Auditores Campesinos: Transparencia, democracia y tierra en el Paraguay Neoliberal

AUDITORES CAMPESINOS

KREGG HETHERINGTON

AUDITORES CAMPESINOS Transparencia, democracia y tierra en el Paraguay neoliberal

TRADUCIDO AL ESPAÑOL POR CAROLINA CASTILLO ASUNCIÓN, PARAGUAY 2014

Kregg Hetherington Auditores Campesinos. Transparencia, democracia y tierra en el Paraguay neoliberal Título original: Guerrilla Auditors. The Politics of Transparency en Neoliberal Paraguay. Kregg Hetherington, 2011 Duke University Press Durham, North Carolina (Estados Unidos). Diseño de tapa: Diseño del material: Obra de tapa: Adriana González Brun, “Memorias de un Archivo”, 2001, Instalación Artística, 5,90 x 2,35 x 2,35, Colección privada. Traducción al español: Carolina Castillo Edición: Alejandra Estigarribia Corrección: Guillermo Maldonado Asunción, Paraguay, 2014 ISBN:

Contenido AGRADECIMIENTOS iii ACLARACIÓN SOBRE LOS NOMBRES v INTRODUCCIÓN

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1. LA TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA Campesinos y transicionistas Campesinos de la Guerra Fría El nacimiento de los transicionistas Tres cuentos de transición Transparencia: El Archivo del Terror La Sociedad Civil: El Marzo Paraguayo Libre Mercado: Soja

33 35 35 43 56 56 65 78

2. TIERRAS MALHABIDAS 93 Dos narrativas malhabidas 97 Tierra malhabida en papel 106 La ley desde adentro 116 La lógica interna de los paros cívicos 128 3. LOTES PRECARIOS 136 Dos formas de propiedad 139 Mejoras 148 Derecheras 150 Títulos 153 Propiedad Privada 157 La trinchera de la antiprivatización 163 La materialidad de los derechos 176 La materialidad de la representación 184 Derechos de ladrillo 197 4. DOCUMENTOS ENGAÑOSOS La opacidad de la transparencia No se gana nada sobre papeles No acercarse a la mesa ¿Quién va a leer todo esto?

204 216 228 238 248

5. TRANSPARENCIA POPULISTA 261 Historia del populismo paraguayo 268 Stroessner y el agrarismo 272 Dos naciones 280 Dos realidades 286 El don de la transparencia 291 Regularización 295 Transparencia Populista 308 EPÍLOGO: LA REVANCHA DE LA TIERRA MALHABIDA 315 NOTAS 327

AGRADECIMIENTOS Este libro, en su versión inglesa, fue publicado en el 2011 y la mayor parte del mismo fue escrito antes del 2008. Desde entonces mucho ha cambiado, tanto en Paraguay como en mi propia forma de pensar. En particular, el ascenso y destitución del gobierno de Fernando Lugo alteraron radicalmente la forma en que la gente en Paraguay narra la democracia y cómo el Paraguay rural y el urbano se relacionan entre sí. Mi parecer es que la historia y los análisis aquí presentados echan luz sobre esos cambios y hago alusión a ellos en el epílogo, el cual fue reescrito para esta versión traducida. Me resistí al deseo de “actualizar” el libro de otras maneras. A pesar de esto, indudablemente no es el mismo libro que su versión en inglés. Es un derivado de él, que tiene la intención de abrir nuevas posibilidades comunicativas, yuxtaposiciones documentales y públicos interpretativos. No es el regalo de la transparencia que me hubiera gustado que fuese. Debido a las mismas circunstancias de circulación de textos que exploro en este libro, es probable que se reproduzcan las mismas exclusiones que describo; pero tengo la esperanza de que pueda abrir nuevas conversaciones y dar lugar a nuevas alianzas. El texto se debe en gran parte a la labor de cuatro excelentes colegas y amigos. Fue un placer trabajar con Carolina Castillo, quien terminó conociendo el texto mejor que yo y me enseñó mucho a lo largo de todo el proceso. Alejandra Estigarribia, quien dio una nueva mirada al texto así como una atención a los detalles analíticos que lo mejoraron inmensamente. Marco Castillo, quien contribuyó tras bambalinas en todo el proceso, un gran sintetizador que cuidó de las ideas desde lejos. Sofía Espíndola, cuyo compromiso particular con los procesos aquí descritos la convirtieron en una caja de resonancia indispensable a lo largo del proceso. Carlos Pastore Olmedo, Adelina Pusineri, Fabricio Vázquez, Ignacio Telesca, Marisol de la Cadena, Kristina Lyons, Leticia Barrera, Andrea Ballestero, Mario Blaser, Salvador Schavelzon y Jeremy Campbell también tuvieron mucho que ver en la consecución

de esta versión traducida del libro. Otras personas que han sido partícipes de gran parte del proceso son Ramón Fogel, Antonio Castillo, Noni Florencio, Ramona Fischer y Lawrence Morroni. Me siento honrado de haber conocido y aprendido de Tomás Palau y Marcial Riquelme, que han apoyado esta investigación como amigos, mentores y compañeros de viaje. Muchas gracias a Adriana González Brun por el permiso para usar su extraordinaria obra de arte en la tapa. Danielle, Sadie y Dylan me apoyaron en todo el proceso de muchas más maneras de las que puedo describir. La investigación original fue posible gracias a la confianza y el apoyo de Jorge Galeano, Antonio Galeano, Irene Ramírez y Demesia Rodríguez, sus hijos y una docena de otras familias en seis comunidades cercanas a Vaquería, Caaguazú. Es muy sorprendente para mí que tal generosidad pueda ser demostrada en el contexto descrito en el libro y sería imposible explicar de qué manera esa generosidad y esas enseñanzas han cambiado mi realidad. Irene, quien falleció en el 2006 cuando estaba terminando la investigación fue una constante fuente de ayuda y conocimiento. Ella hizo posible mi investigación al asegurarse de que yo siempre tuviera un lugar para descansar por las noches, que siempre hubiera un tereré o un mate, según dictara el clima, y me sorprendía con unas chipas o unos panecillos dulces recién salidos del tatakua. Este libro está dedicado a ella.

viii Agradecimientos

ACLARACIÓN SOBRE LOS NOMBRES La regla de oro de la ética en las prácticas de nombramiento etnográficas es utilizar seudónimos cuando se trata de cualquier persona que no sea una figura pública. La práctica requiere diferenciar entre tres tipos de nombres: los que pueden ser fácilmente sustituidos y por tanto son irrelevantes para el análisis, los nombres que son “públicos” y por tanto imposibles de ocultar o son claves para el análisis, y aquellos nombres que están asociados con un derecho de autor y están sujetos, por ley, a ser usados como distintivos de la propiedad de otras palabras. Sin embargo, este libro complica a esta regla considerablemente, ya que analiza la construcción histórica de dos comunidades discursivas, y por lo tanto de dos públicos diferentes, dificultando la tarea de diferenciar entre las figuras públicas y las privadas. Entonces, las decisiones sobre cuáles nombres usar y cuáles omitir requieren realizar juicios sobre los públicos específicos, en los cuales cada nombre circula generalmente. Por otro lado, este texto no es un texto aislado, sino está involucrado en redes de textos que se dirigen a audiencias en circunstancias bastante distintas a las de una publicación académica. Los periódicos paraguayos de alcance nacional y varios blogs de activistas cubrieron eventos descritos en este libro, usando tanto los nombres de los participantes así como el del antropólogo que resultó involucrado. Por lo tanto, los seudónimos ofrecerían sólo un fino velo de anonimidad a muchos de los protagonistas en este libro. Por consiguiente, me he basado en una forma mucho más idiosincrática de nombrar. Con la autorización previa de mis principales conocidos en Vaquería, no he buscado cambiar sus identidades; de todos modos cualquiera que quisiera, lograría descubrirlas. Tampoco he cambiado los nombres de la mayor parte de las comunidades en que he vivido y trabajado; estos nombres también podrían ser fácilmente obtenidos consultando los registros disponibles. No obstante, he cambiado los nombres de ciertos lugares y personas a los cuales no pude pedir autorización. He omitido los nombres de la mayoría de las personas a quienes llamo transicionistas ya que trato a estas

personas no en carácter individual sino como representantes de esta tipología. Me resultó mucho más fácil ocultar sus identidades que las de las personas específicas del movimiento campesino con quienes traté. Fui deliberadamente impreciso respecto a aquellas personas cuyo ideario político era contrapuesto a aquel destacado en este libro, personas que no obstante fueron lo suficientemente generosas como para compartir sus opiniones y su tiempo conmigo. Asimismo es difícil ubicar la línea entre lo que cuenta como público o privado cuando se trata de empleados públicos y documentos. Evité nombrar a los funcionarios que se atrevieron a hablar conmigo de forma confidencial e hice cambios periódicos a la narrativa así como a aspectos de sus puestos oficiales para dificultar la tarea de rastrear su identidad. Además cambié los números de documentos de los materiales a los cuales tuve acceso y que no eran públicos, de manera a hacer difícil su recuperación. Algunos documentos los recibí en forma de fotocopia de parte de activistas que los trataban como documentos públicos, en estos casos yo también los consideré públicos. Dicho de otro modo, fui cuidadoso en no filtrar documentos estatales a los cuales tuve acceso privado en contextos oficiales, sin embargo no intenté ocultar aquellos que ya eran compartidos entre activistas. Hablé extendidamente con varias personas cuyos nombres reales aparecen en estas páginas, sobre los riesgos que podría suponer el texto. Algunas personas me solicitaron utilizar sus nombres al hablar con los medios y me solicitaron hacer lo mismo en este libro. No se trata de que la gente no encontrara diferencia entre las historias en los periódicos y la etnografía, tampoco de que simplemente tuvieran la noción romántica de “hacer escuchar sus voces”. Más bien, como se podrá ver, ellos entendían cuán compleja podía ser la vida de un documento cuando se aleja de su autor, pero producían dichos documentos todo el tiempo, con la esperanza de cambiar sus circunstancias y me animaban a hacer lo propio en ese sentido. El presente documento debe ser entendido de la misma manera. El problema de nombrar, en este caso o en otros, no se resuelve totalmente con la convención etnográfica de “consentimiento informado”. Como todas las demás palabras, los nombres en este libro son irreductiblemente políticos.

x Aclaración de Nombres

INTRODUCCIÓN Para los impulsores del desarrollo internacional, la llegada del siglo XXI trajo consigo una narrativa esperanzadora. La premisa central que sostenían era que la modernización de las burocracias y la transparencia en la gestión de la información serían la clave para la promoción de la equidad, la prosperidad y la libertad. El modelo había surgido al final de la Guerra Fría, junto con una serie de otros proyectos que en su conjunto se conocen como “neoliberalismo”: programas de ajustes estructurales, que incluyen privatización de empresas estatales, tercerización de los servicios públicos, desregulación de los mercados y el comercio. La mayoría de estos proyectos, y las teorías en las que estaban basadas, han sido ampliamente criticadas. Derivado de los colapsos financieros en Asia, América Latina, Europa y Estados Unidos, el neoliberalismo junto con la desregulación sin límites, se han vuelto impopulares en las corrientes principales de pensamiento político y económico1. Se dice que hemos ingresado a la era del “posneoliberalismo”2, sin embargo el modelo de gobernanza basado en reformas burocráticas se mantiene y con él muchos de los lemas que eran populares en el apogeo del neoliberalismo, a inicios de los años noventa: transparencia, responsabilidad, eficiencia, anticorrupción. En realidad, con el abandono de la desregulación como herramienta preferida de los expertos, los eslóganes del buen gobierno han sido cargados con mayor expectativa que anteriormente. Actualmente la promesa del desarrollo viene con la condición de la eliminación de malos gastos, la racionalización de trámites y la responsabilización de los proveedores de servicios públicos. Pero lo que debiéramos haber aprendido del siglo XX es que las soluciones simples, basadas en relatos sencillos de progreso, rara vez tienen los resultados previstos. La investigación que resultó en este libro comenzó durante un evento que parece muy alejado de las teorías de reforma burocrática o de las políticas de transparencia gubernamental: un conflicto entre campesinos y productores de soja en Paraguay. Sostengo, sin embargo, que es justo en estos márgenes de la gobernanza internacional, que la

transparencia resulta más interesante como objeto de análisis. Aquí se ve más claramente que la transparencia tiene la misma tendencia que muchas ideas liberales anteriores: aunque se presenta a sí misma como un bien universal, es sin embargo intrínsecamente exclusivo. Son las personas que viven dentro de esta contradicción, a la vez acogidas y repelidas por premisas universales, quienes tienen mucho que contarnos sobre las implicancias del fenómeno. Una de las principales características de ser campesino en el Paraguay del siglo XXI es que al mismo tiempo que su pobreza y marginalización son considerados síntomas de la democracia incompleta, ellos son considerados una amenaza para el proyecto de transparencia que supuestamente los sacará de la exclusión. La transparencia y la democracia son presentadas como la cura a la pobreza rural, pero, según dicen sus proponentes, la mayor traba a esta cura son los propios pobres rurales, cuya forma de ser y pensar resulta de alguna manera inherentemente antidemocrática. En Paraguay, la palabra “campesino” generalmente se refiere a pequeños agricultores, con o sin tierras, que viven en la fértil región oriental del país. Son numéricamente importantes, comprendiendo por lo menos el 20% de la población total y el 83% de las fincas, a pesar de que son dueños solamente del 4% del total de tierras cultivadas3. Pero más allá de los números, la identidad histórica de los campesinos en el Paraguay se ha constituido a través de la lucha por ser incluidos en el proyecto nacional. Las personas autodenominadas campesinas hoy son implícitamente identificadas con la lucha por la tierra, incesante desde los años sesenta4. En esa época, un auge algodonero hizo posible a los pequeños productores obtener ciertas ganancias con la mano de obra familiar, lo cual les permitió ingresar al mercado económico, y según pregonaban las promesas desarrollistas de la época, convertirse en ciudadanos de derecho pleno de su nación. Al igual que la mayoría de los campesinos del resto de América Latina, ellos creían que la prosperidad individual y nacional sería alcanzable a través de la redistribución de las vastas proporciones de tierras que actualmente estaban en manos de un reducido grupo de élite; las tierras serían entregadas a la gente pobre, para que ellos y sus hijos realizaran el agotador trabajo en los campos algodoneros bajo el sol de 45°C. Esa esperanza era sostenida de un lado por una clase intelectual que creía que el desarrollo rural traería la democracia y por otro lado por un gobierno autoritario engañoso. Pero cuando la Guerra Fría estaba llegando a su fin y con ella la dictadura paraguaya, las teorías oficiales de desarrollo, que tanto habían sostenido la esperanza del campesinado, comenzaron a cambiar. 2 Introducción

Desde que Paraguay comenzó la prolongada transición política en 1989, muchos demócratas urbanos han temido que el proyecto democrático pueda ser socavado por la mera participación de los campesinos en el desarrollo nacional. El analfabetismo campesino, su aparente irracionalidad económica y por sobre todo su predilección por líderes populistas los convierte en un recuerdo aterrador del pasado autoritario reciente; particularidad cultural que debería ser eliminada por las reformas de transparencia. Sin embargo, quizás lo más sorprendente es el hecho de que la mayoría de los campesinos que conozco no se han resistido a las ideas de transparencia y reforma burocrática, al contrario, muchos han acogido abiertamente estas ideas que implícitamente los excluyen, tratando de apropiarse de la transparencia, adoptando nuevas prácticas políticas para insinuarse en los recovecos de las reformas burocráticas. Estos líderes campesinos legalistas rara vez tienen éxito en sus metas políticas. Pero su existencia paradójica como intrusos no deseados en un sistema basado en la inclusión, sirve como punto de partida para examinar la política de transparencia después de la Guerra Fría.

La transparencia Posguerra Fría La propuesta de transparencia como virtud burocrática no es del todo nueva, sin embargo, en los años 90 se convirtió en la idea clave de por lo menos dos proyectos internacionales de reforma: uno relacionado a la gobernanza y el otro al desarrollo económico. El primero tenía sus raíces en críticas occidentales hacia la propaganda y la censura así como al trabajo de inteligencia estatal en países comunistas. La idea de que los Estados opresivos manipulaban y retenían información de sus ciudadanos fue una de las armas ideológicas claves de los Estados Unidos durante la Guerra Fría, al punto de que la censura llegó a verse como equivalente al totalitarismo (ver Pietz, 1988; Franco, 2002)5. En esta visión, el hecho de tener “más información” accesible al público naturalmente producía la democracia y los Estados que truncaban o distorsionaban información eran, de hecho, antidemocráticos6. El argumento esgrimido por el liberalismo en contra de la propaganda era particularmente sugestivo, ya que dividía el discurso público en dos tipos: el transparente, objetivo e informativo, y el engañoso, manipulador y político. Para el año 1989 la creencia de que el gobierno debería estar basado en instituciones fuertemente democráticas, abiertas a la ciudadanía, y eficiente en su producción y distribución de información, Introducción 3

se había convertido en la piedra angular de lo que el Banco Mundial llamaba “buen gobierno” (Banco Mundial, 1989 y 1999). Se trataba de una versión simplificada de la democracia, un modelo procedimental que carecía de contenido específico o local, de manera que podía ser adaptado al funcionamiento de cualquier estado actual (Diamond, 1989). De acuerdo al modelo, un Estado era democrático siempre y cuando sus ciudadanos estaban adecuadamente informados sobre sus opciones, y eran libres de participar en rituales ocasionales de toma de decisiones como las elecciones. Como tal, la democracia era de hecho formalmente similar al capitalismo: un campo de juego basado en reglas claras en el que los ciudadanos-consumidores, provistos de información transparente, eligen a gobernantes óptimos a través de decisiones racionales. La cercanía conceptual entre la democracia procedimental y la economía liberal no es coincidencia, ya que la otra parte de la transparencia comenzó en una rama de la microeconomía conocida como “economía de la información”, basada en parte en el rechazo a las economías de control al estilo soviético. Las bases intelectuales de esta economía fueron establecidas en 1945 cuando Friedrich Hayek (1945) argumentó que el control estatal de la información era no sólo antidemocrático, sino también un lastre para la economía7. Estas ideas quedaron relativamente marginales hasta los años noventa, momento en que tuvieron un resurgimiento, popularizando la premisa de que el mercado no puede lograr la eficiencia si sus participantes están mal informados (o asimétricamente informados) sobre el valor relativo de los bienes que están comprando o vendiendo. Como consecuencia de este principio los economistas del desarrollo argumentaron que al mejorar la disponibilidad de información y convirtiendo lo incierto en información segura (por ejemplo, con la elaboración de cálculos de riesgo), se podrían hacer más eficientes los mercados8. En una década en donde la “tecnologías de la información” se expandía a todas partes y los países anunciaban su entrada a la “era de la información”, la idea de que la producción y difusión de la información pudiera tener un efecto positivo fue muy atractivo para gente de todo tipo de ideologías políticas. De hecho, los más firmes defensores del enfoque de la “información para el desarrollo” incluían tanto a discípulos conservadores de Hayek (e.g. North, 1990; de Soto, 2000) como a abiertos críticos del neoliberalismo (e.g. Stiglitz, 1998, 2002). Es así que la información se convirtió en lo que aceita la maquinaria tanto del mercado como de la democracia. Bajo este poderoso paradigma, los supuestos fracasos políticos y económicos en el “tercer 4 Introducción

mundo” fueron atribuibles a la falta de información transparente al alcance de los ciudadanos9. Lo más llamativo de este cuadro explicativo es la manera en que parecía evitar cualquier tipo de crítica. A pesar de que agentes y expertos del desarrollo internacional condenaron cada vez más al neoliberalismo a finales de los años noventa, el argumento de que la información resolvería los males tanto de la política como de la economía ganó terreno. Expresamente apartado de proyectos de austeridad, el Banco Mundial sugería en su informe de desarrollo mundial del año 1999 que la clave para guiar al mundo en desarrollo a salir de la pobreza era de invertir en “información” y en la resolución de múltiples “problemas de información” (Banco Mundial, 1999)10. A diferencia de los grandes proyectos de la Guerra Fría, en donde el Banco Mundial financiaba la construcción de enormes represas hidroeléctricas e intentaba convertir la agricultura a nivel global a través de nuevas formas de producción intensiva con maquinaria y productos químicos, resultaba pintoresco sugerir que lo que los pobres del mundo en realidad necesitaban era mayor información sobre su propia condición. Si los modelos de desarrollo dependen tan crucialmente de esta cosa llamada “información”, vale la pena hacerse la pregunta de qué implica exactamente. En modelos económicos, la información implica una especie de comunicación purificada, desglosada en “señales” con un valor ajustado en función al número de variantes que una señal pueda tomar. En otras palabras, es medida como una proporción entre las señales que uno comunica y las señales que uno habría podido comunicar11. Pero en lenguaje cotidiano la información también es pensada como algo estático, y aunque no se la puede tocar, se encuentra “contenida” en documentos y en la mente de las personas. Es un objeto que “circula” en sistemas económicos, una especie de conocimiento buscado, poseído, guardado, compartido o escondido por actores económicos. Significa que la información es un objeto en sí mismo, abstraíble, en principio, del contexto en que es creado o interpretado, poseído o querido; es conocimiento en forma de mercancía, un objeto que mejora las decisiones de una persona al hacerlas conscientes de sucesos más allá de un contexto dado. Por lo general la información es aprehendida de manera discursiva pero es una forma de discurso que es abrumadoramente representacional. No pretende ser poética. No evoca ni agita. Solo tendría que referirse a algo en el mundo, directamente y sinceramente. En un mundo de confusiones e incertidumbres, donde un actor racional encuentra dificultades para tomar una decisión, la información implica certeza12. En otras palabras, la información no tiene valor intrínseco, sino que adquiere su valor gaIntroducción 5

rantizando acceso a lo real. La definición económica común de información como “conocimiento de valores que son importantes para la toma de decisión” (Rasmusen, 1994) lo dice todo: los valores preexisten a la información; la información es una mera representación de ellos. El lenguaje por supuesto hace más que representar. Pero es una característica peculiar de la racionalidad desarrollista del siglo XX que las cualidades representacionales del lenguaje tiendan a ocultar sus otras atribuciones (Silverstein, 1981; Crapanzano, 1981). Siguiendo a Webb Keane (2001) podríamos decir que el desarrollo es debatido de acuerdo a una “ideología semiótica”, la creencia de que el lenguaje puede o debe, de manera ideal, funcionar de esta manera. Por ende, participa de una larga historia epistemológica que se remonta a la Ilustración, cuando el trabajo de la mente comienza a ser pensado como separado del propio mundo (Foucault, 1966, 1970; Rorty, 1976; Hacking, 1983). Los modelos de gobernanza “representacionalistas” maduraron durante la era colonial, era que nos otorgó la perdurable fascinación por la cartografía (y el espacio geométrico en general), la catalogación, el registro, la construcción de enciclopedias, todo con la esperanza de la construcción de representaciones completas del mundo. Como dice Timothy Mitchell, estas prácticas representacionales “establecieron en la arquitectura social y en la experiencia vivida del mundo una distinción absoluta entre la imagen (o el significado o la estructura) y la realidad, y por lo tanto una imaginación muy particular de lo real” (Mitchell, 2000: 17). Esta epistemología llegó a ser dominante a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, cuando los administradores coloniales británicos creían que era posible, por lo menos en principio, crear representaciones exhaustivas de territorios y personas que intentaban gobernar (ver Richards, 1992; Mitchell, 2002). Los regímenes autoritarios de la Guerra Fría, incluyendo todo el espectro desde la Unión Soviética estalinista hasta el Paraguay anticomunista, incluían algo de la misma arrogancia, una creencia de que teniendo suficiente información sobre los objetos de gobernanza ellos podrían tener un mejor manejo centralizado de la economía. De hecho, parte de la razón por la cual la Guerra Fría terminó y en retrospectiva lo convirtió a Hayek en profeta fue la ruptura con la creencia en la planificación centralizada y la aspiración al conocimiento total. Pero si la arrogancia de tener el control total de la información fue finalmente abandonada, permaneció una ideología semiótica básica de que la comunicación tendría que funcionar a través de representaciones transparentes. Las representaciones transparentes, demasiado complicadas para ser conocidas en conjunto por un 6 Introducción

comando central, simplemente tenían que ser dispersadas a través de los aparatos de señalización que constituían la sociedad democrática basada en el mercado13. Si el autoritarismo fue construido sobre el control estatal de la información, entonces la democracia debería ser construida dando acceso, y de hecho control y responsabilidad sobre toda la información. De esto se trata la sociedad transparente: todo conocimiento estatal es conocimiento público, los ciudadanos pueden “ver” lo que sucede en el gobierno y en la economía, no directamente, sino al ser proveídos de información al respecto. La transparencia ocurre cuando la información es completa y directa, constituyendo un acceso a lo real a través de un medio tan perfecto, que la información en sí desaparece de la escena que describe (cf. Morris, 2001). Esto nunca es realizable pero es lo ideal, un mundo de información perfecta en donde los ciudadanos y empresarios pueden tomar decisiones óptimas sobre cómo organizar a su sociedad. Cuando finalmente la sociedad sea capaz de elegir racionalmente entre opciones políticas y de mercado, los gobiernos tendrán que rendir cuenta, la corrupción decrecerá y el mercado será más eficiente, conduciendo a un mejor crecimiento y sacando a los países en desarrollo de la pobreza. No resulta difícil criticar a las premisas utópicas del proyecto de transparencia, pero ese no es el objetivo de este libro14. Mi objetivo no es criticar la lógica representacional, sino tratarla como un hecho social (cf. Rabinow, 1986), como parte de la manera en la cual gran parte del mundo de hoy construye lo real, las relaciones sociales, las instituciones y los sueños de lo posible. Por ejemplo, muchas de las representaciones descritas en este libro son mapas, y los mapas, incluso los que resultan inexactos, discutibles, ilegibles, ornamentados en demasía y ya desactualizados, invitan y permiten a las personas a hacer cosas que no podrían sin ellos. En el Paraguay rural los mapas hacen una gran diferencia al entrar en la discusión de quiénes son dueños de qué tierras. Un mapa hace posible involucrar a la tecnología y autoridades en apoyo al argumento que sin él no existiría. Personas sin mapas de propiedad pueden recurrir al conocimiento local o a vecinos aliados para resolver las disputas, o si existen documentos escritos a mano pueden recurrir a abogados que puedan interpretarlos. Pero cuando un mapa es adherido al reclamo, también están involucrados topógrafos, agentes catastrales, una gran cantidad de técnicos públicos y privados, dispositivos técnicos complejos, leyes y protocolos de inscripción, expertos en desarrollo y hasta satélites extranjeros de los cuales los mapas dependen. A pesar de Introducción 7

que los mapas catastrales en teoría deberían transparentar las relaciones de propiedad en casos de conflictos, facilitando a jueces y abogados la interpretación a distancia, su efecto más obvio en realidad consiste en complicar y expandir dramáticamente la red de los actores involucrados en las disputas por la tierra. En este ejemplo, la información no hace exactamente lo que se supone debería hacer, pero ciertamente cumple una función. Como se muestra en este libro, las prácticas de representación que se necesitan para crear transparencia están saturadas en cada paso con el mismísimo aspecto de la vida social del cual intentan desprenderse: la política. De hecho, lejos de estabilizar la información, estas redes técnicas más amplias crean nuevos espacios para el desacuerdo y la controversia. Una crítica común al desarrollo en la Posguerra Fría es que lleva a la despolitización. En una amplia literatura inspirada por las conferencias sobre gubernamentalidad de Michel Foucault (1991), varios analistas han afirmado que la estrategia subyacente de gobernanza y desarrollo es de convertir las cuestiones políticas en problemas técnicos y burocráticos15. En su forma más simple, estos argumentos recapitulan la antigua sentencia de Weber (1946) de que las burocracias modernas se convierten en una jaula de hierro carente de diversidad o creatividad humana (ver Graeber, 2006). Pero como argumenta Tania Li (1999, 2007), estas afirmaciones sobreestiman el grado en que los proyectos de desarrollo logran sus metas. En realidad, todo lo que tenga que ver con estos proyectos sigue siendo politizado. En este libro examino un aspecto particular del aparato gubernamental—el uso que hace de la información para promocionar la democracia y el crecimiento económico—y sugiero que el proyecto tiene dos consecuencias inesperadas. La primera es que crea dos clases de ciudadanos: los que son vistos como actores racionales adecuados al mundo de representaciones, y los que no lo son. Dicho de otra manera, aquellos que son capaces de hablar con el lenguaje de la transparencia y que por eso son capaces de tener plena participación en las decisiones del Estado, y aquellos que no, y por ende solo pueden ser gobernados. Esto, según argumento, es uno de los aspectos definitorios de la vida campesina en el Paraguay de la Posguerra Fría: a pesar de lo mucho que los campesinos intenten convertirse en ciudadanos plenos de la democracia, son considerados incapaces de hacerlo. En la era de la transparencia, la marginalidad del campesinado pasa de estar relacionada a la raza, cultura y clase, a estar relacionada a su incapacidad de participar en el uso apropiado de la información. A pesar de esto, el segundo efecto inesperado de la 8 Introducción

transparencia surge de la relativa inestabilidad de la información, la cual crea espacios para la política que se supone debería excluir. La nueva lógica de la transparencia desplaza parcialmente a la política, moviéndola desde los campos algodoneros y las oficinas municipales a los pasillos del registro público en la capital; pero no logra disminuirla. Quizá el rasgo más llamativo de la política de transparencia es su obsesión con los documentos. Los documentos son objetos particulares que se suponen contienen y organizan la información. Pero los documentos también son paquetes de papeles (y cada vez más archivos digitales), cuya obstinada materialidad socava el deseo de estabilidad interpretativa. Como ha demostrado la creciente literatura sobre antropología de los documentos, los significados posibilitados por los documentos no son meramente representacionales, sino también estéticos, indiciales16 y materiales17. Los documentos son siempre encontrados por personas particulares en contextos particulares y su interpretación nunca se separa de la contingencia del encuentro. Como medio necesario de la información, el documento convierte la información en una cosa material, envuelto, imbuido y unido en forma particular, circulando en lugares particulares, y vulnerable a los desastres naturales y a las manipulaciones humanas. Más importante aun, la información que se supone los documentos deberían contener se crea en los distintos encuentros interpretativos18. Los documentos son el lugar en el cual las representaciones abstractas chocan con el contexto actual y caótico, incitando a la confusión y a las interpretaciones competitivas. Por ende, los reformistas de la transparencia, cuya utopía depende de la información pura y abstracta, siempre soñarán—hasta cierto nivel—que los documentos desaparezcan. Pero la imposibilidad de esto da surgimiento al problema más molesto de la burocracia: las deficiencias de los documentos como vectores de información solo pueden ser arregladas a través de auditorías, investigaciones e informes, medios que necesariamente llevan a la creación de más documentos19. A lo largo de este libro, usaré el término “auditoría campesina” para hablar del conjunto de prácticas de rescate, interpretación y creación de documentos oficiales (como cualquier auditoría) que no se adaptan a la ideología o la estética ideal de la transparencia20. Estas prácticas son marcadas como “campesinas” porque, a pesar de que la transparencia sea una ideología universalista, sigue creando sujetos no autorizados a participar en ella. La exclusión de los campesinos no llega a ser total, ya que los documentos, debido a sus cualidades materiales que exceden las reglas abstractas, pueden ser usados con fines no oficiales. En pocas Introducción 9

palabras, la auditoría campesina es la práctica de participar en el flujo abierto de la información gubernamental mientras se es considerado a la transparencia. Muy pocas prácticas de información en realidad se asemejan a la versión idealizada que se les da en la ideología de desarrollo de la Posguerra Fría, y quizás la promesa de transparencia se mantiene más fácilmente cuando la esfera pública queda cercada y la información queda fuera del alcance de quienes están marcados como irracionales o ignorantes. Cuando los auditores campesinos encuentran documentos, dan rienda suelta a interpretaciones indisciplinadas y por lo tanto posibilitan nuevas situaciones dentro de las que los documentos pretenden describir. Por otro lado, ellos evidencian el hecho incómodo que cualquier tipo de persona que entra en contacto con un documento, sea burócrata o abogado, reformista o antropólogo, todos acuden con deseos, políticas, cosmovisiones y hábitos de interpretación distintos. En estos encuentros, la relación correcta entre representación y realidad por ende no sirve como la base de decisiones correctas, sino se convierte en un terreno de lucha, el lenguaje de contención por la cual distintos proyectos políticos se confrontan y se articulan (Roseberry, 1996).

La Era de Información en el Paraguay El argumento que acabo de presentar emergerá lentamente de una descripción histórica y etnográfica de la política paraguaya. Hasta el año 1989 el Paraguay era internacionalmente famoso principalmente por la brutalidad de su policía secreta, la corrupción de sus élites, su mercado negro y el anonimato generalizado que atraía todo tipo de personajes desagradables, desde nazis y fascistas hasta ladrones internacionales, dictadores exiliados y líderes de culto21. La figura literaria más reconocida en Paraguay, Augusto Roa Bastos, había escrito desde el exilio que “Paraguay es una isla rodeada de tierra”, una frase que fue tomada tanto por la comunidad paraguaya en el exilio como por extranjeros que intentaban entender la peculiaridad del país22. La popularidad de la metáfora mostraba que el aislamiento del Paraguay se había convertido en un problema existencial para el sector más educado de la población. Evocaba el anhelo de un país vinculado al mundo. Este anhelo, por la modernidad, la democracia y el cosmopolitismo se convirtió en uno de los rasgos definitorios de la vida de los paraguayos, particularmente en Asunción luego del año 1989. La era de la Posguerra Fría era inundada a nivel global por historias de pobreza causada por la corrupción, el ca10 Introducción

pitalismo de compinches y la irregularidad burocrática, lo que para muchos paraguayos parecía echar luz sobre la patología de su país de una forma particularmente acertada. En el reconocimiento de su dolencia universal, el Paraguay encontraría su vínculo con el resto del mundo. Muchos paraguayos urbanos sentían que su aislamiento era económico, cultural y político. El primer problema era su ubicación geográfica que conspiraba para mantenerlo empobrecido23. Es un país pequeño, con apenas 6 millones de habitantes según el último censo, y a finales de los años noventa más del cincuenta por ciento de los paraguayos vivían fuera de las ciudades, lo cual representa una de las mayores poblaciones rurales del hemisferio occidental. Paraguay está dividido en dos partes: sesenta por ciento de la tierra a la orilla oeste del rio Paraguay hasta la frontera con Bolivia es muy árida y hasta hace muy poco ha estado ausente de los proyectos nacionales24. Lo que para la mayoría de los paraguayos es considerado propiamente Paraguay se encuentra en la región oriental, constituida por tierra extremadamente fértil, excelentes cursos de agua y por la población mestiza, emblemática de la historia nacional. El lado este del Paraguay está aislado del océano por países mucho más grandes e influyentes, Argentina y Brasil, que desde hace mucho lo ven como un país sumido en el atraso y por lo tanto un fastidio regional. Los paraguayos siempre han sentido que su relación con el resto del mundo está controlada por los vecinos gigantes, con los cuales ha librado una famosa y sangrienta guerra en el siglo XIX25. Por otra parte el país nunca ha tenido recursos naturales lucrativos exceptuando a los relacionados a la agricultura, ni una gran industria manufacturera. El esquema de desarrollo en la época de la Guerra Fría en gran medida se centró en los cultivos comerciales como el algodón y el tabaco en la región oriental del país, que al principio resultaban lucrativos pero que rápidamente se convirtieron en cargas para el Estado. En este contexto económico, la idea de promover el crecimiento económico simplemente mejorando la gestión de la información parecía altamente prometedora. Un segundo aspecto de la experiencia paraguaya que hizo tan atractiva la idea de transparencia fue la distinción lingüística del país, por la cual era estigmatizada en el resto del continente. Paraguay es el único país en el hemisferio en donde la mayoría de la población habla la lengua indígena guaraní, a pesar de no identificarse políticamente como indígenas. Casi todos los paraguayos son bilingües en mayor o menor grado; hablan tanto el español como el guaraní. En su análisis del bilingüismo paraguayo, Joan Rubin (1968) argumentaba que el español y el guaraní tienen una relación jerárquica o de diglosia26. Introducción 11

Rubin observó que los paraguayos consideran al español un idioma más formal, prestigioso y racional y que lo asocian tanto a la forma escrita como a los espacios públicos urbanos. El guaraní por otro lado es más íntimo, vulgar, poético, oral y rural. Los paraguayos bilingües se dirigen a los íntimos en guaraní, pero a los extraños en español, o como muchas veces me lo explicaron, se utiliza el guaraní para los asuntos del corazón o las tripas y el español para asuntos de la cabeza. No resulta sorprendente que las diferencias también estén fuertemente basadas en la clase: la élite y la clase media paraguaya tienen más probabilidades de hablar español como primer idioma (hasta hace poco a muchos niños se les prohibía hablar en guaraní en la casa), mientras que la población rural y pobre solo se encuentra con el español en las escuelas (y más recientemente a través de la televisión). En Paraguay esto lleva a una política lingüística peculiar: casi todos los negocios formales y estatales, y los documentos escritos están en español, una lengua que la mayoría considera fría, distante y snob; por otro lado, la mayor parte de los actos comunicativos políticos, los saludos, los tratos de confianza y los discursos sentimentales que apelan a las masas son realizados en guaraní, un idioma que gran parte de la élite considera como carente de las cualidades necesarias para la racionalidad y la rendición de cuentas. En otras palabras, el guaraní, idioma utilizado por la mayoría de la población rural en situación de pobreza, es casi por definición no-transparente para aquellos que ahora se consideran como los gerentes de la nueva democracia paraguaya. Todas las democracias liberales son perseguidas por el temor de la clase media a lo inescrutable de las masas, y en Paraguay la élite de habla hispana tiene un idioma para justificar ese temor27. El tercer problema, que significó un importante impulso hacía la transparencia fue la incapacidad histórica del país de fomentar un gobierno democrático. En el año 1989 el Paraguay seguía siendo gobernado por una de las dictaduras más largas del continente, la del General Alfredo Stroessner, que había estado en el poder desde 1954. Internamente Stroessner era inmensamente poderoso, habiéndose ganado la lealtad de los paraguayos mediante un enorme sistema cada vez más complejo de clientelismo, el cual borró por completo la distinción entre el Estado y su Partido Colorado. Stroessner tenía una merecida reputación de brutalidad, de abusos de derechos humanos y forma de gobernar arbitraria, sin embargo, contaba con el apoyo de los Estados Unidos por su acérrima posición anticomunista en el hemisferio (Grow, 1981). No es casualidad que el apoyo se desvaneciera lentamente a lo 12 Introducción

largo de la década de los años ochenta, y que Stroessner hubiera sido finalmente depuesto en 1989 como parte de la transición global. El golpe de Estado relativamente incruento fue llevado a cabo por miembros del mismo Partido Colorado y por lo tanto la transición a la democracia comenzó con el partido de Stroessner todavía en el poder. El nuevo presidente, el General Andrés Rodríguez prometió celebrar elecciones libres en 1992, pero siempre existieron dudas sobre si aceptaría una derrota electoral. La idea de que el golpe de Estado fue el primer paso hacia la democracia fue por ende impulsada más fuertemente por otros: los estudiantes de clase media y profesionales de Asunción, activistas, sacerdotes de izquierda, líderes del interior del país, y expatriados que volvían al país con la esperanza de reconstruirlo. Para estas personas, el hecho de que el Partido Colorado se mantuviera en el poder era menos importante que el marco procesual que estaba siendo construido, un marco para el buen gobierno y la distribución de la información, que sentarían las bases para la democracia en el futuro. Una especie de euforia nacional saludó el momento de transición, especialmente durante los tres primeros años después del golpe, cuando los acelerados cambios políticos y el boom de inversores extranjeros transformaron Asunción. Una amplia coalición opositora al Partido Colorado articulada en un nuevo partido socialdemócrata llamado Encuentro Nacional parecía haber creado un país nuevo. Pero la derrota electoral en 1993, en las primeras elecciones y el lento desvanecimiento del milagro económico significaron la corta duración de la coalición. Un argumento central de este libro es que los años de transición crearon dos tipos de sujetos políticos en Paraguay que comenzaron aliados por su oposición al Partido Colorado, pero pronto divergieron en sus aspiraciones sobre el futuro nacional. El primer grupo era el campesinado que se vio crecientemente excluido del proyecto democrático y el segundo, al que denomino “transicionistas”, constituido por aquellos que se veían a sí mismos como los únicos portadores de la democracia28. En estos dos grupos no se agotaban las identidades posibles de la Posguerra Fría, es decir, no eran las únicas subjetividades posibles, tampoco eran mayoría, sin embargo, fuera del oficialismo del Partido Colorado, eran los más activos en el terreno político de la transición. En el primer capítulo, exploro en detalle la historia de sus divergencias, pero déjenme aquí señalar su relación. Sociológicamente hablando, los transicionistas eran fundamentalmente estudiantes y profesionales urbanos cansados del antiguo régimen. La mayoría provenía de la élite de Asunción, y por ende tenían Introducción 13

relaciones sociales y familiares con miembros del régimen. Pero tenían experiencias compartidas que les marcaban, muchos, por ejemplo, habían asistido al colegio jesuita Cristo Rey (a menudo blanco de las represiones de Stroessner), o habían trabajado como académicos independientes, expertos en desarrollo y como artistas. Gran parte de ellos habían ido al exilio en sucesivas olas de represión, y retornaron al Paraguay con la visión de un país producto de años de militancias centradas en la literatura, arte y escrito de manifiestos. A medida que pasaba el tiempo, este grupo se diversificó, acogiendo a una serie de estudiantes que estaban menos inclinados hacia la política y más atraídos por la visión de modernidad y apertura que la democracia les ofrecía. Los románticos que anhelaban una visión del Paraguay más consciente socialmente se pusieron a trabajar en las numerosas ONG que estallaron en Asunción en los años posteriores al golpe de Estado, como consultores de organismos internacionales. Los demás se convirtieron en profesionales, doctores, abogados, gente de negocio, periodistas y artistas. Para el momento en que hice la investigación para este libro, más que un grupo específico de personas era una identidad, un lugar desde el cual la mayoría de la clase media asuncena y un creciente número de empresarios rurales soñaban con el futuro del país, aspirando, a veces con desesperación, a una democracia cada vez más lejana. La esperanza de que una mayor transparencia, la apertura burocrática y las elecciones llevaran finalmente a la transferencia de poder no pudo cumplirse durante casi dos décadas. Para frustración de los transicionistas, los candidatos colorados ganaron las primeras cuatro elecciones presidenciales, aun cuando estas elecciones fueron consideradas limpias por la comunidad internacional29. Pero a pesar de que el partido del dictador se mantenía en el poder, los años noventa fueron de reformas continuas en Asunción y de proliferación de agencias generadoras de información, desde la inauguración de la figura de Auditor General en la nueva Constitución Nacional, hasta el establecimiento de una oficina de Transparencia Internacional. La prensa nacional se expandía basada en su nueva libertad, reportando diariamente escándalos de corrupción de altas esferas del gobierno. La democracia también parecía traer consigo una recesión económica cada vez más profunda. Para los organismos internacionales y los profesionales de Asunción la corrupción era la principal culpable y un mercado libre y transparente, la cura. Mientras la transición falló en cumplir lo prometido—nuevas libertades, nuevos gobernantes, respeto internacional, prosperidad— aquellos que mantenían sus deseos políticos plasmados en la idea de 14 Introducción

transparencia se sentían amenazados por las diversas fuerzas internas que seguían manteniendo a los caudillos populistas en el poder. El temor se extendió a los campesinos, esas masas rurales que no eran de plena confianza para participar en un gobierno racional, que seguía eligiendo a los colorados y que seguía invadiendo tierras, exigiendo subsidios a la agricultura y apartándose de los ideales del libre mercado. Los campesinos siempre habían servido como símbolos de la visión romántica de la nación paraguaya, y como tal servían como aliados necesarios a los transicionistas. Pero ahora, los urbanos comenzaron a mirarlos como vestigios culturales intransigentes de la Guerra Fría, oscuros, afectivos, inescrutables e irracionales. En pocas palabras, durante este periodo los campesinos asumieron un nuevo rol: el atavismo y anacronismo de una nueva sociedad, impidiendo constantemente la transición a la democracia plena. La amenaza que constituían los campesinos ha sido denominada de varias maneras, pero quizá el término más conveniente, el que más coincide con la ambivalencia liberal, es el “populismo”, esa forma aberrante de hacer política que parece amenazar a la democracia en todas partes (Panizza, 2005; Arditi, 2005; Zizek, 2006). En América Latina el populismo fue en algún momento considerado un estadio de desarrollo que precedía a la democracia liberal (e.g. Germani, 1968), pero ha resurgido en varios países desde el final de la Guerra Fría como un potencial presagio del fracaso de la transición (Weyland, 2003; Demmers et al., 2001). El liberalismo es definido por basarse en la racionalidad política de sus individuos, en el lenguaje transparente y reglas claras, en contraposición el populismo es definido por basarse en la irracionalidad de las masas y en líderes que se encuentran fuera de la ley. El rasgo definitorio más reconocido del populismo es el uso que da a la categoría “pueblo” en contra de elites e instituciones (ver Laclau, 2005). Justamente este tipo de apelaciones llevaron al éxito a Stroessner; él prometía riquezas a las masas rurales y protección contra el robo de recursos por parte de la élite terrateniente y lo haría por medio de una Reforma Agraria, en un país predominantemente rural. De esta manera construyó el apoyo popular del “pueblo paraguayo”, una categoría que connotaba la ruralidad, la pobreza y el guaraní. Después del golpe de Estado, los líderes campesinos y sus partidarios continuaban la promoción de esa visión del campesinado, no sólo como la marca de un pasado nacional romántico, sino como el mismísimo futuro de la nación. Y era ese “pueblo”, que quedó luego de la partida de Stroessner reivindicado en canciones y consignas del movimiento campesino, el que los tranIntroducción 15

sicionistas temían por considerarla fuente impredecible de irracionalidad política. La categoría “pueblo” sugería que los campesinos eran patológicamente no transparentes, ya que parecían moverse como una masa, en lugar de hacerlo individualmente y con ello amenazaban con la vuelta a la tiranía, la dictadura y el aislamiento.

Auditores Campesinos Para entender los motivos por los cuales esta situación histórica daría lugar a una novedosa práctica de auditoría subversiva, debemos trasladarnos al interior del país. Mi primer encuentro con estos activistas se dio en una visita a un campamento campesino en un asentamiento llamado Tekojoja, ubicado en el departamento de Caaguazú, en la región oriental del país. El campamento había sido construido por aproximadamente cincuenta familias que habían sido desalojadas de sus tierras por la policía a pedido de los sojeros de la comunidad aledaña. El campamento era un lugar inhumano para vivir; la gente se acurrucaba en carpas para contrarrestar el frío que el viento intentaba desgarrar. Los habitantes me llevaron a conocer su “cocina”, una enorme olla solitaria, llena de arroz frío que había sido donado por un vecino amable, también me mostraron el lugar donde hasta el día anterior había una plantación de naranjos que los sojeros habían arrancado de raíz en un intento de despojarles de alimentos y así ganarlos por el hambre. Me contaron cómo habían sido arados sus cultivos y cuánto tiempo y dinero habían invertido en su cuidado antes de que fueran destruidos. Ese día se oyó una cantidad de risas sorprendente en el campamento, pero era una risa de su extrema desgracia; por ejemplo cuando me contaron de lo rápido que se había contagiado la diarrea desde que se mudaron allí, o cuando me relataban cómo había sido golpeado uno de sus compañeros por la policía, cuando esa misma mañana le descubrieron en la tierra de la cual habían sido desalojados la semana anterior. Esa noche la pasé en casa de uno de los dirigentes del movimiento, Jorge Galeano. Jorge no era de Tekojoja, él vivía en una casita de ladrillos relativamente linda, con rejas bien pintadas en las afueras de un pueblo vecino llamado Vaquería. Lo más llamativo era la habitación del frente, embaldosada y limpia, con una computadora en la esquina y un estante lleno de libros y papeles, más parecido al lobby de una oficina de abogados que a un rancho campesino. Yo esperaba pasar el resto de la noche escuchando más historias sobre las injusticias y la violencia, pero en su lugar me encontré sentado con Jorge en un sofá revisando 16 Introducción

documentos, hojeando cientos de páginas de fotocopias borrosas recolectadas a lo largo de los años, mapas de encuestas, decisiones judiciales, recibos y todo tipo de documentos que para él revelaban los rastros de un Estado corrupto y de un sistema legal hipócrita. Jorge estaba viviendo la política de transparencia, el sueño de que cualquier ciudadano podía acceder a los registros estatales y así oponerse al mismo. De hecho, la historia de vida de Jorge tiene el inicio del sueño de cualquier experto en desarrollo. Él y su hermano mellizo Antonio nacieron en 1960 en un hogar de ocho hijos a cargo de una madre soltera, en la región más antigua de agricultores al este de Asunción. La fuente principal de ingreso de la familia era la recolección y venta de coco. Jorge, el más adelantado de los hermanos se mudó a Asunción donde pudo terminar el colegio trabajando de noche en una fábrica de alcohol. En los años ochenta los dos hermanos se mudaron al departamento de Caaguazú, principal zona de colonización de la reforma agraria en la época. Allí conocieron a sus esposas y se involucraron, a través de la iglesia local, en el movimiento juvenil que luchaba contra Stroessner. Jorge rápidamente ascendió y a sus apenas veinte años se había convertido en un influyente líder de una organización regional campesina, participando en tácticas de presión para forzar al gobierno de Stroessner a redistribuir tierra a familias campesinas. Luego del golpe de Estado Jorge se vinculó al Encuentro Nacional junto con políticos opositores de Asunción y fue electo como miembro de la junta departamental de Caaguazú, en las primeras elecciones descentralizadas bajo la nueva Constitución Nacional. Ahí pudo acumular experiencia y reconocimiento, además de hacerse de un buen salario. Jorge había encarnado la historia de sus éxitos: era alto, de piel clara, siempre estaba impecablemente vestido y su excelente español muchas veces lo podía hacer pasar por un asunceno de clase media. Y sin embargo, cuando lo conocí, Jorge estaba nuevamente en la miseria. La linda piecita al frente de su casa era todo lo que quedaba de su riqueza, el resto se estaba cayendo a pedazos. Jorge había dejado el Encuentro Nacional a mitad de su mandato en la junta porque se había decepcionado del partido y no volvió a ser reelecto. Durante varios años se dedicó a pequeños emprendimientos, trabajó como contratado de ONG e intentó comenzar pequeños proyectos con voluntarios del Cuerpo de Paz que vivían en Vaquería. Tenía enemigos locales, tanto aquellos que lo acusaban de corrupción en el manejo de los proyectos de ONG, como los políticos colorados locales a quienes él criticaba. Pero su vida era tranquila, y relativamente cómoda. Por otro lado, su hermano Antonio Introducción 17

había sido expulsado de un asentamiento de la reforma agraria al norte, por estar en desacuerdo con miembros locales del Partido Colorado, lo que le llevó a mudarse con toda su familia también a Vaquería. En un momento dado, cuando Jorge estaba tratando de ganarse la vida dando clases de informática básica a la juventud elitista de Vaquería, Antonio le imploró que volviera a “trabajar por su pueblo”. Antonio tenía su propia historia. Cuando me reuní con él no tenía idea de que era el hermano mellizo de Jorge, y ni siquiera se me hubiera ocurrido pensar que eran parientes. La experiencia de la transición democrática encarnada por Antonio era totalmente otra. Él era más pequeño que su hermano, de piel más oscura y carácter más nervioso y hasta que me mudé a vivir con él apenas le había escuchado hablar en español, toda su vida transcurría en guaraní. No había finalizado el cuarto grado y a pesar de saber leer lo suficiente como para sobrevivir, se llamaba a si mismo analfabeto. Era campesino de comienzo a fin, y solía decir de sí mismo en guaraní: che campesinoite30, marcando tanto una señal de orgullo como una autocrítica. Sin embargo Antonio rara vez trabajó la tierra. Él también tenía un inmenso carisma, inspiraba la confianza de los campesinos del distrito donde vivía y pronto llegaría a conquistar la mía también. Antonio no era conocido por ser hábil con los documentos, sus seguidores me comentaron esto varias veces en privado, sin embargo sabían que se había entregado completamente a su deseo de ayudar a los demás y no tenía miedo de luchar contra las injusticias. Los campesinos no se acercaban directamente a Jorge para pedir ayuda, de la misma manera en que no se acercaban a un abogado de habla hispana, sin embargo acudían a Antonio a cualquier hora del día o la noche para pedir ayuda sobre asuntos de tierras, enfermedades, problemas matrimoniales, entre otros o simplemente para reportar sobre el movimientos de los brasileños o los planes de los campesinos en comunidades aledañas. El recibía casi a todos, les daba largos discursos e historias que les otorgaba la sensación de que sus problemas pronto acabarían. En el año 2002 Jorge y Antonio, junto con un grupo de conocidos de los distritos cercanos, crearon una organización a la que llamaron Movimiento Agrario y Popular (MAP) destinado a presionar al gobierno para el logro de las promesas de Reforma Agraria y a mejorar la condición económica de sus miembros. Jorge abandonó la enseñanza, Antonio dejó de tomar trabajos ocasionales en la cooperativa local y juntos manejaron la organización desde Vaquería. Al igual que la mayoría de las organizaciones similares su objetivo primordial fue el de 18 Introducción

asegurar tierra para la juventud sin tierra; los hermanos desarrollaron una técnica para encontrar tierras de tenencia ilegal para su expropiación y con ello conciliaban la política de la reforma agraria con la idea de la transparencia (que examino en el capítulo 2). Pero por sobre todo fueron conocidos en el área por ser excelentes en la resolución de problemas. Comunidades de toda Caaguazú con problemas legales o burocráticos particularmente complicados acudían para buscar ayuda y consejos de los hermanos. Los miembros llamaban a Jorge ore kabaju, nuestro caballo, tanto por el apoyo político que le daban como por el incansable trabajo que realizaba para ayudarles, no había problema social, legal o de tierra que no intentara resolver. Antonio por su lado era el rostro de confianza de la organización. Su patio se llenaba todos los días de gente que iba a discutir aspectos vinculados al sufrimiento campesino local. Sus conocidos más cercanos le llevaban comida y hasta que yo me mudé a su casa y comencé a pagar un alquiler, ese era el único ingreso confiable que tenían él, su mujer y sus cuatro hijos. Con el apoyo de su hermano Antonio, Jorge desarrolló una doble vida bastante difícil. Mientras vivía en la pobreza en Vaquería, pasaba cada vez más tiempo en Asunción buscando documentos, discutiendo con burócratas y tecnócratas tratando de seguir los rastros que vinculaban los problemas campesinos con los archivos del Estado. Colorados y hombres de negocios en Vaquería y Caaguazú odiaban a Jorge por su campaña en contra de los terratenientes locales y trataban constantemente de tildarlo de bandido en la radio local. Los funcionarios de las oficinas públicas de Asunción tampoco lo soportaban porque se rehusaba a jugar el rol del pobre campesino en búsqueda de ayuda. Muy a menudo Jorge demostraba tener más conocimientos sobre la ley y los documentos que los propios burócratas con quienes se encontraba, desafiando de esa manera su autoridad cada vez que entraba a una oficina, produciendo documentos y fotocopias que contradecían lo que le habían dicho para deshacerse de él. A medida que crecía la influencia que ejercía, comenzó también a tener roces con los tecnócratas y expertos en desarrollo, quienes se sentían amenazados por el conocimiento que tenía e incomodados por el tenor abiertamente político de todo lo que decía, ya que ellos intentaban mantener una imagen de neutralidad burocrática. Esta es la primera ironía que intento evocar con el término “auditoría campesina”. Jorge y los demás nunca quisieron actuar de manera ilegal, de hecho, en el espíritu de transparencia y responsabilidad ellos aprendieron las leyes, así como aprendieron a interpretar los documenIntroducción 19

tos oficiales y a compilar documentos de los archivos que daban cuenta de los errores del Estado. Jorge hizo esto dentro del marco de sus derechos como ciudadano bajo la nueva Constitución, la cual manejaba mejor que muchos de los funcionarios públicos. Debo admitir que al principio encontré esta postura un poco tibia, quizá una manera segura de hacer frente a la pobreza rural. Pero no había nada de fácil en esta estrategia. Jorge tenía muchos enemigos, desde caudillos y criminales locales, hasta altos miembros del gobierno y del Poder Judicial. Estas personas lo amenazaban constantemente, mandaron arrestarlo bajo cargos falsos en repetidas ocasiones y en al menos una ocasión intentaron dispararlo pero fallaron, matando a dos de sus compañeros. La estrategia y las habilidades particulares de Jorge implicaban que ni siquiera sus adeptos entendían muy bien lo que hacía y a menudo dudaban que esté trabajando a favor de ellos. Por esta razón, él se apoyaba en Antonio como el cable a tierra para sus bases en el interior31. Jorge siempre sintió la tensión entre la esperanza invertida en él y la sospecha de que podría perder el contacto con la realidad campesina, ya que su comportamiento se parecía mucho al de los profesionales urbanos como para ser de total confianza. Ésta última no hubiera sido posible sin la gran lealtad de su mellizo campesino. A pesar de que sus tácticas se ajustaban al estado de derecho y que adaptaba la política rural a la urbana, muchos transicionistas lo trataban con desprecio por considerarlo un rebelde. Con excepción de sus pocos seguidores en algunas ONG y círculos de activistas, los expertos en desarrollo, reformistas, analistas políticos y periodistas de televisión lo trataban como a un matón. Jorge avergonzaba y molestaba a abogados, jueces y burócratas que vivían entre los documentos y enfurecía a las elites que se imaginaban a sí mismos teniendo la ventaja a la hora de realizar argumentaciones jurídicas. Había sólo una diferencia real entre las actividades de Jorge y el tipo de escrutinio que los transicionistas sostenían debían ser hechos por los ciudadanos sobre los asuntos estatales: en contraposición a la ideología de la transparencia, Jorge encaminaba sus expediciones documentales con claras intenciones políticas en apoyo a una posición sectaria que los transicionistas asociaban con el populismo rural y el autoritarismo. Y es por esto que las auditorías de Jorge eran auditorías campesinas. De acuerdo con los transicionistas, los intereses campesinos no eran universales, objetivos ni imparciales, sino sectarios, sospechosos e inmanentemente violentos, por el simple hecho de ser campesinos. Mientras los auditores campesinos veían sus acciones como un tipo de incursión en un mundo lejos de sus bases, los 20 Introducción

transicionistas las veían como una amenaza al libre mercado y a la propia democracia. La delgada línea entre la auditoría practicada por los campesinos y la auditoría oficial amenazaba con vulgarizar la política transicionista, con mostrar que los transicionistas también eran seres políticos e interesados. En pocas palabras, los transicionistas insistían en que Jorge representaba un peligro a los fines de mantener la diferenciación entre el público universal y el pueblo particular, entre las razones objetivas de la democracia liberal y la irracionalidad de las masas. Afortunadamente el intento de excluir de la democracia nunca funciona. Michel de Certeau (1984:148) dijo que “la razón se escribe en el no lugar del papel”. Los auditores campesinos saben que a pesar de que el papel contiene un “no lugar”, el propio papel siempre se encuentra necesariamente en algún lugar y es este conocimiento el que sustenta su proyecto político. Ellos buscan estos documentos, rastrean sus huellas y reconstruyen los procesos mediante los cuales un grupo de personas ha sido capaz de controlar la mayor parte de la economía del Paraguay. A diferencia de los auditores oficiales, ellos no pretenden ser profesionales desinteresados al servicio de un ideal universal, sino una mayoría oprimida librando una guerra de posiciones en los archivos32. A diferencia de los auditores oficiales, ellos llevan a cabo estas tareas sin comprometerse con los supuestos representacionales del proyecto de transparencia, y la visión que tienen de la burocracia se acerca a la de una guerra librada con los papeles, antes que a la de la administración imparcial de información. Por eso son subversivos ante los ojos de las élites políticas, intrusos contra la sociedad civil, la esfera pública y el Estado de derecho, y por ende contra la idea misma de gobernanza racional.

Enredo Etnográfico Los campesinos y transicionistas son personajes definidos en gran medida por sus prácticas de conocimiento, dicho de otro modo, la mayor diferencia entre ellos es la forma en que pretenden conocer el mundo. La etnografía también es una práctica de conocimiento y como tal existen problemas conceptuales que emergen constantemente en este tipo de análisis. Varias etnografías ejemplares de las prácticas de conocimiento modernos han demostrado que el análisis de ellas muchas veces cae en la confusión entre forma y contenido33. Un ejemplo es la etnografía pionera de Annelise Riles (2000) sobre activistas que usan el lenguaje de las ciencias sociales para describir su práctica política como Introducción 21

la “construcción de redes” (networking). Riles alega que estos fenómenos “se resisten a ser interpretados… porque son muy familiares: comparten con nuestras herramientas interpretativas una singular estética y un conjunto de prácticas de representación” (2000: 1). Describir la actividad de los activistas como “la creación de conexiones en red” sería no interpretar nada sino simplemente repetir34. Comencé a sentir la misma dificultad en los inicios de mi investigación, al tratar de explicar de qué trataba la etnografía de la creación de información durante la transición democrática. Muchos de mis amigos transicionistas expresaron cuán contentos estaban de poder recibir la información que yo les estaría dando sobre su sociedad, la cual podría ayudarles a entenderse mejor y a partir de ahí ayudarles a modernizarse y democratizarse. En otras palabras, ellos interpretaban mi proyecto como la misma práctica que yo quería observar en otros. Esta similitud manifiesta entre lo que yo estaba haciendo y lo que los transicionistas hacían dificultaba mucho la posibilidad de ver a los transicionistas como un grupo aparte. Ellos eran, tanto para mí como para ellos mismos, transparentes, compartiendo una cultura que no se veía como cultura. De manera similar, tanto ellos como yo concebíamos a los campesinos como un objeto cultural distinto. De hecho, como mostraré en el capítulo 1, la etnografía rural y la descripción cultural de los campesinos fueron siempre parte del proyecto de transición. En otras palabras, el propio proyecto de describir cómo los campesinos eran marginalizados por la política de transparencia participaba en la política de transparencia, y por eso en la propia marginalización. Esta comprensión motivó la reorientación de mi investigación de dos formas. La primera fue la denominación de los “transicionistas” o sea, la creación de un objeto social que pudiera dar una especie de simetría al análisis, lo cual normalmente está ausente en cualquier conversación sobre el tema. Los transicionistas son, en este libro, una interrupción analítica en un dilema etnográfico. La segunda forma consistió en tratar de adoptar los métodos de investigación de Jorge lo mejor que pudiera, en vez de los métodos más familiares. La escuela de posgrado me había dado una buena formación para buscar información, pero no me había preparado para hacer frente a los documentos. Más concretamente, no me había preparado para el enredo que tendría con las infinitas posibilidades de interpretación de un archivo estatal o de una pequeña comunidad llena de conflictos. No me había dado las herramientas para lograr extraer de los enredos los detalles necesarios para contar una historia útil35. 22 Introducción

Mi aprendizaje alcanzó un punto crucial en junio del 2005, siete meses después de mudarme con Antonio, cuando por primera vez experimenté los efectos de ser definido campesino en el Paraguay. El evento ocurrió en Tekojoja, cerca del campamento de ocupación que había visitado en el 2003. Un conocido me había pedido tomar fotografías durante uno de los tantos desalojos policiales en la comunidad, durante el cual los sojeros estaban destruyendo cultivos y casas de los campesinos. El día terminó con una balacera que mató a dos personas e hirió gravemente a una, mientras yo tomaba fotos desde atrás de un delgado naranjo, donde según me contaron después, me quedé ridículamente parado. Para bien o para mal, mi posición compleja durante el evento elevó temporalmente la política campesina a un nivel de debate público nacional aceptable. A pesar del testimonio campesino que decía lo contrario, el primer reporte que llegó a las primeras páginas de los diarios nacionales sugería que los campesinos habían emboscado a los sojeros en un camino del interior y que en la consiguiente confrontación, dos de ellos fueron muertos, quizás incluso por balas accidentales disparadas por sus propios compañeros imbéciles. El día siguiente puse a disposición del periódico de la competencia mi testimonio, junto con las fotos tomadas, que mostraban a los campesinos desarmados mientras estaban siendo baleados36. No fue sino hasta la aparición de mi testimonio, el cual resultaba más transparente que la palabra de los campesinos para los reporteros, que la historia cambió. Dos cosas surgieron de este evento que son centrales para este libro. El primero fue sentir en carne propia un ejemplo fugaz de lo que los campesinos llaman “realidad”. Una realidad que para ellos es sentida en el cuerpo en lugar de ser buscada en la transparencia. Para mí, la realidad emergió con pesadillas, ataques ocasionales de ira, nerviosismo al escuchar petardos y en un quiste doloroso que se desarrolló en mi garganta. Todavía no puedo describirla más que de esta manera, porque es el tipo de cosas que se resiste a la representación o a mi propia capacidad de evocación, pero me alegró cuando se alejó y pude volver a mi práctica de leer y escribir. La segunda cosa, que se deriva de la primera, fue que me encontré implicado en el proyecto de los auditores campesinos de una manera que no me había imaginado. Simplemente me refiero a que comencé a producir documentos que no obedecían la división documentaria que separaba a los campesinos de la esfera pública. No estoy diciendo que los artículos, fotos o testimonios que produje hayan repercutido de forma significativa en la lucha campesina, ni estoy diciendo que fue bueno o malo, a pesar de que me sentí abrumado en el Introducción 23

momento por la sensación de que los acontecimientos habían convertido a los lineamientos éticos comunes de la investigación social en algo incoherente. Sólo digo esto como una declaración general de cómo mi relato está situado, ya que considero este libro como uno de muchos documentos, algunos de ellos hechos por mí, que emanan de mi presencia en ese naranjal aquella fría tarde de junio. Siempre consideré—y sigo considerando—tener una relación de solidaridad con los campesinos que conocí, pero creo que “enredada” es una mejor manera de entender la relación ahora, enredada tanto por las circunstancias como por mi predilección política37. Mi presencia en Tekojoja influyó en todo lo relacionado a este texto. Luego de los eventos, inmediatamente se me hizo imposible hablar con mucha gente en el distrito donde vivía, o incluso considerar visitar áreas cercanas; también cambió el marco ético y político de lo que estaba haciendo, de una manera que escapó totalmente a mi control. Mi involucramiento en los eventos destruyó algunas amistades, fortaleció otras y dio lugar a nuevas relaciones, conversaciones y proyectos claves para el resto de mi investigación. Finalmente, como mi nombre y algunos otros nombres en este texto son públicamente reconocidos en Paraguay como resultado de este evento, será inevitable que influya sobre la forma en que se lea el libro, sobre dónde circula y sobre cómo la gente se relaciona con él. Mis afinidades circunstanciales con ciertos campesinos no deberían ser confundidos con la celebración ciega de sus políticas. No pretendo defender los proyectos campesinos ni tampoco repudiar la democracia en sí con las críticas que tengo hacia algunos proyectos democráticos particulares. Soy completamente consciente de que la misma palabra “campesino” está plagada de una historia propia de violencia, racismo, y sexismo. Este es un problema con cualquier categoría, incluyendo la antropología. No me detendré en ellos porque esos vectores de violencia no fueron los que se me presentaron. Mi etnografía, por lo tanto, es tan parcial como la lectura que Jorge da a los documentos en el registro público. Sospecho que decepcionaré a la mayoría de los transicionistas, que fácilmente encontrarán al texto incompleto, obviamente parcial, o con serias fallas representacionales. No proveerá el tipo de información que mucha gente quería de mí . Pero siguiendo el estilo de una auditoria campesina, lo considero como un punto de partida para una incursión en el debate constante de la democracia, el cambio histórico de lo rural y las políticas de transparencia que surgieron después de la Guerra Fría. 24 Introducción

1. LA TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA Cuando visité por primera vez Paraguay en 1998, la palabra democracia se escuchaba en todas partes, siempre cargada de sentimientos negativos. Cuanto menos, el país seguía en una “transición hacia la democracia”, cuyo destino final seguía siendo inconcluso. Desde 1989, cuando el Partido Colorado anunció que había llegado la democracia, los paraguayos habían participado en elecciones abiertas e internacionalmente reconocidas. A pesar de eso, los colorados, que habían mantenido una dictadura durante 42 años, lograron mantener su poder a través de las urnas. Frente a esta continuidad, se había instalado un cierto grado de cinismo con respecto a la transición. Dependiendo de dónde y a quiénes preguntaba, estos sentimientos se explicaban de distintas formas. En Asunción, donde la mayoría de mis conversaciones se daban con profesionales de clase media, seguía palpándose un deseo de democracia y reforma del Estado bajo la incertidumbre de la transición, el odio hacia los colorados y el miedo del retorno de la dictadura. En el campo, donde mis interlocutores eran campesinos muy politizados, el odio hacia los colorados era más complejo, y la relación entre autoritarismo y democracia más ambivalente1. Un dicho común en el campo era “con Stroessner no se decía lo que se quería, pero se comía lo que se quería”. Este capítulo trata sobre estos dos grupos y las formas en que sus políticas, aspiraciones y miradas del mundo fueron moldeadas por diferentes frustraciones de la prolongada transición, y al mismo tiempo cómo llegaron a relacionarse entre sí, muchas veces de manera antagónica; porque mientras los campesinos continuaban creyendo que ellos personificaban al pueblo paraguayo, en Asunción estaba brotando una visión bastante diferente sobre el país. El actor más poderoso en la política paraguaya durante el periodo de transición seguía siendo el Partido Colorado, cuya red yacía en profundas raíces clientelistas que ligaba a las familias más ricas con las más pobres, otorgando a las primeras el control casi completo de los militares, el Poder Judicial y la burocracia del país. Mientras que

en el periodo de la Guerra Fría los campesinos habían labrado su política en relación con los colorados, ahora entendieron que tenían que negociar un espacio político con los que dominaban los medios de comunicación, las empresas, las organizaciones de desarrollo y el sistema educativo, y cuyo sentimiento hacia la mundo rural era el deseo que los campesinos desaparecieran. La transición que barría al Paraguay no contemplaba destruir una cultura tradicional campesina (a pesar de que ciertamente la visión romántica de la vida campesina volvió a emerger en el debate sobre estas transformaciones), más bien contemplaba desentrañar de una vez por todas al poderoso pero fraccionado bloque histórico, organizado en torno a la Reforma Agraria, que conectaba al Partido Colorado con las aspiraciones económicas de los campesinos. Con ese desenlace llegaron profundos reajustes económicos y políticos, y una transformación completa tanto de la política como del paisaje rural. La transición hacia la democracia, a pesar de lo que terminó siendo, constituía una poderosa narrativa que organizaba las nuevas políticas emergentes del grupo que llamo “transicionistas”2. La transición produjo un sentimiento públicamente legitimado del pasado, presente y futuro, que a su vez creó exclusiones en el tiempo. Si el gobierno de Stroessner antes de 1989 presentó una visión de los campesinos como el futuro de la nación, después del golpe los transicionistas se esforzaron en retratar a los campesinos como parte del pasado, condenado a desaparecer. La visión del anacronismo campesino no era necesariamente dirigida por una malicia manifiesta hacia los pobres rurales. En los años posteriores al golpe de Estado, los políticos transicionistas, intelectuales, periodistas y líderes sociales hicieron un gran esfuerzo para incluir al campesinado en los proyectos de transición y hacer coincidir su narrativa en ascenso, con la narrativa de la liberación de la población rural. Pero estos proyectos de convivencia no funcionaron y con el tiempo quedó claro que el campesinado simplemente no cabía en la narrativa de la transición. Las continuidades asociadas a un pasado tiránico llegaron a ser atribuidas a los campesinos, elementos cultural y burocráticamente vergonzantes, que no cuadraban con los principales símbolos de la democracia que se asomaba: la transparencia, la sociedad civil y el libre mercado3. En el peor de los casos, los campesinos eran vistos como la temible masa inculta, cuya irracionalidad política podía hacer regresar a la dictadura. En otros casos eran simplemente una traba para el inevitable progreso. 26 Capítulo Uno

CAMPESINOS Y TRANSICIONISTAS Campesinos de la Guerra Fría Hasta en los análisis más desapasionados, la palabra “campesino” tiene para los paraguayos una serie de connotaciones culturales, lingüísticas e históricas que abarcan una amplia gama que va desde ideales románticos hasta estereotipos profundamente racistas4. Esto incluye ideas sobre normas culturales tradicionales de pequeños propietarios mestizos en los departamentos rurales más cercanos a Asunción (Caazapá, Guairá, Paraguarí) en el siglo XIX y XX y las políticas marcadamente populistas que predominaron durante la dictadura de Stroessner en los departamentos que fueron colonizados en el marco de la Reforma Agraria por las mismas familias (San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná). También señala una especie de política de identidad que se apropia de la palabra estigmatizante para promover una visión particular de cómo debe organizarse la nación. Para aquellos que se hacen llamar campesinos en el siglo XXI, la palabra tiene una postura militante en contra del abandono nacional y tiene una estrecha vinculación con el populismo de la Guerra Fría en oposición a una tendencia política que abandona los proyectos de redistribución en las zonas rurales. Sin embargo, lo primero que hay que entender de lo que está en juego en esta política es el grado en que no es reconocida como una verdadera política en gran parte de los análisis5, pues la idea del campesinado como plebe pasiva contiene su propia teoría de lo que hace que los campesinos se levanten. Esa teoría, formada por los temores liberales sobre la irracionalidad de las masas y su potencial de violencia se conoce con el término genérico de “populismo”, un estilo de política que implica la suspensión de la racionalidad con el fin de complacer a las masas populares. En Paraguay, el populismo es llamado de varias maneras, pero su nombre más común es “caudillismo”, una forma de política que se caracteriza por el liderazgo de hombres fuertes con conexiones personales con el pueblo paraguayo, o con las masas tradicionales. En manos de los transicionistas el caudillismo es un rótulo peyorativo que define el comportamiento de seguidores ciegos, que de manera irracional son seguidores de las personalidades superficiales de los caudillos en lugar de serlo de los principios de deliberación racional. Un comentario dominante en el análisis de las movilizaciones campesinas es que la mayoría de las La Transición hacia la democracia 27

personas presentes en las manifestaciones, cortes de ruta e invasiones de tierra no son más que víctimas de la astucia e intereses de los líderes que saben cómo atraer seguidores con discursos vacíos en guaraní y con una retórica engañosa o violenta. La historia del caudillismo paraguayo se remonta—cuanto menos—a la independencia del país de España en 1811, después de la cual fue gobernada por una sucesión de los dictadores más implacables de la región6. Durante la transición a la democracia, la Reforma Agraria es empleada como un ejemplo reciente de populismo, ya que sirvió de vínculo entre el campesinado y el régimen de Stroessner. El Partido Colorado había tomado el poder en 1947 durante una corta, pero cruel guerra civil en contra de su tradicional rival: el Partido Liberal. El General Stroessner, que ejercía el control del ala militar del Partido, tomó la presidencia en 1954. Él, personalmente, no estaba a favor de la Reforma Agraria, la cual era una idea fuertemente asociada al Partido Liberal, pero otras facciones de su partido estaban dispuestas a asumir el proyecto. Por otro lado, una discusión regional sobre la Reforma Agraria en toda América Latina había cambiado la dirección del debate. Economistas de centro-izquierda de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) argumentaban que los latifundios de la región eran “poco productivos” e “ineficientes” y por lo tanto, un obstáculo para la economía rural, y que la redistribución de los mismos a los campesinos pobres aumentaría la productividad de alimentos y estimularía la industrialización nacional. El Partido estaba dividido sobre este punto. Pero para el año 1960, la Reforma Agraria había sido adoptada como dogma incluso por la Alianza para el Progreso encabezada por los Estados Unidos y Stroessner rápidamente nombró a un defensor de la posición antilatifundista para hacerse cargo del proyecto de colonización (véase Pastore, 1972). Juan Manuel Frutos, representante del ala reformista del Partido, estableció el proyecto de colonización que transformaría el Este del Paraguay y otorgaría el carácter que definiría a la política campesina con la promesa, a veces cumplida, de otorgar a cada familia carenciada un lote de diez hectáreas. En 1963, Frutos promulgó un Estatuto Agrario, que estableció los parámetros legales para la colonización y creó una institución llamada Instituto de Bienestar Rural (IBR) para llevarla a cabo7. Durante cuarenta años, el IBR creó colonias en la boscosa región oriental del país, estos eran asentamientos pioneros destinados a convertirse en prósperas comunidades campesinas para los pequeños 28 Capítulo Uno

agricultores. El proyecto, también llamado “Marcha al Este” hacía eco de la “Marcha al Oeste” del Brasil (ambos tenían un trasfondo militar y fueron moldeados explícitamente por el modelo de la frontera estadounidense del siglo XIX). Era un proyecto de construcción de la nación que simultáneamente mejoraría la población campesina y protegería al territorio de ser anexado de facto a la frontera agrícola de Brasil8. Frutos (1985:95) afirmó que entre 1963 y 1985, la Reforma había creado 661 colonias y distribuido 8,8 millones de hectáreas de tierra en 130 mil parcelas. También alegaba que el gobierno había otorgado más de 400.000 títulos de tierra. Los números son difíciles de corroborar, pero no hay duda de que el desarrollo de la frontera agrícola, junto con la construcción de la enorme represa hidroeléctrica de Itaipú, fueron las hazañas económicas más importantes del régimen (Roett y Sacks, 1991). Familias que habitaban pequeñas parcelas en los departamentos centrales del país se dirigieron a la frontera para ocupar sus diez hectáreas asignadas, creando de esta manera nuevas ciudades, economías y organizaciones políticas. Para 1989, el año del golpe de Estado, cientos de miles de paraguayos vivían en asentamientos creados por la Reforma Agraria. La guerra civil de 1940 entre liberales y colorados había debilitado severamente al Partido Liberal en el interior del país y la Reforma Agraria intensificó el desequilibrio al crear un aparato para recompensar a los clientes y miembros del Partido Colorado y espiar a quienes no formasen parte de éstos (véase Turner, 1993). El Partido Colorado se convirtió en el partido de la mayoría de los campesinos, manteniéndose solo unas cuantas familias liberales en el país. Stroessner desarrolló un estilo atroz de anticomunismo, ganándose la especial simpatía y apoyo militar de los Estados Unidos. Durante los años setenta, cuando los golpes de Estado transformaron a los países vecinos en dictaduras militares, sumó aliados en toda la región. A pesar de esto, es difícil encontrar en el programa del Partido Colorado aspectos que lo clasifiquen definitivamente como de izquierda o de derecha. Lo cierto es que fue un aparato clientelista que se fue construyendo y adentrando al paisaje reformado9. Mientras el Partido se llenaba de campesinos, una nueva corriente política radical, opuesta al régimen, apareció en el campo. Al principio, en los años sesenta y setenta, esta nueva corriente fue organizada en torno a las organizaciones cristianas de base llamadas Ligas Agrarias Cristianas, que reclamaban tierras y protestaban contra la represión del gobierno (ver Fernández, 2003; Telesca, 2004). La Transición hacia la democracia 29

A pesar de que se inició dentro de la Iglesia Católica, sus miembros, seguidores de la Teología de la Liberación fueron cada vez más seculares y muchos de los líderes del movimiento finalmente se alejaron de la Iglesia por completo. Las Ligas Agrarias fueron violentamente desmanteladas en 1976 durante una feroz represión a nivel del Cono Sur10. Pero su influencia permaneció en las organizaciones clandestinas marxistas que siguieron sus pasos, en las ONG involucradas en derechos humanos y desarrollo sostenible, e incluso en el lenguaje mismo de la política rural, como una reivindicación de la “realidad campesina” y de la “base campesina”. En los años ochenta, a medida que el gobierno de Stroessner comenzó a desmoronarse y finalmente cayó, el compromiso del Estado con la Reforma Agraria se hizo aun más incierto; cuando esto sucedió, las organizaciones campesinas tomaron la bandera de la Reforma Agraria en las protestas contra el gobierno. Estas organizaciones estaban plagadas de luchas internas, de desacuerdos ideológicos y fricciones estructurales, pero la mayoría de ellos abogaba por un modelo estatista de proteccionismo agrícola, organizado en torno a la producción de unidades familiares patriarcales, en pequeñas colonias. En pocas palabras, la mayor parte del movimiento campesino nunca sintió un rechazo total respecto de la agenda de Stroessner. Su principal objetivo era hacer que los colorados cumplan su promesa agraria. No es mi intención minimizar lo conflictivo de esta relación, ni de negar la historia de terror y violencia que Stroessner a menudo infligía a las comunidades campesinas que caían fuera de la línea. El terror de las brigadas militares de Stroessner y posteriormente la policía está bien documentada11, y he tenido testimonios en el interior del país sobre la habitual violencia en contra de disidentes y ladrones de poca monta, por no mencionar el terror cotidiano al cual estaban expuestas las personas que osaban hablar mal del régimen. Lo que quiero señalar es que a pesar de la violenta disputa entre el Estado y las organizaciones campesinas en diferentes momentos del régimen de Stroessner, ambos estaban comprometidos con una estrategia similar de desarrollo nacional. Es sobre esta base que sugiero que uno de los mayores éxitos de Stroessner fue la creación de un poderoso bloque histórico basado en una filosofía singular de uso de la tierra, del desarrollo y en última instancia, del propio Estado-Nación12. Es una historia desagradable para muchos campesinos y ciertamente es incómoda en la coyuntura presente, pero este fuerte lazo todavía aparece en las conversaciones hasta con algunos de los líderes más 30 Capítulo Uno

vociferantemente anticolorados. Uno de estos líderes me sorprendió durante una entrevista cuando le pedí que describa el momento del golpe de Estado. Era conocido en el área por sus fuertes discursos donde atacaba a todos y cualquiera de sus oponentes como stronista. Esa tarde hablábamos sobre el periodo de finales de los ochenta, cuando él y otros jóvenes sin tierra organizaban sus reuniones clandestinas en el local de una iglesia para evitar a los informantes colorados. Le pregunté cómo se sintió cuando supo que Stroessner había sido derrotado, y sin pausa me respondió que había sido uno de los momentos más aterradores de su vida. “Era todo muy incierto”, me dijo, “El General era el que nos protegía”. Efectivamente, el proyecto de Reforma Agraria comenzó a desintegrarse poco después del golpe. Pero a principios del siglo XXI el proyecto seguía siendo la referencia a través del cual los campesinos hablaban de sus aspiraciones políticas, culturales y económicas. El simple hecho de llamarse a sí mismos campesinos, sobre todo en áreas afectadas por la Reforma, era una señal del deseo y derecho de vivir en esas colonias. Fue este deseo el que llevó al esfuerzo masivo y pionero que continúa hasta hoy, con jóvenes dejando sus hogares paternos en búsqueda de su propia parcela de tierra. La premisa de la Reforma Agraria fue siempre altamente paternalista. Los derechos de los campesinos a la tierra nunca fueron reconocidos de forma fácil y sencilla; al contrario, los beneficiarios de la Reforma tenían que probar su valía como sujetos económicos racionales capaces de trabajar correctamente la tierra, un proceso mediante el cual pasarían progresivamente a la plena propiedad y ciudadanía. Pero, por muy jerárquica que pueda resultar, la Reforma interpeló a una numerosa clase de la población rural deseosa de vivir esta promesa de autorrealización. Los hombres campesinos del distrito de Vaquería recurrían constantemente a esta narrativa sobre la tierra y la autorrealización. Recitaban biografías que coincidían con las premisas básicas de la narrativa, y si no, tenían la expectativa de solicitar tierras en algún lugar de la frontera y establecerse allí. Incluso para los jóvenes (particularmente para las mujeres jóvenes) que tenían una visión de un futuro diferente, que se les abría a través de la reforma educativa, la creación de un hogar agrícola seguía siendo su plan B. No es llamativo entonces que el Estatuto Agrario y el IBR sigan siendo instituciones vitales para los campesinos. Con amor u odio, todos reconocían al IBR como la institución estatal que podía convertir sus aspiraciones en realidad. En las semanas posteriores al golpe, durante varios La Transición hacia la democracia 31

meses, los campesinos inundaron la sede del IBR en Asunción provocando un atolladero de demandas y literalmente bloqueando los pasillos para que los funcionarios se sintieran sitiados. Mientras los transicionistas se hicieron cargo de las universidades, los medios de comunicación y las nuevas ONG, los campesinos se dirigieron al brazo del Estado con el cual tenían una relación más estrecha. Las oficinas regionales del IBR fueron tomadas a la fuerza durante la transición en varias oportunidades. Y a pesar de que con el tiempo se fueron familiarizando cada vez más con el Palacio de Justicia, el Registro Público y el Ministerio de Agricultura, los líderes campesinos del siglo XXI hablan sobre el IBR como el lugar que les dio acceso al Estado, como su base de entrenamiento en el manejo de la burocracia. Para los fines de este libro, la palabra campesino se refiere no tanto a una categoría demográfica como a lo que podríamos llamar una estructura de aspiración, construida sobre lo que Raymond Williams llamaba “estructura del sentir” (1977). Nadie dijo que ser campesino es bueno o fácil. Un lamento católico sobre el sufrimiento cotidiano sigue impulsando la orientación campesina hacia el futuro. La narrativa campesina combina ideales nacionalistas con un deseo cristiano de redención y una sensibilidad desarrollista de recompensa por su trabajo duro. Campesinos, en pocas palabras, son aquellas personas que siguen creyendo que el trabajo duro en los campos algodoneros puede o debe dar lugar a algún tipo de mejora en sus vidas y reivindican que ese futuro esté respaldado por el Estado. Cuando los campesinos abandonan esta manera de pensar, cesan de ser campesinos. En mis entrevistas, los campesinos eran inflexibles sobre esta terminología. Aquellas familias que abandonaron sus lotes y que iban a las ciudades eran referidas como trabajadores, mendigos, o peor, prostitutas y tembiguái (sirvientes o lacayos). En todas las comunidades que visité me contaron sobre vecinos que se habían mudado a la ciudad y simplemente desaparecido de su universo social. Más llamativamente, algunas personas dejaban de ser campesinos sin siquiera mudarse. Las personas con tierra que se disociaban de las organizaciones campesinas y entraban en acuerdos contractuales con grandes productores de soja dejaban de llamarse a sí mismos campesinos, o incluso agricultores (término que los campesinos usaban para declarar su profesión frente al Estado). La mayoría de aquellos que plantaban soja en campos mecanizados se referían a sí mismos como productores. En áreas como Vaquería, 32 Capítulo Uno

donde el conflicto había llegado a la violencia, los productores insistían en el cambio de terminología como una estrategia política. Para esa gente, campesino constituía una categoría residual, a ser pronto reemplazada por un acercamiento enteramente capitalista a la agricultura13. El término campesino constituía una señal de atraso, y más importante aun, de haraganería, ignorancia y militancia mal dirigida14. La aparición de productores, conjuntamente con el traslado de muchos campesinos a la ciudad sencillamente aumentó la militancia de aquellos que decidieron quedarse.

