Book Chapter, Estado, violencia y criminalidad en América Latina: conceptos y categorías a partir de los casos Colombia y México, Berlin: tranvía 2017 (final draft)

Estado, violencia y criminalidad en América Latina: conceptos y categorías a partir de los casos Colombia y México Alke Jenss La consigna de las protestas en México a partir de octubre del 2014 ― ‘Fue el Estado’ ― convirtió a Ayotzinapa en un caso simbólico que hace obvio para un público más amplio lo que algunas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos vienen señalando desde hace años (p. ej. ACUDDEH 2012): la transformación de la estatalidad mexicana va de la mano de una colusión entre Estado y criminalidad. Partimos entonces de la tesis de que, más que un intento fallido por combatir la delincuencia organizada, lo que observamos es una convergencia de intereses (coyuntural) por parte del Estado heterogéneo como origen de la escalada de violencia. La violencia no es un fenómeno aislado y no debe ser analizada así. ¿Cómo entender la relación entre Estado y violencia en esta coyuntura compleja? Mientras los critical security studies entienden securitization como una transformación de lenguaje y analizan de qué manera un asunto se vuelve un problema en la política de seguridad para, en consecuencia, poder legitimar medidas excepcionales por parte del Estado (véase “Copenhagen School”, C.a.S.E. Collective 2006), acá el enfoque no son las dimensiones discursivas y lingüísticas. En vez de eso, este artículo cuestiona al Estado y a las modalidades de dominación y gobernanza mismas. El trabajo se divide en tres partes: la primera parte del ensayo comprende un cuestionamiento de ideas convencionales sobre el Estado. Aquí nos interesa la trayectoria histórica de conceptos, y partimos de la idea de que los conceptos teóricos no son libres del contexto en que fueron pensados (desde el debate latinoamericano, Bolívar 2010). Como consecuencia, existe en el trabajo analítico un posicionamiento histórico y contextual de teorías del Estado y la necesidad de un diálogo conceptual-científico entre distintas regiones del mundo en las cuales las condiciones de constitución de los Estados fueron diferentes. Por esa razón, en la segunda parte establecemos brevemente algunas categorías para pensar la estatalidad en América Latina tanto desde los aportes 'europeos' críticos como desde el debate latinoamericano. La tercera parte vuelve al ejemplo empírico mexicano y lo contrasta y compara con el caso colombiano, Estado que fue considerado "fallido" y pocos años después se convirtió en una llamada "estrella emergente" (Pres. Santos en Semana 2011). Los dos casos son ilustrativos del debate conceptual.1 1

Para este capítulo no se recogió una base empírica propia. Los datos citados fueron recogidos en el marco de mi tesis doctoral (Jenss 2015). El capítulo se basa en ese trabajo y reproduce algunos argumentos ahí desarrollados.

Perspectivas diversas del Estado. ¿Teorías desde el sur? La situación de violencia lleva a repensar lo conceptual: las altas cifras de homicidios y desapariciones forzadas en México (se habla de por lo menos 26.000 desaparecidos entre el 2006 y 2012, aunque podrían ser muchos más según Amnistía Internacional 2013) producen irritación ahí y en otros países latinoamericanos. El llamado “problema del narco” y una percepción de pérdida de control por parte del Estado se han convertido en elementos centrales del discurso mediático, político y científico, al punto de que incluso el discurso gubernamental se refiere repetidamente a la "captura criminal del Estado" (ExPresidente Calderón en The New York Times 2011; Kenny/Serrano 2012a: 198ff.). El resultado es que el “crimen organizado”, una entidad poco definida, aparece como fuente casi exclusiva de la violencia. El discurso del “Estado fallido”, por su parte, ha sido reemplazado por conceptos de "debilidad" o "fragilidad", por la exposición y vulnerabilidad hacia amenazas externas (OECD/INCAF 2012). Sin embargo, al ver estas deficiencias descubrimos poco sobre el papel del Estado mismo, ya que “todo depende de la amenaza exterior hacia el Estado” (Kenny/Serrano 2012b: 5f.). Una amenaza exógena al Estado emana de un enemigo situado al exterior del y opuesto a este, el cual se concibe como un ente claramente delimitado y monolítico. Sin embargo, desde una perspectiva sociológica parece poco preciso hablar de una "ausencia" de Estado, si para gran parte de la población, los agentes estatales representan un ente amenazante. Podemos resumir tres perspectivas sobre la relación entre crimen organizado y Estado: 1) Una corriente que percibe a las fuerzas criminales cooptando y penetrando al Estado desde afuera (World Bank 2011). 2) Otra corriente que sostiene que las aperturas económicas resultaron en un retiro del Estado de sus funciones básicas y por ende en el establecimiento de territorios “porosos”, en donde el “poder de facto” es ejercido por mafias (Salama 2008). 3) Una última que sugiere un primer cambio de óptica y una tercera perspectiva más compleja. Esta parece más prometedora, ya que le asigna otro papel al Estado y pregunta no solamente “cómo el Estado ha enfrentado el problema de la delincuencia, sino también cómo sus agentes e instituciones han sido partícipes en ella” (Cruz 2010: 83). El panorama no estaría completo sin afirmar que el Estado a veces “juega un papel primordial en la reproducción de este tipo de violencia” (por omisión, por impunidad o por acción directa) (Cruz 2010: 71).2 El cambio de perspectiva consiste en analizar las dinámicas políticas no exclusivamente desde el tema 2

