mercado laboral desde los 15 años: son pobres, tienen secundaria incompleta; tres de cada 10 se autoemplean en el comercio informal, el resto son contratados por familiares sin prestaciones de ley o terminan trabajando en empresas transnacionales con sueldos muy bajos. Por lo que de no mejorar la situación el futuro es gris, al respecto el Consejo Nacional de Población (CONAPO) que predice un panorama de viejos con nulas oportunidades de salir de la pobreza (Sánchez, 2010a). Ser los herederos de todas las crisis posibles; una cancelación de los horizontes de futuro, a mediano y largo plazo para muchos de ellos; el aquí y el ahora de la vida en tanto su fugacidad; la primacía de la hiperindividualidad por sobre lo colectivo / lo grupal; la marca de la exclusión social a partir de consumos culturales y su ubicación en los servicios de salud, educativos y de empleo; las prácticas sociales y las identidades culturales inscritas en los flujos y reflujos migratorios e inmigratorios; signados por las tecnologías de comunicación o por las sociedades del conocimiento; reconfiguración en la manera de participación de lo político y social en forma de redes horizontales, no se agrupan más por ideologías políticas, sino por propósitos/acciones concretas y situacionales, ser joven en México, ya se convirtió en un distintivo de exclusión social y en una posibilidad real de “morir joven”, de ser asesinado por los cuerpos de seguridad del Estado o por el fuego “amigo” de los militares que suelen confundirlos por lo regular con ser sospechosamente jóvenes “sicarios” o miembros de supuestas “pandillas” (Nateras, 2010). este tipo de escuelas quienes más complicaciones enfrentan para la movilidad social y para hallar opciones de desarrollo profesional, aseveró Lorenza Villa Lever, especialista del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM (Olivares, 2015).

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Abordar el mundo de los jóvenes conlleva a la necesidad de establecer algunas coordenadas conceptuales que nos ubiquen sobre el complejo mundo juvenil. Ya que para muchas políticas y legislaciones los 36.2 millones de mexicanos jóvenes son seres incompletos “con más hormonas que neuronas” al que hay que mantener entretenido hasta que cumpla 29 años, impera una lógica tutelar que ha imposibilitado el empoderamiento de los jóvenes; para otros sectores, esta población resulta buen negocio: al fin y al cabo ellos quieren aprender, son creativos y se les paga mal. Plantea Susana Reguillo que, existen dos países cuando de acceso a la cultura para jóvenes se habla. Hay un México que es el de los jóvenes que están conectados, que están dentro del sistema y que tienen condiciones de desarrollo cultural, social, económico y educativo adecuados.6 Y el otro México, mayoritario, está conformado por un ejército de jóvenes para quienes la cultura es un lujo difícilmente imaginable, en la medida que se les ha expropiado, por la vía de los hechos, cualquier posibilidad de manifestarse con respecto a su propio futuro (Sierra, 2010). En México durante los últimos años, se han exacerbado la conflictividad al tiempo que se recrudecen las condiciones adversas para un desarrollo social que potencie e impulse ambientes propicios para un número importante de jóvenes, que ante las mínimas expectativas de un futuro promisorio, por el contrario han encontrado caldo de cultivo para desincentivar la participación o construcción de proyecto de desarrollo colectivo, dando paso al enraizamiento de prácticas cada vez más alejadas de una noción de comunidad, fortaleciendo la idea de que cada uno y por su lado debe buscar la posible solución a sus necesidades o problemáticas, que en esencia son similares, pero que en este caso los jóvenes, asumen que son únicas, fortaleciendo así el proceso de individualización, dando paso a la escasa probabilidad de construir escenarios colectivos, sobre todo alejados de la imagen el sentimiento de orfandad, dada la nula o escasa respuesta ofrecida por el Estado y las instituciones encargadas de generar con su accionar mecanismos de comunicación, diálogo y un elemento que resulta esencial para cohesionar la relación entre los jóvenes como actores sociales y su entorno: la confianza. Al respecto tenemos que resaltar la capacidad de movilización y articulación de esfuerzos generados por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, porque el crimen de Iguala es para el régimen un golpe profundo y de efectos permanentes, por más que las movilizaciones de protesta hayan adquirido un ritmo pausado. El guion de las reacciones peñistas se repite, del desconcierto a la altanería despótica, de la insensi Sin embargo un número amplio de jóvenes no logran ingresar a instituciones de educación superior, tal es el caso los 117 mil 29 aspirantes que no alcanzaron lugar para estudiar en la UNAM, los datos indican que de los 128 mil 519 estudiantes que se presentaron al examen –aplicado en febrero de 2015- fueron seleccionados 11 mil 490 (Olivares, 2015b).

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bilidad a la indolencia, del descontrol al cinismo como única salida de control de daños. El régimen que encabeza Peña Nieto recibe con alivio el paso del tiempo porque piensa que con él se aleja el atropello de la memoria, se desdibujan los rostros de las víctimas, se sedimenta la cólera, se resignan los familiares y condiscípulos de los agredidos y se desalientan los sectores sociales que los han acompañado en su lucha (Miguel, 2015). Sin embargo en México los jóvenes se han convertido en una de las principales víctimas de la delincuencia organizada, tanto por ser consumidores de drogas,7 vendedores de estupefacientes o por buscar en la actividad criminal (como sicarios o halcones) un medio de subsistencia ante la carencia de una política de Estado para este sector de la población. De acuerdo a la Sexta Encuesta Nacional sobre Inseguridad, publicada en 2009 por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI), dice que 4% de los jóvenes comienzan a delinquir antes de los 18 años y el mayor número de los delincuentes tienen entre 18 y 25 años. Desde esa perspectiva la delincuencia organizada ve en los jóvenes una mano de obra barata y desechable, que por unos cuantos pesos, ellos matan y si asesinan a éstos, ellos no pierden nada, pues vuelven a contratar otros niños (Morales, 2011). A partir de los datos referidos líneas arriba, y aún con base a la información un tanto dispersa, me es posible afirmar que son millones los jóvenes que viven en condición de exclusión en la sociedad mexicana, en contextos que se caracterizan por su pobreza, falta de servicios y violencia, para documentar esa condición retomamos la situación de violencia que vive Guerrero, ya que el binomio pobreza y violencia resulta un caldo de cultivo para el desarrollo del narcotráfico, el cual queda como la única salida para los jóvenes y unirse al crimen organizado; una parte importante de la juventud ha decidido morir de este modo, porque no hay una alternativa mejor a la de morir en poco tiempo, pero poderoso con una arma en la mano y un auto de lujo (La Jornada, 2015).

Un comentario final En ese tenor, los espacios para practicar deporte y convivir no existen, son insuficientes y se encuentran en el abandono. Para que los jóvenes puedan reunirse con sus pares, las escasas opciones se reducen a buscar lotes baldíos o viviendas y locales 7

El consumo de drogas prohibidas o ilícitas, como mariguana, metanfetaminas y cocaína, se incrementó entre los adolescentes, las causas por las que se consumen más drogas ilícitas, podría ser porque existe más disponibilidad de sustancias ilegales, a la reducción de los precios, asimismo el consumo de estas sustancias ilegales se está dando a edades más tempranas. La cocaína está en primer lugar de consumo entre menores de 18 años y se comienza a los 14.2, seguido por la mariguana, a los 14.3 (Quintero, 2015).

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abandonados, un tanto para escapar a las miradas escrutadoras, de desconfianza que el resto de la sociedad les lanza, porque se asume que un grupo de jóvenes reunidos, es un grupo que genera desconfianza, lo que significa que los jóvenes tienen que cargar el estigma, que en automático se les asigna de potenciales delincuentes juveniles, la juventud criminalizada, arrojada prácticamente lejos de los demás, lo que los deja a merced de los grupos delictivos. Coincidimos con un planteamiento de Valenzuela (2008), quien señala que la mayoría de los jóvenes de por lo menos las últimas tres décadas, han tenido como marco de referencia una crisis económica prolongada que no atisba el final del túnel y observan con desconfianza las promesas de futuro, por eso viven un presentismo intenso, pues el futuro es un referente opaco que solapa la ausencia de opciones frente a sus problemas fundamentales. Para muchos, sus proyectos de vida quedaron olvidados, les expropiaron la esperanza. Las marcas ya están inscritas en sus vidas, en sus cuerpos, en sus carencias, en sus ritmos de envejecimiento, en sus expectativas, en sus escenarios disponibles. Para ellos el futuro ya fue…

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Contexto y causas de la actitud anti política y económica de los jóvenes en tlaxcala Rafael Molina Sandoval1

Introducción La juventud como objeto de estudio, obliga a reconocer brevemente a este sector poblacional como un conjunto de individuos en pleno proceso de desarrollo físico y emocional o psicológico, sin omitir el aspecto social como factor de desarrollo individual. El entorno es el principal factor de socialización, por lo tanto, es en su seno donde se genera la formación de las personas, influenciadas por la familia, la religión, la escuela, las instituciones, etc., donde los jóvenes y su cotidianidad son producto de esas múltiples influencias, pero sobre todo, se convierten en agentes que deben ser atendidos y también que inician con mayor énfasis su vida productiva. El presente busca abordar sucintamente el tópico de la juventud en Tlaxcala a partir de dos variables que son de suma importancia para su desenvolvimiento: la política y la economía, considerando que desde la perspectiva neoliberal estos dos rubros son básicos en la vida de toda sociedad aun cuando no han cubierto las expectativas sociales. Se parte de reconocer que los jóvenes juegan un rol determinante en los procesos de desarrollo en Tlaxcala, e incluso en el mundo, y el análisis de sus expectativas en lo político y económico local permite reconocer e interpretar aquellos elementos que implícita y explícitamente deberían ser atendidos por las instancias gubernamentales y económicas para solventar las inquietudes de desarrollo individual y social. En un primer momento se realiza un acercamiento respecto del neoliberalismo en la economía de México y el mundo, el neoliberalismo representa un parteaguas en términos de rompimiento social, donde los jóvenes enfrentan demasiada presión 1

Profesor –Investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias Sobre Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Tlaxcala. [email protected]

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para cubrir sus necesidades básicas, asimismo, múltiples obstáculos para incursionar en los distintos ámbitos de convivencia: educativos, laborales, económicos, políticos, ecológicos, etc., esto a la luz de un modelo económico por naturaleza excluyente, es decir, el modelo capitalista en su máxima expresión denominado neoliberalismo. Así, ante las presiones que ejerce la dinámica económica neoliberal los jóvenes se hallan en un proceso de exclusión en las distintas dimensiones de la vida y desarrollo psicosocial, la cual deben enfrentar a partir de recursos muy limitados, por tal motivo, se analizan las percepciones y estrategias de interacción que ejercen los jóvenes para atender sus necesidades básicas, así como las alternativas de desarrollo que vislumbran en el corto plazo. Se hace un breve seguimiento de algunos estudios que abordan el tema de la juventud para contextualizarlo teóricamente y permitir el análisis de las respuestas respecto de la política y la economía, emitidas por un grupo muestral de jóvenes entrevistados.

Neoliberalismo y ajustes estructurales en México El neoliberalismo encierra un conjunto de contradicciones a las que se enfrenta el ser humano en sociedad, los lineamientos del Consenso de Washington se aplican sin restricciones en el ejercicio público de la política, donde los Estados y gobiernos han cedido a las presiones económicas de los organismos económicos transnacionales como el Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización Centroamericana para el Desarrollo (OCDE) principalmente, auspiciadas por países industrializados con un gran avance capitalista y cuyas perspectivas de predominio económico global incluyen la subsunción de los Estados nacionales a los criterios de la economía global. Diferentes autores emiten sus juicios respecto del modelo económico neoliberal, el cual incluye el aspecto político, donde los actores en los países asumen el criterio de realizar ajustes estructurales, en el caso de México para permitir el acceso e intervención de agentes económicos internacionales en la economía nacional. Beck ilustra el neoliberalismo de la siguiente forma: “No deja de ser curioso que el estado neoliberal sea un ejemplo sobresaliente de la internacionalización del Estado nacional. Los «reformistas» y «modernizadores» que se sienten obligados al credo neoliberal no sólo remodelan y desmontan el Estado social y de bienestar, sino que llevan a cabo una auto internacionalización del Estado nacional sin renunciar a la etiqueta nacional” (Beck, 2004:344). 54

Las formulaciones neoliberales han sido impuestas no por estrategias políticas y mucho menos para atender las necesidades sociales, sino por los múltiples intereses económicos que imperan en la actualidad a nivel mundial, donde los gobiernos que asumen este modelo lo consideran como la única vía para compensar las diferencias generadas a través del tiempo por el propio mercado y las erróneas políticas gubernamentales incapaces de promover un desarrollo social en forma integral. En la economía de México las reformas estructurales aprobadas durante el año 2014, impulsadas desde la Presidencia de la República y validadas en el Congreso de la Unión y la Cámara de Senadores, donde los diputados de los partidos: Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Verde Ecologista de México (PVEM); en sutil pero firme vinculación aprobaron y validaron las reformas en cita, frente a una débil bancada de partidos de Izquierda: Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT),2 cuyos argumentos no tuvieron la suficiente aceptación para detener las reformas que a todas luces están en contra del bien nacional y social. Ante estas circunstancias la sociedad queda sujeta a leyes establecidas desde las cúpulas de poder y de los intereses políticos-partidistas, que en primera instancia aparentan ser la solución a la problemática que enfrenta el país, sin embargo, mediante el análisis y cotejo de las experiencias que se viven actualmente en México, la incursión de empresas trasnacionales, así como la desregulación laboral, el retiro del Estado de su función protectora de la sociedad, la intervención en áreas consideradas por muchos años como estratégicas para la economía del país en general, como Teléfonos de México (TELMEX), Ferrocarriles Nacionales (FERRONALES), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otras, quedan a disposición del mejor postor o mejor aún, de acuerdos cupulares con empresas nacionales pero principalmente trasnacionales, beneficiando a quienes tienen el mayor control de la economía y la política. Esta forma de entender el beneficio neoliberal ha causado severos retrocesos en materia de desarrollo social, donde múltiples estudios demuestran que las políticas focalizadas a sectores vulnerables no han sido capaces de revertir las condiciones de pobreza que en este caso sí es estructural, además de considerar que la mayoría de mexicanos carece de múltiples satisfactores básicos en términos de sanidad, vivienda, vestido, alimentos, trabajo, etc., en este escenario se halla inmersa la juventud, la cual, como categoría de análisis para el presente documento, reconoce que los jóvenes están limitados de oportunidades de desarrollo en todos los campos 2

La afirmación viene de observar el canal de la Cámara de Diputados, durante las sesiones en las que se aprobaron varias reformas estructurales, en las cuales se trató el aspecto de la economía, la reforma energética, principalmente.

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de la vida social, por lo cual, se busca exponer aquellos elementos específicos que éstos perciben como limitantes en su vida cotidiana.

La realidad dialéctica para la juventud Si bien la juventud es un periodo transitorio en la maduración del individuo, que le supone adquirir la experiencia necesaria para una integración satisfactoria a la vida productiva, en la realidad no sucede así con la mayoría de los jóvenes en México ni en Tlaxcala, principalmente en éste último estado de la República Mexicana como espacio de estudio, donde se busca destacar las principales características que los jóvenes perciben como limitantes, asimismo con tantas restricciones socioeconómicas y políticas. A manera de antecedentes teóricos, podemos observar que como categoría de estudio, la juventud tiene su punto de inicio hacia la segunda mitad del siglo XX, Reguillo define que “la juventud, tal y como hoy la conocemos, es propiamente una “invención” de la posguerra. […] La sociedad reivindicó la condición de los niños y los jóvenes como sujetos de derecho y, sobre todo en el caso de estos últimos, como sujetos de consumo” (2012: 21-22). Mientras que Mier y Piccini, ubican la irrupción de los jóvenes en la arena pública en términos temporales y espaciales, “1966 en la Universidad Libre de Berlín” (Mier y Piccini, 2002: 21). Es decir, desde la perspectiva académica se busca una base que permita contextualizar el concepto de juventud como punto de observación, y los hechos históricos señalan esos antecedentes que necesariamente configuran la información necesaria para entender que los jóvenes se convierten en actores a partir de ciertos momentos y acciones concretas, no sólo en Europa, sino en muchos países de los cinco continentes, esto permite reconocer el proceso de constitución del concepto y de los propios actores como sujetos de estudio. En el caso de Latinoamérica, es hasta finales de los años 60 y principios de la década de los 70 cuando se reconoce la irrupción a la arena pública de la juventud, sobre todo con la movilización y trágico final del movimiento estudiantil de 1968 en La Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México. Por otra parte, existen gran cantidad de abordajes temáticos acerca de la juventud en México y el mundo, a manera de recuento muy breve, se observa lo siguiente: “Los jóvenes han sido importantes protagonistas de la historia del siglo XX en diversos sentidos. Su irrupción en la escena pública contemporánea de América Latina data de la época de los movimientos estudiantiles de finales de los años sesenta” (Reguillo, 2012: 19), en el mismo sentido, se observa que: 56

“no sólo se levantaba una demanda que ya en principio ponía en relieve la convicción de una ilegitimidad constitutiva en los mecanismos de gestión universitaria. Era a un tiempo una denuncia y un reconocimiento: la universidad no constituye el único dominio de interés de los estudiantes. Mostraron entonces que podían evaluar, medir, reconocer una pluralidad de ámbitos. Abrieron violentamente el juego de las expectativas para exhibirse como un sector capaz de configurar políticamente su entorno. Desplegaron, y esto fue sin duda lo que más temor suscitó, una imagen móvil, imprevisible, actuante” (Mier y Piccini, 2002: 22).

En estos ejemplos se observa la incipiente configuración actuante de la juventud como actores que promovían la búsqueda de reconocimiento por parte la esfera política, propugnando por un cambio social, enfocándose principalmente a un proceso de igualdad, en esos momentos más encauzados a la perspectiva socialista o al menos bajo ese argumento fueron atacados por los gobiernos en turno, bajo el estigma de que estos movimientos eran auspiciados por grupos considerados comunistas, recordando que aún en aquellos momentos persistía una fuerte lucha ideológica entre el capitalismo representado por Estados Unidos y el socialismo representado por la ex Unión Soviética, y no sería sino hasta finales de la década de 1980 con la caída del Muro de Berlín cuando se declara formalmente el triunfo de la ideología capitalista como el eje rector de la economía mundial. Esto rompe con el anterior modelo de confrontación ideológica y económica entre las dos principales potencias mundiales actoras de la Guerra Fría, que duró aproximadamente cinco décadas, y en las que ambas partes auspiciaban mutuamente una supremacía tanto ideológica, como militar y social. De acuerdo con Cruz: “...el derrumbe de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) dio lugar a la desaparición del bloque de países con regímenes comunistas de la Europa del Este, con lo cual se puso fin a la Guerra Fría. Tales cambios alteraron la Geopolítica Global” (Cruz, 2012: 28). Éste contexto prefigura la tendencia bajo la cual la sociedad en general se tendría que ajustar y actuar, pues una vez que el capitalismo se erige como el modelo vencedor en términos ideológicos y pragmáticos, a la sociedad no le queda más que asumir tal afirmación como única vía de convivencia y desarrollo, así, la juventud que pudiera convertirse en factor de trabajo y desarrollo en los distintos países, queda restringida a jugar el papel de actores secundarios en la dinámica político-económica. Si bien existen condiciones para categorizar esta temporalidad en que la juventud ha tenido momentos de expresión no tan exitosos, nos permite observar esas irrupciones que han modelado de cierta forma el actuar social de éstos, para lo cual, es necesario contextualizar las circunstancias actuales en que éstos incursionan y en que se hallan circunscritos, para interpretar su actuar y su expresión respecto de los dos tópicos que directamente les afecta, lo político y lo económico. 57

De esto, se hace un breve recuento de las condiciones tanto a nivel nacional como estatal para cotejar algunas perspectivas que los jóvenes perciben respecto de los temas investigados, en el nivel macro, observamos que: “Los jóvenes de los países en desarrollo conforman el segmento de mayor crecimiento de la población mundial, pues más de la mitad de los 5.000 millones de personas que viven en estos países son menores de 25 años. En este contexto, los jóvenes no sólo son el futuro, sino un presente activo, que de no atender su correcta formación e integración al ámbito socioproductivo, perderán tanto los países como las sociedades la oportunidad de aprovechar una inmensa fuerza creadora e innovadora que representa este sector. Los niños y jóvenes constituyen prácticamente el 50% de la población de los países en desarrollo. El 85% de los jóvenes entre 15 y 24 años vive en estos países. Entre un tercio y la mitad de los jóvenes cuya edad fluctúa entre los 15 y los 24 años carece de empleo en muchos países en desarrollo. A nivel global, los jóvenes constituyen el 41 % del total de desempleados” (BM, 2013:1).

Estos datos nos indican un proceso de ampliación de la pirámide poblacional donde la juventud ocupa un lugar preponderante en términos numéricos, de igual forma, en cuestiones de consumo, pues como lo menciona Reguillo, al ser sujetos de consumo, les implica tener y obtener los recursos necesarios para satisfacer sus requerimientos, de esta manera, se reconoce a nivel nacional que: “Este año México contará con la mayor cantidad de jóvenes de la historia en nuestro país: 36.2 millones de personas entre 12 y 29 años de edad. Para garantizar que este potencial contribuya al desarrollo es necesario superar el desempleo, una de las principales problemáticas globales. Ante la falta de oportunidades, muchos jóvenes han optado por participar en el sector llamado informal. Lo anterior debe ser analizado y atendido por las Naciones Unidas con el fin de garantizar el desarrollo humano y condiciones de trabajo decentes” (Delegados juveniles,3 2013: 40).

Sin embargo, también es necesaria la atención de otras dimensiones que configuran el pensar y actuar de la población joven, dando lugar a expresiones sociales que distan de ser deseables para este sector poblacional y en constante crecimiento, a decir de Reguillo: Los delegados juveniles participaron en el debate de la Tercera Comisión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el 9 de octubre de 2012, en Nueva York.

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“1. Los procesos de precarización-informalización de las biografías, las dinámicas, los circuitos y los imaginarios sociales; 2. El repliegue del Estado social y el fortalecimiento del Estado punitivo; 3. El descrédito de las instituciones modernas – La escuela, los partidos políticos, los sindicatos, las empresas, como garantes de la incorporación, de este sector a la vida socioeconómica” (Reguillo, 2012: 136).

Las circunstancias en sí, representan fuertes limitantes para el desarrollo de los jóvenes, de tal manera que es necesario reconocer aquellas percepciones e imaginarios que como individuos y como grupo poseen. Si bien observamos que a nivel nacional existen divergencias respecto de las condiciones deseables con las reales para los jóvenes, a nivel estatal persisten y se reproducen algunas de estas circunstancias. De acuerdo con la información proporcionada por el Consejo Nacional de Población (CONAPO), para el año 2014, en México existía un población de 119 713 203 habitantes de los cuales el 51.8 % serían mujeres y el restante 48.2 % serían hombres. Cabe destacar que los datos fueron estimaciones del CONAPO, considerando que la información del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) data del año 2010. En el mismo sentido, la información indica que la Tasa Global de Fecundidad (TGF) en Tlaxcala será de 2.2 hijos por mujer (CONAPO, 2014), dando como resultado un proceso porcentual decreciente en el incremento de la población, sin embargo, es necesario precisar que del año 2010 al 2014, en números reales, se ha mantenido un ritmo de crecimiento poblacional más o menos homogéneo, donde el promedio de crecimiento es de 18 621 ciudadanos por año, resultando que del periodo 2010 a 2013 se produjeron 74 485 nacimientos. Mientras que el promedio de defunciones por año en Tlaxcala es de 6 578, nos indica esta información que el crecimiento real por año se ha dado en un promedio de 12 043 habitantes (independientemente de las condiciones de migración e inmigración estatal). El sector juvenil presenta un elevado crecimiento demográfico que como consecuencia requiere de mayores espacios laborales: “El desempleo de la población joven está determinado también por su particular dinámica demográfica. Dado el acelerado proceso de transición demográfica que ha experimentado el país, se ha dado un aumento de la población en edades laborales, particularmente de jóvenes, lo que conllevaría a un incremento en el desempleo, manteniendo a los otros factores constantes” (Vela, 2014: 84).

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En el mismo sentido Molina señala que “...el campo laboral para los jóvenes tlaxcaltecas es una barrera tanto de orden político como empresarial, no se crean tantas plazas como lo demanda la sociedad, por lo cual, se prevé un crecimiento en la crisis laboral tanto en Tlaxcala como en México” (2014: 105). Tanto Vela como Molina (2014), destacan y coinciden en sus apreciaciones sobre los requerimientos laborales de los jóvenes en Tlaxcala, y considerando que este tema ha sido abordado anteriormente, cabría especificar que es reseñado para contextualizar las características requeridas en materia de políticas públicas enfocadas al mercado laboral para jóvenes, y sobre todo para abatir el desempleo De esta manera, se busca dar seguimiento al presente en dos dimensiones de carácter dialéctico, por una parte, reconocer el contexto nacional y la expresión juvenil respecto de los dos indicadores principales, objetos del presente (política y economía), por la otra parte, los resultados del muestreo realizado a un población juvenil entre los meses de junio- agosto del año 2014 a 44 jóvenes, cuyas edades fluctúan entre los 16 a 30 años y cuyos resultados son expuestos para contrastar las coincidencias y posibles diferencias.

Política y economía: del contexto nacional a la realidad tlaxcalteca Como se puede observar en los párrafos que anteceden, las condiciones que enfrentan los jóvenes son poco halagadoras, asimismo, es importante señalar que los factores que determinan dichas condiciones no están al alcance de los políticos o gobernantes para solucionar esa problemática, considerando desde luego que están sujetos a las prescripciones que impone tanto el modelo económico neoliberal como los lineamientos en materia económica dictados desde el BM, FMI, OCDE, etc., y que son acatados por el gobierno mexicano específicamente. El tema de la política y la economía para los jóvenes resulta por demás un tema espinoso, difícil de abordar y de cualificar por los múltiples factores implícitos, considerando lo anterior, se busca un abordaje concreto, donde resalten aquellos elementos que den luz sobre las condicionantes y perspectivas juveniles en Tlaxcala. Los jóvenes representan aproximadamente el 50 % de la población, la cual es de más de un millón de habitantes, como se observa en párrafos anteriores, las edades fluctúan entre 16 a 29 años y muchos aún en las aulas de bachilleratos y de licenciaturas, sin embargo, esto implica también necesidades reales y factuales que este importante grupo social busca satisfacer. De ninguna manera el presente es un abordaje exhaustivo, pues aborda algunas variables de investigación cuyos resultados a nivel nacional coinciden con aque60

llos levantados en Tlaxcala, asimismo, debemos tener presente que existen muchas coincidencias tanto teóricas como empíricas que demuestran un sentir antipolítico de los jóvenes, y resumidamente se observa que: “Ante el desengaño de jóvenes y no tan jóvenes, originado por la arrogancia y prepotencia de los poderosos, el avasallamiento de iniciativas sociales benéficas, la mentira política, la violencia, la guerra sucia acompañada del enriquecimiento de sus promotores y, el peor de los lastres, la corrupción, es indispensable restituir la confianza y despertar en las nuevas generaciones un afán de mejora que se cristalice en hechos concretos” (Llano, 1999, op.cit. Cruz, 2012: 93).

Para efectos analíticos se consultaron tres documentos que hacen referencia a resultados obtenidos y publicados por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) sobre el aspecto de política, donde se comparan algunas variables que resultan coincidentes con otras que se aplicaron a jóvenes en Tlaxcala y cuyos resultados muestran ser tendenciales. A manera de síntesis metodológica, se especifica que para el caso de Tlaxcala, el instrumento aplicado en el muestreo fue de tipo aleatorio, con respuestas semi estructuradas y abiertas, por tal motivo, para las variables expuestas en el cuadro 1, se observa que resultan coincidentes con las correspondientes del IMJUVE, aclarando que no se tuvo acceso previo al instrumento aplicado por el IMJUVE. Para el caso de la primera variable referida a saber si a los jóvenes ¿les interesa la política?, se observa que existe cierta coincidencia. En el caso del IMJUVE, se observa alguna variabilidad durante los años 2006, 2012, 2015, donde los resultados son de 44 %, 89.6 % y, 31 % respectivamente en el plano nacional, en tanto que en Tlaxcala en el año 2014, resultó el 63 %, los porcentajes en que los jóvenes respondieron que no les interesa la política. Cabe la aclaración que en los resultados del IMJUVE, las respuestas positivas que los jóvenes emiten respecto de sí les interesa la política son muy bajos, por tal motivo, para el presente se destacan los resultados más altos, en éste caso, los resultados negativos. Asimismo, en esta variable se puede observar que el número de jóvenes encuestados es diferente, para 2006 fueron 12 815, mientras que en 2012 fueron 5000 y la información de 2015 no se especifica, mientras que el muestreo realizado en Tlaxcala sólo incluye a 44 jóvenes encuestados. Al observar los porcentajes del IMJUVE, estos tienen alguna tendencia diferencial muy elevada, esto implica reconocer que las respuestas tienden a variar en cada edición y, por lo tanto, tener ciertas reservas con respecto a los resultados, considerando el caso de Tlaxcala, se observa una aproximación intermedia entre los 61

resultados nacionales, argumentando que la tendencia tanto a nivel nacional como en el estado de Tlaxcala es acorde, pues el promedio aproximado sería de 57.5 % de jóvenes a quienes no les interesa la política. En caso de la segunda variable, de saber ¿Cómo percibe a los políticos?, de igual manera, se observa más homogeneidad en las respuestas pues el promedio fluctúa en 25.4 % de jóvenes que califican a los políticos como deshonestos e inclumplidos, tanto a nivel nacional como estatal. Derivado de estas respuestas se puede inferir que tanto en las campañas como en el ejercicio de la función pública, quienes asumen y detentan el trabajo político deben de ser más mesurados entre lo que proponen como discurso con el actuar cotidiano, pues el incumplimiento de acciones que se prometen conlleva a formar una juventud incrédula de la actividad política y por consiguiente, como se observa en la primer variable, la negativa o rechazo a participar, así como el desinterés más o menos generalizado. En el mismo sentido, la pregunta para conocer la percepción juvenil respecto de las ¿Instituciones o cargos más desprestigiados?, la calificación para las instituciones y los cargos públicos es poco alentadora, considerando que a nivel nacional los jóvenes califican negativamente a los partidos políticos, a la policía y, en los cargos públicos a los diputados, mientras que en el caso de Tlaxcala, los jóvenes calificaron negativamente al gobierno estatal en general, a los diputados y a la policía. Cuadro 1 Variables de coincidencia nacional-Tlaxcala4 Variables Tamaño de muestra ¿Le interesa la política? ¿Cómo percibe a los políticos? ¿Instituciones o cargos más desprestigiados?

Imjuve 2006*

Imjuve 2012

Imjuve- UNAM 2015

Muestreo Tlaxcala 2014

12815

5000

No especifica

44

No 44 % Deshonestos 22 % Policía Diputados Partidos

Poco o nada 89.6 % Deshonestos 37.4 %

No 31 % No cumplen 19.5 % Partidos

¿Participaría en política?

Como obligación 26.4 %

Si 15 %

¿Causas?

Corrupción y falta de oportunidades

Desempleo, Falta de oportunidades, desconfianza

No 63 .6 % Si. 36 .4 % Deshonesto 22.7 % Gobierno estatal, diputados policía Si para hacer mejor las cosas 40.9 % No dan oportunidades, desconfianza

Fuente: elaboración propia con información del IMJUVE y muestreo propio. *

La información es recuperada de la obra de Cruz de Galindo (2012), quien cita información del Instituto Nacional de la Juventud (2006).

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Finalmente, aunque en la mayoría de los entrevistados existe la tendencia a observar como negativas las variables expuestas y detalladas, para el caso de la cuarta variable en el cuadro para saber si el joven o señorita ¿participaría en política?, aun cuando es bajo el promedio en los datos obtenidos, quienes consideran que sí participarían en política, estarían condicionados a la obligación, en 2012 el 26.4 %, mientras que en 2015, el 15 % afirman que sí participarían, de acuerdo con los resultados del IMJUVE; en tanto que en Tlaxcala el 40 % de jóvenes considera que sí participaría para hacer mejor las cosas. Para concretar esta sección, se considera de vital importancia reconocer que las ¿causas? principales que los jóvenes esgrimen como argumentos para rechazar o evadir su incursión en la política es la falta de oportunidades por parte de los grupos políticos (partidos), desempleo, desconfianza en las instituciones como la policía, asimismo, la corrupción presente en todos los niveles y como consecuencia, la negativa de integrarse a grupos políticos por sentir la falta de apoyos y oportunidades. Si bien el contexto nacional con el contexto estatal describe una tendencia similar de jóvenes que se niegan a participar en la política, también es pertinente, realizar un breve análisis de las condiciones económicas que imperan en Tlaxcala para los jóvenes.

Economía y juventud en Tlaxcala Los antecedentes más inmediatos refieren a una crisis económica de orden mundial, se recurre a este contexto para buscar clarificar cuales asperezas enfrentan los jóvenes de Tlaxcala. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala: “...en la crisis económica de 2009 ese sector de la población fue el más perjudicado. El escenario actual refiere que, en México, más de la mitad de los desempleados actuales tiene ente 14 y 29 años de edad, siendo el grupo de entre 20 y 24 años el más vulnerable, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo” (ENOE, citado en Espinoza, 2011:1; Vela, 2014:87).

Más aún, la información indica que en el año 2011, de los 16 millones de jóvenes en edad de trabajar: “1 millón y medio no encuentra empleo” (Espinoza, 2011:1). Es decir, el 9.4% de mexicanos considerados como Población Económicamente Activa (PEA) se halla en estado de indefensión laboral. A través de esta información observamos que existe congruencia entre el rechazo de la juventud en el aspecto político, pero a la vez expresa recelo hacia la 63

economía, y no es para menos, pues como bien responden ante la pregunta: ¿Considera que mejorará o empeorará nuestra economía nacional y cómo le afectará en un futuro? • “Va a empeorar, en Estados Unidos ha empeorado” (Víctor Flores Vázquez, 29 años (migrante). • “Empeorará, me afectará, sólo para adquirir lo necesario para vivir, el gas sube cada mes, y a veces ya ni siquiera alcanza para lo necesario” (René, 29 años). • “Empeorará, por culpa del gobierno” (Alma Leticia, 26 años). • “Empeorará en cuestión de la alza de precios y la baja de empleos y salarios” (Sandra, 23 años). • “Va a empeorar y afectará porque habrá mayor delincuencia” (Sinahí, 21 años). • “Empeorará, le afectará que algunos jóvenes se quedarán sin estudiar y sin profesión” (Ihering, 17 años).

Como se puede observar en esta variable de tipo abierta, la mayoría de los jóvenes expresan una percepción de que la economía nacional empeorará y por consecuencia estos factores afectarán a la sociedad, de igual forma a ellos mismos.

Variables económicas que afectan a los jóvenes tlaxcaltecas Es necesario observar las coincidencias en las respuestas que emiten los jóvenes respecto de la entrevista ya citada anteriormente, sobre todo entender que la economía marca la pauta de desarrollo o crecimiento del país, de tal suerte que ante la pregunta específica de ¿Cómo considera los ingresos de sus padres?, el resultado indica que el 54. 5 % de los entrevistados definen como regular, aunque debemos tener presente que ese concepto mostraría una medianía de los recursos y que definitivamente no cubren las necesidades de las familias, pues son los jóvenes quienes perciben que los ingresos generados por sus padres no cubren satisfactoriamente los requerimientos de consumo cotidiano. Esta interpretación nos remite a validar las respuestas anteriores respecto de la valoración de la política, es decir, si no existe una percepción positiva de la política la coincidencia parece ociosa en términos económicos, donde los ingresos son insuficientes. De igual manera, el 27. 3 % que declara que los ingresos son malos, nos indican que ambas variables conjuntan un 81.8 % de jóvenes insatisfechos con los ingresos familiares. Aunque sólo el 18. 2 % definen que los ingresos de la familia son buenos, también queda como tema a discutir, pues frente a la mayoría que se halla en estado de pobreza y peor aún, conoce esas deficiencias claramente (ver 64

gráfico 1), nos permite enfatizar que tanto la economía como la política están estrechamente vinculadas en la percepción social y juvenil como los dos factores que determinan negativamente las condiciones de vida de la ciudadanía. Gráfico 1 ¿Cómo considera los ingresos de sus padres?

Fuente: elaboración propia con datos de muestreo.

A partir de los resultados de la segunda variable, podemos inferir que los jóvenes están plenamente conscientes de los problemas de orden social y nacional en materia económica, todo parece indicar que la percepción negativa de la economía está plenamente sustentada y los jóvenes como actores no encuentran acomodo en el sistema. Gráfico 2 ¿Cómo considera la economía nacional?

Fuente: elaboración propia con datos de muestreo.

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No es ocioso contextualizar las condiciones económicas de México, entendiendo que existe una profunda crisis económica a nivel mundial, donde los especialistas en economía reconocen la incapacidad de los países por generar las condiciones necesarias de desarrollo social, asimismo, observando la información general publicada en distintos medios de comunicación, lejos de percibir la existencia de avances en materia de desarrollo económico se predicen condiciones adversas que sin duda, en el corto plazo afectarán más a la gran mayoría de la población y por consecuencia a la juventud. De esta manera, Armando Ruiz, reseña en la sección nacional del diario El Sol de Tlaxcala que: “Los jóvenes trabajadores entre 15 y 24 años han sido los más afectados por la crisis económica mundial, cuya tasa de desocupación llegó a casi el 13 por ciento en 2014 – tres veces más la de los adultos- y se prevé que aumente aún más en los próximos años, advirtió la Organización internacional del trabajo (OIT)” (Ruiz, 2015:3). Por lo tanto, con este tipo de información es comprensible que los resultados que arroja el muestreo efectuado a los jóvenes de Tlaxcala sea en términos negativos, donde el conjunto de variables muestran los estrechos vínculos que unen a la economía con la política, de tal manera que no han sido capaces de generar las condiciones de desarrollo y protección para la ciudadanía, y concretamente para los jóvenes, como se puede apreciar en el gráfico 3, éstos emiten juicios de valor en cuanto a las condiciones económicas a nivel nacional. Gráfico 3 Indicadores de la economía del país

Fuente: elaboración propia con datos del muestreo a jóvenes.

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Mientras el gráfico 4, respecto de conocer cómo los jóvenes perciben si ¿Mejorará o empeorará la economía del país?, las respuestas resultan contundentes, el 71 % responde que ésta empeorará, sustentando las respuestas de todo el presente documento, sin embargo, tanto el gráfico 1 y el 4 muestran que el 18.2 % de los entrevistados perciben positivamente las condiciones económicas, pues en el primer gráfico respondieron que los ingresos de sus padres son buenos y en el presente gráfico responden positivamente respecto de que la economía nacional mejorará, pero en contraparte se halla la mayoría de jóvenes que manifiestan sus percepciones en forma negativa. En el mismo sentido, referir una crítica a la economía nacional, pues repercute en cada individuo y de igual forma a las familias, por lo cual, sería pertinente que los gobiernos implementaran estrategias de desarrollo que tengan como prioridad impulsar el proceso de crecimiento o capacitación de los jóvenes para incursionar al ámbito laboral, pues como se va entretejiendo, el conjunto de respuestas indican una incapacidad gubernamental por cubrir los déficit de trabajo y política pública que mejore las condiciones de vida de la población tlaxcalteca. Gráfico 4 ¿Mejorará o empeorará la economía nacional?

Fuente: elaboración propia con datos del muestreo a jóvenes.

Para completar éste acercamiento a las percepciones de la juventud con respecto de la economía, se fortalece el argumento de que sus respuestas no obedecen a meras especulaciones, sino a condiciones reales que enfrentan cotidianamente junto con la mayoría de la población a nivel nacional, complementando que la economía no está en condiciones de generar posibilidades de desarrollo. Alejandro Durán reporta el día 19 de abril de 2015, que: “El Fondo Monetario Internacional 67

(FMI) recortó su pronóstico de crecimiento de la economía mexicana para este año de 3.2 a 3.0 y para 2016 de 3.5 a 3.3 por ciento, pues aprecia un débil mercado interno y ‘una orientación fiscal más restrictiva’ que contrarrestan el efecto positivo generado por la recuperación en Estados Unidos” (Durán, 2015:3). La realidad es expuesta con claridad por los propios organismos económicos internacionales, sin duda que estas declaraciones ponen el acento en la macroeconomía, aunque, tanto el contexto macro como el micro, al menos para la juventud es nítida, las condiciones sociopolíticas y económicas no tienen asidero o posibilidades de desarrollar alternativas que permitan cubrir los déficit sociales por largo tiempo reproducidos, de tal manera que como se observa en el gráfico 5, los indicadores que los jóvenes señalan como factores de que la economía empeorará tienen distintas explicaciones, expresadas en los siguientes términos: el incremento en los precios de todos los productos que respondieron los jóvenes (40.9 %), es un factor determinante en la escasa posibilidad de desarrollo para la población en general, al igual que el incremento del desempleo (22.7 %). Gráfico 5 Indicadores de que empeorará economía nacional

Fuente: Elaboración propia con datos del muestreo a jóvenes.

Los indicadores se contraponen a la descripción expuesta por Reguillo (2012) en el sentido de que a los jóvenes se les consideró a partir del final de la Segunda Guerra Mundial como “sujetos de consumo”, en éste momento, siguen siendo aspirantes a consumistas, pero con gran cantidad de dificultades que enfrentan, asimismo, lo que ellos perciben es que se genera el incremento de la delincuencia 68

(9.1 %), que pareciera ser la puerta de salida para este sector social (Ver gráfico 5) y por supuesto, contextualizada de manera recurrente, en el sondeo aparece el problema de la corrupción en los ámbitos político y económico, es decir, la débil percepción positiva de una minoría de los entrevistados, contrasta con la mayoría de respuestas que enfatizan las múltiples dimensiones negativas de un mismo problema, donde la juventud se siente excluida, desesperanzada, con pocas o nulas posibilidades de desarrollo y con una percepción completamente negativa del actuar político.

A manera de conclusión “Pienso que la economía empeorará ya que obedece a intereses de privados quienes buscan obtener recursos para ciertas élites, sin importar las clases sociales de bajo nivel” (Jonathan, 25 años).

Las condiciones políticas y económicas son ejes vertebradores de cualquier sociedad, y si no han sido capaces de desarrollar e implementar estrategias coherentes que permitan impulsar un desarrollo más equilibrado entre los diversos sectores sociales, generan un conjunto de sentimientos opuestos a las expresiones positivas de los gobernantes en turno. Asumiendo un balance más específico, frente a los jóvenes el actual gobierno está reprobado contundentemente y esta situación se convierte en un grave factor de riesgo social, pues basta con hojear el periódico de mayor circulación en la entidad, en su sección de Justicia, donde cada vez se observan mayores problemas de delincuencia individual y organizada, asimismo ya es común observar que participan menores de edad, que al ser capturados en flagrancia de diversos delitos están ingresando a los centros de reclusión, convirtiéndose en un problema de difícil manejo por parte de las autoridades y de las instituciones. De esta manera, si bien se plantea al inicio del presente trabajo, que la juventud juega un rol determinante y que el análisis de su contexto en Tlaxcala permitirá vislumbrar posibles alternativas de avance en materia social, a través del análisis empírico se resume que los jóvenes tanto en el contexto mundial, nacional y local, enfrentan condiciones cada vez más adversas, que los actores políticos y económicos no han respondido a las necesidades reales de los jóvenes, por lo cual resulta hasta cierto punto natural el rechazo, la apatía, la sinrazón de una sociedad cada vez más consciente de sus limitaciones, de sus derechos, bajo un sistema altamente restrictivo tanto en lo político como en lo económico pero incapaces de fomentar 69

políticas económicas, laborales, educativas, de sanidad, etc., que respondan a la creciente demanda de bienes y servicios sociales que resulten incluyentes para adultos y para jóvenes, esto permite enfatizar en la urgente necesidad de mejorar las condiciones de vida de la población tlaxcalteca específicamente para contrarrestar esa reacción anti política plenamente justificada de los jóvenes.

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Segunda Parte

Procesos de Democratización

La participación política en la construcción de la democracia real y la realidad de la democracia en México Gonzalo Alejandre Ramos1

Introducción La participación calificada de política, en una sociedad desigual de entrada requiere algunas consideraciones, una de ellas es cuando se asocia con la construcción de la democracia, un concepto ambiguo, y como tal implica formas de participación variadas y orientadas a tornarla realidad. Aún y cuando esa democracia se defina sólo como electoral, en sentido estricto no existen acciones ni políticas específicas lo suficientemente serias de ningún actor político relevante, ni del estado, para formar ciudadanos participativos que se correspondan con esa idea específica de democracia, y menos si es concebida como fin o ideal general. En el supuesto de una democracia definida sólo como electoral, no toda participación de los individuos es política, se convierte en tal, cuando deriva del juego de los actores políticos, donde se generan algunas conexiones y acciones directas y colaterales con efectos excluyentes, con los que se trastocan las posiciones de poder y la estabilidad, sobre todo de los actores más débiles. De tal manera que, en tales condiciones, la construcción de la democracia se ha reducido básicamente a la emisión del voto individual de un ciudadano que podemos calificar de elemental, formado en la práctica marginal de la representación política, un “ciudadano precario”, quien “participa” de manera inducida y calculada por los actores políticos mejor posicionados en una escala de interés. Así los ciudadanos responden básicamente a una racionalidad vital (Buchanan y Tullock, 1993; Pliego, 2000). Por lo tanto la democracia es un concepto teórico multifactorial, que requiere que nos ubiquemos, tanto en tiempo como en espacio y distingamos entre lo 1

Profesor de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma del Estado de México, Unidad Zumpango. [email protected].

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conceptual y lo real, entre lo teórico y la práctica concreta que ejercen los actores políticos. La democracia que se practica en México, vista desde la academia tiene serios reclamos, incluso desde el sentido común hay dudas fundadas sobre su existencia real, y más sobre su práctica y sobre las instituciones del Estado que dicen procurarla, con lo que, la credibilidad y confianza en el Estado cada vez se desdibuja, como señala Marcos Roitman en el caso del México violento de 2014, que invita a los analistas sociales a revisar la afirmación weberiana sobre el uso de la violencia legítima del Estado, a revisar los ideales, particularmente el de la democracia, que hoy adereza una realidad ligera y cínica, a la vez que crecientemente violenta, una violencia que el Estado usa sólo por el hecho de tenerla a su disposición (Roitman, 2014). La democracia ha variado en la historia, es un concepto antiguo que apareció en una época en la cual la vida política estaba fuertemente segmentada, la igualdad de los individuos no se garantizaba por el sólo hecho de sus características humanas, se afirmaba que los individuos eran diferentes por naturaleza y por nacimiento, Aristóteles reconoció que los telares tenían que ser operados por esclavos, no por hombres Cerroni (1990). Pero con la modernidad los hombres nos volvimos “iguales” y con ello el concepto de la democracia cambió de manera significativa. A partir de entonces y como por ensalmo la democracia fue un concepto que figuró como la mejor posibilidad para gobernar, pero hacerla realidad implica subordinar incluso a sus creadores, difusores y operadores. Metodológicamente iremos de lo general a lo particular, de la teoría a la realidad, en específico analizaremos el caso de México, consideraremos la situación que guarda la legitimidad del Estado, a partir de la acción de los actores políticos que operan la democracia, a saber: los partidos políticos, el sistema electoral y las instituciones del Estado y desde luego los ciudadanos.Todo ello puede ser analizado a partir de indicadores de la participación dentro de las formas institucionalmente establecidas, la información la obtuvimos de las respuestas ciudadanas a las preguntas de la más reciente Encuesta Nacional sobre Cultura Política (ENCUP, 2012), particularmente las que tienen que ver con la participación y con la democracia en México. Nos proponemos confrontar los conceptos y la teoría con la realidad, donde los actores juegan un papel central en las tendencias y perspectivas que enmarcan los caminos de un supuesto proceso de democratización, al que alude el discurso, frecuentemente la realidad va por un sendero diferente y proyecta una tendencia de derrota de la democracia y de la sociedad como diría Zermeño (1996), este es un fenómeno cuyas acciones evidencian la búsqueda de supuestos fines del Estado hasta hoy no confesados.

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Los fines de la democracia en el mundo moderno La convivencia en paz y en armonía es una búsqueda histórica asociada a la democracia, un tema que ha hecho correr mucha tinta, tanto autores antiguos como modernos, en sus “obras demuestran siempre un gran interés por los problemas de la convivencia humana” (Cerroni, 1990: 7), ha sido una ocupación perenne de los filósofos, los politólogos, los economistas, los antropólogos, los juristas, y los sociólogos entre otros profesionistas de las ciencias sociales, además de los activistas y los pacifistas. La búsqueda histórica de la democracia ha derivado algunas fórmulas hasta hoy poco eficaces, meros reduccionismos con serias limitaciones operativas. Es un hecho que el mundo se ha vuelto cada vez más complejo, la modernidad inició el análisis y la fragmentación del conocimiento. Maquiavelo se atrevió a separar la filosofía de la política, hoy hemos separado la economía de la moral y de la ética, pero las separaciones no han sido propiamente un avance sustancial y definitivo, la separación ha producido fragmentación social y de los campos del conocimiento, y con ello se han dificultado la armonía social y las acciones eficaces hacia un orden político en perspectiva democrática. Como bien apunta Ágnes Heller (1994) la evolución social, no es un proceso progresivo e histórico, ni necesariamente se repite de manera mecánica, tampoco va por un camino ya trazado y medido. O sea que las conductas no son simples, no siempre caminan del orden al desorden y, luego del desorden al orden, así de una manera natural y sencilla; las cosas de los individuos no se comportan de esa manera, la regla no es llegar al máximo posible del desorden para luego ascender al orden, tampoco hacer el mal y, cuando ya no es posible más mal, iniciar el camino hacia el bien y cuando este ya no es posible mejorar más, se reinicie el camino hacia el mal. Para Maquiavelo esa era una ley absoluta, mediante la cual se suceden los hechos humanos. Para él lo bueno y lo malo sólo variaban de región en región. Maquiavelo, desconoce el concepto de evolución social (Heller, 1994: 339), una evolución social que ni siquiera tenemos la seguridad de que marche necesaria u obligadamente en sentido positivo, o sea, hacia una idea de mejora continua, no consideró que las sociedades futuras estarían en ambientes difícilmente controlables, en las cuales la información y el conocimiento sería más accesible y por lo tanto las capacidades humanas se modificarían, haciendo más complejo y hasta más peligroso el mundo, más complicada la existencia humana y por lo tanto, un reto para la política y para los gobiernos, los cuales hoy ya afrontan serios problemas de gobernabilidad, sobre todo en las regiones menos desarrolladas. Hoy el panorama se torna cada vez más complicado, la moral ya no se rige por las reglas antaño establecidas, lo cual provoca la modificación de las conductas 77

de individuos y sociedad; con las nuevas tecnologías ha aumentado la capacidad de hacer el bien pero también el mal, con lo cual se multiplican los posibles escenarios políticos, las fronteras ya no son tan nítidas entre el bien y el mal, entre el desarrollo y el no desarrollo, entre lo público y lo privado. El actual mundo está rompiendo esos “límites naturales” que muchos autores creyeron estaban ahí, que formaban parte de la naturaleza humana, pero hoy la economía neoliberal ha revolucionado el mundo, ha destapado otras potencialidades hasta entonces plegadas u ocultas, las cuales al desplegarse están rompiendo los límites de la moral, la cual es ya un estorbo, una limitante para la economía neoliberal, impelida siempre a crecer (Buchanan y Tullock, 1993). Para Mouffe (1990) la democracia hoy difiere sustancialmente del modelo ilustrado, actualmente los ciudadanos están inmersos en el mundo mercantilizado, son elementales, por lo que, la democracia del modelo ilustrado es hoy cada vez más abstracta, este concepto ha servido sólo para avivar una esperanza que se ha mantenido controlada, ha evitado su desenlace revolucionario, se ha anclado en una democracia representativa, que no permite trascender. Mouffe ve la necesidad de radicalizar la democracia a fin de salir de la prisión que significan los universales devenidos de la Ilustración como referente inamovible. Hoy no basta con sólo nombrar la democracia para que esta ya sea, para Moulián el poder se ha apropiado de la democracia, la ha trocado un mecanismo de ocultamiento y no un mecanismo de apelación que permita convertirla en realidad, (Moulián, 1984: 314). La democracia como abstracción ilustrada: “… es perfectamente defendible, sin embargo se tambalea cuando las condiciones sociales y de atributos personales, nos indican que los derechos tienen su limitante al no haber logrado trasladarse plenamente de la norma jurídica a la vivencia del diario acontecer” (Mora, et al, 2014: 15-16).

