Brian Massumi. La política cortocircuitada: Derecho preferente y contestación

La política cortocircuitada: derecho preferente y contestación. A propósito de la movilización estudiantil en Québec Autor: Brian Massumi Fuente: Le politique court-circuité; préemption et contestation. Multitudes, No. 50. Paris, septiembre de 2012, pp. 49-54. ISSN: 0292-0107. URL original:

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---------------------------------------------------------------------------------------------------------Massumi, Brian « La política cortocircuitada: derecho preferente y contestación. A propósito de la movilización estudiantil en Québec ». URL: http://www.uninomada.co/inicio/index.php/biblio Título original: « Le politique court-circuité; préemption et contestation». Multitudes, No. 50. Paris, septiembre de 2012, pp. 49-54.

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La política cortocircuitada: derecho preferente y contestación A propósito de la movilización estudiantil en Québec

Brian Massumi Departamento de Comunicaciones Universidad de Montreal (Canadá) 5 de junio de 2012 Traducción: Ernesto Hernández B. UniNómada, Colombia Nota introductoria del editor El 12 de febrero de 2012, los estudiantes de toda la provincia de Québec se declararon en huelga general iniciando así su lucha contra la mercantilización de la educación impulsada por el primer ministro Jean Charest, cuyas medidas incluían un alza escalonada en las matrículas de la educación superior que entraría a regir en otoño del mismo año. El movimiento se desarrolló bajo un clima de brutal represión policial que, a finales de mayo de 2012, dejaba una saldo de más de 2000 arrestos, imposición de multas hasta por 600 dólares a los manifestantes y apertura de procesos penales a alrededor de 700 personas, sin mencionar el número de lesionados durante las protestas. Rápidamente, el movimiento estudiantil se fue transformando en un amplio movimiento social que convocó la participación de otros sectores. En respuesta, el gobierno promovió la Ley 78 que fue aprobada por la Asamblea Nacional de Québec el 18 de mayo de 2012: una ley de emergencia que incluía la suspensión del año escolar en instituciones afectadas por huelgas, la imposición de fuertes multas a cualquiera que alterara las clases o tratara de bloquear el acceso a una escuela, la prohibición de las manifestaciones a menos de 50 metros de una universidad o instituto de educación y de las reuniones de más de 50 personas en sitios públicos sin previa notificación a las autoridades, así como limitaba dónde, cuándo y durante cuánto tiempo podía protestar la gente en Québec. La duración de la aplicación de la ley se extendía hasta el verano de 2013. El 22 de mayo de 2012 en Montréal una manifestación de más de 400.000 personas marcó el día número cien de la huelga general indefinida llevada a cabo por el movimiento estudiantil de Québec, que se opuso al alza de las matrículas y a la nueva Ley 78 que criminalizó la protesta social.

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En opinión de muchos, la adopción por parte del gobierno de Charest de la Ley Especial 78 sobrepasa los límites. Las coacciones formales que apuntan a limitar la libertad de asociación y el ejercicio de la libertad de expresión han sido respondidas ante los tribunales 

Texto original: Le politique court-circuité; préemption et contestation. Revista Multitudes, No. 50. Paris, septiembre de 2012. Las nociones de “derecho preferente y contestación” tienen el sentido de preferencia o prioridad de imponer las condiciones, o ejercer la fuerza en virtud de un derecho concedido por la ley. [N del T].

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por las asociaciones de estudiantes reunidas en una coalición de 140 organizaciones de la sociedad civil. La medida de urgencia ha producido una serie de protestas mediáticas a escala internacional, muchas de ellas en paralelo con las que se adelantan contra la Rusia de Putín, mientras Amnistía Internacional, sin pelos en la lengua, ha denunciado la situación. Pero sobre todo, la imposición de la Ley Especial ha tenido el efecto de profundizar la determinación de los estudiantes huelguistas en su lucha contra el alza en los costos de la escolaridad, además de incitar a otros sectores de la sociedad de Québec a abrazar su causa. De modo que en lugar de frenar el movimiento, la Ley Especial 78 lo ha intensificado, llevándolo al punto de ebullición de un movimiento general de contestación. La cólera popular ha desbordado por todas partes la tentativa descarada de cortocircuitar la negociación social de una apuesta política más amplia, simplemente con un decreto autocrático venido de arriba.