La corrupción de funcionarios del Estado es un problema correspondiente. Sin embargo, el concepto “corrupción” no alcanza a abarcar la complejidad de los vínculos entre grupos del crimen organizado y actores legítimos; la magnitud del problema le convierte en un problema estructural, no de algunos pocos funcionarios individuales.

de la criminalidad, sino analizar las transformaciones materiales del Estado (lo cual incluye al tema de la economía ilegal). Esto se debe a que el Estado como ensamblaje institucional no ha sido reemplazado por entidades supranacionales, y la creciente transnacionalidad de las sociedades no implica que el papel decisivo del Estado como ente de segmentación del espacio hacia dentro se haya borrado (v. p.ej. Aronowitz/Bratsis 2002). Las concepciones habituales sobre el Estado tienen sus límites, y sin un marco teórico adecuado, el análisis de la situación conflictiva resulta insuficiente. Existe una multitud de aproximaciones teóricas 'desde el sur', no solamente como posicionamiento político para cambiar el lugar de enunciación, sino para disponer de conceptos más adecuados, tanto nuevos como complementarios, para analizar la realidad social en el 'sur' dónde "ensamblajes de capital y trabajo radicalmente nuevos toman forma" (Comaroff/Comaroff 2013:18). Este no es un argumento relativista o culturalista, sino que apunta a la tensión [Spannungsverhältnis] entre la teoría general del Estado y la historia particular de cada uno. Tres elementos de crítica se consideran importantes: primero, las interpretaciones corrientes ya mencionadas, sugieren que el Estado en el 'sur' no logra satisfacer las tareas pendientes. El ideal del Estado nacional moderno las lleva a afirmar que el Estado deficitario no ha terminado de desarrollarse. Parten de una imagen rígida post-weberiana de las funciones que el Estado nacional moderno requiere, definido por monopolios en el ejercicio de violencia y coerción, del derecho y fiscal y caracterizado por el elemento de la legitimidad. Ese enfoque pareciera 'olvidar' el origen de la propia concepción ideal que se aplica, apenas tomando en cuenta las distintas condiciones históricas de constitución y desarrollo. Sin embargo, los conceptos se desarrollaron a partir de la historia muy específica, y de hecho excepcional, de algunos países. Weber insistía en desarrollar tipos ideales a partir de la historia empírica que, como estaba consciente, no se iban a encontrar en la realidad (para una introducción véase Käsler 2011). El desafío para entender casos como el de México está, entonces, en extraer las condiciones que permiten un desarrollo empírico como el que se está observando en los últimos años, sin asumir que las condiciones (históricas) son las mismas que en Europa. Segundo, el imaginario supone que las transformaciones del Estado al fin y al cabo deben de llevar a una manera de gobernar más racional, para en un futuro llegar a ser como el ideal. Se supone una separación difusa entre Estados que funcionan y Estados, en su mayoría “no-occidentales”, que deberían modernizar sus instituciones. En este imaginario es casi imposible descifrar los arreglos estatales informales como algo potencialmente funcional, porque no corresponden con la idea del Estado moderno-burocrático de reglamentos formalizados. No hay mucho "espacio conceptual", como

