Ausencia del Estado y Violencia Colectiva en Tierras Mayas, Una aproximación cuantitativa al fenómeno de los linchamientos en Guatemala (1996-2002)

I. INTRODUCCION La violencia colectiva en forma de linchamientos es uno de los principales retos que enfrenta el Estado guatemalteco, y es uno de los problemas que más ha llamado la atención mundial hacia Guatemala después de finalizado el prolongado y trágico conflicto armado interno. Casi 500 casos de formación de turbas y linchamientos, ocurridos entre 1996-2002, han sido reportados y verificados por la Misión de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA).1 Hasta el momento no existe consenso sobre las causas de esta peculiar forma de violencia, que generalmente se ha caracterizado por reacciones espontáneas de la población en contra de presuntos delincuentes, quienes algunas veces son capturados en flagrante delito o, en otras ocasiones, son arrebatados de las manos de la policía, en abierto desafío a la autoridad del Estado.2 Este estudio cuantitativo tiene como finalidad alcanzar un mejor entendimiento sobre los determinantes de los linchamientos en Guatemala. Las principales preguntas que se desean responder son las siguientes: ¿Son la extrema pobreza y el conflicto armado las variables cruciales que explican la ocurrencia de linchamientos en Guatemala? ¿Qué efecto tienen las fuertes identidades étnicas, o territoriales, y la ausencia del Estado, especialmente la falta de provisión de justicia, en la propensión de la población al uso de este tipo de violencia colectiva? La primera parte de este ensayo presenta un breve contexto de la violencia en Guatemala. La segunda resume las principales características de los linchamientos. La tercera es el marco teórico que sirve para entender mejor el fenómeno. El cuarto apartado presenta las hipótesis que se evalúan empíricamente. El quinto presenta el método y los datos empleados. Luego se resumen y discuten los resultados del análisis estadístico realizado. La conclusión incluye algunas limitaciones del estudio y preguntas para futura investigación.

II. CONTEXTO Después de treinta y seis años de conflicto armado interno, los guatemaltecos no sólo lloran a sus víctimas, sino que también lamentan la destrucción de sus instituciones políticas. El terror fue una estrategia militar utilizada por ambos actores, el ejército y la guerrilla.3 A la tragedia humana le siguió la debacle institucional, pues la guerrilla tenía como uno de sus objetivos deslegitimar la autoridad del Estado, y el ejército, paradójicamente, defendiendo al Estado terminó por debilitarlo al violar el Estado de derecho y convertir sus políticas contrainsurgentes en un fin en sí mismo. Tras la democratización y pacificación del país, los guatemaltecos enfrentan diversos retos, como la reducción de la pobreza y la desigualdad en la distribución del ingreso. Sin embargo, una de las principales preocupaciones es la inseguridad ciudadana. Las encuestas de opinión pública muestran que la delincuencia común y el crimen organizado son una pesadilla para los ciudadanos.4 La vida, la libertad y los bienes de los guatemaltecos están siempre en peligro, pues la policía, la fiscalía, las cortes y las prisiones no funcionan apropiadamente para detener la delincuencia. Existe la percepción generalizada de que el Estado es inefectivo para proteger a la población y que muchos de sus agentes son corruptos y, por lo tanto, indignos de confianza. A esta desesperación ciudadana le sigue cierta desilusión con la democracia por ser un régimen político que no resuelve por sí mismo los problemas económicos y de inseguridad.5 Como reacción, muchas personas están dispuestas a aceptar líderes políticos que ofrecen mano dura contra el crimen y, peor aún, hay quienes están decididos a hacer justicia por su propia mano. En este contexto de post-conflicto y de crónica debilidad del Estado ocurren los linchamientos, que algunos califican de barbarie y otros de justicia popular.6

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A pesar de todo, los linchamientos no son el principal problema de violencia homicida en el país. Por cada muerte a consecuencia de una turba ocurren más de 72 homicidios (55 por arma de fuego, 14 por arma blanca, 1 por estrangulamiento, y 2 por causa ignorada). En el año 1997 se alcanzó una tasa de 32 homicidios por cada cien mil habitantes, la más alta registrada en el período 1986-2003 (para el cual se cuenta con estadísticas comparables). En el año 1999 se logró reducir la tasa hasta 20 homicidios por cien mil, la más baja en el mismo período. Pero desde el año 2000 se ha ido incrementando paulatinamente hasta llegar a 29 por cien mil en el 2003.7 La violencia homicida no se distribuye homogéneamente en el territorio guatemalteco (ver Mapa 1). Las tasas son bastante elevadas en la Costa Sur, el Oriente, el Nor-oriente y el Petén. Por ejemplo, a nivel municipal, San José Acatempa (Jutiapa), San Benito (Petén), Ayutla (San Marcos), Santa María Ixhuatán y Cuilapa (ambos de Santa Rosa), tienen una tasa promedio anual (1996-2002) que supera los 100 homicidios por cada cien mil habitantes. En contraste, en el Occidente y Nor-occidente del país se encuentran tasas bastante bajas, incluso según estándares internacionales.8 Por ejemplo, en los municipios de San José Poaquil y Comalapa (ambos de Chimaltenango), Santa María Visitación y San José Chacayá (ambos de Sololá), San Bartolo (Totonicapán), Cabricán y Almolonga (ambos de Quetzaltenango), el Instituto Nacional de Estadística registra una tasa promedio anual (1996-2002) de cero homicidios por cada cien mil habitantes. De hecho, se confirma estadísticamente lo que la simple observación de los mapas sugiere: hay una correlación significativa y negativa entre las tasas de homicidio y el porcentaje de población indígena en los 331 municipios del país (el coeficiente de correlación es -0.504 y es significativo a p < 0.01). Es decir que en los municipios con mayoría indígena hay menor probabilidad de encontrar altas tasas de homicidio.