Hacia una lógica del derecho preferente

Pero más allá del exceso manifiesto debido a los medios empleados para hacer callar a los manifestantes, está la sorpresa aparente del gobierno de Charest frente a la amplitud de la reacción que ha desencadenado y que deja mucho por reflexionar. La Ley ha sido presentada con una extraordinaria indiferencia, como si sus disposiciones no se instituyeran en ruptura con el procedimiento normal de funcionamiento, y como si representara un simple cambio de grado más que de naturaleza. Esa actitud merece que la miremos con más detenimiento. La actitud revela una proposición implícita, a saber, que la Ley 78 debería ser considerada en continuidad con la situación normal. La hipótesis tácita que deja sobrentendida la despreocupación gubernamental es que la Ley Especial 78 no hace más que oficializar una situación ya en vigor de facto. En otros términos, el cortocircuito de las negociaciones sociales —el desdibujamiento de la política entendida de manera más general como el ritual de abdicación del poder de decisión en favor de una élite dirigente de decididores sustitutos a través del ejercicio periódico de un voto para la menos peor o más soportable de las opciones— es una realidad a la que la masa debería ya haberse habituado.

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La primera indicación de que efectivamente este es el caso, al menos por ahora, es que el Servicio de Policía de la Ciudad de Montreal (SPVM) no ha considerado necesario invocar la Ley 78. En efecto, ha procedido como si no se tratara de nada. En Québec, como en otras partes de Canadá, inmediatamente después de la Cumbre de Las Américas en Québec en 2001 y de las manifestaciones contra el G20 en Toronto en 2010, observamos un cambio profundo en la manera como las fuerzas policiales ejercen sus funciones. El cambio reside en el paso de una lógica de la aplicación [por la fuerza] a una lógica del derecho preferente. Derecho preferente no significa prevención. La diferencia consiste en que el derecho preferente produce activamente eso que combate, dándose así la ventaja de elegir los campos de batalla y la posibilidad de responder con las tácticas de su predilección 1. El pretendido rol de la policía es el de combatir la ilegalidad. Después de varias oportunidades desde el inicio de las respuestas, por ejemplo, el SPVM declara ilegal una manifestación e inmediatamente ataca a todos los individuos presentes con una fuerza desmesurada poniendo sus vidas en peligro, y esto como reacción a una pequeña minoría que provoca a las fuerzas del orden con actos de vandalismo menor y pedreas. ¿De qué se trata en este caso si no de la producción sistemática de la ilegalidad como estrategia del Estado? Esto termina por criminalizar el ejercicio del derecho de asociación y de libre expresión para la gran mayoría de quienes participan de manera no violenta en las manifestaciones, cortando de raíz sus veleidades democráticas. En otras palabras, las manifestaciones pacíficas son declaradas culpables por asociación.

El único cambio que la Ley 78 ha aportado a esta estrategia es que, después de su adopción, la policía ha comenzado a declarar las manifestaciones como ilegales aún antes de cualquier infracción, y en algunos casos, antes de que la manifestación haya comenzado. Los portavoces de las fuerzas policiales han tomado la precaución de subrayar que esto se hace sin invocar la Ley 782. Animado por la Ley 78, pero no en función de esta, el SPVM 1

Para más detalles acerca de esta distinción conceptual, cf. Massumi, Brian. “Potential politics and the Primacy of Preemption”. Theory and Event 10(2), 2007. 2 El SPVM declara ilegal una manifestación antes de que comience. La Prensa (23 de mayo de 2012): “A las 20h 39, antes de que se dé inicio a la marcha, el SPVM ha anunciado que la manifestación era ilegal… Algunos cientos de personas se encontraban en el parque Émilie-Gamelin cuando el inspector Alain Simoneau dio el parte de esta decisión; lo hace porque los responsables de la concentración no habían proporcionado el itinerario a los policías, en virtud del reglamento de la Ciudad de Montreal, y no de la Ley 78”.