argumentan Kenny/Serrano (2012a:220), para pensar órdenes factualmente distintos, aunque sea posible que justo en la flexibilidad de las instituciones esté su capacidad de función (Müller 2012). Un tercer punto está en el hecho fundamental de que el Estado no necesariamente es el garante del bienestar de todos (Allgemeinwohl), sino que puede crear y promover inseguridad estructural. La idea de que el Estado legítimo cumpla ciertas funciones frente a todos, tratando distintas partes de sociedad como iguales, reduce la problemática a un asunto de conducción de un mediador neutral. Sin embargo, la prioridad aquí no es indagar cómo es que el Estado puede funcionar de la mejor manera posible. Entender al Estado como relación de dominación y analizar las dinámicas y configuración históricoespecífica de esta relación ―en cada contexto― promete ser más fructífero. Entonces, el punto de partida en las relecturas latinoamericanas sobre el Estado (con influencia de interpretaciones neomarxistas) son las mismas relaciones sociales contradictorias y la reproducción del modelo de Estado bajo las condiciones conflictivas dadas. Se trata de comprender las modalidades institucionales de regulación en conflictos sociales, y “poder” y “dominación” como rasgos del Estado que tienen relevancia conceptual, porque nos ayudan a comprender las dinámicas. ¿Categorías posibles? En el intento de transcender los límites conceptuales mencionados, sugiero una concepción relacional del Estado a partir de la relectura del teórico griego Nicos Poulantzas (2002), quien remite tanto a la forma Estado como a la “condensación de las relaciones sociales” que encontramos en distintos aparatos del Estado y en la implementación exitosa de estrategias políticas, el tratamiento selectivo de iniciativas y la omisión de otros intereses que emanan de la sociedad diversa. Poulantzas (2002: 188; véase también Jessop 2008: 124) insiste en la heterogeneidad del Estado. Puntualiza que distintos elementos del Estado pueden implementar estrategias muy diversas, y hasta contradictorias.3 El Estado no es un bloque monolítico con una estrategia singular coherente, un instrumento de una clase social o un ente que funcione según una lógica predeterminada invariable. En cambio, el concepto de la selectividad estructural del Estado (Poulantzas 2002: 165) se refiere al acceso diferenciado de distintas fuerzas sociales a las instituciones del Estado. Diferentes mecanismos de estratificación coexistentes están inscritos en el Estado ya desde lo conceptual. Así se recalca el papel 3

El reciente debate latinoamericano sobre estatalidad (Thwaites/Ouvina 2012: 60) demuestra que es plausible la relectura tanto de Poulantzas como de O'Donnell: "El mapa de las instituciones estatales refleja, en cada caso histórico, los 'nudos de sutura' de las áreas que las contradicciones subyacentes han rasgado en su superficie. [...]la morfología estatal está signada por la necesidad de responder a las crisis y cuestiones que se plantean desde la sociedad, con sus contradicciones, fraccionamientos y superposiciones." (Thwaites/Ouvina 2012: 60)