Empero los ideales son los deseos que no necesariamente se logran debido a que, quizá no existen las condiciones adecuadas, se ha impuesto la fragmentación social del conocimiento, la cual nos ha conducido a un escenario en el que, como diría Touraine: “No podemos vivir juntos, es decir, [no podemos] combinar [las diferencias y crear] la unidad de una sociedad con la diversidad de las personalidades y las culturas” (Touraine, 1997:22). Hoy el mundo vive en “la renuncia a todo principio de unidad, la aceptación de diferencias sin límites, conduce a la segregación o la guerra civil” (Touraine, 1997: 22), la diversidad es la tónica de nuestro tiempo, la desconfianza de unos hacia otros crea el ambiente social de principios del siglo XXI. 78

El ideal de la democracia se sustenta más en un deseo, el cual al intentarse realizar desaparece o más se aleja, la realidad niega la igualdad de los individuos, el mercado y el progreso confirman la desigualdad, el crecimiento la reproduce, por lo cual la democracia es funcional en cuanto permite el discurso que fomente el deseo, la democracia y la igualdad como realidad, serían un estorbo al progreso. Aún los optimistas que le apuestan a la democracia, ven en ella grandes problemas como la corrupción, Pasquino (1999) hasta ahora irresolubles, la corrupción ha penetrado a los partidos políticos, a los grupos y a los individuos particulares, para los cuales, robar se ha convertido en una forma no sólo de supervivencia, sino como la forma de sustentar y sostener al sistema democrático (Pasquino,1999: 5764), pero con todo insistimos en la democracia como la única esperanza de avanzar en el logro de la igualdad entre los individuos.

La democracia y la política una propuesta radical Una sugerente idea de Chantal Mouffe (1990) es radicalizar la democracia anclada en un origen ilustrado, en una fuente de ideales inalcanzables, cuya función central ha sido ocultar la realidad, permitir a los actores ávidos de poder, ocultar sus pasiones por la dominación hacia las mayorías sociales. Sin embargo lograr radicalizar la democracia queda aún en algo conceptual que invitaría a acciones específicas en favor de la democratización, esa es una tarea complicada, se requeriría una cultura política asimilada por ciudadanos más completos, que tuvieran las condiciones para alcanzar una participación en perspectiva de hacer del Estado un bien público y no un bien privado, como bien lo afirman Bazúa y Valenti (1993), pues la democracia no puede existir en un marco institucional y estatal que responde básicamente a una lógica privada, donde lo público en la realidad no existe, ya que el público no ha logrado hacer al Estado suyo, que sirva y responda a las necesidades del público, pues lograr lo público requiere de un proceso de publiceidad.2 Entendida la publiceidad de acuerdo con Bazúa y Valenti (1993) como el proceso por el cual el pueblo o las mayorías son macroexternalidades del Estado, las que en este caso afectan a las mayorías y favorecen al Estado como la cosa privada, este obedece básicamente a lo que Bazúa y Valenti denominan en la población de elite lo micro, en este caso si el Estado se sobre pone o sea se comporta en la tipología napoleónica, estas élites se denominarían microexternalidades, pero si son las élites las que dirigen al Estado serán microinternalidades, todo depende de donde se ubiquen tanto minorías como mayorías hará del Estado un bien público o privado, todo depende del apropiador de la cosa que discursivamente desde la idea de democracia se ha dicho que es de todos. La publiceidad si se realiza hace del Estado la cosa de todo el pueblo, o sea que se genera esa publiceidad en la medida que se convierte en una práctica de cultura política, cosa que en un Estado donde impera la pobreza es complicado para que los individuos se conviertan en ciudadanos, sobre todo cuando carecen de lo más elemental y cuando existe una estrecha vigilancia de sus conductas y de sus formas de organización, y eso cuando las hay.

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Otra idea sobre la radicalización, en este caso de la política, surge de las limitaciones que la democracia ha provocado, tanto en su versión liberal como en la republicana, opuestas entre sí, desde la crítica académica ya poco puede decirse de la democracia sin tener que pensar en alternativas menos idealizadas (Máiz, 2001). La idea de la radicalización de la democracia (Mouffe,1990; Bosteels, 2001) por un lado, y por otro la radicalización de la política, nos indican que, sobre todo en el ámbito académico, no se observan ya salidas sin tener que considerar las bases sobre las que se ha construido la actual democracia, su cuestionamiento empezó con su adjetivación, se habló de democracia verdadera, de democracia representativa, de democracia cristiana, de democracia directa, de democracia económica, de democracia política; en fin, todos estos adjetivos lo que han provocado es confusión sobre la idea y su práctica y por ende sobre su existencia real, por lo que, este término ha servido para ocultar al público la comprensión y la práctica de la misma y consecuentemente ha dificultado su realización. El mundo occidental ha agotado el discurso sobre la democracia, al igual que al sistema de partidos Cerroni (1991), tanto los partidos como los sistemas de partidos y electorales hoy inspiran desconfianza a un ciudadano en muchos casos precarizado y fragmentado, es la palabra como término o concepto político, no la que aclara y explica, sino la que oculta las realidades inconfesables (Mora et al, 2014). Visto desde otros ángulos menos crudos, quizá como la realidad de algunos países europeos, el pensar en radicalizar la democracia mediante los mecanismos políticos sea posible mediante bases ciudadanas más reales y prácticas, sobre todo si el modelo de ciudadano pleno es alcanzado y vivido mediante una cultura política que le permita participar en el campo de las propuestas, y no sólo acatar lo dispuesto de manera autoritaria, en esas condiciones quizá la democracia sea aún creíble, pero tendría que ser una democracia no fundada en la herencia de la ilustración y de sus universales. Una democracia que se sustente en realidades materiales, en condiciones de vida que la permitan. Otra realidad es la que afrontan hoy los casos de los países menos desarrollados, sobre todo los que han sido colonias de los europeos, para estos la única salida que hoy se perfila es la radicalización de la violencia. Finalmente y quizá en un futuro no muy lejano este fenómeno sea mucho más preocupante por su presencia incrementada en este tipo de países. Es poco probable que la democracia electoral pueda frenar esa tendencia. Si el sistema de partidos y electoral son los instrumentos tradicionales para lograr la democracia en la realidad del siglo XXI, estos se han desgastado, incluso para el lego están en una crisis palpable e insostenible, desde el mundo de la academia hoy nos preguntamos si ¿es realmente posible reducir las correcciones eficaces 80

a una obra de ingeniería institucional? (Cerroni, 1991: 96) o sea, si es posible lograr la democracia mediante procedimientos, mecanismos e instrumentos políticos institucionalizados impregnados de una fuerte dosis de inteligencia, con la cual se logre eliminar las fallas que hoy vemos en el sistema de partidos. El problema es que hasta hoy no hemos encontrado como suplir a los partidos políticos que se presentan como el principal obstáculo a vencer. Para responder, es menester considerar la variable que pregunta ¿cuál es el sujeto que cuestiona la eficacia?, ello implica tomar en cuenta la politización de ese sujeto, partimos de la hipótesis de que, a mayor politización de los individuos particulares, por el momento sin considerar los medios que la hacen posible, ni las formas de organización probables, estos se convierten en factor que reta al sistema de partidos, o sea que, a mayor capacidad de cuestionamiento a los partidos y al sistema de partidos, la democracia aparece cada vez menos posible o más defectuosa. Podemos decir que, a mayor politización y mayor capacidad de ejercer la crítica, mayor dificultad enfrenta el sistema de partidos para lograr el ideal de la democracia. Lo cual nos hace pensar en que, la realización de la democracia dependerá no más de la existencia de un ciudadano que haya incrementado sus capacidades de percibir la política y de ejercerla de manera democrática, o sea de un ciudadano evolucionado y mejorado por decirlo de esta manera, sino de todo lo contrario, o sea de lograr atenuar su agudeza y con ello su capacidad crítica, de cuestionamiento y de capacidades propositivas y de articular y construir alternativas, las cuales podrían ser distintas a la democracia representativa, en tanto la representación se estaría develando como una ficción o como un mecanismo ineficaz parcial y corrompido, este escenario dibuja la realidad de la democracia y no la democracia como realidad. En México derivado de un consenso mundial apoyado por los organismos multilaterales como la ONU, la OEA, la OCDE entre otros, por ley se asume la democracia como la forma de gobierno a la que debemos aproximarnos tanto en el gobierno como en los partidos políticos. En la realidad: “Todos los partidos políticos con registro oficial apoyan la democracia. No obstante, los partidos tienen concepciones diversas de qué es la democracia y de las prácticas políticas que esta conlleva” (Emmerich, 2009: 61). Este panorama constituye los entretelones entre actores e instituciones, tanto de tipo interno como externo, básicamente centrados en constituir los procesos electorales ocupados y preocupados todos, por establecer la democracia en México como una realidad, sin embargo la realidad de la democracia es un tanto distinta, pues un modelo general enfrenta las condiciones de la realidad local. 81

La democracia en el México del siglo XXI Pablo González Casanova publicó en 1965 La democracia en México un texto que concibió a la democracia no sólo como un asunto político, sino que tiene que ver con el desarrollo económico del país, cuya población heterogénea vive su realidad, una realidad que vincula “...la economía con la sociología o con la ciencia política...” (González, 1986: 14), una realidad que no se maquilla, que no oculta nada, que no aísla, ni separa lo que de suyo se presenta de manera simultánea y correlacionada. La democracia no es entonces una cosa exclusivamente relativa a la participación de un ciudadano definido como una persona que haya cumplido 18 años y que tenga una forma honesta de vivir; un ciudadano, por decir natural, en tanto los requisitos se los da la edad y esa forma honesta de vivir queda muy indefinida, esos atributos por sí solos no lo hacen apto para participar en los procesos electorales y esa participación no lo convierte en ciudadano activo. La democracia es más que una palabra, alude a una realidad histórica de desigualdades sociales que prometió resolver la ideología de la revolución y hasta ese momento, 1963 cuando concluyó el libro González Casanova, no habían podido ser resueltas. Por ende la democracia no es sólo electoral o sólo cosa política, y que deje de lado los problemas ingentes de la pobreza. Conjuntar lo político con lo económico permite debatir la existencia o no de la democracia, cosa muy distinta a la idea de los transitólogos, quienes han puesto énfasis en el aspecto de la alternancia de los grupos o partidos políticos que luchan por el poder mediante un proceso electoral legal e institucional, donde a los ciudadanos, tal cual son, realizarán la democracia sólo como cosa política, pues únicamente les corresponde participar por esos cauces. También existe hoy entre algunos analistas y políticos la confusión de la democracia con la gobernabilidad, parten de una idea implícita y en ocasiones explícita de que la democracia es la solución a la gobernabilidad, “Uno de los desafíos más importantes que enfrenta la democracia mexicana […] es la creciente demanda de gobernabilidad” (Córdova, 2007: 79) aquí el problema es la gobernabilidad que se equipara con la democracia. ¿Quiénes piensan que la democracia es una suerte de gobernabilidad?, quizá sean los propios partidos políticos, quizá otros actores preponderantes en la economía o hasta algunos intelectuales; en estricto sentido lo que sucede es un intercambio de opiniones entre actores políticamente relevantes, entre los que no necesariamente se encuentra el grueso de la población que se circunscribe básicamente a emitir su voto. Si bien la gobernabilidad puede ser un resultado de la democracia, eso no implica que la democracia se deba de buscar mediante la gobernabilidad, esta debe ser un resultado y no un medio. Por otro lado la democracia en México como en otros 82

países es una democracia representativa, cuya representación en este caso queda en manos de los partidos políticos que logran el triunfo de algunos de sus candidatos, pero afirmar que la democracia busca la gobernabilidad a través de los consensos de las representaciones, no es algo que los partidos tengan en cuenta, o que les sea indispensable o forme parte de sus intereses, pues si sus objetivos son obtener un espacio de poder político, este se cumple al formalizar los resultados de cada elección y, en este caso, el triunfo es parcial, cada partido obtiene una parte del poder, la negociación con otros partidos en todo caso puede ser antes de la elección con raras excepciones es después. Hablar de una “gobernabilidad democrática”3 es anteponer el concepto, el interés y la práctica de la gobernabilidad a la democracia, la cual sería el fin que dicen perseguir el Estado y la sociedad, si se recurre a la democracia como medio, para alcanzar gobernabilidad, la democracia queda así condicionada por la gobernabilidad. El consenso y la negociación hacen posible la gobernabilidad, pero los resultados de la negociación y del consenso no son propiamente la democracia. Aquí el problema es el concepto de la democracia, pues cada actor la refiere desde distintos ángulos y posturas ideológicas políticas y económicas. En la práctica discursiva la democracia se ha convertido en parte de un discurso mediático y ligero para un público poco acucioso y agudo en la comprensión de conceptos complejos, como lo es la democracia, cuya práctica se ha reducido al voto. Un punto central del debate sobre la democracia es, si como ideal, puede lograrse, y en ese caso, si puede satisfacer a todos los sujetos que la buscaron, pues siendo estos muy desiguales, dicha democracia será concebida de manera diferencial y heterogénea, tal cual son los sujetos que la piensan y la construyen, ellos son quienes la validarán con rigor o sin él. La democracia será homogénea cuando el mundo también lo sea, mientras existan culturas políticas existirán democracias acordes con los sujetos que las practican y las construyen, por lo que los parámetros no pueden ser los mismos para todo el mundo, en tanto no logren empatarse la realidad con el ideal de la democracia será sólo discurso político y meta referencial, la cual no está hecha para ser alcanzada; hoy la realidad de la democracia va más allá de la teoría. A continuación abordamos un estudio empírico con base en los resultados que arrojan las preguntas que aluden a nuestro tema y que se aplicaron en la ENCUP 2012. 3

Lorenzo Córdova alude la “gobernabilidad democrática” como un reto que consiste en fundar dicha gobernabilidad democrática en el mayor consenso posible y, sobre todo en el más profundo respeto por opiniones divergentes. “Democracia significa [para Córdova] consensar, no imponer” (Córdova, 2007). Sin embargo si se impusiera la “democracia” es evidente que esa no sería democracia y, en el caso del consenso este se propone un hacer en nombre de las partes de la población que dicen representar como partidos, en todo caso serían acuerdos cupulares que ya han sido muy cuestionados por generarse frecuentemente alejados de los compromisos asumidos con sus representados.

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Las ENCUPs y la democracia en México Si la democracia es una forma de vida en la que influyen los medios materiales con que cuentan los individuos para vivir su vida, en México al ser un país con índices de pobreza de hasta un 70% de su población nos indica que, lograr la estabilidad social requiere de intentar separar la asociación entre satisfactores para la vida y la cosa política. Si analizamos las preguntas y las respuestas de la quinta ENCUP aplicada en México en 2012, tanto por la estructura de las preguntas como por los resultados que se han obtenido en su aplicación, encontramos que, el tipo de preguntas intentan detectar si existe una real separación entre los medios de vida y la actuación política, o por el contrario esta asociación se ha incrementado. Concretamente retomamos algunas de las preguntas de la sección III denominada “Percepciones sobre la democracia” que estarían en relación directa con nuestros objetivos, estas van de la 13 a la 29. Y para analizar la participación de la ciudadanía, tomamos de la sección IV denominada “confianza en las instituciones”, las preguntas que hemos considerado más representativas para nuestros objetivos, las cuales van de la 30 a la 39.

Algunos supuestos de la democracia real Por ejemplo la pregunta 13 que abre la sección es: de las siguientes frases que le voy a mencionar ¿cuál es la que se acerca más a su manera de pensar? Donde una posible respuesta puede ser: 1) La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno; o 2) En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático; 3) A la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario. Al respecto podemos observar que las preguntas parten de un supuesto implícito no corroborado de que, la ciudadanía a la que se le pregunta conoce y sabe qué es la democracia, así, simplemente por su proceso de experiencia y de vida y por los referentes que haya logrado acumular y sea capaz de asociar para entender de alguna manera (la que sea) a qué se refiere la pregunta que trata sobre un concepto como la democracia. Si bien hoy en día existe una serie de posibilidades para que los individuos se enteren sobre que es la democracia, la realidad es que se ha dejado que lo aprenda como pueda, lo cuestionable de esta pregunta es que estaría midiendo efectivamente una percepción tal cual se da de manera natural, pues emprender 84

una acción para educar a la ciudadanía en los valores y prácticas de democracia sería algo distinto y con objetivos diferentes, además de los costos económicos que ello implica. Los resultados obtenidos de la ciudadanía sobre esta pregunta son: 1) El 58.11%; acepta que la democracia es preferible. 2) El 21.02 % que propone el autoritarismo antes que la democracia. 3) El 16.84% acepta que es lo mismo o le da igual el autoritarismo que la democracia. 4) El porcentaje restante del 4.03% representó el no sabe y el no contesta. Podemos observar que a pesar de que no existe un programa específico para formar a los ciudadanos en la idea y la práctica de la democracia, no aceptan el autoritarismo, el cual parece que asocian con la autoridad extrema y arbitraria y por lo tanto lo consideran negativo y el porcentaje más elevado decide que es preferible la democracia. Lo que podría estarnos indicando no una mayor conciencia política de los ciudadanos, sino una ciudadanía que vería una disyuntiva simple, polar y poco halagüeña, entre la democracia como el ejercicio del poder del que se les dota a los políticos representantes para defender lo social, y el autoritarismo como peligro declarado y evidente hasta al sentido común que atenta contra la supervivencia de ese ciudadano. La pregunta 14 intentaría poner a prueba la convicción del ciudadano y procede a preguntarle: ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase?: 1) La democracia es peligrosa porque puede causar problemas; 2) El país funcionaría mejor si fuera gobernado por líderes duros; 3) El gobierno es más autoritario que democrático. Al respecto los resultados son: 1) 2) 3) 4)

Muy de acuerdo 6.82%; De acuerdo 35.05%; En Desacuerdo 45.84%; Muy en desacuerdo 8.33%.

Como podemos ver en la respuesta de la ciudadanía un porcentaje muy bajo dijo estar muy de acuerdo, y la mayoría está centrada en de acuerdo y en desacuerdo, lo cual puede estarnos indicando que un 35% de la ciudadanía es capaz de reflexionar sobre la ambigüedad de la democracia, o sea que no hay una idea clara de lo que es y que acepta que es posible que por la ambigüedad derive problemas, y que estos no necesariamente son peligros al no ser entendida como un bien general.Y un sig85

nificativo 45% tiene una mayor claridad sobre lo positivo que estaría implícito en el termino democracia, de tal manera que, quienes están enterados y tienen una convicción de lo que es la democracia y sus posibles riesgos y beneficios es un 80.89%, al cual se le suma el restante muy en desacuerdo, por lo que el porcentaje que rechaza definitivamente que la democracia pueda ser negativa, en México es el 89.22%, el cual tiene preferencia por la democracia, ya sea con convicción absoluta, con convicción reflexionada y con reflexión que admite la posibilidad de la ambigüedad. Todo ello considerando la realidad de que es una ciudadanía que no ha sido educada específicamente en los valores de la democracia, tal cual se estaría practicando en México, sino en una idea y práctica muy general. En las preguntas 15 y 16 se alude a rescatar información de esa percepción ciudadana, o sea si considera que México vive en una democracia y que si está satisfecho con ella. Respecto de la 15 sólo un 30.89 % dice no vivir en una democracia, de lo que se puede deducir que, quizá es crítico de ella tal cual vive. Y en la 16 que alude a su satisfacción, en los resultados encontramos que, sumado el muy satisfecho y el satisfecho suma el 30.11%. El resto se divide entre los no satisfechos, insatisfechos, ni insatisfechos y tan solo el de los poco satisfechos es del 34.46%, los cuales ya se pueden considerar coyunturalmente críticos del sistema que maneja la democracia. Las preguntas 17, 18, 19 y 20, aluden a detectar la anuencia, disposición o confusión de la ciudadanía respecto de la posibilidad de separación de la política y la economía, plantea las preguntas a manera de disyunción y de exclusión entre estas dos áreas. Las preguntas 22 a la 29 le plantean al ciudadano se defina sobre posibles escenarios donde la democracia sería el aspecto central para la toma de decisiones o para la solución de problemas, a lo cual el ciudadano tiene respuestas variadas pero que en este caso dejamos de lado, no por irrelevantes, sino porque lo que nos interesa mostrar es el ideal que subyace sobre democracia y la realidad de la misma en el caso de México. A continuación veremos el aspecto de la ciudadanía, el cómo se comporta en cuanto a la participación ya no en escenarios figurados, sino mediante opiniones y datos que nos proporciona la ENCUP, al respecto retomamos algunas de las preguntas seleccionadas de acuerdo a su posible postura política y su posible participación frente escenarios de reforma, readecuación o reconfiguración del sistema que promueva la democracia y la participación política en México.

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La participación ciudadana en la construcción de la democracia La democracia no preexiste per se como modelo al cual los individuos y las colectividades se apegan, es más bien una construcción de los ciudadanos, y estos tampoco existen por el sólo nombre de ciudadanos, sino por una práctica cotidiana que va más allá de las acciones, tanto de fines políticos como económicos, los cuales hacen las formas de vida individuales y colectivas, de tal manera que, con la construcción de la democracia se constituyen los ciudadanos de manera paralela y reciproca mediante su participación y la acción. En México la participación ciudadana como un concepto y praxis, aquí la consideramos no únicamente la que canaliza al ciudadano por los cauces institucionales ya existentes, sino como una participación alternativa, lo cual puede encontrarse en las respuestas a algunas de las preguntas contenidas en el instrumento de las ENCUP. Las cuales fueron seleccionadas conforme a la posible postura política de los ciudadanos, a la relación que puedan o no ver entre la política y la economía, a las acciones que realizan como formas de participación, a su conocimiento que tienen sobre el ser ciudadano y conforme a las posibles acciones no institucionales, lo que conforma el marco de su acción participativa. Para tal propósito nos basamos en las preguntas diseminadas en las secciones V, VI,VII,VIII y en la XIII, lo cual hablaría del nivel alcanzado en las perspectivas ciudadanas y de su convicción participativa, así como de las modalidades que prefiere o ve como recurso ante las acotaciones y limitaciones que hace el Estado y el sistema político. El orden de las preguntas tal cual aparecen en la ENCUP no necesariamente se corresponde con el nuestro, iniciamos con la idea o el conocimiento que tiene el ciudadano de lo que es ser un ciudadano que plantea la pregunta 51. Al respecto la respuesta que más se eleva en el porcentaje y que es del 50.75% es la relativa a “Tener derechos y obligaciones”, el 14.63 la concibe como tener responsabilidades y el otro porcentaje significativo es del 12.99% y es el que lo concibe como poder votar, lo que en síntesis se puede englobar o hasta sumar a la respuesta que dice tener derechos y responsabilidades. La pregunta 37 plantea al ciudadano: ¿qué tan interesado está usted en la política? A lo cual en la respuesta nosotros destacamos los porcentajes más significativos: Mucho 15.67%; Poco 64.67%; Nada 19.15%. O sea que si consideramos los que están poco interesados y los que están muy interesados tenemos un 80.34%. Sin embargo habría que considerar cuál es la forma de canalizar ese interés, el cual no necesariamente sería conforme al sistema institucionalizado o creado para tal caso. 87

La pregunta 38 plantea: ¿la política contribuye o no a mejorar el nivel de vida de todos los mexicanos? Esta es un instrumento que permite ver si el ciudadano relaciona la economía con la política o bien las concibe separadas. Y en la respuesta obtenida destacan tres porcentajes: Si contribuye el 35.41%; Contribuye en parte 41.75%; No contribuye 20.73%. Al respecto podemos notar que quienes relacionan la política con la economía suman un 77.16%, lo cual devela un dato adverso para quienes intentan plantear la idea de democracia asociada sólo con las acciones políticas y electorales, o sea con el ejercicio del voto con significado puramente político. La pregunta 39 plantea: por lo general, cuando usted está conversando con algunas personas y éstas empiezan a hablar de política. ¿Qué hace usted? Esta pregunta estaría orientada a detectar si el ciudadano se inhibe o tiene temores al hablar de política con otros, pues quizá piense que lo pueden detectar en cuanto a un posible organizador o activista social y político. Al respecto la respuesta obtenida es la siguiente: Deja de poner atención cuando empiezan a hablar de política, 18.88%; Usualmente escucha, pero nunca participa en la discusión, 42.10%; Generalmente participa en la discusión y da su opinión 23.03%; A veces da su opinión 15.08%. Si sumamos los porcentajes de los que escuchan pero nunca participan en la discusión, los que generalmente participan y dan su opinión y los que a veces dan su opinión ello agrupa a los que les interesa la política y suman 80.21%, eso sin contar que los que contestaron que dejan de poner atención pudieron hacerlo por estrategia, lo cual nos daría que más de un 80% tienen alguna postura política en diferentes grados. La pregunta 44-a también nos sirve para ver la posible postura política de los ciudadanos y plantea: ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase: Los ciudadanos deben obedecer siempre las leyes aún cuando sean injustas? Esta pregunta intentaría detectar el porcentaje de sumisión como un sinónimo de buen ciudadano. Al respecto tenemos la respuesta siguiente: De acuerdo 37.30%; En desacuerdo 46.60%. La pregunta 44-b plantea: ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase: Los ciudadanos pueden cambiar las leyes si no le parecen. Esta pregunta implica la posible participación en alguna forma o dirección. La respuesta es: De acuerdo 33.75%; En desacuerdo 46.07%. Aquí se ve que la mayor parte de los ciudadanos consideran difícil poder incidir en el cambio de manera efectiva, sobre todo si conocen los cauces institucionales, pero ambos porcentajes están interesados en un cambio y mejoría de las leyes. La pregunta 44-c plantea: ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la frase Los ciudadanos pueden desobedecer las leyes si le parecen injustas? Esta pregunta va dirigida a detectar la posible desobediencia civil en alguna modalidad, y la respuesta es la siguiente: De acuerdo 31.06%; En desacuerdo 47.92%; Muy en desacuerdo 88

13.68%. Aquí lo que podemos observar es que la vía de la desobediencia civil sólo la conciben un 30%, mientras que para un 61.60% no es una opción que consideren muy acertada por algunas razones aquí no expresadas. La pregunta 46-1 plantea: ¿qué tanto respeta usted la ley? Esta pregunta resulta un tanto reveladora, a la cual quizá el ciudadano no sea muy veraz en la respuesta, pues es posible que desconfíe del uso de la información y podría ser calificado de sospechoso aún y con la promesa de ser información confidencial. A lo que los ciudadanos responden en una escala donde 0 es nada y 5 es mucho, destacan solo 3 rubros: el 3 suma el 13.70%; el 4 suma el 28.31% y el 5 suma el 54.10%. La pregunta 57-1 plantea: Durante el último año, ¿asistió a alguna reunión de las siguientes organizaciones? Juntas de vecinos. Escogimos esta pregunta en tanto es la que más puede encubrir los objetivos y se presta más a cubrir algunas posibilidades de reunión con objetivos diversos más en pequeño y donde se expongan más problemas comunes y cercanos a todos ellos, ya que las otras derivaciones de la pregunta 57 resultan de interés más tenue. Aquí la respuesta fue: Si 41.57%; No 58.40%. Es el porcentaje más significativo donde los ciudadanos responden en un porcentaje alto afirmativamente.

A manera de conclusión El ciudadano y su participación, son dos conceptos del discurso del Estado mexicano y sus instituciones, la realidad camina por senderos distintos fundados en las experiencias y formas de vida cotidiana. Ni el Estado ni sus instituciones cuentan con políticas serias y eficaces de formación ciudadana, por lo cual, la democracia, la participación y el ciudadano, son alusiones forzadas, fragmentos idealizados que paulatinamente favorecen la emergencia de una realidad real y disidente que crecientemente se rebela a ser canalizada, inducida, limitada, moldeada y vigilada por el Estado. Las Encuestas Nacionales sobre Cultura Política (ENCUP) han servido de instrumentos detectores de la real democracia y la real ciudadanía en México. La realidad de la democracia y de la ciudadanía difieren de los conceptos implícitos en el discurso político de la clase política y del sistema electoral, el cual es cada vez menos funcional aunque no exista hoy en día una forma de sustituirlo. Puede observarse que la ciudadanía no confía en el inocuo uso e imparcialidad de la información vertida en las ENCUP, pues la asocia a la toma de decisiones para preservar la estabilidad del sistema político por medios restringidos y no por una apertura democrática y participativa. 89

Así la democracia real es producida por las limitaciones inherentes a la participación ciudadana mediante mecanismos y medios institucionalizados, en los hechos las instituciones político-electorales intentan separar los aspectos económicos de los políticos, sobre todo cuando los económicos son los responsables de los niveles de vida de pobreza, o en todo caso unificarlos en momentos coyunturales de elecciones y detonar la participación política mediante el voto comprado o negociado, para lo cual la pobreza se convierte en funcional al sistema político electoral. La democracia ideal ha sido hasta hoy funcional al discurso político como medio para fomentar la participación electoral, aunque en el fondo esta no sea una meta a alcanzar en la realidad de las acciones y las instituciones político-electorales, lo cual denota el agotamiento de los recursos de la democracia y el discurso y contenido de la misma, la realidad es que la democracia como promesa de realidad, cada vez tiene menos credibilidad y vigencia.

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La agenda municipal, elementos para la democracia y la gobernanza local en méxico Ricardo Joel Jiménez González1

Introducción El 26 de septiembre de 2014 cuarenta y tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron desaparecidos por fuerzas policiacas municipales. En esta vorágine estuvieron implicadas las autoridades municipales de Iguala, Guerrero, en complicidad con el crimen organizado. Ahora se conoce que este suceso además contó con la anuencia y conocimiento de autoridades estatales e integrantes de partidos políticos. ¿Qué nos hizo llegar a esta situación como sociedad cuando hace poco más de dos décadas el municipio representaba una esperanza a favor de la transición democrática? El presente artículo retoma la Agenda Municipal para situar algunas propuestas que permitan reencontrar el camino hacia la democracia participativa. Se hace énfasis en asumir al ámbito municipal desde sus tres componentes: sociedad, gobierno y territorio, sobre el supuesto de que la crisis que atraviesa el país es origen y resultado, entre otras cosas, de las limitaciones estructurales del diseño institucional municipal, pero consideramos que es precisamente mediante procesos de democratización de la vida pública municipal como podría revertirse, en algún grado, esta situación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia local? En los noventa se colocó en la agenda política un cuestionamiento al modelo del Estado centralista. Se trató de una crítica sobre la legitimidad del poder gubernamental derivado del sistema de la democracia representativa. La escala local adquirió relevancia en una doble dimensión: por un lado, como espacio físico, y por el otro, como espacio político. Esto significó que lo local se convirtió en una arena donde diversos actores no gubernamentales promovían cambios que a escala regional o nacional no lograban 1

Coordinador de la sede D.F. del Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, A.C., (CESEM). [email protected]

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obtenerse. Se colocó en el escenario la posibilidad de generar cambios -por vía de la participación ciudadana- sobre las formas de actuación de los gobiernos locales y la manera de abordar y decidir sobre los asuntos públicos. Desde lo local se le dio la espalda a la democracia representativa para apostar a una democracia participativa y deliberativa. Ya no bastaba para las ciudadanías locales con sólo con ejercer su derecho a votar y tener representantes sin legitimidad. Era un momento histórico simbolizado por la pérdida del monopolio gubernamental y de las autoridades sobre las decisiones públicas y la entrada a la arena de las decisiones por parte de diversos actores de la sociedad. Lo público ya no se reducía a la actuación y responsabilidad del gobierno, ahora los asuntos públicos eran deliberados y, en su caso, decididos por diversos actores sociales emergentes y/o históricamente excluidos de las decisiones. Manuel Canto señala sobre este momento de cambio: “...las situaciones descritas están marcando con claridad el fin de una época; lo que no está muy claro son los signos de lo nuevo, pero con certeza uno de ellos es la participación de la sociedad en los asuntos públicos, que ya no se reduce a la sola delegación del poder, sino que se trata ahora de una demanda de involucramiento en el gobierno de la sociedad, cuyo análisis ha requerido poner en el centro de la discusión la categoría de la gobernanza” (Canto, 2010: 21).

Jan Kooiman (2005) distingue tres nuevas características estructurales en las sociedades contemporáneas: la dinámica, la complejidad y la diversidad; esto hace emerger nuevos patrones de relación Estado-sociedad y por lo tanto de reconocer que un solo actor no puede por sí solo dirigir la vida pública. En este sentido: “Desde esta perspectiva típicamente tocquevillista la democracia participativa organizada a nivel local, es evocada, en primer lugar, en las democracias modernas para reconstruir un orden político en plena transición. Es cierto que la democracia local, fundada sobre el principio de la participación y no solamente de la representación política, desarrolla supuestamente un sentimiento de pertenencia a una comunidad, el compromiso, la generosidad, el sentido de la moralidad, el interés por los asuntos públicos, más allá de los intereses individuales –tanto de virtudes y de “competencias cívicas”– que distinguen la democracia representativa de la democracia participativa” (Jouve, 2004).

John Gaventa (2006) advierte sobre los aspectos que deben existir en una democracia local participativa: 1) que los actores no gubernamentales tengan acceso a la participación en la gestión de los asuntos públicos de su interés 2) la construcción de nuevas relaciones entre la sociedad y los actores gubernamentales, esto es, un 94

sistema horizontal en las relaciones bajo reglas democráticas; 3) reconocimiento de las formas tradicionales de participación y la posibilidad de ir más allá de los marcos “formales” de participación ciudadana; 4) nuevas formas de participación, interlocución, deliberación y rendición de cuentas, para que los actores no gubernamentales estén informados y obtengan respuestas sobre las acciones y decisiones de los actores gubernamentales; 5) garantizar los derechos, haciendo patente el derecho a participar más allá de votar; 6) la existencia de mecanismos para impulsar formas inclusivas y deliberativas de concertación entre los ciudadanos y el Estado, esto es, ampliar “la voz” de los ciudadanos en diversos foros para la planificación participativa y la toma de decisiones conjunta, la realización de consultas ciudadanas; 7) la existencia de formas directas de participación popular como ejercicio de soberanía popular; 8) la construcción de diversos espacios de participación y apertura a los actores excluidos de los espacios formales de participación; 9) la construcción de espacios alternos para diseminar los espacios de poder y de toma de decisiones para romper el centralismo y el verticalismo de las decisiones, de los recursos y de la información. A los anteriores aspectos se pueden agregar: a) constitución de redes amplias de actores, autónomas del gobierno, que busquen deliberar, y en su caso, solucionar problemas comunes junto con los actores gubernamentales y privados (Jiménez, 2014); y b) fortalecer la agencia y discurso de los actores gubernamentales y no gubernamentales (Long, 2007) para adentrarse a procesos de deliberación, diálogo y consensos.

La última Reforma Municipal, ¿Una apuesta a la democracia local? La última reforma al artículo 115 Constitucional, que da orientación a la vida municipal en nuestro país, aconteció en 1999 como epílogo de un proceso de alternancia partidista vía una amplia movilización nacional de parte de diversos sectores de la sociedad que se inauguró en el ámbito municipal. Se trató de un proceso nacional denominado por Carlos Rodríguez (2009) como una marea municipalista, un tsunami ciudadano, un momento de efervescencia social donde se construyeron a la par de la alternancia partidista local formas de gobierno local democráticas e innovadoras. Este proceso de alternancia partidista formaba parte de la llamada transición democrática. Al paso del tiempo se constató que la alternancia partidista no fue suficiente para consolidar actores, instituciones, mecanismos y espacios que permitieran consolidar una democracia local participativa en el país. Con la reforma se establecieron las bases para asumir al municipio como ámbito de gobierno, dándole un status similar al que tienen los gobiernos estatales y el gobierno federal. Con ello se establecía –en teoría- un nuevo esquema del sistema 95

federal en el que el municipio era integrante; sin embargo el municipio no forma parte políticamente del Pacto Federal, por lo que los municipios se mantienen como destinatarios de las decisiones y de las políticas públicas estatales y federales. La reforma mantuvo los claroscuros históricos mismos que hasta nuestros días caracterizan al ámbito municipal: escaso margen de libertad y autonomía, como posibilidades políticas que permitan emprender a las sociedades locales actos de autodeterminación para plantear alternativas a la forma tradicional del uso del poder gubernamental. En el actual artículo 115 Constitucional se advierte que los ayuntamientos tienen facultades en un sentido, pero se les restringen en otro, una especie de “libertad acotada”, situación que adquiere relevancia cuando las autoridades y los actores locales no gubernamentales y privados enfrentan diversas problemáticas en un marco de limitadas facultades municipales y con escasos recursos financieros. Esta reforma de 1999 tampoco abordó el reconocimiento de la heterogeneidad municipal. Se habla del municipio y no de los municipios como un aspecto que reconozca la pluralidad local. El modelo de municipio asentado en el artículo 115 Constitucional es más de carácter urbano que rural, o semirural, porque se hace alusión sobre servicios públicos que debe prestar el ayuntamiento, los cuales muchas veces rebasan la realidad de los municipios rurales e indígenas. La reforma continuó asumiendo a las autoridades locales más como prestadores de servicios que como actores y promotores de procesos de desarrollo. No se esclarecieron las tensiones existentes en el esquema federal entre los tres ámbitos de gobierno en aspectos claves como la asignación de recursos (tanto en sus porcentajes, como en los mecanismos de asignación), así como de los programas sociales impulsados desde el ámbito federal y estatal, mismos que se convierten en instrumentos de control político y social. El esquema hacendario y fiscal federal traducido en la etiquetación de los recursos asignados a los municipios (ramo 28 y ramo 33) privilegia la centralización, sumado a un control gubernamental y partidista en su manejo, asignación y aplicación. En esta reforma municipal las reglas de representación ciudadana no se trastocaron, dejando intactas las formas tradicionales de elección y de asignación de espacios dentro de los cabildos privilegiado a las mayorías y la forma de representación de los regidores permanecen “difusa” ya que no queda claro qué rol tienen, a quiénes representan y deben rendir cuentas. Los espacios de participación quedan acotados a esquemas para acceder a recursos y aplicarlos (comités), dejando de lado las diversas forma sociales de representación y de participación, e inclusión de los sectores minoritarios, así como de las formas tradicionales de organizarse y tomar decisiones. 96

Al respecto Adriana López Monjardín señala que: “La reforma municipal al Artículo 115 constitucional en 1999 no representó ningún avance respecto a los mecanismos de participación ciudadana y rendición de cuentas en los municipios rurales. …es una reforma municipal que se convierte en un texto que trata de la relación de unas instancias de gobierno con otras, pero omite la relación entre gobernantes y gobernados….el nuevo Artículo 115 impone modalidades uniformes para la integración de los ayuntamientos, que deben estar formados por un presidente y el número de regidores y síndicos que la ley estatal determine. Así se está legislando a favor del presidencialismo y en contra de la libre integración de los ayuntamientos, cuando que las demandas populares confluyen en la necesidad de construir espacios de gobierno más colegiados y con mayor participación y vigilancia ciudadana. Los cabildos abiertos, los parlamentos ciudadanos, las asambleas y los concejos municipales, quedaron, simplemente, fuera de la ley…. La ley no prevé la representación territorial de los ejidos, comunidades, agencias municipales, poblados, barrios o colonias, que integran el municipio, cuando que uno de los problemas más sentidos de la población es la concentración de poder y los recursos públicos en las cabeceras municipales, en detrimento de las demás localidades” (López Mojardín citada en Fox, 2002).

Se mantienen fuertes limitaciones sobre las figuras de autoridades comunitarias dentro de los municipios, estas autoridades auxiliares (delegados, agentes) son vistos como “empleados o mensajeros” de los alcaldes. Aisladas, sin presupuestos, ni facultades, se vuelven figuras frágiles eliminando su enorme potencial en la vida cotidiana y democrática de las comunidades. En años recientes se han sumado nuevos elementos a la vida municipal que resultan trascendentes como es el derecho ciudadano a la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental en tanto que se establece la responsabilidad de los sujetos obligados (ámbitos de gobierno) a presentar a la vista de la ciudadanía una serie de información respecto a su desempeño, sus atribuciones y funcionamiento, así como en la aplicación de los recursos. Tras la aparición de la ley federal de transparencia y acceso a la información en el 2002 y la serie de leyes locales, los municipios son sujetos obligados a otorgar, presentar y sistematizar información pública. Si bien la existencia de estas leyes no produce necesariamente que se desmonte el diseño de opacidad institucionalizado de los ayuntamientos, ni que tampoco se ventilen los asuntos públicos y se amplíen los marcos de intervención para la participación de los actores no gubernamentales y privados, en este derecho radica una oportunidad para los actores sociales interesados coadyuven a vigilar la manera en cómo se desempeñan las autoridades municipales respecto al uso de los recursos 97

públicos y la toma de decisiones. Este derecho ciudadano puede detonar importantes transformaciones dentro de las administraciones municipales (Jiménez, 2015).

La Agenda Municipalista Los elementos eje de la Agenda municipalista2 Es un proyecto académico y político emprendido por diversos actores interesados (stakeholders) por coadyuvar a democratizar la vida local. Se apostaba a rediseñar al municipio desde su concepción hasta sus facultades y responsabilidades a fin de fortalecer el esquema federal y posibilitar procesos reales de desconcentración y descentralización de las funciones públicas. El municipio como base del sistema político administrativo debía ser fortalecido desde su base social, administrativa, política y gubernamental. Al respecto el IGLOM señalaba: “Con una perspectiva hacia el siglo XXI, la reforma municipal en México requiere fundamentar sus propuestas en las necesidades contemporáneas de la institución municipal, en la consolidación de la democracia de las sociedades municipales, en la concepción de lo local como nuevo eje del desarrollo nacional, y con una perspectiva más amplia, en lo esencial de la reforma del Estado. Desde estos parámetros, la reforma municipal no es un proceso de dimensión local, con un impacto limitado; por el contrario, implica un amplio proceso de transformación nacional que avanza en dirección al perfeccionamiento de la democracia en el entorno más concreto para los ciudadanos; promueve además la descentralización de la vida pública y modifica el conjunto de la estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Con estas características, en síntesis, la reforma municipal significa una nueva visión del Estado mexicano y del desarrollo nacional, de sus ejes, dinámica y actores fundamentales” (IGLOM, 2007: 10). Para fines de este artículo se considera a la Agenda Municipal (o municipalista) como aquella surgida desde los años noventa y que integró a instancias académicas como la UNAM, CIDE, ITESO así como a organizaciones de la sociedad civil como el Centro de Servicios Municipales “Heriberto Jara”, A.C, Locallis, la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado (CERE) y expertos e interesados quienes emprendieron la “Agenda de la Reforma Municipal en México”. Este esfuerzo derivó más tarde en constitución de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos (IGLOM). Cabe señalar que también existía la Agenda Ciudadana Municipalista impulsada por diversas organizaciones civiles de 15 estados del país que constituyeron la Red Ciudadana Municipalista, quienes llegaron a realizar dos Convenciones Ciudadanas Municipalistas (2004-2006) y en el 2004 impulsaron una Campaña Nacional por la Democracia y el Desarrollo. De igual manera las diversas asociaciones de municipios en México (AALMAC, AMMAC, FENAMM) construyeron sus agendas propias municipales. Como sea existieron vasos comunicantes entre estos distintos esfuerzos respetando las distintas perspectivas y enfoques y colocando mayor énfasis a ciertos temas. En esencia había una clara idea de trabajar a favor de fortalecer la instancia municipal e impulsar un proceso que democratizara la vida pública local.

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Sin pretender abarcar todos los aspectos de la Agenda municipal, me centraré en los siguientes aspectos: 1.- Reconocimiento y ejercicio del gobierno municipal como interlocutor legítimo de los asuntos públicos y gubernamentales ante los gobiernos estatales y el gobierno federal. Se planteaba reformular el esquema federal compuesto por tres ámbitos de gobierno pero en el que siguen “decidiendo sólo dos de ellos”. Se trata de un enfoque que trastoca su dinámica al no ser tomados en cuenta concretamente en aspectos que van desde la seguridad pública hasta la posibilidad de emprender acciones de desarrollo local integral. Esto hace que los municipios sigan siendo receptores de iniciativas y programas desde el centro, sobre todo ahora que sólo observan cómo se implantan procesos y magnos proyectos en sus territorios sin que sean consultados o informados. Si bien este planteamiento es macro se pueden fijar estrategias sobre la base de esquemas de gobernanza en los asuntos de interés público donde intervengan redes sociales múltiples que permitan diálogos y deliberación como antídoto al centralismo. 2.- Reconocimiento y ejercicio de la heterogeneidad municipal. Es necesario asumir la complejidad y diversidad del municipio en nuestro país y con ello permitir el fortalecimiento y desarrollo de las capacidades de las sociedades locales. Se trata de romper con esquemas de homologación históricas que se reflejan en las políticas públicas y en la asignación de los recursos para objetivos específicos (etiquetados). La diversidad municipal debe verse vinculada a la libertad, como eje de la soberanía popular, como la posibilidad de autodeterminación de los pueblos (Acedo, 2009) y a la autonomía municipal como la garantía institucional y constitucional de ejercer las atribuciones que le han sido reconocidas sin mayor interferencia de los poderes estatales y/o federales en beneficio de la sociedad municipal como fin último (Merino, 2003). El concepto de autonomía fortalece las bases de auto organización de la administración municipal y de la función reglamentaria, además de estimular la adecuación del gobierno municipal a las necesidades específicas de la sociedad municipal, mejorando las capacidades locales (IGLOM, 2007: 25). Este eje resulta de vital importancia en tanto el mundo global-homogéneo que es impulsado por los consorcios y entes internacionales que identifica al desarrollo a un “esquema o estereotipo” que deben seguir las sociedades y los gobiernos. El trasfondo de este planteamiento adquiere matices de carácter político, de sustentabilidad y resistencia municipal hacia futuro. Reconocer a escala constitucional a los municipios indígenas sería un acto de enorme trascendencia. 3.- Fortalecimiento democrático de los espacios de deliberación y decisión. El cabildo ha sido en el diseño institucional municipal un símbolo de la opacidad y del presidencialismo. Tradicionalmente el cabildo apela más a un esquema para la toma de 99

decisiones entre unos pocos, con escasa representatividad y anclados en esquemas verticales. Esto no ha resultado positivo para la vida democrática local sobre todo cuando se acentúan las prácticas de opacidad y falta de ventilación de los asuntos públicos y las restringidas formas de intervención de los actores sociales en las discusiones y decisiones tomadas por el cabildo. La cultura partidista de realizar “consultas dirigidas” ha suplido a los procesos de deliberación y discusión de los asuntos públicos. Se han tergiversado el espíritu de los espacios deliberativos con los que cuenta los ciudadanos en sus municipios. Estos han sido raptados por esquemas más partidistas, grupales e individuales. Se debe reformular el esquema de elección de los integrantes del cabildo, definir las facultades de los regidores para que dejen de ser una figura “decorativa”; adentrar a los cabildos a un esquema de rendición de cuentas y de transparencia permanente. Hacer a un lado la elección por planillas sería un paso fundamental para la democracia local y la representatividad social. 4.- Esquemas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Los cabildos y los servidores públicos municipales deben contar con un diseño institucional con esquemas transversales de rendición de cuentas y con actores ‘autónomos y vigilantes’ que los obliguen a hacerlo, con esquemas de sanciones políticas, sociales y administrativas. No son suficientes los marcos legales en la materia de transparencia en tanto que reducen al ciudadano como un “solicitante” de información. Tampoco el esquema de informes de gobiernos (hechos a modo). Es necesario que los servidores públicos y autoridades locales estén bajo esquemas en el que respondan a las interrogantes de la población y brinden explicaciones de sus actos. Se requiere construir esquemas ciudadanos de transparencia y acceso a la información proactiva, esto es, que vaya más allá de lo que les marca la ley a las autoridades locales. Se deben construir esquemas que obliguen (y en su caso, se sancionen) a que los responsables del gobierno informen previo, durante y posteriormente a la realización de una política, decisión tomada u obra pública aprobada. Todo acto de gobierno debe adquirir un carácter público. 5.- Mayores espacios de participación e intervención de la sociedad en los asuntos de gobierno y públicos. Uno de los retos de la agenda es responder cómo damos mayor poder a la ciudanía para que intervenga y decida en sus asuntos de interés. Se trata de reformular (o en su caso eliminar) el esquema de saturación de consejo y/o comités municipales que no tienen ni representatividad, ni recursos, ni capacidad de satisfacer los intereses de las comunidades. Se trata de espacios que en muchos casos son de “participación domesticada” como los nombra Andrea Cornwall (2003). El adjetivo de “participación” es un cascaron vacío que en su operación tienen más representantes de las autoridades y de los funcionarios públicos que por ciudada100

nos. Son espacios que no son deliberativos ni de decisión y en el mejor de los casos de carácter consultivo, sin reglas claras de funcionamiento, ni planes programados para dar resultados con indicadores. Se debe apostar a la diversidad del tejido social y a sus formas de organización (que muchas veces han sido partidizadas). Los gobiernos municipales ven a la participación ciudadana más como un problema que como un vehículo para enfrentar problemáticas. Se vive un momento crítico que se refleja en la escasa participación ciudadana bajo el esquema de “si me das te doy”, dañando los esquemas de participación proactiva y transformadora. 6.- Fortalecimiento y reconstitución del tejido y el capital social. Se debe reconocer la vinculación que existe entre el desarrollo de capacidades colectivas y del capital social con la posibilidad de crear alternativas ante la situación de inseguridad, o bien, de generación de servicios a la comunidad (educación, salud, cuidado de los sectores más desprotegidos, producción orgánica, mercados alternativos, servicios culturales, etcétera). Conforme a los diagnósticos derivados del Subsidio para la Seguridad en los municipios (SUBSEMUN) implementado desde la Secretaría de Gobernación se comprueba que en aquellas comunidades o municipios donde el tejido social es débil los poderes gubernamentales o fácticos desarrollan prácticas nocivas, imponen sus reglas y establecen canales de resolución de conflictos por las vías informales y/o violentas. Por lo tanto es necesario abonar a la organización social, comunitaria, ejidal, crear nuevas instancias ciudadanas, con capacidades de autonomía e ir más allá de la representatividad que tiene las autoridades y los partidos políticos. Se trata de construir controles sociales que critiquen y objeten sobre las acciones y decisiones de los actores gubernamentales y privados, que participen en la escena pública con agendas y acciones que vislumbren nuevas forma de conducir los asuntos públicos y gubernamentales (Cunill,2009). El reto es desmontar la cultura de la dádiva, del recibir algo a cambio y de la sobre-partidización de la movilización social. La reciente reforma política aprobada a finales del 2013 colocó diversos temas de la agenda municipal en la escena nacional, entre ellos, las candidaturas independientes y la reelección de autoridades municipales. Sin embargo, lejos de colocarse como alternativa viable la primera de ellas, ha resultado controversial por los candados que se colocan para acceder a un ciudadano a un cargo de público. Mientras que la reelección quedó como una decisión en manos de los propios partidos políticos, con lo que lejos de ser un mecanismo de “rendición de cuentas” a favor de la ciudadanía y del posible reconocimiento al optimo desempeño gubernamental, queda en manos de las élites partidistas decidir si una autoridad está en condiciones 101

de ser reelegida. Lejos quedó la propuesta de ver a la reelección como un contrapeso y un mecanismo de control social3. Por otro lado, la agenda municipal sitúa la demanda de las autoridades municipales por acceder a mayores recursos públicos bajo la argumentación de enfrentar la enorme serie de demandas y necesidades de la población. Esta demanda ha estado más impulsada por las diversas asociaciones de municipios de nuestro país. Sabida es la enorme corrupción existente en las formas de proceder en la aplicación de los recursos públicos de parte de las autoridades locales, por lo que el solicitar más recursos económicos no parece tener una validez ante la opinión pública. La reciente reforma ley federal de transparencia y acceso a la información deberá apuntalar este derecho ciudadano desde una perspectiva más proactiva hacia los llamados sujetos obligados, entre ellos, los estados y los ayuntamientos. La posibilidad de que los municipios tengan mayores recursos es un planteamiento que muchas veces no está acompañado de un marco de transparencia y rendición de cuentas en el que las herramientas estén a favor de la ciudadanía. Hay enormes carencia de mecanismos que den claridad a la ciudadanía sobre el ejercicio real de los recursos públicos, los conflictos de interés y las asignaciones y permisos a las grandes obras públicas y privadas (incluso de su impacto en el medio ambiente). Las leyes locales de transparencia además carecen de establecer sanciones a los funcionarios y autoridades que no otorgan información de carácter público, entre ella, sobre el uso de los recursos públicos.

Las tensiones actuales dentro de la vida municipal, un reto para el futuro inmediato En la última década se han producido y acentuado una serie de procesos que de alguna manera representan fuertes cambios en la vida social, institucional y política en el ámbito municipal, cada uno de estos procesos - vinculados entre sí- pueden deteriorar aún más la débil democracia local y agudizar procesos de centralismo y de ruptura del tejido social: Por su parte la Red de Investigadores en Gobiernos Locales en México, (IGLOM) señalaba que la no- reelección inmediata de las autoridades municipales, junto con el periodo breve del Ayuntamiento imponía elevados costos a la sociedad mexicana y a la evolución propia del gobierno y administraciones municipales. Proponía eliminar esta disposición del Artículo 115, posibilitando entonces que las legislaturas estatales precisaran en las modalidades y límites de la reelección en los estados, considerando la especificidad de sus respectivos municipios. (IGLOM: 35-36). En este mismo sentido quedaba la posibilidad de ampliar el periodo de gobierno desde los propios congresos locales, sumado a la ausencia de sistemas profesionales del servicio público municipal.