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III. CARACTERISTICAS DEL FENOMENO El linchamiento es el asesinato de un presunto criminal a manos de una turba. Es darle muerte a alguien acusado de cometer cierto delito, por medio de violencia tumultuaria, sin permitirle el acceso al debido proceso legal (incluyendo la presunción de inocencia y el derecho a defensa). Sin embargo, la MINUGUA redefinió el fenómeno en Guatemala incluyendo los casos donde se conforma una turba para detener al supuesto delincuente, aunque el desenlace no sea fatal. Por ello, en el presente trabajo se distingue entre linchamientos propiamente dichos (donde fallece la víctima de la turba) y los casos no fatales. MINUGUA ha documentado 480 casos de violencia colectiva (linchamientos y casos no fatales) en Guatemala, de 1996 al 2002 (ver Figura 1). Esos casos afectaron a 155 de los 331 municipios del país (ver Tabla 1). Un total de 133 de esos casos fueron fatales (28%), dejando un saldo de 235 muertes (equivalente al 1.4% del total de homicidios ocurridos en el mismo período). Es decir que los restantes 347 casos fueron no fatales (esto es el 72% de los casos verificados), por lo que las víctimas de las turbas resultaron heridas (297) o, simplemente, salieron ilesas (417). En el 65% de los casos, los detenidos y castigados por las turbas fueron acusados por robos o asaltos a mano armada. En el 18% de los casos se les acusó de haber cometido algún homicidio. El restante 16% de las acusaciones van desde secuestro, violación sexual, y corrupción, hasta brujería. El trabajo de verificación en el terreno permitió a los oficiales de MINUGUA establecer que los miembros de las turbas no son habitualmente criminales sino ciudadanos ordinarios, vecinos de pequeñas aldeas o pueblos indígenas del área rural. Los principales actores de la violencia colectiva son un pequeño número de instigadores y perpetradores, generalmente

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hombres de unos 35 años de edad. La mayoría de las personas que conforman la turba son, de hecho, espectadores pasivos.9 Sin embargo, MINUGUA estableció que en el 78% de los casos, la propia comunidad fue la “instigadora”. En un 12% de los casos fueron las autoridades locales las instigadoras de la turba. Ex agentes del Estado contrainsurgente, como antiguos comisionados militares o patrulleros civiles, constituyen el 4% de los casos donde se verificó al instigador. El restante 6% de los instigadores fueron individuos no identificados plenamente. Respecto a la identificación étnica de la comunidad donde ocurrió algún caso de violencia colectiva, MINUGUA registra que en el 79% de los casos se trató de comunidades indígenas, en el 8% de los casos de comunidades mixtas (compuestas de indígenas y ladinos), y en el restante 13% de comunidades ladinas.10

IV. MARCO TEORICO Los linchamientos son un tipo de violencia colectiva. Las revueltas callejeras son otra forma de comportamiento colectivo violento. En ese sentido, el componente colectivo de los linchamientos puede ser analizado tomando en cuenta teorías que se aplican en la literatura sobre los movimientos sociales y las protestas. Por otro lado, lo violento de esta acción colectiva puede analizarse desde la óptica de los modelos racionalistas sobre el comportamiento humano y desde algunos modelos sociológicos sobre el uso de la fuerza bruta en lugares donde nadie posee el monopolio de los medios de coerción. Las teorías son abstracciones y simplificaciones que hacemos de la realidad para comprender mejor los fenómenos que nos interesan, como es el caso de la violencia colectiva. Entre las distintas alternativas teóricas es necesario determinar cuál es la que mejor nos permite explicar la realidad. Tras ese objetivo, en el presente apartado se sintetiza brevemente el debate

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entre algunas de las teorías sobre el comportamiento colectivo e individual, niveles de análisis indispensables para entender el problema de los linchamientos en Guatemala. La violencia colectiva no puede explicarse simplemente como un problema de sicopatología social, como lo hacían las clásicas teorías sociológicas sobre el comportamiento colectivo. Dichas teorías asumían la visión idealizada de una sociedad pluralista en la que todos tienen la posibilidad de expresar sus intereses a través de canales institucionalizados, como los partidos políticos. En ese modelo, los protagonistas de protestas eran individuos afectados emocionalmente por algún cambio social.11 Por ejemplo, la teoría sobre la masificación de la sociedad argumentaba que la ausencia de estructuras grupales que permitieran a las personas integrarse a la vida social y política, conducía a la atomización social, lo que a su vez generaba ansiedad y una disposición a comportamientos colectivos extremos que permitieran recuperar el sentido de pertenencia a una comunidad y liberar las tensiones provocadas por el estrés social.12 Las explicaciones que enfatizan lo psicológico de la acción colectiva noinstitucionalizada (es decir, la acción colectiva no sancionada legalmente o no aceptada socialmente) se utilizan con frecuencia en Guatemala para analizar el fenómeno de los linchamientos. Sin embargo, dichas explicaciones, que hacen referencia a los traumas de la guerra y a la histeria colectiva, pueden ser sustituidas por teorías más integrales que toman en cuenta los factores políticos de la movilización social y la racionalidad de los individuos. Los modelos meramente psicológicos han sido superados por teorías más complejas que resaltan la importancia de la movilización de recursos y los procesos políticos, y que explican la acción colectiva tomando en cuenta el papel de las elites, las oportunidades políticas, los recursos financieros y organizativos disponibles, y la concienciación de quienes participan.13 Dentro de esta tradición académica, Tilly ha propuesto que la activación de identidades políticas latentes,

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que separan a las personas entre “nosotros” y “ustedes”, regularmente detona la violencia colectiva.14 Para él, la violencia, propiamente dicha, no emerge de odios preexistentes entre grupos, pero sí de la incertidumbre repentina y de abruptos cambios en las condiciones sociales de los miembros pertenecientes a cada grupo, particularmente si se trata de una disminución en la capacidad de las autoridades para hacer efectivos los contratos o controlar las fronteras establecidas. Además de las teorías sociológicas sobre el comportamiento colectivo (y violento), también existen teorías que parten del comportamiento de los individuos, y en las cuales predomina la suposición de actores racionales que toman decisiones a partir del análisis costobeneficio de las opciones disponibles. Generalmente, se modela el micro-comportamiento a partir de la noción de utilidad esperada, según la cual los individuos escogen la opción que les representa el máximo valor absoluto, tomando en cuenta los posibles pagos y la probabilidad de los mismos. La utilidad esperada se ha aplicado en el caso de la brutalidad extrema, considerada como instrumental en las guerras civiles donde el terror ha sido empleado para condicionar el comportamiento de las personas y reducir así la probabilidad de traición. Se trata, entonces, de alterar la (des)utilidad esperada por medio del aumento de la intensidad de la sanción y de la probabilidad de castigar a quien traiciona.15 Dentro de ese paradigma racionalista, la teoría de la acción colectiva de Olson reconoce que los individuos enfrentan grandes dificultades, en términos de incentivos, para la acción conjunta que se requiere en la obtención de bienes públicos.16 Debido a que estos bienes benefician a todos por igual y es prácticamente imposible excluir a quienes no contribuyeron a su generación, siempre existe la tentación de no cooperar, en espera de que otros asuman los costos. Si todos deciden no cooperar, buscando cada cual su propio interés, el bien público jamás sería