clave que juega el Estado para estabilizar el modelo económico y a la vez pone énfasis en las diferenciaciones sociales y contradicciones que crea este mismo modelo entre fracciones de clase, entrelazándose con otras categorías. Del debate más reciente sobre estatalidad en América Latina, se resumen cuatro elementos importantes a tener en cuenta al analizar Estado en América Latina: 1) La configuración actual e histórica particular de sociedades, la cual el teórico boliviano René Zavaleta llamaba “sociedades abigarradas” (para la recepción en inglés véase Freeland 2014).4 2) Vinculadas a la fragmentación social, las relaciones de propiedad de tierras en países cuyos recursos naturales y su agricultura tienen gran peso en su estructura económica, tienen implicaciones para las modalidades de dominación. Mientras Mariátegui (1928) ya insistía en las implicaciones para el Estado de la estructura agraria dual en Perú, Alfredo Molano (1992) percibe la propiedad de tierras como factor del acceso al poder político. 3) Se destaca la integración asimétrica al mercado global, argumento que hace referencia a las teorías de dependencia (Thwaites 2012). La pérdida de autonomía sobre el propio espacio económico no es necesariamente nueva en el caso de los Estados latinoamericanos, aunque los patrones de dependencia, las hegemonías a nivel global y las relaciones de comercio en los niveles más concretos se hayan transformado profundamente. Esta y cada historia socio-económica se reflejan en la configuración institucional: la pregunta es cómo se configuran los impactos de transformaciones globales dentro de cada país y cómo se realiza la mediación entre el nivel global, de economía-mundo y las relaciones de fuerzas en cada sociedad. 4) Sociólogos como Orlando Fals Borda (2009) sostienen que la función de violencia se constituyó de forma distinta a la de países europeos. Sería entonces un asunto empírico si el Estado ejerce coerción directamente y por medio de un monopolio legítimo: si el monopolio de la violencia no es constitutivo para el Estado, su descentralización es plausible, en vez de presentar una anomia. La problemática de una criminalidad desbordada y corrupción no sería producto de una 'cultura del subdesarrollo', sino de factores históricos. El antropólogo Maldonado Aranda (2010) retoma esta idea en su trabajo sobre los “márgenes del Estado mexicano”, en sentido territorial, en prácticas y leyes donde se encuentran diversas formas de regulación en su punto medio, donde lo formal/formalizado y lo informal existen en conjunción. Maldonado (2010) se refiere a tecnologías biopolíticas en sentido foucaultiano, orientadas hacia la población y con diversas 4

Con este término apunta a lo heterogéneo en la sociedad. Insiste que, como consecuencia de la dominación colonial y sus elementos persistentes de clasificación social colonial, segmentos distintos de la sociedad existen de manera des-articulada y fragmentados, cosa que llevó a Luis Tapia (2010) a llamarlos "países multisocietales".

expresiones espaciales dentro de un solo territorio "nacional". Mientras que, en el imaginario liberal, lo ilegal es opuesto al Estado y siempre constituye un elemento exógeno, según autores como Poulantzas (2002: 104–122) o actualmente, Giorgio Agamben (2004: 9), existen elementos estructurales de contrariedad del Estado frente a sus propias reglas.5 La misma economía ilegal demuestra elementos legislativos; las fuerzas originarias de la economía ilegal influyen en la legislación. Esto no necesariamente constituye una 'captura' del Estado, sino que muestra el empleo de canales informales de influencia como otros actores con capital. Casos empíricos y conceptos en transformación: Coyuntura en México y Colombia El análisis comparativo entre México y Colombia se enfoca en el ámbito de políticas de seguridad a partir de 2002 y 2006, cuando en los dos países se anuncian cambios fundamentales en la estrategia de seguridad, y permite demostrar que las transformaciones procesadas van más allá de lo nacional. A partir de los conceptos de teorías de Estado mencionados nos preguntamos no solamente cuáles son los resultados del cambio de estrategia, sino cuáles fuerzas sociales apoyan las medidas y tienen acceso a estas decisiones. ¿A quiénes en la sociedad les parecen legítimas estas medidas? El resultado de la mirada comparativa es ambiguo, y está claro que ambos países presentan historias muy distintas y con diferentes patrones de acceso al Estado. Aunque aquí no se explicará la constitución de cada Estado y su desarrollo, el legado histórico tanto del autoritarismo prolongado del PRI en México (que siempre tuvo una base en la explotación del petróleo), como de los ciclos de violencia en Colombia (con un enfoque hacia las exportaciones), hacen de los dos países puntos de partida muy distintos. Hasta hace poco muchos habrían afirmado que una comparación entre los dos países era imposible. Sin embargo, en los dos países claramente se trasladaron recientemente tareas no-militares hacia el ámbito militar. No sólo se trasladó la autoridad civil local y regional a militares como pasó en un gran número de municipios en México desde el 2007; 6 también los servicios de salud y asuntos de medio ambiente. En Colombia hablaríamos de un proyecto de Estado que unía las medidas que apuntan al alineamiento “de los procesos internos” de las instituciones. A diferencia de eso, en México las 5

