Capítulo 4: Estado y administración pública

Capítulo 4 ESTADO Y ADMINISTRACION PÚBLICA

Denis Sulmont Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

1. La estructura del Estado El Estado articula el poder ejecutivo (gobierno central), el poder legislativo (Parlamento o Congreso), el poder judicial, las Fuerzas Armadas la policía, el cuerpo diplomático; los gobiernos regionales y municipales; y las entidades descentralizadas y la empresas públicas. El recuadro siguiente las entidades públicas en el Perú. Se evalúa que el total del personal empleado por estas instancias asciende a 820 mil personas en 2003 o sea aproximadamente el 10% de la Población Económica Activa del país.1 Este total se distribuye por sectores del siguiente modo: educación 50%; interior: 17%; Defensa 13%; salud 12%; y otros 8% (Fuente: MEF). ‘ ENTIDADES DE LA ADMINISTRACI PÚBLICA – PERÚ (2005) MINISTERIOS: Agricultura, Comercio Exterior y Turismo; Defensa; Economía y Finanzas; Educación; Energía y Minas; Justicia; Mujer y Desarrollo Social; Producción; Relaciones Exteriores; Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Interior. ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS: Superintendencia Nacional de Administración Tributaria; Instituto Nacional de Estadística e Informática; Instituto nacional de Defensa Civil; Consejo Nacional de Ambiente; Consejo Nacional de Inteligencia; Comisión Nacional para el desarrollo y Vida sin Drogas; Cuerpo ; Instituto Nacional de recursos Naturales; Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú; Instituto Nacional del Deporte; Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología; Oficina de Normalización Provisional; Instituto Nacional de Cultura; Biblioteca Nacional del Perú; Consejo Nacional de Ciencia y tecnología; Universalidades Nacionales (32); Instituto Peruano de Energía Nuclear; Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero. Instituto Nacional Penitenciario; Instituto del Mar del Perú. ORGANISMOS AUTÓNOMOS: Banco Central de Reserva; Superintendencia de Banca Y Seguros; Contraloría General; Defensoría del Pueblo; Consejo Nacional de la Magistratura; Ministerio Público, Tribunal Constitucional; Jurado Nacional de Elecciones: Oficina Nacional de Procesos electorales; Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Congreso de la República; Poder Judicial; Academia de la 1

Este total no incluye a las empresas públicas (60 mil trabajadores) y a las Municipalidades (55 mil trabajadores).

Magistratura Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social; Instituto Nacional de Bienestar Familiar; Programa Nacional de Asistencia Alimentaría. EMPRESAS ESTATALES, de derecho público: Banco de la Nación; de derecho privado: Banco de Materiales; Corporación Financiera de Desarrollo, Corporación de Aeropuerto y Aviación Comercial; Empresa Nacional de Edificaciones; Empresa Nacional de Ferrocarriles; Empresa Nacional de Puertos; Petróleos del Perú; Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima; Servicio Postal del Perú. GOBIERNO REGIONALES (24) MUNICIPALIDADES: Municipalidades Provinciales (194) Municipalidades Distritales (1 829) Fuente, Instituto Cuánto, Anuario Estadístico, 2005.