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1) La ausencia de un Estado-gobierno en los asuntos públicos, lo que es suplido por poderes fácticos, ya sean privados-empresariales-de mercado o del crimen organizado; y en muchos casos de manera combinada. Ello ha provocado una desatención hacia la población bajo un esquema en el que las instancias de gobierno han dejado al “libre albedrío” a los diversos poderes fácticos. Esta situación de “Estado inexistente”, se revela sobre todo en los problemas derivados del crimen organizado. ¿Qué tanto Estado-gobierno tenemos en las distintas regiones y municipios del país? 2) Una segunda crisis de la democracia representativa, agudizada por una clase política elegida por la vía de procesos electorales secuestrados por reglas laxas y sin la existencia de jueces autónomos dando por resultado actores elegidos que viven una crisis de legitimidad y credibilidad, pero sin que tengan frente a sí controles sociales que se les obliguen a rendir cuentas, los sancionen y les hagan valer el Estado de derecho. 3) Un proceso de desmontaje del capital social, la ruptura del tejido social y de las figuras de control social, lo que ha agudizado la crisis integral y provocando que la voz y la voluntad de los ciudadanos queden en un segundo plano o sea inexistente. La criminalización de los defensores de los derechos humanos, la desaparición de críticos del sistema (periodistas) y el encarcelamiento de líderes sociales. 4) Un proceso de despojo hacia las comunidades, ejidos y pueblos originarios de sus recursos naturales, principalmente, de transformación de los ejidos en propiedad privada produciendo la especulación del suelo, el desmantelamiento de los tejidos comunitarios y ejidales y haciendo a un lado las capacidades y facultades de las autoridades comunitarias y ejidales. Este proceso se ancla en las reformas estructurales acelerando el proceso de mercantilización de todos los recursos naturales como lo señala David Harvey (2004) al denominar esta fase del capitalismo como ‘acumulación por desposesión’. Uno de los aspectos centrales de la vida municipal, principalmente, en municipios rurales e indígenas, es el proceso de despojo de sus recursos naturales a favor de la instalación de megaproyectos. Esta tensión se acompaña de procesos amplios de empobrecimiento de la población y violación a los derechos comunitarios. 5) Un proceso de privatización de servicios públicos, tomando como base la supuesta eficiencia de los entes privados, acentuando el proceso de agudización de acceso a los servicios básicos, por ejemplo el suministro de agua potable y la recolección de basura por parte de empresas privadas. Ello supone establecer una relación cliente-usuario- empresa (con reglas de mercado) dejando de lado la relación ciudadanos-autoridades y el marco de responsabilidades y obligaciones de las autoridades municipales y los derechos de los ciudadanos por acceder a servicios públicos de calidad. Algunos de estos procesos habrán de agudizar una vez aprobadas las reformas estructurales de finales del 2013. 103

Una perspectiva del municipio desde el gobierno federal Tras los sucesos de Ayotzinapa, el presidente Enrique Peña Nieto (EPN) dio a conocer el 27 de noviembre del 2014 un Decálogo para “Mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho”. De las diez medidas anunciadas por EPN siete son en materia de seguridad pública y procuración y administración de justicia. Las tres primeras resultan de interés para los fines de este artículo: 1. La creación de una ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales. EPN señaló que enviaría (el lunes 1° de diciembre 2014) una reforma constitucional al Congreso para prever que el Gobierno Federal tome el control de la seguridad en los municipios donde haya indicios de que la autoridad municipal está coludida con el crimen organizado. El presidente mencionó que: “Esta nueva ley establecerá el mecanismo para que la federación asuma el control de los servicios municipales o, en su caso, se disuelva un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada, de esta manera se tendrán instrumentos eficaces para intervenir cuando exista colusión del crimen organizado con las autoridades municipales”.4

2. Iniciativa para redefinir la competencia de cada autoridad en el combate al delito. La iniciativa está pensada para que los diferentes órganos de gobierno asuman su responsabilidad en ese ámbito “Cuando la responsabilidad es de todos, no es de nadie”, señaló EPN. El objetivo es que nadie utilice como pretexto el complejo sistema actual para rehuir de sus responsabilidades en materia de seguridad.5 3. Creación obligatoria de Policías Estatales Únicas. EPN señaló que enviaría el lunes 1° de diciembre una iniciativa de reforma para crear 32 policías estatales “más confiables, profesionales y eficaces” que sustituyan a “...más de mil 800 policías municipales débiles”.6 La propuesta del presidente daría prioridad a los estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. La iniciativa preveía sanciones para los presidentes municipales que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejerzan. Con estos tres aspectos del Decálogo se vuelve asumir la postura histórica de limitar la libertad y autonomía municipal, de involucrarse en su vida interna sin http://www.animalpolitico.com/2014/11/pena-nieto-acuerdo-seguridad-comision-anuncio-mensaje-palacio-nacional/ 5 http://www.animalpolitico.com/2014/11/pena-nieto-acuerdo-seguridad-comision-anuncio-mensaje-palacio-nacional/ 6 http://www.animalpolitico.com/2014/11/pena-nieto-acuerdo-seguridad-comision-anuncio-mensaje-palacio-nacional/ 4

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que se le tome en cuenta “su régimen interior” para prolongar la práctica política de subordinación. Se coloca el acento en asumir a los municipios como promotores y territorios de la inseguridad pública. Se trata de una lectura de la compleja situación de inseguridad donde las policías municipales figuran como corporaciones corruptas e ineficientes, por lo que se apela a la instalación del Mando Único, aspecto que deja entrever un mayor sesgo de centralización y verticalidad respecto a la lucha en contra del crimen organizado. Si bien esta perspectiva de entender al municipio como un ámbito de corrupción, autoritarismo y criminalidad resulta cierta, ¿Por qué culpar sólo a los municipios de esta situación?, ¿No existe responsabilidad de esta crisis de los estados y los gobernadores? El Decálogo tiene la intensión de enfrentar al crimen organizado trastocando la autonomía y la libertad municipal sometiendo a los actores locales sobre la base de no permitir iniciativas ciudadanas de organización, por ejemplo las policías comunitarias. Se ve al municipio como el “chivo expiatorio” de todos los males del país en materia de seguridad. Se sigue asumiendo como iguales a todos los municipios mexicanos. Se corre el riesgo de que las iniciativas contenidas en el Decálogo terminen por lesionar las garantías y los derechos de la ciudadanía, así como acotar las facultades y responsabilidades del ámbito del gobierno municipal, tal como en la pretensión de eliminar en los gobiernos municipales a la policía preventiva. La disolución de ayuntamientos en circunstancias como la descrita en la iniciativa puede convertirse en una práctica de sometimiento y centralismo utilizado de manera discrecional por los actores políticos desde el ámbito estatal y federal. Se requiere examinar los procedimientos de elección de los candidatos para ocupar los cargos de autoridades municipales, procesos donde los partidos políticos tienen la mayor de las responsabilidades. Es necesario que por lo menos todos los candidatos presenten su declaración patrimonial y una vez elegidos la hagan pública antes, durante y posterior al ejercicio de su cargo. La creación de policías estatales únicas, creando “un nuevo modelo policiaco con 32 grupos sólidos” supone una centralización de las acciones de seguridad mismos que no asegura la calidad y eficacia de los cuerpos policiacos, ni que éstos no sean infiltrados por el crimen organizado. Es necesario que las ciudadanías locales conozcan de manera transparente los procedimientos de selección e integración de los cuerpos de seguridad tanto locales y estatales. Las acciones de seguridad pública emprendidas por la federación y los estados gozan de una falta de transparencia y de información pública hacia la ciudadanía, pero también de información hacia los propios gobiernos municipales.

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Si bien el Decálogo señala que se fortalecerán los instrumentos para proteger los derechos humanos, así como la pronta aprobación de las diversas leyes y reformas para combatir la corrupción, dichos mecanismos deben contemplar una plena autonomía de los entes e instrumentos para evitar que los actores políticos y partidistas sean “juez y parte” y que ello permita la aplicación de sanciones a quienes cometan violaciones a los derechos y actos de corrupción, de conflictos de interés y falta de rendición de cuentas. Concentrar la culpa sólo a los municipios de la situación de inseguridad que vive el país lesiona el marco de cooperación y colaboración que implica el pacto federal. Debe apostarse por una reforma municipal integral, por un rediseño institucional del esquema desde una perspectiva de Reforma del Estado; un nuevo pacto social para que desde los municipios se recompongan los tejidos sociales, la confianza de la ciudadanía con sus autoridades, la calidad de vida de la gente y la participación de todos los sectores sociales en los asuntos trascendentes para las comunidades, sobre la base de garantizar los derechos ciudadanos. Las limitaciones históricas y estructurales que vive el municipio en México deben ser el motivo para reflexionar y actuar sobre una reestructuración integral del federalismo mexicano sobre la base de relaciones intergubernamentales de coordinación y cooperación (IGLOM, 2007: 54). Requerimos formular nuevos esquemas de responsabilidades compartidas en los que la ciudadanía y los municipios tengan un papel protagónico en un esquema de horizontalidad frente a los gobiernos estatales y el gobierno federal. Un federalismo fuerte deberá anclarse sobre la base de una sociedad igualmente fuerte.

Conclusiones La reforma municipal de 1999 reconoció el carácter de gobierno a los municipios, sin embargo este logro no se ha hecho evidente en la práctica. La reforma no dejó satisfechos a los actores políticos, sociales y académicos que veían una oportunidad para dar un salto cualitativo a la vida democrática apostando a un rediseño institucional municipal y abrir nuevas y renovadas formas de gobernar, de conducir los asuntos públicos y de elegir a las autoridades municipales. El país vive una segunda crisis de la democracia representativa, en la que –muchas veces la ciudadanía – no encuentra sentido a su derecho a votar ante los escasos resultados de sus representantes. En este sentido los planteamientos de la Agenda Municipalista adquieren relevancia en un contexto donde predomina la violencia, la inseguridad, la desatención de las demandas sociales y el ejercicio vertical del poder tanto de los actores gubernamentales como de los poderes fácticos, quienes 106

han asumido un rol más protagónico sobre las decisiones de los asuntos públicos y el desempeño de los gobiernos locales. El municipio –visto desde sus tres componentes- debe reconstituir mecanismos que le permitan anclar procesos democráticos y en paralelo formar parte de los espacios en las que se toman decisiones trascendentes para la vida nacional (Merino, 2003). Su diseño institucional debe promover la participación ciudadana así como iniciativas sociales que fortalezca el capital social y los controles sociales en torno a los asuntos públicos y gubernamentales. Se requiere fortalecer mecanismos de transparencia y la rendición de cuentas sobre las decisiones gubernamentales, sobre los asuntos públicos y el ejercicio de los recursos públicos. Falta dar forma al concepto de libertad municipal, con sus implicaciones de autogobierno y autonomía, fundadas a su vez en el concepto democrático de soberanía popular. Se trata no sólo de un asunto jurídico que defina nuevos parámetros para modernizar el marco constitucional federal y de los estados, sino que las sociedades locales hagan uso de sus derechos a la libre decisión y a la consulta sobre asuntos públicos que les resulten de interés y que les afecte su calidad de vida. Después de todo hacer público lo público es uno de los elementos claves en la vida nacional y donde el ámbito municipal puede ser un laboratorio a favor de la democracia.

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Democracia municipal: Análisis de los condicionantes para la reelección consecutiva José Luis Estrada Rodríguez1

Introducción El gobierno municipal es una figura de gobierno promulgada durante la conquista española en 1519 por Hernán Cortés, desde sus inicios se caracterizó por su sumisión, dependencia y centralismo. Avanzar hacia la democratización requiere identificar las limitaciones institucionales, dilemas y condicionantes de la representación política que advierte la recién aprobada Reforma Política que restauró la reelección consecutiva de los presidentes municipales, síndicos y regidores.2 Empero, uno de los principales problemas de la reelección municipal es la dificultad de establecer un diagnóstico certero para los más de 2 mil ayuntamientos que hay en México; con una gran diversidad en torno a sus capacidades y características (Dworak, 2010); de igual forma otra de sus vicisitudes estriba en la diversidad de leyes estatales que regulan la actividad de los gobiernos municipales y que habrán de generar inconsistencias. Incluso el periodo de gobierno en algunos estados de la República es de cuatro años, mientras que en la mayoría es solamente de tres. Lo mismo sucede en el sistema electoral municipal que adquiere diversos matices y diferencias sobre la manera en la cual se reparte el poder después de efectuadas las elecciones locales. Aun cuando se han dado transformaciones e innovación dentro de sus prácticas de gobierno, como demuestran numerosos estudios realizados: Cabrero y Arellano (2011), Merino (2007), Ramos y Aguilar (2009), Sosa (2012), entre Profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México. luisholly@ yahoo.com.mx 2 En la Reforma Política aprobada el 10 de febrero de 2014 se reforman los artículos 59, 115 y 116 de la Constitución, y permitirá la reelección consecutiva de senadores y diputados del Congreso de la Unión, presidentes municipales, síndicos y regidores; así como los miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En este trabajo sólo se aborda la reelección consecutiva en el ámbito municipal. 1

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otros; existen nuevos retos y desafíos por la transformación del mandato limitado a un mandato con posibilidad de ampliación del periodo de gobierno de manera consecutiva. Las reformas al artículo 115 constitucional le han dado una mayor libertad y apertura en torno a sus funciones; sin embargo no se ha cambiado el tema de fondo: la representación política de sus miembros. A excepción de la adicción al artículo 115 constitucional que en 1977 permitió la representación proporcional en los ayuntamientos con más de 300 mil habitantes. Posteriormente se eliminó esta restricción y en 1983 se extendió dicha prerrogativa a todos los gobiernos locales del país. La democratización del ámbito municipal en México es reciente. La décima reforma al artículo 115 constitucional, promulgada en 1999, otorgó el carácter de gobierno al ámbito municipal que anteriormente sólo fungía como administrador. Por ello, con la reciente restauración de la reelección consecutiva aprobada en el Congreso es una de las vías para avanzar en la democracia municipal y establece un amplio reto en torno a las características que adoptará dicho modelo de gobierno, donde estaba proscrita la reelección desde 1933. Con este nuevo cambio a la Carta Magna, la institución municipal requiere modificaciones sustanciales en sus mecanismos representativos y transformar su relación entre gobierno y ciudadanos; así como enfrentar sus limitaciones. Dichas condicionantes están basadas en el modelo adoptado del gobierno local, producto del sistema político mexicano que heredó el centralismo, paternalismo, falta de rendición de cuentas y la creación de mayorías partidistas dentro del cabildo que impiden una verdadera deliberación de los asuntos públicos; entre otros temas que pretenden abrirse a discusión. Es importante señalar que los trabajos que abordan el tema de la reelección municipal se han centrado en el debate en torno a sus planteamientos teóricos y contexto histórico; en tanto, la aportación que se propone en estas líneas está basada en mejorar la representación, para garantizar la discusión dentro del cabildo, deliberación, rendición de cuentas y establecer una representación efectiva dentro del cabildo; para que en consecuencia se mejore la calidad democrática del gobierno municipal. Por tanto, bajo estas premisas, el objetivo es describir las características del gobierno municipal, en miras a la reelección aprobada por la Reforma Política en 2014 y que permitirá la restauración de la reelección consecutiva: presidente municipal, síndicos y regidores.3 Asimismo se pretende mostrar los posibles escenarios 3

Hasta antes de 1933, sí existía la reelección consecutiva en todos los cargos de representación política en México. Por lo cual debemos hablar no sólo de una aprobación de la reelección, sino más bien de la restauración de dicha prerrogativa política.

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y condicionantes del esquema institucional sobre el cual está soportado el gobierno local actualmente; y sobre los cuales se propone establecer propuestas.

Contexto histórico El punto de partida para entender la imposibilidad de que los representantes puedan contender en el mismo cargo de manera consecutiva, no sólo de los gobiernos municipales; sino en todos los ámbitos de la representación política en nuestro país es haciendo una revisión histórica. En 1929 se formó el Partido Nacional Revolucionario (PNR), propuesto por el entonces presidente de la República Plutarco Elías Calles; como un mecanismo para la distribución y concentración del poder en un partido. Sirvió también como una forma de institucionalizar la política y la renovación de los cuadros y élites en el poder. En un partido nuevo era necesario que se lograran distribuir los cotos de poder, así como establecer una dispersión de quienes recibían la encomienda partidista en las cámaras legislativas, y cargos ejecutivos de gobernadores y presidentes municipales (Tovar, 2010). Por tanto, impedir la reelección directa o inmediata a partir de 1933, permitió concentrar el poder en el Ejecutivo Federal, el presidente de la República y establecer un mecanismo de renovación que otorgaba el control al partido. Aun cuando no existió formalmente la reelección desde este año, el PNR, que cambió su nombre en 1938 por el Partido de la Revolución Mexicana (PRM); y posteriormente se refundó en 1946; por el Partido Revolucionario Institucional como se le conoce hasta la fecha; siempre existió el incentivo para los políticos que militaban dentro del partido, de seguir en el poder y ocupar un cargo. El partido hegemónico logró una gran lealtad por parte de sus miembros, que era pagada por medio de nombramientos y espacios de poder suficientes para compensar la no reelección consecutiva. En general podemos decir, que aunque muchos políticos no podían extender su poder dentro de la legislatura, o bien dentro de un cargo como gobernador o presidente municipal; sí obtenían otros cargos; siempre y cuando fueran leales al partido y a los designios del presidente. Hasta antes del 2000 que se tuvo una alternancia electoral en el Poder Ejecutivo, el presidente de la República era también el jefe del partido. Por supuesto, la alternancia electoral inició en los municipios y se extendió a las gubernaturas; en ese gran abanico de lucha de fuerzas el tema de la no reelección del mandato en el gobierno local resultó una medida desfasada e inútil para los propósitos electorales y políticos de las élites en el poder; porque la oposición logró obtener victorias y gobernar municipios y estados de la República Mexicana. 111

Además, ante la creciente crisis de la representación política la discusión en torno a la reelección se abrió desde la década de los ochentas, y en el 2009 el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, propuso una Reforma Política para garantizar la reelección inmediata a los legisladores federales, sin embargo no fue aprobada. La discusión en torno a la reelección de los legisladores en el Congreso, está fuertemente discutida y documentada (Medina, 2010; Poiré, 2005; Dworak, 2003), no así la reelección municipal sobre la cual son pocos los trabajos y la profundidad de sus aseveraciones; por lo cual este trabajo es relevante para tal propósito.

Dos visiones sobre la reelección El debate en torno a la reelección en México se ha desarrollado a partir de dos posturas; quienes están a favor y en contra. Es decir, el tema adquiere una visión contrapuesta y lo que pretende este trabajo es describir ambas para que se logre establecer un mecanismo de análisis y discusión por parte de los tomadores de decisiones; así como establecer pautas de propuestas para mejorar la institución municipal a la luz de sus contradicciones, limitantes y condicionantes en torno a la reelección consecutiva. La reelección es consecutiva cuando se permite que el ocupante del cargo compita para retenerlo en el periodo siguiente. En el caso de México la mayoría de los municipios tienen un periodo de 3 años; aun cuando han ocupado el mismo cargo muchos políticos, esto no ha sido de manera consecutiva.4 Los argumentos a favor de la reelección establecen una búsqueda de la eficiencia legislativa, pero también el rescate de la representación política, por el descrédito de los políticos en torno al “puente roto”, entre los representantes y los representados. Pero, también se plantea que la reelección podría garantizar al menos los siguientes mecanismos de control y mejora en torno al papel de los representantes: a) Profesionalización de las carreras políticas, b) Estabilidad política y legislativa, c) Fortalecer la representación y la democracia, d) Garantizar proyectos de largo plazo, e) Incrementar la eficacia de los políticos y el papel de los partidos políticos con el pueblo (Lacalle y Rivera, 2014: 7). Actualmente, existen varias limitaciones y contradicciones que pesan sobre la representación municipal. El informe sobre Nuestra Democracia en América Latina, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2010, muestra que los ciudadanos 4

Los gobiernos municipales se rigen bajo un esquema de gobierno de 3 años, sin embargo hay tres estados donde el periodo de gobierno es de cuatro años: Coahuila, Veracruz, e Hidalgo.

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creen poco en quienes los gobiernan y sus representantes. Esta crisis de representación se hace más evidente en el ámbito municipal, por la falta de rendición de cuentas de las autoridades que forman el ayuntamiento. El municipio mexicano como estructura de gobierno se ha quedado rezagado en torno a cambios y modificaciones realizadas al sistema político mexicano. Se piensa que la reelección en México permitirá establecer un mecanismo de control sobre los representantes, como ocurre con los councils en Estados Unidos. Sin embargo, es por supuesto distinto; porque en EU, existen elecciones primarias donde los miembros de los partidos, los militantes; pueden elegir a sus representantes. En el caso de nuestro país no ocurre así, las designaciones de los miembros de la planilla ocurre como producto de la negociación entre el partido político y el candidato a la presidencia municipal. La mayoría de las ocasiones, están representados los distintos sectores y opera como una cuota de partido para los sectores de mujeres, jóvenes, obreros y demás filiales partidistas. El escaso interés por el funcionamiento de los órganos de representación en el ámbito municipal en México, obedece a que durante muchos años no se concibió un sistema político como una democracia pluralista y representativa, sino a partir del monopolio del partido de Estado y la intermediación de la estructura corporativa. Por tanto, la democracia y la representación son temas de reciente análisis y discusión en México. La alternancia electoral del 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI), dejó la Presidencia de la República en manos del Partido Acción Nacional (PAN), evidenció las inconsistencias del sistema electoral disimulado por control que se mantuvo durante muchos años, el centralismo político que, bajo el partido único, monopolizaba la integración de los órganos representativos y limitó el florecimiento de la división horizontal y vertical de poderes. Recientemente la vuelta al poder del PRI a nivel Federal, con el presidente Enrique Peña Nieto (2013-1018), abre un escenario de optimismo para garantizar cambios y modificaciones, junto con las reformas estructurales de tercera generación que deben privilegiar el avance hacia la calidad de la democracia. Como consecuencia de la fragmentación del poder y de la pluralización de la representación, se está abriendo la discusión en torno a la democracia local, alternativamente a las reformas del artículo 115 constitucional se busca ampliar el papel de los gobiernos municipales. Existen propuestas inconclusas como la ampliación del mandato a 4 años, así como reformas en el sistema electoral para garantizar candidaturas uninominales de los miembros del cabildo, entre otras. La problemática sobre la cual planteamos el análisis macro de la representación municipal en México, se centra en describir el sistema electoral municipal que prevalece en los 31 estados de la República, se excluye al Distrito Federal porque 113

cuenta con un sistema de gobierno centralizado en un Jefe de Gobierno, 16 jefes delegacionales por igual número de delegaciones y una asamblea legislativa. El sistema de elección que prevale en todo el país, se basa en una elección por planilla. La representación municipal se configura mediante la elección de presidentes municipales, regidores y síndicos, que van en una sola lista, cerrada y bloqueada donde no existe posibilidad para que los ciudadanos escojan quiénes serán sus representantes; porque eso se establece mediante acuerdos en las cúpulas partidistas que postulan a los candidatos. Con la reelección se espera garantizar un espacio más responsivo por parte de los alcaldes, regidores y síndicos; porque la falta de una reelección los puso en un escenario muy cómodo, incapaces desde los mecanismos institucionales de garantizar la representación de las demandas y la imposibilidad de veto para el presidente municipal (Dworak et. al. 2011). Una calidad democrática en el ámbito local implica mayor deliberación, contrapesos dentro del cabildo y establecer mecanismos de reciprocidad entre los miembros éste. La hipótesis que sustenta este trabajo se basa en proclamar que es necesario establecer modificaciones al sistema electoral municipal, mediante incentivos que garanticen la responsividad de los representantes, basados en la Teoría del Agente-Principal (TAP) del nuevo institucionalismo económico, como una vía para alcanzar la calidad de la democracia en el gobierno municipal. Se entiende como responsividad a la representación sustantiva. Es decir, cuando las demandas de los ciudadanos se ven efectivamente cumplidas y de acuerdo con Pitkin (1967 [1985]), existen una corresponsabilidad en sus acciones. Uno de los mecanismos para este ejercicio es la rendición de cuentas que en el caso de México no está definida y sobre la cual se precisa establecer mecanismos correctivos para tal efecto; así como eliminar los incentivos perversos que constituyen conductas como el clientelismo, paternalismo, compadrazgos políticos y compra de votos que podrían acentuarse con la reelección. Actualmente, podemos transpolar la crisis de la representación a nivel nacional a la esfera local, porque existen contradicciones torno a la representación de los regidores, quienes forman parte de un cuerpo edilicio al que los ciudadanos exigen cuentas y consideran que debiera ejercer un espacio deliberativo, de contrapeso al Ejecutivo municipal y garantizar con ello atender sus demandas y garantizar la rendición de cuentas a nivel municipal. El problema está en el diseño institucional sobre el cual se sustenta el gobierno local, porque continúa vigente el sistema electoral heredado del régimen anterior a la transición política, sustentando caciquismos, corrupción, compadrazgo y clientelismo político propios del siglo XIX. Por tanto, se plantea a la reelección como un mecanismo correctivo de la representación política. 114

La reelección como correctivo de la representación La representación política de los ciudadanos está en entredicho en el caso del municipio mexicano, porque no existe un esquema institucional que permita un mayor margen de acción para exigir a sus autoridades resultados y actuar en atención a sus demandas. “El gobierno municipal asume un rol pasivo en la rendición de cuentas uno interno que atañe a la relación del municipio con sus ciudadanos, uno externo que alude a vínculo del municipio con sus ciudadanos y un tercero también externa que se refiere a la relación entre el municipio con otras entidades gubernamentales en tanto estatales como federales” (Cejudo, 2010: 137).

Por su parte los regidores se encuentran imposibilitados de actuar a favor de sus votantes, porque las reglas institucionales no les permiten desarrollar ni obedecer el mandato que les otorgaron sus votantes. Sólo el alcalde tiene capacidad de ejecutar acciones. El papel de los síndicos es distinto, su función está delimitada en las leyes orgánicas de cada estado, pero fundamentalmente operan como abogados del ayuntamiento, representan a este ámbito de gobierno y no tienen trabajo en comisiones, ni emiten dictámenes como lo hacen los regidores para aprobar un tema que tiene injerencia para los ciudadanos. En principio, en México la integración de la mayoría de los más de dos mil cuatrocientos ayuntamientos, a excepción de los electos por usos y costumbres, se eligen mediante una planilla bloqueada y cerrada. Existen otros casos que se consideran la excepción y sobre los cuales se abundará, pero en general el sistema electoral prevalece. Es decir, en las elecciones se vota por el presidente municipal, el síndico y los regidores, todos ellos en una misma planilla. Muchos veces se conoce en las campañas electorales la figura del alcalde electo, pero nunca figuran los nombres de los regidores quienes finalmente son también representantes ciudadanos y electos por el voto ciudadano. Lo mismo sucede con los síndicos, aunque su función está acotada a la representación legal del municipio, más allá de la representación de los ciudadanos. Esta planilla bloqueada y cerrada, representa una contradicción; porque contraviene las disposiciones constitucionales en torno al derecho de los ciudadanos a elegir a sus representantes, miembros del gobierno local. Quiñonez (2011), sostiene que el sistema electoral restringe la posibilidad de que los ciudadanos elijan a sus representantes, los regidores; dado que la planilla es formada por los partidos políticos. Además si algún ciudadano no desea votar por un regidor que está dentro de 115

la planilla, es imposible que otorgue su voto sólo a favor del candidato a presidente municipal. El sistema político autoritario que caracteriza a nuestro país hasta antes de la alternancia en el 2000 (Nohlen, 2004), podemos decir que todavía subsiste en el ámbito municipal. Este sistema, sostiene Quiñonez (2011), convierte en la práctica a las elecciones en un ejercicio de elección indirecta o con intermediarios; porque son los partidos políticos quienes eligen la planilla, controlando el acceso a las listas y despojando a los electores de la capacidad de elegir a sus representantes de forma popular y directa como lo marca el artículo 35 constitucional. La representación bajo este principio no es controlada por los ciudadanos, como advierte la teoría democrática, sino que resultan ser los partidos políticos quienes tienen el control de la representación y el sistema electoral, que determina las reglas del juego. Así ocurre hasta la fecha. Al respecto Pérez (2008), sostiene que el diseño institucional no es favorable a la rendición de cuentas, al contrario; otorga fuertes poderes al presidente municipal, producto del centralismo y el presidencialismo prevaleciente en el sistema político mexicano. El cabildo, el órgano de deliberación donde se aprueban los acuerdos y decisiones para los ciudadanos, es un órgano que tiene poca capacidad institucional para servir de contrapeso a las decisiones de los presidentes municipales. Esto sucede porque los regidores provenientes del mismo partido del gobernante tienden a aprobar todas las iniciativas de éste y los regidores de minoría no tienen la fuerza necesaria para ejercer el contrapeso político efectivo. Moreno (2008), establece varios problemas derivados de la incapacidad de los ciudadanos por exigir cuentas a los regidores, porque los regidores de oposición o que llegan al poder por la vía plurinominal, establecida en el sistema electoral, no ejercen contrapeso en el poder del presidente municipal. A estos regidores les encargan las comisiones menos importantes y están sujetos al ejecutivo municipal por medio de mecanismos informales de control, así como canonjías que reciben si actúan favorablemente a sus designios y se castiga votar en contra de sus iniciativas bienes materiales o simplemente al ser tomado en cuenta para las actividades cotidianas como inauguración de obras, ceremonias, viajes y recorridos que exige la función edilicia. La representación minoritaria, de oposición; vía regidurías plurinominales no ejerce un papel determinante, porque no existe deliberación en el cabildo y su alcance como vigilante y contrapeso del poder es inexistente.5 La incorporación de los regidores plurinominales o de oposición, se consideró como un elemento para 5

Ugalde (2000), le denomina a esta limitante, “responsabilidad invertida”, es decir; los regidores deberían establecer mecanismos de control sobre el presidente municipal y no al revés, como ocurre en la realidad.

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controlar y corregir las fallas en la democracia local, pero no fue así. Actualmente los regidores de oposición tienen un papel muy acotado, por el “mayoriteo” que se ejerce dentro del cabildo, a favor del partido en el poder. Si bien en la formación de los gobiernos municipales se planteó la figura de regidores como cercanos al pueblo y a los intereses ciudadanos, actualmente esta visión es inexistente. Ante esta situación que se describe de manera general, los ciudadanos consideran que la representación de sus intereses y atención sus problemas es nula; además que se privilegia la falta de rendición de cuentas por parte de los regidores con el electorado, por falta de mecanismos para ello. Ramos (2007), se suma a este diagnóstico. Establece que la fragilidad normativa de las administraciones municipales es insuficiente y obsoleta. Además, existe en muchos gobiernos locales improvisación y falta de capacidad institucional para solucionar los problemas. La representación históricamente ha pasado del mandato imperativo al mandato libre, los representantes tienen libre albedrío para actuar en favor de los ciudadanos, con la limitante de llegar a acuerdos entre los integrantes del cuerpo edilicio, en el cabildo, órgano de deliberación del ayuntamiento para los asuntos públicos. Podemos decir que la representación está avalada, en la figura del presidente municipal, el síndico y a través de los regidores tanto de mayoría relativa como de representación proporcional; pero lo que no está garantizado es que las demandas sean atendidas y que se imponga el criterio del beneficio colectivo. Desde la visión institucional, la institución municipal debe transformar sus directrices marcadas en las reglas escritas y no escritas del sistema político municipal; porque producen efectos que están afectando a la representación. En un diagnóstico de las fallas de la representación, podemos encontrar que el presidente municipal sigue utilizando recursos como el clientelismo, fomentando cacicazgos regionales y un exacerbado presidencialismo local, propio del siglo pasado. Incluso podemos decir que se configuran dictaduras municipales por la falta de acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas de los alcaldes hacia los propios regidores en primera instancia y hacia los ciudadanos. “Los ayuntamientos funcionan con una visión cortoplacista y oportunista, donde sus integrantes favorecen acciones que les den resultados individuales, en el corto plazo, dada la carencia de normas que los premien o castiguen en el largo plazo” (Guillén, 2004).

Como se ha expuesto existen mecanismos institucionales como el sistema electoral, así como los intereses de los partidos políticos que configuran las fallas de representación política. Es decir, la posibilidad de que los ciudadanos puedan 117

subir sus demandas a la deliberación plena en el cabildo, se interprete su voluntad e intereses; y que los regidores puedan recibir estos ordenamientos y logren tomar una decisión acertada y consensada para el beneficio de los ciudadanos. A partir de este planteamiento, se configura la hipótesis; de que esta ausencia de interpretación fiel de los designios ciudadanos puede tener su origen en distintos factores políticos, sociales y culturales. Para el análisis de los problemas vinculados con la imposibilidad de la representación, que son finalmente intereses de los actores, partimos de varios supuestos que la Teoría del Agente Principal establece: existen incentivos contrapuestos para que los regidores actúen de manera responsiva, así como mecanismos institucionales dentro del sistema electoral municipal que funcionan como freno para ejercer un representación efectiva. En la teoría, el principal es el ciudadano y el agente el representante que debe atender a los intereses de su representado, so pena de ser suplantado o relevado por otro, como sucede en las empresas, pero no en la política. En vías de una posible solución, actualmente se discute sobre la calidad de la democracia y sobre el gobierno representativo que permita ejercer un esquema “responsivo”, es decir, en términos de Pitkin (1967[1985]) velar por los intereses de los representados. Un mecanismo para garantizar que los regidores actúen en beneficio de los ciudadanos, es a través de la deliberación y discusión dentro del cabildo, creando incentivos para el desarrollo de sus actividades.

La deliberación como mecanismo de representación Un mecanismo derivado del mandato es la deliberación; y junto con este término surge la democracia deliberativa. Con este concepto, los representantes deben privilegiar la comunicación, el diálogo y que se imponga en toda decisión la discusión sobre los argumentos y no los votos. Esto significa que en un cabildo, para garantizar una deliberación y efectiva representación de los intereses de los votantes; debe existir una amplia discusión sobre los beneficios y perjuicios de una acción por parte del gobierno municipal, garantizando con ello que las opiniones de los ciudadanos están representadas en la deliberación pública que se lleva a cabo en el cabildo. Como señala Fernández: “Simplemente no hay democracia donde no hay deliberación, sea en el seno de la sociedad civil o en el seno del Estado” (Fernández, 2007: 176). La deliberación se configura como un espacio para garantizar la democracia y por supuesto, la representación efectiva de los políticos que tienen bajo su control las políticas públicas, el presupuesto y la toma de decisiones en el cabildo. Habermas (1999), reconoce la dificultad de actuar de manera vinculante desde el 118

poder y atender las demandas ciudadanas. Establece que es en estas redes de organizaciones y grupos, donde se formulan las necesidades y se privilegia la agenda a atender. Asimismo se elaboran las propuestas políticas concretas que desean dar a conocer a sus representantes; en el caso del gobierno municipal a sus regidores y al presidente municipal. Asimismo, tomando a Elster et. al. (2001), se considera como imposible que los representantes actúen bajo el esquema de mandato imperativo porque los partidos políticos desarrollan una agregación de intereses muy amplia; así como dispersa en torno a las necesidades de los ciudadanos que votaron por ellos. Por lo tanto, para garantizar un esquema democrático en la toma de decisiones la deliberación tomará el papel de medidor de intereses a partir de la discusión sobre los temas. La agenda de los representantes no será entonces formada por los partidos políticos hacia los cuales vuelven los políticos, sus acciones para garantizar su permanencia en el poder; si no se formará a partir de la fructífera discusión, cooperación y cabildeo de las principales fuerzas. Este planeamiento, sobre la deliberación como mecanismo para garantizar que los representantes sean responsivos o responsables con sus electores, puede considerarse como un tipo ideal en el estudio de la democracia. Elster et. al. (2001) señalan al menos 4 maneras en las cuales puede incidir la deliberación en torno a la calidad en la toma de decisiones: 1.- Lograr que los resultados de las decisiones resulten superiores en la clasificación de Pareto al permitir mayores soluciones; 2.- Lograr resultados más equitativos en términos de justicia distributiva proporcionando mayor protección a las partes más débiles; 3.- Conducir a un consenso más amplio sobre cualquier decisión; 4.- Generar decisiones que sean más legítimas (incluso para la minoría). El planteamiento que se esgrime en esta postura de representación está vinculada de manera directa con la legitimidad en la toma de decisiones. La discusión de los temas antes de votar otorga a los representantes la posibilidad de contender con argumentos y con posturas ideológicas el por qué de su voto; se trata de justificar el voto que emiten en el pleno o en el cabildo a partir de su discusión. Esto convence a los electores de seguir votando por los representantes que se apegan a sus promesas de campaña y que llevan la agenda ciudadana a la discusión; aunque no siempre ganen, por supuesto. Aunque con los planteamientos anteriormente expuestos, es preciso distinguir la deliberación de la discusión política. Si nosotros tomando un café discutimos no será en la arena de la política, sino en la cotidianeidad; la discusión política entraña decisiones que afectan a un gran número de personas. Además, la deliberación recurre a razones, exponer ideas y sobre todo datos, información convincente; 119

mientras que la discusión entraña planteamientos ideológicos, posturas o sólo se restringe a un mero intercambio de información (Przeworsky, 2004). En este punto, la información juega un papel importante porque en el acto de deliberación la información con respecto al tema a discutir garantiza un buen debate y deliberación. Empero si los actores no cuentan con la misma información no se podrá garantizar un proceso de deliberación genuino; porque se sufre el riesgo de que quienes tengan toda la información convenzan a los otros o los engañen utilizando el criterio ideológico antes que la razón y el bienestar general de los ciudadanos. En la arena política por supuesto que se da continuamente una lucha de intereses, entre lo que beneficia a un gran número de personas y las políticas públicas que tienen como destinatarios a un grupo específico. Las creencias de los políticos pueden funcionar como la información a falta de datos concretos sobre los cuales verter su crítica. En el caso de los regidores de un ayuntamiento, que es el caso que nos ocupa, ocurre frecuentemente que no todos los regidores cuentan con la misma información antes del cabildo. Usualmente los regidores de mayoría o pertenecientes a la planilla del presidente pueden tener mayor información, mientras que los regidores de oposición carecen de ella. Por esa razón, ante el desconocimiento del tema es imposible garantizar que los regidores de un ayuntamiento puedan deliberar para llegar a mejores propuestas, acciones o políticas públicas de beneficio colectivo, consensado y democrático. Los representantes, en el caso del gobierno local, los regidores, requieren contar con igualdad de condiciones al recibir la información y poder deliberar el torno a ello en el cabildo. Buscar la imparcialidad es una de las premisas que salvaguarda la deliberación. Empero el camino de la representación nos lleva de inmediato al sistema institucional bajo el cual se rige dicha representación. Tal como sostiene Gargarella: “El sistema político parece tener problemas para alcanzar decisiones imparciales y –probablemente a causa de eso-, experimenta dificultad en ganarse el respeto del público. Conjeturo que tales problemas tiene por lo menos una causa importante: el sistema político (organizado de modo como lo está) no se halla en condiciones de asegurar la plena representación de la sociedad” (Gargarella, 2004: 323).

La fórmula para garantizar la imparcialidad está basada en la “representación plena” que postula Gargarella (2004), la cual significa que los representantes tomen las peticiones, los asuntos como si fueran suyos. Asimismo, centrando el análisis en el cabildo, el órgano deliberativo del gobierno local, la comunicación es un elemento que a privilegiar en la toma de decisiones, porque los grupos políticos pueden 120

impulsar alianzas y negociar; partir de la información propuesta y no sólo turnar los dictámenes a votación. Bajo el esquema institucional que rige a los ayuntamientos en nuestro país, el sistema de planilla cerrada y bloqueada garantiza que si se vota un asunto que promueve el presidente, los regidores de su planilla votarán a su favor, ganando la votación. Cuando el sistema institucional en la asignación de regidores garantiza la mayoría de la representación edilicia, impide el contrapeso legítimo de la oposición. No hay deliberación, sólo mayoriteo en las votaciones.

Puntos concluyentes La restauración de la reelección consecutiva en el ámbito municipal es un avance incompleto para garantizar la calidad democrática, el actual diseño institucional hace imposible la representatividad plena y el ejercicio de la reciprocidad entre los miembros del cabildo y los ciudadanos que votan por ellos. Si la representatividad de los políticos municipales se define como abstracta, dirigida hacia el bien común y basada en la nación, la sanción electoral de los representados es injusta porque no son los titulares de la soberanía delegada ni se trata de expectativas del mismo orden. La reelección es un mecanismo democrático necesario para establecer mejores resultados, garantizar la deliberación y el rescate de la representación política en el municipio; pero no suficiente para lograr la conexión entre los representantes y los representados. Exige otros cambios profundos dentro de la institución municipal; como discutir el financiamiento y reglas para evitar volver a los cacicazgos y autoritarismos locales; así como promover una elección territorial. Si la responsabilidad de los políticos se define de manera sustantiva y se les exige reciprocidad y rendición de cuentas la sanción a través del voto resulta inespecífica; porque no existen los mecanismos para que los regidores o síndicos puedan actuar a favor de sus demandas. La cláusula de gobernabilidad que otorga mayoría dentro del cabildo al partido en el poder, permite que los presidentes municipales actúen sin contrapeso, por ello; frente a la responsabilidad abstracta la representatividad es un distractor que pone conflicto la receptividad con la eficiencia.Y frente a la responsabilidad sustantiva la representatividad resulta ininteligible e irrealizable. Asimismo, el sistema electoral municipal requiere modificarse con la restauración de la reelección consecutiva, porque los regidores dentro de un municipio no tienen circunscripción territorial. Por tanto, no tienen un distrito o un espacio territorial a quien beneficiar con sus acciones y gestiones; y para poder solicitar nuevamente el voto, no existe un parámetro o mecanismo que permita evaluar su trabajo dentro del cabildo. El presidente municipal finalmente termina siendo la 121

figura prominente y su papel es ambivalente; porque puede beneficiar a muchos o a nadie de manera directa con las decisiones que se toman en común acuerdo dentro del cabildo. Frente a estas inconsistencias del modelo institucional la sociedad contemporánea en el municipio se enfrentan a dos alternativas: o bien aprende a vivir con expectativas contradictorias e insatisfacción respecto de los resultados de la política local, o bien reestructuran sus marcos institucionales para hacer posible una democracia de calidad.

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Tercera Parte

Ciudadanía y Política

Secularización política y construcción de ciudadanía en la alternancia mexicana Juan Mora Heredia1 Lilia Anaya Montoya2 Anatali Cruz Cardozo3

A manera de introducción A poco más de dos lustros de su primera alternancia, el país sigue inmerso en un inconcluso trasiego político-cultural. Se esperaba la instauración de un poder republicano igualitario y justo, que a su vez promoviera una distribución más equitativa de la riqueza social. En su lugar tenemos un ambiente estructural de mayor exclusión social, desafección política y creciente inseguridad pública. Con unos procesos electorales marcados por una intrincada normatividad, partidos políticos convertidos en empresas corporativas, y una clase gobernante desacreditada ante la sociedad. De esta suerte, la promesa de una transición expedita quedó limitada, al enfrentar una porfiada realidad donde siguen vigentes acciones y privilegios de viejo cuño. La descentralización del poder a sus espacios regionales, y el desmantelamiento de las áreas de regulación económica y benefició social del Estado, producto de la oleada antiestatista, dejó un país quebrantado. Con una institucionalidad legal y política constreñida para afrontar los voraces intereses locales y globales. El gatopardismo, cambiar para seguir igual, parece ser la vieja máxima nuevamente presente ante lo sucedido en los tiempos recientes. Se registró la sucesión con un nuevo partido político en el poder Partido Acción Nacional (PAN), pero hubo parálisis en las transformaciones del antiguo régimen político. Profesor-Investigador. Departamento de Sociología UAM-A. [email protected] Profesora-Investigadora. Departamento de Sociología UAM-A. [email protected] 3 Ayudante de Investigación Departamento de Sociología UAM-A. [email protected] 1 2

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Así las cosas, cada día más obligado en el entorno de la sociedad mexicana, es interrogarnos si la sola aplicación de reglas político-electorales posibilitan de suyo una esencia democrática. Ello porque desde la mudanza partidista del año 2000, donde la vida política tuvo su punto de inflexión, se daba por sentado el eventual tránsito a una innovadora circunstancia política, dejando atrás varias décadas de partido hegemónico. Para ese efecto, se apuntaló una dilatada infraestructura electoral, que con el paso del tiempo se ha vuelto una de las más ostentosas y onerosas, de nuestra rezagada modernización política. Una inversión apoyada en el discurso de situarla como el pivote nodal de un azaroso proceso de reforma iniciado un par de décadas antes. De esta manera, a pesar de las ensalzadas virtudes dispensadas a la matriz democrático-electoral, indispensable es rastrear los alcances de dicha coyuntura, en la dimensión subjetiva. Luego que si bien referirse a un régimen democrático, es pensar en la concurrencia de los diferentes grupos sociales, a las zonas de poder institucional vía partidos políticos, parlamentos y gobierno. También lo es, las implicaciones del factor simbólico-cultural en la reorganización de la vida pública, estimulando valores modernos, en términos de formación de identidades políticas, estrategias de intervención social y la definición de un consistente entramado legal e institucional. Un proceso de construcción del ámbito público donde los individuos converjan para deliberar acerca del horizonte social que se quiere modelar. Es de subrayar a medida que esta esfera de dialogo se fortalece, el poder político se seculariza, apelando a una normatividad racional por encima de prejuicios religiosos, morales o intereses patrimoniales. Consiguientemente, la democracia tiene como objetivo esencial configurar el entramado institucional, bajo cuyo resguardo se dirime el conflicto político y la integración social. En ese sentido, qué credibilidad tienen los mexicanos en esta tarea de la democracia y sus actores, así como las implicaciones en sus formas de participación y condición ciudadana. A partir de ésta premisa, en el presente documento indagamos pistas acerca de las tendencias sobre las cuales se ha deslizado el cambio cultural y político de México en este lapso.

Modernidad, democracia y ciudadanía Con el advenimiento de la modernidad como energía civilizatoria, se abre un perspectiva favorable para la edificación de un mundo amoldado a la razón humana tomando distancia de la fe. Anclando el devenir histórico a las coordenadas de la reflexividad y la inclusión. Una época cuyo momento culminante es la revuelta ilus128

trada del siglo XVIII sometiendo a crítica todos los ámbitos de la vida. Se apelaba a la capacidad racional para diseñar el entramado de una nueva forma de convivencia, superando la barbarie precedente. De esta manera, la modernidad como ethos cultural, se constituyó en la esencia del orden social contemporáneo. Delineando un horizonte más promisorio para el desarrollo de la especie humana. Los imponderables y claro-obscuros desde el siglo XVI a la fecha han sido múltiples. Sin embargo, como bien apunta Habermas, la modernidad sigue siendo un proyecto inacabado, ya que en ella se encuentran presentes las simientes de una sociedad racional y responsable, por encima de una sociedad de la pasión y la violencia. Es decir, dos espacios de vivencia de los individuos, uno con el predominio de las instituciones, y el otro regido por la ley del más fuerte. O lo que es igual, el famoso binomio contractualista del Estado de naturaleza-Estado político, mediado por el pacto social. Con ello, el quehacer político tendría como propósito sustantivo apoyar la creación de una sociedad mejor, por encima de las acciones de poder. Establecida la inclusión del otro como un elemento primordial en el montaje de un mundo más justo y equitativo, desplazando los privilegios de antaño, su institucionalización no ha resultado sencilla. Varias concepciones de mundo plasmadas en diversas doctrinas, acompañadas de constantes luchas sociales, así lo atestiguan. Pero que también son reflejo del ejercicio intelectual interesado en trazar las rutas futuras. Concepciones de mundo asociadas a formas de integración, con puntos de dialogo y confrontación entre ellas, manifestando la trascendencia del dilema a resolver. En lo más reciente de este proceso, el modelo democrático se ha impuesto en el siglo XX como forma de gobierno en buena parte del orbe. Una organización del acontecer social legitimada por su compromiso a fortalecer la condición ciudadana, a partir del reconocimiento universal de los derechos políticos. Ideal democrático que se busca materializar vía el impulso de un sistema de representación, donde los gobernados a través del sufragio universal eligen a sus delegados para la gestión legislativa. Un diseño institucional donde partidos políticos y parlamento son nodales para el correspondiente funcionamiento. Intermediación política necesaria para legitimar decisiones gubernamentales, que ha derivado en una ensalzada inclinación por su lógica procedimental. Enfoque cuyo foco de atención es la estrategia de poder de las élites, expresado en los mecanismos y formas de acceso a los espacios de decisión política. Como señala Held: “En el siglo XX la teoría de la democracia se ha centrado, en concreto, en el contexto organizativo y cultural de los procedimientos y en los efectos que ese contexto tiene en el . Desde el desarrollo de la teoría del elitismo competitivo en la obra de MaxWeber y Joseph Schumpeter hasta la elaboración del pluralismo clásico en los escritos 129

de Robert Dahl, o la crítica de estas ideas en los escritos de los marxistas contemporáneos, el centro de atención de la teoría de la democracia moderna han sido las condiciones que favorecen o impiden la vida democrática de una nación” (Held, 1992: 362).