El nacimiento de los transicionistas A diferencia de los campesinos, los transicionistas no se consideran como un grupo independiente y definido. Muchos de ellos probablemente no se reconocerían en la descripción que realizo. El término transicionista es algo que he inventado, y que generalmente no es utilizado en Paraguay para describir un grupo específico. Los transicionistas surgieron en Asunción como una pequeña e instruida élite; sus análisis sociales, críticas, relaciones internacionales y su creciente influencia sobre los medios de comunicación, los convirtieron en poderosos creadores de la imagen nacional. Sin embargo, la mayor dificultad en definir a los transicionistas proviene del éxito que tuvieron al posicionar sus valores y políticas como universales y no situadas, dentro de la historia actual. Ellos producen el autoanálisis oficial del Paraguay, una descripción del país que ignora la existencia particular de los que hacen la descripción15. Como analistas, desaparecen en el trasfondo normativo de la ciencia social liberal. Como la clase intelectual y demócrata de tantos países después de la Guerra Fría, son el grupo que no desea otra cosa más que el bien universal: la democracia, la libertad, la ciudadanía, la transparencia política y la soberanía de una esfera pública racional, sobre los caprichos arbitrarios de los líderes corruptos16. En términos analíticos, la razón principal para dar un nombre a este grupo es que hacen posible ver a la democracia como un argumento específico y situar las metáforas universales que surgen en su auto descripción como “universales particulares”, ideas cuya universalidad es el efecto de su reiteración en distintas formas, en distintos conjuntos sociales, políticos y materiales17. La democracia se entiende como proyecto universal justamente porque aquellos ciudadanos que la reclaman hablan en una voz que parece trascender la nación. La Transición hacia la democracia 33

Si los campesinos siempre fueron pensados como representantes del pueblo paraguayo, nombre que sugiere que las masas rurales son el depositario de los principales valores nacionales, entonces los transicionistas prefieren pensarse a sí mismos como el público. El público es una construcción post Stroessner, presente en cuando se hace referencia a la opinión pública y el descontento público, pero más sutilmente en referencia a la transparencia: para que algo pueda ser transparente debe serlo para alguien, y ese alguien es casi siempre “el público”, ese conjunto de ojos anónimos que vigilan el comportamiento del gobierno. A pesar de que las ideas sobre políticas públicas han estado presentes desde la fundación de la república del Paraguay, casi dos siglos de represión y censura han influido en que la mayoría de los paraguayos se identifiquen más fuertemente con lealtades partidarias que con el tipo de ciudadanía individualizada que habita la esfera pública (Moríningo y Brítez, 2004). Sin embargo, durante la transición a la democracia esto comenzó a cambiar y el público emergió como una entidad que tenía opiniones y voluntad política, a las cuales los partidos deberían subordinarse. También apareció como el poseedor de los bienes, cuya apropiación indebida para el uso privado de políticos se llamaría “corrupción”18. El público no es un bien universal repentinamente liberado en Paraguay una vez que Stroessner se hubiera ido, sino una comunidad de diálogo que existía antes del golpe de Estado en un pequeño pero creciente grupo de intelectuales en Asunción y en el extranjero, que fue capaz de afirmar su pretensión de universalidad después del golpe. Como los colorados de Stroessner, estos intelectuales no eran necesariamente de derecha o de izquierda, sino un grupo definido fundamentalmente por oponerse al aparato clientelista de Stroessner. Comenzaron como artistas, críticos y figuras literarias en Asunción y en comunidades del exilio durante la dictadura; una “comunidad de interpretación” (Cavallo y Chartier, 1999) que se articuló en torno a la circulación de ciertos textos. Después del golpe comenzaron a ampliar su dominio sobre los medios de prensa y extender su influencia sobre una masa de ciudadanos cada vez más urbana y educada, que demandaba información sobre el gobierno y la economía. El ascendente éxito de este grupo, ligado a su posición universalista como ciudadanos liberales del Paraguay post Stroessner marcó una transformación de la sociedad paraguaya y una reconfiguración de la relación entre los colorados y campesinos. Con el tiempo dejaron de verse como un grupo particular en 34 Capítulo Uno

alianza con intereses extranjeros, para ser vistos como los portadores de valores verdaderamente universales, en oposición a aquellos guiados por intereses particulares. Esto no quiere decir que los transicionistas no tuvieran diferentes puntos de vistas políticos, que no se identificaran con la izquierda o con la derecha o que no se aliaran con otros segmentos de la sociedad paraguaya. Los transicionistas no emergieron como un tipo de masa internamente deforme, ellos también llevaban marcas de éxitos y fracasos individuales configurados durante el régimen de Stroessner. Su particularidad surgió de un nuevo tipo de argumentación política, no uniforme, pero ajustada a la estética de la democracia procedimental. Por ejemplo, los dos diarios más importantes del Paraguay, ABC Color y Ultima Hora, espacios claves de la nueva voz democrática, eran propiedad de personas extremadamente ricas, dueñas de monopolios, conservadores económicamente hablando, que forjaron su fortuna gracias a sus relaciones pasadas y presentes con el Partido Colorado. Sin embargo—con diferentes inflexiones políticas—ambos usaban sus imperios de negocio y medios de comunicación para reposicionarse como demócratas luego del golpe, relacionándose con el proyecto cosmopolita de la lucha antistronista. Particularmente, al permitir que sus diarios publiquen una variedad de opiniones, podían posicionar sus propias opiniones como racionales y deliberativas, o sea, como elementos de una adecuada opinión pública sobre asuntos de interés nacional. Así que mientras muchos transicionistas emitían opiniones totalmente contrarias a las que usualmente estaban expresadas, por ejemplo en ABC Color, la mayoría las reconocían como opiniones legítimas, contrariamente a las opiniones pintorescas, ignorantes o simplemente incomprensibles de los campesinos19. Pero el problema de los universales de análisis es más profundo para una antropología rural, porque a pesar de no considerarse a sí mismos como un grupo aparte, a los transicionistas les gusta hablar de los campesinos como una cultura distinta. Es decir, parte de lo que los define es su propia práctica antropológica. Los transicionistas creen que el compromiso con la política de transparencia significa estar lo más objetivamente informados posible sobre la sociedad en la cual viven, y por esa razón tienden a hablar del Paraguay con el lenguaje de las ciencias sociales. En el retrato pintando por ellos y por los analistas internacionales con los que interactúan, ellos se desvanecen como sujetos de la mirada objetiva. La Transición hacia la democracia 35

La característica primaria de la experiencia de los transicionistas en los años de transición es que no logran verse a sí mismos como un grupo particular; es precisamente a través de la objetificación de los demás, particularmente de los “campesinos”, que los transicionistas desaparecen de su propia descripción social, y muchas veces de la descripción del Paraguay elaborada por extranjeros20. Los transicionistas parecían invisibles en el Paraguay del siglo XXI, y vale la pena recordar que antes de 1989 apenas existían. Así como muchos otros dictadores, Stroessner logró purgar la mayoría de la oposición intelectual en la primera década de su mandato (Paredes, 2004). La pequeña cantidad que permanecía en Asunción eran en su mayoría miembros de familias de élite protegida por sus lazos con el régimen21, pero la oposición intelectual más fuerte se encontraba en el extranjero. El exilio político es una antigua tradición en América Latina que data de antes de su independencia; pero ningún país ha tenido las proporciones de profesionales e intelectuales exiliados que Paraguay ha tenido. Cientos de miles de opositores a Stroessner se hallaban en un primer momento en países vecinos, y más tarde en España, Francia, EEUU, Suecia y Costa Rica (ver Rowe y Whitfield, 1987). Y tal como la mayoría de estos intelectuales aprendieron en los cafés de Buenos Aires y las galerías de arte en Madrid, “el exilio es una Universidad…una liberación de las fronteras, un lugar de fecundaciones cruzadas previamente obstaculizada por fronteras políticas que no se corresponden con las necesidades culturales” (ibid: 235). Sumados a un vigoroso movimiento clandestino, los exiliados paraguayos forjaron una tradición intelectual y artística crítica a su gobierno, desarrollando furibundos análisis de una historia de violencia y represión. En comparación a las dictaduras de los países vecinos, Stroessner no era particularmente violento. Pero los críticos al régimen seguían un estilo de representación de la Guerra Fría, vinculada al estilo de George Orwell y Hannah Arendt. Ellos objetificaron la dictadura como un bloque histórico llamado “stronismo”, viéndolo como una iteración de unas de las “anclas teóricas” de la Guerra fría “la idea del totalitarismo” (Pietz, 1988; ver también Guilhot, 2005). Sin lugar a dudas el más conocido crítico de Stroessner fue el novelista Augusto Roa Bastos, que vivió todo el Stronismo en el exilio. En su magistral novela de 1971, Yo El Supremo, Roa Bastos encarna la voz paranoica e inestable de un gobernante déspota con la intención de reflejar el interior de su mente. La novela, en 36 Capítulo Uno

realidad, se trata sobre el primer dictador del Paraguay, el Dr. José Rodríguez de Francia, quien gobernó el país entre 1811 y 1840 y cuyo gobierno se caracterizó por el aislamiento nacional extremo, por las políticas cuasi-socialistas y la violencia estatal contra los extranjeros. La novela fue escrita como un monólogo interno de Francia, y es tanto una fuerte impugnación, como una burla del totalitarismo. En su intento de control totalitario de la realidad, el narrador ni siquiera logra controlar el “Yo” de la narrativa, que es implacablemente polifónico, sinuoso e incluso traicionero. En definitiva, grafica el singular temor de los intelectuales críticos paraguayos de la época: un sistema de gobierno que coexiste con la mente inestable de su gobernante (Franco, 2002). El trabajo de Roa Bastos no admite ninguna mirada externa desde la cual se pueda conocer desapasionadamente los afanes políticos de la nación. Y sin embargo, cuando la gente en Asunción casualmente menciona sus obras, por lo general lo hacen como un cuento de cómo la ideología distorsiona a la realidad22. Por consiguiente, no es la obra, como su lectura común lo que la convierte en una crítica estandarizada del totalitarismo, nombre dado al control total de la sociedad, donde la objetividad y racionalidad son la única libertad real. El totalitarismo descrito en obras como Yo El Supremo, también resume hábilmente otra de las características del discurso de la Guerra Fría. El totalitarismo tiene sus raíces en elementos primitivos de la vida paraguaya, y es aquí donde vemos que la posición del campesinado en el imaginario nacional se complica. Los intelectuales paraguayos han buscado por mucho tiempo las raíces de la cultura popular nacional en la relación entre la cosmovisión de los campesinos y la de los indígenas. A partir de la década del sesenta, esta población rural mestiza fue objeto de una antropología nacionalista que trató de descubrir en su lenguaje y costumbres, la esencia de la gente o el “Paraguay profundo”23. Emergieron en estas obras rasgos culturales familiares: el comunismo primitivo, la anarquía, el comunitarismo, una mitología sabia, una disposición naturalista y un instinto de supervivencia indomable. Pero inevitablemente estos escritores y artistas también encontraron en la cosmovisión de las masas rurales las raíces del autoritarismo. Como temió Roa Bastos en los últimos años del régimen, Stroessner no fue un tirano ordinario, sino más bien el producto de una enfermedad cultural. “Al igual que todos los regímenes autoritarios”, escribió, “el caso de Stroessner lleva a cuestiones más amplias de la patología social La Transición hacia la democracia 37

e histórica. Sus raíces son antropológicas—es decir culturales—el producto de una anticultura degradada que se refleja en el conjunto de la sociedad en la cual estos fenómenos se producen, y que son defectos de su propia naturaleza, parte de esa pesadilla recurrente que es su historia” (1987: 221-222)24. El género literario que más claramente expresa este punto de vista fue puesto en marcha, probablemente sin querer, por Saro Vera, un sacerdote campesino cuya práctica clerical lo llevó a reflexionar sobre lo más básico de los rasgos de carácter rural y sus raíces en la cultura de sus antepasados indígenas. El libro de Vera, El Paraguayo- Un hombre fuera de su mundo (1993), popularizó las tres “leyes” del comportamiento del paraguayo encapsulados en tres palabras en guaraní: vaivai, ñembotavy y mbarete. Vaivai expresa la mediocridad, y su ley evoca una mirada resignada a la decepción. Ñembotavy es la práctica de hacerse del tonto, la idea de que los campesinos niegan su conocimiento para evitar cualquier responsabilidad. Y la ley del mbarete, de la palabra guaraní que explica “fuerza”, es la más importante de las tres. Expresa el sentimiento general de que los campesinos sólo respetan la autoridad de un hombre fuerte. El análisis de Saro Vera era serio, un diagnóstico de la deficiencias de las masas incivilizadas como problema para el educador cristiano, hecho en un tono de profundo respeto y sinceridad. Pero estas tres leyes rápidamente se convirtieron en el fundamento de una impronta más jocosa de este tipo de libros, denominado paraguayología por uno de los sátiros más conocidos del país, Helio Vera (sin relación de parentesco). Helio Vera ridiculizó a la cultura paraguaya en varios ensayos, especialmente en En busca del hueso perdido (1990), un texto que fue prohibido en los años finales de la dictadura, convirtiéndolo en un popular libro clandestino y uno de los más vendidos en Paraguay. Los libros y artículos sobre paraguayología fueron escritos de manera burlesca y autocrítica sobre una identidad nacional que los autores afirmaban como propios. Sin embargo, fácilmente se puede leer una importante separación entre autores literarios de habla hispana en Asunción—que escriben para una audiencia similar a ellos mismos—y los verdaderos portadores de la cultura atrasada del Paraguay—el campesino guaraní parlante que no tiene acceso a los libros—25. El mismo título de Hueso perdido establece la voz narrativa de la paraguayología como una mirada desde una altura hacia abajo. La premisa se basa en la apócrifa historia del dictador Francia, quien pide a su médico realizar pruebas sobre los paraguayos para ver si 38 Capítulo Uno

les falta un hueso en el cuello que les permita mantener la cabeza en alto. A diferencia de Yo el Supremo, que ataca a Francia con saña, la paraguayología adopta una postura de desconcierto hacia las masas. Las ingeniosas 300 páginas sobre estos y otros estereotipos campesinos, son por lo tanto contadas desde una posición de señorío y desapego más parecida a la voz de un déspota que a la de un crítico o un educador. Y establece mejor que ningún otro la voz transicionista, analizando el problema del autoritarismo, objetivando a la cultura campesina de la cual se encuentra irónicamente desprendido. Los transicionistas se articularon como grupo en torno a este y otros textos críticos, a finales de los años ochenta y principios de los noventa. Muchos comulgaban con las causas campesinas e indígenas y veían sus problemas como parte de la dictadura que aun hacía falta superar, pero siempre con ese toque de ansiedad tan delicadamente expresado por Roa Bastos. Eran los visionarios de una nueva cultura nacional objetivada. Se reunían en lanzamientos de libros, conciertos, inauguraciones y reuniones políticas. Los exiliados repatriados, antiguos líderes estudiantiles y sacerdotes de la Teología de la Liberación, tenían todos un aura de intocabilidad e incorruptibilidad por haber sido víctimas del exilio y el grupo que se logró unir en torno a ellos llegó a verse a sí mismo como herederos y líderes de la nueva democracia en el Paraguay. Muy rápidamente este grupo llegó a un consenso: el stronismo debía ser sustituido por una especie de social-democracia incluyente y el proyecto se articuló en torno a un nuevo partido político llamado Encuentro Nacional, del cual Roa Bastos fue un activo y entusiasta partidario. El Encuentro Nacional fue dirigido por los transicionistas, pero creó un paraguas que albergaba todo tipo de disidentes al régimen, incluyendo varias organizaciones campesinas. A pesar de los estereotipos del campesinado que ayudaron a definir la visión transicionista del Paraguay, en los años posteriores al golpe de Estado se veía a los campesinos como aliados naturales, la masa humilde que se libraría de la tiranía de Stroessner, abrazando su libertad. Cierto segmento, a menudo referido como “campesinistas”, un grupo comprometido de cientistas sociales y trabajadores de ONG, estuvo a la vanguardia de esta posición y se mantuvo así durante toda la transición. Sin embargo, una gran parte de la opinión pública transicionista no tardó en volverse en su contra. Cuando hablaba con personas en Asunción acerca de mi investigación con organizaciones campesinas, a menudo me encontraba con La Transición hacia la democracia 39

un punto de vista común sobre ellos. Las Ligas Agrarias, organizaciones reprimidas por Stroessner en la década del setenta, habían sido nobles combatientes en contra de la dictadura; ahora eran estas mismas organizaciones las que estaban arruinando al país. Fuera del pequeño círculo de sociólogos de izquierda con quienes planeé mi investigación, fue difícil encontrar alguna simpatía con las marchas, cortes de rutas y ocupaciones de tierra que hacían los campesinos y que llegaban a ser noticia en los medios. De hecho, a poco de iniciarse el nuevo milenio, el rostro de los transicionistas había cambiado considerablemente, siguiendo una tendencia global que emergió a finales de la Guerra Fría. Como argumenta Nicolas Guilhot (2005), uno de los pasos claves en esta transformación fue la profesionalización del activismo político en forma de ONG de derechos humanos y del medio ambiente. En efecto, a principio de los años 90 hubo un estallido de ONG en Asunción que se llenó de transicionistas que convirtieron su pensamiento radical previo en teorías basadas en el derecho que eran inofensivas para los donantes internacionales. En los primeros años, el estandarte de reforma social no era redistributivo en absoluto; era una reforma del sistema educativo financiado por el Banco Mundial y dirigido por sociólogos de izquierda. El Partido Encuentro Nacional fracasó y muchos de sus miembros urbanos formaron posteriormente un nuevo partido llamado Patria Querida, dejando de lado sus aspiraciones social-demócratas para dar lugar a una línea dura de libre mercado. Para finales de la década, muchas empresas, organizaciones y organismos de control del gobierno habían alcanzado un nivel de profesionalismo nunca antes visto mientras la nueva clase media aprendió a adoptar una estética transicionista. En el momento en que comencé mi investigación en el 2004, los transicionistas jóvenes eran mucho menos políticos, fuera de un pequeño grupo de estudiantes universitarios militantes. De hecho, más que un grupo definido, se trataba de una visión que compartía la mayoría de los jóvenes de clase media asuncena sobre su país y la transición. Su ideología, una vez decantada, fue cambiada por un vago deseo de modernidad, profesionalismo y cosmopolitismo. Pero no todos tenían la oportunidad de posicionarse así. Por ejemplo, colorados de buena educación podían fácilmente involucrarse en política como transicionistas al plantear argumentos racionales para darle continuidad al régimen en conversaciones amables con sus oponentes de la misma clase. Por el contrario, los campesinos se vieron con más 40 Capítulo Uno

dificultades para adoptar posiciones transicionistas, a pesar de que se suponía que ellos se beneficiarían de estos nuevos proyectos democráticos. Su pobreza, falta de educación, disposición física, lenguaje y la sombra del populismo rural constituían sus trabas. Estas eran trabas también para los transicionistas de la vieja escuela que seguían apoyando a los campesinos. Estos antiguos partidarios de los campesinos, conocidos como “campesinistas” por una nueva generación con menos cariño romántico hacia el campo, se veían cada vez más anticuados. Ángel, un amigo mío de treinta y tantos años, y alguna vez estudiante entusiasta de la literatura campesinista, solía llamarles “setentistas”, o sea personas cuyas ideas radicales no habían cambiado en treinta años y daban un poco de vergüenza a los profesionales jóvenes. Describió el cambio sin rodeos. “En los años 90”, me decía, “comencé a darme cuenta que cada vez que iba a la presentación de un libro, veías a las mismas personas. Nos estábamos hablando sólo entre nosotros…Pero eso ya no se puede. Los setentistas siguen haciendo la política de la victimización, de la queja. Mi Paraguay ha cambiado. Mi Paraguay es el de los empresarios en Asunción, la producción láctea de las familias menonitas, el cultivo de yerba mate de los ucranianos, la soja de los brasileños, las despensas de los coreanos. Este es un país cosmopolita, un país urbano. No es el país de unos pocos tipos descalzos sentados bajo el mango tomando terere26. Eso corresponde al pasado”. Para el siglo XXI, esto se convirtió en la nueva ortodoxia urbana de los transicionistas, de tal manera que en los patios de la clase media de Asunción era más común encontrar a colorados que serenamente defendían las virtudes de su partido, de lo que era encontrar a disidentes que defendían la Reforma Agraria y un mayor rol político para los campesinos. Pies descalzos, terere y sombreros de paja se habían convertido en íconos de la nacionalidad paraguaya, pero también eran íconos de una patología dictatorial. De alguna manera, en los primeros quince años de transición, la balanza se había inclinado hacía la patología. A principios del siglo XXI, la opinión de que los campesinos fueron engañados y corrompidos por líderes carismáticos era muchas veces lo más generoso que los asuncenos expresaban con respecto a los campesinos. Varias veces, en mis entrevistas en Asunción, las personas se referían a la ley del mbarete de Saro Vera como forma de simpatizar con los campesinos. Así intentaron darme una explicación antropológica de su país y también insistir que los campesinos, individualmente, no La Transición hacia la democracia 41

tenían necesariamente la culpa de su propio atraso. Detrás de esto había una preocupación profundamente arraigada de que los campesinos eran por definición animales populistas, manejados solo por hombres fuertes y por lo tanto incapaces de participar realmente en el debate democrático. El hecho de que el partido de Stroessner seguía en el poder quince años después del golpe fue ampliamente atribuido a los campesinos, que eran conocidos por votar masivamente por ellos27. Debe quedar claro que los transicionistas no eran el epicentro de la vida nacional paraguaya durante la transición. Desde su punto de vista, el Estado seguía en su mayor parte bajo el control de antiguos operadores colorados y sus seguidores, con reminiscencias stronistas. Pero si bien es cierto que a pesar de no haber logrado controlar el Estado o mayores segmentos de la economía, habían logrado enraizar un punto de vista particular de la sociedad civil democrática, desarrollando una forma de representación del Paraguay, que los posicionó como los sucesores naturales del pasado tenaz pero desvaneciente del Paraguay. Habían logrado afirmar con éxito los principios de libertad, transparencia, cosmopolitismo y racionalidad pública como suyos; y al hacerlo se desdibujaron como un grupo de interés, erigiéndose en representantes de una virtud civil universal, que los elevó por encima de la mera política de los campesinos. En consecuencia, llegaron a ver a los campesinos como su antípoda28. Los transicionistas estaban finalmente cumpliendo con la identidad cosmopolita que había sido engendrada en el exilio y retornaban a Asunción para retomar la lucha por principios liberales universales bajo la bandera de la democracia. Resulta revelador que en el año 1989, justo cuando se proponía retornar al Paraguay después de cuarenta años de exilio, Augusto Roa Bastos fue galardonado con el Premio Cervantes de literatura hispana, el más alto honor internacional jamás conferido a un artista paraguayo. Pero a pesar de retornar al país para luchar al lado de los oprimidos por un Paraguay más democrático, él y aquellos que lo rodeaban estaban, sin querer, sembrando las semillas de un nuevo Paraguay libre de campesinos. En efecto, Roa Bastos podría haber sido más visionario de lo que a nadie le importaba admitir. Jean Franco sostiene que se encuentra implícito en el libro de Roa Bastos de 1960, Hijo de Hombre, la angustia de que “la separación de los intelectuales de la gente implica inevitablemente la traición a su causa” (1987:276).

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TRES CUENTOS DE TRANSICIÓN Las tres historias que hacen al resto de este capítulo son episodios claves del nacimiento de esta nueva esfera pública y la comunidad que la ocupa. Versiones de estas historias circulan en los periódicos, en la literatura y en los asados domingueros de Asunción; y continúan alimentando una industria editorial que sigue lanzando libros en Asunción. Son historias del fin del Stronismo, de estudiantes y profesionales reclamando el escenario histórico. En pocas palabras, son historias de una nueva nación. Y los campesinos, otrora corazón de la nación, ahora están casi ausentes en la mitología de este grupo ascendente.

Transparencia: El Archivo del Terror El Palacio de Justicia paraguayo es un imponente edificio situado en lo alto de una colina en uno de los barrios más antiguos de Asunción. Es el sistema nervioso central de todo aquello que los transicionistas odian del Paraguay contemporáneo. A pesar de que el Poder Ejecutivo y el Congreso concedieron mucho para lograr algún tipo de democracia a lo largo de los años 1990, el Poder Judicial permanecía como una institución inflexible, gobernado por oscuros protocolos y magistrados nombrados por gobiernos colorados que se remontan a la época de Stroessner. Si hubiera alguna duda sobre el origen del edificio, una placa de bronce gigante que conmemora el gobierno de Stroessner todavía se encuentra en la puerta principal29. Más allá de eso, en el vestíbulo de mármol, la virgen María y el niño iluminan las pequeñas puertas de ascensores lentos y desgastados. La mayoría de las personas que van y vienen son jóvenes blancos, de traje, abogados o gestores, que reciben un pago por rastrear documentos y ejercer presión sobre los miembros de los tribunales. Hablan principalmente español, pero se dirigen al operador del ascensor en guaraní. Si bien el resto del edificio es un testamento de la ineficacia gubernamental y la influencia histórica de Stroessner, hay una habitación en el primer piso que es una clara excepción a esa regla. En la puerta se lee el nombre Museo de la Justicia, y al abrir las puertas se desata una ráfaga de aire acondicionado y fuertes luces que iluminan una habitación llena de vitrinas de cristal mostrando la barbarie de las antiguas prácticas correccionales de Paraguay. Detrás de esto se encuentran los documentos conocidos de manera coloquial como el La Transición hacia la democracia 43

Archivo del Terror, documentos preservados de la época de la policía secreta de Stroessner. En mi primera visita al Archivo del Terror, éste se encontraba alojado en una habitación sin gracia en el 8° piso, pero en cualquier momento se llenaba de investigadores y alumnos de secundaria aprendiendo sobre los excesos del régimen de Stroessner. El Archivo ocupa cientos de miles de páginas de documentos generados por la dictadura con el único fin de hacer seguimiento a los disidentes. El amable personal con gusto te daba un tour de los diferentes tipos de información recogidos por la policía de Stroessner, o ayudaba a las personas a encontrar documentos sobre sí mismos o sobre miembros de su familia. En ese momento, el Archivo del Terror constituía el instrumento primordial de trabajo de memoria democrática en el Paraguay. Fue el punto de apoyo de los transicionistas en el Palacio de Justicia, el símbolo de sus teorías de dictadura, información y transparencia. En un sugestivo momento, hacia finales de su meditación freudiana sobre los archivos, Derrida (1996) sugiere que los archivos siempre llevan en ellos una tensión entre las utopías totalitarias y democráticas; la tensión entre el patriarcado y el parricidio. Su reflexión se trataba sobre el episodio parricida en La civilización y sus descontentos (1930) donde Freud relata el nacimiento de la sociedad, cuando los hijos del patriarca se levantan y colectivamente matan a su padre. Ese momento marca la muerte de una forma de autoridad y el nacimiento de una nueva, que es horizontal y no jerárquica. Esta autoridad “significa la toma del archivo por parte de los hermanos. La igualdad y la libertad de los hermanos. Una cierta idea aun vivaz sobre la democracia” (Derrida, 1996: 195). Stroessner era un patriarca, uno de los tantos simbólicamente decapitados al final de la Guerra Fría (Borneman, 2004). El rápido golpe que lo sacó, prácticamente sin derramamiento de sangre, fue interpretado por los transicionistas como un momento de liberación, no sólo de una ciudadanía cautiva, sino también de la información. Libertad de expresión fue una de las batallas definitorias de finales de la Guerra Fría, tanto en estados dictatoriales como comunistas (Franco, 2002), y a días del golpe de Estado, los asuncenos comenzaron a emplear su nueva libertad de expresión. La prensa se reanudó en ABC Color, el diario nacional cascarrabias que Stroessner había cerrado cinco años antes; y las ONG que anteriormente habían publicado panfletos clandestinos, se convirtieron en editoriales para la publicación de las voces políticas populares. Algunos de estos eran 44 Capítulo Uno

proyectos explícitos de inclusión y construcción de alianzas. ONG jesuitas y campesinistas intentaron presentar a los campesinos como víctimas de la dictadura y por lo tanto como herederos de la nueva democracia. El ejemplo mejor conocido de este proyecto fueron los cinco tomos publicados por una ONG jesuita llamada CEPAG, entre los años 1990 y 199130. Estos eran simplemente testimonios orales impresos de campesinos que habían sufrido la represión de las Ligas Agrarias durante la época de Stroessner. La última de estas publicaciones llevaba como título Ko´ãga roñe´eta (Ahora vamos a hablar), y se basó en la imagen del testimonio oral como expresión de libertad. Sin embargo estos primeros documentos eran algo más que meros discursos: eran discursos plasmados en papel, y demostraban implícitamente qué tipo de discurso contaba como libre y legítimo. Los testimonios fueron transcritos en guaraní (un idioma que todo el mundo podía hablar pero pocos leer) seguido por su traducción al español. Esto, a la vez de ser una declaración política a favor de la inclusión, era una afirmación no intencional de que la libre expresión era fundamentalmente la libertad de escribir. Para los transicionistas, la escritura era el medio preferido para convertir el discurso en algo público e histórico y hacerlo en guaraní era prácticamente imposible, porque el guaraní seguía siendo más que un idioma, un índice de oralidad31. El intento de hacer pública la escritura guaraní en obras como las de CEPAG era por lo tanto muy importante, pero logró llegar sólo a mitad de camino. Era necesaria la traducción al español para que pueda ser leída. Lo cual evidencia la contracara tácita de la libertad de expresión, no es derecho a hablar o escribir, sino el derecho—aun más complejo—de leer. Fue la palabra escrita, más que la oral, la que definió la nueva esfera pública como el espacio en el cual los ciudadanos podían informarse y vigilar las acciones del Estado u otros órganos que los rodeaban. La opinión pública legítima es la opinión informada, cuyos límites son el interés por la lectura y la habilidad de leer. La Constitución de 1992 fue la primera forma que tuvieron los transicionistas de institucionalizar el derecho a leer como un principio democrático básico32. El Artículo 135 de “Habeas Data”, fue adaptado de la constitución brasileña de 1988 y fue, en el momento en que se promulgó, reconocido a nivel mundial como un modelo del derecho a la información privada33. El artículo permitía a la gente solicitar, sin costo, el acceso a los datos sobre sí mismos contenidos en cualquier archivo y poder impugnar su veracidad. Anunciada por La Transición hacia la democracia 45

algunos como una adaptación a la era de la información (por ejemplo Guadamuz, 2001), su importancia simbólica en América Latina claramente tenía que ver con la historia de la actividad de la policía secreta durante las dictaduras y con la palabra de moda en esa época: “transparencia”. El giro central de la narrativa se dio cuando, a meses de la adopción de la nueva Constitución, una acción de Habeas Data fue utilizada para desenterrar el archivo más extenso de la brutalidad policial en América Latina, poniendo al descubierto los excesos del régimen de Stroessner. Esto también mostró hasta qué punto el control de los documentos se convertía en el control de las personas (ver Blanton, 2008: 63). El descubrimiento se produjo en el marco de una demanda presentada por el doctor Martín Almada por la persecución que había sufrido bajo el régimen. Fue a finales de 1992, en el denso momento político entre la firma de la Constitución y las primeras elecciones democráticas, que un juez llamado José Agustín Fernández anunció que había descubierto una gran cantidad de documentos en una oscura comisaría suburbana de Asunción. Al reflexionar sobre el momento, Almada dijo que el descubrimiento de los documentos en el Paraguay se podía comparar con la “toma de la Bastilla” (Boccia Paz at al., 1994: 26). Es una metáfora interesante. En la toma de la Bastilla original, una multitud enfurecida atacó la prisión liberando a los presos recluidos injustamente por el Rey. Pero en la versión paraguaya, fue un juez flanqueado por reporteros que representaban al público y en vez de liberar a los prisioneros, el asalto paraguayo liberó casi dos toneladas de documentos, poniéndolos a disposición de cualquier persona que tuvieran el tiempo y la educación para leerlos. La historia del poder revelada en los archivos es la historia donde documentar es conocer, y conocer hace posible matar. El control que tenía Stroessner sobre la información obtenida a través del espionaje y la tortura fue una de las claves de su régimen de terror, donde cualquiera podía ser pyrague (informante o espía) y los informes de los espías llegaban arriba a través de las seccionales del Partido Colorado y las comisarías vinculadas al Ministerio del Interior. La información era utilizada por el eufemísticamente llamado Departamento de Asuntos Técnicos, o simplemente La Técnica, situada en el centro de Asunción. A medida que el régimen se consolidaba durante las décadas de los años cincuenta y sesenta, también lo hacía su capacidad de reunir información, y con mucho 46 Capítulo Uno

Figura 1. Clasificando el Archivo del Terror. (Cortesía de ABC Color) éxito el archivo fue creciendo y siendo cada vez más organizado. A mediados de los años setenta, bajo la maniática tutela de Pastor Coronel (conocido entre los activistas como el Pastor de la muerte), el Departamento había pasado de ser un depositario ad-hoc de soplones, a ser una unidad profesional con policías investigadores a tiempo completo y una masiva red de informantes calificados. Ellos registraban todo, desde las sospechas de seccionaleros en el interior, hasta fotografías de activistas campesinos muertos de “edema pulmonar agudo” de la bañera en la esquina del propio Departamento (Boccia Paz et al., 1994). Luego de que los documentos fueran rescatados de las entrañas de la estación policial de Lambaré, fueron trasladados al Palacio de Justicia donde se convirtieron en el Archivo del Terror. El nuevo hogar del archivo marcó la transferencia de documentos de un régimen de valor político a otro. En el primero, podían ser consultados por la policía u operativos partidarios para encontrar y silenciar a disidentes, mientras que en el segundo podían ser usados por cualquiera para investigar injusticias pasadas del propio régimen. Era tanto un aparato de represión brutal, ahora dispuesto para que todos lo vean, como también la manifestación de una forma particular del poder de la representación. El archivo había sido construido lentamente a través de una fantasía particular de conocimiento exhaustivo, y con ello, el control de un territorio y su población34. Esta convicción La Transición hacia la democracia 47

de que archivar es conocer, y conocer es gobernar fue al parecer tan fuerte que muchos de los secuaces de Stroessner no se animaron a destruir el archivo, incluso tres años después de ser depuesto, negativa que en última instancia comprometió a muchos de ellos35. El archivo mantenía viva la posibilidad de la continuidad del régimen. La fantasía de la información propuesta por el archivo después del golpe fue que la habilidad de documentar los excesos del régimen aseguraría el control del pasado. Lejos de la brutalidad improvisada que la mayoría de las personas asumía que sucedía bajo el régimen de Stroessner, el Archivo construyó una nueva visión del régimen como un usuario calculador y eficiente de la información. Mostró, como ningún otro, la firmeza del régimen, y reforzó la idea del Stronismo como un complejo lógico y totalitario, y un sistemático controlador de la información y la violencia36. Al permitir a los transicionistas esta lectura, los documentos recolectados para el propósito del terrorismo de Estado no desaparecieron, sino que inauguraron un nuevo tipo de poder. El secretismo que hizo que los documentos sean capaces de canalizar el poder soberano hizo que ahora logren encaminar la nueva democracia. Así, la democracia residía tanto en la posibilidad del conocimiento a través de los documentos, como lo hacía la visión del totalitarismo, en contra del cual los mismos transicionistas se posicionaban. La posibilidad misma de este tipo de democracia pública residía en una imagen del secretismo totalitario como su antítesis. En los años posteriores a su descubrimiento, el archivo se movería al nuevo centro simbólico de soberanía popular, el Poder Judicial, encargado de hacer cumplir el estado de derecho. Hasta el gobierno de los Estados Unidos se involucró en la transferencia simbólica del poder. De haber colaborado con la policía secreta para llevar registro sobre los agitadores comunistas, la embajada norteamericana pasó ahora a ayudar a financiar el estudio y preservación del Archivo a través de fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés (Nickson 1995). USAID también estuvo detrás de la posterior creación del Museo de la Justicia, que movería de vuelta los archivos al primer piso, arreglaría la sala de espera y pagaría por el aire acondicionado extremadamente frío. Todo esto reforzaba la idea de que la democracia se sustenta en información transparente ofreciendo un fundamento estable de datos sobre el país como señal de la existencia de una esfera pública37. 48 Capítulo Uno

No había un solo lugar en Paraguay que inspirara la confianza en el concepto de transparencia como lo hacía el Archivo. Su personal era amable y eficiente, la base de datos informatizada hacía un extraño contraste con las imágenes de detenciones y las fotos de los cadáveres mutilados en blanco y negro exhibidas en las paredes, así como con el contenido misterioso de los cientos de cajas y carpetas que recubrían las estanterías. En el mundo de los transicionistas, era esta capacidad, de conectar la memoria con un documento lo que lo convertía en verdad, y esto generaba la legitimidad de la esfera pública. Irónicamente cuando el Archivo se trasladó al Museo dejó de parecer tan eficiente y ordenado; porque si bien la cara frontal del museo tuvo un nuevo brillo, los documentos se vieron envueltos en un caos burocrático, el cual involucraba los intentos de pago de indemnizaciones a las víctimas de la dictadura. Es decir, fue cuando alguien trató de usar la información de manera sistemática que la gente se dio cuenta de lo costoso que resultaba, además del tiempo que consumía y la cantidad de interpretaciones y lecturas posibles a la cual estaba sujeto el Archivo. La comisión encargada de investigar los reclamos de las víctimas en el Archivo estaba estancada hacía años, y las habitaciones en el fondo del museo se llenaban de familias campesinas intentando hallar información que tenían la certeza se encontraba allí. En ese momento el Archivo comenzó a parecerse cada vez más al resto de las instituciones de información del Paraguay, fuera de las piezas estáticas de museo, la transparencia es un objeto político de complejo regateo. Durante la primera década de su existencia, el Archivo sirvió como un monumento negativo a la justicia transparente y a la posibilidad del estado de derecho. Pero el estado de derecho al que hacía alusión el Archivo estaba siempre en relación al pasado y funcionaba mejor si no se lo examinaba muy de cerca; una vez abierto al presente, los documentos y la información que se suponía debía contener, comenzaron a descomponerse. El movimiento de los documentos inauguró un nuevo lenguaje político, y a través de ello una nueva comprensión de la ciudadanía como una comunidad de lectores, siempre vigilante de sus líderes. En los seis meses que siguieron a la apertura del Archivo, los tres periódicos nacionales más importantes dedicaron cinco páginas por día, durante seis meses, simplemente para difundir su contenido (López, 2003). Y ahí radica el principio de una crítica a la economía política de la transparencia. Estos periódicos nacionales, cuya circulación consolida la nueva esfera pública como comunidad de lectores, apenas La Transición hacia la democracia 49

llegaba al campo. Durante mi estudio de campo, sólo una docena de copias de los tres periódicos juntos llegaban a Vaquería38. Incluso los lectores comprometidos con la política nacional como Jorge Galeano rara vez veía uno en el campo, salvo excepciones en que él o yo íbamos temprano al colectivo a comprar uno de los pocos que llegaba al pueblo. Campesinos mayores a quienes entrevisté sobre sus experiencias de la represión durante la época de Stroessner a menudo me preguntaban sobre el Archivo o me pedían que averigüe sobre sus expedientes, dejando de esta manera en claro que ellos mismos nunca irían a verlo. Los campesinos, bien representados en el Archivo como víctimas de la tortura, no formaban parte de su público y por lo tanto, no formaban parte de la esfera pública democrática. Esta nueva relación de exclusión se agudizaría aun más cuando esta nueva comunidad de lectores urbanos, la sociedad idealizada de la democracia moderna y transparente, se encontrara con su mayor prueba casi una década más tarde.

La Sociedad Civil: El Marzo Paraguayo En enero de 1999, en el apogeo de una nueva ronda de agitación política, visité a mi amiga Marta, una estudiante de derecho, progresista, de familia bastante privilegiada que personificaba la esperanza de los emergentes transicionistas de Asunción39. En la televisión de su casa el ex general Lino Oviedo daba un discurso en las calles de Asunción frente a una multitud de sus ruidosos seguidores. Oviedo era en ese momento el personaje más popular y temido de la política paraguaya. Su popularidad había crecido sostenidamente desde 1989, particularmente entre los pobres, quienes lo veían como su única esperanza para solucionar la profunda crisis económica. En 1996 él había intentado un golpe de Estado contra el presidente de turno, Juan Carlos Wasmosy y los tribunales lo habían despojado de cualquier puesto oficial. A partir de ese momento él se había convertido en una especie de trotamundos, dando discursos cada vez más encendidos a las masas que lo idolatraban. Esa noche, vestido con la pañoleta del Partido Colorado, el diminuto general no decepcionaba a su audiencia. Sudando, agitando los brazos y gritando en guaraní, condenaba una decisión reciente de la Corte Suprema de mandarlo a la cárcel. Marta se sentó para escuchar su discurso y cuando la noticia terminó, le pedí una traducción. Yo aun no podía entender el guaraní, y aunque Marta decía que ella tampoco—como tantos asuncenos ricos—pareció 50 Capítulo Uno

bastante capaz de entenderlo cuando importaba. “Dice que enterrará a los jueces de la Corte Suprema”, dijo sombríamente. Mi reacción no fue tan fuerte como ella había esperado, así que continuó, “es difícil de traducir. Suena mucho más amenazante en guaraní”. Había pasado una década desde la destitución de Stroessner y a la mayoría de los transicionistas todavía les costaba llamar democrático a su país. La asamblea constituyente de 1992 y el descubrimiento del Archivo del Terror, habían otorgado legitimidad simbólica al nuevo Estado. Un efímero boom de inversiones había empezado a transformar Asunción. Los exiliados que regresaban se habían arraigado en los nuevos suburbios de la ciudad. Se habían construido centros de compras, los nuevos espacios públicos de la clase profesional naciente40. La libertad de prensa, nuevas ONG y la reforma educativa masiva parecían listas para reformar a las masas paraguayas a la imagen de la clase media urbana. Pero el Partido Colorado permaneció férreo en el poder. El consenso de la mayoría era que la corrupción parecía estar en alza. El presidente Wasmosy, candidato consensuado entre las facciones en pugna del Partido Colorado para las primeras elecciones democráticas, era un hombre sin visión o vocación política, y parecía ver el cargo sólo como un medio para enriquecer sus varias empresas de construcción e ingeniería41. Lo más perturbador de esto era el sentimiento que recorría entre los transicionistas: que la democracia era extremadamente frágil y que fácilmente podía volver la dictadura. Esta angustia se centraba en la figura del General Oviedo. Oviedo había sido una figura clave en el golpe contra Stroessner y pronto surgió como el más fuerte de los hombres compitiendo por la sucesión, capaz de llenar al vacío patriarcal dejado por el golpe. Era un líder militar capaz de atraer la adoración fanática de masas de adeptos y capaz de capitalizar el creciente odio hacia el Presidente Wasmosy, con quien entabló una guerra pública. Oviedo abiertamente desacataba la ley y se salía con la suya, además parecía tener recursos ilimitados para solventar su reparto de regalos políticos. Su atractivo no era racional ni razonable, sino inquietantemente mesiánico y era capaz de convencer a la gente de que su llegada al poder inequívocamente llevaría a la salvación de la nación42. En pocas palabras, él era el clásico caudillo, que generaba poderosos lazos entre su propio carisma tempestuoso, las masas, la milicia, e intereses económicos de familias poderosas listas para aliarse con cualquiera que llegara al poder si la transición democrática fallaba43. La Transición hacia la democracia 51

Uno de los lemas más capitalizables por el General Oviedo era “corrupción”. El proyecto transicionista de crear transparencia como un antídoto a la corrupción había traído a la luz los negociados de Wasmosy de una manera que enojó a un gran parte de la población. Oviedo jugaba el mismo juego que Wasmosy, sólo que lo hacía mejor. Ya fuera de forma apócrifa o no, los campesinos de una colonia al norte de Caaguazú cuentan la historia de Wasmosy llegando en helicóptero y públicamente entregando dinero en efectivo a los residentes, sólo para que Oviedo apareciera en helicóptero una semana más tarde y entregara más dinero. Oviedo tenía acceso a recursos políticos y militares casi inagotables. Dirigía la milicia nacional como su propia máquina política y comercial, movilizando pelotones enteros para arreglar calles e instalar infraestructura eléctrica. Se especulaba que los mismos recursos eran utilizados para traer de contrabando drogas y otras cosas. De acuerdo a la definición común de corrupción como el “uso de propiedad o de título público para ganancia privada” (Tulchin y Espach, 2000: 4), Oviedo era uno de sus practicantes más exitosos. Pero ni Oviedo ni sus seguidores lo veían así. Su gran lección de la época de Stroessner era que la corrupción no se trataba de un comportamiento ético, sino de acusaciones. El que acusara a su enemigo con mayor fuerza ganaba la batalla en el terreno de la ética política44. Una década y media después de que Stroessner fuera exiliado, dejando atrás una gigantesca estructura de riqueza y poder basados en el contrabando, prebendarismo y apropiación de recursos estatales, la mayoría de los paraguayos, incluso muchos transicionistas, no consideraban que el régimen había sido corrupto. Violento, totalitario, perverso, sí, pero no corrupto. Recuerdo una noche en que manejaba por Asunción con un amigo, un abogado que había pasado la mayor parte de la dictadura en Europa luego de haber sido brutalmente torturado por su participación en manifestaciones estudiantiles. Como tantos de sus colegas, él había vuelto al país luego del golpe para tratar de reconstruir su país, portando aun las cicatrices que la policía de Stroessner le había infligido. Él estaba intentando hacerme entender cuán terribles habían sido los gobiernos electos posgolpe, cuando dijo “Stroessner era terrible, pero al menos no era corrupto como la gente que lo sucedió”. Me sonó tan peculiar como análisis que ni siquiera sabía cómo responder. Más tarde pude entender ese sentido tan común, empezando con otra definición de la corrupción, como el desdibujo del límite entre lo público y lo privado (Bratsis, 52 Capítulo Uno

2003). Se puede argumentar que Stroessner no pudo haber sido corrupto ya que todo el Estado era tratado como una empresa privada (ver Nickson y Lambert, 2002). De hecho, no puede haber corrupción moderna hasta tanto no haya bienes públicos de los cuales apropiarse. La declaración de Oviedo, de que él no era corrupto, aceptada por un gran porcentaje de paraguayos en ese momento, era simplemente una negación de que el público existiera. En lugar de eso, Oviedo usaba un significado diferente de la palabra corrupción, una acusación de que los líderes políticos estaban faltando a promesas privadas hechas a sus seguidores. Usando esta estrategia, Oviedo entendió que si la gente creía lo suficiente en su aura carismática y creía que él dirigiría los recursos hacia ellos, él sería impermeable al rebote de las acusaciones de corrupción que él lanzaba a sus opositores45. Incluso llamó a su movimiento político (más tarde partido) “Unión Nacional de Colorados Éticos” (UNACE). Cuando Oviedo orquestó un golpe fallido contra Wasmosy en 1996 y aun así consiguió ser nombrado Ministro de Defensa unos meses más tarde, comprobó su intocabilidad y la certeza de que ganaría las próximas elecciones. En Asunción, los transicionistas lo llamaban dictador y fascista, y reclamaban que él estaba reciclando las tácticas del Stronismo. Pero ellos no eran su audiencia, lo cual era parte de su estrategia. Para los seguidores de Oviedo, él era la única persona capaz de quebrar la influencia de Stroessner en Paraguay, porque si los males del Stronismo emanaban del hombre que estaba en el timón, sólo un caudillo similar, un hombre que se había definido como enemigo de Stroessner, era el único que podría legítimamente retomar el poder. Wasmosy también lo atacó, diciendo que Oviedo había sido alguna vez secuaz de Stroessner. Pero él no había probado tener espíritu parricida como lo había hecho Oviedo en el golpe. Para sus seguidores, la realidad era al revés: un voto en contra de Oviedo era un voto para Stroessner. De hecho, tanto los oviedistas como los antioviedistas clamaban la misma base política: eran transparentes y sus enemigos eran corruptos, y eran todo lo que Stroessner no era. Mientras tanto, los transicionistas reclamaban que el problema de fondo era el populismo en sí. Para Oviedo y sus seguidores, la ética era un rasgo personal que emanaba de un caudillo; para los transicionistas, la ética era institucional, algo que tenía que construirse en el Estado a través de la reforma institucional; y Oviedo era de temer porque amenazaba con sobrepasar la ética institucional, canalizando la aparente irracionalidad de las masas pobres que vivían en el campo perpetuamente La Transición hacia la democracia 53

perturbador. En el populismo yace la amenaza de la ley de las calles. Mientras que la reforma educativa no lograse reformar la mentalidad de las masas, dando tumbos en la oscuridad de la primitiva “ley del mbarete”, la amenaza de una nueva dictadura estaba a la vuelta de la esquina. Oviedo confirmaba estos temores cada vez que hablaba. Él prometía que luego de la elección los campesinos “retomarían las riendas de la nación” (Morínigo, 1999: 66), y por ello recibía apoyo masivo en el campo. Entre 1996 y las elecciones generales de 1998, el poder de Oviedo seguía en aumento, mientras que la opinión popular sobre Wasmosy declinaba, y la economía minifundista, dañada por los bajos precios del algodón, caía en una nueva crisis. En setiembre de 1997, Oviedo se presentó como presidenciable en las internas del Partido Colorado (que en sí mismas eran mucho más importantes para decidir quién sería el presidente, que las elecciones generales)46, con Raúl Cubas47, un ingeniero sobrenaturalmente rico, como su dupla. La fórmula Oviedo-Cubas resultó ganadora frente a aquella compuesta por Luis María Argaña y Nicanor Duarte Frutos. Pero su candidatura a la presidencia de la república se vería sorpresivamente imposibilitada por una maniobra de Wasmosy, quien finalmente consiguió condenarlo por el intento de golpe de Estado de 1996, sacándolo de la carrera presidencial. Sin embargo, la imagen de persecución en manos de una élite corrupta sólo aumentó la popularidad de Oviedo. Muchos colorados creían que en ausencia de Oviedo, el liderazgo caería naturalmente en su rival principal, Luis María Argaña, ex presidente de la Corte Suprema bajo Stroessner, y líder de la antigua guardia del partido48. En este contexto, el partido marcadamente dividido, llegó a un acuerdo político, nombrando a Cubas para presidente y colocando a su archienemigo Argaña en la boleta como vicepresidente. Cubas ganó con facilidad las elecciones nacionales de 1998 con el slogan “Cubas al palacio, Oviedo al poder”49 y con la sola promesa de indultar a Oviedo. Cubas cumplió su promesa de liberar a Oviedo aun cuando la Corte Suprema, varios meses después, decretó que el indulto era inconstitucional. Desde ese momento en adelante, Oviedo era un “mono con Gillette” en las calles de Asunción, institucionalmente sin ningún poder y aun así manipulando públicamente tanto a sus aliados como a sus enemigos. El mismo Cubas era un presidente relativamente inefectivo. Durante los primeros meses de su mandato, el gobierno se dividió en dos facciones, una dirigida por Oviedo desde 54 Capítulo Uno

las calles de Asunción, y otra por Argaña, quien intentó formar una coalición con la oposición. El discurso que vi con Marta aquel verano fue uno de los muchos en los que él prometía que su victoria era inminente y que sus enemigos pagarían caro, especialmente Argaña. Las repetidas amenazas públicas de Oviedo dividieron al partido y mantuvieron alertas a los transicionistas, seguros de que algo estaba por acontecer. El martes 23 de marzo de ese año, las tensiones políticas finalmente llegaron a su límite cuando Argaña fue emboscado y asesinado junto con su chofer. Nunca se esclareció quién exactamente llevó a cabo el ataque, un tema de considerable intriga hasta hoy, como lo son los tres días que siguieron al asesinato. Esa semana fue la semana más importante de toda la transición, un choque tan cargado de simbolismo que generó múltiples recuentos y narrativas conflictivas. Un grupo de estudiantes, originalmente organizados para oponerse al golpe de Oviedo de 1996, convocó a su red para exigir la renuncia de Cubas y el arresto de Oviedo. Marcharon a la Plaza de Armas frente al Congreso sólo unas horas luego del asesinato. El mismo día, más tarde, el pequeño grupo de manifestantes a favor de la democracia creció exponencialmente cuando se unieron los seguidores colorados de Argaña y miles de campesinos que ese día casualmente se encontraban en Asunción manifestándose por subsidios de algodón. Los tres grupos combinaron sus exigencias y tomaron la plaza frente al Congreso donde más tarde fueron confrontados por un grupo, mucho más pequeño, de oviedistas que estaban allí para apoyar a Cubas. Los grupos a favor y en contra de Oviedo pasaron días lanzándose insultos a través de una gruesa barrera policial. Las luchas de poder tanto en el ejército, como en la policía llevaban a la represión periódica de los estudiantes y campesinos, hasta que finalmente el viernes de noche, francotiradores ubicados en edificios que rodeaban a la plaza abrieron fuego sobre la multitud, matando milagrosamente sólo a siete manifestantes, e hiriendo aproximadamente a 200 (ver Bareiro, 1999). Como consecuencia, Cubas renunció y fue a Brasil y Oviedo huyó a Buenos Aires. El presidente del Senado, Luis González Macchi, asumió la presidencia como lo indicaba la Constitución50. Estos eventos fueron rápidamente inmortalizados como “El Marzo Paraguayo”, un momento de definición de un nuevo Paraguay democrático. En los años que siguieron al derrocamiento de Cubas, González Macchi llegó a ser marcado como el presidente más incompetente y corrupto de la historia del Paraguay. Los eventos que La Transición hacia la democracia 55

lo llevaron al poder, no obstante, fueron recordados por los transicionistas como un momento de redención, cuando los cimientos de una incipiente sociedad civil demostraron ser más robustos que el débil Estado51. Los diarios nacionales Ultima Hora y Noticias hicieron mucho del trabajo de inmortalizarlo de esta forma52, al igual que ONG como el Centro de Documentación y Estudio y el Comité de Iglesias (ver CDE, 1999; Rivarola et al., 2001; López, 2003). La historia que acabo de contar es la que he oído repetidamente sobre el Marzo Paraguayo en Asunción. Es una historia convincente, en la cual los protagonistas eran casi de manera uniforme estudiantes urbanos y la prensa luchando contra la dictadura (ver Morínigo 1999), la joven vanguardia de los transicionistas. No obstante, el mayor problema con ella es la dificultad para explicar el rol de la Federación Nacional Campesina (FNC), una de las organizaciones campesinas más grandes del país, que en realidad proveyó la mayor parte de los manifestantes del lado antioviedista del conflicto. La marcha estudiantil logró sus metas solo porque se unió con los campesinos que habían sido enviados a Asunción para un evento que no tenía nada que ver. El precio del algodón, particularmente bajo ese año, había traído la noche anterior un número record de campesinos (cerca de 20 mil) a la capital, en reclamo de subsidios. Ellos estaban por empezar su marcha hacia el Congreso cuando llegó la noticia del asesinato. Siguieron con su marcha de todas formas, cambiando su ruta y armando un campamento de protesta en una plaza que lindaba con el ocupado por los estudiantes. Cuando unieron fuerzas, la manifestación—ahora masiva—adoptó un proyecto híbrido peculiar: ellos permanecerían en la plaza hasta que Cubas renunciara y la deuda del algodón de todos los miembros de la FNC fuera condonada. El liderazgo de la FNC vendió este plan a sus seguidores como una alianza táctica a corto plazo, aunque la mayoría me contó que mirando en retrospectiva ellos realmente no sabían cuáles habían sido las exigencias de los estudiantes. De hecho, la mayoría de los miembros del FNC que conocí y que habían participado del Marzo Paraguayo se consideraban seguidores de Oviedo, y muchos sintieron que habían sido engañados durante la marcha. La ambigüedad narrativa de la presencia de los campesinos en las protestas se ve claramente en una narración ficcionalizada del evento hecha por Andrés Colmán Gutiérrez. Colmán, un periodista de Ultima Hora altamente respetado, reportó sobre el conflicto a medida que se desarrollaba y luego recordó su experiencia en una novela 56 Capítulo Uno

sentimental llamada “El país en una plaza” (2004). La historia narra las aventuras de un periodista cínico de mediana edad que es enviado muy a pesar suyo a cubrir las manifestaciones. Al inicio de la historia, él se encuentra de “vacaciones” en Yhu, un pueblo aislado y empobrecido de la región Oriental del Paraguay. Sus colegas disfrutan de burlarse de él por ello y nunca hay ninguna referencia de que él u otro miembro del plantel de este periódico tengan conexión alguna con el campo además de esta visita53. Durante los seis días que él está en la plaza, conoce a los seis valientes estudiantes y el único campesino que más tarde morirían en la balacera, y llega a entender que hay algo fundamentalmente revolucionario en la manifestación que está presenciando. Lentamente es llevado a la acción, usando sus conexiones de prensa para llevar y traer información a la plaza y finalmente ayudar al “lado de los demócratas”, como él lo llama. Llega a cumplir su responsabilidad periodística de “transparentar las acciones” de los corruptos y a ver en los estudiantes el futuro de su amado país. Aun mientras reflexiona, cinco años más tarde, sobre el desastre político en que devino el presidente González Macchi, él sabe que en la plaza vio la sociedad modelo que augura un Paraguay posible. Muchas caracterizaciones claves anclan esta nueva visión del Paraguay. La primera es el personaje que para el narrador personifica la rebelión juvenil. Cuando él la presenta, ella está a un costado de los manifestantes, construyendo afanosamente pequeñas flechas con papel reciclado de oficina. Era morocha, flaquita, adolescente aun, 16 o 17 años de edad a lo sumo. Vestía unos pantalones jeans desteñidos y una remera blanca, con letras toscas en el pecho que decían: “Dictadura nunca más”. Tenía pintura en las dos mejillas, los colores rojo, blanco y azul de la bandera nacional, que balaban cada vez que ella sonreía y dejaba ver sus encantadores hoyuelos. Además llevaba una bandera de tela atada al cuello, sobre la espalda, a manera de capa. (16) La imagen destila todos los elementos románticos de la, recientemente descubierta, fantasía nacional del narrador. La piel oscura de la muchacha y las flechas retienen el elemento indígena del mestizaje paraguayo. Su juventud, el hecho de que ella todavía no puede votar, la ponen como el futuro de la nación. En su rostro están los colores de la bandera, los mismos colores que se visten durante las protestas campesinas sin partidos, que fueron pintados en todos los estudianLa Transición hacia la democracia 57

tes de la plaza en aquel día (y que los diferenciaban del monocromático colorado de los oviedistas). Los jeans y la capa son elementos modernos, y durante los primeros dos tercios del libro él ni siquiera sabe su nombre y la llama Batichica. Y todo esto se articula en una simple aseveración discursiva: Dictadura nunca más, el singular deseo político del nuevo sujeto nacional. Ella está completamente cosificada como una mujer joven y hermosa, y de hecho, a medida que la novela progresa, el trasfondo sexual de este primer contacto se vuelve manifiesto cuando ella se le ofrece repetidamente. Él, la figura paterna responsable, está turbado por sus deseos sexuales, pero no demasiado, como para no permitirse un poco de besuqueos antes de que el libro termine. Aun así, él logra contenerse sólo lo suficiente para transmitir la imagen patriarcal por excelencia de la nación, en la cual ésta última encarna la figura femenina incapaz de protegerse a sí misma y necesitada de una figura masculina dominante. En este caso, la Batichica simboliza la pureza, no de la sangre (como en el mito racial dominante) ni de la tierra (en las visiones agrarias y militares de la nación), sino de la democracia en sí como un ideal abstracto. El primer contraste simbólico de Batichica son los campesinos, descriptos en el texto con toda la incomodidad que su rol en la historia amerita. Durante la manifestación, los estudiantes y campesinos toman posiciones en plazas separadas pero adyacentes y sólo se encuentran cuando los estudiantes son perseguidos por la policía hacia los campesinos. Allí los estudiantes encuentran una masa impenetrable que no les permitirá entrar. Un actor famoso intenta forzar su entrada al espacio. Al percibir sus intenciones, sin una sola palabra, como si obedecieran a una orden telepática, los agricultores se pusieron firmes, guardando unos treinta centímetros unos de otros, levantaron sus palos y los colocaron a la altura de la cintura, en forma horizontal, unidos punta con punta, formando lo que parecía una sola y larga vara. Los jóvenes avanzaron hasta chocar contra el obstáculo. Entonces los agricultores, en forma perfectamente sincronizada, realizaron un seco movimiento con los brazos, impulsando los palos hacia delante, de manera que la masa de manifestantes fue repelida hacia la calle, cayendo muchos de ellos al pie de los policías. (25)

58 Capítulo Uno

Los campesinos posteriormente permiten que los estudiantes entren, pero aclaran su postura política, ellos están allí sólo por un “interés de clase” de tipo económico (en contraste con las demandas universalistas de los estudiantes). En breve, los campesinos se vuelven vitales para la historia pero no son protagonistas de la misma. No sólo actúan como una horda militarizada, su comunicación es telepática, invisible e indescifrable para el observador transicionista. Los actores finales en el drama de Colmán son los oviedistas que luchan contra los estudiantes por el control de la plaza. Ellos son una turba revoltosa y violenta cuya motivación primaria para la contra-manifestación son los regalos gratuitos que están siendo repartidos desde el “Linobar”, un camión refrigerado con abundante provisión de latas de cerveza. Sin embargo, los oviedistas no causan temor, en todo caso ellos son el alivio cómico del libro, tropezando consigo mismos y gritando idioteces. Además de eso, al llamar a su “líder pynandi” (líder pies descalzos) su pobreza se hace evidente en todas partes54. Lo más notable de estos oviedistas descalzos es el guaraní que usan. Los estudiantes modulan su discurso en español con una muestra ocasional de modismos en guaraní, mientras que los campesinos usan un guaraní controlado que cambia a español cada vez que el diálogo se vuelve más profundo. Pero los oviedistas están siempre hablando en jopara vulgar, un registro bajo del guaraní, y siempre en arrebatos cortos, violentos o confusos. Cuando uno de los personajes, un detective privado, quiere pasar por oviedista, él adopta este lenguaje, rogando a un oficial de policía que le provea alcohol y dinero de forma servil. Aun cuando es claro que la mayoría de ellos es gente pobre del campo, Colmán es cuidadoso de no llamar “campesinos” a los oviedistas. No obstante, su retrato deja abierta una importante ambigüedad. Al contrario de los oviedistas, los campesinos son disciplinados y dignos, tanto física como lingüísticamente. Pero ellos no son heroicos ni completamente confiables. No se puede evitar la impresión de que, de haber existido una leve diferencia en el campo de fuerza, ellos podrían haber estado en el otro lado. En su narración, “el país en la plaza” los respeta, los agradece por sus esfuerzos, pero desde una distancia. El rol de ellos es accidental y un poco peligroso, y como campesinos no simbolizan la democracia ni la dictadura, sino a una fuerza ajena, un anacronismo, fortuitamente fuera de lugar. La mayoría de los análisis intelectuales sugieren lo mismo55. Como Morínigo y Brítez (2004: 264) afirmaron en su análisis de la formación La Transición hacia la democracia 59

de la opinión pública durante la transición, “el ‘marzo paraguayo’ activó un proceso que sustituyó la lealtad afectiva a los partidos por la lealtad a una serie de valores y a una causa, y cambiaría radicalmente el sistema político paraguayo”. El Marzo Paraguayo fue una victoria estudiantil en contra de la tiranía, en una escena que vino a personificar la transición a la democracia, en la cual los campesinos fueron poco más que ayudantes accidentales Colmán captura el sentimiento transicionista sobre el significado del Marzo Paraguayo e ignora completamente la profunda ambivalencia con la que el evento es recordado en el campo. Conocí a docenas de campesinos que habían estado en las manifestaciones y ninguno me habló de ellas como una victoria para la democracia. Sí hablaron con orgullo de derribar al gobierno, y en este sentido lo vieron como una victoria y una señal de la fuerza campesina. Pero para la mayoría de los campesinos el evento no se trataba del poder de las ideas tanto como del poder potencial de las movilizaciones masivas. Durante manifestaciones posteriores, los campesinos hicieron frecuentes referencias al Marzo Paraguayo, sugiriendo que ellos podrían volver a lograr sus exigencias poniendo al gobierno al borde del colapso. Pero en otros contextos ellos relataron estos eventos como una de las principales razones por las que tantos campesinos dejaron la Federación Nacional Campesina en el 2000 y dejaron de participar en la manifestación anual del algodón. Muchos sintieron que habían sido embaucados. No todos los campesinos que conocí eran o habían sido oviedistas en absoluto. Pero los que estaban profundamente resentidos eran los que veían al evento como su participación—sin saberlo—en el derrocamiento de su salvador político. Y ellos leían eso como otro síntoma más de su creciente marginalización en un sistema que los incluía sólo cuando los encontraba útiles, y que de otra forma los ridiculizaba como retrógrados y de cuidado.

Libre Mercado: Soja A medida que se consolidaba la transición, los campesinos fueron excluidos de las nuevas narrativas de redención democrática, de aquella del Archivo del Terror y del Marzo Paraguayo, y lentamente se encontraron fuera del proyecto de transición. Pero el aspecto más devastador de esta exclusión sucedió cuando los transicionistas se interesaron en el objeto central de la política campesina: la tierra. Hasta finales de los ’90, la democracia había sido mayormente un asunto 60 Capítulo Uno

urbano y lo rural figuraba como un espacio a ser transformado a través de intervenciones paternalistas. Sin embargo, cuando llegué a Vaquería para realizar mi trabajo de campo a fines del 2004, una transformación sin precedentes estaba ocurriendo en la economía y en el paisaje. Para los que eran conscientes de ella, particularmente los campesinos sin tierra todavía buscando un lugar para arraigarse, el cambio se veía como nada menos que un enorme manto verde de soja extendiénsose sobre sus comunidades. Había empezado al este, primero en los departamentos de Itapúa y Canindeyú, bordeando al Brasil, y luego yendo hacia Caaguazú al oeste. Para cuando llegó a Vaquería, estaba a mitad de camino entre la frontera brasileña y Asunción, y estaba esparciéndose tan rápidamente que muchos podían imaginar un momento en el que toda la superficie agrícola fuera tomada por estos granos. Desde puntos altos al norte y este de Vaquería, la nueva economía rural brindaba una visión aterradora. Cuando los campesinos me llevaron ahí, podían apuntar al este hacia las laderas verdes desnudas y mostrarme dónde alguna vez habían estado pueblos de campesinos: San Roque, Pariri, Vera Kue, e Yvypytã. Al sudeste, apenas fuera del establecimiento campesino de Zapatini Kue, un nuevo silo de Cargill brillaba en el sol vespertino. El avance había estado sucediendo desde hacía varios años, pero en los últimos años se había acelerado tanto, que dominó por completo la política campesina local. Los granos figuraban en la narrativa de transición al proveer a los transicionistas una historia de redención económica. El Archivo del Terror y el Marzo Paraguayo habían evidenciado el potencial para un nuevo tipo de soberanía, generado una nueva esfera pública y producido un nuevo ciudadano listo para asumir la nueva democracia basada en la transparencia y en la sociedad civil. Pero los transicionistas aun no habían demostrado que su fórmula económica podía funcionar. En los años que siguieron a la finalización de la Guerra Fría, la fórmula internacionalmente reconocida para garantizar la democracia era el libre mercado, públicamente regulado por técnicos profesionales. Muchos de los reformistas que creían en algún tipo de socialdemocracia, inmediatamente después del golpe se volvieron grandes promotores de soluciones de libre mercado, que no hicieron otra cosa que envilecer al Estado en sí como inminentemente corruptible. El único rol apropiado del Estado era el de institución técnica, un árbitro de reglas de transacciones abiertas similares a las que supuestamente posibilitaban el crecimiento capitalista. Los transicionistas experimentaron La Transición hacia la democracia 61

serios reveses en sus intentos de instituir un modelo económico tecnocrático, pero la recuperación económica era clave para su argumento de que ellos, no sólo podían manejar la política del Paraguay mejor que Stroessner, sino también sus finanzas. El Marzo Paraguayo había puesto a González Macchi en el poder, un hombre cuyo mandato no sería recordado más que por la decepción, la mala gestión en casi todos los aspectos de su gobierno, un intento fallido de privatizar las empresas públicas y el retiro del apoyo financiero internacional. Para cuando el controversial mandato de González Macchi llegó a su fin en el 2003, la economía paraguaya había estado sumida por ocho años en una profunda recesión llamada casi afectuosamente “la crisis”. La crisis afectó a todos en el país. A pesar de que la gente culpaba a diferentes sectores, dependiendo de sus posturas, la crisis se convirtió en una de esas experiencias comunales de pérdida y sufrimiento, que los paraguayos de casi todas las clases estoicamente relacionaban a sus historias de guerras perdidas, manipulación imperial y brutalidad política. Debido a que la crisis era contemporánea con la creciente visibilidad de la “corrupción”, ambas eran siempre asociadas. La gente era pobre porque estaba siendo robada por sus líderes56. Aunque menos visible que la corrupción cotidiana, la crisis tenía raíces mucho más profundas en la planificación económica. Podría decirse que la economía paraguaya había estado en estado crítico desde 1982. Durante los setenta, el país había registrado uno de los crecimientos más impresionantes del hemisferio al verse los resultados de los proyectos de desarrollo de Stroessner (ver Weisskoff, 1992; Baer y Birch, 1984). El boom económico de los setenta tenía tres ejes principales. El primero era una apertura de la economía57. Stroessner había construido rutas y pueblos comerciales hacia las fronteras, convirtiendo al país en un vigoroso importador y exportador, una zona libre de impuestos que actuaba como embudo de mercaderías que iban desde Asia y Medio Oriente hacia Brasil y Argentina. El segundo era la construcción de la represa hidroeléctrica más grande del mundo, un proyecto tan grande en un diminuto país agrícola, que fácilmente se convirtió en el mayor empleador y el mayor comprador de mercadería industrial por una década. Y el tercero era el crecimiento de las exportaciones agrícolas a través de la colonización de campesinos de la frontera oriental forestal durante la Reforma Agraria. La producción paraguaya de madera, tabaco y especialmente algodón creció a ritmos sin precedentes durante este período. 62 Capítulo Uno

En algunos aspectos estas estrategias seguían la ortodoxia de desarrollo estándar de la época. Pero en términos políticos, el milagro de los setenta era comparativamente “barato” ya que no requería mucha inversión o planificación gubernamental (Berry 2010a). La represa, diseñada y pagada por Brasil, probablemente reportaba el mayor beneficio a corto plazo. La infraestructura para importar y exportar era fácil de construir, y las virtualmente inexistentes tributaciones y regulaciones proveían enormes incentivos para la inmigración así como para las iniciativas empresariales de ciudades fronterizas. El mayor crecimiento del comercio ni siquiera se daba en la economía formal, sino en el creciente mercado negro por el cual el Paraguay se haría de mala fama. Estas condiciones hicieron imposible el crecimiento del Estado en sí, ya que éste no tenía los ingresos necesarios para expandir su capacidad regulatoria. La agricultura era similar, en el sentido que, una vez invitados, los campesinos estaban más que felices de hacer todo el trabajo de establecer colonias agrícolas en la extremadamente fértil tierra colorada del bosque atlántico. La alta fertilidad, las pocas enfermedades endémicas y los excelentes precios de commodities, junto con el trabajo gratuito de cientos de miles de pioneros, hizo desdeñable el rol del Estado de proveer infraestructura y ayuda técnica para el desarrollo agrícola58. Por estas razones el crecimiento era tan barato como inestable, dependiendo casi por completo de factores exógenos, y no es sorpresa que haya llegado a un dramático fin en 1982 con la finalización simultánea de la represa de Itaipú, el colapso de los precios agrícolas y la recesión mundial. Stroessner pudo esquivar la situación por algunos años, pero su incapacidad de revertir la recesión hizo que diferentes sectores económicos lentamente empezaran volverse en su contra. Además de esto, a medida que otros países de la región tales como Argentina, Uruguay y Brasil empezaron a tener gobiernos democráticos, Stroessner comenzaba a ser visto con una vergüenza por socios comerciales y crediticios internacionales, quienes pronto retiraron los préstamos que hacían viable el partido y la milicia. Por este motivo el partido poco a poco se volvió contra él (Roett y Sacks, 1991). A medida que el país se reinventaba en la ausencia de Stroessner, luego de 1989, la economía brevemente pareció recuperarse, lo cual supuso una gran ayuda para la narrativa transicionista. El regreso de exiliados profesionales y la nueva confianza de los bancos internacionales precipitaron nuevas inversiones, particularmente en la economía urbana. Pero esto era sólo un parpadeo. Sin una producción La Transición hacia la democracia 63

industrial seria ni reglamentos para mantener la economía frente a cuestiones como sequías y crisis bancarias, para 1995 ésta había vuelto a ser una recesión en escalada. Ésta, “la crisis”, fue tan profunda que tuvo su propio nombre personal59. Esta etapa recesiva no hizo más que empeorar bajo el gobierno de González Macchi y fue vista como un enorme cuestionamiento a la idea de que la democracia necesariamente trae prosperidad (ver Borda, 2007). Varios cambios en el 2003 sugirieron que la crisis estaba terminando. El primero fue la elección del presidente Nicanor Duarte Frutos, pronto conocido simplemente como “Nicanor”. Él, un viejo conocido del Partido Colorado, se había logrado posicionar perfectamente en la década previa. Estaba aliado con el ala argañista del partido que se volvió dominante luego del asesinato de Argaña y de la partida de Oviedo. Nicanor también se había desempeñado bien como ministro de educación bajo el fallido gobierno de González Macchi, con lo cual se había ganado cierto respeto de los transicionistas. Cuando llegaron las elecciones, Nicanor pudo presentarse como un joven reformista Colorado, alguien que combinaba un poco del carisma populista de Oviedo con un tipo de profesionalismo y credenciales liberales en el portafolio educativo (Lambert, 2005)60. El contraste con el gobierno anterior era tan agudo que incluso antes de asumir el cargo, Nicanor había empezado a actuar como presidente, dirigiendo un gobierno paralelo en una oficina a cuadras del palacio presidencial donde González Macchi y su gabinete habían dejado de ejercer funciones. A pesar del hecho de que los colores no habían cambiado en el palacio presidencial, los transicionistas creyeron que la nueva administración podría finalmente empezar a transformar el Estado privatizado por un partido en un Estado público tecnocrático. La movida más osada realizada por Nicanor en este sentido, fue la de nombrar a Dionisio Borda como Ministro de Hacienda. Borda era uno de los economistas más respetados del país y muy crítico del partido Colorado. Su nombramiento causó enormes problemas a Nicanor dentro del partido, sin embargo surtió efecto con los transicionistas. Borda pudo reactivar un crédito stand by del FMI61, que había estado suspendido por casi una década. Con el préstamo, arribó un programa de ajuste estructural que incluía una cantidad de elementos sorprendentemente progresistas, particularmente en el área de reforma impositiva, incluyendo un impuesto progresivo a la tierra62. Otros elementos incluían la profesionalización del servicio civil y la priva64 Capítulo Uno

tización del Banco Nacional de Fomento, lo cual lentamente sanearía al mismo de miles de puestos públicos creados por clientelismo y comportaría la regularización del uso de fondos que el partido usaba para dádivas populistas durante los conflictos rurales. En el estilo de interpretación económica que se volvió popular en los noventa, los booms económicos se dan gracias a genios empresariales, mientras que los quiebres son culpa de la administración inapropiada del Estado. La toma del cargo de González Macchi sucedió justo después del colapso en el sudeste asiático y coincidió con graves devaluaciones monetarias en Argentina y Brasil. Hay muchas interpretaciones de estos fracasos, pero la que se mantendría en lugares como Paraguay era que los colapsos eran el resultado del “capitalismo de compinches”, un tipo de práctica de negocios que distorsionaba los mercados al aprovecharse de oficiales corruptos (por ejemplo Haber, 2002; Marcus-Delgado, 2003). Esta crítica de la porosidad de los entes regulatorios públicos era parte de lo que ha sido denominado “neoliberalismo en despliegue” (Peck y Tickell, 2002), una lógica de regulación que tiene como propósito sostener el libre mercado y que paulatinamente se extiende a otras esferas de regulación, por ejemplo la reglamentación ambiental, la electoral, entre otras; propone la economización de todo el Estado, lo cual indefectiblemente se traslada a la vida cotidiana de las personas. En los años después del colapso, el FMI estaba interesado no sólo en gobiernos dispuestos a liberalizar el comercio, sino también en administradores serios que prometieran mantener la corrupción bajo control, con una regulación rígida e instituciones auditables. En el nuevo modelo, no se trataba solo de atraer a inversores con regulaciones laxas que pudieran traer crecimiento, sino también de frenar la corrupción de funcionarios parásitos a través de la vigilancia institucionalizada de la esfera pública. Borda prometió todo esto y lentamente aplicó las reformas prescritas por el FMI. La economía expuso su primer crecimiento positivo en una década aproximadamente. El PIB de Paraguay creció 2,7% en el 2003, lo cual no fue suficiente para llegar al punto de equilibrio con el crecimiento poblacional, pero una mejoría decente en comparación con el 0%, que es donde había estado estancado. En los años siguientes, el FMI renovó el crédito stand by, basándose únicamente en el crecimiento. A pesar de su odio a Nicanor por ser colorado y por hacer encendidas declaraciones en guaraní, los transicionistas admitieron a regañadientes que su gestión económica iba por buen La Transición hacia la democracia 65

camino. Había un notable cambio de tono en las secciones económicas de los periódicos, en los noticieros televisivos, y entre sociólogos, economistas y abogados de Asunción. Pero mientras la mejora en la gestión económica y la confianza de los inversores se llevaban el crédito de revertir el destino económico de Paraguay en el 2003, el cambio más significativo provino—nuevamente—de condiciones exógenas imprevisibles, haciendo un paralelo con los booms agrícolas y energéticos de los setenta. Aunque esto podía ser fácilmente incorporado como una historia de triunfo de la nueva democracia, la mayor parte del crédito por la recuperación económica del Paraguay ni siquiera era atribuido a la gente, sino a los granos. A fines de los ’90, la soja parecía dominar repentinamente la economía paraguaya, pero aun si era todavía difícil ver desde Asunción cómo estos granos estaban transformando el paisaje. Desde finales de los años setenta la soja había crecido sostenidamente, pero había permanecido separada de las áreas de producción minifundiaria y por lo tanto de la imagen tradicional del Paraguay rural. La segregación territorial era más un producto de las circunstancias que de la planificación. Desde los años setenta, la misma agencia de tierra que empezó a reacomodar a los campesinos en la frontera yendo hacia el este desde Asunción, había empezado a otorgar grandes extensiones de tierras a militares en la lejana región fronteriza oriental del país. Muchos de éstos rápidamente venderían sus parcelas a especuladores y agricultores medianos brasileños (Kleinpenning, 1987; Nickson, 1981). Aun cuando estos migrantes eran marginales a la economía nacional brasileña (ver Wagner, 1990), estaban dotados de mejor conocimiento técnico, acceso a capital y equipos; y tenían una concepción muy diferente de la agricultura que la de los campesinos63. Los pioneros brasileños rápidamente colonizaron la mayor parte de los tres departamentos fronterizos: Canindeyu, Alto Paraná e Itapúa (ver Souchaud, 2002; Fogel y Riquelme, 2005). Ya en el 1981, Andrew Nickson (1981) había anticipado que estas dos fronteras pronto entrarían en conflicto, causando una grave crisis de tierras. Pero por casi dos décadas, ellas permanecieron más o menos separadas. Ambos grupos tenían suficiente tierra en la cual expandirse y métodos totalmente diferentes para apropiarse de ellas y explotarlas. Estaban atados en cadenas de commodities muy distintas. Del lado campesino, el algodón, el tabaco y la caña de azúcar llegaban a los lugares de procesamiento a través de intermediarios; del lado brasileño, en un primer momento se cultivaba menta, que luego fue enteramente 66 Capítulo Uno

acaparada por la soja (en rotación de cultivos con maíz y trigo), la cual sería posteriormente vendida a silos y enviada de forma no procesada a Brasil. Estas cadenas de commodities establecieron no sólo diferentes redes comerciales, sino también una geografía diferente del transporte, diferente apoyo técnico y distribución de insumos, junto con fuertes distinciones regionales en mercados de tierras (Souchaud, 2002). Hasta fines de los ’90, el sector de la soja permaneció relativamente separado del resto de la economía rural y era registrado solo en Asunción como un commodity importante, pero secundario en el repertorio de exportaciones de Paraguay. Para el 2004, Paraguay era el cuarto mayor productor de soja del mundo, después de Brasil, Argentina y los Estados Unidos. Además de esto, solo este grano constituía cerca del 11% del PIB y su fenomenal crecimiento entre el 2001 y 2002 explicó casi en su totalidad la recuperación económica. En otras palabras, el crecimiento económico del Paraguay dependía de un solo bien de exportación. Esto creaba una riqueza asimétrica y casi ningún empleo, al mismo tiempo que aumentaba el valor de la moneda nacional y por lo tanto, dañaba a otras industrias de exportación64. Pero más importante que todo esto, consumía vorazmente la tierra, el recurso que había generado la mayor parte de empleos en el Paraguay a través del sector algodonero y que alimentaba a los subempleados. Entre 1995 y 2005, el área cubierta por la soja se había duplicado de una a dos millones de hectáreas, las cuales fueron tomadas de las pequeñas porciones restantes del Bosque Atlántico, o bien de comunidades minifundistas65. Para agravar aun más el problema de la tierra, la producción de la soja permanecía concentrada y controlada por los migrantes brasileños, denominados comúnmente “brasiguayos”. La mayor parte de los distritos a lo largo de la frontera eran manejados por brasiguayos, que usaban el portugués como idioma principal. En algunos lugares, los brasiguayos controlaban la municipalidad y podían solicitar asistencia técnica del ministerio de agricultura brasileño en sus campos (ver Riquelme, 2005). Los campesinistas manifestaron su reprobación y descontento con la situación, condenando la pérdida de la “soberanía” ante los brasileños que estaban tomando la zona oriental del Paraguay. En un volumen editado sobre el tema, Ramón Fogel y Marcial Riquelme (2005) describieron el desplazamiento del guaraní e incluso del español de las escuelas, el uso del portugués en el gobierno municipal y la popularización de la música popular brasileña en las fiestas rurales. Ellos argumentaban que el desplazamiento cultural estaba La Transición hacia la democracia 67

vinculado al desplazamiento físico de los campesinos, quienes ahora eran cada vez menos favorecidos por los empleadores, y cuya forma de vida estaba amenazada por la agricultura mecanizada y los precios de tierra en ascenso. Sin embargo, estos autores no lograron desatar el tipo de debate público que esperaban, su trabajo era desacreditado por ser demasiado nacionalista y demasiado marxista, y por no estar en contacto con la generación actual. Lo suyo era un lamento de los setentistas66. La soja estaba destruyendo el paisaje, y al mismo tiempo generando una transformación tan devastadora para los campesinos, como su propio arribo lo fue para los grupos indígenas que vivían en los bosques del Paraguay oriental en los sesenta. Esta era la escena que se podía apreciar desde los puntos altos del distrito de Vaquería, en que los campos de monocultivo de soja reemplazaban a pequeños establecimientos, casas, campos mixtos y parcelas de bosques conservadas para leña. El proceso de desplazamiento era bien conocido. Empezó con los brasileños ofreciendo precios altísimos por unas cuantas parcelas, a menudo diez veces por encima de lo que un campesino normalmente esperaba, tanto pagar como recibir, por la tierra67. Algunas familias, con posibilidades de encontrar tierras en otros asentamientos, aprovechaban la oportunidad y se marchaban. Los primeros especuladores generalmente eran muy bienvenidos, ellos pagaban a los vecinos por desmontar el bosque y llevar los troncos, a menudo permitiendo que los campesinos hicieran—y posteriormente vendieran—carbón con la madera que hubiese allí. Pero luego del primer año, los nuevos dueños, en lugar de construir casas, aparecían en tractores para plantar soja, pulverizando Roundup y 2-4D sobre sus cultivos, montados en la seguridad de su maquinaria con aire acondicionado. Pocos de ellos respetaban las regulaciones ambientales, que estipulaban barreras vivas entre la pulverización y las casas o espacios públicos, y así los químicos se desplazaron a las casas, patios, escuelas e iglesias de la comunidad. Y mientras todos, desde Monsanto hasta el Ministro de Agricultura afirmaban que estos químicos eran completamente inocuos, no cabía duda que por varios días luego de la pulverización, toda la comunidad olía a cadáver putrefacto y todos andaban con dolores de cabeza y náuseas. Incluso los mismos agricultores de soja bromeaban conmigo sobre cuán nocivos eran estos químicos. A medida que el olor de los químicos iba creciendo en las comunidades, más gente decidía vender sus parcelas y buscar tierra en otros lugares. Con los campos de algodón y bosques, desaparecieron también los ciclos de 68 Capítulo Uno

trabajos bien pagados, esto sucedió tan rápidamente que en los tres años antes de que yo llegara, los jornales de trabajo de un agricultor habían caído de Gs. 15.000 (un poco más de dos dólares) a Gs. 8.000 en distritos vecinos a los campos de soja. Este proceso económico, devastador para las familias campesinas a lo largo de la región, fue el peor golpe a sus esperanzas de seguir con sus estilos de vida y de poder ser invitados a participar como ciudadanos plenos en la nueva democracia de su país. En mayo de 2005 y 2006, poco después de las cosechas fallidas de algodón de esos años, cuando los sojeros estaban en la búsqueda de tierras para el siguiente año, no era raro ver dos o más camiones al día, cargados de muebles, niños y algunos animales pequeños, yendo por la ruta que pasaba por la casa de Antonio. Aunque no había empleos esperándolos en la ciudad, fueron convencidos de que allí había mejores perspectivas para ellos; y a mí se me hacía difícil culparlos. Pero aquellos con quienes yo estaba viviendo y con quienes pasaba la mayor parte del tiempo, veían estas mudanzas como nada menos que una claudicación ante una nueva forma de corrupción, ante una nueva forma de violencia estatal y ante una nueva economía que ni siquiera se dignaba a explotarlos. El boom coyuntural de la soja posiblemente haya brindado a los transicionistas el capítulo más importante de su narrativa. Es también el capítulo que define más claramente la diferencia entre las aspiraciones transicionistas y las de los campesinos. Si estos últimos están ausentes o ambiguamente aliados en las primeras dos historias, en la última son un obstáculo y su único rol es ser expurgados del paisaje. La soja hizo que la idea de la Reforma Agraria como camino al crecimiento económico pareciera no sólo obsoleta, sino también completamente contraproducente. Es de cara a la soja y al nuevo milagro económico, que oí a empleados del Ministerio de Agricultura referirse a los campesinos como kapi’at , una maleza invasiva que es casi imposible de erradicar del campo. El kapi’at se pega a la ropa, produce heridas en los dedos y cuando uno intenta cortar los tallos con un machete, sus afiladas espinas saltan a la cara. Para los campesinos, su relegación a la parte trasera de la historia y al límite de la frontera con la soja no es más que un proceso acelerado de desposesión, desplazamiento y muerte. No uso estos términos a la ligera, son las palabras que los campesinos usaban frecuentemente para describir su situación en ese momento. La soja y para muchos de ellos la democracia en sí, habían traído consigo una sofocante situación económica e incluso hambre, y parecía cerrar los caminos La Transición hacia la democracia 69

para aspiraciones futuras, apareciendo como ineludible e inevitable el marchitamiento de la tierra, de la nación, y de la vida misma. Al usar ese lenguaje, no pretendo hacer una afirmación empírica sobre la multifacética violencia de la frontera, aunque violencia existe, y en abundancia. Lo que pretendo hacer es evocar algo de la pequeñez y el miedo que uno siente frente a los escombros de un pozo que se tardó una semana en cavar pero dos minutos en destruir, o tratando de salvar una bolsa de mandioca de una chacra que ha sido maliciosamente destruida con arados, o escondiéndose detrás de un delgado árbol de naranja viendo balas volar hacia uno desde la parte trasera de un camión que normalmente se usa para transportar soja. Es en esos momentos que los campesinos—y cualquiera que comulgue con sus causas—notan de qué manera la narrativa de progreso que mantuvo las aspiraciones campesinas, está siendo suplantada por otra. Dirigentes campesinos como Jorge Galeano hablan de esto como ser victimizados por la “hegemonía neoliberal” y este concepto me sirve como un buen punto de partida para el análisis que propongo. He usado un lenguaje gramsciano similar a lo largo de todo este capítulo para subrayar que veo estas fronteras—la campesina siendo devorada por la sojera—como terrenos de lucha política que vinculan estrechamente estos cambios de visión del mundo, a las condiciones materiales de la existencia de la gente en la frontera paraguaya. Pero también lo uso para destacar la precariedad de los arreglos que llamamos hegemónicos. Así como la alianza con campesinos que apuntaló a Stroessner por 35 años llegó a un repentino final al fin de la Guerra Fría, los campesinos bien saben que la visión transicionista es un sistema, cuidadosamente tejido, de efímeras relaciones, sostenidas por papeles que circulan entre abogados y burócratas, una comunidad cuyas fronteras (límites) están resguardados por la violencia. En esa sombría apreciación de cómo han llegado a quedar fuera del futuro democrático de la nación, también está la razón de su continua esperanza. Con esto no pretendo romantizar el proyecto campesino, sino meramente evocar algo del sentido de historia que uno siente en esos momentos luego de que los camiones han pasado y que los funerales terminan, cuando uno empieza a reconstruir la choza de su vecino, cavar de nuevo un pozo, o unirse a un grupo de cincuenta campesinos que remueven soja de la tierra con azadas y hacen lugar, otra vez, para la mandioca. Es en ese destello de esperanza que las organizaciones campesinas siguen creciendo con fuerza, cambiando y desarrollando la nueva política que ayudará a redefinir su rol en el futuro del Paraguay. 70 Capítulo Uno

2. TIERRAS MALHABIDAS En mayo del 2006, un foro público organizado por la Comisión de Verdad y Justicia fue sitio de una pequeña, pero llamativa confrontación entre un representante del Partido Colorado y uno de los dirigentes campesinos más conocidos del país. El foro, llamado “Campesinos y tierra mal habida”1 fue uno de los pocos espacios públicos donde campesinos fueron invitados a dar su propia versión de lo ocurrido durante la dictadura. El inusual foro fue organizado por una asociación de ONG y representantes del gobierno, y autorizaba a los campesinos que se expresaran sobre la problemática de la tierra en el lenguaje públicamente reconocido de la sobrevivencia a la tortura. Como sostendré, esa autorización estaba sin embargo altamente controlada. La figura de tierra malhabida condensaba argumentos acerca de la relación entre autoritarismo y tierra, y en ciertos contextos podía expresar un profundo sentido campesino de la injusticia. Sin embargo, en el foro oficial de la Comisión de Verdad y Justicia, su uso demostró el grado en que la política campesina seguía restringida en el discurso público. El foro, realizado en la ciudad de Caaguazú, fue uno de los varios eventos donde sobrevivientes del régimen podían contar sus historias al público que había sido construido en torno al Archivo del Terror2. En esta ocasión el testimonio más esperado y anticipado fue el de Victoriano Centurión. En un apasionado y poético guaraní, Centurión relató angustiosos episodios de su ya conocida historia de tortura y prisión, llegando finalmente a la extraña circunstancia que lo llevó al exilio a Panamá en el año 1980. Centú (el apodo con el cual se lo conoce en el campo) había tomado un colectivo en las afueras de Caaguazú en 1980 con otros 20 campesinos armados. Según la versión campesina de la historia no estaba en los planes tomar el colectivo a la fuerza, pero no encontraron ninguna otra salida para llegar a Coronel Oviedo donde querían encontrarse con el gobernador del departamento. La decisión de tomar las armas había convertido a Centú en uno de los personajes más conocidos de la historia polí-

tica popular. Luego de abandonar el bus fueron perseguidos hasta el monte por la policía de Stroessner, donde nueve de los veinte fueron disparados a muerte. Diez fueron prisioneros y torturados por varios años. Solo Centú logró escapar, evadiendo varios encuentros con cordones policiales e informantes del Partido Colorado, ganándose así la reputación de ser una especie de hechicero entre sus detractores. Retornó en 1990, exonerado de cargos judiciales, con una indemnización y a una vida de contar su historia a todos aquellos que quisieran escucharlo3. En el foro de Caaguazú, Centú sumó un nuevo capítulo a esa historia. Recientemente había visitado la zona donde nueve de sus compañeros fueron muertos, un campo no lejos de la ciudad de Repatriación. Para sumar insultos a una historia llena de injusticias, vio que la tierra había sido comprada por brasileños y era usada para el cultivo de soja transgénica. Centú sostuvo que para que la Comisión haga justicia y cumpla su mandato, las tierras (que según él eran malhabidas) debían ser recuperadas y devueltas a los campesinos, a efectos de construir una comunidad y un monumento conmemorativo. La historia combinó tres elementos claves para comprender el uso que le dan los campesinos al término “tierra malhabida”. En su discurso, Centú vinculaba la violencia arbitraria de la época de la dictadura con la actual invasión del paisaje por las semillas transgénicas, oponiendo ambos a la continua lucha de los campesinos por sus tierras. Expresaba el sentido de la injusticia rural de los campesinos, el cual minimizaba la idea de que la transición democrática haya traído consigo una ruptura histórica. En otras palabras, la historia de Centú construyó una versión campesina de la historia que se solapa con la versión de los transicionistas, pero contrariándola al quitarle su momento histórico clave. A esta altura de la historia, Centú fue interrumpido por un miembro de la—casi siempre discreta—Comisión, que estaba sentado detrás del podio. El Dr. Miguel Ángel Aquino era el único miembro de la comisión perteneciente al Partido Colorado, pertenencia que orgullosamente demostraba al llevar puesta la tradicional camisa colorada. El Dr. Aquino había integrado el bloque disidente del partido que fue exiliado durante la época de Stroessner. Al regresar al país luego de la caída de la dictadura, el Dr. Aquino y otros disidentes se aseguraron de que el mismo Partido Colorado pudiera ser representado como otra víctima de la dictadura, posición desde la cual pudieran aliarse con los nuevos proyectos democráticos que surgían. 72 Capítulo Dos

Aquino fue el primer presidente del Congreso de la transición y en años posteriores ganó genuino respeto entre los transicionistas por su trabajo en la Comisión (Paredes, 2001). En este evento, Aquino volvió a mostrar algo de su antiguo fervor político. Interrumpió el discurso de Centú al mencionar la problemática de la tierra, diciendo que era inapropiado para los oradores abogar por la “violación de la propiedad privada”. A esto siguió una acalorada discusión entre los dos oradores, al cabo de la cual Centú se levantó y salió, diciendo que no estaba interesado en una gresca. Miembros de la audiencia con quienes hablé minimizaron el incidente. Después de todo, este era un evento de público reconocimiento y no un lugar para librar batallas políticas. Además, dijeron, ambos oradores tenían razón en sus argumentos y eran conocidos por su temperamento. Esto había sido nada más que una disputa menor que en su momento debía ser resuelta calmadamente en un lugar más apropiado. Pero desde mi punto de vista, la pequeña derrota de Centú aquél día no fue más que un reflejo borroso de otras mayores derrotas que el movimiento campesino había sufrido a lo largo de los dos años que viví en el departamento de Caaguazú. El intercambio no fue más que la dramatización de una de las mayores dificultades que encontraría el movimiento campesino en su intento de re-alinear sus políticas con la nueva moral política surgida con la democracia. Como todo lo que tiene que ver con tierras malhabidas, la confrontación de esa tarde reveló en realidad el intento por parte del movimiento campesino de ajustarse al liberalismo legalista, su adopción del lenguaje de anticorrupción y su forzada adaptación al estado de derecho. Se trataba de un proceso de aprendizaje, en el cual los campesinos encontraron las trampas inherentes a todo discurso público vigilado por los transicionistas que definían su moralidad. De hecho, como diría Don Handelman (2004), esto se trataba de un evento público que intentaba convertir el duelo ciudadano en una lógica. Este capítulo no trata sobre la Comisión de Verdad y Justica per se, sino de la dificultad que tiene el movimiento campesino cuando intentan presentarse como sujetos de la democracia liberal y aliarse con los transicionistas. La narrativa transicionista que autoriza algunas formas de discurso público, como la sobrevivencia a la tortura y la anticorrupción, otorga a los campesinos un lenguaje a través del cual aproximarse a la esfera pública. Esa autorización implica también una violenta traducción que quita de la política el sentido campesino del tiempo, reafirmando la ruptura de la transición deTierras Malhabidas 73

mocrática y así mismo a la esfera pública como un espacio singular de legitimación del discurso político. En el campo, la tierra malhabida evoca una historia compleja de injusticia que satura el terreno de lucha campesina. Pero en su forma pública permitida, la tierra malhabida sigue implicando la celebración de una transición incompleta y el nacimiento de la nueva democracia. Es una afirmación de la legitimidad de un nuevo liberalismo que afirma a la ley como el lenguaje más apropiado para el discurso público. En su práctica, esta afirmación repite el mito fundacional de la democracia Paraguaya, contradiciendo la narrativa de la lucha campesina.