Tanto Agamben (2004: 9) como Poulantzas (2002: 104) destacan que en el núcleo de la democracia liberal ya están presentes la supresión del derecho y la derogación de leyes, tanto como el empleo de medios extralegales por parte del Estado. Agamben critica fuertemente la idea schmitteana de que el fundamento de la soberanía resida en el poder del soberano, quien es capaz de decidir cuándo se suprime la ley, como una perspectiva antidemocrática y autoritaria, ya que la idea schmitteana vuelve obsoleta cada crítica del Estado y del derecho liberal, porque desvalora las leyes frente a la capacidad de decisión del Estado. 6 Kenny y Serrano (2011:208) afirman que después del 2009 dos tercios de las direcciones de policía a nivel local y regional tienen mando militar; muchas veces se trata de militares retirados del servicio.

fracciones dominantes no logran hacer parecer sus intereses como propicios para el bienestar de todos (Allgemeinwohl), como universales. Además, se observa un forcejeo entre distintos aparatos de seguridad, sobre todo ejército y marina, y empiezan a aparecer nuevos actores en ese ámbito, mientras que, en Colombia, siguiendo a Franco Restrepo (2009), se podría hablar de una (re-)institucionalización de prácticas paramilitares hacia lo militar. En México, la iniciativa de ley de seguridad nacional falló, aunque por la vía de facto ya se habían ampliado las competencias militares, mientras que en Colombia el proyecto de ley de Justicia y Paz ―como elemento central de la estrategia de desmovilización― sí se logró implementar desde el 2005 e hizo visible la influencia de la llamada 'clase emergente' en procesos de legislación. En México algunos activistas interpretan las medidas tomadas en el marco de la "guerra contra la delincuencia" como dispositivo de disciplinamiento preventivo, así como mecanismo de control de sectores organizados y no-organizados. Para determinar cuál es realmente el papel del Estado en esta situación, es necesario retomar el trabajo empírico de organizaciones independientes que aportan primeras cifras sobre la violencia y posibles perpetradores. Sobresalen desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en las cuales están involucradas fuerzas del Estado (Contralínea 2012). Los datos aclaran que no son los únicos perpetradores ―existe una multitud de actores de violencia en el México actual― pero las cifras insinúan la participación sistemática por parte del Estado en hechos violentos en contra de civiles, provocando que la línea entre 'civiles' y 'criminales' se borre, tanto discursivamente como en los hechos. La violencia por parte del Estado ―desapariciones, tortura, detenciones arbitrarias por 'arraigo', impunidad por vía del fuero militar y un discurso permisivo de violaciones a los derechos― demuestra los patrones autoritarios de la política mexicana. Surge la pregunta de en qué sentido ha sido exitosa esta estrategia militar. Ciertamente, no se logró establecer una relación ineludible, imperativa, entre estrategia militar y crecimiento económico y proyectar la primera como condición necesaria para este último (y para la prosperidad de sectores sociales más amplios) como sí se logró en Colombia (v. Jenss 2016). Sin embargo, para las inversiones en México, la violencia no parece haber sido un factor decisivo. Es notable que la agencia de clasificación Standard & Poor's (GlobalCapital 2015) incluso elevase a México a un nivel más alto de "confianza crediticia", por haber observado la necesidad de "reformas estructurales". Las geografías de violencia no son homogéneas; los escenarios son múltiples, volátiles: el informe sobre la situación cambiante en la Región urbana de la Laguna (CCIL 2013) muestra cómo incluso en una