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provisto y todos se encontrarían en peor situación. La solución a este dilema depende de la existencia de incentivos selectivos, mecanismos de coordinación y reglas que guíen el comportamiento individual, de tal forma que el mínimo necesario de individuos contribuya o participe para hacer posible la provisión del bien público.17 La noción de la utilidad esperada se podría aplicar a los linchamientos y darle así una racionalidad al comportamiento de las turbas, pero ésta se basa en supuestos que no siempre cuentan con respaldo empírico. Por ello, parece más adecuado aplicar la teoría prospectiva, la cual fue desarrollada a partir de experimentos sobre el funcionamiento de la mente humana, que revelan distintos grados de aversión al riesgo en la toma de decisiones, según las propias percepciones del individuo respecto a su posición y status quo.18 De acuerdo a esta teoría, las personas tienden a tomar riesgos cuando se enfrentan a amenazas contra su bienestar, pero son precavidas cuando están ante la posibilidad de una eventual ganancia. Estos hallazgos contradicen algunos supuestos de la utilidad esperada, pues si los individuos toman decisiones en términos de pérdidas y ganancias relativas, entonces la utilidad marginal decreciente y la aversión al riesgo sólo existen en el dominio de las ganancias.19 Consecuentemente, se podría sugerir que los individuos que integran las turbas en Guatemala se perciben a sí mismos en el dominio de las pérdidas debido al constante acecho de los delincuentes, quienes no sólo les roban sus escasas pertenencias sino que también amenazan su vida. Estos individuos valoran en gran medida el orden y seguridad en su comunidad, y por eso desean que se apliquen castigos severos sobre aquellos que atentan contra la integridad y propiedad de alguno de sus miembros. Sin embargo, ante la falta de dichos bienes públicos, debido a la ausencia del Estado-como-ley y de la ineficacia del Estado-como-burocracia,20 las comunidades se han visto obligadas a lidiar directamente con los criminales tomando riesgos

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extraordinarios, como la posterior persecución penal por violar los derechos de los capturados. Lo cierto es que, sobre todo en los municipios con mayoría indígena, aquello que parece un delito de poca cuantía se convierte en una grave afrenta, y lo que le ocurre a un miembro de la comunidad se interpreta como una agresión contra todos, lo cual activa los fuertes vínculos de solidaridad que facilitan la acción colectiva, que luego se torna violenta. La llamada “era de los linchamientos” en el Sur de los Estados Unidos de América, entre 1882-1937, ha sido bastante estudiada.21 En dicho período de violencia colectiva fueron asesinadas más cinco mil personas, en su mayoría afro-americanos. Los sociólogos norteamericanos han tratado de entender las causas de esos linchamientos buscando la influencia de condiciones económicas, como el precio del algodón, o explorando hipótesis como la de “competencia y amenaza”, la cual sugiere que la competencia económica y los retos políticos han determinado el patrón geográfico y temporal de violencia que se ha observado en contra de la población negra.22 En la academia norteamericana se ha rechazado la hipótesis de la “justicia popular” y se ha apostado por teorías de control social, aunque la evidencia empírica a favor de estas últimas tampoco es muy convincente.23 De hecho, no está claro en el caso Estadounidense que exista relación alguna entre las tasas de linchamiento (como mecanismo informal de control social) y formas alternativas y formales de control social, como la prisión y las ejecuciones legalmente sancionadas.24 Una influyente noción teórica sobre la violencia privadamente ejercida en el Sur de los Estados Unidos parece útil para iluminar el caso de la violencia homicida en el Oriente de Guatemala y, al mismo tiempo, la violencia colectiva en el Occidente del país. Se trata del término “cultura del honor”.25 El mismo sugiere que el comportamiento masculino violento es más probable que surja en contextos donde el hombre percibe constantes amenazas a uno de sus

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más preciados activos: su reputación de fortaleza y rudeza, pues obtener recursos y mantenerlos depende de hacer creer a los otros de que es capaz de defenderse ante cualquier depredador.26

V. HIPOTESIS MINUGUA afirma que los linchamientos están relacionados con la destrucción, a consecuencia del conflicto armado interno, del tejido social y de los tradicionales modelos de convivencia grupal y de distribución del poder social, lo cual ha provocado la pérdida de valores morales y el irrespeto a las leyes.27 También sugiere que la pobreza genera frustración y un sentimiento de desprotección, Estados psicológicos que explican tanto la delincuencia como la reacción violenta de los afectados por la misma.28 El modelo propuesto por MINUGUA, sin embargo, no puede explicar por qué en El Salvador, con un conflicto armado interno de similar brutalidad y también con altos niveles de pobreza, no han ocurrido linchamientos como los registrados en Guatemala.29 Además, las conclusiones de la MINUGUA se basan en un error metodológico: el sesgo en la selección de la variable dependiente. Esto es, únicamente observan los departamentos, o algunos municipios, donde hubo casos de violencia colectiva e ignoran aquellos donde no ocurrió algo semejante. Ello provoca que se pasen por alto lugares donde sí hubo violencia durante el conflicto armado, y donde hay actualmente pobreza, pero donde no ha habido casos de linchamiento. MINUGUA, en sus informes, también ha omitido una variable que debería sobresalir en el análisis de los lugares donde han ocurrido los casos de violencia colectiva: la mayoría de esos departamentos o municipios tienen un alto porcentaje de población indígena.30 Una explicación alternativa, o incluso complementaria, a la presentada por MINUGUA debe incluir la variable étnica. Entonces, se sugiere que el componente colectivo de los

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linchamientos es facilitado por la enorme capacidad de organización, coordinación y contribución para proveer bienes públicos, que poseen las comunidades indígenas, en comparación con las comunidades no indígenas. Generalmente, se reconoce que cualquier problema de acción colectiva que enfrentan las comunidades indígenas es frecuentemente superado gracias a las fuertes identidades étnicas, o territoriales, que comparten sus miembros. El agudo sentido de pertenencia a la comunidad hace que una ofensa contra un miembro de la misma sea considerada como algo que afecta a todos los vecinos.31 De esta forma, cualquier actividad criminal dentro de una comunidad indígena no es únicamente el problema de la víctima sino algo que concierne a todos. Por lo tanto, dicho sentido de pertenencia y fuerte identidad facilitan la acción colectiva para proveer la seguridad y justicia que el Estado no provee. Para entender el componente violento de los linchamientos, la ausencia del Estado es la segunda variable explicativa que hace falta en el modelo sugerido por MINUGUA. En muchos lugares apartados del centro del poder económico y político del país (es decir, la Ciudad de Guatemala), la única presencia del Estado en tiempos de guerra fue el ejército. Con la implementación de los Acuerdos de Paz el ejército se retiró de dicho lugares y dejó un vacío institucional que no ha sido ocupado por ningún otro representante de la autoridad del Estado. Este vacío podría haber sido aprovechado por el crimen organizado y la delincuencia común para operar a sus anchas. En reacción, la población ha decidido sustituir al Estado por medio de mecanismos informales para el control de la delincuencia y el crimen. Se sugiere, entonces, el aparecimiento de una “cultura del honor” que implica que la comunidad se ve en la necesidad de aparecer como fuerte, ruda e intolerante ante cualquier trasgresión a sus normas básicas de convivencia (como no robar y no matar), pues está en juego nada menos que su propia subsistencia. Esta cultura es más probable que emerja, precisamente, donde el Estado-como-ley y