De esta forma, el cometido primordial de los gobiernos del mundo en nuestros días, gira en torno de un compulsivo afán por atender la pulcritud institucional. Se forman comisiones parlamentarias, cambian las reglas jurídicas, los cuerpos policíacos endurecen sus acciones, etcétera, todo bajo la égida del Estado de derecho y por lo tanto de la legalidad. Un énfasis en las reglas del juego enfocado a generar acuerdos y gobernabilidad (Nogueira, 1994), llevando a que “...la democracia se rija sobre un consenso sin objetivo que degenera en la despolitización y apatía de las masas” (Cerroni, 1986: 10), parafraseando a Michel Crozier. Pero aquí es donde los caminos al cruzarse crean un nudo gordiano, ya que al exacerbarse la limpieza institucional la empresa política se convierte en una dilatada razón de Estado. La política se impone a la ética, quebrantando el equilibrio sobre el cual descansaba su virtuosismo. Roto tal contrapeso, el proyecto de largo plazo queda desdibujado ocupando su lugar medidas de corto alcance conducentes a preservar simple y llanamente el orden. El medio se impone al fin. El conflicto por el poder en sí, subsume la tarea de construcción de la polis. El incremento de la resistencia civil y la movilización social en los últimos años en buena parte del planeta, y la obcecación de los gobiernos correspondientes, revelan el grado de separación entre la práctica política y la responsabilidad en la aplicación del poder. Litigio estimulado en buena medida gracias a la constrictiva incursión de la técnica en los espacios reservado para el juicio valorativo. Asentada en una petulante razón instrumental, la técnica instigó un virulento resentimiento hacia la política a lo largo de toda la época de intervencionismo estatal, desilusión que al presente tiene un gigantesco auge, derivando en una exagerada propagación de los discursos esterilizado de intereses, promotores de los fines de la historia, el fin de la utopía, o la crisis de los metarelatos. La existencia de una racionalidad imperfecta y el ascendiente normativo en el proceso de organización social, son argumentos sustantivos que hoy día debilitan la idea de una certidumbre racional en todas las acciones y objetivos propuestos por los individuos. Ellos no son responsables de su situación, ya que el mundo está dominado por incertidumbre, misma que se traduce en contextos de duda y perplejidad. Así, la noción de una sociedad inscrita en ámbitos de infalibilidad y certeza, empieza a ser substituida por un conglomerado humano aprisionado entre parámetros aleatorios e inciertos, que hallaría en la suerte y el azar sus posibles mecanismos para tomar decisiones individuales y colectivas inmediatas, mientras que para una trayectoria de largo 130

aliento, la categoría de justicia ocuparía un lugar sustantivo. Con lo cual asistimos a un renacimiento de las indagaciones acerca de la relación entre ética y política. Para alguna bibliografía de años recientes, ya se mostraba esta panorámica (Lechner, 1996; Zolo, 1994; Rabotnikoff, 1992; Keane, 1992; Offe, 1995), subrayando la pertinencia para discutir este tema más allá de los contornos jurídico-institucionales, indagando el sentido ético con el cual la política también se identifica. Visto así el asunto, nos remite a pensar no solamente en la naturaleza del nexo entre ética y política, sino también a cuestionarse acerca de su vigencia. Una discusión que aclare si la política en sí ya tiene una moral intrínseca, o hemos de tener que reflexionar en torno a qué proceder es el que reclama la política contemporánea y de cada tiempo en específico. Con otros términos estaríamos frente a la consideración de preguntarnos ¿cuáles son las características o peculiaridades que para cada ciclo histórico manifiesta la política?, rebasando la idea de que la misma es y se desarrolla de forma homogénea. Esbozado lo anterior, el tema central por donde se precisa reivindicar la discusión política de los próximos años, radica en definir las peculiaridades del horizonte o proyecto social a ser desplegado para el futuro. En función del cual los esquemas del poder político institucional, técnico y cognoscitivo se modificaran, reubicando el carácter de los objetivos a perseguir y de los medios para lograrlo. O sea, proporcionar los fundamentos a los actos políticos, para que éstos adquieran sentido y no queden expresados como meras actitudes personales carentes de un origen y un fin, que tienen su razón de ser en la rutina política en sí. Siendo este el argumento para examinar la originalidad de la política en términos de valores, y de su nexo con las instituciones y cuerpos que realizan las tareas administrativas de la riqueza pública. Una acción que en cuanto tal, obliga a una institucionalización social (objetivación ética de un imaginario social) por encima de los formalismos jurídicos de la representación. En ese sentido, el concepto de sociedad civil y/o ciudadanía no lo podemos establecer como algo ya acabado, sino como un imaginario en constante cambio. En ese sentido, en nuestra alicaída transición política, cómo se vislumbra este entramado valorativo. Existe y es consistente, haciendo posible la hechura de la polis mexicana más allá del mero procedimiento. Una polis entendida como ese ámbito donde los diversos intereses confluyen para dialogar y tratar de resolver su conflictividad. ¿Qué tanto la democracia expresada en la alternancia de gobierno, ha coadyuvando para concitar la aspiración moderna de una subjetividad civilizatoria, identificada con la institucionalidad existente. Hay el apego y confianza en ella, en virtud de sentirse reconocida y participe de la misma. Están fusionados la parte y el todo en un propósito común, otorgarle viabilidad y sentido a un proyecto de sociedad. 131

La alternancia partidista. La democracia electoral y sus expectativas Los comicios del año 2000 fueron un suceso en la vida política de México, al posibilitar la transferencia del mando gubernamental del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a una nueva élite política aglutinada dentro del Partido Acción Nacional (PAN). Un proceso históricamente relevante, con una sobredimensionada campaña mediática enfocada a vender la imagen de Vicente Fox como promotor de la demandada innovación política. Evidente fue el éxito obtenido, para lo cual el imaginario de una sociedad educada en la cultura política del caudillo, le resultó altamente propicio. Sin dejar de lado el apoyo que grupos de variado signo le brindaron empujando el voto útil a su favor. Se inauguró así, una trascendente oportunidad política motivando un amplio júbilo colectivo, pues se consideraba el país ingresaba a una promisoria etapa de modernización institucional. Un par de sexenios después, en medio de una gran frustración por las expectativas no cumplidas, el partido derrotado en el 2000 habría de tener un retorno triunfante, dejando para el análisis los efectos de esos años en la transformación del país. En los primeros años del gobierno foxista, ante un giro político aguardado, pero no cristalizado, el desencanto fue patente. Más adelante, en 2006, el pluralismo partidario y el crecimiento de un potencial gobierno de izquierda, condensado en el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), hicieron renacer la expectativa de una transformación de fondo. Esta renovada confianza en la democracia electoral, es fortalecida por la oleada de gobiernos de izquierda en el continente latinoamericano.4 Dicha finalidad tendría su quiebre en unas polémicas elecciones presidenciales de 2006. Por una, minúscula diferencia el PAN repite al frente del gobierno, pero dejando grandes dudas en la realización del proceso. Las secuelas fueron un Instituto Federal Electoral (IFE) debilitado, una sociedad polarizada, y un presidente legal pero con bajos niveles de legitimidad. Esta fractura institucional y social, nos permite entender el descenso en la idea de representación democrática compendiada en la ENCUP de 2008. Aunque en la de 2012 apunta una recuperación sustantiva en la directriz prefigurada en años previos.5 Una pauta de opinión factible de ser explicada por el resurgimiento de la movilización política conducida por AMLO. Con el país encarando una severa crisis financiera Sin embargo, debemos resaltar que en Sudamérica particularmente, esta confianza en lo electoral se funda en una serie de movilización y organización política precedentes a la instauración de dichos gobiernos. Es decir, la confianza en la democracia electoral se funda en la creación de un espacio público en donde los actores antes excluidos se hacen visibles y constituyen una fuerza con capacidad negociadora y fundante de nuevos gobiernos, como en Bolivia, Argentina y Ecuador, donde el cambio fue impulsado desde abajo y este, llevado a las urnas. 5 Cabe destacar, la ENCUP 2012 fue levantada entre el 17 y 28 de agosto del 2012. 4

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mundial, una persistente desigualdad social, y el desborde de la inseguridad pública. De nueva cuenta, la expectativa del líder dirigiendo el cambio esperado, vía la contienda electoral se hizo presente. El resultado no le fue favorable a la Coalición Movimiento Progresista (PRD, PT, MC), ganando la elección Compromiso por México (PRI/ PVEM), con una votación suficiente para declararla legal. No obstante la acusación a los triunfadores de usar medios ilícitos para allegarse las preferencias electorales. Las elecciones de 2012 sirvieron para cerrar doce años de sucesión partidista. Intervalo que al final dejó una sociedad fragmentada electoralmente, confrontada políticamente y polarizada socialmente. Dando paso a una nueva mudanza y enormes desafíos a resolver. En suma, si hemos de evaluar la influencia de la alternancia en el arraigo de este imaginario en la sociedad, todo parece indicar fue precaria. Con un escasa satisfacción de la población en la democracia, como es posible advertir en el siguiente gráfico. Gráfico 1 Satisfacción democrática

Fuente: ENCUP.

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Durante la primera década del siglo XXI, entre 60 y 70 de cada 100 mexicanos se sienten poco satisfechos con la democracia desplegada en el país. Mientras un promedio del 5% en ese mismo período, están muy satisfechos, en tanto del 14 al 25% se consideran nada satisfechos. Es de subrayar incluso el rubro de ns/nc registra dígitos superiores (6 a 12 %) a los que se consideran satisfechos. Este desafecto indica la frágil proximidad reconocida por los mexicanos, entre el programa electoral con sus vivencias cotidianas. Un proyecto sobre el cual se estructuró la idea de la transición democrática, pero que no logró cuajar, y estuvo distante de satisfacer las reivindicaciones presentes en diferentes ámbitos desde el inicio de la alternancia. Hubo momentos con ligeros despuntes en la preferencia, pero sin alcanzar la consolidación total. Para contextualizar esta situación, conviene aclarar, la misma no es algo específico de México. Tiene su conexión estructural con la oleada democrática de los años 70’s y 80’s, que permea a todo el continente latinoamericano. Donde lo mismo dictaduras militares que gobiernos populistas o autoritarios enfrentaron el juicio de las urnas, inaugurando con ello un nuevo talante de legitimidad en función de la cual se proyectaba la modernización institucional del orden político en el continente. Mientras paralelamente eran aplicadas reformas económicas con estrictos ajustes en materia salarial, empleo, fiscal o de consumo, que si bien han estabilizado las economías, sus impactos negativos en materia social con una multiplicación de la pobreza son claramente visibles.6 Así las cosas, obligado resulta preguntarse ¿por qué aspirar a la democracia cuando los niveles de bienestar se reducen severamente? ¿Y de dónde emana ese impulso? Especialmente, cuando la región no se ha caracterizado por un pasado democrático. En este sentido, es posible afirmar que la intensificación de las movilizaciones populares en Latinoamérica durante los dos últimos decenios, con buena parte de ellas encaminada a la defensa de la democracia política, tiene su eje petitorio en la defensa de sus recursos reproductivos. Como bien apuntaba Norbert Lechner: “En América Latina la democracia nos viene por otro impulso, refleja una carencia; la demanda de democracia expresa la carencia de integración social” (Lechner, 2004). Es decir, la democracia para países de bajo desarrollo se ha convertido en un factor de sobrevivencia, antes que de acuerdo civilizatorio pleno. O lo que es Es de subrayar que esta oleada democratizadora en América Latina, no pretendía restaurar el poder popular que las dictaduras rompieron por la vía golpista. Más bien, la democratización de los años 70’s y 80’s pretendía ajustar las expectativas y acciones políticas de los individuos a la vía electoral. Debía quedar claro que la democracia es sólo un mecanismo de legitimación de élites en el gobierno, ni más ni menos. De ahí que esta democratización constreñida a las urnas, no obstaculizara en lo más mínimo el avance de las reformas neoliberales.

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igual, ante el juicio de los sujetos políticos, la vía político-electoral emerge como ese eventual medio de acción política a través del cual evitar el desplome total del bienestar conseguido. En este contexto, la situación de México no es discrepante a esta tendencia y así tenemos durante las recientes tres décadas un abrumador incremento de la pobreza, condición que es acompañada en el mismo lapso por una intensa alteración en el terreno político-electoral. Siendo las elecciones del año 2000 la coyuntura más importante de los últimos tiempos. Empero, la mecánica del cambio asentada sólo en lo electoral, dejó de atender una reforma de Estado profunda. Se impuso una visión conservadora (Valadés, 2014), que obstruyó las esperadas modificaciones de fondo. A la parte de las libertades políticas y sus respectivas instituciones (parlamento, sistema de partidos, procesos electorales) se le otorgó un trascendental empuje. Pero quedó a la espera la implementación de correcciones en el esquema de distribución de la riqueza social, capaz de mitigar la desigualdad. Asimismo, se postergó desarrollar un Estado de derecho acorde con los desafíos actuales, para una resolución eficiente y justa de los conflictos (Woldenberg, 2014). Estas omisiones o descuidos han deteriorado paulatinamente la armonía social, y con ello la confianza en las instituciones y su debido entramado legal. A ese respecto, cuáles son las impresiones proyectadas por los mexicanos. Es lo que exploramos en el inmediato apartado.

Confianza en las instituciones y los actores políticos La confianza en las instituciones, es considerada nodal para el correcto funcionamiento de los gobiernos, así como de su legitimidad. Pero a qué nos referimos cuando hablamos de confianza. Al respecto, avanzando en su delimitación, ésta se considera alude a la expectativa que tiene el individuo A con relación al individuo B., donde A espera que B no tendrá un comportamiento o respuesta hostil hacía él. Hay la creencia de recibir un trato o recompensa benévola a su acción realizada. Existe una certidumbre positiva respecto a lo que el “otro” hará en reciprocidad. Tal situación de darse, sirve de base para la cooperación y la solidaridad comunitaria. Sin confianza una u otra acción no es posible llevarlas a cabo, derivando en un distanciamiento y fragmentación colectiva. Ahora bien, se han identificado dos tipos de confianza, la social y la política. La primera alude a la que el individuo tiene en su círculo inmediato, aquellos cercanos a él. Los que conoce y puede visualizar horizontalmente, familiares, vecinos, amigos. En un segundo plano, fuera del ámbito personal, tendríamos entidades abs135

tractas, tener confianza en las instituciones es confiar en una entidad intangible, así como en sus representantes. Como se puede apreciar la confianza social sobresale en el perímetro de la vida privada, en tanto la confianza política se circunscribe a la esfera pública. De esta forma, “...la confianza política en una institución conlleva la creencia de que ésta no actuará de una forma arbitraria o discriminatoria que resulte dañina para nuestros intereses o los del país, sino que nos tratará, a nosotros y a los demás ciudadanos, de una forma igualitaria, justa y correcta” (Montero, Zmerli y Newton, 2008: 21). Por ende, confiar en las instituciones es indicativo de considerar que las mismas se están guiando por principios de equidad y justicia para todos. Establecido lo anterior, en su status de democracia emergente de reciente creación, que panorama nos ofrece el país durante su proceso de alternancia. Cómo está la confianza política de los mexicanos respecto a las instituciones insigne de un sistema político, así como de sus respectivos actores. Obsérvese el siguiente gráfico. Gráfico 2 Confianza en las instituciones y organizaciones políticas y sociales a nivel nacional

Fuente: Instituto Federal Electoral (2014).

Una característica del proceso de modernización política en el país fue el impulso de instituciones mediadoras de la vida política a través de la diversificación de los partidos políticos, la ciudadanización de los órganos reguladores de las elecciones y el fortalecimiento de los poderes legislativo y judicial. No obstante, la confianza e identificación de los mexicanos con estos, ha sido escasa. Véase lo que sucede con 136

el IFE, los partidos políticos, los diputados, etc. En contraste, instituciones más ligadas a la vida tradicional y al ámbito de lo privado, gozan de niveles de confianza por arriba de las antes mencionadas. Las iglesias y el Ejército, instituciones que representan una el uso de la fuerza y otra la vida religiosa institucionalizada, parecen ser las más confiables para los mexicanos. Así, estamos ante un panorama en donde las instituciones políticas modernas se presentan como poco confiables, o más precisamente, quienes las conducen. Es decir, lo más perceptible de la instituciones en la vida cotidiana son las acciones de quienes están al frente de estas y son precisamente estos personajes quienes no son confiables (diputados, policías, jueces, etc.). Resultado lógico si se consideran los altos grados de corrupción, impunidad y, en muchos casos, delincuencia protagonizada por la clase política mexicana. Es decir, la modernización en México se dirigió a las instituciones, no a los responsables legales y políticos de las mismas, encargados de hacer que esta modernización pasara de lo deseable a lo real. Al respecto, en el día a día no falta la ocasión para que sea por televisión o a través de los diarios, que se tenga noticia de alguna maniobra abusiva por parte de los políticos en materia de dinero o del poder. De esta manera, la ecuación dinero y política ha ido moldeando una percepción del quehacer público-estatal negativa, disociada de cualquier principio básico de servicio. Ser político o formar parte de la administración pública, para el conjunto de la población, es sinónimo de corrupción y abuso de poder. Ciertamente hay los suficientes incidentes para alimentar esta imagen, sin embargo, la existencia de algunos, o varios casos, no puede llevarnos a calificar esto como una generalidad, y mucho menos como una ley. Pero lo sobresaliente de esta situación es que sin distingo de filiación política, derecha o izquierda, los profesionales de la política son asiduos actores de escándalos políticos. Algunos más documentados que otros, con mayor o menor seguimiento por parte de los mass media, pero con la constante de inspirar una imagen del político profesional cargada de mezquindad y ambiciones personales, misma que por obvias razones les ha significado ocupar los últimos niveles en la escala de confianza de los ciudadanos. Un desinterés político representado en abstencionismo electoral, apartidismo y formas de participación alternas a través de organizaciones no gubernamentales. En este contexto, la política7 para la población mexicana ha quedado encasillada como una actividad delimitada a los espacios donde se mueven los políticos; 7

Sobre el particular, importante es destacar lo polémico del término en sí mismo. Es una noción que para el común de la gente se asocia al engaño, el favoritismo, la corrupción, la mentira, la imposición. En suma, lo más negativo de la conducta humana que a su vez se concentra en el grupo de los profesionales de esta

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el parlamento, los partidos, la presidencia, las dependencias de gobierno Ámbitos distantes de la sociedad a los cuales no se puede acceder y mucho menos incidir. De esta manera, es posible enterarse de lo que pasa en esos lugares a través de los medios de información, pero no hay una identidad de ascendencia e influencia sobre de ellos. No existe un autoreconocimiento de una potestad ciudadana que se considere parte de la soberanía política y por ende del Estado. Hay pues, una toma de distancia con relación al poder que se ejerce desde las órbitas gubernamentales, lo cual se traduce en desconfianza institucional y un escaso interés por la política en sí.

Valores modernos: secularización y espacio público El impulso de la razón, como horizonte que guiará la vida y las acciones de los individuos, fue una de las grandes promesas de la modernidad. Así, la argumentación racional se constituiría como característica de la política dialógica en el espacio público, sustituyendo apelaciones metafísicas como fundamento de la práctica política y del poder. La separación entre Iglesia y Estado, y los conflictos que de esta derivan han dado cuenta de este proceso. En ese sentido, la secularización de la vida política en México ha tenido puntos de inflexión importantes. Uno de estos, después de una difícil lucha para su establecimiento, ha sido la laicidad del Estado desde el siglo XIX. Sin embargo, esta secularización del Estado no ha permeado el imaginario político social de los mexicanos, mismo que se reflejaría en la consolidación del espacio público y en individuos con una vida social no limitada al mundo y las relaciones de la vida privada. Un indicador de lo anterior es el nivel de confianza que, a lo largo del tiempo, registran las instituciones políticas modernas secularizadas frente a las instituciones tradicionales. Veamos los siguientes datos.

actividad. Consecuentemente hablar de clase política es hablar de los peores males. Empero es de señalar esta situación que es la más visualizada, es sólo una de las dimensiones de la política. Sobre el particular, la terminología en inglés ha sido útil para acotar los diferentes ámbitos por donde transcurre el actuar y pensar político. Así tenemos tres vocablos valiosos; Polity que hace referencia a la normatividad, la institución, alude al ejercicio de poder; Politics, refiere a las conductas de los individuos en su lucha por el poder; Policy, se orienta a la gestión gubernamental, intervención sobre las relaciones sociales. Ver Vallés, 2002: 45-52.

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Gráfico 3 Porcentaje de confianza promedio en el tiempo. Comparativo entre Iglesia y Congreso

Fuente: ENCUP.

Si bien la confianza que ha tenido la Iglesia desde el año 2000 ha ido a la baja, ha permanecido como una institución más confiable que el Congreso. Cabe destacar los puntos de inflexión que estos niveles de confianza han registrado en los años de elecciones federales o en los cercanos a estas. De 2005 a 2008, la confianza en el Congreso pasó de un 57% a un 40%, para luego, en el 2012 elevarse al 49%, mientras que en el mismo periodo la confianza en la Iglesia sólo registró una baja de 5 puntos porcentuales. Manteniéndose así de 2008 a 2012. Por otra parte, se puede observar que de 2001 a 2005 la confianza en el Ejército no se modificó; y a pesar de que cayó 20% de 2005 a 2012, la confianza en el Ejército sigue siendo mayor que la depositada en los Partidos Políticos. Los Partidos Políticos sólo han tenido un avance de 10% en un periodo de 11 años, el mismo que no les ha alcanzado para colocarse a la altura de instituciones tradicionales como la Iglesia o el Ejército. Es decir, las instituciones políticas modernas sólo pueden tener algunos visos de confianza en periodos electorales, después, los mexicanos vuelven a refugiarse en la tradición no secularizada que representa la Iglesia. 139

Esta tendencia no es exclusiva del país, en América Latina los niveles de confianza registrados para distintas instituciones en 2013 colocan a la familia, a la Iglesia y a las Fuerzas Armadas como las tres instituciones más confiables en México y en el continente. Como se puede observar en la siguiente tabla: Tabla 1 Confianza en las instituciones tradicionales

Fuente: tomado de Moreno (2013). 140

Por otro lado, la siguiente gráfica, basada en datos proporcionados por el latinobarómetro, nos muestra que a pesar de que se quiera presentar los procesos políticos como aislados (propios de cada país), estos tienen conexión, sea por la condición identitaria regional, o bien por el mismo proceso globalizador. Gráfico 4 Porcentaje de confianza promedio en el tiempo. Comparativo entre México y América Latina (Partidos Políticos y Fuerzas armadas)

Fuente: tomado de Moreno (2013).

Así las cosas, estamos frente a una sociedad en la que el espacio público no es tal, la vida social se desarrolla en el mundo de lo privado, en donde la tradición (familia e Iglesia) y la violencia (fuerzas armadas) son las únicas salidas que aparecen como reales en un contexto de crisis, pobreza y desigualdad.

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A manera de conclusión Uno de los planteamientos desarrollados al principio de este trabajo, reparaba en la aparente contradicción entre la exacerbación del formalismo que rodea a la democracia electoral y, al mismo tiempo, el avance de políticas económicas devastadoras del bienestar y la dignidad humanas, cuyo impacto también se ha dejado sentir en la subjetividad política (conservadora, desalentada y con atonía) y en el desmantelamiento sistemático del espacio público. Nos preguntábamos de qué manera, el impulso democrático-electoral era posible en un contexto semejante. Sin embargo, esta aparente contradicción pareciera no serlo tanto. A partir del periodo de posguerra, asistimos a un momento en el que las contradicciones del capitalismo pudieron sortearse mediante un equilibrio, en apariencia, poco conflictivo: “[…] un tiempo en el cual el acorde perfecto entre crecimiento económico, seguridad social y democracia política se estableció en muchas cabezas como horizonte normativo de expectativas. Ante el trasfondo de este horizonte de expectativas se manifiesta claramente la problemática clave de la evolución de nuestra sociedad actual, donde parece cada vez más difícil lograr la ponderación de estos objetivos en oposición mutua: la acumulación capitalista, la integración social y la legitimación democrática” (Dubiel, 2001: 68).

La radicalidad que hoy presenta la acumulación capitalista y todos los problemas sociales que de ello derivan, dificultan más que nunca su compatibilidad con la democracia más allá de lo electoral. Más aun, los valores que delimitan el horizonte utópico de la modernidad (racionalidad, política, dialógica, espacio público, emancipación, etc.) están lejos de hacerse realidad en la subjetividad política mexicana. Aquí, la democracia electoral no ha servido para construir modernidad. No por lo electoral en sí mismo, sino porque esto se ha convertido en una camisa de fuerza y contención de lo que realmente importa: la posibilidad de construir una sociedad más justa e igualitaria. Se ha enfatizado en lo electoral más como una medida que abone a la eficacia de la gobernabilidad conservadora que como uno de los muchos medios necesarios para lograr la inclusión social. Aun con la alternancia partidista, la política se ha empobrecido, se ha reducido al mero ejercicio del voto –clientelar- como ha sucedido en los últimos procesos electorales. La construcción de la polis, ha sido negada. En su lugar, la violencia y la imposición del más fuerte no son fallas del sistema que habrán de corregirse con más mecanismos electorales. La fuerza ha tomado el lugar del consenso, institucionalizándose. 142

Los datos del Latinobarómetro que evidencían más confianza en la violencia (Ejército) que en la política (partidos) es un ejemplo mundial de eso. Los consensos se realizan cuando hay un mínimo de contrapesos entre los actores sociales que están en el espacio público, pero cuando lo que hay es una desigualdad (en recursos, en poder, en derechos, etc.) tan grande ¿qué necesidad hay de consensar? Se apela a la violencia y a la fuerza directamente. Peor aún, cuando ni siquiera hay espacio público, o bien cuando este ha sido sistemáticamente desmantelado y en su lugar aparece la vida descarnada del Estado de naturaleza hobbesiano, como en México. Lo que obliga a replantear la discusión acerca de la democracia,8 así como recargarla de sentido9 para que tenga condiciones de cumplir con su objetivo civilizatorio.

Bibliografía Cerroni, Umberto (1986). “La democracia como problema de la sociedad de masas”, Estudios Políticos, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM, número 2, volumen 5, nueva época, abril-mayo. Dubiel, Helmut (2001). “El realismo utópico de la democracia” en Cristina Camacho, Miriam Calvillo y Juan Mora (comps.), Democracia y ciudadanía en la sociedad global, México, UNAM. Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) 2001, 2003, 2005, 2008 y 2012. Secretaria de Gobernación, en http://www.encup.gob.mx/ [20 de agosto del 2014]. Held, David (1992). Modelos de democracia, México, Alianza Editorial. Instituto Federal Electoral (2014). Informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, México, Instituto Federal Electoral-El Colegio de México, en http://www.ine.mx/archivos2/portal/DECEYEC/EducacionCivica/informePais/ [10 de abril del 2015]. Keane, John (1992). La vida pública y el capitalismo tardío, México, Alianza Editorial. Lechner, Norbert (1996). “La política ya no es lo que fue”, Nueva Sociedad, Venezuela, número 144, julio-agosto. Lechner, Norbert (2004). “Entrevista a Norbert Lechner”, Polis, en http://polis.revues. org/6377[19 de marzo del 2015].

Acerca de este necesario examen, en fechas recientes tenemos los escritos de Agustín Basave, “La deserción democrática”, El Universal, 13-04-2015; o la serie de artículos de Héctor Aguilar Camín “Repensando la democracia”, los días 07/08/09 y 10 de abril del 2015, en el diario Milenio. 9 Donde “...resulta importante no solamente quién decide sino también qué cosa se decide” (Cerroni, 1986: 12). 8

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Montero, José Ramón, Sonja Zmerli y Ken Newton (2008). “Confianza social, confianza política y satisfacción con la democracia”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, España, número 122, pp. 11-54. Moreno, Alejandro (2013). “Confianza en las instituciones”, Este país, en http://estepais. com/site/2013/confianza-en-las-instituciones/[19 marzo 2015]. Nogueira, Marco Aurélio (1994). “Democracia política, gobernabilidad y representación”, Revista del CLAD Reforma y Democracia, Caracas, núm. 1. Offe Claus y Schmitter, Philippe (1995). “Las paradojas y los dilemas de la democracia liberal”, Revista Internacional de Filosofía Política, México, UAM-Iztapalapa/UNED. Rabotnikoff, Nora (1992). “El retorno de la filosofía política: notas sobre el clima teórico de una época”, en Revista Mexicana de Sociología, Instituto de Investigaciónes Sociales-UNAM, octubre-diciembre 4, México. Vallés, Josep M. (2002). Ciencia Política. Una introducción, España, Ariel. Zolo, Danilo (1994). La democracia difícil, México, Alianza Editorial.

Otras referencias Valadés, Diego (2014). “Renovar el poder”, Diario Reforma, 25 de noviembre, p.13. Woldenberg, José (2014). “De tres, uno”, Diario Reforma, 20 de noviembre, p. 14.

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El ciudadano/a agente de la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal RosaYnés Alacio García1

Introducción En este trabajo se analizan las tensiones entre los conceptos: ciudadano/a-agente, desalineamiento electoral, realineamiento electoral temporal, y swing, a partir del análisis de resultados electorales por partido y/o candidato, en la delegación Miguel Hidalgo en el 2012. Se presenta el margen de victoria (MV) entre el primero y segundo lugar, y entre el segundo y tercero en las preferencias electorales sin coaliciones. “Aunque la palabra ʽswingʼ hace referencia a un tipo de baile, en el ámbito que nos compete se trata de los intercambios de votos entre partidos (…)” (Gómez Tagle, 2000: 84).

El trabajo se presenta en tres etapas, en la primera se analizan los conceptos en el siguiente orden: democracia, ciudadano/a –agente, desalineamiento electoral y realineamiento electoral. En un segundo momento, se reflexiona sobre las potencialidades del ciudadano/a agente en contraparte con los supuestos de la teoría de la modernización para analizar preferencias electorales, destacando la importancia de las redes dialógicas. En una tercera fase, se analizan los resultados electorales federales 2012 por partido y/o candidato en la delegación Miguel Hidalgo, desde los polígonos denominados ZOREs, (zonas de responsabilidad) conformados por secciones electorales.2 En esta última fase, se busca identificar la inclinación del 1 2

Profesora-Investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Correo: [email protected] Un polígono, es un diseño asimétrico que delimita un territorio para fines específicos. Cada polígono es independiente, tanto en diseño como en características, y contiene un ilimitado número de lados. Un polígono electoral es un diseño asimétrico diseñado institucionalmente, para facilitar la organización del proceso electoral. Un polígono electoral es vigente para un proceso electoral específico, y puede cambiar entre una

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votante por un solo partido y/o candidato, desde las características geográficas de cada ZORE, y en donde se muestran matices dentro de la categoría: urbanización.

Antecedentes En los noventas, las elecciones se estudiaron desde dos enfoques centrales: la estadística y los estudios de coyuntura; el primero, tuvo como objetivo entender la estabilidad y el cambio de las preferencias electorales utilizando variables estructurales, en tanto los otros, abordaron encuestas sobre candidatos así como el estudio de las campañas para explicar las luchas electorales (Bravo, 2006: 220). Gómez Tagle identifica dos tipos de análisis distintos; uno inclinado a definir el espacio como una construcción histórica-económica y política, desde los “territorios dominados por una estructura de poder y de gobierno”; y el otro, a partir del estudio de las unidades geográficas y la construcción de indicadores estadísticos determinados por las reglas electorales, para sintetizar tendencias que respondan a ¿quiénes votan?, ¿cuántos votan?, ¿dónde votan?3 (2000: 21-25). Este trabajo, recupera el concepto democracia política y ciudadano/a-agente de O´Donnell, para explicar el desalineamiento electoral en la integración del poder político, como parte de los resultados de la jornada electoral federal del 2012, en el 10 distrito, que comprende la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal. En el texto, se estudia lo que hay, en términos de democracia en México, esto es, la democracia construida desde las elecciones, para cargos públicos, desde el análisis de los votos de ciudadanos/as agentes, quienes eligen a figuras de representación, y marcan la boleta por un candidato o partido (no por coaliciones).

y otra elección, estas variaciones se encuentran determinadas por las características y la cantidad de posibles electores. Definición propia a partir del trabajo de investigación y de campo. La zona de responsabilidad (ZORE), es un polígono definido por el Instituto Federal Electoral para trabajar el proceso de capacitación de funcionarios, quienes integran las mesas directivas de casilla. 3 Gómez Tagle, al explicar los cambios en las tendencias del voto en México, reflexiona sobre el contexto histórico y político de las elecciones y la participación de los ciudadanos/as, desde los diferentes significados a lo largo de los años, debido a los cambios en la competitividad partidista, a los cambios en las instituciones electorales, y a los cambios en el régimen político (Gómez Tagle, 2009: 96-97).

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Primera parte Democracia El régimen democrático para O´Donnell construye agencia, pues promueve legalmente un sistema de efectivos y “respetuosos reconocimientos mutuos”, respaldando “el derecho a participar en redes dialógicas”, así como en múltiples manifestaciones asociativas y expresivas que reproducen la diversidad social. Son las reglas legales de la democracia, las que dan sentido a la protección de derechos, afirmando la dignidad de todos/as al aceptar la diversidad cultural y social (2010: 271). Por tanto, la democracia “es preferible a cualquier otro tipo de dominación política”, pues “el poder y la autoridad ejercidos en y por un estado y sus gobiernos surgen de ciudadanos/as-agentes” (O´Donnell, 2010: 19-20). O´Donnell incluye tres componentes en la definición de la democracia política: las elecciones limpias, “los derechos positivos y participativos” para votar o para intentar ser electo y el conjunto de libertades y derechos de participación (2010: 37-38): “La restricción es que somos libres en nuestras elecciones e identidades en tanto no violamos arbitraria o ilegalmente los derechos y libertades de otros que son tan agentes como nosotros” (O´Donnell, 2010: 272).

En la democracia política, los miembros son reconocidos como fuente y justificación de la autoridad, y de los poderes de Estado y de gobierno. Es por este motivo que las elecciones “adquieren especial significado”, pues “la democracia es el único arreglo político que contiene esta reivindicación” (O´Donnell, 2010: 290): “La paradoja del voto es correcta desde un punto de vista individualista, pero olvida que mediante las elecciones los más públicos y generales de los poderes existentes en la sociedad son colectivamente instituidos. En el momento de las elecciones todos somos iguales y como tales instituimos esos poderes. Las elecciones en democracia son un momento pasajero pero recurrente e intensamente simbolizado, de des-alineación (o des-reitificación) de esos poderes. El significado de las elecciones limpias puede ser, al menos momentáneamente, colectivamente apropiado por la ciudadanía, al hacer posible ver que los poderes existentes no son de ellos, ni en consecuencia deben ser para ellos esta es oportunidad para una auto-pedagogía colectiva sobre el verdadero significado del poder y la autoridad políticos. Seguramente esta reapropiación es sólo parcialmente cierta, y luego de las elecciones el estado y el gobierno suelen volverse distantes y, a veces, hostiles, pero aun así es importante, porque las elecciones permanecen como memorias y anticipaciones, potencialmente mo147

vilizantes, del verdadero significado de la autoridad y los poderes de estados y gobiernos. Esto también deriva de que la democracia es el único arreglo político que sanciona y respalda legalmente derechos y libertades en base a los que es posible participar, individual y colectivamente, en redes dialógicas horizontales y verticales en innumerables lugares de la sociedad (O´Donnell, 2010: 290-291).

La propuesta de O´Donnell, presenta reflexiones importantes sobre la ciudadanía como agencia, desde la identificación del ser social que razona y reivindica o desalinea poderes; como portador del poder para elegir gobiernos o buscar ser electo; y como expresión de la diversidad social y cultural, que se auto reproduce desde el respeto a los derechos y a la dignidad.

Ciudadano/a agente El ciudadano/a como agente es crucial en la democracia y fundamento normativo y empírico de ésta (O´Donnell, 2010: 20 y 23). Los ciudadanos como agencia son seres sociales, no individuales, quienes están “pre- y re-constituidos como tales a lo largo de travesías que emprenden durante sus vidas” (O´Donnell, 2010: 270). Si bien, una democracia no se explica sin ciudadanos/as agentes, la agencia tiene antecedentes previos a las discusiones sobre democracia. “La idea de agencia que he delineado se convirtió en el núcleo central de los sistemas legales de los países del Noroeste mucho antes de que emergiera la democracia” (O´Donnell, 2010: 50). “Agencia implica la presunción de capacidad de tomar decisiones consideradas suficientemente razonables como para tener importantes consecuencias, tanto en términos de la agregación de los votos como del ejercicio de cargos gubernamentales y/o estatales. Los individuos pueden no ejercer tales derechos y libertades pero el sistema legal de un régimen democrático construye a todos como igualmente capaces de ejercitar tanto estos derechos y libertades como sus obligaciones correspondientes. La atribución legalmente respaldada y universalista de la agencia efectuada por la democracia política es un hecho absolutamente crucial, en sí mismo, y por sus múltiples repercusiones” (O´Donnell, 2010: 40).

La ciudadanía como agencia, conlleva la existencia de redes dialógicas de discurso, que generan interacciones con los gobernantes (O´Donnell, 2010: 236). El ciudadano/a-agente es portador de una significativa “red de relaciones sociales”, que 148

abonan en la diversidad y posibilitan la existencia de “varios tipos de democracia, y con ello, de diversos caminos para una eventual mayor democratización” (O´Donnell, 2010: 272). El ciudadano/a agente es portador de derechos, libertades y obligaciones con múltiples repercusiones asignadas en las leyes, más allá de la condición social, la agencia dota de la capacidad para tomar decisiones razonadas que provocan consecuencias políticas, en donde cada uno puede participar (O´Donnell, 2010: 40-41). El ser humano como agente con reconocimiento legal, con derechos políticos, civiles, sociales, culturales, como microfundamento empírico y normativo de la democracia política, quien trasciende las “falencias de las democracias contemporáneas y las crueles realidades que subyacen a ellas” (O´Donnell, 2010).

Desalineamiento electoral Por desalineamiento se identifican formas electorales (volatilidad) y no electorales (manifestaciones); y en la arena electoral se refleja a partir de la pérdida de los grupos de apoyo partidario, diluyendo identificaciones partidistas y patrones de votación (Bravo, 2006: 222). “La dispersión de la votación que puede interpretarse como desalineamiento no implica necesariamente realineamiento en términos de la continuación del dominio partidista en los gobiernos municipales” (Pizzonia, 2006: 383).

Consiste en un alejamiento en los apoyos partidistas y volatilidad del sufragio, provocando incertidumbre, abstencionismo y pérdidas en identificaciones partidistas, las cuales, podrían no representar un realineamiento político como tal; los patrones de identificación se nutren del cambio en las preferencias de los electores y de las transformaciones de los partidos, en ambos casos, “el desalineamiento y el realineamiento pueden o no ser complementarios” no obstante, no necesariamente se presenta uno como resultado del otro (Pizzonia, 2008: 371).

Realineamiento electoral Estudiar realineamientos electorales posibilita abordajes empíricos útiles para comprender comportamientos del voto, su agregación, volatilidad y/o estabilidad en periodos específicos (Bravo, 2006: 222). 149

“(…) en nuestro país han sido pocos los intentos por utilizarla, dando origen en algunos casos a imprecisiones conceptuales que identifican realineamiento con movimiento del voto y desalineamiento con abstencionismo (Pacheco, 2000: 311-335), o a ciertos trabajos que consisten en el estudio de elecciones específicas (Reyes del Campillo, 1997) o en la elaboración de historias electorales (Sirvent, 2001)” (Bravo, 2006: 223).

La teoría del realineamiento permite analizar trayectorias electorales históricas, para explicar causas en la distribución del voto, y por tanto, del poder político desde mediciones de competitividad, volatilidad, abstencionismo (Bravo, 2006: 222). Desde posturas más estructurales, el realineamiento electoral presenta diferentes facetas en el comportamiento de los votantes, caracterizadas por cambios profundos “relativamente estables” y también por el estudio de volatilidades que intervienen en la decisión electoral mostrando un desalineamiento, como parte del proceso, no obstante, el desalineamiento y el realineamiento no presentan asociaciones forzosas (Pizzonia, 2008: 370-271). “A partir de la teoría de las elecciones críticas,V. O. Key construyó el concepto de realineamiento (…) Cuando fue usado por V. O. Key en 1955, realineamiento significó algo más que una gran victoria. Primero, un cambio en las lealtades partidarias, no simplemente apoyo electoral; segundo, una marcada variación en el balance electoral de dos partidos; tercero, un cambio abrupto relacionado con una transformación de la estructura social; y cuarto, una modificación no sólo de las tendencias del voto, sino en el balance de poder entre los grupos e intereses” (Reyes del Campillo, 2002:10-11).

Segunda parte La teoría de la modernización no explica el swing electoral y los desalineamientos. Las potencialidades del ciudadano/a agente y la importancia de las redes dialógicas como contraparte a la teoría de la modernización, generan tensiones teóricas al analizar preferencias electorales, pues desde la modernización, se relacionan indicadores socioeconómicos con preferencias electorales, sin profundizar en las características de las redes dialógicas que potencializan el poder del ciudadano/a agente como votante, y como motor de cambio en la conformación de gobiernos.

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“El realineamiento y el reordenamiento partidario electoral tienen su origen en los profundos cambios de la sociedad mexicana, en la trasformación de una sociedad esencialmente rural en una mayoritariamente urbana, en el aumento de los niveles de escolaridad y el desarrollo de la terciarización, así como en el mejoramiento de los niveles de vida y de consumo“ (Reyes del Campillo, 2002: 22).

La red dialógica del discurso genera una construcción conjunta en la esfera pública, en donde, es posible dirigirnos a otros ciudadanos/as agentes, en una red dialógica horizontal, y paralelamente a los gobernantes, en una red dialógica vertical; circunstancia que posibilita interpelaciones en el ejercicio de derechos y libertades respaldadas por la ley y socialmente disponibles (O´Donnell, 2010: 190191). No obstante, una profunda desigualdad y pobreza, obstruye la potencialidad de las redes dialógicas (O´Donnell, 2010: 191). La disminución de las desigualdades en las democracias contemporáneas latinoamericanas, parecería más un futuro deseable, que uno posible, debido a las políticas públicas implementadas desde las esferas de gobierno. No es la intención de este documento, seguir la ruta de las desigualdades, por el contrario, se busca identificar opciones posibles en los escenarios actuales.4 “Las contradicciones propias del proceso de modernización nos llevan a presentar una segunda hipótesis (ahora de tipo causal), bajo el supuesto de que los puntos de ruptura que dividen al electorado no son homogéneos en la sociedad mexicana. De los cleavages tradicionales como Estado-Iglesia, urbano-rural, industrial-agrícola, capital-trabajo, ninguno significa por sí mismo un formato que divida profundamente al electorado. Son, más bien, ciertas dimensiones temáticas del sistema partidario, como el apoyo o el rechazo al régimen, el papel o función del Estado (su mayor o menor intervención) en el desarrollo nacional, las prácticas culturales (ético-morales) liberales o conservadoras, combinadas con demandas materiales (tierra, salario, empleo, educación, salud, etc.) y posmateriales (derechos humanos, protección ambiental, igualdad de sexos, de minorías, etc.) las que producen la identificación de los ciudadanos con alguna fuerza política partidaria y las que tienden a moldear su comportamiento en las urnas” (Reyes del Campillo, 2002: 122-123).

Reyes del Campillo reconoce en el cambio electoral, una relación inicial con la modernización, la cual, ya no se sostiene (2002: 271-272). E identifica en los “procesos de desalineamiento y realineamiento partidario electoral”, un vínculo “¿Hasta qué punto es posible modificar la estructura del poder para lograr el desarrollo económico?” cuestiona González Casanova (2005: 15).

4

151

con “los cambios en la estructura de la sociedad mexicana”, y con los temas que le dividen: libertad, tolerancia, comunicación, aprovechamiento racional, temáticas urbanas, y cambios en intereses y habilidades de los jóvenes (2002: 274). La dicotomía urbano-rural, no explica las tensiones centrales que motivan el cambio en las preferencias de los ciudadanos/as agentes, por el contrario, sólo describen una serie de resultados estadísticos sin profundizar en otros elementos sociopolíticos explicativos. La polémica central no sólo se ubica en el soporte teórico, también en la metodología, y en la construcción sobre el concepto democracia.5 Sumado a las diferencias en la construcción de lo que se entiende por urbano.

Tercera parte El 10 distrito electoral federal El 10 distrito electoral federal comprende la delegación Miguel Hidalgo en el Distrito Federal, y debido a los resultados electorales, se llegó a identificar Benito Juárez y Miguel Hidalgo como bastiones panistas (Reyes del Campillo, 2007:110-117; Larrosa y Hernández, 2011: 274). Del 2000 al 2009, los datos confirmarían la asociación (grado de urbanización e ingresos altos) con la votación panista y en contra de la votación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por este motivo, algunos autores se animaron a pronosticar futuros triunfos panistas en delegaciones: “En otras palabras, las delegaciones, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, han sido delegaciones panistas. Estas delegaciones se caracterizan por tener un producto interno bruto per cápita, más alto. Esta tendencia, haría que en futuras elecciones delegaciones como Coyoacán, fuera ganada por el PAN” (Larrosa y Hernández, 2011: 274).

No obstante, en la jornada electoral concurrente del 2012 en Miguel Hidalgo, el Partido Acción Nacional (PAN) perdió todos los cargos en disputa, frente a los candidatos del PRD en esta delegación altamente urbanizada y con mayor alfabetización.6 Macpherson considera dos requisitos centrales para entender una democracia como participación, el primero, la conciencia de la gente abandonando el papel de consumidores y asumiendo una actuación desde el ejercicio pleno de sus propias capacidades, y el segundo, basado en el requisito de disminución de la desigualdad social y económica (1981: 130-135). Si bien el segundo, podría parecer una utopía posible, el primero podría reforzar la propuesta de la ciudadanía como agencia. 6 El informe Observatorio México, elaborado por América Latina Genera, colocó a la delegación Miguel Hidalgo como el tercer lugar con mayor índice de desarrollo humano en el país (0.8788) por debajo de Benito 5

152

“La izquierda ganó la delegación Miguel Hidalgo, lo que parecía improbable”. (Uribe, 2012: 89). Negritas mías.

La teoría de la modernización fue puesta a debate desde la realidad. El análisis de los grandes números, permite clasificar a la delegación Miguel Hidalgo, con un alto Índice de Desarrollo Humano (IDH), y la menor tasa de analfabetismo, en este contexto ¿cómo se explica el swing y el desalineamiento electoral? Si bien, desde la teoría no se confirma un realineamiento electoral, pues el cambio de una sola elección es insuficiente para soportar la permanencia del PRD en el territorio político electoral, sí muestra el poder de la agencia y su capacidad para cambiar gobiernos, como resultado de la participación y del poder de las redes dialógicas y sus potencialidades en la jornada electiva de 2012. La Delegación Miguel Hidalgo, está integrada por tres tipos de asentamientos urbanos; los territorios históricos como: Tacuba, Tacubaya y Chapultepec; los asentamientos populares como: Pensil, Argentina, América, Observatorio, Tlaxpana; y lugares residenciales como: Polanco, Lomas de Chapultepec y Bosques de las Lomas. Las redes dialógicas en momentos electorales y no electorales, fortalecieron el swing en la demarcación. Gómez Tagle problematiza ¿Qué pesa más en el resultado electoral? (2000: 40). Para explicar tendencias y cambios en las votaciones es importante considerar simultáneamente tres factores que orientan al ciudadano/a agente: 1. El fortalecimiento de una opción política territorial, y el potencial debilitamiento de otra, debido a redes dialógicas, a través de posicionamientos diferenciados; 2. El diseño de una estrategia de posicionamiento focalizada y 3. Los contenidos focalizados de mensajes-rapport.7 En este contexto, las reglas del juego electoral son el marco de los límites que determinan algunas pautas de acción de estos tres factores. Por tanto, es importante a) conocer la ley electoral; b) conocer las características de los ciudadanos/ as agentes en cada territorio y generar redes dialógicas; c) conocer las fortalezas y debilidades del posicionamiento de los partidos en el sistema de partidos de la demarcación en contienda.8 Juárez y Coyoacán. (PNUD, 2006: 1). Por otra parte, los datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, (2011) ubican con la menor tasa de analfabetismo a esta delegación (junto con Benito Juárez), y con los más bajos porcentajes de población de entre 8 y 14 años sin saber leer. 7 Se entiende por rapport a aquella experiencia de aceptación que involucra: la mutua atención, la positividad en la interacción y la coordinación armónica (Tickle-Degnen y Rosenthal, 1990). 8 Una dinámica mayor a Miguel Hidalgo, es el efecto de la votación como resultado de las campañas de posicionamiento de dos candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), tanto a Jefatura de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, como a Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. De igual modo, la fuerza del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto.

153

Los resultados que se presentan, sólo incluyen las votaciones federales del 2012 de los tres partidos políticos con mayor número de sufragios, no se consideraron coaliciones, debido a que el interés consistió en ubicar el impacto de las redes dialógicas por candidato y/o partido político, a partir de los polígonos denominados ZOREs.9 Las redes dialógicas del discurso, son centrales para la agencia. Un ciudadano/a agente, podría decidir desde los diferentes procesos: represivos, autoritarios y/o democráticos, pero sin establecer un diálogo vertical. En democracia, es donde se presentan las mejores condiciones para fomentar redes dialógicas (vertical-horizontal, horizontal-vertical, vertical, horizontal), y potencializar la agencia. En la democracia hay condiciones, para interpelar “voz vertical”, y también para “hablar entre nosotros”, y llevar adelante acciones “voz horizontal”; los diálogos horizontales, pueden ejercer alguna acción conjunta, y establecer mecanismos de comunicación de “voz vertical”, para construir conjuntamente con la autoridad en la esfera pública (O´Donnell, 2010: 190). ¿Cuáles son los temas de interés? Las interpelaciones dialógicas tienen un respaldo legal, y abren espacios para deliberar temas de interés público. Temáticas presentes en las agendas de gobierno, y de Estado, en donde, el ciudadano/a agente como ser social, participa desde su identidad e interés, con el respaldo de la expresión en redes discursivas, y actuaciones. Se presenta por ZORE la votación a Presidente de la República, senadores y diputados federales, y el margen de victoria en números relativos (porcentajes) entre el primero y el segundo, así como entre el segundo y el tercer lugar en la votación por partido político y/o candidato/a, sin considerar las coaliciones. Se anota por colonia el grado de desarrollo social, y se registran las características de las secciones de atención especial, así como la ubicación de casillas extraordinarias10. ¿Qué nivel de impacto generaron las redes dialógicas? Los distritos locales no incluyen la delegacional completa, por este motivo no se consideraron los resultados. Por otra parte, de la contienda local, no se consideraron los resultados a la Jefatura delegacional Miguel Hidalgo. El tamaño de las ZOREs lo determina el grado de dificultad para integrar las casillas electorales y el número de casillas que se integran, todo esto independientemente del número de secciones electorales. En el 10 Distrito electoral se integraron 544 casillas, de un total de 265 secciones electorales. Las cuales se organizaron en 11 ZOREs. Por cada 750 electores (o fracción) en lista nominal, se instala una casilla electoral denominada básica, en caso de existir un mayor número de ciudadanos (as) en lista nominal, se instalan más casillas denominadas contiguas (1, 2, 3, 4…). Art. 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (2010). 10 Una sección de atención especial es aquella que presenta dificultades para notificar e integrar las mesas directivas de casilla. Las dificultades son diversas: acceso restringido (residenciales, militares), creencias religiosas, inseguridad. Una casilla extraordinaria se instala: “Cuando las condiciones geográficas de infraestructura o socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los electores residentes en ella a un mismo sitio, podrá acordarse la instalación de varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un fácil acceso a los electores”. Art. 239 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (2010). 9

154

SENADOR

MV

DIPUTADO

7

1 PRD

3

1 PRD

5

TACUBA

4

2 PAN

11

2 PAN

10

 

3 PRI

 

3 PRI

 

MEDIO

ANAHUAC 1

4 INSEGURIDAD 1 MILITAR

1 PRI 2 PAN 3 PRD

AGRICULTURA PLUTARCO ELIAS CALLES SANTO TOMÁS

ALTO

UN HOGAR PARA NOSOTROS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEXTITLA 1 POB. FLOTANTE 2

3

TACUBA

1 INSEGURIDAD

POPOTLA

 

ANAHUAC

 

MV

MV

PRESIDENTE

GRADO DE DESARROLLO SOCIAL

POPOTLA

COLONIAS

SECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIAL Y CASILLAS EXTRAORDINARIAS

ZORE

Tabla 1 Resultados por partido y/o candidato/a

 

 

 

 

 

1 PRD

14

1 PRD

12

1 PRD

13

2 PRI

3

2 PAN

3

2 PAN

3

3 PAN

 

3 PRI

 

3 PRI

 

TLAXPANA

 

 

 

 

 

 

2 RELIGIÓN

DOS LAGOS

1 PRD

8

1 PRD

4

1 PRD

4

2 INSEGURIDAD

AHUEHUETES ANAHUAC

2 PAN

4

2 PAN

12

2 PAN

11

 

PENSIL NORTE

3 PRI

 

3 PRI

 

3 PRI

 

 

MÓDELO PENSIL

 

MEDIO

BAJO

 

 

 

REFORMA PENSIL

 

 

 

 

LEGARIA

 

 

 

 

ANAHUAC

 

 

 

 

CUAHUTÉMOC PENSIL

 

 

 

 

LAGO SUR

 

 

 

 

TACUBA

 

 

 

 

VERÓNICA ANZURES

 

 

 

GRANADA

MEDIO

ALTO

 

 

 

 

   

 

Continúa...

155

5

6

SENADOR

MV

DIPUTADO

1 PRD

17

1 PRD

15

1 PRD

4

REFORMA PENSIL

2 PRI

2

2 PAN

7

2 PAN

11

 

LEGARIA

3 PAN

 

3 PRI

 

3 PRI

 

 

5 DE MAYO

 

PENSIL SUR

 

MV

MV

PENSIL NORTE

 

COLONIAS

PRESIDENTE

GRADO DE DESARROLLO SOCIAL

SECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIAL Y CASILLAS EXTRAORDINARIAS

ZORE 4

5 INSEGURIDAD

 

 

 

 

 

 

MÓDELO PENSIL

 

 

 

 

AMPLIACIÓN POPO

 

 

 

 

POPO

 

 

 

 

DOS LAGOS

 

 

 

 

VENTURA PÉREZ DE ALBA

 

 

 

 

DEPORTIVO PENSIL

 

 

 

 

CUAUHTÉMOC PENSIL

 

 

 

 

ANAHUAC

 

 

 

GRANADA

ALTO

 

 

 

 

 

 

2 CASILLAS

San Lorenzo Tlaltenango

MUY BAJO

1 PRD

11

1 PRD

9

1 PRD

9

EXTRAORDINARIAS

IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO

2 PAN

2

2 PAN

9

2 PAN

9

3 PRI

 

3 PRI

 

3 PRI

 

 

HUICHAPAN

 

ARGENTINA ANTIGUA

 

BAJO

MEDIO

BAJO

 

 

 

 

MÉXICO NUEVO

 

 

 

 

SAN JOAQUÍN

 

 

 

 

ARGENTINA PONIENTE

 

 

 

TORRE BLANCA

2 INSEGURIDAD

MEDIO

 

 

 

 

 

 

 

ARGENTINA ANTIGUA

1 PAN

4

1 PAN

7

1 PAN

5

3 MILITARES

SAN JOAQUÍN

2 PRD

3

2 PRD

12

2 PRD

14

 

MÉXICO NUEVO

3 PRI

 

3 PRI

 

3 PRI

 

 

LEGARIA

 

BAJO

 

 

 

5 DE MAYO

 

 

 

 

10 DE ABRIL

 

 

 

 

DEPORTIVO PENSIL

 

 

 

 

FRANCISO I. MADERO

 

 

 

 

LOMAS DE SOTELO

 

 

 

 

MANUEL ÁVILA CAMACHO

 

 

 

 

IRRIGACIÓN

 

 

 

 

LOMA HERMOSA

 

 

 

PERIODISTA

MEDIO

ALTO  

 

 

 

   

 

Continúa... 156

8

9

10

11

 

VERÓNICA ANZURES

4 RELIGIÓN

REFORMA SOCIAL

3 MILITARES

LOMAS DE SOTELO

7 RESIDENCIALES

LOS MORALES

 

LOMAS DE REFORMA

 

BOSQUE DE LAS LOMAS

2 PRI

 

3 PRD

 

ALTO

MEDIO

8

MV

ANZURES

1 PAN

DIPUTADO

 

2 PRI 3 PRD

27

MV

MEDIO

IRRIGACIÓN

1 PAN

SENADOR

ANAHUAC

 

BAJO

MV

2 RESIDENCIAL

PRESIDENTE

COLONIAS AMPLIACIÓN GRANADA

GRADO DE DESARROLLO SOCIAL

SECCIONES DE ATENCIÓN ESPECIAL Y CASILLAS EXTRAORDINARIAS

ZORE 7

13 RELIGIÓN

31

1 PAN

29

4

2 PRI

3

 

3 PRD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PAN

10

1 PAN

23

1 PAN

21

2 PRI

20

2 PRI

14

2 PRI

15

3 PRD

 

3 PRD

 

3 PRD

 

ALTO

 

 

 

 

 

 

 

LOMAS DE CHAPULTEPEC

 

 

 

 

 

 

4 MILITARES

PENSIL SUR

1 PRD

1

1 PAN

4

1 PAN

3

2 INSEGURIDAD

AMPLIACIÓN DANIEL GARZA

2 PAN

6

2 PRD

10

2 PRI

10

 

OBSERVATORIO

MEDIO

3 PRI

 

3 PRI

 

3 PRD

 

 

SAN MIGUEL CHAPULTEPEC

ALTO

 

 

 

 

 

 

7 RESIDENCIALES

AMÉRICA

BAJO

1 PAN

12

1 PAN

28

1 PAN

24

1 MILITAR

16 DE SEPTIEMBRE

MEDIO

2 PRI

16

2 PRI

8

2 PRI

7

 

LOMAS ALTAS

3 PRD

 

3 PRD

 

3 PRD

 

 

LOMAS DE CHAPULTEPEC

 

 

 

 

LOMAS DE BEZARES

 

 

 

 

REAL DE LAS LOMAS

 

 

 

 

LOMAS DE REFORMA

 

 

 

 

BOSQUE DE LAS LOMAS

 

 

 

MOLINO DEL REY

NINGUNA

PENSIL SUR

 

BAJO

ALTO

 

 

 

 

 

 

 

BAJO

1 PRD

3

1 PAN

4

1 PAN

1

ESCANDÓN

BAJO MEDIO

2 PAN

9

2 PRD

13

2 PRD

14

 

TACUBAYA

MEDIO

3 PRI

3 PRI

 

 

SAN MIGUEL CHAPULTEPEC

ALTO

 

 

 

3 PRI  

 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Federal Electoral, y de las estadísticas de la Delegación Miguel Hidalgo.