La globalización no reduce la importancia del Estado. Por el contrario, lo confronta con un mundo cada vez más interdependiente y complejo. El Estado ha sido objeto de fuerte cuestionamiento en el último cuarto del siglo XX. La caída del muro de Berlín terminó por desacreditar históricamente el modelo de planificación centralizada. Se reforzó la corriente liberal que resaltó la eficiencia del mercado y el papel de la empresa privada. 2. El modelo burocrático y los funcionarios públicos El ejercicio del poder político del Estado y el cumplimiento eficaz de los objetivos de sus dirigentes se sustenta en un modelo de organización llamado “burocracia (poder de las oficinas). Este modelo fue acuciosamente analizado por Weber a principios del siglo XX. La organización burocrática del Estado supone el establecimiento de reglas, normas y procedimientos basados en criterios racionales; y el empleo de un personal identificado con la función pública. Funcionario público. Lealtad, carrera. Vigencia y cuestionamiento del modelo burocrático. Políticos y funcionarios de alto nivel que dirigen Principios del procedimiento administrativo: El más importante es Principio de legalidad: establece que las autoridades administrativas de Estado deben actuar con respeto a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades que les estén atribuidas Sólo puede hacer aquello para lo cual está facultada en forma expresa (Guzman, op. cit, p. 81). “Una de las principales funciones del Estado es establecer el marco jurídico dentro del cual se realizan las transacciones económicas. A parte de eso, las actividades del Estado se dividen en cuatro clases: (a) la producción de bienes y servicios; (b) la regulación y la concesión de subvenciones a la producción

privada; (c) la compra de bienes y servicios; y (d) la redistribución de la renta, es decir actividad privada (Stiglish, 2002, p. 36).

4. Reforma del Estado2 Estado y Administración pública El Estado y Gobernabilidad Crisis del Estado. Reformas The new public management Tres proyectos políticos: Autoritario: no reconoce la autonomía de la sociedad civil; clientelismo represión y cooptación. Proyecto democrático participativo: democracia representativa, participacionista y deliberativa. Estado más permeable al interés público. Presupuestos participativos (puerto Alegre en Brasil, 1989), consejos gestores de políticas públicas, mesa de concertación: mecanismos de rendición de cuentas. Monitoreo del desempeño estatal por parte de la sociedad. Consorcio de ONO ha conformado el grupo Propuesta ciudadana, sistema de vigilancia sobre el gobierno central y los gobiernos regionales. Articular ciudadanía con movimientos sociales, derecho a la igualdad y la diferencia. Proyecto neo liberal: liberar al mercado de los obstáculos que le impedían funcionar como organizador de la sociedad. Caracteriza al Estado como ineficiente, burocrático. Transferencia de responsabilidades sociales a la sociedad civil y al sector privado. Transferencia de la lógica del mercado al ámbito estatal. New Public Management. Restricción de derechos sociales, gestión de políticas sociales focalizadas. Caridad. Visión minimalista de la política: La sustitución del término sociedad civil por el e tercer sector, al lado del mercado y del Estado (...) designa el intento de retirar de la sociedad civil su papel como constitutiva de del terreno de la política. Refuerza la concepción estatista de poder y de la política (p.43) Ocultamiento del conflicto. Eficiencia y eficacia gerencial. Democracia gerencial. Participación como herramienta de gestión. Administrar en forma eficiente los recursos financieros, materiales y humanos existentes, anulando los espacios públicos de debate. Nuria Cunill Grau(1997) Repensando lo público a través de la SOCIEDAD. Nuevas formas de gestión pública y representación social. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Caracas, Editorial Nueva Sociedad. Nueva institucionalidad pública, socialmente responsable y aseguradora de valores democráticos. Aparición de una nueva esfera pública no estatal, en respuesta a la crisis del Estado Crisis fiscal, crisis administrativa. Exigencia de eficiencia en la prestación de servicios. Vuelta a la concepción de sociedad civil lo público dejo de ser meramente estatal, es también público no estatal.

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Véase: GUERRA GARCÍA: La reforma del Estado en el Perú. Pautas para reestructurar el Poder Ejecutivo. Lima: Agenda Perú, 1999.