DOS NARRATIVAS MALHABIDAS En la primavera del 2004, cuando comencé mi investigación, escuché dos usos diferentes de tierra malhabida. El primero, usado en el campo y parecido a la historia de Centú, captaba un difuso sentido de la injusticia sobre la distribución de la tierra. Fue un catalizador de la rabia, de la esperanza y de la identidad, una estructura del sentir (Williams, 1977) más que una explicación sobre la distribución de las tierras. Entre los campesinos que conocí en el distrito de Vaquería, el sentido común del término era tan evidente que fue difícil para mí extraer una definición. En el lenguaje diario siempre expresaba una denuncia. Podía referirse a cualquier tipo de concentración de tierra considerado ilegítimo por los campesinos. A menudo era vinculado a un argumento sobre la corrupción, del Partido Colorado o de algún otro grupo elitista. Vaquería estaba rodeado por tierra malhabida en ese sentido y cuando solicitaba a las personas que me especifiquen donde quedaban esas tierras, la respuesta era que en alguna medida, todas las tierras eran malhabidas. Al noroeste se encontraban las vastas tierras de Financiera Picollo y Ka’iho, productos de tratados corruptos, que finalmente fueron adquiridos por el gobierno de forma irregular4. Cruzando el humedal hacia el suroeste había un territorio que había pertenecido a un antiguo amigo de Stroessner, tierras recientemente compradas por un joven menonita excesivamente rico, que sobrevolaba el pueblo todos los días en avión para supervisar sus plantaciones. Al oeste, las tierras pertenecían a una empresa de fachada del ex presidente Wasmosy. Al norte, pasando una inutilizada pista de aviación, había un creciente campo de soja perteneciente a la esposa de un diputado, a quien nadie nunca vio. Algunas de estas tierras habían sido embargadas por bancos y 74 Capítulo Dos

otras redistribuidas por el IBR después del golpe, pero todas ellas traían en su seno historias de apropiación indebida. Estaba el antiguo bosque y campo comunal al sureste, ocupado y alambrado a la fuerza por el Coronel Zapatini en los años setenta, ahora un creciente pero violento asentamiento del IBR, conocido como Zapatini Kue5. Al noreste estaban las tierras del Coronel Vera, redistribuido a los campesinos luego del golpe, y de Cataldi, el topógrafo que se había apropiado de extensiones del bosque mientras medía la tierra para sus jefes militares. A pesar de la recuperación de algunas tierras malhabidas poco tiempo después del golpe de estado, la toma ilegal de tierra seguía ocurriendo en todas partes. Los campesinos hablaban de Santa Clara y Pariri como tierra malhabida, porque esa tierra había sido vendida de manera ilegal por especuladores a migrantes brasileños, en los años setenta. Decían lo mismo de algunas parcelas en Tekojoja, adquiridas por los mismos brasileños de campesinos beneficiaros de la Reforma Agraria en oposición a los requerimientos de nacionalidad o ciudadanía codificados en la ley de la Reforma Agraria. Si los dueños de un terreno no cultivaban relaciones clientelistas con sus vecinos campesinos, era más fácil considerar su tierra como malhabida. Un dueño de tierras que proveía empleo a sus vecinos era menos probable de ser categorizado como dueño de tierras malhabidas. Los brasileños, los dueños de cultivos de soja, los dueños de tierra ausentes y los policías eran más pasibles de ser considerados dueños de tierra malhabida. Latifundios específicos con historia de violencia, abuso o desapariciones, eran todas malhabidas, ya que pocos campesinos con relaciones de dependencia y reciprocidad estaban para defender a sus dueños. Tierra malhabida era usado también para describir a parcelas que estaban siendo deforestadas, utilizadas para el desecho de pesticidas o en las cuales se realizaban fumigaciones aéreas que amenazaban la calidad del agua y la tierra en comunidades aledañas. En su forma más radical, todas las propiedades privadas eran consideradas malhabidas. En otras palabras, el término expresaba una reflexión moral sobre el uso de la tierra que no siempre tenía directamente que ver con la historia legal de la propiedad. Era una concepción muchas veces vaga, pero profunda sobre la injustica de la distribución y utilización de la tierra en la Región Oriental. La designación era utilizada tanto para denunciar la violencia, el miedo, la falta de acceso a atención médica y la pobreza en general como para hacer referencia a las leyes de propiedad6. Por el contrario, para los transicionistas con los cuales conversé, Tierras Malhabidas 75

la tierra malhabida se usaba claramente como una denuncia de la corrupción y del abuso del poder del Estado. En las denuncias públicas, tierra malhabida formaba parte del diagnóstico del régimen de terror de Stroessner. Normalmente se refería a una figura del pasado oscuro, que sobrevivía en la medida en que la transición seguía siendo inconclusa. El término fue utilizado por los transicionistas en los últimos años del régimen, luego apareció repetidamente en algunas publicaciones en los años 1989 y 1990 como una nueva forma para los mismos de expresar su solidaridad con los campesinos que lucharon contra la dictadura. Era una manera de hablar sobre la tierra, que identificaba en todas partes del territorio paraguayo las marcas de las violaciones del bien público por parte de una poderosa élite, y su fracaso frente a la ley. En los años 90, la historia se hallaba al inicio de casi cada libro o publicación sobre la problemática de la tierra en Paraguay y sus elementos figuraban en las crónicas de los diarios. La narrativa de las tierras malhabidas, como la cuentan los transicionistas, se remonta al siglo XIX y suena más o menos así: Paraguay ha sido siempre una nación agraria, bendecida con una de las tierras más fértiles del planeta, una abundancia natural para su, relativamente, pequeña población. Y aun así la historia paraguaya está amarrada a una famosa traición, cuando en los días de gloria del liberalismo del siglo XIX el Estado privatizó casi todo el territorio nacional. Fueron las décadas posteriores a la tremenda guerra de la Triple Alianza, cuando el Paraguay había sido destruido por las fuerzas armadas combinadas del Brasil, Argentina y Uruguay. El nuevo gobierno paraguayo, formado por las fuerzas de ocupación a imagen del Estado argentino, había pagado la deuda de reparación a sus tres enemigos vendiendo la tierra por legua cuadrada. Los inversores eran principalmente europeos, muchos de los cuales formaron consorcios con los políticos que redactaban y promulgaban las leyes, incluyendo al presidente Bernardino Caballero, fundador del Partido Colorado, cuya empresa, La Industrial Paraguaya compró el 8% del territorio nacional. La Región Oriental del país fue dominada por un puñado de compañías que desdeñosamente producían madera y yerba mate en millones de hectáreas del Bosque Atlántico subtropical (Pastore, 1972; Kleinpenning, 1992; Caballero Aquino, 1985). Una fuerte oposición a esta estrategia económica emergió ya en el año 1887. La mayor parte de las tierras ya habían sido vendidas y el Congreso estaba buscando nuevas vías para saldar las deudas pendientes. Una caricatura en el semanario político El Látigo, en se76 Capítulo Dos

tiembre de 1887, representaba al Paraguay como una mujer desnuda llamada Patria, quien “ultrajada y deshonrada llora, al ver vendidas y repartidas sus principales tierras por sus malos hijos!!!”7. Esta personificación de una nación abusada por los políticos deshonestos y pueriles sigue siendo hasta hoy una de las más gráficas representaciones de la corrupción e incompetencia política. No resulta sorpresivo que el símbolo de la madre retraída, violada, siga siendo una metáfora común de lo que han hecho al país los políticos, en diferentes periodos8. El país y la tierra permanecen pasivos y femeninos y los muchos intereses políticos que abusan de ella o la salvan son casi siempre masculinos. La caricatura que aparecía en El Látigo reflejaba parte de los desacuerdos de la elite de la época, un desacuerdo que finalmente fue ganado por la oposición liberal. La venta de tierras estatales en el primer periodo colorado pertenece ahora a una conocida parte de la historia paraguaya, universalmente condenada como una traición a la patria, una era histórica con su propio nombre, reconocida simplemente como “la venta de las tierras públicas”. La historia de la venta de las tierras públicas sirvió a los liberales para derrotar a los colorados a principios de los años 1900, y luego sirvió a los febreristas en el golpe de 1936 contra los liberales. La historia, también sirvió a los mismos colorados durante la Guerra Fría mientras se reinventaban a sí mismos como reformistas de las cuestiones de tierras y negaban sus conexiones con el partido que había vendido las tierras estatales. Ella continúa siendo utilizada actualmente por los colorados para distanciarse a sí mismos de Stroessner, y por transicionistas y liberales en sus intentos de socavar a los colorados. En toda esta trayectoria, Stroessner fue quien mejor se aprovechó de la historia de la venta de las tierras públicas. En el periodo entre la invasión estadounidense a Guatemala en 1954 y la inauguración de la Alianza para el Progreso en Punta del Este de 1961, la Reforma Agraria se había convertido en una herramienta de desarrollo aceptada por todos, hasta por el más vociferante anticomunista. Stroessner era uno de ellos9. Suprimiendo cuidadosamente el nombre Instituto de Reforma Agraria por sonar demasiado socialista para su gusto, Stroessner lo renombró Instituto de Bienestar Rural (IBR) al frente del cual ubicó a uno de sus más entusiastas y leales funcionarios, Juan Manuel Frutos (ver Pastore, 1972). Inaugurado en 1963, con un fresco y nuevo Estatuto Agrario, en gran parte copiado del proceso de actas de Punta del Este, el IBR se convertiría en la piedra Tierras Malhabidas 77

angular del populismo stronista. El Instituto sirvió al mismo tiempo como núcleo de beneficencia del Estado y como arma anticomunista para el área rural (ver Arnold, 1971). Frutos, un demagogo y arquitecto político, se convertiría en uno de los más poderosos personajes en dar forma a la ideología nacionalista del campo y en producir al sujeto campesino que sigue, hasta hoy, luchando para profundizar la Reforma Agraria propuesta por el régimen. A pesar de todo lo que se pueda decir de la Reforma Agraria paraguaya (analistas comparativos como Dorner (1992) y Thiesenhusen (1995) la llaman “reforma light” y en última instancia un completo fracaso), no cabe duda de que transformó por completo la Región Oriental del Paraguay. Ella se convirtió en la columna vertebral del contencioso pero fuerte bloque histórico entre los colorados de Stroessner y el campesinado, ya que logró suministrar el contenido ideológico de la disidencia campesina. El Estatuto Agrario, régimen jurídico que administró el proceso de reforma, estableció las directrices de cómo el gobierno expropiaría tierras improductivas de personas y compañías en las fronteras, para distribuirlas a los campesinos que necesitaban tierras propias. De acuerdo con las teorías económicas de la época, esto ayudaría no solo a los campesinos sin tierra, sino impulsaría también a la economía nacional que estaba yendo a pique por causa de latifundios ineficientes e improductivos10. A diferencia de otras partes de América Latina, donde las grandes extensiones de tierra tendían a ser utilizadas como haciendas, propiedades de familias ricas trabajadas por aparceros, los latifundios paraguayos eran grandes extensiones de tierras improductivas, escasamente pobladas y trabajadas. En consecuencia, en Paraguay la Reforma Agraria resultaba mucho menos conflictiva que en otros países. El procedimiento consistía en la expropiación de la tierra de individuos o empresas, mucho de los cuales no eran más que nombres europeos inscriptos en el registro público por agentes inmobiliarios internacionales a finales del siglo XIX. Luego, las tierras eran vendidas a los solicitantes a precios fijos, que estaban por debajo del precio del mercado, y eran cobrados a crédito en un plazo de diez años. El principio era que los latifundios improductivos—propiedad de compañías para nada interesadas en ellos— podrían volverse productivos en manos de pequeños productores, lo cual no solo reduciría la pobreza rural, sino impulsaría la economía y ayudaría a fomentar el desarrollo nacional. El plan propició dos nuevas formas de tenencia de tierra, separadas en dos diferentes formas de “colonias” oficiales: “colonias agrícolas” pobladas por pequeños 78 Capítulo Dos

productores, y “colonias ganaderas” para ganaderos ricos. De manera a controlar la especulación, estaban estipuladas numerosas restricciones sobre quiénes podían comprar las tierras en una u otra categoría; tres de ellas se volverían particularmente importantes más tarde: 1. Las tierras designadas como colonias ganaderas serían divididas en la Región Oriental en lotes de trescientas a mil quinientas hectáreas; 2. Los beneficiarios de las concesiones de tierra debían ser agricultores de profesión, es decir, personas que se dedicaban directa, habitual y preferentemente a la agricultura; y 3. Los beneficiarios no podían ser dueños de más de 50 hectáreas de tierra11. Juntos, estos requerimientos debían haber servido para prevenir la compra ilimitada de tierra para la reventa por parte de los funcionarios públicos e industriales, así como limitar a los ganaderos el uso del precio fijado para la adquisición de más de 1.500 hectáreas. Estas limitaciones eran generosas, tomando en cuenta cualquier estándar internacional, un hecho que reflejó la convicción del gobierno sobre la abundancia de tierras en la frontera oriental. Pero la laxitud de estas limitaciones, muy clamadas por críticos del Partido Colorado, apenas importó, ya que, de cualquier manera, casi nunca eran impuestas. En la práctica, el IBR, más que restringir, facilitó la concentración de tierra, convirtiéndose de esta manera en uno de los instrumentos más importantes para la entrega de regalos políticos. En un país sin una fuerte tradición de inversiones capitalistas, las figuras poderosas convertían su capital político en bienes inmobiliarios, y su dinero en ganado, motosierras y salarios para peones y changueros. Oficiales militares que no reunían ninguno de los requisitos arriba mencionados, eran los más destacados beneficiarios del programa, controlando pequeños feudos a lo largo de la Región Oriental12. Pero ciertamente no eran los únicos. La propia familia de Stroessner se adueñó de miles de hectáreas de tierras, así como Frutos y otra docena de figuras de alto rango del Partido Colorado. Muchos de estos continúan hasta hoy siendo dueños de sus tierras y ejercen considerable poder en el Senado, que sigue siendo dominado por terratenientes “beneficiarios” del programa de Bienestar Rural de Stroessner. Todo esto llevó al asombroso hecho de que, a pesar de Tierras Malhabidas 79

la distribución de casi un millón de títulos de propiedad por parte del Estado durante el régimen de Stroessner (Frutos, 1985), Paraguay seguía teniendo una de las distribuciones de tierra más injustas del mundo13. Estudios posteriores muestran que 74% de la tierra redistribuida por el gobierno fue al 2,8% de los beneficiarios de la Reforma (Morínigo, 2005). Fueron esas tierras, apropiadas por colorados en contravención con sus propias leyes, las que fueron llamadas tierras malhabidas por los transicionistas luego de la caída de la dictadura. Esto fue también lo que les permitió vincular la crítica hacia Stroessner a la histórica crítica de la venta de tierras públicas, y en el momento político de búsqueda de alianza, lo que les permitió vincular su lucha por la democracia con la lucha por la tierra de los campesinos. Por primera vez desde la aplastante represión de las Ligas Agrarias en 1976, los campesinos tenían un lenguaje público, con el cual dar rienda suelta a su indignación por haber quedado fuera de la Reforma Agraria mientras que otros se apropiaron de las tierras con impunidad. Artículos en los diarios, mesas redondas entre académicos de izquierda, y líderes campesinos comenzaron nuevamente a plantear la problemática de la desigual distribución de la tierra. En estos se señalaba que, a pesar de que el Estado había creado numerosas colonias campesinas y que muchas familias habían encontrado nuevas tierras, la distribución entre grandes y pequeños agricultores no había cambiado. En polvorientos informes de los periódicos, los burócratas de Stroessner eran llamados a justificar sus más atroces excesos. La narrativa de la tierra malhabida, al mismo tiempo de llevar al debate público el sentido campesino de la injusticia reprimido históricamente, comenzó una sutil conversión de la rabia campesina en algo más manso. La utilización de la figura de la tierra malhabida por los transicionistas era un argumento sobre la mala gestión burocrática de los colorados y la manipulación de la ley, eludiendo por completo la cuestión de que la desigualdad en sí misma fuera injusta. Hasta Juan Manuel Frutos, autor y administrador principal de la Reforma Agraria, y uno de los protagonistas de su manipulación ilícita, entendió eso correctamente. Poco después del golpe fue deliberadamente interpelado a explicar por qué Anastasio Somoza, el dictador nicaragüense que había obtenido asilo en Paraguay en 1980, había calificado como beneficiario de la Reforma Agraria. En su primera respuesta a esto, Frutos negó haber tenido algo que ver en la concesión a Somoza. Menos de una semana después cambió 80 Capítulo Dos

su respuesta, ahora admitiendo haber concedido la tierra a Somoza, pero afirmando que la concesión había sido completamente legal dentro de los términos del Estatuto Agrario (ver Salazar, 2003). Podía ver que los argumentos en su contra, así como su participación en la depravación moral de la dictadura (dramatizado en la amistad de Stroessner con Somoza y otros indecorosos personajes internacionales) podían ser neutralizados en alusión a la ley. El lenguaje político de los transicionistas era una celebración del bien universal del derecho constitucional, la transparencia burocrática y el procedimiento despolitizado. Como tal, necesariamente excluía las pasiones e intereses sectarios de aquellos que se hallaban enfurecidos con el Partido Colorado o en un nivel más general, con la élite rural. Estas pasiones, ajenas a la seria racionalidad pública de los transicionistas, serían dejadas para el campo.

TIERRA MALHABIDA EN PAPEL A finales del año 2004, la lógica despolitizada de la tierra malhabida se agudizó, cuando la figura recobró vida en la prensa nacional como resultado de un reporte de Efraín Alegre, en aquel entonces un diputado del Partido Liberal. El afirmó haber documentado sistemáticamente más de 1,5 millones de hectáreas de tierra malhabida, dato que se remontaba a 1950. El Partido Liberal no estaba libre de manchas históricas. Como partido tradicional que data de finales del siglo XIX, tiene una estructura y una táctica similares a las del Partido Colorado14. Los intentos liberales de posicionarse como aliados de los transicionistas y de los gobernantes decentes del Paraguay democrático no distaban mucho de la forma en que lo hacían los colorados disidentes. Al igual que el prestigio del Dr. Aquino dentro de la estructura colorada, el ascenso de los liberales estaba primordialmente construido en base a sus reclamos de victimización y en las denuncias del pasado corrupto del Partido Colorado. Los liberales nunca fueron un partido rural (históricamente el Partido Colorado fue el partido comunitario y agrarista, mientras que el Partido Liberal era el de los intelectuales urbanos y los industriales), y el reporte de Alegre no fue creado para establecer vínculos con el movimiento campesino en principio, sino para impulsar la autoridad moral del partido. Como tal, el documento era un ejemplo por excelencia de la política de los transicionistas que, como el Archivo del Terror, reivindicaba un espacio moral abierto por la transición. Tierras Malhabidas 81

El documento de Alegre ofrecía prueba documentada, en forma de gráficos y tablas, de la narrativa sobre tierra malhabida de los transicionistas. Como la mayoría de las versiones oficiales de la historia, el documento se centraba en los excesos de la dictadura, y su propósito era mostrar que el Partido Colorado había continuado su conducta autoritaria también después del golpe. La arbitrariedad con la que el IBR producía y mantenía los documentos, era ofrecida como prueba de que el clientelismo, la corrupción y el autoritarismo continuaban “vivitos y coleando” dentro del partido. La documentación reunía nombres de miembros del partido y operativos militares, otorgando coherencia cuantitativa a su corrupción por medio de listas de propietarios, cantidades de hectáreas y leyes infringidas. El documento apenas tenía conexión con el sentido campesino de tierra malhabida y no hacía ninguna referencia a los inversores brasileños, la soja, las promesas rotas de la Reforma, los pesticidas o el empobrecimiento rural. Pero lo más llamativo de todo fue como terminó de purificar la narrativa de la tierra malhabida, eliminando por completo la cuestión de la distribución inequitativa de la tierra. Pero aun cuando el documento de Alegre no tenía intenciones de llegar al movimiento campesino, fue tomado por ellos. Pensado y construido con el fin de vincular al Partido Liberal a las políticas de anticorrupción de los transicionistas, el documento fue considerado útil por el campesinado y sus aliados para lograr que sus reclamos sobre la injusticia del campo sean escuchados por un público que normalmente los ignoraba. El permitió que el sentido de la injusticia campesina, esa fuerza ambigua que sirve de combustible al populismo rural, hablara con palabras de la narrativa redentora de la democracia paraguaya y la fría seguridad de la racionalidad legal, situándose al lado de la reforma burocrática y la transparencia. A través del documento de Alegre, los campesinos podían reclamar una nueva legitimidad democrática y acercarse a la esfera pública. El documento entonces tenía dos sentidos, el primero al servicio de la política de Alegre y los liberales, y el segundo, el de convertir la rabia campesina en un lenguaje aceptado por los transicionistas15. Oí dos versiones de la historia sobre cómo Efraín Alegre armó su informe sobre tierra malhabida. La primera fue que había contratado a un conocido gestor para que le consiga información. Los gestores son miembros de la segunda capa no oficial de burócratas paraguayos, un sector que presta servicios parasitarios y vive de la ineficiencia de todas las instituciones públicas. Figuran en una ha82 Capítulo Dos

lagadora descripción del Banco Mundial (2005) como “agentes especiales”. Tienden a ser funcionarios actuales o pasados, personas con suficiente conocimiento sobre la burocracia en cuestión como para encontrar documentos o forzar los trámites burocráticos hasta completarlos. En algunas instituciones, como la oficina policial de Identificaciones, los gestores son un grupo abiertamente descarado que pasan el rato sentados en la escalera del frente exigiendo tarifas exorbitantes por los mismos servicios que se suponen son proveídos de forma gratuita adentro. En otras instituciones, como el Palacio de Justicia y el Catastro Nacional son los intermediarios que llevan adelante las negociaciones sobre documentos entre escribanos, abogados y burócratas. Los gestores que trabajan en el IBR, donde la investigación de Alegre fue llevada a cabo, están más especializados ya que la mayoría de los clientes del IBR no pueden pagar por sus servicios. En su lugar, sirven a políticos e investigadores que necesitan recuperar documentos que pueden ser encontrados en la institución solo con conocimientos especializados de dónde buscar y a quiénes sobornar. La persona que Alegre supuestamente había contratado era bien conocido entre investigadores, un antiguo empleado descontento del IBR que dejó su puesto poco después de la caída de la dictadura, y que se jactaba, con resultados comprobados, de ser capaz de obtener cualquier información del IBR por un precio, un tipo de auditor mercenario. La segunda versión de la historia, dada por Alegre y sus asistentes, no involucraba a personajes sombríos, sino documentos olvidados o escondidos que simplemente debían ser encontrados y rescatados del laberíntico sótano del IBR. Esta historia era interesante por la manera en que hizo eco del descubrimiento del Archivo del Terror; una serie de documentos que detallaban los abusos de la dictadura, surgidos de un archivo ejecutivo oculto que podían ser expuestos al público en forma fácilmente digerible. En su propia versión de la historia, publicada unos años más tarde, el propio Alegre haría explícita esta comparación: “Al avanzar en estas páginas, el lector podrá imaginar que un nuevo Archivo del Terror se descubre y se hace público. Y tendrá razón. Los datos que estamos presentando poseen, en términos de importancia y trascendencia, algo que bien podríamos denominar ‘el archivo del terror de la entrega del patrimonio nacional’… Y estos datos son de terror”. (Alegre y Orué, 2008; cursiva en el original). En otras palabras, las prácticas documentales de la dictadura dejaron depósitos de materiales que regresarían con vida propia en Tierras Malhabidas 83

el momento de transición para incriminar a sus creadores. Así como con el Archivo, los documentos descubiertos por los asistentes de Alegre mostraban que el IBR había llevado registro de sus propias actuaciones indebidas y era posible, en la nueva democracia paraguaya descubrir y desnudar sus abusos. La historia del surgimiento de estos documentos implica una vez más la narrativa de la victoria de la información sobre la corrupción, la incontestabilidad de la ley y la propulsión de los transicionistas por la transparencia. Durante tres semanas más o menos, un pequeño grupo de asistentes de Alegre analizó los documentos para producir un desglose por departamento de las concesiones de tierra que violaban cualquiera de los tres artículos del Estatuto Agrario mencionados anteriormente. El 30 de setiembre del 2004, armaron una presentación en power point para el Congreso, generando un escándalo que duró varios días en la prensa. También mandaron una carta pública al Contralor General del Estado y a la Auditoría General, adjuntando un informe de 40 páginas dando cuenta de sus descubrimientos y requiriendo una investigación completa del IBR. El informe incluía una lista de propietarios de tierras ilegítimos, con el número de hectáreas que les habían sido otorgados y gráficos mostrando el porcentaje de tierras concesionadas por el IBR de forma irregular o ilegal. El documento seguía una cruda lógica cuantitativa que resumía la historia agraria del mandato colorado en las siguientes cifras: Paraguay tiene 41 millones de hectáreas de tierra. En el periodo entre el 1950 y el 2000, 11,9 millones de hectáreas (29% del total) fueron distribuidos por el Estado a través del IBR. De estas, 1,5 millones de hectáreas (12,6%) fueron cedidas violando el Estatuto Agrario, 480.000 de las cuales se encontraban en la combativa Región Oriental del país. La mayor parte de esta concesión ilegal de tierras ocurrió durante la dictadura, pero la práctica había continuado sin muchos cambios en los años 90. El documento daba cuenta de una historia de transición aplazada, de la continuidad de la corrupción en el presente y era un llamado a fortalecer el estado de derecho a fin de combatir agentes colorados inescrupulosos. El proyecto del diputado terminó con la publicación del informe. Luego de conseguir excelentes puntos con los medios de comunicación dando pruebas nuevamente de ser el defensor de la democracia y la transparencia, Alegre abandonó el tema por un tiempo para pasar a exponer la corrupción en el manejo de la represa de Itaipú, la otra gran fuente de rentas del régimen de Stroessner. Para varios 84 Capítulo Dos

investigadores (incluyéndome a mí), pareciera que el tema de concesiones corruptas de tierras había simplemente desaparecido. Ciertos abogados pidieron acceso a los legendarios documentos sobre tierra malhabida, pero las solicitudes fueron ignoradas por Alegre, y no demostró ningún interés en ser entrevistado por un antropólogo extranjero sobre la cuestión. Cuando el tema reapareció, lo hizo con muy poco espectáculo público a diferencia del que había generado el primer informe. El Contralor General y el Auditor General publicaron informes sobre sus propios estudios, que confirmaban la visión de que el IBR estaba plagado de irregularidades y falta de registros16 pero más allá de estas cuestiones de procedimientos, tenían poco que decir acerca de las propias figuras de distribución de la tierra que Alegre había creado. Cuatro años más tarde, cuando Alegre se convirtió en Ministro de Obras Públicas bajo el nuevo gobierno, publicó un libro sobre el informe, pensado como una exposición de los vergonzosos 61 años de gobierno colorado (Alegre y Orue, 2008), pero como buen denunciante, sabía muy bien cuando alejarse de la caja de pandora que había abierto. El valor de la transparencia política se desató a través de la denuncia, y su medio fue el documento público. Pero una vez que el espectáculo de transparentar los documentos escondidos había terminado, quedaba muy poca ganancia política a ser cosechada sin labores complicadas y minuciosas. Sin embargo, luego de la retirada de su autor, el informe comenzó a circular por cuenta propia. Lanzado a la esfera pública durante un espectáculo mediático, el mismo pronto logró encontrar su camino hasta caer en manos del movimiento campesino, trayendo consigo consecuencias políticas presumiblemente inimaginables por sus realizadores. A pesar de que el movimiento campesino no estuvo presente en la presentación del informe de Alegre, sociólogos asesores de la comisión de Reforma Agraria del Senado hicieron copias del documento y lo distribuyeron entre los intelectuales de Asunción y líderes campesinos en el campo, donde continuó siendo replicado. El documento impactó a los intelectuales campesinistas que comenzaron a referenciarlo en entrevistas con la prensa. También tocó un nervio de los líderes de un grupo campesino llamado Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), que planeaban una serie de movilizaciones en contra de la distribución desigual de tierras para finales de año. Siendo todavía nuevo en el movimiento campesino, me tropecé por primera vez con copias del documento en un campamento de protesta en noviembre, Tierras Malhabidas 85

Figura 2. Documento sobre tierra malhabida que circulaba entre activistas campesinos donde el informe fue presentado como prueba de las fechorías del gobierno y de la historia de la injusticia sufrida por los campesinos. Más adelante volvería a ver fotocopias de fotocopias apenas legibles del documento en los archivos de otros líderes campesinos, así como en los escritorios de sociólogos campesinistas. 86 Capítulo Dos

Ambos grupos—los portavoces de grandes movimientos nacionales como la MCNOC, y sus simpatizantes en las universidades y ONG de Asunción—revivieron conjuntamente el discurso de la tierra malhabida. Actuando como intermediarios entre la injusticia sentida en el campo y la racionalidad del discurso públicamente reconocido, se apropiaron del documento de manera inmediata. Mientras en el campo llegué a escuchar referencias a tierra malhabida como un atropello moral al territorio y un sentido generalizado de malestar y enojo, en las zonas de producción política, tierra malhabida se convirtió en una referencia directa al “documento de Alegre”. El cuerpo del mismo, la aparente objetividad de todos esos números y gráficos, llevó a dar un nuevo peso legítimo al duelo campesino. Aun al dejar de mencionar el nombre de Alegre, su documento era implícitamente mencionado en las reiteraciones de un número durante las conversaciones de tierra malhabida. En la polvareda levantada por el documento de Alegre, la tierra malhabida era definitivamente cuantificada en 11 millones de hectáreas. Yo escuché este número mucho antes de saber de dónde venía (y también escuché cómo crecía con el tiempo hasta 12 y finalmente 13 millones). Resultó que estos números venían de una mala interpretación del informe de Alegre. La cifra de 11,9 millones incluida en el informe, se refería al total de las tierras distribuidas por el IBR durante un periodo de 50 años. En otras palabras, esa cantidad incluía las pequeñas parcelar distribuidas a campesinos. De hecho, Alegre concluía que sólo 480.000 hectáreas de la fértil tierra de la Región Oriental habían sido distribuidas a grandes terratenientes de manera irregular. Personalmente, me tomó un tiempo resolver esto, ya que el documento, a pesar de verse impresionante, está construido de manera bastante exigua y el significado de los números no siempre está claro. Como tal, muy pocas personas lo leyeron cuidadosamente. El documento había convertido a la tierra malhabida en un hecho objetivo para su discusión pública, pero no había logrado estabilizar su interpretación. En mi opinión la interpretación que se le puede atribuir al documento no fue producida ni por los campesinos ni por Alegre. Apareció por primera vez en un reportaje del diario nacional ABC Color sobre la original presentación del documento al Senado. En su primer reportaje sobre la historia, dijeron que el IBR había distribuido 11,9 millones de hectáreas de tierra “sin ningún procedimiento adecuado”17. Siem pre sentando la postura de que la Reforma Agraria había sido un fracaso y que había que deshacerse del IBR Tierras Malhabidas 87

cuanto antes, ABC no hacía distinción entre las tierras que habían sido distribuidas a élites políticas que depositaban sus riquezas en bienes raíces, o bien a campesinos sin tierra que solo buscaban ingresar a la economía algodonera. Para ABC, el documento de Alegre era una crítica a todo el proyecto de Reforma Agraria, no sólo de la corrupción de una élite. Mientras los campesinos denunciaban la corrupción de una Reforma Agraria que todavía deseaban, los transicionistas vieron a la corrupción como inseparable de la Reforma Agraria y del populismo rural en general. Sin embargo, fue la interpretación de ABC la que prevaleció, circulando al lado de las copias del propio documento y finalmente llegando a las publicaciones de sociólogos rurales (e.g. Palau Viladesau, 2005). Haciendo un examen más de cerca, se vislumbra otra forma en la que el texto de Alegre desafió a la narrativa a la que dio vida: la palabra “malhabida” nunca aparece en el documento. No obstante, el documento, sus tablas y gráficos, especialmente el número 11 millones, fueron reclutados inmediatamente por el discurso campesino en nombre de la tierra malhabida, ya que parecía hacer lo que tan pocos documentos oficiales hacían: expresar un raro reconocimiento de la experiencia campesina vinculándola a los gritos de los transicionistas por la transparencia y la reforma institucional. Pero el reconocimiento también es tramposo (cf. Povinelli, 2002). La denuncia de Alegre reforzó y difundió el sentido campesino de la injusticia, pero lo hizo dejando sutilmente afuera a los propios campesinos como sujetos de esa misma injusticia. En esta iteración, la injusticia de las tierras malhabidas no se trata ya de la distribución material en el campo, ni de una historia de privación sufrida por campesinos vecinos de terratenientes ricos. Aquí el documento trata de un delito de robo, abuso de poder y mala gestión burocrática inherente a la propia idea de Reforma Agraria, que ofendía a la moral liberal al atentar contra sus leyes. En esta versión, el público es víctima del delito, no el pueblo. En los meses posteriores a la circulación del informe de Alegre, el movimiento campesino descubrió que si bien el documento servía para un buen espectáculo público, no constituía un instrumento legal particularmente efectivo. La condena pública de la apropiación indebida de la tierra no llevaba necesariamente a la reversión de estas tierras a manos campesinas. Por el contrario, profundizaba la desconfianza de los transicionistas hacia el IBR, renovando el llamado a rechazar a la Reforma Agraria por completo. Y esto reforzó la idea de que la propiedad privada, siempre y cuando hubiera sido compra88 Capítulo Dos

da de acuerdo con las complicadas leyes de propiedad, era inviolable. Con este argumento, ser dueño de medio millón de hectáreas no era un problema, mientras que tener 10 hectáreas de tierra sin papeles era inmoral. Este problema se convirtió en un punto de tensión entre los dos movimientos campesinos más importantes del país: la MCNOC y la FNC. Mientras que la MCNOC insistía sobre la ilegalidad de terrenos particulares, la FNC argumentaba que la legalidad no importaba sino el tamaño, y declaraba que cualquier propiedad mayor a 3000 hectáreas podría ser ocupada por sus miembros. En esta disputa estaba en juego la tensión política entre la búsqueda de reconocimiento y la redistribución18. La estrategia favorecida por la FNC apelaba a una ética redistributiva que estaba fuera de la ley, la cual podría ser impuesta a la sociedad civil a través de la militancia. La estrategia de la MCNOC, por el contrario, trasladaba la moralidad campesina a términos que concordaban con las leyes civiles paraguayas y al hacerlo se convertía al movimiento en sujeto de la propia ley. Usando la forma de argumentación propia de un tribunal, se vieron forzados a adoptar una especie de positivismo legal que acepta las leyes como algo dado e incapaz de cuestionar la injusticia de la propia ley. Lo que defendían ya no era una justa redistribución de las tierras, sino el imperio de la ley o estado de derecho, una tesis que por su propia definición ve a la ley como el campo de disputa legitima en la democracia liberal19. Cuanto más se enamoraban del documento de Alegre y la versión de tierra malhabida que les permitió discutir públicamente, más adoptaban esta forma de argumentación.

LA LEY DESDE ADENTRO No quisiera exagerar el grado en que el movimiento campesino se sometió al estado de derecho. Cada una de las organizaciones campesinas presentó una opinión ligeramente diferente, ninguna de las cuales descartaba completamente las tácticas ilegales. Como ya mencioné, la FNC denunciaba públicamente a la tierra malhabida pero mantenían la afirmación de que las propiedades de más de 3000 hectáreas eran ilegítimas en sí, quedando sujetas a ocupaciones, ilegales (pero éticas) por parte de miembros de su organización. Como resultado, fueron excluidos de las negociaciones públicas oficiales del gobierno. La MCNOC era más cuidadosa. Sostenían que sólo reclamarían la tierra que era malhabida, pero una de sus justificaciones Tierras Malhabidas 89

era que la tierra malhabida estaba siendo irracionalmente explotada, un argumento económico de los años sesenta que había sido erradicado de la nueva versión del Estatuto Agrario. Hasta el Movimiento Agrario y Popular (MAP), el movimiento de Jorge y Antonio, que dominaba la política campesina en la región de Vaquería con una estrategia respetuosa de la ley, se negaba a esperar las deliberaciones de los tribunales. Nunca ocupaban la tierra sin antes presentar cargos legales en contra de los dueños, pero luego respaldaban las denuncias con acciones que estaban prohibidas en el Código Civil y que traían como consecuencia arrestos y persecuciones sistemáticas. Estoy hablando nada más que de una tendencia que surgió con los intentos campesinos de establecer alianzas tácticas con los transicionistas. Esto no difiere mucho de las trampas encontradas por los campesinos cuando intentaron aliarse con el gobierno de Stroessner. He propuesto que el Estatuto Agrario original era el nexo de un contencioso bloque histórico que vinculaba al Partido Colorado de Stroessner con el movimiento campesino, otorgando a ambos un lenguaje común para el futuro rural. Pero el vínculo entre campesinos y colorados era displicente y violento, y de ninguna manera equitativo. Muchos grupos campesinos adoptaban el lenguaje del Estatuto Agrario como una expresión de sus propios deseos políticos, protestando amargamente por el fracaso del gobierno, que no cumplía con sus propias políticas. Esto trajo consigo violentas olas de represión, torturas y asesinatos, y hasta la expulsión de sacerdotes simpatizantes del movimiento campesino. Las más fuertes represiones tuvieron lugar entre los años 1976 y 1981, periodo en el cual las Ligas Agrarias fueron desmanteladas y el movimiento campesino enterrado. La militancia de la FNC era en gran medida producto de la organización clandestina de los años 1 ochenta, que endureció su postura marxista ante su exclusión total de la esfera pública. Durante ese período, la polémica relación se dio entre campesinos y las reglas populistas del dictador, sobre las cuales ellos tenían muy poco control. Mi argumento aquí es que la búsqueda campesina de alianzas estratégicas con los transicionistas encontró un problema similar al apoyar públicamente el estado de derecho. En la medida en que abandonaban las estrategias que violaban la ley, también renunciaban a cualquier influencia que pudieran tener sobre el contenido de esa ley. Los campesinos aprendieron estas lecciones durante sus fallidos intentos de fomentar un paro cívico en noviembre del 2004. Fue poco después del lanzamiento del informe de Alegre, y como preparativo 90 Capítulo Dos

táctico, cuando los movimientos intentaron combinar el legalismo de tierra malhabida con una demostración de fuerza. Manifestaciones masivas, marchas, ocupaciones de tierra y cortes de ruta han sido las primordiales herramientas extra judiciales de los campesinos para afectar a las políticas del gobierno, desde los inicios de los años 90. Durante los años 1989 y 1990 y posteriormente en el año 1999 (durante el Marzo Paraguayo), y en el 2002, estas tácticas habían logrado la redistribución de tierra o el aumento del subsidio del algodón. En el año 2004 parecían dispuestos a una campaña aun mayor. Una nueva coordinadora, llamada Frente Nacional por la Defensa de la Soberanía y la Vida (a partir de aquí “Frente”) articuló un gran número de grupos campesinos (principalmente de la MCNOC y el MAP) con sindicatos urbanos y comenzaron tres días nacionales de acciones en agosto, setiembre y noviembre20. Tenían una serie de demandas, pero las principales eran: poner freno a la privatización de los bancos nacionales21 y la redistribución de tierras malhabidas. No estaba claro cuánta gente se lograría movilizar para la manifestación, pero ciertamente constituiría la mayor movilización en años. A medida que su fuerza crecía, el Poder Ejecutivo también desarrollaba nuevas tácticas para manejarlos. El Presidente convocó a un Gabinete de Crisis Rural (al frente del cual estaba el Vicepresidente Castiglioni) para dialogar con los líderes del Frente22. Mientras tanto, también preparó a la policía y a los militares para resolver el conflicto. La primera movilización, a mediados de agosto, logró sentar al gobierno a la mesa de diálogo. Bloqueando rutas y ocupando propiedades claves en diferentes áreas del país, los líderes dijeron que esto constituía un entrenamiento para sus miembros y que suspendería las acciones en cuanto el gobierno acordara dialogar. A mediados de setiembre los líderes campesinos nuevamente llamaron a sus integrantes a las rutas, organizando una impresionante marcha de tres días en varios puntos del país conjuntamente con cortes de rutas y ocupaciones de tierra. Reclamaban que el Gabinete de Crisis estaba negociando de mala fe, y sumaron a la lista de demandas la liberación de los compañeros presos durante la primera manifestación. Pararon la movilización cuando obtuvieron las promesas de la liberación de líderes campesinos detenidos sin juicio, de la detención de la privatización de los bancos y la más importante, la de la expropiación por parte del IBR de 15.000 hectáreas de tierras malhabidas para la redistribución a campesinos. Tierras Malhabidas 91

La segunda movilización fue mucho mayor, y muchas personas la describirían más adelante como la manifestación más inspiradora de la cuál habían participado. La prensa la pintó como un enorme levantamiento popular, dando crédito a la posibilidad de que el Frente tendría el éxito que otras coordinadoras no tuvieron. En la fuerza de estas marchas, los representantes campesinos dieron un plazo de sesenta días al gobierno para el cumplimiento de las promesas, antes de hacer un llamado a un paro cívico, mediante el cual prometían paralizar al país entero hasta tanto lograran las condiciones del acuerdo. Con el correr de los días quedaba claro de que ninguna de estas tres promesas podría ser cumplida a corto plazo. Un puñado de dirigentes presos fueron liberados, pero no los 240 que había sido acordado. La privatización de los bancos seguía su curso y pareciera que los negociadores no habían tenido la autoridad de siquiera opinar en ese asunto. Pero eran las 15.000 hectáreas las que constituían el mayor punto de estancamiento. El Gabinete de Crisis resultó tener problemas jurisdiccionales, lo cual le privaba de hacer promesas presupuestarias. El Presidente Nicanor intentó controlar la situación prometiendo encontrar el dinero en el Instituto de Previsión Social (IPS), pero esto también resultó infructuoso. En el último minuto el Presidente se vio obligado a retractarse de su oferta de dinero del IPS porque su ministro de Hacienda, Dionisio Borda, se opuso al plan. Esto resultó particularmente complicado para los campesinos ya que Borda era, en ese momento, el transicionista de puesto más alto del gobierno y uno de los pocos miembros del ejecutivo en quien los líderes campesinos confiaban. Durante los años ochenta Borda era uno de los pocos campesinistas declarados, que públicamente defendía la política campesina contra la dictadura y que produjo argumentos económicos para la redistribución de la tierra. Exiliado a finales de los años ochenta, Borda fue a estudiar economía a los Estados Unidos, retornando como el gran defensor de reformas institucionales y transparencia gubernamental. Además fue crítico del Partido Colorado a lo largo de los años 90. Su nombramiento como ministro de Hacienda al inicio del periodo presidencial de Nicanor fue visto como una de las jugadas más audaces del presidente, y fue parte de un sincero intento de generar alianzas con los transicionistas y abrir canales a los créditos internacionales. Pero en momentos de crisis, Borda demostró de que su formación en economía y su fe en las reformas institucionales triunfó por sobre cualquier simpatía que pudiera tener hacia los movimientos 92 Capítulo Dos

campesinos. En el periodo previo al paro cívico, Borda sostuvo que ceder ante las demandas campesinas constituiría una violación de la confianza pública, ya que requeriría un desvío de fondos de último momento para lo que él consideraba un fin meramente populista. En otras palabras, la promesa de redistribuir la tierra a los campesinos fue considerada arbitraria y desconectada del estado de derecho. Borda sostenía que cualquier trato al cual hubiera llegado el Poder Ejecutivo con los campesinos era una extensión de una forma antigua de hacer política que él, como monitor de la confianza pública, no podía legitimar. Luego de la ruptura de las negociaciones, solo Borda permaneció ileso en la prensa, ya que hasta los líderes campesinos fueron incapaces de criticarlo. La renuncia de Borda en el año 2005, fue vista por economistas, periodistas, campesinos y campesinistas como una señal de que el Poder Ejecutivo estaba volviendo a sus antiguos esquemas populistas. Sin embargo, en el corto plazo él fue el más acuciante problema para los campesinos, ya que como asiduo custodio de cualquier uso del dinero público, imposibilitó a los campesinos lograr sus objetivos políticos. Y así, el 16 de noviembre, un día de torrenciales lluvias primaverales, inició el Paro Cívico. El arranque fue todo menos impresionante: pequeños grupos de manifestantes acurrucados bajo carpas en la capital, algunos estudiantes quemando llantas en las rutas cerca de la universidad nacional y algunos cientos de empleados públicos saliendo de sus puestos de trabajo. En el interior del país, solo los más fervientes salieron el primer día, levantando carpas en el barro y cantando con megáfonos bajo la intensa lluvia. Pero mientras las movilizaciones urbanas duraron sólo unas pocas horas antes de que los líderes sindicales llegaran a un acuerdo con sus patrones políticos, las movilizaciones en el interior del país continuaron creciendo durante los siguientes días. Al llegar al campo en las cercanías de Caaguazú el día 17, había casi mil personas acampando en el lugar, y seguía expandiéndose en la margen sur de la ruta más importante del país23. Camiones llenos de personas y suministros eran recibidos con aplausos y ondear de palos. Se levantaron banderas, un sistema de sonido fue montado, los baños fueron cavados y las cocinas construidas. Dirigentes campesinos de la región realizaban discursos en el centro del campamento, gritando consignas radicales, desafiando al gobierno y a la policía, y evocando los baños de sangre de la historia paraguaya.

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Sin embargo, el evento tenía un rostro calmo y respetuoso. Repetían constantemente que sería un campamento modelo. Serían disciplinados y pacíficos; no habría bebidas, peleas ni exhibición de armas. Era hora de que los campesinos elevaran la lucha contra un gobierno tramposo y mentiroso, y con una historia plagada de robos. Ganarían la lucha de recuperación del estado de derecho obedeciendo las leyes y de esa manera restablecerían la dignidad de la nación y de la Constitución. Además, al rehusarse a asumir cualquier postura contraria a la ley, se alejaron explícitamente de las tácticas que podrían llevar a la violencia. Sin lugar a dudas existían desacuerdos en el campamento y entre los propios miembros del Frente. El campamento se había organizado en diferentes áreas correspondientes a diferentes regiones y organizaciones. En el extremo este, el grupo dominante era del MAP, quienes tenían varias carpas grandes llenas de gente de Vaquería y sus aliados de todo el departamento de Caaguazú. Su portavoz principal era Jorge Galeano, quien también estaba a la cabeza del ala departamental del Frente. El resto del campamento estaba dividido en pequeñas organizaciones regionales, la mayoría de ellas miembros de la MCNOC. La Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI) también estaba presente, junto con pequeños grupos indígenas que ya habían acampado al borde de la ruta por meses después de haber sido desalojados de sus tierras en el norte. Sumados a este contingente estaban aquellos que entraban y salían, desde miembros de organizaciones urbanas de ocupación que vivían en las villas que rodeaban a la ciudad de Caaguazú, hasta líderes del partido radical Patria Libre, que más adelante se verían implicados en un secuestro de alto perfil24. La ausencia más notable fue la de la FNC, que no estaba de acuerdo en las tácticas legales utilizadas. Las discusiones entre los líderes sobre la cuestión de bloquear o no la ruta—una actividad claramente ilegal—se volvieron irreconciliables. Uno de los contingentes radicales iba de carpa en carpa, abogando en voz baja por la confrontación armada con la policía y distribuyendo cuchillos largos. Los muchachos jóvenes se tomaban la medida, preguntándose dónde se ubicarían cuando “llegara el momento”. Pero fue la fracción moderada, aquellos que creían más firmemente en la línea legal, los que ganaron el debate, principalmente a través del incansable esfuerzo de Jorge por convencer a la gente y el impresionante dominio de la ley que demostraba en sus discursos a la multitud. Mientras que la policía levantaba su propio campamento al norte de la ruta principal con un imponente contingente de cascos azules, caballería, carros hi94 Capítulo Dos

drantes y vehículos blindados, el consenso creciente del campamento era el de no hacer nada que pudiera provocar la reacción excesiva del Estado. Cuando el gobierno prometió mandar al ejército a las calles para mover a los manifestantes, el Frente respondió desafiando la constitucionalidad de tal acto25. Incluso el 19 de noviembre, cuando los manifestantes de un segundo campamento en el departamento de San Pedro fueron brutalmente golpeados por la policía antimotines, Jorge fue capaz de convencer a los campesinos de Caaguazú de que apegándose a los principios jurídicos podrían vencer el uso arbitrario de la fuerza26. Paralelamente a las discusiones dentro del restringido público del campamento, un juego de gato y ratón comenzó a desarrollarse entre los manifestantes y la policía. Los campesinos ocasionalmente iban hasta el borde de la ruta desafiando a la policía alineada del lado opuesto, haciendo de esta manera que se mueva la formación. La gente se desafiaba entre sí a hacer que la policía se moviera, pero el principal efecto de estos juegos terminó siendo la demostración de que más allá de los límites de la manifestación legal, existía una impresionante capacidad de violencia estatal. Mientras tanto, líderes como Jorge cruzaban periódicamente la ruta para asegurarse de que lo que estaban haciendo era legal. Negociaron marchar sobre la mitad de la ruta, obteniendo permiso de la policía para marchar desde el campamento hasta la ciudad de Caaguazú, rodear la oficina del IBR y luego retornar al campamento. Durante la marcha, los organizadores del campamento mantenían tres filas, organizando estricta y cuidadosamente a los marchantes para que ninguno salga de la fila, demostrando de esta manera su conformidad con la ley. El efecto más inmediato de la disciplina fue que la policía antimotines pudo fácilmente rodearnos por todos los lados. Participé de dos marchas y me quedé observando desde afuera durante varias otras, permitiéndome una doble perspectiva sobre lo que estaba sucediendo. Desde adentro era posible sentir la fuerza de cientos de personas marchando por el camino. Antonio subía y bajaba por nuestras filas dando órdenes y dirigiendo cánticos. Pero también era extrañamente claustrofóbico estar adentro, mientras estábamos flanqueados por policías, que nos separaban del mundo exterior al cual tratábamos de alcanzar con nuestros cánticos. A pesar de que existía un consenso entre los campesinos de lo ridícula que se veía la utilización de una fuerza tan exagerada para acompañar a la obediente masa, en el interior se sentía que la movilización sería fácilmente aplastada si las cosas iban mal. De hecho, desde afuera la marcha parecía cómica: pequeñas filas escondiTierras Malhabidas 95

Figura 3. Marcha del paro cívico. Caaguazú. Noviembre 2004 das tras una pared de cascos azules. La policía permitió la legalidad y legitimidad de estas marchas, y al mismo tiempo limitó lo que se podía hacer y decir, a una representación restringida del marco jurídico. El campamento sufrió el mismo problema. Muchos de nosotros estábamos convencidos, por lo menos durante los primeros días, de que nuestras acciones tendrían un impacto nacional: que la brutalidad y la injusticia del régimen sería expuesto y que el apoyo popular sería inminente. Líderes como Jorge habían logrado instalar en casi todo el campamento una sensación de inminente victoria, pero en retrospectiva esta sensación duró cuanto duró, solo porque eran pocas las noticias que llegaban al campamento. Nuestra carpa tenía una radio a batería, que era escuchada en busca de noticias por su dueño, quien raramente conseguía captar una buena señal para tener certeza de lo que estaba sucediendo. En una ocasión fui a comprar un diario, pero ese día aparentemente los medios de prensa no estaban muy interesados en nuestro campamento. Entonces escuchábamos a la gente más carismática en nuestro entorno. Un locutor de radio de Vaquería, que había dejado su programa a un amigo, dominaba la discusión alrededor de la fogata cerca de nuestra carpa y muchas veces también tomó el micrófono común. Él decía que el país había parado a la espera del resultado de la movilización. También decía que la expectativa nacio96 Capítulo Dos

nal y la depresión general habían alcanzado tal nivel que las estaciones radiales dejaron de pasar música por respeto a los acampados. Cuando los organizadores comenzaron a hablar sobre la posibilidad de hacer una marcha hasta la capital, una caminata que demoraría por lo menos tres o cuatro días, en la cabeza de la gente no cabía ninguna duda de que eso finalmente haría caer el gobierno27. Obedeciendo la ley, la masa sacaría a la luz el autoritarismo del gobierno y de esa manera lo vencería. Nicanor, quien cada día mostraba más tendencias dictatoriales, estaba al punto de caer bajo el propio peso de sus mentiras y robos. Era el deber histórico de los campesinos restaurar el estado de derecho. Con la intención de construir el campamento no como una excepción a la ley, sino como su reflejo, habían creado un pequeño mundo cercado por limitaciones autoimpuestas. Desde adentro, la protesta se experimentaba como una confrontación simétrica entre antiguos adversarios. Por la noche., alrededor del fogón escuché historias del pasado, de movilizaciones y ocupaciones de tierra donde los cascos azules habían aparecido. Muchos de los acampados habían sido reprimidos y arrestados por la policía, o perseguidos hasta dejar sus tierras. El contingente de Tekojoja tenía una historia reciente de violencia cuando sus casas fueron quemadas por la policía en un terrorífico desalojo. Muchos de los presentes podían hacer recuento de historias similares de principios de los años ochenta. Si bien respetaban individualmente a algunos policías, no obstante veían su presencia como una representación abstracta de las fuerzas del Estado puestas en su contra. La larga historia de confrontaciones similares e injustas les permitió afirmar que estaban en lo cierto. Pero el deseo de convertir al campamento en un ejemplo de protesta legal debilitó completamente la supuesta simetría de la confrontación, puesto que la única manera de validar la legalidad de las acciones campesinas era pidiendo permiso a la policía. Los policías estaban contentos de negociar límites, ofreciéndoles la mitad de la calle o diciéndoles que podían mantener el altoparlante abierto hasta las diez de la noche (la ley normalmente prohibía ese tipo de barullo después de las ocho). Lo irónico del caso es que la ley no constituía un código preestablecido, como la imagen proyectada cuando se habla de “defender la Constitución”. Contrariamente a la retórica, en la práctica la ley estaba siendo construida en esos encuentros con los policías, y de una manera absolutamente asimétrica. Las reglas de la protesta estaban siendo inventadas en el momento y eran legales sólo porque contaban con la aprobación de la policía. En otras palabras, la protesta campesina no Tierras Malhabidas 97

sólo reforzó la ley como único terreno legítimo de lucha, sino que también reveló a la ley como precepto de la violencia, es decir el estado de derecho era lo que en ese momento la policía definiera. Incapaces de moverse o hacer cualquier cosa que demostrara una fuerza real, el campamento fue lentamente sofocado por su propia insistencia de mantenerse dentro del marco de la legalidad. La comida comenzó a escasear. Los baños se llenaron. Resfríos y diarrea circularon por las carpas, y muchas personas fueron llevadas al hospital más cercano con un espantoso virus gastrointestinal. Al cuarto día, los organizadores pidieron permiso a la policía para recolectar dinero al borde de la ruta durante dos horas diarias. Mientras el gobierno acusaba a los campesinos de ser financiados por organizaciones de terrorismo internacional, los manifestantes en Caaguazú sacaban sus sombreros pidiendo dinero al costado de la ruta mientras la policía dirigía el tránsito. Los grupos radicales, cuyas tácticas fueron rechazadas en votación, abandonaron el campamento. Más personas fueron llegando, pero el número de personas iba disminuyendo visiblemente. En el noveno día de paro el campamento fue desmantelado y las personas comenzaron a dirigirse lentamente a sus casas, organizando idas colectivas en camiones o mendigando dinero para su pasaje en bus. La dirigencia había llegado a un mínimo acuerdo con el Gabinete de Crisis que salvaba las apariencias. El gabinete se comprometió a continuar con su inefectivo plan de compra de tierra a campesinos (ahora diciendo que lo haría el próximo año fiscal), y a tratar a los prisioneros campesinos de manera expeditiva. En pocas palabras, nada fue concedido. Tierra malhabida había sido evocada repetidamente y de esta manera los campesinos habían obtenido una especie de reconocimiento legal por su lucha, que no habían tenido anteriormente; pero el costo de tal reconocimiento fue alto. Si la legalidad fue el compromiso a través del cual los campesinos intentaron dirigirse a la esfera pública, también fue la propia legalidad la que los acalló. La ley, negociada con el Partido Colorado y los aparatos de seguridad controlados por él, terminó por estrangularlos. Y los transicionistas, poco interesados en la difícil situación en la cual se encontraban los campesinos ultrajados por este habitual abuso, apenas se dieron por enterados. En los siguientes dos años, el Frente Nacional se disolvió lentamente y el movimiento campesino se fraccionó nuevamente en organizaciones regionales. En las reuniones mensuales del Movimiento Agrario en Vaquería cualquier sugerencia de organizar alguna marcha o movilización fue resistida por líderes locales, temerosos de perder credibilidad. El fracasado paro cívi98 Capítulo Dos

co no fue mencionado durante varios meses, y cuando volví a escuchar mención sobre el mismo fue como advertencia de los problemas que traían consigo las movilizaciones mal planificadas. Las marchas durante el paro cívico, vistas desde afuera, mostraron el grado en que un espectáculo público de disidencia coordinada podía ser cooptado y transformado por la policía en una demostración de orden del Estado. Los campesinos pensaron que la demostración de fuerza por parte de la policía era autoritaria, pero habían subestimado la simpatía que tenían los transicionistas con la fuerza ordenada y controlada. Como argumenta Don Handelman (2004), los eventos públicos orquestados por el Estado tienen dos propósitos. El primero, muy comentado, es el despliegue del nacionalismo y el desencadenamiento de sentimientos comunes de los ciudadanos. Pero el segundo, denominado “lógica burocrática” por Handelman, demuestra que el Estado es capaz de crear orden dentro del caos y controlar corrientes revoltosas con la correcta aplicación de normas y vigilancia. En efecto, el paro cívico, y las consecuencias que tuvo durante los siguientes seis meses, puede ser considerado el mejor momento del presidente Nicanor, ya que pudo demostrar a los transicionistas que no era incompetente. Después de que Borda presentara a las demandas campesinas como poco razonables, populistas y económicamente injustificables, el aplastante control de Nicanor en las movilizaciones parecían apropiadas para gran parte de la población en Asunción. De hecho, de eso se trataba el mandato de un gobierno democrático; aceptar la disidencia pero sin alterar el sistema, considerar otros argumentos pero de manera razonable rechazarlos y hacer todo lo posible para impedir que las cosas se vayan de las manos. En base a este despliegue de lógica burocrática, Nicanor pasó el resto de su mandato militarizando el campo con muy poca oposición en Asunción, levantando puestos militares para apoyar a la policía y finalmente creando unidades de civiles armados para controlar a las organizaciones campesinas.

LA LÓGICA INTERNA DE LOS PAROS CÍVICOS Permítanme retornar por un momento al evento que abrió este capítulo, el Foro de la Comisión de Verdad y Justicia, llevado a cabo en mayo del 2006, un año y medio después del paro cívico. Como había dicho, Victoriano Centurión—héroe de la lucha armada campesina de los años ochenta—se retiró del debate sobre tierra malhabida, derrotado por el simple argumento de “no podemos violar la propiedad privada”. La Tierras Malhabidas 99

Comisión había tenido un programa tibio desde un principio. Manteniendo el acuerdo con tantas instituciones, tenía una mínima función de llevar casos a la justicia (a pesar de que sus investigaciones podían dar lugar a cargos penales presentados contra los responsables), siendo principalmente un lugar de ejercicio catártico28. Estaba diseñada para dar cuenta del pasado pero no necesariamente para responsabilizar a nadie. En este sentido, estaba diseñada para inaugurar (de nuevo) al presente como una ruptura radical con el pasado. Al inicio de las audiencias públicas en el 2004, esta ruptura ya estaba hecha por cambios demográficos. El alto índice de natalidad del Paraguay significó que más del cincuenta por ciento de la población eran menores de 15 años y no habían conocido la época de Stroessner. Como muchos otros espacios de conmemoración transicionista, la Comisión comenzaba a parecer un negocio de viejos, y los cuerpos que asistían a ellos estaban marcados no sólo por la tortura sino por la edad. Por esta razón la introducción de la figura de tierra malhabida en el discurso de la Comisión señalaba un peligro político, menor pero palpable. La inusual idea había venido de Digno Brítez, un abogado y reconocido agitador campesinista que había apoyado a las organizaciones campesinas en asuntos legales desde principios de los años ochenta. Ahora trabajaba para una—asentada—ONG en Asunción y sólo iba al interior de vez en cuando, prefiriendo dar su apoyo en asuntos burocráticos. Fue el orador principal en el foro de Caaguazú y quien bautizó al evento con el nombre de “Campesinos y Tierra Malhabida”. Con el título, Brítez intentó conectar las luchas de sus antiguos amigos opositores a Stroessner con las actuales luchas por la tierra y con los campesinos quienes habían tratado de apropiarse del documento de Alegre durante el Paro Cívico. En una exposición cuidadosamente montada al costado del escenario, la ONG de Britez había colgado fotos de víctimas de tortura de Stroessner sacados del Archivo del Terror al lado de fotos de luchadores por la tierra actuales, incluidas algunas fotos que yo mismo había tomado algunos meses antes en Tekojoja. En su discurso y en su exposición, la tierra malhabida relacionaba las injusticias del pasado con las injusticias del presente, conectándolas con la imposibilidad de acceso a la tierra, las sequías, los pesticidas, el desempleo y el terror de las comisiones vecinales creadas para proteger a la propiedad privada. Cuando Britez, transicionista bien reconocido, trajo a colación la tierra malhabida, leyendo un discurso preparado en español, fue aceptado como parte de la actuación pública. Constituía un tipo de discurso reservado para un pequeño grupo intelectual de campesinistas 100 Capítulo Dos

de Asunción, el cual para la mayoría de los transicionistas y colorados, era desagradable pero inofensivo. Pero cuando Centurión, el líder campesino de ojos salvajes, intentaba contar lo mismo en un emotivo guaraní, con historias más íntimas y situadas, era acallado por el miembro del Partido Colorado presente, el Dr. Aquino. El intercambio demostraba el grado en que la participación campesina en las políticas públicas seguía siendo condicionada por la transición. Los campesinos eran invitados a participar en las discusiones públicas sobre tierra malhabida siempre y cuando se limitaran a que fuera una conversación sobre las deficiencias de la dictadura. No podía ser una conversación sobre tierras y personas específicas, ya que evocaban algo fuera de la deliberación jurídica y el cortés recuerdo: la política campesina y el peligro inherente de la masa popular. Brítez, Aquino y Centurión, cercanos ideológicamente en la medida en que sus diferencias les permitían, desempeñaban a la perfección los roles de transicionista, colorado y campesino. Los primeros dos se miraron respetuosamente mientras negociaban una transición histórica para su país: el tercero fue obligado a mantener sus opiniones cortas y no demasiado ruidosas. Tierra malhabida se incorporó a la política campesina a inicios de los años 90, y volvió en la década del 2000 como un discurso prestado de los transicionistas, y una forma de abordar a un nuevo público obsesionado con la legalidad y la transparencia como condiciones para su propia existencia. El préstamo implicó someterse a una traducción que convirtió el profundo sentido histórico de injustica campesina en un argumento legal. En su versión traducida, la tierra malhabida reafirmó, en vez de cuestionar, a la narrativa oficial de la democracia moderna, cuya lógica temporal de progreso lineal servía como fundamento a la Constitución, al estado de derecho y finalmente a la promesa de la hegemonía de los transicionistas. La democracia hizo necesaria la subordinación de los campesinos a los transicionistas, así como anteriormente habían sido subordinados a los colorados de Stroessner. Recibieron reconocimiento como una población carenciada, como un electorado a ser movilizado o un conjunto de derechos violados, pero no como ciudadanos del presente capaces de participar en debates públicos sobre el contenido de la ley29. Para los campesinos el estado de derecho era absoluto: o eran sujetos del mismo o estaban trasgrediendo, pero nunca fueron autores de él. Como tales, la anticorrupción y tierra malhabida no eran expresiones de contestación jurídica. Eran reiteraciones del mito fundacional de un nuevo régimen democrático de la cual los campesinos permanecían excluidos. Tierras Malhabidas 101

Los campesinos paraguayos no fueron los únicos en confrontar la hipocresía del “estado de derecho” después de la Guerra Fría. Uno podría ver a la tierra malhabida como un síntoma del declive global de las políticas radicales a favor de estrategias basadas en el derecho. Numerosos críticos han señalado que esta celebración del estado de derecho encarcela a la ética progresista en una especie de positivismo legal, que ve a la ley como la voluntad del soberano y a sus sujetos como un grupo aislado del proceso legislativo (ver Brown y Halley, 2002; Borneman, 1997). En un ejemplo llamativo, Talal Asad dice de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “la declaración parece asumir una convergencia directa del “Estado de Derecho”…con la justicia social… Si ese fuera el caso, el Estado llamado Derecho usurpa al universo entero del discurso moral” (2004, 138; énfasis en original). Los argumentos anticorrupción tienen el mismo problema: al igualar la ética con la ley, abandonan el potencial transformador de las luchas por la justicia social. Pero el argumento de que la ley usurpa al discurso moral esconde no sólo la negociación constante que crea el “Estado llamado Derecho”, sino también la lucha constante por la interpretación de las leyes. A menos que uno esté de acuerdo con un tipo de liberalismo legal que considera lo legal como un complejo preestablecido por un soberano externo (cf. Crapanzano, 2000), el estado de derecho no necesita ser entendido como una prisión moral. Para los transicionistas, la transición en Paraguay se trataba de esto: el establecimiento simultáneo del estado de derecho con una repartición de la soberanía del dictador a la esfera pública. El estado de derecho fue engañoso para los campesinos, no porque tenía que ser así necesariamente, sino porque ellos eran sus sujetos. Los transicionistas eran dueños de la moralidad legal y los colorados dueños de la violencia. Los campesinos no eran dueños de lo uno ni lo otro, y como tales, estaban ceñidos por ambos. La derrota del paro cívico en nombre del estado de derecho muestra perfectamente la contradicción de ser campesino durante la transición. En esta acción contra el gobierno, los campesinos emplearon una táctica política con una ilustre historia, pero la lógica del paro cívico se terminó volviendo contra ellos. El problema recuerda la discusión de Walter Benjamin sobre las huelgas en su “Crítica de la Violencia” (1978 [1920]). El derecho a la huelga en estados democráticos, afirma Benjamín, presenta una excepción a la prohibición de la violencia privada y como tal desdibuja la línea entre lo que él llama formas fundacionales y formas conservadoras de violencia. En el derecho a la huelga, el mo102 Capítulo Dos

nopolio del Estado sobre la violencia legítima (del tipo que preserva al estado de derecho) hace un espacio limitado para una forma de extorsión (la huelga) que tiene la capacidad de lograr contratos colectivos. Siguiendo a Sorel (1910) Benjamín afirma que el peligro (emancipatorio) de la huelga reside en la posibilidad de la huelga general, o paro cívico, que focaliza su violencia fundacional en el propio Estado, y por ello existe fuera de la ley. El contrato que una huelga general busca fundar se llama Constitución, es decir, busca refundar la ley desde el principio. Los campesinos soñaban con la revolución estructural durante el paro cívico, por lo menos durante los primeros días. Las discusiones alrededor de las fogatas y del tereré giraban inevitablemente sobre la desgastada legitimidad del actual Estado, y sobre el amanecer de un nuevo orden liderado por un sólido sentido de justicia campesina. Por otro lado, el rostro público de la marcha siempre fue presentado en el lenguaje transicionista, la crítica de la corrupción. En esta versión, la injusticia del Estado no es la injusticia de sus leyes, sino de unas cuantas élites inescrupulosas cargadas de posiciones en el poder. Y como los campesinos no controlaban la ley, necesitaban la confirmación de su propia legalidad. De ahí la absurda negociación durante el paro cívico. Los campesinos afirmaban apoyar al estado de derecho y la Constitución en contra de los abusos atroces del gobierno. Pero para permanecer fieles a este principio se negaron rotundamente a quebrantar las leyes, y la única manera de asegurarse que estaban actuando de manera legal fue verificándolo con los representantes oficiales de la ley: la policía. A pesar de haberse enfrentado con la policía a lo largo de la ruta como antagonistas, cada vez que querían asegurar que no estaban infligiendo alguna ley, los líderes campesinos cruzaban la calle para pedir permiso a la policía para realizar sus acciones. Al evocar la tierra malhabida los campesinos participaron en otro ritual aun más engañoso. Para ellos, tierra malhabida evocaba la injusticia profesada en el presente, la cual se encuentra plasmada en casi todo el paisaje. Esto coincidía con la sensación general de que si el campo había cambiado desde la época de Stroessner, había sido para peor. Pero traducido al lenguaje legalmente reconocido de la exposición de Alegre, tierra malhabida evoca una narrativa de salvación. Se constituye como una injusticia cometida más que nada en el pasado, un pasado irreconciliable con el futuro democrático. Este pasado está plasmado en documentos que hablan por sí mismos, de la manera en que la ley debería hablar por sí misma. Igual que la Comisión de Verdad y Justicia y el Archivo del terror, la interpretación de Alegre Tierras Malhabidas 103

sostiene la promesa de una democracia procedimental transparente, mediante la creación de un pasado atroz en el cual el estado de derecho no se sostenía. La acusación de Alegre puede ser dirigida al Partido Colorado que seguía en el poder, pero fundamentalmente es una acusación de un sistema pasado, una Reforma Agraria pasada, un populismo pasado y un pasado al cual pertenece también la política campesina. Esto, finalmente es la clave para el surgimiento de los transicionistas que se basa en la Constitución del año 1992 como una ruptura definitiva en la historia del país. En Paraguay no es suficiente sostener que la constitución fue la “liquidación benévola del pasado”, para usar la memorable frase de Van Cott (2000). Tampoco es suficiente señalar que la Comisión de Verdad y Justicia carecía de poder de castigo, como Borneman (1997) y Wilson (2001) han hecho sobre Europa del Este y África del Sur. Ambas instituciones juegan un papel clave, no en la eliminación de las injusticias pasadas, sino en su reposicionamiento con respecto al presente. En la democracia constitucional del Paraguay de la Posguerra Fría, el pasado sirve a los transicionistas como el contenedor seguro del concepto de injusticia. Políticos liberales tradicionales, gente de negocios, miembros del Poder Judicial y hasta miembros de alto rango del Partido Colorado como el Dr. Aquino y el presidente Nicanor pueden aliarse con los transicionistas siempre y cuando adopten su lógica temporal. Pero los campesinos, criaturas del pasado, no pueden. El fin de la historia debía suceder en 198930. Ese argumento que la democracia liberal se había universalizado como el único marco político posible, debido a sus carencias empíricas, fue una descripción efectiva del proyecto político liberal para el mundo Posguerra Fría, y de las esperanzas transicionistas para el Paraguay. Esta también es la razón por la cual los rituales de afirmación de la nueva democracia, tales como la Comisión y las denuncias de corrupción, también son rituales para el control del populismo, que se nutre de las injusticias del presente. Ellos temen aun más la supuesta calidad irracional de los campesinos, a la vez víctimas del totalitarismo del pasado y agentes de su reaparición en el presente. Tierra malhabida y el reconocimiento que se le otorga a la política campesina es, cuanto menos, una forma de control como también una exhalación, insinuando unas pautas del triunfalismo liberal en la política de aquellos que siempre fueron excluidos de la transición democrática y cuyo sentido de injusticia incomoda al nuevo estado de derecho.

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3. LOTES PRECARIOS Joel Jara, un joven campesino algodonero de la Región Oriental fue la primera persona quien realmente sacudió mi entendimiento de la palabra privatización. Estábamos sentados en el patio de sus padres tomando tereré con su primo y hablando de la próxima cosecha del algodón. La sequía había perjudicado seriamente su cultivo y era poco probable que fuera capaz de pagar sus deudas, mucho menos de generar algún ingreso ese año. Para Joel lo más preocupante era que, estando en los mismos apuros y hasta en bancarrota, algunos de sus vecinos habían abandonado la comunidad luego de vender sus tierras a sojeros brasileños, ubicados hacia el este. Su temor era que la sequía termine en más ventas de tierras. Quejándose del avance brasileño sobre lo que consideraba territorio campesino, Joel exclamó, “Oprivatizapase la oreyvy!” (Quieren privatizar toda nuestra tierra). En aquél momento este comentario no me hizo mucho sentido. Joel lo expresó sentado sobre lo que yo consideraba la propiedad privada de sus padres, una finca que habían ganado del monte durante el asentamiento de campesinos en dicha área en el año 1978, cuando el algodón prometía enriquecer a todos. El propio Joel había nacido ahí, y su padre ya me había explicado la situación jurídica de su tierra. Él había logrado hacía rato pagar al IBR el título de su tierra, pero con el transcurso de los años había perdido la copia del documento, y no quería preguntar a algún oficial sobre su situación por miedo a ser desalojado. Un posible desalojo me parecía poco probable, pero entendía la seriedad de la amenaza que implicaba la soja. Desde el algodonal ubicado detrás de la casa, el horizonte hacia el noreste parecía una sábana verde. Los Jara estaban entre los más firmes en la postura de que nadie debería vender sus tierras a los brasileños o plantar soja, pero sabían muy bien que las comunidades que habían comenzado el proceso, rápidamente se habían vuelto inhabitables para aquellos que insistían en quedarse. Con los granos de soja llegaron las nubes de agrotóxicos, la deforestación, los policías y grupos

de civiles armados prestos a forzar a los pequeños agricultores a la venta de sus parcelas. Era un proceso violento, que forzaba a la gente a vender su propiedad titulada. Pero yo no veía el sentido de llamarle a este proceso “privatización”. A lo largo de los siguientes dos años con frecuencia me encontré con personas hablando de privatización en los mismos términos. Llegué a considerar esta forma de hablar como una observación compleja sobre los cambios económicos que enfrentaba el país y también como señalando una profunda re-imaginación del rol del derecho en América Latina luego del fin de la Guerra Fría. En el Paraguay, esta sutil transición jurídica parecía estar literalmente escurriendo el paisaje desde el este, siguiendo la oleada de granos, engullendo aquellas áreas que habían sido parte del régimen jurídico populista de la Reforma Agraria. Lo que Joel llamaba “privatización” era, por ende, bastante diferente de los más conocidos casos de privatización de tierras comunes o tierras de estados pos socialistas que ocurría en el resto del mundo1. Pero estaba relacionado con aquellas transiciones. Porque el avance de los granos también trajo consigo cambios legales de facto que sutilmente reformularon no sólo quién podía tener derecho a la propiedad, sino también la forma en la cual estos derechos se adquirían. Sostengo que esta peculiar lucha contra la “privatización”, de lo que el Estado ya consideraba propiedad privada, surgió en gran medida a causa de contradicciones en la ley paraguaya. Sin embargo, y a pesar de los recientes intentos de simplificar la ley de la propiedad a nivel internacional, considero imposible que estas contradicciones se resuelvan sencillamente con nuevas legislaciones. Las mismas más bien hablan de una vieja tensión subyacente en la filosofía liberal entre dos explicaciones del derecho a la propiedad. En una concepción, el derecho a la propiedad es visto como una relación abstracta entre las personas. En la otra, los derechos son relaciones entre las personas que están mediadas y problematizadas por la fragilidad de lo material. La tradición jurídica liberal oscila entre mantenerse en un entendimiento purista sobre la propiedad como un principio meramente legal, y otro más pragmático que reconoce que la propiedad está constantemente siendo construida en el interactuar de las personas. Actualmente los campesinos paraguayos sostienen esta última concepción, y la usan para desafiar tanto a la hipocresía de los legisladores como a las diversas teorías sobre la necesidad de crear sistemas abstractos de propiedad a fin de mejorar la gobernabilidad y el 106 Capítulo Tres

rendimiento agrícola, que resulta tan popular entre los profesionales del desarrollo internacional y los transicionistas. De hecho, mientras luchaban contra la especulación de sojeros en sus comunidades, los pobladores de la zona vieron la lucha cada vez más como una lucha en contra de la reforma legislativa, el Banco Interamericano de Desarrollo y en contra de reformistas enamorados de las nuevas teorías de registro de propiedad promovido por el gurú internacional de desarrollo, Hernando de Soto (2000). Mi argumento en este capítulo se desarrolla en tres partes. En la primera, describo las nociones campesinas sobre la propiedad como un producto material de su trabajo y explico por qué ellos consideran que su forma de propiedad es algo sumamente diferente a la “propiedad privada”. Esta diferencia es la que hace que los campesinos califiquen a ciertas transacciones privadas de la tierra como “privatización” pero no a otras. En la segunda parte indico cómo esta diferenciación de las formas de propiedad se concretiza en una división territorial que diferencia territorio campesino de territorio “privado”, cada cual con sus propias leyes, burocracias y usos de suelo. En esa sección me enfoco en el conflicto en una comunidad llamada Tekojoja, ubicada al límite de ambos territorios y muestro cómo la privatización opera para reforzar una noción altamente excluyente de ciudadanía y para legitimar las políticas aplicadas. En la última parte analizo el concepto del “lote precario”, descripción que estigmatiza las condiciones de vida campesina. Demuestro que el uso del concepto en argumentos jurídicos relacionados con el caso socava la idea misma de que la propiedad privada es un derecho abstracto divorciado de las condiciones materiales de quienes la poseen. En síntesis, hasta quienes abogan por una noción purificada de los derechos de propiedad, implícitamente promueven o restringen esos derechos en función a la riqueza material de los poseedores de los derechos. La lucha organizada en contra de la privatización es una lucha, no tanto contra la idea de propiedad privada, sino contra la hipocresía de una concepción de la propiedad que tácitamente excluye al pobre.

