Nº180 / agosto 2014 ISSN 1657-0987 www.unperiodico.unal.edu.co
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Alfa sextantis, operación naval de alta tecnología ciudad & territorio
Con más de 100 profesionales de distintas disciplinas, la Universidad Nacional de Colombia coordina un moderno complejo arquitectónico en la isla de Manzanillo, en Cartagena, que ubica a la Armada Nacional entre las mejor dotadas de Latinoamérica.
foto: Camilo Avellaneda
este ambicioso proyecto se lleva a cabo en la escuela naval almirante padilla, en un área construida de 60.000 metros cuadrados y con una inversión que supera los 100.000 millones de pesos. El diseño contempla 17 edificios con una moderna arquitectura que incluye tecnología de punta e innovación de primer nivel. La titánica obra, proyectada por la Universidad Nacional de Colombia y la Armada Nacional, beneficiará a todo el sector naval colombiano, elevándolo a los primeros puestos en Latinoamérica. Las nuevas instalaciones ampliarán la capacidad de la Escuela Naval de 600 a cerca de 1.000 cadetes.
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el campo de graderías y paradas es la primera obra inaugurada del gran complejo arquitectónico de la Armada.
política & sociedad
salud
medioambiente
Dilemas de la reforma judicial
Giro a política pública de salud mental
Árboles viejos, vitales para mitigar calentamiento del planeta
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Frente a varios escándalos en las altas cortes y a algunas deficiencias del sistema judicial, se propone una reforma puntual, pero profunda.
Orgullo nacional y últimas tecnologías forman parte de la lista de transformaciones que han llevado a formular nuevos lineamientos en este campo.
Contrario a lo que se creía, los árboles siguen creciendo en masa con la edad y así contribuyen a mitigar el calentamiento global, pues absorben más CO2 que especies jóvenes.
Periódico – Nº 180 – Universidad Nacional de Colombia
AGOSTO 2014 | 8
Atrapados en las rejas del sistema penal Política & Sociedad
Estanislao Escalante Barreto, profesor asociado, Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de Colombia
Las personas privadas de la libertad se han triplicado en los últimos 10 años en Colombia. El cupo carcelario está colmado en un 53,67 % por personas sindicadas, investigadas o acusadas, sobre las que no pesa una condena en firme.
“Para saber cómo es una Nación hay que conocer sus cárceles, pues una sociedad no debe ser juzgada por el modo en que trata a sus ciudadanos de más alto rango, sino por la manera en la que trata a los de más bajo” (Nelson Mandela).
la tasa del hacinamiento carcelario en Colombia es del 54 %.
fotos: El Tiempo
las políticas punitivas, mediante la manipulación del miedo y la oferta de seguridad, han generado una reacción coyuntural y desproporcionada del Estado, en detrimento de un derecho penal de última intervención que ha convertido el instrumento represivo en un discurso ideológico de “solución de problemas sociales”, sin consideración con las personas que quedan atrapadas en las redes del sistema penal, las cuales se han triplicado en los últimos 10 años. Esta crisis es producto de las decisiones que se han venido tomando en los últimos años y de una fuerte crisis social que pasa por lo educativo, económico y cultural. Tal realidad contrasta con los principios, la jurisprudencia y la doctrina en materia de derechos humanos y del principio constitucional de libertad. En efecto, desde el punto de vista del constitucionalismo contemporáneo, en el ámbito académico se ha defendido la concepción, según la cual, la libertad en Colombia es un principio, por lo que su restricción es excepcional y debe obedecer a criterios de razonabilidad, necesidad, utilidad y estricta proporcionalidad. En este sentido, los procesados, en cumplimiento de este principio y como criterio constitucional, deberían poder asumir el derecho de defensa en el ejercicio de su libertad individual, no desde el encierro preventivo
en una cárcel sin sentencia condenatoria en firme. Para algunos, la prisión preventiva es el encierro de seres humanos sin sentencia, para asegurar el cumplimiento de una posible condena. Para otros, es el control de la “peligrosidad” de los “sujetos criminales”, la aplicación del estereotipo de “monstruo” social que debe encerrarse para proteger del mal a la sociedad.