5. Dialogo social y concertación3 En los años 1970 y 1980 asistimos a una multiplicación de procesos de concertación social en diferentes países. En América Latina la concertación social se ha convertido en uno de los instrumentos para enfrentar la crisis, mitigar los efectos de la recesión, la inflación y la reestructuración de las relaciones laborales y asegurar la viabilidad de los procesos de transición e institucionalización democrática. (Campero, 1993: 17-18) El interés por la concertación social responde a la preocupación por la gobernabilidad, amenazada por la desigualdad, la fragmentación de los actores sociales y el alto grado de conflictividad. Al respecto, el informe del PNUD sobre la democracia en América Latina señala: “América Latina presenta actualmente una extraordinaria paradoja. Por un lado, la región puede demostrar con gran orgullo más de dos décadas de gobiernos democráticos. Por otro, enfrenta una creciente crisis social. Se mantienen profundas desigualdades, existen serios problemas de pobreza, el crecimiento económico ha sido insuficiente y ha aumentado la insatis facción ciudadana con estas democracias -expresada en muchos lugares por un extendido descontento popular-, generando en algunos casos consecuencias desestabiizadoras” (Mark Malloch Brown, Administrador del PNUD, 2004) ¿Qué entendemos por concertación social? El concepto se refiere a los procesos de diálogos, negociación y acuerdos en los que participan representantes de sectores claves de la sociedad civil y del estado, en la adopción de políticas públicas. Una de sus modalidades importantes lo constituye la concertación tripartita en el ámbito de las relaciones laborales propiciada por la OIT desde su fundación en 1919. La concertación no es posible sin actores sociales estratégicos organizados y debidamente representados. Para ser viable, las instancias de concertación necesitan seleccionar a unas pocas organizaciones, reconocidas como más representativas. La concertación social constituye un canal de regulación intermedio entre el intervencionismo estatal y el mercado. Se sitúa en el plano de la coordinación entre el Estado y la sociedad civil. Remite a los espacios de organización y de acción autónoma de ciertos sectores sociales e instituciones importantes para el desarrollo económico y social. Supone ciudadanos activos y organizados. La capacidad de concertación de los interlocutores depende no sólo de su poder económico y político, sino de su credibilidad y legitimidad social. La concertación social puede ser interpretada como respuesta a las limitaciones de la democracia liberal desde dos puntos de vista: el neocorporativismo y el neo contractualismo. Oscar Ermida (1991) aclara estos conceptos en los términos siguientes:

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Véase: SULMONT Denis: La concertación socio- laboral en el Perú. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, Maestría en Relaciones Laborales.

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“El neo-corporativismo se concibe como un nuevo modelo económico, político y social que procura completar la democracia representativa “clásica” con la participación activa de los grupos profesionales en el diseño de las decisiones económico-sociales del Estado, mediante la concertación social, acuerdos sociales concretos o ciertos órganos tripartitos. Se distingue nítidamente del corporativismo autoritario por reconocer el pluralismo democrático tendiendo solamente a corregirlo o a mitigar sus efectos extremos a través de la concertación voluntaria, dejando incólumes los conceptos de libertad sindical y autonomía colectiva, reconociendo al conflicto y buscando solucionarlo por vía del consenso y no verticalmente desde el estado autoritario.”

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El neo-contractualismo es una nueva versión del pluralismo democrático. Destaca que el instrumento fundamental no es la decisión unilateral y heterónoma del estado, sino una clase de acuerdos que si bien incorporan al estado como tercera parte, conservan su carácter contractual”.