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ha llevado la lógica del derecho preferente un paso más allá en su dirección natural. Del cortocircuito de las contestaciones por la culpabilización por asociación, ahora la policía pasa a criminalizar a priori las manifestaciones, de manera que las impide antes de que tengan lugar. Cualquier reunión de más de 50 personas que no esté autorizada previamente por las fuerzas del orden y que no se desarrolle íntegramente según sus términos es considerada de entrada ilegal. Pero seguramente las manifestaciones que se someten a los términos impuestos previamente por las autoridades no son de ninguna manera contestatarias. Constituyen actos de obediencia orquestados.

He aquí la operación del derecho preferente tal como se efectúa en su bucle más cerrado. No espera los habituales signos precursores, tales como las piedras lanzadas contra las líneas potentemente armadas de la policía, antes de criminalizar en su totalidad un acontecimiento a fin de prevenirse contra eventuales desbordamientos. Actualmente, la anticipación pasa a la escena previa para ejercerse a priori. El efecto deseado es el de traducir, manu militari, la criminalidad en obediencia directa. El acto colectivo de voluntad política consistente en reunirse en la plaza pública para expresar su desacuerdo y así hacer presión con miras a una resolución alternativa a una situación conflictiva es apresada en un movimiento en tenaza que lo condena a la no existencia. Si esta conexión directa entre culpabilidad a priori y obediencia directa les parece orwelliana… eso no es nada. Si esta desaparición del lugar de la política les parece totalitario… eso no es decir gran cosa, pues se trata de un asunto nuevo, para el cual debemos inventar nuevos conceptos y nuevas respuestas.

La universidad, industria de servicios

Para empezar a comprender de que género de formación más amplia hace parte el derecho preferente, es útil dirigir la atención hacia otro punto de su despliegue. Un movimiento en tenaza parecido al utilizado en las calles se ha aplicado a los profesores en clase desde las primeras etapas de la huelga estudiantil. Los profesores de muchas universidades y colegios han sido advertidos por sus administraciones de que se encontrarían violando el contrato y podrían enfrentar medidas disciplinarias e incluso suspensiones si ellos o ellas expresaban 4

su apoyo a la huelga estudiantil, o si dejaban saber a los educandos que no iban a ser penalizados si participaban (por ejemplo, dándoles evaluaciones parciales o estableciendo planes de recuperación para las horas de clase a las que faltasen)3. No sólo esos decretos definen el ejercicio del derecho de asociación de los estudiantes como ilegitimo a priori, sino que instauran al cuerpo profesoral en el rol de responsable de la aplicación de los decretos administrativos.

Esto se hace, en primer lugar, relegando a los profesores al rango de simples empleados sin otro estatuto y desprovistos de cualquier rol social o político, y en segundo lugar, incorporando a esta definición de la labor un deber implícito de hacer respetar las reglas institucionales a nombre de la administración. Otro cortocircuito entre la criminalización a priori de la acción colectiva y la obediencia directa ha encontrado su lugar, mofándose de paso del principio de libertad académica sobre el cual la universidad, comprendida como lugar de una educación liberal, está teóricamente fundada. Ciertamente, algunas raras y preciosas voces han hecho valer su oposición; para los numerosos profesores que fácilmente se han dejado enrolar en esta lógica del derecho preferente, que conserven en su espíritu —y con la vergüenza con la que conviene recordarlos— estos acontecimientos, a fin de que semejante capitulación no se repita de nuevo.

El hecho es que las administraciones universitarias y los gobiernos provinciales y nacionales en Canadá no consideran más a la universidad como el lugar de la educación liberal; la conciben como una industria de servicios. La movilización colectiva de los estudiantes sólo puede parecer ilegitima respecto de otro derecho ahora puesto en primer plano: el “derecho” individual del estudiante a recibir el servicio por el cual ha pagado. Un cierto número de estudiantes han demandado individualmente y obtenido conminaciones judiciales sobre esta base, negando así el derecho colectivo de las asociaciones estudiantiles en huelga de dirigir sus piquetes frente a los salones de clase. Esta redefinición del estudiante como cliente y de la educación como una industria de servicios a la carta, vuelve a plantear la pregunta fundamental por el rol que la educación juega o debería jugar en la 3

“El Conservatorio de Música de Montreal… ha suspendido temporalmente a una de sus profesoras por haber reconocido la huelga de los estudiantes del establecimiento”. Cf. Huelga estudiantil: profe suspendido. (La Presse, marzo 26 de 2012).