157

Consideraciones finales Miguel Hidalgo fue ganado por candidatos del PAN de 2000 a 2009. En 2012, todos los cargos federales fueron triunfos del Partido de la Revolución Democrática, y por primera ocasión, ganó el PRD la jefatura delegacional. ¿Qué significado tuvo el voto diferenciado en las ZOREs por partido político entre la contienda a la Presidencia de la República y a los puestos por el legislativo federal? Hubo un comportamiento electoral distinto entre las tres principales fuerzas políticas: PAN, PRD y PRI, debido a las redes dialógicas de los ciudadanos/ as agentes (votantes, candidatos/as, gobernantes, y brokers de la participación). Contrariamente, los partidos con menor presencia electoral fueron el Partido del Trabajo (PT), el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y el Partido Movimiento Ciudadano (MC). El Partido Nueva Alianza (PANAL) se mantuvo como una opción electoral superada varias veces por los votos del PT y del PVEM. Los datos electorales muestran tendencias en el comportamiento, debido a las redes dialógicas construidas por los partidos, por los gobernantes, y por los candidatos. Las redes dialógicas permiten entender el swing electoral, y la desigual presencia de partidos y candidatos en los territorios. Como parte de la agenda de investigación se propone: 1. Establecer categorías a partir del concepto ciudadano-agente, en donde se profundice sobre las diferencias urbano-urbano, y las redes dialógicas que se presentan. 2. Construir una tipología de redes dialógicas, a partir de estudiar los procesos electorales, desde técnicas mixtas de investigación, con la finalidad de explicar el swing electoral.

158

Anexos Mapa 1 Décimo distrito electoral federal, Miguel Hidalgo

Fuente: elaboración propia.

159

Mapa 2 Zonas de Responsabilidad (ZOREs) para el proceso electoral federal 2011-2012

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Instituto Federal Electoral.

160

Bibliografía Bravo Ahuja, Marcela (2006). “El realineamiento electoral en México: elementos para su estudio”, Estudios Políticos, México, UNAM, número 8, mayo-agosto, pp. 219-242. Código de Instituciones y Procedimientos Electorales (2010). Instituto Federal Electoral, México. Gómez Tagle, Silvia (2000). “De política, geografía y elecciones”, en Silvia Gómez Tagle y María Eugenia Valdés, La Geografía del Poder y las Elecciones en México, México, México, IFE-Plaza y Valdés, pp. 17-38. González Casanova, Pablo (2005). La democracia en México, México, Ediciones Era. Larrosa Haro Manuel, y Cecilia Hernández Cruz (2011). “Elecciones locales en el Distrito Federal 2009: voto nulo y ruptura en el partido dominante”, en Manuel Larrosa y Javier Santiago (coords.), Elecciones y Partidos Políticos en México 2009, México, Universidad Autónoma Metropolitana, pp. 259-281. Macpherson, Crawford Brough (1981). La democracia liberal y su época, Madrid, Alianza Editorial. O´Donell, Guillermo (2010). Democracia, agencia y Estado, Argentina, Prometeo Libros. Pizzonia Barrionuevo, Cristina (2006). “De la convención a la dispersión. Una revisión de las elecciones municipales en México, 1981-2003”, en Beatriz Canabal Cristiani, Gabriela Contreras Pérez y Arturo León López (coords.), Diversidad rural: estrategias económicas y procesos culturales, México Plaza y Valdés-UAM Xochimilco, pp. 369-407. Reyes del Campillo Lona, Juan (2002). Partidos y elecciones en México. Realineamiento y reordenamiento político electoral 1988-2000, tesis de doctorado, México, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Reyes del Campillo Lona, Juan (2007). “La disputa social por el Distrito Federal”, Revista Desacatos, México, número 24, pp. 109-122. Tickle-Degnen, Linda y Rosenthal Robert (1990), “The nature of rapport and its nonverbal correlations”, en Psychological Inquirity, Vol. 1, number 4, pp. 285-293. Uribe Moreno, Mónica (2012). “Elecciones en el Distrito Federal: una apuesta a lo seguro”, Revista El Cotidiano, México, UAM-Azcapotzalco/Ediciones EON, número 175, pp. 79-90.

Otras referencias América Latina Genera, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), El Observatorio México, 2006, en http://www.americalatinagenera.org/elobservatorio/documentos/mexico.pdf [22 de mayo de 2015]. 161

Delegación Miguel Hidalgo en http://www.miguelhidalgo.gob.mx/delegacion-mh/estadisticas/, [23 de enero de 2015]. INEGI (2011). Estadística a propósito del Día Internacional de la Alfabetización, México en http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2011/alfabetizaci%C3%B3n11.asp?c=2808&ep=69, [25 de enero de 2015].

162

Construcción de la ciudadanía: entre el liberalismo y el comunitarismo Miriam Zarahí Chávez Reyes1

Introducción El debate liberal-comunitario originado en 1970 en torno a la ciudadanía ha producido también el surgimiento de posturas conciliadoras que buscan empatar ambos extremos e incluso abundar sobre su complementariedad. Las características de la organización política al interior de localidades y municipios de la República Mexicana dan cuenta del remanente que ha dejado el pasado indígena y colonial que se integra con la democracia procedimental, proceso que se vuelve referente empírico para analizar la articulación entre dos formas de aproximación aparentemente distintas. Desde la antropología con Néstor García Canclini (1990) y sus Culturas híbridas, como la subordinación excluyente de Blanca Rubio (2001) desde la sociología rural y el concepto liberal integrado que explica Dworkin (García, 2014) para el referente político, se ha buscado señalar lo que ocurre en la experiencia empírica con los procesos de articulación. Tomar a lo híbrido como una categoría de análisis puede permitir responder al contexto concreto de varias regiones de México y a partir de estas experiencias para distinguir el contenido del término, sus posibilidades y limitaciones. Las comunidades del estado de Tlaxcala forman parte de estos espacios híbridos desde los cuales, temas como la participación ciudadana, la ciudadanía y sus características pueden generar reflexiones que lleven a dar forma y explicar con mayor detenimiento el contenido y los referentes del término híbrido. Con esta propuesta se busca entender, desde los espacios locales, lo que ocurre con la organización política y en particular con la construcción de la ciudadanía para plantear análisis que responda a un contexto específico. 1

Doctorante de posgrado en Estudios Sociales en la UAM-Iztapalapa. Correo: [email protected]

163

Para exponer las posibilidades que tiene partir del referente híbrido el presente escrito se divide en cuatro apartados. El primero, contiene un acercamiento a la manera en que se ha abordado el concepto de ciudadanía incluyendo a las corrientes teóricas liberal, libertaria, republicana y comunitarista para distinguirlas y, posteriormente, considerar sus puntos de encuentro. El segundo apartado, toma en cuenta la relación que existe entre las posturas liberal y comunitaria así como las experiencias a nivel local que hacen referencia a su vinculación en el plano empírico. La construcción de la ciudadanía como hibridación es el tercer apartado que lleva hacia una propuesta en la manera de abordar el concepto de ciudadanía. Tomando en cuenta lo híbrido como una categoría de análisis que puede originar su contenido e indicadores desde las experiencias ocurridas en las localidades mexicanas como en el caso del estado de Tlaxcala debido a la singularidad de su organización política local. Finalmente se exponen las conclusiones en las que se plantea la necesidad de empatar las posturas opuestas no como intención de superar el debate entre la ciudadanía liberal y comunitaria, sino como una manera de atender y responder a lo ocurrido en los contextos particulares, en los espacios de intersección y dar la pauta para distinguir aspectos hasta ahora soslayados.

Proximidades a la ciudadanía El acercamiento al concepto de ciudadanía ha seguido varios caminos, uno de ellos responde a un recuento histórico que busca dilucidar lo ocurrido en Atenas, Esparta y Grecia sobre las nociones de ciudadanía, las continuidades y divergencias, y traer a cuenta esas referencias a la práctica de las sociedades actuales (Benéitez Romero, 2004). Por otro lado, se encuentran las diferentes reflexiones teóricas que Tamayo (2010) ubica en dos grandes grupos, el primero denominado corriente liberal (ciudadanía formal) y que se vincula al estatuto jurídico-institucional a través del cual se busca igualar a los desiguales, buscando un equilibrio entre derechos y obligaciones, dentro de una comunidad política donde el Estado funge como árbitro apelando a un contrato social. El segundo grupo es señalado como perspectiva sustantiva (ciudadanía sustantiva) aquí se ha enfatizado la existencia de la dinámica social y política que se da entre individuos y grupos diversos. En este sentido, la ciudadanía se ve como una construcción que cobra forma a partir de las prácticas y experiencias sociales. Otras formas de abordaje son explicadas por Acevedo y López (2012) quienes encuentran una contraposición constante en los trabajos académicos, pues en tanto unos se generan desde la perspectiva individualista, fundada en el paradigma liberal 164

y en coincidencia con la distinción que hace Tamayo, otros lo hacen desde lo que las autoras identifican como expansionismo donde se ve a la colectividad como sujeto de derechos y se establece el tránsito gradual del autoritarismo a la democracia, y se exalta a la ciudadanía como la única forma de poder legítimo. Ambas formas, aseguran, tratan sobre la imperfección de la ciudadanía, ya que ambas confrontan la norma con la práctica por lo que ellas proponen remitirse a lo que las prácticas sociales hacen de la ciudadanía y explorar las condiciones de posibilidad de la misma, superando así la evaluación que de forma recurrente hace la teoría al ejercicio empírico. Tanto las distinciones analíticas de Tamayo como las de Acevedo y López, recurren en primera instancia a la referencia formal-jurídica de la postura liberal caracterizada también por una postura individualista del actor. Esto ocurre así porque el liberalismo y su exposición en manos de John Rawls (1971) marcaron el camino por el cual transcurriría el análisis de la filosofía política en general, y por ende el de la ciudadanía, de manera que se ha convertido en un punto de partida para la discusión teórica. Las críticas a la postura de Rawls por quienes apelaron al carácter social del ciudadano dieron origen al debate entre liberales y comunitaristas. La lectura individualista de la postura de Rawls por quienes apelaban al carácter social del ciudadano, originó el intenso debate entre liberales y comunitaristas. Pero ¿existe realmente esta oposición o se trata de una mera distinción analítica? Para dar respuesta a esta pregunta es necesario revisar el contenido de las posturas teóricas involucradas y la manera en que se reflejan en la referencia empírica. De manera general, existen cuatro posturas o modelos teóricos desde los cuales se abordada a la ciudadanía mismos que determinan la relación que los ciudadanos mantienen con el Estado, las cualidades que debe poseer un ciudadano y la forma en que se obtiene esa categoría, que se puede entender como estatus o como práctica. Las posturas son: liberal, libertaria, republicana y comunitarista, mismas que, de manera breve, se describen a continuación tomando en cuenta algunas de sus características más relevantes. Siguiendo a Ander-Egg (1991) y Reyes (2009) el liberalismo es una forma de organización política y económica originada en Inglaterra a partir del siglo XVII y desarrollado en Francia durante el siglo XVIII, sus ideales y estructura se introducen paulatinamente en América Latina a partir de las instituciones producidas por la Constitución de Cádiz en 1812. Con esta forma de organización se propugna la libertad individual, la justicia y la democracia como forma de gobierno. El liberalismo se conoce como una ideología nominalista, individualista en la que sólo existen individuos, de ahí que se vea a la sociedad como la suma de los mismos. El liberalismo contempla la división de poderes, el régimen constitucional, la igualdad de todos ante la ley, el respeto por la propiedad privada y la libre concurrencia, la 165

libertad religiosa, la ética del trabajo, así como el reconocimiento de un Estado de derecho, de ahí surge un Estado liberal que ve en la democracia una forma en extremo opuesta a la monarquía. Se trata de una “tradición política Occidental o forma secular de la civilización Occidental”. Sabine (1988) considera que por distintas que se encuentren estas dos acepciones del liberalismo ambas se relacionan con su historia en la política moderna, lo que implica una estructura política, económica y social compartida. En la ciudadanía liberal el ciudadano es libre e igual, disfruta de un estatus de igual ciudadanía y coopera a lo largo de su vida en una sociedad bien ordenada (Benéitez, 2004: 159). Entre sus características se encuentra la libertad individual como valor primigenio, la justicia (y no el bien dada su inconmensurabilidad) como fundamento del orden social en una sociedad plural. La ciudadanía desde esta óptica comparte tres características de la teoría liberal: a) autonomía individual, b) predominio de la justicia sobre el bien, y c) neutralidad del Estado. La comunidad política aparece solo como instrumento para lograr un modelo particular de vida buena (Ochman, 2006). Así la participación se entiende como un estatus que puede no trascender más allá del voto. En la teoría libertaria –originada a partir de considerar el estado de naturaleza y el contrato social– se considera que las personas libres e inviolables se convierten en clientes de una agencia de protección o Estado mínimo que protege sus derechos individuales y pertenencias. Las características de esta postura son: que la libertad del individuo y sus derechos son garantizados si sólo son clientes del Estado mínimo. Los individuos son fines, no sólo medios, por lo que no pueden ser sacrificados o usados sin su consentimiento para el logro del objetivo final. Pero los elementos de la teoría libertaria son una configuración utópica que no ha trascendido (Benéitez, 2004: 187). En términos del republicanismo el ciudadano se considera libre e igual, mismo que acuerda discursivamente en los espacios públicos informales y formales las condiciones de la convivencia de la comunidad en busca del “bien común”2. El ciudadano comparte una identidad cívica común que es modelada por una cultura pública común, obtenida a través de la participación en la vida pública. Esta ciudadanía cívica común es la que aglutina a los ciudadanos por encima de las particularidades. La ciudadanía comunitaria, que surge, como se ha dicho, de la crítica al liberalismo, enfatiza la conformación social del ciudadano pues éste se define a partir del 2

Para Ochman el bien común no se trata de la suma de los bienes particulares ni tampoco del bien de la mayoría, se trata de una categoría que surge del debate político sobre los asuntos públicos. “El bien común no exige que se elimine la diferencia sino que se busque una perspectiva común para que las diversas demandas sean políticamente tratadas” (Ochman, 2006: 77).

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sentido de pertenencia a una comunidad o grupo con el que se comparten una serie de virtudes cívicas. Se parte del ser humano social por naturaleza. En este modelo “La identidad de alguien se define a través de la afirmación de una idea del bien y con la referencia a una comunidad particular” (Benéitez, 2004: 261). Después de esta breve revisión de teorías sobre la ciudadanía se puede dar cuenta de que ellas no aparecen de manera absoluta en la realidad, lo que existe es una combinación entre varias de ellas. También se refrenda la oposición entre la ciudadanía liberal y la comunitaria. Pero esto no es más que una apariencia pues en realidad resultan complementarios e incluso uno incide en la permanencia del otro, y a la par se va configurando una articulación entre ambas. La comunidad vista como la suma de individualidades, mismas que cobran sentido en un entramado social específico. Esta afirmación es esgrimida y profundizada por R. Dworkin quien sostiene que la libertad, la igualdad y la comunidad son elementos complementarios, lo cual significa un llamado a la revisión de los planteamientos absolutos desde los cuales se distingue a estas posturas. En coincidencia con el bosquejo anterior es que a continuación se discute la relación –teórica y empírica– entre el liberalismo y comunitarismo.

Entre el liberalismo y el comunitarismo Es posible encontrar en el contexto del debate entre el liberalismo y comunitarismo, que cobró fuerza entre las décadas de 1970 y 1980, algunos aportes que se interesan por conciliar la igualdad social y la libertad individual, sugiriendo posturas analíticas o precisando los puntos de coincidencia. Estos vínculos llevan a reconocer lo difusas que pueden ser las barreras entre uno y otro, aunque cabe señalar que este trato dialógico no es una novedad, ni resulta una perspectiva aventurada. Ronald Dworkin consideró discutir la relación individuo-sociedad desde lo que él llamo un concepto liberal integrado que implicaba ver al liberalismo de una manera distinta, sin que ello resultará en una sobre estimación de la comunidad tal como la veían los comunitaristas al considerarla preexistente al individuo porque en última instancia la comunidad en abstracto no existe. Su postura surge de la crítica al liberalismo que expusiera J. Rawls en su Teoría de la Justicia publicada en 1971 al cual le adjudicó el calificativo de discontinuo3 en tanto se separa la perspectiva personal o privada de la pública o política lo que lleva a diferenciar el comportamiento Para identificar la deficiencia del pensamiento de Rawls, Dworkin distingue dos maneras de fundamentar al liberalismo: continuidad y discontinuidad. En la primera coloca las reflexiones de Rawl y en la segunda su propuesta.

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entre la política liberal y la ética cotidiana. Para Dworkin la ética debe formar parte de la fundamentación del liberalismo, pues lo que debería verse es una continuidad entre lo que ocurre en la vida pública y en la privada, y no dos tipos de ética. En cuanto a la relación individuos-sociedad considera la importancia de la matriz social a partir de la cual se toman decisiones y se reflexiona sobre las posibilidades y limitaciones que actúan como marco de referencia de la acción. Otro punto de integración entre el individuo y la sociedad estriba en que al interior de la comunidad política pueden surgir obligaciones hacia la comunidad siempre y cuando se den ciertas condiciones4, de esta manera el ciudadano que se integra a una sociedad no puede separar su vida pública de la privada (García, 2014). La ética y la reflexión son dos aspectos que al involucrarse en el liberalismo modifican la visión tradicional amplificándola, lo que da cabida a análisis desde un margen más amplio. Es necesario distinguir que el punto de partida de Dworkin es el liberalismo y no el comunitarismo, lo que propone es modificar la manera en que se ha tratado al liberalismo de ahí que sostenga: “El liberalismo es especial y es interesante porque insiste en que la libertad, la igualdad y comunidad no son tres virtudes políticas distintas y –a menudo– en mutuo conflicto […] sino aspectos complementarios de una única concepción política, de modo que no podamos garantizar, o entender siquiera, uno de esos tres ideales políticos independientemente uno de los demás” (Dworkin, 1993: 45 cit. García, 2014: 373).

Otro ejemplo que da cuenta de la conciliación entre liberalismo y comunitarismo son las reflexiones de Michael Walzer –a quien por cierto se ha calificado como un autor hibrido–, sin embargo este autor, contrario a Dworkin parte de una postura comunitarista y desarrolla lo que identifica como igualdad compleja. Una oscilante armonía es como denomina Rocco (2011) a la relación de estas dos posturas que este autor discute desde los trabajos de Walzer. La concordancia entre las dos visiones teóricas puede apreciarse de manera más puntual en las experiencias empíricas, es decir en las investigaciones de caso. Sin embargo, el dar cuenta de este vínculo no ha sido tema central en el análisis social sino contingente, salvo algunas excepciones. En primera instancia lo que se explica es la contrastación entre teoría y realidad, de lo que resulta una serie de evaluaciones que llevan a confrontar la norma con la práctica, incluso se suele par Estas son: a) reciprocidad, b) ser consideradas como especiales, c) personales, d) proceder de una responsabilidad más general de preocupación por el bienestar de otros miembros del grupo, y e) representar un igual interés por todos los miembros (García, 2014: 374).

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tir de una definición jurídica que conduce a conocer la dimensión y forma de la aplicación de la ley. Además de demostrar el contraste empírico-teórico, para dar cuenta de la concatenación de los procesos liberales y comunitarios, otros trabajos optan por mirar la relación desde una u otra postura y al margen se comentan las posibilidades o limitaciones de esta agregación. Jiménez González y otros (2007) analiza la construcción de una ciudadanía local a partir de las acciones realizadas por actores emergentes y comunitarios en Amatlán de los Reyes, Veracruz, su reflexión toma en cuenta la vinculación de dos formas de organización política –una devenida de la democracia procedimental y otra denominada usos y costumbres– pero se puede dar cuenta de una postura comunitarista e incluso romántica cuando considera la fractura de los usos y costumbres por parte de la democracia procedimental. Verlas juntas llevará a entender la manera en que se articulan e incluso se influyen, pues no permanecen estáticas ni intactas, y cabrá atender la dinámica que bajo esta relación se produce, así como las razones a las que responde. El empleo de ambas formas de organización por parte de los ciudadanos, indistintamente o de forma selectiva, lleva a hablar de una ciudadanía local concreta donde los recursos de participación e inclusión en la vida pública adquieren, en esta confluencia, un sentido propio. Hernández-Díaz, en el libro Ciudadanías diferenciadas en un Estado multicultural. Los usos y costumbres en Oaxaca, recolecta algunas experiencias por las que ha pasado la ciudadanía en las comunidades oaxaqueñas frente a la elección por usos y costumbres de las presidencias municipales, desde entonces 152 municipios utilizan el sistema de partidos y 418 el de usos y costumbres. El autor hace tres advertencias respecto al tratamiento que se le da al tema, y explica: la primera es que ni en el caso del sistema de partidos, ni en el de usos y costumbres se puede afirmar que existe una ciudadanía plena. La segunda es que el sistema de usos y costumbres garantiza a la comunidad –y por ser parte de ella a los individuos– una mayor autonomía frente a los partidos políticos, los políticos y los gobernantes estatales o federales. Tercero, que el sistema de usos y costumbres no es estático y que dado tanto sus contradicciones internas, como sus conflictos externos, ésta obligado a cambiar sus reglas, a adaptarse (Hernández-Díaz, 2007: 16). Estos tres puntos permiten partir de una mirada crítica y no idealizada sobre lo que puede implicar la ciudadanía a nivel local en espacios de alta población indígena en convivencia con la democracia procedimental y con procesos contemporáneos. Los trabajos que partiendo del contexto multicultural o indigenista abordan la ciudadanía, la organización política o la participación ciudadana local han sido más propensos a considerar esta relación e instar a la reflexión y análisis de la misma, pero sobre todo a reconocer la necesidad de responder a la diversidad cultural.Ven169

turoli y Zanotelli (2013) llaman a la búsqueda de un concepto más amplio y abierto de ciudadanía que reconozca las diferentes identidades y realidades al interior del país y que se aleje del ideal europeo, blanco y masculino de ciudadanía. Los autores consideran la necesidad de analizar lo ocurrido en espacios diferenciados donde se expresa la relación entre procesos liberales y comunitarios de manera particular. Con referencia al trabajo de Robichaux (2007) el autor sostiene que tanto en Tlaxcala como en Texcoco e incluso en algunas regiones de Jalisco, por mencionar algunos estados de la República Mexicana, se puede observar que: “Aunque esas poblaciones sean mestizas, o mejor, posindias, por tener un pasado colonial de ´repúblicas de indios´, hoy en día reproducen varios sistemas de pertenencia comunitaria que implican para sus integrantes derechos y obligaciones comunales que se van a sumar a aquellos individuales otorgados por la nación, conformando dos clases (a veces conflictivas) de ciudadanía, una local y la otra estatal” (Venturoli y Zanotelli, 2013: 143).

Tanto las referencias teóricas como empíricas dan cuenta de una realidad dinámica en la que la referencia a los tipos ideales o a los ideologías tajantes requieren volver a mirarse y reconocer sus coincidencias así como los puntos de encuentro a partir de los cuales construir reflexiones, pues las experiencias muestran una dinámica incesante. Con la intención de aludir al punto de encuentro entre liberalismo y comunitarismo, tanto en el plano teórico como en el empírico, es que se le han empleado términos como liberalismo integrado de Dworkin, y en otros casos más descriptivos el de hibridación. Es éste último el que puede colocar directamente la reflexión en el punto de articulación, y no en los extremos, para partir de él y llegar a una categoría de análisis que permita abordar lo que ahí ocurre.

La construcción de la ciudadanía como una hibridación El termino ciudadanía remite al sentido de pertenencia hacia una comunidad política, misma que confiere a sus miembros una serie de derechos iguales para todos –ciudadanía formal-jurídica– y además encausa las acciones que el individuo desempeña con respecto al Estado y a otros ciudadanos. La referencia al ciudadano solo como elector de sus representantes ha sido superada, se alude ahora a un actor activo, crítico y atento de cuanto ocurre en el lugar en el que radica. Para Berta Palo (2008) “un concepto pleno de ciudadanía integra un estatus legal –conjunto de derechos–, un estatus moral –conjunto de responsabilidades– y también, una identidad por la que la persona se sabe y se siente perteneciente a una sociedad”, y 170

es esa identificación la que propicia la participación, pues si no se tiene cierto apego o identificación con el contexto lo que en él ocurra será visto como algo ajeno, separado de la realidad y sin importancia. Es por ello que la ciudadanía, además de ser un estatus en tanto adscripción jurídica, es también un proceso en la medida en que responde a la dinámica del contexto social y político, situación que lleva a hablar de la construcción social como otra característica de la ciudadanía. De manera que, si la ciudadanía se ve como un constructo social que cobra forma a partir de un contexto específico, entonces existirán tantas formas de ciudadanía como sociedades o comunidades políticas. Tamayo (2010) aborda esta consideración a partir de explicar las dimensiones que constituyen a la ciudadanía: a) la relación Estado-sociedad civil, lo que llama membresía, b) los derechos ciudadanos y obligaciones, y c) la participación. Es así como se puede diferenciar a las ciudadanías y la manera en la que estas se construyen, pero el autor insta a tener cautela pues es verdad que ante las diversas prácticas y visiones es evidente que no hay una sola ciudanía, pero no es funcional referirse a una pluralidad de ciudadanías en tanto existen controles institucionales e internacionales a las que se atienen. Por lo anterior propone hacer referencia a esta pluralidad que se enmarcan en un contexto local y global como prácticas de ciudadanía que define como “Todas aquellas referencias concretas de carácter colectivo que se expresan de modo desigual y combinado” (Tamayo, 2010: 115). De esta manera queda de manifiesto la relevancia de las prácticas de ciudadanía en tanto construyen una forma específica de ciudadanía y en tanto permiten avizorar las dinámicas políticas y sociales que se gestan en lo local y que responden a un tipo de comunidad política. La propuesta de este trabajo, para abordar los procesos de construcción de ciudadanía y participación política, es no partir de una postura comunitarista o liberal sino del intermedio, para lo cual sería útil una categoría. La experiencia empírica puede dar elementos para construir los indicadores que corresponden sin caer en algún extremo. La idea de continnum, de tránsito de una sociedad menos compleja a una de mayor complejidad a la que se espera y es deseable llegar queda superada y por el contrario se abordan directamente las características de la intersección y lo que de ello surge sin prefigurar la dirección o tendencia que seguirá la construcción de la ciudadanía en una comunidad política determinada –menos comunitarios y más liberales, o liberales con modos comunitarios y viceversa–. Las experiencias que buscan superar los extremos pueden ilustrar las posibilidades de esta propuesta. García Canclini, de cara a los procesos multiculturales, hace notar el cambio en la cultura que impera en América Latina donde las tradiciones, asegura, “aún no se han ido y la modernidad no acaba de llegar” (1990: 13), y para mostrar esta 171

vinculación usa términos como sincretismo y mestizaje. Pero reconoce lo apropiado de la expresión hibridación al ser la que más aspectos puede abarcar, porque va más allá de las características raciales a las que se remite el término mestizaje; en el caso de sincretismo éste indica fusiones más de tipo religioso. La experiencia de García Canclini, desde la antropología, expresa la búsqueda de explicaciones desde la experiencia relacional. Otro intento de hacer confluir extremos ocurre cuando los fenómenos de urbanización intensificados en la década de 1980 en los espacios rurales generaron términos como la pluriactividad y desagrarización (Lara, 1996). La serie de cambios –económicos, políticos, culturales, sociales y territoriales– fueron por otros explicados desde la llamada nueva ruralidad (Luis Llambí, 1996; Sergio Gómez, 2002; David Barkín, 2005; Javier Delgadillo,2005; Cristóbal Kay, 2009; Noriero, 2008), concepto que inició un debate entre quienes apoyaban la preocupación y aquellos que la criticaban pues, si había una nueva ruralidad se infería la existencia de una vieja ruralidad que habría que explicar. Sin embargo, Rubio (2001) propone, frente a los planteamientos anteriores, el término subordinación excluyente por medio del cual distingue que las transformaciones en el campo se tratan no de un momento coyuntural no de un proceso histórico donde las facetas del capitalismo son pieza fundamental. Para la autora, hablar de una nueva ruralidad significa adquirir un carácter neutral que evade toda crítica sobre la explotación y subordinación del campesinado. El carácter de neutral aparece aquí como una limitante pero, a partir de aquella crítica se generó una interpretación distinta con amplios argumentos para explicar y entender la realidad. Aunque la nueva ruralidad pudo no ser la respuesta a lo ocurrido, su discusión dio paso a reflexiones que siguen contribuyendo en la generación de explicaciones sobre los espacios rurales. Liberal integrado para Dworkin (García, 2014), igualdad compleja conforme a Walzer o culturas híbridas de Canclini parten de acentuar el diálogo entre opuestos, y en el caso de Rubio (subsunción formal) las implicaciones de ésta relación. Los casos anteriores pueden verse como esfuerzos por entender de una manera distinta la realidad, por buscar nuevas respuestas sobre fenómenos ampliamente discutidos o cambiar el contexto desde el cual se han abordado. Esto mismo puede ocurrir con la ciudadanía tratada desde el concepto de híbrido y de los espacios locales. Las grandes ciudades han marcado, por excelencia los planteamientos sobre ciudadanía. Estudios como el de Hernández-Díaz (2007) realizan aproximaciones desde el extremo contrario: las poblaciones indígenas, aunque con una visión crítica de lo que ello implica frente a las instituciones del Estado. Es necesario tomar en cuenta que en América Latina persisten, aunque con características diferentes 172

para cada región y país, aspectos tradicionales, coyunturas y aspectos híbridos que merecen ser atendidos. El antecedente indígena y colonial de México se matiza al interior de sus estados, en el caso de Oaxaca, Guerrero y Chiapas es más visible, pero también ocurre en el estado de Tlaxcala aunque no puede ser ubicado como mayormente indígena porque, aunque en su territorio existen asentamientos nahuas y otomíes, las demás características de su territorio como el equipamiento de sus centros de población, así como el incremento del sector terciario dan cuenta de una sociedad crecientemente urbana. No obstante, al observar su organización política aparecen características que llaman la atención por el componente tradicional que llevan, a veces de manera implícita y otras explícita, tales como: 1. La existencia de un cuarto nivel de gobierno personificado por un presidente de comunidad que tiene voz y voto en las reuniones de cabildo, 2. La elección por usos y costumbres, 4. La persistencia del sistema de cargos (Romero, 2013; Olmedo, 1999 y 2005) y 5. El rol de pueblos. En cada una de estas características aparecen inmiscuidas prácticas liberales y comunitarias que se van articulando de manera diferenciada, lo que hace propicio un análisis que de forma y caracterice al concepto de híbridez, tomado en cuenta, además de la articulación, la manera en que una da soporte y legitimidad a la otra, y la manera en que se van recreando hasta resultar un tipo específico de ciudadanía. Además, puede hacerse uso de todas las formas existentes, trátese de las que provienen de la democracia procedimental y que responde a la visión del Estado, y de las que se han generado en lo local o por la vía de la costumbre, ello puede ser con la intención de asegurar su participación y la respuesta a sus demandas. Esta relación se ha denominado, para el contexto jurídico de análisis del conflicto y en el caso de Tlaxcala, como interlegalidad (Sam, 2013) y se caracteriza por recurrir a alguno de los dos sistemas según sean las necesidades o intereses en pugna, incluso puede hacerse uso de lo institucional para legitimar a lo tradicional. Analizar la manera en que se llevan a cabo los procesos de organización podrá dar algunos datos sobre la conformación del sentido de híbridez apelando a la experiencia concreta de un contexto igualmente híbrido. El contenido de una ciudadanía adjetivada como híbrida busca responder a lo que ocurre en el espacio local, donde aparecen las instituciones formales provenientes de la democracia procedimental a la par de las devenidas de la tradición, liberal-comunitario. Considerar de qué trata la organización política en espacios híbridos y cuáles son las implicaciones en la construcción de la ciudadanía, antes de intentar ubicar a ésta en un panorama liberal o comunitario, puede resultar alentador y fecundo en términos de dilucidar las posibilidades de una perspectiva diferente. 173

Conclusiones Partir del punto neutro, híbrido, y no de los extremos liberal-comunitario desde donde se ha discutido a la ciudadanía no significa que el debate sobre el tema se haya terminado o que se vislumbre el tiempo en que esto ocurra. Por el contrario, las aristas sobre la ciudadanía no se agotan. Considerar el análisis de las relaciones híbridas, que hasta ahora se han empleado como eventos tangenciales, permitirá dar cuenta de lo que ocurre con la organización política en los espacios locales. Incursionar en un contexto distinto para estudiar la ciudadanía incita a buscar y probar con maneras de análisis interesadas en superar el ideal europeo, blanco y masculino de ciudadanía que critica Venturoli y Zanotelli (2013) y por otra parte incentivar el análisis sobre las posibilidades, limitaciones y características propias de la ciudadanía hibrida propia de América Latina. ¿Cuál es el contenido al que responde éste adjetivo y cuáles los indicadores a través de los cuales puede constatarse su existencia? Aspectos como la presencia del sistema de cargos, la relación con los partidos políticos, la cohesión social y el sentido de pertenencia pueden contribuir a configurar el contenido del término, las respuestas y los indicadores están en los estudios de caso. Tener en cuenta al estado de Tlaxcala, en tanto las características de su organización política a nivel comunitario, es parte del interés por dilucidar las implicaciones empíricas de la articulación diferenciada misma que puede conducir a reflexiones significativas sobre la situación de la ciudadanía. La composición social, política, económica y cultural de México así como la de otros países de América Latina da muestra de las posibilidades –y necesidad– para distinguir, abundar y explorar la híbridez y que sea su discusión la pauta que sirva para generar un análisis para ver lo que de otra manera se prescinde.

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Cuarta Parte

Procesos Electorales y Política

Propuesta metodológica-cualitativa para analizar procesos electorales Javier Pineda Muñoz1

Introducción ¿Por qué votar? Es la pregunta que parecen hacerse millones de ciudadanos, inmersos en el ambiguo y complejo proceso de presunta y pregonada democratización en México desde la década de los ochenta del siglo pasado. En su cotidianeidad se confunden observando una singular contradicción, por un lado, miran casi con incredulidad una creciente tendencia al establecimiento de gobiernos locales y municipales democráticamente electos y por otro, resienten una profunda crisis económica, en medio de una creciente profusión de las condiciones de decadencia económica, moral, social y política. A partir de este proceso aparentemente contradictorio, entre democratización y empobrecimiento queda en tela de juicio el nuevo rumbo económico de los gobiernos que dan la bienvenida al siglo XXI mexicano, implantando rígidas políticas económicas de ajuste, caracterizadas por la austeridad, orientadas a estabilizar el orden productivo y financiero, sobre la base de que dicho desorden imperante se debía, decían, fundamentalmente a la excesiva intervención del Estado en actividades que no le correspondían. Ante tal situación, resulta imperativo preguntarse ¿por qué aspirar a la democracia si bajo su sino los niveles de bienestar se reducen brutalmente?, ¿Y de dónde emana ese espíritu democratizador?, en especial cuando en el país no se ha caracterizado por un pasado inmerso en los valores democráticos, ni por una equitativa repartición de la riqueza social. Proceso que por otro lado, pone a discusión los supuestos convencionales, que postulaban a la edificación de una democracia 1

Profesor-Investigador de CU Zumpango, de la UAEMex. Correo: [email protected]

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política exclusivamente como producto de haber logrado desarrollo económico y como condición para el mismo. Acercándonos a nuestro pasado más inmediato, observamos que en las últimas dos décadas del siglo XX, se propagó en México la idea de que los procesos de democratización, apertura política e integración económica por efecto de la globalización creciente, traerían como consecuencia una mayor participación de la sociedad en la vida pública en general y de los grupos más marginados y empobrecidos en particular, en los procesos de toma de decisión política más relevantes, a saber las elecciones municipales, estatales y federales. Por otro lado, el proceso político mexicano, en por lo menos las últimas cuatro décadas, está marcado por los reclamos democráticos que tienen como un hito las elecciones federales de 1988, en las que gran cantidad de ciudadanos exigieron nuevas formas de participación que se correspondieran con los cambios de carácter macro-estructural.Y dada la magnitud de estos cambios, lógico es pensar que, a su vez, las experiencias de vida de la población han sufrido importantes modificaciones, tanto en su acción como en las formas de percibir su entorno más inmediato y cotidiano. Las explicaciones dominantes en el plano intelectual y académico de lo arriba señalado, nos llevan a la caracterización de estas “manifestaciones subjetivas” como una mera “derivación” de lo macro-social, por un lado, y por otro, su relegamiento a un plano secundario al momento de la discusión política y económica. Frente a ello, y reconociendo la carga significativa que acompaña a ésta hacemos en este texto una propuesta de analizar uno de las expresiones políticas por excelencia que es el sufragio, explorando formas no convencionales de indagar en la experiencia electoral de los ciudadanos, no desde una perspectiva cuantificadora (de la que no estamos en contra) sino cualitativa, que nos arroje luz sobre esta temática tan relevante para la politología contemporánea. Es claro que los cambios socio-políticos generan visiones contradictorias y heterogéneas, sugieren la constitución de actitudes procesadas en una síntesis de múltiples procesos de larga data y composición social. Reconstruir la naturaleza de estas actitudes y prácticas constituye una tarea fundamental, a fin de reconocer los parámetros desde dónde transitaran los procesos de integración, exclusión y protesta de este inicio de siglo. En este sentido, nos parece adecuado ubicar y explorar núcleos donde probablemente operan esas mutaciones de orientaciones valorativas o si por otro lado, persisten las orientaciones valorativas de añejas, ante la percepción de que estos cambios macro, en lo particular el plano electoral no tienen un correlato en el nivel micro. En el plano de los procesos electorales, podemos decir que en las últimas tres décadas (antes de 1988, pocos consideraban necesario hacer estudios sobre procesos que estaban decididos de antemano) los procesos electorales en nuestro país se 180

han constituido en un auténtico laboratorio analítico para los estudiosos de las ciencias sociales, pues a diferencia de muchos otros fenómenos sociopolíticos, en éstos, se conocen con anticipación las fechas y los lugares en que habrán de llevarse a cabo. Situación que ofrece tanto a los actores (partidos políticos, candidatos, ciudadanos y órgano electoral) como a los investigadores, la posibilidad de planear y programar su estudio y análisis, posibilidad que no existe en otros fenómenos que tienen un carácter más espontáneo como crisis económicas, crisis políticas, revueltas, revoluciones, golpes de estado, etc. Que, aunque tienen un período de incubación, no se “anuncian” previamente. Las elecciones proporcionan además cifras precisas que se pueden construir como datos valiosos para su análisis, sirviendo también como antecedente y herramienta para hacer proyecciones de futuros procesos. Es así que los diferentes analistas han acuñado términos tales como: voto duro, voto flotante, voto diferenciado, voto verde, voto de castigo, voto razonado, voto útil, etc. Esto atendiendo a la necesidad de explicar las razones que tiene el electorado para pronunciarse de tal o cual forma, frente a las opciones que le dan los partidos políticos, tratando también de interpretar el significado del abstencionismo, en todos los niveles de la geografía electoral, a saber: desde las casillas, secciones, distritos, municipios, estados, circunscripciones plurinominales y el nivel nacional. Se observa claramente que mientras en el país, después de largas luchas emprendidas por diversos grupos y organizaciones, llenas de momentos e historias, con frecuencia, trágicas y dramáticas que costaron incluso muchas vidas, en búsqueda de que en el país se celebraran elecciones, justas, limpias y competitivas, aparentemente, se avanza en los procesos democratizadores, paradójicamente y en contrasentido, la participación electoral de los ciudadanos destinatarios de los frutos de esas luchas, en procesos electorales tanto locales como federales (que sería uno de sus indicadores) ha disminuido drásticamente.

La geografía electoral El análisis electoral, en el plano metodológico, suscita en la investigación en el ámbito de las ciencias sociales, en general y de la política en particular, dilemas acerca de cuál es el plano desde el que debe abordarse, si lo macro o lo micro, si lo cualitativo o lo cuantitativo, si lo interpretativo o lo explicativo, etc. Las razones para hacerlo de una u otra forma, se multiplican profusamente. Otro punto de reflexión lo encontramos en el hecho de que las elecciones son la institución central del gobierno en las democracias representativas, su ce181

lebración periódica, en condiciones de libertad de competición y transparencia de las reglas, permite distinguir, en términos modernos, un gobierno democrático de otro que no lo es. Asimismo, el respeto de los derechos políticos (la posibilidad de elegir y ser elegido) e incluso, de deshacerse por la vía pacífica de los funcionarios electos, forma parte de los requisitos básicos de las poliarquías, también llamadas democracias políticas. No por casualidad, los estudios electorales se han constituido desde sus albores, en un área fundamental de la politología. Las investigaciones precursoras del Bureau of Applied Social Research, dirigido por Paul Lazarsfeld a mediados de los años 40’ del siglo pasado, cuando construyó el célebre Índice de Predisposición Política –IPP–, y las publicaciones precursoras del Public Opinion Quarterly, dan cuenta de ello. Conocer por lo tanto, las diferentes explicaciones acerca del comportamiento de los electores, resulta de singular interés tanto para los estudiosos de la materia como para aquellos que se sienten directamente afectados por esas decisiones: los políticos que compiten por el apoyo electoral. Desde las teorías de los cleavages de Lipset y Rokkan (1967), las explicaciones del votante racional de Antony Downs (1973), pasando por las investigaciones sobre la identificación partidaria de la Escuela de Michigan y las más recientes teorizaciones sobre el impacto de los medios de comunicación, los issues y las campañas electorales, todas aportan a desentrañar el rompecabezas de la conducta electoral en el contexto de las democracias contemporáneas. De particular interés resultan también las investigaciones que analizan las dinámicas de la participación electoral. ¿Quiénes participan?, ¿por qué lo hacen? y cómo varía esto entre países y a lo largo del tiempo, forma parte de las interrogantes a las que se procurará dar respuesta, con esas propuestas teóricas y metodológicas, la democracia en tanto régimen político es una, y por lo tanto, un concepto capaz de viajar en distintos contextos, la distinción entre democracias consolidadas y recientes deja entrever que también a nivel de los estudios electorales, es auspicioso enfocar en subconjuntos concretos, para mejorar la comprensión del objeto de estudio. Los ámbitos metodológicos que se desprenden de este estilo en el análisis electoral, son señaladamente: niveles de análisis y fuentes de datos, ventajas y limitaciones de cada uno, análisis descriptivo que a su vez observa; fragmentación y concentración electoral; número efectivo de partidos; volatilidad electoral. Para indagar en los procesos arriba descritos, relativamente novedosos en nuestro país, el método hegemónico entre los especialistas en el análisis electoral, ha sido el denominado método de la Geografía Electoral, que parte de algunos supuestos teóricos a saber: 182

“...el grado y la forma de participación política (y por tanto electoral) del ciudadano, están significativamente influidos por sus circunstancias sociales. Estas incluyen: cómo viven, qué tipo de barrio habitan, qué grado y tipo de habitación tienen, tipos de trabajos que hacen y cuánto ganan, y las oportunidades de mejorar su modo de vida” (Conway, 1989: 29).

Podríamos sintetizar que en este estilo de análisis los elementos preponderantes del comportamiento electoral se ven influidos por el conjunto de las relaciones entre grupos sociales y ciertos factores sociales como son: los puntos de contacto de la política del gobierno con el individuo; el acceso que tienen los grupos sociales a la información sobre la actividad política y la presión del grupo a favor de la votación y las presiones múltiples. De aquí se desprenden una serie de variables e indicadores, cuyo análisis de la relación entre las variables dependientes e independientes, pueden ayudarse con métodos cuantitativos, en tales casos, las variables independientes deben ser mensurables en una escala de medición, por lo menos, ordinal. El análisis cuantitativo se puede realizar de manera tabular, utilizando tablas cruzadas o bien con base en medidas estadísticas de asociación, correlación multivariable. Cabe destacar que el procedimiento técnico de asociación de variables, en especial el cuantitativo, no proporciona por sí solo, la explicación de la posible asociación o no asociación, por lo que, recurrir a la teoría politológica para la explicación es indispensable. Se parte para el análisis geoelectoral, de la definición de las variables, las variables principales que se utilizan en este tipo de estudios son: variables y datos básicos. Como variable dependiente la participación electoral, y como variables independientes a los aspectos contextuales y socio-demográficos que en alguna medida determinan la participación electoral. La participación electoral es una forma de participación política, por lo que se han desarrollado una serie de variables explicativas de la Participación Electoral, de acuerdo con los enfoques de la investigación electoral empírica planteados, pueden identificarse un conjunto de variables explicativas de la participación electoral, éstas van desde la descripción del impacto sociocultural en la participación electoral; hasta la relación de ésta con características peculiares del sujeto individual. Existen también variables socio-demográficas, nivel de ingresos, edad, sexo, lugar de residencia, educación y ocupación, etcétera. Concretando, se pueden identificar tres corrientes básicas en el estudio de la Geografía Electoral: la denominada Escuela de Chicago que se origina con el texto coordinado por Berelson, B. y Gaudet, H. (1944) en el que participa también Paul Lasarzfeld, The People´s Choice; la Escuela de Michigan, también denominada Institucionalismo, la corriente inaugurada por Angus Campbell, en el texto The American 183

Voter (1960) y la corriente del Rational Choice plasmada por Anthony Downs en el texto An Economic Theory of Democracy (1973). Como lo señalamos antes, esta es la corriente predominante entre los estudiosos que han desarrollado numerosas fórmulas matemáticas, coeficientes, correlaciones e incluso, en la actualidad, con el desarrollo tecnológico, esquemas de análisis georeferenciado, que dan sin duda una gran cantidad de información para quien desee analizar los procesos en ese estilo, de hecho, las empresas y despachos dedicados a las mediciones demoscópicas y de opinión pública, han estandarizado una serie de procedimientos que con frecuencia se acercan bastante a los resultados que finalmente arrojan las elecciones, no obstante nos parece que hay una serie de dimensiones que este tipo de estudios no aborda, por lo que se hace necesario indagar en los procesos electorales con otro tipo de instrumentos.

Mirar los procesos con otra perspectiva En virtud de lo anterior, el interés central de esta propuesta metodológica, es el de reconstruir, a partir de un cierto tipo de información, emanada de los sujetos participantes, la profundidad de los cambios en las actitudes y valores respecto de los procesos políticos en general, pero particularmente los electorales, que en general son vistos sólo en dos de sus dimensiones. Nos referimos a que los procesos electorales son procesos jurídicos, ya que son ordenados y regulados por la ley, son procesos políticos, ya que en ellos se pone en juego quien ocupará el espacio público estatal, pero, también, y esta es la parte menos analizada, son procesos simbólicos, es decir, durante el proceso electoral y en particular en el momento del sufragio éste se deposita toda una carga valorativa, junto con la boleta electoral, van sueños, anhelos, esperanzas, frustraciones filias y fobias, se construyen mitologías. Cuando no se vota, también hay una serie y variedad de mensajes que se quiere dar a los partidos políticos, a los órganos electorales y una valoración del sistema político en su conjunto. Las observaciones que dan origen a esta propuesta, las pude hacer de manera muy minuciosa y directa, por mi experiencia tanto en el Instituto Electoral del Estado de México, donde fungí como Vocal de Organización Electoral distrital en el distrito XX con cabecera en Zumpango, en 1996, Formador del servicio Electoral profesional (1998) y Coordinador Regional de Organización (1999) y Coordinador Regional de Capacitación Electoral (2003); y en mi gestión como Consejero Electoral Distrital en el distrito 07, en Cuautitlán Izcalli, en el Instituto Federal Electoral en los procesos 2000, 2003, 2006 y 2009; y en 2012 en el Consejo Dis184

trital 28 de Zumpango, Estado de México, posición que me permitió tener acceso directo a la información, tanto de resultados electorales, como de información recabada en campo, con este acceso tan inmediato, pude observar en ambos distritos, un fenómeno que llamó poderosamente mi atención. Observando la participación electoral caí en la cuenta de que este proceso se puede analizar de manera más nítida en los niveles microsociales, acudiendo a instrumentos metodológicos de orden cualitativo, es decir, que recuperen la perspectiva de los actores y no sólo las aseveraciones y valoraciones de los investigadores a partir de datos estadísticos, tanto demográficos como electorales. Estos elementos y otros, de índole teórico, me llevaron a plantear preliminarmente, retomando interrogantes planteadas por algunos investigadores en espacios y documentos del BID (Binetti y Carrillo, 2005) en donde se cuestionan ¿La desigualdad de ingresos limita la calidad de la democracia? o en los términos que lo hace Atilio Borón (1999) podemos preguntarnos “¿Cuánta pobreza y exclusión puede resistir la democracia?” y de manera más general ¿Es posible la gobernabilidad en una sociedad donde reina la desigualdad? Para integrar esta propuesta, consideramos que al asistir al ocaso de una época (la modernidad) en la que la política, sus luchas y sus prácticas, estuvieron encauzadas al control Estado-Nación, las instituciones y el poder central que representaban quienes ocupaban el espacio público estatal (lo macro). Los analistas centraban también sus análisis en esa dimensión. El análisis de la política y de lo político, en esta nueva época, se desplaza hacia lo particular, lo comunitario, los nudos que enlazan a las redes asociativas con las que se construye la sociabilidad política desde lo básico, es decir, la interacción cara a cara, lo que se ha definido desde diversos tipos de análisis y diversas teorías como el nivel micro. Esta perspectiva, surge en aparente contradicción, con la relevancia que se da, entre los estudiosos de las ciencias sociales, a los macro-procesos como el creciente proceso de mundialización, la globalización, la modernización y la democratización de los sistemas políticos en general, que caracteriza a la historia reciente, produciendo y difundiendo una percepción generalizada de que la homogenización en todos los terrenos iría desplazando progresivamente a la diversidad cultural, étnica, religiosa, etc. El objetivo central del protocolo de observación de corte etnográfico es el de construir información sobre el desarrollo de lo que denominamos “acto electoral”, sobre el cumplimiento de la normatividad vigente, sobre la actuación de las autoridades electorales, de los partidos políticos, pero sobre todo, acerca del comportamiento, valoraciones y actitudes de los ciudadanos hacia las elecciones. En consecuencia, la perspectiva etnográfica en el terreno electoral, implica una modalidad de observación directa y sistemática mediante la cual se registran 185

comportamientos, conductas y acciones de los actores involucrados en el proceso electoral. La realidad que importa es la que los sujetos involucrados perciben como significativa. Tanto en el proceso actual como en el pasado.