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sus mecanismos de aplicación están ausentes, o son muy débiles. En ese contexto de ausencia estatal surgen instituciones informales que utilizan una violencia instrumental para lidiar con la delincuencia. Este es el caso de la violencia colectiva en forma de linchamientos. Es recomendable, entonces, verificar empíricamente si en las regiones indígenas de Guatemala es más probable que la ausencia del Estado (traducida en la falta de seguridad y justicia para defender a la población del acecho de los criminales) haya sido enfrentada por las comunidades de forma colectiva y violenta. La Figura 2 presenta las cuatro posibles causas de los linchamientos que serán evaluadas estadísticamente en el siguiente apartado.

VI. METODO Y DATOS Una de las principales fortalezas metodológicas de este trabajo cuantitativo es que analiza todos los municipios de Guatemala y no sólo aquellos en los que se ha registrado algún episodio de violencia colectiva. De esta forma se evita caer en una selección sesgada de la variable dependiente. Además, se amplía de número de unidades de análisis de 22 departamentos, o algunos municipios, a 331 municipios, lo que aumenta los grados de libertad para el análisis estadístico. En este análisis hay dos variables dependientes: i) El número de casos fatales en cada municipio entre 1996 y 2002, que es una variable de conteo que va de 0 a 7 (ver Mapa 2, únicamente en 82 municipios ocurrió algún caso fatal, es decir, en el 25% del total de municipios del país). ii) La ocurrencia de turbas, sin importar el resultado final (es decir, incluyendo casos fatales y no fatales). Esta variable de conteo varía de 0 a 34.32 La distribución geográfica de todos los casos de violencia colectiva en forma de turbas contra algún presunto criminal se presenta a nivel municipal en el Mapa 3.

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Debido al uso de variables de conteo (números enteros y positivos), la presencia de muchas observaciones donde la variable dependiente asume el valor de 0 (es decir, 249 municipios donde no ha ocurrido un solo linchamiento, propiamente dicho; y 176 municipios donde nunca se ha registrado algún caso de conformación de turba), y la sobre-dispersión debida al contagio positivo (es decir que un evento aumenta la probabilidad de que ocurra otro) es recomendable estimar el modelo propuesto utilizando la regresión binomial negativa.33 La primera variable independiente es la tasa promedio anual de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno por cien mil habitantes en cada municipio, de 1960 a 1995 (ver Mapa 4, incluye desaparecidos, heridos, muertos, secuestrados y torturados).34 La segunda variable independiente es el porcentaje de extrema pobreza para cada municipio, teniendo en cuenta la encuesta de condiciones de vida del 2000 y el censo de población del 2002 (ver Mapa 5).35 La tercera variable independiente es el porcentaje de población indígena en cada municipio según la auto-identificación étnica de la población reportada en el censo del 2002 (ver Mapa 6).36 La cuarta variable independiente es la presencia del Organismo Judicial en el territorio guatemalteco, medida como el número de juzgados por cada cien mil habitantes en cada municipio, en el año 2003 (ver Mapa 7).37 Dos variables de control fueron agregadas: a) la densidad poblacional, y b) el porcentaje de población urbana en cada municipio, según los datos del censo de población del 2002.38 La Tabla 2 muestra los coeficientes de correlación entre cada una de las variables independientes. Como era de esperarse, las dos variables de control están fuertemente correlacionadas. También hay una correlación significativa entre la tasa de juzgados y el porcentaje de población urbana.

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VII. RESULTADOS Los resultados del modelo de regresión binomial negativa se resumen en la Tabla 3. En el modelo 1 se utiliza como variable dependiente la ocurrencia de linchamientos o casos fatales. El modelo 2 corresponde a la formación de turbas en general. La violencia durante el conflicto armado interno no explica la formación de turbas en contra de supuestos criminales, pero es estadísticamente significativa en la explicación de los casos fatales. Tiene signo positivo, lo que indica que en los municipios con mayor tasa promedio anual de violaciones a los derechos humanos entre 1960-95 es más probable que ocurra un linchamiento. El nivel de extrema pobreza en los municipios no es estadísticamente significativo para explicar los casos de violencia colectiva en general, ni los casos con un desenlace fatal. Tiene signo negativo, lo que podría indicar que en lugares extremadamente pobres es más difícil superar el problema de la acción colectiva. El porcentaje de población indígena en cada municipio es altamente significativo para explicar ambas variables dependientes, los casos en general y los casos fatales en específico. El coeficiente muestra el signo esperado, es decir que es positivo: a mayor porcentaje de población indígena, mayor probabilidad de que ocurra un caso de violencia colectiva, fatal o no.39 La presencia del Estado, en términos de los juzgados disponibles a nivel municipal por cada cien mil habitantes, también es muy significativa para explicar ambas variables dependientes. El coeficiente de la regresión presenta el signo predicho por la teoría, es negativo: a mayor presencia del Organismo Judicial, menor probabilidad de que ocurran muertes por linchamiento o se formen turbas con la intención de castigar a presuntos delincuentes.

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La densidad poblacional es estadísticamente significativa para explicar la formación de las turbas, pero no para explicar los casos fatales. El signo que presenta su coeficiente es positivo, sugiriendo que en lugares donde la población está más concentrada es más probable que se organice y movilice para detener a un presunto criminal. En otras palabras, donde las personas se encuentran más aisladas unas de otras es más difícil superar el problema de la acción colectiva debido, entre otras razones, a la escasa comunicación entre ellas.40 El porcentaje de población urbana en cada municipio es significativo en el modelo 1, que incluye como variable dependiente los casos fatales. Presenta signo negativo, lo que sugiere que en áreas más urbanas es menos probable que ocurra alguna muerte por linchamiento. Esto tiene sentido porque en esos lugares hay mayor presencia del Estado y le es más fácil a sus agentes llegar a tiempo para rescatar a la víctima de la turba.41 La Tabla 4 muestra el impacto que cada uno de los coeficientes estimados para las variables independientes tiene para ambas variables dependientes. Las cifras indican el valor esperado en el número de casos fatales y turbas debido al incremento de una desviación estándar en cada variable independiente respecto a su valor medio (dejando el resto de variables independientes en sus respectivas medias). También se indica el cambio porcentual. El porcentaje de población indígena es la variable independiente que muestra el mayor efecto en las variables dependientes: el aumento de una desviación estándar implica un aumento del 92% en el número de casos fatales, y un aumento del 99% en el número de turbas. Sin embargo, el efecto del número de juzgados por cada cien mil habitantes es el crucial en términos de implicaciones para la política pública, porque es la variable que puede ser intervenida y la que, al menos teóricamente, está más relacionada con el componente violento de este tipo de acción colectiva.

