Asamblea Nacional Constituyente Guatemala 1984

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA ESCUELA DE HISTORIA INSTITUTO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS, ANTROPOLÓGICAS Y ARQUEOLÓGICAS – IIHAA –

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN 2010 “ANÁLISIS HISTÓRICO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA, ELECCIÓN Y CONFORMACIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE 1984 EN GUATEMALA”

AUXILIAR DE INVESTIGACIÓN: JUAN PABLO MUÑOZ ELÍAS

OCTUBRE DEL AÑO 2010

ÍNDICE Página LISTADO DE TABLAS INTRODUCCIÓN CAPÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS REGÍMENES MILITARES EN GUATEMALA, 1982 A 1986 1 Agotamiento del sistema político 1.1.1 El contexto político social de las elecciones de marzo de 1982  La violencia política extrema  La amenaza latente del fraude electoral 1.1.2 Las elecciones generales de marzo de 1982  Las elecciones y sus resultados  El fraude electoral  El desenlace de las elecciones 2 Los golpes de estado de marzo de 1982 y agosto de 1983 1.2.1 Los golpes de estado 1.2.2 Los golpes de Estado, la unidad del proyecto militar y sus objetivos.. CAPÍTULO II LA APERTURA POLÍTICA PROMOVIDA POR LOS MILITARES (I) 2.1 El significado de la “apertura política” 2.2 El proceso de “apertura política” 2.2.1 El cierre del sistema político – El desmontaje de la institucionalidad jurídico política y el carácter transitorio del régimen – La apariencia de la democracia 2.2.2 Creación de la base jurídico-política y de la institucionalidad política-electoral a) El camino hacia la construcción del andamiaje jurídico político b) El “paquete” de leyes (e instituciones) electorales CAPÍTULO III LA APERTURA POLÍTICA PROMOVIDA POR LOS MILITARES EN EL PODER (II) 3.1 Hacia la “democracia representativa” 3.1.1 La creación y el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral 3.1.2 Las organizaciones y los partidos políticos a) Contexto de la reorganización b) Erosiones y disidencias c) Proliferación de nuevos partidos 3.1.3 El calendario electoral

CAPÍTULO IV LA APERTURA POLÍTICA Y EL PAPEL DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 4.1 Constitución y ANC 4.1.1 Aspectos generales a) Constitución y constitucionalismo b) Poder constituyente y poder constituido c) Visualización del proceso 4.2 Convocatoria a elecciones a diputados para ANC 4.2.1 La ley electoral específica a) Discusión y aprobación de la ley electoral b) La ley electoral específica y sus modificaciones 4.2.2 Convocatoria y funciones específicas de la Asamblea Nacional Constituyente 4.3 Elecciones y conformación de la ANC 4.3.1 Las elecciones de julio de 1984 a) Preparación para las elecciones b) Resultados electorales 4.3.2 La conformación de la ANC a) Bloques y alianzas b) Instalación y organización interna de la Asamblea c) Comisiones de trabajo 4.4 ANC y consumación de la legitimación del proyecto político militar contrainsurgente REFLEXIÓN FINAL BIBLIOGRAFÍA

ÍNDICE DE TABLAS Página Tabla No. 1 Cronología de los estados de excepción y de los periodos de amnistía política durante los regímenes militares en Guatemala, marzo de 1982 a enero de 1986. (CAPÍTULO 2) Tabla 2. Organizaciones políticas que iniciaron el proceso de constitución de partido político para las elecciones a Asamblea Nacional Constituyente. (CAPÍTULO 3) Tabla 3. Cuadro de curules adquiridas por los partidos políticos y los comités cívicos electorales para la elección a diputados constituyentes en julio de 1984. (CAPÍTULO 4)

INTRODUCCIÓN El presente trabajo de investigación tiene por objetivo fundamental analizar históricamente el papel que jugó la Asamblea Nacional Constituyente en el marco del modelo contrainsurgente impulsado por el Ejército de Guatemala en su fase de 1982 a 1986. Todas las instituciones humanas son ante todo construcciones sociales y por lo tanto susceptibles de ser historizadas. Su existencia no es ni antojadiza ni espontánea, en el fondo encubren siempre un complejo de relaciones sociales acumuladas e interrelacionadas que es necesario descubrir porque no se nos presentan de forma palpable. La conformación de una Asamblea Constituyente no es casual ni ocurre ordinariamente en la vida política de los pueblos. Por la naturaleza de los hechos y actos que de ella emanan, su existencia se debe a necesidades bien puntuales y profundas de las sociedades en las que surgen. Si somos capaces de comprender ese contexto histórico social, habremos dado el paso más importante para determinar sus cualidades más sugerentes en relación a explicar los fenómenos y procesos que desencadenan (cuyos efectos se proyectan a través del tiempo y que en nuestro caso se demuestran aún en el presente). Lo extraordinario de una Asamblea Constituyente no significa que necesariamente deba marcar un punto de inflexión, o sea un antes y un después, tal y como lo plantean las tesis contractualistas o del Pacto Social. Como veremos en este trabajo, la existencia de la Asamblea Nacional Constituyente en 1984 marcó la pauta para redireccionar un proyecto político de largo aliento, pero no implicó romper estructuras y configurar otras absolutamente nuevas. En el fondo, las estructuras de poder real en Guatemala continuaron existiendo y más bien fueron remozadas a través de la recomposición de los factores que lo generan. En ese sentido, su papel fue más legitimador que constitutivo, más de adaptación que de cambio. Los límites temporales del proceso que procederemos a analizar van de marzo de 1982, fecha que se da el golpe de Estado en contra del régimen de Lucas García, a agosto de 1984, cuando queda definitivamente instalada y en funcionamiento la Asamblea Nacional Constituyente. La lógica que anima este periodo corresponde a la del conflicto armado interno en su fase de recomposición final. Es la guerra contrainsurgente y su correlato en la guerra popular revolucionaria, el gran marco interpretativo que nos dará sentido y luz en la mayor parte de las argumentaciones que presentaremos. Decimos la mayor parte porque en realidad existe otro proceso paralelo que también es necesario tomar en cuenta aunque queda como una gran deuda en este trabajo: el conflicto regional centroamericano en el contexto de la más tardía etapa de la guerra fría. El presente trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos, los cuales se encuentran relacionados a través de criterios más bien lógicos que cronológicos, aunque ambos más o menos coinciden. El primer capítulo se titula “Consideraciones generales sobre los regímenes militares en Guatemala, 1982 a 1986”. El mismo tiene la doble finalidad de explicar el profundo quiebre que la violencia política y los efectos de la guerra contrainsurgente habían causado en el sistema político nacional visto en su conjunto; y, por otra parte, la naturaleza de los regímenes militares que, mediante el golpe de estado, asumieron la conducción de la recomposición del mismo a través de la puesta en práctica de un proyecto político más sólido, de largo alcance, que pretendía librar la guerra total y extenderla a todos los medios posibles, involucrando (generando complicidad) con ello a toda la sociedad guatemalteca. Los golpes de Estado de marzo de 1982 y agosto de 1983 no son una acción decidida del Ejército por impulsar una “apertura democrática”. La democracia y sus formas son solamente el discurso del que se valieron; sin embargo, esa democracia así caracterizada fue la que se instauró el país.

El segundo capítulo se titula: “La apertura política promovida por los militares (I)”. En este segmento se trata de exponer los primeros pasos que promovió el proyecto contrainsurgente para alcanzar sus fines estratégicos. El primero de ellos, era, evidentemente, desmontar toda la institucionalidad proveniente y vinculada con el cuestionado sistema político, particularmente en sus aspectos electorales. Pero, hacer tabla rasa de toda la legalidad implicaba también sacudirse durante el tiempo que fuera necesario de todas aquéllas trabas que directa o indirectamente le impidieran llevar a sus máximos extremos la guerra contrainsurgente brutal en su aspecto puramente militar y empezar a moldear a su conveniencia una nueva sociedad. Paralelo a ello, se expone como el Ejército de Guatemala empezó a confeccionarle un nuevo rostro de legalidad a sus desmanes, elaborando el andamiaje jurídico necesario para legitimar sus propósitos contrainsurgentes en un nuevo contexto y de cara al retiro estratégico del ejército del aparato gubernamental. La legalidad no riñe con la violencia y al contrario la legitima cuando proviene de quienes dominan y la criminaliza cuando proviene de los dominados. La violencia no es innata al ser humano pero sí a las relaciones sociales injustas, cuando el sello de estas impide el logro de las metas socialmente aceptables por las vías socialmente esperadas. El tercer capítulo es un complemento del anterior, por lo que se denomina “La apertura política promovida por los militares (II)”. Hecha tabla rasa de la legalidad existente y creada una nueva, se procedió a erigir la nueva institucionalidad y a fomentar la participación de los sectores aliados o al menos no hostiles al proyecto contrarrevolucionario. Los militares fueron los patrocinadores del proceso de “retorno a la constitucionalidad”, aunque evidentemente también ellos fueron los responsables de haberla eliminado (con el golpe de Estado). Las dos instituciones político electorales por excelencia son el tribunal electoral y los partidos políticos, cada una de ellas tiene sus funciones particulares dentro de un sistema de “libre competencia política”. El tribunal electoral es la entidad reconocida públicamente que se encarga de organizar los eventos electorales, fiscalizarlos y validarlos. Entre sus funciones específicas se encuentran la elaboración del registro de personas con derecho a voto y el registro de las organizaciones políticas que, tras haber llenado los requisitos oficiales requeridos, pueden participar. Por otra parte, los partidos políticos son los instrumentos legalmente reconocidos para participar en las contiendas electorales. Según la teoría política, los mismos sirven como intermediarios entre “el poder público” y la ciudadanía. Sin embargo, como tratamos de exponer en este trabajo, dicha función de mediación no es parte del quehacer partidario guatemalteco. El caudillismo y el sistema de protección y lealtades con que operan imposibilitan su auténtica compenetración en la sociedad. El voto en Guatemala, salvo muy raras excepciones, no es producto de una identificación ideológica de los afiliados con los programas del partido. En todo, caso, la construcción de los programas del partido es siempre un acto de absoluta potestad de su camarilla dirigente, a cuya cima se llega a través de la inversión privada más que del reconocimiento y militancia de sus miembros y líderes locales. En este capítulo se encuentran las bases para interpretar cómo en Guatemala la democracia fue una herramienta de la contrainsurgencia, impulsada por la vía de la imposición violenta. Como se expondrá en su momento, en Guatemala la democracia no fue una conquista social, fue una concesión graciosa del régimen militar en medio de un sangriento proceso de guerra interna (la cual tampoco concluyó con el retorno de los civiles al “mando” del gobierno).

Finalmente, el capítulo cuatro es titulado “La apertura política y el papel de la Asamblea Nacional Constituyente”. El mismo, se divide en cuatro partes principales, las cuales pasan por una pequeña introducción teórica, un análisis sobre el subproceso de convocatoria y preparación para el evento electoral, los resultados electorales y su reflejo en la composición de bloques y alianzas, y, finalmente, una conclusión en la que se trata de abordar todos los argumentos aludidos para señalar incisivamente como este proceso significó la consumación de la legitimidad del proyecto contrainsurgente. Al cabo de casi dos años de cierre de los espacios políticos públicos, los militares “otorgaron” a la ciudadanía la facultad de organizarse en partidos políticos. Las viejas instituciones de derecho público provenientes en su mayoría del periodo previo al cierre de manera voraz son reagrupadas en tanto una serie de múltiples nuevas organizaciones salen al proscenio de la vida electoral. En mucho, hubo cambios entre 1982 y 1984, más no se alteró ni un ápice la lógica de concentración de poder y el sistema de conveniencias y arribismos políticos. El tradicional monopolio de una decena de partidos políticos fue roto en tanto múltiples sectores económicos y sociales aprendieron a negociar sus intereses directamente con el poder constituido. Respecto de la Asamblea Nacional Constituyente, de su labor como tal, poco diremos. Este informe persigue situarla históricamente, por lo que concluimos en agosto de 1984, precisamente el momento en que queda instalada y organizada en comisiones de trabajo. Quedará para una siguiente investigación ahondar en las profundidades de su existencia. Consideramos que con la elaboración de este trabajo estaremos en la capacidad de reiniciar próximamente otros complementarios, para retomar por ejemplo, las discusiones puntuales que en su seno se desarrollaron y que finalmente quedaron plasmadas en el texto constitucional (tales como la concepción de la persona humana, el carácter de la propiedad privada, el reconocimiento absoluto de los pueblos indígenas y sus derechos ancestrales, la pena de muerte, la organización del estado, la impartición de la justicia, las reformas constitucionales, el régimen de partidos políticos, etc.). Cada uno de ellos puede ser un objeto de investigación particular. Solamente nos resta mencionar algunos detalles de la metodología empleada. En primer lugar, diremos que esta investigación fue concebida como un aporte al desarrollo del estudio histórico de las instituciones jurídicas de Guatemala. Mas, estuvimos siempre conscientes que el estudio del derecho pasa obligatoriamente por el estudio de la política y demás ciencias sociales. Con ello queremos decir que tratamos de utilizar los métodos analíticos más propicios para analizar de forma lógica e integral el proceso. Nuestra intención no fue realizar una investigación temática, sino partir de procesos y problemas de investigación. En cuanto a las fuentes, tuvimos a la mano una gama bastante extensa de las mismas. Sin embargo, por razones de tiempo no todas pudieron ser consultadas. Incluso tuvimos conocimiento de importantes documentos que nos hubieran sido bastante útiles pero que por no ser fácilmente accesibles o por la necesidad de avanzar con lo que se tenía quedaron rezagadas. Entre estas últimas referiremos al menos tres: 1) fuentes de archivo: por ejemplo, los archivos del Tribunal Supremo Electoral, donde seguramente se pueden encontrar los estatutos de los partidos políticos que participaron en la contienda electoral o sus programas políticos; 2) fuentes orales: por ejemplo, entrevistas con actores fundamentales de aquél proceso o bien con reconocidos académicos que han trabajado el periodo; 3) fuentes bibliográficas: especialmente en lo atinente al tema de la interpretación regional del conflicto armado en Centro América y el papel de los Estados Unidos en la conclusión de los mismos, así como aspectos teóricos y comparativos de otros procesos de transición operados en la misma época en Latinoamérica.