La propuesta metodológica Situándonos de lleno en la perspectiva cualitativa como tradición interpretativa, a la que entendemos como una óptica que presupone la aceptación de una serie de conceptos filosóficos y científicos, formas de trabajo y, en especial, formas peculiares de construir datos. En este sentido, las dimensiones que abarca este enfoque las podemos ubicar en tres niveles, el primero se centra en comprender las características del lenguaje, el segundo se situaría en el afán por descubrir, si es que las hay, regularidades en la experiencia humana y finalmente, la comprensión del significado del texto o la acción. Pero, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a lo cualitativo como una tradición interpretativa? Pues nos referimos básicamente, a los trabajos de investigación guiados por los filósofos e investigadores sociales que buscan las formas de encontrar el significado de la experiencia humana y de cómo la gente experimenta su mundo, inquietudes planteadas por la Teoría Fenomenológica, (Edmund Husserl) (1994), también la encontramos en las microteorías que ponen el énfasis en la necesidad de comprender cómo es que la gente resuelve los problemas que le presenta la vida cotidiana, base de la Etnometodología (Harold Garfinkel) (2006) y finalmente, en la interpretación de los gestos como configuradores de normas, actitudes y valores que constituyen el self en el Interaccionismo Simbólico (Mead) (1968). De la misma manera, cuando hablamos de lo cualitativo como una forma de trabajo, es decir, como una metodología, nos referimos a métodos tales como el análisis del discurso, la investigación acción, los “Focus Grup” (grupos focales) y a los estudios de caso, la etnografía, las entrevistas, historias de vida, básicamente, métodos que han dado a este tipo de formas de trabajo la denominación de “metodologías de reconstrucción”. En un primer momento, se hace necesario definir cuál es el área disciplinaria en la que se inscribe la propuesta metodológica, en este caso es desde la Sociología Política, es decir desde la reflexión sociológica sobre el poder, el Estado y la obligación política, lo que obliga a centrar la atención, no sólo en el poder del Estado, sino en todos aquellos ámbitos donde se establece una relación de poder, esta concepción nos permite abordar el tema de la política no sólo en las 186

instituciones sino, principalmente, fuera de ellas, es decir, la política que se hace desde la sociedad civil, con todas sus manifestaciones, el análisis de la política y de lo político anclado en lo particular, lo comunitario, lo que se ha definido desde diversos tipos de análisis y diversas teorías como el nivel micro o enfoque de la micropolítica. Al respecto podemos decir, que al estar utilizando un enfoque preponderantemente cualitativo, en el que no hay un propósito explícito de probar o demostrar teorías, sino el de confrontarlas empíricamente, y a partir de los hallazgos empíricos pensar en la posibilidad de la reconceptualización de las categorías utilizadas, lo que no significa que no haya conceptos guía, pero estos son indicativos y no normativos. El trabajo de campo que proponemos, está guiado por tres momentos, regidos éstos epistemológicamente por sus correspondientes objetivos de orden cognitivo, a saber: a) el momento de la exploración, b) el momento de la descripción y c) el momento de la significación, cada uno de ellos con su sentido y con sus requerimientos de oficio y sensibilidad del sujeto indagador, así como de considerar sus antecedentes y consecuentes lógicos, la cognición se concreta en un proceso que une el mundo exterior y el interior como momentos de rigidez y creatividad, de objetividad y subjetividad respectivamente, es un engarce entre la concepción a priori y la comprensión a posteriori, es por eso que en este momento de la investigación se hace necesario plantear una metodología específica que nos permita desentrañar las características fundamentales de las comunidades en las que estamos indagando sobre el proceso electoral Esperamos que la aplicación de esta estrategia metodológica, produzca gran cantidad de datos descriptivos, obtenidos de la conducta observable y de las propias discursividades –habladas, escritas y de expresión tanto corporal como de actitudes– de las personas. Con este tipo de observación buscamos captar la calidad de las prácticas ciudadanas como expresión central de la vida democrática, así como también, la actuación de los partidos y de sus líderes y el estado de desarrollo de las instituciones electorales. Como pasos de la observación llevamos a cabo una primera clasificación por el tipo de fuentes de información a los que acudiremos que serán: A) Investigación de fuentes primarias con fuentes de información inmediata (documentación electoral subsistente, cartas, convocatorias, invitaciones, periódicos del día, etc.). B) Investigación de fuentes secundarias o investigación documental. 187

Por la clasificación de la temporalidad de la investigación, como sabemos estos pueden ser estudios individuales o estudios continuos ya sean estos estudios exploratorios, descriptivos o de profundidad, toda vez que buscamos la reconstrucción de conductas electorales específicas (abstencionismo, motivación del voto, voto en blanco, voto nulo) proponemos en general estudios continuos de profundidad.

Técnicas de recopilación de información cualitativa Las técnicas que proponemos aplicar consisten en: • Sesiones de grupo o grupos focales (focus groups) que se llevan a cabo con miembros de la comunidad, autoridades electorales federales y locales y miembros de partidos políticos y organizaciones sociales y políticas de la comunidad (consejo de participación ciudadana). • Entrevistas en profundidad con informantes clave como: delegados municipales actuales y pasados y ciudadanos que habitualmente se abstienen de votar. Además de técnicas proyectivas y análisis metafóricos y técnicas antropológicas como la Etnografía y la Observación, así como la entrevista antropológica in situ y la interacción encauzada, el uso de la semiótica para describir y analizar símbolos. • Elaboración de marcos contextuales, elaboración de tipologías de actitudes frente a la política, lo político, partidos, autoridades electas y el proceso electoral. • Identificación de ejes temáticos y variables para la elaboración de mapas semánticos. • Codificación de la información para su tratamiento analítico Una dimensión que observaremos con particular atención será la constituida por las categorías de análisis de la denominada socioantropología cultural, con el afán de identificar, describir y analizar los significados culturales y las representaciones simbólicas que los miembros de la comunidad asignan al acto de votar así como la apropiación que hacen y el valor que asignan a las prácticas políticas. El trabajo de campo, que se realiza en una primera etapa, consiste en ubicar las comunidades en el marco general de los municipios a los que pertenecen, daremos cuenta también de su evolución histórica, identificando los factores que han influido en su configuración, así como las características de su infraestructura, vivienda y equipamiento. Nos acercaremos a la descripción de las características 188

físicas y sociales de la población de cada comunidad, exploraremos sus sentimientos de pertenencia y la identificación de sus problemas y cual es su visión de cómo resolverlos. Buscaremos también dar cuenta de los recursos con los que cuentan y la manera en que están organizados y cómo funcionan. En una segunda etapa, identificaremos y localizaremos a los informantes clave y nos daremos a la tarea de acercarnos a los ciudadanos que votan por diferentes opciones políticas, los que tienen una actitud negativa, indiferente o de rechazo hacia las elecciones, a quienes forman parte de las mesas directivas de casilla, para entrevistarlos y poder identificar su percepción de la política y las elecciones y las razones de su participación o abstencionismo electoral. En la tercera etapa realizaremos las entrevistas y los grupos focales para poder concentrar la información y poder proceder a su análisis y significación. Una vez concluido el trabajo de campo, que en esta propuesta que comprende tres momentos (exploración, descripción y significación) la tercera, quizás la más difícil pero a la vez la más interesante, sugerente y creativa del trabajo es decir, la interpretación y análisis de la información obtenida de las entrevistas, la observación y los grupos focales, para lo cual es de mucha utilidad retomar a Paul Lazarsfeld (1977) que plantea que cuando observamos un fenómeno y requerimos determinar variables nos dice que para definir: “...variables susceptibles de medir objetos complejos, generalmente se sigue un proceso más o menos típico. Esto último permite expresar los conceptos en términos de índices empíricos; comprende cuatro pasos principales: la representación imaginaria del concepto, la especificación de las dimensiones, la elección de los indicadores observables y la síntesis de los indicadores que constituyen los índices” (Lazarsfeld, 1977: 90).

No obstante que en esta propuesta no se trabaja con variables numéricas sino textuales, es decir, categorías discursivas (unidades gramaticales o sintácticas) se hace necesario, siguiendo los pasos que nos recomienda Lazarsfeld, partir por un lado, del concepto de votar del que obtenemos algunas dimensiones a medir y contrastar si lo que nos dice el conocimiento socialmente disponible es cierto o podemos agregar nuevos elementos en la discusión. En esta parte es donde se vuelca toda la riqueza del trabajo de campo, los hallazgos, las dificultades técnicas, las limitaciones conceptuales, es donde aparece con toda su fuerza la vivencia y la significación que los sujetos dan a su relación, valoración y raciocinio sobre la política, lo político y su vida cotidiana. También aparece de manera descarnada, más bien cruda, despectiva y cínica la conceptualización que los partidos políticos y las instituciones electorales tienen de los ciudadanos y de la forma en que buscan su voto. 189

Por consiguiente, un problema metodológico principal es obtener una serie de conceptos que puedan hacer adecuadamente frente a un tipo de variación muy amplio en los datos, de forma que cada estudio de un caso individual se incorpore a un cuerpo de materiales que sean comparables unos con otros. Por esta razón, otro problema metodológico implica el intento de incluir en nuestro pensamiento algunos medios para discutir el cambio, puesto que el observador que está en la situación de trabajo de campo tiene que hacer frente a esta cualidad cuando entra en contacto con el sistema cultural y social objeto de su estudio, diferente al suyo y con conceptos de la política y la democracia muy distintos a la visión normativa imperante, tanto en el medio político, de las instituciones electorales, y los académicos e investigadores. Por último, y quizás lo más importante de todo, es el problema de saber qué es político y qué no lo es. Íntimamente relacionada con ello está la cuestión de si podemos hablar realmente de un «sistema» o del sistema político como un rasgo especial de la vida social o no. Esto es más difícil cuando uno se da cuenta que son muchas las sociedades que no tienen sector político separado con roles políticos especializados; en su lugar las acciones políticas parecen estar relacionadas por completo en la vida social de la gente. El hecho de que los sociólogos, antropólogos e historiadores, no hayan prestado mucha atención a este problema supone que sus datos no son fácilmente utilizados para propósitos comparativos y no han desarrollado muchos problemas.

Conclusiones Por lo que hemos visto, podemos concluir, que como en todos los ámbitos de la ciencia politológica, aunque hay enfoques teóricos y metodológicos diferentes, por lo general, por diversos motivos, alguno de ellos se vuelve hegemónicos, en ocasiones, porque es capaz de aportar mayores capacidades heurísticas y posibilidades de describir de mejor manera los fenómenos a que se avoca en el análisis. Tal es el caso, en el análisis de los procesos electorales, de la denominada Geografía Electoral. Los investigadores, por comodidad o por los imperativos institucionales o los que les marca el mercado, se adhieren a esas propuestas teórico-metodológicas y producen conocimiento relevante, importante y muchas veces útil, pero que, con el trascurrir del tiempo, las mutaciones de los fenómenos sociales, las inquietudes de otros investigadores, hacen ver como incompleto o por lo menos, insuficiente tanto el conocimiento socialmente disponible, como la manera de construirlo y que no responde a la demanda social de explicación de esos cambios sociopolíti190

cos, razón por la que surgen propuestas de abordajes teórico-metodológicos que den cuenta de otros niveles y otras dimensiones, no contemplada por los enfoques predominantes, razón por la cual en nuestro caso proponemos un abordaje que recupere cuatro elementos metodológicos básicos. La perspectiva de los sujetos, la observación en campo, la interacción entre el investigador y los sujetos implicados en el proceso electoral, la relevancia del plano subjetivo en la participación electoral y una perspectiva teórica, la Sociología Política y en particular el enfoque de la micropolítica, esta propuesta ya ha sido puesta en práctica y ha ofrecido resultados relevantes, aunque en este trabajo por presentar sólo la propuesta, no hay espacio para detallarlos.

Bibliografía Berelson, B. y Gaudet, H. (1944). The People’s Choice, New York: Duell Sloan and Pearce. New York: Columbia University Press. Binetti, Carlo y Carrillo Flores (2005). ¿Democracia con desigualdad? Una mirada de Europa hacia América Latina, BID, Unión Europea. Boron, Atilio A. (1999). Los nuevos leviathanes y la política democrática: Neoliberalismo, descomposición estatal y decadencia de la democracia en América Latina, en Sader Emir y Pablo Gentili, Pós-Neoliberalismo II: Que Estado para que democracia, Petrópolis, RJ: Vozes. Campbell, Angus, Philip E. Converse, Warren E. Miller y Donald Stokes (1960).The American Voter, Nueva York, John Wiley (Reproducido en 1980 como Midway Reprint, Chicago, The University of Chicago Press). Conway, Margaret (1986). La participación política en los Estados Unidos, México, Guernica. Downs, Anthony (1973). Teoría económica de la democracia, trad. de Luis Adolfo Martín Merino, España, Aguilar. Garfinkel, Harold (2006) Estudios en etnometodología España, Anthropos. Husserl, Edmund (1994). Problemas Fundamentales de la Fenomenología. España, Alianza. Lasarzfeld, Paul. et. al. (1977). La investigación social, Argentina, Centro Editor de América Latina. Lipset, Seymour Martin y Rokkan Stein (1967). Party Systems andVoter Alignments, NewYork, McMillan. Mead, G. H. (1968). Espíritu, persona y sociedad, Argentina, Paidós.

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Sociología electoral y cultura política local. De la alternancia al retorno del autoritarismo político en la región Zumpango, 1990 a 2015 Armando Sánchez Albarrán1

Introducción El análisis de las conductas político-electorales inició con la obra de autores como Paul Lazarsfeld, Gabriel Almond y Sidney Verba, seguido por muchos otros investigadores (Lazarsfeld, 1972; Almond y Verba, 1963; Almond y Verba, 1992; Almond y Powell, 1992). Desde entonces se han incorporado otras disciplinas y planteamientos a la propuesta inicial. Entre éstas últimas se puede mencionar la sociología electoral para entender los comportamientos, expectativas, preferencias y opiniones políticas desde la perspectiva del análisis electoral. En este camino destaca la noción de capital social que recupera de manera importe la red de relaciones sociales (Korsbaek, 1996; Putnam, 1996). Un tema menos socorrido es el de la cultura política regional y local. Por ello, en este trabajo se discutirá a propósito de la publicación del libro: Cultura política y procesos políticos en la región de Zumpango (Sánchez, 2014). Dicho trabajo analiza la cultura política en un contexto regional y local en el periodo de estudio de 1990 a 2006.2 En este trabajo se añadirán datos de los procesos electorales municipales de 2006 y 2015 para así comprender 25 años de competencia política electoral en los municipios mexiquenses. El planteamiento que se discute ahí confronta la idea de que el desarrollo económico coincide con el desarrollo político, a la manera del politólogo norteameri Profesor-investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco. Correo: [email protected] 2 En ese trabajo se aplicaron técnicas cuantitativas (una muestra estadística a 389 ciudadanos, actores sociales) y cualitativa (etnoentrevistas a 38 funcionarios políticos: presidentes municipales, presidentes de partido político y funcionarios municipales, actores políticos). 1

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cano Samuel Huntington. La zona de estudio coincide, a primera vista, con la tesis de que la democracia surge cuando hay un determinado grado de desarrollo socioeconómico (industrialización, urbanización, escolaridad, ingreso per cápita, entre otros), así la cultura política democrática sería producto del desarrollo económico y predominaría en sociedades modernas (Pype y Verba, 1965; Lipset, 1995).3 El estudio anterior sugiere, en cambio, que no es posible apostar por generalizaciones fáciles respecto a la predicción de resultados electorales. La razón de ello estriba en que cada municipio cuenta con una historia particular, es decir, en cada ayuntamiento se vive una determinada coyuntura política en la que intervienen actores políticos y sociales quienes son los que, en realidad, definen el sentido del voto. La alternancia política municipal, por si misma, no es sinónimo de una cultura política democrática sino, más bien, sólo se aprecian los aspectos más superficiales de los procesos políticos (Sánchez, 2014). En este trabajo se muestran algunos de los resultados del libro ya mencionado arriba, en el que se destaca cuáles fueron las causas concretas que explican, en el nivel local, el cambio en las preferencias políticas. Para fines de exposición se expone en la primera parte, la definición de qué se entiende por cultura política local y cómo se establece la convivencia entre los actores políticos y sociales en un contexto local. En la segunda, se exponen los resultados electorales, pero también, el tipo de conflicto municipal que explica, en gran medida, el cambio en las preferencias políticas de los actores locales. En el tercer apartado, se realiza un análisis de como la estructura de poder local se reproduce y la manera en que, a pesar de los cambios económicos, logra mantener una cultura política aspiracional, es decir, alejada del ideal de la democracia. Al final se hace una discusión de los principales hallazgos.

Sociología electoral y cultura política en un contexto regional La sociología electoral analiza los comportamientos electorales que intervienen en la toma de decisiones de cómo los electores eligen, de manera legítima, a los titulares para ocupar puestos de representación popular y así conformar gobiernos (nacionales, estatales o locales).4 La sociología electoral se vincula estrechamente Sin embargo, autores como Przeworski (2005) han sugerido que la democracia no es resultado ni del desarrollo económico, ni de la cultura política, sino de la acción estratégica de las élites. Respecto a la relación entre desarrollo económico y cultura política sostiene que la relación anterior aunque es plausible, no es consistente. 4 Habría que aclarar que, en nuestra percepción, su estudio no se limita a elegir representantes de partidos políticos, sino también, a representantes en instituciones oficiales, cuando esto opera, (elección de directores, presidentes, etcétera) en instituciones públicas; como en la elección de representantes de organizaciones de la sociedad civil (empresarios, comerciantes, campesinos, obreros, feministas, estudiantes, etcétera). Proce3

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con los estudios de procesos políticos y cultura política siguiendo a autores como Paul Lazarsfeld en los años cuarenta, a Gabriel Almond y Sidney Verba en los años cincuenta (Lazarsfeld, 1979; Almond y Verba, 1963; Sánchez, 2014). Habría que señalar que uno de los problemas esenciales en el esclarecimiento de dicha noción radica en que con frecuencia se interpreta con un sobre peso de los aspectos políticos en detrimento de los culturales lo cual reduce el ámbito de la política exclusivamente a la actividad institucional y electoral (Galván y Farfán, 1992). Por su parte, Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara deduce de la definición de Almond y Verba dos niveles de cultura política. El primero, parte del individuo y se refiere a las formas como cada individuo interioriza los símbolos, las instituciones y las reglas del orden político y sus respuestas a tales símbolos. El segundo nivel, se centra en los grupos e implica las formas como éstos evalúan sus instituciones políticas y a los funcionarios (Pacheco, 1997). En Cultura Política Revisada, Almond y Verba retoman de Parsons los aspectos cognoscitivos, evaluativos y afectivos para referirse a conductas de cultura política (Almond y Verba, 1980) (Véase cuadro). Cuadro 1 Cultura Política Tipo de Cultura Política

Conducta de Cultura Política

Objeto de Cultura Política

Cultura Política Participativa

Cognoscitiva

Sistema Político

Cultura Política Transicional

Evaluativo

Instituciones

Cultura Política Tradicional

Afectiva

Gobierno

Fuente: Propia, sobre la base de Almond, 1980.

La sociología electoral pone énfasis en el estudio riguroso tanto teóricos y metodológicos, ya sea cuantitativo como cualitativo para el análisis del comportamiento político electoral.5

sos electorales transparentes, en dichas organizaciones, nos hablaría del grado de maduración democrática de una sociedad. 5 Con su estudio se coadyuva en aportar elementos para averiguar qué tanto se cumplieron o no con criterios de transparencia de dichos procesos electorales y así proporcionar certidumbre respecto a la legalidad de dichos procesos colectivos.

195

Cultura política local En contextos locales la cultura política local se construye social e históricamente de manera individual, pero principalmente colectiva (Sánchez, 2014). Lo anterior significa que persiste o se vive un fuerte sentimiento de comunidad y, por lo tanto, en este nivel se refiere a los lazos recíprocos que se establecen al interior de las familias, los parientes, los amigos o los vecinos. Por lo anterior, se considera en este trabajo que los barrios, pueblos, colonias o calles no son expresión de un conjunto de construcciones físicas sino, más bien, representan conjuntos de redes familiares (Lomnitz, 1995; Lomnitz, 1994; Adler, 2001).6 Considerando lo anterior, se afirma, siguiendo a Lourdes Pacheco, Jaqueline Peschard, Adriana López o Héctor Tejera que en contextos locales la política no atraviesa necesariamente por las urnas ya que existen otros formas, sociales, para acceder a los recursos públicos municipales, desde luego, utilizando el capital social conformado por las redes de familias, parientes, vecinos o paisanos (Peschard, 1994; López, 1994; Tejera, 1994; Pacheco, 1998). En otras palabras, para acceder a los bienes públicos municipales se utilizan las redes de relaciones sociales, antes que mecanismo político burocráticos propiamente dichos (Sánchez, 2014). Así, Adriana López Monjardín, al referirse a la participación político electoral en zonas rurales indígenas considera que: “Las votaciones son sólo un episodio, a veces lateral respecto a las preocupaciones que guían la relación de los campesinos con las instituciones, las autoridades y con el resto de la sociedad” (López, 1994: 224). Por su parte, Héctor Tejera señala que la cultura política local, en especial en zonas indígenas, se ciñe más al ámbito regional que a los procesos políticos federales o incluso estatales, debido a la escasa información política y como producto de la débil penetración de los medios de comunicación, así como, por el relativo aislamiento de muchas regiones, comunidades o poblaciones del país. Insiste también en el control que aún mantienen los caciques en la inducción del voto coaccionado a los campesinos e indígenas (Tejera, 1994).7

Al hablar de familia nos referimos a la familia conyugal, es decir, a la reproducción social del tipo de familia mesoamericano. Éste tipo de familia se conforma social y culturalmente de acuerdo al patrón de familia mesoamericana lo que significa que el hijo más joven hereda la tierra del padre, ultimogenitura, y al contraer matrimonio se lleva a vivir a la casa de los padres paternos a la nuera (Robichaux, 2000). 7 Pacheco (1988) añade que el añejo alejamiento de la población indígena se debe a que no es posible hablar, en esas zonas, de un ciudadano en un sentido pleno, sino más bien, a un “ciudadano restringido”, pues no cuenta con todos los derechos: laborales, de salud, educación, etcétera. 6

196

Estructura de poder local en la región Zumpango En la región de estudio predomina aún la fuerte presencia de una élite local conformada por líderes políticos sindicales inter relacionada, mediante una densa red política y social, con otras organizaciones, instituciones, líderes locales mediante relaciones verticales de familia, amistad o compadrazgo (Paré, 1972; Leyva, 1993; Durán, 1997; Durand, 2000; Sánchez, 2014). En la región Zumpango persiste, desde los años setenta, la fuerte influencia de la Confederación de Trabajadores y Campesinos (CTC), antes liderada por Leonel Domínguez Rivero, ahora por su hermano Abel Domínguez Rivero (Casasola, 1994; Pineda, 2004; Sánchez, 2014). Los puestos de dirección político sindical se heredan a familiares o personas muy cercanas a la élite política.8

Nuevos y viejos actores sociales en la región Zumpango En la región de estudio conviven viejos y nuevos actores sociales que explican, en parte, el nivel de conflictos políticos en la zona. Con la expansión de la mancha urbana de la Ciudad de México a los municipios más cercanos encontramos la llegada masiva y constante de nuevos colonos. Sin embargo, como parte de una urbe capitalista los nuevos vecinos no son iguales como tampoco son iguales los lugares a donde llegan. El patrón de urbanización se ha dado sobre tres pilares: zonas residenciales, que arrancan en los años setentas, con un equipamiento urbano más o menos completo o similar al que se tenía en colonias de clase media acomodada en la Ciudad de México; zonas de edificios de tipo INFONAVIT dirigido a clases medias de bajos recursos y, principalmente, con financiamiento oficial; por último, las tradicionales zonas populares a las que arriban, desde los años cincuenta y sesenta, los recién inmigrados de provincia en la búsqueda de vivienda barata. Por lo regular en asentamiento irregulares, por ejemplo, en las faldas de la Sierra de Guadalupe. Dichos asentamientos se caracterizan por la escases o inexistencia de servicios públicos, o bien, por la mala calidad de éstos (Sánchez, 2014).

8

La estructura de poder local se conforma por una red vertical que va más allá, incluso, de abarcar organizaciones político sindicales, ya que también se extiende al control a integrantes de dicha central en instituciones públicas, como representantes de partidos políticos y llega incluso hasta a delegados municipales o presidentes del comisariado ejidal (Sánchez, 2014).

197

Alternancia política 2001 – 2012 Desde el punto de vista político, electoral el Estado de México ha sido considerado por los analistas como “laboratorio político” debido a que, en el calendario electoral estatal los procesos políticos inician antes que en el nivel federal (Sánchez, 2014). Desde el punto de vista del poder económico y político en el Estado de México destaca la fuerte presencia del llamado Grupo Atlacomulco. Es gracias a la relación existente entre el exgobernador Hank González y el líder sindical Leonel Domínguez Rivero, presidente general de la Confederación de Trabajadores y Campesinos, que se afianzó una élite político-sindical en los municipios que integran la región Zumpango.9 Éste último representó la cabeza visible del grupo de la élite político sindical en la región.10 Ubicada en el noreste del Estado de México la región Zumpango representa un mosaico representativo de la complejidad de dicho Estado caracterizado por sus contrastes entre importantes y modernas zonas industriales, urbanas y municipios en extrema pobreza integrados por población indígena mazahua y otomí (CONAPO, 1985; Morales, 1989). Se realizó una regionalización a partir de criterios sugeridos por Jaciel Montoya Arce11 (1995) quedando de la siguiente manera: Cuatro municipios modernos. Cuautitlán México, Tultitlán, Apaxco y Tecamac con un intenso proceso de industrialización y urbanización, además en ellos encontraremos mayor proceso de alternancia política; seis municipios se ubican en una etapa transicional de zonas agrícolas o ganaderas a zonas de crecimiento urbano-industrial: Coyotepec, Tultepec, Melchor Ocampo, Zumpango y Teoloyucan; cuatro municipios tradicionales: Huehuetoca, Hueypoxtla, Jaltenco, Nextlalpan y Tonanitla (a partir de 2003). Se sostienen básicamente de sus actividades agropecuarias, predominan las tierras de temporal, y tienen escasa industria e incipiente desarrollo urbano (véase mapa 1). Bajo la sombra política de Carlos Hank González tres líderes regionales se van a encargar de mantener el control político sindical en la zona de estudio con Axel Ramírez, líder camionero, en Cuautitlán Izcalli; Juan Monrroy, líder sindical de la CTM y, particularmente, de la empresa Goodyear Oxo; y Leonel y Abel Domínguez Rivero, líderes sindicales de la CTC, con una indiscutible presencia en la región de Zumpango (Sánchez, 2014). 10 La estructura de poder real juega un papel destacado en la relación vertical de poder federal y estatal con la población de la región. Sin embargo, dichas instancias de intermediación política se caracterizan por ejercer el poder de manera no democrática, es decir mediante prácticas autoritarias asociadas al caciquismo cuyo común denominador es el ejercicio único de la fuerza, la coacción, la corrupción, el despojo, el atraco o la impunidad tal y como ha sido contemplado por innumerables investigadores (Lomnitz, 1994; Paré, 1986). 11 Montoya (1995) realiza una clasificación de municipios, desde la utilización de criterios económicos, en seis rubros: tradicional, transicional, modernos, industrialización incipiente, semi industrializados e industrializados. Aquí únicamente se habla de modernos, transicionales y tradicionales. 9

198

Mapa 1 La región Zumpango

Fuente: Elaboración propia con base en Montoya, (1990) y Conapo (1985).

La proximidad de la zona de estudio con zonas industriales y urbanas como Vallejo, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec o Tlanepantla le inyectan un intenso dinamismo económico: urbano, industrial, poblacional, pero también, político-electoral por la concentración de población y electores en la zona noreste del Estado de México.

Tipología electoral y conflictos electorales Con el fin de corroborar la presencia político electoral de los partidos políticos en los municipios que comprenden la región Zumpango se aplicó una combinación de criterios considerando los resultados de las seis elecciones municipales desarrolladas de 1990 hasta 2012. De esta forma se identifican, de acuerdo a la presencia político-electoral, tres tipos de municipios: hegemónicos, de mayoría y de alternancia (Trejo, 2000; Rodríguez, 2007; Espinoza, 2007; Sánchez, 2014). De hegemonía, supondría un único partido vencedor, ningún municipio cumplió con esta condición; de mayoría, triunfos de 5 a 7 veces de ocho elecciones, la primera fuerza se obtiene con entre el 20 y 30% de la votación y la diferencia entre la primera y segunda fuerza es de entre 20 y 30% de los votos, encontramos 7 municipios (Apaxco, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nextlalpan, Tecamac, Tultitlán y Zumpango); y de alternancia, no predomina ningún partido, la primera fuerza se obtiene apenas con menos del 20% de la votación, y la diferencia entre los votos de la primera 199

y la segunda fuerza es de entre 1 a 20%, aquí tenemos 8 municipios (Coyotepec, Cuautitlán, Huehutoca, Hueupoxtla, Teoloyucan, Tequixquiac, Tonanitla y Tultepec). Aplicando los criterios anteriores observamos que a diferencia de lo que sucedía en las elecciones hasta antes de los años noventa en las que el PRI ganaba en todos los municipios (véase cuadro 2).

Municipio

1990

1993

1996

2000

2003

2006

2009

2012

2015

Número de veces en que un Partido Político triunfa

Clasificación: alternancia Hegemonía/ Mayoría

PRI

PRI

PAN

PAN

APT (PRIPVEM)

PAN

PAN

PAN

PRI-PVNA

5 de 8 PAN, 4 PRI

Mayoría

PRI

PRD

PAN

PRI

Convergencia

PRD-PT

PRI

PRI

PAN

5 PRI, 2 PRD, 2 PAN,

Mayoría

PAN

PAN

PAN

PAN

APT (PRIPVEM)

CAPM

PRI

PRI

PRI-PVNA

4 PAN, 5 PRI

Mayoría

PRI

PARM

PAN

PRI

PAN

CAPM

PAN

PRI

4 PRI, 4 PAN y 1 PARM

Alternancia

PRI

PRI

PRD PRD

PRD

CAPM

PAN

PRI

PRI-PVNA

6 PRI, 3 PRD, 1 PAN

Mayoría

PRI

PRI

PRI

PRI

APT

PRDCPPN

PRI

PRI

PRI-PVNA

8 PRI, 1 PRD

Mayoría

PRI

PRI

PAN

PAN

APT

CPPN

PRI

PRI

PAN-PT

6 PRI, 3 PAN

Mayoría

PRI

PRI

PRI

PRI

APT

CAPM

PRI

PTConv

PRD

8 PRI, 1 PT, 1 PRD

Mayoría

Nextlalpan Melchor Ocampo Jaltenco Hueypoxtla Huehuetoca Cuautitlán Coyotepec

Apaxco

Cuadro 2 Región Zumpango: mayoría y alternancia partidista 1990 a 2015

Continúa... 200

Municipio

1990

1993

1996

2000

2003

2006

2009

2012

2015

Número de veces en que un Partido Político triunfa

Clasificación: alternancia Hegemonía/ Mayoría

Tecamac

PRI

PRI

PAN

PAN

APT

PAN

PRI

PRI

PRI-PVNA

6 PRI, 3 PAN

Mayoría

Teoloyucan

PRI

PRI

PRD

PAN

PAN

PAN

PRI

PRI

PRI-PVNA

5 PRI, 2 PAN, 1 PRD

Mayoría

Tequixquiac

PRD Interino en 1993

PRI

PRI

PAN

APT (PRIPVEM)

PAN

PAN

PRI

PRI-PVNA

5 PRI, 3 PAN, 1 PRD

Mayoría

Tonanitla

N.D.

N.D.

N.E.

N.E.

N.E.

PT-CPPN

PRI

Conv

PT

2 PT, 1 PRI, 1 Conv.

Alternancia

Tultepec

PRI

PRI

PRD

PRI

PRD

PRD-PT

PRI

PRD

PRD

4 PRI, 5 PRD

Mayoría

Tultitlán

PRI

PRI

PRI

PAN

PRD

PRD-PT

PRI

PRI

PRI-PVNA

5 PRI, 2 PRD, 1 PAN

Mayoría

Zumpango

PRI

PRI

PRD

PRI

APT (PRIPVEM)

CAPM

PRI

PAN

7 PRI, 1 PRD, 1 PAN

Mayoría

Fuente: IEEM, 2015. Nota: En 2006 el PRI participó en las elecciones en coalición con el PVEM en la Alianza por Todos (APT); En 2006 Convergencia participó en alianza con el PRD en Jaltenco como Convergencia Partido Político Nacional (CPPN). ; Mientras que en 2006 el PRD se alía al PT. (http://www.ieemx.org.mx/rptMunicipal.html, consulta 08/06/20159).

En 25 años de procesos electorales el panorama es de un franco retorno del PRI en la mayoría de municipios en la modalidad de municipios de mayoría y alternancia política. Los municipios con mayoría son 13. De ellos, el PRI mantiene mayoría en 11 municipios (Cuautitlán, Coyotepec, Hueypoxtla, Jaltenco, Melchor Ocampo, Nextlalpan, Tecamac, Teoloyucan, Tequixquiac, Tultitlán y Zumpango). Destaca Jaltenco y Nextlalpan en que ha triunfado en 8 de 9 ocasiones. Mientras que en Apaxco tiene mayoría el PAN y en Tultepec el PRD. Aquí se pasó de un municipio de mayoría, Cuautitlán 201

México a trece. Como municipios de alternancia únicamente quedan dos: Huehuetoca, con un equilibro entre el PRI y el PAN y Tonanitla, con equilibrio entre el PRI y el PT. Estos datos contrastan con los diez municipios en alternancia que había en 2006.12 Lo que en el año 2006 parecía una tendencia hacia una competencia política en los municipios de la región Zumpango, poco a poco tendió a desdibujarse hacia un proceso político electoral con fuerte predominio del PRI. Es decir, ha dejado de existir competencia electoral a pesar de que hubo un claro proceso de alternancia política hasta 2006. Ello no devino hacia un contexto de verdadera competencia político electoral sino que, más bien, el PRI ha recuperado terreno en sus otrora enclaves priístas (Zumpango,Tultitlán, Cuautitlán México y Tecamac, entre los más importantes geopolíticamente hablando), mientras que el PAN y el PRD apenas han logrado mantener una cierta presencia en un municipio cada uno. El factor que explica, en muchos casos, la alternancia política en esta región se debe a situaciones de conflicto municipal: conflictos de nuevos colonos, por la autonomía, municipales, intermunicipales e intra municipales (Sánchez, 2014). Por razones de espacio únicamente ilustraremos el caso de Tecamac, Estado de México. Por sí misma, la estadística electoral no explica el por qué hubo un cambio en las preferencias políticas. En apariencia los municipios con mayor desarrollo económico como Tecamac, Tultitlán, o Cuautitlán México tenderían a preferir al PAN, en tanto que ayuntamiento con mayor pobreza tenderían a decidirse por el PRD en ayuntamientos de carácter rural: Hueypoxtla, Huehuetoca, Nextlalpan o Jaltenco. Aunque la tendencia parece cierta existen, sin embargo, municipios que escapan a esa lógica. La explicación principal, en varios casos, es más bien la pre existencia de situaciones de conflictos locales provocados, en gran parte, gracias a la expansión de la mancha urbana que significa, en realidad, la llegada masiva de nuevos actores locales urbanos. Nos referimos, en este caso, a los conflictos por la llegada de nuevos colonos en espacios particulares: fraccionamientos, casas de interés social y de asentamientos populares o irregulares. Ese hecho explica el cambio de las preferencias político electoral en municipios conurbados como el caso del fraccionamiento “Ojo de Agua”, en el municipio de Tecamac, en dicha entidad. Sus habitantes son, en esencia, nuevos colonos que previamente habían adquirido experiencia política en otras zonas urbanas de la Ciudad de México o del Estado de México tales como la colonia Lindavista o bien Ciudad Satélite, en Naucalpan, por lo tanto, dichos nuevos colonos se caracterizan por contar con un nivel educativo y económico por arriba de la población promedio (Sánchez, 2014). 12

Habría que mencionar que el líder Leonel Domínguez dejó de tener la influencia, en parte por la redistritación político electoral, sino también a que la CTC no cuenta con mucha influencia debido a que dicho municipio cuenta con su propia fuerza económica y política al margen de la central sindical.

202

Es posible observar el peso específico de ciertos espacios con potencial de conflicto: fraccionamientos, colonias, pueblos que muestran en las urnas su rechazo a la forma en que son gobernados. En los años setenta se creó el fraccionamiento “Ojo de Agua” en el municipio de Tecamac para personas de clase media integrado por personas con profesiones, comercios y estudios. La percepción de los habitantes de dicho fraccionamiento expresaron su inconformidad por la mala calidad de los servicios públicos en los procesos electorales municipales entre 1990 y 2006. Con el tiempo las gestiones por servicios públicos municipales se transformaron en participación política, y por lo tanto en votos de castigo; especialmente a partir de 1996 (véase cuadro 3). Cuadro 3 Tecamac (82), Distrito Local 33 TECAMAC 1990

PAN

%

PRI

%

PRD

 

VÁLIDO

%

CABECERA

104

8.8

696

58.6

277

23.3

1187

100.0

H. OJO DE AGUA

845

28.5

1776

60.0

246

8.3

2961

100.0

2384

16.2

1820

12.4

TOTAL MUNIPIO TECAMAC 1993 CABECERA H. OJO DE AGUA TOTAL MUNICIPIO TECAMAC 1996

PAN

%

9685 PRI

65.8 %

PRD

%

14726 VÁLIDO

100.0 %

290

11.2

1867

72.1

411

15.9

2600

100.0

1144

16.8

5386

79.1

314

4.6

6810

100.0

4027

12.2

25557

3534

10.7

%

PRI

PAN

77.3 %

PRD

%

33158 VALIDOS

100.0 %

CABECERA

2113

61.8

1112

32.5

97

2.8

3418

100.0

H. OJO DE AGUA

2863

39.6

2971

41.1

895

12.4

7227

100.0 100.0

TOTAL MUNICIPIO

19502

50.9

13934

36.4

3063

8.0

38283

TECAMAC 2000

PAN

%

PRI

%

PRD

%

VÁLIDO

%

CABECERA

3152

63.2

1483

29.7

193

3.9

4988

100.0

H. OJO DE AGUA

5215

50.5

3399

32.9

1095

10.6

10327

100.0

34291

53.4

20897

32.5

6211

9.7

64269

100.0

PAN

%

PRI

%

PRD

%

VÁLIDO

%

731

16.8

3,262

75.0

270

6.2

4,351

100.0

TOTAL MUNICIPIO TECAMAC 2003 CABECERA OJO DE AGUA

3,682

43.6

2,901

34.3

1,255

14.8

8,452

100.0

TOTAL MUNICIPIO

16,471

31.9

26,227

50.7

6,955

13.5

51,690

100.0

TECAMAC 2006

PAN

%

APM

CABECERA OJO DE AGUA TOTAL TECAMAC

1128

38.9

3486 28603

%

1170

40.3

39.5

2856

40.3

27877

PRD

%

222

7.7

32.3

2041

39.3

10541

VÁLIDO

%

2900

100.0

23.1

8829

100.0

14.9

70968

100.0

Fuente: IEEM. Nota: Las secciones en Tecamac son cabecera 4180, 4189 y 4190; Colonias del fraccionamiento Hacienda Ojo de Agua: 4233, 4234, 4235, 4246, 4247, 424 y 4239.

203

En dicho municipio triunfó el PRI sin problemas hasta 1993, pero en 1996 y 2000 la cabecera como en el fraccionamiento “Ojo de Agua” el voto es para el PAN. En dicho municipio la población con voto válido pasó de 14 mil a casi 80 mil entre 1990 y 2006. En contraste los votos en la cabecera municipal aumentaron relativamente poco, de mil personas a casi tres mil, en cambio en el fraccionamiento “Ojo de Agua” el incremento fue de tres mil personas a casi nueve mil. Habría que observar en el cuadro 1, que en dicho fraccionamiento las preferencias políticas favorecían al PRI en 1990 y 1993. A partir de ahí, en 1996, las preferencias se distribuyen hacia el PAN y el PRD. En 2003 la cabecera municipal apoya al PRI, sin embargo en “Ojo de Agua” apoyan al PAN, en el municipio triunfa el PRI. En 2003 la cabecera apoya el PRI, en “Ojo de Agua” al PAN y gana el PAN. Para 2006 tanto la cabecera municipal como en “Ojo de Agua” benefician al PAN y éste partido gana la contienda. En el caso de Tecamac el cambio en las preferencias electorales influye el liderazgo del candidato Aarón Urbina Bedolla, como a la orientación cognoscitiva de los nuevos colonos y sus representantes, pues sus bases se ubican claramente en la participación política y organizativa en estas nuevas colonias; así como por la orientación evaluativa y afectiva, que hace énfasis en el rechazo a viejas formas de gestión y control corporativo.

Reproducción del autoritarismo en nueva generación de políticos A pesar de la instrumentación de políticas económicas monetaristas, desde los años ochenta, por los gobiernos neoliberales lo cual impactó en empresas de la región Zumpango ya que ocasionaron el cierre, como en los casos de la armadora de autos Ford en Cuautitlán Izcalli o el cierre definitivo de la empresa hulera Goodyear Oxo, el sindicalismo charro no sucumbió (Arreola, 1985; Ghendhill, 1995; Zuñiga, 2001; Sánchez, 2014). En algunos municipios la crisis económica afectó la influencia de la burocracia político sindical de la CTM, ubicada en Cuautitlán México, de modo que el sindicato dejó de tener la influencia que antes tenía, logrando el PAN retener dicho municipio por cuatro ocasiones. No sucedió el mismo proceso con la CTC dirigida por la familia Domínguez en Zumpango en donde dicha central mantuvo su hegemonía en la representación de los trabajadores afiliados a dicha central. Una hipótesis para comprender la persistencia política de dicho sindicato se debe a la modalidad que ha adoptado el capital en las nuevas empresas, como en las automotrices, en donde se opera con la modalidad de flexibilización de la fuerza de 204

trabajo.13 La CTC se adapta muy bien a las necesidades actuales del capital que en la situación actual esto significa: pérdida de prestaciones laborales, antidemocracia sindical y, sobre todo, la docilidad de los trabajadores ante el riesgo de perder sus fuentes de empleo (Sánchez, 2014). Leonel Domínguez Rivero, identificado como líder “charro” por sus características en la conducción de la agrupación que él dirigía pues era quien designaba en los ayuntamientos de la región a los representantes a puestos de elección municipal.14 A la muerte del jerarca máximo de la CTC, el 18 de noviembre de 2006, le continuó en la dirección su hermano Abel Domínguez.15 En el año de 2006 la hija de Leonel, María Eugenia Domínguez Rex, tuvo una regiduría en el municipio de Cuautitlán México (Jiménez, 2006). En el mismo sentido Raúl Domínguez Rex, hijo de Leonel, fue electo por dos ocasiones para la regiduría de Naucalpan; participó en varios cargos directivos al frente de la CTC, en particular como oficial mayor de dicha agrupación; en el periodo 2006-2009 obtuvo la diputación local por el distrito XX de Zumpango de Ocampo. Vale la pena nombrar un cierto paralelismo entre Leonel y Hank González, ya que aquél fue coordinador de campaña para la gubernatura de Hank González. Mientras que Raúl Domínguez fue coordinador de campaña para la presidencia de Enrique Peña Nieto para las elecciones de 2012. Es actualmente dirigente del PRI en el estado de México. El diseño de la campaña política en la región Zumpango sirvió como base para las elecciones estatales y federales de 2012 cuando el PRI logró arrancar a la oposición muchos municipios que se encontraban en poder del PAN y del PRD.16 En la mayoría de municipios de la región se siguen imponiendo, por designación, a personas cercanas a la CTC. Un caso muy emblemático de antidemocracia lo encontramos en el municipio de Tecamac, en el que triunfó en las elecciones para diputado Arón Urbina Bedolla en el año 2000, quien había salido del PRI para contender por el PAN, en el que Algunos analistas son enfáticos al señalar que sindicatos blancos y “charros”, como la CTC, no se destacan por haber defendido los intereses de la clase obrera. En realidad dicho sindicato se interesa más por mantener el control y continuar sucediéndose los puestos de dirección entre familiares y amigos. 14 La estructura de poder local se conforma por una red vertical que va más allá, incluso, de abarcar organizaciones político sindicales, ya que también se extiende al control a integrantes de dicha central en instituciones públicas, como representantes de partidos políticos y llega incluso hasta a delegados municipales o presidentes del comisariado ejidal (Sánchez, 2014). 15 Leonel Domínguez Rivero es la persona, que en el Estado de México, contó con más cargos que cualquier otro político: 4 veces diputado federal, 4 veces diputado local, presidente municipal, vicepresidente del Congreso del Trabajo y Presidente del CEN del PRI. 16 El hecho de contar con transporte y acarreados le permite al PRI tener una base importante de apoyo en las campañas electorales. 13

205

triunfó, para luego abanderar al PAN para diputado local y a su término, contendió por el mismo partido para diputado Federal. De ahí regresó al PRI y triunfó, posteriormente contendió para diputado local por este mismo partido. En 2015 en las elecciones locales para ayuntamiento nuevamente se encuentra contendiendo para presidente municipal. Sin embargo, el nuevo contexto político le podría permitir buscar la reelección en el año 2018.

Conclusión La alternancia política puede ser explicada por los procesos de modernización, sin embargo, cuando se indaga más de cerca aparecen otros problemas en los que se encuentra la pre existencia de conflictos locales de diversa naturaleza: nuevos colonos, por la autonomía, municipales, intermunicipales e intra municipales (Sánchez, 2014). En ocasiones, sin embargo, existen otras razones tales como la influencia del liderazgo de políticos con carisma como Clouthier en 1988; Cuauhtémoc Cárdenas en 1988 y, en el Distrito Federal, en 1997; Vicente Fox en el año 2000, entre otros que logran influir, debido a su carisma político, en las preferencias ciudadanas. Dicha influencia se aproxima más a los aspectos afectivos que a los cognoscitivos o evaluativos de la cultura política.17 Tecamac ilustra bien la manera en que influyó el elemento evaluativo y afectivo por parte de ciudadanos provenientes de colonias de clase media acostumbrados a otra forma concebir la calidad de los servicios públicos y la política. Por otra parte durante los procesos electorales de 1990 a 2006 parecían mostrar una tendencia clara a relacionar alternancia con democratización de los procesos político electorales. Sin embargo, los resultados electorales en la región Zumpango de 2006 a 2012 muestran el retorno del PRI, en realidad casi siempre se había mantenido como segunda fuerza en virtud de su gran estructura político organizativa y reforzada por el corporativismo logrado por sus filiales: CTM, CNC, CTC, entre otras. Del año de 1990 a 2012 se puede observar que, a pesar del descalabro económico de muchas de las empresas tras la crisis económica de mediados de los años noventa, éstas siguieron siendo funcionales para el nuevo contexto neoliberal que requiere mano de obra sumisa, mal pagada y disciplinada.

17

Es el caso del municipio de Tequixquiac en donde en el año 2000 triunfó el PAN gracias a la simpatía despertada por el candidato del PAN a la presidencia de la República, Vicente Fox Quesada.

206

En lo político, sin embargo, se puede constatar el relevo generacional en el PRI, como forma de reproducción de la élite política y la consolidación de la élite política a nivel estatal, regional y local. Sin embargo, dichas prácticas no se acompañan de procesos democráticos sino, más bien, de procesos de reproducción de anquilosadas prácticas clientelares muy poco o nada interesadas en promover la democracia.

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209

Quinta Parte

Alternancia y Gobierno en Tlaxcala

El agotamiento del sistema político mexicano en Tlaxcala, la elección de gobernador en 1998 Cirilo Rosalío EspejelVelazco1

Introducción El proceso de transición a la democracia que ha venido viviendo México por lo menos durante los últimos 30 años ha hecho que la investigación científica se interese por muchos de los temas que estaban olvidados durante la era del sistema de partido hegemónico. Muchas características del régimen, formalmente democrático, pero autoritario en la realidad, han sido atendidas poco a poco. Una real división de poderes, el compartir el poder entre distintos actores, un sistema de partidos más plural, un congreso con mayor protagonismo, etc. El estudio del sistema político y sus componentes no es asunto menor, por el contrario en la medida en que México es un país variado y plural en su composición, el desarrollo del sistema político en los estados contará con su propia lógica de funcionamiento. Si bien la estructura institucional de México es de tales características que hace que los elementos del sistema político tengan principalmente una connotación nacional, no podemos dejar de observar que su desarrollo, límite y agotamiento, se encuentra íntimamente relacionado con la situación económica, política y social que se presenta en cada entidad federativa. En este trabajo respondemos la pregunta de cuándo encontraron su límite los elementos que dieron cohesión al sistema político en Tlaxcala, dando por sentado que el desarrollo y agotamiento de los mismos, no tiene que coincidir con el proceso que se presentó a nivel nacional. La estructura del trabajo consta de tres apartados cuyo contenido es el siguiente: el apartado uno presenta un análisis del nacimiento, evolución y desarrollo del sistema político desde la Constitución de 1917 hasta las reformas electorales de 1

Maestro en Análisis Regional por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Correo: [email protected]

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los años noventa que fueron el parteaguas en el proceso de alternancia en el gobierno; posteriormente analizamos cuáles son los principales elementos que integran el sistema político mexicano; sin dejar de observar la importancia de los modelos económicos, su influencia y repercusiones en el sistema político. En el apartado dos se describen los síntomas de agotamiento del sistema político mexicano, para valorar la importancia de la alternancia en el gobierno y sus efectos en el establecimiento de los límites de los elementos que daban estabilidad al sistema político tradicional en México. En el apartado tres se hace una caracterización del sistema político mexicano y local, enfocándonos en el papel de los partidos de oposición y de las elecciones, así como en las relaciones entre el centro y los estados. Se aborda también el tema del inicio de la transición, viendo este proceso como uno que inició desde las regiones, en el nivel local y se consolidó con las reformas federales de mediados de los años noventa. Finalmente se ofrece un último apartado de conclusiones del trabajo en el que señalamos las condiciones y circunstancias económicas, políticas y sociales existentes tanto a nivel nacional como estatal que impulsaron la primera alternancia en el gobierno del Estado en 1998. Finalmente generamos una explicación que permite entender cómo los elementos que daban cohesión al sistema político mexicano encontraron su límite en la elección de gobernador en Tlaxcala en el año de 1998, originando cambios que produjeron un sistema político con diferencias sustanciales del sistema político mexicano producto de la Revolución Mexicana de 1917.

El sistema político mexicano nacimiento, evolución y desarrollo La Revolución Mexicana implicó el cataclismo de la dictadura como régimen con un costo tanto social como económico muy elevado, desvaneciendo las expectativas y oportunidades en general de la población, lo rescatable de dicho acontecimiento es la integración nacional, es decir, un fuerte sentido de nacionalismo, elemento que después sería utilizado para manipular el rumbo del país (Rabasa, 1973: 87). A la Revolución le faltó concluir el rescate de los derechos y dignidad de las clases que se encontraban en el fondo de la pirámide social del siglo XIX de nuestro país. Sin embargo, sí logró una circulación real de las élites en el poder y la implantación de un régimen político que garantizará a través del derecho, las libertades ciudadanas y la participación efectiva del pueblo en la elección de sus gobernantes. Lo cual, engendró las raíces del sistema político que conocemos, Meyer (1973: 108) lo clasifica: 214

a) Presidencialismo agudo, extremo, que impidió el funcionamiento de cualquier división de poderes; b) Un partido de Estado omnipresente; c) Una oposición partidista más formal que real; d) Una cultura cívica clientelar. La Revolución Mexicana tuvo las características de un movimiento democrático, agrario, popular y antiimperialista, conformado por una consecución de rebeliones o revueltas que agitaron al país, debido al malestar social que prevalecía previo a las elecciones de 1910, donde se apuntalaba por octava ocasión el General Díaz. Posteriormente, estas rebeliones tomaron una tonalidad de un movimiento constitucionalista donde sobresalieron caudillos como Zapata que representaba la parte agraria del movimiento, su lucha se fincaba básicamente en la lucha por el reparto justo de la tierra, pero carecía de un proyecto de nación a futuro. Mientras que Villa por su parte, en el norte del país comandaba un movimiento sin un programa preciso, que se identificaba con cualquier reforma popular. Carranza, caudillo que pertenecía al antiguo régimen sobresalió dentro del movimiento llegando al poder para legislar en torno a las nuevas circunstancias que prevalecían en el país (Meyer, 1973: 268). Concluyendo en la consolidación de la Constitución de 1917, en donde sólo estuvieron representados los intereses de la Revolución que encabezaban tanto Carrancistas como Obregonistas, en la ciudad de Querétaro se confirmaba al país como república representativa, democrática y federal, constituida por estados libres y soberanos unidos en una federación. Las primeras elecciones presidenciales se dieron el 11 de marzo de 1917 teniendo al general Venustiano Carranza como el primer Presidente electo bajo el régimen de la Constitución de 1917. Una vez como presidente Carranza emprende la primera reforma electoral que vivió el país el 2 de julio de 1918 proclama la ley para la elección de los poderes federales donde se fortalecía el control del Estado en las elecciones, engendrando parte del embrión nocivo de nuestro sistema político.