Es importante reconocer que las diferentes modalidades de concertación no sustituyen a las instituciones políticas del Estado y de la sociedad. Son modalidades de consulta, deliberación y de toma de decisión que intervienen en un contexto de crisis y que apuntan a ser asimiladas en formas institucionales más permanentes, o a desaparecer, una vez cumplida su misión. A fines de los años 90, el rechazo a las pretensiones re-eleccionistas del Presidente Alberto Fujimori y al poder corruptor de su asesor Viadimir Montesinos produjo una movilización democrática que activó diversas formas de concertación social y política. Entre las iniciativas que impulsaron este proceso, cabe mencionar la suscripción en noviembre de 1999 de un Acuerdo de Gobernabilidad por catorce Partidos, que apuntaba a propiciar una alternativa política al fujimorismo. Dicho acuerdo sugería una convocatoria amplia incluyendo a algunos representantes de la sociedad civil. Asimismo proponía: “utilizar la concertación entre el Estado, empresarios y trabajadores como instrumento para definir políticas sectoriales de mediano y largo plazo, que generen riqueza e incrementen el empleo productivo y la productividad mejoren la productividad de la industria y hagan crecer nuestras exportaciones, creando para ello, un Consejo Nacional de Concertación Laboral y Productivo “: Estas propuestas fueron recogidas e institucionalizadas por el Gobierno de Transición de Valentín Paniagua y el Gobierno de Alejandro Toledo, dando lugar a la instalación del Consejo Nacional de Trabajo en enero del 2001, y la firma del Acuerdo Nacional, enjulio del 2002. Otra iniciativa importante se refiere a las Mesas de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza, creadas a iniciativa del Ministerio de La Mujer y el Desarrollo Humano4 en enero del 2001. Recogiendo las experiencias acumuladas a lo largo de las décadas anteriores, estas mesas promueven la consulta y la participación de los diferentes actores en la formulación y 4

La ley orgánica de Gobiernos Regionales le dio rango de Ley en 2002.

ejecución de planes de desarrollo, especialmente en el ámbito local. Existen una mesa nacional, mesas regionales, provinciales y distritales. En el Comité Ejecutivo de la mesa nacional, participa la CGTP. Cabe mencionar el espacio de concertación que significa la Conferencia Nacional de Desarrollo Social (CONADES), evento anual impulsado por un conjunto de Organizaciones No Gubernamentales y organizaciones sociales, convocado por la Asociación Nacional de Centros con la finalidad de hacer un balance de la situación económica y social del país y proponer una agenda alternativa de desarrollo pensada desde la sociedad civil. Se institucionalizaron también una serie de instancias de concertación relacionadas con la educación, la salud, las personas discapacitadas, el trabajo infantil, la pequeña empresa y otros ámbitos de programas sociales y políticas públicas. INSTANCIAS DE CONCERTACIÓN A NIVEL NACIONAL • Consejos Sectoriales de Concertación • Consejo Nacional de Educación • Consejo Nacional de Integración de la Persona con Discapacidad • Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza • Comité Técnico Social Multisectorial • Acuerdo Nacional • Consejo Nacional de la Juventud • Consejo Nacional de Salud • Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil • Comisión Multisectorial Mixta Permanente encargada de elaborar, proponer y monitorear el Plan Estratégico Nacional Exportador • Comisión Multisectorial encargada del seguimiento, monitoreo e implementación de las acciones señaladas en el Plan de Igualdad de Oportunidades de Personas con Discapacidad • Consejo de la Micro y Pequeña Empresa • Comisión Intersectorial de Empleo • Comisión Multisectorial del Programa Educación para el Trabajo • Comisión Multisectorial del Foro Nacional de Educación para Todos. Fuente: OIT, 2005.

La concertación social se convirtió en uno de los recursos para atender los conflictos regionales, los relacionados a los impactos ambientales y sociales de las inversiones mineras, y las múltiples demandas sectoriales (productores agrarios, transportistas, etc.). 3.2. El Acuerdo Nacional5 Al iniciar su gobierno, Alejandro Toledo encargó al Primer Ministro Roberto Dañino la tarea de realizar consultas con organizaciones políticas sociales dispuestas a suscribir un compromiso con un conjunto de “políticas de Estado”. Las negociaciones culminaron con un acuerdo firmado por el Gobierno, siete

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Véase Vildoso, 2005.

partidos políticos y siete organizaciones de la sociedad Civil6. 6 Los firmantes conformaron el Foro del Acuerdo Nacional.7

FIRMANTES DEL ACUERDO NACIONAL (22 de julio del 2002) • Por el gobierno: Presidente de la República; Primer Ministro. • Por los Partidos Políticos: APRA, Acción Popular, Unidad Nacional, Perú Posible, Frente independiente Moralizador, Somos Perú e Unión por el Perú. • Por la sociedad civil: Conferencia Episcopal Peruana, Concilio Nacional Evangélico del Perú, CONFIEP, Sociedad Nacional de Industria, CGTP, Frentes Regionales, Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza.