Por otro lado, podemos referir, tal y como se observa en la sección final de este trabajo, bibliografía, muchas fuentes de primera mano que nos sirvieron para comprender el curso de los acontecimientos (cartas, informes sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala y otras publicaciones de la época, memorias personales, memorias oficiales del Tribunal Supremo Electoral y las propias memorias de la Asamblea Nacional Constituyente). Especialmente valioso es el conjunto de leyes políticas que fueron fotografiadas, transcritas y la paciente revisión hemerográfica y posterior digitalización de todas las noticias o editoriales que se referían a materia política durante el periodo comprendido entre marzo de 1982 a enero de 1986. Los dos periódicos consultados fueron el diario Prensa Libre y el semanario Inforpress Centroamérica. Igualmente importante fue la consulta bibliográfica que se hizo en las siguientes materias: bibliografía sobre historia política del país, informes de las comisiones de la verdad, bibliografía sobre filosofía política y derecho constitucional, bibliografía sobre metodología de las ciencias sociales y epistemología. Esperamos que la lectura del presente informe sea agradable al lector, pero particularmente que sea útil para el análisis crítico de las instituciones jurídicas y políticas del país; la ciencia, creemos, debe estar políticamente posicionada, pues partimos del principio que la ciencia concebida como un ejercicio de mera erudición es inútil.

CAPÍTULO I CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS REGÍMENES MILITARES EN GUATEMALA, 1982 A 1986 1.1 Agotamiento del sistema político Desde la construcción del Estado moderno durante la Reforma Liberal de 1871, la lógica política, en materia electoral, de quienes han detentado el poder en Guatemala ha estado hilvanada por al menos dos patrones aparentemente contradictorios: por un lado, por la creación y existencia de un sistema político electoral liberal en su forma y, por otro, por la negación casi absoluta del ejercicio pleno de los derechos y deberes que de ello se derivan para la mayoría de la población, a la que rampantemente denominan ciudadanía. Es decir, que a los amplios sectores subordinados, el sistema les provee el derecho-obligación de elegir1 a la misma vez que les imposibilita el derecho a ser electos. Lo anterior significa, digámoslo de una vez, que en Guatemala existe una democracia formal más que secular, por cuanto todos los regímenes se han preocupado por mantenerla, pero que en la práctica, a través del sufragio, solamente ha significado un mecanismo de legitimación de proyectos políticos económicos elaborados desde arriba, por las élites.2 O, dicho de otra manera, es posible elegir sin que haya opciones, reales o formales. En este orden de ideas, para nosotros el mes de marzo de 1982 es un punto clave para comprender la historia política reciente del país. Sin romper con la lógica anteriormente esgrimida, en ese momento histórico el sistema electoral normalmente aceptado se vuelve inoperante y es parcialmente cuestionado por parte de los mismos grupos que tradicionalmente lo usufructuaron. Así, resultó ser el eslabón más débil y de su desgaste surgió una reorientación de la política contrainsurgente entonces operante. ¿Qué posibilitó que ello sucediera? Como cada cuatro años desde 1966, en marzo de 1982, la población guatemalteca acudió a las urnas para las elecciones generales convocadas (para los cargos de presidente y vicepresidente, diputaciones al Congreso de la República y alcaldías municipales). Sin embargo, este evento electoral estaría marcado de manera contextual por dos condiciones imperantes e íntimamente ligadas, llevadas a sus extremos: la violencia política y la amenaza latente del fraude electoral. 1.1.1 El contexto político social de las elecciones de marzo de 1982 a) La violencia política extrema

1 El sufragio universal para las mujeres se alcanzó hasta el año de 1956. 2 Aunque no es nuestro principal objeto de estudio, podemos señalar que la historia constitucional nacional es un claro ejemplo de ello. Veamos algunos ejemplos. En diciembre de 1879 se promulga la Ley Constitutiva de la República de Guatemala, la que regiría hasta noviembre de 1944, cuando fue abrogada por la Junta Revolucionaria de Gobierno. Esta carta magna rigió la vida política del país durante más de 60 años, abarcando por consiguiente a tres de las más representativas dictaduras liberales (Barrios, Estrada Cabrera y Ubico) y fue reformada un total de diez veces, en la mayoría de los casos atendiendo a intereses caudillistas de elección (Barillas en 1885 y 1887), de reelección (Reyna Barrios en 1897) o de múltiples reelecciones (Estrada Cabrera en 1903 y Ubico Castañeda en 1935 y 1941). Después, sobreviene la honrosa excepción del periodo de la Revolución de Octubre. De allí, a partir de la Constitución de 1956, manteniéndose en la de 1965, incorporando restricciones directas a ideologías concretas. Cfr. Corte de Constitucionalidad, Digesto Constitucional. Guatemala, 2005.

“Tensión” es una palabra muy parca para caracterizar el ambiente político que se vivía previo a las elecciones del 7 de marzo de 1982; sin embargo, es el calificativo que los medios de comunicación y los grupos de poder transmitían y utilizaban. Quizás, la categoría analítica que mejor califique al período estudiado, en sentido amplio, sea “Terror”, entendido como esa práctica de clase constante en la historia guatemalteca, producida y reproducida por el ejercicio absoluto del poder a favor de una pequeña élite dominante y sus aliados privilegiados, a veces dirigentes, a costa del grueso de la población.3 Hacia 1982, el país estaba sumido en la fase más álgida del conflicto armado interno, por lo que “la guerra y las elecciones hacían que lo militar y lo político se conjugaran”4 como nunca antes en la historia nacional: “[e]n el Gobierno de Lucas García (1978-82), la estrategia contrainsurgente se concentró en eliminar al movimiento social tanto urbano como rural…”.5 En su segunda conclusión final, el I Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la República de Guatemala, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirma, en octubre de 1981, que: “[s]i bien el número de víctimas producido por esa violencia [se refiere a la violencia política imperante en el país] ha alcanzado a todos los sectores de la sociedad… no cabe duda alguna que ella ha afectado mayormente a los dirigentes de los partidos políticos de la oposición, a sindicalistas, sacerdotes, abogados, periodistas, profesores y maestros, así como a los miles de campesinos e indígenas que han sido asesinados.”6 El Informe Guatemala Nunca Más afirma que “las ofensivas militares [en El Quiché y Las Verapaces] … después de marzo de 1982 pueden considerarse como parte de la ofensiva global contra la zona del altiplano central, muestran claramente cómo la violencia fue pasando de asesinatos selectivos en 1980 y 1981, a matanzas masivas – en los últimos meses de 1981 y durante 1982 – en las que el Ejército obligó a participar a una parte de la población.”7 Tómese en cuenta que las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) fueron implementadas en el área del altiplano a partir de septiembre de 1981, tarea a cargo del Jefe del Estado Mayor del Ejército, General Benedicto Lucas García, hermano del presidente de turno. En cuanto a las zonas urbanas, el ambiente de terror era tan intenso que Virgilio Álvarez asegura que “[e]l año de 1980 fue en realidad el peor año que la Universidad guatemalteca haya vivido en su historia. Nunca antes había perdido tantos profesores y estudiantes…”8 3 Cfr. Para un estudio más sólido del tema recomendamos la obra de Carlos Figueroa Ibarra, “El recurso del miedo. Ensayo sobre el Estado y el Terror en Guatemala”. San José, Costa Rica, Educa, 1991.

4 Francisco Villagrán Kramer, Biografía política de Guatemala. Volumen II. Años de guerra y años de paz. Guatemala, FLACSO, 2004. P. 236. 5 Comisión de Esclarecimiento Histórico, Guatemala, Memoria del Silencio. Tomo I. Guatemala, 1999. P.183 6 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, I Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la República de Guatemala. Washington, D. C., EUA, Organizaciones de Estados Americanos, 13/10/1981. El documento se encuentra íntegro en: http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala81sp/indice.htm

7 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG). Informe: Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, Guatemala Nunca Más. III Tomo: El Entorno Histórico. Guatemala, 1998. Pág. 188. 8 Virgilio Álvarez Aragón, Conventos, Aulas y Trincheras. Universidad y movimiento estudiantil en Guatemala. Volumen II: El sueño de transformar. Guatemala, FLACSO – IIHAA, 2002.

Y así, podríamos seguir citando numerosos testimonios documentales y bibliográficos que demuestran, inclusive estadísticamente9, el grado de terror que la violencia política alcanzó durante la época;10 y, como referíamos líneas arriba, en ese contexto la población debió acudir a votar. La violencia, pues, era percibida como un factor negativo determinante en el desarrollo del proceso eleccionario. En una columna publicada en un diario matutino, el periodista Álvaro Contreras V. aduce que no era posible asegurar si el día de las elecciones sería tranquilo o borrascoso, pero que ciertamente “miles de ciudadanos decidirán en las urnas y en un clima de inseguridad y de temor, sin precedentes en la historia, el destino de Guatemala.”11 El mismo periodista anteriormente citado fue secuestrado días después por un comando urbano del Partido Guatemalteco del Trabajo – Comité Central – (PGT-CC). Para su rescate, la agrupación clandestina exigió la publicación de un comunicado en el que calificaba a los próximos eventos electorales como una farsa: “un proceso de imposición que pretende legitimar la opción de la ‘solución’ militar a la profunda crisis que afecta todo el país.”12 En el citado documento, el PGT señala que todas las opciones electorales que se imponían a la ciudadanía eran aliadas, directamente o no, de la contrainsurgencia, considerando que para 1982 la gran mayoría de personajes importantes de la izquierda democrática y del centro reformista ya habían sido eliminados física o virtualmente del espectro político nacional. En tal sentido, el manifiesto concluía haciendo un llamado público a no votar y en el peor de los casos a votar nulo. Por su parte, la preocupación por el desarrollo de los comicios también embargaba a las organizaciones empresariales. A tono con su concepción política, el 2 de marzo de dicho año, varias decenas de asociaciones y empresas privadas, publicaron un Manifiesto Cívico13 en el que exhortaban al pueblo guatemalteco, al que califican, entre otros epítetos, de ser “por tradición y herencia cultural… convencido defensor del ideal democrático de gobierno”, para que asistiera a las urnas y de esa manera determinara el cambio de poderes dentro del marco institucional establecido. Este documento no desaprovecha la oportunidad para condenar a la “violencia subversiva y al terrorismo” como causantes del deterioro de la situación nacional. Fue en este contexto que el Ejército de Guatemala (EG) se comprometió públicamente a dar seguridad al proceso electoral, específicamente al traslado de las urnas y de las personas votantes. Para los sectores en mención, era difícil determinar si dicho ofrecimiento constituía más bien un alivio o una amenaza. De hecho, como señalaron algunos medios, en algunas regiones del “occidente”, el ejército ya había montado operativos que restringían la libre locomoción de las personas sin que hubiera

9 Cfr. Carlos Figueroa Ibarra, Los que siempre estarán en ninguna parte. La desaparición forzada en Guatemala. México, D. F., 1999. 10 Cfr. Mario Payeras. El trueno en la Ciudad. 3 Ed., Ediciones del Pensativo, Antigua Guatemala, Guatemala, 2006); Ricardo Falla. Masacres de la Selva. Ixcán, Guatemala (1975 – 1982). Editorial Universitaria, Guatemala, 1992. 11 Alvaro Contreras Vélez. Hoy se inicia la cuenta para el cuento de las elecciones. Columna: Cacto. Prensa Libre (PL), Pág. 10, 1/3/1982. 12 Declaración Pública de la Comisión Política del Comité Central del Partido Guatemalteco del Trabajo en ocasión de la farsa electoral del 7 de marzo de 1982. PL, Pág. 4, 6/3/1982. 13 Manifiesto Cívico. PL. Pág. 14, 2/3/1982 (nuevamente publicado los días 4 y 5 de igual mes y año).

disposición legal conocida al respecto.14 O sea, pues, que para la clase política y empresarial, el temor por la violencia solamente era comparable con el temor por el fraude electoral. b) La amenaza latente del fraude electoral El máximo garante del mantenimiento del sistema político económico imperante era, evidentemente, el EG; y, su principal detractor el movimiento insurgente (categoría poco clara, más bien una abigarrada mezcla entre movimiento insurgente propiamente dicho y todo movimiento social de oposición: democrático, reformista, popular, etc.). Pero en este caso específico, el panorama era mucho más complejo: había una contradicción profunda en el seno de los sectores que tradicionalmente habían compartido el poder a través de las reglas electorales existentes. El documento de los empresarios, recién citado, concluye con dos demandas concretas: [Primera] QUE ESTE PROCESO SEA LIBRE DE VICIOS Y QUE SE REALICE PACÍFICA Y DEMOCRÁTICAMENTE, EN UN ÁMBITO DE LIBERTAD Y CONFIANZA; Y, [Segunda] QUE LA VERDADERA VOLUNTAD DEL PUEBLO… SEA RESPETADA POR TODAS LAS AUTORIDADES Y POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS CONTENDIENTES.15 La primera demanda bien puede comprenderse dentro del ámbito general de la violencia política que atravesaba el país. Sin embargo, la segunda demanda no está, ni podría estarlo, dirigida a las organizaciones que abiertamente se opusieron a las elecciones. Era, ante todo, un llamado urgente a todos los sectores involucrados de lleno en dicho proceso. El fraude electoral en la Guatemala de 1982 era perfectamente posible y predecible, había ya recorrido un trecho considerable en ese sentido. Dicha situación fue evidente y vociferada en 1974 y en 1978. En ambos casos, la oposición organizó marchas durante algunos días o publicó manifiestos que condenaban el hecho, aplicó medidas legales para impugnar los resultados, etc., pero nunca pasó a más. En cambio, para esta ocasión, el clima de desconfianza entre los propios actores políticos tradicionales alcanzó niveles máximos. Prueba de ello es que se tomaron distintas medidas para garantizar el buen término del evento (insistimos, no dirigidas contra la subversión). Por ejemplo, con el propósito “de recopilar datos fidedignos e informar a la ciudadanía en forma veraz y constante los resultados… [por televisión y demás medios de comunicación]” se creó ELECTORAMA 82, conformada por periodistas de distintas organizaciones y medios, nacionales e internacionales, así como por profesionales de otros colegios profesionales16. También está el caso del candidato presidencial de la Unión Opositora (UO), conformada por los partidos Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) y por el Partido Nacional Renovador (PNR), quien declaró que su organización “controlará cualquier maniobra fraudulenta que intente el oficialismo… y estará informando al Ejército de cualquier acción ilegal, para que la institución armada no se vea involucrada…”17

14 Severas medidas de seguridad para elecciones. Inforpress Centroamérica (ICA), No. 483, P.7, 4/3/82. 15 Op. Cit. Manifiesto Cívico… 16 Sectores cívicos organizan una entidad de información electoral. PL, Pág. 4, 2/3/1982. 17 Maldonado Aguirre: “No dejaremos que nos hagan fraude”. PL, Pág. 4, 3/3/1982.