Componentes del sistema político mexicano De acuerdo con Camacho Solís (1977), por sistema político nos hemos referido al conjunto de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que cumplen funciones de dominación política y administración social, así como al personal administrativo que (en su interacción con la población y los grupos) las sostiene y utiliza. 215

Las instituciones y funciones distintivas del sistema político mexicano serían: 1. La Presidencia de la República al frente del Ejecutivo, cuyos amplísimos poderes formales y reales repercuten en la relativa debilidad del Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia, así como en la falta de autonomía de los poderes estatales. 2. La principales funciones que hacen tan poderoso al Presidente de México son: ejercer sus poderes constitucionales; ser el jefe de la clase política; ser árbitro de las pugnas mayores de casi todas las fuerzas que participan en la contienda política; ser el vértice de la transmisión de poder, y finalmente, tener un amplio dominio sobre el proceso de distribución de los recursos públicos. 3. El partido predominante, cuya presencia mayoritaria a veces plebiscitaria expresa la debilidad de los partidos de oposición y el carácter fundamentalmente legitimador del procedimiento electoral. El PRI en sus orígenes y sus primeras transiciones fue un partido con poder propio, al fundarlo Calles el partido representaba grupos y caudillos con poder real que se habían formado en la revolución armada imponiéndose a sus contrincantes. Con Cárdenas, el partido pasó a desempeñar un importante papel de movilización política y de canalización de demandas populares. Pero tres décadas después el partido ha perdido fuerza y funciones al actuar en una realidad más urbana, plural, industrial y dependiente, ante un gobierno y una burocracia mucho más extendidos, frente a poderosos grupos de presión y de opinión. Paulatinamente se ha convertido en una maquinaria de legitimación electoral que ni siquiera es capaz de reclutar a sus propios candidatos. 4. Las organizaciones de control social popular, campesinas, de clase media y fundamentalmente obreras tienen una gran independencia con respecto al partido que formalmente integran. Sobre todo los aparatos sindicales que pertenecen al partido predominante, pero que tienen intereses y organización no siempre coincidentes con el PRI, al grado de prescindir del partido saltándoselo es sus principales acciones y decisiones. La función política fundamental de los aparatos sindicales que son una pieza esencial del sistema político mexicano es regular la participación y movilización obrera y, al restarles la alianza obrera a otras clases y sectores subalternos, impedir en gran medida la movilización popular. 216

5. El ejército (incluyendo la fuerza aérea), cuyo mando corresponde al Presidente de la República, es el sustento último del sistema político mexicano La principal función del ejército es garantizar la seguridad interior. El sistema político ha logrado mantener la lealtad del ejército mediante distintos expedientes de control y legitimación. El mando en el ejército es un “mando duro”, que no tolera la disidencia a la que, en caso de surgir, enfrenta coercitivamente. Tampoco se permite a la clase política y menos a los militares formar grupos políticos con civiles, de ahí que el ejército este bastante aislado y sus jefes sean poco conocidos. Los mandos del ejército se alternan sexenio con sexenio permitiendo la oportuna llegada de generaciones militares al poder y colocando periódicamente a grupos rivales al mando de la organización. Asimismo existe al interior del ejército una decisión y rotación de mandos que impiden la formación de camarillas internas y caudillajes regionales. A numerosos jefes y oficiales, el sistema les otorga canonjías y prebendas, y a otros, posiciones políticas que los cooptan. Finalmente, la clase política se legitima frente a los cuerpos militares en base a la competencia de los grupos técnicos civiles, la defensa de la Constitución y la fórmula política de la Revolución Mexicana, con sus componentes respectivos de nacionalismo revolucionario, civilismo y ejército de ascendencia y origen popular. 6. Todas las instituciones a que nos hemos referido y el personal político que las sostiene y utiliza forman parte del sistema político cuya función de dirección política, de legitimación, se apoya en la vigencia de la Constitución de 1917 y de la Revolución Mexicana. Al ser tan deficientes el procedimiento y la representación electorales, es decir, al existir un mínimo de aceptación popular de que el gobierno fue elegido democráticamente, el sistema político no se ha arriesgado a abandonar la fórmula legitimadora de la Revolución Mexicana que “siempre es útil” para justificar cualquier acto de gobierno. La legitimación revolucionaria de quienes resultaron victoriosos en la revolución que ocuparon el gobierno porque habían destruido a un régimen despótico y porque tenían el mando de los ejércitos revolucionarios, la han recogido y conservado setenta años después los gobiernos de México. El costo político de esta fuente de legitimidad es muy alto, puesto que la clase política de hoy es muy distinta a la que ganó la revolución, las realidades sociales del país distan mucho de los objetivos de justicia social incorpora217

dos a la Constitución y el ejercicio de la división de poderes y el respeto a la soberanía popular no han alcanzado el desarrollo del esquema político propuesto en la Carta Magna. Si en definitiva, se sustituyera la base de legitimación de la Revolución mexicana en sí, o a través de modificaciones de fondo a los artículos centrales de la Constitución, estaríamos ante un cambio que llevaría a México a tener otro sistema político.

Los modelos económicos, su influencia y repercusiones en el sistema político En los últimos 25 años hemos visto el agotamiento de un sistema político que estaba fundado en la dinámica de un partido gobernante único y un presidencialismo omnímodo, como las dos piezas que se reforzaban mutuamente y que hacían viable todo un sistema de poder que se recreaba en las esferas del Estado mexicano. Era un sistema autoritario que tenía el control del liderazgo político nacional, regional y también el control corporativo de las cúpulas de las principales centrales obreras y campesinas. Fue un sistema establecido en 1929 y que se recreó bajo el crecimiento del Estado como centro del devenir económico y político del país. El sistema sufrió un primer quiebre cuando el político tradicional surgido de las estructuras políticas postrevolucionarias, de los cacicazgos regionales, de los cargos políticos, fue suplantado lentamente por el político burócrata o político de Estado. Con Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari, sobre todo, el sistema iba a sufrir verdaderos colapsos. En el fondo de la propuesta neoliberal había una propuesta política. Quizá la verdadera apuesta de este grupo consistió en crear una nueva etapa de crecimiento y desarrollo económico y con ello al mismo tiempo fundar no solamente una nueva hegemonía política, sino también incluso, introducir reformas que quizá hubieran hecho menos directa la relación entre este nuevo grupo en el poder y el PRI tradicional. El problema principal de esta nueva reforma política consistió precisamente en el fracaso de la estrategia económica. Hay que recordar que con Miguel de la Madrid la reconversión económica del peso del Estado trajo aparejado un sexenio de alta inflación y déficit gubernamental. Ello fue la pauta para la primera gran crisis de la época moderna del PRI cuando se dio el primer desprendimiento del grupo de la corriente democratizadora cuyos abanderados fueron Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo en 1987 y quienes conformaron el Frente Democrático Nacional y más tarde el Partido 218

de la Revolución Democrática y que constituyeron un verdadero reto al control del poder por parte de este nuevo grupo que estuvo ya abanderado por Salinas de Gortari. En las elecciones de 1988, el sistema sufrió una verdadera crisis cuando la abrumadora votación a favor del candidato opositor Cuauhtémoc Cárdenas hizo que se “cayera el sistema” de computación oficial. El triunfo de Salinas de Gortari se dio pues, bajo una situación totalmente diferente a lo que el grupo financiero hubiese imaginado. Lo que es importante señalar de esas elecciones fue la gigantesca crisis de legitimidad con la que inició su sexenio el presidente Salinas de Gortari. Ello fue la plataforma de una serie de cambios en la estrategia gubernamental a fin de recuperar no solo la imagen deteriorada pero incluso, reivindicar que la legitimidad devendría por los beneficios del programa de reconversión económica y la modernización política que el presidente Salinas tenía para el país. Esta crisis fue clave porque provocó nuevos ajustes en el sistema de poder en México. En primer lugar, se consolidó la alianza entre el viejo sector tradicional del PRI y el nuevo grupo de tecnócratas. En segundo lugar, dentro del proyecto económico del nuevo régimen la propuesta de celebrar un Acuerdo de Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá hizo que en especial el primer país apoyara decididamente a Salinas de Gortari; en tercer lugar, el programa de solidaridad que vino a ser una especie de cartera de hacienda del Presidente para atraerse el consenso de las regiones pobres y atrasadas, muchas de ellas cardenistas, para evitar que éstas fueran de nueva cuenta lugares de apoyo de la oposición perredista. Otro aspecto importante a la luz de la historia fue también la alianza establecida con la cúpula del Partido Acción Nacional a efecto de hacer viable la gobernabilidad del presidente Salinas.Todos estos cambios generados por esa crisis del sistema durante el sexenio de Salinas en realidad fueron la fuente de los problemas del sistema político mexicano y sobre todo, de la transición de un sistema autoritario a un sistema abierto a la pluralidad y la democracia.

Síntomas de agotamiento del sistema político mexicano El sistema político mexicano se ha modificado significativamente a través del tiempo. Desde 1965, Pablo González Casanova señalaba que “la democratización, era la base y requisito indispensable del desarrollo” (González, 1965: 226). Para el autor, generar mecanismos democráticos representaba el reto del régimen vigente, dada las características expresadas en la preponderancia de un partido único. La historia le dio la razón, cuando en 1968, se presentó como una gran fisura en el sistema político (Camacho, 1977: 613). A partir de ese momento, comenzó un proceso de liberalización de las instituciones políticas. 219

La reforma política de 1977, aunque concedida, influyó en la apertura para reconocer a las organizaciones políticas clandestinas, como organismos legales con posibilidad de acceso a la participación política. Ésta sólo fue el comienzo de modificaciones graduales posteriores en los niveles de competitividad. Fue parte de una estrategia de apertura controlada, desarrollada por la élite política ante el crecimiento de las tensiones en el período transcurrido entre los años 1968 y 1976. Esta reforma calmó la efervescencia de la izquierda hasta el proceso electoral de 1988, año que representó una nueva fisura en el sistema político autoritario. A partir de las elecciones del 6 de julio se evidenciaron otras deficiencias: 1. Pérdida de consenso político del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 2. El rechazo popular a las medidas de política económica implementadas por Miguel de la Madrid. 3. La regionalización del voto ciudadano, con una clara presencia cardenista en el centro del país (Michoacán, Estado de México y Distrito Federal). 4. La creciente participación ciudadana, demandaba voto y elecciones transparentes (Salazar, 1998: 34). El sistema de partido hegemónico (Sartori, 1987: 275) se estaba agotando y abría la posibilidad de un sistema más democrático. En 1988, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue puesto a prueba en la competencia electoral. El gobierno federal se valió de la “caída del sistema” para proclamarse vencedor ya que el Poder Ejecutivo era el encargado de organizar, vigilar y validar las elecciones. El resultado definitivo fue altamente cuestionado. El régimen político permitió durante décadas un sistema de partidos no competitivo, con la victoria consuetudinaria del PRI (Salazar, 2001: 415). Los poderes Judicial y Legislativo fueron relegados al Ejecutivo a través de facultades constitucionales y meta constitucionales. El sistema político mexicano comenzó a transformarse a partir de las victorias de la oposición en algunos estados de la República, siendo el Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California (1989), el primero en ser reconocido por el gobierno. La etapa de democratización se reforzó con las diversas reformas. El régimen mexicano comenzó a integrarse a “la tercera ola democrática” (Huntington, 1994: 26) así se produjeron cambios en la lucha por el poder y el ejercicio de las responsabilidades gubernamentales (Larrosa, 1997). 220

El sistema político mexicano, se empezó a gestar como un sistema singular en el poder, explicado por la creación y adaptación de un sistema de partido hegemónico. La oposición no influía en las decisiones; de esta forma, el poder presidencial y el partido hegemónico se extendieron a lo largo del período comprendido entre 1952 y 1988. “Durante este periodo, el Presidente en turno ejercía sus facultades meta constitucionales a plenitud y la hegemonía del PRI no era disputada por ninguna fuerza política” (Santiago, 1999: 49). El PRI, favorecido por la infraestructura y maquinaria electoral, retenía el poder presidencial mientras se encargaba de monopolizar los cargos en las gubernaturas, senadurías y diputaciones. A partir del resultado de 1988 se presentó una mayor apertura democrática, no obstante la transición mexicana pareció no encajar dentro de los modelos tradicionales. El sistema electoral en 1988 fue utilizado para favorecer al PRI, sin embargo, el Congreso de la Unión se presentó más plural; a partir de ese año hasta el 2008 se presentaron nuevos equilibrios en todos los ámbitos. La democratización se descentralizó desde los niveles más cercanos a la ciudadanía. El sistema comenzó a caracterizarse como un presidencialismo acotado por el Congreso y por un sistema de partidos plural (Carpizo, 1978: 19). Al realizarse las elecciones de 1994, el PRI triunfó nuevamente ante un contexto de violencia política. Quedó demostrado el poder de convocatoria del PRI, no sólo en la Presidencia, sino en los gobiernos de los estados y en la distribución del Congreso. A partir de 1997, se presentaron condiciones para considerar al sistema de partidos como un sistema de pluralismo moderado, aunque, a nivel estatal, conservaba algunos rasgos de sistema predominante. La tendencia en ese año fue la presencia de tres partidos electoralmente importantes. La alternancia dejó de ser una posibilidad formal y se orientó de manera efectiva (Salazar, 1998). Este mismo año el PRD ganó la capital del país repitiendo su victoria, en las elecciones del 2000 y 2006. Los primeros factores que evidenciaron cambios en el régimen político fueron: ampliación del sistema de representación en el Congreso, victorias de los partidos de oposición en los gobiernos estatales, modificaciones significativas en la reglamentación electoral, y el debilitamiento del partido en el gobierno. Las prácticas monopólicas se han ido diluyendo a través del perfeccionamiento de las instituciones, si bien persisten deficiencias, los logros han sido significativos a través del tiempo. Hemos conseguido parte de la democracia electoral, traducida en la mejora de los mecanismos para la confianza en los resultados; ahora bien hay una diferencia entre buscar ser democráticos y ser una democracia consolidada; México encaja en la primera opción, está buscando puentes para ser democráticos. 221

La democracia va más allá de los procesos electorales, consolidarla requiere de ciertos requisitos: ciudadanos participativos con un alto grado de cultura política, así como una sociedad atenta y vigilante, con una competencia cívica donde el ciudadano sea activo y capaz de organizarse.

Alternancia en el gobierno de Tlaxcala En Tlaxcala la alternancia política a nivel del gobierno del Estado se suscitó por primera vez en 1998. En ese año, el PRI estatal vivió un proceso interno de selección de su candidato para la gubernatura marcado por divisiones y fracturas tanto a nivel de su dirigencia como de su militancia. Este proceso altamente competido abrió la puerta a la ampliación de la representación de partidos diferentes al PRI en puestos de elección popular (diputaciones y presidencias municipales) en el estado. Es importante destacar que el triunfo de la coalición opositora se dio en un contexto de fractura del PRI y en una elección en la que por primera ocasión en la historia política del estado se aplicó una legislación local relacionada con la reforma electoral federal de 1996, la cual instauró la autonomía y ciudadanización del Instituto Electoral de Tlaxcala, que había sido conformado en 1994 y concedió responsabilidad a su Consejo General para calificar directamente todas las elecciones. Fue evidente en este proceso la falta de capacidad del PRI para mantenerse unido. Observar la disciplina partidaria se convirtió en un reto para los miembros prominentes del Revolucionario Institucional, frente a los viejos mecanismos de selección de candidatos. Es claro que en 1998 durante la elección de Gobernador la dimisión del contendiente inconforme debilitó al Partido Revolucionario Institucional y abrió la puerta a la alternancia. En los municipios el proceso de alternancia ya se había presentado, pero no con la fuerza que replico después de la elección de gobernador del año de 1998 (cuadro 1).

222

Cuadro 1 Avance de la alternancia política municipal en el estado de Tlaxcala Año elección

Número de municipios del Estado de Tlaxcala

Número de municipios en poder de la oposición

Porcentaje de municipios en poder de la oposición

1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998 2001

44 44 44 44 44 44 60 60

2 6 2 3 3 6 16 28

4.54% 13.63% 4.54% 6.81% 6.81% 13.63% 26.66% 46.66%

Fuente: Base de Datos del CEDE de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa.

En Tlaxcala la alternancia es producto como en otros estados del país, de las reformas federales de 1977, 1986, 1989, 1990, 1993, 1994, 1996, y de las reformas constitucionales y electorales locales de 1995, 1997 y 1998, mismas que han permitido la apertura política. Tlaxcala ha vivido alternancia en todos los niveles tanto federal (diputados y senadores) como local (Gobernador, Diputados y Presidentes municipales), para la década de 1991-2001 se acumuló una lista de 41 municipios que han tenido gobiernos de alternancia. Es en ésta década que Tlaxcala, considerada antes como “reserva de votos para el PRI”, muestra un cambio radical presentado ahora un mosaico político con altos niveles de competencia tanto en elecciones locales como federales. Durante la década de 1991-2001, el estado de Tlaxcala tuvo alternancia en el gobierno de 41 municipios. Esta cantidad representa dos terceras partes del total de los municipios de la entidad. Esta alternancia no ha sido igual en esos 41 municipios. Solamente en uno de ellos, la oposición ha triunfado en las elecciones de 1991, 1994 y 1998 y 2001 (el PAN en Coaxomulco); en un municipio ha triunfado 3 veces (Calpulalpan, en 1994 el PAN, en 1998 el PVEM y en el 2001 el PD); en 8 ha triunfado dos veces y en el resto sólo una vez. El año en que más triunfos tuvo la oposición fue el 2001, con 27, siguiéndole 1998, con 16. En relación a los partidos, el PAN ha triunfado en total, en las cuatro elecciones en 14 ocasiones, el PRD en 27, el PVEM en 2, el PT en 10 y el PD y el PAS en una ocasión. El partido más importante de oposición en la entidad ha sido el PRD, que ha triunfado, en 1998 en 8 ayuntamientos, frente a tres del PT y del PAN, que son los más cercanos competidores. En las elecciones del 2001, 223

el PRD triunfó en 14 ayuntamientos, el PAN en 5 y el PT en 6. En 1994 y en las elecciones de 1995, la oposición obtiene triunfos en 9 municipios (5 el PAN y 3 el PRD); y en 1991, el PAN triunfa en un municipio y el PRD en dos. De ahí que el partido de oposición más fuerte sea el PRD. Incluso, en las elecciones de gobernador de 1998, triunfa una Alianza integrada por partidos de oposición: PRD, PT, PVEM y PCD). Cuadro 2 Municipios del estado en poder de la oposición de 1991 a 2001 Año elección 1991

1994

1998

224

Municipio

Partido

Coaxomulco

PAN

Mazatecochco de J.M.M.

PRD

Contla de Juan Cuamatzi

PRD

San Pablo Apetatitlán

PAN

Calpulalpan

PAN

Coaxomulco

PAN

Mazatecochco de J.M.M.

PRD

Xaloztoc

PRD

Xicohtzinco

PRD

Calpulalpan

PVEM

Coaxomulco

PAN

Tepetitla de Lardizábal

PT

Nanacamilpa

PRD

Nativitas

PT

San Pablo del Monte

PVEM

Tenancingo

PRD

Teolocholco

PRD

Santa Apolonia Teacalco

PT

Santa Cruz Quilehtla

PRD

San Juan Huactzinco

PAN

Santa Catarina Ayometla

PRD

San José Teacalco

PRD

Lázaro Cárdenas

PRD

San Jerónimo Zacualpan

PRD

Año elección

2001

Municipio

Partido

Santa Ana Nopalucan

PRD

Amaxac de Guerrero

PRD

San Pablo Apetatitlan

PAN

Apizaco

PRD

Calpulalpan

PD

Coaxomulco

PAN

Chiautempan

PT

Huamantla

PAN

Hueyotlipan

PRD

Ixtacuixtla

PRD

Mazatecochco de J.M.M.

PRD

Tepetitla de Lardizábal

PAN

Sanctorum de Lázaro Cárdenas

PRD

Panotla

PT

Tepeyanco

PRD

Tetla de la Solidaridad

PRD

Tocatlán

PT

San Juan Totolac

PRD

Xicohtzinco

PRD

Yauhquemehcan

PRD

Zacatelco

PAS

Santa Cruz Quilehtla

PT

San Juan Huactzinco

PRD

Santa Isabel Xiloxoxtla

PRD

Tetlanohcan

PRD

Texoloc

PRD

San Jerónimo Zacualpan

PRD

San Lucas Tecopilco

PT

San Lorenzo Axocomanitla PT Fuente: Instituto Electoral de Tlaxcala, Resultados Oficiales de los Procesos Electorales 1991, 1994, 1998 y 2001.

225

Los cambios político institucionales en la normatividad electoral y en la actitud ciudadana se expresa en los resultados electorales y en los gobiernos divididos, teniendo como centro la relación Ejecutivo-Legislativo. Entendemos que en un gobierno dividido la mayoría legislativa (cincuenta por ciento más uno), es controlada por un partido diferente al del Ejecutivo, es decir, el concepto de gobierno dividido se enfoca en la división entre los distintos poderes constitucionales que conforman el gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), en teoría estos poderes tienen funciones más o menos iguales para lograr un sistema de pesos y contrapesos. Importantes son las experiencias de gobiernos divididos, pues se enfrentan a señalamientos de descredito, bloqueo, desconfianza, pero sobre todo al reto de diseñar políticas favorables al desarrollo regional y adecuadas a la sociedad que representan (Rodríguez, 2003: 127). Las modalidades políticas registradas en el estado de Tlaxcala, que durante muchos años fue centro político del poder priísta y que en 1998 presenta condiciones de cambio de poder de un partido a otro en el Ejecutivo. Situación que coloca por vez primera en la titularidad del ejecutivo a un partido distinto al PRI y a partir de la relación ejecutivo-legislativo se delinea el perfil de gobierno dividido en esta entidad. El 8 de noviembre de 1998, por primera vez se permitió una coalición en la elección de gobernador, también por vez primera se aplicó una legislación relacionada con la reforma electoral federal de 1996, la cual dotaba de autonomía y ciudadanizaba el Instituto Electoral del Estado. La elección de gobernador presentó un alto grado de competitividad 45.16% para la Coalición Opositora y 42.99% para el Partido Revolucionario Institucional. La competencia electoral durante esa elección se centra en dos partidos (PRIPRD), en donde los demás partidos generan una fractura en el voto, que le permitió al PRI mantener el control del Congreso. El control y el contrapeso entre los poderes es resultado de la pluralidad y la alternancia, al mismo tiempo que del ejercicio de la negociación y el acuerdo entre las fuerzas representadas en los poderes Ejecutivo y Legislativo. La esencia de esta negociación y acuerdo muchas veces alcanza rango de ley, aunque esto no siempre es indispensable (Rodríguez, 2003: 136).

226

Tlaxcala 1993-1998: Años en que se agota el sistema político mexicano en Tlaxcala En Tlaxcala como en la mayoría de los estados del país durante la década de los setenta y ochenta, los órganos responsables de la organización de los procesos electorales, eran juez y parte, gracias a los entramados jurídicos establecidos en las Constituciones tanto de carácter federal como local, el gobierno se encontraba al frente de los mismos, situación que impedía una competencia real, al no existir esa competencia era natural que los votos siempre fueran a favor del partido oficial (llámese PNR, PRM o PRI), ya que al organizar, controlar y calificar el resultado de las contiendas electorales, no permitían la presencia de otra opción partidista. Con la reforma electoral del 12 de julio de 1994 que mediante el decreto número 60 de la LIV Legislatura Local, entró en vigor el 26 de julio siguiente, se crea el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET), como órgano depositario de la autoridad electoral responsable de organizar las elecciones. Autonomía, independencia y ciudadanización en sus órganos de dirección son criterios que a partir de entonces guiarían su desempeño. Sin embargo, es hasta el 4 de julio de 1997 con la reforma a la Constitución Política del estado de Tlaxcala y el Código Electoral del Estado, que se da la ciudadanización plena del Instituto Electoral de Tlaxcala, pues con esta última reforma se establece que las decisiones recaen únicamente en los Concejales (que se convertirían posteriormente en consejeros) electorales, teniendo los representantes de partido voz en el Consejo, pero ya no voto. Lo anterior, propició al igual que sucediera a nivel nacional, que el gobierno cediera la organización de las elecciones a órganos ciudadanizados, terminando así el control del Ejecutivo y de su partido sobre los procesos electorales. En lo político también durante ese periodo se vivía en el estado un reclamo acelerado por la democratización en el ejercicio del poder público, a través del surgimiento de importantes movimientos que exigían mayor presencia de la sociedad civil y de los ciudadanos en la gestión gubernamental. El avance de la sociedad civil ha tenido lugar desafiando el control gubernamental, contraponiéndose de esta forma a la subordinación que existía de la participación ciudadana a las organizaciones. Recordemos que todo intento ciudadano por participar al margen de las corporaciones oficiales era rápidamente reprimido, descalificado o desanimado mediante el recorte de subsidios (Monsiváis, 1987: 13). Por ello toda acción de la sociedad que pugna por organizarse de manera independiente es concebida como un pérdida para el sistema corporativo, así mismo, el avance civil, la acción de las organizaciones civiles, se politiza (Merino, 1995: 29). Así, el cambio político se orienta hacia el predomino 227

de la participación ciudadana sobre los designios de la autoridad, el corporativismo pierde pertinencia porque los ciudadanos ya no se muestran tan dispuestos a delegar sus derechos en dirigentes de instituciones establecidas y centralizadas. Podemos afirmar entonces que con la elección de gobernador en Tlaxcala en 1998, el modelo político de partido hegemónico terminó su ciclo; se presentó por primera vez el fenómeno de la alternancia en la gubernatura del Estado y gobierno dividido, al tener la mayoría del Congreso un partido diferente al que se encuentra al frente del ejecutivo estatal; el equilibrio entre poderes surgió como consecuencia de reformas constitucionales que dotaron de mayores facultades al Congreso Local y al Tribunal Superior de Justicia del Estado; los órganos electorales se ciudadanizaron arrebatando el poder de organizar las elecciones al Estado en beneficio del partido hasta ese entonces oficial; se agotó el sistema político mexicano y los elementos que los sostenían.

Conclusiones Los cambios en el sistema político modificaron los elementos que le daban cohesión, el sistema de partido dominante no existe más, actualmente tenemos un sistema de partido conocido como pluralismo moderado. A nivel nacional podemos decir que existe un tripartidismo, lo que no quiere decir que existan sólo tres partidos, sino que sólo tres tienen a nivel nacional, la posibilidad real de obtener la presidencia de la república y un número importante de legisladores en el Congreso Federal. Son tres los partidos que gobiernan entidades federativas y múltiples municipios, y entre los cuales existe una lucha real por la obtención del poder. En Tlaxcala los cambios institucionales se realizaron en cuatro aspectos. En primer lugar, se logró quitar al gobierno tanto federal como estatal la conducción y organización de las elecciones, uno de las principales características del régimen autoritario en México era el control que garantizaba la Ley Electoral al gobierno sobre los procesos electorales. Con la llamada reforma definitiva se dio un paso importante en ese aspecto, al darle autonomía al órgano electoral federal, quitando el control que el presidente ejercía a través del secretario de gobernación. Dicha reforma se correspondería con una a nivel estatal, que regularía, además, las elecciones locales de 1998, permitiendo así la llegada del PRD al gobierno del estado y sacando al PRI del poder luego de 70 años de ejercerlo. La segunda dirección del cambio es precisamente la creación de un órgano electoral totalmente autónomo del poder e influjo del gobierno tanto el IFE como el Instituto Electoral en Tlaxcala garantizaron la realización de elecciones más limpias y democráticas. 228

La tercera muestra de los cambios institucionales fueron con respecto a la creación de garantías para la constitucionalidad de los procesos electorales, con la creación de los tribunales electorales federal y local, y la creación de legislación con respecto a los medios de sanciones e impugnaciones se le daban a los partidos herramientas para defender sus derechos políticos y evitar violaciones a la constitución. Finalmente el otro cambio apuntó hacia el fortalecimiento de los partidos de oposición y al sistema de partidos en general. Con el otorgamiento de recursos provenientes del Estado, los partidos políticos se fortalecieron y se logró que las contiendas fueran más equitativas, terminando con una de las características del sistema de partido hegemónico. Reconocemos que la liberación económica que se dio a finales de los años ochenta en el cambio de modelo económico de desarrollo de uno proteccionista, basado en la sustitución de importaciones y en el control del Estado sobre la economía, a uno de libre mercado, representó un aspecto de gran relevancia en el proceso de transición a la democracia, debido sobre todo al debilitamiento de los sectores del partido oficial y a sus tareas de patronazgo y clientelismo, pero consideramos que es la liberación política la que, con el cambio de reglas electorales, modificó las condiciones de competencia en que funcionaba el PRI y transformó sustancialmente el entorno de éste. En Tlaxcala los resabios de la crisis de 1994 se dejaron sentir aún durante la elección de gobernador en 1998, los ciudadanos se encontraban inmersos en un desánimo producto de la falta de empleo, los altos niveles de inflación, la disminución del poder adquisitivo, así como, la falta de crecimiento económico que pudiera paliar la grave situación que enfrentaba la mayoría de los tlaxcaltecas, situación que influyó de forma definitiva en la emisión del sufragio a favor de una opción política distinta al partido oficial.

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Perspectivas electorales de Tlaxcala: de la hegemonía al pluralismo político en las elecciones de diputados locales, 1974-2013 Neil Linares Méndez1

Introducción Este periodo fue escenario de cambios muy importantes: en el ámbito electoral, los distritos se modifican, se incrementa el número de diputados, se implementa la modalidad de diputados de partido o de representación proporcional, además, el sistema electoral se perfecciona, la competitividad se intensifica y la alternancia se consolida. En el aspecto socioeconómico, hay mayor diversificación de las actividades económicas, en las viviendas se cubren la mayor parte de los servicios, la infraestructura carretera es de mejor calidad y las opciones educativas tienden a diversificarse. Con estos matices, si uno se ubica en los extremos de este periodo, fácilmente se aprecian los cambios estructurales de la entidad. Desde luego algunos aspectos tienen mayor preponderancia que otros, pero la conjunción de éstos es lo que hace hoy en día las elecciones más competidas. El objetivo del trabajo es mostrar los cambios ocurridos en estos niveles, seguido a ello, tratar de establecer una relación entre el marco normativo –diputados de partido y representación proporcional–; las variables socioeconómicas y finalmente los resultados de las elecciones de diputados locales. Nuestro supuesto, es que en la medida que van sucediéndose los cambios en estos niveles, en esa misma medida, la competitividad de las elecciones ocurre con mayor intensidad, no antes, ni después: es la conjunción de estas particularidades, lo que hace a la política tlaxcalteca, algo singular. 1

Técnico Académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Correo: [email protected]

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Por mucho tiempo, las elecciones de diputados locales estuvieron alejadas de la competencia partidista, cosa distinta fueron las elecciones municipales. En la de diputados locales, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) tenía el dominio absoluto, desde luego, había otros partidos que contendían, pero no representaban un desafío a su hegemonía. Sin embargo, el mismo sistema va abriendo espacios para incorporar al Partido Popular Socialista (PPS), al Partido Acción Nacional (PAN), al Partido Demócrata Mexicano (PDM), al Partido Socialista de los Trabajadores (PST), al Partido Socialista Unificado de México (PSUM) y al Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), posteriormente se incorporan los partidos que conocemos en la actualidad. De ser una entidad totalmente priista, en la actualidad puede haber hasta seis partidos en igualdad de fuerza y sobre todo en un contexto electoral de legalidad, equidad e imparcialidad, cosa que años atrás era difícil señalar. Precisamente esto llama la atención, es decir, cómo va cambiando el sistema político tlaxcalteca. A fin de aportar algunas respuestas a lo planteado, el trabajo se organiza en tres apartados: en el primero, se exponen los cambio ocurridos en el ámbito de las regiones electorales y de las reformas implementadas en la modalidad de diputados plurinominales, un aspecto más, son los cambios en las variables Población Económicamente Activa y servicios en las viviendas; en el apartado siguiente, se discuten brevemente algunos aspectos conceptuales y posteriormente se analizan los resultados de las elecciones de diputados locales, la finalidad es “observar la presencia y desempeño del conjunto de fuerzas políticas” en los distritos; por último, se plantean algunas reflexiones sobre la relación que pudiera darse entre desarrollo y elecciones.

Los cambios políticos y económicos a) Los distritos electorales locales Partimos de una situación, las modificaciones a las demarcaciones electorales ocurre en diversos momentos, al inicio de los setenta, el estado se dividía en siete distritos, posteriormente pasa a nueve y finalmente a diecinueve, un panorama general puede verse en el anexo 1 que se presenta al final de este documento. Cuándo ocurrieron los cambios y cómo se reorganizan las regiones, es lo que se expone a continuación. En la elección de 1971, el estado se dividía en siete distritos electorales, esta forma de organización se modifica en agosto de 1974, en este año se crean dos nuevos distritos electorales: San Pablo del Monte e Ixtacuixtla, se trata de regiones ubi232

cadas en la parte Sur y Centro Sur del estado, con estas dos nuevas demarcaciones, el estado pasa a nueve distritos, para contextualizar este cambio, a continuación se describe la conformación de las nuevas demarcaciones: “Integrarán el Distrito de San Pablo del Monte, los Municipios de San Pablo del Monte, Tenancingo, José María Morelos y Xicohténcatl, que correspondían al Segundo Distrito Electoral Local-Zacatelco; y el Distrito de Ixtacuixtla, los Muncipios de Ixtacuixtla, Panotla, Totolac y Antonio Carvajal, que pertenecían el Primero al Tercer Distrito y los restantes al Primer Distrito Electoral” (Periódico Oficial, 1974: 2-3).

Otra modificación ocurre exactamente 20 años después, la anterior se realizó el 28 de agosto de 1974 y la actual reforma el 25 de julio de 1994. La diferencia entre la anterior y ésta, es que ahora, la configuración es totalmente distinta: En los casos de los municipios con mayor población, Tlaxcala, Chuiautempan, Apizaco y Huamantla, por decirlo de alguna manera, se desagregan y de ellos se forman varios distritos; en el caso de los distritos que comprenden un número considerable de municipios, éstos se dividen y se crean nuevas demarcaciones. Una reforma más es la de febrero de 1998, la peculiaridad de esta propuesta es que no depende del poder estatal, ahora el Instituto Electoral de Tlaxcala como nuevo organismo encargado de realizar las elecciones, es quien propone la delimitación distrital, situación distinta a la de 1995, donde los diputados locales de esa legislatura fueron los artífices de esa “distribución del territorio”. La reforma de 1998 se trata básicamente de una reorganización distrital, los distritos adquieren un nuevo orden, se integran los municipios creados en 1995, se elimina Nanacamilpa y Terrenate como cabeceras de distrito y se erige Tepeyanco, Teolocholco y Hueyotlipan como nuevos distritos, en términos generales, se trata de una reforma de carácter sistemático.

b) Los diputados de partido y representación proporcional Este momento de la historia política de Tlaxcala, tiene que ver con la implementación de los diputados plurinominales, esta forma de representación significa modificar la fisonomía del congreso local; de ser una institución caracterizada por el dominio de un partido, con la implementación de esta modalidad, poco a poco otras fuerzas partidistas se van incorporando al trabajo legislativo. El cambio es relativamente nuevo, si hacemos cuentas, el proceso se realizó en un periodo de tres décadas; se parte de la reforma de agosto de 1974 hasta la de julio de 1994; no dejo de reconocer que han existido sucesivas reformas que han influido 233

en el escenario político electoral, pero desde mi perspectiva, la reforma de 1974, 1978 y 1994 son las que inciden directamente en la liberación de la arena electoral: Cómo van dándose las reformas y en qué consistieron, son los puntos a tratar. La primer propuesta se concreta al final del gobierno de Luciano Huerta Sánchez y es un mandamiento federal que se dicta en junio de 1963, para el caso particular de Tlaxcala, los “Diputados de Partido” son implementados hasta agosto de 1974, siendo en la elección de octubre de este mismo año cuando tiene aplicabilidad, desde este momento el congreso local entra en una nueva fase, para empezar se pasa de siete a nueve diputados, lo cual es importante, pero lo interesante es la modalidad de los diputados de partido, ya que con ellos da inicio la pluralidad en la integración de las diversas legislaturas. Es la incorporación de grupos minoritarios a la discusión de los asuntos del estado. Para hacer los cambios, el congreso del estado debe reformar y adicionar una serie de artículos de la Constitución Política estatal y de la Ley Electoral del Estado. Entre estas reformas, es de nuestro interés el artículo veintidós de la Constitución local, por ser éste donde se específica el proceso para acceder a esta modalidad de representación, por su importancia a continuación se mencionan las reglas tal cual fueron aprobadas en el decreto número 105: I.

Todo Partido Político legalmente registrado en el Estado que obtenga cuando menos el 1.5% de la votación total en la Entidad en la elección respectiva, tendrá derecho a que se acredite a uno de sus candidatos como Diputados de Partido ante el H. Congreso Local.

II. El máximo de Diputados de Partido que podrá acreditar cada Partido Político será uno. Si logra la mayoría en uno o más Distritos Electorales no tendrá derecho a que le sean reconocidos Diputados de Partido. III. Los Diputados de Partido serán acreditados, por riguroso orden, de acuerdo con el número de Sufragios que haya obtenido en relación a los demás candidatos del mismo Partido, en sus respectivos Distritos. IV. Los Diputados de mayoría y los de Partido tendrán la misma categoría e iguales obligaciones y derechos (Periódico Oficial, 1974: 2). Una particularidad de la reforma, es lo limitado de su alcance: Sólo habrá un diputado de partido para cada fuerza política, siempre y cuando no gane en algún distrito electoral, sin embargo, el acordarse que deben estar representadas las minorías 234

partidistas en el congreso local, es un gran adelanto si se compara las legislaturas anteriores donde sólo estaba representado el partido dominante. La segunda reforma, es una ampliación de la anterior, se presenta a finales del gobierno de Emilio Sánchez Piedras y permanece vigente hasta principios de los años noventa cuando asume el poder José Antonio Álvarez Lima; se trata de una modalidad de partida doble, por un lado, los partidos minoritarios pueden acceder a un mayor número de diputados plurinominales, pero también, el partido dominante se hace acreedor a diputados bajo este principio, en la cita siguiente se expone la situación: “El partido que obtenga más del 50% de la votación emitida tiene derecho a 2 diputados por representación proporcional y los otros 4 se adjudicarán a aquellos que alcancen el 1.5% de la votación del Estado.” La tercer reforma electoral se promulga en los inicios del gobierno de José Antonio Álvarez Lima, con ello se abre otro parteaguas en la vida política de la entidad, esta nueva ley sale a la luz el 25 de julio de 1994, con la cual cambia el escenario electoral, se modifica la composición distrital, pero sobre todo hay un incremento en el número de plurinominales2. Anterior a esta reforma, se elegían seis diputados en una sola circunscripción, con la nueva disposición se elegirán trece. Así, el congreso local tendrá una composición más diversa, en la LV legislatura poco más del 40% de los diputados pertenecen a partidos distintos al Revolucionario Institucional, de los nueve partidos que compiten en la elección de 1995, cinco tendrán voz y voto en el congreso; esta es la primer legislatura con esta particularidad. Para el proceso de asignación de los trece “diputados según el principio de Representación Proporcional”, el artículo 33 de la Constitución Política local, específica los lineamientos que se deben cubrir: I.

Un partido político, para obtener el registro de sus listas de candidatos, deberá acreditar que participa con candidatos a Diputados por Mayoría Relativa en por lo menos trece Distritos Uninominales;

II. Todo Partido Político que alcance por lo menos el uno y medio por ciento del total de la votación efectiva, tendrá derecho a que le sean atribuidos Diputados según el principio de representación proporcional; III. Al Partido Político que cumpla con lo dispuesto en las dos fracciones anteriores, adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que hubiesen obtenido sus 2

Este punto de la reforma de 1994, puede verse de manera detallada en el trabajo de García (2006: 42-53).

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candidatos, les serán asignados por el principio de representación proporcional, el número de diputados de la lista que le corresponda, de acuerdo con su votación emitida. En la asignación se seguirá el orden que tengan los candidatos en las listas correspondientes; IV. En ningún caso, un partido político podrá contar con más de veinte Diputados por ambos principios; V. El Partido Político que haya obtenido el triunfo en más del sesenta por ciento de los distritos Uninominales o haya obtenido más del sesenta por ciento de la votación emitida tendrá derecho a que se le asignen Diputados por el principio de representación proporcional, hasta que el número de Diputados sea igual al porcentaje de los distritos en que triunfó o a su porcentaje de votación emitida, sin rebasar el límite señalado en la fracción anterior. VI. Ningún partido político que obtenga menos del sesenta por ciento de la votación emitida podrá contar con más de diecinueve Diputados por ambos principios, y; VII. En los términos de lo establecido en las fracciones II, IV,V y VI anteriores, las Diputaciones de representación proporcional que resten después de asignar las que correspondan al Partido Político que se halle en los supuestos de las fraccionesV o VI, se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello, en proporción directa con las respectivas votaciones de éstos últimos. La Ley desarrollará las reglas y fórmulas necesarias para estos efectos. Para terminar, estas reformas son las que dan mayor dinamismo al trabajo legislativo, las discusiones concernientes a los intereses del Estado y la sociedad, contarán desde este momento con la opinión de las minorías partidistas. Este conjunto de acciones son las que influyen de forma decisiva en el perfeccionamiento del sistema electoral y por ende en una mayor representación partidista.

c) La particularidad de los datos socioeconómicos Continuando con la identificación de los cambios, la década de los setenta es la etapa en que se potencializan las acciones para impulsar el desarrollo de la entidad. A través de los corredores industriales, la actividad económica tiende a modificarse; los medios de comunicación como las carreteras se vuelven más eficientes; 236

los servicios de las viviendas tienden a cubrirse en su totalidad y la fisonomía de la entidad adquiere características urbanas, veamos con detenimiento algunas de estas particularidades. En estas cuatro décadas, el número de habitantes llega a triplicarse, con ello su composición tiende a cambiar, de haber más hombres, en la actualidad el número de mujeres es mayor; si anteriormente la base de la estructura poblacional estaba en el bloque de la población infantil, ahora se ha movida hacia el grupo de los jóvenes y los adultos. En cuanto a su ubicación, también tiende a moverse, si observamos los datos de la gráfica 1, la entidad dio un giro en la década de los noventa: De ser una región fundamentalmente rural, ahora tiene matices urbanos. En la década de los setenta del siglo pasado, poco más de la mitad de la población se concentraba en localidades de menos de 2,500 habitantes; por el contrario en las últimas décadas su fisonomía es completamente distinta, según el Censo de INEGI de 2010, 80% de la población es urbana. Gráfica 1 % Población urbana y rural en Tlaxcala

Urbana Rural

Fuente: Secretaría de Industria y Comercio (1980, 1990, 2000, 2010).

237

Es en la década de los noventa del siglo pasado cuando el estatus poblacional comenzó a cambiar. En este inter la mayoría de las localidades registraron un crecimiento acelerado, situación que repercute directamente en los centros de población de las cabeceras municipales, siguiendo a Delgadillo (2005) son: “los principales polos de atracción económica y social”. Este crecimiento se debe puntualizar: por un lado, la mayor concentración poblacional ocurrió en las regiones Centro y Sur del estado, siendo las Centro Sur y Sur las de mayor dinamismo; en conjunto, éstas regiones concentran 73% de la población total, además, tienen la mayor densidad poblacional, 700 hab/km2. Otra variable, son las actividades económicas, en la década de los setenta del siglo pasado, poco más del 50% de la población se dedicaba a las labores del campo, el sector secundario tenía cierta importancia, mientras que el terciario no era de relevancia, esta situación cambia según los datos del Censo de 2010: Lo que años atrás era la actividad primordial ahora quedó en tercer plano y, lo que era tercer plano paso a ser la actividad principal, los datos del cuadro 1 muestran mejor la situación. Cuadro 1 Población Económicamente Activa en Tlaxcala Sector 1970 1980 1990 2000 2010 I

54.52 37.67 28.56 18.21 15.55

II

21.06 19.16 33.91 37.85 32.44

III

18.62 18.69 35.66 41.91 51.47

Fuente: Secretaría de Industria y Comercio (1970) INEGI (1980, 1990, 2000, 2010).

En relación a la tendencia que presenta el sector secundario, habrá de mencionarse una situación curiosa, me refiero al descenso que presenta esta variable, lo peculiar es que ocurren en gobiernos caracterizados por su importancia política, el primero se presenta en la administración de Emilio Sánchez Piedras (1975-1981), el segundo en los gobiernos de Alfonso A. Sánchez Anaya (1999-2005) y Héctor I. Ortiz Ortiz (2006-2011), en esta última década, el descenso es más pronunciado, las actividades industriales descienden cinco puntos porcentuales. 238

Una última variable considerada para contextualizar los cambios, es la disponibilidad de servicios en las viviendas, esta parte vista a lo largo de una serie de tiempo, permite reafirmar de nueva cuenta que la sociedad tlaxcalteca está en permanente cambio. En la actualidad los servicios de agua, drenaje y electricidad, se tienen cubiertos en la mayor parte. En principio el servicio de electricidad fue el de mayor atención, posteriormente el agua potable y en última instancia el servicio de drenaje acaparó las mayores inversiones, su impulso como puede observarse, se presentó en la década de 1990 y 2000, en estos años el servicio aumentó de forma considerable, véase el cuadro siguiente. Cuadro 2 Disponibilidad de servicios en las viviendas de Tlaxcala Servicio

1970 1980 1990 2000 2010

Agua

49.3 71.3 88.2 91.2 95.6

Drenaje

20.9 28.4 55 79.3 92.8

Electricidad 64.2 81.6 93.8 97.7 98.8 Fuente: Secretaría de Industria y Comercio (1970).INEGI (1980, 1990, 2000, 2010).

Si vemos los datos en conjunto, lo que se tiene son reformas y políticas que han ido moldeando la fisonomía actual de la entidad; los cambios identificados en cada una de las variables son indicativo de la voluntad política para transitar a un mejor estadio social, económico y político.

Las elecciones de diputados locales, 1974-2013 Hasta el momento se han analizado los cambios a la legislación electoral y al ámbito socioeconómico; pasemos a ver ahora, cómo se ha dado la competitividad electoral en un periodo de larga duración, es decir, cómo ha evolucionado la disputa entre las fuerzas partidistas, tanto de manera general como en los distritos. 239

El trabajo centra su interés en la aplicación de un índice numérico que permita establecer ciertos parámetros sobre los niveles de competitividad, para lo cual retomamos el Índice de Número de Partidos (NP)3, su finalidad es medir a través de un conjunto números, la competitividad que existe en una determinada elección, además de tomar en cuenta los siguientes criterios: tamaño del partido ganador, distancia entre el primero y el segundo lugar y concentración de las fuerzas partidistas. “Puede considerarse que estas tres dimensiones lo son también de la competitividad electoral, entendida como la probabilidad de alternancia entre las distintas fuerzas partidarias. La competitividad será mayor entre menor sea el tamaño del partido ganador, menor la distancia entre éste y la segunda fuerza y mayor la concentración de los partidos minoritarios. Por el contrario, si tenemos un partido ganador con alto porcentaje, muy alejado de la segunda fuerza y con un oposición dispersa en varios partidos, tendremos un grado de competitividad bajo” (Reynoso y Linares, 1997: 49).

Aclarados los criterios para identificar cuándo estamos en una situación competitiva y cuándo no, pasemos al análisis de los resultados de las elecciones que se llevaron a cabo de principios de la década de los setenta (1974) hasta principios de la segunda década de dos mil diez (2013); partimos de un panorama general a los distritos en particular. En base al análisis de los datos del cuadro 3, y siguiendo los criterios establecidos, la entidad muestra las siguientes características: una situación de partido hegemónico durante 1974 a 1992, un periodo de crisis del partido dominante que serían las elecciones de 1995 y 1998, finalmente el brinco a un sistema competitivo, 2001 a 2013. Respecto a la pluralidad partidista, el sistema político tiene la característica de haber permitido la participación de una gran variedad de fuerzas; de 1974 a 2013, los partidos de forma regular han presentado candidatos para competir en las elecciones de diputados locales. Desde luego, habría de matizar el antes y el después de la reforma implementada por el gobernador José Antonio Álvarez Lima; antes de 1994, el marco bajo el cual se realizaban las elecciones no garantizaba equidad ni imparcialidad; posterior a esta reforma hay un cambio gradual de la situación, las elecciones tienden hacer más equitativas y con ello los partidos de oposición tienen la posibilidad de ganar algunos distritos, como ocurre en 1998. De tal manera que había pluralidad partidista, más no significaba que ello representara competencia política, lo que había antes de la reforma de 1994 era Una aplicación práctica de este Índice puede verse en el trabajo de Reynoso y Linares (1997), el caso de Tlaxcala en las elecciones de diputados locales 1974-1992, un trabajo global por llamarlo así es el de Hernández (2011), el índice lo aplica a las legislaturas de las 32 entidades federativas; trabajos recientes donde se desarrolla la aplicación de este índice son las investigaciones de Bustamante y Linares (2014) y Reyes del Campillo (2014).

3

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un gran partido que dominaba totalmente y una periferia de partidos secundarios que competían en condiciones de completa desigualdad. Si observamos los datos del cuadro 3, se puede corroborar lo dicho, había un partido ganador con alto porcentaje y una segunda fuerza muy alegada de la primera, visto los datos a través del índice NP, lo que hay es una “situación de partido único”. Cuadro 3 Niveles de competitividad en las elecciones de diputados locales Año de elección 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 1ra. y 2da. Fuerza partidista Diferencia electoral entre 1ra. y 2da. fuerza

PRI-PAN PRI-PAN PRI-PAN PRI-PDM PRI-PDM PRI-PRD PRI-PRD PRI-PAN PRI-PRD PRI-PRD PRI-PRD PAN-PRD PRI-PAN PRI-PAN

92.57 89.15 87.06 81.46 88.87 78.09 75.4 32.91 18.55 5.60 2.78 10.99 0.74 3.6

Nivel 1.0014 1.0032 1.0030 1.0087 1.0133 1.0199 1.3696 1.6226 2.0697 3.3227 .8197 3.4616 5.2479 de competitividad (NP) Número de partidos que participan en la elección

3

3

7

7

8

6

6

9

6

11

8*

11**

12***

9****

* Uno el coalición. Alianza Todos por Tlaxcala (PRI-PVEM). ** Dos en coalición. Alianza Progreso para Tlaxcala (PAN-PAC) y Alianza Siglo XXI (PRI-PVEM). *** Dos en coalición. Alianza por el Progreso de Tlaxcala (PAN-PANAL) y Unidos por Tlaxcala (PRI-PVEM). **** Uno en coalición Bienestar para Todos (PRI-PVEM).

Continuado con el análisis del cuadro anterior, a partir de la década de 2000, la competencia partidista tiende hacer una regularidad, desde este momento la disputa electoral se intensifica, en principio la competitividad es entre los partidos tradicionales PAN, PRI y PRD, posteriormente entran en escena una diversidad de fuerzas políticas locales como el Partido Alianza Ciudadano (PAC) o el Partido Socialista (PS), que son serios aspirantes a disputar la supremacía a las fuerzas tradicionales; en ocasiones el margen de diferencia es tan cerrado, que la diferencia entre el partido ganador y el partido local es de 2 puntos porcentuales (distrito XI, PRI – PAC, elección 2013). Veamos, qué ocurre en los distritos locales, para empezar la tendencia es muy similar a la del estado; los datos del índice NP muestran para el periodo de 1974 a 1992, un sólo partido dominaba las nueve regiones electorales en que se dividía la entidad, pues según los cálculos del índice NP el resultado es 1. En cada distrito y para cada elección el valor del índice es 1 y difícilmente llega a 1.5, véase los datos del cuadro 4. 241

Cuadro 4 Elecciones de diputados locales en Tlaxcala Niveles de competitividad por distrito

Fuente: Reynoso, Víctor Manuel y Neil Linares (1997).