DOS FORMAS DE PROPIEDAD En algunos aspectos el argumento parece un ejercicio de economía antropológica relativamente sencillo, es decir, describir los pensamientos y prácticas económicas de un grupo de personas que se hacen llamar campesinos y analizar las diferencias que tienen con una Lotes Precarios 107

concepción liberal más familiar. Pero inmediatamente este camino se encuentra con la traba que implica la propia palabra campesino, ya que esta designación demográfica o de clase no lleva de por sí al análisis del pensamiento económico. De hecho tengo la misma dificultad de formular este argumento de manera teórica que tienen los campesinos de hacerlo de forma política. El problema radica en el hecho de que existen muy pocos intentos antropológicos de sistematizar la diferencia entre el pensamiento económico campesino y la economía política institucionalizada. Igualmente radica en la sospecha relacionada de que a diferencia de la indígena, la cultura y el pensamiento campesino no son suficientemente extraños para ser conceptualizados como algo disímil. De acuerdo con la mayoría de los académicos los campesinos no forman una identidad diferenciándose del pensamiento moderno, sino que lo hacen solo en su articulación con un sistema global definido por otros. Este problema se ve particularmente en la antropología y en las políticas multiculturales que surgieron en la Posguerra Fría. Ambos se dan debido, por lo menos en parte, a la división histórica del trabajo delimitada por la palabra “indígena”2. Ser indígena, que por definición marca una diferencia poscolonial del colonizador, produjo una serie de marcadores teóricos para esas diferencias, desde “cultura” hasta “etnicidad”, las cuales fueron altamente politizadas en la segunda mitad del siglo XX. Dependiendo del momento y de la perspectiva estas diferencias han sido entendidas ya sea como estética superficial, como contenedor de una serie de creencias sobre el mundo o como una ontología radicalmente divergente. La palabra campesino, por otro lado, ha sido utilizada para negar específicamente esa diferencia, a pesar de envilecer y estigmatizar. Siendo fundamentales para el concepto de nación, los productores rurales de alimentos para la ciudad están marcados por su integración parcial a procesos económicos y políticos nacionales, pero no por su diferencia histórica (por ejemplo Chakrabarty, 2002). La rica literatura sobre el campesinado en América Latina ha sido por lo tanto casi exclusivamente política y económica en sus enfoques, describiendo estructuras de explotación y las articulaciones parciales entre la población rural empobrecida y las economías nacionales o internacionales3. Como sostiene Michael Kearney en su excelente genealogía, la distinción académica entre campesinos e indígenas está marcada por una división paralela enraizada en las políticas de la Guerra Fría. Mientras muchos grupos pueden calificar igual como indígenas y 108 Capítulo Tres

campesinos, y hasta pueden cambiar entre uno y otro, los rótulos marcan diferentes formas políticas que casi nunca se superponen (ver de la Cadena, 2000; Boyer, 2003; Collier, 1994). Durante gran parte del siglo XX, con los indígenas todavía siendo excluidos de la nación moderna, muchas de estas poblaciones fueron conscriptas al campesinado a la par que se iban convirtiendo en los sujetos de los partidos maoístas, los movimientos nacionalistas, los teóricos de la dependencia y finalmente los proyectos de desarrollo rural que comenzaron a florecer en los años sesenta en torno a la Alianza para el Progreso. La desvalorización del populismo agrario en las políticas neoliberales en los años 90 fue acompañado de una pequeña apertura, aun muy circunscritas a la política de etnicidad, como un discurso autorizado de diferencia llamado multiculturalismo. De ahí el surgimiento de la política indígena en diversos contextos nacionales como Ecuador (Sawyer, 2004), Bolivia (Postero, 2007), Guatemala (Hale, 2006) y Brasil (Warren, 2001). Durante los años 1990 florecieron nuevas constituciones multiculturales en toda América Latina, en muchas de las cuales se reivindicaba el valor de la distinción cultural y el patrimonio indígena (Van Cott, 2000). Pero el multiculturalismo es también limitado. Muchos de estos movimientos étnicos y culturales afirman que aunque la ciudadanía ha sido formalmente extendida a la población indígena, es una ciudadanía vacía que no viene acompañada de la gama de derechos que definen la participación en una democracia liberal (Dagnino, 2003, Yashar, 2005). La ciudadanía en sí se ha convertido en un terreno de lucha en el cual los grupos indígenas pueden criticar su exclusión de los Estados que afirman ser inclusivos. Esta lucha sobre la ciudadanía indígena en otras partes de América latina ha abierto una grieta suficientemente grande en las barreras de la esfera pública como para que muchas personas que alguna vez se autodenominaron “campesinos” ahora comiencen a llamarse “indígenas”4. Pero para los campesinos que no puede reclamar ser indígenas, el argumento sobre la ciudadanía permanece aun más inaccesible, en parte porque su exclusión de la política formal nunca ha sido tan explícita como la de las poblaciones indígenas. La mayoría de los campesinos siguen siendo, después de todo, ciudadanos jurídicos. Tienen documentos de identidad, han hecho el servicio militar, y han votado en elecciones. Sin embargo, su incapacidad de ser tomados en serio en el discurso público nacional subraya el hecho de que su inclusión es una mera formalidad. Sus quejas son más difíciles de articular Lotes Precarios 109

porque su exclusión siempre ha sido más tácita que legalmente explícita. Este claramente es el caso en Paraguay, donde la brecha que divide a campesinos e indígenas son tales que es muy poco probable que los campesinos se embanderen de las causas indígenas5. El proyecto populista iniciado por Stroessner en los años sesenta adoptó a las masas mestizas como su principal base popular, anclando una nueva visión de la nación en un masivo proyecto de Reforma Agraria. Esto no convirtió a los campesinos en ciudadanos plenos—la Reforma Agraria era el medio por el cual eventualmente podrían lograr la ciudadanía—pero sí permitió afirmar su pertenencia a la nación de una manera en que nunca lo hizo para los indígenas. En todo caso los campesinos fueron encomendados a salvaguardar los límites de esta nación moderna, mientras los programas de colonización los llevaba a tener cada vez más contacto con las poblaciones indígenas en las fronteras del país6. El sangriento encuentro, sucedido solo una o dos generaciones atrás, cimentó un antagonismo rural que todavía juega un papel importante en estructurar las aspiraciones campesinas a la plena ciudadanía. Después de todo, eran las tierras indígenas las que fueron concedidas a los campesinos como pizarra en blanco en el marco de la reforma agraria, y aquellas pequeñas masas de bosque que les resta para vivir y cazar siguen siendo blanco de las aspiraciones expansionistas de los campesinos. Más recientemente se han introducido algunos términos del multiculturalismo al movimiento campesino, debilitando un poco el antagonismo entre campesinos e indígenas y permitiendo sentar las bases para una serie de alianzas políticas estratégicas. Pero me he cruzado con muy pocas personas que podrían llegar a identificarse como indígena. Sigue siendo mucho más común escuchar a campesinos hablar sobre sus vecinos indígenas en términos evidentemente racistas. Las aspiraciones campesinas a la ciudadanía plena fueron producidas por la misma Reforma Agraria, el ancla política del bloque histórico entre el Partido Colorado de Stroessner y el campesinado. A pesar de la histórica lucha entre las organizaciones campesinas y el partido de Stroessner, para los años setenta ambos grupos por lo menos estaban hablando el mismo lenguaje, y ambos profesaban construir una nación que emergería de la labor campesina. Ese bloque histórico, junto con la Reforma Agraria, se quebró después del golpe de Estado que derrocó a Stroessner en 1989, obligando a los campesinos a reflexionar sobre su rol en la esfera pública emergente de la nueva democracia de Paraguay. Los campesinos seguían com110 Capítulo Tres

prometidos con la idea de construir una nación moderna, pero como se veían cada vez más excluidos por la nueva elite de su país, tuvieron—también ellos—que adoptar una política de la diferencia, no de la etnicidad, sino del pensamiento económico. Tan combativa se ha convertido esta identidad en Paraguay que incluso la palabra campesino sugiere una relación muy especial en la preservación de las metas de la Reforma Agraria de Stroessner. Sin ese proyecto político, los campesinos dejan de ser campesinos. Es por eso que la categoría campesino es tan escabrosa en Paraguay: ser campesino es proponer un proyecto nacional que está en contradicción con la narrativa de la democratización que tienen los transicionistas. Y este problema no se limita sólo a las políticas de identidad, sino que influencia hasta la forma en que el Estado trabaja. El aspecto más amenazante de la economía campesina es la forma en que entiende la relación entre tierra, derechos y documentos. La solución a los problemas de tierra apoyada por los transicionistas se basa en una teoría de representación que niega, o por lo menos trata de mitigar, la materialidad de los documentos. Pero los campesinos entienden la producción material de documentos como una actividad económica vinculada al uso de la tierra, y a la circulación de estos documentos como un aspecto fundamental de la ciudadanía. Así como entendían a las excluyentes redes de circulación de los documentos como las bases de las injusticias en contra de las cuales luchan, su involucramiento en la creación y circulación de sus propios documentos serían la salida, en su interés de crear un nuevo y mejor Estado-Nación. El único trabajo que se ha acercado al entendimiento de esta diferencia es un libro idiosincrático escrito por Stephen Gudeman y Alberto Rivera, Conversations in Colombia (1990), que busca describir la lógica del pensamiento económico campesino en Colombia durante los años ochenta. En este sistema, denominado por ellos “economía de base”, el hogar patriarcal sirve como una unidad de anclaje en torno al cual se organiza todo el comportamiento económico. Sugieren que el hogar campesino colombiano está construido sobre la acumulación de inversiones de los excedentes anuales derivados del trabajo familiar y la productividad de la naturaleza divina, y que el intercambio de mercado, la migración laboral y el uso del dinero están subordinados a la construcción de esa base. Desde ahí Gudeman y Rivera construyen una compleja imagen sincrónica del pensamiento económico campesino, el cual afirman es heredado de la filosofía de Lotes Precarios 111

los fisiócratas del siglo XVIII7. Este lenguaje es sorprendentemente similar al utilizado por los campesinos en Paraguay al hablar de su propia actividad económica a principios del siglo XXI. Usan la palabra base tanto en español como en guaraní al hablar de sus actividades económicas, y los jóvenes pioneros que construyen sus hogares en la frontera dicen que están comenzando che base (mi base). Para los hogares campesinos de la Región Oriental del Paraguay, la producción algodonera apoyada por agencias extensionistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería fue fundamental para sostener este ciclo en el periodo de mediados de los años sesenta hasta comienzos del 2000 (ver Bray y Borda, 1988). Los beneficios procedentes de la venta del algodón en abril y mayo eran inmediatamente invertidos para mejoras de la casa, compras de herramientas, bidones de aceite, alambradas y ropa. A medida en que la economía del algodón continúa su declive anual, una porción cada vez mayor de la inversión se destina a la escolarización de los niños, y en enviarlos en búsqueda de trabajo, en Asunción o en el extranjero. El libro de Gudeman y Rivera, junto con otras obras de Gudeman más formalistas sobre la economía de base (2001; 2008), provee excelentes herramientas para la comprensión de la economía campesina paraguaya. Pero las conclusiones a las cuales llegan socavan el significado histórico de lo que han encontrado. La homología entre su propio modelo y el modelo económico del siglo XVIII es interesante, pero al concentrarse únicamente en esa, los autores hacen un atajo a través de la historia independiente de Colombia y terminan proveyendo una economía de la “población rural” o “gente de campo” que es profundamente ahistórica y apolítica. En su intento de interrumpir la marginalización del pensamiento económico campesino, ellos reconocen su complejidad y coherencia, pero lo relegan al pasado distante al sugerir que “lo que ahora está al margen fue alguna vez fuente de ideas para el centro” (17). La temporalidad concedida a los campesinos en este modelo es no “tradicional” en el sentido valorizado de lo indígena, sino es simplemente anacrónica, perteneciente al pasado intelectual del occidente. Su análisis de ninguna manera trata al pensamiento campesino como contemporáneo o potencialmente simétrico con los otros tipos de economías que se oponen a ella. Más sorprendente aun resulta el hecho de que el libro nunca menciona las múltiples reformas agrarias o la larga y violenta historia de lucha por la tierra como una posible fuente de ideología campesina sobre la tierra8. 112 Capítulo Tres

Mi análisis tiene metas distintas a las de Gudeman, y la imagen del pensamiento económico campesino que intento presentar es la de un pensamiento dinámico y polémico, producto del populismo de los años sesenta, como de cualquier tradición más antigua. Lo que esto sugiere es que la relación entre una economía de base y una economía de mercado más “actual” es mucho más variable y politizada de lo que Gudeman permite. El proyecto de Gudeman (especialmente 2008) es encontrar la economía de base en una tensión particular entre una comunidad integrada y un mercado abstracto (evocando los ecos de Karl Polanyi, 1944). Yo no cuestiono este argumento, pero en mi análisis, los términos como mercado, base y comunidad no tienen un sentido fijo. Son un lenguaje disponible, adoptado de forma coyuntural para la lucha económica. Por lo tanto, podrían fácilmente ser utilizados al revés o para una lucha diferente. Por supuesto que, dado otro marco analítico, el mercado es una especie de comunidad, así como las propias comunidades y “la base” son abstracciones. En vez de ver al mercado y a la comunidad como pares en una negociación polanyiana, las veo como un lenguaje analítico en que los mismos actores políticos y económicos se posicionan en relación el uno con el otro. Yo sostengo que la forma en que se utiliza la palabra base en Paraguay, independientemente a sus similitudes con la economía del siglo XVIII, es en esencia una expresión de las teorías de desarrollo de la Guerra Fría promovidas por el gobierno de Stroessner, que los campesinos ahora adoptan como una crítica contra los proyectos de desarrollo emergentes del cual se sienten excluidos. Para los campesinos, la “base” constituye no sólo un hogar, sino también el principio de la subjetividad política. En la retórica populista (y paternalista) de la Reforma Agraria la “mejora” progresiva del hogar forma parte del progreso de las personas, y principalmente de los hombres: es una lenta construcción de influencia política y reconocimiento para el campesino, anteriormente excluido de la política nacional. Así como las familias trabajan la tierra con el fin de crear cultivos y excedentes para la inversión en sus casas, también trabajan para adquirir los títulos del instituto de Reforma Agraria. Como parte de la lógica de la base, los títulos son considerados objetos materiales que los conectan como ciudadanos al Estado. La idea de que los derechos a la tierra son bienes materiales adquiridos a través del trabajo se vincula, en consecuencia, con la idea del desarrollo de la subjetividad política a través del trabajo. La propaganda colorada de la Guerra Fría era explícita en relación con esta vincuLotes Precarios 113

lación, sosteniendo que dar tierra a los campesinos implicaba otorgarles plena personería y a través de ella la posibilidad de participar en el proyecto nacional: el trabajo construía la base del hogar, creaba sujetos políticos y en última instancia, edificaba una nueva nación9. A la altura de la década de 1990, el proyecto de adquirir membrecía política a través de los derechos a la tierra se había convertido en una de las características más profundas de la identidad campesina y de la estructura de aspiraciones de jóvenes como Joel. En esto existía una concepción alternativa de la propiedad a la manejada por los transicionistas. Si estos últimos veían a la propiedad como un derecho abstracto acordado a través del registro nacional público y documentado, los campesinos veían a la propiedad, tanto como a la política en sí, como el resultado de su labor en la tierra. Este vínculo entre inversiones en la base y membrecía nacional se vuelve más claro al revisar las prácticas de tenencia de tierra en las colonias de la Reforma. La posesión de la tierra en las colonias o asentamientos se regía por el Estatuto Agrario que entró en vigencia en el año 1963 y fue modificado en el 2002, y todos los servicios relacionados con la Reforma Agraria se llevaron a cabo a través de las oficinas del IBR. Durante ese periodo, en las áreas concentradas de reasentamiento, la mayoría de los campesinos vivían y trabajaban en este tipo de colonias o en la periferia de los pequeños pueblos. Hasta hace poco casi la mayoría dependían del ciclo económico del algodón (ver Nikiphoroff, 1994). A principios del siglo XXI los campesinos de las colonias de la Región Oriental poseían la tierra de tres diferentes formas. Dependiendo de su posición en la narrativa pionera, los campesinos poseían su tierra como mejoras, derecheras o títulos. Y aunque consideraron a los títulos como la mejor forma de propiedad, las tres conformaban un espectro diferenciado en grado pero no en tipo. Para los campesinos que conocí, la mejora era la forma más fundamental de propiedad, y la base sobre la cual se construían las otras formas de propiedad.

Mejoras Cuando los campesinos hablan sobre la transferencia de tierras en las colonias, por lo general se refieren a la misma como la venta de mejoras, las mejoras introducidas en la tierra, más que de la tierra propiamente dicha. El antecedente legislativo es sencillo. Previo al Estatuto Agrario de 1963, gran parte de la tierra productiva de la 114 Capítulo Tres

Región Oriental se encontraba en manos de latifundistas que lo usaban para la extracción de baja intensidad (de maderas nobles y yerba mate) usando mano de obra indígena ocasional (ver Domínguez, 1995; Kleinpenning, 1992; Reed, 1995). El Estatuto Agrario revocó los derechos de posesión de los latifundios (llamados “improductivos”). Implícitamente también desautorizó la posibilidad de reclamos por parte de los indígenas cazadores-recolectores que vivían en los bosques con su propio sistema territorial. Los campesinos con voluntad de participar en la colonización debían tan solo encontrar tierras que no eran usadas para la agricultura y tomar posesión. Dentro de las colonias, las tierras que ya estaban siendo utilizadas sin derechos de propiedad formalizados podían ser compradas informalmente, arreglando un precio con la persona que había labrado la tierra. Lo que estaba siendo comprado por lo tanto no era la tierra en sí, sino las intervenciones humanas sobre la tierra, incluyendo los desmontes, las estructuras, los pozos y los jardines, es decir, las mejoras. En los primeros años de las colonias, los hombres jóvenes encontraban parcelas que mejoraban y luego vendían, ganándose la vida itinerante cortando el monte y vendiendo la leña para después continuar buscando nuevas parcelas de tierra y seguir vendiendo las mejoras a una nueva ola de asentados. Tekojoja, una colonia construida por pioneros en 1975, oficialmente expropiada por el Estado dos años después, casi no tenía descendientes de aquellos primeros pioneros. Además de un puñado de familias de origen, el grupo más antiguo de colonos es parte de la segunda o tercera ola de asentados, familias que compraron las mejoras en los años entre 1977 y 1979 de los jóvenes que hicieron poco más que cortar árboles con hachas. La tala constituía su estaca y esto fue lo que vendieron a los demás10. En estos casos no existía ninguna formalidad en el intercambio, salvo en raras ocasiones en donde ambas partes firmaban un papel arrancado de un cuadernito de escuela. En general bastaba un apretón de manos para cerrar el trato, y la transferencia se hacía arriero porte, el equivalente guaraní de un “acuerdo entre caballeros”, una transacción consensual que no requiere formalización.

Derecheras Aunque se lo denominaba “Reforma Agraria”, solo una pequeña parte de la repoblación autorizada por el Estatuto Agrario era realmente coordinado por el Estado (ver Sánchez González, 1997; Vázquez, Lotes Precarios 115

2006). Desde sus inicios, el rol principal del IBR fue de proporcionar reconocimiento estatal a los asentamientos establecidos “espontáneamente” por los pioneros, y luego de construir oficinas locales donde medían las parcelas y en ocasiones ayudaban con la comercialización de madera y algodón (además esta “ayuda” permitía al Estado extraer ganancias de la actividad pionera). Dado que toda tierra era previamente reclamada, el reconocimiento estatal del nuevo asentamiento dependía de una expropiación por decreto, o de la compra directa al dueño. Colonias como Tekojoja eran burocráticamente simples en ese sentido. El dueño de la tierra era un colorado de alto rango quien quería vender su tierra y fácilmente llegó a un acuerdo con el IBR. Así que cuando los campesinos que vivían en las afueras de una colonia mennonita avisaron al IBR sobre sus intenciones de iniciar ahí una colonia, el proceso sólo tomó dos años. El pago simplemente tenía que ser transferido de las arcas del Estado al propietario, y así el IBR podía comenzar la formalización de la colonia. Muchas colonias permanecían extraoficiales años y décadas después de ser asentadas, siempre debido a razones políticas. En algunos casos, un latifundista vinculado al Partido Colorado podía estar pidiendo un precio demasiado alto e impidiendo la expropiación. En otros, la tierra ya se encontraba con trabas judiciales por haber sido reclamado por varios dueños, imposibilitando la transferencia al IBR. A la mayoría de las colonias se les permitió alimentar la esperanza de que el problema simplemente se resolvería por sí mismo, y en algunos de los casos incluso se llegaron a establecer oficinas donde se medían los terrenos y se comenzaban a aceptar pagos por las parcelas antes de que las mismas estuvieran técnicamente habilitadas para la venta (este fue el caso de dos de las siete comunidades que estudié). La presencia del IBR en cualquiera de estas comunidades suscitaba el sentido de que aunque sea muy lento, el proceso de expropiación y redistribución de la tierra era la conclusión inevitable. Con este sistema, la Reforma Agraria estableció una línea muy débil entre “ocupación de tierra” y el reasentamiento organizado en tierras improductivas, dejando así tácitamente a criterio de los campesinos juzgar qué tierras podrían ser expropiadas. A menudo el proceso era antagónico y algunas organizaciones de los terratenientes (especialmente la rama conservadora de la Asociación Rural del Paraguay) se opusieron a la Reforma en sí como violación de la 116 Capítulo Tres

propiedad privada . Pero al principio del proceso la mayor parte de las tierras eran propiedad de compañías extranjeras con muy poco interés en las mismas y pocos vínculos con el poder político en Paraguay. Por lo tanto, muchas de las ocupaciones de tierra llevaban de una manera relativamente ágil a la expropiación y asentamiento12. Si bien una colonia podía permanecer extraoficial durante varios años, una vez que las familias se empezaran a asentar en sus lotes y la colonia empezara a ser más permanente, la venta de mejoras generalmente disminuía. El segundo paso del asentamiento era solicitar el reconocimiento estatal de las propiedades, tanto individual como colectivamente. El procedimiento estándar para el IBR era hacer mediciones de la colonia y las rutas que los habitantes hubieran arado, para luego emitir “permisos de ocupación” a los solicitantes, los cuales no eran transferibles. El Estatuto Agrario restringía quiénes podían solicitar estos permisos: debían ser de nacionalidad paraguaya, agricultores (es decir, que vivían de la agricultura) y no poseer tierra. Además, no podían solicitar una parcela si ya se les había concedido alguna o si la habían abandonado. También había restricciones y prohibición absoluta de comprar o vender los permisos. Sin embargo, estas reglas no fueron aplicadas de ninguna forma hasta los años 90. Los derechos concedidos a través de esta interacción con el IBR eran llamados coloquialmente derecheras, una palabra que hasta hace poco no aparecía en ningún documento legal13. Campesinos y burócratas usaban el término para describir tanto los derechos como el documento en que estaban inscriptos, un formulario de una página conteniendo el nombre del ocupante y el número del lote; esta era la primera evidencia documentada de la tenencia de tierra campesina. La emisión de estos documentos podía tardar mucho, mientras la demanda campesina por ser reconocidos realizaba viajes de ida y vuelta de la oficina regional en Caaguazú a la oficina central en Asunción. Con el tiempo, los dueños recibían una hoja de papel con un número. Este papel facilitaba una nueva forma de relación entre los campesinos y el Estado, una relación que permitía el pago de cuotas anuales en época de cosecha del algodón. El permiso garantizaba el acceso campesino a una carpeta marrón que permanecía bajo domino del IBR. Estas frágiles carpetas marrones, que detallaban toda transacción realizada sobre la tierra (incluyendo la medición, disputas y pagos), también tejían un camino zigzagueado, de oficina en oficina, coleccionando recibos, notas, presillas, sellos y firmas, Lotes Precarios 117

desgastándose en su recorrido. Tanto el permiso como el contenido del sobre eran frágiles, propensos a romperse, quemarse o perderse. Sin embargo, era la conexión entre ambos y la relación que trazaban entre el solicitante y los funcionarios del IBR, que convertían la simple posesión en un hecho oficial. Vender las derecheras era técnicamente ilegal14. Pero hasta hace muy poco era, en la práctica, solo un poco más complicado que vender las mejoras. Solo se necesitaba un testigo como representante del Estado, y casi cualquiera servía de testigo, desde un escribano hasta un juez de paz local, sacerdote o director de escuela, pero preferentemente el testigo era un representante del IBR. Tal transferencia se registraba oficialmente como el caso de una persona cediendo sus derechos y otra solicitándolos. Los nuevos solicitantes debían probar que cumplían con los requisitos de beneficiarios y el proceso volvía a comenzar. Comprador y vendedor todavía sostenían que estaban comercializando mejoras pero se subentendía que al haber algún tipo de documentación, ésta otorgaba más valor a la tierra. Más sencillamente, el papel que acompañaba a la parcela era una forma de mejora, porque era la indicación material de inversiones preexistentes en el status legal de la tierra.

Títulos Una vez que se terminaba de pagar por las derecheras, los campesinos recibían el título de la tierra, pero con ciertas limitaciones. Las derecheras no transferibles se convertían en títulos que a su vez no podían ser vendidos durante diez años. La idea era fomentar el arraigo en los asentamientos y limitar al campesino su desposesión a través de la venta rápida15. Luego del periodo de diez años, el título dejaba de estar bajo la jurisdicción del Estatuto Agrario y era transferida al Código Civil, donde la transferencia ya no era restringida, y en términos legales, era una propiedad privada como cualquiera. No hay duda de que los campesinos daban gran valor a estos títulos. La mayoría los valoraba como una forma de “seguridad” contra la posibilidad de que la policía les quite la tierra y como un símbolo de sus logros. Sin embargo, no veían al título como un salto cualitativo en sus derechos. Cuando empecé a entrevistar a campesinos en el 2005, nadie hablaba sobre la forma en que un título efectivamente señalaba su transferencia de una lógica jurídica a otra y muy pocos tenían una comprensión de la relación entre Estatuto Agrario y Código Civil. 118 Capítulo Tres

Desde el punto de vista campesino, la concesión de títulos de propiedad por parte del IBR básicamente implicaba el intercambio del permiso en el sobre marrón, —que a esa altura había acumulado años de recibos, estampillas, notas y una asombrosa cantidad de grampas—por una nueva carpeta de cartulina amarilla. Los campesinos se referían tanto a derecheras como a títulos como kuatia, o “papeles”, y como hemos visto en la palabra derechera, el uso de la palabra título se refería tanto a los papeles como a los derechos que representaban. Eran documentos altamente valorados y que cumplían un rol importante en la narrativa pionera. Casi nunca vi uno de esos papeles amarillos, en parte porque constituían una excepción en las áreas en las que yo trabajaba, pero también porque las personas los guardaban como a un tesoro. Algunos jefes de familia se rehusaban a mostrarlos y aquellos que accedían a hacerlo a menudo los sacaban de maletines cerrados con llave, escondidos en el fondo de un armario. Los campesinos deseaban el título porque era una forma de “seguridad”, principalmente ante la posibilidad de que la policía les arrebate las tierras, o como un símbolo de sus logros. Quienes estaban más cerca de adquirir títulos avizoraban las posibilidades de crédito que se les abrían. La única forma de conseguir créditos para quienes tenían derecheras, era a través del Crédito Agrícola o a través de prestamistas locales que aceptaban tanto motocicletas como ganado como garantía16. El título facilitaba acceso al crédito, sin embargo muchas personas con títulos nunca contrajeron deudas, o lo hacían una vez y luego de luchar para salirse de ella se comprometían a no volver a hacerlo. El título también significaba que los campesinos estaban, en principio, liberados de su relación con el IBR y por lo tanto podían tratar solamente con el registro público, lugar donde se encontraban sus títulos, y cualquier escribano público podía ser testigo o presenciar las transacciones de acuerdo con el Código Civil. Sin embargo en la práctica esto casi nunca sucedía, ya que la oficina del IBR seguía siendo el representante del Estado más próximo y los campesinos seguían realizando la mayoría de sus encuentros oficiales a través de ellos. Además, la relación oficial entre el registro del propio IBR y el registro público no estaba clara. La moratoria de diez años para la venta llevó a confusiones generales sobre la situación y ubicación de los títulos, y muchos papeles se perdieron en el camino entre el IBR, el registro público y una segunda oficina del IBR alojada dentro del registro público. Así que mientras la obtención de títulos era considerada un objeLotes Precarios 119

tivo deseable tanto para responsables de políticas públicas como para los campesinos, éstos últimos no necesariamente consideraban que la tierra titulada fuera diferente que la tierra sin título. Una tierra con kuatia valía más que aquella sin kuatia. Una derechera acompañada por recibos de cuotas pagadas era mejor que una con un permiso de ocupación. Un título era mejor que cualquiera de las anteriores, puesto que conecta al dueño en una relación cada vez más estable con las figuras estatales. Cada uno de estos pasos era una prueba de trabajo duro y de inversiones en la base, y en virtud de esa inversión, se convierte en una apuesta más sólida a la tierra. En varias oportunidades pedí a la gente que me explique la diferencia entre comprar mejoras y comprar títulos, y todos me respondieron que los títulos eran un tipo de mejora. La diferencia era de grado y precio má s que de clase; el título era una inversión material que adquiría forma de una hoja de papel y una red formalizada con los representantes del Estado, y por lo tanto era más difícil de ser arrebatado. Que los títulos sean considerados una forma de mejora, equivalente a labrar una tierra, cavar un pozo o construir un rancho, muestra cuán efímera sigue siendo la noción de la titulación en el campo. Los campos labrados se llenan de vegetación, los pozos se entierran y los ranchos se queman. La diferencia entre las simples mejoras y los títulos es análoga (y muchas veces correlacionada) a la diferencia entre casas con piso de tierra y casas con piso de material. Que el cemento sea más seguro con relación al piso de tierra no hace que la casa sea permanente o no sea vulnerable a desastres naturales o personas caprichosas. Durante mi investigación me encontré con más campesinos que alguna vez tuvieron un título y lo perdieron, ya sea por fuego, litigios o herencias mal gestionadas, que familias que aun los conservaban. Que la mayoría de ellos probablemente hubiera podido haber solicitado y recibido una nueva copia del título, que en principio permanecía en los registros del IBR, no cambiaba la cuestión. La pérdida de la evidencia material del título se equivalía a perder por completo el título. Aunque algunos me expresaron, en abstracto, la idea de que probablemente seguían siendo sujetos de derecho, estaban tan inseguros de esto que ni siquiera querían preguntar y confirmarlo con algún funcionario por el miedo a ser desalojados. Los títulos se obtenían y mantenían con orgullo, preservados y protegidos de la misma forma en que se mantiene una casa impecable pintándola constantemente con cal. Este es un punto clave, no porque sea extraño, sino porque contradice la visión de los transicio120 Capítulo Tres

nistas, así como la lógica de la ley de propiedad expresada en el Código Civil. De hecho, invierte los principios básicos de las convenciones vigentes de la gestión de tierras. Para los campesinos, los títulos son el punto final de la propiedad, la forma a la cual uno aspira. Para los transicionistas, los productores de soja y los expertos internacionales que aconsejan al gobierno sobre administración de tierra, el título es una representación abstracta que posibilita la propiedad. Es decir, el título es el principio de la propiedad. Y cualquier cosa por debajo de esto es tan solo una forma vulgar y débil de posesión.

Propiedad Privada En el Estatuto Agrario, el documento central de la Reforma Agraria, todas estas etapas de posesión eran pasos hacia la propiedad privada. Oficialmente el IBR veía la concesión de título al final de este proceso como un mero certificado del derecho absoluto de la propiedad privada. La Reforma Agraria seguía un estándar liberal al sugerir que los títulos privados no sólo estimularían la producción económica campesina, sino también convertiría a los campesinos en ciudadanos propiamente racionales. El primer artículo del Estatuto Agrario proclamaba que el derecho a la propiedad privada sería la base de todo desarrollo rural, tanto para los avances económicos como para la incorporación del campesinado a la nación. El estatuto y el IBR fueron pensados como instituciones de transición que serían disueltas una vez que el campesinado haya adquirido la propiedad privada en forma de títulos y una vez superadas las condiciones económicas que los privaban de convertirse en miembros plenos de la nación. Sin embargo, cuarenta años más tarde la institución no había desaparecido, y el lenguaje de la propiedad privada, supuesto punto final de la Reforma, no había llegado a ser parte del proceso de la Reforma. De hecho, en el real proceso de colonización, mejoramiento y obtención de derecheras muy pocos de los beneficiarios de la Reforma pensaban en los títulos que poseían o deseaban como “propiedad privada”. En efecto, los campesinos usaban la expresión “propiedad privada” para referirse a una forma de posesión completamente diferente a la que ellos mismos aspiraban tener. Los campesinos se referían a sus tierras como cheyvy, chelote o chelote titulado pero nunca como chepropiedad. A veces hasta lo llamaban “chelote precario”, denominación cuya ironía se analizará más adelante. Aquellas personas que vivían en las colonias campesinas y Lotes Precarios 121

llamaban a su tierra “propiedad privada” eran pequeños productores que tenían una nueva concepción de sus tierras, y como consecuencia habían comenzado a llamarse a sí mismos productores en lugar de campesinos. En vez de ver a sus tierras como la “base”, lo veían como capital, una mercancía que podía ser comprada y vendida con el fin de acumular más capital y modernizar la producción. Llamarse a sí mismos productores era señalar un cambio en la visión política del futuro de la agricultura. En Tekojoja y sus alrededores había una minoría de productores. La gran mayoría seguía llamándose a sí mismo campesino, y usaba el término de propiedad privada simplemente para referirse a las grandes extensiones de tierra que estaban fuera de su alcance. Brian Turner (1993: 180-181) en una etnografía política matizada sobre las políticas rurales en otra parte de la frontera paraguaya, afirma que existían dos formas de propiedad operando en la comunidad de Minga Guazú a finales de los años ochenta. Propiedad privada significaba propiedad alienable, mientras en la forma posesiva del guaraní chelote o cheyvy se refería a la propiedad inalienable. Mi propia lectura sobre el término es bastante diferente. Hablar sobre tierra en la frontera como inalienable es de alguna manera absurdo: de hecho muchos campesinistas describen el problema de las tierras de las fronteras como un problema de excesiva movilidad, excesiva compra y venta con o sin título de propiedad17. En el 2004, unas pocas organizaciones locales (incluso la comisión vecinal de Joel) estaban intentando prohibir la venta de tierras a los agricultores sojeros, pero estas eran ideas nuevas, basadas en la comprensión de que la tierra iba escaseando en la frontera oriental y en el miedo de que las comunidades desaparecieran. Hasta entonces nadie había tenido problemas en comprar, vender o subdividir ni sus lotes ni el trabajo invertido en las tierras. Si existía algo inalienable para los campesinos, era la propiedad privada, por lo menos para un cierto tipo de personas. Propiedad privada era precisamente el nombre dado a la tierra de la que el orador estaba definitivamente excluido, podía ser negociable, pero solo en un mercado al cual los campesinos no tenían acceso. A diferencia del derecho a la tierra en las colonias, construidas sobre el trabajo campesino, la propiedad privada era una práctica excluyente respaldada por la violencia policial. Cuando pedí a varias personas que me definieran “propiedad privada”, muchos me dieron la respuesta sucinta: “Ndojeikekuaai” (No se puede entrar). 122 Capítulo Tres

El latifundio más grande en un radio de diez kilómetros de Tekojoja, el cual cambió de dueño en tres oportunidades desde el momento en que la gente se empezó a asentar en la zona, era conocido como “la propiedad privada” o sencillamente “la privada”, por los carteles que se habían instalado a lo largo de su alambrada luego del último intento de ocupación en 1990. Aquellos con quienes hablé coincidieron en que la propiedad adquirió su nombre por los carteles. Sin embargo, las versiones sobre lo sucedido después variaron. Para algunos, la propiedad era un lugar al cual nadie se atrevía a entrar durante la década del noventa por estar resguardada por un poderoso alemán con un enorme perro y por su bosque, el cual estaba atravesado por caminos que permitían a la policía entrar en busca de cazadores. Para otros, la propiedad era intocable porque el dueño empleaba a varios pobladores en su aserradero. Incluso cuando los campesinos no albergaban un deseo explícito sobre las tierras en cuestión, hablar sobre propiedad privada era reconocer la capacidad de los propietarios de excluir, ya sea a través de su clientela política local o usando la violencia policial. Por estas razones la propiedad privada casi nunca era blanco de ocupaciones. Por lo contrario, las tierras sujetas a ocupaciones se calificaban como tierra ociosa o tierra fiscal (usando las palabras del Estatuto Agrario). Para el año 2004 la relación de los campesinos con la propiedad privada estaba en plena transformación. A modo de ejemplo, la propiedad privada podía fácilmente convertirse en “tierra malhabida”, o sea que a pesar de ser tierra fiscal, era ilegítimamente reclamada por un particular. De hecho, desde que “la privada” había sido comprada en el año 2002 por un joven mennonita que vivía lejos de Vaquería y que daba muy poco trabajo a campesinos, había rumores de que esa también era tierra malhabida, o que tenía algún excedente fiscal. Pero quizá el signo más llamativo de este cambio cultural, este nuevo sentido de propiedad privada, era el éxito de la canción “Propiedad Privada”, un puraheijaheo o canción de lamento en guaraní. La canción fue escrita por Cecilo Mareco e interpretada originalmente por una banda llamada Odilio Román y los Románticos, y fue interpretada repetidamente a lo largo de los próximos dos años, mientras seguía siendo la canción más escuchada en las radios nacionales. La letra se basaba en una metáfora patriarcal, comparando la tierra perdida con el amor perdido, ofreciendo de esta manera un consejo sobre el conflicto de la tierra en el interior del país.

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Propiedad Privada Propiedad Privada nimboraka’e la che ahayhuva Aikuaami’ re chemba’e roguaicha amokunu’u Chupente ahayhuva, ambojerovia iporãvehaicha Mamoiko aimo’ãta ijaratee oguerekoha Coro: Mba’eiko ajapota, mamoiko ahata, che yvoty ahayhuva, oumi hagua, Ku ka’aruetevo, aha’arõiteva, aikuaa porãha, mba’eahenoha Ko’aga aikuama mba’epa ovale propiedad privada Naimo’ãietene pe ahayhueteva che hegui oipe’a Cheaño apyta ajeplaguea, ku tyre’ymicha, mba’erepa peicha ha’e ndavy’aigui añekonsola. Agui añeha’ata ama’eporã pe cheraperare Anive haguama propieda privadape aju aikeve Porque ambyasy, añerepenti cherembiapokuere Nachepohãveima, japerdetema, ahayhuva che Propiedad Privada Había sido que la que amaba era propiedad privada Sin saberlo la mimaba como si fuese mía Amando solo a ella, lo hice todo para que me aprecie, Sin pensar que tenía otro dueño. Coro: ¿Qué voy a hacer, hacia donde puedo irme, para que mi flor vuelva? Espero y anhelo por la tarde, sabiendo que está con otro. Ahora conozco bien cuánto vale la propiedad privada Ni me imaginaba que se me podría quitar la que amaba tanto Me quede solo, llorando como un huérfano Para consolarme me pregunto: ¿cómo puede ser? Ahora me quedaré por el buen camino No volveré a entrar en la propiedad privada Pero lo siento y arrepiento lo que hice (mi trabajo) No me queda remedio, perdí lo que amo.18

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El purahéi jahe´ó es cantado casi exclusivamente por hombres. A pesar de eso, como el guaraní carece de género en tercera persona y porque el orador pocas veces necesita usar pronombres, el objeto en la mayoría de las canciones es indirecto. Lo que yo he traducido aquí como “ella” es en realidad mejor interpretado indirectamente como “lo o la que yo amaba” (ahayhuva). Las referencias indirectas funcionan en la canción como la cosificación patriarcal de la mujer en cuestión, pero también potencian la metáfora de la tenencia de tierra, lo que explica gran parte del atractivo de la canción. La canción trata tanto sobre el amor perdido como sobre el cambio de regímenes de propiedad en el Paraguay. A pesar de que está claro que el objeto de los afectos del cantante es una mujer, hay un solo momento en toda canción donde esto necesariamente es así y es cuando se refiere a ella como una “flor”, metáfora común para referirse a la novia. El guaraní popular está salpicado con palabras prestadas del español. La pronunciación de las palabras y su integración en la gramática marca a algunas de ellas como préstamos. Mientras palabras como ajeno, valer, plaguear y repetir en esta canción son claramente palabras del español, son formas comunes usadas en discursos estándares en guaraní y no son inmediatamente reconocidas por el orador como préstamos19. El término propiedad privada sin embargo, pronunciado como debe ser en español es distinguido como un sustantivo, y el impulso narrativo de la canción es sobre aprender el “valor” de este concepto ajeno. El concepto aparece como una fuerza poderosa que toma al protagonista por sorpresa, seguido por un lenguaje figurado común de canciones e historias campesinas. La canción no habla de vencer o superar esta nueva realidad, sino de aprender a aceptarla. Al final, no es la pérdida de la mujer/tierra lo que el cantante lamenta en la última frase, sino su trabajo (tembiapo), la inversión de su labor. Al perder su trabajo, aprende la lección de no “entrar” (aike) a la propiedad privada. Además de la obvia connotación sexual de “entrar”, aike es un verbo usado eufemísticamente para hablar de ocupaciones de tierra, como en “entrar a la propiedad privada”, y el verbo clave que se utiliza para describir la propiedad privada en la frase ndojeikekuaai (no se puede entrar). El sentido de injusticia del cantante sobre la inhabilidad de entrar permanece en las melodramáticas líneas finales20. Propiedad privada en esta canción y en otros usos comunes que escuché en el campo era tanto un robo potencial del valor del trabajo como una relación de exclusión espacial.

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LA TRINCHERA DE LA ANTIPRIVATIZACIÓN Existen dos diferentes formas de propiedad en la frontera agrícola del Paraguay. Por un lado está la propiedad campesina, conceptualizada como tres tipos distintos de mejoras, y por otro lado está la propiedad privada, una forma de alienación a la cual los campesinos no tienen acceso. La soja puso de manifiesto estas diferencias. La expansión de la frontera agrícola creada por el Estatuto Agrario en 1963 se desaceleró durante los años ochenta y noventa, y para el nuevo milenio casi se detuvo. Nuevas colonias campesinas seguían surgiendo y estableciéndose pero fueron conquistas difíciles, de tierras pobres. Mientras tanto, la floreciente industria de la soja comenzó a apoderarse de las colonias campesinas en los años ochenta, acelerando los pasos en los años 1990 y 2000 (ver Nickson, 1981; Souchaud, 2002; Fogel y Riquelme, 2005). En las áreas donde estas dos fronteras se cruzaban se podía ver una clara distinción entre dos territorios. Al oeste se encontraban las pequeñas explotaciones restantes, características de la agricultura campesina, campos mixtos y árboles frutales con grandes extensiones reservadas para el algodón, el maíz, la mandioca y otros cultivos comerciales. La propiedad de la tierra en estas áreas seguía siendo regida por el IBR a través de sus oficinas distritales y bajo los términos establecidos por el Estatuto Agrario. Al este se encontraban explotaciones de 50 a 50.000 hectáreas, sin árboles, mecanizadas y cubiertas rotativamente de soja, maíz y trigo, cuyos dueños eran en su mayoría inmigrantes brasileños. La tenencia de estas tierras rara vez caía bajo los auspicios del IBR; en su lugar, se regía por las leyes de propiedad general establecidas en el Código Civil paraguayo. La división era así de rígida raras veces, pero en comunidades como 8 de Diciembre donde Joel se crio, y Tekojoja donde se mudó después, se había radicalizado, generando trincheras y desencadenando una guerra entre los defensores de ambos modelos. Entre los años 2002 y 2006 cientos de campesinos de Tekojoja que pertenecían al Movimiento Agrario y Popular se vieron envueltos en una violenta lucha con un grupo de sojeros brasileños de la comunidad vecina de Santa Clara. El objetivo a corto plazo era bastante simple: ambos grupos estaban tratando de controlar más o menos 200 hectáreas de tierras cultivables, divididas en diez parcelas dispersas a lo largo del asentamiento. Pero a pesar de lo relativamente pequeña que era el área a disputar—conflictos simi126 Capítulo Tres

lares por mucha más tierra han sucedido a lo largo de la historia en Paraguay—ambos lados lograron reclutar aliados de alto perfil: políticos, abogados, organizaciones y medios de comunicación, los cuales vieron en esta lucha un símbolo de los cambios fundamentales que estaban sucediendo en la sociedad paraguaya. Lo que convirtió al conflicto de Tekojoja en un caso tan importante, y lo que lo convirtió en una lucha en contra de la privatización per se, es que fue uno de los primeros conflictos de mucha visibilidad ocurrido al interior de una colonia del IBR. La frontera agrícola, como cualquier otra frontera, fue siempre un lugar bastante conflictivo. Pero los campesinos fueron protagonistas de la expansión: la violencia estuvo dirigida externamente en el momento de conquistar más tierra. Los conflictos al interior de las colonias eran raros y pequeños debido a que el ala sin tierra de las organizaciones campesinas se centraba siempre en la creación de nuevas colonias en otras partes, en buscar tierras estatales o en la ocupación de grandes latifundios. Tekojoja se encontraba en el medio de una red constituida por este tipo de colonias, la cual se extendía a 80 kilómetros a la redonda aproximadamente. Estas tierras habían estado cubiertas casi en su mayoría de bosque Atlántico hasta el año 1975. Hasta hace relativamente poco esta zona había sido bastante tranquila. La gente temía a las víboras, a los jaguares y a los bandidos que se aprovechaban de la gente de la zona, pero tenían pocas razones para pelear entre sí por tierras. Entre campesinos regía un respeto recíproco a la posesión de mejoras, estén o no formalizadas como títulos. En Tekojoja, la privatización se refería a la aparición de un nuevo tipo de compradores de tierra. De acuerdo con la versión de los campesinos, el conflicto se inició en el año 2002 cuando un grupo de diez brasileños, dirigidos por un hombre llamado Ademir Opperman, comenzó a comprar tierra en la colonia. Los brasileños ya poseían tierras en Santa Clara, comunidad separada de Tekojoja por un pequeño arroyo, y buscaban expandir sus cultivos de soja luego de la abundante cosecha del año 2001. Aparecieron buscando lotes en venta y pronto se encontraron con diez familias que se estaban mudando del lugar. Una de ellas tenía título, el resto tenía derecheras en diferentes etapas de pago. Los brasileños compraron todos estos derechos, validándolos a través de los representantes locales del IBR o en el juzgado de paz local. Luego solicitaron y obtuvieron permisos de ocupación del IBR y comenzaron a pagar los lotes lo antes posible a fin de convertirlos en títulos. Lotes Precarios 127

Como ya he mencionado, éstas transferencias eran comunes aunque técnicamente, ilegales. Lo que hacía de éste un caso diferente fue que un grupo de campesinos sin tierra de las colonias vecinas objetaron las ventas. El grupo fue convocado por el dirigente campesino local, Jorge Galeano, cuya idea era detener la transferencia. Cerca de 150 mujeres y hombres jóvenes, la mayoría en busca de su propia tierra, decidieron trasladarse a los lotes en disputa a fin de prevenir que la transferencia se realice21. Su temor era que la producción sojera invadiera a toda la comunidad, incluyendo a los minifundios, tal como había ocurrido en otras comunidades al este como Santa Clara, Parirí, Yvypyta y San Roque. En cada uno de estos lugares, los productores de soja habían llegado ofreciendo precios de mercado por las tierras, precios que superaban hasta 30 veces lo que los campesinos podían recibir de otros campesinos en el mercado de tierra controlado por el Estatuto Agrario22. Muchas familias buscaban la forma de salir del campo y fueron fácilmente convencidos de vender sus lotes después de escuchar estas ofertas23. Con los productores de soja establecidos, los vecinos se encontraban bajo gran presión de vender sus tierras, puesto que el uso no regulado de plaguicidas durante la época de la soja hacía prácticamente imposible la vida en la comunidad. En muchos lugares la contaminación del aire y el agua fue suplantada por intimidación y violencia directa hasta que todos los pobladores abandonaron la comunidad. Este es un proceso de colonización agrícola bastante conocido en la historia de las Américas, en la cual olas de pioneros que fueron progresivamente desplazados por formas más concentradas de agricultura capitalista (p.e. Foweraker, 1981). En esta narrativa la privatización puede parecer simplemente como el nombre dado a un inevitable proceso de formalización legal de tierras fronterizas, y Tekojoja pudo haber sido una mera nota al pie en la rápida y desagradable transformación del paisaje en la región. Pero Jorge y sus seguidores sostenían que Tekojoja era una trinchera entre dos culturas, basadas en distintos sistemas de conocimiento económico, la cual debería ser sostenida. Jorge y su grupo, solicitaron al IBR reconocer que los brasileños no tenían derecho sobre la tierra y pidieron que los lotes se concedieran a campesinos sin tierra. Siguiendo los procedimientos estándares para pedir la expropiación, entraron en las tierras disputadas y comenzaron a construir un campamento. Cuando conocí a Jorge y sus compañeros en el 2003, las carpas y ranchos del grupo habían sido recientemente quemados, por lo cual estaban acampando 128 Capítulo Tres

en carpas precarias, en el jardín de un vecino solidario. Se quedaron ahí esperando a que el IBR tomara una decisión. Mientras tanto, los tractores de los sojeros trabajaban diariamente en desmontar los árboles frutales de los campos, que hasta entonces servía a los campesinos como fuente de alimentación. El IBR finalmente dictaminó que los permisos de ocupación otorgados a los sojeros eran ilegales. Los mismos fueron revocados y nuevos permisos fueron concedidos a las familias campesinas que estaban en las carpas. Los brasileños, con ayuda de abogados de Asunción, apelaron la decisión de prohibición temporal de innovar (“innovaciones” es el término legal para indicar las mejoras) de la Corte Suprema de Justicia, decisión que atañía a ambas partes. Esto significaba que ni los campesinos ni los brasileños podían cultivar la tierra durante el proceso judicial, el cual probablemente duraría varios años. Los campesinos, que para ese entonces vivían de esas tierras, alimentándose de los productos de sus chacras, consideraron absurda la prohibición, por lo que continuaron construyendo y cultivando en los lotes, violando la disposición. A lo largo de los siguientes tres años, en la medida en que el caso arribaba a la Corte Suprema de Justicia, los sojeros lograron, en tres diferentes ocasiones, convencer a la policía de desalojar a los campesinos del lugar, quemar sus casas y destruir sus cultivos. Muchos de los que inicialmente participaron en la ocupación, llegaron a abandonar la lucha bajo amenazas y ataques, y fueron a otros lugares a buscar tierra. Estos fueron reemplazados por otros, como Joel, a quien la lucha le había parecido inspiradora y quería unirse. No todos los que vivían en Tekojoja apoyaban a la causa de los sin tierra. Muchos de los viejos pobladores tenían relaciones familiares o económicas con los sojeros de la comunidad vecina y algunos alquilaban parte de sus tierras para el cultivo de soja. Incluso el sacerdote de Vaquería había establecido una cooperativa, lo que facilitó a los pequeños productores el acceso a créditos y maquinarias para plantar soja, con esto, algunos campesinos comenzaron a incursionar ellos mismos en el rubro. Los sojeros utilizaban su dinero en la zona, y por lo tanto eran queridos por los políticos colorados, así como por los comerciantes, los especuladores de bienes inmuebles, los mecánicos y los dueños de surtidores que vivían sobre la ruta principal que unía Tekojoja a Vaquería. Sin embargo, cuando el campamento de los nuevos asentados fue destruido, cientos de personas acudieron a ayudar a los ocupantes ilegales de la manera que podían. Las famiLotes Precarios 129

lias que permanecieron en el campamento, simplemente trataron de aferrarse a lo que tenían y mantener un ojo abierto, atentos a nuevos ataques. Jorge y otros dos dirigentes locales hacían la mayor parte del trabajo burocrático, viajando entre Tekojoja y Asunción, organizando ayuda de abogados y otras personas que pudieran ejercer presión ante la Corte Suprema para la resolución del caso, a la par que formulaban sus propias quejas acerca de la violencia que se cometía en su contra. Y aunque no tuvieron éxito en direccionar estas quejas, lograron generar suficiente polémica como para que diversas entidades tomen distancia de Opperman y los brasileños. Primero fueron los representantes del IBR, seguidos por el abogado distrital y finalmente la policía local, que se negó a realizar otros desalojos. Una fría mañana de junio en el 2005 la situación llegó a su cúspide cuando por un evento coyuntural, la balanza fue desplazada a favor de los campesinos. Opperman había convencido a Nelly Varela, una fiscala regional basada en la ciudad de Coronel Oviedo, de llevar a cabo un tercer desalojo de los campesinos. Dos camionadas de “cascos azules” (policías antimotines) se hicieron presentes a las cinco de la mañana y empezaron a sacar a los pobladores de sus camas. Cargaron los camiones con más de un centenar de campesinos, incluyendo a Joel y su esposa (que en ese momento estaba en su octavo mes de embarazo), y los llevaron presos mientras que la pandilla de Opperman tomó por asalto la comunidad, destruyendo las casas de los ocupantes con tractores y prendiéndoles fuego. Luego, cuando los sojeros se alejaban de la comunidad por uno de los caminos principales, se encontraron con un grupo de unos cincuenta campesinos en uno de los lotes en disputa. Algunos de los que estaban allí se había escondido durante el desalojo y otros se habían reunido en solidaridad para discutir cómo reaccionar ante la situación. Cuando Opperman y sus séquitos pasaron al lado del grupo, abrieron fuego contra los campesinos matando a dos hombres e hiriendo gravemente a un tercero. Los asesinatos de dirigentes campesinos en Paraguay no eran inusuales, pero Jorge era un dirigente conocedor de los medios y unas cuantas horas después de los disparos, la noticia del hecho había alcanzado el circuito de radios locales y asuncenas. A la mañana siguiente, el primer periódico que se hizo eco de la noticia, ABC Color, la presentó como una confrontación armada entre sojeros y campesinos24. Lo único que impidió que esta historia no sea tratada como tantas otras fue que yo había estado presente y había tomado fotografías, las cuales demostraban que los campesinos estaban desarmados 130 Capítulo Tres

cuando sufrieron el ataque. Esa misma noche, alrededor de la fogata, los campesinos me solicitaron divulgar las fotos a los medios de prensa. Dos días después, cuando las fotos llegaron a ser tapa del diario Última Hora, la opinión pública se tornó en contra de los sojeros y debilitó su posición legal25. Esto estableció el escenario para un proceso que derivaría en la resolución de la Corte Suprema de Justicia a favor de los reclamos campesinos por la tierra26. Fue una victoria poco usual para los campesinos y algunos de sus detalles son muy reveladores de un sistema que en su base sigue trabajando en contra de los mismos. El fallo de la Corte a su favor llegó con una importante advertencia. De los diez lotes en cuestión los campesinos ganaron nueve; perdieron el lote que ya había sido titulado por el IBR, un año antes de ser vendido al productor sojero. La Corte confirmó la no transferibilidad de las derecheras pero decidió permitir que sea vendido el título, aunque técnicamente esto significaba violar la moratoria de diez años que rige sobre cualquier transferencia de un título del IBR. En otras palabras, escogieron considerar el título como propiedad privada y en consecuencia, las transacciones del mismo estarían regidas por el Código Civil. Cualquier restricción puesta sobre el título por parte del IBR sería considerado irrelevante. La Corte trasladó la tierra de un régimen jurídico a otro a fin de otorgarlo a los productores sojeros y usaron el título para hacerlo. Aunque había oído sobre privatización durante meses por parte de los campesinos, esta fue la primera vez que escuchaba a la gente hablar sobre los títulos de propiedad mismos como herramientas de privatización, una suerte de trampa documental que permitía quitarles la tierra sobre la cual habían invertido tanto trabajo. En Tekojoja la gente sugirió que los títulos podían ser usados como herramientas que podían destruir tanto al IBR como al proyecto mismo de construcción nacional del cual todos se consideraban partícipes. En resumen, los títulos ahora eran vistos como una amenaza a lo que quedaba del sustento institucional de los campesinos en el Estado. Tanto que al año siguiente, los campesinos hasta llegaron a oponerse al proyecto de ley que les hubiera permitido intercambiar libremente sus derecheras por títulos gratuitos, algo que hasta ese momento les hubiera sido muy atractivo27. Ese repentino cambio en la política de los campesinos, que pasó de buscar a temer a los títulos, no es mera casualidad coyuntural, sino es síntoma de una prolongada tensión en el pensamiento liberal sobre la relación entre la propiedad, la ley y la ciudadanía. A fin Lotes Precarios 131

de ilustrarlo, voy a trazar un breve paralelo con una de las narrativas fundamentales de la propiedad privada de John Locke, el filósofo inglés del siglo XVII. Locke consideraba que “en los inicios” y en las nuevas fronteras, el hombre podía, razonablemente, apropiarse de aquellos elementos de la naturaleza que podía perfeccionar con su propia labor. Veía, como un principio de derecho natural, que la propiedad se prolongaba como una extensión del cuerpo del dueño hacia la tierra sobre la que trabajaba (ver Radin, 1993). Sin embargo, Locke vio que esta forma de apropiación era en última instancia limitada y tendiente a generar conflictos en la medida en que las personas se multiplicaran y los recursos escasearan. Este conflicto fue el motivo para la creación de los títulos de propiedad, una institución creada por contrato para el mutuo beneficio de todas las partes contratantes. Una vez que los títulos entraron en vigor, la labor en sí misma no era suficiente para justificar la apropiación de un recurso y la propiedad se convirtió en un derecho abstracto tácitamente acordado por miembros de la sociedad. Al igual que otras narrativas sobre los contratos (ver Pateman, 1988; Rose, 1994), la historia que funda la comprensión lockeana sobre propiedad cuenta el nacimiento de la civilización en el momento mismo de la fundación de una abstracción consensual. Locke relata una revolución repentina en la cual las relaciones humanas, gobernadas por su relación con las cosas materiales a través de la labor, se convierten en relaciones gobernadas por un orden superior llamado contrato social. Mi propuesta aquí no es tomar la visión lockeana de abstracción como una premisa analítica, sino más bien mostrar que en Paraguay, la lucha sobre la propiedad está saturada de este lenguaje lockeano. Dicho de otro modo, las personas de ambos lados se sienten interpeladas a entender su problema como una parte de la relación entre lo real y lo abstracto. Para los burócratas, los productores de soja y los reformistas, la invocación de códigos y de la eficiencia implica la superioridad de lo abstracto sobre lo material, mientras que la invocación campesina de mejoras y su insistencia sobre los derechos como kuatia, o papeles, sugiere que las abstracciones siguen siendo resultado de procesos materiales. Más sencillamente, el lenguaje de contención, disputa o lucha dentro del cual se articulan estas posiciones, se inscribe dentro de nociones liberales de larga data sobre la propiedad que formaron la base de la Reforma Agraria y de los proyectos y políticas que le sucedieron28. La narrativa lockeana se refunda constantemente a lo largo de 132 Capítulo Tres

todas las propuestas tanto a favor como en contra de la Reforma Agraria, con proponentes y opositores arguyendo que para que el Paraguay se vuelva totalmente moderno (al estilo de las democracias occidentales), el Estado debe crear instituciones que sustituyan las relaciones materiales y permitan que la gobernanza sea conducida a nivel de representaciones abstractas de derechos de tenencia (los títulos) y contratos legales. Los primeros reformistas de los años sesenta equiparaban el desarrollo campesino con el logro de títulos, sugiriendo que la titulación indicaba la incorporación del campesino a la nación moderna. Los detractores de la Reforma Agraria de la Posguerra Fría sugerían que la compleja burocracia del IBR mantenía al campesino en un estado pre moderno y que sólo mejorando la documentación de la propiedad se podría lograr un verdadero progreso de la agricultura paraguaya29. La diferencia entre estas dos posiciones es dónde ubican la fisura de representación en relación al presente. Para los reformistas originales, la formalización completa del código legal aun tenía que ser alcanzada y se alentaba a los campesinos a mejorar las tierras en la frontera agrícola como una forma de crear una nación moderna en la cual eventualmente participarían. Aquellos que ahora intentan revocar la Reforma Agraria ven al Código Civil como un hecho consumado contractual y aquellos que aun se aferran a la materialidad de los derechos de propiedad, lo ven como un molesto recordatorio del fracaso de la Reforma Agraria y de la faceta no tan moderna del Paraguay. Las consecuencias de esta diferencia se encuentran en cómo los reformistas y sus detractores definen los límites de lo social. Porque en realidad los contratos sociales se construyen no en base a la repentina emergencia del consenso, sino en base a la violencia de la exclusión constitutiva30. Como un apartado de esta discusión, Locke, en el Segundo tratado sobre el gobierno civil (1963), usa el ejemplo del continente americano. “Más con todo existen todavía grandes extensiones de tierras no descubiertas, cuyos habitantes, por no haberse unido al resto de la humanidad en el consentimiento del uso de su moneda común, dejaron sin cultivar, y en mayor abundancia que las gentes que en ella moran o utilizarlas puedan, y así siguen tenidas en común” (Locke, 1963: 341). En otras palabras, algunos usos de la tierra se equivalían a un desperdicio, porque los habitantes de esas tierras no se habían adscrito al orden legal establecido por “la humanidad”. La apertura de la frontera agrícola en los años sesenta tenía como meta la fundación de una nueva nación que poco a poco sería Lotes Precarios 133

construida por la labor campesina. En retrospectiva, no resulta difícil ver las exclusiones de aquel proyecto, que eran similares a las exclusiones implícitas en la visión lockeana sobre la frontera americana, considerada “vacía”31. Los indígenas que habitaban la boscosa frontera oriental del Paraguay eran sencillamente considerados inexistentes por el Estado y por los campesinos. Fueron desposeídos de todo y, hasta finales de los años setenta, no tenían ningún recurso para evitar ser cazados y masacrados a lo largo de la frontera (ver Arens, 1976; Reed, 1995). Pero la nueva contrarreforma también tiene sus exclusiones. En la reconfiguración de la legislación y el territorio son los campesinos que se encuentran por fuera de la esfera social determinada por el Código Civil. Y así como el Estatuto Agrario nunca fue explícito en sus exclusiones, así también uno debe saber leer entre líneas para ver cómo los campesinos ahora caen fuera del Código Civil. El conflicto entre el disminuido Estatuto Agrario y el Código Civil en ascenso se hacía palpable en varios encuentros burocráticos que pude acompañar. En particular lo fue en un intercambio entre Jorge, el dirigente campesino de Tekojoja, y Lourdes, una burócrata de alto rango del IBR en Caaguazú. El intercambio ocurrió justo después de anunciarse el fallo de la corte en el caso de Tekojoja, y como solía ser el caso, los ánimos ya se habían comenzado a agitar cuando Lourdes acusó a Jorge de instigar a la violencia y Jorge la acusó de corrupción. Ambos estaban discutiendo sobre el caso de Parirí, una comunidad vecina de Tekojoja en la que la soja ya abundaba. Los campesinos querían recuperar gran parte de las tierras que sabían que habían sido compradas por los sojeros como derecheras. Estaban solicitándole a Lourdes que realice una inspección de los registros de la tierra. En medio de la discusión Lourdes se dirigió a Jorge y sencillamente dijo, “No importa que la tierra haya sido comprada de forma ilegal. Si hay soja en el campo, estoy obligada por el Código Civil a tratarlo como un acto posesorio”. Conociendo muy bien esta discusión, Jorge le respondió citando de memoria diversos artículos de la ley. “No importa qué dice el Código Civil. Usted está regida por el artículo 17 del Estatuto Agrario, que dice que en las colonias nadie puede solicitar más que un lote agrícola. Dice que los lotes sólo pueden venderse a paraguayos naturalizados que no tienen tierra. Además es ilegal vender derecheras y usted sabe que el IBR está lleno de funcionarios que apoyaron estas ventas”. En este punto Lourdes recordó a Jorge que el Código Civil 134 Capítulo Tres

estaba jerárquicamente por encima del Estatuto Agrario pero no insistió sobre el punto y procedió a agendar una visita a Parirí. Posteriormente yo le pregunté a Jorge sobre esta discusión. Me confirmó que en efecto existía una contradicción legal y hasta admitió que Lourdes tenía razón con relación a qué ley tenía prioridad. “Técnicamente ella tiene razón, el Código Civil invalida al Estatuto. Siempre hablan de esta inconsistencia. Pero es incoherente. El Estatuto es su documento. ¿Cómo pueden decir que no es válido? Si sólo usamos el Código Civil, se termina la Reforma Agraria”. En efecto, el gobierno había aprobado una ley en el año 2002 (el Estatuto Agrario revisado) que contradecía un principio central de aquella redactada en 1985 (el Código Civil revisado), y había hecho pequeñas enmiendas a ambas leyes sin siquiera tocar este punto. Teniendo en cuenta que ambos cuerpos legales eran considerados como independientes uno del otro, pertenecientes a territorios diferenciados y no sujetos a los desafíos de los tribunales, esta contradicción no importaba mucho. Porque, en su mayor parte, la tierra se ubicaba o dentro de una colonia, y por tanto regida por el IBR, o afuera, y era regida por el Código Civil. En estos casos, la cuestión de la superposición legal no era pertinente. Sin embargo, en el proceso de la privatización, el Código Civil era usado para anular al IBR al interior de las colonias. Los derechos, construidos con la labor campesina, de acuerdo a un conjunto de normas, estaban siendo vendidos a otro régimen legal en el que la labor campesina previamente realizada no tenía tanto peso como los “actos de posesión” actuales. Jorge sostenía que la parte más problemática de la disputa no era la inconsistencia legal sino que los burócratas contratados para administrar una ley usaban a la otra ley a fin de justificar su propia complicidad en las fallas de la primera ley. Al profundizar más el tema, sin embargo, surgían críticas mucho más complejas hacia la forma en que se aplicaba el Código Civil.

LA MATERIALIDAD DE LOS DERECHOS La situación se resume hasta ahora en dos formas diferentes de dar cuenta de los derechos de propiedad, cada una de las cuales se asocia con territorios opuestos de una frontera agrícola en proceso de rápido cierre. Desde una de estas dos perspectivas, la propiedad está gobernada por la idea de que los derechos son un resultado progresivo de la labor humana sobre la tierra; desde la otra, la propiedad se entiende como el resultado de un reconocimiento legal en un cóLotes Precarios 135

digo abstracto. En las argumentaciones legales, como aquella entre Lourdes y Jorge, la nitidez de esta distinción parece sostenerse y uno fácilmente podría argumentar que, dada la opción, la posición de Lourdes es la más pragmática y que los campesinos sencillamente la tendrían que acatar. Esta es la visión expresa de organizaciones como el BID y el Banco Mundial, que en nombre del buen gobierno, la eficiencia del mercado y la reducción de conflictos, apoyan proyectos que convertirían a todas las derecheras en títulos que puedan ser libremente comercializados. Para ellos la cuestión no es a cuál de estos dos sistemas se debe apoyar o si ambos pueden ser sostenidos simultáneamente, sino de qué forma hacer más sencilla la transición a un sistema unificado de propiedad y, en última instancia, disolver al IBR y su forma confusa de dar cuenta de la propiedad32. La titulación rápida como solución al problema de tierra fue conocido en Asunción como la “solución de Soto” a causa de una campaña hecha por ABC color, que publicó una serie de entrevistas con el economista peruano Hernán de Soto33. De Soto (2000) es conocido por sostener que la pobreza del tercer mundo deriva de tres causas relacionadas: derechos poco claros sobre la propiedad, falta de “información” (es decir la falta de un registro transparente de todas las propiedades) y una burocracia ineficiente. La solución de de Soto es bastante seductora, y es solo la versión más simplificada de lo que se ha convertido en una política agraria ortodoxa entre los mayores prestamistas (p.e. Deininger, 2003). Es seductor porque es parsimonioso y barato, y porque saca de discusión el tema de la redistribución, ofreciendo en su lugar una “solución de mercado” a la pobreza rural. En Asunción también sirvió a los transicionistas como estrategia para tratar con problemas rurales omitidos por el IBR, una institución notablemente impenetrable para reformistas burocráticos, y para tratar con problemas que se abordaban enteramente en el catastro nacional y el registro público. Los artículos de ABC Color a favor de la solución de de Soto se publicaron en setiembre de 2004 y de nuevo en el 2005. Las ideas expresadas en ellos, eran a menudo repetidas por políticos como el senador Liberal Alfredo Luís Jaeggli y el vicepresidente de Nicanor, Luís Castiglioni. Ambos habían estado, durante años, tratando de reformar el Estatuto Agrario tras bambalinas, con el fin de disminuir la importancia del IBR, o en el mejor de los casos eliminarlo por completo. En el año 2002 lograron aprobar una reforma al Estatuto, pero para ese momento el proyecto de ley había sido tan deshecho por ase136 Capítulo Tres

sores campesinistas y senadores rurales (que favorecían el status quo de la Reforma Agraria) que permitió al IBR funcionar como siempre, con solo un cambio de nombre34. Abandonando una reforma global del Estatuto, Jaeggli y Castiglioni propusieron lo que denominaron ley de “titulación rápida”, normativa que permitiría que los campesinos de las colonias cambiaran sus derecheras por títulos, deshaciéndose implícitamente del Estatuto Agrario. El proyecto de ley de Jaeggli fue breve e iba directo al grano: cada campesino recibiría un título definitivo de su tierra, de forma gratuita y sin condiciones, con efecto inmediato. Los títulos serían otorgados por el registro público y regidos por el Código Civil35. En este tipo de proyecto se encuentra la desestimación implícita de los transicionistas hacia la forma de propiedad de los campesinos, tratándola de incoherente. Para este grupo, la propiedad campesina es una forma mestiza de propiedad, lo que llamarían lotes precarios. Lotes precarios eran tierras que no había logrado la distinción de “propiedad privada”, debido al retraso campesino, la desidia burocrática y la Reforma Agraria mal ejecutada. Sin embargo, hay otra forma de ver la relación entre estas dos posiciones, una forma que invierte por completo sus premisas. Para los campesinos, es hipócrita decir que el Código Civil es más consistente puesto que, aunque los criterios que establece para la adjudicación de propiedad son abstractos, los criterios tácitos para gestionar las abstracciones son en sí mismos materiales. La cuestión no es si el Código Civil puede proclamar más universalidad que el Estatuto Agrario, sino más bien cuál de ellos salvaguarda su jurisdicción con la violencia estatal. El Código Civil, sostienen los campesinos, no está divorciado de un contexto material que lo apuntala. Por lo contrario, la práctica jurídica de adjudicar derechos se basa en la desigualdad material, previa a la ley y no reconocida por ella. En resumen, argumentan que los burócratas y los abogados tácitamente se basan en una posición que es muy parecida a la visión campesina sobre la propiedad, pero que la envuelven en la aparente objetividad de un código abstracto. En esta versión, es la teoría de propiedad de los transicionistas la que se ve como deficiente, dado que no reconoce su propia fundación en la desigualdad material. En el Código Civil, la propiedad se adjudica sobre la base de la comunicación y el contrato y no en base a principios previos que lo caracterizaría como “derecho natural”36. El principio de la “mejora” no opera. La ausencia de cualquier título sobre una porción particular de tierra es considerada una aberración pero puede ser corregida Lotes Precarios 137

a través de la emisión de un nuevo título basado, no en la labor sino, en la comunicación. A diferencia del Estatuto Agrario, que trata a los títulos como la finalidad deseable del trabajo sobre la tierra, el Código Civil trata a todas las tierras como si ya estuvieran tituladas, ya sea formalmente o a través de un “acto posesorio”, una comunicación sobre la intención de poseer la tierra. El título no es una mejora sino un tipo ideal de señal del mercado y, en su ausencia, el Código busca otras señales (un cercado, un letrero, una ranura en un tronco, o un sojal) que pueda tomar el lugar del título. La diferencia principal es que el Código Civil asume membrecía plena en la sociedad civil. Está diseñado para funcionar como un conjunto de reglas predeterminadas de un club exclusivo que internamente determina si un acto comunicativo es legítimo. La propiedad es una cuestión de reconocimiento, tanto de la membrecía en el club como de los actos individuales de comunicación de sus miembros. Y la labor (la mejora) es una señal de posesión sólo si la “sociedad” la comprende de esta forma. Es precisamente por esto que el Código Civil no funcionaba para los campesinos antes de la Reforma Agraria y, según dicen, tampoco puede funcionar ahora. Porque si la membrecía oficial en la sociedad se supone está garantizada con ciudadanía, el éxito de la comunicación todavía está adjudicado por élites que siempre han visto al campesino, así como al indígena, como inescrutable e irracional. Para las élites, un reclamo campesino o indígena es incomprensible sin traducción, y una “mejora” no cuenta como propiedad sin ser traducido en un “acto de posesión”. Frente la ley, la comunicación campesina en sí no es transparente. Los campesinos saben que sus intentos de comunicar posesión no son tan fuertes como los intentos de los productores de soja y que, la mayoría de las veces, sus señales de posesión se descalifican sencillamente porque ellos mismos las forjaron. Las chozas, las carpas y las plantaciones de mandioca no señalan posesión con el mismo éxito que un buen campo de soja plantado en líneas rectas. Esto es, según los campesinos, la máxima hipocresía de sus oponentes políticos: es la pobreza la que los descalifica de participar en un sistema en el que lo material se supone que no cuenta37. Para ilustrar este argumento, vuelvo a Tekojoja donde estos procesos de descalificación material se pusieron al descubierto en los documentos del juzgado. Después de tres años de lucha, la vida de las familias campesinas se había saturado del lenguaje jurídico. Aunque ellos ocupaban la tierra físicamente, sus planes, sus deseos y hasta 138 Capítulo Tres

sus vidas parecían colgados de los caprichos de los jueces y abogados en las lejanas oficinas de la Corte Suprema. Todo aquello que hicieran, cada pequeña decisión o acto era capaz de afectar adversamente los resultados del juicio. En las reuniones mensuales, Jorge le aconsejaba a la gente sobre las diversas formas en que podía mejorar o empeorar su reclamo por la tierra, desde alambrar y plantar sus huertas de verduras y plantas medicinales (que mejoraba sus posibilidades), hasta evitar hablar con los políticos locales (que invariablemente las perjudicaba). El nivel en el que estas consideraciones legales habían penetrado la cotidianeidad se me hizo evidente un día cuando me encontré con un amigo en la calle de acceso a Tekojoja. “Pasá por mi rancho”, me dijo, “hay algo que quiero mostrarte”. Inmediatamente se corrigió, cambiando a un estilo lingüístico más formal. “Quiero decir mi óga (casa)”. Cuando le respondí usé la palabra rancho a fin de asegurarle que mi guaraní era lo suficientemente bueno como para haber entendido a qué se refería con ese término informal. Sin embargo resultó que esta no era la razón por la que se había corregido. “No”, dijo, “Jorge dice que es mejor no decir rancho. Dice que puede perjudicarnos en la corte. A veces me olvido. Solemos decir `mi rancho´”. Lo que preocupaba a Jorge sobre las diferentes palabras era que connotaban diferentes niveles de mejora material. Los campesinos usan la palabra rancho, frecuentemente con el diminutivo guaraní, rancho’i, para expresar la humildad de sus hogares. Los estancieros y sojeros usan la palabra para describir las viviendas temporales o secundarias. De acuerdo al argumento de Jorge, si los campesinos mismos seguían usando la palabra rancho, ésta designación podía filtrarse a los medios y los testimonios del caso y serían interpretados como una falta de seriedad en relación a la estructura de la casa. Él prefería que usen la palabra óga, el término en guaraní para vivienda, sin adherirle el diminutivo. Esta limpieza lingüística formaba parte de toda una campaña de limpieza de las propiedades, pintura de las casas, construcción de baños y de plantación de árboles en los jardines. Todas estas mejoras visuales podrían convertir los ranchos en ógas a fin de señalar una apuesta más permanente sobre la tierra. Jorge tenía buenas razones para creer que algunas palabras específicas marcarían una diferencia. Cuando le pedí un ejemplo, señaló la forma en que los brasileños y sus abogados usaban el término lote precario en los documentos jurídicos, la misma palabra que se usa para justificar a la titulación rápida. La palabra precario tiene un interesante doble sentido. Al usarla con tierra, lote o tenencia, se convierte Lotes Precarios 139

en un término jurídico que se refiere a tenencias no tituladas. Sin embargo, al usarla para describir un modo de vida, indica pobreza. El problema es que un sentido de la palabra connota a la otra y la pobreza fácilmente se convierte en una señal de ilegalidad. El término lote precario es de uso común en el Paraguay por lo menos desde los años cincuenta, cuando los enemigos del proyecto de ley del Estatuto Agrario lo usaban para ridiculizar el uso campesino de la tierra (Pastore, 1972). Hasta los años ochenta era usado principalmente por los proponentes de la Reforma que eran críticos del gobierno y sostenían que el Estado no estaba cumpliendo con su obligación de titulación y dejaba a los campesinos viviendo en un estado precario (ver Borda, 1990; Fogel, 1990; Riquelme, 2003). Sigue siendo usado constantemente por las agencias gubernamentales, ONG, expertos extranjeros de Reforma Agraria, analistas marxistas y neoliberales, abogados, policía, estancieros y hasta por los campesinos mismos, para describir tanto la extrema pobreza como la falta de títulos. En otras palabras, el lote precario es en sí mismo una evidencia de fracaso, sin especificar quien es responsable del fracaso. O el Estado ha fracasado en producir títulos y servicios rurales para sacar a los pobres de su pobreza, o, por el contrario, son los campesinos quienes han fracasado en salirse de la pobreza y en consecuencia, son incapaces de acceder a un título legal. Usando lógicas distintas para metas políticas opuestas, los dos argumentos usan al lote precario para conectar la idea de la pobreza con la ilegalidad. Se puede pelear incesantemente sobre el significado de los títulos de tierra definitivos, hasta que alguien trata de arrebatarlos. En ese momento, el título definitivo se supone debería asegurar que el Estado se posicione de ese lado de la disputa. El argumento ofrecido por los economistas durante los años 1990 y 2000, que el Estado paraguayo necesitaba emitir títulos definitivos o de lo contrario se encontraría incapaz de proteger a los pobres en las disputas por la tierra es, desde otra perspectiva, también un argumento de que el Estado no debería responsabilizarse de la protección de los derechos de aquellos que no posean títulos definitivos38. Estas son interpretaciones de sentido común, y no específicamente legales del Código Civil, pero tienen su efecto sobre los burócratas y los jueces que se pronuncian sobre los conflictos de tierra. En lugares donde una señal de posesión es suficiente para reclamar la tierra como propiedad privada, los actos asociados con los lotes precarios simplemente no son considerados señales adecuadas. Las derecheras todavía tienen peso 140 Capítulo Tres

legal en Paraguay, pero solo en el ámbito legal del Estatuto Agrario, y como este pierde credibilidad frente al Código Civil los riesgos de vivir en lotes precarios aumentan. Vivir en un lote precario ya no es una señal de un lento avance o una acusación al Estado, sino más bien una señal de no encajar con el nuevo régimen legal. Es fundamentalmente un acto de no posesión en la misma forma en que sí lo es un campo de soja nuevo. En Tekojoja, los productores de soja demostraban cuán fácil esta ambigüedad podía ser explotada en su prédica contra los campesinos. Con entusiasmo ilustraban las diferencias entre sus demandas y las “precarias” demandas de los campesinos. Contrataron a un abogado para acompañarlos al lugar y realizar una descripción de la tierra, basada supuestamente en una “inspección ocular”. Se pasaron manejando por el asentamiento una hora aproximadamente, sacando fotos y generando la siguiente descripción de los lotes en disputa: En el lote del Sr. _____ se constata la construcción de 4 (cuatro) casitas muy precarias presumiblemente (sic) construida por los demandados. Al costa (sic) de la calle se observa la instalación clandestina de energía eléctrica. Al frente de este lote, se encuentra el lote del Sr. ______, en la que se observa 3 (tres) precarias casitas, ocupadas por los demandados. Seguidamente nos constituimos en el lote del Sr. ________ donde se constata 4 (cuatro) pequeñas casas rústicas al lado del camino. En el lote del señor _____ se observa la instalación clandestina de luz eléctrica con precarios tendidos eléctricos.39 Aunque lo arriba citado está presentado como una simple descripción visual de los lotes, ya está cargado de acusaciones legales. De forma nada sorprendente, la descripción tácitamente acepta el reclamo de propiedad de los brasileños (“El lote del señor _____”). Aun más significativo, las condiciones de vida de los campesinos se presentan como un respaldo al reclamo de que están viviendo en los lotes de forma ilegal. Junto a las fotos supuestamente transparentes, las palabras precario y clandestino evocan el sentido común, compartido por las élites rurales y los profesionales de la ley, que los pobres son por definición incapaces de tener plenos derechos a la tierra.