En el citado comunicado del PGT, ya se había señalado de forma clara que para las facciones tradicionales en el poder, este proceso era asumido en medio de múltiples contradicciones, siendo la principal la de tener que mantener el sistema de prebendas y distribución de cuotas de poder en medio de una álgida confrontación armada, muy costosa económica, política y socialmente hablando, liderada por una camarilla civil – militar (el conjunto Lucas García – Álvarez Ruiz). Pero, también exponía que las contradicciones se amplían al seno mismo de las alianzas y composiciones dentro de los bloques de poder, por lo que era dable esperar cualquier tipo de acciones antidemocráticas durante las elecciones: “el soborno, los atentados, el chantaje, las imputaciones, los chanchullos y las amenazas de todo tipo…”18 1.1.2 Las elecciones generales de marzo de 1982 a) Las elecciones y sus resultados En medio de este clima de violencia y recelo, cuatro candidatos compitieron por alcanzar el máximo puesto de dirección política en el país:  el Ministro de la Defensa del régimen de turno, General Aníbal Guevara, postulado por la coalición oficial, denominada Frente Democrático Popular (FDP) conformada por el Partido Revolucionario (PR), por el Partido Institucional Democrático (PID), y, por el Frente de Unidad Nacional (FUN);  el líder histórico del anticomunismo guatemalteco, Mario Sandoval Alarcón, postulado por la ultraderecha guatemalteca, el partido Movimiento de Liberación Nacional (MLN);  el reconocido jurista, Alejandro Maldonado Aguirre, respaldado por la UO, conformada por la DCG y por el PNR; y, finalmente,  el arquitecto Roderico Anzueto Vielman, postulado por el partido Central Auténtica Nacionalista (CAN). En el espectro ideológico, por sus planteamientos políticos, económicos y sociales, a los cuatro candidatos se les podía situar en el terreno de centro derecha (UO), derecha o ultra derecha (PR-PID, CAN, MLN)19, pues ninguno de ellos plantea cambios al status quo y todos ellos, en cambio, ofrecían contener al movimiento insurgente (sin cuestionar el papel del EG).20 Como ya se indicó, las elecciones se llevaron a cabo el domingo 7 de marzo de 1982.21 Algunos personajes políticos importantes calificaron el proceso llevado como una muestra popular de adhesión a la democracia. El líder histórico de la democracia cristiana guatemalteca, René de León Schlloter, elogió la afluencia masiva de la población; en tanto que el ministro de Gobernación del luquismo, Donaldo Álvarez Ruiz, argumentó que el voto significó la toma de conciencia del pueblo de que la paz solamente se podía alcanzar por la vía de las elecciones.22 También, son importantes las declaraciones 18 Op. Cit., Declaración Pública de la CP del PGT… 19 Confianza en las próximas elecciones, el pueblo pide el retorno de la paz. Revista Interamericana Visión, Vol. 58, No. 4. Publicado en PL, Pág. 57, 5/3/1982. 20 Para un análisis más profundo sobre el espectro electoral de la época, el artículo “Congreso declara: Guevara Presidente”, en ICA, No. 485, Págs. 1 a 3, 18/3/1982. 21 Según los datos estadísticos oficiales y los pronósticos que circularon, el total de electores para marzo de 1982 fue de 2,355,064, un 29% más que en 1978. De ellos, se estimó que votaría solamente un millón de personas (se estimaba un abstencionismo cercano al 58%). Op. Cit., Severas medidas de seguridad, ICA. 22 Plebiscito contra la violencia. PL, Pág. 6, 8/3/1982.

de Walfre Orlando del Valle Mérida, director del Registro Electoral, quien calificó al proceso como una “fiesta cívica… [respuesta popular] a un deber moral y constitucional.”23 Más optimista aún fue la posición del gobierno de la República, quien afirmó en boletín oficial que las recientes elecciones era “una muestra de ‘civismo’ y de ‘auténtica vocación democrática de la población guatemalteca y del rechazo más claro de la pretensión comunista de dominar el país’… [lo cual] ‘colocó a Guatemala como un paradigma de la democracia basada en la libertad y el ejemplo de un sistema político, donde el poder reside en el pueblo y éste lo ejerce a través de la institución básica del sufragio.”24 Por otra parte, durante la noche misma de la elección, la autoridad electoral empezó a dar declaraciones sobre los resultados parciales de las elecciones. Mediante cadena informativa de radio y televisión, Héctor Augusto Villatoro, secretario del Registro Electoral, informó que el oficialismo iba en primer lugar, en tanto los restantes partidos le seguían de la siguiente manera: UP, MLN y CAN, tendencia que se mantuvo durante la madrugada.25 Las reacciones adversas a los resultados preliminares no se hicieron esperar, pues de inmediato voceros de los partidos políticos manifestaron “extrañeza” e incluso señalaron acciones concretas que consideraban anómalas en cuanto al proceso de conteo de votos26. Sin embargo, los resultados electorales finales fueron dados a conocer, de manera oficial, hasta el 10/3/1982. Según el Consejo Electoral, máxima autoridad en la materia, se computaron un total de 1,079,392 votos, correspondientes al 45.8% de votos posibles, por lo que se registró un abstencionismo de 54.2%, similar al de 1974. El total de votos alcanzados por cada partido fue el siguiente: FDP (PRPID-FUN), 379,051, 35.1%; MLN, 275,487, 25.5%; UO (DC-PNR), 221,810, 20.6%; CAN, 99,047, 9.2%; y, Nulos (no específica si incluye votos en blanco), 103,997, 9.6%.27 b) El fraude electoral Como ya se indicó, los señalamientos de anomalías y vicios del proceso electoral dieron inicio durante la noche misma de las elecciones, y procedieron de todos los partidos de la oposición. Sin embargo, las acusaciones fueron subiendo de tono.

23 Director del Registro dice que la elección fue una fiesta cívica. PL, Pág. 6, 8/3/1982. 24 Elecciones del domingo provocan complacencia en el actual régimen. PL, Pág. 35, 9/3/1982. 25 Guevara aventaja en elección presidencial. PL, Pág. 2, 8/3/1982. 26 Por ejemplo, la UP informó que la Empresa Guatemalteca de Telecomunicaciones (Guatel) se estaba demorando malintencionadamente en proporcionar la información de los resultados electorales en aquellos lugares en donde no había triunfado el oficialismo. Proceder anómalo en Guatel denunció Maldonado Aguirre. PL, P.2, 8/3/1982. Entre otras, se refirió a interrupción en líneas de comunicación de la oposición y el monopolio de la información por parte del gobierno mediante las cadenas de radio y televisión. Maldonado pide que cese la limitación a todas las informaciones electorales. PL, Pág. 6, 9/3/1982. 27 Controversial victoria del FDP. ICA, No. 484, Pág. 1, 11/3/1982. En cuanto a los resultados electorales para la Alcaldía del Municipio de Guatemala, el triunfo le correspondió al candidato de la UO, Álvaro Arzú Irigoyen, siguiéndole el candidato, ingeniero José Ángel Lee Duarte. Unión Opositora triunfó en la Capital. Ganó la alcaldía capitalina, presidencia y diputaciones. PL, Pág. 4, 9/3/1982.

Por ejemplo, dos días después de los comicios, la UO anunciaba ya que su candidato, el licenciado Maldonado Aguirre, era el verdadero ganador y acusó directamente a las autoridades electorales de haber distorsionado los resultados en beneficio del candidato oficial. Su información se basaba en las tendencias electorales registradas por sus partidarios en múltiples departamentos, principalmente del occidente y suroccidente del país. Según éstos, a dicha organización le correspondía al menos el 36% de votos válidos, habiendo decrecido súbitamente conforme se fueron revelando datos oficiales.28 Para el candidato del CAN, los resultados electorales eran inaceptables porque “[h]ubo anomalías, presiones, amenazas, grupos armados, grupos de enmascarados robando urnas, pasando frente a las autoridades…”29 Por su parte, un alto dirigente del MLN, aseveró que “[p]arte del manipuleo de las recientes elecciones ha consistido en la ocultación de datos, rotura de telegramas, destrucción de actas, robo y quema de urnas…”30 Mas, el MLN se cuidó de realizar sus acusaciones pues en general aseguró que dichas anomalías no provinieron del Ejército ni del Presidente sino de funcionarios menores. Al mismo tiempo, los representantes de los partidos MLN y DCG ante el Consejo Electoral, anunciaron el retiro de sus puestos, tras manifestar que se estaba fraguando un fraude. El argumento principal era que los reportes de las juntas municipales electorales provenientes de las zonas consideradas conflictivas estaban llegando rápidamente y eran favorables al oficialismo en tanto los datos de las zonas más accesibles, cercanas a la Capital tardaban, sospechosamente, más tiempo en llegar y en ser computadas.31 Luego, se publicaron denuncias más concretas: coacciones a jubilados indicándoseles que no se les pagaría si no votaban por el partido oficial, boletas que se entregaban ya marcadas en Escuintla e incluso la no entrega de papeleta al votante.32 En su defensa, el candidato oficial declaró que hacer fraude electoral era sumamente difícil por lo que lo descartaba, arguyendo que dichas acusaciones provenían de mucho tiempo atrás a las mismas elecciones, coincidiendo con el inicio mismo de su candidatura.33 También, los partidos oficiales, en la fiesta de celebración del triunfo electoral de su candidato, hicieron un llamado al “pueblo de Guatemala” a “mantener la cordura y serenidad”.34 A fin de cuentas, el mismo día que se publicaban estas declaraciones, un campo pagado del FDP, coalición oficial, anunciaba que el “GENERAL ANÍBAL GUEVARA [era el]… ¡PRESIDENTE ELECTO! 1982-1986…”. Al tercer día de los comicios, al tenor de las acusaciones de fraude, ya se hablaba de un frente conjunto entre los partidos de la oposición para exigir la nulidad del proceso. Se planteó agotar primero las instancias jurídicas establecidas para el efecto y como último recurso el llamado a una manifestación pública. El anterior pronunciamiento provino de Sandoval Alarcón, candidato presidencial del MLN. Sin embargo, para Villagrán Kramer, “las condiciones requeridas para el golpe de Estado estaban dadas

28 DC y PNR aseguran que su candidato es el verdadero ganador del domingo. PL, Pág. 6, 9/3/1982. 29 CAN tampoco acepta resultados oficiales. PL, Pág. 12, 9/3/1982. 30 Aragón Quiñónez: Hubo rotura de telegramas y actas, manipuleo de datos y robos de urnas. PL, Pág. 8, 9/3/1982. 31 Fuentes y Cerezo renuncian del consejo electoral. PL, Pág. 7, 9/3/1982. 32 Unión Opositora anuncia más anomalías. PL, Pág. 4, 10/3/1982. 33 Es difícil hacer fraude: Guevara. P.6, 9/3/1982. 34 Revolucionarios Azul y Blanco hacemos un llamamiento a la cordura: Faillace. PL, P6, 9/3/1982.

[refiriéndose precisamente a la dirigencia del MLN]. Bastaba que se dijera que el candidato oficial había triunfado y que así lo dijese el Gobierno. Nada de recuento de votos ni de recursos legales.”35 Coincidimos con la anterior afirmación, en la medida que no se registró, que se hayan interpuesto los recursos legales pertinentes. Efectivamente, según la legislación electoral entonces vigente, la solicitud de anulación del proceso eleccionario, cuando era parcial, se debía remitir a la autoridad electoral durante el término de 24 hrs. posteriores a la efectuación del proceso; y, cuando era total, en el plazo de 8 días. Evidentemente, dicha solicitud debía acompañarse de los medios probatorios idóneos.36 En cambio, sí se registraron numerosas acciones publicitarias y encendidos discursos, los cuales fueron bajando de tono conforme pasaban los días y se acercaban a su desenlace el 23 de marzo. Entre las actividades conjuntas de lo que, tiempo después, dio en denominarse Frente de Partidos Políticos contra el Fraude, o Frente Antifraude, se proyectó una manifestación pacífica el día 9 de marzo, cuyos efectos y resultados veremos en breve. De igual manera, los candidatos de la oposición apelaron a las fuerzas armadas y al presidente de la República para que intervinieran. El mismo día de la manifestación convocada, los tres candidatos a vicepresidentes de la oposición acudieron ante el Ministro de la Defensa Nacional, Gral. Mendoza Palomo, para denunciar su inconformidad y las anomalías señaladas.37 La respuesta castrense fue enfática en asegurar que en tanto institución había cumplido con su deber constitucional de brindar seguridad y en general de haber cumplido todas las instrucciones dirigidas por el Presidente de la República. Señaló que el atraso en el traslado de urnas electorales se debió a condiciones impuestas por la violencia y por condiciones climáticas.38 Con ello, el alto mando del Ejército (dicha declaración la hizo en conjunto con diversos altos funcionarios de gobierno y de la institución armada misma), declaraba su respaldo al régimen – y por ende al oficialismo – y remitió las actuaciones de impugnación al plano legal, señalando las vías establecidas. Las acusaciones alcanzaron al Congreso de la República (CRG), quien se declaró en receso durante el evento electoral. Según Maldonado Aguirre, ello ocurrió porque era una estrategia para preparar el fraude. El presidente del Organismo Legislativo (OL), diputado oficialista Jorge Bonilla López, rechazó tales acusaciones argumentando que la institución que representa obró de manera imparcial y que se reuniría de nuevo para cumplir con sus funciones, entre otras la elección en segundo grado del presidente entre los dos candidatos con mayor votación alcanzada, y seguidamente declarar la validez de las elecciones y proclamar al candidato vencedor.39 Como se observa en las líneas precedentes, las aclamaciones de fraude, excluida la acción legal a través de procedimientos administrativos, no encontraron eco en las instancias oficiales (autoridad electoral, gobierno de la República, EG y CRG), por lo que poco restaba a la oposición para actuar dentro del orden político electoral tradicional. Al contrario, de allí en adelante, los medios oficiales iniciaron una serie de declaraciones en las que abierta o veladamente señalaban que fue en los anteriores procesos electorales en los que sí se cometieron fraudes electorales. Ello era una clara alusión, especialmente, al MLN, quien desde 1974 35 Op. Cit., Biografía política de Guatemala, Pág. 236. 36 Las nulidades electorales. PL, Pág. 2, Nota de actualidad, 10/3/1982. 37 Vicepresidenciables hablaron con Mendoza Palomo. PL, Pág. 35, 9/3/1982. 38 Ejército cumplió a cabalidad, expresa Ministro de la Defensa. PL, Pág. 3, 10/3/82. 39 Bonilla López rechaza acusación de Maldonado. PL, Pág. 3, 10/3/1982.