misma zona metropolitana las tasas de violencia se distinguen según el contexto local y la rapidez con la cual cambian factores, causas y constelaciones de actores. Instituciones de los distintos niveles de gobierno no recogieron información sistemática ni sobre ejecuciones extrajudiciales, ni sobre desplazamiento forzado o desapariciones. Por medio de la omisión, los aparatos del Estado participaron en violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos. El caso Ayotzinapa es un caso particularmente simbólico, pero no es el único, en el cual sobresale el involucramiento de personal estatal. Aparatos estatales fueron responsables directa o indirectamente de alterar procesos de organización que podían impedir la valorización capitalista. Las protestas relacionadas al caso Ayotzinapa sugieren la privación de derechos a sectores sociales por parte del Estado, con base en clase, raza y género. Convergen, entre otros, los impactos de grandes proyectos mineros, los efectos de la militarización, la escalada de violencia en el marco de la “guerra contra las drogas” que se está expandiendo hacia el sur ―Guerrero, Veracruz― y la persecución política y criminalización de movimientos inconformes (TPP 2012: 2). Considerando que la administración municipal otorga cambios de uso del suelo, sería necesario analizar detalladamente los intereses que influyen localmente en regiones, donde la economía ilegal de tránsito se entrelaza con nuevos yacimientos y explotación de recursos. La militarización de la persecución de criminalidad y la agudización del derecho penal ayudaron a reproducir, paradójica y permanentemente, el posicionamiento privilegiado justo de los actores de violencia que eran capaces de influenciar instancias del Estado (v. Jenss 2016: 368). Otros reportes (UNDP 2013: 8) demuestran que la mayoría de los internos en centros de reclusión en México complementaban un sustento precario de vida con actos de delincuencia menor. Ellos, los involucrados en el narcomenudeo a pequeña escala y los consumidores de los productos de desecho de la economía ilegal de tránsito, parecen estar relegados a los niveles más bajos de la jerarquía social. Sin embargo, la violencia extrema también tiende a mermar temporal y parcialmente actividades económicas locales. Los propietarios de pequeñas empresas en zonas urbanas se desplazaron o cerraron sus negocios por amenazas, muertes, etc. (IDMC 2011: 5). Mientras grupos delictivos recurren al reclutamiento forzoso de migrantes, crece la presencia de militares en las fronteras norte y sur de México, y la política migratoria del Estado adquiere cada vez más rasgos de securitización. Algunas organizaciones insisten que operativos estatales en contra de migrantes sin papeles coinciden con agresiones por parte de grupos ilegales. El noreste mexicano presenta escenarios borrosos, poco claros, de violencia económica, criminal, y también política, agudizadas desde el 2006. La violencia estatal a

veces articula los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) aunque sean de distintos partidos; a veces parecen desarticularse y hasta combatirse entre sí ―por ejemplo, el caso de policías municipales desaparecidos, acusados de actividades ilegales por parte de la Policía Federal, (HRW 2013) ―. En ese marco crece también el número de las desapariciones forzadas de personas de una amplia gama de profesiones, pero sobre todo de estratos bajos (HRW 2013: 83), aunque en algunos Estados como Guerrero o Michoacán los procesos de militarización no son nuevos. El desplazamiento forzado que es precedido por escenarios de amenazas o la desaparición forzada de familiares, muchas veces sin claridad sobre los autores reales de los hechos, coincide parcialmente con procesos de migración estructuralmente forzada. La colusión de algunos órganos estatales con empresarios ilegales, participando de las ganancias o trabajando en conjunto con ejércitos privados, está documentada en algunos casos, aunque parece más clara la convergencia estructural de intereses. Autores como Maldonado (2010) demuestran que en Michoacán las posibilidades de inversión resultaron en un entrelazamiento entre fracciones legales e ilegales del empresariado. Regiones 'marginales' como esta, productoras de sustancias ilícitas, muchas veces se constituyen a partir de procesos de migración (colonización y urbanización) y en el imaginario nacional se presentan como "intrínsecamente violentas" (Maldonado Aranda 2010: 426). Estos procesos no son reducibles a una supuesta ausencia del Estado, ya que se omitirían factores socio-económicos concretos. Es más probable que el Estado heterogéneo cree tanto ambigüedad como prioridades selectivas y omisión; mientras la narración oficial presenta la ilegalidad y la protección selectiva como 'contrapartes' del Estado. Maldonado (2012: 16) observa ―similar a lo que pasó en Colombia― nuevos accesos empresariales a la política regional y local debido a la descentralización parcial de la administración del presupuesto, lo que ha permitido una creciente influencia de poderes caciquiles locales y actores ilegales: se amplió el margen de maniobra para 'arreglos' locales. La 'distancia relativa' entre fracciones dominantes, poderes caciquiles y la economía ilegal es cada vez más borrosa (Maldonado 2012: 17). Esta afirmación parecería ser correcta también para Estados como Coahuila, y según otros datos (Kar 2012), para todo México. Alejandro Portes (2003) y Mabel Thwaites (2012) recuerdan que el papel activo del Estado en la economía y las fuerzas sociales se reflejan en la regulación que es institucionalizada o disuelta activamente. La concepción relacional permite entender la economía ilegal no como parte opuesta y oscura del Estado sino como parte integral de las fuerzas sociales. No es menor el argumento de Castells (2010: 170) quien señala que la flexibilidad de las redes criminales es un “essential feature” de la