Lotes Precarios 141

La materialidad de la representación El hecho que exista una estrecha relación entre el reconocimiento de los derechos de propiedad, el estatus de los solicitantes y la condición estética de las propiedades no debe sorprendernos. Por ejemplo, los norteamericanos invierten mucho en el arreglo del césped y la pintura de cercas, aunque estas actividades no sirven a ningún propósito excepto el de proclamar “esto es mío y me lo merezco”. Sin embargo, uno de los principios de los sistemas de titulación es el de dificultar la eliminación de los derechos de propiedad sobre la base de la clase o cualquier otro marcador de diferenciación. Cuando de Soto (2000) o Klaus Deininger (2003) o hasta Milton Friedman (Friedman y Friedman, 1962) hablan sobre la seguridad de la tenencia, están hablando de la seguridad para cualquiera. Los derechos de propiedad reconocidos solamente pueden ser revocados sobre la base de los principios del mercado o por violaciones a la ley. Por lo tanto, tener una casa pequeña no debería representar un reclamo de propiedad menos legítimo que tener una grande. Los transicionistas argumentarían que la solución de de Soto es necesaria justamente para evitar la exclusión de los pobres en la participación de la economía legal. Esclareciendo más los derechos de propiedad al representarlos en formas cada vez más reguladas y retiradas del domino material que representan, los transicionistas intentan prevenir que algunas personas tengan más derecho que otros en los conflictos de tierra por tener un estatus neo-feudal. Pero desde la perspectiva campesina existe otro problema más allá de la cuestión de la igualdad en derechos: el hecho de que la proclamada abstracción de la propiedad del Código Civil les borra directamente de la historia de derecho. Los campesinos están en desventaja en la historia basada en la riqueza material, pero están ausentes por completo en la historia de las abstracciones codificadas, registradas por el sistema formal legal. Ellos pueden haber dejado huellas endebles y personales sobre la tierra, pero han dejado muy pocas—sino ninguna—en el registro público, a las cuales ni siquiera están seguros de cómo acceder. Para los campesinos, el proceso de acceder a la ciudadanía, no tiene un fin ni debería tenerlo. Para ellos, los títulos son frágiles, sostenidos por procesos materiales y sociales que requieren un constante mantenimiento. La razón más obvia de esta visión tiene que ver con la materialidad del papel. El trabajo de perfeccionamiento de los derechos, que va de las derecheras a los títulos, envuelve una mejora 142 Capítulo Tres

en la calidad del papel en el que está escrito el derecho, un progreso que va desde las notas garabateadas, arrancadas de páginas de cuadernos de espiral, pasando por los permisos de ocupación en sobres marrones de papel madera, hasta los títulos, con carátulas hechas de una gruesa cartulina amarilla. La calidad del documento está estrechamente correlacionada con la condición de la casa. Cuando les pedí a algunos pobladores que me muestren sus documentos, muchas veces podía predecir qué tipo de título me mostrarían por la condición en que estaba guardado. Mientras que los papeles de menor valor eran sencillamente guardados en bolsas de plástico escondidas bajo los colchones, los títulos solían guardarse en portafolios cerrados y baúles de madera. La condición del guardado decía tanto de las casas y de las condiciones económicas (más o menos precarias) de los habitantes, como de su voluntad de mantener los documentos a salvo. La seguridad material de la casa en sí misma tendía a mejorar en la medida en que los papeles se perfeccionaban y la seguridad que representaba el papel mejoraba. La fragilidad material de los derechos a la tierra de los campesinos fue reforzada más que disminuida, durante el conflicto en Tekojoja, cuando las casas de los campesinos fueron quemadas durante los sucesivos desalojos. Se quemaron con mucha facilidad puesto que eran de madera y paja y, aunque todos pudieron escapar, perdieron sus documentos, incluso aquellos que precisaban para probar que tenían derecho de vivir allí. (La única casa que no tuvo el mismo destino fue una casa de ladrillos que la policía no quería destruir. Se escuchó a un oficial decir a la gente que no lo destruya porque “podría servir de comisaría” (ore comisariarã), pero también era claro que el trabajo hubiera sido mucho más difícil y hubieran violado el tácito sentido de la policía sobre qué tipos de estructuras podían destruir legítimamente.) Quienes habían perdido sus documentos también perdieron sus cédulas de identidad, certificados de matrimonio y los certificados de nacimiento de sus hijos, tornando la defensa de sus casos aun más difícil. De hecho, aunque Jorge, el obispo local, un abogado de derechos humanos y yo mismo hicimos esfuerzos a fin de demandar al gobierno por los desalojos, fuimos paralizados por la falta de documentación luego de los incendios. Llevarles a todas las víctimas de Tekojoja al Registro Civil para sacar copias de sus documentos para luego otorgar un poder a un abogado y luego ir al Juzgado para dar testimonio y presentar las denuncias era tan costoso en tiempo y dinero que en lugar de hacerlo, todos convinieron Lotes Precarios 143

invertir su tiempo en reconstruir sus casas. Esto subraya el hecho de que tales documentos no son tan solo representaciones de los derechos legales, son los derechos y la pobreza es lo que aleja a la mayoría de las personas de poder adquirirlos. Para colmo de males, un año y medio después de haber quemado las casas de los campesinos por primera vez, los brasileños querellantes volvieron. Sacaron fotos de los “ranchitos precarios” construidos de madera quemada y techos de hojalata retorcida, que usaron para dar prueba de que los habitantes no merecían estar ahí. Lo que esto indica es no solo el problema de la protección de las representaciones de la propiedad, sino la capacidad, también económica, de producirlos. Si la clave para crear derechos de propiedad es generar representaciones autoritarias de los mismos que puedan ser reconocidos por los demás, entonces parte del mantenimiento del derecho a la propiedad es continuar produciendo este tipo de representaciones autoritarias. Esto contrasta con la reivindicación que hace de Soto de que la solución de la pobreza rural es una mera cuestión de garantizar los derechos de propiedad mediante la producción de representaciones sobre qué se posee. No es, como dice él, la falta de representaciones claras las que causan la pobreza, sino la pobreza que causa la falta de representaciones. Desde el primer momento en que llegué a Tekojoja, fui llamado para ayudar a la gente a crear representaciones que pudieran parecer autoritarias bajo el escrutinio burocrático y legal. Jorge y los demás miembros del Movimiento Agrario se acercaban a mí para que sacara fotos de las condiciones en la comunidad como prueba de las persecuciones que estaban sufriendo, de los efectos de los agrotóxicos y de las personas vigilando sus tractores con armas de fuego. Lo que vieron en mí fue la oportunidad de crear un registro fotográfico propio, con subtítulos interpretativos que podría proporcionar legitimidad a sus reclamos legales. Pero fue más allá de eso. A menudo me pedían de editar las cartas para los funcionarios del Estado y que haga las mismas se vieran lo más profesionales posible. Como era casi imposible obtener representaciones legales reales, la salida más efectiva de estas cartas e imágenes era el periódico, y se ponía mucha energía en tratar de que las historias locales llegaran a publicarse. Estos pequeños actos de representación contribuyeron de manera acumulativa a dar legitimidad a los reclamos legales campesinos, pero nunca produjeron objetos estables. En su lugar, la representación debía ser constantemente hecha y rehecha. Las historias que se publicaban en 144 Capítulo Tres

los periódicos así como las cartas, eran caminos relativamente baratos para ingresar a la esfera pública, pero tenían vida corta y requerían de constante renovación. Constituían documentos endebles comparando con el peso de los expedientes de las escribanías, escritos en papeles caros y cubiertos con importantes sellos, muy de moda entre los productores de soja. El problema de la distancia del centro de poder también se manifestaba en la calidad de los documentos que los campesinos producían y poseían. Así como las cartas a menudo tenían firmas de manos temblorosas y a veces hasta huellas digitales, así también los documentos recibidos desde el centro del poder estaban marcados por las tantas pasadas por las fotocopiadoras rurales. El archivo de Jorge, un tesoro lleno de leyes, manifiestos y documentos de los tribunales incluía miles de páginas de fotocopias desteñidas. Las copias de documentos que tengo, como querellas y garantías, relacionadas con Tekojoja son ilegibles en partes y las páginas están todas mezcladas. Las casas eran precarias no sólo en su construcción, sino en su reproducción, las imágenes tan degradadas como para perder todo carácter distintivo. La más curiosa de estas imágenes es la foto de casas borrosas con hombres bien vestidos posando en frente a los lotes. Las fotos han sido copiadas tantas veces que casi no son reconocibles, pero claramente pertenecen a los demandantes. Mientras que las fotos inicialmente debían cumplir el rol de dar al espectador una conexión inmediata con los demandantes y el objeto de sus reclamos, así como dar la imagen de la precariedad campesina, la mediación de las fotocopias añade otra profundidad al significado. Esta conversación legal es una conversación ocurrida lejos y entre gente rica, cuyas palabras e intenciones solo pueden ser recogidas en fragmentos parciales a través de una cuidadosa escucha. Este tipo de copias existe en los márgenes de la red de circulación documental que crea la esfera pública, y así, nuevas ciudadanías democráticas. Los campesinos que han intentado disputar reclamos de propiedad en los tribunales saben que los pequeños grupos de élite reflejan a pequeña escala las redes más grandes de circulación y privilegio desde los cuales se construyen los códigos civiles, registros públicos y las propias abstracciones. Los campesinos comprometidos en este trabajo han desarrollado estrategias de infiltración de estas redes de documentación en un intento de subvertirlos. Pero también han construidos sus propias redes, que en mucho de los casos imita la estrategia de privilegio y exclusión de aquellos de los Lotes Precarios 145

Figura 4. Fotocopia de fotos archivadas en el expediente de la fiscalía, mostrando demandantes posando frente a “ranchitos precarios” 146 Capítulo Tres

cuales ellos mismos intentan separarse. El archivo de Jorge constituía el centro de una de esas redes, y aquellos pocos privilegiados que habían accedido a él, tenían una herramienta indispensable para discutir los casos legales de tierra. Jorge se ocupaba de hacer circular estos documentos entre otros representantes de las comunidades en conflicto, y también entre una creciente red de líderes regionales, de periodistas y otros aliados, de manera a involucrarles en su lucha. En esa creciente red los excepcionales documentos originales, las copias certificadas por escribanos, e incluso las copias que presentaban sellos originales tenían un valor incuestionable y hasta las personas que no podía leer podían notar la importancia de los documentos. A mí se me dio acceso inmediato a los archivos como una manera de invitarme al grupo, pero no fue hasta después de un año de mi llegada que comencé a recibir copias semi-auténticas como regalo, un síntoma de mi creciente importancia y aceptación. Esta preocupación por la autenticidad, por la cercanía del sitio de la producción y por el carácter perecedero de las representaciones autorizadas es mejor ilustrada por el destino del membrete que el MAP había diseñado para toda su correspondencia con las instituciones oficiales. El MAP no había conseguido reconocimiento oficial como una organización comunitaria, ya que a las personas con antecedentes policiales se les prohibía la representación de las organizaciones, y todos los líderes del MAP estaban atravesando procedimientos judiciales por haber resistido el desalojo y otros cargos inventados por sus oponentes40. La situación era parecida a la paradoja de los documentos quemados, en el sentido que la gente era incapaz de defenderse de manera legal por el propio hecho de haber sido acusados de un delito. Dada la imposibilidad de obtener el reconocimiento oficial, Jorge y otros sintieron que el MAP debía producir una estética digna de una organización oficial. Constituyeron un comité comprometido que pasó dos días desarrollando logotipos y discutiendo el simbolismo de cada uno de sus elementos de manera sistemática. En un momento en que muchos de los miembros de la organización tenían dinero disponible, habían pagado una resma de papel impreso con un llamativo membrete en la parte superior41. Para el momento en que se acabó el papel, en medio de una sequía, la imprenta de pacotilla que habían contratado había perdido los originales, y los miembros no pudieron reunir suficiente dinero para volver a recrearlos. Tuvieron que fotocopiar el logo en blanco y negro, y las copias pronto se degradaron luego del extravío del original. Lotes Precarios 147

Todos estos esfuerzos por crear y repartir documentos para forjar conexiones oficiales, dieron sus frutos de distintas maneras. El más dramático de ellos fue luego del tercer ataque policial en Tekojoja. Para ese entonces un grupo de intelectuales y ONG, así como un senador de izquierda, había desarrollado un particular interés en Tekojoja dada la comunicación constante del MAP. Los campesinos lentamente habían construido un público para sus demandas y deseos, un público que comprendía representantes del Estado colorado y de la nueva sociedad civil democrática. Quizá lo más importante fue que el abogado distrital local y el comisario principal estaban lo suficientemente informados sobre los detalles del caso y sobre los aliados campesinos que se negaron a participar en un tercer desalojo. Los productores de soja tuvieron que ir más allá para conseguir apoyo de miembros del aparato del Estado que no pertenecieran a la comunidad. La última reclutada a su causa, la fiscala de Coronel Oviedo Nelly Varela, fue la que accedió, basada en la querella arriba citada (y en aparente desconocimiento de las consecuencias jurídicas de los dos primeros desalojos) a ordenar el tercer desalojo, que resultó en la muerte de dos personas. La velocidad con la cual actuó el MAP para convocar a su red de aliados luego del ataque fue el resultado más impresionante de todo su trabajo. A la mañana siguiente tenían declaraciones de miembros de la policía a su favor, habían sido visitados por un senador, por el obispo, por un sociólogo prominente y por periodistas de Última Hora. Los campesinos usaban las fotos que yo había tomado del incidente y me pidieron que dé mi versión de lo sucedido a los periodistas. Esto también marcó la diferencia, no porque dijera algo diferente a lo ya dicho por los campesinos, sino porque lo hice en español, no en guaraní. Más importante aun, yo no era campesino. Mi versión simplemente tenía otro peso. Todos estos elementos sumaron para convertir la noticia en primera plana del diario dominical, y permitieron seguir dando de qué hablar en los periódicos los días consecutivos. La historia de lo sucedido rápidamente se convirtió en noticia también en los sitios de internet de organizaciones internacionales. El caso de Tekojoja fue el elegido para el debate en la mayoría de las radios nacionales durante mayor parte de la semana, e incluso Jorge fue invitado a participar del programa político televisivo más visto del país, el de Humberto Rubín. Simbolizando una de las pocas irrupciones del campesinado a la esfera pública, Jorge habló desafiantemente en guaraní durante todo el programa, en lo que era un escenario casi exclusivo de habla hispana42. 148 Capítulo Tres

No estoy sugiriendo que Tekojoja marcó una “victoria” incondicional para los campesinos. El proceso fue largo y duro, y las familias involucradas sufrieron enormemente como resultado de esa lucha. Años después de haber iniciado su solicitud, obtuvieron reconocimiento por sus derecheras, y algunos de los tiradores hasta pasaron un periodo en la cárcel en espera del juicio que nunca llegó. En pocas palabras, los campesinos ganaron el derecho a permanecer exactamente como siempre habían asumido que podían, y se les dio la garantía, una vez más, de que se les permitiría reconstruir sus casas de las cenizas. Pero el hecho de que el incidente llegara a juicio, el hecho de que el caso se convirtiera en una cuestión para la política oficial y la discusión pública, y muy probablemente el hecho de que ganaran al final, fue resultado de un esfuerzo concertado de construir el reconocimiento a través del trabajo. Estaban los que continuaban viendo el caso de Tekojoja como un argumento a favor de una reforma radical en la forma en que se representa la propiedad, y no como una lección sobre cómo la elite paraguaya cree que la pobreza implica ilegalidad. Humberto Rubín, en una frustrada perorata al final del programa con Jorge, expresó la opinión de los transicionistas de que el IBR fue el culpable y que la falta de claridad en los derechos de propiedad había llevado a esta situación. Cuanto más rápido pudiera ser destruido el IBR, mejor, decía Rubín. Varela, la fiscala cuya firma fue la más notable en las órdenes de desalojo confirmó las sospechas campesinas con una sugestiva selección de palabras. Un mes luego del desalojo y los asesinatos, la fiscala fue llevada ante la Comisión de Derechos Humanos del Senado a fin de explicar sus acciones, donde se mostró arrogante e ignorante sobre las leyes que regían el caso. Se le solicitó que corrobore el testimonio de una joven mujer de una de las familias desalojadas quien sostenía que había salido corriendo de su casa con una copia de sus derecheras para explicar que su familia tenía derecho de estar allí. La joven dijo que la policía tiró los papeles al suelo, diciendo que no valían nada y la llevaron al camión tirada de los pelos. Cuando se le preguntó a Varela si alguno de los desalojados había tenido “papeles”, sencillamente respondió, “No tenían ni papel higiénico”. La imagen, buena para una risa en un contexto más simpático, repite el cuento que escuché por lo menos en cuatro oportunidades, contado tanto por campesinos como por la élite, sobre las experiencias de un asunceno o de un extranjero en el campo paraguayo. Relata, por decirlo de alguna forma, el encuentro mítico entre la élite y el Lotes Precarios 149

campesinado. Un incauto político, abogado o periodista, viajando por el interior se detiene para solicitarle al campesino usar su letrina. Al descubrir que en la letrina no hay papel, el viajero tímidamente solicita instrucciones y es direccionado al montón de mazorcas secas de maíz al lado del agujero. La mera imagen del encuentro de la élite con las mazorcas hace que la historia sea simpática para ambos lados de la sociedad paraguaya. El uso de mazorcas versus papel higiénico se vuelve uno de esos símbolos viscerales de la distinción cultural y de clase, aun más susceptible a las expresiones de desprecio y repulsión que las usuales historias sobre el idioma y la comida. En boca de Varela, el uso de mazorcas en vez de papel higiénico se convierte en un marcador de distinción legal. Así que aunque las letrinas de Tekojoja en efecto no estaban equipadas con amenidades de clase media, es el vínculo que hace el comentario al ligar la falta de papel higiénico a la falta de papeles de cualquier tipo, lo que reafirma la acusación automática de que los pobres son incapaces de poseer derechos de propiedad, más allá de todo escrito burocrático que le muestren a la policía a último momento. Sencillamente, Varela se creía capaz de conocer el status legal de la gente a partir de la condición de sus letrinas. De acuerdo a esta forma de ver, la propiedad privada es sólo una señal de la capacidad del dueño de acceder (o comprar) la violencia estatal. El “derecho abstracto” es tan sólo el nombre que se da al abismo entre aquellos cuyas redes documentales les da acceso a tal violencia y aquellos cuyas redes documentales permanecen marginales a la ley. De acuerdo con los partidarios de la solución de de Soto, ciertamente las acciones de Varela constituirían “corrupción” y el hecho de que ella no fuera disciplinada sería para ellos un síntoma de la propia irregularidad burocrática que produce las derecheras en primer lugar. Varela, en su apoyo a la violencia y en sus vergonzosas opiniones sobre las víctimas de esa violencia, podía ser degradada por los transicionistas como parte de un conjunto de manzanas podridas (coloradas) y por extranjeros como la condición normal de una cesta esencialmente putrefacta. Y por supuesto, los campesinos también estaban contentos de poder llamarle corrupta. Corría el rumor que las directivas venían desde arriba, sugiriendo que toda la fiscalía estaba comprometida con este acto de corrupción. En una entrevista temprana, antes de que las coartadas de todos llegaran a coincidir, Varela misma había confirmado que estaba trabajando con órdenes directas de esa oficina. Ella nunca fue investigada por irregularidades, lo que hace difícil conocer hasta qué punto llegaba la complicidad. Para aquellos que estábamos 150 Capítulo Tres

involucrados en el caso era imposible no sentirse con un mal gusto después de cada encuentro con la fiscalía. Cuando yo di mi testimonio sobre el caso al fiscal asignado para investigar los asesinatos, en un despacho a dos o tres puertas de la oficina de Varela—quien se encontraba impunemente sentada en su escritorio—el fiscal escuchaba todos los testimonios, a pesar de no formar parte oficial del caso. En esa pequeña oficina, él estaba sentado detrás de mí, donde no podía verlo y gritaba preguntas calculadas que socavaban mi testimonio. El mes antes del desalojo, ese mismo hombre había sido visto en distintas ocasiones paseándose por Tekojoja y sus alrededores con los productores de soja. A los transicionistas, y particularmente a los economistas y planificadores enviados por el Banco Mundial y el BID para crear condiciones para reformar el mercado de tierras, no les gustaba considerarse a sí mismos cómplices de delincuentes provinciales comunes. Alegando tener un conocimiento más puro de la ley, se separaban de los colorados en las fiscalías utilizando un discurso de corrupción43. El argumento de los reformistas era que un conjunto de reglas más transparentes podría haber ayudado a prevenir este tipo de comportamiento, y así hubiera beneficiado a los campesinos en este caso. En efecto, según ellos, de haber existido una normativa del derecho de propiedad y participación judicial en los conflictos rurales más clara, Varela no hubiera sido capaz de llevar a cabo dicha incursión irregular. Y por momentos los campesinos estaban de acuerdo con este argumento. Jorge por ejemplo, que había pasado mucho tiempo argumentando sobre las inconsistencias legales con funcionarios, muchas veces me decía que de existir leyes más específicas, hubiera sido mejor. Pero también decía que esto era sólo si el sistema reflejaba mejor los intereses de los campesinos, lo cual el Código Civil, por sí solo, no había logrado hacer. Desde su perspectiva, las instituciones como el Código Civil y el registro público estaban construidas sobre los intereses políticos de la élite, sin ningún interés en los campesinos. Estas habían sido creadas por la circulación exclusiva de representaciones de propiedad entre un grupo de élite histórico, y no eran más universales que los intereses partidarios de los colorados. Aclaraciones legales, según ellos, significaba migrar la propiedad campesina de una jurisdicción, donde ellos ejercían algún tipo de control, a una donde no lo tuvieran. Por lo tanto la denominaban “privatización”, el endurecimiento de las fronteras en torno a una red documental llamada “público”, al cual los campesinos no pertenecían. Lotes Precarios 151

DERECHOS DE LADRILLO Si la lucha campesina en contra de la privatización de lo que ya es privado parece contradictoria es solamente porque tiene raíz en una contradicción más profunda dentro de la tradición jurídica liberal, entre una concepción de propiedad como una relación entre personas, fuertemente condicionada por circunstancias materiales y una concepción de propiedad como una relación abstracta predicada sobre un contrato tácito social respaldado por la violencia estatal. Las políticas keynesianas adoptadas en lugares como Paraguay durante la mayor parte de la Guerra Fría, se alinearon con la primera de estas tendencias, pero desde entonces el péndulo ha cambiado radicalmente hacia la dirección opuesta. Esta puja hacia el legalismo abstracto no solo forma parte de una política desarrollista neoliberal y radical. Todo, desde el ascenso de la microeconomía en el discurso de desarrollo internacional (Carter, 1997), pasando por la idea que el buen gobierno debería tomar la forma de un mercado de ideas (Abrahamsen, 2000), y por la saturación de políticas de izquierda con discursos de derechos humanos (Brown y Halley, 2002), hasta el tirón en la filosofía liberal de la redistribución al reconocimiento (Fraser y Honneth, 2003), van en la misma dirección. Las críticas campesinas a la privatización sugieren, en su más amplio aspecto, que todos estos movimientos son fundamentalmente problemáticos porque desplazan la discusión de la base material de los derechos hacia una concepción abstracta, cuya exclusión es más difícil de identificar y en consecuencia, más difícil de combatir. Una semana después del violento desalojo en Tekojoja, retorné al sitio de los asesinatos, donde ya se habían construido santuarios en honor a los dos caídos, y donde el campamento de palos y lonas raídos por el viento crecía a medida que llegaban los camiones llenos de simpatizantes. Para ese entonces, a las familias desplazadas se habían unido otros cientos de campesinos de comunidades fronterizas, que llegaban para expresar su solidaridad, y cada vez más personas iban llegando. Había ya una cierta ambivalencia en el estado de ánimo de las personas. Por un lado había un profundo sentimiento de temor y cansancio, especialmente en los asentados que habían perdido todo lo que tenían por tercera vez en dos años. Muchos de los que habían sido testigos de los asesinatos, incluyéndome a mí, estábamos todavía en shock y propensos a las lágrimas u otros signos inexplicables de angustia, como hablar demasiado alto o no hablar en absoluto. Por la 152 Capítulo Tres

noche, mientras los hombres del campamento se turnaban patrullando, sosteniendo improvisados garrotes de madera, se oían el llanto de los niños en las carpas. Los primeros síntomas de gastroenteritis comenzaron a sentirse carpa tras carpa, hasta afectar a todo el campamento. Por otro lado, la solidaridad había aliviado el espíritu de las personas y esa extraña sensación de potencial revolucionario que puede nacer en situaciones extremas, no muy diferente del paro cívico, coexistía con la depresión generalizada. Horas después de mi llegada aparecieron dos camiones más de simpatizantes, uno traía consigo un sistema de audio que serviría de entretenimiento para el campamento en los meses venideros, y venía tocando cachaca a viva voz, lo que hacía bailar a la gente44. El otro camión trajo consigo a una familia de cantantes, conocidos en la zona por sus conmovedoras interpretaciones de canciones de protesta. Al bajarse del camión, inmediatamente se ubicaron en el centro del campamento y comenzaron a cantar tres de sus temas más populares: “General Stroessner”, “María Escobar” y la canción más popular de la radio, “Propiedad Privada”. Hasta ese entonces, todas las veces que había escuchado la canción “Propiedad Privada” había tenido buena receptividad. Pero en esta ocasión fue la canción equivocada: en cuanto los cantantes terminaron de interpretarla, la multitud se dispersó. Nadie dijo lo que les molestó en ese momento, pero recuerdo muy bien la sensación. Carlos, un hombre habitualmente jovial que estaba parado en frente mío, se dio la vuelta, dando la espalda a los cantantes, y pateando la tierra con su enorme pie descalzo murmuró “propiedad privada”. La furia de los medios de comunicación generó algunas detenciones, pero al cumplirse el primer aniversario de las matanzas todos los cargos fueron retirados, menos los de asesinato. Opperman, el único sospechoso que todavía debía enfrentar cargos había escapado de un exiguo arresto domiciliario y otros productores de soja estaban nuevamente tratando de intimidar a las personas para que vendan sus tierras. Para el año 2006 la mayoría de las familias en Tekojoja habían logrado reconstruir casas aun más precarias de las que tenía, hechas de los tablones quemados y chapas de zinc. Pero las contradicciones en las leyes sobre la tenencia de tierra y en las respuestas gubernamentales a los campesinos estaban comenzando a ser más obvias. Por un lado, el gobierno finalmente intentó resolver el problema campesino de la manera más material que encontró, Lotes Precarios 153

con la resolución favorable de la Corte Suprema emitida en agosto, sellando la cuestión de quién tenía derecho a la tierra. Pero para recalcar la decisión, un representante del presidente de la república prometió reconstruir las casas a expensas del gobierno. Esta vez serían hechas con ladrillos, de manera a que sea más difícil quemarlas. Para los campesinos esta promesa fue tomada como una victoria más importante que la decisión de la Corte misma, porque más que proclamas legales, era un reconocimiento en el lenguaje de la permanencia material. Por otro lado, fue en el año 2006 que Jaeggli y Castiglioni introdujeron su mediática ley de titulación rápida al Senado. Con una nueva seguridad, en sus casas propias, los campesinos de Tekojoja se abocaron a la lucha por derrotar el proyecto de ley de titulación que se estaba impulsando en el Congreso, argumentando que su aprobación podría significar el fin de la Reforma Agraria45. Ellos entendían que de haber sido aprobada la ley antes del enfrentamiento en Tekojoja no hubieran podido ganar la batalla legal. La mayoría de ellos estaban convencidos de que aunque el proyecto de ley hubiera pasado, el gobierno no hubiera tenido ni los recursos, ni la voluntad organizacional para distribuir los títulos. Pero insistieron en que el plan era un arma de doble filo. Un título por el que no se haya trabajado no es un título, solían decir, sino un truco que permitía que alguien más se apropie de la tierra de uno46. La privatización significaría el fin del pacto entre los campesinos y el IBR, socavaría las políticas campesinas, detendría sus intentos de colonizar nuevas tierras y borraría la relación entre trabajo y posesión; relación sobre la cual descansa la aspiración a la inclusión nacional. Para los campesinos, las políticas oficiales nacionales siempre fueron estructuradas en torno a la producción y circulación de documentos entre una pequeña camarilla de élites. Ángel Rama (1996), centrándose en la época colonial y el inicio del periodo independiente latinoamericano, denominó a este fenómeno la “ciudad letrada”, en la que la riqueza y la ciudadanía estaban íntimamente ligadas a la habilidad de participar en la cultura letrada del centro de las ciudades capitales. Y aunque los límites de la ciudad letrada se degradaran durante el siglo XX (Franco, 2002), sigue vigente la idea de que la pobreza en sí misma es una señal autoevidente de la no membrecía de la vida pública (Guano, 2002). Evelina Dagnino lo describe de forma sucinta: “La pobreza es un pecado de inferioridad, una forma de ser en que los individuos se vuelven incapaces de ejer154 Capítulo Tres

cer sus derechos. Esta privación impuesta por la ausencia absoluta de derechos—que en última instancia se expresa como una supresión de la dignidad humana—se vuelve constitutiva de la privación material y exclusión política” (2005: 7). Aunque nunca fue expresado en estos términos, la destrucción de la frontera ideológica de la ciudad letrada fue uno de los objetivos de la Reforma Agriaría desde sus inicios. A pesar de todas las críticas al populismo agrario, su actual erosión brinda a los académicos una oportunidad de reevaluar algunas de las posibilidades más radicales que ella abrió (las cuales nunca fueron más que posibilidades). La Reforma Agraria redistributiva creó un conjunto distintivo de relaciones entre el Estado, los pobres y los documentos. Aunque de forma no intencionada, el IBR borró la tácita línea de exclusión campesina de su aspiración a una ciudadanía plena cuando creó un sistema de propiedad paralelo. No es que los campesinos han creído que la Reforma Agraria estaba completa, que fuera exitosa o que hubiera agotado todas las posibilidades de mejorar su situación, pero era un sistema político en el cual las mejoras, sustentadas por el Estado, se convertían en un sueño ilimitado del futuro posible. Y es esta apertura a la aspiración a la tenencia de tierra y el rechazo a un cierre contractual en torno a la membrecía social, la que los campesinos desean preservar desesperadamente. La Reforma Agraria no puede tener éxito en sus propios términos, puesto que su éxito la destruiría, sin embargo, ella abre y mantiene un espacio de lucha al interior del dominio político, donde el uso y distribución de la tierra sirven como medio de disputa. A diferencia de los títulos ofrecidos por el IBR, los nuevos títulos llevan el sello de poder excluyente y de alzar aun más los muros documentales47. Además no hay compromiso multicultural que pudiera autorizar las diferencias e inscribirlas en el territorio, por ejemplo, el tipo de ley que el Paraguay y muchos otros países utilizan para reconocer el derecho de las tierras indígenas. En otro intento fallido de gobernanza rural, y otra vez con la ayuda del Banco Mundial, el Paraguay comenzó a constituir “reservas” indígenas a principios de los años noventa de donde supuestamente no se podría vender la tierra . Pero este sistema no podría funcionar para los campesinos, cuyo proyecto es expansivo y donde las diferencias no están autorizadas como diferencias. Ese reconocimiento parcial ofrecido por el estado multicultural, de alguna manera representa una pequeña brecha en las políticas dominantes por la cual puede pasar la voz indígena, aunque Lotes Precarios 155

sigue siendo muy limitada por su concepción de diferencia cultural esencialista. Pero el proyecto campesino que he descrito puede ser aun más inquietante para las concepciones neoliberales de tierra y propiedad. El problema es que los campesinos no piden reconocimiento al neoliberalismo, y no podrían hacerlo de todas formas, porque no obedecen la temporalidad de la diferencia. En lo que se refiere a la tierra, los indígenas son tradicionales y diferentes; mientras los campesinos son lo contrario: un recuerdo vergonzoso del pasado, que no está lo suficientemente distante y que sigue soñando con el futuro. Así, la lucha por la tierra en contra de la privatización de lo privado es tanto una lucha territorial como temporal. Entre la temporalidad neoliberal y la temporalidad campesina, cada uno postula una nación futura que está en profundo conflicto con el otro. Las reformas neoliberales postulan una separación entre lo material y lo abstracto construido sobre una narrativa jurídica particular. Su enfoque utilitario ve a la reforma legal como un medio para poner fin a la maximización de una estrecha concepción del bien. Pero esta concepción sobre lo jurídico como un instrumento, está también construida sobre una forma de positivismo legal, el argumento de que el derecho no es más que la voluntad del soberano. Argumentar que es posible jugar con la ley para producir un fin social es asumir que la soberanía ya es un hecho consumado. Y es exactamente esto lo que el movimiento campesino rechaza. Porque los campesinos ven a la propiedad no como un instrumento abstracto a disposición del soberano, sino como la base para la construcción de la soberanía. La historia de las familias campesinas construyendo una nación desde la tierra es su historia de progreso y en esa historia la ley no es la base de la mejora, es un resultado de ella. Si la reforma se construye sobre la base de una soberanía ya existente, no puede ser más que la codificación y legalización de la violencia policial arbitraria, el proceso material que ya ha excluido a los campesinos de la ciudadanía plena.

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4. DOCUMENTOS ENGAÑOSOS Para los campesinos, los títulos de tierra son objetos materiales producidos a través de la lucha y el trabajo. Esta apreciación acerca de los documentos es fundamental en la concepción de su relación con el Estado. Este sencillo argumento ayuda a explicar cómo los campesinos convierten una mera ocupación de tierra en un argumento legal y así logran ingresar a la esfera oficial del estado de derecho. Desde esta perspectiva, la privatización es un sistema para abstraer los títulos del trabajo que los produce y ubicarlos en terreno del Código Civil, un documento dirigido a un público que tácitamente excluye a los campesinos. Al margen de esta esfera pública, en aquellos lugares donde los campesinos han comenzado a desafiar los avances de la privatización, los argumentos abstractos en defensa del Código Civil se desmoronan a medida que las mismas élites hacen uso del sentido materialista de los campesinos para sostener sus argumentos. Sin embargo, esta concepción básica de los documentos no es exclusiva de los títulos de tierra, la misma se extiende a todo tipo de artefactos de papel con los cuales los campesinos llevaron adelante sus disputas con el Estado en el periodo Posguerra Fría. En el preciso momento en que los transicionistas privatizadores comenzaron a imaginar abstractamente al territorio campesino como un capital en potencia, y a la gobernanza como un procedimiento técnico de manejo de la información, los campesinos comenzaron a ver a la burocracia como una serie de enredos materiales erguidos sobre pilas de papeles. Mientras los nuevos dueños y señores de la ciudad letrada extendieron su dominio de representaciones sobre el Paraguay rural, los campesinos comenzaron a jugar con las tecnologías de representación con las cuales estaba construido su dominio. En el meollo de esta historia se encuentra el grupo de hombres y mujeres jóvenes a quienes llamo “auditores campesinos”, un pequeño grupo de activistas campesinos del distrito de Vaquería que formaban parte de la dirigencia del MAP. El MAP compartía muchas características con la Federación Nacional Campesina (FNC), la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesina (MCNOC) y otras or-

ganizaciones regionales más pequeñas, como las “bases” comunitarias heredadas de las Ligas Agrarias de los años setenta. Estaban también involucrados en algunas actividades políticas, que al inicio—en el año 2002—eran bastante novedosas, pero que pronto fueron adoptadas por otras organizaciones. A diferencia de las organizaciones más grandes, que tenían importantes fuentes de financiación, como pago de cuotas de afiliación (FNC) o apoyo internacional de grupos como Vía Campesina (MCNOC), el MAP no tenía fondos para pagar servicios legales ni para sostener una cúpula dirigencial en Asunción, así que debían aprender cuanto pudieran sobre las leyes, como para poder sostener sus propias causas ante burócratas y jueces. Los miembros más alfabetizados de la dirigencia regional pasaban mucho tiempo recuperando y familiarizándose con los documentos de la burocracia de Asunción. El que les dirigía en este proyecto era Jorge Galeano. Jorge y aquellos con quien trabajaba nunca se referían a lo que hacían como “auditoría”. De hecho, raramente se referían a aquello como una actividad independiente y me tomó tiempo entender la complejidad de lo que estaban haciendo en sus constantes viajes a la ciudad. En los primeros meses de investigación consideré que mi campo de estudio era rural y pasaba la mayor parte del tiempo tratando de conocer a las personas de las comunidades de Vaquería donde el Movimiento Agrario operaba. Participé de reuniones con los comités locales y regionales de la organización, realicé entrevistas con la mayor cantidad de miembros que pude y busqué desesperadamente maneras de ser útil. Pasé mucho de mi tiempo libre revisando el archivo que Jorge estaba construyendo en su casa, miles de páginas de documentos fotocopiados relacionados a la tierra que estaban reclamando. Al principio, pasaba horas leyendo las páginas sin entender mucho de lo que contenían, intentando cruzar referencias del texto con copias viejas del Código Civil y el Estatuto Agrario, que Jorge tenía a mano. De esta manera, con el tiempo llegué a adquirir conocimientos rudimentarios de las leyes sobre tierra en el Paraguay. Pero mirando en retrospectiva, está claro que nunca consideré los documentos como documentos. Como investigador, consideré fortuito el hecho de que Jorge había recolectado toda esta información en un solo lugar, y de hecho, fue de esa manera que Jorge me presentó sus archivos: como una herramienta útil que me ayudaría en mi investigación, y no como un objeto de investigación en sí. Cuando le pregunté a Jorge cómo había llegado a obtener un documento en particular, me dio una mirada despectiva y me dijo que todo eso era información pública del IBR; simplemente había que ir a pedirla. 158 Capítulo Cuatro

Mi percepción cambió al ver que el archivo iba madurando con el tiempo. El mismo fue creciendo hasta que el viejo armario, adquirido por Jorge en sus días de asalariado gubernamental, ya no podía soportar toda la documentación. Tres conocidos cercanos de Jorge aportaban al archivo con bastante regularidad, pero el mayor contribuyente era el propio Jorge. Él viajaba a Asunción cada dos semanas, generalmente para encontrarse con otros líderes campesinos e invariablemente volvía con una carpeta llena de fotocopias. También estaba una joven llamada Sonia, educada como enfermera, que en ese entonces vivía con sus padres en Tekojoja; ella ocasionalmente acompañaba a Jorge, pero también asistía a reuniones por su cuenta. Por otro lado estaba Derlis, quien vivía en un lote de veinte hectáreas, sin electricidad, en el asentamiento cuasi-legal de Mariscal López, y quien también aparecía con documentos de vez en cuando. Los documentos en cuestión casi siempre provenían del IBR, eran fotocopias detallando el progreso de diferentes tipos de procedimientos burocráticos y legales, nuevos mapas y mediciones de tierras de interés para los campesinos y expedientes completados por otros campesinos reclamantes. Durante las reuniones, que podían durar hasta bien entrada la noche, los dirigentes del Movimiento Agrario estudiaban minuciosamente estos documentos para entender cómo se desarrollaban los procesos burocráticos. Por lo menos esa era mi lectura al principio. A mis ojos lo que ellos hacían era parecido a lo que yo hacía: investigaban. Consultaban los archivos como lo hacía yo, en búsqueda de información. Me desengañé de esta impresión cuando Jorge me envió a buscar un archivo de la oficina del IBR en Caaguazú. Casualmente le había comentado que iría a la ciudad y le pregunté si necesitaba algo. Resultó que necesitaba una copia de un expediente perteneciente a un lote en Tekojoja (el mismo “lote diez”, cuyo título iba, más adelante, a complicar la reversión de tierras en el asentamiento). El expediente mencionado había sido creado para responder a una solicitud de los campesinos de Tekojoja de revisar las condiciones en las que se había vendido el lote a unos inversores brasileños. Se suponía que la solicitud todavía no tenía una respuesta, pero Jorge quería ver si el trámite estaba en procedimiento o si se había estancado. Me dio instrucciones claras: entrá a la oficina del IBR en Caaguazú y pedí ver el expediente 27013/04. Si los funcionarios me creaban problemas tenía que pedir hablar con una persona llamada Lourdes y decirle que había sido enviado por Jorge. Así ella podría buscar el archivo que Documentos Engañosos 159

necesitaba. Si era posible, debía hacer una copia de la última página del expediente. Si no podía hacerlo, debía leerlo y ver qué trámites habían sido hechos. Nada parecía más simple. Cuando entré al IBR me encontré con una secretaria con cara de pocos amigos, quien simplemente me dijo que el expediente no existía. Al preguntar por Lourdes me dijeron que ella estaba en el campo ese día, pero que podía hablar con su asistente. La asistente era bastante amable, pero se resistió cuando le conté quién me había mandado a buscar el expediente. Luego, abrió el libro mayor que estaba sobre el escritorio de Lourdes y aparentemente encontró el número que estaba buscando entre miles de páginas de números escritos a mano (que estaban ubicados de acuerdo al orden en que estaban siendo procesados, y no por orden numérico), me dijo que el expediente efectivamente había estado en la oficina pero había sido enviado a Asunción. Si lo quería ver tenía que ir a la oficina central en la capital. La oficina central del IBR en Asunción es un laberinto de tres pisos que ocupa gran parte de una manzana. En la mesa de entrada, la recepcionista me dijo que buscara el expediente en la oficina de la secretaría general, pero el secretario de esa oficina me dijo que jamás lo había visto. Al regresar a la mesa de entrada, la misma recepcionista me dijo que de cualquier manera no estaba autorizado a ver el expediente; pero ante mi insistencia y persuasión me informó que el expediente en realidad estaba en el departamento de planificación. Al llegar ahí me dijeron que había sido enviado a la “oficina de descentralización”, de donde lo habían enviado de vuelta a Caaguazú. En cada oficina me encontré con lo mismo: un joven secretario con un gran libro de contabilidad que listaba los movimientos de los expedientes de la desperdigada institución, inscritos en el orden en que eran recibidos en cada departamento. Algunos de estos movimientos estaban informatizados (particularmente los que ingresaban por mesa de entrada), pero la mayoría no. La única forma de encontrar un documento era siguiendo las pistas y rastros que dejaba en otros documentos a su paso. Un poco molesto porque la carpeta había estado en Caaguazú todo el tiempo, pero seguro de haber cazado a mi presa con éxito, llamé a Jorge y le comenté que si bien no tenía el documento, sabía dónde estaba, y sabía que había estado en movimiento. Lógicamente pensé, que si había vuelto a Caaguazú, significaba que se había tomado alguna decisión y que los trámites estaban en proceso. Jorge me dijo muy poco por teléfono, sólo murmuró su escepticismo sobre 160 Capítulo Cuatro

mis hallazgos, diciendo que volvería a examinarlo en Caaguazú. Dos días después lo encontré fuera de la oficina del IBR en Asunción. Cuando le pregunté me respondió que no se había molestado en ir a la oficina de Caaguazú, sino que había venido directamente a la oficina central, donde se enteró que el expediente estaba exactamente en el lugar en donde lo había dejado hace dos meses: en la oficina del secretario general. No se había movido desde entonces. Jorge aprovechó la oportunidad para decirle al secretario general (al que yo no había siquiera podido conocer) que necesitaba revisar el expediente, con lo cual el documento se posicionó en la cima de una gran pila de expedientes, lo que daba a Jorge una pequeña esperanza de que el documento fuera procesado. Hecho esto, regresó a Vaquería y comenzó a ahorrar para el próximo viaje. Jorge nunca me explicó exactamente qué hizo para conseguir el documento que me había eludido por completo1. Me di cuenta que estaba presenciando un tipo de arte político que había ignorado hasta ese momento. Este episodio fue una prueba para mis habilidades y perseverancia, prueba que fallé por completo. Había visto a Jorge mandar a Sonia y Derlis a cumplir este tipo de tareas, y en los siguientes años, lo había visto mandar a una docena de personas en misiones similares, siempre con instrucciones claras. Aquellos que retornaban con los documentos en mano, lentamente se ceñirían a su círculo interno de confianza, asumiendo tareas de documentación cada vez más complejas. Para aquellos que regresaban con las manos vacías era mucho más difícil ganar su confianza. Mi posición particular eventualmente me permitió superar mis deficiencias y en los meses que siguieron acompañé a Jorge y otros al IBR, siempre y cuando me permitieran hacerlo. Al principio pensé que lo que aprendería sería cómo tratar con funcionarios, cómo persuadirlos de que me den información o cómo lograr que me hagan favores dentro de las instituciones gubernamentales. En esa época, mi idea de cómo funcionan las burocracias no distaba de la descripción weberiana que impregna las teorías de desarrollo internacional sobre “buen gobierno” (Weber, 1946). Yo imaginaba un aparato de procedimientos en el cual los documentos y trámites eran meras herramientas de la real función de la institución: la gestión de información estatal. En ese análisis, las exasperantes y kafkianas historias que me contaban sobre los encuentros con la burocracia, eran resultado de la ineficiencia, corrupción y mala gestión con que los funcionarios intentaban realizar Documentos Engañosos 161

la separación entre el interés público impersonal y los intereses privados de los ciudadanos (Herzfeld, 1992). En otras palabras, antes de entrar a los laberintos del IBR todavía imaginaba que era posible pensar en términos de su desviación de un tipo ideal. Al principio, todo lo que yo quería hacer era leer un poco en el archivo y entendía todas estas dificultades como simples impedimentos al proceso de acceso a la información (en este caso, diferentes versiones de historias de conflictos de tierra). A pesar de lo molestos que eran los obstáculos burocráticos, eran literalmente inmateriales a mi investigación. Pero esto no duraría mucho, pronto descubrí que no había un límite bien definido entre la información contenida en los archivos y el arte de encontrar documentos. La lección más importante que aprendí en los primeros encuentros fue cómo leer. El aspecto más importante de la actividad burocrática radica en la manera particular en la cual crea e interpreta inscripciones sobre el papel. Yo había estado leyendo los documentos estatales de manera completamente equivocada. Durante meses leí el contenido del archivo de Jorge, ignorando firmas y sellos, recursos retóricos y páginas que describían dónde habían estado los documentos. Pasé por alto nombres en mi búsqueda de historias. Hojeé el registro de las solicitudes de glosar, desglosar o fotocopiar documentos por parte de las partes interesadas, concentrándome en encontrar pasajes que delinearan argumentos legales o describieran las condiciones de comunidad dada en un momento específico. Pero en las reuniones Jorge y los demás darían atención a los detalles marginales. Para estar seguros, ellos leían el contenido en búsqueda de inconsistencias, mentiras o elisiones. Pero también leían, como lo harían los auditores, analizando las huellas de las transacciones documentales, estudiando los sellos y firmas que a mí me parecían poco interesantes. La pregunta que se hacían era ¿cómo estaba hecho ese documento? Esta estrategia había proveído un enorme avance en Tekojoja en un caso relativamente sencillo. Leyendo los expedientes notaron que después de que el IBR hubiera suspendido la autorización de transferencia de derecheras a los brasileños, éstos últimos simplemente habían pedido a otros a funcionarios—al juez de paz local y escribanos de distritos vecinos— los sellos necesarios para oficializar las transferencias ilegales. Los documentos legales que habían recorrido los caminos de los tribunales o el IBR eran mucho más intrincados: sus notas al margen describían redes de personas y personalidades, oficinas, dinero, leyes y motivos que explicaban cómo se hacían las cosas dentro del gobierno. 162 Capítulo Cuatro

Jorge insistía en la importancia de que los líderes campesinos desarrollaran este tipo de lectura, construida sobre conocimiento práctico acabado de las instituciones en cuestión, familiaridad con la gente involucrada y con las transacciones en las que participan. Por supuesto este era también el tipo de lectura practicada por funcionarios y abogados, incluso por aquellos que explicaban lo que hacían en términos de transparencia2. Leer de esta manera era también necesario si se quería adquirir más documentos y por esta razón mi propia investigación era imposible anteriormente. Por ejemplo, lo primero que aprendí fue que no tenía sentido entrar al IBR sin tener un número de expediente. No había forma de encontrar documentos empezando con el nombre de una comunidad, caso o persona, a menos que se tuviera el número de expediente correspondiente o la suerte de encontrar a alguien que lo supiera. Pero cada archivo, leído cuidadosamente, revelaría más números, y por lo tanto, más archivos. Lo segundo que aprendí fue que a menos que se incurriera en una relación clientelista con algún funcionario, la única forma de acceder a los expedientes era comenzar un expediente propio y de esa forma obtener un número y con él un agente documental que podía circular dentro del circuito de los expedientes. Lejos de ser impersonal, la burocracia operaba como una economía de favores, que en gran medida se trataba de mover papeles. Generalmente se necesitaba ambas cosas: una relación personal y un expediente3. Al igual que el expediente que Jorge me había encargado aquella vez, mi propio expediente comenzó con una nota al presidente de la institución, entregada en la recepción, pidiendo acceso a la información y a documentos de la institución. Mi nota adquirió un número, un sello, una portada y fue puesto en una pila de documentos. Me pidieron que volviera en dos días para obtener una respuesta. Dos semanas más tarde, luego de cinco visitas a la recepción, recibí una respuesta del presidente aprobando mi pedido y mi expediente fue cerrado. Este fue mi primer error: como el expediente fue cerrado antes de adquirir cualquier otro número, no tenía ninguna otra función en la institución, y ningún funcionario a quien le mostraba el expediente sabía qué hacer con él. Abrí otro expediente, que permaneció abierto, pero se perdió en la institución. Como al principio intenté hacer esta parte de mi trabajo durante las breves visitas que hacía a Asunción, el expediente me eludía durante semanas. Y cuando finalmente me encontraba con él, mis problemas se complicaban aun más: en la oficina del secretario Documentos Engañosos 163

general me decían que esa oficina no podía dar curso a mi solicitud, y que de ese tipo de solicitudes se encargaba otra oficina. Esto probablemente era cierto (las personas con quienes hablé no tenían ningún protocolo para lidiar con antropólogos extranjeros). Pero en cada oficina recibía la misma respuesta: me explicaban el problema, el expediente era sellado y ubicado en otra pila de documentos que se movería a otra oficina. En cada oficina mi expediente se encontraba con problemas de interpretación—o sea, los funcionarios que lo miraban no podían ubicarlos en el contexto de sus oficinas—y tenían que mandarlo a otra oficina con la esperanza de que una lectura diferente pudiera ser de ayuda. En el proceso, aprendí mucho sobre la estructura del IBR, pero mi expediente y mi pedido se negaban a adquirir algún significado. Sin mí, parado delante del escritorio, nadie se molestaría en leerlo, y la carpeta no se movería; y entendí, que mover la carpeta era la única forma de darle una lectura distinta, con la esperanza de que algo pudiera aparecer. Mucho de lo que sucedió en el IBR fue simplemente eso, mover los documentos hasta que se encontrara en un contexto en el cual pudiera ser efectivamente interpretado. Mientras esto sucedía, mi documento adquirió sentido en circunstancias totalmente arbitrarias: un secretario del director de planificación reconoció mi rostro gracias a una foto del diario (de los eventos en Tekojoja) y alertó a su jefe que alguien de interés venía a visitarlo. El director resultó ser profesional y amable, con un título en geografía humana; y propenso al aburrimiento en su trabajo. Era una de las pocas personas en el IBR con una sensibilidad transicionista (a pesar de esto, y al igual que la mayoría de los funcionarios, era miembro del Partido Colorado) y estaba interesado en tener una conversación. Así, mientras el expediente nunca me llevó a los archivos, me permitió crear amistad con un funcionario de alto rango que me ayudó a redactar mi próximo pedido. Yo había imaginado al IBR como una gran máquina que almacenaba y movía información para la gestión de la política de la tierra. Mi error fue imaginar que había algo llamado información que estaba separado de los archivos de tal manera que el acceso a la información estaba dado a través de los archivos. En retrospectiva, parece extraño que haya asumido que la información sería algo separado, algo “contenido” por el archivo, pero de hecho este es un supuesto central que guía la práctica gubernamental desde mediados del siglo XX en adelante4. A pesar de lo obvio que pueda parecer ahora, mi gran descubrimiento fue que en 164 Capítulo Cuatro

el fondo los expedientes no albergaban algo que pudiera llamarse “información”, sino solo más expedientes. Lo que la gente llamaba información no era algo que antecedía al expediente, almacenado en él para luego ser rescatado; al contrario, era un proceso que venía luego del encuentro con el documento. Uno no accedía a la información a través de los expedientes, pero en el encuentro con los expedientes, uno a veces podía sentirse informado. Mi primer acercamiento a la institución estuvo basado en una visión objetivada de la información, como si la relación ideal con la información fuera aquella donde el movimiento de los documentos mismos fuera invisible. Sustentado en los mismos supuestos sobre la representación que los transicionistas, me encontré abordando a los archivos con la misma ingenuidad semiótica y el fervor de los economistas del desarrollo internacionales, esperando encontrar o de alguna forma fabricar, la transparencia. Este problema era difícil de explicar a personas como Jorge, que simplemente no concebían que el sistema funcionara de otra manera. Para quienes mis problemas sí tendrían sentido era para los transicionistas y sociólogos que conocía, quienes habían intentado compilar estadísticas confiables sobre la Reforma Agraria durante varios años, así como abogados, y trabajadores de ONG que confiaban en el proyecto de la transparencia. La mayoría de ellos seguía en su cacería de información. Muchos de los burócratas de alto rango con quienes me entablé una amistad, especialmente aquellos que describían su trabajo como una contribución al “desarrollo”, me dirían que el mayor problema del Paraguay era la falta de información. Varios de ellos, como por ejemplo los representantes de instituciones como el IBR, estaban en la—para nada envidiable— posición de ser requeridos por los medios, ONG u organismos de control gubernamental, de proveer información, como si esto fuera un simple procedimiento de extracción de ella de los archivos, cuando ellos sabían que era una tarea de investigación, extrapolación, interpretación y traducción que les resultaba casi imposible realizar. Las ideas en torno a esto iban en dos direcciones, una sobre lo fuera del alcance que estaban las peticiones y otra sobre la dificultad de las instituciones de no almacenar correctamente esta cosa—tan buscada por los reformistas—llamada información. Pero para los campesinos y la mayoría de los funcionarios, la materialidad de los expedientes era tan obvia que mi insistencia sobre la información representacional en una idea casi incomprensible. Documentos Engañosos 165

Como método político, la auditoría campesina se basa en la concepción de que el Estado funciona a través de la creación, circulación e interminable interpretación de documentos. Para los campesinos, los documentos no almacenan la información tanto como la posibilitan, en el sentido de crear condiciones para la interpretación; el poder del Estado, por ende no radica en ver o inscribir, sino en controlar quién lee qué y bajo cuáles circunstancias. La información, en otras palabras, es la cualidad de un documento, siempre vinculada al futuro del mismo, en forma de posibilidad. Por ejemplo, el poder de los títulos de tierra, radica en la posibilidad que da al dueño de defenderse ante posibles ataques o reclamos. Y la capacidad que tiene el título de actuar de tal o cual manera, depende de otros factores contextuales, de su interpretación en el momento del ataque o en una instancia legal posterior. Tanto los expedientes que circulan en el IBR, como el Estatuto Agrario, el Código Civil y hasta la Constitución Nacional funcionan de manera muy similar: son poderosos siempre y cuando permitan una acción política. El trabajo de auditores campesinos como Jorge es crear archivos, encontrar otros, dar seguimiento al movimiento de múltiples documentos y controlar su interpretación cuando aparecen en diferentes contextos. Pero no son los únicos en este proyecto. A principios del siglo XXI comenzaron a infiltrarse en los archivos de las instituciones, dos diferentes tipos de actores políticos. El primer grupo era aliado de los transicionistas, y su proyecto de transparentar al gobierno estaba basado en una concepción de los documentos como meros vehículos de información. Estos “proyectos de transparencia” como yo los llamo, concebían a la información como algo separado de los documentos y por tanto pretendían simplificar la manera en que el gobierno los almacena y los gestiona. Construyeron rituales de auditoría dentro de las instituciones, pero por detrás estaba un replanteamiento total de cómo el gobierno debía organizar la comunicación y la interpretación. El segundo grupo era el de los auditores campesinos, cuyo trabajo para conseguir tierras—para los campesinos—en las fronteras estaba enfocado en los documentos como artefactos materiales. Ambas actividades surgieron de posturas ideológicamente opuestas y por tanto dieron lugar a distintas interpretaciones de las posibilidades burocráticas para el futuro, pero por supuesto también tenían importantes semejanzas.

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LA OPACIDAD DE LA TRANSPARENCIA En octubre del 2006 el gobierno paraguayo contrató a la conocida consultora MCS Grupo Consultor para evaluar un estudio de corrupción realizado por Transparencia Internacional. Esta última, una ONG que se podría decir, fue fundada en gran medida por USAID, había estado causando revuelo en Paraguay con su Índice de Percepción de Corrupción; el cual listaba y clasificaba países del mundo de acuerdo con el grado en que los ciudadanos percibían que su gobierno era corrupto. Cada año, al publicarse el índice, aparecía en ABC Color un titular que rezaba—con sus variantes—“Paraguay es el tercer país más corrupto del mundo!”5. El gobierno, al dar explicaciones sobre el contrato con MCS, argumentó que el índice de Transparencia Internacional no era una “justa reflexión de la realidad”, y por lo tanto querían que el mismo sea probado científicamente de manera a cambiar la imagen del Paraguay ante los ojos de posibles inversores. ABC Color no tardó en dar eco de la historia, denunciando el hecho como una historia de corrupción más. La tapa del diario denunciaba: “El gobierno pretende desmentir lo que está a la vista de todos”6. En otras palabras, era transparente para “todos” que el intento del gobierno paraguayo de mostrar que el mismísimo índice de Transparencia Internacional era poco transparente, era en sí síntoma de su propia falta de transparencia. Esta historia sirve cuanto menos para hacer notar el enredo conceptual que envuelve la transparencia y la corrupción. La corrupción es principalmente una especie de acusación que los políticos se tiran unos a otros. Esta estrategia está generalmente asociada a un tipo de caudillismo, como sucedió cuando el Presidente Wasmosy y su némesis Lino Oviedo se acusaban mutuamente de corrupción durante el mandato presidencial del primero. Pero, además de esto, durante la transición la idea de “corrupción” adquirió otro significado. Para los transicionistas y para las organizaciones internacionales que los apoyaban, como Transparencia Internacional, la corrupción vino a ser la antípoda de la transparencia. La pareja conceptual nos remite a discursos sobre la contaminación y la pureza, en donde la corrupción aparece como una podredumbre oculta en alguna parte del cuerpo gubernamental, mientras la transparencia denota su ausencia (ver Verkaaik, 2001; Gupta, 1995). Esta idea se apoderó del Paraguay en los años noventa. Durante la transición, la mayoría de los males del país se vinculaban de alguna u otra manera con la “corrupción”, una Documentos Engañosos 167

categoría cada vez más vaga, que básicamente implica el mal proceder de una figura política. Al mismo tiempo, la palabra transparencia encontró su nicho de manera igualmente vaga, alegando ser la cura de todos los males. Sin embargo, la transparencia y la corrupción son diferentes tipos de fenómenos: la corrupción se constituye en la falta de ética, mientras que la transparencia es la cualidad visual que se le atribuye a un objeto cuando no oculta a otro de mayor interés; en este caso la “información”, cuya visibilidad permite acabar con la corrupción7. Ambas palabras tienden a ser usadas para describir cualidades medibles y opuestas, en el sentido de “mayor transparencia es igual a menor corrupción”. No obstante, una mirada rápida a las métricas utilizadas para confirmar la relación transparencia-corrupción demuestra cuán peculiar es la teoría de la transparencia. Por ejemplo, observando el Índice de Percepción de Corrupción, ABC Color, al igual que muchos otros medios, presenta el índice como si la percepción de corrupción (obtenida a través de entrevistas hechas a ciudadanos sobre cuán corruptos ellos piensan que son sus gobernantes) fuese equivalente a la propia corrupción. Quienes elaboraron el índice indudablemente comprendían que esta es una equivalencia no del todo verdadera, sin embargo no se esforzaron en contrarrestar esta interpretación. De todos modos, si el propósito principal de publicar el Índice es alentar a los periódicos a que realicen denuncias de corrupción, entonces el Índice es simplemente un laberinto político autorreferencial, que produce el mismo fenómeno que volverá a medir el año siguiente (ver Marcus-Delgado, 2003)8. Sin embargo, el problema es más profundo. La afirmación de que la transparencia disminuye la corrupción se encuentra socavada por el método para producir el índice, ya que el aumento de la transparencia debería, en principio, aumentar la percepción de corrupción. En otras palabras, Transparencia Internacional reivindica la idea de que la corrupción podría disminuir en la medida en que sea percibida por el pueblo, pero su forma de medirla sugiere que la corrupción y su percepción son equivalentes. En el año 2004, en un caso canadiense— no relacionado—los medios se hicieron eco del ascenso de Canadá en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. Esto ocurrió durante un escándalo de soborno que involucró al partido de gobierno y al primer ministro. Al igual que en Paraguay, el ascenso en el ranking fue tomado inicialmente como una condena internacional de la corrupción, a pesar de que el ascenso—o sea el cambio en la 168 Capítulo Cuatro

percepción de los canadienses sobre la corrupción—se debió a que el auditor general descubrió a unos políticos corruptos y los llevó a juicio. En este caso, los medios de prensa dispuestos a defender la “reputación internacional” de Canadá, señalaron que en realidad el incremento en la percepción de la corrupción indicaba un sistema de auditoría transparente y saludable. En pocas palabras, existen diferentes interpretaciones posibles del Índice. Desde este punto de vista, la posición del gobierno paraguayo de que el índice es engañoso se podría considerar absolutamente legítima. Pero, al contrario de lo que sucede en Canadá, la prensa en Paraguay tiene como rol principal el de intentar avergonzar al gobierno ante su público nacional e internacional; por lo que la presentación de informes ha tomado el rumbo opuesto en comparación con Canadá. De hecho, lo más notable del intercambio entre el gobierno y Transparencia Internacional es que el primero se haya servido del mismo concepto de transparencia para atacar los métodos del segundo—en el contrato con MCS el gobierno afirmó que el índice de Transparencia Internacional en sí mismo no era transparente—. En otras palabras, el éxito de Transparencia Internacional se funda, no solo en la forma en que puede desestabilizar a los políticos—los cuales participan en el juego de acusación de corrupción—sino en la manera en que ha logrado replantear el lenguaje de la crítica política. La propia idea de transparencia ha usurpado el campo de las virtudes políticas, mientras el fracaso en crear una correspondencia entre representación y realidad se ha convertido en signo de corrupción. Como se puede observar, la transparencia es un lenguaje bien logrado, ya que hace posible vincular la corrupción con la política, los intereses y la parcialidad. Ciertamente el trabajo no es llevado a cabo solamente por Transparencia Internacional. Esta organización, y las políticas de las cuales toma su nombre, son sintomáticas de un episteme crítico que va mucho más allá de las fronteras del Paraguay. Desde el principio, la era moderna ha estado dominada por una especie de ideología semiótica que privilegia la cualidad representativa del lenguaje sobre otras cualidades. Como lo han notado, entre otros Timothy Mitchell (2000, 2002), el hecho de dividir el mundo en, por un lado lo real, y por el otro una imagen de lo real, es característico de esta forma de pensar. Ambas esferas permanecen separadas, y el conocimiento verdadero se construye en base a la correspondencia entre una y otra. La mayor parte de la preocupación modernista proviene de la sensación de que esta correspondencia nunca se Documentos Engañosos 169

logra totalmente. Las declaraciones, en lugar de ser tomadas como necesariamente posicionadas, pragmáticas e interesadas, son juzgadas por su desviación de una verdad ideal, convirtiéndose potencialmente en una mentira o en un grave error9. La popularidad de la transparencia deriva en gran medida del sello positivista producido y reproducido en las ciencias sociales: la suposición de que los métodos científicos tratan sobre la producción de representaciones sobre el mundo, mucho más exactas, y por lo tanto, muchos más transparentes que otras representaciones10. De hecho, el tipo de argumento esgrimido en las idas y venidas entre el gobierno paraguayo y ABC Color no es distinto a los utilizados en la antropología y la teoría crítica. Las reivindicaciones talismánicas de que la transparencia es la solución a la corrupción han dado, como era de esperarse, nacimiento a análisis antropológicos que evocan magia, fetichismo e ideología. La transparencia, sostienen algunos autores, es el nuevo fetiche del desarrollo económico11. El atractivo de este lenguaje analítico es obvio. Para los liberales del siglo XIX, el fetiche era opuesto a la transparencia, el sitio de la confusión representacional. Fue la táctica retórica de Marx la que situó al fetiche en el centro de la esfera racional por excelencia del liberalismo: el mercado12. Durante los años ochenta y noventa, los antropólogos usaron el fetiche para deconstruir al Estado, argumentando que el Estado no es un objeto en sí, sino es una proyección metafísica de las relaciones de poder que se confunden con un objeto13. Finalmente, la crítica del Estado se desplaza hacia una crítica que revela a los documentos oficiales como objetos fetichizados. Documentos tales como cédulas de identidad y títulos de tierra parecen, no solo, tener su propio poder inherente, sino además confirman la existencia del Estado (Gordillo, 2006; Wogan, 2003). Algunos analistas sugieren que la transparencia es sólo el nombre dado a una cualidad mágica e ilusoria atribuida (o negada) a los documentos del Estado (West, 2003). Este tipo de crítica ofrece una alternativa a la cómoda moral de Transparencia Internacional, pero también cae en la circularidad lógica. La razón por la cual es posible hablar del Estado en estos términos es que el fetiche de Marx ha sido refractado a través de la semiología posestructuralista (Pietz, 1993). En esta lectura, el objeto de fetiche es equivalente a un significante flotante cuya propiedad sobresaliente es “registrar la representación en lugar de ser representado, el modo de significación a expensas del objeto a ser significado” (Taussig, 1997, citado en Gordillo, 2006: 172)14. En otras 170 Capítulo Cuatro

palabras, el fetiche es una especie de opacidad que dificulta, en lugar de permitir a los espectadores ver “el objeto a ser significado”. Este fetiche no materialista, pero sólidamente fundado en la ideología de las representaciones, se ha incorporado a la crítica antropológica de la transparencia. La circularidad del argumento es inmediatamente visible cuando se describe a la transparencia como una máscara que oculta. En este momento la crítica se convierte en un acto de simple inversión. Tanto el proyecto como la crítica descansan en ideologías semióticas similares (cf. Keane, 2005). Dicho de otra manera, al igual que el intento del gobierno paraguayo de escapar a las acusaciones de no transparencia, el argumento del fetiche en la antropología parece incapaz de superar la misma ideología semiótica que crea el objeto de la crítica (cf. Keane, 2005). La crítica abre dos caminos: la posibilidad de una transparencia diferente o bien darse por satisfecho con respecto a la imposibilidad de transparencia en la conocida no-correspondencia entre el lenguaje y lo real. En sus iteraciones más sofisticadas, la transparencia misma se vuelve una especie de patología social de rebotar acusaciones (para ejemplos ver Zizek, 1997; Nelson, 2009). Sin embargo, ninguna de estas opciones ofrece un pivote para una apreciación etnográfica de los efectos que tienen las prácticas asociadas con las políticas de transparencia en situaciones particulares, ni tampoco ayudan a dilucidar lo que los funcionarios, campesinos, antropólogos o transicionistas conciben que están haciendo cuando gastan su tiempo y energía con estos documentos. Para superar este impasse analítico vale la pena acercarse un poco más al objeto que la transparencia pretende esclarecer: la “información”. La transparencia, como herramienta clave de la reforma política fue construida en base a una discusión más profunda llevada a cabo en el campo de la economía, en la cual se esgrimía el argumento que una mejor distribución de la información convertía a los actores económicos en actores más racionales. En la versión de Posguerra Fría, la transparencia permitía a los ciudadanos tomar mejores decisiones sobre su gobierno, sólo porque la política (especialmente la política electoral) ahora se veía como un mercado. Basándose en un argumento anticomunista hecho por Friedrich Hayek en 1945, los economistas habían estado debatiendo desde los años sesenta que la información, comercializada entre los contendientes en un mercado abierto, jugaba un rol importante en asegurar que las transacciones económicas alcanzaran su máxima eficiencia (Levine Documentos Engañosos 171

y Lippman, 1995). En las primeras versiones de esta tradición, los precios eran la señal más pura del mercado y proveían toda la información que los actores necesitaban para tomar decisiones. Pero pronto los economistas comenzaron a argumentar que existían más tipos de información utilizadas en la toma de decisiones económicas: información sobre calidad, confiabilidad, competitividad, condiciones del mercado, otros consumidores, etc.15 Era lógico que no todos tuvieran siempre la información necesaria para tomar decisiones racionales, y que esto afectaba negativamente los resultados del mercado16. Siguiendo una lógica similar a la de la transparencia, los economistas de la información sugerían que el resultado del mercado podría ser medido tomando como referencia un ideal de “información perfecta” (a pesar de que esto sea imposible de lograr) en donde todos los actores tuvieran completo conocimiento de todo lo que involucra a las transacciones; por lo cual era posible calcular la distribución de bienes más óptima. En comparación, los mercados actuales siempre eran “imperfectos”, pero al mejorar la información uno podría mejorar su eficiencia17. No obstante la extensión de esta literatura, permanece sorpresivamente poco claro lo que la “información” realmente significa18. La definición de información tiende a zigzaguear entre dos polos: constituirse en representaciones simples y precisas sobre el mundo tal cual es, y constituirse en señales entre partes de un sistema que tiene efectos predecibles. Estas definiciones no son enteramente compatibles entre sí y tampoco explican cómo—fuera de los modelos teóricos y abstractos—se sabe realmente si uno posee información o no. De hecho, aparentemente una de las principales cosas que la información crea para las personas involucradas en las reformas de la burocracia o de mercados es la preocupación sobre su propia existencia; la cual es una de las razones por la que tantos estudios se concentran en la información que no se tiene, que es imperfecta, incompleta o poco fiable19. El sentido de insuficiencia que persigue a la información está a menudo relacionado (pero no fácilmente identificado) con la confusión que abunda en lugares como una institución pública. A pesar de lo confuso de su significado, la idea de la información como una panacea para todo tipo de ineficiencias económicas, se convirtió en una idea de gran alcance en los años noventa. Fue adoptado por expertos de distintos puntos geográficos de la comunidad desarrollista internacional, desde neoliberales maximizadores de la eficiencia (p.e. North, 1990; de Soto 2000), hasta defensores de un enfoque reformista más mesurado como Joseph Stiglitz (2000), quien impulsó la inversión internacional en infraestructura de información para los países en vías 172 Capítulo Cuatro

de desarrollo. En los trabajos de autores desarrollistas, los cuales fueron ganando creciente popularidad, la información llegó a ser entendida como algo simple de crear e incuestionablemente bueno. Hechos como la caída de la Unión Soviética, y la pobreza en el Tercer Mundo eran atribuidos a problemas de información (Stiglitz, 1994; Shane, 1994), y la venidera “autopista de la información” (como se llamaba en aquel entonces a Internet) se suponía debía mejorar la economía a nivel mundial. En 1999 el Banco Mundial emitió un Informe sobre el Desarrollo Mundial, el cual ponía en la misma bolsa de “información imperfecta” problemas muy distintos como los ínfimos precios aceptados por campesinos en la venta de sus productos y la falta de disponibilidad de tecnología patentada para utilización de los ingenieros agrónomos nacionales20. En ambos casos, mayor información generaría mayor bienestar para los pobres, al promover el crecimiento equitativo en la agricultura. El Banco Mundial estaba completamente convencido de que esta era la vía correcta e incluso las publicaciones que no estaban directamente relacionadas con la información, daban a entender que muchos de los problemas económicos podían ser resueltos recopilando y difundiendo información sobre las condiciones de mercado. Cada propuesta contenida en el Informe del 2008, incluía componentes de investigación para promover políticas “basadas en evidencia” (Hetherington, 2009). Dado que ninguno de estos textos resuelve lo que significa la “información”, una gran cantidad de los proyectos de desarrollo que resultó de ellos se basaron simplemente en la producción de representaciones que parecían útiles a las personas que tomaban decisiones económicas. Al igual que los proyectos de archivos de los transicionistas y los proyectos de las ONG para “dar voz a los que no tienen voz”, el principal resultado de haber seguido esta línea fue una explosión de documentos y copias de ellos. En Paraguay, la versión más influyente de este argumento se encontró en El Misterio del Capital (2000) de Hernando de Soto. Esta versión, que afirmaba que el problema del Tercer Mundo era el “problema de la falta de información”, era simplista pero poderosa y no hace falta buscar mucho para encontrar funcionarios, transicionistas y consultores extranjeros que utilicen sus ideas como justificación a lo que hacen. De Soto dice que en el Tercer Mundo el capital está “muerto” porque los bienes no tienen una “vida representacional” que les permita ser llevados al mercado. El ejemplo de esto es la titulación de tierras. Las tierras necesitan se representadas para que uno pueda ir al mercado con la documentación que las represente (en vez de Documentos Engañosos 173

la propia tierra, que es obstinadamente inmóvil). Este argumento es engañoso porque implica que la titulación o el registro tratan simplemente sobre la creación de representaciones “faltantes”. De hecho, el esquema de titulación de la tierra y el Registro Civil no solo crean representaciones donde no existían anteriormente. Casi todos los mercados de tierra que la solución de de Soto ha propuesto reformar ya tienen catastros y registros de una forma u otra. El problema con estos sistemas de representaciones no es que no existan, sino que, en la opinión de de Soto, son ineficientes, ilegibles, contenciosos y por lo tanto no cumplen el rol que deberían cumplir. Pero evidentemente no pueden ser desechados, porque son el único registro del propietario. Así, lo que en realidad hacen los reformistas al decir que están creando información, es convertir las representaciones existentes en nuevas formas de representaciones que supuestamente contienen más o mejor información. Los archivos creados en base a las ideas de de Soto no son nuevas representaciones de bienes anteriormente muertos, sino nuevos documentos sobre antiguos documentos, sobre el argumento de que los nuevos documentos hacen algo que los documentos antiguos no: producen un mercado de tierras eficiente. La información ya no es una cosa, sino la descripción de un efecto. Los documentos contienen información si producen el efecto deseado por los expertos del desarrollo (mercados de tierra eficientes) y no la contienen si fallan en producir este efecto. Más precisa y circularmente, la información es lo que se dice que contiene un documento, siempre y cuando el documento tenga el efecto que los modelos económicos han atribuido previamente a la información. Uno de los problemas de esta visión es que los sistemas documentales pueden ser ineficientes por tener demasiados documentos y las reformas burocráticas siempre agregan más documentos a los ya existentes. Por esta razón, para los mismos reformistas hay una delgada línea que separa los proyectos que sólo agregan páginas a los ya sobrepasados archivos que impiden la información, y aquellos que enuncian estar efectivamente dirigidos a crear información donde no existe. La diferencia está en los detalles que se pierden en el lenguaje neutral sobre la creación de información: la clave para asegurarse de que los documentos contengan información es reducir la ineficiencia, la falta de confianza y sobre todo la conflictividad. Crear información se trata de disciplinar la interpretación de los documentos. A pesar de esto, la explicación predominante es la misma: un documento es bueno si representa verdaderamente algo más que a sí mismo. El documento 174 Capítulo Cuatro

necesariamente existe en un lugar, un problema mundano con el cual los burócratas tienen que lidiar, pero la realidad a la cual se refieren es algo estable, apolítica, desinteresada. Lo que los reformistas burocráticos hacen, es lo mismo que los auditores: informan sobre la consistencia de cosas encontradas en otros documentos. Y como ha señalado Michael Power (1997), todos los informes de auditoría están limitados en su autoridad por el mismo motivo por el cual son necesarios: la teoría de que los documentos nunca pueden capturar enteramente lo que debieran capturar. La popularidad de de Soto es atribuible precisamente al ascenso de lo que Power llama “sociedad auditora” en Paraguay, esa sensación de que todas las representaciones existentes de los bienes son sospechosas, y que la única forma de hacerlas confiables es creando nuevas representaciones de las que sospechamos. Al igual que las idas y venidas entre el gobierno paraguayo y Transparencia Internacional, el juego de la “información” es definir cuáles representaciones se aproximan a lo real. En un clima de sospecha con respecto a todas las cuestiones de representaciones, la transparencia es la habilidad de convencer a otros, aunque sea brevemente, que a diferencia de cualquier otra persona o documento, sus representaciones de los intentos de representación anteriores, proveen acceso a lo verdadero. La transparencia y la información, ya sea en la política paraguaya, en las reformas burocráticas o en las propias ciencias sociales, son parte de una trampa sobre la cual los antropólogos lingüísticos han advertido. Las disciplinas que han dado ascenso a este tipo de pensamiento están por lo general atrapadas en una peculiar episteme que “da prioridad ideológica a la función referencial del lenguaje, y al texto, entendido como la objetivación de esa función” (Crapanzano, 1981: 123; Silverstein, 1979). La respuesta lingüística a este problema atraviesa la visión peirceana del lenguaje, en donde “los signos dan lugar a nuevos signos en un proceso interminable de significación” (Keane, 2005: 187). Desde esta perspectiva, los documentos, como cualquier otro dispositivo significante, no pueden tener un significado estable. Ellos no contienen ninguna información. Lo que nosotros llamamos información son los significados contingentes actualizados en el proceso de lectura en un contexto dado. Este modelo de significación es mucho más cercano al abordaje pragmático que tienen los campesinos y la mayoría de los funcionarios paraguayos para negociar su relación con el Estado.

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NO SE GANA NADA SOBRE PAPELES En la región oriental del Paraguay existe una fuerte crítica a los documentos, frecuentemente representada en la frase: “Ndojeganai mba´eve kuatia´ári” (no se gana nada sobre papeles). La mayoría de los campesinos con quienes hablé eran muy escépticos a las afirmaciones hechas acerca de los documentos burocráticos modernos. Frases como “Pea kuatiánte” (eso es sólo papel) o “Kuatia ndovalei” (el papel es inútil) expresaban la inutilidad de los documentos. Los auditores campesinos son una excepción a esta regla. La razón por la cual los campesinos desprecian los papeles puede ser ejemplificada por las diferencias entre los distintos tipos de médicos en el campo. Los médicos naturales (médico ñana) y los médicos brujos (médico paje) recitan y hechizan, repartiendo objetos con poderes curativos, incluyendo imágenes religiosas y oraciones que tienen gran valor para la gente. Sin embargo, los doctores modernos (médicos) solo ofrecen prescripciones, lo cual es tomado, a lo sumo, como un truco para incrementar su propia ganancia. A pesar de que la mayoría de los campesinos desean y tienen fe en la medicina moderna, muchos ven a los doctores como meros dispensadores de prescripciones, pedazos de papel, cuya única función manifiesta es limitar el acceso directo de los pacientes a medicina en la farmacia. Los documentos son una forma de mediación superflua insertado por las elites a las transacciones, que de otra manera serían directas. La carga que los doctores imponen por el “servicio” de redactar estas recetas es considerada injustificada, pero dado el control que los doctores tienen sobre el flujo de los medicamentos, los campesinos reconocen su dependencia del servicio. Documentos como las recetas son en realidad utilizados solamente como método de las élites para estafar continuamente a los pobres. Este tipo de crítica es fácilmente extensible a las transacciones de la tierra, que parecen complicarse más, y ser más costosas con cada nueva capa documental que se suma al sistema. Cada documento, hasta cierto grado, fortifica los muros de la ciudad letrada y crea un vector de explotación por el cual los burócratas pueden demandar pequeños pagos de los pobres para privilegiar la protección de la ciudad. Y sin embargo, a pesar de la consabida inutilidad de los papeles, ciertos documentos son puestos en un pedestal por sus dueños; casi toda la actividad política en la cual participé durante mi investigación involucró el tratar de ganar cosas sobre papeles. Muchas de estas 176 Capítulo Cuatro

batallas involucraban a la tierra, y nadie consideraba haber ganado la tierra hasta tanto la posesión fuera materializada en papeles de algún tipo. Aquellos que ya poseían dichos documentos, o alguna versión de los mismos, los tenían bien guardados y protegidos, a menudo con los documentos de identidad y fotos familiares. Algunas personas se rehusaban a mostrarme sus títulos y derecheras por temor a que eso les causara problemas, mientras otros, orgullosamente me los mostraban, esperando mientras leía los detalles de la página. En los inicios de mi investigación yo estaba dirigido a atribuir el aura de los títulos de propiedad y otros documentos a la historia de la educación estatal. La actitud de la gente me recordaba a las fotos de los documentos producidos por el IBR en los años sesenta, setenta y ochenta, que presentaban a hombres campesinos, mostrando documentos, como la última expresión de inclusión en la república21. La imagen icónica del campesino joven mostrando un pedazo de papel resonaba frecuentemente en reuniones, donde los campesinos presentarían los papeles como prueba de las victorias burocráticas, como cuando Jorge retornó de Asunción para mostrarnos a todos lo que había logrado al abrir un archivo lleno de fotocopias. El nuevo líder campesino, sosteniendo papeles y con ello desafiando a la autoridad era tanto una extensión como una inversión del sujeto campesino creado por la Reforma Agraria. El nuevo líder campesino ya no mostraba títulos, en su lugar, los accesorios de su discurso eran documentos sobre procedimientos burocráticos, recortes de diarios sobre la corrupción del gobierno o cartas furibundas dirigidas al presidente. Estos gestos documentales afirmaban batallas y victorias parciales sobre papel. Los campesinos también producían documentos y adoptaban prácticas documentales de la burocracia moderna, como por ejemplo escribir minutas altamente detalladas y protocolos sobre sus reuniones. La FNC hasta imprimía tarjetas de identidad para sus miembros, similares a aquellas que se repartían en los partidos políticos. En esta contradicción, de desear y desconfiar en los documentos, yacía una tensión fundamental sobre la forma de hacer política. Este era uno de los puntos de fricción entre Jorge y su hermano Antonio, por ejemplo. Antonio no estaba lo suficientemente formado como para participar en el lado auditor de su operación conjunta, y cuando Jorge falló en producir los resultados en sus andanzas documentales, Antonio se quejaría diciendo que no se podía ganar nada con papeles, o que “la kuatia ricomba´e” (los documentos son cosas de ricos). Él no Documentos Engañosos 177

Figura 5. Esta fotografía de Stroessner sosteniendo el brazo de un campesino, mientras este lleva en alto un título de tierra aparecía en la tapa de uno de los libros de Juan Manuel Frutos sobre la Reforma Agraria. (Cortesía de Editorial El Foro)

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era el único en expresar esas preocupaciones cuando Jorge o Sonia retornaban de los archivos en Asunción para encontrarse con la gente defendiéndose de los ataques físicos a sus tierras. Jorge personalmente luchaba con la sensación persistente de que sus compañeros pensaban que se había convertido en alguien muy distante, demasiado parte del mundo asunceno, y que estaba perdiendo su base. Esta cuestión de cómo, cuándo y qué tanto comprometerse con los documentos era debatido en cada nivel de la organización, e impregnaba toda actividad. Fue durante una de mis incursiones al IBR, con Jorge, que me di cuenta cuan delicada era realmente la negociación con los documentos. Jorge me había invitado a una reunión, junto con otros cinco miembros del MAP, algunos de los cuales entrarían al IBR por primera vez. Los convocados nos habíamos juntado la noche anterior y Jorge nos había preparado, equipándonos a cada uno con una carpeta llena de documentos que serían importantes para el evento. Con la ayuda de otros dos líderes y de Digno Brítez—el abogado de Asunción que trabajaba para una organización jurídica jesuita—Jorge había logrado agendar una reunión con el gerente general del IBR. El gerente tenía un estatus interesante en la institución; y a pesar de que su oficina era una de las más grandes en el edificio, con la sala de espera siempre llena de gente, su posición no aparecía formalmente en el organigrama de la organización. De acuerdo con las leyes de procedimientos que regían el funcionamiento del IBR, existía un gerente general22. Sin embargo, en la práctica, su rol era decisivo, extendiéndose a todas las operaciones. La persona que previamente estaba en el cargo, lo había dejado para convertirse en presidente de la institución. Casos problemáticos y peticiones inusuales (como antropólogos pidiendo acceso a los archivos) pasaban por su oficina en algún momento. Los expedientes eran enviados allí cuando los funcionarios con funciones más específicas no podían descifrar qué hacer con ellos. Y el hecho de que Jorge hubiera logrado agendar una reunión, era un signo claro de que era un cliente conocido. El gerente había concedido una audiencia para discutir seis diferentes casos que no encontraban solución. Todos estos involucraban a tierras con múltiples demandas, dos de ellos, incluido Tekojoja, tenían contrademandas recientes, mientras que los demás se remontaban a veinte o treinta años atrás. Estos eran los tipos de casos que a menudo caían bajo la categoría de tierra malhabida: tierras que habían sido colonizadas por ocupantes precarios con el Documentos Engañosos 179

aval implícito de la institución, pero que nunca habían sido totalmente redistribuidas porque su historia era demasiado engorrosa para una simple expropiación o compra. Las comunidades que se asentaban en este tipo de tierras vivían con el constante temor a ser desalojados por ex reclamantes, y con la variable “soja” que elevaba el valor de la tierra en la zona, muchos de estos dueños, o más a menudo sus herederos, amenazaban con hacerlo. Resoluciones para este tipo de casos descansaba en soluciones del gobierno como saldar las deudas que pesan sobre la propiedad o forzar una decisión legal y en todos los casos el IBR había evadido los expedientes por varios años, mientras ellos crecían y se multiplicaban. Cuando el IBR fallaba en abordar y cerrar el expediente, la situación legal permanecía lo suficientemente confusa, de manera que el tipo de violencia visto en Tekojoja era una posibilidad. La habitación, si era bien grande, era bastante incómoda para las quince personas presentes en la reunión, y uno de los campesinos se sentó de cuclillas delante de la puerta durante gran parte de la reunión, levantándose cada dos o tres minutos para dejar a la gente entrar o salir. El gerente estaba sentado tras un gran escritorio, que era el único mueble en la habitación a parte de un par de sillas y armarios llenos de expedientes. Tres secretarios estaban parados detrás del escritorio y eran enviados a hacer diligencias cada cinco minutos, mientras dos abogados de la asesoría jurídica se turnaban para sentarse en una única silla metálica. El resto de nosotros, ocho hombres y una mujer, estábamos parados del lado opuesto a la pared, también sentándonos por turnos. Se llegó a desarrollar una pauta para cada una de las discusiones. Jorge anunciaba el nombre de la comunidad a discutir, junto con el número y título del expediente correspondiente. El gerente mandaba a uno de sus asistentes a buscar el archivo, y uno de los campesinos, usualmente con ayuda de Jorge, comenzaba a explicar el caso. Él o ella explicaban los rastros documentales de memoria, explicando al gerente qué encontraría en su propio archivo, detallando la acción burocrática requerida para resolver el caso y haciendo referencia a artículos del Estatuto Agrario pertinentes. En general los campesinos aconsejaban al gerente mandar a un representante a realizar una visita in situ de manera a que puedan ser testigos de la falsedad de las afirmaciones hechas por sus oponentes o por funcionarios previos. Estas intervenciones eran todas, prólogos a la lectura: preparaban al gerente a interpretar el expediente de una forma particular. Al 180 Capítulo Cuatro

comienzo, el propio documento parecía jugar un rol meramente decorativo. A medida que íbamos hablando de los casos, los asistentes del gerente retornaban con los expedientes, a menudo enormes y mustios paquetes de documentos, cientos o miles de páginas que se mantenían unidas por cinta adhesiva, grapas y cuerdas. El gerente les dio una mirada, pero sin intenciones de corroborar ninguna de los reportes que habían sido dados de forma oral. Por momentos uno de los asistentes hojeaba algún documento en la pila, pero cualquier cosa que pudiera ser encontrada por ellos, no sería discutida en la reunión ampliada. Las únicas personas que podían hablar con autoridad sobre los documentos del lado del gerente fueron los abogados de asesoría jurídica, quienes tenían experiencia previa con dos de los casos en particular. De hecho, mientras los documentos eran centrales en la reunión, tanto como utilería estética para indicar autoridad y agilidad burocrática, así como puntos de referencia, no fueron consultados directamente en ningún momento. Su contenido era útil en la medida en que fue memorizado, de una forma ya interpretada e interesada. Como lo mostraron Jorge y uno de los abogados, los argumentos hechos sobre el contenido de los expedientes oscilaban entre lo que estaba en el documento y lo que se encontraba fuera de ello. Es decir, presentaban el contenido como relacional, con cuestiones que el documento no mencionaba, relatos sobre lo que sucedía en el sitio, meta-relatos sobre como los documentos fueron creados y quejas sobre su tratamiento previo por parte de funcionarios. Los balances de fuerza y autoridad en la habitación habían sido tan cuidadosamente orquestados, a sabiendas de lo resbaladizas que eran estas interpretaciones. Mientras la reunión fue enmarcada como una conversación sobre cuestiones técnicas, Jorge fue explícito desde el inicio en que también era una confrontación política calculada. Por un lado, el gerente y su personal, claramente utilizaban al escritorio y sus montículos de papel para reforzar su autoridad. En todas estas conversaciones, la autoridad recaía en el expediente, y el gerente mostraba que los documentos eran parte de su dominio. Como todos los expedientes, estaban escritos en español, el personal detrás del escritorio murmuraba entre sí en español, marcando de esta manera un sitio de autoridad lingüística. Jorge, por su parte, había balanceado la dinámica del poder dando a los campesinos las mencionadas carpetas e instruyéndoles sobre cómo hablar con autoridad al respecto. Sin embargo, y más importante aun, había buscado llenar la habitación con la mayor cantidad de campesinos físicamente presentes, además de Documentos Engañosos 181

un abogado y un antropólogo, con varios de nosotros permaneciendo de pie durante toda la reunión. Esto también significaba que la conversación sería conducida durante gran parte en guaraní. A pesar de que el gerente entendía guaraní, lo hablaba vacilantemente, por lo que se vio obligado a asumir una posición deferente cuando hablaba. Esto convertía a Jorge en la persona más fluidamente bilingüe en la habitación, lo cual le facultaba a cambiar estratégicamente de un idioma a otro para ayudar o evitar la comunicación de acuerdo al estado de ánimo. Los que rodeaban al gerente no hablaban guaraní, así que apenas participaban de la conversación. Solo la abogada de la asesoría jurídica cuestionaba periódicamente a Jorge. Lo hacía de forma bastante agresiva y en español. La estrategia, según me explicaron, era la misma utilizada en las marchas y cortes de rutas: sin quebrar ninguna ley los campesinos intentarían forzar su participación en la conversación oficial, a través de una gentil intimidación. Los campesinos no cuestionarían la autoridad de los expedientes, sino crearían un clima en el cual su interpretación de los expedientes llegara a dominar la conversación y condujera a una lectura oficial. Una vez que el gerente estuviera listo para hacer un pronunciamiento, pediría a sus asistentes que redacten un borrador de un nuevo documento, detallando un plan de acción, que luego sellaría y firmaría para adjuntarlo al creciente expediente. La mayoría de estos “planes de acción” eran órdenes para que la asesoría jurídica releyera los expedientes a la luz de lo que había sido aprendido de los campesinos o de las visitas al campo. El asesor luego sumaría su nueva interpretación al expediente, y así facilitaría al presidente de la institución tomar una decisión en el caso. En otras palabras, la conversación que hacía constante referencia a la lectura, se trataba en realidad de la escritura, no se trataba de consultar el archivo, sino de sumar a su sedimento. Esto formaba parte de la estrategia documental de los campesinos, sabiendo que la interpretación es sólo políticamente efectiva en la medida en que produce más papel. Esto sugiere algo sobre la visión de los campesinos de la materialidad y sobre cómo funciona la burocracia paraguaya. Para los campesinos, demuestra cómo puede haber una estrecha relación entre la labor agrícola, la política, los títulos de tierra y otros tipos de documentos burocráticos. Cuando los campesinos se involucran con dichos documentos, producen más documentos, y por lo tanto producen el panorama legal que les rodea. Para los burócratas, pone de relieve la incongruencia de sugerir que los 182 Capítulo Cuatro

documentos “almacenan” información o dan acceso a la información. En su lugar, sugiere que la información es una cualidad potencial de los documentos como objetos materiales, que produce más objetos materiales. Yo utilizo la palabra cualidad para llamar la atención sobre el aspecto más importante de la materialidad de los documentos. Decir que la información es una cualidad de los documentos es lo mismo que decir que el color rojo es una cualidad de las manzanas, y esto, como Webb Keane (2001 y 2005) señala, significa que el color rojo siempre está conectado materialmente, de forma irreductible, a otras cualidades. Las cualidades deben encarnar algo particular. Pero tan pronto lo hacen, son contingentemente (más que por necesidad lógica) ligados a otras cualidades, el color rojo de la manzana viene con forma esférica, peso ligero, sabor dulce, una tendencia a descomponerse y así sucesivamente. En la práctica, no hay manera de eliminar completamente ese factor de co-presencia, o lo que podríamos llamar agrupación. Esto apunta a uno de los efectos obvios, pero importantes de la materialidad: el color rojo no puede manifestarse sin algún tipo de encarnación, a la cual ineludiblemente se unen otras cualidades. Esto puede convertirse en un factor contingente, pero real en su vida social. El agrupamiento es una de las condiciones de posibilidad para lo que Kopytoff (1986) y Appadurai (1986) llamaban la biografía de las cosas, ya que las cualidades agrupadas en cualquier objeto modifican su relativa importancia, valor, utilidad y relevancia en los distintos contextos (Keane, 2005: 188). La información, siempre múltiple y siempre parte del futuro del documento, está atada a la posibilidad de descomposición, fuego, rasgaduras, lágrimas, robos y pérdidas. Los sellos y las firmas pueden o no conectar el documento con biografías paralelas de burócratas pasados y presentes, modificándose entre lecturas, siendo conectados y desconectados con nuevas redes y enredos políticos. A medida que el documento crece, todo tipo de contingencias pueden interceder en su crecimiento, abriendo nuevas posibilidades interpretativas y cerrando otras. Las páginas perdidas accidentalmente o no, son parte de las sorpresas de los documentos, al igual que las futuras reformas legislativas, que enmendarán totalmente las cualidades Documentos Engañosos 183

de los documentos. Su tamaño podrá afectar cómo se lo maneja, la posibilidad de ser transportado a lo largo de una oficina durante un debate, o incluso de ser leído. Y la propia presencia de palabras escritas, en un contexto dominado por una ideología semiótica de la transparencia, podrá obligar a la gente a leerlo en búsqueda de una interpretación definitiva. Los documentos son artefactos con muchas cualidades que pueden ser momentáneamente actualizados como información en sus múltiples lecturas, negociaciones, y peleas en las que son introducidos. La perspicacia de los auditores campesinos es nunca ver a los documentos como el punto final, sino como el sitio de posibilidades, no como un almacén estático de información, sino como una herramienta para lograr algún efecto político. Y quizá sea este el punto en el cual los auditores campesinos se apartan totalmente de la pedagogía documental del populismo stronista. Las imágenes difundidas por el régimen, de campesinos sosteniendo documentos, al igual que las docenas de libros escritos por Juan Manuel Frutos enumerando los títulos que habían sido entregados a los campesinos, estaban destinados a mostrar los efectos del buen trabajo del régimen. Es para esta victoria pírrica que todos utilizan las palabras “no se puede ganar tierra con papeles”. Pero al igual que las casas de ladrillos, los árboles frutales, las armas y los teléfonos celulares, un documento bien elaborado y cuidadosamente manejado puede abrir posibilidades en la interminable lucha por la tierra.