había sido señalado de participar en maniobras similares.40 Esta es una prueba más de la afirmación que hemos venido haciendo en el sentido que en su respectivo contexto lo que se está evidenciando es una pugna entre facciones políticas, todas ellas representativas de la derecha guatemalteca: [o]bservamos con mucha pena como la multitudinaria concurrencia a las urnas electorales … [participó] … con valentía, fervor democrático y rechazo a los llamados del comunismo internacional … [y, cuya fiesta cívica ahora] … se ha visto desafortundamente ensombrecida por el TRISTE ESPECTÁCULO que están brindando ante el mundo los dirigentes de los partidos que van perdiendo la elección … [y] … han recurrido a burdas mentiras y calumnias…41 Pero, el punto álgido del asunto se alcanzó con los incidentes ocurridos por la tarde del día martes nueve de marzo, durante la marcha de protesta encabezada por los candidatos opositores. Durante la misma, personalmente se dirigieron al Palacio Nacional para entregar un documento conjunto al Presidente Lucas García, solicitándole que interviniera ante el Congreso de la República y que éste declarará la nulidad de las elecciones.42 Sin embargo, la caminata proveniente de un conocido hotel situado a pocas cuadras del lugar de destino, fue detenida por el Pelotón Modelo de la Policía Nacional. Por órdenes del Ministro de Gobernación, los candidatos presidenciales fueron detenidos y conducidos, argumentando su protección, en bus a las instalaciones del Segundo Cuerpo de la Policía Nacional (PN), y posteriormente trasladados a la residencia de uno de ellos. Durante dicha concentración, la PN operó también en contra de manifestantes y reporteros.43 Además, las fuerzas policiales ocuparon el salón en el que se encontraban reunidos los candidatos a vicepresidentes y otros simpatizantes de los partidos de oposición, lugar del que partió la manifestación. Allí permanecieron al menos cuatro horas acordonados por los policías.44 Al respecto, en conferencia de prensa, el gobierno fijó su posición de respaldo al proceso electoral y sus resultados favorables al FDP y amenazó que quienes “alteren el orden serán reprimidos con energía…”45 A pesar de la virulenta riña entre el oficialismo y la oposición, esta crisis debe ser comprendida en su cabal magnitud. Evidentemente, como ya hemos dicho, refleja una crisis interna entre los distintos sectores de la arena política de la derecha nacional y en definitiva llevará directamente al desgaste del sistema político electoral tal y como había sido concebido y como había funcionado las últimas dos décadas. Pero en ningún caso provocó entusiasmo o apoyo de sectores distintos a los implicados. Según concluimos de la revisión hemerográfica efectuada a todo el proceso y del preciso análisis publicado por Inforpress Centroamérica,46 la detención a los candidatos los minimizó pues desarticuló las protestas, en sí débiles, que se llevaban a cabo. Ni siquiera hubo una respuesta masiva al llamado 40 Esta vez no votaron los muertos, dice el Presidente del Consejo. PL, Pág. 4, 10/3/1982; también, Op. Cit., Controversial victoria del FDP, ICA. 41 Manifiesto al pueblo de Guatemala. PL, Pág. 7, 10/3/1982. Lo firman: PR, PID y FUN (el FDP). 42 Reiteran petición de nulidad. Candidatos a presidencia firmaron documento ayer. PL, Pág. 4, 10/3/1982. 43 Candidatos detenidos una hora. PL, Pág. 10, 10/3/1982; Es un atropello único en la historia del país, comentan. PL, Pág. 10, 10/3/1982; Periodista de la ABC golpeado en bochinche. PL, Pág. 10, 10/3/1982. 44 Candidatos a la vicepresidencia encerrados cuatro horas en el Ritz. PL, Pág. 11, 10/3/1982. 45 Gobierno rechaza acusación de fraude. PL, Pág. 5, 10/3/1982. 46 Las presentes reflexiones se encuentran detalladas en el artículo, Op. Cit., Congreso declara: Guevara presidente… ICA.

que la oposición conjunta hiciera para que la ciudadanía se volcara a las calles de la Ciudad a repudiar el mencionado fraude, reflejando con ello su poca base popular. Además, el llamado a la unidad de la oposición fue frágil y en realidad no tenía futuro de prosperar pues era incoherente en sus planteamientos. Por ejemplo, de parte de la UO se planteó que el bloque de candidatos (salientes y entrantes) de la oposición renunciara en conjunto para crear un vacío de institucionalidad, lo que obligaría al gobierno a convocar a nuevas elecciones. Sin embargo, los distintos partidos reaccionaron en desigual forma: Álvaro Arzú (candidato del propio PNR), alcalde capitalino electo no renunció; días después, el CAN renunció al frente antifraude y sus diputados en el CRG votaron en la elección de segundo grado a favor de Guevara; etc. Finalmente, recordemos que en el contexto político al que nos venimos refiriendo, continuar con la lucha porque anularan las elecciones implicaba pelear contra el gobierno y por tanto contra el EG – el único garante y mediador de los partidos políticos frente a la guerrilla –, pues muchos generales tenían intereses puestos en aquél. c) El desenlace de las elecciones Ante la situación de no haber un candidato con la mayoría de votos necesaria para ser declarado electo de manera directa, la arena política se trasladó al Congreso de la República. Esta sería la quinta vez consecutiva (anteriormente para las elecciones generales de 1966, 1970, 1974, 1978) que dicho organismo tendría que decidir mediante mayoría relativa a quién de los dos candidatos mayoritarios le correspondería la titularidad del cargo de Presidente de la República. Para entonces, la cámara legislativa se conformaba de 62 curules distribuidas de la siguiente manera: 21 pertenecientes al MLN, 3 a la CAN, 2 a la DCG, 18 al PID, 9 al PR azul y blanco, 7 al PR, y, 1 independiente.47 Con lo anterior, el oficialismo, alcanzaba más de los 33 votos requeridos para otorgar el triunfo a su candidato (el Gral. Aníbal Guevara). Tan pronto como el 13 de marzo de aquél año, la bancada emelenista en el CRG renunció al escrutinio que realizaba el cuerpo legislativo, y su máximo líder, Sandoval Alarcón, se inhibía de participar como candidato postulado para elección de segundo grado. Por fin, dos días después, apareció en primera plana de un matutino capitalino que el MLN desistía de realizar cualquier tipo de manifestaciones públicas. Sin duda alguna, la suerte estaba echada. El 14 de marzo, el CRG ratificó el triunfo de Guevara tras el escrutinio que se realizara. Seguidamente procedió a efectuar la elección de segundo grado, en la que se otorgó la presidencia al candidato oficial, con 39 votos a favor en un quórum de 52 diputados.48 Así pues, el golpe de estado apareció como la solución necesaria ante la crisis institucional: “ni en el Gobierno, ni en la oposición, ni en el Ejército había interés en verificar y analizar los resultados electorales a fin de negociar una solución.”49

47 Congreso tendrá, por quinta vez consecutiva, que elegir presidente. PL, Pág. 2, 8/3/1982. El análisis que hace de la distribución de las curules es inexacto por cuanto la sumatoria de las mismas arroja un resultado de 61, habiéndose omitido una. 48 Congreso confirmó anoche a Guevara. PL, Pág. Pág. 4, 14/3/1982. En dicha reunión, la DCG no participó y los once votos con que contó el MLN fueron nulos. 49 Op. cit. Biografía Política de Guatemala, Pág. 244.

1.2 Los golpes de estado de marzo de 1982 y agosto de 1983 1.2.1 Los golpes de estado En Guatemala, el modelo de democracia instaurado en 1986 no nació de la guerra, es decir del fin de la conflagración interna que azotó el país, sino más bien en la guerra, en su seno, como componente de dicha dinámica y con la racionalidad propia que la violencia extrema le imprimió.50 Además, esta guerra, esta violencia y está racionalidad indicadas tienen una característica fundamental, ser contrainsurgentes. Desde los orígenes del conflicto armado la contrainsurgencia se instaló directa o indirectamente en la casi totalidad de relaciones sociales del país, entre las cuales ocupan un lugar preponderante aquéllas generadas en la esfera de la vida política. El proyecto contrainsurgente se fue perfeccionando hasta convertirse en una auténtica máquina del terror durante el régimen luquista. La identidad entre política y contrainsurgencia se hace mucho más evidente durante las dictaduras militares de los años ochentas, es decir, a partir del golpe de Estado de marzo de 1982, cuando las fuerzas armadas asumen sin ambages y en nombre propio el control de los poderes legislativo y ejecutivo, y hasta la entrega voluntaria del aparato gubernamental de los militares a los civiles representados por la DCG en enero de 1986. El golpe de Estado de marzo de 198251 puede ser abordado desde dos puntos de vista, uno general y mediato y otro particular e inmediato. Desde el punto de vista general, es necesario considerar el desarrollo militar de la guerra en una amplia proporción del territorio nacional. Para inicios de 1982, el desenlace de la misma aún era bastante incierto. De dicha cuenta se hacía necesario garantizar la victoria a través del manejo eficiente de todos los recursos disponibles para combatir a la guerrilla, aunque en la práctica ello significó combatir no solamente a la insurgencia armada (produciéndose 50 Para un análisis más amplio y detallado de ello, véase Manolo Vela Castañeda, Masas, armas y élites. Guatemala, 1820-1982. Flacso, Guatemala, 2008. Particularmente, el tercer ensayo que compone la obra, titulado: Guatemala, 1982: el corazón del orden burgués contemporáneo. 51 El 23 de marzo de 1982 un grupo de al menos 900 oficiales del ejército participó en un movimiento armado tendente a derrocar al gobierno al Gral. Lucas García y con él a su guardia pretoriana compuesta por militares de alto rango y civiles enquistados en altos puestos del gobierno, ligados casi todos a los últimos tres periodos presidenciales. El gobierno derrocado no opuso mayor resistencia y a las 15.30 hrs. el relevo ya se había consumado. En su planificación se involucran oficiales de distintos grados y políticos asociados al MLN. La dirección del nuevo gobierno fue confiada a una Junta Militar de Gobierno (JMG) integrada y conducida por el General Efraín Ríos Montt por su fachada populista y por los también generales Maldonado Schaad y Gordillo. Estos dos últimos fueron vinculados con el régimen depuesto. La JMG operó hasta el 9 de junio del mismo año, cuando sorpresivamente se oficializó su renuncia de la misma (hecho conocido como el “mini golpe”) y se concentró el poder en las manos de Ríos Montt quien fue proclamado Presidente de la República. Lo anterior fue interpretado como una recomposición del poder político pero también demostró las divergencias existentes en cuanto a la implementación del proyecto contrainsurgente inaugurado. Ríos Montt gobernó acompañado de un conjunto de seis oficiales de diversa categoría (electos entre los trece oficiales que coordinaron el golpe), a quienes se les denominó Junta Asesora, y fue depuesto el 8 de agosto de 1983 por su propio Ministro de la Defensa, Gral. Mejía Víctores. El curso de los acontecimientos fueron tomados de una revisión bibliográfica y hemerográfica del matutino Prensa Libre (de los meses de marzo de 1982 a enero de 1986) y del estudio del semanario Inforpress Centroamérica, varios números (igual periodo).