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La tasa de juzgados por cien mil habitantes tiene una media nacional de 7.36. Con dicha media, y las demás variables independientes en sus respectivas medias, el número esperado de linchamientos (casos fatales) sería de 0.22. Pero si se aumentara la tasa de juzgados en 6.55 juzgados por cada cien mil habitantes (equivalente a una desviación estándar, hasta llegar a una tasa de 14 por cien mil), y se dejan las demás variables independientes en su media, entonces el número esperado de linchamientos bajaría a 0.08. Lo cual representa una disminución del 63%. De igual forma, un aumento igual en la tasa de juzgados significaría una disminución del 43% para los casos de formación de turbas. Bajaría de 1.03 a 0.58. A nivel nacional, ese aumento en la tasa de juzgados significaría unos 732 juzgados más. Pero lo importante no es ese número propiamente dicho, sino lo que representa: aumentar la capacidad de Organismo Judicial para atender, procesar y resolver las demandas de la población, puede reducir de manera significativa el número de linchamientos. Si en la actualidad hay unos 562 juzgados a nivel nacional, y se necesitan 732 adicionales, eso significa más que duplicar la capacidad y presupuesto del Organismo Judicial. Es un aumento del 130%. Sin embargo, dado que dichas cifras son a nivel nacional y, como se muestra en el Mapa 7, hay mucha disparidad en la distribución o cobertura territorial del Organismo Judicial, se puede mejorar la tasa de juzgados en algunos municipios sin necesidad de crear nuevos. Lo que se requiere es una reasignación de los recursos a nivel nacional, especialmente los humanos y financieros.42 Las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno también tienen algún efecto en el número de linchamientos, pero éste es menor a un sexto del efecto de la variable étnica, y es un tanto mayor a un quinto del efecto de la variable de presencia estatal. Es imposible que dicha variable sea intervenida, está fija en el pasado.

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VIII. DISCUSION Uno de los principales problemas de Guatemala es la debilidad de su Estado. El Estado guatemalteco es incapaz de ejercer control sobre todo su territorio por medio del uso legítimo de la fuerza. La escasa penetración del Estado-como-ley y del Estado-como-burocracia ha facilitado la existencia de “zonas marrón” donde los caciques locales ejercen poder discrecional y, por lo tanto, los derechos individuales básicos no están garantizados.43 Esta debilidad del Estado no es consecuencia exclusiva del reciente conflicto armado interno, sino que tiene raíces históricas bastante profundas. A pesar de la violenta conquista española (1524-1570), la Corona tuvo serios problemas para ejercer su autoridad. Por ejemplo, se enfrentó a innumerables “motines de indios” como respuesta a sus intentos por aumentar la recaudación tributaria. Además, le tomó casi 175 años someter a toda la población indígena. Durante la independencia, después de casi trescientos años de régimen colonial, en muchas comunidades indígenas no se reconoció por algún tiempo el nuevo arreglo político. Hoy, el Estado continúa ausente en muchas regiones del país, especialmente en aquellas más alejadas del centro político. La población de dichas regiones tiene, entonces, que proveerse por sí misma de diversos bienes públicos, como infraestructura o educación, por medio de la organización local. Como resultado de varios siglos de resistencia y supervivencia, las comunidades indígenas han desarrollado y acumulado un repertorio cultural de estrategias para superar el problema de la acción colectiva descrito por Olson. Las aldeas indígenas en Guatemala se caracterizan por contar con fuertes habilidades organizativas, a pesar de los muchos años de guerra y sus limitaciones económicas, o precisamente debido a esas difíciles circunstancias. Diversos modelos de organización han sido adoptados y luego legitimados a lo largo de la historia.44 Por ejemplo, la presencia de la Iglesia Católica desde tiempos coloniales ha sido crucial en términos de ese repertorio organizacional

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que posee la población indígena a nivel local. La cofradía es una institución de origen religioso que en nuestros días funciona como mecanismo para el reconocimiento de estatus y la redistribución del poder. Incluso se ha adaptado para responder a retos contemporáneos provenientes del exterior como la incursión de la política partidista en las comunidades. La continua lucha por la supervivencia ha forjado las habilidades indígenas para la acción colectiva. Redes locales preexistentes en las aldeas indígenas, ya sea de carácter religioso o militar, son activadas de forma casi instantánea en casos de emergencia.45 Ello se hace por medio de métodos tradicionales para llamar la atención de todos lo miembros de una comunidad, como el repicar de campanas del templo católico. En el caso específico de los linchamientos, se han utilizado diversos mecanismos para generar la acción colectiva. Por ejemplo, en el conocido caso del linchamiento de un juez en Alta Verapaz (marzo del 2001), donde una turba de más de mil personas lo atacó después de dejar en libertad a dos sospechosos de haber secuestrado y violado a una niña, el reporte del fiscal señala que los instigadores habían utilizado la radio local días antes para diseminar varios mensajes en idioma Q’eqchi’ llamando a la acción colectiva.46 Este caso muestra el papel central que juegan los medios de comunicación al facilitar la coordinación y la movilización.47 A lo largo de la historia, las comunidades indígenas han aprendido que no pueden esperar la respuesta del Estado porque lo más seguro es que ésta nunca llegará. Entonces, la movilización de recursos en las comunidades indígenas para actuar conjuntamente ha sido una de sus principales estrategias para salir adelante. Algunas veces, el detonante de dicha movilización es un desastre natural o una oportunidad (o amenaza) política. La forma de la acción puede variar, de una simple contribución monetaria para las festividades de la localidad, hasta una acción conjunta y riesgosa como la requerida para apagar un incendio. Lo cierto es que las

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comunidades indígenas han alcanzado altos niveles de efectividad en diversas áreas donde la acción colectiva es requerida para proveer bienes públicos. Adicionalmente, la relación de la población indígena con el Estado guatemalteco ha sido casi siempre conflictiva. Desde tiempos coloniales, instituciones como la encomienda, o el repartimiento de indios, se constituyeron en mecanismos para el control de los recursos de la población indígena, como su fuerza laboral y sus tierras. Con la independencia los mecanismos de explotación simplemente se hicieron más sofisticados y el grado de subordinación de los indígenas no varió mucho. Recientemente, durante el conflicto armado interno, la población indígena fue la más afectada por las estrategias contrainsurgentes del Estado guatemalteco. Hoy, la mayoría de los servicios básicos del Estado aún no llegan a gran cantidad de comunidades indígenas en el área rural. Entonces, es comprensible que las comunidades indígenas desconfíen del Estado guatemalteco y sienta, incluso, cierto resentimiento hacia la población criolla y mestiza que ha controlado el aparato estatal y ha implementado políticas públicas muchas veces discriminatorias contra los indígenas.