economía global. Esto no quiere decir que la economía legal sea vulnerada por la economía ilegal y violenta. Los datos muestran una y otra vez que la economía legal se ha nutrido de la ilegalidad y de las oportunidades de acumulación brindadas por actores violentos como los llamados narco-paramilitares. En México a partir de los años ochenta, la expansión de la economía ilegal y su conversión en una economía de tránsito han ido a la par de una reconfiguración del Estado, paralela a una relativa desindustrialización, el crecimiento del sector informal y relacionadas al desmantelamiento (transnacional) de los controles de los flujos de capitales, centros de finanzas off-shore y una facilitación de entrada de capital gris al sistema financiero. A pesar de lo señalado, sería engañoso reducir los complejos conflictos sociales y políticos existentes al factor del narcotráfico, como es visible en Colombia: “Este supuesto olvida […] que el conflicto armado en Colombia existía antes de la inserción del país en la economía cocalera y que además el narcotráfico no se puede considerar una deriva de los factores políticos hacia los factores económicos o la avidez […] Lo que sí produjo el narcotráfico fue una internacionalización negativa de la situación colombiana” (CINEP 2012: 63). En Colombia, aún a partir del 2002, más seguridad significaba inseguridad para ciertos sectores de la sociedad (oposición política, organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas y representantes de proyectos económicos alternativos). Mientras la etiqueta de la “autodefensa armada” contra la guerrilla parecía justificar las conexiones de los grupos de “autodefensa” con sectores de la economía ilegal (Romero 2006: 386), sería poco complejo interpretarlos solamente como agentes de contrainsurgencia. La apropiación de tierras tenía un papel igualmente importante, central en esta convergencia de intereses que unió terratenientes, instituciones estatales grupos paramilitares y empresarios ilegales. A partir del 2002 la convergencia de intereses de fracciones dominantes regionales ancladas en la propiedad de tierras con intereses dentro del Estado central se hacía cada vez más notoria, y se presentó como proyecto especial de estrategias de acumulación enfocadas hacia el exterior. Los narco-paramilitares fueron ―y siguen siéndolo después del 2002― las fuerzas que llevan a cabo una contrarreforma agraria de dimensiones desastrosas (Fajardo Montana 2010: 8), de la cual se beneficiaron no solo los armados mismos, sino gremios ganaderos, bananeros y agroindustriales. Zonas antes marginadas adquirieron valor mediante la inversión agroindustrial, la ganadería tradicional extensiva o las industrias extractivas ―todas ellas economías basadas en la propiedad de grandes extensiones de tierras―. Estas regiones son, paralelamente, las de mayor desplazamiento.7 Fue la clase empresarial la que interpretó esto como una fase de mayor seguridad y 7

Este proceso se evidencia porque, como CODHES calcula, la mitad de los desplazados registrados fue desplazada durante el gobierno de Uribe ―no antes― (CODHES 2010). Además, el índice Gini de tierras (que mide la concentración en pocas