pocos encuentros armados y más bien operaciones de hostigamiento), sino mayormente a todo movimiento social que cuestionara el sistema y el aniquilamiento sistemático de la población considerada base real o probable de la subversión. En este sentido, la guerra interna adquirió un carácter total o totalizante. Ahora bien, visto de manera inmediata, el golpe de Estado se nos presenta como el resultado directo del fraude electoral operado apenas días antes. Ello es válido en la medida en que las elecciones y sus resultados pueden ser considerados, en su conjunto, el detonante de la convulsión política que llevó a la institución armada a asumir de manera directa el poder político.52 Mas, como se afirmó precedentemente, la realidad que se esconde tras este ambiente es el conflicto inter facciones operado en el campo de la derecha guatemalteca y sus aliados. El EG aparece así como el intermediario autorizado entre los facciosos de derecha y se presentará a la población y ante el extranjero como el salvador y restaurador del sistema democrático de gobierno. En cuanto al golpe de Estado del 8 de agosto de 198353, el mismo representa una recomposición importante entre la dirigencia del proceso de contrainsurgencia en desarrollo.54 Significa retomar el control del proceso y aligerarlo para alcanzar los resultados esperados de manera pronta y efectiva. Entre sus causas se pueden señalar una serie de desaciertos cometidos por Ríos Montt y sus allegados, los cuales se tradujeron en la pérdida de la simpatía de parte de distintos sectores: económico (medidas fiscales y acusaciones públicas de no pagar impuestos, ser malos ciudadanos, no pagar salarios justos, etc.), político tradicional (obstáculos y retardos al inicio del proceso de reapertura política, acusaciones de fraudes, señalamientos de corrupción y culpabilizarlos de la grave situación política nacional, e incluso se llegó a procesar a algunos dirigentes por el delito de difamación en contra del presidente)55, 52 Villagrán Kramer, Biografía Política de Guatemala…, Págs. 245 a 247. 53 En la mañana del 8 de agosto de 1983 el Gral. Ríos Montt fue informado en la Guardia de Honor que un sector importante del alto mando del ejército requería su renuncia inmediata del puesto. El Presidente no aceptó y se trasladó al Palacio Nacional, a donde se movilizaron los alzados, registrándose algunos enfrentamientos entre ellos y la guardia presidencial. Allí, personalmente, se le informó que sería relevado de su cargo y que el puesto sería asumido por su Ministro de Defensa, Gral. Mejía Víctores. Tras ser controlados los puestos militares más importantes del país, el presidente depuesto accedió a retirarse, quedando instalado el nuevo gobierno con Mejía Víctores a la cabeza y un grupo de seis asesores militares. Algunas protestas de oficiales se suscitaron todavía uno y dos días después, pero ello no llegó a más. Mejía Víctores anunció que no había habido un golpe militar sino una rotación en los puestos de mando, es decir una decisión del ejército en aras de mantener la unidad de la institución armada, la cual había sido infringida por los oficiales de rangos altos y medios depuestos. El nuevo gobernante asumió el cargo de Jefe de Estado y Ministro de la Defensa, cargos que retuvo hasta que entregó formalmente la dirección del Ejecutivo al presidente democristiano electo Vinicio Cerezo Arévalo en enero de 1986. El curso de los acontecimientos fueron tomados de una revisión bibliográfica y hemerográfica del matutino Prensa Libre (de los meses de marzo de 1982 a enero de 1986) y del estudio del semanario Inforpress Centroamérica, varios números (igual periodo). 54 Véase la “Proclama del Alto Mando y del Consejo de Comandantes Militares”, la cual oficializa la sustitución de mandos a favor de Mejía Víctores. En su punto séptimo se establece que el Ejército reafirma su voluntad de continuar el proceso de retorno a la Constitucionalidad democrática… Publicada en el Diario de Centroamérica, 9/8/1983. 55 Lo cual se hizo más evidente a partir de mayo de 1983 y hasta el final del régimen. El espacio que el presidente de facto utilizaba para realizar sus acusaciones, así como para realizar prédicas de tipo moral, era la televisión nacional, ya que cada domingo el gobierno tenía un espacio en el que Ríos Montt era el conductor y se dirigía a la población. Los señores politiqueros no van a botar al gobierno.

sociales (irrespeto a la jerarquía de la iglesia Católica y en muchos casos a sus fieles,56 duros señalamientos en contra del magisterio nacional y de la burocracia en general, restricciones tácitas a la libre emisión del pensamiento,57 etc.) y tampoco el de los EUA a través de su embajada (la negativa del régimen de formar parte de los planes regionales de Reagan para el área centroamericana, lo que dio en llamarse una política de neutralidad de parte del ejército guatemalteco).58 Téngase presente que el año de 1983 es importante para la política exterior estadounidense hacia la región, pues la fatalidad del conflicto en el área amenazaba con extenderse. El mismo Reagan nombró a su representante personal para CA, quien mantuvo entrevistas con los mandatarios del área con la finalidad de “contener el comunismo”. Ríos Montt participó en la parte inicial de dicho proceso.59 Igualmente importante es el hecho que para amplios sectores del ejército, el carismático liderazgo, mesiánico, que hacia el final de su periodo proyectaba Ríos Montt se convertía en un asunto público vergonzoso por el talante moralizador de su discurso, a la par que éste se apoyaba en militares de mandos medios venidos a más, despreciando a los tradicionales mandos fuertes de la institución. Con la llegada de Mejía Víctores al gobierno, el proyecto político militar continúa nuevamente su marcha hasta crear las condiciones necesarias para consumar el retorno a la constitucionalidad, parte central del esfuerzo legitimador que se necesitaba. El nuevo gobernante de facto quiso demostrar su disposición por reencauzar al país a un régimen democrático – objetivo fundamental del ejército desde 1982, pero que había sido adulterado -, por lo que entre otras medidas levantó el estado de alarma impuesto por el régimen anterior, 60 ofreció suspender los tribunales especiales, anunció un nuevo periodo de amnistía política, confirmó en su cargo a la junta directiva del Consejo de Estado, ofreció ampliar las garantías individuales en el EFG, y otras.61 Para granjearse la simpatía de otros sectores también ofreció revisar las leyes tributarias PL, Pág. 2, 13/6/1983. También, Gobierno procesa a dos políticos. PL, Pág. 6, 14/6/1982; Otros más serán llevados a juicio. PL, Pág. 4, 15/6/1983. 56 En cuanto a ello, señalemos el hecho de que Ríos Montt haya fusilado a 4 reos condenados por los TFE en las vísperas de la primera venida del máximo jerarca de dicha Iglesia a Guatemala a pesar de que éste se hubo pronunciado en contra, pidiendo la gracia presidencial a los mismos como señal de buena fe a su persona. También, tómese en cuenta la religión propia del presidente militar, el protagonismo de muchos miembros de su secta religiosa en cargos de gobierno y la propaganda oficial que en ello hacía el presidente (a finales de 1982 se cumplieron 100 años de presencia protestante en Guatemala y fue festejado con una multitudinaria marcha y concentración en la que el propio presidente participó). Incluso, se habló en algunos sectores de la propensión a un conflicto religioso en Guatemala. En junio de 1983, los obispos publicaron su Carta Pastoral Colectiva “Confirmados en la fe”, que es un panegírico a la tradición católica del pueblo guatemalteco, y con ello expresaron su postura clara contra el régimen en cuanto a su política de promocionar una nueva religión. La carta pastoral apareció publicada en PL, Pág. 63, 6/6/1983; Pág. 40, 8/6/1983. 57 Cámara de periodismo defiende fuero de prensa. PL, Pág. 2, 21/6/1983. 58 Se ha mencionado que el golpe fue procurado desde al menos tres frentes distintos que se conjuntaron: “…una rebelión de los oficiales jóvenes, una conspiración del MLN con dinero de la CIA abasteciendo a ambas.” Jennifer Schirmer, Intimidades del proyecto político de los militares. 2da. Ed., FLACSO, Guatemala, 2001. Pág. 50. 59 Stone conversó ayer con Ríos Montt. PL, Pág. 3, 12/6/1983. En la entrevista señalada, Ríos Montt le reafirmo su propósito de retornar a la constitucionalidad y aún más aseguro que sería durante el primer semestre de 1984. 60 DL 88-83. Derogatorio del DL 71-83, Estado de Alarma en toda la República. 9/8/1983. 61 Serrano Elías confirmado; Mejía Víctores anuncia otro periodo de amnistía; Jefe de estado explica

existentes,62 ofreció parar el enfrentamiento religioso entre guatemaltecos63 y finalmente fue bendecido por el régimen de Reagan.64 De más está decir que la modalidad del proyecto político militar65 alcanzada por el golpe de estado de 1982 no se circunscribe llanamente a la cronológica sucesión de dos regímenes distintos (encabezados respectivamente por los generales Ríos Montt y Mejía Víctores). En sustancia, lo que existe es un sólo proyecto con una propuesta política contrainsurgente muy acabada pero flexible, compleja y profunda de la realidad nacional a partir del análisis de la guerra interna con la finalidad de garantizar a cualquier precio el mantenimiento y posterior sostenibilidad del sistema; es una planificación que se plantea para largo plazo, preparando al ejército para combatir una lucha prolongada y condicionar así su sitial entre los demás sectores políticos activos. Para alcanzar sus fines, cualquier acción, inclusive prácticas genocidas,66 era válida para los sectores comprometidos (ejército, empresariado, políticos). Sin embargo, dentro de la nueva concepción que se echaba a andar, la guerra brutal no va sola, es vista de forma holística y es llevada al total de las relaciones sociales que conforman la vida nacional, por lo que no es sorprendente escuchar en sus actores un discurso reformista, modernizante y hasta democrático. 1.2.2

Los golpes de Estado, la unidad del proyecto militar y sus objetivos

Como se advirtió en la sección anterior, los golpes militares de 1982 y 1983, y los regímenes que de allí se erigen, constituyen el paraguas de un proyecto político militar de amplias proporciones. La concepción de dicho proyecto contenía prácticas militares, políticas, diplomáticas, económicas y socioculturales.67

por qué suprimirá los tribunales especiales. PL, Pág. 6, 10/8/1983. 62 El IVA será rebajado. PL, Pág. 11, 10/8/1983. 63 Vicario capitular ofrece colaboración al gobierno. PL, Pág. 11, 10/8/1983. 64 EE.UU. Apoya promesa democrática de Mejía en Guatemala. PL, Pág. 12/8/1983. 65 El término lo tomamos prestado de la investigadora Jennifer Schirmer, quien en su obra hace un análisis muy detallado de las diversas aristas y contenidos que dicho plan contuvo a través del análisis de fuentes de primera mano (documentales y principalmente por la riqueza de fuentes orales que incorpora: entrevista a 50 oficiales, incluyendo ex ministros de la defensa y ex jefes del estado mayor) Cfr. Jennifer Schirmer, Intimidades... 66 En cuanto a la comisión del delito de genocidio en Guatemala, “la Comisión de Esclarecimiento Histórico… concluye que agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya…”. Dicha conclusión parte del análisis de la definición del tipo delictivo denominado genocidio, incluido en el artículo II de la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948 y ratificada por el Estado de Guatemala… [en] 1949…”. Para ampliar más sobre el tema, remitimos la argumentación completa en CEH, Guatemala, Memoria del Silencio, Tomo V, Págs. 48 a 51. 67 Ídem. “…[E]ste equipo militar fue capaz de aplicar una estrategia antisubversiva integral que combinaba aspectos militares, políticos, psicosociales y antropológicos…”. Op. Cit. ODHAG, Guatemala Nunca Más… Pág. 162.

En primer lugar, el reajuste estratégico iniciado por oficiales del ejército en 1982 tenía la finalidad de proteger y preservar a las fuerzas armadas, como garante última de la lucha contrainsurgente, de una probable derrota en el plano político militar o bien resguardar su unidad en la medida de lo posible. En el periodo previo a las dictaduras militares de los ochentas, la institución castrense se encontraba deslegitimada en amplios sectores porque no podían vencer a la insurgencia68 y porque su acción militar contenía fuertes señalamientos de constantes, indiscriminadas y descaradas violaciones a los Derechos Humanos.69 De tal suerte, la recta final del gobierno de Lucas García estuvo tamizada por un creciente descontento en las filas de la oficialidad del ejército. La corrupción del alto mando se hacía insoportable mientras que la oficialidad exigía “continuar la lucha contrainsurgente en mejores condiciones técnicas y operativas”.70 El país se encontraba aislado en el plano internacional y las fuerzas armadas encontraban múltiples detractores que las señalaban de ser las responsables de dicha situación. En ese sentido, preservar al ejército significaba garantizar una política tal que le evitara enrolarse en medio de la grave crisis que se avizoraba en la región, tras el triunfo sandinista y el rearme de la guardia somocista apoyada por los Estados Unidos de América (EUA), y el apoyo multimillonario de éste país al ejército salvadoreño para derrotar al Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN).71 El EG era incapaz de luchar contra la insurgencia guatemalteca y con ejércitos vecinos al mismo tiempo,72 no solamente por su relativamente poca capacidad de movilización, despliegue y de fuego en operaciones que no fueran de

68 Es bastante sugestiva la declaración de la esposa de Sandoval Alarcón, cuando comenta los sucesos del 9 de marzo en los que fueron detenidos temporalmente su esposo y los demás candidatos de la oposición; en dichos eventos, policías y judiciales utilizaron bombas lacrimógenas e hicieron disparos al aire para disolver las manifestaciones de la oposición. “Ojalá así combatieran a la guerrilla”, PL, Pág. 10, 10/3/1982. 69 Ver, Op. Cit. CIDH, I Informe sobre la situación de los Derechos Humanos…, octubre de 1981, en el que se responsabiliza al Estado de Guatemala por violaciones a los siguientes derechos humanos: derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la integridad y la seguridad personal, derecho a la justicia y al proceso regular, derecho de conciencia y religión, libertad de pensamiento y expresión, derecho de reunión y libertad de asociación – derechos sindicales –, derechos políticos, y, derechos económicos y sociales. 70 Op. Cit. Guatemala Memoria del Silencio…, Pág. 193. 71 Para un análisis regional del conflicto armado a partir de la década de los años ochentas: Cfr. Carlos Figueroa Ibarra, Centroamérica: entre la crisis y la esperanza (1978-1990). Capítulo 2do. de la Historia General de Centroamérica, Tomo VI, Historia Inmediata, Ediciones Siruela, España, 1993. Págs. 35 a 84. También, tuvimos a la mano y recomendamos una serie de obras relacionadas con el tema, con distintas perspectivas teóricas y con especialidades disciplinarias distintas, pero que en su conjunto ofrecen un panorama bastante amplio acerca del tema: Cfr. Alain Rouquié, Guerras y paz en América Central. FCE, México, 1994; Edelberto Torres-Rivas, La piel de Centroamérica (Una visión epidérmica de setenta y cinco años de su historia). FLACSO, Guatemala, 2006; Gilles Bataillon, Génesis de las guerras intestinas en América Central (1960-1983). FCE, México, 2008; Dirk Krujit, Guerrilla: guerra y paz en Centroamérica. F&G Editores, Guatemala, 2009. 72 Lucha antisubversiva: Ejército guatemalteco no participa en convenios con otros ejército. PL, Pág. 43, 18/8/1983.