Acuerdo Nacional; Política Nacional N 24: Afirmación de un Estado eficiente y transparente Nos comprometemos a construir un Estado eficiente, eficaz, moderno y transparente al servicio de las personas y sus derechos, y que promueva el desarrollo y buen funcionamiento del mercado y de los servicios públicos. Nos comprometemos también a que el Estado atienda las demandas de la población y asegure su participación en la gestión de las políticas públicas y sociales, así como en la regulación de los servicios públicos en los tres niveles de gobierno. Garantizaremos una adecuada representación y defensa de los usuarios de esos servicios, la protección a los consumidores y la autonomía de los organismos reguladores. Con este objetivo el Estado: (a) incrementará la cobertura, calidad y celeridad de la atención de trámites así como de la provisión y prestación de los servicios públicos, para lo que establecerá y evaluará periódicamente los estándares básicos de los servicios que el Estado garantiza a la población; (b) establecerá en la administración pública mecanismos de mejora continua en la asignación, ejecución, calidad y control del gasto fiscal; (c) dará acceso a la información sobre planes, programas, proyectos, presupuestos, operaciones financieras, adquisiciones y gastos públicos proyectados o ejecutados en cada región, departamento, provincia, distrito o instancia de gobierno; (d) Pondrá en uso instrumentos de fiscalización ciudadana que garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en todas las instancias de gobierno: € erradicará la utilización proselitista del Estado y la formación de clientelas; (f) mejorará la capacidad de gestión del Estado mediante la reforma integral de la administración pública en todos los niveles; (g) reducirá los costos de acceso a los bienes y servicios públicos; y (h) revalorará y fortalecerá la carrera pública promoviendo el ingreso y la permanencia de los servidores que demuestren alta competencia y solvencia moral.

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El criterio fue mantener una paridad entre el número de partidos y de organizaciones de la sociedad civil. 7 En 2004 se sumaron en calidad de invitados la Plataforma Agraria de Consenso (Carta Verde) y algunos otros partidos.

FUNCIONES DEL ESTADO (NOTAS POR ORDENAR) Estado y la democracia Elitismo, pluralismo Wright Milis, autor de La elite del poder (1956); Alter Burnham (19579 Estrecha relación entre las élites económicas, militares y gubernamentales. Distintas élites en competencia; poder compensador: si un grupo demuestra ser mas fuerte que los demás, éstos desarrollan estrategias como contrapeso. No hay un centro de gravedad fijo en la toma de decisiones: hay múltiples centro de poder, ninguno de los cuales es completamente soberano. (Dahl 1967: 54.). Clara distinción entre Estado y sociedad civil, entre el poder económico y político. El proceso político es un continuo de negociación y conflicto entre diferentes grupos con intereses dispares (Gonzalo y Requejo, 2003) los intereses que son dominantes en una determinada área de políticas no lo son necesariamente en otras áreas. Se sobre estima la facilidad de acceso de ciertos grupos al proceso político.; no influye sólo los recursos, sino el contexto ideológico institucional. Exclusión de temas de la agenda pública. Menosprecia la, enorme influencia de las grandes corporaciones económicas sobre el Estado. Exito económico Influencia sobre los medios de comunicación. Gobierno sobrecargado. Expansión del Estado de bienestar generó una situación de ingobernabilidad. 3. 4. Funciones del Estado. Garantizar la producción y el acceso a bienes públicos. Resolver las fallas del mercado. Actividades empresariales del Estado y servicios públicos. Principio de subsidiaridad En los países de economía de mercado, el estado asume la defensa nacional la educación pública, el sistema de correo.., electricidad, agua, telecomunicación, puertos. A: regular la empresa privada actividades donde la competencia no es viable. Los mercados son eficientes cuando son competitivos. El estado interviene de dos formas: hacerse cargo directamente o regular, asumiendo el control de precios, evitar que ejerzan su poder de monopolios En las últimas décadas, se ha ido sustituyendo las empresas públicas por la producción privada con regulación (Stiglitz: 2002: 220) Proceso de privatización en el Perú. Se considera que el Estado es un productor ineficiente. .Se recurre a empresas privadas. Monopolio natural; producción pública de bienes privados. Actividades en las que los rendimientos crecientes de escala conforman monopolios naturales. Caso del agua, red de tuberías. Costos enterrados: costes que la empresa no puede recuperar cuando abandona el mercado. Por ejemplo gastos en investigación. Causas de la ineficiencia del sector público: Diferencias organizativas (s, p. 231): incentivos. Dado que las empresas publicas no actúan movidas por los beneficios, tienen pocos incentivos para maximizar la productividad. Suelen actuar movidas por el interésa político, como crear empleo. No pueden quebrar; la pérdidas se cubren. Remuneración excesiva del personal público; la confianza en el funcionario público es