NO ACERCARSE A LA MESA Con el paso del tiempo llegué a ver la ingeniosa manipulación y producción de los documentos como la habilidad principal de los auditores campesinos, y las sesiones en la sala de Jorge como una forma de aprendizaje para los campesinos de varias comunidades vecinas. Las cartas selladas y las fotografías de Tekojoja, la reproducción y discusión del informe de Alegre sobre el mal manejo del IBR, y los archivos que Jorge montaba para llevar a la oficina del gerente general, eran todos intentos de guiar a los documentos hacia configuraciones que podían ayudar a las metas políticas de los campesinos. Digo manipulación ingeniosa porque no significa que dominaban los documentos lo suficiente como para imponer definitivamente su voluntad sobre ellos. Según ellos, nadie había logrado dominar los documentos. El compromiso estratégico con la materialidad de los documentos significaba negociar las cualidades agrupadas que estos traían consigo. 184 Capítulo Cuatro

Hacia el final de la reunión en la oficina del gerente, tuvo lugar un episodio que echaba luz sobre una de las dificultades que los campesinos encontraban cuando usaban los documentos de esta manera. Era el caso de Yro’ysã, una comunidad de campesinos que había estado luchando desde principios de los años noventa para obtener los documentos legales de la tierra que ocupaban. La historia, que había escuchado en una reunión entre Jorge y Julián Pérez, el principal representante campesino de Yro’ysã, era algo así: en el año 1993, los campesinos habían hecho el pedido de expropiación de tres fracciones de tierra al IBR, estas tierras supuestamente pertenecían a tres terratenientes que habían caído bajo sospecha luego del golpe de Estado en 1989. El pedido derivó en un expediente que solicitaba al IBR examinar las propiedades de los generales Amarilla y Gómez y la del empresario Luciano Olivieri, para así comprobar la existencia de un asentamiento de ocupantes bien arraigados en esas tierras. Los solicitantes estaban seguros de que esto daría lugar a una “reversión” de la tierra malhabida a los ocupantes. En estos casos la resolución más rápida para el IBR era la de comprar la tierra a los propietarios lo más rápido posible, dividir las fracciones en lotes campesinos y comenzar el largo proceso de colonización y titulación. Gómez y Amarilla pronto sumaron cartas al expediente indicando su voluntad de vender la tierra a 350.000 guaraníes la hectárea, y luego de dos años de trámites sus dos granjas habían sido transferidas a la institución y parceladas para los residentes campesinos. Olivieri también escribió una carta al IBR acordando las mismas condiciones de venta. Pero había cuestionamientos sobre la legalidad del título, lo cual complicó las negociaciones, ya que la institución no quería pagar por tierra que no era propiedad legal. En cierto momento, el expediente que trataba de las tierras de Gómez y Amarilla fue desglosado del caso de Olivieri. El primer expediente siguió adelante y la compra se cerró, mientras que el nuevo expediente de Olivieri quedó en el limbo. El supuesto dueño y los campesinos que vivían ahí habían reñido por años, acusándose mutuamente de ladrones, de realizar reclamos falsos y efectuar amenazas violentas. El IBR fue llamado en varias ocasiones y mandó equipos al área en un esfuerzo por resolver el conflicto, retornando cada vez con mapas y fotos pero sin soluciones claras. La última rueda de negociaciones estaba sucediendo con la viuda de Olivieri. Luego de la muerte de su marido en el año 2000 ella mandó una carta a la institución ofreciendo vender la tierra por Documentos Engañosos 185

800.000 guaraníes la hectárea. Una serie de estudios y encuestas fueron llevados a cabo, pero nuevamente la transacción se estancó. En el año 2004, Pérez, al mando de un nuevo grupo de campesinos asociados al MAP, escribió una carta al IBR demandando que se resuelva el caso con lo que el expediente fue nuevamente abierto. Esta vez el IBR tomó la iniciativa y escribió a la viuda de Olivieri, preguntándole si todavía estaba dispuesta a vender las tierras. La respuesta fue favorable, pero respondió que dada la nueva situación rural (léase el creciente valor de la tierra a causa de la expansión de la soja), el precio de la tierra sería de 2,6 millones de guaraníes por hectárea23. El IBR estaba dispuesto a comprar, pero no pudo obtener los fondos inmediatamente. Por otra parte había surgido un nuevo problema, un caudillo local del partido colorado llamado Castillo había cercado un pedazo de la propiedad, alegando que el IBR se lo había entregado. Todo esto era conocido, con mayor o menor detalle, por los campesinos parados en la oficina de gerente aquel día, pero el gerente y sus asistentes no sabían casi nada al respecto. La idea central de la agenda de los campesinos en la reunión a la cual asistí era convencer al gerente de apurar el proceso de compra de la tierra de una vez por todas. Parecían estar acercándose a un acuerdo, y tenían la esperanza de poder forzar una resolución convenciendo al gerente de la necesidad política de acción. El trabajo de contar la historia cayó sobre Julián Pérez, quien a pesar de no ser muy carismático, podía hablar durante horas sobre la comunidad y su historia. Su tierra, el pedazo de la fracción de Olivieri donde había estado viviendo por diez años, estaba ahora siendo amenazada por Castillo, y Pérez alegaba que no había forma de resolver el problema entre vecinos, a menos que se resuelva la legalidad de la fracción mayor. Presentó el caso de manera clara y concisa, pero la oficina del gerente parecía ponerlo nervioso, por lo que se perdió en los detalles del rol de Castillo, que a pesar de ser importante para él, era periférico para el caso principal. También miraba constantemente el documento que tenía en su mano, una fotocopia de uno de los varios mapas de la propiedad que el IBR había producido durante los últimos diez años. En cierto momento vio que el gerente también estaba mirando el documento que tenía en sus manos. Así que se levantó y se movió hacia la mesa para mostrarle el papel, en lugar de intentar explicarlo él mismo. Tan pronto se acercó a la mesa, el estado de ánimo en la habitación cambió. Mientras tres personas acurrucadas alrededor 186 Capítulo Cuatro

de la mesa con Pérez comentaban el papel, la energía del resto de la habitación se fugó. El resto de nosotros ya no pudo escuchar lo que se estaba diciendo, así que fuimos excluidos de la conversación, que para ese entonces era llevada a cabo mayormente en español. Pérez y el gerente ya no se miraban a los ojos; el gerente daba la vuelta las páginas, deteniéndose en sellos y firmas, y leyendo el texto en español a su equipo. Las personas que me rodeaban se pusieron inseguras sobre qué hacer con el espacio. La situación continuó aproximadamente cinco minutos, hasta que Jorge se acercó a la mesa proclamando “todos estos detalles serán trabajados una vez que la tierra sea comprada”. Luego, continuamos con los dos últimos casos. Pero el acto deferencial de Pérez, su concesión a dejar de hablar guaraní, a abandonar su interpretación de los documentos y su historia había afectado la dinámica de la negociación. Los campesinos perdieron la ventaja que tan cuidadosamente habían mantenido el resto de la reunión. Con respecto al caso de Toro Kangue, la asistente del gerente regresó diciendo que no encontraba el expediente, y el gerente simplemente resolvió que se siga buscando. Con respecto al caso de Tekojoja, Jorge casi entró en una competencia de gritos con la abogada de asesoría jurídica, quien insistía que Jorge era la fuente primaria del problema en esa comunidad. Cuando le pregunté a Jorge cómo se sentía respecto a la reunión, dijo que estaba satisfecho de haber ingresado a tantos campesinos a la habitación y amarrado a tantos funcionarios por dos horas. El único problema fue el error de Pérez. “Nunca se puede acercar a la mesa”, dijo. “Cuando alguien se acerca a la mesa, la reunión está perdida”. Volvería a escuchar esta opinión muchas veces más, tanto como una advertencia para las personas, como en la planificación de las reuniones. Fui testigo de una reunión con el presidente del IBR que se frustró cuando la gente comenzó a acercarse a la mesa con pedidos específicos relacionados con documentos que sostenían en sus manos, generalmente recibos, mapas o permisos de ocupación emitidos por algún burócrata años atrás. Era evidente que los funcionarios disfrutaban de estos momentos, mientras los campesinos les cedían autoridad interpretativa. Aliviaba la presión, colapsaba los espacios de negociación, y les permitía desactivar los discursos más fuertes evitando hacer contacto visual con los agresivos líderes campesinos. Pero aun más importante, restablecía lo que para los funcionarios era la jerarquía social adecuada en torno a los documentos, y devolvía el control sobre la interpretación a los tecnócratas de la ciudad letrada. Documentos Engañosos 187

El caso de Yro’ysã fue resuelto a finales de ese mismo año, pero la resolución tenía muy poco que ver con lo que había sido leído del expediente durante la reunión. Si algún efecto tuvo la reunión fue la de mover el expediente hacia la órbita de la gente correcta en la institución. La viuda de Olivieri era más persistente de lo que su difunto marido había sido. En abril del mismo año, los abogados de Olivieri habían aparecido por última vez con las fotos que intentaban demostrar la urgencia de la situación (fotos de casas campesinas con epígrafes donde se leía que los campesinos eran invasores de tierra). Manteniendo el expediente en circulación y sumando nuevas páginas, el caso de Yro’ysã se mantuvo en la lista informal de prioridades de la institución. Esto pudo deberse al simple hecho de que el expediente permanecía en el lugar correcto, de la pila de documentos correcta, en el momento adecuado, ya que la verdadera ruptura se produjo cuando el gobierno recibió un crédito no reembolsable de 80 millones de dólares del gobierno de Taiwán para “resolver conflictos rurales”, y Yro’ysã fue elegido. En ese punto, cuando el secretario general decidió autorizar la compra, el expediente se trasladó a un nuevo nivel de la burocracia y circuló a otra velocidad. La orden del gerente llegó con la condición de que fueran hechos tres trámites más en relación con el expediente. El primero, a pesar de tener cuanto menos diez mapas y mediciones—que iban de las 398 hectáreas originales hasta 405 hectáreas—, era realizar un mapa. El gerente envió un agrimensor para producir el nuevo mapa, esta vez con el GPS que había sido habilitado recientemente en el área. La nueva medición arrojó la mayor cifra hasta entonces: 413 hectáreas. El segundo trámite fue una nueva estimación del valor de la propiedad. El gerente, insatisfecho con el nuevo precio exigido de 2,6 millones de guaraníes por hectárea, había ordenado una nueva estimación. El nuevo precio ascendía a 3,5 millones de guaraníes por hectárea, cifra que crecía rápidamente debido a que los sojeros entraban en fase de compra de tierras. Viendo que el valor estimado por la institución era mucho mayor que el precio pedido por la viuda, el IBR calladamente llegó a un acuerdo en relación al precio, y decidió ignorar la nueva medición, quedándose con el área conocida por la viuda, de 398 hectáreas. Pero otro problema salió a la luz al encontrarse en el expediente un recibo que sugería que la propiedad cargaba con una vieja deuda pendiente. El tercer trámite por lo tanto fue mandar a un abogado para revisar el problema de tal manera a esclarecerlo. 188 Capítulo Cuatro

Una semana más tarde la abogada presentó un informe fascinante. De acuerdo con su lectura del rastro documental, Olivieri había comprado originalmente la propiedad de un coronel llamado Julio Rojas, a quien el IBR había adjudicado la tierra en el año 1975. Pero Rojas no había terminado de pagar al IBR por la propiedad, lo que técnicamente significaba que la tierra era intransferible en el momento en que lo vendió a Olivieri. Este detalle había sido pasado por alto hasta entonces. Esta situación era delicada, ya que el IBR estaba actualmente sumido en controversias por su propia falta de consistencia sobre esta misma norma24. Técnicamente, el descubrimiento de esta irregularidad anulaba toda posibilidad de compra de la tierra. El título sería retornado a Rojas, dondequiera que esté, quien después tendría que rendir cuentas de su deuda con la propia institución que ahora estaba intentando comprar la tierra en cuestión de otra persona. En su sorprendente conclusión del informe la abogada reveló su propia frustración en una media página sin mucha puntuación: Si el Instituto intentaba retomar las tierras de los herederos de Olivieri por habérselo comprado ilegalmente, estos últimos podrán ampararse en la buena fe en las transmisiones, lo que podría derivar en el resultado adverso del juicio a los intereses del Instituto, y aun cuando el mismo resulte favorable, come se dijo, se retrotraerán las circunstancias al tiempo anterior a la celebración del acto de transferencia, es decir se tendrá de nuevo como propietario al señor Rojas, ergo TODAS las acciones judiciales constituirían un dispendio de tiempo y gasto inútiles, por tanto conforme a los fundamentos de hecho y de derecho expuestos corresponde que prosigan los trámites pertinentes para la transferencia del inmueble ofertado a favor del Instituto, procediéndose al pago total del precio del bien, al tiempo de la celebración del acto de traspaso del dominio. ES MI DICTAMEN En otras palabras, su lectura del documento la llevó a concluir que si el IBR procedía de acuerdo con lo que el expediente indicaba, terminaría convirtiendo a la propia lectura de los documentos en una pérdida de tiempo. No se podía permitir que los documentos impongan su pasado en los trámites del presente. Por eso era mejor proceder como si fuera que los documentos no existían. Por fortuna otro documento podía ser invocado para este fin. El artículo 123, sección Documentos Engañosos 189

G de la nueva ley de contrataciones públicas permitía a ejecutivos de ciertas instituciones renunciar a los detalles legales para adquirir propiedades si existía un “problema social” lo suficientemente urgente que se pudiera resolver adquiriendo las mismas25. El resultado, favorable a corto plazo para todos los involucrados, no era el resultado de una simple lectura de los documentos. Más bien se debía a la creación de nuevos documentos que mencionaban viejos documentos, creando novedosas articulaciones entre los expedientes encontrados. La decisión legal utilizaba algunas interpretaciones del archivo, excluyendo de manera pragmática otras, de manera a producir uno nuevo. En el mejor de los casos esta nueva interpretación significaba nuevos potenciales ofrecidos a futuros auditores, funcionarios y contextos. Los abogados del IBR compartían con los campesinos esta valoración de la materialidad de los documentos y la idea de que no era enteramente aconsejable dejar que los documentos “hablen por sí solos”. Considerando nuevamente la instrucción de Jorge de no acercarse a la mesa. Esta era una instrucción contextual, basada en el conocimiento de, como lo diría Keane, “las cualidades agrupadas en un objeto se cambiarán en su relativa importancia, valor, utilidad y pertenencia para los distintos contextos” (2005: 188). Como tal, era un repudio a la transparencia de los documentos, ya que lo que Pérez pudiera haber leído del documento en la sala de Jorge, con un grupo de confianza, era completamente diferente de lo que había podido leer en el mismo documento en un encuentro cara a cara con el gerente general del IBR. Tratar de leer el documento en ese contexto había cambiado la dinámica relacional en la habitación en la cual el documento había sido introducido. Pérez se acercó a la mesa porque en ese momento creía que el documento que sostenía en sus manos podría decir mejor lo que el intentaba con su voz, pero lo que en realidad estaba haciendo era renunciar al poder de interpretación. Los campesinos habían establecido cuidadosamente un espacio de negociación en el cual sus intimidantes números y fluidez oral les habían otorgado una ventaja en la creación de un sentido. La acción de acercarse a la mesa colapsó este espacio y desató el excesivo potencial del documento de crear un sentido. Dejado a su propia suerte, el documento hizo lo que se supondría: creó un espacio en el cual la experiencia burocrática triunfó por sobre el conocimiento campesino, en donde el español y la lectura prevalecieron por sobre la oralidad y el guaraní. En este nuevo espacio, el gerente y su personal podían 190 Capítulo Cuatro

escoger entre las huellas indéxicas de los intentos interpretativos pasados, pasar por alto cualquier cosa que Pérez podría decir y llegar a sus propias interpretaciones. Cuando se les da oportunidad de expresarse a sí mismos, los expedientes simplemente se limitan a expresar una especie de exceso incontenible. Sus inscripciones fueron siempre demasiado abiertas para el simple consenso, por lo que no se podía esperar que “hablen por sí mismos” en las confrontaciones políticas. Y si bien esto creaba problemas a los campesinos, también era la condición que posibilitaba la auditoría campesina. Los excesos de documentos fueron el terreno de lucha en los enfrentamientos sucedidos en la oficina del gerente así como en la oficina de Lourdes. Estos excesos fueron los que hicieron posible la debacle sobre la tierra en Tekojoja y en otras comunidades de la región oriental del Paraguay. También facilitaron a Efraín Alegre y a sus gestores la búsqueda de evidencias incriminatorias contra el Partido Colorado, y a los demás que utilizaron su documento para sus propios propósitos. Además, dieron incontables materiales a ABC Color para su interpretación, en sus intentos de poner al gobierno en aprietos. Cada una de estas actividades era un intento de crear una interpretación estable de los documentos, que contradijera la interpretación oficial. La información no estaba contenida en esos documentos; era sólo una cualidad de los mismos, un potencial que emergía a medida que eran encontrados por campesinos, abogados o antropólogos en circunstancias específicas. Estos eran objetos altamente indeterminados que hacían posible la información, pero nunca de manera directa o siquiera predecible. En pocas palabras, los documentos se negaban a representar simplemente. Eran radicalmente abiertos, y por lo tanto, piezas centrales en todo tipo de disputa sobre la tierra, sobre el rol del Estado y sobre la relación que el Estado facilita. Los documentos eran sitios donde descansaban los signos, y no donde los signos se estabilizaban. Eran nada más donde fueron mantenidos para un futuro despliegue en nuevos ámbitos relacionales.

¿QUIÉN VA A LEER TODO ESTO? La confusa ambigüedad de los archivos del IBR implicaba que raramente eran cerrados, generalmente pasaban en los estantes por muchos años hasta que surgiera algún conflicto, fueran requeridos Documentos Engañosos 191

y puestos en circulación. Luego de casi veinte años de negociaciones sobre un solo expediente, el IBR finalmente acordó un precio con los herederos de Olivieri. Pero incluso esta decisión creó un cierre sólo en un sentido legal restringido. El 19 de setiembre, el día que el IBR pagó a la viuda de Olivieri el 80% del precio de la propiedad, la suma requerida para efectuar la transferencia, Pérez y Galeano mandaron una nota a la institución solicitando medidas inmediatas sobre las actividades de Castillo en las tierras. Esto llevó a la apertura de otro expediente, hecho que varios meses después sería denunciado por Olivieri como una maniobra para la dilación del último 20% del pago por parte del IBR. Cuando yo vi el expediente original, seis meses después, la última página era una fotocopia de mi carta solicitando una fotocopia de la carpeta, creando una de las condiciones documentales que posibilitó este capítulo. Para los auditores campesinos, esta es simplemente la forma en que el Estado funciona y los abogados administrativos están fundamentalmente de acuerdo con ellos. Pero hay muchos que piensan que esta no es la forma en que debería ser. Para los transicionistas, este tipo de burocracia representa un pasado estancado que necesita ser modernizado con tecnologías de la información y procedimientos más sistemáticos; son desviaciones de una burocracia ideal, y los documentos mismos son desviaciones del ideal contendor de información que convertirían al Estado en un aparato transparente. Los transicionistas, junto con poderosas fuentes e instituciones de financiación, creían que una reforma modernizadora de la burocracia transformaría al Estado paraguayo, acabaría con la corrupción y resolvería el problema de la pobreza rural. Basadas en las ideologías de representación de de Soto y del Banco Mundial, estas propuestas están construidas sobre las premisas de que es posible, y deseable, dejar que los documentos sean invisibles y hacer que la información sea vista sin trabas. En el transcurso de mi investigación, el más destacado de estos proyectos era llevado a cabo por el BID, y los mentores de ese proyecto se refería a de Soto como una fuente de inspiración. No había institución que molestara más a estos asesores técnicos que el IBR, un lugar de constante negociación documental. Para los reformistas, estas maniobras significaban costos de transacción que deberían ser minimizados en nombre de la eficiencia y del beneficio de los involucrados. El sistema del IBR es sin lugar a dudas confuso y frustrante para cualquiera. Pero es en esta confusión que los auditores campesinos han 192 Capítulo Cuatro

encontrado una forma de insertarse, generando una política dentro de los muros tecnocráticos del Estado. Los transicionistas entonces sueñan con la transparencia, no sólo para agilizar la burocracia, recortar la administración pública y acelerar las transacciones económicas rurales, sino también para excluir totalmente de la ecuación a las políticas campesinas. Esta es la razón por la cual el IBR sería la primera institución en cerrarse si los transicionistas se salieran con la suya; desde su perspectiva, el IBR no sirve a ningún propósito excepto el de desacelerar el comercio e incluir a los campesinos y otras reliquias populistas en un proceso que corresponde ser llevado a cabo por técnicos. Los transicionistas creen que las instituciones del Estado deberían funcionar como una máquina en la cual los documentos tienen una sola interpretación posible y en donde la posibilidad de la política desaparece. Si los documentos pudieran hablar por sí mismos, los campesinos no tendrían ningún rol en la burocracia. Pero la propia mecánica de transición para lograr la utopía de profetas como de Soto es mucho más confusa y mundana. Un ejemplo de ello es el proyecto del BID para reformar el sistema de registro de propiedad. Habiendo encontrado en reiteradas ocasiones ineficiencias institucionales, el BID prestó al gobierno paraguayo 9 millones de dólares para contratar expertos que reestructurarían y harían más eficiente la totalidad del sistema de registro de propiedad, introduciendo nuevos protocolos documentales y digitalizando la mayor parte del sistema (ver Banco Interamericano de Desarrollo, 2002)26. El proyecto original pidió una revisión del registro público, el catastro nacional y el IBR, pero luego de dos años de planificación, el IBR se retiró porque el BID insistía en que dejaran fuera la cláusula de no transferibilidad de su programa de titulación. Sin embargo, el préstamo siguió su curso, de otra forma. El proyecto ahora requería técnicos contratados por el banco, para sistematizar los millones de expedientes alojados en el registro público y el catastro nacional. De conversaciones que tuve con el personal del BID y los principales funcionarios involucrados en el proceso, aprendí que era una tarea monumentalmente frustrante. Para dar una idea de lo que tuvieron que haber enfrentado, déjenme relatar mi propia historia de intento de sistematización de información en el registro público. Luego de meses de participar de reuniones como la que se dio entre los campesinos y el gerente, de ir a movilizaciones y participar de ocupaciones de tierras, yo seguía Documentos Engañosos 193

teniendo problemas en entender cómo exactamente habían llegado a complicarse tanto las cosas. Pensé que podría ser útil sentarme algunos días con los documentos claves a los cuales todo el mundo se refería, de manera a encontrar algún sentido. Yo estaba acercándome a la mesa, como tantas veces durante mi trabajo de campo, y seguía esperando que en un lugar más silencioso los documentos hablaran pos sí mismos. Mi proyecto estaba por lo tanto formulado al revés. Mientras que sinceramente creía que estaba buscando la historia definitiva, lo que en realidad estaba haciendo era tratar de crear una historia que pudiera satisfacer mi deseo de estabilidad. Siendo, en mi visión del mundo, un buen transicionista, me creía capaz de hacer lo que los auditores profesionales pretendían hacer: traducir el largo y tedioso encuentro con los montículos de papel, en una representación definitiva (y transparente) de cada uno de estos conflictos. Terminé en el registro público, la caverna situada debajo del Palacio de Justicia que se suponía alojaba copias de los títulos de propiedad oficialmente registrados del país. Al final de las escaleras, pulcramente impreso en negro sobre una pared blanca se encontraba un simple pedido: “Respete la Institución: No ensucie las paredes”. El piso que alojaba el registro estaba dividido en dieciocho “secciones”, habitaciones que correspondían a un departamento del país. Hasta los pasillos estaban ajetreados de cajas, mesas y de actividades. El pasillo era el reino de los gestores, casi todos jóvenes pagados por abogados y otros clientes para encontrar documentos y meterse en el trabajo de los funcionarios27. Dentro de la sección 15, donde pasé casi dos semanas, las cosas eran un poco más calmas, a excepción del período de los partidos del Mundial cuando la jefa de la sección traía una televisión para ver el partido y pedíamos un almuerzo compartido. La habitación era larga y angosta, quizá unos treinta metros de largo, llena de títulos de propiedad amarillentos que cubrían todas las paredes desde el piso hasta el techo. Había más de 100.000 títulos de tierra—algunos tenían 500 páginas de grosor—, organizados en paquetes encuadernados de cinco títulos llamados finqueros. Cuando yo deseaba un título en particular, el chico más joven en la habitación se subía a una silla para bajármelo. Leí docenas de títulos que databan de los años treinta y que describían una historia legal y legislativa del área donde vivía. Pero rápidamente comprendí que esta forma de entender la historia no era más fácil que las controvertidas afirmaciones orales que escuché en el campo. Escritos en una jerga legal altamente especializada, los 194 Capítulo Cuatro

Figura 6. Dentro del Registro Público documentos eran tan estéticamente particulares, que dificultaban que me pudiera orientar cuando los leía. Requirió de varios días y de mucha ayuda de los directores, para siquiera comenzar a entender cómo leerlos. Todavía guiado por una ideología representacionalista, leer constituía para mí una lucha para extraer información de la maraña irreducible de cualidades. Estas son las primeras palabras de un título de tierra de una enorme extensión de terreno que bordea Yro’ysã: En la ciudad de Asunción, a los treinta días del mes de diciembre del año mil novecientos cuarenta y ocho, procedo a la inscripción de un testimonio escrito, presentado en este día a las siete y veinticinco, escrito por el escribano público DON J. RONULFO PÉREZ el siete de diciembre del corriente año en el que afirma por escrito que el veinticinco de noviembre del corriente año, el siguiente hombre apareció ante él… Incluso los informes de los agrimensores, tal vez los textos más claramente representacionales de estos documentos, fueron escritos Documentos Engañosos 195

de esta forma antes que la técnica fuera reemplazada por mapas. Una de las primeras mediciones topográficas hechas al norte de Caaguazú en 1930 expresaba lo siguiente: La operación comenzó el quince de abril como se lo había anunciado en edictos y volantes, en mojón de la esquina sureste, plantado en el arroyo en el punto donde cruza el camino público de Yhú a Curupucú. Nadie apareció en representación de la empresa Yerbales, Montes y Estancias, la única propiedad lindante con la tierra a ser medida. Los siguientes resultados fueron obtenidos y están en concordancia con el título del dominio: desde el mojón al suroeste, enclavado en el lado izquierdo del arroyo Ybycu’i, se procedió a lo largo del arroyo por un polígono trazado por el borde hasta encontrarnos con el mojón en la esquina noreste de la propiedad perteneciente a los herederos del General Escobar… Estos no eran documentos creados con información moderna en mente, y tratar de leerlos como representaciones cuya estabilidad o transparencia reside en la correspondencia entre el texto y la cosa representada28, es ejercitar la frustración. Ellos son sedimentos circunstanciales del poder negociado en otro lugar, notas indexando29 largas cadenas entre hombres importantes en los seguros pasillos de la ciudad letrada, donde escribir significaba gobernar. Son historias, pero historias excesivas, sus detalles mundanos se extienden sobre la página de manera a resistirse a la reducción a simples reglas de posesión. El título es un objeto material con cierto grado de permanencia física. Esta fue la promesa de dichos documentos en un momento dado, eran acuerdos entre caballeros con más duración que la memoria, el consenso o la buena voluntad. Pero la materialidad del título también lo hace idóneo de sorpresas. Mucho del trabajo en el registro consistía en rescatar títulos perdidos. Ellos debían ser glosados y desglosados, y podían estar perdidos durante años antes de que alguien se diera cuenta. Los funcionarios tenían la constante preocupación de quién había llevado los títulos y a dónde, si las notas marginales escritas en lápiz habían sido borradas, o si las páginas habían sido falsificadas. Incluso si no habían sido tocados estaban expuestos a otros males como descoloramiento, moho y gusanos. Pero no era solo el capricho de la naturaleza o las veleidades de los inescrupulosos lo que intercedía en la calidad de los documentos. Los 196 Capítulo Cuatro

propios protocolos escritos, esas formas cuidadosamente estudiadas de sedimentar las acciones legales en el propio cuerpo del documento, podían tener consecuencias imprevistas. El documento más exquisito con el cual me encontré fue el título de la Finca 13, al cual volveremos en el próximo capítulo. Con una dimensión de 130.000 hectáreas, la Finca 13 era una de las propiedades en disputa más grandes al norte de Caaguazú. El título seguía el protocolo estándar, fue registrada en 1933 durante su venta a un inversor del área, haciendo alusión a un título que había existido anterior a su registro. La propiedad cambió de dueños varias veces durante las siguientes décadas, y cada vez que lo hacía un escribano anotaba quién estaba presente para la transferencia, dónde se efectuaba, las condiciones de trasferencia; citando las legislaciones necesarias y los trozos anteriores del título que explicaban la disposición de las tierras. Se hicieron varias mensuras, dada las disputas sobre las medidas exactas de la propiedad o a los cambios en las leyes sobre procedimientos técnicos, y algunas mensuras tenían hasta 15.000 hectáreas de diferencia entre sí. Todo esto se iba anotando con la misma caligrafía. En los años setenta, una batalla sobre la herencia dividió un pedazo de la propiedad en varios pequeños segmentos. En un trozo más pequeño del documento, escrito apresuradamente con tinta negra, estas divisiones estaban anotadas en más de diez páginas. Las nuevas parcelas de tierra fueron a su vez divididas y vendidas, creando nuevas propiedades. Cada una de estas divisiones fue anotada en tinta roja sobre el texto inicial, en un ángulo de 90 grados con respecto a las descripciones hechas en negro. Por otra parte, la mayoría de las divisiones tenían notas marginales pequeña hechas a lápiz o en tinta verde que describían condiciones adicionales de la transferencia. Era increíble hojear estas páginas coloreadas, sin embargo, eran completamente ilegibles. Luego de pasar algunas frustrantes horas intentando extraer información de las páginas, encontré una nota escrita en el 2003, cuando una nueva batalla por la propiedad se preparaba entre las agencias estatales. La nota simplemente decía: “Dada la enorme cantidad de notas encontradas en el título, es imposible descifrar lo que está escrito. Por lo tanto, autorizo una nueva mensura”. Estaba firmado y sellado por el director de la sección. Al preguntarle a la directora actual sobre la nota ella se rio y dijo que este tipo de cosas sucedían todo el tiempo. Era a través de este tipo de acciones que el registro estaba cambiando. Nuevas interpretaciones Documentos Engañosos 197

Figura 7. Página de un título de tierra del Registro Público. No contaba con permiso para tomar fotos de los documentos con los cuales trabajaba; ésta fue extraída de un expediente del IBR que estaba en circulación.

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o problemas daban pie a nuevas inscripciones en formatos nuevos, adecuados a los protocolos del día; los títulos cambiaban de forma mientras se les sumaban nuevas interpretaciones en nuevos contextos. A pesar de lo lento que era el proceso, el registro estaba cambiando inexorablemente, en algunas ocasiones a través de decisiones ad hoc de funcionarios individuales o por medio del trabajo de los auditores campesinos, y en otras a través de legislaciones o la intervención concertada de acreedores internacionales. En el año 1931, con la creación legal de los “bienes raíces” en Paraguay, las inscripciones fueron trasladadas desde el archivo en el cual se organizaba la propiedad según el demandante a uno donde se organizaba de acuerdo a la ubicación. Estas inscripciones seguían el mismo protocolo, escritos en la misma caligrafía; pero alrededor de los años cincuenta comenzaron a dar lugar a fraseos más concisos, escritos con bolígrafos, y con una caligrafía no muy bien lograda. Los números que habían sido deletreados en años anteriores fueron sustituidos por otros números más concisos. Para inicios de los años ochenta algunas inscripciones fueron mecanografiadas y a finales de la misma década alguien había introducido páginas mimeografiadas de protocolos con espacios en blanco. Esto fue transferido fácilmente a computadoras cuando los escribanos las comenzaron a utilizar. En 1997, luego de un escándalo de corrupción en el registro, el cambio más radical involucró la introducción de fichas, lo que eliminó por completo el protocolo, sustituyéndolo por una tabla. Con las fichas, las piezas dejaron de conectarse lógicamente a través del idioma narrativo y comenzaron hacerlo por líneas de cuadrícula. Los títulos comenzaron a ser más abstractos, pero la abstracción seguía la regla general del procedimiento burocrático, las nuevas reglas serían aplicadas progresivamente, sedimentándose en los archivos existentes a medida que los problemas surgían, las transacciones sucedían o más propiedades eran registradas. En otras palabras, al igual que la nota que declaraba el título de la Finca 13 ilegible y optaba por una nueva mensura, los títulos cambiaban de forma cuando nuevas relaciones eran agregadas a ellos. El archivo era transformado por medio del constante accionar de abogados, gestores, escribanos y dueños de propiedad que dejaban sus huellas. La directora, una mujer con un irónico sentido de humor y una apreciación del caos que yo experimentaba en la oficina, era pragmática sobre lo que hacía. “Todo esto cambiará con el tiempo”, me dijo. “¿Pero qué hacemos? ¡No podemos tirar todo y empezar de Documentos Engañosos 199

nuevo! ¡Sería peor!”. Por esa razón, entre todos los políticos corruptos, abogados reclamantes, escribanos serviles y sus gestores, a quienes despreciaba, tenía un particular desprecio hacia la gente del Banco Interamericano de Desarrollo quienes trabajaban al final del pasillo en su proyecto de digitalización. Aquella semana, a cuatro años de su inicio, el proyecto del BID había sido modificado a causa de una complicación seria. A pesar de que normalmente el banco se rehusaba a contratar empleados del gobierno para reorganizar instituciones del Estado, no habían logrado encontrar a alguien fuera del gobierno que entendiera los documentos lo suficiente como para ingresarlos a la base de datos. El BID había enviado un equipo desde Washington para reconfigurar el proyecto, lo que les permitió contratar personas que estaban familiarizadas con el registro, es decir, los funcionarios de registro. En las semanas en que yo estuve ahí, las contrataciones de un grupo de funcionarios públicos se estaban llevando a cabo. Cuando pregunté a la directora al final de una de sus largas peroratas, sobre la ineficiencia del registro, simplemente sonrió, “Es una idea linda” dijo, “pero hay un solo problema”. Hizo un gesto hacia las paredes llenas de documentos en descomposición. “¿Quién va a leer todo esto?”. Al igual que los expedientes llevados en ocasión de reuniones realizadas en la agencia de tierra, no se podía esperar que los documentos del registro sean leídos de manera desapasionada, completamente separada de cualquier encuentro político particular. Al contrario, uno debía descubrir cuidadosamente qué partes, de qué documento debían ser leídas en un momento dado, luego retirarse un momento para leerlas, de manera a volver y retomar el debate. La idea de que alguien pudiera sentarse a resolver todos los dilemas del registro le parecía risible. De hecho, el ilustre remedio del BID para la resolución de los problemas de propiedad en Paraguay, era el tercer proyecto de este tipo que se llevaba a cabo en tan sólo veinte años. Solo los más antiguos recordaban, con cierto cariño, un proyecto similar de mediados de los años ochenta, financiado por la USAID, el cual había producido una serie de mapas aéreos y reformado los registros municipales de la región oriental del país. El sistema catastral producido por el proyecto no tenía existencia jurídica, pero en el año 2006 seguía siendo usado por funcionarios municipales para propósitos de tributación en un grupo de ciudades fronterizas, para disgusto del personal en la capital. Algunas de las fotografías aéreas eran utilizadas ocasionalmente también por el catastro nacional, a pesar de que el terreno que representaban había sido completamente transformado por la soja a 200 Capítulo Cuatro

lo largo de los últimos veinte años. El Banco Mundial había iniciado un proyecto en 1992 que también prometía revisar el registro entero. Sin embargo, afectado por problemas de financiación y de gestión, el equipo lentamente redujo el alcance del proyecto hasta cubrir solamente alrededor de 5% del territorio nacional. Así, se lo degradó al estatus de “proyecto piloto” a pesar de que el monto de 29 millones de dólares para su ejecución permaneciera igual. Para esa pequeña área produjeron una serie de mapas asombrosos y un catastro parcial, introduciendo también una nueva forma de ficha. El proyecto terminó en 1999. Además de algunos mapas almacenados en el Ministerio de Agricultura, la única evidencia del proyecto que perduraba en el 2006 era que una sección y media, de las dieciocho que componían el registro, utilizaba una nueva forma de títulos. También estaban los 29 millones de dólares de deuda, que todavía se debía pagar. Cuando llegó el BID, tres años más tarde, para comenzar su propio proyecto, encontraron los documentos del Banco Mundial totalmente desfasados y anticuados. En pocas palabras, no contenían ninguna información. Los consultores del BID convencieron de la necesidad de comenzar todo de nuevo a quienes tomaban las decisiones en nombre del Estado. Leyendo un título como el de la Finca 123, se tiene una idea de cómo estos nuevos proyectos de transparencia forman parte de un lento cambio en la ideología semiótica que sustenta la documentación. El cambio no sucedió con la democratización; comenzó mucho antes, pero aceleró en los años ochenta. Algunos de los cambios eran tecnológicos, el cambio de lápices a máquinas de escribir y luego a escrituras fotocopiadas. Pero los lápices no habían hecho que los escritores anotasen más detalles sobre las transacciones. Esto era un cambio de una cultura de exceso documental—en el cual las inscripciones detalladas eran símbolo del acceso a la tecnología social de la inscripción—a una cultura de parsimonia que veía al propio documento como algo vergonzoso, donde la calidad y el acceso a la “información” son fundamentales para transformar la economía y el Estado en algo eficiente. El ansia de la transparencia es por supuesto el deseo que los documentos desaparezcan completamente, y el proyecto del BID veía a la digitalización como una forma de lograr eso. Para los transicionistas, los proyectos de transparencia debían modernizar la burocracia, desmantelar la ciudad letrada con el fin de crear espacio para la esfera pública, donde la rapidez de la circulación informacional legitima al sistema. Pero el efecto de este Documentos Engañosos 201

tipo de proyectos es el mismo que la ciudad letrada: crea los límites de una economía de documentos excluyente. Y desde ese punto de vista, las nuevas reglas y tecnologías parecieran ser diseñadas principalmente para reforzar las fronteras de un sistema de privilegios que se ha vuelto permeable. La información es una cualidad, parte del potencial futuro de los documentos. Controlar esto no implica crear una representación estable, sino definir y disciplinar quién puede interpretar los documentos y cómo. Finalmente, no hay razón para ver a este tipo de trabajo de reforma de los archivos como algo distinto a lo que los campesinos estaban haciendo en el IBR. O mejor dicho, la diferencia no está en el tipo, sino en la escala de sus ambiciones interpretativas y los recursos que podrían invertir. Ambos grupos estaban tratando, igualmente, de imponer sus interpretaciones sobre los documentos y cambiar los archivos para ayudar a estabilizar estas interpretaciones. Los campesinos abordaron la tarea documento por documento, forzando la interpretación a través de tácticas de intimidación, con la esperanza de ganar pequeñas batallas. Al igual que los auditores campesinos, el personal contratado por el BID no podía hacer otra cosa que tratar de generar interpretaciones de los documentos y así crear nuevos documentos que condicionaran las posibilidades de interpretación en el futuro. Pero ellos lo hacían a gran escala, utilizando los recursos del Estado y la legitimidad de sus conocimientos técnicos para reformar el archivo entero, como para facilitar el acceso para algunos (funcionarios, abogados y escribanos) y dificultarlo para otros. El BID cambió la forma de los papeles, pero también los marcos legales dentro de los cuales era posible disputar la interpretación de estos documentos. De hecho, desde el punto de vista campesino, eran los aliados internacionales de los transicionistas los verdaderos intrusos en los archivos. Los campesinos veían sus propias incursiones a la burocracia más ineficiente de la ciudad letrada, como el acceso a los derechos democráticos de acceder a los documentos. Mientras hacían esto, los transicionistas y los expertos internacionales—practicando su propia auditoría subversiva del archivo—estaban intentando actualizar los documentos a fin de bloquear ese acceso. En esta lucha, lo que las palabras como transparencia e información marcan no es un tipo de práctica documental radicalmente diferente a la de la auditoría campesina, sino simplemente una pretensión de universalidad hecha por una de las muchas posiciones interpretativas en una misma lucha.

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5.TRANSPARENCIA POPULISTA Recuerdo claramente la primera vez que me advirtieron de no acercarme demasiado a Jorge. Estaba en Asunción, en una reunión con el director de una ONG, sobre un proyecto de diversificación de cultivos para el cual el MAP estaba buscando financiación. La directora era una socióloga reconocida por su oposición al régimen stronista en los años ochenta. Había incluso realizado un estudio en el área donde yo vivía, y había conocido a Jorge en su época de dirigente joven. Los campesinos hablaban elogiosamente de ella como una de las pocas académicas que conocían y que estaba dispuesta a “ensuciarse la ropa”. Por su parte, ella hablaba con nostalgia sobre aquellos días, pero su imagen de Vaquería estaba lejos de ser romántica, y claramente ella había abandonado el radicalismo que los campesinos recordaban de la época de Stroessner. “Cuidado con lo que te dicen”, dijo ella. “Jorge es un político, probablemente frustrado de que las cosas no hayan salido a su manera durante la transición. Él quiere construir su grupo. Para él, todo es política”. La idea de que uno no podía confiar en Jorge por su deseo de poder, y por su masa de seguidores era comúnmente expresada por amigos míos que simpatizaban con el movimiento campesino; y era completada con advertencias mucho más ácidas por parte de sus enemigos. En Vaquería varias personas me dijeron que Jorque era un conocido estafador con un montón de riqueza escondida, que compraba a sus seguidores y los trataba como una pandilla de matones. “Cuídate de ese vivo” me dijo un funcionario local. Más tarde, cuando Jorge había aparecido unas cuantas veces en televisión hablando guaraní, varios amigos asuncenos sentían que habían confirmado sus temores. Cuando mejor, la historia era que Jorge era un fanfarrón intimidante que había embaucado a sus seguidores para que lo apoyaran, un caudillo oportunista que intimidaba a su rebaño con furia y en cualquier momento podría llevarlos a una violencia masiva. Aun el representante local del IBR, quien lo conocía bastante bien, since-

ramente creía que Jorge era un gran bebedor que vivía lujosamente a costillas de quienes lo apoyaban. E incluso, campesinistas de Asunción que consideraban a Jorge un amigo y aliado tenían miedo de Antonio, quien pensaban estaba expuesto a perder el control en cualquier momento. Es cierto que Jorge era un hombre grande. Como cualquier dirigente del campo, era muy suelto de lengua, y no toleraba tonterías. Con Antonio tenían un programa radial en Vaquería, al que a menudo invitaban a gente para hablar de temas ambientales y económicos, y también a menudo se pasaban el programa vilipendiando a sus oponentes (quienes hacían lo mismo en otras emisoras). En el escenario, ambos eran magníficos oradores que hablaban alto y demandaban atención. Y hubo varias ocasiones—de manera más notable luego de los desalojos de Tekojoja—en que uno de los dos hermanos marchó con un grupo de campesinos cantando en la ruta en un intento de intimidar a quienes acababan de incendiar sus casas. Pero si había algo que me llamaba la atención era que todo esto parecía ser una tímida respuesta a las presiones que estaban sufriendo diariamente. A fin de cuentas, estaban reaccionando a una serie de acciones que iban desde la fumigación nociva de comunidades enteras, pasando por las constantes intimidaciones, arrestos, incendios de ranchos y robos de tierras de gente que no tenía nada más, hasta asesinatos. Tanto Jorge como Antonio recibían constantes amenazas de muerte, enviadas a través de amigos o familiares o insinuadas por la radio, y no era raro que alguien apareciese en la casa de Jorge con un arma en la cintura, gritando y actuando de forma errática. Durante períodos particularmente tensos, cuando Jorge estaba en Asunción, un grupo de amigos se quedaba en su casa para proteger a su familia1. Antonio había ido tres veces a la cárcel, por acusaciones inventadas y una vez incluso tuvo que esperar mientras el vehículo policial en el que estaba se detenía en la casa del Intendente para que el oficial pudiera cobrar el pago por el “combustible” usado durante el arresto. Un hombre en Tekojoja que trabajaba como gestor inmobiliario para sojeros acusó a Jorge de intento de asesinato, diciendo que Jorge había aparecido en su casa una noche, borracho y violento, dando once disparos, para luego salir corriendo a la oscuridad, perdiendo sus zapatos al lado del pozo. Como resultado de estas acusaciones, ambos hermanos tuvieron que pasar un día completo y pagar el equivalente de tres jornales en pasajes de colectivo para reportarse ante la fiscalía en Coronel Oviedo cada dos semanas, hasta que finalmente, tres años más tarde, los cargos fueron levantados. 204 Capítulo Cinco

No había duda de que Vaquería era un lugar tosco, donde las fiestas se salían de control y en donde hombres jóvenes periódicamente asesinaban a sus pares o a mujeres en ataques de celos e ira. Las comunidades periféricas eran aterrorizadas por unidades parapoliciales llamadas “comisiones de seguridad”, grupos de hombres locales asociados—informal o vagamente—con comisarías que, además de vigilar el abigeato, llevaban a cabo chantajes y venganzas ajenas. En el pueblo abundaban viejos caudillos del partido colorado, quienes dirigían los negocios de la avenida, el acopio del algodón, la escuela, las estaciones de radio, la municipalidad, el registro civil y la oficina del juez de paz; traficando influencias, combinando incentivos económicos y amenazas. Sin embargo, ninguno de los dirigentes campesinos que yo conocí en la región encajaba en esta descripción. Eran grandes oradores, pero debido a la humildad de sus seguidores manejaban muy escasos recursos y tenían poca influencia en las instituciones locales; por ende, su arma principal en la lucha por defender los derechos de su gente eran los documentos. Jorge y Antonio generalmente se dedicaban a descomprimir situaciones tensas en lugar de intensificarlas. La noche luego de los asesinatos en Tekojoja, fue Antonio quien calmo a un grupo de sus seguidores que querían ir a Santa Clara a incendiar silos de soja. Durante el paro cívico, fue Jorge quien prohibió el alcohol en el campamento y pidió a la gente que no trajera armas, e insistió en reiteradas ocasiones en que la gente obedeciera la ley durante las protestas. La imagen de Jorge como un caudillo ingobernable parecía especialmente extraña en los momentos en que regresaba de Asunción, caminando desde la parada del bus, rengueando a causa de un dolor crónico de los riñones que resurgía cuando viajaba, una carpeta de color en la mano, y deseoso de mostrarme a mí y a algunos de sus amigos más cercanos el cúmulo de papeles que había conseguido en su viaje. Si Jorge tenía alguna frustración en la vida, no era precisamente la de no ser político, sino abogado, fascinado como estaba con las minucias de la ley y las posibilidades de argumento lógico. Como dirigente siempre se preocupaba de estar perdiendo su “base”, de que se estuviera desconectando de lo que los campesinos llaman orerealidad (nuestra realidad) porque pasaba demasiado tiempo con la cabeza entre los libros. Él creía que todo lo que hacía era político, pero claramente anhelaba de alguna manera una vida más simple, más cómoda para él y su familia, aun mientras sus talentos políticos y un sentido profundo de compromiso con sus pares lo empujaban en otra dirección. Lejos de pasar su tiempo usando tácticas intimidatorias, Jorge Transparencia Populista 205

prefería leer y hablar de ideas. Durante mis interacciones con otros dirigentes campesinos conocidos a nivel nacional, pude ver varios estilos de liderazgo, y Jorge estaba lejos de ser una excepción. Todos ellos podían dar buenos discursos en guaraní, agitando los puños en alto, pocos eran infundadamente coléricos, y la mayoría eran personas profundamente inteligentes y reflexivas. Si hubieran tenido oportunidad y menos sentido de responsabilidad creo que muchos hubieran estado felices de dar otro uso a sus talentos, quizás viviendo sus vidas como profesionales urbanos. Era menos probable que fomentaran una revuelta rural caótica a que obtuvieran un trabajo en alguna ONG y se mudaran a la ciudad. Para los campesinos organizados, este era un motivo de decepción común, esto es que sus anteriores dirigentes habían terminado por vestir trajes, acorde a sus nuevos roles. A pesar de eso, fuera de su círculo de confianza, Jorge y todos esos otros dirigentes campesinos eran vistos como prepotentes, como líderes que guiaban, por medio de engaños, a una masa ignorante hacia una violencia potencial. La gente tenía diferentes motivos para promover esta imagen de Jorge y de los dirigentes campesinos en general. Claramente muchas personas temían política y legalmente a Jorge, y las acusaciones de corrupción, violencia y actuación en pos del interés propio y arbitrario eran las formas principales en que los actores políticos locales intentaban restar seguidores a sus oponentes, muchas veces a sabiendas que estaban promoviendo mentiras. Ciertamente la idea del dirigente campesino como un autócrata temperamental era un estereotipo que, a los asuncenos en particular, nos les costaba confirmar. Por ejemplo, poco antes de que yo llegara algunos campesinos de un asentamiento cerca de Vaquería “asaltaron” al vehículo del Secretario del Medio Ambiente con una pistola de agua llena de orina. Jorge no había estado presente, y aunque se rio de esto más tarde, desaprobaba este tipo de prácticas. Después de este incidente, por varias semanas se vio obligado a poner paños fríos a la situación, mientras que la policía antimotines visitaba las casas de todas las personas conectadas a la organización. A pesar de los esfuerzos por apaciguar la situación, más tarde oí rumores de que nadie menos que el Presidente Nicanor había tildado a Jorge de “guerrillero” a causa del incidente, y que todos los ministros del gobierno habían sido advertidos de evitarlo2. Pero creo que hay razones más profundas para esta extraña caricatura, que, dejando de lado a los enemigos políticos de los círculos inmediatos de Jorge, revela el grado de dificultad que muchos reformistas influyentes del Paraguay tenían de ver a la política como 206 Capítulo Cinco

algo más que una cuestión amenazante. La visión de la democracia que depende de la frágil y tenue noción de transparencia está en una constante búsqueda de opuestos contra los cuales definirse, y los pobres, los rurales, el guaraní, no pueden evitar ser interpelados como estos opuestos. Para los transicionistas, los campesinos siguen siendo un grupo inescrutable y de alguna forma temible, que se comunican entre ellos en un idioma “del corazón” y son capaces de realizar movilizaciones masivas contra la razón urbana. El fenómeno no es estrictamente paraguayo, sino es algo que aparece en todas partes junto a las aspiraciones liberales de racionalidad política, ese miedo a la irracionalidad de las masas articuladas en el apogeo del liberalismo del siglo XIX y reavivado en el período Posguerra Fría3. En Paraguay, el temor toma un tinte particular. Es un temor a las multitudes gobernadas por “la ley del mbareté” (la ley del más fuerte), lo que las hace seguir a caudillos, considerados groseros y violentos por los transicionistas, por ningún otro motivo que por su tosco carisma. Como lo muestra la premisa del género literario de paraguayología, parte de este miedo es la propia inseguridad, el sentido de que los caprichos de autoritarismo de estos campesinos infectan a todo el cuerpo político paraguayo. Esto es lo que hace al libro “El país en una plaza” (Colmán, 2004), que trata de los eventos que llevaron al exilio de Lino Oviedo en 1999, un retrato tan incómodo del campesinado. No es una representación malintencionada, sino genuinamente ambivalente. Al contrario de los estudiantes de la historia, que son llevados al martirio nada menos que por un deseo primigenio de democracia para todos, los campesinos aparecen llenos de contradicciones. Un grupo apoya a los estudiantes en la plaza por razones puramente tácticas, “sectoriales”, y sólo porque sus dirigentes les dicen que lo hagan. El otro grupo de campesinos apoya a Oviedo, un descarado ex general y ex convicto, engalanado en los ropajes del Partido Colorado, amenazando en sus apasionados discursos en guaraní que tomará el Estado por la fuerza y personalmente asesinará a jueces en nombre del pueblo paraguayo. Lo que une a estas dos visiones del campesinado es que ellos siempre son, irremediablemente, seres políticos, influenciados no por la razón sino por el partidismo. Y una de las cosas que hace a los campesinos indispensables para los transicionistas es la forma en que están simbólicamente contrapuestos a la ética universalista. Los transicionistas basan su fe en la democracia y la transparencia procedimental, tildando de “violenta” toda política que no obedezca su racionalidad4. El problema con la auditoría campesina es que no encaja en esta Transparencia Populista 207

visión profundamente dicotómica de la democracia. Los campesinos como Jorge dicen estar incursionando en una política de transparencia, pero no obedecen la ética ni la estética del universal transicionista. No abordan la transparencia o las leyes como esferas apolíticas. Al mismo tiempo, ellos no se ciñen al estereotipo del campesino, tan necesario para la creación de mitos transicionistas. En lugar de eso, son políticos cohibidos y siempre recuerdan el espectro de autoritarismo que supuestamente tendría su fin con el final de la Guerra Fría. Yo diría que lo que incomoda a la mayoría de los transicionistas tiene menos que ver con las exigencias políticas de campesinos como Jorge, y más con un miedo a un residuo del pasado en el presente, un legado de la Guerra Fría que dicta que toda la política tiende al autoritarismo. En la imagen del caudillo está la dificultad de los transicionistas para entender el lugar de la política en una sociedad democrática. La profunda ambigüedad que envuelve la política de la auditoría campesina puede explorarse examinando la forma en que ella participa en lo que Ernesto Laclau llama “razón populista”, esa forma de razonamiento que intenta replantear lo particular en términos de lo universal (Laclau, 2005). El uso de la auditoría por parte de los campesinos para avanzar en los intereses sectoriales (rurales) parece violar el espíritu de la transparencia: poner la información a disposición de todos, para el bien público de ciudadanos individuales. El hecho de que la diferencia entre lo universal y lo particular pueda ser violada de esta forma arroja dudas sobre la misma promesa de reforma burocrática y sobre las certezas que sustentan la utopía transicionista. Al combinar lo estrechamente político con la utopía de la transparencia, los auditores campesinos amenazan con revelar la naturaleza política del proyecto transicionista, la posibilidad de que toda la auditoría es subversiva y que la transparencia siempre es populista. De hecho, la contradicción más extraña de las concepciones transicionistas de la transparencia es que mientras los transicionistas requieren que los caudillos y campesinos sirvan como sus opuestos, también requieren que hagan el trabajo práctico de hacer que las burocracias funcionen. Dicho más directamente, los caudillos y los campesinos son los únicos que son capaces de hacer que las burocracias sean más inclusivas. La transparencia es un lenguaje tecnócrata construido en la exclusión de lo político de la gobernanza, que paradójicamente requiere actores políticos excluidos para hacerla funcionar.

HISTORIA DEL POPULISMO PARAGUAYO

El tipo de liberalismo que inundó al Paraguay en el período Posgue208 Capítulo Cinco

rra Fría no fue, por supuesto, inventado desde cero; fue solo la última iteración de una conversación que databa por lo menos del siglo XIX, cuando pensadores europeos y latinoamericanos intentaban entender qué significaría gobernar una sociedad basada en las capacidades racionales de los individuos. No es sorpresivo que la misma pregunta de cómo podría ser una democracia apropiada siempre haya sido acosada por el miedo a lo antidemocrático, lo irracional y lo incontrolable. En Latinoamérica, lo antidemocrático tendía a ser personificado por caudillos, hombres rurales que comandaban grandes grupos de seguidores a través de la violencia y la duplicidad, valiéndose de la supuesta ignorancia de las masas. El liberalismo siempre ha dependido de las exclusiones constitutivas (Mehta, 1999), y en Latinoamérica el proceso quizás ha sido más básico que en otros lugares, dependiendo de una inalterable dicotomía entre la razón y la violencia. Quizás el primer trabajo que describió rigurosamente la división entre la democracia y el caudillismo fue Facundo: Civilización y Barbarie (1845), escrito en el exilio por el argentino Domingo Sarmiento. El idiosincrático libro de Sarmiento era manifiestamente una biografía de un gaucho llamado Juan Facundo Quiroga, un déspota rural del norte de Argentina conocido por su violencia arbitraria. El libro era un ataque directo al dictador de entonces, Juan Manuel de Rosas y una pieza maestra de literatura política que lanzó al mismo Sarmiento a la presidencia dos décadas más tarde, como el dirigente y personaje clave del período liberal de Argentina. El libro es un fascinante documento de lógica transicional. En la visión austeramente dicotómica de Sarmiento, el barbarismo y la civilización marcan una divisoria absoluta entre violencia y razón, despotismo y libertad, campo y ciudad, retraso y progreso, de Rosas y Sarmiento. El liberalismo argentino fue creado basado en la caricatura de su opuesto: el caudillo rural que mandaba a través del miedo y la estupidez. Quizás la versión más interesante de esta dicotomía se encuentra en el repetitivo slogan del libro, escrito en francés (marco de lo civilizado): “On ne tue point les idées” (No se puede matar a las ideas). La civilización descansa en la idea incorpórea, mientras que el barbarismo es siempre una cosa de la carne5. A mediados del siglo XX, las ideas sobe la tensión entre la democracia y su opuesto tomaron un giro hacia la ciencia social en la teoría de la modernización. La democracia fue contrastada con el “populismo”, que era encarnado por dirigentes autoritarios, antiinstitucionales, y adorados por los pobres6. Los teóricos de la moderniTransparencia Populista 209

zación veían a estos dirigentes como sintomáticos de una dislocación entre el crecimiento económico rápido y la lenta reforma institucional (ver Germani, 1968; O’Donnell, 1979). Para los promotores de la modernización, el populismo era lo que ocurría cuando las ideas liberales no podían mantenerse al ritmo del cambio industrial, cuando la gente rural llegaba a la ciudad buscando trabajo pero sin la educación o el marco institucional necesario para convertirlos en ciudadanos responsables. En el período Posguerra Fría, el dirigente personalista emergió de nuevo en la politología del “neopopulismo”, un fenómeno que creaba nuevas políticas neoliberales pero reiteraba la estética clásica del caudillismo7. En una diatriba particularmente polarizante titulada “El Regreso del Idiota”, Alvaro Vargas Llosa (2007) argumentó que los fantasmas de la Guerra Fría están persiguiendo a Latinoamérica en la forma de hombres fuertes e ignorantes que guían a masas de migrantes rurales igualmente ignorantes. La conclusión de su artículo completa el circuito de mi análisis, al pedir que “el idiota latinoamericano (sea) consignado a los archivos” (Vargas Llosa, 2007: 61), como si convirtiéndolo en documento, el caudillo perdería su poder. A través de toda esta historia de angustias sobre la democracia, lo no democrático permanece como un problema temporal así como espacial, un remanente del pasado que prospera en “zonas grises” de ambigüedad institucional en la que la política personalista prospera (O’Donnell, 1993; Auyero, 2007). También prospera en países particulares, de los cuales Paraguay es un ejemplo central. Aun en la época de Sarmiento, Paraguay parecía estar más allá de la geografía de la razón. El mismo Sarmiento justificaría la invasión de su país a Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza alegando que la región necesitaba eliminar el despotismo paraguayo. La misma evaluación de la enfermedad política y cultural del Paraguay emerge en el período de la Posguerra Fría en intentos de escritores de expurgar de la nación el legado de Stroessner y sanear su recientemente encontrada democracia. Uso el término populismo para describir una gama de problemas políticos de los cuales los transicionistas deseaban librar a su nación: caudillismo, personalismo, prebendarismo y clientelismo8. En su uso común, el caudillismo es la forma agresiva de liderazgo hiper-masculino que crea formas personalistas de adulación política a través de redes de favoritismo arbitrario desconectadas de las instituciones públicas formales9. A nivel institucional, los caudillos cumplen sus estruendosas promesas, dirigiendo los recursos del Estado hacia sus clientes, y estos favores son devueltos con votos y otras formas de adherencia política, pero en ge210 Capítulo Cinco

neral la línea entre lo público y lo privado es lo suficientemente borrosa como para dificultar una definición clara de la corrupción. Una forma clave de hacer favores es a través de nombramientos de funcionarios que permiten a los aliados recolectar ganancias (“prebendas”) desde su oficina. Todo esto es visto por los transicionistas como parte de una enfermedad política que debe ser expurgada para que la democracia prospere, esa inefable cualidad que hace que las masas sean incapaces de un comportamiento político racional. Yo prefiero usar la palabra populismo para describir el fenómeno, porque mientras connota todas las cualidades apreciadas en el párrafo anterior, su énfasis es diferente, el populismo no es simplemente la condena de un estilo de liderazgo, sino que retrata también a sus seguidores en relación dialéctica con el dirigente. En las palabras de Francisco Panizza, el populismo está basado en “la constitución del pueblo como un actor político” (2005: 3), y el dirigente personalista es meramente un efecto de esta constitución. Por encima de la dificultad de los transicionistas para entender la política rural ha estado siempre sido su incapacidad de entender la enorme popularidad de Stroessner como algo más que el miedo o la adherencia barata de los irracionales e ignorantes. Este es el mismo diagnóstico que extienden a figuras que permanecen en la estructura oficial del partido y a dirigentes campesinos como Jorge. Siguiendo la tradición de Sarmiento, ellos ven la habilidad de mover masas como política y por lo tanto una inherente violación de racionalidad tecnocrática. Pero el miedo de que gente como Jorge sea violenta e irracional revela la lógica del populismo. Porque no es tanto al caudillo a quien los transicionistas temen, como al pueblo que sigue sus bravuconadas. Detrás del miedo al caudillo siempre está un miedo más complejo, un miedo a las masas que no han emergido del estado de ignorancia producido por la dictadura.

Stroessner y el agrarismo Las masas rurales son lo que los transicionistas más han temido siempre10. El populismo de Stroessner era explícitamente agrario, denominado “agrarismo” por el Partido Colorado; el mismo buscaba apoyo entre los pequeños agricultores con la promesa de tierras11. El agrarismo stronista era populista porque reclutó a la masa de campesinos que vivían en las afueras de Asunción, convirtiéndolos en el “pueblo paraguayo”. Les prometió participación en el Estado, protección contra la manipulación y abuso de los extranjeros y las élites, y Transparencia Populista 211

así realineó sus aspiraciones con las metas desarrollistas de la nación. En los términos de Laclau (2005), les prometió hacer de lo particular algo universal, no sólo para incluirlos en la política, sino para permitirles abarcar por completo toda la esfera política12. La estrategia rural de Stroessner tenía dos dimensiones principales. Primero, él y su gobierno abordaban al campesinado en el lenguaje de victimización y emancipación nacional. Reconociendo la realidad del sufrimiento experimentado por el pueblo paraguayo, el gobierno de Stroessner usaba un lenguaje de identificación que, irónicamente, no estaba muy lejos del de la teología de la liberación. El movimiento católico radical que llegó a Paraguay a finales de los años cincuenta, construyó una pedagogía política basada en la experiencia diaria de la gente rural, vinculando la idea de pobreza y sufrimiento con una narrativa redentora de liberación de la tiranía. Aun cuando su política estatal era completamente opuesta, el partido de Stroessner usó el mismo lenguaje como forma de reconocimiento para reclutar a las masas. Segundo, Stroessner igualó la Reforma Agraria con esta narrativa de liberación e inclusión. Su representante rural, Juan Manuel “Papacito” Frutos, estuvo encargado de fundar asentamientos personalmente, llevando a cabo ceremonias espléndidas, en las que adornado con pañuelos y banderas coloradas repetidamente declaraba la guerra a los latifundistas de élite que poseían la mayor parte del territorio paraguayo13. De acuerdo con esa narrativa, la mera existencia de colonias fronterizas, señalaba que el gobierno de Stroessner estaba rompiendo con la tenencia de estos oligarcas y redistribuyendo el Estado a un pueblo previamente marginalizado. Estas comunidades eran luego adornadas con una oficina de la agencia de reforma de la tierra y a medida que crecían, se podía agregar una oficina partidaria o “seccional” a través de la cual se administraba el clientelismo (ver Turner, 1993). Frutos enfatizaba repetidamente que dar tierras a los campesinos era parte de una “guerra al latifundio”, que inauguraría el futuro de la nación. “Para enfrentar a sectores poderosos como la oligarquía latifundista,” escribió, “hay que contar con aliados también poderosos. En Paraguay los ejecutores de la Reforma Agraria nos aliamos con el pueblo, las Fuerzas Armadas y la juventud”14. Esta oligarquía latifundista contra la que Frutos despotricaba de forma tan temeraria estaba en realidad mayormente ausente y políticamente sin poder. La Reforma no apuntaba a grandes fincas en funcionamiento, más bien despojó vastos territorios de monte, la mayoría de los cuales eran propiedad de europeos que se beneficia212 Capítulo Cinco

ron con la venta de las tierras públicas del siglo anterior. Estas eran tierras que podían ser expropiadas sin las inconvenientes confrontaciones que implicaba la terminología de guerra15. Esto permitía a Stroessner sostener la contradicción política central de su administración. Promoviendo una “guerra a los comunistas” para los observadores internacionales, Stroessner era inicialmente renuente a usar siquiera las palabras “reforma agraria”, por encontrarlas demasiado radicales (ver Pastore, 1972). Sin embargo, Frutos encontró una forma de hacer una reforma que pareciera radical sin enojar a nadie. Al invocar a la oligarquía latifundista encontró el enemigo mítico que necesitaba para consolidar al pueblo paraguayo, sin tocar verdaderamente la élite que conformaba los más altos rangos del partido. Un rasgo aun más importante de la reforma era que los títulos eran el vehículo a través del cual Stroessner convertía a los campesinos en actores políticos. Los títulos no les otorgaban ciudadanía tanto como los transformaban en seres racionales, poseedores de dignidad y de un sentido de futuro. “Sin paradoja alguna, el ‘tener tierra’ equivale a tenerse a sí mismo”, escribió Mario Halley en la presentación de uno de los tantos libros de auto-felicitación de Frutos (Frutos, 1985: 12). Poseer tierra es “valerse de la propia fuerza, confiar en el propio cimiento, y sobre ese cimiento, edificar aquello que dignifica y adecenta la vida humana: casa, familia, sembrado, cosecha, pan, paz, amor, unidad y señorío.” Partiendo de la premisa de Locke de que la posesión de tierra confiere características morales a los hombres, Halley continuaba, el agrarismo centralizado en la Reforma Agraria e inspirado en el Presidente Stroessner, HA TRANSFORMADO LA MENTALIDAD DEL CAMPESINO PARAGUAYO. No es Lázaro en su fosa, sino Lázaro en su capuera. Dejó atrás esa muerte moral que era la abulia, la indiferencia y la resignación ante el abandono, y vive la vida activa y participativa de quien se sabe parte de su Patria y altivo habitante de un país libre que ha consolidado su identidad nacional, ennobleciendo la identidad de sus propios hijos. (Frutos, 1985: 13, énfasis en el original). La titulación de la tierra prometía crear sujetos nacionales, y a través de ellos una nación soberana y democrática que incluiría al pueblo paraguayo como participante en el proyecto nacional. El punto clave es que Stroessner no creó al pueblo Paraguayo Transparencia Populista 213

simplemente dirigiéndose a él ideológicamente. Él lo construyó como un modo de identificación nacional a través del uso extensivo del clientelismo, especialmente a través de la repartija de favores que unían a los campesinos directamente con los intereses del partido gobernante. En su estudio del peronismo argentino, Javier Auyero (2001) demuestra que el clientelismo no está basado en un simple intercambio de bienes económicos por votos. En su lugar adopta la forma de ofrendas personales que conecta a la gente en relaciones de influencia y reciprocidad a largo plazo, operando a través de la deferencia, la promesa y el manejo estratégico de las expectativas16. Este tipo de clientelismo representaba la lógica fundamental de todas las transacciones políticas durante el régimen de Stroessner. La promesa de participación en el proyecto nacional era en sí un tipo de ofrenda, materializada en documentos específicos que acarreaban el espíritu del don clientelista, demandando lealtad y prometiendo más ofrendas a cambio. La subjetividad política no era un principio abstracto o un conjunto de derechos, sino más bien una relación entre la gente y el Estado facilitada por documentos como cédulas de identidad, carnets de afiliación al partido, carnets de servicio militar y partidas de nacimiento, todos entregados por funcionarios nombrados por el Partido Colorado. Como los registros de bautismo y certificados de matrimonio, que indicaban que los hombres y mujeres nombrados pertenecían a la iglesia, objetos como cedulas y carnets eran señales de pertenencia al Estado, portados principalmente por los hombres para facilitar sus encuentros con funcionarios y policías. De todos estos documentos, los títulos de tierras (y las derecheras que los precedían) eran los más cargados de poder político, porque simbolizaban un esfuerzo personalizado y racional a cambio de una promesa de progreso, desarrollo, y participación en el proyecto nacional. A medida que los campesinos trabajaban para conseguir títulos a través de cuidadosas inversiones en su base familiar, la promesa de participación plena—materializada en los títulos—formó la base del régimen de Stroessner. A casi dos décadas del golpe de Estado los campesinos seguían mostrando poco interés en las cualidades representativas de los títulos o de otros documentos oficiales. En su lugar, ellos buscaban huellas indéxicas, sellos, firmas, y datos al margen que delinearan una red de relaciones en la página. En los títulos más antiguos, la firma de Frutos era la parte más importante del documento, porque vinculaba la cadena de reconocimiento directamente a Stroessner. Los títulos 214 Capítulo Cinco

eran ganados, pero también eran regalos de reconocimiento, y como todo regalo, retenía algo del dador, abriendo de esta forma canales de reciprocidad que fortalecían el sistema del partido. Tener un título era estar conectado con Stroessner en una red privada llamada Estado17. Stroessner dirigía el país más como una empresa familiar que como un Estado, y este sistema no representaba un problema para la mayoría de los campesinos afiliados al partido ya que Stroessner era el Estado18. Los títulos funcionaban como sistema de “protección” extorsivo, convertían a las declaraciones campesinas en inteligibles y legítimas frente a los jefes de las comisarías y las seccionales locales. Los derechos que un título confería no podían estar separados de la personalidad del dador, ni de la materialidad del documento en sí, que solo era útil si podía ser presentado a la policía o a funcionarios durante encuentros en la periferia del Estado19. La importancia del título-regalo para el gobierno de Stroessner se volvió más evidente en los años de decadencia del régimen, a medida que la idea de la Reforma Agraria se eclipsaba por el proyecto de titulación rápida. Este era el primer proyecto de titulación rápida del Paraguay, un claro precedente del tipo de proyectos promovidos durante la transición por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. La campaña de los años ochenta era parcialmente apoyada por USAID, e incluso prometía un sistema catastral computarizado que haría más eficiente la información sobre la tierra. Pero en la práctica, tenía un tinte abiertamente clientelista para el régimen, lo que finalmente llevó a USAID a abandonarla. La campaña fue promovida por medio de afiches que mostraban el progreso paraguayo como una pirámide de logros de titulaciones, en cuya cúspide estaba el busto de Stroessner, rodeado de productos agrícolas y una representación de la familia campesina. A mediados de los años ochenta, Frutos (1985) declaró que para 1990 el gobierno entregaría un millón de títulos20. En esta primera versión de la titulación rápida, Stroessner y Frutos intentaron llevar a cabo una especie de reforma abaratada, para acumular el beneficio político que los títulos-ofrenda conferían, sin el costo de una reforma agraria integral. La estrategia apuntaba a generar, más que un capital económico, un capital político; mientras otros países en la región respondieron a la recesión económica de los años ochenta imprimiendo dinero y causando crisis de inflación, Stroessner imprimía títulos. Al contrario del dinero, estos títulos rápidos se devaluaban más lentamente y contribuyeron por varios años Transparencia Populista 215

Figura 8. Póster de los años ochenta promocionando la campaña de titulación de tierras de Stroessner. (Cortesía de Editorial El Foro).

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Figura 9. La imagen de tapa de “Un millón de propietarios” (1985) de Juan Manuel Frutos (Cortesía de Editorial El Foro).

fortalecer la base política del régimen, antes de que nadie sintiera los efectos. La tapa del manifiesto de Frutos de esa época representaba a la nación como un grupo de hombres jóvenes marchando en un campo abierto, llevando en alto papeles. Llevaba como título “Un millón de propiedades para un millón de felices propietarios” y subrayaba la esperanza de que los títulos pudieran hacer que los hombres se relacionaran con el partido. La desintegración del stronismo hacia el final de la Guerra Fría puede leerse en la historia de estos títulos. Para acelerar su emisión, varios pasos burocráticos eran sacados del proceso de titulación, incluyendo la medición y la aprobación del Ministerio de Obras Públicas y del Servicio Nacional de Catastro. En los últimos años del régimen, y también después, los títulos conferidos por la agencia de tierras dejaron de pasar por esas oficinas técnicas, lo que significaba que la relación con el IBR y Stroessner era más directa, pero la red institucional que ellos indexaban era menos vasta. Todo esto significaba que el IBR estaba escatimando en el complicado trabajo burocrático que ataba a los títulos a redes estatales más grandes controladas por el partido. Cuando el aparato legal cambió de manos, Stroessner fue al exilio y Frutos fue jubilado, los títulos que habían Transparencia Populista 217

sido emitidos de manera rápida en esos años se volvieron jurídicamente sospechosos. La gente empezó a exigir nuevas mediciones de sus propiedades, y los títulos se devaluaron en el nuevo régimen. Las nuevas cabezas del IBR ya no garantizaban la fidelidad de los títulos emitidos durante el periodo anterior y como los títulos nunca habían sido aprobados por otras instituciones, no podían ser usados para pedir la protección del Catastro (parte del Ministerio de Hacienda) ni del Ministerio de Obras Públicas. Los dueños de estos títulos descubrieron que éstos eran activos tóxicos, conocidos por estar poco conectados a la realidad de la tierra y al Estado, y pasibles de ser transferidos solo luego de una serie de costosos ajustes. En los alrededores de Vaquería, por ejemplo, hay varios lotes ubicados sobre rutas cuyos títulos emitidos a fines de los ochenta sobreestiman hasta un 75% la cantidad de tierra de los lotes a los cuales corresponden. Mientras el esquema funcionaba, entregar títulos cristalizaba la relación personal entre Stroessner y los nuevos dueños, una relación en la cual el primero consolidaba su autoridad como benefactor, con una forma particular de obsequiar ciudadanía. El título era esa declaración material singular que convertía a los campesinos en sujetos políticos, pero siempre subalternos a la jerarquía partidaria. La transferencia del título no era un gesto institucional sino personal; no invitaba a la participación en un archivo público, invitaba al beneficiario a un club privado al otorgarle el reconocimiento de su realidad y una recompensa por su trabajo. Como los derechos que el título confería no estaban separados de la personalidad del dador, cuando el régimen colapsó, muchos de estos derechos desaparecieron porque estaban sostenidos con promesas personales antes que institucionales. El trabajo del título era ofrecer la seguridad de que el conocimiento del gobernante acerca del beneficiario permanecía intacto. La promesa de la eventual inclusión nacional fue suspendida indefinidamente por el golpe y la consiguiente transición a la democracia. Sin embargo, la promesa permaneció en la retórica agrarista de los restos de otrora importante bloque histórico: en las organizaciones campesinas y los operadores del Partido Colorado, ahora trabajando independientemente y sin anclaje ideológico22.