contrainsurgencia (destinada principalmente contra población civil), sino por su limitada capacidad de acción y nula experiencia contra enemigos externos reales.73 Entre los errores más importantes cometidos por la camarilla de generales y coroneles que giraban en torno al presidente Lucas se encuentra la incapacidad de comprender la magnitud del problema en que se encontraba el país y la falta de voluntad para incluir medidas paliativas para librar la guerra desde una perspectiva más amplia que el puro exterminio y matazón. Abandonar el control directo de la nave gubernamental era indispensable y de hecho era una de las máximas exigencias de la comunidad internacional, inclusive de la política exterior estadounidense.74 Pero esta situación se oponía fundamentalmente a los intereses creados que favorecían al grupo de políticos, empresarios y militares que conformaban en aquél momento la coalición gubernamental. Desplazar, pues, a esta camarilla, aunque de forma gradual y ordenada, era un elemento necesario para implementar el nuevo proyecto.75 En segundo lugar, al incentivar la unidad táctica del ejército y proveerle de mejores condiciones para librar la lucha armada se buscaba avanzar en el terreno militar ante el enemigo interno.76 Esto quiere decir que se buscó aniquilar al movimiento guerrillero a través del exterminio de sus bases de apoyo mediante la sistematización de la política de tierra arrasada bajo la lógica de quitarle el agua al pez, donde evidentemente el pez es la insurgencia y el agua las comunidades.77 La estrategia de eliminación masiva de la población no nació con el nuevo régimen producto del golpe de Estado, pero éste la generalizó y perfeccionó: [d]urante 1982 el Ejército lanzó el Plan de Campaña Victoria 82 contra los frentes guerrilleros del noroccidente y norte del país involucrando a las dos terceras partes de sus efectivos. La ofensiva que se dirigió en particular contra la población civil… desarticuló las bases de apoyo social de los rebeldes, provocando decenas de miles de víctimas e inmensos desplazamientos de la población…”; 78 Así, 73 El EG no ha combatido contra un ejército regular desde principios del siglo XX. Incluso, no debe olvidarse que durante la invasión mercenaria de un par de cientos de hombres armados por EUA en Honduras y encabezados por Castillo Armas, el ejército se negó a pelear. Su existencia siempre fue orientada al sostenimiento del orden interno y sus oficiales fueron entrenados en el extranjero para el control y aplicación de tácticas y operaciones contrainsurgentes. Cfr. Piero Gleijeses, La esperanza rota. La revolución guatemalteca y los Estados Unidos, 1944 – 1954. Editorial Universitaria, Guatemala, 2005. 74 Op. Cit., Manolo Vela Castañeda, Masas, armas y élites…, Pág. 152. 75 Al final de su periodo, Ríos Montt pareció distanciarse de este punto. En vez de favorecer la retirada táctica del EG de las filas de gobierno, parecía consolidarse en el mismo. Por eso, entre otras causas, fue retirado y sustituido por Mejía Víctores, quien reemprendió el proceso. 76 Esta categoría es parte inherente de la Doctrina de Seguridad Nacional impulsada por los EUA desde los inicios mismos del enfrentamiento armado y asumida como razón de ser del EG. Su campo es bastante amplio y en él recae un cúmulo difuso de actores sociales: “hombres, mujeres y niños de todos los estratos del país: obreros, profesionales, religiosos, políticos, campesinos, estudiantes y académicos; la gran mayoría en términos étnicos, pertenecientes al pueblo maya.” CEH, Guatemala Memoria del Silencio. Tomo V – Conclusiones y Recomendaciones. Págs. 24 y 25. 77 Cfr. Op. Cit, Ricardo Falla, Masacres de la Selva…; y, Op. Cit. ODHAG, Guatemala Nunca Más, Pág. 157 y ss. 78 Op. Cit. Guatemala Nunca Más…, Pág. 163.

[l]a percepción, por el Ejército, de las comunidades mayas como aliadas naturales de la guerrilla, contribuyó a incrementar y a agravar las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra el pueblo maya… llegando al exterminio masivo de comunidades mayas, inermes… Mediante las masacres y denominadas operaciones de tierra arrasada, planificadas por las fuerzas del Estado, se exterminaron por completo comunidades… La CEH registró 626 masacres atribuibles a estas fuerzas.”79 En tercer lugar, el movimiento armado que depuso a Lucas García se propuso cambiar la imagen del Ejército, y con él la del país, ante los ojos de la comunidad internacional. Su principal objeto era romper con el aislamiento internacional en que Guatemala estaba imbuido desde la década anterior de manera cada vez más creciente. La estrategia fue la de dar una apariencia democrática, con énfasis en el respeto de los derechos humanos, al régimen instaurado. Para demostrarlo, se invitó y recibió la visita e inspección de múltiples organizaciones internacionales pro derechos humanos: Corte Interamericana de Derechos Humanos,80 Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas,81 Comisión Europea de Derechos Humanos, así como distintos comités y delegaciones de distintos países y organizaciones.82 También, se iniciaron las negociaciones para restablecer relaciones diplomáticas con España – interrumpidas a partir de la Quema de la Embajada de España el 31 de enero de 1980 –. Sin embargo, el primero de los regímenes de facto no logró avanzar en este campo y antes bien contribuyó a aislar aún más al país.83 En este contexto, el canciller civil Andrade Díaz-Durán (198379 Op. Cit. CEH, Guatemala, Memoria del Silencio. Tomo V, Págs. 42 y 43. 80 El 29 de mayo de 1982, la JMG invitó a la CIDH para que elaborará una investigación y observación in loco acerca de la situación de los DDHH en Guatemala. La misiva fue respondida favorablemente y tras agotar los requisitos legales que procedían, la comisión se apersonó finalmente entre los días 21 y 26 de septiembre del mismo año. El informe respectivo fue publicado el 3 de octubre de 1983. El informe completo puede verse en: http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala83sp/indice.htm 81 Vizconde visitará hoy a Serrano Elías. PL, Pág. 2, 28/6/1983. 82 Maldonado Schaad: quien así lo desee, puede venir a investigar los derechos humanos. PL, Pág. 4, 13/4/1982. 83 Ídem. Según las conclusiones de la CIDH en su II Informe…, el régimen de Ríos Montt no investigó las violaciones a DDHH cometidas previo a su periodo y antes bien estas se continúan cometiendo en el área rural, entre las que se “incluyen la destrucción, incendio y saqueo de aldeas enteras...”. También fue duramente criticada su política de Estados de Sitio, los cuales anulaban toda protección jurídica a los ciudadanos, incluyendo la suspensión de los recursos de Exhibición Personal y la acción de Amparo. Otra de las fuentes que provocó mayor desconcierto a nivel internacional fue la creación de los Tribunales de Fuero Especial, oscuros entes paralelos al poder judicial, que conocían, juzgaban y ejecutaban a personas acusadas de actuar en contra de la seguridad del Estado y otros similares. Dichos tribunales, dependientes directos del Ministerio de la Defensa Nacional, en los que se desconocía al juez y en donde el derecho de defensa era claramente violentado, aplicaron efectivamente la pena de muerte a 15 personas (siendo algunas de ellas ejecutadas una semana previa a la venida de la CIDH y algunas más una semana previa a la venida del máximo jerarca de la iglesia Católica, Juan Pablo II; en ambos casos se pidió clemencia para dichas personas) y algunas sentencias más que finalmente no fueron cumplidas por ser anuladas durante el siguiente gobierno militar. También impusieron severas penas de cárcel a decenas de personas. Para un análisis jurídico de los mismos,

1986) jugó un papel muy importante en su actividad de propaganda diplomática a favor del régimen de Mejía Víctores. De igual manera, se vociferó que se terminarían las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, eliminando los denominados escuadrones de la muerte y aplicando, en cambio, procesos judiciales. Dentro de esta campaña de propaganda encontramos, por ejemplo, como las dictaduras anunciaban cada una a su turno que la violencia había disminuido y esencialmente desmintiendo noticias y denuncias en contrario.84 En cuarto lugar, encontramos el componente político electoral e institucional montado y utilizado a partir del golpe de Estado.85 Tras el descalabro sufrido por el sistema electoral en marzo de 1982, el régimen de libre competencia política fue suspendido en tanto el gobierno de las fuerzas armadas impulsaba y estabilizaba su nuevo proyecto. Sin embargo, la promesa de reestructurar dicho sistema desde sus cimientos formó parte fundamental del discurso oficial del régimen y, con sus matices, se operó en el sentido de conseguirlo. Entre ambos regímenes de facto construyeron el marco jurídico e institucional que sirvió de base para la transición proyectada, posibilitando el regreso de las organizaciones políticas y la construcción de una nueva Constitución Política para el país. En quinto lugar, está el aspecto de las reformas económicas planteadas. El proyecto militar no preveía una transformación radical del sistema económico del país y de su población. Las reformas propuestas buscaban paliar la grave crisis de la mayoría de la población del altiplano, y estuvieron pensadas como disuasivos frente a su incorporación masiva al movimiento guerrillero; esperaban canalizar fondos para una economía de guerra y de modernización del aparato estatal (lo cual redundaba en su conservación, no en su transformación). Según esta concepción, los sectores económicamente poderosos también debían involucrarse activamente en la lucha contra la subversión. Para ello se les exigiría cumplir ciertas demandas sociales básicas, invertir en el país y crear fuentes de empleo, control de precios, revisar la importación de productos no esenciales, parar la fuga de divisas y repatriar grandes sumas de capitales (por la menos US$ 300 millones de noviembre de 1982 a diciembre de 1983), cumplir puntualmente con el pago de sus impuestos y hacer aportaciones extraordinarias para financiar la lucha armada, etc. A cambio, se les ofrecía la no estatización de la banca pública, la privatización de ciertas empresas públicas a favor de capitales nacionales, disponibilidad de divisas y políticas crediticias favorables. A pesar de todo, dos fueron los aspectos más escabrosos para el sector privado: a) el tema de una reforma tributaria (atacada con furor en 1982 y en 1984), y, b) lo tocante a una reforma agraria (aún y cuando nunca trascendió su fase de estudio contando además con el agrado de la estadounidense Agencia Internacional para el Desarrollo).86

recomendamos la obra del abogado guatemalteco (quien actuó como defensor ante dichos tribunales), Conrado Alonso, 15 fusilados al Alba, Serviprensa Centroamericana, Guatemala, 1986. 84 Estadísticas oficiales indican que disminuyen los asesinatos. PL, Pág. 2, 11/1/1982. 85 El desarrollo detallado de este punto nos interesa particularmente porque será el centro de nuestra atención en el siguiente capítulo, por lo que acá nos limitaremos a señalarlo. 86 Dos propuestas al sector privado no resueltas: plataforma de compromisos y moratoria bancaria. ICA, No. 518, 11/11/1982.

En este sentido, las dictaduras militares se mostraron bastantes débiles y en gran medida dóciles ante el sector privado y los organismos internacionales. La concepción económica de los militares apostaba decididamente por la creación de un Estado fuerte e interventor, mas las tendencias mundiales de la época, no les eran favorables. El tiempo de oro de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y su tendencia desarrollista ya había pasado y un fuerte sector de la derecha guatemalteca, ligada a los fundadores de la Universidad Francisco Marroquín (UFM), se encontraba inspirada por los planteamientos del neoliberalismo. Además, la década de los ochentas fue explosiva en el tema de la deuda externa de los estados y la intromisión de los organismos internacionales en la política económica doméstica se acentuó. Por último, en sexto lugar se encuentra la intencionalidad de reorganizar a la sociedad. La represión masiva dejó, entre otros saldos la huída masiva de una población diversa, cuya mayoría estaba constituida por comunidades mayas… El desplazamiento forzado de la población civil en Guatemala… [e]ncarna la ruptura del tejido social en su forma más directa y desgarradora. Implica el desmembramiento de familias y comunidades, así como el debilitamiento de los lazos culturales que conformaban su cohesión.87 Las cifras de personas desplazadas de manera forzada, dentro y fuera del país, oscilan entre quinientas mil y un millón y medio de personas según el informe de la CEH. La simpatía y/o incorporación masiva de indígenas del altiplano a favor la lucha guerrillera constituyeron una afrenta imperdonable para los sectores poderosos del país, de allí la crueldad del castigo infringido. Pero tras la aplicación de prácticas genocidas, el Ejército se debía de guardar de retomar el control físico, económico y psicológico de las comunidades sobrevivientes.88 El papel de las Patrullas de Autodefensa Civil es clave en ello pues estuvo íntimamente ligado a la destrucción de las formas comunitarias de organización social enfrentando a unos contra otros. Esto constituyó una perversa lógica dirigida hábilmente desde los mandos superiores del ejército para generar la complicidad de la población civil en el derramamiento de sangre e involucrar a grandes masas en la responsabilidad de violaciones a los derechos humanos. También es importante incluir acá al Programa de Asistencia a Áreas en Conflicto (PAAC)89, el cual data de 1983 en su implementación y que da paso a la puesta en marcha de las Aldeas Modelo y Polos de Desarrollo, todos ellos diseñados cuidadosamente a partir del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD) esbozado por primera vez en abril de 1982.90 Las aldeas modelo constituyeron auténticas prisiones colectivas, espacios netamente militarizados, en los que se modeló la vida y pensamiento de sus habitantes y se obtuvo fuerza de trabajo gratuita y semigratuita en proyectos de reconstrucción nacional. Las tierras abandonadas por comunidades completas en medio de las 87 Op. Cit. CEH, Tomo V, Pág. 37. 88 “A partir de 1983 la estrategia del Ejército frente a la población desplazada propuso lograr el control de la misma, recurriendo a la concesión de amnistías para el posterior reasentamiento de las personas en comunidades altamente militarizadas…” Id., Tomo V, Pág. 38. 89 Una de las estrategias contrainsurgentes de Ríos Montt, consistente en programas de asistencia social y económica al altiplano guatemalteco. Ella iba amarrada a la escalada en la intervención militar y en el reclutamiento de más de 300,000 campesinos en patrullas civiles. 90 El PNSD fue presentado por el Estado Mayor Especial del Ejército al Consejo de Ministros el 5 de abril de 1982.

masacres operadas fueron reasignadas arbitrariamente entre poblaciones consideradas leales al ejército y las poblaciones recuperadas a cambio de no ser exterminadas. Finalmente, pensemos en el factor ideológico y religioso de las nuevas relaciones sociales promovidas. La participación de las iglesias protestantes neopentecostales fue determinante para inculcar el individualismo en oposición al comunitarismo secular de muchas poblaciones indígenas. Ser católico significaba en muchos casos ser, por lo menos, objeto de sospecha por parte de las autoridades locales y por tanto la conversión religiosa se convirtió en un asunto de sobrevivencia. No debe descartarse el efecto milenarista / apocalíptico inherente al discurso y práctica neopentecostal, que supo ir permeando consciencias sujetas a los vaivenes del terror político de la época.