Encierro preventivo A pesar del mandato constitucional, en Colombia impera la concepción contraria: el encierro preventivo como forma de mostrar eficiencia del sistema y la criminalización y sanción penal anticipada de sujetos que apenas son indagados, investigados o acusados. En ese sentido, el panorama no deja de ser desalentador. El cupo actual es de 76.519 plazas disponibles y está ocupado por 41.074 personas sobre las que no pesa una condena en firme, es decir, el 53,67 % está dedicado a no condenados. En este contexto, el porcentaje indicado es equivalente de manera muy aproximada a la tasa reportada por el Inpec. Según la entidad, el sobrecupo está en un 53 %, por lo que, desde el punto de vista cuantitativo, si solo se privara de la libertad a personas con sentencia condenatoria, el problema disminuiría considerablemente. Sin embargo, ello no sucede ni va a suceder en las actuales circunstancias de política de seguridad ciudadana
y populismo punitivo, contexto en el que impera una concepción de privación antes que de investigación eficiente. En efecto, el Congreso ha discutido proyectos de ley cuyo objeto es aumentar las penas, crear tipos penales para sancionar simples formas de comportamiento, adelantar la punibilidad a presuntos actos preparatorios de delitos o crear sofisticados modelos de responsabilidad objetiva para dejar a un lado la valoración judicial, con la excusa de un control social eficiente. Portar un arma blanca o un elemento cortopunzante podría convertirse en delito autónomo con el pretexto de evitar conductas violentas en diversos contextos. Así como se ha vuelto delito obstruir vías públicas sin permiso de la autoridad, también se han duplicado antiguos tipos penales para dar apariencia de preocupación sobre hechos de impacto mediático. Lo anterior ha aumentado la población carcelaria, la criminalidad, el hacinamiento y el gasto en medios cerrados de castigo. Según la autoridad penitenciaria, en el año 2000 la capacidad era de 37.986 reclusos y la población era de 51.518. Para la época, la tasa era del 35,6 %, lo que equivale a un sobrecupo de 13.532 personas. En el 2001, con la apertura de nuevos centros de reclusión, los cupos aumentaron a 42.575, el número de internos disminuyó a 49.302 y el hacinamiento cayó a 15,8 %, cifra que se mantuvo en el año 2002, pero
que en los años siguientes se incrementó.
Hacinamiento en aumento Actualmente los índices duplican los del año 2000. Al 16 de junio del 2014, se tenían destinados 76.519 cupos y la población recluida pasó de 51.518 a 117.510 individuos. El índice general actual es de 53 %, que equivale a un sobrecupo de 40.991 personas que no tienen cómo vivir en condiciones dignas. El hacinamiento más alto se dio en el 2009 con el 38,10 %, cuando la población llegó a 75.992 reclusos. Con la Ley de Justicia y Paz, el Estatuto de Seguridad Ciudadana, el de anticorrupción, la Ley de Infancia y Adolescencia, la reforma a los requisitos de imposición de medida de aseguramiento, entre otras, la situación empeoró. Hoy esta cifra es del 54 % en una población que ha aumentado a 117.510 personas privadas de la libertad. La capacidad es precaria frente a la demanda producto de la selectividad y maximización del sistema penal. En la Guajira hay un hacinamiento del 466 %, así, en una cárcel con espacio para 100 internos se albergan 566; en Cali hay lugar para 1.667 internos y habitan 6.377, con un hacinamiento del 282,5 %; en Santa Marta, en 312 cupos habitan 1.395 personas. En esta última,
siete presos perdieron la vida el pasado 16 de junio; unos meses antes habían fallecido 17 más y cerca de 29 habían quedado gravemente heridos, durante jornadas de protesta. Aunque este es un problema evidente, detrás de él se ocultan otros que pasan inadvertidos, que no hacen parte de los discursos del poder político, penitenciario o mediático. En efecto, las condiciones de amontonamiento y “depósito social” deterioran la salud física y mental de los reclusos. Por eso no podemos hablar de disciplina o resocialización, sino de deterioro. Las cárceles son un depósito de seres humanos, arrojados, amontonados; son sitios patogénicos de enfermedades con las peores cepas, con la exposición a las infecciones propias de un ambiente hostil e insalubre. El desafío para el Congreso, que inicia legislatura y nuevo período presidencial, es pensar en políticas públicas que atiendan problemas sociales y sean alternativa de conflictos en un contexto de paz social que debe superar los problemas del pasado. Lo más importante es que les corresponde dejar esa indiferencia con el dolor, con el sufrimiento de las personas privadas de la libertad y darles por fin un mejor trato, aunque en el fondo, ningún encierro tiene sentido cuando hablamos de la vida de los seres humanos.
palabras clave: juicios, cárceles, hacinamiento. Consúltelas en www.unperiodico.unal.edu.co
justicia
Peligro para la sociedad El profesor Luis Gonzalo Vélez Osorio, en una investigación de la Universidad de Antioquia, señala que tras la expedición de la Ley 1142 de 2007, el proceso penal colombiano concibió la libertad de los justiciables como un peligro para la sociedad, por lo que era preciso diseñar mecanismos que evitaran su excarcelación. Al perfeccionar la construcción sobre el peligro del imputado, hecho por vía legislativa, la ley cerró las puertas a los derechos de los procesados y empoderó la autoridad del Estado.