fundamental. Por eso se establecen normas rigurosas. Rígidez difícil competencia con el sector privado. Supervisión de las compras de materiales. Conductas burocráticas: aumentar el presupuesto con el fin de aumentar su poder y prestigio, maximizar el tamaño de su burocracia (Ley de Parkinson). Problema de la relación entre principal y agente (ciudadanos y funcionarios públicos. Aversión al riesgo. Atenerse a los procedimientos; papeleo. No es necesario privatizar la empresa para resolver estos problemas: se ensayan diferentes tipos de solución: Empresas públicas, y organizaciones basadas en los resultados. Empresas públicas. Son de propiedad del estado, pero actúan en forma similar a la empresa privada. Fase previa a la privatización, la corporatización (p.238): liberase de las restricciones respeto a la persona, las compras de material y el presupuesto. Las organizaciones basadas en los resultados son organismos públicos cuyos funcionarios son retribuidos en función de su rendimiento. El Estado crea y dirige empresas públicas. ¿Qué diferencia una institución pública una empresa privada? En primer lugar, los encargados de dirigir una institución públicas son nombradas por personas a las que se reconoce una autoridad política legitima mientras que en las empresas privadas, el director es elegido por accionistas, de acuerdo al monto de su aportes de capital.. En segundo lugar, el Estado dispone de facultades de coerción de las que carecen las empresas (Stiglitz, 2002, p. 21): privadas (por ejemplo puede imponer multas, encarcelamiento) Principio de subsidiaridad) Las transacciones entre particulares tiene un carácter voluntario. “Puede pensarse en el sector público como una forma última: si los mercados competitivos no funcionan, puede probarse con contratos competitivos de larga duración; si ellos no son suficientes, conviene establecer firmas.. Si éstas son insuficientes agregar regulación y dejar el recurso a las organizaciones públicas cuando todo lo demás falla, en términos comparativos” (LAHERA PARADA, Eugenio (2002) Introducción a las políticas públicas, Santiago de Chile: Fondo de Cultura Económica, p. 28) Principio de subsidiaridad… Programas públicos de asistencia social: Red de seguridad Agencias de Servicios básicos Hospitales, Clínicas, Centros de Salud La diferencia entre la clasificación como “clínica” u “hospital” depende de si los servicios son parte del sector privado o del sector público. El tamaño de un hospital o de una clínica está determinado por el número de cama conque cuenta. Una clínica es de mediano tamaño si es que cuenta con hasta sesenta camas para internados (Luis Tsukayama Cisneros, Clínica Vesalio S.A.C. Estudio de Caso, Lima, PUCP- CC.SS., 2005). Principio de subsidiaridad: obligación que tiene el Estado de realizar una actividad empresarial únicamente ante la ausencia de de inversión privada. Requisito; autorización del Congreso; por razón de alto interés público. Argumentación: el Estado es un empresario ineficiente. Las empresas públicas generan competencia desleal respeto a las empresas privadas que concurren en el mercado, desincentivan la N conviene privatizar.