IX. CONCLUSION Puede ser que la sociedad guatemalteca sea una sociedad ansiosa y enferma debido a los traumas del reciente conflicto armado interno,48 pero eso no basta para explicar un comportamiento que es violento y colectivo al mismo tiempo. La violencia tiene una racionalidad, y el actuar conjunto no es el resultado de la histeria colectiva (en todo caso, la histeria colectiva dificulta aún más superar el problema de la acción colectiva).49 Las clásicas teorías sociológicas basadas en la anomia social y la fragmentación social no sólo sobredimensionan los Estados sicológicos de la

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mente humana, sino que también fallan a la hora de explicar cómo surge el comportamiento colectivo. En una sociedad donde las instituciones formales para preservar el orden y proteger la vida y propiedad de las personas no existen, o no son aplicables, es más probable que surjan instituciones informales que utilizan la violencia de manera instrumental. Cuando existen altos niveles de criminalidad e impunidad, y dichos problemas afectan a comunidades con fuertes identidades étnicas, o territoriales, es más probable que dichos grupos logren superar los problemas de acción colectiva para proveer un bien público tan valorado como la seguridad. Si ambos escenarios ocurren al mismo tiempo, en el mismo lugar, entonces existe una alta probabilidad de que la violencia colectiva en forma de linchamientos emerja. La evidencia empírica muestra que la ausencia del Estado, particularmente la escasa presencia del Organismo Judicial, y los altos porcentajes de población indígena, que indirectamente reflejan la existencia de fuertes identidades étnicas y sus correspondientes habilidades organizativas, son factores determinantes para explicar el número de muertes por linchamiento y la formación de turbas en los municipios de Guatemala entre 1996 y 2002.50 La variable étnica podría estar explicando el componente colectivo de los linchamientos, mientras que la ausencia estatal facilitaría el surgimiento de una cultura del honor que podría estar explicando el componente violento del fenómeno. Resaltar la importancia de la variable étnica no es lo mismo que afirmar que los linchamientos son parte del derecho tradicional indígena. Sin embargo, no se puede negar que en el repertorio de las instituciones informales indígenas para el control social existen castigos físicos y públicos. El origen de dichas prácticas puede ser muy diverso, pues en tiempos coloniales se acostumbraba la flagelación en la plaza central para aquellos que violaban las

20

normas en los pueblos de indios. En este mismo sentido, es probable que el principal efecto del conflicto armado interno haya sido aumentar el repertorio de formas crueles de castigo que han sido adoptadas por algunas comunidades.51 En la actualidad, hay quienes incluso reivindican ciertas prácticas indígenas que evidentemente contradicen la concepción occidental de los derechos humanos.52 Esto invita a profundizar en la noción teórica de las “estrategias culturales de acción”,53 la cual podría ayudar a comprender cómo y en qué medida las diferencias culturales entre indígenas y el resto de la población afectan el tipo de respuestas colectivas para lidiar con los criminales. En el caso de las comunidades indígenas, parece que es la solidaridad (no la fragmentación), y el control social ejercido para garantizar el cumplimiento de las normas comunitarias (y no la anomia) las que están detrás de la violencia colectiva. El fenómeno de los linchamientos es como un rompecabezas en el cual hacen falta muchas piezas. Entre otras, hace falta explicar cuáles son las causas del vacío institucional que propicia la delincuencia y la respuesta violenta de la población (a veces privada e individual, como en el Oriente ladino, y otras veces pública y colectiva como en el Occidente indígena).54 Se han sugerido algunas hipótesis, pero aún se está lejos de construir una teoría consistente que dé buena cuenta del fenómeno. Esa teoría deberá explicar por qué los linchamientos surgen con tanta notoriedad en la segunda mitad de la década de 1990. Por supuesto, hace falta trabajar en los mecanismos causales que este estudio apenas sugiere. Por ejemplo, cómo es que las fuertes identidades étnicas y el sentido de pertenencia se traducen en un “actuar conjunto” o, previamente, por qué facilitan el que un agravio individual se interprete como uno colectivo. Una de las principales limitaciones metodológicas de este análisis estadístico de tipo transversal es que no revela relaciones entre las variables cuando éstas cambian a lo largo del

21

tiempo, lo cual podría hacerse con la adición de un análisis longitudinal. Sin embargo, no se cuenta con series de tiempo para las variables independientes.55 Finalmente, es fundamental explorar cómo, y qué tanto, la severidad de los linchamientos (por ejemplo, el número de víctimas fatales en un mismo episodio de violencia colectiva), la distancia en el tiempo, su efectividad en el control de la delincuencia, y la distancia geográfica entre el lugar donde ocurren y otros lugares con potencial a imitar dicha conducta, podrían afectar el riesgo de que el fenómeno se repita en estos últimos lugares en el futuro. Podría utilizarse algunos modelos de difusión aplicados en los Estados Unidos para entender el contagio de las revueltas callejeras ocurridas en los años sesentas.56 Ello brindará evidencia empírica sobre la relación que hay entre linchamientos ocurridos en diversos lugares y momentos. La hipótesis a evaluar es que los linchamientos no son eventos independientes, y que las aldeas o poblados donde han ocurrido no sólo tienen una diferente propensión intrínseca hacia la violencia colectiva sino que también tienen diversos niveles de respuesta y resistencia a la difusión de eventos previos.57 Sobre estas causas de la difusión de los linchamientos, se ha acusado repetidamente a los medios de comunicación, pero valdría la pena explorar la hipótesis de la efectividad de los linchamientos como medida extraordinaria para detener el crimen y la delincuencia en las comunidades. Entre la población de los lugares donde ha habido linchamientos, parece existir cierta percepción sobre los resultados positivos del castigo violento y público para disuadir a potenciales criminales.58 Esta percepción podría estimular a otras comunidades a seguir el ejemplo. Habría que evaluar si dicha percepción corresponde con la realidad.