Si observamos los cálculos, el hecho se confirma el dominio del PRI en los distritos era absoluta: Lo que había era un partido que obtenía resultados del 90 y 80 por ciento, rara vez el resultado era inferior a estos porcentajes, en contra partida los partidos secundarios difícilmente llegaban al 10 por ciento de la votación. La competencia era inexistente en los distritos. El panorama cambia ligeramente en la elección de 1995, si bien el índice NP aún muestra el formato de partido dominante, en algunos distritos como Zacatelco, Chiautempan, Apizaco y Tlaxcala, la competencia tiende hacerse evidente, desde luego no significa un desafío a la hegemonía dominante, por ejemplo, en Zacatelco la diferencia entre el PRI y la segunda fuerza PAN, es de más de 1,000 votos, un margen bastante amplio que de seguro no inquieta a la maquinaria priista. Por lo que toca al proceso electoral de 1998, la competitividad es un hecho, por primera vez el PRI pierde tres distritos: Chiautempan Norte y Teolocholco son para el PRD y Nativitas para el PT; de estos casos, la región de Teolocholco se caracteriza por ser la de mayor competencia, el margen es tan cerrado que sólo 27 votos separan al PRD del PRI; otro caso con una situación similar es el distrito de Contla, de igual manera la competencia es tan cerrada, que PRI le gana al PRD por 176 votos; fuera de estos casos, el PRI continúa dominando en el resto de los distritos. 242

En la elección intermedia de 2001, la competitividad se intensifica y presenta diversos formatos: Un grupo donde la disputa es entre dos partidos, otro en el cual la elección tiene tres contendientes y un tercero donde hay cuatro fuerzas con “peso real”; si agrupamos estos dos últimos escenarios, se observa que 63% de estas regiones tienen tres o cuatro partidos con fuerza suficiente para ganar. Los distritos con el valor más alto son: San Pablo del Monte, Zacatelco, Tepeyanco, Papalotla y Nativitas; en cada uno de ellos, el índice NP es de 4 puntos, particularidad que no se había visto. La elección de 2004 resulta ser de las más competidas. En todos los distritos la competitividad es muy intensa; sólo los distritos I y II que comprende la capital del estado, el índice muestra un bipartidismo. Por lo que toca a los distritos con competencia de cuatro partidos, está en primer lugar Zacatelco, posteriormente Tepeyanco, le sigue Calpulalpan, Teolocholco y Chiautempan Norte, en cada una de estas regiones el margen de diferencia es mínimo, por ejemplo, en Tepeyanco el PRI obtiene el primer lugar (24.38%), le sigue el PRD (22.75%), posteriormente el PAN (21.82%) y en cuarto lugar el PT (17.34%), como se ve, la votación es muy homogénea, en consecuencia la diferencia entre el primero (PRI) y el cuarto lugar (PT) es de 7 puntos porcentuales, el margen es muy cerrado. En 2007, el partido dominante resulta ser Acción Nacional, logra el mayor número de triunfos electorales en toda su historia política, en algunos casos gana con un margen tan amplio que el PRD y el PRI no le representan competencia, por ejemplo, Apizaco y Contla. Entre los distritos más competidos, está: Xalostoc, Papalotla, Chiautempan Norte, Teolocholco y Calpulalpan, si bien, la disputa continua entre los tres grandes partidos, ahora hay un cuarto contendiente que puede ser Convergencia, el Partido del Centro Democrático de Tlaxcala (PCDT), el PT, el Partido Nueva Alianza (PANAL) o el Partido Socialista (PS). Por lo que toca a la elección de 2010, la competencia en los distritos es muy intensa, los cálculos del índice NP dan valores de 4 y 5 puntos. El caso de San Pablo del Monte resulta ser ejemplificativo, si vemos los resultados de esta elección, el margen de distancia entre los primeros cuatro partidos es de 6 puntos porcentuales, y si se compara el primero y quinto lugar, la diferencia es de 9 puntos. Se corrobora lo que el índice indica: 5 partidos con peso real efectivo que compiten. Por lo que toca a Tlaxco y Chiautempan Norte, donde el índice arroja valores de 4 puntos, en éstos el PRI y el PAN representan las dos principales fuerzas, pero aunado a ellos está el PAC y el PS en el caso de Tlaxco, Convergencia y el PT en el caso de Chiautempan. Si en la elección anterior se comentó que los valores del índice habían sido los más altos de todas les elecciones, el proceso electoral del 7 de julio de 2013 revoca 243

esta afirmación, ahora el índice NP registra valores de 6 puntos, lo cual significa que este mismo número de partidos tiene la misma probabilidad de ganar la elección, sin duda algo de llamar la atención. Junto a esta peculiaridad también se puede observar un caso de partido dominante, pero ahora quien está en una posición de este tipo es el PRD, como ocurre en el distrito VIII con cabecera en Zacatelco. Un panorama más explícito de lo comentado hasta este momento, se puede ver en el cuadro siguiente. Aquí se presentan los cálculos del NP para las elecciones de 1998 a 2013, correspondiente a los XIX distritos electorales, véase cuadro 5. Cuadro 5 Tlaxcala. Elección de diputados locales Valores del índice NP por distrito electoral

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del Instituto Electoral de Tlaxcala.

244

Como preámbulo a los comentarios finales, se puede señalar que la intensa competencia electoral de los últimos años, ha dado como resultado la integración de un poder paralelo al del ejecutivo, décadas atrás lo común era ver un ejecutivo y un legislativo de la misma filiación partidista, hoy los procesos electorales muestran una situación distinta, el titular del ejecutivo de un partido y la mayoría de legisladores de otro partido.

Comentarios finales Volviendo al supuesto del inicio del trabajo y viendo los cambios ocurridos en la estructura económica, junto a los cambios presentados en el sistema político electoral, de inmediato se establece una relación positiva entre estos dos ámbitos, es decir: A mayor población urbana y población económicamente activa centrada en la industria y los servicios, corresponde de igual manera mayores niveles de competitividad, alternancia y pluralismo. Como lo indican los datos, los cambios en la estructura social y económica implican una relación inversamente proporcional con el sistema político, es decir, el control priista es desplazado del poder, como sucedió en el caso de gobernador (1998 y 2004), en el congreso del estado (2007), en la elección de diputados federales (2009) y en la elección de senadores (2012). Siendo pragmáticos, no existe compatibilidad directa entre desarrollo y sistema de partido dominante, desde esta óptica, el desarrollo viene aparejado con mayor competencia y mayores posibilidades de alternancia. En definitiva, se ha ido configurando un sistema policromático, en el cual, difícilmente prevalece un solo color y lo que hay es una pluralidad que cohabita en regiones específicas, en el cual un partido minoritario puede sobreponerse y ganar elecciones.

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Bustamante López, Carlos y Raúl Rodríguez Guillén (2010). “El impacto de la redistritación electoral en las elecciones del 2010 para diputados locales en Tlaxcala”, en Osvaldo Romero, Rafael Molina (coords.), Dinámicas sociopolíticas y procesos electorales en Tlaxcala y Puebla, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Tlaxcala, pp. 21-35. Bustamante López, Carlos y Neil Linares Méndez (2014). “Competitividad electoral y alternancia en el congreso estatal de Tlaxcala, 1995-2013” en Raúl Rodríguez Guillén, Carlos Bustamante López y María Magdalena Sam Bautista (coords.), Alternancia y pluralidad política en Tlaxcala, México, Ediciones EÓN, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Tlaxcala, pp. 67-88. Hernández Córtes, Noé (2009). “Sistema de partidos en el nivel subnacional: una lectura sobre el número de partidos” en [http://nohernandezcortez.wordpress. com/2010/06/10/sistema-de-partidos-en-el-nivel-subnacional-una-lectura-sobre-el-numero-de-partidos/]. Lujambio, Alonso (2000). El poder compartido. Un ensayo sobre la democratización mexicana, México, Océano. Reyes del Campillo, Juan (2014). “Tlaxcala 2013: elecciones fuertemente disputadas” en Raúl Rodríguez Guillén, Carlos Bustamante López y María Magdalena Sam Bautista (coords.), Alternancia y pluralidad política en Tlaxcala, México, Ediciones EÓN, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Tlaxcala, pp. 17-29. Reynoso, Víctor Manuel y Neil Linares Méndez (1997). “El número de partidos y la competitividad electoral en Tlaxcala. Notas para un análisis diacrónico y geográfico”, Argumentos, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, número 28, diciembre, pp. 45-60. Rodríguez Guillén, Raúl y Norma Ilse Veloz Ávila (2014). “La consolidación del pluralismo moderado en el sistema político de Tlaxcala”, en Raúl Rodríguez Guillén, Carlos Bustamante López y María Magdalena Sam Bautista (coords.), Alternancia y pluralidad política en Tlaxcala, México, Ediciones EÓN, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional, Universidad Autónoma de Tlaxcala, pp. 31-51. Rodríguez Guillén, Raúl y Norma Ilse Veloz Ávila (2011). “Alternancia y pluralidad política en Tlaxcala: el regreso del PRI”, El Cotidiano, México, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, número 165, enero-febrero, pp. 81-93. Valdiviezo Sandoval, René (1994). “Tlaxcala: elecciones y competitividad. El caso de los diputados locales, 1962-1992” en Juan Reyes del Campillo, Eduardo Sandoval Forero y Mario Alejandro Carrillo (comps.), Partidos, elecciones y cultura política en México. Los 246

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Otras referencias Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Decreto Núm. 105, 21 de agosto de 1974. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Decreto Núm. 108, 28 de agosto de 1974. Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Decreto Núm. 60, 24 de julio de 1994.

247

Las síndicas en Tlaxcala. Implicaciones políticas y de género durante el primer año de gobierno (2014) María Magdalena Sam Bautista1

Introducción El objetivo de este trabajo es reflexionar sobre algunas implicaciones políticas y de género, que tuvo el ascenso de mujeres, a casi la totalidad, de las sindicaturas en el Estado de Tlaxcala en el presente trienio. Sin duda, como lo señaló el filósofo Luis Villoro, la revolución de las mujeres fue la gran revolución del siglo XX. Sin embargo, uno de los derechos más negados a las mujeres, en este cambio tan radical que se gestó en el siglo pasado en una sociedad patriarcal como la nuestra, es el derecho a la representación política, y por tanto el derecho al poder. Dalia Barrera Bassols, ha señalado que uno de los temas que más incomodidad generan en una sociedad como la nuestra es el tema de las mujeres con poder. Se permite y acepta que las mujeres reflexionen, estudien y defiendan diversos derechos como el derecho a una vida libre de violencia, el respeto a sus derechos reproductivos, el derecho a la salud en general, a la educación o el derecho a una retribución igual por trabajo igual. Sin embargo, el derecho al poder es uno de los más negados a las mujeres. En Tlaxcala, producto de una reforma legislativa en el 2013 se implementó la paridad vertical en las elecciones municipales. El resultado fue que de las 60 sindicaturas en la entidad, 55 de ellas quedaron representadas por mujeres y 5 por hombres, es decir, el 91% de estos cargos de elección popular quedaron en manos de mujeres. Esta circunstancia tuvo consecuencias en las relaciones de poder dentro y fuera del ayuntamiento que generaron en varios municipios conflictos entre el presidente 1 Profesora-Investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre Desarrollo Regional (CIISDER) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. [email protected]

249

municipal y las síndicas. Curiosamente, la prensa no reporta conflictos en los únicos dos municipios gobernados por mujeres (Nanacamilpa y Emiliano Zapata) pero si salieron a la luz pública en aquellos donde los hombres encabezan la comuna. La presente reflexión se organiza en los siguientes apartados: en el primero, se presenta de manera sucinta una reflexión teórica a partir de algunos estudios sobre la relación de las mujeres con los gobiernos municipales; en el segundo, se brindan algunas cifras históricas sobre las mujeres en los gobiernos municipales en Tlaxcala; en el tercero, se presentan los resultados de las elecciones del 2013; y en el cuarto apartado, se reflexionan los conflictos que se generan a partir de la nueva conformación de género en los ayuntamientos tlaxcaltecas, que a su vez, se convierten en propuestas legislativas y que por una parte, pretenden conferir mayores facultades a las sindicaturas, y por otra, disminuir el poder de esta figura en la estructura de los ayuntamientos. Por último, se presentan algunas consideraciones finales que apuntan a los retos que enfrentan los ayuntamientos en materia de administración y de construcción de una cultura política que no excluya a priori a las mujeres, sólo por el hecho de ser mujeres y que abone a una sociedad más democrática igualitaria e inclusiva.

Mujeres y gobierno municipal Diversos/as analistas de la realidad política han reflexionado sobre los avances de la sociedad mexicana en las últimas décadas, y el saldo, no es del todo positivo: Cambio político y reformas electorales inacabadas, alternacia parcial y transición democrática que está sin consolidarse (y acaso muestra retrocesos en algunos aspectos) (Lujambio y Vives, 2000; Merino, 2003; Córdova, 2010; Woldenberg, 2011; Woldenberg, 2012; Rodríguez, 2014; Rodríguez y Veloz, 2013; entre otros). Uno de los temas pendientes de la agenda democrática –entre otros tantos– es el del acceso de las mujeres a cargos de elección popular y la representación femenina en los espacios de decisión del gobierno municipal. Los primeros trabajos sobre mujer y gobierno municipal se publicaron a finales de los años noventa (Massolo, 1995; Barrera y Massolo, 1998). A partir de este momento la comunidad académica puso sus ojos en el tema y se empezaron a escribir sobre diversos temas que tenían como punto de referencia la relación entre mujeres y los gobiernos locales y/o municipales. Entre los temas más recurrentes encontramos los trabajos relacionados con los perfiles y trayectorias de las mujeres gobernando ayuntamientos (Barrera, 1998; Barrera, Peréz y Casas, 2008b; Barrera, 2003; Cedillo 2014; entre otros), sobre el servicio civil de carrera (Acosta, 250

2003), liderazgos femeninos (Barrera y Aguirre, 2003b), experiencias y gestión de gobierno (Briseño, 2007; Chávez y Vázquez, 2011, entre otros), acceso y ejercicio de poder (Dalton 2003a; Dalton 2012, Dalton s.f; Vázquez y Chávez, 2011b; entre otros), construcción de ciudadanía (Rodríguez, 2000; Rodríguez y Cinta, 2003; Gadsen, 2003; Hernández y López, 2006; entre otros), sobre el estilo de gestión (Sam, 2002b), desde la legislación y la paridad (2014); género y etnicidad (Dalton, 2003; Vázquez, 2011ª; Vázquez y Muñoz, 2013; Vázquez y Muñoz, 2013ª; Vázquez, 2014; entre otros). En la relación de las mujeres con los gobiernos municipales, particularmente han llamado la atención dos temas: La representación de las mujeres (Barrera, 2003c; Massolo, 2003; Barrera 2004; Barrera 2006; Barrera 2007; Massolo, 2007; Vázquez 2010; entre otros) y el análisis de la lógica de los factores que ayudan o dificultan que las mujeres se incorporen y ejerzan cargos de elección popular. En ambos temas, los trabajos de Barrera Bassols han orientado la discusión desde una perspectiva de género. El segundo tema señalado líneas arriba se ha explorado desde la perspectiva de las trasgresiones y el control social (Barrera, 2003ª), las representaciones del poder y la exclusión social (Barrera, 2008ª), sobre las dificultades de acceso al cargo (Sam, 1998; Sam, 2000; Sam, 2000ª; Sam, 2003), Barrera, 2008; Barrera, 2009; Barrera, 2011; entre otros), sobre el acoso y la violencia política (Barrera, 2014), desde las dificultades de las campañas políticas (Vázquez, 2011), desde las tensiones entre la esfera pública y privada de las mujeres (Vázquez, 2012; Vázquez, Cárcamo y Hernández, 2012ª; entre otros), desde los cargos específicos como el de presidenta o síndica (Barrera 2006a; 2006b, 2009, 2011ª; Bassols, Pérez y Casas, 2008c; Barrera y Suárez, 2012). Una de las cuestiones centrales, de los estudios sobre participación política femenina en los ayuntamientos en México, en la primera década del siglo XXI dan cuenta de lo difícil que ha sido para las mujeres el acceso a los cargos de elección popular. Un dato significativo es que este, en promedio, no supera el 5% (Sam, 2000, 2002, 2003; Massolo,2003; Barrera y Aguire, 2003). Sin embargo, modificaciones legales (a través la paridad) relativamente recientes van generando cambios en las posibilidades de acceso de las mujeres a cargos de elección popular. En Tlaxcala, en el 2013, el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) emitió un Acuerdo electoral que produjo que la mayoría de las sindicaturas en Tlaxcala quedaran ocupadas por mujeres, lo cual, generó una serie de recomposiciones que más adelante se abordan. Barrera (2011) en un estudio realizado en Veracruz, reportó las circunstancias específicas que viven las mujeres al ejercer el cargo de síndicas o regidoras: 251

“[…]falta de recursos para dar satisfacción a las necesidades básicas de la población y negación de los recursos para realizar las tareas propias de las comisiones de que forman parte o dirigen; confrontación con los varones del cabildo y de la administración municipal, comenzando con el presidente municipal, generalmente un varón, que en numerosas ocasiones no les reconocen su carácter de autoridades, ni la legitimidad de su cargo. En algunos casos esto llega a extremos de violencia y acoso político (obligarlas o presionarlas para que hagan o dejen de hacer acciones propias de su cargo a través de amenazas, violencia física, etc”. (Barrera, 2011: 177).

En este sentido, la autora reflexiona sobre lo difícil que resulta para las mujeres que ostentan un cargo en el municipio ejercer su encomienda con apego a la Ley, ya que supone tensiones y choques con los grupos de poder que integran el gobierno municipal debido a una cultura patrimonialista y poco democráticas. El caso de Veracruz no es muy diferente al de Tlaxcala, entidad que ha registrado una serie de conflictos, entre los presidentes municipales y las síndicas en diversos municipios, que pueden tipificarse como violencia política.2

Mujeres en los gobiernos municipales de Tlaxcala: Algunas cifras En el apartado que sigue se presenta información sobre mujeres elegidas como autoridades en los ayuntamientos de Tlaxcala entre los trienios 1950-1952 (año en que fueron elegidas las primeras regidoras) y el 2008-2010 (trienio previo a la última reforma electoral). En el trienio 1950-1952 fueron elegidas las primeras regidoras propietarias en los municipios de Tlaxcala, Zacatelco, San Pablo del Monte, Sanctorum, y Huamantla (probablemente también en los municipios de Miguel Hidalgo, Tlaxco, Yahuquemecan, Apizaco y Santa Cruz)3. Sin embargo, será hasta el trienio 1956-1958 que se elegirá la primera presidenta municipal en el municipio de Tlaxcala, Rebeca Torres de Lira candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI). De 1952 a la fecha la gran mayoría de presidencias municipales en el Estado de Tlaxcala ha estado a cargo de hombres. En este largo periodo destacan dos trienios: La violencia política ha sido definida como: “constituida por formas silenciosas, naturalizadas, rutinarias, impunes de ejercer el poder sobre mujeres que, por el simple hecho de aspirar a este se convierten en trasgresoras del orden de género” (Vázquez, 2011: 15). 3 En esos municipios no se tiene la certeza pues los nombres tomados del Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala son nombres que se unas tanto para hombres como para mujeres (Isabel, Carmen, Remedios, Trinidad). 2

252

El de 1980-1982 donde se eligieron 7 presidentas municipales en los municipios de Teolocholco, Mazatecochco, Tetlatlahuca, Apizaco, Tequexquitla, Trinidad Sánchez y Zitlaltepetl, y el trienio 2008-2010 donde fueron elegidas 8 presidentas municipales en los municipios de Hueyotlipan, Axocomanitla, Santa Cruz, Terrenate, Tetlatlahuca, Tlaxco, Tzompantepec y Zacatelco. Sin embargo, lo que resalta a lo largo de la historia es la enorme desproporción que existe entre número de presidentes y presidentas. Gráfica 1 Presidentas, síndicas y regidoras 1950-2013

Fuente: Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

En relación a las sindicaturas en el estado se puede percibir la misma situación que con las presidentas municipales entre 1950 y el 2010: El número de mujeres que logran arribar a este cargo del ayuntamiento es muy pequeño con respecto a los cargos asumidos por los hombres (véase gráfica 2). Destaca en toda la serie de trienios (el más reciente) el 2011-2013, trienio donde fueron elegidas 12 mujeres para dicho cargo. Un elemento adicional son las sindicaturas suplentes. Se constata lo señalado por Barrera (2001) para el caso mexicano: A medida que disminuye la importancia del cargo aumenta la presencia de las mujeres. En la gráfica 2 puede verse que el número de síndicas suplentes es mayor que el de las síndicas propietarias. 253

Gráfica 2 Síndicos y sindicas propietarios/as y síndicas suplentes 1950-2011

Fuente: Gaceta Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

Por lo que respecta a las regidoras se constatan procesos similares: A medida que el cargo es de menor responsabilidad la presencia de las mujeres es mayor. Por un lado, se confirma la presencia de más regidoras que síndicas y presidentas municipales; por otro lado, hay más suplentes que propietarias. Si consideramos que entre 1950 y 1995 se eligieron 315 regidurías en 45 municipios, y que de 1998 al 2010 se eligieron 427 regidurías, el número absoluto de las regidoras es muy pequeño. Destaca a partir de 1992 la ascendente participación de las mujeres en las regidurías. Un comparativo entre los tres niveles del ayuntamiento (presidencia, sindicatura y regiduría) resulta ilustrativo (véase gráfica 1): La mayor presencia de las mujeres se da en las regidurías, en segundo lugar en las sindicaturas y en tercer lugar en las presidencias municipales.

254

Las candidaturas femeninas en las elecciones municipales en el 2013 Fue notable el impacto que tuvo el acuerdo CG 46/2013 del Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala (publicado el 29 de mayo del 2013) en la estructura de candidaturas para los ayuntamientos. Las planillas registradas por los partidos políticos fueron integradas por un 50% de mujeres. El número de candidatas presentadas en las elecciones no tiene antecedente alguno, y esta situación, modificó las relaciones de poder al interior del ayuntamiento. En dichas elecciones presentaron candidaturas los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (NA), Alianza Ciudadana (PAC) y Socialista (PS) que se coaligaron en las siguientes alianzas, obteniendo los siguientes resultados: Cuadro 1 Distribución de sindicaturas del proceso electoral 2013 Coalición

Partidos

Número de síndicas

POR EL BIEN Y LA GRANDEZA DE TLAXCALA

PAN-PAC

3

BIENESTAR PARA TODOS

PRI-PVEM

0

SALVEMOS TLAXCALA

PRD-PT

1

RESCATEMOS TLAXCALA

PT-PAC

0

ALIANZA POR LA JUSTICIA Y EL DESARROLLO

PAC-PS

1

TOTAL

PRI

17

PAN

10

PT

5

PRD

4

PARTIDO SOCIALISTA

4

PVEM

3

MOV. CIUDADANO

3

NUEVA ALIANZA

3

PAC

1 55

Fuente: Instituto Electoral de Tlaxcala. 255

En el siguiente cuadro se presentan los ayuntamientos donde los síndicos son de sexo masculino. Estos ayuntamientos fueron elegidos en los municipios de Amaxac, Cuapiaxtla, San Pablo del Monte. Llama la atención que en los tres municipios donde gobierna el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no se cumple la paridad, ya que tanto el presidente municipal como el síndico son varones. Cuadro 2 Ayuntamientos donde fueron elegidos presidentes municipales y síndicos del mismo sexo 2014-2016 Municipio

Partido

Síndicos

Amaxac

PRD

Presidente: Carlos Luna Vázquez Síndico: Silvino Hernández Vázquez

Cuapiaxtla

PRD

Presidente: Efrén López Hernández Síndico: Enrique Espinoza Armenta

San Pablo del Monte

PRD

Presidente: Marcelino Rojas Xahuantitla Síndico: José Miguel Zapotl

Fuente: Instituto Electoral de Tlaxcala.

Como se señaló líneas arriba, que las mujeres ocuparan el 91% de las sindicaturas fue el resultado de que en el 2013 el IET emitiera un decreto que mandataba a los partidos políticos destinar el 50% de las candidaturas a mujeres.

Algunas características del conflicto Una de las primeras acciones fue la reactivación de la Asociación de Síndicos Municipales de Tlaxcala, A.C.4 en abril del 2014. La Asociación surge hace doce años por una iniciativa de la ex presidenta municipal y ex síndica municipal, Lorena Cuéllar La estructura de la Asociación es la siguiente: Presidente, Secretario General y un Tesorero General, que coordinarán los trabajos de un órgano colegiado integrado por diez Comisiones, tales como la comisión de Vinculación; Promoción y Gestoría; Equidad de Género; Asuntos Jurídicos, Administrativos y Técnicos; Capacitación y Desarrollo Profesional; Transparencia Municipal y Rendición de Cuentas; Comunicación Social, Acción Política; Asuntos Hacendarios Municipales; Fortalecimiento Institucional Municipal; y un Consejo de Honor y Justicia, de igual forma integrado por un Presidente, un Secretario y 3 Vocales. En esta estructura destaca la Comisión de Equidad de Género ya que el mayor número de síndicos son mujeres. Entre las actividades más importantes de la Comisión está el buscar formar parte de la Organización Mundial de la Red de Mujeres Electas y la realización de diversos foros, en donde están invitadas mujeres como la Lic. Elsa Cordero, presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala, para discutir sobre el proceso de implementación de la transversalidad de género en general, y de su instrumentación en los ayuntamientos de Tlaxcala, en particular.

4

256

Cisneros, quién fue su primera presidenta. Las acciones específicas de la Asociación son: Cursos de capacitación a las titulares de las sindicaturas pues carecen de los elementos técnicos, humanos y materiales para llevar adelante su trabajo; respaldar las acciones y el trabajo de las sindicaturas con la problemática específica que vive cada una (la Asociación cuenta con un bufete de abogados que se encarga del trabajo de asesoramiento); una reforma a la Ley Municipal que busca la asignación de presupuesto, elementos técnicos y humanos que apoyen el desarrollo de las actividades de las sindicaturas. El actual periodo de gestión de la presidencia va de abril del 2014 a abril del 2017. ¿Qué es un síndico? En opinión de la Presidenta de la Asociación: “[…]el síndico son los ojos del ciudadano. Nosotros tenemos que cumplir con la función de que, efectivamente, el recurso público sea transparentado y reflejado en la cuenta pública.Y ahí viene la ríspidez porque el síndico pregunta ¿dónde está el dinero de los estacionamientos? ¿de los baños públicos? Los síndicos hacemos preguntas, hacemos preguntas ‘que pone el dedo en la llaga’. La cuenta pública es la parte medular de la administración” (Kathy Verónica Valenzuela, presidenta de la Asociación de Síndicos Municipales de Tlaxcala).

El ascenso de estás mujeres como autoridades generó un cambio en las relaciones de poder al interior de los ayuntamientos teniendo como consecuencia conflictos que concentraron la atención de la opinión pública. Los casos de ocho ayuntamientos fueron emblemáticos:Tlaxcala, Santa Ana Chiautempan, Santa Cruz, Nativitas, Panotla, San Juan Huaczinco, Zacatelco y Totolac (véase siguiente cuadro):

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Cuadro 3 Motivos de los conflictos al interior de los ayuntamientos de Tlaxcala Municipio

Partido

Tlaxcala

PAN

Santa Ana Chiautempan

PRD

Santa Cruz

PRI

Nativitas

PRI

Panotla

PS

San Juan Huaczinco

PRI

Totolac

Nueva

Zacatelco

Alianza PAN

Nopalucan

PRI

Motivos Discrepancias por la cuenta pública y la administración. (Asignación del 20% de los recursos de la sindicatura). (Entrega de la cuenta de manera extempóranea). Discrepancias por la cuenta pública y la administración: (El presidente no reporta la cuenta pública). (Eliminación de subsidios a la comisión de agua potable). (Retiro de ambulantes). (Instalación de parquímetros). (Anomalías por 22 millones en la cuenta pública). Discrepancias por la cuenta pública y la administración. (El presidente no reporta la cuenta pública). (Retención de salarios). (Facturas falsas y gastos sin comprobar del alcalde). Discrepancias por la cuenta pública y la administración. (Por negarse a aceptar anomalías le redujeron el salario). (Se entrega la cuenta pública al Organo de Fiscalización Superior, OFS, sin su firma y sello). Los alcaldes generan conflictos por impedir que los síndicos revisen las cuentas: OFS. Discrepancias por la cuenta pública y la administración. (Retraso en la entrega de la cuenta pública). Discrepancias por la cuenta pública y la administración. Discrepancias por la cuenta pública y la administración. Discrepancias por la cuenta pública y la administración. (Lentitud en la entrega de la cuenta pública).

Fuente: Diversas entrevistas y revisión hemerográfica.

Como se desprende de la lectura del cuadro anterior: El principal motivo de conflicto son las discrepancias por la cuenta pública y la administración del gobierno. Los resultados de la modificación de la estructura de poder en los ayuntamientos no se hicieron esperar. En mayo del 2014 la Asociación emprende las primeras acciones importantes (E-Consulta, 2015):

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“[…] las integrantes de la mesa directiva tuvieron una reunión con el Lic. Salvador Méndez Acametitla, Presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado, en donde expusieron varios temas entre ellos el de las multas emitidas a los municipios debido a la omisión de la presentación de la cuenta pública de los tres primeros meses del ejercicio fiscal, así como el tema de la falta de respeto a la figura de los Síndicos Municipales, pero sobre todo la exclusión de esta figura para la toma de decisiones importantes dentro de los Ayuntamientos, manifestando que es importante que el Presidente Municipal, Síndico y Tesorero trabajen en conjunto para dar cabal cumplimiento a lo establecido en la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala.”

En junio de ese año, Luciano Corona Gutiérrez, titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), acepta ante los medios que (Cruz Pérez, 2014): Los presidentes municipales incumplen con sus obligaciones legales al no permitir, que las síndicas de los ayuntamientos validen los estados financieros antes de que sean presentados al Congreso del Estado; que esa acción, ha provocado una mayor cantidad de enfrentamientos en los municipios, ya que las síndicos, como representantes legales de los ayuntamientos, se sienten desplazadas de sus funciones. Asimismo, que se ha incrementado la cantidad de síndicas que se deslindan del manejo administrativo de los recursos públicos en los ayuntamientos, según un reporte emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso del Estado. En octubre del 2014 el Partido Alianza Ciudadana (PAC) y Movimiento Ciudadano (MC) en voz de sus diputados (Tlamis, 2014), exigieron, al pleno de la Cámara, desarrollar las acciones necesarias para: “… frenar los actos de misoginia en que ha incurrido por lo menos el 60 por ciento de los presidentes municipales en contra de sus síndicos”. En el marco del Día de la No Violencia Contra las Mujeres, celebrado el 25 de noviembre del 2014 en el Congreso del Estado, la vocera de la Asociación de Síndicos Municipales de Tlaxcala, Anahí Hernández Sánchez, síndica del municipio de Apizaco, destacó los principales problemas que viven las síndicos en la entidad (Política-Puebla, 2014): –

La mayoría de los alcaldes de Tlaxcala, continúan incurriendo en la mala práctica de bloquear el desempeño de las síndicos en su labor de fiscalizar y analizar la aplicación de los recursos públicos principalmente.

–

Del total de los 60 ayuntamientos que conforman el estado, 55 síndicos municipales son mujeres, en su mayoría padecen condiciones de desigualdad y exclusión laboral generada por sus alcaldes. 259

–

Varias síndicas han denunciado la situación que viven al órgano de fiscalización, la Comisión de Finanzas encabezada por Salvador Méndez Acametitla y de Asuntos Municipales presidida por Juan Ascención Calyecac Cortero, pero sus demandas no han sido atendidas.

–

Frente a las denuncias viven represalias como: No ser convocadas a reuniones en sus cabildos, las cuentas públicas no son puestas a su disposición para su análisis y firma.

–

Carecen de personal que las auxilie para desarrollar sus labores y que cuando cuentan con un equipo de trabajo, estos son despedidos por el presidente municipal.

–

En la mayoría de las comunas, han tenido lugar gritos, frases con palabras altisonantes, agresiones y hasta privación ilegal de la libertad en contra de las mujeres síndicos cuando estas se han negado a estampar su firma en los documentos como se les ha requerido.

–

Escasa atención de las y los diputados de la actual legislatura a sus manifestaciones de queja y denuncia.

Frente a esta circunstancia, la Asociación solicita al Congreso la creación de una Comisión Especial de Diputados que garantice su labor como Síndicos Municipales. En opinión de la Presidenta de la Asociación de Síndicos de Tlaxcala lo que priva en el actual trienio donde fueron elegidas 55 síndicas en el Estado son las resistencias de género: “Yo digo que en Tlaxcala todavía existe el machismo. La mayoría de las síndicos de este trienio son jóvenes (menores de 35 años), y en esas condiciones, estamos luchando con una ideología machista. Este es el inicio, porque muy probablemente pronto veremos que el 50% de las presidencias municipales estará en manos de mujeres (así como los otros cargos).Yo estoy de acuerdo con la paridad horizontal. Los conflictos en este trienio se han incrementado (con respecto al anterior) por la presencia de más mujeres. Unos problemas se resuelven pero otros se suman.Yo creo que es una cuestión de valores, principios y perspectiva: De saber que el poder se termina en tres años. Tenemos que cuidar que las acciones que impulsemos dentro del ayuntamiento no perjudiquen al mismo ayuntamiento y a nuestra persona. Un ejemplo, la administración pasada no 260

pago retenciones salariales y ahora viene el SAT y nos demanda el pago. Nos heredó el problema” (Lic. Kathy Verónica Valenzuela, Presidenta de la Asociación de Síndicos Municipales de Tlaxcala).

En febrero del 2015 a la Comisión de Finanzas del Congreso del Estado le fueron entregados oficios de Huactzinco, Teolocholco, Tlaxcala, Totolac y Panotla en los que síndicos y regidores manifiestan sus inconformidades en relación a las cuentas públicas y aprobación de presupuestos. Por tal motivo, la Comisión de Finanzas del Congreso Local, realizó una mesa de trabajo en la que junto con la Comisión de Asuntos Municipales y el Órgano de Fiscalización, analizaron la situación de los municipios. El balance para la Presidenta de la Asociación de Síndicos Municipales de Tlaxcala es positivo. Ella lo refiere de la siguiente manera: “Los conflictos que ha tenido que atender la Asociación no me desaniman. Creo que es un reto. Las mujeres nos identificamos por algo: Ser perseverantes, yo creo que es uno de los elementos importantes. Cuando yo llegué a la Sindicatura no fue fácil. Yo me preguntaba ¿qué les hice? Una instrucción de una mujer no está permitida. Yo le puedo decir que a un año de trabajo me he parado y he dicho: Estoy en lo correcto porque la Ley lo dice así. Estoy haciendo mi función y merezco respeto. Puedo decirle que a un año todos me respetan. Entonces sólo es cuestión de ser perseverantes, de saber que lo que estás haciendo está basado en argumentos, que no estás abusando del poder sino basándote en la Ley y que tus decisiones sean respetadas tanto como las de los hombres. Yo les digo a las síndicas que siempre hay que ir por los canales de comunicación correctos. Nada con violencia, todo con respeto porque yo creo que ˋlo que se da se regresaˊ. Si en su casa no les enseñaron a respetar a una mujer es tiempo que las mujeres los enseñemos a respetarlas.”

Los elementos hasta aquí esbozados, expresan los retos asumidos por las síndicas de Tlaxcala en su afán de demostrar que si pueden asumir el cargo y que para eso necesitan ser perseverante en un ambiente a menudo adverso a la participación política de las mujeres, que no siempre respeta la Ley, ni el principio de igualdad entre hombres y mujeres.

Las diferencias se transforman en propuestas legislativas El 25 de noviembre del 2014 la Asociación de Síndicos Municipales presenta una iniciativa al Congreso, a través de la diputada del Partido Alianza Ciudadana, Evan261

gelina Paredes Zamora, para reformar el artículo 41 (fracción XII) y solicitar que se adicione el artículo 42 bis de la Ley Municipal de Tlaxcala.5 Por tal motivo, se solicita al pleno del Congreso que: a) Los principios institucionales de la Sindicatura sean: Justicia, democracia, transparencia, rendición de cuentas, respeto a la dignidad humana, solidaridad, disciplina, orden y limpieza, servicio al ciudadano, legalidad, responsabilidad social, honestidad, cuidado, preservación del medio ambiente, equidad y género, confianza y profesionalismo. b) Sean impulsores de nuevas políticas públicas y legislativas que otorguen certeza jurídica al actuar de la figura del síndico municipal y que permitan garantizar la inclusión de forma igualitaria e incluyente a las síndicas y a los síndicos en Tlaxcala. c) Se reforme el artículo 41, donde se señalan las obligaciones y facultades del síndico, de la Ley Municipal del Estado de Tlaxcala, en su fracción XII, en dónde deberá adicionar sobre las obligaciones y facultades del síndico: Autorizar la cuenta pública y entregarla de manera personal y oficial en las oficinas de la Sindicatura municipal para su revisión y validación, cuando menos diez días hábiles antes de ser enviada al Congreso del Estado. Tomando en cuenta para su envío los plazos de presentación establecidos en la Ley de fiscalización del Estado de Tlaxcala y sus municipios, y verificará además su puntual entrega. d) Adicionar el artículo 42 bis, quedando de la siguiente forma: “Las síndicas y síndicos dispondrán de un presupuesto de cinco por ciento del total de recursos asignados, que reciba el ayuntamiento y/o presidencia municipal para el debido cumplimiento de su responsabilidad y figura jurídica asignada, prevista en el artículo anterior. Fracción I. Las síndicas y los síndicos deberán contar para dar cumplimiento a las obligaciones y facultades establecidas en el artículo 42 y las demás que le otorguen La exposición de motivos se fundamenta en lo siguiente (Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2015): 1) La ONU, en el marco del 25 de noviembre, llama a erradicar la violencia contra las mujeres. En ese contexto se manifiesta la situación de desigualdad y exclusión laboral que enfrentan la mayoría de las y los síndicos municipales de Tlaxcala. 2) Se reconoce que existen normas escritas que garantizan a la mujer una vida libre de violencia, pero que estas “…no se cumplen y se violan a capricho de las autoridades”. Es decir, teniendo como “antecedentes que varias de ellas (las síndicas), han enfrentado un terrible enfrentamiento con sus presidentes municipales, violando sus derechos y provocando violencia contra las mujeres. 3) Tomando en cuenta que el síndico procurador tiene varias funciones: es una persona elegida por las comunidades para cuidar sus intereses, es un permanente luchador contra la corrupción, es el procurador general del municipio, es quién combate el caciquismo, es quién disminuye la concentración de poderes en la figura del presidente, sus acciones están encaminadas a las áreas contraloría y representación jurídica. 4) Tomando en cuenta las reformas en materia hacendaria los síndicos deben tener personal adecuado que pueda atender las necesidades de esta figura jurídica y que tengan los perfiles académicos, particularmente en derecho fiscal, derecho laboral, ingeniería y contabilidad, 5) Tomando en cuenta las necesidades del cargo, los ayuntamientos deben asignar recursos económicos a la capacitación en materia fiscal-hacendaria a los síndicos y a las síndicas para efectuar una correcta aplicación a la fiscalización de las cuentas públicas.

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las leyes con los recursos técnicos y materiales. Así como los recursos humanos expertos en las áreas de las ciencias económico-administrativas, legales, jurídicas y de obra pública, las cuales estarán a su disposición y bajo su cargo. Fracción II. Los ayuntamientos deberán asignar recursos económicos en la capacitación en materia fiscal hacendaria, a las o los síndicos para efectuar una correcta aplicación en la fiscalización en las cuentas públicas.”

Por otra parte, el 24 de marzo del 2014, la diputada Eréndira Jiménez Montiel, Presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales, e integrante de la fracción Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una iniciativa para su estudio, análisis y dictamen correspondiente, con Proyecto de Decreto, por el cual, se reformaban los párrafos segundo y quinto del artículo 90 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, y se propone una nueva Ley Orgánica Municipal del Estado de Tlaxcala (Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2015). La exposición de motivos se fundamenta principalmente en la necesidad de acotar las facultades que concentra el síndico.6 La propuesta de la diputada del PRD causó controversia. Algunos actores políticos opinaron lo siguiente: “[…]quieren contagiar la obesidad burocrática a los ayuntamientos, para efecto de normalizar la permanencia de representantes populares provenientes de partidos poco competitivos…Los ciudadanos sabemos que no se justifica el número actual de miembros de la Legislatura, que el Congreso de Tlaxcala es un ente ineficiente y costoso, porque el perfil de los diputados es pobre y su formación escasa. La situación no es diferente en los ayuntamientos. Por ello, ejercen sus facultades sin sensibilidad, creyendo que entre más grande es el aparato burocrático, mayor puede ser su control de las situaciones que afrontan. Pero no es así, porque les imprimen más complejidad. Lo vemos todos los días de sesión pública: son más los diputados que no aportan, que no participan y que no trabajan, y son sus intereses particulares y de grupo lo que obstaculiza los acuerdos. Bajo este escenario, ¿realmente creen que con dos o tres síndicos acabarán con la discrecionalidad en los municipios?” (De Valadés, 2015). 6

Textualmente la exposición señala lo siguiente: “La medida busca repartir las tres responsabilidades que actualmente concentra (cursivas mías) un mismo síndico, en dos o tres, según el tamaño poblacional...Lo anterior con la finalidad de establecer mayores mecanismos de control a la administración municipal y con ello facilitar el cumplimiento de las responsabilidades ante los órganos de fiscalización y control y acotar el poder discrecional que facilita la comisión de abusos en el ejercicio de la función pública (cursivas mías)…Que la medida propuesta permitirá en el caso con municipios con más de síndico el dedicar y especializar a uno de ellos en la tarea que más conflictos reporta a la administración municipal, que es la de revisar en tiempo y forma la cuenta pública, con la finalidad de que esta sea presentada puntualmente conforme a lo que imponen las leyes en la materia, bajo la premisa de que en asuntos de rendición de cuentas, debe aspirarse a la tolerancia cero, para que los ciudadanos alcancen la certeza sobre el manejo pulcro de los recursos públicos (cursivas mías).”

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El alcalde de Tetla de la Solidaridad, Javier Hernández Mejía, por su parte consideró que: “Es inviable la ampliación de síndicos municipales”. Por otra parte el alcalde de San Ana Chiautempan, Antonio Mendoza señaló lo siguiente (Hernández, 2015): “Yo creo que no es tan necesaria, ya tenemos uno y es suficiente, 3 sería un poquito más delicado, no comparto esa opinión pero la respeto, habría que ir con propuestas más ambiciosas en beneficio de la ciudadanía.”

Efectivamente, al parecer no existen bases sustantivas para la implementación de tal propuesta. Algunos actores sociales entrevistados opinaron lo siguiente sobre la propuesta de la diputada perredista: “La propuesta desde el punto empírico está poco argumentada. Considero que si un síndico o síndica tiene el apoyo de los elementos técnicos y la suficiente voluntad política puede sacar adelante su trabajo. Pienso que la reforma debería ir por el lado de dotar de mayores facultades a los regidores. En Tlaxcala, el PRD argumentó, en los municipios donde no se cumplió la paridad, que realizó una consulta democrática. Muchas veces los partidos han señalado ¿Y qué hacemos si las mujeres no quieres participar? ¿ de dónde sacamos mujeres? Yo les diría: ¡pues de las mujeres que tocan puertas en las campañas, las que organizan, las que promueven el voto!” (Lic. Erika Periañez, ex presidenta municipal de Terrenate). “No tiene sentido, se necesita dotar de un equipo de trabajo al síndico para que desarrolle sus funciones” (Mtro. Renato Sánchez, presidente municipal de Ixtenco). “[…]la propuesta no es viable porque el número de ciudadanos en el municipio no lo requiere. Se plantea la creación de nuevas sindicaturas y si con un síndico se carece de personal para la realización de las diversas actividades ¿qué pasará con dos o tres? En la exposición de motivos de dicha propuesta se señala que se busca acotar el poder discrecional de las sindicaturas. Esa razón no se aplica para la realidad de Tlaxcala. Por el contrario, se abusa del poder cuando se condicionan los recursos para la realización del trabajo, lógica que más bien se da del presidente municipal al síndico. A menudo dicen: `si no me firmas la cuenta pública…te quito tu personal`, si tú no me firmas la cuenta pública…te retengo tu salario`. Realmente ellos tienen el poder. Las herramientas de trabajo del síndico llega a través de otras personas (el mismo presidente y el tesorero). Una decisión tomada por el síndico pasa por otros funcionarios del ayuntamiento. Por ejemplo, en el caso de la cuenta pública: la integra el tesorero, la revisa el presidente municipal y la turna al síndico para su validación” (Lic. Kathy Verónica Valenzuela, Presidenta de la Asociación de Síndicos Municipales de Tlaxcala). 264

Habría que recordar que el 2 de marzo del 2013 los Integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala (IET) aprobaron incluir en el orden del día la resolución emitida por la Sala Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), resolución que fue aprobada por unanimidad según acuerdo CG 18/2013. La propuesta fue realizada por Claudia Acosta Vieyra, consejera electoral (Hernández, 2013). El acuerdo establecía las directrices en materia de equidad de género que tendría que observar la elección ordinaria para diputados/as locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad en el proceso electoral de 2013. En este acuerdo se estableció la paridad vertical. En el texto del acuerdo en su parte central planteaba los siguientes aspectos: 1) Las candidaturas por el principio de mayoría relativa se registrarán mediante fórmula completa, misma que será la que contenga los nombres completos de los candidatos propietario y suplente en los 19 distritos uninominales, de los cuales nueve se registrarán con la misma fórmula de género y las otras con la fórmula de género distinto, seguidamente de una fórmula de géneros distintos a fin de salvaguardar el principio de equidad de género. 2) Ningún partido político o coalición excederá el 50% de los candidatos del mismo género a excepción de los que sean producto de selección interna por medio de consulta directa. En el caso de los ayuntamientos se registrarán mediante planillas completas con las fórmulas de presidente, síndico y regidores y establecen que se respetará la cuota de género por lo que deberán ser 30 hombres y 30 mujeres. Esto mismo procede con los integrantes de regidores en dichas planillas por lo que si existen números nones, la última podrá concretarse por un género distinto. La reacción de los partidos políticos no se hizo esperar pues de inmediato los representantes de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), y el Revolucionario Institucional (PRI) acreditados ante el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) impugnaron el fallo del Poder Judicial sobre la asignación de candidaturas para diputados/as locales, presidencias municipales, de comunidad, síndicos/as y regidores/as (Nava, 2013). Los representantes de ambos institutos políticos fueron entrevistados y expusieron a la prensa sus razones. El representante del PRD, Domingo Calzada Sánchez, señaló lo siguiente: “[…]tenemos que acatarla aunque no estemos de acuerdo si bien es cierto que el Partido de la Revolución Democrática es absolutamente respetuoso y pionero en la parte de equidad de género, también creemos que debe de haber una interpretación exacta de la Ley y creemos que la Sala en este caso, no ha interpretado correctamente esta situación el órgano electoral deberá darle trámite porque es la obligación de este órgano pero todavía 265

hace falta esclarecerlo en el sentido de las presidencias de comunidad y el orden de los ayuntamientos en la parte del principio de equidad de género, el PRD va a tener que recurrir al acuerdo de la sala” (Nava, 2013: 2).

El representante del tricolor, Leonel Ramírez Zamora, también expresó su desacuerdo con dicho resolutivo: “[…]indudablemente el acuerdo que emitió este Consejo General tuvo defectos, tuvo vicios y por eso concedieron la razón a mi representada al impugnar esta resolución…sin embargo, no significa que este avalando el trabajo de la Sala Electoral existe mucho que hacer, existe mucho por razonar, existe mucho por analizar en esta resolución de la cual en primer principio yo considero sano saludable que exista esta decisión de poderes y las resoluciones que esté emitiendo la autoridad jurisdiccional, se está demostrando que no siempre se tiene la razón…indudablemente que nosotros vamos a hacer el análisis, vamos a checar los alcances y si también combina a los intereses de nuestra representada, también la vamos a recurrir… lo anterior, no significa forzosamente que tenga que ser un asunto concluido respetamos la equidad de género, el sentir el pensar de las autoridades jurisdiccionales pero el PRI se conducirá por los términos legales y lo que beneficie mayor a los intereses de nuestra representada” (Nava, 2013: 3).

El 26 de marzo del 2013 la Sala Unitaria Electoral Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala (TSJE) acepta formalmente las impugnaciones que tramitaron los partidos Revolucionario Institucional (PRI),Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD) contra el acuerdo que el Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) aprobó para garantizar la equidad de género en las candidaturas locales (Xochitotolt, 2013). Los juicios electorales se radicaron con los números 131, 132 y 141/2013, fueron analizados y resueltos con lo establecido en el artículo 40 de la Constitución federal, lo que marca la Constitución local, así como el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala (CIPET) declaró a los medios, Pedro Molina Flores, presidente de la instancia jurisdiccional. La presión que ejercieron los partidos políticos para modificar el acuerdo CG 18/2013 que mandataba equidad de género en las candidaturas –en las elecciones ordinarias de diputados/as locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad, respecto al número total de candidatos/as – fue exitosa pues la Sala Unitaria Electoral Administrativa, del Tribunal Superior de Justicia del Estado modifica el acuerdo CG 18/2013 (Xochitototl, 2013), relativo a los lineamientos de equidad de género, que debían observar los partidos políticos y las coaliciones. 266

El 17 de abril el IET modifica el acuerdo CG18/2013 según el cual el 50% de las candidaturas se tendrían que otorgar a mujeres con excepción de candidaturas por consulta a las bases. A pesar de que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) modificar los lineamientos de equidad de género que se establecieron para el proceso electoral ordinario del 2013, los partidos políticos tendrían que cumplir con la postulación de mujeres en el 50 por ciento de sus candidaturas porque este porcentaje no sufrió alteración alguna.7 El Consejo General del Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) aprobó por unanimidad de votos el acuerdo CG 46/2013 con el objetivo de dar cumplimiento a la resolución SDF-JRC-3/2013 que emitió el tribunal electoral federal para modificar el documento electoral CG18/2013 que autorizó el órgano comicial para establecer los lineamientos de equidad de género que deberían cumplirse durante la elección local. En conclusión, resulta sintomático que el PRD, pese a ser pionero a nivel nacional en el planteamiento de las cuotas de género, se opuso al primer acuerdo del IET en el 2013, posteriormente, cuando la paridad es operada es el único partido que no la aplica y en el 2015 en el contexto del conflicto que nos ocupa plantea una reforma legislativa para diseminar el poder representativo de los síndicos.

Algunas consideraciones preliminares Es claro que con la llegada de mujeres a la gran mayoría de las sindicaturas en Tlaxcala en el presente trienio, se registró un incremento de los conflictos entre quiénes detentas la titularidad de la Presidencia Municipal y la titularidad de las sindicaturas, lo cual, modificó la dinámica de las relaciones de poder al interior del ayuntamiento municipal, generándose con ello circunstancias adversas para el 7

Las modificaciones fueron las siguientes: Se mantiene 50% de candidaturas para cada uno de los géneros, salvo en aquellos casos en que las candidaturas sean producto de un proceso interno de consulta a las bases. Sin embargo, se modifican algunos aspectos quedando de la siguiente manera (Xochitototl, 2013). En el caso de las candidaturas a los ayuntamientos debe ser alternada, el presidente de un género, síndico de género distinto, regidor del mismos género que el presidente y así de manera sucesiva para respetar el 50% entre hombres y mujeres. Las candidaturas a diputados de mayoría relativa se definirán por fórmula completa de propietario y suplente del mismo género, pero la resolución establece que 9 candidaturas serán de un género y las otras 9 de un género distinto y para completar la fórmula que resta será integra de forma mixta, el propietario de un género y el suplente de otro. Para los diputados de representación proporcional, se señala que se debe de contar con una lista alternada de fórmulas en la que se alcance la cuota del 50% de las candidaturas del mismo género que prevé la legislación del Estado. En el caso de las presidencias de comunidad, también opera el principio del 50% de candidaturas de cada uno de los géneros.

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desempeño de las funciones encomendadas por la Ley a las síndicas: representación legal del ayuntamiento, validación de la cuenta pública y resguardo de los bienes del ayuntamiento (entre las más importantes). En vía de hipótesis se puede plantear la resistencia de las estructuras de poder de carácter patriarcal frente al binomio mujer y poder. Esto queda expresado, en un primer momento, por los intentos de contra reforma del PRI y el PAN a los acuerdos del IET a favor de la paridad política, y en un segundo momento, por la iniciativa del PRD de modificar la Ley Municipal, sin responder a una necesidad social, para incrementar el número de sindicaturas en los municipios. Iniciativa que no tenía antecedentes en Tlaxcala, en un contexto caracterizado por tensiones de diverso tipo. La situación vivida por las síndicas en Tlaxcala es similar a la reportada por Barrera (2011) para las síndicas del Estado de Veracruz: Bloqueo de su trabajo, desconocimiento de su autoridad y falta de recursos para el desempeño de sus labores, entre las más relevantes. Es importante hacer notar que, el PRD fue el único partido que no cumplió con la paridad en las últimas elecciones municipales con el argumento de haber realizado una consulta democrática en sus bases (procedimiento permitido por la Ley Municipal). Hoy en día los ayuntamientos de Tlaxcala enfrentan diversos retos en materia administrativa y en relación a la construcción de una nueva cultura política. En relación a los retos administrativos es urgente que los partidos políticos elijan candidatos y candidatas que cumplan con los perfiles profesionales adecuados que apuntalen las tareas asignadas a síndicos y síndicas por ley; una vez asumido el cargo, es importante que las y los síndicos asistan permanentemente a cursos de capacitación que les permita desarrollar con eficacia su encomienda; asimismo, es necesario proveer a las sindicaturas de recursos financieros, humanos y materiales. En relación a la construcción de una nueva cultura política en los partidos políticos y ayuntamientos es necesario impulsar en Tlaxcala en próximos comicios la paridad horizontal en los cargos de elección popular para democratizar todos los cargos del ayuntamiento (presidente/a, síndico/a, regidores/as y presidentes/as de comunidad) y así obtener la transformación real de todos los órdenes de gobierno (Barrera, 2011), tal y como se comprometió el Estado mexicano al firmar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Como ha señalado Anne Phillips, es necesario requerir la “política de la presencia”, es decir, la presencia de mujeres en cargos de decisión (Phillips, 1996) como un acto básico de práctica democrática que coadyuve a la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. 268

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