Dos naciones

Aunque no eran responsables del golpe de 1989, y no asumieron el poder luego de éste, los transicionistas vieron la partida de Stroess-

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ner como una oportunidad para afirmar la soberanía de la esfera pública sobre el aparato estatal, creando una nueva ética de representación en torno al gobierno. En el nuevo lenguaje político, la economía de ofrendas que sostenía al partido se llamó “corrupción”, y la falta de información institucionalizada sobre el uso de los recursos estatales se convirtió en evidencia de la criminalidad a ser resuelta por la transparencia. Lo que los transicionistas quizás no tuvieron en cuenta era la tenacidad de la realidad rural, o la importancia que los campesinos daban a los documentos que Stroessner les había entregado en reconocimiento de su labor y su lealtad. En la realineación luego del golpe, la alianza persistente entre el partido y la mayoría de los campesinos fue interpretada primero como el producto de la manipulación por la cúpula del partido. Pero luego, como se mantenía fuerte y tenaz, fue interpretada como síntoma de la irracionalidad del pueblo y la falta de educación en el campo. De aquí la creciente división entre el sujeto que se llama a sí mismo “el público” y el que se llama “el pueblo”. La división replanteó la vieja historia de latinoamericanos liberales versus populistas, pero ahora con un nuevo lenguaje de esperanza Posguerra Fría, que se apoyaba en la idea de la transparencia como un bálsamo epistemológico todopoderoso, para paliar desde la ineficacia del gobierno hasta el estancamiento económico, la corrupción y la ilegalidad. La tarea que los transicionistas se propusieron era enorme. Sin deshacerse de todos los documentos alojados en los edificios estatales y empezando de cero, su proyecto era replantear cuidadosamente las relaciones y representaciones existentes, de manera a cambiar lentamente la forma en que éstas funcionaban. En términos de los archivos públicos de propiedad esto significaba tomar un siglo de sedimento documentario de los registros de reforma de tierras y hacerlos hablar el lenguaje de un nuevo proyecto: la construcción de un mercado de tierras racional y eficiente. Al igual que el movimiento del Archivo del Terror de una comisaría regional a la sede de la Corte Suprema, la reforma burocrática de la tierra significaba hacer que los documentos hablasen de un nuevo futuro nacional transparente, imaginado como lo opuesto a la nación clientelista que había creado los documentos originalmente. Los transicionistas trabajaron en este proyecto por veinte años, inicialmente con las reformas financiadas por USAID y el Banco Mundial y finalmente adoptando la “solución de Soto” con una nueva ola de leyes de titulación rápida. Sin embargo la materialidad de los documentos no era lo único que les inquietaba en la Transparencia Populista 219

transición, sino había además otros proyectos en marcha. En los años noventa, las organizaciones campesinas estaban envalentonadas por el golpe, pero en lugar de estar de acuerdo con las ideas reformistas, eligieron impulsar la continuidad y el fortalecimiento de la Reforma Agraria; mientras tanto, el Partido Colorado permanecía poderoso en las áreas empobrecidas y buscaba mantener esa fuerza mientras se ajustaba a la reforma. El populismo de la Guerra Fría no desapareció con el golpe, siguió existiendo paralelamente a las instituciones transicionistas. Fue el Partido Colorado, ese camaleón ideológico, dueño del Estado y fuertemente arraigado en el campo, el que más rápidamente descubrió cómo jugar a ambos lados a la vez. El mejor ejemplo de esto fue el Presidente Nicanor Duarte Frutos, quien encarnaba un caudillo tradicional. Electo en el 2003, él fue el más parecido a Stroessner entre sus predecesores electos en el periodo de transición23. Durante su campaña electoral, Nicanor declaraba ser campesino, dando potentes discursos en un fluido guaraní, enfundado en el pañuelo colorado de su partido. Pronto demostró que también era hábil para convertir fondos estatales en maquinaria clientelista24. Pero su ingenuidad real era su habilidad para congraciarse con los transicionistas. Él había sido argañista en la época del Marzo Paraguayo, parte de la fracción colorada partidaria del vicepresidente asesinado Luis María Argaña. Luego del Marzo Paraguayo, Nicanor fue nombrado ministro de Educación del gabinete González Macchi y desde esta posición supervisaba la reforma educativa—financiada por el Banco Mundial—justo cuando ésta empezó a sentirse, beneficiando su figura con uno de los grandes éxitos de los transicionistas. A través de todo esto logró establecer una conexión plausible con la victoria democrática en la plaza luego de la masacre estudiantil. Más impresionante aun, recibió la aprobación de economistas y politólogos internacionales conocidos por su desprecio a la política partidaria paraguaya (Nickson, 2007). Él nombró a un respetado economista, Dionisio Borda, un transicionista abiertamente crítico al Partido Colorado, como su ministro de Hacienda, y rápidamente firmó un acuerdo stand-by con el FMI, previamente suspendido. Dentro del partido mismo se distanció públicamente de colorados salpicados por escándalos de corrupción en el gobierno anterior. Los analistas de la política paraguaya durante los años de Nicanor llamaron a esta estrategia “política dual”25. Por ejemplo, esta es la trama que The Economist delineó en su artículo sobre Nicanor en octubre de 2004, describiendo las tensiones que llevaron al paro cívico26. La noción 220 Capítulo Cinco

de dualidad indicaba que Nicanor y su equipo dialogaban con dos grupos de votantes a la vez, grupos cuyos intereses eran contrapuestos. En este análisis, el éxito de Nicanor se basaba en mantener las dos esferas más o menos diferenciadas la una de la otra: mientras se mostrase transparente con los auditores internacionales, había cumplido sus obligaciones con los transicionistas, el público; y mientras siguiese manteniendo sus promesas entre los campesinos y por ende la lealtad hacia él, podía mantener el apoyo del pueblo. Con una voz, representada por Dionisio Borda, podía hablar a los primeros; mientras que en sus discursos rurales, y mediante la actuación de colorados en el Congreso así como en puestos regionales, hablaba a los campesinos con un estilo que había cambiado poco desde los años sesenta. Esta trama sirve como análisis del gobierno de Nicanor, aunque es un poco superficial en mi opinión. Había otra dimensión en la forma en que estos dos grupos estaban articulados en el proyecto dual, ya que tanto el pueblo como el público no eran solamente grupos de votantes, sino formas de dirigirse a grupos particulares como si representaran sujetos universales. Es decir, ni el público ni el pueblo tienen una visión nacional que incluye fácilmente al otro como sujeto político. Según la definición de “populismo” de Laclau, tanto el pueblo como el público son populistas. Y no obstante guardan importantes diferencias. Mientras los transicionistas nunca reconocen su propia particularidad, viéndose a sí mismos como meros conductos de la razón universal; para los campesinos la tensa relación entre lo particular y lo universal es explícita, ya que a ellos nunca se les permite olvidar su particularidad. La diferencia puede notarse en el uso que cada grupo da a la bandera nacional. Las organizaciones campesinas usan frecuentemente la bandera—usualmente una versión simplificada, de franjas roja, blanca y azul, sin el escudo en el medio—para marcar sus espacios y actividades políticas como propias del pueblo paraguayo. Incluso la llaman “la bandera campesina”, llevándola consigo en marchas, elevándolas frente a las carpas en una ocupación de tierras, poniéndolas en sus patios como símbolo de solidaridad con otros campesinos durante movilizaciones. Cuando es usada para demarcar sitios de ocupación de tierras, dicen específicamente que están reclamando tierras para el pueblo paraguayo. En Tekojoja, donde tenía la ventaja adicional de marcar la diferencia entre campesinos y agricultores sojeros brasileños, la bandera era usada para marcar todas las casas solidarizadas con los ocupantes. De esta forma, los campesinos convierten la bandera en una amenaza, y ésta es entendida como tal por sus contrarios. Luego de una manifestación en Caaguazú que fue Transparencia Populista 221

Figura 10. Ocupante marcando la entrada a un campamento como señal dirigida al dueño anterior y a la policía del reclamo de las tierras para los campesinos.

dispersada por la policía, varios campesinos me dijeron que habían sido arrestados porque estaban usando muñequeras y cintas tricolores en sus sombreros. En manos de los campesinos, la bandera es simultáneamente una celebración de la nación y una amenaza de toma de la nación por parte de ellos. La oscilación entre lo particular y la totalidad de la nación pareciera demostrar perfectamente el punto de Laclau. Sin embargo, en momentos de crisis, los transicionistas también usan la bandera para su propio proyecto. En la Plaza de Armas durante la confrontación 222 Capítulo Cinco

Figura 11. Foto de manifestantes estudiantiles durante el Marzo Paraguayo. Apareció por primera vez en Ultima Hora y fue reproducida frecuentemente, inclusive como tapa de “El país en una Plaza” (2004) de Colmán. (Cortesía de Última Hora). con Lino Oviedo (la apoteosis misma del caudillismo), los estudiantes se pintaron en el cuerpo y en el rostro la bandera, y por lo tanto fueron presentados por la prensa como encarnando los sueños de la nación (de ahí “El país en una plaza”). Fue precisamente ese momento, más que cualquier otro el que emblematizó la ruptura en la sociedad paraguaya de la Posguerra Fría. La única diferencia significativa entre estas dos marcas de nacionalismo es que una se reconoce a sí misma como populista, y es forzada a luchar constantemente contra la ambigüedad del particularismo universalista, y la otra no. Es decir, cuando los campesinos flamean la bandera, es simultáneamente la “bandera paraguaya” y la “bandera campesina”. Los transicionistas no tienen que confrontar esta ambigüedad, y pueden dejar esta Transparencia Populista 223

dimensión de su política sin reconocerla27. En la Plaza de Armas, ambos grupos usaron la bandera, pero los campesinos eran sectarios, los estudiantes no. Esta lógica asimétrica nos fuerza a ir de alguna manera más allá del análisis formalista de Laclau. Laclau celebra el populismo y el universalismo de “el pueblo” como una forma pura de política que trasciende cualquier grupo político específico o cualquier conjunto de demandas. Para Laclau, los transicionistas serían también populistas28. Pero al menos en Latinoamérica esta afirmación no suena del todo correcta, pues estas demandas y movimientos denominados populistas son localizados con mucha precisión. Tienen ubicaciones espaciales, raciales, económicas e históricas29. No hay duda de quiénes son los “idiotas” de Vargas Llosa. En la era Posguerra Fría, el pueblo, lejos de ser elevado exitosamente al nivel de lo universal, es afirmado y denominado al mismo tiempo particular y universal. Populismo es la denominación de un incómodo recordatorio, que nunca ha sido completamente borrado de la esfera pública. La ineludible sospecha de la reivindicación campesina de la universalidad es lo que obliga a darle un nombre, y tanto los transicionistas como los sociólogos y antropólogos tienen dificultad en acordar cuál debería ser (populismo, caudillismo, prebendarismo, etc.). En este libro he intentado analizar la relación entre estos dos proyectos particular-universales de manera simétrica. Dar un nombre a los transicionistas, como ellos dan a los campesinos, no significa rechazarlo en sí, sino permite ver a la esfera pública como una entre muchas esferas discursivas compitiendo para describir lo real.

Dos realidades Los campesinos y los transicionistas usan la nación y sus símbolos para señalar su deseo asimétrico de apropiarse de lo universal. Una asimetría similar, pero más fundamental, se encuentra en la forma en que los diferentes paraguayos usan la palabra “realidad”. Así como existen dos naciones en Paraguay, también existen dos realidades, y sus despliegues políticos representan estándares completamente diferentes. La realidad es una afirmación universalizante y en Latinoamérica está frecuentemente ligada al populismo; pero también es oposicional, política y agonística, es un marco que establece las cuestiones no negociables, las bases de la inconmensuralidad entre proyectos políticos divergentes y concepciones de lo posible. Así como en otras dimensiones de esta confronta224 Capítulo Cinco

ción, cuando los campesinos invocan la realidad, ellos son etiquetados de caudillistas ingenuos e ignorantes; en cambio, cuando los transicionistas usan la palabra, ésta se mantiene sin marcas. Generalmente la realidad es alcanzada a través de documentos, y esto se aplica tanto a los transicionistas como a los campesinos. Para los últimos, como hemos visto, la mayoría de los documentos existen por y para la élite, y su presencia entre campesinos es vista como un signo de falsedad. Los títulos de tierras son una especie de excepción a esta regla, en gran medida porque no representan nada: son objetos que pueden proteger al dueño de un desalojo al ligarlo a redes de poder estatal. Pero el desprecio por lo demás documentos sigue siendo fuerte. Los campesinos usan la palabra “letrado” como tramposo; ellos se burlan del uso de documentos por parte de políticos que no son de su agrado, y a menudo dicen de los documentos: “no son nuestra realidad”, especialmente luego de oír a alguien explicar algo con documentos. Cuando afirman que “no se puede ganar nada con papeles”, están marcando su exclusión de la ciudad letrada, esa economía de documentos creados por y para letrados. En contraste, los campesinos celebran a los políticos que son capaces de “entender nuestra realidad” (ontende la orerealidad) o “hablar nuestra realidad” (he’i la orerealidad), que en guaraní equivale más o menos a “decir la verdad”. Esta habilidad de hablar realidad es lo que hizo de Antonio un gran líder, y es algo que Jorge también elogiaba a menudo. Hablar realidad es una habilidad de invocar oralmente el paisaje afectivo de la historia campesina, invocar la implacable desolación material del presente. Los campesinos frecuentemente me decían que solo me consideraban capaz de entender su realidad porque yo había comido mandioca en mesas campesinas, cosechado algodón, quitado piques (pequeños parásitos subcutáneos) de mis pies, enfrentado a policías con ellos, y hecho mi mejor esfuerzo para hablar en jopará (el registro estigmatizado de guaraní). Habitualmente era con estas referencias que Antonio me presentaba a sus compañeros, afirmando que a pesar de que yo era un académico extranjero, esas experiencias me calificaban para describir su realidad (calificación que estaba siempre cuestionada). Mostrando signos de esta conexión corpórea con la experiencia rural, particularmente con el sufrimiento y tejiéndolos en un discurso en guaraní, los políticos pueden ser felicitados por hablar realidad. La realidad se habla en guaraní, que también indexa la conexión con la mayoría de los mestizos rurales y los urbanos pobres. La maTransparencia Populista 225

yoría de los partidos transicionistas que emergieron luego del golpe de 1989 (particularmente Patria Querida y País Solidario) encontraban permanentemente obstáculos en el campo debido a su guaraní forzado. De la misma forma, los dirigentes más efectivos del Partido Colorado eran vistos con desagrado por los transicionistas en Asunción debido a sus ruidosos discursos en guaraní, que marcaban su identificación con las masas rurales. La evocación de la realidad en esta forma, enfatizando la conexión corpórea con las adversidades de las masas, es el plato fuerte del discurso populista en Paraguay. Es antielitista y forja una relación entre el caudillo y la masa que promete superar el poder económico de las élites y de los infiltrados extranjeros que controlan la ciudad letrada. Todos los grandes caudillos de la segunda mitad del siglo XX—Stroessner, Frutos, Oviedo, Argaña, Nicanor y un puñado de senadores—han tenido esta destreza. Este argumento de lo real es uno de los elementos más reconocibles del discurso caudillo, y no es sorprendente que la mayoría de los transicionistas lo consideren desdeñable. Ellos ven en él un dejo de totalitarismo, ese impulso de controlar el pensamiento y la percepción a través del poder ejecutivo concentrado. En una crítica a esta clase de política, dirigida principalmente a nuevos dirigentes de izquierda de Latinoamérica, Claudio Lomnitz (2007: 26) argumenta que “la realidad” es un aspecto clave del populismo a nivel regional: “Este discurso sobre lo real forma parte de un lenguaje político… de grosera transgresión, de hombres morenos fastidiando al protocolo y la convención. Es un lenguaje que infunde miedo en ciertos sectores porque es una figura idiomática de identificación que es generalmente reconocida como un llamado al odio de clases”. En lo que podría parecer un acuerdo con los transicionistas paraguayos, Lomnitz ve la realidad como un “lenguaje” con capacidad de fomentar el odio. La crítica de Lomnitz puede leerse como un intento de controlar los límites de la política legítima en términos liberales: las opiniones correctas son la jurisdicción de quienes tienen la cabeza fría y están bien informados, mientras que las opiniones de los que están perdiendo el tiempo en la nebulosa ideológica de la “realidad” no son política legítima, sino odio temible de clases (y razas). Repitiendo los miedos de Sarmiento y de Vargas Llosa, Lomnitz da a entender que la corrupción de la política está marcada por la presencia de cuerpos entre las ideas30. Lomnitz nota también que apelar a la realidad no es algo que 226 Capítulo Cinco

hacen los caudillos tradicionales únicamente, sino también los neoliberales que ven las leyes económicas como algo incuestionable. Esta otra realidad es la que sienta las bases de la noción de transparencia de los transicionistas. Pablo Herken Krauer, un conocido economista e intelectual público provee un ejemplo útil. En sus apariciones semanales en el noticiero de Canal 9 a lo largo de todo el mandato de Nicanor, Herken evaluó a los políticos paraguayos de acuerdo a si estaban o no prestando atención a la “realidad económica”. Durante los primeros años de su presidencia, el deseo aparente de Nicanor de prestar atención a los indicadores macroeconómicos, su elección de Dionisio Borda como Ministro de Hacienda y su habilidad de firmar acuerdos con el FMI, dieron a Herken motivos de esperanza. El buen gobierno, recordaba frecuentemente Herken a su audiencia, está basado en una política fiscal transparente que responda a esta realidad económica, que está inscripta en documentos elaborados por entes como el FMI31. “La realidad económica” es claramente una realidad diferente a orerealidad. Esta realidad es el lenguaje de un público transicionista que cree que la prioridad del gobierno debería ser el crecimiento del PIB, una estadística que es producida por economistas, el Estado y entes internacionales. La realidad macroeconómica no sólo puede ser transparentemente representada en documentos escritos en español, es real en virtud de su representación en tales documentos. La realidad económica es por lo tanto también un lenguaje político, y un lenguaje de identificación entre los educados y los civilizados, y de exclusión de aquellos cuyas quejas sobre asuntos más mundanos son meramente groseras transgresiones de “hombres de piel morena”. La explosión de documentos en Asunción, emanados de las nuevas burocracias de auditoría del Banco Mundial, Transparencia Internacional y el BID, son las bases de la realidad transicionista, pero ellos se refieren a una comunidad de interpretación aislada de la irracionalidad de las masas por medio de los muros de la ciudad letrada. En representaciones que se perpetúan a sí mismas, estos documentos continuamente afirman una nueva realidad de privilegio prometido por la transición. Muchos campesinos ven la invocación de la realidad de Herken como un llamado al odio de clases en la misma forma que Lomnitz entiende el llamado populista. Las diferencias son “pequeños detalles”, la realidad de los transicionistas es invocada un poco más indirectamente, no es proclamada desde una tarima, sino desde espacios institucionales, no está escrita en documentos a ser entregaTransparencia Populista 227

dos como regalos, sino en documentos que dicen ser transparentes. No es sorprendente que Herken no hable guaraní en la televisión y tampoco que trate sobre la vida del campo únicamente en términos abstractos como tasas de empleo, o en la eventual desesperación causada por otra ignorante protesta campesina que enlentece la economía. Ningún campesino cometería el error de creer que él habla su realidad. Cuando Herken habla de realidad, indica una distancia privilegiada de la pobreza y la ruralidad, así como el guaraní vulgar de Oviedo indica una proximidad corpórea a ellas. Lo que cada uno de éstos describe es una forma diferente de enmarcar la relación entre intereses particulares y lo universal. Orerealidad es una realidad de experiencia que vincula en una relación directa al Estado con el pueblo, con la esperanza de mitigar las adversidades campesinas, mientras que la “realidad macroeconómica” es una abstracción técnica que sintetiza muchas de las esperanzas de la clase profesional. Durante la transición, cada una de estas realidades estaba constituida como opuesta a la otra. La inhabilidad de los transicionistas para ver esto es una de las razones por las cuales su proyecto se estancaba. Debido al rechazo a rebajarse a lo que ellos consideraban el grosero populismo de los colorados—demasiado cercano al autoritarismo de la Guerra Fría—constantemente excluían de su proyecto a los campesinos, incluso a aquellos como Jorge, que deseaban unirse. El vacío político que dejó esta división sería llenado por colorados reformistas y dirigentes campesinos, que entendían cómo moverse entre dos realidades. Esta era una “política dual” en su forma más compleja: una habilidad para hablar a través de realidades mutuamente excluyentes. No es sorpresivo que ella operase con objetos y discursos híbridos, y se enfrascase en prácticas que no obedecían a la dicotomía fundamental del Paraguay transicional. Una de tales prácticas, común tanto para los colorados preocupados por la reforma como para los auditores campesinos, es lo que llamo “transparencia populista”, en la que la transparencia es presentada conscientemente por un dirigente como un regalo a sus seguidores.

EL DON DE LA TRANSPARENCIA Una de las pocas veces que vi a Jorge y Antonio trabajando directamente con un representante del Partido Colorado fue durante unas complicadas negociaciones que concernían a una comunidad llamada Mariscal López. Mariscal López era un asentamiento al noroeste 228 Capítulo Cinco

de Vaquería y Tekojoja, un lugar donde la soja todavía no se había arraigado. Fue en enero de 2005, cuando me invitaron a una asamblea que habían estado programando por varias semanas. Un vecino llamado José me llevó en su moto, llegamos temprano por la mañana y nos encontramos con cientos de residentes esperando la llegada de conocidos políticos de Asunción. Finalmente, el presidente del IBR, Erico Ibáñez y un popular senador llamado Bader Rachid Lichi llegaron en un Cessna para dirigirse a la multitud. Su gran anuncio de ese día era que Mariscal López sería legalizado, lo que significaba que los residentes podían dejar de preocuparse por las amenazas de desalojo que habían enfrentado por veinte años. Rachid Lichi había trazado un plan de “regularización” para la colonia y posibilitaría que todos obtuvieran títulos para sus tierras. La dirigencia del MAP había organizado el evento con el apoyo de un seccionalero local, un representante del Partido Colorado en Mariscal López. Él había adornado el espacio detrás de su aserradero con mesas cubiertas de manteles rojos y se había asegurado que los miembros de la seccional vistieran remeras y pañoletas del partido. Aun cuando la reunión era sobre un asunto puramente técnico con respecto a la tierra—la legalización—tenía todos los atavíos de un evento partidario, con tanto color rojo como fuera posible, desplegado para admiración de los representantes partidarios. Rachid Lichi hizo un largo y bullicioso discurso dominado por referencias a su propio partido como el protector del pueblo y por despiadados ataques a los liberales, a las élites, los tecnócratas y extranjeros. Era raro ver a Jorge y Antonio en este entorno. Como la mayoría de los dirigentes campesinos, ellos se consideraban no partidarios y tenían gran desdeño por este tipo de despliegues de color. Algo que ellos compartían con los transicionistas era el sentimiento de que el Partido Colorado era manipulador y corrupto, y que necesitaba ser vencido. Finalizado el acto, bromearon sobre cuán similar había sido la reunión a las celebradas en los años de Stroessner. Cuando pregunté a José, cuya familia era liberal, su opinión sobre la reunión, me dijo “fue un poco aburrida, pero me hizo reír. Era igual que antes. Mi papá nos llevaba a las reuniones para ver a Papacito Frutos hablar de la tierra, y él solo repetía ‘Stroessner es lo máximo, los colorados son lo máximo’”. No obstante, ese día Jorge llevó a su casa un objeto rojo: un bibliorato lleno de documentos que el senador le había entregado luego de presentar su contenido a la multitud. El bibliorato, un regalo Transparencia Populista 229

adornado con los inconfundibles símbolos del clientelismo partidario, era solo uno más de la larga historia de gestos populistas que habían tenido lugar en esta área. Pero contrario al clientelismo común, este regalo no era económico, ni confería derechos o privilegios particulares al depositario ni a la multitud. De hecho, como dijo Rachid Lichi, el bibliorato contenía documentos públicos; él simplemente estaba ayudando a que la gente los viera y así entendiera lo que él estaba haciendo. Esto mostraba, dijo él, que su plan de regularización era completamente transparente: “chetransparenteite!”. Como muchos otros documentos fotocopiados del archivo público, el bibliorato llegó al archivo personal de Jorge. Esa noche le di una mirada y lo dejé de lado; no había encontrado nada impresionante puesto que ya había visto todos los documentos que contenía en otras carpetas del archivo de Jorge. Él había hecho grandes esfuerzos para obtenerlos, como parte de los preparativos para esa misma reunión; había viajado a Asunción y pedido un favor a un amigo que trabajaba en el senado. En los últimos días, los había estudiado profundamente. No obstante, cuando le pregunté a Jorge sobre cuáles creía que eran los aspectos positivos de la reunión, él me respondió que el bibliorato había sido un logro impresionante. “Pero vos ya tenés copia de estos documentos”, objeté, “claro”, dijo, “pero no todos los días viene un senador al campo y entrega personalmente un bibliorato de documentos como ese”. Como información, el bibliorato era redundante. Pero para Jorge, la información que contenía era secundaria a su función como regalo. Él podía sentir rechazo hacia el partido y no encontrarle uso a las fotocopias contenidas en el bibliorato, pero veía una importante significancia en el hecho de entregarlas, es decir, en lo que Rachid Lichi afirmaba que era el regalo de la transparencia. “El regalo de la transparencia” tiene un sonido de cierta forma disonante, si no directamente absurdo. Los regalos, después de todo, son objetos que caprichosamente se niegan a ser abstraídos de la gente que los da. Ellos conllevan formas de reciprocidad que vinculan al receptor con el dador, confiriendo poder al dador; todo lo contrario a la transparencia, predicada en la lógica de la democracia como mercado político y por tanto de la transacción de ideas en forma de mercancía32. Por consiguiente, dar un regalo de transparencia significa crear las bases para que los ciudadanos se libren de la tiranía a través de la información, atando simultáneamente a esos ciudadanos en una relación de obligación mutua con el dador. Contradictorio o no, esto es exactamente lo que estaba pasando en Mariscal López ese día. 230 Capítulo Cinco

Para entenderlo, tenemos que resistir la tentación de criticar al discurso de transparencia como retórica meramente engañosa, como si fuese igual que el discurso que permitió a Lino Oviedo llamarse a sí mismo “ético” mientras entregaba fardos de efectivo desde su helicóptero militar. Esto no implica que Rachid Lichi no tenga que ser criticado por otras cosas. Todo lo contrario. Considerando solo sus propias extensiones de tierra en la región de Mariscal López, sus relaciones personales con el Poder Judicial y su larga historia de involucramiento en la repartija de bienes del Estado, podemos asegurar que no es una figura ni limpia, ni benévola. Pero en este momento nos da también la posibilidad de realizar una pregunta analítica bastante interesante sobre la transición democrática en Paraguay. ¿Qué significa el regalo de transparencia? ¿Y qué relación tendrá con los proyectos transicionistas de reforma institucional? Quisiera abordar ambas preguntas seriamente, justamente porque creo que con el regalo de la transparencia se pueden superar los problemas conceptuales y excluyentes de los transicionistas; y no quisiera que este tipo de prácticas continúe siendo monopolio exclusivo de personas como Rachid Lichi. He sugerido que las actividades de restructuración burocráticas del BID son un tipo de “proyecto de transparencia” que, aunque defectuoso, construye el sueño transicionista de una esfera pública democrática. Aquí quiero explorar otros proyectos en los que el regalo de la transparencia no solo es coherente, sino en realidad necesario. Si bien la arrogancia representacionista de proyectos de transparencia a gran escala parece utópica, en pequeña escala tales proyectos se ven defectuosos y contradictorios, pero posibles. En la escala estatal, estos proyectos de transparencia parecen diseñados para excluir a los campesinos, pero cuando ellos son realizados en torno a preocupaciones políticas específicas pueden tener efectos sorprendentemente inclusivos. Es alrededor de este tipo de proyectos, llevados a cabo por populistas, caudillos y auditores campesinos, que la transparencia vuelve a ganar un poco de su potencial radical para la democracia. Y así es como yo veo lo que Rachid Lichi estaba haciendo en su esfuerzo para “regularizar” Mariscal López.

Regularización La “regularización” es un proyecto de transparencia clave para cualquier reforma institucional, el hermano menor de la modernización de Transparencia Populista 231

registros y titulación rápida. Se refiere al proceso de limpiar las idiosincrasias legales o de representación en títulos de tierras específicos que, por la razón que fuere, se han vuelto imposibles de comercializar. La práctica fue introducida como una herramienta legislativa durante la reforma del Estatuto Agrario, que tuvo lugar en los años noventa y finalmente fue ratificada en el 2002. El nuevo Estatuto abrió una nueva oficina en el IBR llamada la “oficina de regularización de tierra estatal”, que en el 2004 manejaba una docena de casos muy complicados. La mayoría de estos casos trataban de grandes propiedades que los campesinos consideraban malhabidas. En el lenguaje legislativo del Estatuto, se los llamaba “irregulares”, designación que abarcaba propiedades que estaban asignadas incorrectamente, que se superponían con otras, o que estaban tan embarradas en disputas legales lo que hacía que su transferencia fuera legalmente imposible o muy costosa. La Finca 13, una de las más grandes e irresolubles de estas propiedades, había estado, en la práctica, fuera del mercado desde 1981. Este título supuestamente correspondía a la tierra donde estaba Mariscal López. La mayoría de los campesinos que asistieron a la reunión en Mariscal López lo hicieron con la expectativa de que el orador resolviera un problema que tenía casi veinte años. Ellos describían la historia de sus aflicciones de esta forma: la comunidad fue fundada por pioneros a mediados de los años ochenta, cuando familias jóvenes fueron hacia el norte, a los montes que por mucho tiempo habían estado “ociosos”33. La colonia Mariscal López nunca había sido formalizada como tal por el IBR, consecuentemente sus residentes no habían podido recibir permisos de ocupación, y mucho menos títulos de la tierra en que vivían. La colonia era ahora hogar de varios miles de residentes y la calle principal tenía dos estaciones de servicio, un puesto policial, varias escuelas, canchas de futbol y un ruedo para corridas de toros. Sin embargo, legalmente los residentes seguían siendo invasores de tierras que vivían en lotes precarios. A lo largo de los años distintas personas y empresas habían reclamado ser dueños de la tierra, desde una unidad militar, una financiera, un banco hasta un caudillo colorado. Con cada nueva afirmación de posesión venía una amenaza de desposesión. No obstante, los residentes nunca fueron desalojados. En varias oportunidades me dijeron que la razón por la cual habían podido quedarse era su lucha constante, a menudo violenta. Cuando Don Marcelo, uno de los primeros residentes, que no entendía la razón por la que aun no podía obtener el título de su tierra, me contó esta historia, y la terminó encogiéndose de hombros diciendo “Péa la 232 Capítulo Cinco

orerealidad”, “Esta es nuestra realidad”. El principal problema que esto causaba a los residentes no era estrictamente un problema de “mercado” en el sentido imaginado por los proponentes de la solución de de Soto a la pobreza rural, que consiste en crear un registro público modernizado y dar a los propietarios informales títulos regulares. De acuerdo con de Soto, los títulos son necesarios para revivir el “capital muerto” de los pobres, dándoles la posibilidad de usar su tierra como garantía de préstamos. Pero orerealidad raramente tiene que ver con un “mercado” abstractamente visualizado, y ninguna de las personas con quienes hablé en la colonia expresó el deseo de hipotecar su tierra. Ellos podían obtener pequeñas sumas de crédito usando ganado, motos y futuros productos agrícolas como garantía, y pocos se arriesgaban a perder su tierra34. En lugar de esto, ellos decían que la falta de kuatia (papeles) significaba que vivían con constante temor a ser desalojados por gente poderosa, mejor conectada con el aparato estatal que ellos. Lo que los campesinos querían no era un mercado eficiente de tierra, sino un documento que dijera que el Estado reconocía su trabajo y sus reivindicaciones. Ellos asistieron a la reunión porque habían sido convencidos de que Rachid Lichi y el IBR podían proveer estas garantías y con ellas vencer a los poderosos especuladores de tierras. Derlis, el representante local del MAP, había preparado la reunión, yendo casa por casa para convencer a sus vecinos que asistieran. No era una hazaña pequeña. Aunque había un núcleo de simpatizantes colorados deseosos de asistir simplemente para ver a sus dirigentes partidarios, la mayoría tenía miedo de que su asistencia pudiera revelarlos como invasores y así arriesgar sus posesiones precarias. En dos ocasiones anteriores, a principios y a finales de los años noventa, se les habían prometido títulos a los colonos y ellos incluso habían empezado a pagar cuotas al IBR por títulos de tierra. Pero en ambos casos los residentes habían dejado de pagar cuando se convencieron (correctamente) de que IBR no podía o no quería emitir los títulos. Luego de eso, la mayoría evitaba al IBR. Hasta donde sabían, la tierra seguía siendo malhabida; ellos no tenían dudas sobre su derecho a estar ahí, pero ya no confiaban que el IBR pudiera arreglar la situación. No obstante, considerando que las tensiones estaban creciendo entre campesinos e indígenas al costado oeste de Mariscal López, entre campesinos y madereros al norte, y con especuladores brasileros al este, Derlis pudo convencer a cientos de personas de ir a escuchar lo que decía el senador. Transparencia Populista 233

Figura 12. Copia del polígono, originalmente dibujado en 1981, re-trazado y coloreado para incluirlo en el bibliorato colorado, mostrando las cuatro propiedades a ser regularizadas.

Para todos, excepto para un puñado de asistentes, “regularización” era un concepto totalmente extraño. Lo que la gente más esperaba de Rachid Lichi era un discurso sobre expropiación, el término usual de la Reforma Agraria. Pero el senador explicó al comienzo de la reunión que era imposible expropiar la propiedad porque de hecho pertenecía al Estado, o más exactamente, al Banco Nacional de Fomento (BNF). La tarea principal de Rachid Lichi era por lo tanto explicar la regularización y convencer a la gente de que era una respuesta política apropiada a sus problemas. Para hacerlo, él tenía que fabricar un vínculo para los campesinos entre un procedimiento extraño, abstracto y orerealidad. Y para que los campesinos 234 Capítulo Cinco

aceptaran que la regularización era algo que les convenía, primero tenían que aceptar que la Finca 13, esa abstracción burocrática que llegaba a ellos por primera vez, realmente era una representación de Mariscal López. El bibliorato colorado apareció durante su explicación. Antes de entregárselo a Jorge, Rachid Lichi lo abrió, mostrando varios mapas de medición con las principales fracciones de la propiedad trazadas en colores fuertes. Presentó rápidamente el polígono, explicando que éste representaba la tierra donde ellos se encontraban y luego mostró que había cientos de páginas adicionales de texto, las cuales demostraban la labor de investigación que se había llevado a cabo para el proyecto de regularización. Poco del contenido era nuevo para quien tuviera un mínimo entendimiento sobre el problema legal. La mayoría de las páginas eran copiadas de un proyecto de ley del senado, de autoría de Rachid Lichi, genéricamente llamado “Ley ______, que incrementa el presupuesto nacional para el año fiscal 2005”. Le seguía un breve resumen de la complicada historia documental de la tierra y un mapa de la tierra en cuestión. La ley en sí ocupaba una página, la explicación ocupaba dos páginas, y los documentos de apoyo—la mayoría fotocopiados del título de la Finca 13, encontrado en el registro público—sumaban aproximadamente 170 páginas. ¿Qué podía ser tan irregular en esta historia documental que necesitara la regularización? De acuerdo con el bibliorato, la Finca 13 era parte de una vieja propiedad que alguna vez había abarcado más de 200.000 hectáreas, pero las páginas fotocopiadas del título solo correspondían a las transacciones más recientes. En 1965, 71.000 hectáreas de tierra habían sido adquiridas por una empresa llamada Financiera Picollo (FINAP), cuyo dueño era el yerno de un general. La propiedad fue transferida en 1967 a otra financiera llamada Capiibary, propiedad de la misma persona. Poco tiempo después, el dueño falleció, dejando ambas empresas a su esposa, quien disolvió la segunda y transfirió la propiedad de vuelta al FINAP, en 1973. En 1981, la tierra fue confiscada y transferida al Banco Nacional de Fomento. Lo que FINAP había hecho con el título en esos ocho años no estaba claro en el título en sí, pero había acumulado treinta y siete demandas proveniente de individuos, abogados, otras financieras, dos bancos, una aerolínea y la entidad nacional de electricidad (ANDE). Tenía además cuatro demandas presentadas separadamente por el Instituto de Previsión Social (IPS), fondo que frecuentemente se usaba para ayudar a amigos del régimen. Cada demanda resultaba en Transparencia Populista 235

un embargo hasta resolverse, y por ende el título se había vuelto imposible de comerciar. Las vueltas burocráticas y demandas en que estaba enredado el título hacían irracional el costo de entender todo para cualquier potencial comprador. Como hemos visto en el capítulo anterior, había dificultades para leer el título en sí, el cual había sido escrito y reescrito sobre un mismo papel varias veces. Y los problemas no estaban confinados a un solo documento, sino que implicaban la interacción de docenas de títulos, resoluciones judiciales e intervenciones políticas. Esta engorrosa historia burocrática, de documentos acumulándose hasta el punto de no poder participar del mercado de tierras por décadas, era difícil de imaginar en la sombra detrás del aserradero donde Rachid Lichi daba su discurso, y donde la gente estaba ocupada no en historias legales, sino en la lucha diaria del pequeño agricultor: orerealidad. Casi cada palabra en el bibliorato se refería a otros documentos o a declaraciones hechas por jueces en la ciudad letrada en encopetados protocolos notariales que recorrían las manos de funcionarios, gestores, escribanos y abogados buscando algún tipo de equilibrio entre activos y créditos, y presumiblemente, entre favores, deudas y rencores que no llegaron a plasmarse en las páginas. Aunque se suponía que la reunión sería sobre la seguridad de la tierra en Mariscal López, el regalo de Rachid Lichi era el registro de una letanía de transacciones entre gente que no tenía el menor interés en la colonia campesina de Mariscal López en sí, ni conexión con orerealidad. El tono de los documentos del bibliorato está bien representado en el texto de la primera página copiado del título. NÚMERO CIENTO DIEZ Y NUEVE: En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los doce días del mes de Agosto del año mil novecientos ochenta y uno, ante mí: J.J.B.R., Notario y Escribano Público, Titular del Registro Número Cien, y testigos, comparecen las siguientes personas: Por una parte está el doctor P.C.B.A., paraguayo, casado, Juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral de Coronel Oviedo, domiciliado incidentalmente en la calle Manduvirá 1.129 (Asunción); y por la otra parte el doctor Don JULIO M. REJIS SANGUINA, paraguayo, casado, domiciliado a los efectos de este acto en la casa de la calle Independencia Nacional y Presidente Franco (Asunción); ambos comparecientes son mayores de edad y cumplieron con las leyes de carácter personal vigentes del país 236 Capítulo Cinco

hábiles, de mi conocimiento, de que doy fé..— El Dr. JULIO M. REJIS SANGUINA concurre a este acto en nombre y representación del BANCO NACIONAL DE FOMENTO en su carácter de Presidente de la citada institución, cargo para el cual fue nombrado por Decreto del P.E. de la Nación No. 20.331 de fecha 26 de enero de 1976, que transcrito dice: “DECRETO No. 20331, POR EL CUAL SE NOMBRA AL DR. JULIO M. REJIS SANGUINA, PRESIDENTE DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO.—Asunción, 26 de Enero de 1976. CONSIDERANDO:…., EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY. DECRETA: Art. 1º. .Nombrase Presidente del Banco Nacional de Fomento, por el periodo 1976/1981 al Dr. JULIO M. REJIS SANGUINA.—Art. 2º Dése las gracias al Sr. Alberto González por los servicios prestados como Presidente Int. de dicha Institución Bancaria.… Firmado: ALFREDO STROESSNER. Es copia fiel, doy fé….”. La mayor parte del texto contenido en las 170 páginas siguen así: documentos altamente protocolares que trataban de encuentros escenificados entre hombres importantes atestiguando el status legal del otro; las bases de la ciudad letrada. Lo más llamativo de este lejano lugar de negociaciones legales es que era un lugar donde las hectáreas de tierra eran unidades abstractas intercambiadas más como dinero que como bienes raíces. En notable contraste con la forma altamente personal en que los campesinos entienden la propiedad, el título aquí es una moneda, no es una mercancía fija, sino una mercancía abstracta e intercambiable, siendo su uso primario el de garantía. Uno podría decir que la no transferibilidad de la Finca 13 resultaba de la creación del título perfecto de tierra, una representación cuya relación con la tierra era asumida como segura por las diferentes partes involucradas y cuya precisión e incluso legibilidad era raramente verificada. La gente seguía haciendo transacciones en el documento, aparentemente sin preocuparse sobre lo que estaba pasando en los montes a los que éste se refería. Tan abstractas eran estas transacciones que no se hacía mención de las inversiones físicas en la tierra, mucho menos de la existencia de al menos una docena de comunidades indígenas, varias comunidades campesinas, e incluso una base militar. La Finca 13 ciertamente no era la única propiedad en la región oriental de Paraguay con una sutil relación entre un pedazo de paTransparencia Populista 237

pel y una vasta porción de territorio. En las primeras décadas del siglo XX, la mayoría de las tierras en esta área estaban registradas a nombre de élites que vivían en Asunción o Villarrica, o incluso en el extranjero, y la mayoría portaba el nombre de una empresa. La Finca 13 había estado nominalmente controlada desde el siglo anterior por una enorme empresa llamada simplemente “Yerbales, Montes y Estancias” y colindaba con una empresa aun más grande, La Industrial Paraguaya, que poseía 2,65 millones de hectáreas (Kleinpenning, 1992)35. Estas empresas usaban la tierra para extracción, primeramente de yerba mate, que era recolectada por indígenas y vendida a lo largo de una línea de contratistas para finalmente exportarla (Reed, 1995; Domínguez, 1975)36. A medida que el mercado de exportación de yerba se desmoronaba a mediados del siglo XX, las empresas y sus activos fueron lentamente vendidos a especuladores como los dueños de FINAP. La aparente desconexión entre el título plasmado en el papel y cualquier práctica real en el campo era parte de un artefacto de falta de interés genuino por la tierra real por parte de sus propietarios en este período. Pero también estaba facilitada por las prácticas protocolares que cambiaron durante el siglo XX, aumentando la abstracción del título. En las primeras décadas, el texto en el título mencionaba varios de los activos fijos de la tierra. La encuesta que Yerbales, Montes y Estancias encargó para titular la propiedad incluía referencias a la presencia de yerba, monte y pastura, factores de los cuales se podía extraer directamente el valor económico (lo que estaba completamente ausente en estas descripciones era una referencia al trabajo casi en cautiverio de los indígenas, que la empresa usaba para realizar la extracción). Para 1950, esto se había simplificado, pero los yerbales (que tenían el valor económico más notable) todavía eran mencionados. Para 1967, incluso los yerbales habían desaparecido de la descripción y para el año en que se dibujó el polígono, la empresa era más bien propiedad de una financiera y no de una empresa maderera. Las descripciones cada vez contenían menos descripciones que pudiera identificar a la tierra como un pedazo particular de tierra o que sugirieran qué tipo de agricultura o trabajo de extracción se llevaba a cabo allí. Ese tipo de comercialización de un título, sin mucha inversión física en la tierra, era bastante común a lo largo de la región oriental. Pero a finales de los años sesenta, la Reforma Agraria ejerció una presión para que los latifundios “ociosos” empezaran a producir algo 238 Capítulo Cinco

o bien enfrentaran la expropiación37. Y aquí es donde la Finca 13 empezó a diferenciarse de las otras propiedades del área. La financiera no pudo convertir a la tierra en algo productivo y el dueño perdió la protección del régimen, cayéndole demandas. Antes que el IBR se lo expropiara, el BNF tomó posesión de la tierra, sacándola del mercado, y protegiéndola de otras entes estatales38. En los años ochenta, la lucha por la tierra en esta área estaba empezando a adquirir una historia documental más compleja, la mayoría, de una u otra forma, siendo comprada y distribuida a través de IBR a campesinos o bien a colorados de alto rango. La Finca 13, en contraste, fue suspendida en su abstracción por el BNF, quedando la relación entre el título y la tierra casi completamente quebrada. A medida que las tierras de la región se convirtieron en colonias activas y campos agrícolas, la abstracción que separaba a la Finca 13 de la tierra a la que se refería se convirtió en un problema. La llegada de nuevos compradores de tierra para la soja, incrementó el interés en los bienes materiales detrás del título y el valor de los títulos pasó de la agrupación de testimonios notariales al terreno físico al cual ese testimonio aludía solo indirectamente. Los dos cambios claves que destruyeron el valor de transacción del título fueron la transición a la democracia y el momento de consolidación de las fronteras: lo primero hizo más difícil que el gobierno moviera arbitrariamente bienes entre diferentes fondos y generó sospecha en los compradores de los protocolos que había creado el título, lo segundo aumentó el número de actores interesados en la tierra y por ende la cantidad de vigilancia puesta en la precisión de los documentos. Lo que había hecho que la Finca 13 se convirtiera en un bien incapaz de ser comercializado no era la ausencia de una representación de la propiedad, sino más bien el hecho de que la representación se había abstraído de su referente. El BNF no estaba dispuesto a simplemente dar por perdido el título, el cual declaraba que ahora valía US$ 13 millones, tampoco estaba dispuesto a invertir en arreglar sus problemas judiciales, ni a realizar una auditoría adecuada para confirmar las relaciones que el título tenía con otros documentos. Esto significaba que ningún comprador privado compraría esas tierras, ya que el costo de la transacción se había vuelto incalculable. Cualquiera que visitara la tierra habría encontrado índices de esos costos en la forma de orerealidad. Una visita rápida habría revelado lo que el título no revelaba: diez mil hectáreas de la tierra tenían probabilidad de ser expropiadas y declaradas territorio indígena como parte de Transparencia Populista 239

un proyecto del Banco Mundial, y el resto era el hogar de decenas de miles de campesinos organizados que plantaban algodón (y en un creciente número de lugares, marihuana). Era imposible ignorar a esta gente o desalojarla por la fuerza, así que la única forma de tomar control de la propiedad habría sido dividirla y vender las parcelas habitadas a sus habitantes, ninguno de los cuales podría pagar el valor de mercado, para luego alquilarla o comprársela de vuelta39. Esta clase de arreglos no era completamente desconocido, pero nunca había sido emprendido a tal escala y simplemente no había compradores alrededor dispuestos a tomar ese tipo de riesgos40. Rachid Lichi y el IBR entendían perfectamente que la única forma de arreglar la “irregularidad” de la Finca 13 era que el IBR la comprara del BNF al precio pedido, luego se encargara del trabajo de medición y resolución de disputas con la gente que todavía tenía reclamos en su contra, todo a expensas del Estado. El IBR podría luego determinar el valor del título y aceptar su devaluación, antes de repartirlo y entregarlo a crédito a los campesinos, pocos de los cuales probablemente pagarían sus cuotas. Para que el proyecto triunfara, necesitaba recibir el apoyo del BNF, ambas cámaras del Congreso, el Ministerio de Hacienda (que aprobaría el pago de US$ 13 millones), el IBR, y al menos algunas organizaciones campesinas que operaban en la tierra. Esta es una fascinante maniobra política si se la compara con la prestidigitación judicial de convertir lotes precarios en propiedad privada, delineada en el capítulo 3: la tierra en Tekojoja, que caía bajo el ámbito del Estatuto Agrario, estaba siendo subrepticiamente transferida al régimen legal definido por el Código Civil. Esto era posible en parte por el argumento de que el Código Civil presentaba una forma más completa, más racional de ley de propiedad. El Estatuto Agrario, en contraste, era meramente una reliquia populista de la Guerra Fría que necesitaba ser desechada. En Mariscal López ocurría casi lo opuesto. La Finca 13 era un título que, bajo la racionalidad del Código Civil, se había vuelto no transferible por estar demasiado desconectado de la tierra misma que se suponía representaba y solo podía arreglarse procesándolo a través del Estatuto Agrario. En otras palabras, el problema del título sólo podía ser solucionado comprándolo del registro público en el que se había empantanado y entregándolo luego a los campesinos bajo el régimen judicial de la Reforma Agraria. Los campesinos, que estaban construyendo sus bases y mejoras con la esperanza de que el Estado empezara a reconocer sus reclamos, podían así convertir de nuevo a esa tierra en 240 Capítulo Cinco

propiedad titulable a través de las complicadas reglas del Estatuto Agrario. Para que la tierra se volviera objeto de transacción publica, necesitaba no un título mejor, ni más transparente, sino ser removida del mercado por decreto político y blanqueada a través de orerealidad. Solo entonces, una vez titulada a los campesinos, la tierra podría volver a entrar al mercado. El espectáculo populista montado por Rachid Lichi en la tradición de Papacito Frutos, para regalar el título problema del BNF a los campesinos tuvo varias etapas. Primero estableció el contexto como orerealidad, hablando por más de media hora sobre las adversidades de la vida campesina, sobre el trabajo duro de hombres y mujeres en sus chacras, la dificultad de acceder a la educación y a los servicios de salud, el terrible estado del puente principal a la entrada del pueblo, la falta de agua potable, las indignidades que los campesinos sufrieron de mano de las élites asuncenas y la constante amenaza de desalojo por poderosos ausentes. En medio de esto, levantó el bibliorato y dijo a la multitud que sus problemas estaban asociados con la Finca 13. Abrió el bibliorato, mostrando el polígono a todos los presentes, explicando que los títulos y la seguridad que portaban consigo eran alcanzables a través de la transferencia de la Finca 13 al IBR. Luego entregó el documento al dirigente local de MAP. Al hacerlo, Rachid Lichi conectó el bibliorato con la realidad campesina y con los intereses campesinos. El bibliorato por lo tanto cumplió dos funciones. Por un lado, la función de ofrenda, en la que un político crea una relación personal entre él y un grupo de seguidores; es en la entrega de un ofrenda que el bibliorato se vuelve parte de orerealidad. Pero más allá de la función del bibliorato como ofrenda estaba lo que uno podría llamar su función auditora. El bibliorato, lleno de fotocopias del producto del trabajo de Rachid Lichi en el Senado, era ofrecido como prueba de sus acciones, prueba de la posibilidad judicial de cumplir con sus promesas. Si el título de tierra tenía la intención de crear una conexión personal entre el receptor y la autoridad dadora, el bibliorato de documentos administrativos creaba una cierta simetría entre el dador y el receptor, al ofrecer al receptor la capacidad de controlar las afirmaciones verbales del dador. La función auditora no se trata solo de ampliar el reconocimiento, sino de invitar al receptor del regalo a escrutar al gobierno. Esto es sin lugar a dudas una forma transicionista de evaluar la legitimidad política, un proyecto de transparencia en el que las relaciones de visibilidad están revertidas. En lugar de Transparencia Populista 241

decir “yo te veo y por lo tanto estás bien”, la función de auditoría dice “vos me ves y por lo tanto estoy bien”. Al hacer esto, desplaza la autoridad a la esfera despersonalizada de la ley y a un archivo que está abierto, en principio, a las consultas de cualquier ciudadano. Más importante aun, la función de auditoría solo era posible en conjunción con la ofrenda, ya que las líneas de visibilidad no podían estar abiertas si la multitud no estaba convencida de que la transacción estaba siendo realizada en el ámbito de orerealidad. El documento solo no sería parte de la realidad, pero entregarlo como un regalo lo convertía en eso. Y en ese acto híbrido, Rachid Lichi presenta un nuevo tipo de política, una transparencia populista que busca trazar líneas de visibilidad políticamente oportunas y encontrar nuevas formas de vincular a los documentos con la realidad. Esta puede ser una política dual que juega con electorados segregados, en diferentes realidades, en un intento calculado de construir influencia del senado. También puede ser una ingeniosa forma de rendir cuentas que utiliza una realidad bifurcada para crear un mercado de tierra. Pero por otro lado es un intento de ser transparente frente a ambas realidades simultáneamente, y de crear un puente documental entre ellas.

Transparencia Populista La ley de regularización de Rachid Lichi se estancó por varios años porque él nunca fue totalmente capaz de hacer que el proyecto hablara con propiedad a los transicionistas, quienes ahora llevaban las riendas del gobierno. El precio de US$ 13 millones solicitado no era negociable y el Ministerio de Hacienda se rehusaba a entregar ese dinero al IBR por la compra de activos tóxicos. Desde el comienzo estuvo bastante claro que este problema podría presentarse. Durante la reunión, uno de los dirigentes campesinos levantó la mano para preguntar cómo procedería el plan de regularizar Mariscal López, dada la posición del Ministro de Hacienda Dionisio Borda sobre los gastos excesivos. Rachid Lichi crujió los dientes ante esta sugerencia, su voz se volvió más fuerte, y sus manos gesticularon de forma más salvaje. “Borda es un tembo fórro (condón)!”, exclamó. “Ni siquiera es un colorado, y no puede detenernos”. Lanzando unos cuantos epítetos más al Ministro, esquivó exitosamente la pregunta en medio de estridentes risas. Un mes después, Borda había sido obligado a abandonar su puesto, mostrando que los caudillos habían ganado por sobre los tecnócratas en las riñas internas del gobierno. Pero la 242 Capítulo Cinco

pregunta permaneció y en los siguientes dos años el IBR fue incapaz de obtener la aprobación del ejecutivo para la transferencia de tierra. Así como la materialidad del archivo se interponía en el proyecto de modernización del BID, aquí la realidad del mercado mostraba ser demasiado rígida para el juego de contabilidad populista. Más específicamente, lo que Rachid Lichi mostró ese día fue que las reformas de transparencia son más parciales de lo que la mayoría pretende que sean, y más políticamente interesantes de lo que muchos de sus críticos afirman. La regularización aspira a la transparencia del tipo que los transicionistas dicen desear. Pero lo hace en los groseros y escandalosos márgenes de la tecnocracia, en esas zonas grises antiinstitucionales en las que los transicionistas no entran porque están demasiado impregnadas de política. Esta es una transparencia altamente comprometida, dada en trueque por votos sobre mesas que portan el color del viejo partido de Stroessner. Habla a una realidad campesina que parece desafiar a la razón, que no confía ni en los documentos ni en el conocimiento de expertos como los economistas. Es vulgar, sentimental y contiene dejos de autoritarismo. Y aun así es más radicalmente inclusiva que cualquier proyecto que el BID pueda diseñar en la agencia de tierras o el registro público, porque es una política dual que se traslada entre dos realidades, manufacturando puntos de contacto y reconocimiento de intereses mutuos. A pesar de las apariencias ésta es una política sofisticada de mediación que tiene el potencial de abrir nuevas formas de diálogo político y nuevas formas de democracia. Jorge y Antonio entienden perfectamente que están involucrados en una forma de mediación entre mundos y a menudo hablan precisamente en esos términos, pues los campesinos no parecen tener problemas en reconocer múltiples realidades, de la forma en que los transicionistas lo tienen. Lo que importa a los campesinos es orerealidad, “nuestra realidad”, una noción que es a la vez particular y universal. Ellos raramente hablan de los transicionistas como gente ignorante, forma en que éstos últimos hablan de ellos, sino como gente que vive en un mundo diferente. Quizás esta es siempre una característica de discurso subalterno, que, como Gyan Pandey (1991) lo presenta, es siempre necesariamente fragmentario, nunca completamente capaz de cumplir sus aspiraciones de hegemonía (ver Chatterjee, 1993; Chakrabarty, 2002). El populismo campesino está enclaustrado en una aceptación de realidades múltiples, mientras los transicionistas siguen basando su política en la oposición entre Transparencia Populista 243

la realidad y el delirio o ignorancia. Y es en esta visión cerrada de lo universal—quizás una reliquia del momento, en 1989, cuando los transicionistas pensaron que su propio análisis de la Guerra Fría se había vuelto políticamente indiscutible—que figuras políticas como Jorge o Rachid Lichi siguen siendo tan amenazantes y de mal gusto. Aun así, es claro que los grandes problemas burocráticos de la Finca 13 nunca podrían ser solucionados sin ellos. La función del caudillo en una democracia liberal es precisamente encontrar puentes sobre los vacíos tecnocráticos, conectando realidades, intercambiando promesas económicas por influencias políticas, conectando tierra y documentos, creativamente mezclando incoherencias legales y fanfarronadas retóricas a fin de traer el cambio41. Nada de esto está confinado a Paraguay. Más bien, es un rasgo de todas las democracias liberales, en donde la certeza de la solución institucional va siempre acompañada por el eco de lo arbitrario, de esas criaturas políticas despreciadas en cuyas palabras, no obstante, confiamos para sanar las fisuras en lo tecnocrático. Francisco Panizza describe así el miedo al populismo: “El populismo nos recuerda a los fantasmas totalitarios que ensombrecen la democracia. Pero también nos recuerda que todas las sociedades democráticas son concesiones entre las lógicas democráticas y no democráticas… En la sociedad global moderna, el populismo plantea preguntas incómodas sobre los que quieren apropiarse del sitio vacío de poder, pero también sobre los que quisieran subordinar la política a la razón tecnocrática y los dictados del mercado” (Panizza, 2005: 30). Propongo considerar, por un momento, cuántos de estos mismos temas emergieron durante la crisis financiera estadounidense en el 2008, en el centro de la red global que define las concepciones transicionistas de la realidad. Así como en Mariscal López, la crisis financiera de Wall Street estaba enraizada en bienes raíces sobrevaluados cuya rápida devaluación amenazó la liquidez de los bancos que los poseían. La deuda se había acumulado principalmente a través de la comercialización de dos clases de representaciones altamente abstraídas de los bienes raíces que supuestamente representaban: títulos respaldados por hipotecas y papeles comerciales respaldados por activos. Ambos eran considerablemente más abstractos que el título de la Finca 13, construidos a través de tantos niveles de mediación separados de las casas y tierras que los “respaldaban” que llegó a ser imposible la reconstrucción del vínculo original, sin un proceso de desagregación complejísimo. Las financieras, convencidas (por 244 Capítulo Cinco

lo menos en su postura pública) de que los activos de bienes raíces siempre habían sido seguros, intercambiaron esos documentos entre ellos en forma completamente legal, dentro de una comunidad relativamente pequeña de gente con la misma mentalidad, sin darse cuenta de que su valor de hecho estaba desapareciendo. El entonces Presidente George W. Bush apeló al Senado para que incautase el dinero para una compra masiva, públicamente financiada de los activos tóxicos, que luego podrían ser vendidos con pérdidas. La crisis pareció tomar desprevenidos a los legisladores estadounidenses y sus agitadas respuestas decían mucho sobre el lado oculto de la tecnocracia estadounidense en medio de una campaña electoral. Tres discursos particularmente fuertes—aunque vagos— emergieron. El primero era una división metafórica entre “Wall Street” y “Main Street” , o entre las economías “ficticias” y “reales”. “Main Street” es el equivalente estadounidense a orerealidad, una invocación populista que en momentos de crisis se vuelve repentinamente despegada de la realidad de “Wall Street”. El segundo discurso, en parte debido a la simultánea campaña electoral presidencial, emergió mientras la gente clamaba por más “liderazgo”. Ninguna de las propuestas de los candidatos eran puramente tecnocráticas o racionalmente económicas, sino más bien cálculos políticos, juegos de poder y saltos de fe asociados con las personas de los candidatos presidenciales. En ese momento, el liderazgo era la habilidad de decir convincentemente “esta es nuestra realidad y esta es mi propuesta para mejorarla”. El tercero, la queja común sobre el salvataje a los bancos de Wall Street trae todo de vuelta al comienzo: en la ausencia de soluciones técnicas claras al problema, todos los bandos del debate se lamentaban la falta de “supervisión” y “transparencia”. La transparencia emergió como el lenguaje ético de gobernanza, sin estar acompañado de ningún sentido real de qué era o qué podía lograr. ¿Qué, exactamente, necesitaba ser transparente, y para quién? ¿Quién necesitaba haber visto qué para que los problemas hubieran sido evitados? La transparencia no es una forma de representación que arregla errores, detiene la corrupción y finalmente pone al Estado al servicio del bien común. La transparencia es en realidad—y Rachid Lichi demuestra esto a la perfección—una negociación política entre puntos dispares de referencia que se han vuelto anclados, entre documentos, gente, cuerpos, leyes, historias circulantes, terrenos loteados, es decir, los objetos y procesos materiales intransigentes que ensucian el Transparencia Populista 245

paisaje, los hábitos del pasado y las acechantes incertidumbres del futuro. La transparencia no es más que el nombre de una negociación que forja un acuerdo momentáneo sobre las representaciones y que apunta a facilitar futuras conexiones. Ver la transparencia como populista es necesario para una antropología del desarrollo de Posguerra Fría en Latinoamérica. Provee una analítica que se resiste a las narrativas desarrollistas al rehusarse a ver a la democracia procedimental como el sucesor natural del populismo. La ofrenda de Rachid Lichi de transparencia—obviamente partidaria, jactanciosa y defectuosa—no se amolda a las demandas de los reformistas transicionistas, ni simplemente las subvierte; sino las complica, dando por hecho la especificidad de realidades plurales y forjando articulaciones tácticas entre ellas. Si la transparencia es una relación formada y reformada entre documentos y realidad, entonces es una relación abierta, siempre negociada, no sólo porque los documentos son inherentemente resbaladizos y sus creadores tendientes a la oclusión, falsedad y error, sino porque lo real en sí está siempre abierto. Como los auditores campesinos con quienes Rachid Lichi ocasionalmente trabaja, la suya es una política de incertidumbre y contingencia, cuya misma existencia es un constante recordatorio de las profundas ambivalencias de cualquier democracia. Por lo tanto, el análisis de la transparencia populista ofrece una lección no solo a los antropólogos pero a toda la gente que genuinamente quiere reformar su democracia. Deshacerse de gente como Rachid Lichi pasa por entender que su poder continúa no solo porque representan recuerdos de un pasado oscuro, sino por una intensa creatividad política que les facilita continuamente forjar de nuevo su hegemonía.

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EPÍLOGO: LA REVANCHA DE LA TIERRA MALHABIDA La versión en inglés de este libro se terminó el año 2008, un año de cambios políticos sustanciales en el Paraguay. La elección como presidente del obispo Fernando Lugo ese año había catalizado un optimismo que no se había tenido desde el año 1989, donde la transición a la democracia forzó el quiebre de las garras del partido colorado sobre el Estado. En mi opinión, el aspecto más esperanzador del proyecto de Lugo fue la manera en que logró articular a los campesinos con los transicionistas en un movimiento que representaba todos los descontentos relacionados a los regímenes previos. La promesa, tanto de la transparencia como de la Reforma Agraria, era novedosa por su aparente sinceridad. Cargado de tantas expectativas, el gobierno de Lugo estaba destinado a decepcionar a los transicionistas como a los campesinos; pero su abrupta expulsión tras cuatro años de haber asumido—hecho que surcó el camino para el retorno de un presidente colorado—fue peor de lo que la mayoría esperaba. Hay varias maneras de retomar esta llamativa historia y muchos hilos que la conectan con el contenido de este libro, pero me llama la atención el frecuente y peligroso resurgimiento del concepto de tierra malhabida. Para explicar esto déjenme retornar al paro cívico de noviembre del año 2004, citado en el capítulo 2. La manifestación se había presentado como una huelga general en contra del gobierno de Nicanor, sin embargo en unas pocas horas se había convertido en una protesta específicamente campesina. Para universalizar su reclamo, intentaron aprovechar la amplia indignación que existía alrededor de la idea de “tierra malhabida”. El fracaso del paro cívico era nada menos que el fracaso del movimiento campesino en cambiar su posición en el paisaje político nacional. Fue un momento de desmoralización para muchos líderes campesinos y en los meses y años venideros, el paro cívico se convirtió en una vergüenza para muchos de los involucrados. Nadie pudo vislumbrar en ese entonces que la idea de la visible derrota de esa semana hubiera tenido efectos mucho más ambiguos y a largo plazo.

El campamento en Caaguazú—donde yo me había quedado—era el segundo campamento más grande del paro cívico. El mismo fue mantenido en calma gracias a la postura legalista de Jorge Galeano y a su insistencia en enfrentar la violencia del Estado con el poder jurídico de los documentos. Nadie peleó con la policía, y a pesar de haber amenazado constantemente en bloquear la ruta, nadie lo llegó a hacer. Cerca de General Resquín, distrito ubicado en el departamento de San Pedro, el más combativo del país, se encontraba el campamento más grande. Allí los campesinos cerraron la ruta en el segundo día de protesta, por lo que fueron reprimidos agresivamente por la policía montada y por unidades militares que usaron balas de goma además de gases lacrimógenos; el campamento fue incendiado, los colchones y frazadas fueron destruidos1. Varios manifestantes fueron heridos y dos de los que fueron esposados por la policía eran sacerdotes locales, simpatizantes de larga data con el movimiento campesino, vestigios de los años en que los sacerdotes practicaban la “opción por los pobres” predicada por la Teología de la Liberación. En abril de 1976, momento que todavía se recuerda como el más oscuro de la historia de protestas campesinas, Stroessner había perseguido, encarcelado y exiliado a la mayoría de los clérigos de izquierda de Paraguay, expulsando de esta manera a la Teología de la Liberación del país (Equipo Expa, 1981). El movimiento jamás retornó y a pesar de que algunos de los sacerdotes retornaron al Paraguay, la mayoría terminó trabajando para ONG de derechos humanos, en vez de involucrarse con los movimientos campesinos. Una excepción a esta regla fue el obispo del departamento de San Pedro, el monseñor Fernando Lugo. Él había ingresado al clero en su juventud, a finales de los años setenta y había pasado la mayor parte del tiempo restante de la dictadura fuera del país, antes de volver a Paraguay para practicar una versión no militante de la Teología de la Liberación. En la víspera del paro cívico, Lugo había intentado atajar el conflicto2, logrando congregar a muchos del consejo episcopal para reunirse con Nicanor y pedirle que desmovilice a las unidades militares que habían sido desplegadas de manera preventiva en el interior del país. Su esfuerzo falló por completo y luego de un mes de que el paro cívico haya terminado, renunció oficialmente al obispado y retornó a su parroquia rural como sacerdote. Por un tiempo Lugo desapareció del escenario nacional, pero un año después comenzamos a escuchar de nuevo su nombre en Vaquería. Había vuelto con críticas al gobierno de Nicanor y con discursos sobre la corrupción del 248 Epílogo

Partido Colorado. En mayo del año 2006 había conformado de forma silenciosa un comité para sondear la posibilidad de candidatarse para la presidencia de la república en el año 2008. Jorge era una de las aproximadamente 25 personas que se reunían con Lugo de forma mensual para discutir las posibilidades electorales, y debo decir que al principio todo sonaba más bien improbable. Sin ningún partido que los apoyara y con el Partido Colorado mostrando señales impresionantes de fortalecimiento bajo Nicanor, hasta el propio Jorge veía a la campaña como algo simbólico. Pero fueron creciendo en fuerza y pronto se constituyeron en el Movimiento Popular Tekojoja3. A lo largo de ese año, Lugo dirigió tres marchas masivas en Asunción realizadas en contra de la corrupción colorada, una de las cuales efectivamente logró frenar una enmienda constitucional que hubiera permitido la reelección de Nicanor. Posteriormente Lugo tomó distancia del movimiento Tekojoja para coordinar una mayor coalición de movimientos sociales y partidos políticos, coalición que finalmente llegó a incluir al Partido Liberal, histórico rival de los colorados y partidario de reformas de libre mercado que se contraponían a las propuestas políticas campesinas4. Para muchos de los que observamos los acontecimientos desde afuera, la victoria de Lugo en el 2008 fue una grata sorpresa. Sus promesas principales incluían una reforma agraria integral y una reforma energética, pero desde un comienzo el eje central de la plataforma fue la transparencia5. El más claro síntoma de esto fue la gente que entró a la palestra pública durante la época de Lugo, gente que había encarnado los ideales transicionistas bajo el mandato anterior. Dionisio Borda, ministro de Hacienda durante el primer año y medio del mandato de Nicanor, fue nuevamente nombrado ministro de Hacienda, esta vez con un poder sin precedentes para reorganizar el ministerio y controlar e influenciar otros ministerios. Efraín Alegre, diputado liberal y autor del famoso documento de tierras malhabidas se convirtió en ministro de Industria y Comercio (desde donde pudo cultivar su imagen para su propia candidatura a presidente en el 2013). Más prominente aun fue el huésped de honor en la toma de posesión de Lugo, Joseph Stiglitz, el economista central de la “economía de la información”, ex economista jefe del Banco Mundial y asesor del presidente norteamericano Bill Clinton6. Sin embargo, la plataforma de transparencia de Lugo era una política dual impresionante: a un grupo apelaba con un mensaje Epílogo 249

remarcando lo procedimental, se enfocaba en mantener la visión de la democracia promocionada por agencias internacionales de desarrollo y por mantener el estado de derecho; a otros grupos apelaba hablando genuinamente de su realidad, lo cual podía hacer porque había vivido entre los pobre rurales casi toda su vida. Pero no hablaba a los dos grupos de manera segregada, encontraba cosas sobre las cuales estaban más o menos de acuerdo, como la tierra malhabida, uniendo a ambos grupos en una narrativa nacional que sugería que la realidad podría tener características comunes. La victoria de Lugo implicó la consolidación temporal del público transicionista con el pueblo campesino. Como los auditores campesinos, pero a mucha mayor escala, la elección de Lugo creó un rayo de apertura genuino al margen de la transparencia, un avance político sobre el terreno de la antipolítica. La victoria fue por supuesto pronto limitada. El Congreso seguía siendo controlado por el Partido Colorado y gran parte del gabinete fue compuesto por miembros del Partido Liberal, quienes utilizaron sus puestos e instituciones para beneficiar su propio partido. El pequeño grupo de aliados de Lugo fue cercado por políticos cuya intención era socavar el proyecto de los primeros y mantener el poder en mano de los dos partidos tradicionales. Internamente la coalición estaba inundada de problemas más sutiles que contraponían a quienes aspiraban a la universalidad y los que imaginaban que sus aspiraciones ya eran universales7. Desde el principio los campesinos no fueron tomados en serio como interlocutores y fueron los primeros en ser acusados de corrupción y sectarismo. Mientras tanto muchos transicionistas que habían pasado toda su vida criticando la corrupción del gobierno, ahora esperaban que la transparencia y el profesionalismo vencieran, sin embargo no tenían las herramientas ni las ganas para pelear en las trincheras sucias de la política de Estado8. Tierra malhabida y la esperanza de que un régimen de transparencia en el IBR llevaría a la recuperación y redistribución de tierras para miles de familias campesinas, terminó convirtiéndose en uno de los peores fracasos de la administración. Los problemas comenzaron con los nombramientos hechos por Lugo luego de que tomara el poder. Los aliados campesinos del gobierno solo pudieron dar su voz y voto para elegir al presidente del IBR, Alberto Alderete resultó electo pero a pesar de su larga trayectoria de apoyo a organizaciones campesinas tenía un temperamento transicionista y poco después de tomar posesión de su cargo declaró que todos los empleados de la 250 Epílogo

institución eran corruptos. Una tradición en la burocracia paraguaya de mandar a los funcionarios estatales al “freezer”, donde seguían gozando de su salario pero no se les permitía trabajar, fue aplicada a gran parte de los empleados del IBR. El plan de revertir la tierra malhabida rápidamente se convirtió en un sinfín de juegos judiciales por pequeñas parcelas de tierra inútil al margen de los campos de soja. Luego de quedarse sin la cantidad de funcionarios “activos” suficientes (la gran parte estaba en el “freezer”) y sin financiación debido al pago de cuotas pendientes para expropiaciones anteriores, la institución quedó inoperante, insolvente y más vulnerable que nunca. Jorge y los demás se encontraron nuevamente intentando frenar la reintroducción del proyecto de titulación rápida, el cual ahora tenía apoyo del Banco Mundial y de miembros del propio gobierno de Lugo. Luego de cuatro años en el poder, el único logro del gobierno relacionado a la legislación de tierra fue una enmienda al Estatuto Agrario, que restringía aun más lo que los campesinos podían hacer con sus derecheras. La transparencia parecía estar destruyendo la institución más importante para los campesinos, dejándolos fuera del Estado de una vez por todas. El discurso de la tierra malhabida había sido una narrativa histórica poderosa y una evocación electoral convincente, pero una estrategia terrible para redistribuir tierra a los campesinos. El gobierno de Lugo nunca lo pudo resolver y desafortunadamente tampoco lo pudieron sus aliados, incluyendo organizaciones campesinas cuyos miembros fueron sistemáticamente desmovilizados, creyendo que una administración afín podía cumplir el gran sueño de Reforma Agraria con una mera aplicación del estado de derecho. Mientras tanto el crecimiento desmesurado de la superficie de soja de los años previos a la elección de Lugo continuaba. Frente al avance sojero cada vez más significativo e impune, los campesinos desesperados seguían cediendo sus derecheras y nadie tuvo la suficiente creatividad política para lanzar una nueva reforma agraria integral. El entorno de Lugo tenía fuertes críticas hacia las prácticas del sector sojero, sin embargo nunca pudo articular una respuesta coherente a problemas tan complejos ni deshacerse de la sensación de que la soja era inevitable. No resulta sorpresivo que para el año 2010 las organizaciones campesinas que habían apoyado a Lugo hubieran crecido en frustración y que algunas organizaciones más radicales hubieran comenzado a aparecer en el interior del país. El más infortunado ejemplo de esto fue un pequeño grupo de que comenzó a secuestrar personas Epílogo 251

y atacar comisarías al noreste del país. Se hacían llamar Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y se presentaron como representantes de los intereses campesinos, atacando a sojeros y ganaderos conocidos o a personas que desmontaban los bosques ilegalmente. En uno de los secuestros llevados a cabo llegaron a demandar como una de las condiciones de la liberación del rehén, la distribución de raciones de comida a comunidades locales. Logrando comparaciones con la FARC de Colombia, la pequeña banda inspiró un terror exagerado que sumó a la narrativa de que el Paraguay estaba lidiando con una guerrilla de izquierda peligrosa y que otras organizaciones rurales y hasta Lugo mismo estaban involucrados. Un grupo aun más interesante que emergería fue la Liga Nacional de Carperos, el cual rápidamente logró construir una base grande prometiendo respuestas más rápidas a las necesidades de los sin tierra. Los carperos lograron cambiar la conversación sobre la reforma agraria, pero ya no como un proyecto nacional. En su lugar retornaron al tipo de negociaciones complejas y comprometidas sobre pedazos de tierra específicas supuestamente malhabidas, a través de ocupaciones masivas. La más conocida de estas ocupaciones fue la de 22.000 hectáreas de tierra perteneciente a Ulises Rodríguez Teixeira, un gigante de la industria sojera. Al final, se constató que Teixeira tenía un título bastante claro. Luego de meses de investigación y negociaciones, el grupo fue relocalizado por oficiales del gobierno en tierras que oficialmente pertenecían al parque nacional Ñacunday. Un pedazo del parque había sido reclamado por otro destacado productor brasileño de soja, Tranquilino Favero, quien había desmontado bosque protegido para cultivar soja. El gobierno ahora reclamaba esta parcela desmontada y temporalmente reasentó al grupo reclamante ahí. Uno de los principales operadores políticos de Lugo coordinó una complicada investigación de títulos de propiedad en la zona para que esto ocurra y en la riña previsiblemente complicada que le siguió, los abogados de Favero incluso adquirieron el permiso judicial para ingresar a los archivos del INDERT y apoderarse de un expediente relacionado con el caso (véase Fogel, 2012: 22-23). Lo que yo puedo decir sobre el caso es mera especulación, ya que no me involucré con él y hay muy poco publicado al respecto más allá de las rabiosas quejas publicadas en los diarios de Asunción9. Pero la experiencia que tengo con casos de tierra en Paraguay, incluyendo aquellas descritas en este libro, sugieren que Ñacunday fue precisamente el tipo de compromiso político que el gobierno de 252 Epílogo

Lugo debía hacer. Quizá el problema principal en este caso, así como en muchas de las campañas rurales iniciadas por el gobierno de Lugo, fue la aparente falta de voluntad del gobierno para tratar de justificar sus acciones ante los medios, no realizando siquiera una modesta campaña de relaciones públicas, para un público transicionista que se quedaba incómodo con estas políticas de trinchera y de negociación. En lugar de aprovechar una oportunidad para ejercer la transparencia populista, dejaron el tema abierto a investigación y rastrillaje, facilitando la desestimación de los puristas de la transparencia. Los carperos y agentes claves del gobierno aparecían como corruptos, antimedioambientales e incluso criminales. El tipo de Reforma Agraria promovida por los transicionistas en la capital se fundaba en sus ideas simplistas sobre la propiedad y lo que sucedía en el campo fue calificado como algo demasiado comprometido políticamente. Tan solo cuatro meses después, el gobierno de Lugo se desmoronó en torno a un violento enfrentamiento en el distrito de Curuguaty por un pedazo de tierra reclamado por Blas N. Riquelme, un antiguo senador y amigo de Stroessner. Así como sucede con todos estos casos, el estatus legal de la tierra era cuestionado y había sido sujeto de varias pugnas legales desde por lo menos el año 2003, cuando un grupo de campesinos sin tierra entró por primera vez para ocupar el lugar. Pero nada de esto se evidenció el 15 de Junio del 2012 cuando el ministro del interior de Lugo, Carlos Filizzola (una figura clave de los transicionistas desde los años noventa, fue miembro y presidente del Partido Encuentro Nacional) envió una fuerza policial abrumadora para eliminar a los ocupantes del terreno. En una confusa y violenta escena el fallido allanamiento de la propiedad causó un tiroteo dejando seis policías y once campesinos muertos (ver CODEHUPY, 2012). Haciendo eco del Marzo Paraguayo de 1999, la muerte de inocentes resultó con la destitución del presidente. Pero vale la pena detenernos un momento para profundizar la comparación. El Marzo Paraguayo tuvo lugar en la Plaza de Armas, un espacio público por excelencia (irónicamente era también un espacio raramente utilizado antes del gobierno de Lugo). Las víctimas fueron estudiantes, transicionistas que luchaban por los que ellos reclamaban como el bien universal de la democracia, lo cual proporcionó una narrativa sencilla, una moral fácil de entender y contribuyó de manera inmediata a un argumento particular sobre el futuro de la nación. En contraposición, la masacre de Curuguaty no ofreció una lección tan fácil ni tan transparente. El hecho tuvo lugar Epílogo 253

en tierra malhabida, tierra que no era privada ni pública, sino estaba en un límite irresuelto entre ambos. (Casi dos años más tarde, el juicio en contra de los campesinos seguía en pie, a pesar de no haberse resuelto la cuestión de la propiedad de la tierra). Los intereses de los luchadores también eran intereses que se ubicaban en el límite entre el sueño nacional del pueblo paraguayo y las necesidades particulares de un grupo de campesinos sin tierra. Curuguaty no se dio fácilmente para ser evocada como una narrativa de redención universal, en el cual el futuro es una simple inversión del pasado. Durante las semanas y meses que siguieron apareció en las paredes, pancartas, radios y redes sociales una frase que en pocas palabras indicaba esta dificultad: ¿Qué pasó en Curuguaty? No un pasado invertido para concebir el futuro, sino más bien una reflexión densa sobre el estado actual de las cosas, no una certeza sobre la realidad sino una pregunta marcando una realidad abierta. Quizá fue inevitable entonces que para muchos paraguayos las únicas verdaderas víctimas de la masacre de Curuguaty fueran los policías. En los siete días entre la masacre y el juicio político de Lugo en la capital, la voz más fuerte en la esfera pública paraguaya era la que condenaba a los campesinos, muchas veces en términos violentos y racistas, demostrando una vez más el fuerte prejuicio que existe todavía en Paraguay en contra de la gente humilde del campo10. A pesar de que la violencia de ese día fue muy extraña para el Paraguay contemporáneo, fue interpretada por un cierto público como la revelación de la tendencia violenta del campesinado, el bruto haragán cuyo deseo por un pequeño pedazo de tierra permanece incomprensible. En los meses que siguieron otros líderes campesinos fueron asesinados en el área, sin que se investiguen los casos; además de haberse iniciado un juicio en contra de los campesinos que estaban en la tierra en cuestión, imputados por cargos como invasión de inmueble ajeno, asociación criminal y tentativa de homicidio, todo sin cuestionarse las acciones de la policía. En esta versión de la historia, el principal error del gobierno no fue haber enviado a la policía fuertemente armada para disolver un campamento pacífico, sino haber alentado a los ocupantes al negociar con ellos en casos anteriores. La imagen pública de Lugo, ya empañada por escándalos anteriores, pasó de ser la de un campeón infalible de la transparencia, a ser un colaborador despreciable de la guerrilla. Fue en ese ambiente de rabia frontal que sus enemigos lograron deshacerse de Lugo. Una semana más tarde, en un juicio 254 Epílogo

político en el cual Lugo no estuvo siquiera presente (según él, por temor a poner en riesgo a sus seguidores), el senado dio el veredicto del juicio en una votación que resultó en 36 votos a favor de la destitución y 4 en contra. La ironía más grande fue que el golpe contra Lugo sería legitimado adhiriéndose a los detalles de la Constitución, como si las grandes cuestiones de justicia en Paraguay se pudieran resolver completamente haciendo referencia a la ley. Así de fácil es reivindicar la transparencia y el estado de derecho para negar sus propios motivos. Por supuesto es tentador dejarse llevar en el análisis por los detalles de lo que está sucediendo a cada momento. Admito que con la elección de Lugo llegué a sentir un cauto optimismo de que la vida podría mejorar para mis amigos campesinos, así como para quienes en Asunción seguían, a pesar de todo, aliándose con el campesinado. El epílogo de la versión en inglés de este libro refleja ese momento optimista. Con la reelección de los colorados en el 2013 bajo la presidencia de Horacio Cartes, un magnate tabacalero una vez encarcelado por evasión de divisas y ahora promotor de una política de amistad con los grandes terratenientes, la preocupación por esos mismos amigos vuelve. También es preocupante la rapidez con que se ha expandido la industria de la soja en la década pasada, afilando las contradicciones que inicialmente describí en este libro. Pero si hay algo que mis amigos de Vaquería me enseñaron es a desconfiar de las narrativas políticas fáciles que se desprenden de un momento de crisis y a tratar de mantener la atención en las personas y los elementos materiales en juego que están debajo de la superficie de estas crisis. Es aquí donde se ve claramente que nunca existe una única interpretación de realidades, personas ni documentos. Es aquí donde yacen las especulaciones fructíferas, donde las historias pueden ser articuladas y donde la antropología puede ser una auditoría subversiva. En Paraguay, como en la mayoría de los lugares, las políticas raramente caben de manera fácil en un formato ético pre-establecido, como el Marzo Paraguayo, que para muchos parecía hablar por sí mismo. Luego de una década de revoluciones naranjas y primaveras árabes este recordatorio puede ser más necesario que nunca para desalojar el sentido de que tales conflagraciones se producen para que una lógica simple finalmente brille a través de las peleas confusas entre las personas, las cosas y los documentos. Curuguaty es en realidad la expresión de problemas mucho más comunes y extendidos de lo que pensamos y por ende mucho más transcendentales. No son Epílogo 255

transparentes, no permiten que ningún rayo de luz los ilumine. Esa luz que sirve para iluminar nuestro deseo triunfalista de futuros inevitables o simplemente iluminar lo que imaginamos debería ser nuestra ciencia social objetiva, no puede ser encontrada en Curuguaty. Al igual que los montones de papeles que afirman representar la propiedad de la tierra en la que ocurrió la masacre, el evento no habla por sí mismo. Curuguaty no nos da respuestas sino opciones. Exige que elijamos, aunque sea provisoriamente, entre alianzas alternativas, entre interpretaciones posibles y realidades vivibles.

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NOTAS INTRODUCCIÓN Esta literatura se ha enfocado principalmente en dos aspectos del periodo neoliberal: las consecuencias económicas de las reformas neoliberales en el sur global, y la formación de nuevos tipos de subjetividades, los empresarios orientados al mercado libre y las categorías culturales alternativas e indígenas, que han sido producidas por estas nuevas estrategias de gobierno (ver Hale, 2006; Shever, 2008; Colloredo-Mansfield, 2002). La literatura es a momentos sombría ante las perspectivas económicas de gran parte de la población mundial (e.g. Gill, 2000; Gledhill, 1995) u optimista sobre las posibilidades abiertas por prácticas contestatarias (e.g. Postero, 2007; Sawyer, 2004). 1

Joseph Stiglitz (1998) comenzó a usar el término “post Consenso de Washington” en el año 1998, una señal de que los principales profesionales del desarrollo internacional estaban entrando a un periodo de autocrítica. En América Latina, Taylor (1999) y Hershberg y Rosen (2006) han usado el término “posneoliberalismo” como una lente para la exploración de las condiciones económicas y políticas de la actualidad. Una lectura alternativa es proveída por Peck y Tickell (2002; también Hart, 2002) que sugiere que el neoliberalismo no ha acabado realmente, pero que puede ser dividido en dos fases, una llamada “roll back” que implicó un periodo de drásticos recortes al gasto público, y una fase “roll out” en la que la política y el gasto público se dirigen a la reconfiguración de las instituciones del Estado. A pesar de no usar el mismo lenguaje, debe de quedar claro en las páginas siguientes que coincido ampliamente con este último punto de vista. 2

Los datos provienen del Censo Agropecuario Nacional del Ministerio de Agricultura y Ganadería del año 2008. Este fue el primer censo llevado a cabo luego de el de 1991 y lo llamativo de la comparación de ambos es la considerable concentración de tierra ocurrida en el periodo entre ellos, con una disminución del 6% del número total de pequeñas explotaciones y una caída notable del 27% en el número de pequeñas y medianas explotaciones agrícolas de entre 20 y 50 hectáreas. 3

La lucha campesina data de mucho antes, pero con considerables cambios a través del tiempo. Como argumento en este libro, las luchas campesinas en la Posguerra Fría están directamente relacionadas a las estrategias llevadas a cabo en los años sesenta. 4

Así como durante un tiempo los científicos soviéticos afirmaron que la obsesión occidental con la información era un síntoma de idealismo y por lo tanto cómplice del capitalismo (Gerovitch, 2002). Esta era una batalla ideológica que el occidente ganaría, afirmando que fue justamente la información la que mató a la Unión Soviética (ver Stiglitz, 1994; Shane, 1994).

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Al respecto, uno de los errores más perjudiciales en los últimos años del régimen de Stroessner no fue tanto la represión a los disidentes, la cual ya se había convertido en rutina, sino la censura, en 1983, del principal periódico nacional, ABC color, caso que resultó en una condena internacional para el régimen. 6

La economía de la información fue formalizada a principios de los años sesenta (Stigler, 1961: Vickrey, 1961).

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Uno de las formas más comunes de solucionar los vacíos de información es la mercantilización de riesgo con un seguro. Véase el capítulo 4 para una discusión más amplia.

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Para ejemplos de esta línea de argumento, ver los artículos en O´Donnell et al. (1986) y Diamond et al. (1988). La caída del muro de Berlín fue acompañada por una ráfaga de escritos celebrando la fusión de la democracia con el capitalismo, incluyendo artículos en el Washington Quarterly escritos por Diamond (1989), de Soto (1989), Gershman (1989) y el infame artículo escrito por Fukuyama sobre el fin de la historia (1989). Para una excelente revisión de estas producciones ideológicas, ver Abrahamsen (2000). La transparencia también tenía un rol en las democracias maduras, cuando la explosión de auditorías de los años ochenta y noventa creó nuevas formas de rituales burocráticos destinados a regularizar y hacer más técnicas la gobernanza en Europa y Norte América (Power, 1997; Strathern, 2000; Miller, 2003). 9

En América Latina la versión más influyente de este argumento fue el libro best-seller de Hernando de Soto, El Misterio del Capital (2000) donde argumenta que el mayor problema enfrentado por los habitantes de barrios marginales de las mega ciudades del tercer mundo era la falta de información.

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258 Notas

Esta peculiar definición proviene de la teoría de la información de mediados de siglo y de la cibernética y ha tenido una enorme influencia en una serie de disciplinas, desde la economía hasta la psicología y biología (ver especialmente Mirowski, 2002). Analizo esto aplicado a Paraguay en otro artículo (Hetherington 2012).

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Ver especialmente Day (2008). No es que los economistas creen que es posible tener completa información sobre el mundo de la economía, ni se olvidan de que la información escrita en papel es diferente de la información en la cabeza; de hecho, muchos construyen modelos complejos de mediación entre estas distintas formas de información (ver Rasmusen, 1994). Pero la totalidad del modelo, muchas veces llamada la “economía de la incertidumbre” (Hirshleifer y Reily, 1992) o la “economía de la información imperfecta” (Stiglitz, 2003) implica como base analítica la posibilidad de un conocimiento perfecto, o un acceso completo a lo real.

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El punto de vista mecánico o computacional de la sociedad de mercado es otra herencia de la cibernética, el cual hace posible la concepción del comportamiento económico como una máquina de crecimiento, y la democracia como un aparato para la elección de los gobiernos óptimos (ver especialmente Mirowski, 2002).

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Además de la literatura mencionada sobre el representacionismo y la economía de la información, algunos críticos mordaces de la transparencia son Zizek (1997), West y Sanders (2003), Morris (2001), Levine (2003).

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Ver por ejemplo, Dreyfus y Rainbow, 1982; Ferguson, 1990; Scott, 1998; Barry, 2001; Rose, 1999.