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25

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26

XI. TABLAS Y FIGURAS Tabla 1. Distribución de la violencia colectiva en Guatemala, 1996-2002 Número de municipios con k turbas 176 68 35 20 5 9 4 3 1 3 1 1 1 1 2 1 331

Número de turbas (k) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 15 17 22 34 Total

Total de turbas 0 68 70 60 20 45 24 21 8 30 11 13 15 17 44 34 480

Figura 1. Violencia colectiva por año, 1996-2002 500

480

450

419 400

Cuenta Anual

Cuenta Acumulada

345

350

300

284

250

200

180

150

113 100

50

78 35

104 67

61

74

61

35

0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

27

Figura 2. Posibles causas de los linchamientos CAUSAS

EFECTO

Acción Colectiva Solidaridad y capacidades de organización

Identidades étnicas y territoriales compartidas

Ausencia del Estado: falta de seguridad y justicia

Cultura del honor Necesidad de represalia violenta para proteger vida y propiedad

Conflicto armado: crueldad y brutalidad

Cultura de la violencia Erosión del capital social

Pobreza y exclusión social

Estados sicológicos Enojo y frustración

LINCHAMIENTOS Turbas

Tabla 2. Coeficientes de correlación y estadísticas de las variables independientes

Tasa anual de violaciones a los DDHH, 1960-95 Porcentaje de extrema pobreza, 2000 Porcentaje de población indígena, 2002 Tasa de juzgados, 2003 Densidad poblacional por Km2, 2002 Porcentaje de población urbana, 2002 Media Desviación estándar Mínimo Máximo

conflicto 1.000 -0.015 0.056 -0.105 -0.068 -0.057 6.298 13.759 0.000 150.360

pobreza

*

1.000 -0.138 -0.004 -0.103 -0.010 19.776 14.242 0.000 65.000

** *

indígena

juzgados

1.000 0.072 -0.035 -0.033

1.000 -0.081 0.283

47.495 40.463 0.000 100.000

7.358 6.549 0.000 52.190

densidad

***

1.000 0.424 290.126 518.526 1.580 4398.570

urbano

1.000

***

38.722 25.200 3.000 100.000

* p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01

28

Tabla 3. Determinantes de la violencia colectiva: resultados

Tasa anual de violaciones a los DDHH, 1960-95 Porcentaje de extrema pobreza, 2000 Porcentaje de población indígena, 2002 Tasa de juzgados, 2003 Densidad poblacional por Km2, 2002 Porcentaje de población urbana, 2002 Constante

Linchamiento Modelo 1 0.009 (0.004) -0.005 (0.007) 0.016 (0.002) -0.153 (0.042) 0.000 (0.000) -0.011 (0.005) -0.770 (0.407)

**

*** ***

** *

Turba Modelo 2 0.019 (0.013) -0.006 (0.007) 0.017 (0.002) -0.087 (0.020) 0.001 (0.000) -0.005 (0.004) -0.240 (0.286)

*** *** ***

Número de observaciones 331 331 Wald chi2 (6) 77.82 86.07 Log likelihood -234.452 -470.020 Alpha 0.791 1.354 Todas las estimaciones fueron hechas usando la opción robusta de errores estándar del comando nbreg de STATA 8.2. Los errores estándar están entre paréntesis. * p < 0.10 ** p < 0.05 *** p < 0.01

Tabla 4. Cambio esperado en la variable dependiente debido a + una desviación estándar

Referencia (todas las variables en su media) Tasa anual de violaciones a los DDHH, 1960-95 Porcentaje de extrema pobreza, 2000 Porcentaje de población indígena, 2002 Tasa de juzgados, 2003 Densidad poblacional por Km2, 2002 Porcentaje de población urbana, 2002

Linchamiento 0.22 0.25 0.20 0.42 0.08 0.25 0.16

% Cambio 14 -7 92 - 63 15 - 25

Turba 1.03 1.33 0.94 2.04 0.58 1.72 0.90

% Cambio 30 -8 99 - 43 68 - 12

29

XII. MAPAS* Mapa 1. Distribución de la violencia homicida a nivel municipal, 1996-2002 Tasa de homicidios por cien mil habitantes

Fuente: elaboración propia con datos del INE 2004. * Todos los mapas fueron elaborados utilizando IRIS 3.0 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información de México. Agradezco al INE de Guatemala por facilitarme el acceso a dicho software y enseñarme a utilizarlo.

30

Mapa 2. Distribución de linchamientos (casos fatales) a nivel municipal, 1996-2002

Fuente: elaboración propia con datos de MINUGUA 2004.

31

Mapa 3. Distribución de la violencia colectiva (turbas) a nivel municipal, 1996-2002

Fuente: elaboración propia con datos de MINUGUA 2004.

32

Mapa 4. Distribución de las violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno a nivel municipal, 1960-1995 Tasa promedio anual de violaciones por cien mil habitantes

Fuente: elaboración propia con datos de Ball 1999.

33

Mapa 5. Distribución de la extrema pobreza a nivel municipal, 2000-2002 Porcentaje respecto al total de población

Fuente: elaboración propia con datos de SEGEPLAN 2002.

34

Mapa 6. Distribución de la población indígena a nivel municipal, 2002 Porcentaje respecto al total de población

Fuente: elaboración propia con datos del INE 2003.

35

Mapa 7. Distribución de juzgados a nivel municipal, 2003 Tasa por cien mil habitantes

Fuente: elaboración propia con datos del Organismo Judicial 2004.

36

1

MINUGUA (2000), MINUGUA (2002), y MINUGUA (2004).

2

Además de los informes de la MINUGUA, académicos de diversas especialidades (sobre todo desde la antropología) han estudiado el fenómeno de los linchamientos en Guatemala: Gutiérrez y Kobrak (2001), Snodgrass (2002), Adams y Bastos (2003), Fernández (2004), y Handy (2004). 3

Las referencias obligadas sobre los datos de la violencia durante el conflicto armado interno son las siguientes: ODHAG (1998), Ball, Kobrak, et al. (1999), y CEH (1999). 4

Garmendia y Reynoso (2004).

5

Azpuru (2000).

6

Desde una perspectiva comparada, a nivel internacional, hay que tomar en cuenta que en otros países también han ocurrido linchamientos y que Guatemala es tan sólo un caso, entre otros, de sociedades post-conflicto, de democracias jóvenes y con graves problemas socioeconómicos. 7

INE (2004).