apoyó las medidas. Para esta, la prioridad era la seguridad de acumulación y de la propiedad privada. Los cambios en las estructuras sociales que impulsaron a fuerzas en ascenso hasta tener acceso a decisiones del Estado, por lo menos temporalmente no la amenazaban. Sin embargo, a partir del 2006 se puede observar una inflexión, a partir de la cual se rompieron alianzas y divergieron intereses. Un proyecto en competencia con el del gobierno uribista tenía el mismo enfoque hacia exportaciones (semiindustriales) de gran escala y apertura del mercado, pero se basaba mucho más en la industria agraria y servicios como de telecomunicación y medios, y menos en la clase emergente. Al igual que a principios de los años ochenta se notaba la divergencia de intereses con Pablo Escobar, ahora en última instancia se empieza a notar cierta resistencia de las fracciones dominantes tradicionales contra la formación de fuerzas irregulares como fracción propia. En los últimos años, la llamada 'clase emergente', con estrechos vínculos con actores de violencia, es seriamente cuestionada y pierde peso político. Conclusión Este aporte al debate sobre conceptos de Estado a partir del caso Ayotzinapa toma como punto de partida el argumento expresado por los participantes de las protestas en torno a la desaparición de los 43 estudiantes en el 2014, el cual criticaba una convergencia de intereses entre Estado y criminalidad, pero, sobre todo, la plena responsabilidad de instituciones del Estado por la desaparición forzada. Primero, se elaboraron argumentos críticos, describiendo los límites de las aproximaciones convencionales al papel del Estado para y frente a la sociedad y su papel particular en sociedades del 'sur global'. En segundo lugar, se abrió un panorama de conceptos, enunciados tanto desde Europa como desde América Latina, para aproximarse a la diversidad de la estatalidad. La tercera parte del artículo llevó estas aproximaciones al análisis coyuntural del Estado en México a partir del 2006 y de Colombia como caso de comparación, refiriendo similitudes y divergencias. Este análisis coyuntural demuestra que existen formaciones estatales contrarias al Estado de derecho, bajo las condiciones que se han desencadenado activamente. Las articulaciones observadas se expresan en un Estado heterogéneo, pero cada vez más autoritario en los dos países, tanto en el manejo de conflictos por vía de aparatos represivos, como en la reducida posibilidad del control ciudadano sobre estrategias económicas y las reconfiguraciones de sus espacios. En ello están involucrados también órganos “informales" que asumen parte de las tareas de “establecer orden" (v. Pearce 2010). Así es posible demostrar que algunas instituciones del Estado participan activamente en una descentralización de la función de coerción o en su (re) manos) deterioró de 0,8 (2000) a 0,875 (2009), sobre todo a partir del 2005 (Ibáñez/Muñoz 2010).

institucionalización. La relación entre fuerzas oficiales de seguridad y actores de violencia no estatales es una de complementariedad y cooperación. En las zonas grises establecidas, las lógicas de actuación e interacción entre actores estatales y no estatales son poco claras. El Estado integra prácticas legales e ilegales y produce inseguridad. El acceso a la participación en las decisiones en distintos niveles estatales y gubernamentales sigue estando fuertemente estratificado por clase y etnicidad, y en ese orden de ideas, la violencia estructural y directa se entrelazan. Los escenarios son particularmente violentos para los que impiden la 'enclosure de los commons' o ya de por si están marginados por las exigencias del mercado global. En apariencia una crisis de estatalidad, representa para amplios segmentos de la sociedad, regímenes de inseguridad de largo plazo, en los cuales se sobreponen permanentemente elementos de excepción y de 'normalidad'. Estructuralmente ―incluso donde no hay una responsabilidad directa por la violencia de instituciones del Estado―, la configuración del ámbito de la seguridad estabiliza a los sectores sociales que rechazan una ruptura con el orden existente y tiene impactos de desorganización para los que aspiran a una transformación de este orden. A pesar de las ambigüedades, la transformación estatal no significa un retiro, ni se trata de un fracaso del Estado moderno frente a amenazas postmodernas, sino una reconfiguración específica, activa, de partes del Estado. Aunque la represión y los enormes recursos necesarios para la guerra ponen en duda la eficiencia de la estrategia y su permanencia a largo plazo, los clásicos de las teorías de Estado latinoamericanos recuerdan que muchas veces los espacios de mediación están cerrados a largo plazo. Los Estados de excepción no son excepción, las medidas extraordinariamente violentas por parte del Estado solo llevan a una fragmentación parcial, hasta cierto grado, de las bases de dominación. El asunto, entonces, no ha sido la mayor o menor actividad y/o presencia del Estado, sino que la pregunta es, cuáles clases y grupos sociales se ven beneficiados con estos cambios.

Fuentes ACUDDEH (2012): "Informe de violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas defensoras de los derechos humanos en el período 2011- primer trimestre de 2012", México D.F.: Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos AC (ACUDDEH).

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