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El concepto del “índice” o “index” como una forma de representación viene de la teoría de Charles Sanders Pierce (1958), filósofo de fines del siglo XIX. Él clasifica a los signos en tres formas de representación: los íconos, cuya relación con el objeto que representan es de semejanza, por ejemplo el dibujo de hombre o mujer en la puerta de los sanitarios; los símbolos, que no guardan relación directa con el objeto en sí, son abstractos y arbitrarios, por ejemplo la palabra “manzana”; y los índices o indexes, que guardan una relación fáctica con el objeto que representan, son afectados y modificados por el objeto, por ejemplo la huella de un zapato o el agujero dejado por una bala. Esta distinción es importante ya que una de las premisas de mi análisis es que los transicionistas aspiran a que los documentos sean símbo-

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Notas 259

los—y los tratan como tales—mientras que al profundizar en las prácticas de creación e interpretación de los documentos, éstos parecen tener todas las características de indexes. Dicho de otra manera, los documentos no representan una realidad a la cual están ligados solo abstractamente, sino están conectados físicamente a los fenómenos que pretenden representar. Por ende, la lucha legal no es una lucha por transparentar la representación de una realidad preestablecida, sino una lucha material para recrear las condiciones indéxicas necesarias para estabilizar una realidad. Estos argumentos teóricos son abarcados en los capítulos 4 y 5. De aquí en adelante utilizaré la palabra “index” y sus derivados, de manera a hacer referencia a este concepto. Ver especialmente Riles (2000; 2006), Miyazaki (2004), Brenneis (2006), Hull (2003), Barrera (2008), Latour (2002). 17

Es por esto que tecnócratas como Hernando de Soto están obsesionados con los elementos técnicos del uso del documento, con la construcción de mejores registros, mejores bases de datos, protocolos más ágiles para el acceso a la información. Esto no implica la negación de lo material, sino los intentos de controlar y superar la materialidad de los documentos a fin de estabilizar los sentidos que tienen (e.g. Barata y Cain, 2001). De Soto no promete representaciones abstractas per se, sino las soluciones técnicas que hacen que el mundo material funcione como las tan deseadas abstracciones. 18

En la obra principal de Michael Power sobre la Sociedad Auditora (1997) se hace referencia a que la auditoría es la respuesta a la falta de confianza, pero ésta no podrá llenar enteramente ese vacío, ya que las auditorías también pueden ser auditadas (ver también Strathern, 2000; Miller, 2003). 19

En la versión en inglés de este libro, denomino “guerrilla auditing” a esta práctica, debido a la calidad subversiva respecto de la lógica oficial de la gobernanza. Para esta versión, he cambiado el término, ya que la traducción directa al español tiene una connotación demasiado violenta. 20

Para un ejemplo de las más sórdidas descripciones sobre el Paraguay en la literatura popular, ver Gimlett (2003). 21

Resulta llamativo no haber podido encontrar la cita original de esta frase tan frecuentemente repetida. La frase, normalmente atribuida a Roa Bastos, se encuentra a menudo en los párrafos iniciales evocadores de 22

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tratados políticos en el Paraguay, los informes de la UNESCO, las piezas satíricas y diarios de viaje de la década del noventa. Como ha notado Mitchell (2002) en su análisis del discurso de desarrollo en Egipto, la geografía es comúnmente considerada culpa del empobrecimiento nacional. 23

El Chaco entró a la historia Paraguaya durante la guerra con Bolivia (1932-1935) pero quedó fuera de la narrativa nacional primaria. Es un espacio controlado ampliamente por Mennonitas que emigraron desde Canadá en los años treinta, y continúan hablando en alemán. Es también hogar de docenas de grupos indígenas no guaraní parlantes. En el siglo XXI, esta situación está cambiando a medida que el Chaco se convierte en un espacio de desarrollo intensivo principalmente por la producción de carne vacuna.

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Luego de la devastadora Guerra de la Triple Alianza contra Argentina y Brasil (1865-1870), Paraguay también libró una tremenda guerra con su otro vecino, Bolivia, en los años treinta. 25

La peculiaridad lingüística paraguaya es acentuada por el hecho de que la diglosia normalmente se refiere a la relación entre dos lenguas estrechamente relacionadas (por ejemplo el francés y el creole en Haití) o registros de la misma lengua (alemán alto y dialectos regionales). En Paraguay, a pesar de los préstamos lingüísticos significativos en el léxico, el guaraní y el español son idiomas completamente diferentes. 26

Por supuesto esto es una simplificación. En 1990 los transicionistas trataron de rescatar al guaraní como un idioma nacional creando una nueva ortografía e introduciéndolo en las escuelas y colegios. Irónicamente la estandarización del guaraní lo convirtió en un idioma muy diferente al hablado por los campesinos, conocido como Jopará o la mezcla entre el español y el guaraní. La estandarización y valorización del guaraní en el proyecto democrático también tenía el tinte de reapropiación del idioma de los campesinos, en cuya boca la lengua vernácula era degradante. 27

En la version en inglés del libro utilizo el término “new democrats” para referirme a los aquí denominados transicionistas. 28

Ver Carter Center and Council of Freely Elected Heads of Government (1993) para un informe de los observadores internacionales en las primeras

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Notas 261

elecciones democráticas del Paraguay. Los análisis desde entonces han coincidido en que, a pesar de que el Partido Colorado mantuvo el poder a través de prácticas corruptas, el fraude electoral en las elecciones nacionales no era una de ellas. El Partido Colorado finalmente perdió las elecciones en el 2008, 19 años después del golpe de Estado que sacó a Stroessner del poder. El nuevo presidente electo, Fernando Lugo, era un ex obispo totalmente fuera de cualquier sistema partidario, y como tal no pudo sostener un cambio a largo plazo. Trataré brevemente en el epílogo sobre las fuerzas estructurales que lo llevaron al poder y lo destituyeron después de cuatro años. Las palabras en guaraní estás escritas con los estándares establecidos durante la reforma educativa del año 1990. Además de otras cosas, esto significa que las palabras sin acento casi siempre llevan el énfasis en la vocal final (a diferencia del español que lleva en la penúltima sílaba). Hay dos excepciones a esto. La primera es la toponimia; nombres como Caaguazú entre varios otros han sido convencionalizados en lo que refiere a la ortografía, antes de la reforma. La segunda son los préstamos del español. El estándar precisa escribir las palabras fonéticamente cuando se incorporan al guaraní (por ejemplo, kampesíno en vez de campesino), pero esta práctica raramente se sigue en textos publicados. He conservado la escritura en español a menos que la pronunciación de las palabras hayan sido alteradas de manera significativa y son entendidas generalmente como una palabra guaraní (ejemplo: kabaju en vez de caballo).

30

La palabra “base” en español fue usada inicialmente en las Ligas Agrarias Cristianas, también conocidas como las Organizaciones Cristianas de Base. Actualmente se utiliza para referirse una organización local, a un distrito electoral, a la economía de los hogares rurales y al sentido de aterrizaje de la política en la labor del campo.

31

Esta imagen y muchas otras a lo largo del libro son tomadas directamente de Gramsci (1971), y el uso que hago de su obra y vocabulario se acerca a las lecturas posestructuralistas de los estudios subalternos (e.g Guha 1983) y a Laclau y Mouffe (1985). 32

Ver especialmente Power, 1997; Strathern, 2000; Miller, 2003; Harper, 1998; Riles, 2000; Riles, 2006; Miyazaki, 2004; Maurer, 2005, y las ediciones especiales de American Ethnologist 33.2 y Journal of Legal Anthropology I.I. 33

262 Notas

El mismo problema tienen los antropólogos que escriben sobre relaciones (Strathern, 1991; 1996), intercambio (Maurer, 2002; 2005), esperanza (Miyazaki, 2004), engaño (Nelson, 2009), y por supuesto transparencia (Amy Levine, 2004). 34

Nigel Thrift (2007) y Bill Maurer (2005) denominan a esto una especie de razonamiento “lateral”, que funciona haciendo conexiones en lugar de sintetizar. Uno de los primeros defensores de este enfoque era Michel de Certeau (1984) cuyas metáforas de pensamiento táctico y andante estaban constantemente en mi mente mientras aprendía a manejar mi propia ignorancia en Paraguay. 35

36

Ver Ultima Hora, 26 de junio 2005

Ver Thrift (2007) y Whatmore (2002) como ejemplos de usos analíticos del término “enredar”, los cuales tienen el propósito de desafiar a la teoría representacionalista.

37

Este texto tampoco complacerá a muchos activistas y académicos que he conocido a quienes les gustaría ver en los campesinos una serie de tradiciones ancestrales en peligro.

38

CAPÍTULO UNO: LA TRANSICIÓN HACIA LA DEMOCRACIA Gutmann (2002), Paley (2001), Nelson (2009) y Coronil (1997), todos presentan poderosos casos etnográficos sobre la polisemia de la “democracia” en otras partes de América Latina en los años noventa.

1

Este concepto hace eco de una observación hecha por otras etnografías de transición (e.g. Grant, 1995; Verdery, 1999; Yan, 2008).

2

Burawoy y Verdery (1999) afirman que muchos analistas del fracaso de las transiciones democráticas en Europa del Este culpan a los vestigios culturales socialistas, mientras estos elementos podrían fácilmente ser explicados como adaptaciones a las condiciones actuales (ver también Paley, 2002).

3

Al decir desapasionados me refiero a la mayor parte de la sociología paraguaya, que utiliza la palabra campesino para referirse a un grupo demográfico compuesto por personas cuya principal fuente de ingresos para la familia se deriva de la agricultura en parcelas de 20 hectáreas o menos. Este grupo que incluye a las familias sin tierra que ganan su dinero trabajando en 4

Notas 263

agricultura asciende a medio millón de hogares que constituye casi la mitad de la población nacional (ver Toledo, 2007). Como tal, ser campesino parece adaptarse a la famosa frase de Ranajit Guha (1983) que decía que los subalternos son aquellas personas que, en el análisis social, no son sujetos de su propia historia.

5

Particularmente notorio son Gaspar Rodríguez de Francia (1811-1839), Francisco Solano López (1862-1869) y por supuesto Alfredo Stroessner (1954-1989).

6

Estatuto Agrario, Ley no. 854/63, “Que establece el estatuto agrario” Ministerio de Agricultura y Ganadería, Asunción, Paraguay, 1963. En el año 2002 el IBR cambió de nombre, y pasó a llamarse Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). A pesar de que los cambios fueron significativos, nombrarlo de una sola manera facilitará la lectura de este libro.

7

La expansión de la frontera agrícola brasileña hacia el oeste incluía referencias explícitas a “fronteras flexibles”, y fue visto por muchos paraguayos entonces y ahora como el intento de completar, de facto, la toma de posesión del país que se había frustrado en 1870. Para Frutos, la redistribución también luchaba en contra del comunismo y logró acercarse a la visión del Papa sobre la tierra. Los reportes anuales desde 1963 hasta mediados de los años ochenta contenían largas riendas propagandísticas que daban créditos a Frutos por sus logros. 8

En América Latina, el partido que parece acercarse más en su forma a los colorados es el Partido Revolucionario Institucional de México (PRI), que de hecho comenzó siendo de izquierda, convirtiéndose luego en una asociación privada sirviendo a sus propios intereses luego de años en el poder.

9

La represión de 1976 siguió al golpe militar en Argentina, marcando el comienzo de la Guerra sucia en este país. A pesar de que la represión en Paraguay no fue tan violenta como en la Argentina, fue un capítulo particularmente horrible en la historia nacional, marcada por una larga dictadura y sucesivas represiones. 10

11

Americas Watch Committee (1985), Lewis (1980), Miranda (1990).

12

Adopto de Gramsci (1971) el término “bloque histórico”, así como gran

264 Notas

parte del vocabulario utilizado para describir alianzas y campos de fuerza en este capítulo. Me refiero a este vocabulario para subrayar tanto la complejidad como la fragilidad de este tipo de alianzas históricas provisionales. El término “residual” también es de Raymond Williams (1977), que caracteriza a las formaciones culturales dividiéndola en propiedades residuales, dominantes y emergentes. 13

Estas opiniones comunes entre los paraguayos de la frontera agrícola, eran casi exactamente las mismas de los productores brasileños de soja descritos por Albuquerque (2005). 14

Este punto es similar al análisis de la clase media norteamericana hecho por Barbara Ehrenreich (1989), quien afirma que el mencionado grupo tiene problemas para reconocerse a sí mismo como grupo, porque como profesionales su función principal es producir análisis de su país partiendo de su propia auto imagen. 15

Según Nicolas Guilhot, éstas son las creencias centrales del grupo internacional de reformistas cosmopolitas a los cuales se refiere como los creadores de democracia en su libro The Democracy Makers (2005). 16

El término “universales particulares” es una traducción propia de “engaged universals” de Judith Butler (2000). Pero lo he recogido de Anna Tsing, cuyo libro Friction (2005) trata etnográficamente con los universales en la misma forma que yo lo hago. Considero que ésta es la manera más conveniente de salir de la paradoja del análisis planteado por los transicionistas. Escritores como Strathern (1991), Riles (2000, 2002, 2004) y Levine (2004) han demostrado las dificultades epistemológicas que acompañan a los análisis de los discursos que contienen su propia autodescripción. No pretendo escapar a esto, sino intento, utilizando a Tsing como guía, situar las afirmaciones universales que puedan surgir en el texto mediante la adopción de un novedoso término sociológico donde puedo anclar el tema.

17

El público, un espacio singular de identificación cívica, es bastante similar a lo que cientistas sociales llaman “la esfera pública”, siempre y cuando entendamos este término en su contexto social y cultural. Esto implica un enfoque historicista de la esfera pública, en lugar del enfoque normativo abstracto que domina gran parte de la literatura. Me refiero al Habermas de Historia y crítica de la opinión pública (1989) más que a su trabajo posterior sobre la

18

Notas 265

comunicación y la ley (p.e. 1996). El enfoque adoptado aquí toma la esfera pública como un público específico que se diferencia de otros públicos en su pretensión de ser separada del Estado, pero coincide con la nación y un espacio desde donde los ciudadanos democráticos pueden ejercer su soberanía. Sin embargo, la supuesta inclusión de la esfera pública no pasa de ser una aspiración, y está limitado por la economía política de la información en su circulación material en Paraguay. De hecho el público es realmente esa esfera de identificación que será suscitada por los transicionistas al abordarse entre sí. Por lo tanto los transicionistas se posicionaron como proponentes de una forma específica de democracia liberal, criticada por autores como Chantal Mouffe (1993) y Jacques Ranciere (1999) por allanar o excluir los acuerdos difíciles, a veces insuperables, de una forma más abierta y plural de agonismo político.

19

Tuve muchos problemas identificándolos al principio. De hecho, mientras la mayoría de mis amigos en Paraguay eran profesionales jóvenes y estudiantes, no los veía como una categoría sociológica interesante hasta que noté un patrón preocupante en mis notas: algunas personas eran siempre citadas, mientras las palabras de otras se introducían en mis notas como si fueran mis propias palabras, como trozos de análisis que se me habían ocurrido en el curso de la conversación. Sin darme cuenta había comenzado a tratar a las expresiones campesinas, a menudo en guaraní, como datos, mientras las expresiones de algunos de mis amigos en Asunción ya contaban como análisis. Dicho de otra manera, las expresiones campesinas contaban como datos de la realidad social, mientras lo que decían los transicionistas ya eran reflexiones sobre esa realidad, similar a la práctica etnográfica a la cual estaba acostumbrado. 20

Las familias de élite de Asunción son pequeñas en número, y la mayoría se conocen muy bien entre sí. Durante la dictadura y poco después, no era poco frecuente que miembros de la familia de personas que habían sido torturadas hubieran debido soportar cenas con la familia de los torturadores y hasta con los mismos torturadores. Esto ha cambiado considerablemente en las últimas dos décadas, pero sigue siendo parte del protocolo de civilidad de élite asunceno que los detalles políticos más vergonzosos de la vida de uno no sean expuestos en los salones de amigos. 21

De hecho la novela es tan difícil que muy pocas personas, aparte de académicos literarios, afirman haberla terminado, pero sigue sirviendo de referencia.

22

266 Notas

Al igual que las figuras artísticas y literarias de toda América Latina, Roa Bastos y otros autores llevaron a cabo estudios de folclore, descubriendo lo que había de bueno y malo en las creencias inescrutables de las masas rurales descalzas del país. De hecho, la otra gran obra de Roa Bastos, Hijo de hombre (1960), mucho más leída y amada en Paraguay, encuentra su crítica al dictador en la “consciencia colectiva” de las masas, una consciencia histórica a la cual el narrador de clase media no tiene más que un fugaz acceso.

23

Ante la falta de una copia del texto original en español, se recurrió a traducirlo del inglés. La cita proviene de “Fragmentos de una autobiografía relatada”. Anthropos: Boletín de información y documentación, No 25, 1991, págs. 11-26. 24

Hay poca crítica disponible sobre estos libros, aunque en referencia un tanto indirecta, Bartomeu Meliá, la figura frontal de la antropología jesuita paraguaya, dice que lo encuentra degradante (Meliá, 2000). 25

Terere es la versión helada del mate, el té tomado por la mayoría de la población de la región. La versión fría sólo se toma en Paraguay y rara vez por la élite.

26

El otro grupo al que se responsabilizó por el continuo éxito de los colorados fue el de los habitantes de barrios marginales de los alrededores de Asunción, los bañados, la llanura de inundación ubicada entre el centro y el río Paraguay. Al igual que los campesinos, su falta de educación, el atraso cultural y la pobreza los ubica fuera de la posibilidad de contacto con el progreso democrático paraguayo y les vuelve manipulables por autócratas de la vieja escuela.

27

Este lenguaje es tomado del excelente libro de Gilhot (2005) sobre el movimiento internacional de los “creadores de la democracia” que se estableció al final de la Guerra Fría, centrado en el Banco Mundial. Según Gilhot “esta forma de virtud política es contrario a la búsqueda política del interés privado—que la tradición política clásica equipara con la corrupción… Sin embargo esta concepción de virtud cívica ha sido siempre la ideología de una forma aristocrática de hacer política. Porque son aquellos que se han elevado por sobre las contingencias materiales los que pueden ser confiados a no poner sus propios intereses por sobre el bien común. Esto representa la mejor garantía contra la corrupción” (6). 28

De hecho, el edificio fue construido con un préstamo del gobierno Sudafricano (Wacksman, 1978: 2). Durante toda la Guerra Fría, el Paraguay 29

Notas 267

mantuvo relaciones fraternales con el régimen del Apartheid, considerando su aislamiento internacional como parecido al suyo. El Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guash también publica una revista de protesta mensual llamada Acción. 30

La relación diglósica entre guaraní y español ayuda a indexar una relación entre el populismo y la democracia transparente en función de una relación entre la oralidad y la inscripción. El proyecto del CEPAG y de otras organizaciones jesuitas de inspiración antropológica (y más tarde por un grupo de lingüistas neologistas, liderados por un intelectual público llamado Ramón Silva, y por la reforma del sistema educativo financiada por el Banco Mundial, que estandarizó y enseñó el guaraní escrito en las escuelas primarias) fue elevar el guaraní al nivel de un lenguaje público. A pesar de su intención, estas publicaciones dejaron claro que el guaraní no se entendía públicamente y que debía ser traducido al español para ayudar a “dar voz a los sin voz”, según va el refrán de la época. Como veremos en el segundo cuento de la transición, el guaraní sigue estando fuertemente asociado con lo oral y lo vulgar, y finalmente con el pueblo más que con el público.

31

La Asamblea Constituyente del Paraguay se llevó a cabo en un contexto global, en el cual docenas de Estados alrededor del mundo adoptaron nuevas constituciones como una forma de terapia legal para recuperarse de la Guerra Fría. A pesar de que América Latina ha tenido una larga historia de constitucionalismo, trece países en la región ratificaron nuevas constituciones entre los años 1990 y 1996 (Van Cott, 2000), un movimiento que se hizo eco en Sudáfrica y gran parte de Europa del Este (ver Borneman, 1997; Wilson, 2001). El objetivo de todas estas constituciones era llevar a cabo una actualización de los Estados cuya legitimidad había sido estropeada por la política de la Guerra Fría, para llamar a una tregua entre las facciones beligerantes e incluir a los grupos anteriormente excluidos, a gozar de ciudadanía completa. En la mayoría de los casos, las constituciones estaban construidas sobre los avances en el derecho internacional para incluir disposiciones sobre multiculturalismo (Van Cott, 2000). Pero su papel más importante fue establecer otra vez el estado de derecho como el principio superior para la administración del Estado, y proporcionar un nuevo marco de procedimientos sin vicios. De hecho la Constitución constituye al Paraguay como un “estado social de derecho” que implica una combinación de “estado de derecho” y “estado social”. Mendonca (2000) ofrece una lectura matizada de lo que esto podría significar en el contexto paraguayo.

32

268 Notas

Habeas Data es una nueva disposición constitucional, basada en normas estándares sobre la transparencia de los datos de Alemania y luego de la Unión Europea, promulgada en la década de ochenta. Fue adoptado por primera vez en la constitución brasileña de 1988, seguido por Paraguay y es ahora un derecho legal común en casi toda América Latina. Como era de esperar, la promulgación del código procesal para consagrar el derecho ha quedado rezagado, y detrás de eso el sistema legal con los ordenamientos jurídicos necesarios para llevar a cabo plenamente su procedimiento (Guadamuz, 2001). 33

Aunque la Guerra Fría produjo variantes siniestras de este tipo de recopilación de información, la vanidad epistemológica que subyace a esto ha sido la característica central de la gobernanza moderna, al menos desde el siglo XIX (ver Mitchell, 1988; Richards, 1992; Rama, 1996). 34

La policía de Stroessner fue la única en la región en cometer este error. Esta es la razón por la cual el Archivo del Terror de Paraguay también constituye un recurso de valor vital para investigadores de Argentina, Chile y Brasil quienes muy probablemente encontrarán más registros sobre ciudadanos de sus países en Paraguay que en sus propios países, donde la limpieza se llevó a cabo mejor (ver Nickson, 1995; Blanton, 2008). 35

Como escribió Pastor Coronel en una nota para la cúpula del partido sobre la organización radical llamada Organización Político y Militar (OPM) “Con o sin ‘Derechos Humanos’ seguiremos en el poder, construyendo y progresando, orgullosos de nuestro gobierno y de nuestro partido” (Centro de Documentación y Estudio, 1993: 121). 36

La estabilidad del Archivo era por supuesto sólo visible desde el exterior, o en una visita breve y superficial, donde cumplía su función pública más importante. Tan pronto como uno se mete adentro, está llena de todo tipo de contradicciones, deslizamientos y el deterioro de cualquier archivo (para ejemplos analíticos ver Derrida, 1996; Buckley, 2005). 37

Hay otro detalle importante a destacar sobre los medios de comunicación. Los tres periódicos nacionales ABC Color, Ultima Hora y Noticas (que se cerró mientras estuve ahí) tenían muy pocos lectores entre los pobres. Los periódicos que eran más accesibles eran periódicos amarillistas baratos. El periódico con mayor cantidad de lectores se llamaba Popular y estaba escrito en español salpicado de morfemas en guaraní. Muy pocas veces publicaba 38

Notas 269

historias políticas y claramente nunca imprimió los textos del Archivo. Estuve por primera vez en Paraguay desde agosto de 1998 hasta enero de 1999 trabajando como pasante voluntario en una ONG con sede en Asunción.

39

Ver Classen (1996) para encontrar una descripción de los centros de compras como las nuevas plazas públicas en Formosa. La otra metáfora—de alguna manera cínica—que escuché se expresaba en Asunción en ese tiempo, fue la de los centros de compras como las nuevas catedrales de Asunción.

40

En el 2006 el largo juicio de Wasmosy por cargos de corrupción se convirtió en un proceso liderado por sus propios protegidos del Partido Colorado.

41

Sobre el atractivo mesiánico de Oviedo, léase especialmente Morínigo y Brítez 2004. 42

El panorama estaba considerablemente complicado por el hecho de que la fuente más importante de noticias del Paraguay, el diario ABC Color, era propiedad de Aldo Zucollillo, vocero y partidario de Oviedo. Mientras que los otros diarios (Ultima Hora, Noticias, La Nación) todos seguían una línea estrictamente transicionista, ABC jugó el papel tanto de periodismo profesional como de agitador político explícito, proporcionando mucho espacio para apoyar explícitamente a Oviedo, así como otras campañas. 43

Ver Gupta (1995) y Lomnitz (1995) para leer análisis similares del discurso de corrupción en India y México respectivamente. 44

Podría decirse que este es el significado mismo de carisma, que Weber definió de forma famosa como la forma de autoridad que funda a la ley y a la ética pero que en sí no está sujeta a ellas. 45

Aunque hay consenso general de que las elecciones nacionales luego del golpe fueron limpias, las internas Coloradas fueron notorias por sus trucos sucios (Brítez y Morínigo 1993). 46

Cubas, como Wasmosy, no era realmente un político, sino un ingeniero que había crecido en el Partido por no ofender a nadie, mientras hacía su fortuna durante el boom de la construcción de la represa de Itaipú. Ellos y un montón de otros son conocidos colectivamente en Paraguay como los Barones de Itaipú. 47

270 Notas

Argaña era el perfecto antónimo de Oviedo, ya que él había sido en realidad uno de los más fuertes partidarios de Stroessner. 48

49

Otro de los lemas de la campaña electoral era “Tu voto vale doble”.

El gabinete de consenso de González Macchi estaba formado por un grupo aun más quisquilloso de representantes de diferentes partidos. En este caso, la vicepresidencia fue ocupada por un colaborador aun más improbable, la cabeza del Partido Liberal. 50

Esta frase hace eco de una de las declaraciones más conocidas de Antonio Gramsci sobre la sociedad civil: “en occidente, había una compleja relación entre el estado y la sociedad civil, y cuando el estado tiembla la robusta estructura de la sociedad civil se revela. El Estado es tan solo una zanja exterior, detrás de la cual se levanta un poderoso sistema de fortificaciones” (1971: 238). 51

ABC Color, el diario nacional de mayor tirada, tenía una relación más compleja con los eventos, dado que estaba aliado con Oviedo. 52

Yhu es uno de los pueblos más viejos en la Región Oriental del Paraguay y está sobre la ruta apenas al sur de Vaquería. De hecho es el pueblo natal de Colmán. El pueblo es también significativo por el nombre en sí, que es virtualmente impronunciable excepto para los más fluidos guaraní parlantes. Yhu es el fondo de muchas bromas en ambos lados de la divisoria lingüística.

53

En la historia del Paraguay, el pynandi (descalzo) connota la adhesión ciega y feroz que las armadas de voluntarios campesinos dan a líderes populistas, más notablemente a los batallones descalzos guiados por Stroessner en la Guerra Civil de 1947. 54

De lejos, el mejor de estos análisis es de José Nicolás Morínigo (1999). Morínigo, a pesar de ser un comprometido aliado del campesinado e incomparable comentarista de la política nacional, no encuentra un significado redentor en la participación campesina, esta es sólo un accidente de la historia.

55

Que el Partido Colorado y otras organizaciones corruptas estaban robando del pueblo era cierto. Por ejemplo, la mayor parte de un préstamo para arranque económico de quinientos millones de dólares, realizado por Taiwán en 1998, fue a parar a bancos extranjeros. Y muchas de estas mismas élites 56

Notas 271

políticas aprovecharon una crisis bancaria entre 1995 y 1998 para robar dinero de fianza internacional (ver Berry 2010a; Borda 2007). Los economistas calculan la apertura de una economía dividiendo la suma de importaciones y exportaciones por el PIB. Según este estándar, el Paraguay ha sido por mucho tiempo, y sigue siendo, una economía extremadamente abierta, aun cuando permanece social y políticamente aislado.

57

Esto es en contraste al Partido Colorado, dirigido como una máquina clientelista, que se consolidó admirablemente a través de la Reforma Agraria, y fue capaz de usar dinero internacional a su favor.

58

Las cifras referentes de este periodo no son confiables y son difíciles de sistematizar. La mejor fuente reciente que explica las dos décadas de recesión son los capítulos compilados en el libro de Albert Berry (2010b). Quizás la cifra simple más demostrativa es la que ofrecer el PIB per cápita, que entre 1981 y 2005, cayó en un 16%, convirtiéndola en una de las economías de peor desempeño en las Américas (ver Berry 2010a).

59

60

Ver el capítulo 5 para un análisis adicional de la “política dual” de Nicanor.

El crédito “stand-by” de US$ 73 millones fue creado para amortiguar potenciales déficits de la moneda extranjera, que dificultan el mantenerse al día con los servicios de deuda. Por lo tanto, fue la condición previa para recibir cualquier otro crédito del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. 61

62

Borda (2010) se refiere a estas políticas en tercera persona.

Hay una serie de razones para esto. En primer lugar, la mayoría de los agricultores de la parte occidental de Brasil provienen originalmente de Alemania y trajeron consigo conocimientos de producción de granos de granjas de tamaño mediano. En segundo lugar y más importante, su experiencia con el apoyo de extensión brasileña para el cultivo de menta, tabaco y soja era mucho mejor que cualquier apoyo que se ofreciera en Paraguay. Finalmente, aunque pobre según los estándares brasileños, muchos empezaron a cultivar en Paraguay con más capital para invertir en implementos y herramientas que los más ricos campesinos paraguayos (ver Souchaud, 2002).

63

Todo esto se explora en términos más técnicos en Berry (2010a). A este fenómeno económico generalmente se lo refiere como la “maldición de los

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272 Notas

recursos” o la “Enfermedad Holandesa”, una referencia al aumento del desempleo que acompañó el crecimiento del sector de gas natural en Holanda. El cambio en el uso de la tierra desde el inicio de la recesión se expresa más dramáticamente en los siguientes números: en 1980, la producción minifundista de algodón representó el 33,6% de las exportaciones primarias, mientras que la soja representó solamente el 13,5%. Para el 2005, esto se había revertido completamente, este año la soja pasó a representar el 33,5% y el algodón había caído a representar solamente el 2,4% de las exportaciones. La otra gran ganadora de esta transición fue la carne, otro rubro que requería del uso extensivo de la tierra y muy poca mano de obra, el cual pasó de representar el 0,3% a representar el 15% de las exportaciones en el mismo período. Todas las cifras provienen de MAG 2006.

65

Esta situación cambió unos años después, cuando la crítica de la soja llegó a posicionarse como uno de los lemas más importante de la izquierda en el Paraguay (ver, por ejemplo, Hetherington, 2013).

66

En el 2004, los sojeros ofrecían hasta 10 millones de Gs. por hectárea, mientras que el precio estatal para beneficiarios de la reforma agraria era de Gs. 350 mil.

67

CAPÍTULO DOS: TIERRAS MALHABIDAS En Paraguay, por un tiempo, y especialmente en las áreas rurales, era común omitir el espacio entre la palabra mal y habida. Aunque no era estandarizado, prefiero usar esa versión porque evoca el español del campo. Igualmente, aunque debería variar tanto en número como en género, el uso más común en el campo es el femenino singular, malhabida, siguiendo la gramática guaraní (que no diferencia el género y solo en raras veces marca el plural). 1

En el proyecto más amplio de la Comisión, las víctimas de abusos podían reclamar indemnizaciones si encontraban un vínculo entre su testimonio oral y un documento del archivo del terror. 2

La historia de Centurión está detallada en los tomos de testimonios orales reunidos por el CEPAG en los años 1990 y 1991. 3

En estos casos, la tierra pertenecía al Instituto de Previsión Social (IPS) y el Banco Nacional de Fomento (BNF). IPS, el seguro médico y social estatal,

4

Notas 273

ha sido históricamente el mayor fondo de cohecho del gobierno. Los operadores del Partido Colorado habían canalizado notoriamente fondos del IPS a través de varios bancos estatales, como el BNF y el Banco de Desarrollo, para fundar programas populistas con poca probabilidad de ser redituable. Muchos también habían usado fondos del IPS para inversiones directas en despilfarros personales, o como garantía de préstamos turbios. Para más ejemplos, ver Miranda (2001; 2002), y Pangrazio (2001). La posposición -kue en Guaraní marca una ausencia, así que Zapatini kue significa literalmente “donde estaba Zapatini”. Por lo tanto, el kue es también una de las formas más fáciles de encontrar tierra malhabida en la Región Oriental del Paraguay, a pesar de que también puede ser utilizada para designar las tierras de una figura respetada.

5

Esta afirmación se basa en el análisis de la fenomenología de la injusticia (ver Fraser y Honneth, 2003). Shklar (1990), la más conocida proponente de esta posición, afirma que la injusticia es un estado afectivo, muy diferente del sentido deductivo de la injusticia propuesta por el liberalismo (más notoriamente Mill 1998 (1863)). Ella sugiere que la injusticia sentida es la “base natural” de la moralidad, desacertadamente ignorada por la moralidad liberal. Utilizo este argumento básico aquí con la salvedad antropológica de que el sentido de injusticia está históricamente constituido, así como lo están los sujetos que lo sienten.

6

7

El Látigo, año III, nro. 10, 11 de setiembre de 1887.

El clásico desnudo femenino ya no es el ícono gráfico estándar de la nación, sino que ha sido reemplazado en la caricatura política por un personaje con forma de territorio nacional.

8

La intervención estadounidense en Guatemala en el año 1954 fue un intento directo de negar la Reforma Agraria en ese país. Pero tan sólo 7 años después, el gobierno norteamericano había cambiado completamente su política en la región en gran parte a causa de la revolución cubana. Muchos aspectos del tratado de Punta del Este habían sido abandonados a finales de los años sesenta y setenta, sin embargo sus instituciones claves permanecieran, incluidas la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 9

10

En Paraguay, se refiere a grandes extensiones de tierra como “latifundios”,

274 Notas

a pesar de que su definición legal es que no sean “racionalmente explotados”. Estas disposiciones, entre otras aparecen en los artículos 50 y 75 del Estatuto Agrario. 11

Todos los generales que asumieron el control luego del golpe de Estado en 1989 tenían grandes extensiones de tierra en la Región Oriental (Kleinpenning y Zoomers, 1991), y hasta en el año 2008 muchos de los senadores y diputados eran grandes latifundistas. 12

El coeficiente de Gini de concentración de tierra según datos del Censo Agropecuario Nacional 1991 es de 0,91, este valor se incrementó a 0,93 según los registros del mismo Censo Agropecuario Nacional 2008 (Galeano, 2012). Como veremos en los próximos tres capítulos, estos son números altamente sospechosos ya que se basan en datos confusos sobre la tenencia de tierra y en un enorme conjunto de normativas oficiales y no oficiales sobre la tenencia de tierra que se no se registran sistemáticamente en ningún lugar.

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14

Para una discusión general ver Lewis, 1993.

Quisiera dar eco de la discusión de Appadurai (1986) sobre la vida social de las mercancías (esta palabra tiene el sentido marxista de “commodity”) que atraviesan diferentes regímenes de valor. En este caso me refiero a la vida social de un documento que con fragmentos de discursos políticos viaja y se despliega en diferentes esferas políticas. 15

Ver el informe de la Contraloría General de la República de 2005 titulado “Informe Examen Especial a la verificación del inventario nacional de tierras públicas del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) ejercicios fiscales 1994 al 2003”. 16

Ver, por ejemplo, “Revelan grosero reparto político que hizo IBR de tierras públicas”, ABC Color, 1º de octubre 2004. 17

18

Ver Fraser y Honneth (2003) para una excelente discusión.

El derecho positivo domina en las democracias constitucionales, y es difícil imaginar un reclamo al “estado de derecho” que no se base en él. Uno tiene que obedecer la ley para poder afirmarla (ver Cotterrell, 1984). Esto sin embargo no es absoluto, ya que hasta las teorías más conservadoras 19

Notas 275

del Estado de derecho dejan espacio para el cambio. Aun así, en momentos de consolidación del estado de derecho la claustrofobia del positivismo se agudiza. Además, necesariamente tiende a “desplazar la criminalidad desde el centro hacia los márgenes, alejándola del liderazgo político y relegándola a las regiones fronterizas y a los actores provincianos” (Borneman, 1997: 4). El sindicalismo siempre ha sido débil en Paraguay, en gran medida debido a la ausencia del sector industrial. Los sindicatos más importantes están constituidos principalmente por empleados públicos, todavía muy vinculados al Partido Colorado. El Frente estaba compuesto por actores que conformaban una alianza muy inusual, y no es de extrañar que sólo duró unos cuantos meses. 20

Esto incluía el Crédito Agrícola, el principal organismo nacional distribuidor de crédito algodonero y por tanto también la forma política de cancelar deudas campesinas ante un fracaso de la cosecha (es decir, un órgano de facto de subsidio campesino). 21

Se trataba de una vieja historia, en la cual el gobierno respondía a la presión campesina con la creación de un comité especial de “crisis rural”. El comité era una forma de abrir un camino excepcional a la participación campesina en la formulación de políticas, con dos consecuencias importantes: la primera, siendo excepcional, el comité podía canalizar fondos más libremente sin la aprobación del Congreso (a pesar de que en este caso no funcionó); y la segunda, mantuvo la cuestión campesina en una esfera separada de los procesos deliberativos oficiales. 22

La Ruta 2 y su continuación la Ruta 7, es la que conecta a Asunción con el Brasil a través de Ciudad del Este, fue construida en los años cincuenta. Es generalmente considerada la “columna vertebral” de la economía del país (ver Vázquez, 2006). La ciudad de Caaguazú está situada a 180 km de la capital aproximadamente, y a 100 km de la frontera con Brasil. Cualquier cierre de ruta prolongado en Caaguazú podría dañar seriamente a la economía asuncena. Y a pesar de que los frecuentes cortes en este lugar no han durado más que unas pocas horas, la promesa de cortar la ruta indefinidamente sigue siendo una de las amenazas más efectivas del movimiento campesino.

23

Poco después de la movilización, la hija del ex presidente Raúl Cubas fue secuestrada. Cubas, quien luego del Marzo Paraguayo había pasado años en el exilio, había retornado recientemente con su familia a una mansión en 24

276 Notas

Asunción, pero permanecido como una especie de paria. No obstante, luego del paro cívico el gobierno convirtió el caso de Cecilia en una causa nacional y cuando su cuerpo fue encontrado escondido bajo tierra y en estado de descomposición, los miembros de la familia Cubas fueron rehabilitados como héroes nacionales. Gran parte de la dirigencia del Partido Patria Libre fue presa o perseguida hasta el exilio y muchas organizaciones campesinas que de alguna manera estaban vinculadas al partido se sintieron manchadas por este hecho durante muchos años. El Decreto Ejecutivo Nº 167 del 27 de agosto 2003 permitió al gobierno desplegar al ejército en asuntos de “seguridad interna”. Hasta ese momento, el nuevo rol de ejército no había sido utilizado en contra de manifestantes civiles. Sin embargo, luego de que los campesinos comenzaron a quemar soja en el 2003 para combatir el uso indiscriminado de plaguicidas, el ejército se había usado como accesorio durante las cosechas. La presencia militar en el campo creció mucho como consecuencia del paro cívico. Y a pesar de que probablemente el decreto en cuestión haya sido inconstitucional, el movimiento campesino no tenía los recursos para una batalla legal. 25

Ver ABC Color el 20 de noviembre del 2004 “Reprimen a campesinos cuando intentaban cerrar ruta en Resquín”. 26

Los que propusieron el plan invocaron dos historias desconectadas: el Marzo Paraguayo y la larga marcha del Movimento Sem Terra (MST) a Brasilia, que había ocurrido algunos meses antes. Finalmente los líderes admitirían que una marcha hasta Asunción, en comparación a la del MST, hubiera visibilizado la profunda debilidad de las organizaciones. 27

Fuera de algunas excepciones claves, como la Comisión de Verdad en Guatemala, este es un escenario común en América Latina, África y Europa del Este (Ver Wilson, 2001; Borneman, 1997). Las comisiones de verdad, junto a las reformas constitucionales, que enfaticen la responsabilidad individual y el estado de derecho, son rituales claves de la democracia Posguerra Fría.

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29

Ver Dagnino (2003).

30

O así lo dijo Fukuyama (1989).

Notas 277

CAPÍTULO TRES: LOTES PRECARIOS Sobre reformas de tierras tradicionales ver, por ejemplo, Sara Berry (2001). Sobre reformas agrarias pos socialistas, ver la impresionante etnografía de Katherine Verdery (2003) y Hann (2003). Los casos latinoamericanos de reforma neoliberal son de alguna forma menos severos, siendo quizás el más conocido el del ejido mexicano (por ejemplo Deere y León de Leal, 1997). Gran parte de esta obra entiende al actual momento de contra reforma agraria neoliberal como una especie de recapitulación de las leyes de cercamiento del siglo XVIII donde un sistema formalizado de propiedad reemplaza al sistema habitual (en ocasiones comunal) (Thompson, 1975). En gran parte de América Latina la transición ha sido más sutil. El Estado, con el apoyo de organizaciones multilaterales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha invertido las reformas agrarias (Kay, 2002) a través de cambios legales técnicos en vez de reformas de gran escala. 1

Hay una diferencia importante entre los enfoques antropológicos estadounidenses y latinoamericanos sobre el campesinado. En este último, especialmente en ciertos contextos nacionales como Perú y Bolivia, existe mucha literatura que describe a la economía campesina como un espacio lógico propio. Esto abarca toda la gama de estrategias de adaptación (la “verticalidad” de John Murra (1980)) a la lógica cultural heredada de precursores indígenas (por ejemplo el trabajo etnohistórico de Frank Salomon, 1986). Otra excepción importante a esta regla es el ejemplar de Michael Taussig, El diablo y el fetichismo de la mercancía en Sudamérica (1980), el cual no profundizo aquí porque no se enfoca en el rol de la tierra en el pensamiento económico. En el Paraguay hay muy pocos trabajos que tratan de traducir el pensamiento campesino de forma coherente, y la mayoría de ellos se basan en el rescate de elementos indígenas exóticos en el mestizaje campesino (para ejemplo, Chase-Sardi, 1998; Meliá y Temple, 2004).

2

Para ejemplos ver Wolf, 1969, Mintz, 1974, Roseberry, 1976, Edelman, 1999, Fogel, 2001, Quintín Riquelme, 2003.

3

Ejemplos sobre esto pueden ser encontrados en Collier, 1994, Jonathan W. Warren, 2001, Postero, 2007, y Hale, 2006.

4

Los antropólogos estadounidenses han creído por mucho tiempo que los paraguayos rurales esencialmente eran mestizos españoles que accidentalmente habían adoptado un lenguaje indígena mientras mantenían una

5

278 Notas

cultura española medieval (Service y Service, 1954). Esta característica los diferenciaba de los habitantes del bosque y los cazadores-recolectores del Chaco quienes permanecían completamente fuera de la nación hasta principios de los años ochenta (Prieto, 1994). Esta visión es rechazada por la mayoría de los antropólogos paraguayos (por ejemplo Meliá, 2000; Chase-Sardi, 1998). Pero políticamente hablando, la división entre la población campesina e indígena sigue siendo muy fuerte. 6

Ver Arens, 1976; Reed, 1995; Clastres, 1972.

La fisiocracia era una teoría económica que basaba todo bienestar económico en la productividad de la tierra. Fue abandonada en el siglo XIX, pero sentó una base importante para la económica clásica al enfatizar el rol de interés propio y la propiedad privada en el crecimiento económico de las naciones. 7

Ver los estudios históricos de Ng´weno (2007) y Catherine LeGrand (1986) sobre la frontera colombiana para una mirada bien distinta sobre la política del derecho de propiedad en ese país.

8

Frecuentemente reiterado, este discurso aparece en docenas de libros e introducciones de reportes anuales redactados por el IBR (por ejemplo Frutos 1982 y 1985). La materialidad de los títulos como regalos populares fue también constantemente reforzada en ceremonias de entrega de títulos y representaciones de hombres campesinos sosteniendo papeles en alto, un punto al cual retorno con más detalles en el capítulo 5.

9

Incluso en el año 2004, la mayoría de los campesinos que conocí equiparaban la presencia de bosques con una falta de reclamo sólido de propiedad, utilizando frecuentemente los términos de la Reforma Agraria de 1963 para explicar que, aunque tuviera dueño, el hecho de ser improductivo y ocioso convertía el reclamo en posible. 10

Ver por ejemplo Quintín Riquelme (2003) para una discusión sobre las ramas de la Asociación Rural del Paraguay (ARP) que sostenían que la propiedad era un derecho absoluto e inviolable, y por eso se oponían a la Reforma Agraria. Otras ramas de la ARP, que sigue siendo la mayor organización de terratenientes en el Paraguay, reconocían a la Reforma Agraria como una buena manera de acabar con la disidencia rural. 11

12

Durante los años setenta y ochenta la represión militar creció hacia los Notas 279

campesinos que reclamaban tierra a la iglesia y al Partido Colorado. Luego en el año 1989 las reglas cambiaron completamente, socavando la legitimidad de muchos de los terratenientes stronistas e introduciendo de esa manera la tierra malhabida. La relación entre la ocupación de tierra y la expropiación estalló, convirtiendo a casi todos las colonias nuevas en colonias nacidas del conflicto y la violencia. En las ocasiones en que encontré la palabra usada en términos legales, siempre era ubicada entre comillas, separándola del flujo de términos legales, objetivando el lenguaje vulgar como un modo particular de expresión más que un término de análisis. 12

A las personas también se les prohibía recibir tierras del IBR más de una vez. Al prohibir este tipo de transferencias, los planificadores de la Reforma Agraria tenían la esperanza de evitar la especulación de tierra por parte de personas que las compraban a precios del IBR, para luego venderlas a particulares a precio de mercado. Como estas reglas nunca fueron cumplidas, las personas compraban y vendían lotes todo el tiempo. Pero las especulaciones serias y rentables del tipo minifundistas se mantenían bajo control por el hecho de que en la mayoría de las zonas del país la Reforma Agraria desorganizada desincentivaba a la gran mayoría de los inversores. La única especulación que tuvo éxito fue llevada a cabo por grandes compradores de tierra en la frontera con Brasil, tierras que luego fueron vendidas a pioneros brasileros en búsqueda de tierra, que para ellos era relativamente barata (ver Souchaud 2002: Nickson 1981). La transferencia original de tierra a migrantes brasileros iría a formar las bases sociales para la frontera de la soja durante los años 1990 y 2000, y con el tiempo, la privatización a través de la zona oriental. 13

La idea era que una demora forzada mantendría a las familias pioneras en sus tierras lo suficiente como para arraigarse y comenzar a construir su base.

14

Aunque hay que señalar que los acreedores locales a menudo cobraban tasas de interés del 70 al 100%. 15

Este sentimiento se remonta al trabajo de Elman Service y Helen Service (1954) y Ramiro Domínguez (1995 [1967]), que sostenían que el movimiento fronterizo de los campesinos estaba creando una cultura totalmente nueva. Uno de los objetivos principales de las Ligas Agrarias en los años sesenta y setenta era la creación de comunidades estables, un ideal católico pastoral que

16

280 Notas

consideraban necesario para mantener una vida espiritual (Fernández, 2003: Telesca, 2004). Más recientemente se ha vuelto importante en el propio movimiento campesino, que se encuentra en un momento de crisis de identidad, considerar si son los campesinos con su constante movimiento y su tráfico ilegal de derecheras no transferibles, los que facilitaron por su propia cuenta la llegada de la soja. En los años recientes esta preocupación ha sido expresada en un discurso sobre el fomento del arraigo campesino. 17

Cortesía de Cecilio Mareco; traducción con Ramona Fischer.

El guaraní coloquial, a menudo referido con el término jopará (que significa “mezcla”, y es también el nombre de un estofado campesino) incluye muchas palabras prestadas, algunas datan de la época de la conquista y otras son préstamos más recientes. Este es un proceso abierto en el cual las palabras están constantemente siendo incorporadas, un proceso acelerado por el hecho de que la mayoría de los paraguayos también hablan o por lo menos entienden español. Las palabras de a poco asumen una pronunciación en guaraní, particularmente el movimiento de énfasis de la penúltima a la última sílaba, y los cambios característicos de ciertas consonantes. El mejor trabajo sobre la diglosia sigue siendo Rubín 1968, y el trabajo de académicos como Bartomeu Meliá (1988; 1986) ha extendido el análisis de esta diglosia al ámbito cultural de maneras provocativas. 18

Cuando sugerí esta interpretación al autor, me corrigió diciendo que la canción debía ser escuchada como un consejo a los que violan la propiedad privada. Creo que el poder de la canción reside en gran parte en la ambigüedad sobre si la situación es injusta o no, e incluso cuando se oye como una advertencia a potenciales ocupantes, nunca sugiere que las reglas sean justificadas. 19

La mayoría de las mujeres llegaban como esposas o hijas de hombres sin tierra, aunque habían muchos jóvenes solteros, y dos o tres mujeres también solteras que reclamaban tierra para sí mismos. 20

La tasa de la tierra era en la época de Gs. 450.000 por hectárea, a ser pagadas en cuotas durante diez años. Los productores de soja normalmente ofrecían por encima de 10 millones de guaraníes por hectárea en Tekojoja. En otras comunidades escuché cifras entre 12 y 15 millones de guaraníes. 21

En este escenario se encuentra una historia de fondo similar a la migración urbana, que se puede argumentar hubiera sucedido a pesar de la soja. 22

Notas 281

Sin embargo es difícil discutir que la soja presentó un factor fuerte de empuje al convencer a muchas familias de dejar la tierra que de otra manera no lo hubieran considerado. Ver “Matan a dos labriegos en un confuso incidente en Vaquería”, ABC Color, 25 de junio 2005. 23

24

Ver Última Hora, 26 de junio 2005

25

Un proceso penal también fue iniciado pero no dio lugar a ningún fallo.

Ver la edición especial del Informativo Campesino (2006) del Centro de Documentación y Estudio sobre el debate entre las organizaciones campesinas. Internacionalmente, organizaciones como Vía Campesina, Foodfirst Information and Action Network también se habían opuesto a iniciativas de titulación de tierra por razones similares. 26

Una forma de clarificar esta posición es distinguiéndola de Gudeman (2001, 2008), quien toma a la abstracción y a la materialidad (así como también al mercado y la comunidad) como categorías analíticas preestablecidas. Prefiero no leer estas transacciones de esta forma. De hecho, cuando se la mira en relación con los indígenas de quienes tomaron la tierra en un primer lugar, los campesinos muy bien pueden proclamar la superioridad del Estatuto Agrario en base a su abstracta legalidad en relación con el uso ancestral (sin formalidad legal) de los indígenas de la tierra y los bosques. Desde este punto de vista, es la política que toma el lenguaje económico disponible, y no las tensiones económicas subyacentes que producen el lenguaje de la política. 27

Esta opinión está implícita en la mayoría de los materiales sobre el estado de la gobernanza agrícola en Paraguay (por ejemplo BID, 2004; USAID, 2004; Banco Mundial, 1995). La cuestión de la modernidad y la pre modernidad se me explicitó durante una entrevista que realicé con un economista del BID (ver también BID, 2002). 28

La mejor discusión a nivel general de las exclusiones constitutivas del liberalismo y de la teoría del contrato social fueron hechas por Carole Pateman (1988) y Uday Singh Mehta (1999). Ambos autores muestran que Locke, entre otros, construyó su teoría del contrato social en base a la necesaria exclusión de la mujer, del pobre y del “incivilizado”. 29

282 Notas

Por un lado, de acuerdo al Estatuto Agrario, era casi imposible que las mujeres obtengan permisos de ocupación. Rectificarlo fue uno de los cambios más saludables para el Estatuto Agrario en el 2002. Las restricciones a la tenencia de propiedad de la mujer no es explícita en el Código Civil. 30

Ver en particular el proyecto de racionalización de uso de tierra del Banco Mundial (1992) y el Proyecto de Reforma Catastro-Registral (2002) del Banco Interamericano de Desarrollo, que profundizaré en el capítulo 4. 31

Las primeras entrevistas fueron publicados el 4 y 5 de julio de 2005 en ABC Color, que desde entonces ha tocado el tema por lo menos una vez al año.

32

El cambio de nombre, si bien era torpe, era significativo al convertirse el IBR en Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT). Hubo algunas modificaciones significativas que habían estado pendientes y que eran a largo plazo, como la inclusión de la mujer como beneficiaria igualitaria y ciertas disposiciones especiales para territorios indígenas. Sin embargo, se podría decir que el cambio más significativo fue el nuevo consejo formado por representantes de intereses de terratenientes y grandes industriales con capacidad de vetar las expropiaciones. 33

Fueron presentadas tres versiones de proyecto de ley. La que finalmente pasó fue la versión de Castiglioni, que era la menos radical; la cual estipulaba que los campesinos podían solicitar el título incondicional de sus tierras una vez que hayan pagado el 25% de sus cuotas al IBR. En otras palabras, no entregaba libremente los títulos, pero los convertía en más accesibles. 34

Un código civil puede ser desarrollado a partir de una concepción previa del derecho natural y por lo general lo es. Esta es la tradición de las constituciones francesas y estadounidense y, por extensión, también de la paraguaya. Pero el código mismo no invoca esto; es tan solo un código instituido por el soberano con el propósito de crear orden, independientemente de cómo se obtengan los principios de ese orden. Es por esto que los utilitaristas como Jeremy Bentham (1789) argumentaban en contra del principio de derecho natural de la constitución francesa y a favor de una versión purificada del Código Civil (Williford, 1980). 35

Nuevamente es oportuno subrayar que en su relación con los indígenas, los campesinos precisamente revierten esta relación y ven a su propia labor como una forma de “mejora”, que comunica a otros campesinos su derecho 36

Notas 283

de estar allí. Pero no ven a la labor indígena como constitutiva de ningún derecho. Esto sencillamente demuestra que el lenguaje de la abstracción y la materialidad no son blancos fijos, sino son usados políticamente en el contexto de diferentes luchas por la tierra. En una estrategia común de borrar la diferencia entre la descripción empírica y el propósito político, los economistas parecen ignorar el hecho de que los modelos que usan para evaluar la tenencia campesina también son descripciones implícitas de cómo el Estado debe estar organizado (Mitchell, 2007: Callon, 1998). Para algunos políticos y terratenientes la ignorancia era mucho más intencional.

37

Es interesante notar que en el mismo mes una abogada del IBR hizo el mismo trabajo, una inspección ocular del lugar, en la cual la palabra “precario” no figura, y las casas, cultivos y tendidos son clasificados como mejoras y “actos posesorios”.

38

La acusación más seria fue una por intento de homicidio, contra Jorge, Antonio y otro hombre, que nunca llegó a juicio. Todos estos cargos fueron posteriormente abandonados, pero mientras estaban en vigor, aquellos miembros de la organización que eran más capaces de hacer peticiones públicas estaban legalmente imposibilitados de hacerlo en representación de los demás. 39

Podría decirse que las páginas eran demasiado llamativas, el logo demasiado grande y no se ajustaba a la restricción estética que acompaña las actuaciones políticas de la élite. Una señal de madurez de la organización fue que cuando finalmente se dio el reconocimiento oficial, comenzaron a usar un logo más modesto. 40

El guaraní aparecía en la televisión paraguaya principalmente en fragmentos durante las noticias, en discursos hechos por políticos en el interior del país, en programas de folklore nacional o en programas humorísticos. Rubín, que esa noche probó que entendía muy bien el guaraní, no obstante reivindicó no hablarlo. Hay que decir, sin embargo, que los transicionistas que yo conocía y que simpatizaban con la causa de Tekojoja, opinaban que Jorge dañó su imagen y su causa al hablar en guaraní en la televisión.

41

Sobre cómo los discursos de corrupción se oponen a la idea del purismo político en otros contextos, ver Verkaaik, 2001, Gupta, 1995, Bratsis, 2003 y Lomnitz, 1995. 42

284 Notas

La cachaca es una forma de música popular bailable, relacionada a la cumbia colombiana. 43

El hecho de que la mayoría de los legisladores votaran a favor del proyecto de ley a pesar de la enorme oposición de los campesinos constituyó una de las derrotas más grandes en los últimos años para el campesinado, sin embargo, finalmente la ley fue vetada por el presidente. En el año 2008 el Banco Mundial intentó introducir una legislación similar, que nuevamente fue impedida por las organizaciones campesinas, esta vez a través del INDERT. Jaeggli reintrodujo su legislación en el 2009. Mientras esta lucha particular ha sido sorprendentemente exitosa, es bastante probable que alguna versión de este proyecto de ley con sea aprobada en algún momento. 44

Una importante connotación de esto era de que un título otorgado por el Estado, sin trabajo sería inmerecido, y por lo tanto si alguien tratara de arrebatárselo al dueño la organización no lo defendería. 45

Hay muchas razones para ser cautelosos con el romántico populismo agrario que representa el Estatuto Agrario. La población indígena del Paraguay y otras minorías empobrecidas ciertamente tienen tantas razones para temer la continuación de la Reforma Agraria como para temer cualquier legalismo basado en derechos que pueda reemplazarla. Pero las luchas campesinas, para sostener esa tenue línea, deberían hacernos pensar antes de aceptar los actuales programas de titulación rápida favorecidos por la mayoría de los expertos en desarrollo del siglo XXI. Porque los nuevos títulos son diferentes a las frágiles y desgastadas derecheras, ofrecidos por el IBR, que proporcionaban a los campesinos las más endebles herramientas para la construcción de nuevos estados y esbozaron sistemas de propiedad que podían permanecer perpetuamente abiertos y flexibles. 46

Esto tampoco funciona en la práctica, ya que lleva a su propio tipo de violencia y especulación depredadora de los productores de soja y los propios campesinos. 47

CAPÍTULO CUATRO: DOCUMENTOS ENGAÑOSOS Estaba seguro que no había sobornado a nadie ya que sabía cuánto dinero llevaba consigo, y no tenía fondos discrecionales para el soborno. El IBR, hasta donde yo sabía, no era el sitio donde sucedían sobornos muy evidentes, ya que la mayoría de los que acudían a esta institución eran campesinos. Con 1

Notas 285

los campesinos, los favores eran más bien intercambiados en el campo, y habían diferentes tipos de “tasas” informales cobradas por servicios profesionales particulares (los agrimensores, por ejemplo a menudo esperaban que se les pague el combustible y se les ofrezca un buen almuerzo, a pesar de que la institución les otorgaba dinero para estos gastos). Pero era inusual el cobro de dinero en efectivo por atenciones burocráticas. Esto era distinto en otras instituciones, como descubriría a lo largo de los siguientes años cuando por ejemplo ayudé a un número de campesinos a obtener sus pasaportes. Para excelentes ejemplos de este tipo de prácticas en diferentes contextos nacionales, ver Feldman, 2008 y Hull, 2003.

2

Ver Barrera, 2008, para un análisis sofisticado de experiencias similares en la Corte Suprema de la Argentina.

3

Este argumento está explicado más detalladamente por Ronald Day (2008) y por quienes contribuyeron al libro Documents: Artifacts of Modern Knowledge (Riles, 2006). Por mi parte, he elaborado argumentos al respecto en Hetherington, 2012.

4

Los números han cambiado a lo largo de los años, pero sigue manteniéndose entre los diez países más corruptos desde que Transparencia Internacional comenzó a publicar el índice en 1995. En 1999 Paraguay se ubicó en el segundo lugar. El chiste popular ese año era que Paraguay había vendido el primer lugar a Camerún. 5

“El Gobierno pretende desmentir lo que está a la vista de todos”, ABC Color, 3 de Octubre 2006.

6

Ver Marcus Delgado, 2003; Haber, 2002; Hasty, 2005; Banco Mundial, 2000; USAID, 2004; Tulchin y Espach, 2000; Pangrazio, 2001; Haarhuis y Leeuw, 2004.

7

En otros estudios, Transparencia Internacional ha definido la corrupción de manera más específica y ha intentado medir la frecuencia de ciertas actividades como por ejemplo los sobornos. Sin embargo la estrella internacional de la organización ha sido siempre el Índice de Percepción de la Corrupción, que es mucho menos riguroso (y por tanto más fácil de producir) y mucho más circular en sus definiciones no explicitadas de corrupción y transparencia. 8

286 Notas

Ver Diane Nelson (2009) y su excelente etnografía sobre Guatemala del periodo de Posguerra Fría para una amplia discusión sobre el rol de la ambivalencia en la comprensión popular del Estado.

9

Ver ejemplo, Thrifth, 1996 y 2007; Foucault, 1966; Mitchell, 2002. Más recientemente, los efectos sociales de la ideología de representaciones han sido estudiados ellos mismos como hechos sociales (Rabinow, 1986; Law, 2004; Latour, 1993; Whatmore, 2002). 10

Para ejemplos de este tipo de argumentos, ver Comaroff y Comaroff, 2003; Sanders, 2003; Morris, 2000; Freidberg, 2004. 11

Marx es claro: “El reflejo religioso del mundo real sólo podrá desaparecer para siempre cuando las condiciones de la vida diaria, laboriosa y activa representen para los hombres relaciones claras y racionales entre sí y respecto a la naturaleza” (1968: 44). Ver McCarthy Brown, 2003 y Pietz, 1988.

13

Para ver ejemplos de este tipo de argumentos ver Taussig, 1992 y 1997; Coronil, 1997; Mitchell, 1991 y Abrams, 1988 (1977). Se debe tener cuidado con la utilización de la noción de fetiche al hablar del Estado. Talal Asad se mantiene firme: “La materialización de las relaciones sociales de producción que caracteriza la mercancía es bastante diferente del carácter abstracto del Estado moderno. La forma de la mercancía esconde el poder productivo del trabajador. No es más que la materia inherente falsamente dotado de vida. La estructura abstracta del Estado por otro lado, es condición esencial para el ejercicio de tipos específicos de poder legal” (2004: 281). 14

Debo aclarar aquí que en la formulación original de Taussig de la cual saco la cita, este problema no ocurre. En ese ensayo, Taussig (1992) aclara que no eran los nativos quienes estaban bajo el dominio del fetiche estatal, sino la escuela sociológica post durkheimiana. 15

Para una visión general de las primeras versiones de la tradición, ver Hirshleifer, 1973. 16

Un ejemplo apropiado de este tipo de argumento fue proveído por Joseph Stiglitz (1974) para explicar la persistencia de la aparcería en gran parte del mundo en desarrollo, a pesar de que era claro que la aparcería era una mala estrategia de maximización de utilidades tanto para terratenientes como para campesinos que cultivaban su tierra. Stiglitz sostenía que la aparce17

Notas 287

ría no era resultado de la irracionalidad económica, sino de la información inacabada sobre mercados agrícolas de riesgo. Dada la incertidumbre inherente a los ingresos de la agricultura, los riesgos asociados a la firma de un contrato de alquiler que estipulara un precio fijo era simplemente demasiado para un productor campesino: al mismo tiempo, era poco probable que un terrateniente quisiera asumir el riesgo de ser dueño de una cosecha y pagar un salario al campesino sin poder monitorear el trabajo. La aparcería (en donde el “alquiler” es pagado como un porcentaje de la cosecha) se convirtió en una forma de compartir los riesgos e incentivos entre el campesino y el terrateniente en una situación esencialmente incierta. El corolario de este argumento era que si uno podía resolver la incertidumbre del problema (mejorando la información) los interesados dejarían la aparcería para comenzar a alquilar, y de esta manera los rendimientos subirían. En este caso la solución significaba crear una mejor información sobre el riesgo para poder representar, asegurar y mercantilizar el riesgo. Dos ensayos claves son Arrow y Debreu, 1954, que argumentaban que bajo condiciones de perfecta información los mercados alcanzaban óptima distribución, y Greenwald y Stiglitz, 1986, que mostraron que aun asumiendo la imperfección de los mercados reales, era posible mejorar la información y consecuentemente mejorar la eficiencia. 18

Philip Mirowski (2002) y Ronald Day (2008) discuten ampliamente sobre esta ambigüedad. El “problema” también es admitido por conocidos economistas como Stiglitz (2000) y Kenneth Arrow (1996). 19

Como he argumentado en otra parte (Hetherington, 2012), otra razón por la que esto sucede es que en un modelo matemático, la información es tratada como una proporción entre todas las señales posibles que pueden ser hechas entre los participantes en un mercado, y las que efectivamente existen. Esta es la definición de información en la informática; mide señales en proporciones como los bits, en donde la información es la relación entre señales posibles (2) y señales reales (1). Por ejemplo, la información contenida en una letra dada en ingles puede ser descrita en términos como 26:1. Cualquier texto puede entonces, en principio, ser descrito como la relación entre lo que realmente dice y todas las cosas que podría decir. 20

El informe es instructivo en el sentido que combina la idea de “información”—un término técnico económico para una señal cuantificable del mercado—con “conocimiento” que es el producto de la investigación. 21

288 Notas

En 1967 Stroessner aprobó una nueva Constitución, cuyo objetivo principal era facultarlo a seguir gobernando, pero además consagraba sus ambiciones de desarrollo, incluyendo a la Reforma Agraria iniciada a principios de 1963.

22

Ley 2419/04 “Que crea el Instituto Nacional de Desarrollo y de la Tierra (INDERT)” Congreso Nacional, Asunción-Paraguay, 2004. 23

24

Vale la pena señalar que la inflación fue insignificante durante todo ese periodo.

De hecho, el caso de Tekojoja estaba llegando a este punto por el mismo problema de la no transferibilidad. 25

Ley 2051/03. “De Contrataciones Públicas”. Congreso Nacional, Asunción, Paraguay, 2003. 26

No tengo espacio aquí para discutir el desafío a la materialidad propuesto por la digitalización. Por razones obvias la información digital es atractiva para aquellos que desean eludir la materialidad de los documentos. Pero debe también ser obvio que lo que hacen es introducir otra forma material con una agrupación diferente de cualidades (ver Harper, 1998; Sellen y Harper, 2002). 27

Todo el mundo, desde los clientes hasta los funcionarios, odiaban a los gestores, pero todos dependían de ellos. Hasta el Banco Mundial, que los bautizó como “agentes especiales” en su informe institucional del Paraguay del 2005, no podía decidir qué hacer posición tomar con respecto ellos. 28

Ver Rama, 1996 y Messick, 1993 sobre formas de inscripción burocrática que están destinados a demostrar autoridad en lugar de informar. 29

El término indexar viene del concepto “index” de Charles Sanders Peirce (véase nota 16 de la Introducción). 30

CAPÍTULO CINCO: TRANSPARENCIA POPULISTA Esto no era mera paranoia. Durante mis entrevistas con agricultores de soja, dos personas me dijeron abiertamente que estaban “simplemente esperando” que alguien asesinara a los hermanos; más tarde, uno de ellos estuvo involucrado en un tiroteo contra ambos hermanos, el cual erró por muy poco. 1

Notas 289

Esta historia fue repetida tanto por campesinos como por funcionarios del Estado. Lo que sé es que luego del incidente ningún ministro respondió a las solicitudes de visitas del MAP.

2

Sólo se necesita pensar en “Psicología de las masas” de Gustave Le Bon, 1895, como ejemplo de clásicos intentos liberales de lidiar con la supuesta irracionalidad de las masas (ver Laclau, 2005). En el período de la Posguerra Fría, el miedo al populismo ha sido una característica de las sociedades transicionales desde las repúblicas post soviéticas hasta Latinoamérica y el Sudeste asiático (ver Panizza, 2005; Chari y Verdery, 2009).

3

Esto depende de la sutil distinción entre “política” y “lo político” hecha por autores tales como Chantal Mouffe (1993) y Jacques Rancière (1999). La política, en esta visión, es la práctica de adoptar posiciones distintivas dentro del marco de la deliberación liberal, mientras que lo político es la forma de desacuerdo que amenaza con reformular la conversación radicalmente.

4

Sarmiento también simbolizó para muchos el peligro de que el liberalismo podría ser contaminado por lo liberal. Juan Bautista Alberdi, un contemporáneo, se quejaba de que Facundo era meramente “una fábula ataviada como un documento… una especie de mitología política con una base política” (citado en Stavans, 1998, xxi-xxii). Lo que molestó a Alberdi era la forma en la que Facundo confunde las representaciones de lo real (lo que más tarde se llamaría “información”) con la ficción sentimental.

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Los ejemplos más analizados son Juan Perón en Argentina, Getúlio Vargas en Brasil y Lázaro Cárdenas en México.

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Para ejemplos claves de este argumento, ver Weyland, 1996, 2003; O’Donnell, 1996; Demmers, Jilberto y Hogenboom 2001. 7

Ver, para ejemplos de este tipo de análisis, Helio Vera, 1990; Brítez y Morínigo, 1993; Romero Sanabria, 1998.

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Este es un argumento familiar en diferentes contextos, más famosamente articulados por Marx en El 18 Brumario de Luis Bonaparte (1852), en el cual argumentaba que el éxito de Bonaparte resultó de la desorganización del campesinado francés y su preferencia de ser dirigidos por hombres fuertes. En Asunción, el razonamiento detrás de este argumento toma diferentes 9

290 Notas

formas, desde sospechas profundamente racistas sobre la pureza de la sangre, hasta empáticos argumentos marxistas sobre desarticulación política. Todos finalmente apoyan la noción de que los campesinos son incapaces de hacer política racional. Stroessner buscó establecer lazos corporativos con sindicatos, pero los sindicatos eran poco relevantes o casuales, tanto que la estrategia más importante era establecer comunidades campesinas por medio de la Reforma Agraria. Esto se contrapone a países como Argentina y Venezuela, donde el populismo ha sido entendido como el producto de la reciente migración rural-urbana. 10

En debates académicos sobre la estructura agraria, el término “populismo agrario” connota un abordaje chayanoviano para entender la mano de obra rural, especialmente familiar. Los debates sobre esto son enormes, y han persistido hasta las décadas recientes, tanto con románticas reafirmaciones de ideales chayanovianos (Netting, 1993; Francis, 1994) y ataques bien apuntados a sus consecuencias políticas (Bernstein, 2004; Brass, 2000). He evitado este debate; mi discusión no es tanto sobre la economía de este tipo de arreglo, sino sobre las formas en las que las estrategias económicas agrarias se vuelven parte de las estrategias populistas nacionales (por ejemplo Boyer, 2003; Gupta, 1998). 11

Este tipo de populismo agrario se remonta a finales del siglo XIX (se podría hacer un argumento tangencial a favor de considerar al primer presidente de Paraguay, Rodríguez de Francia, como el primer populista real, aunque sus propias tendencias antielitistas pueden haber tenido que ver tanto con la paranoia personal y con mantener el control de sus pares, como con el compromiso con el concepto del “pueblo”). Pero se arraigó como estrategia formal con un golpe sorpresivo en 1936, poco después de la Guerra del Chaco contra Bolivia, que llevó brevemente al poder al Partido Febrerista. Esta fue la única vez durante el siglo XX que un tercer partido tomó la presidencia del Paraguay. Capitalizando la xenofobia de la guerra y los reclamos de las tropas que estaban de regreso, el General Rafael Franco sostuvo una revolución popular por tres años, dirigiéndose públicamente a las masas en guaraní, reviviendo una historia de victimización nacional y prometiendo redistribuir las tierras perdidas durante la venta de las tierras públicas (Lewis, 1968). Aunque Franco pronto fue derrocado, el atractivo popular de la Reforma Agraria se mantuvo como el cimiento sobre el cual el Partido Colorado reconstruiría su éxito. 12

Notas 291

No sé cuándo ni porqué Frutos se quedó con el apodo de “Papacito”, pero no podía ser más apto. En el campo paraguayo, Frutos sirvió continuamente como un “mini Stroessner”, despachado para hacer llegar discursos paternales y patrocinios, pero sin permitirse superar a su jefe. Algunos dicen que Frutos fue sacado de la presidencia del IBR poco antes del 1989 a fin de prevenir que se convirtiera en el sucesor de Stroessner en caso de una revuelta dentro del partido. 13

Esta cita viene de una publicación del Instituto de Bienestar Rural sin fecha (probablemente del 1977) llamada “De la reforma agraria al bienestar rural”. Durante el periodo de su mandato, Frutos publicó una “Memoria del IBR” anualmente, además de varios libros, todos ensayando el razonamiento de la reforma. Citas similares a esta pueden ser seleccionadas de cualquier de estas publicaciones. 14

En ese sentido existe un contraste importante entre Paraguay y los casos más conocidos como México o Perú. Los críticos de la reforma han mostrado que a pesar del lenguaje combativo, los inmensos latifundios en el Paraguay oriental de hoy fueron creados realmente por el IBR, el cual tomaba partes del bosque no explotado y las dividía en colonias campesinas y enormes estancias para las élites coloradas (ver Morínigo, 1999; Kleinpenning y Zoomers, 1991). Una de las razones claves para el debilitamiento eventual del bloque histórico que enlazaba al Partido Colorado con el campesinado fue que la redistribución de tierra prometida no afectó la subyacente inequidad rural, una de las peores distribuciones de tierra en el mundo. 15

El análisis de Auyero deriva de la interpretación de Pierre Bourdieu del clásico texto “Ensayo sobre el Don” (1945) de Marcel Mauss, donde Mauss muestra que las ofrendas crean relaciones de reciprocidad obligatorias al retener el aura del que lo da. Bourdieu añade un elemento temporal a esto, mostrando que el que recibe la ofrenda retiene algo de poder sobre el que lo da, dado su habilidad de deferir el retorno de la ofrenda. (Bourdieu 1997). 16

Aquí la firma representa el espíritu del regalo, que forja una relación social entre dador y receptor. Pero si bien la firma conecta, también facilita la desconexión, indexicando a la vez la presencia y la ausencia del firmante (Derrida, 1978). De hecho, esta tensión, entre la inalienabilidad del regalo y la separabilidad fundamental de la firma, habla a la tensión política central que llamo “transparencia populista.” 17

292 Notas

Nickson y Lambert (2002) han llamado al sistema colorado de gobierno un “estado privatizado” en el que la totalidad del aparato que idealmente sería público, fue organizado como si fuera propiedad del partido. 18

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Poole (2004) describe un ejemplo muy parecido en Perú.

Es difícil reconstruir las razones del cambio de estrategia en la reforma agraria, dada la falta de reflexión pública sobre los cambios ideológicos entre los colorados, pero se pueden mencionar tres factores importantes. El primero era la creciente división entre el partido y las organizaciones campesinas a principios de 1980. Luego de la purga, en 1976, de las Ligas Agrarias Cristianas, las organizaciones campesinas dieron un giro radical, reivindicando—muchas de ellas—la Reforma Agraria como estrategia marxista (ver Borda, 1990). El segundo fue la severa recesión que golpeó a Paraguay en 1982, volviendo casi imposible el costoso trabajo de medición de las colonias y dotación de infraestructura. El tercero fue que la Reforma Agraria había perdido su prestigio internacionalmente. Para ese entonces USAID estaba promoviendo programas de titulación rápida en la región, como una alternativa a las reformas de tierra redistributivas (empezando con Honduras, en 1983), marcando un nuevo período de pensamiento neoliberal sobre las políticas de la tierra (Fandino, 1993; Zoomers y van der Haar, 2000). En 1985, USAID inició un proyecto de reformar el catastro de Paraguay, aunque pronto lo abandonó (ver Hetherington, 2012). 20

La devaluación de estos títulos fue más lenta, pero no obstante siguió el mismo patrón básico que la inflación de la moneda nacional. La inflación ocurre cuando hay más dinero en circulación que producto nacional (producto interno). Los títulos de tierras perdieron valor luego del golpe, cuando la gente se dio cuenta que había mucho más títulos de tierras que tierras. Alrededor de Vaquería, la mayoría de los campesinos que trataban de vender los lotes de diez hectáreas que les habían sido entregados en los años ochenta descubrieron que los mismos tenían más bien entre seis y ocho hectáreas.

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Cuando Stroessner fue sacado, el sistema que él había desarrollado operaba en forma paralela al sistema legal formal. El notorio mercado negro de Paraguay era menos un producto de operadores inescrupulosos bajo tierra que un producto de la institucionalización del estado privado (Nickson y Lambert, 2002). Esto no cambiaría de la noche a la mañana en 1989, y el Partido Colorado tenía una larga lista de caudillos esperando en las alas, quienes se disputarían el poder en la siguiente década, mientras el partido 22

Notas 293

ganaba elección tras elección (ver Paredes, 2001). Los dos primeros colorados en ganar las elecciones presidenciales, Juan Carlos Wasmosy y Raúl Cubas, eran dos de los hombres más ricos del país. Elegidos como candidatos consensuados, no precisamente por sus destrezas de oratoria, sino por ser los menos desagradables para las fracciones internas del partido. González Macchi, que tampoco era caudillo, no ganó una elección presidencial, sino que como presidente del Senado, fue nombrado como presidente luego del asesinato del vicepresidente y la posterior renuncia de Cubas. González Macchi no era particularmente rico al momento de su asunción como presidente, aunque se enriqueció bastante durante su mandato.

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Esto es lo que Nicanor hizo con los royalties de la venta de la energía hidroeléctrica de Itaipú, a manera de ejemplo. En lugar de recaudar dinero para el Estado, Nicanor estableció una agencia separada que distribuía royalties de Itaipú en el campo en la forma de pequeñas limosnas del gobierno (cabras, pollos y otros insumos). 24

Esto era conocido en otros lugares de la región como “neopopulismo”, una política que recapitula el populismo clásico con estilo, pero cambia la sustitución de importaciones por ajustes estructurales neoliberales (ver Weyland, 1996; Demmers, Jilberto y Hogenboom, 2001). 25

Ver “Caught in the Triangle: Discontent in Paraguay”. The Economist, 23 de octubre de 2004. 26

Hay por supuesto otros matices que subrayar en estos usos de la bandera. El primero es que muchos de los estudiantes del Marzo Paraguayo claramente adoptaron su uso para hacer eco de las marchas campesinas. El segundo es el argumento que la hegemonía histórica de Stroessner sobre los campesinos no era en absoluto completa. El uso de los tres colores de la bandera en las marchas campesinas puede haber comenzado históricamente como una protesta contra el ubicuo rojo del Partido Colorado, que hasta 1989 era el único color usado en los espacios políticos oficiales. 27

Esto es fuente de alguna confusión en literatura reciente, con Erik Swyngeouw (2009), por ejemplo, usando el término “populismo” para describir la era tecnocrática “post política”. 28

29

El peligro del análisis de Laclau, y quizás del mío, es olvidar que el popu-

294 Notas

lismo también connota fuertemente el fascismo (Zizek, 2006), un fantasma que no está enteramente exorcizado de la historia de los partidos oficiales ni de la Reforma Agraria en Paraguay. Para Jacques Rancière es precisamente esta interrupción que hace a la política campesina debidamente política. Para Rancière (1999), lo político consiste en la interrupción del régimen de lo sensible por una parte que anteriormente no era parte, es decir, la intromisión en un público preexistente de un cuerpo que no tiene explicación. 30

Herken más tarde cambiaría su opinión, llamando a Duarte Frutos un charlatán populista y autoritario (citado en Pepe Escobar, “Part 2: Lost Paraguayos: TheYankees are Coming”, Asia Times Online, 4 de agosto de 2006).

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La distinción nace de reinterpretaciones de Marcel Mauss, tales como Gregory, 1982 y Weiner, 1992, que conceptualizan los regalos como lo opuesto a las mercancías. 32

En el idioma de la reforma de la tierra, “ociosa” significaba que la tierra no estaba siendo usada para la agricultura. Existían grupos indígenas que usaban el bosque para cazar y recolectar y eventualmente para actividades de horticultura, pero éstas no eran consideradas actividades “económicas” por los pioneros campesinos. Los indígenas también estuvieron excluidos de la legislación de la Reforma Agraria hasta el año 2002. 33

La cuestión de los créditos era extremadamente compleja, y su confiabilidad es una de las piedras angulares de la organización de los campesinos, tema que no he podido abordar adecuadamente en este libro. La mayor parte del algodón en el Paraguay oriental era plantada a crédito, el cual podía eventualmente remontarse al Crédito Agrícola, y la mayoría de los años, cuando la temporada llegaba a su término (en marzo) las organizaciones campesinas pedían que parte de esta deuda se les condonara. Este fue uno de los factores que precipitaron el Marzo Paraguayo en 1999. Pero con el tiempo la habilidad de los campesinos de presionar al gobierno para que les condonara la deuda había disminuido, razón por la cual las organizaciones campesinas estaban cambiando de tácticas. Los campesinos que sabían que la regularización y la titulación rápida estaban íntimamente conectadas al proyecto de reforma bancaria, que habría cerrado el Crédito Agrícola de una vez, tenían profundas sospechas de estos proyectos. 34

Notas 295

El nombre “Yerbales, Montes y Estancias” es interesante porque no es nada más que una lista de los tres usos más comunes de la propiedad extensiva en este período de la historia paraguaya: la producción de yerba mate, ganado y madera. 34

La yerba mate paraguaya alguna vez tuvo un alto valor en mercados internacionales; ahora es producido generalmente sólo para abastecer la demanda nacional.

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Es importante notar la diferencia entre los latifundios paraguayos y los ejemplos más conocidos de haciendas semi-feudales en lugares como México y los países andinos, sobre los cuales se basaban los argumentos sobre “ineficiencia”. En Paraguay, la mayoría de las propiedades embargadas por ser considerados latifundios no eran estancias, sino yerbales habitados por grupos indígenas. Cuando la yerba mate dejó de ser lucrativa, las tierras fueron generalmente compradas para explotación maderera, pero incluso esa industria no creció sino hasta que la Reforma Agraria comenzó a presionar a los propietarios para que produjeran algo. 36

Las únicas páginas adjuntadas al título luego de ese año eran unos pocos pedidos de diferentes funcionarios del Estado solicitando copias y generalmente solicitando una concisa interpretación de esas copias posteriormente. Eso sucedió por primera vez en 1990 cuando CONCODER, el órgano establecido por el gobierno de transición para “arreglar el problema rural” de una vez por todas, estaba buscando tierra para distribuir rápidamente. No existe un registro de qué sucedió luego de ese pedido. Un pedido similar tuvo lugar en el 2002, cuando el IBR empezó a considerar la compra de la tierra de nuevo; esta revisión tuvo como resultado una nota en el título del director del registro, diciendo que debía hacerse una nueva medición porque el título ya no era legible. 37

Esto podía lograrse solo luego de complicadas negociaciones con las varias organizaciones que operaban en el territorio y luego de invertir en medición y loteamiento. La comunidad más negociable era Mariscal López, pero estaba rodeada, al norte y oeste, por bastiones de Patria Libre (un partido político recientemente declarado banda criminal) y varias sectas cristianas comunitarias, ninguna de las cuales se reubicaría fácilmente. 38

El Estatuto Agrario tiene una figura para este tipo de arreglos, llamada “colonización privada”, la cual era bastante común en los años setenta y ochenta como una forma para los propietarios de evitar la expropiación. 39

296 Notas

Había muy pocos compradores en el Paraguay capaces de inversión en propiedades de esta escala y ninguno habría estado dispuesto a asumir los costos y riesgos extra de una propiedad como esta. Un argumento similar fue traído a colación por Max Weber (1946), quien dijo que el carisma era funcionalmente necesario aun para el más racional de los sistemas gubernamentales a fin de hacerlo cambiar. 40

La calle comercial principal de muchas ciudades norteamericanas se llama simplemente “main street” o calle principal. Pero más allá de eso sirve como metáfora de la economía de la gente, la compra y venta de cosas reales, lo opuesto a la economía ficta del mundo financiero. 41

EPÍLOGO Ver “Gobierno reprime marcha y anuncia más mano dura”, ABC Color, 19 de noviembre 2004.

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Entre los obispos paraguayos solo contaba con el apoyo del obispo de Caaguazú, monseñor Juan Bautista Gavilán, un hombre con una experiencia y un compromiso similares a los suyos.

2

El nombre no fue elegido solamente para connotar los hechos descritos en el capítulo 3. De hecho, la palabra Tekojoja se volvió popular luego de los disparos, en gran parte porque se traduce como “vivir juntos en armonía”.

3

Los liberales proveyeron gran parte de la maquinaria electoral en la cual se apoyaba la sorpresiva candidatura de Lugo, pero a medida que fue transcurriendo su mandato, las diferentes facciones del Partido Liberal se fueron separando de él, mostrando que el apoyo fue meramente oportunista. Ya en el primer año de gobierno, la facción de partido liderada por el vicepresidente Federico Franco se había desmarcado del presidente, Franco incluso llegó a decir de manera sugerente que estaba preparado para tomar el poder el caso de que fuera necesario. Otra facción, liderada por Blas Llano, terminó de cerrar filas apoyando la acusación que llevó al golpe parlamentario en contra de Lugo. Una tercera facción, minoritaria—y hasta se podría decir marginalizada—dentro del partido que tiene como referentes a Domingo Laíno y Luis Alberto Wagner, se opuso al golpe y lo siguió apoyando luego de él.

4

5

La victoria de Lugo en Paraguay fue inmediatamente aclamada a nivel Notas 297

internacional como una victoria de la “izquierda” sobre las tendencias de “extrema derecha” de los colorados. Encuentro un paralelismo más instructivo en la comparación no con Evo Morales ni con Chávez, sino con Vicente Fox y su victoria en México en el año 2000. A pesar de profesar ideologías bastante diferentes (Fox estaba al frente de una plataforma neoliberal mientras que Lugo se alineaba más bien con la izquierda sudamericana), fueron electos bajo circunstancias políticas muy similares: Fox derrotó a un partido (el Partido Revolucionario Institucional - PRI) que había estado en el poder bajo diferentes nombres desde 1928 con la promesa de reformas de transparencia y anticorrupción. Para algunos análisis sobre el caso Lugo en Paraguay ver “An Outsider’s Victory Allows Jubilant Paraguayans to Look Past Dictatorship”, Alexei Barrionuevo, 22 de abril de 2008 y “Paraguay: election ends six decades of one-party rule”, Bill Van Auken, 23 de abril de 2008. En la última década Stiglitz se ha reinventado a sí mismo como un amigo de la izquierda latinoamericana. Aparece en el artículo de Vargas Llosa (2007) citado en el capítulo 5, como uno de los “idiotas” de la política latinoamericana. 6

7 La evidencia clave de esto es lo que sucedió con la coalición para las elecciones del 2013. Sin Lugo a la cabeza, el grupo que lo apoyaba se fraccionó en un grupo de profesionales urbanos llamado Avanza País y otro llamado Frente Guazú, compuesto principalmente por líderes rurales. La única fracción en superar estas diferencias fue un tercer movimiento llamado Kuña Pyrenda, un grupo feminista descontento por los juegos de poder machistas de la izquierda. Lugo descubriría lo voluble que puede ser la política de transparencia a menos de un año en el poder, cuando se publicó el Índice de Percepción de la Corrupción realizado por Transparencia Internacional, y ABC Color pudo anunciar que Paraguay había vuelto a ser el tercer país más corrupto del planeta. Cuando Lugo intentó contrarrestar esto poniendo en duda los métodos para la elaboración del índice, ABC Color publicó “Lugo recurre a excusas iguales a las de Nicanor” Ver ABC Color, 26 de noviembre de 2009. http://www.abc.com.py/abc/nota/50700-Lugo-recurre-a-excusasiguales-a-las-de-Nicanor/

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La excepción a esta regla es Fogel (2013).

Una lectura cursiva de los comentarios dejados en las páginas web de los mayores diarios en los días posteriores a la masacre son suficientes para proveer este recordatorio. 10

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