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sociedad, y si la educación misma debería considerarse como un derecho. La cuestión de la educación es presentada como un asunto clasificado, incluso antes de habérselo planteado. En una palabra, la educación es derecho preferente como juego social y político.

El formateo capitalista de la educación

La lógica de la que provienen estas estrategias de derecho preferente aparece en adelante en toda su claridad: es la lógica del capitalismo neoliberal. Según esta lógica, la universidad, como todos los sectores de la vida, debe estar subordinada a los imperativos del mercado. Quienes están dentro de los establecimiento de enseñanza son considerados esencialmente a título de actores económicos (empleados, clientes), así como la institución en su conjunto sólo puede justificar su existencia por la adaptación de su estructura y de sus modos de funcionamiento —tanto a nivel de la enseñanza como a nivel de la investigación— en función de las presuntas necesidades del mercado. Cualquier lógica de funcionamiento social que no esté directamente formulada en los términos del modelo económico neoliberal es tratada como nula y sin valor.

La cuestión del aumento en los costos de la escolaridad no ha sido nunca un simple asunto de finanzas individuales de los estudiantes. Desde el inicio, las asociaciones de estudiantes han ligado con lucidez el alza de los costos de la escolaridad a juegos de mayor envergadura. Apoyados en los estudios adelantados por el Instituto de Investigación y de Informaciones Socioeconómicas (IRIS por sus siglas en francés), ellos han puesto en

evidencia numerosos problemas tales como la disminución progresiva del porcentaje de financiamiento otorgado a las universidades afectando la enseñanza respecto del crecimiento continuo de las estructuras administrativas, así como del salario de los cuadros superiores (una tendencia que se refleja igualmente en el sector privado). Igualmente han señalado la imbricación siempre más estrecha entre investigación y producción de resultados “económicamente rentables” y útiles a la industria, lo cual lleva a la universidad a ser una forma de prestatario social para empresas que le permiten externalizar las funciones de investigación antaño efectuadas y pagadas en su interior. Con justeza, entonces, ellos han denunciado el cinismo con el que se pretende que cualquier aumento de 6

los recursos debido al alza en los costos de la escolaridad sirva para mejorar la calidad de la enseñanza, a sabiendas de que, por ejemplo, nunca en la historia de Québec un alza en los costos se ha traducido en una mejora de la razón numérica profesor/estudiante.

Las asociaciones de estudiantes razonablemente han mantenido la sospecha de que el aumento en los costos exigido por el gobierno no haría más que confirmar la subsunción de la universidad en la lógica del neoliberalismo, subvencionando a un alto precio a una clase de managers que prometen más “eficiencia” y un sistema de subcontratación de la investigación en beneficio de la industria, el control del financiamiento, deslizándose seguramente entre las manos del imperio del mercado. La cuestión de los costos de la escolaridad está entonces constituida desde el inicio como un juego crítico en el seno de un debate más amplio sobre el rol de la educación en la sociedad actual, en un contexto en el que estamos enfrentados al hecho cumplido de que, en el precipitado camino de su integración a “la economía del saber”, la vocación liberal tradicional de la universidad en tanto que lugar de investigación libre e incubador del pensamiento crítico está ahora desueto.

Las políticas del derecho preferente, ya sea que se pongan en funcionamiento en las calles o en los anfiteatros de la academia, son el modo de expresión política de la colonización por el neoliberalismo de todos los sectores de la vida según el modelo económico. En el marco de este modelo, la figura del “ciudadano” como actor social fundamental es remplazada por la del individuo redefinido como “capital humano”: lo que algunos comentadores han llamado el “individuo-empresa”4 (que es también, y esto seguramente no es una simple coincidencia, el sujeto de la deuda perpetua5). El derecho preferente es el modo de expresión política de la despolitización a priori de la vida bajo el abrigo del economicismo. La formación del derecho preferente no es ni orwelliana, ni totalitaria en su estructura de base, aun si produce efectos de esa naturaleza cuando se abate en las calles o se infiltra en

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Foucault, Michel. El nacimiento de la biopolítica. Curso en el Collége de France (1978-1979). Paris, Seuil, 2004. 5 Cf. Lazzarato, Maurizio. La fabrique del’homme endetté: Essai sur la condition néolibérale. Paris, Editions Amsterdam, 2011.