Papel del Estado: atender a las externalidades, a la falta de incentivos para asegurar la producción de una amplia gama de bienes públicos cuyos beneficios se dispersan; establecer reglas de juego; provisión de una infraestructura nacional, gestión fiscal, servicios públicos, políticas sociales. Los fallos de la intervención del Estado: (a) Información limitada, (b) Control limitado sobre las empresas privadas; (c) control limitado de la burocracia” El Parlamento aprueba leyes pero delega su ejecución en un organismo público. Este puede tardar su reglamentación. . y (limitaciones impuestas por los procesos políticos) (Stiglitz 2002, p. 17). Lograr un equilibrio entre el sector público y privado. Un nuevo consenso: liberalización (reducción del papel del Estado en la regulación de la economía. Privatización, transferencia al sector privado de actividades que antes realizaba el Estado. Un organismo público una instancia de toma de decisión y de gestión de políticas públicas que dependen de un conjunto de “mandantes” (electores, partidos políticos, gobierno, usuarios directos, parlamento, gremios.. La gestión superior del Estado es la llamada a especificar las orientaciones generales en políticas; a buscar el indispensable apoyo político y social para éstas — incluyendo el parlamentario -; a responsabilizar a un número reducido de funcionarios claves en su gestión, y a orientar los procesos de evaluación de las políticas. (Lahera, 2002, p. 93). Las instituciones públicas prestan servicios a público en forma gratuita; los costos son cubiertos por asignación de recursos fiscales. La disciplina financiera es asegurada mediante medidas de control interno Productividad del gasto público: eficiencia en función de los costos y combinación optima de productos. ¿Cómo mejorarla gestión del gasto público: mediante una oficina especializada; vínculo entre financiamiento y resultado; mayor flexibilidad y transparencia (Lahera p. 146) Reforma de la gestión del personal (p. 189). Corrupción: utilización de potestades públicas para servir intereses particulares (p. 195) El modelo burocrático del Estado fue diseñado en una época en que parecía posible planificar de un modo racional para prácticamente cualquiera circunstancia. Pero esta modalidad no está en sintonía con los cambios organizacionales que inducen las políticas públicas. Se debería pasar del Estado de procedimiento al Estado de responsabilidad en la aplicación de las políticas públicas” (p. 200). Simplificación de los trámites para crear una empresa. Los Ministerios no deberías actuar como órganos administrativos de ejecución, sino proponer y evaluar políticas y planes, estudiar y proponer normas aplicables a su sector, velar por su cumplimiento (p. 201) Delegar la gestión operacional a agencias cuyos directores tienen un margen de autonomía real. Estado, papel normativo más que ejecutor; pero manteniendo su liderazgo en la mejora de las capacidades administrativas. Instrumentos de gestión: informatización; mecanismos tipo mercado (externalización); provisión privada de servicios públicos; competencia regulada. Regulación, respuesta a fallas del mercado. lnstitucionalidad reguladora. Entidades del Estado: Existen un conjunto de organismos estatales que no constituyen organismos descentralizados u organismos constitucionales

autónomos. Por ejemplo, las llamadas personas jurídicas estatales de derecho público interno, como las Universidades Públicas, o las llamadas Empresas del Estado: personas jurídicas estatales regidas por el derecho privado. Las empresas públicas, en ciertos aspectos están sujetas al derecho privado (por ejemplo, el régimen laboral, mientras en otros aspectos están sujetas al derecho administrativo (por ejemplo la contratación de bienes o servicios... (Christian Guzmán Napuri, Página Blanca Editores, Lima, 2004, p. 71).