8

En siete departamentos con alto porcentaje de población indígena (más del 60%), el promedio anual de la tasa de homicidios es de 5.9 por cien mil habitantes (de 1986 a 1997). En el mismo período, la tasa de homicidios en los Estados Unidos fue de 9.2 por cien mil habitantes (NCHS 2005). 9

Estas personas posiblemente son víctimas del llamado “dilema de los voluntarios”: ciertos experimentos han mostrado que entre más personas se encuentren presentes al momento de una emergencia es menos probable que cualquier individuo tome la iniciativa de hacer algo al respecto. Parece que cuando algún tipo de actividad indeseable está ocurriendo, la cual puede ser detenida por la intervención de otros, las personas tienden a no actuar si hay otras presentes porque cada una espera que el otro haga algo (Felkins 1995). 10

Pocos han sido los investigadores sociales que han reconocido la importancia de la variable étnica en el tema de los linchamientos, por ejemplo Adams y Bastos (2003). 11

Smelser (1962).

12

Arendt (1951).

13

Jenkins y Perrow (1977) y McAdam (1982).

14

Tilly (2003).

15

Kalyvas (1999).

16

Olson (1965).

17

Hardin (1982).

18

Kahneman y Tversky (1979).

19

Weyland (2002).

20

O’Donnell (1994).

21

Beck y Tolnay (1990), y Soule (1992).

22

Corzine, Creech, et al. (1983), y Olzak (1990).

37

23

Tolnay y Beck (1995).

24

Massey y Myers (1989).

25

Nisbett y Cohen (1996).

26

La tradición del “cazador de hombres” en los Estados Unidos era una práctica de los sureños blancos que se armaban a sí mismos para capturar extraoficialmente a un presunto criminal. Este método de vigilancia evolucionó y persistió en la “frontera”, es decir, en los lugares donde el poder policial era insuficiente (Raper 1969). 27

MINUGUA (2000).

28

MINUGUA (2002).

29

Recientemente, en enero del 2006, ocurrió un caso de linchamiento en El Salvador dentro del contexto de la campaña electoral. Un militante del partido ARENA fue arrollado por un automóvil cuando se encontraba colocando propaganda electoral. Unos 25 correligionarios persiguieron al conductor, y al capturarlo lo golpearon hasta provocarle la muerte (Iraheta y Zaldaña 2006). 30

Sobre este punto estoy en deuda con Rodolfo Kepfer, investigador de AVANCSO, quien en 1999 me planteó la pregunta sobre la violencia colectiva en zonas indígenas en contraste con las bajas tasas de violencia homicida en esas mismas regiones. 31

Oberschall y Kim (1996).

32

MINUGUA (2004).

33

Kennedy (2003).

34

Ball (1999).

35

SEGEPLAN (2002).

36

INE (2003).

37

Teóricamente es defendible el uso de este indicador como aproximación al nivel de ausencia del Estado como ley y como burocracia (OJ 2004). No se incluyeron la presencia de la Policía Nacional Civil y del Ejército porque ninguna de las dos entidades facilitó los datos. 38

INE (2003).

39

Es curioso que la variable étnica es siempre significativa desde el punto de vista estadístico, sin importar el modelo econométrico que se utilice. Si se corre la regresión tomando en cuenta únicamente los casos de turbas donde no hubo un desenlace fatal, la única variable independiente que permanece significativa es el porcentaje de población indígena por municipio. 40

Posiblemente esto explica el elevado número de casos de formación de turbas en la Ciudad de Guatemala, muchas de ellas en los mercados. En dichos lugares también existe una identidad compartida que facilita la acción colectiva. 41

Esto podría explicar por qué en la Ciudad de Guatemala se han dado 34 casos de turbas, pero únicamente un caso fatal con el saldo de una persona muerta. Tomando en cuenta que en la Ciudad de Guatemala vive el 21% de la población del país, se corrió nuevamente cada modelo y se le excluyó. La única diferencia importante es que la variable de control sobre densidad poblacional dejó de ser significativa en el modelo 2.

38

42

Debido a que no se cuenta con los datos del Ejército, la Policía Nacional Civil y otras entidades estatales, y por lo tanto las mismas no se incluyen en el análisis estadístico, vale la pena hacer la aclaración que se podría estar sobredimensionando la importancia del Organismo Judicial. No a nivel teórico, pero sí a nivel de su impacto empírico. Podría ser que no haga falta tanto esfuerzo por parte del Organismo Judicial sino que el mismo se comparta con otras entidades, como aumentando la cobertura de la Policía Nacional Civil. 43

O’Donnell (1994).

44

Clemens (1993).

45

En otros contextos se ha mostrado evidencia empírica a favor de la hipótesis según la cual las personas que ya están involucradas en algún tipo de organización son más propensas a participar en esfuerzos colectivos. Ello ocurre especialmente en pequeñas comunidades donde los individuos pertenecen a densas redes conformadas por organizaciones que se traslapan (Fernández y McAdam 1988). 46

Reuters (2001).

47

Roscigno y Danaher (2001).

48

Torres-Rivas (2003).

49

Como lo ilustran numerosas tragedias en sitios cerrados y públicos, como salas de cine o discotecas, cuando éstas se incendian. Muchas de las muertes se podrían haber evitado si las personas se hubieran coordinado para salir ordenadamente del lugar, en vez de tratar de aplicar el “sálvese quien pueda” que sólo provoca pánico y el que se bloqueen unos a otros. 50

Mendoza (2004).

51

Coincido con varios puntos expresado por Colop (2006).

52

“Tenemos una jurisdicción especial, que se aplica a pesar de que muchas veces consideran que el fuete o los azotes violan los derechos humanos, pero en nuestra comunidad se aplica eso para algunas faltas menores y otras mayores, dependiendo de la gravedad pues se aplica el castigo” Clemencia Herrera del Pueblo Itoto, en Colombia (IIDH 2003). Parece ser que en América Latina también se observa cierta correlación entre linchamientos y población indígena, como lo sugieren los casos recientes en Bolivia y Ecuador, y casos previos en México (Vilas 2001, y Vilas 2006). 53

Pattillo-McCoy (1998).

54

Mendoza (2003).

55

Aunque hay algunas que varían muy poco en el tiempo, como la variable étnica, y otras que están fijas en el tiempo, como las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado interno. 56

Myers (2000).

57

De acuerdo con un análisis preliminar (event history analysis) realizado con datos del año 1996, la difusión también es importante para explicar el patrón de los linchamientos en Guatemala: los efectos de contagio respecto a previos episodios de violencia colectiva son mitigados por la distancia geográfica (heterogeneidad espacial) y dependen de la severidad del episodio mismo. La hipótesis sobre el efecto del tiempo transcurrido entre un evento y otro (heterogeneidad temporal) no pudo ser confirmada. Es decir que la cercanía (o lejanía) en el tiempo no explica la ocurrencia (o no) de nuevos linchamientos, según los datos analizados. Estos resultados fueron brevemente presentados en Mendoza (2006). 58

Gutiérrez y Kobrak (2001).

39