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los anfiteatros de nuestras instituciones. Ella es en sí misma simplemente capitalista: es el formateo económico de la vida bajo el régimen actual del capitalismo.

Lo que los profesores tienen que aprender de los estudiantes: ¡Viva la ineficiencia! El derecho preferente es la forma de expresión de la lógica de usurpación economicista del capitalismo neoliberal de la esfera antigua conocida con el nombre de “política”, entendida en el sentido más amplio como movilización colectiva para la contestación social y la negociación. Constituye el ala (des-)política de la lógica operatoria de economización del neoliberalismo. Tenemos que subrayar esta convergencia entre el capitalismo neoliberal y los efectos de autoritarismo que acompañan la operación del derecho preferente que no es ni una respuesta ni un punto final. Es una llaga abierta, una pregunta abierta que reclama una revisión profunda de nuestros conceptos de gobierno, de esfera pública, del lugar de la educación, así como de nuestras estrategias respecto a ellos. Este es sólo el inicio. Desde el punto de vista de la lógica reinante del economismo, el compromiso de las asociaciones de estudiantes a favor de la experimentación de formas de democracia directa, como base colectiva de re-politización de las preguntas que les conciernen —compromiso denigrado con un desprecio apabullante por la prensa— no puede considerarse un ejercicio pueril e “ineficiente”.

Si los profesores quieren reivindicar o reinventar por su propia cuenta un rol diferente al de empleados en una sub-industria corporativa, harían bien en inspirarse en la “ineficiencia” de sus estudiantes. Para que la universidad tenga una oportunidad de encontrar su rol social, o mejor, inventar uno nuevo para el futuro, se requerirá una cosa de sus profesores: que vuelvan a actuar colectivamente en la gran arena como actores sociales y políticos, más allá de los límites de su institución, oponiéndose a la reducción de su posición a la de policías del modelo empresarial.

Para hacerlo, sus asociaciones deberán aprender a partir de su propio corporativismo; pensemos, por ejemplo, en el comportamiento interesado de los sindicatos de profesores durante la huelga de 2005 en la Universidad de Montreal, en la que le dieron prioridad al alza del salario de los profesores, en detrimento de las apuestas ligadas a la calidad de las 8

condiciones del trabajo que tiene una incidencia directa sobre la calidad —y la naturaleza— de la oferta educativa. Sería ya un primer signo alentador la participación de la Federación de los profesores de Québec, así como del sindicato de profesores de la Universidad de Montreal, en la acción de justicia contra la Ley 78, sin contar con el apoyo cada vez más manifiesto de numerosos profesores a la huelga estudiantil6, lo cual puede interpretarse como los primeros pasos hacia una especie de corporativismo tradicional —y hacia la calle, codo a codo con los estudiantes que han tenido el coraje de catapultar los problemas de la universidad y la cuestión de salir del escenario político determinado por el neoliberalismo a una escena de avanzada en el debate público, en el momento en que la determinación de sus mayores se ha mostrado tan claramente desfalleciente—.

Si las acciones del gobierno Charest justifican ampliamente que se le cierre la puerta en las próximas elecciones, la Ley 78 no merece nada mejor que ser relegada por los tribunales a las mazmorras de la historia legal. Pero si la respuesta popular se queda en las urnas o en las acciones de la justicia, se habrá perdido una oportunidad histórica: la oportunidad de una re-politización —en el sentido fuerte y más democrático del término— del proyecto social quebequés, que por ahora sigue estando incompleto. No es solamente a una elección burocrática a lo que nos vemos confrontados, como nos lo recuerdan permanentemente los estudiantes desde el inicio del movimiento. Aquí se juega, nos dicen ellos, una elección de sociedad. Y en esto tienen razón. Todos tenemos la responsabilidad colectiva de velar que lo que se elija no se abisme en el business as usual.

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Por ejemplo: “Cerca de 500 profesores de la universidad firman una carta apoyando a los estudiantes en huelga”.

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