CAPÍTULO II LA APERTURA POLÍTICA PROMOVIDA POR LOS MILITARES (I) 2.1 El significado de la “apertura política” Como se ha expuesto en el capítulo precedente, el sistema político tradicional guatemalteco colapsó en marzo de 1982. Ello, en medio de un contexto de terror estatal desbordante y de una pugna de grandes magnitudes entre los sectores que por décadas habían usufructuado la conducción de la cosa pública. En un amplio marco de contrainsurgencia, surgió así la necesidad del golpe de Estado en que el Ejército de Guatemala (EG) asumió el control total de la vida pública nacional para restablecer el orden interno del país, es decir, el mantenimiento del status quo. El proyecto político militar inaugurado colocó, en su primer momento, a Ríos Montt a la cabeza del gobierno civil y militar, fue concluido bajo la conducción de Mejía Víctores y tuvo alcances estratégicos en materia política, pero también militar, económica, social, etc. En las siguientes líneas nos referiremos esencialmente al factor político del proyecto contrainsurgente en cuestión, sus componentes y sus fases. Con ello, nos estaremos acercando propiamente al motivo de la presente investigación que gira en torno a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1984 y 1985. El régimen de facto se erigió en férrea dictadura militar atribuyéndose a sí mismo las potestades ejecutiva y legislativa del país, a la vez que interfería de manera bastante significativa en la función judicial y en definitiva en la casi totalidad de instituciones que gozaban de autonomía (municipalidades, régimen de seguridad social, el deporte federado, cuerpo de bomberos, entre otras) a la vez que se militarizó gran parte de la estructura gubernamental (por ejemplo, las fuerzas de seguridad pasaron a depender directamente del Ministerio de la Defensa Nacional durante enero de 1983).91 Además, suspendió todo tipo de actividad política, prohibió el funcionamiento de todos los partidos y organizaciones políticas y promovió activamente la censura a los medios de comunicación. Sin embargo, todas estas medidas fueron anunciadas y convertidas en régimen positivo de derecho, aunque en todos los casos se advirtió que ello se hacía de manera temporal. La justificación giró en torno a la necesidad de mantener el orden público y para restablecer la paz social, y paulatinamente fueron siendo minimizadas hasta que, finalmente, en enero 1986 fueron revocadas en su totalidad. Al proceso tendente a flexibilizar el cierre de todo espacio público posible en la vida política nacional, hacia la eventual normalización de la misma, le denominaremos apertura política. Debemos quedar bastante claros en el hecho de que el EG fue el promotor de la apertura política pero en la misma medida en que fue también quien encaró y asumió su previo cierre. Su gran objetivo durante dicho lapso, como ya hemos anotado en este trabajo, fue básicamente crear las condiciones necesarias, contenidas en el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo (PNSD), para implementar los grandes rasgos de su proyecto político en aras de la conservación misma del sistema político-económico, de su papel como actor de primer orden dentro de éste, y en todo caso garantizando la victoria o a lo sumo la neutralización del movimiento insurgente.92

91 Fuerzas de seguridad serán militarizadas, Prensa Libre (PL), Pág. 4, 15/1/1983. 92 Jennifer Schirmer, Intimidades del proyecto político de los militares. 2ª. Ed., FLACSO, Guatemala, 2001. Pág. 55.

Se podría pensar que el espacio que media entre el gobierno constitucional del militar Lucas García y el gobierno constitucional del civil Cerezo Arévalo, puede ser considerado un periodo transicional, que incluso ha sido denominado apertura democrática. Y, es que sin duda, muchos cambios operaron entre 1982 y 1986 en la materia que nos ocupa. Sin embargo, al respecto tenemos nuestras propias objeciones, partiendo de una pregunta que nos parece fundamental: ¿operó realmente un cambio de paradigma (revolucionario o reformista) en cuanto a la construcción, lógica y dinámica del sistema democrático de gobierno o solamente se revitalizaron viejas prácticas acordes a un contexto distinto? O bien, ¿los cambios promovidos afectaron la esencia o la forma del sistema político electoral en Guatemala? Para ir contestando las preguntas anteriores, abordaremos el tema de la apertura política, haciendo énfasis en la lógica procesual del asunto más que en sujetos o hechos aislados. 2.2 El proceso de “apertura política” De forma esquemática, pero útil para efectos de ordenamiento y comprensión del fenómeno, podemos argüir cuatro grandes fases para reconstruir el periodo denominado de “apertura política” en Guatemala. Cada una de dichas fases se corresponde a la siguiente pero no de manera simplemente cronológica, atiende más bien a criterios lógicos, necesarios, esbozados de antemano y proyectados todos ellos para cumplir un fin determinado. Para 1982 el desgaste del sistema político era sensible no solamente por la apatía ciudadana sino aún más por su incorporación activa a las organizaciones guerrilleras y de masas a pesar de la violencia con que respondía el ejército. Así pues, la primera fase es, evidentemente, la del cierre del sistema político, la cual inicia con el golpe de Estado de marzo de 1982 y de allí con la serie de ordenanzas restrictivas en materia de actividad política emitidas por Ríos Montt. La siguiente fase consiste en la creación de la base jurídico-política y de la institucionalidad política-electoral necesaria para flexibilizar el sistema de forma controlada, gradual y ordenada, la cual da inicio al cumplirse un año del golpe de Estado. El tercer momento se refiere al subproceso de la Asamblea Nacional Constituyente, con la participación activa de organizaciones políticas reconocidas para el efecto. Finalmente, una cuarta etapa que comprende las elecciones generales de 1985 y la consiguiente entrega formal del aparataje de gobierno a los civiles a nivel local y nacional (alcaldías municipales, diputaciones para el Congreso de la República y los mandos supremos del poder ejecutivo), en el que los partidos políticos vuelven a canalizar el centro de la acción política nacional. En este trabajo de investigación, solamente serán analizadas las primeras tres fases antes dichas. 2.2.1 El cierre del sistema político El desmontaje de la institucionalidad jurídico política y el carácter transitorio del régimen En medio de gran expectativa y del apoyo de diversos sectores – incluidos los partidos políticos que alegaron fraude en las elecciones generales del 7 de marzo recién pasado–,93 el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 da inicio con el desmontaje de toda la institucionalidad jurídico política existente.94 Para lograrlo, se tomaron una serie de medidas políticas y se preocuparon por investirlas de las formalidades jurídicas del caso. Dicha tabla rasa fue justificada por las fuerzas armadas partiendo de tres consideraciones: 93 Unión Opositora respalda a la junta militar de gobierno. Prensa Libre (PL), Pág. 10, 25/3/1982. 94 Modificada la institucionalidad del país, Inforpress Centroamérica (ICA), No. 487, Págs. 4 a 6, 1/4/1982.

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Primera, que la institucionalidad democrática del Estado de Guatemala había sido mancillada por una camarilla corrupta de funcionarios públicos, con el apoyo de algunos sectores políticos, al no respetar la voluntad popular expresada en las urnas electorales e imponerse fraudulentamente para salvaguardar sus propios intereses sectarios;95 Segunda, que, en respuesta al clamor popular, la institución castrense se veía obligada a intervenir inmediatamente, en forma corporativa;96 Tercera, que su intervención no podía estar sujeta temporalmente a las leyes vigentes, por lo que era imperativo prescindir de ellas y someterlas a un profundo proceso de revisión.97

Los anteriores puntos se encuentran debidamente sistematizados en el importante documento titulado “Proclama del Ejército de Guatemala al Pueblo”, en el cual el Ejército notifica oficialmente del cambio de régimen.98 Entre las primeras medidas que tomó la Junta Militar de Gobierno, se encuentran las siguientes: deponer al gobierno de Lucas García, suspender la Constitución Política de 1965, disolver el Congreso de la República (CRG) asumiendo sus funciones por medio de la emisión de Decretos Leyes (DL), sujetar los actos administrativos y judiciales a su control y suspender las actividades de los partidos políticos.99 Así pues, el Ejército se constituyó en el paladín de la institucionalidad y de la democracia guatemalteca y con ello se arrogó en exclusiva la responsabilidad de “garantizar al pueblo de Guatemala la existencia de un… clima político que en el futuro le permita la elección libre y limpia de sus gobernantes...”100 Por su parte, el movimiento insurgente calificó dicha actitud como una “farsa”, cuyo único objetivo era dar tiempo y respiro al Ejército, que se veía acorralado por el crecimiento de la insurgencia y señalaba que la verdadera esencia de dicho movimiento, el golpe militar, no había que observarla como oposición al fraude electoral sino como su consumación, como un compromiso entre élites en pro de salvar el proyecto contrainsurgente, volviéndolo más racional.101 Del análisis de la Proclama del Ejército… podemos realizar algunas observaciones importantes. El mismo tiene un carácter fundante, en la medida en que oficializa un hecho militar, y legitimador, pues fue erigido como auténtica fuente de derecho, siendo invocado con autoridad en los distintos DL creados ex post, incluyendo al mismo Estatuto Fundamental de Gobierno. Además, define de manera clara y precisa la naturaleza temporal del gobierno militar al proveerle de dos funciones 95 Primer comunicado: ‘El ejército expulsa del gobierno a una minoría corrupta e indigna”, Prensa Libre (PL), Pág. 12, 24/3/1982. 96 Manifestación popular de simpatía al ejército, PL, Pág. 12, 24/3/1982. 97 Estas tres consideraciones fueron compartidas por muchas personas en su época. El diario matutino revisado para esta investigación refleja una serie de notas periodísticas y de artículos que reflejan cómo la opinión pública manejada desde los medios subrayó la relación única y directa entre fraude electoral, corrupción y golpe de Estado a la vez que aplaudían la suspensión de la constitucionalidad en tanto se reconstruía la confianza del pueblo de Guatemala hacia sus instituciones. Nosotros, en este trabajo, en cambio, partimos del supuesto básico de que toda esta dinámica giró en torno a un proyecto mucho más amplio destinado a recomponer las bases mismas del sistema político económico debido a contradicciones internas entre los sectores que tradicionalmente habían ostentado el poder en medio de un crecimiento abrumador del movimiento insurgente. 98 “Proclama del Ejército de Guatemala al Pueblo”, cuya lectura se dio a través de los medios televisivos y radiofónicos el mismo día del alzamiento militar, y fue publicada en el Diario de Centroamérica (DCA), Diario Oficial, hasta el día, 25 de marzo de 1982. 99 Ídem. Puntos varios. 100 Ídem. Considerando No. 2. 101 Golpe de Estado es una farsa, expresa en un boletín el EGP. PL, Pág. 5, 28/3/1982.

básicas, una sustantiva y otra operativa, en su orden: implantar la paz y la democracia en el país, lo que se haría creando el contexto político favorable para que suceda. El programa anteriormente expuesto es prontamente desarrollado a través de una serie de DL102 y toma su forma definitiva con la promulgación del Estatuto Fundamental de Gobierno (EFG) el 27 de abril del mismo año. 103 En efecto, el EFG tuvo la finalidad de “normar jurídicamente al país”104, so pretexto de “encausar al país por el sendero de la honestidad, estabilidad, legalidad y seguridad, circunstancias necesarias para la felicidad del pueblo y progreso de la Nación”105 y para dar base a las relaciones internacionales del Estado106. Dicho estatuto político, contiene una sensible reducción en materia de derechos y garantías individuales y sociales respecto de la legislación constitucional previa al golpe militar.107 Una versión sintética oficial del plan auspiciado por el régimen de facto, trazado en el EFG, es la siguiente: La Junta Militar de Gobierno, en ejercicio temporal del Poder Público, dentro del espíritu y naturaleza del régimen provisorio que se ha instaurado tiene como base fundamental de Gobierno, implementar una estructura jurídico política en la Nación, que garantice el encausamiento del país hacia un régimen de legalidad constitucional y que desemboque en un esquema político y de gobierno democrático, proveniente de elecciones populares. En consecuencia, la Junta Militar de Gobierno deberá implementar, todas las medidas legislativas y ejecutivas que viabilicen un marco objetivo para que en el menor tiempo posible pueda instaurarse con seguridad y solidez una auténtica democracia en la nación. A su vez, en ejercicio del poder público, buscará hacer que la Administración Pública actúe con eficiencia y probidad, velará porque la justicia sea tal, cumplida y pronta. Creará todos los mecanismos necesarios para el efectivo y absoluto respeto y mantenimiento de los derechos humanos, de forma que la integridad de dichas medidas permitan y faciliten el fin básico del gobierno provisorio, de encausar a la Nación hacia una democracia pluralista, perdurable y orientada en función del bien común.108

102 Nos referimos al Decreto Ley (DL) 1-82, en el que se declaran nulas las elecciones del recién pasado 7 de marzo y su aval por parte del Congreso de la República; DL 2-82, en el que disuelve el Congreso de la República; DL 3-82, que suspende la vigencia de la Constitución Política de 1965; DL 4-82, que sujeta a toda la administración pública y al poder judicial al control del gobierno de facto. 103 “Estatuto Fundamental de Gobierno”, DL 24-82, 27/4/1982. En adelante se le denominará “Estatuto”, “Estatuto Fundamental” o bien “EFG”. El mismo tuvo vigencia desde el 29 de abril de 1982 hasta el 13 de enero de 1986, cuando entró en vigencia la nueva Constitución Política. En total, fue objeto de tres reformasL: primera, validar la disolución de la JMG a favor del presidente de la misma, Ríos Montt, en junio de 1982 (DL 36-82, 9/6/1982); segunda, normar el traspaso del poder máximo a Mejía Víctores como Jefe de Estado tras el golpe de agosto de 1983 (DL 87-83, 8/8/1983); y, tercera, una modificación para ampliar las garantías individuales en él establecidas (DL 91-83, 11/8/1983). 104 Id. Considerando No. 4. 105 Id. Considerando No. 2. 106 Id. Considerando No. 3. 107 En vigencia el estatuto político. ICA, No. 491, 6/5/1982. Pág. 1. 108 Id. Arto. 5.

Está de más decir que dicho cuerpo legal no contiene disposiciones relativas al sistema electoral y de partidos políticos por cuanto una de sus finalidades era establecer las condiciones para ir creando dicha institucionalidad. La apariencia de la democracia En general, una dictadura implica, entre otras, el control total y sin límites de las instituciones de gobierno de un país. Los militares hicieron eso efectivamente: eliminaron los límites existentes (las leyes), coparon todos los espacios políticos públicos (instituciones) y crearon nuevas, leyes e instituciones, a su imagen y semejanza. Sin embargo, lo hicieron de manera sutil pues procuraron conservar las formalidades del caso y en todo caso lo hicieron apelando a y en nombre de la democracia. Esta democracia de apariencia no fue producto simplemente del descaro o cinismo de los dirigentes del régimen. Fue de hecho una pieza fundamental del proyecto político al cual correspondía con el objetivo de ocultar su naturaleza represiva; buscó generar confusión en la oposición, expectativa en la población en general y legitimación a nivel internacional. Por eso es que se hace plausible encontrar figuras ambivalentes dentro del proceso: figuras políticas, figuras jurídicas y hasta el papel de muchas personalidades. A continuación abordaremos algunos aspectos aparenciales del nuevo régimen, intentando señalar el punto en cuestión, su objetivo y desentrañarlo para colocarlo en su contexto. a) El nuevo régimen presentó un discurso modernizador en cuanto al manejo de la cosa pública. Para ello, proyectó eficacia y probidad administrativa sobre la base del respeto al ciudadano, parte generar en él confianza nuevamente en su gobierno. De pronto, el tema de la corrupción administrativa en la mayoría de dependencias públicas durante el régimen depuesto apareció en primera escena. Los primeros días posteriores al golpe de Estado, gran parte de la actividad de los sectores políticos giró en torno a una serie de acusaciones de corrupción a funcionarios del régimen luquista y a su futuro inmediato. La JMG amenazó con hacerlos comparecer ante los tribunales de justicia y de hecho inició el procesamiento de algunos de ellos,109 pero al final de cuentas no se registró en ningún caso la detención, juzgamiento y condena de ninguno de ellos y menos aún de algún alto mando civil o militar. En cuanto a su propio equipo de gobierno, la consigna fue la probidad de sus miembros y la reducción y fiscalización del gasto público. Pero, tampoco existen indicios de que haya obrado en ese sentido (como tampoco lo hizo Mejía Víctores). Es como si durante dicho periodo no hubiera habido corrupción. Mas, la pregunta clave es ¿quién hubiera podido detectarla si el control absoluto de las actividades públicas estaban supeditas al ejército, a sus mandos o a sus allegados? Así mismo, en los discursos de Ríos Montt se registraron múltiples y fogosas alocuciones al comportamiento moral que debía observar el servidor público en el ejercicio de sus funciones y hasta en su vida privada, personal y familiar. Especialmente y sobre todo hacia la segunda mitad de 109 Entre los funcionarios acusados de corrupción o acusaciones similares se encuentra el ex director general de presidios, el ex director del tribunal electoral, el ex administrador de la empresa nacional de comunicaciones – GUATEL – y su jefe de seguridad, el ex procurador general de la nación y otros 30 ex funcionarios más. Ex funcionarios se entregan a la policía. PL, Pág. 32, 7/4/1982. También se registró la detención de algunos directores del departamento de compras de instituciones como la Dirección General de Caminos, el Ministerio de Educación, el Departamento del Impuesto sobre la Renta o el jefe administrativo de la Dirección General de Rentas Internas. Otros cuatro funciones de gobierno detenidos, PL, Pág. 2, 13/4/1982. Se pueden encontrar muchos artículos más en este sentido.

su periodo como gobernante, el líder militar pasó a ser una especie de maestro, jurado y predicador en estos asuntos. Se le veía presentarse de improvisto a diversas instituciones del Estado y dirigir airados discursos en contra de sectores específicos, como por ejemplo al gremio magisterial, al cual llegó a acusar de ser responsable de la pérdida de los valores cívicos del país. b) El gobierno militar se presentó a sí mismo imparcial en la vida política nacional y como moderador razonable y tolerante frente a los actores sociales, políticos y económicos que dirigían la nación. Evidentemente este aspecto incluía a la oposición que podríamos llamar leal, salvo pues a la oposición armada o insurgente (aunque parece que los límites entre ambas categorías fueron siempre relativas). La actividad política pública de los partidos políticos fue tolerada durante los primeros días posteriores a la instalación del régimen de facto en la medida en que sus demandas correspondían en pleno con las exposiciones emanadas de la misma JMG110 y porque, de hecho, brindaban una imagen de apoyo y un tinte democratizador. Sin embargo, esta relación amistosa fue solamente una reacción inicial pues se fue tensando conforme transcurría el tiempo, en tanto que a los partidos políticos el pronto retorno a la constitucionalidad era importante para garantizar su existencia en tanto camarilla de políticos profesionales. A medida que presionaban al régimen para que apurara el proceso de apertura, el gobierno empezó a emitir irónicos comentarios en cuanto a la participación histórica de dicha dirigencia y su relación con el estado de cosas actual. Esta dinámica llegó a niveles de paroxismo cuando públicamente fueron amenazados de estar violentando la legalidad al involucrarse en actividades políticas, las cuales, recordemos, quedaron prohibidas ab initio. En cuanto a sindicatos y otras organizaciones sociales o gremiales, la JMG dictaminó que podían seguir funcionando siempre y cuando no se involucraran en política, debiendo utilizar en todo momento los canales oficiales para su actuar.111 Pero, finalmente toda actividad sindical fue suspendida con la entrada en vigencia del Estado de sitio, impuesto en julio de 1982. Su relación con los colegios profesionales, por ejemplo, es una buena muestra de ello, por cuanto se les intentó involucrar en las decisiones de gobierno a través de diversas consultas, mas ellas tenían un carácter eminentemente técnico, pues las decisiones correspondían de lleno al gobierno.112 La relación entre los militares en el gobierno y los empresarios también observó dichas características. Cordial en su inicio, llegó a romperse cuando la visión económica del proyecto militar intentó interferir en asuntos que las asociaciones privadas reivindicaban como fuero propio, especialmente en temas fiscales, tributarios y otros entre los que podemos citar el caso de mecanismos ultra conservadores de redistribución de la riqueza.113 110 Por supuesto, nos referimos a los partidos políticos que participaron en el efímero frente antifraude (Movimiento de Liberación Nacional – MLN –, Democracia Cristiana Guatemalteca – DCG –, Partido Nacional Renovador – PNR – y Central Auténtica Nacionalista – CAN – ). Los principales dirigentes de la coalición gobernante (Partido Revolucionario – PR – y Partido Institucional Democrático – PID –) guardaron prudente silencio y se retiraron a la vida privada. 111 Sindicatos tienen libertad pero no para politiquear. PL, Pág. 13, 2/4/1982. Sin embargo, con la entrada en vigencia del estado de sitio en julio de 1982, toda actividad sindical quedó definitivamente prohibida. 112 Por ejemplo, se conminó a la gremial de médicos y cirujanos para que opinaran acerca del perfil que debía poseer el ministro de Salud Pública. También se involucró al Colegio de Abogados para que emitiera dictamen en torno a ciertas leyes u otras figuras de carácter jurídico, pero en todo caso el gobierno tomó bajo su entera responsabilidad las decisiones del caso. 113 Véase en el capítulo anterior lo relativo a la relación entre la pugna entre gobierno y empresarios y el golpe de Estado de agosto de 1983 y al paquete de reformas que Mejía Víctores intentó implementar tiempo después.

En cuanto a los medios de comunicación, el gobierno militar cuidó bastante de presentarse como ferviente y respetuoso admirador del quehacer comunicativo. Pero, en la práctica, hubo severas restricciones a la libertad de expresión y emisión del pensamiento. Durante el periodo de Ríos Montt, la censura a la prensa fue sistemática. A finales de junio de 1982 se creó la Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia de la República, con el objeto de centralizar toda la información concerniente a las actividades políticas y militares del gobierno y a prohibir la publicación de artículos relacionados con la subversión o a criticar el accionar del ejército en su lucha contrainsurgente (recuérdese que ejército y gobierno estaban amalgamados entonces, al igual que gobierno y contrainsurgencia).114 c) El gobierno se presentó ante la opinión pública como adalid de la lucha por el respeto de los derechos humanos de las y los guatemaltecos y como principal guardián del orden dentro de un riguroso y justo marco de legalidad. Un aspecto fundamental de este periodo es la ostensible perorata oficial en el tema de la protección a los derechos humanos. Vociferado desde el inicio por el presidente de la JMG, el tema del respeto a los Derechos Humanos fue una obsesión en el discurso oficial, al punto que se presentaba casi como la razón de ser del régimen.115 Está obsesión únicamente puede ser parangonada con la necesidad de legitimar todo acto del régimen convirtiéndolo inmediatamente en ley.116 Así, se pretendió resolver el gran dilema de la violencia política, precisamente legalizándola. Evidentemente, con ello el terror estatal es institucionalizado. A pesar de las anteriores afirmaciones, tanto el régimen de Ríos Montt como el de Mejía Víctores menospreciaron de forma sistemática el valor y el respeto de la vida humana y de todos sus derechos inherentes. Las acusaciones de violación sistemática de los Derechos Humanos provienen de muy heterogéneos sectores y fuentes, muchos de las cuales pueden ser reprochados de parcialidad por los defensores oficiosos de la institución castrense y del status quo en general, pero también existen muchos otros que difícilmente puedan caer dentro de dicho epíteto. No pretendemos ahondar en este asunto, mas, a continuación citamos una extensa lista de dichos informes para que el lector interesado en ello pueda hacerse una imagen e investigar por su propia cuenta (nos referiremos exclusivamente a informes y en ningún caso a denuncias verbales o a bibliografía, que es abundante en ello): 114 Artículo 17 del DL 45-82, Ley que establece el estado de sitio, 1/7/1982. 115 La JMG enfatizó en el respeto de los derechos inherentes a la persona humana (asegurando que la suspensión de la constitución no implicaba de ningún modo la suspensión de las garantías individuales) e incluso llegó a aseverar que crearía una oficina especial encargada de investigar las desapariciones forzadas cometidas y denunciadas durante el régimen anterior. Gobierno creará oficina para investigar casos de personas secuestradas, PL, Pág. 8, 27/3/1982. También aseguró que las puertas del país estarían abiertas en pleno para todas aquéllas personas que hubieran tenido que salir del mismo por amenazas de tipo político, a quienes además protegería y cuyos casos investigaría. Ofrecen garantías a quienes se fueron por amenazas. PL, Pág. 2, 28/3/1982. Finalmente, tomemos en cuenta que como parte del nuevo orden, el régimen canceló a dos de las estructuras mayormente vinculadas con la represión estatal, a decir: la policía judicial y el Comando 6, ambos de la Policía Nacional (cuya cúpula sufrió una serie de cambios). Cimentar confianza, meta del nuevo gobierno, PL, Pág. 7, 28/3/1982. 116 Ríos Montt indicó en su discurso inicial que en Guatemala no aparecerían, en las cunetas de las calles, más personas asesinadas, pero advirtió claramente que a quien se empeñara en desobedecer las leyes se le castigaría de forma ejemplar, se le fusilaría. Un ejemplo nítido de ello es el caso de los Tribunales de Fuero Especial, cuyo principal cometido era aplicar la justicia de manera pronta y cumplida.

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II Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Guatemala, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), octubre de 1983.117 III Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la República de Guatemala, CIDH, octubre de 1985.118 Informe Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), Guatemala, Nunca Más. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 1998. Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala, Memoria del silencio, 1999. Denuncias de violaciones a los derechos humanos de guatemaltecas y guatemaltecos por los regímenes militares, provenientes de diversas organizaciones internacionales: la organización cristiana estadounidense Pax Christi, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Comisión de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional (AI), etc. Muchas otras denuncias en foros internacionales emitidas por nacionales y que solamente aparecen mencionadas en los medios escritos de la época, generalmente cuando en forma despectiva se refieren a ellos los funcionarios de gobierno.

La relación entre violencia, derechos humanos, legalidad y actividad política nos incumbe sobre manera porque es parte de un todo para un análisis integral del proceso que hemos venido estudiando. Paralizar toda actividad política, aún aplicada a la misma oposición leal o tolerada por el sistema, no se queda simplemente en una prohibición categórica. El mantenimiento del terror, institucional o paralelo, o bien su permisión, tiene otras consecuencias inmediatas tanto para la dirigencia política como para la población en general. La violencia indiscriminada provoca un clima indescriptible de inseguridad, por lo que es advertencia o amenaza suficientemente efectiva para que muchos sectores políticos no se sientan amparados por el sistema y de allí que se inhiban de participar (actividades de discusión de problemática nacional, formación política, organización o propaganda). Luego, podemos hacer extensiva la anterior aseveración al ámbito de la población en general en cuanto a su interés en participar en los eventos electorales, particularmente de manera directa y vinculante con las organizaciones políticas. d) El régimen se presentó ante la opinión pública como un ente justo y racional aunque severo en su trato contra la insurgencia, con la emisión de decretos de Amnistía Política y la instauración de Estados de Excepción, respectivamente. En términos muy simples, la amnistía política es un recurso que en nombre del Estado puede utilizase para extinguir la responsabilidad penal de ciertas personas por la comisión de ciertos delitos durante determinado lapso, en todo caso debidamente definidos mediante la emisión de un instrumento escrito con carácter de ley, vigente por cierto tiempo, aplicable usualmente en periodos de postguerra.119 Por su parte, el estado de excepción es una anomalía que altera el libre ejercicio de los derechos ciudadanos y que restringe la prestación de los servicios públicos básicos a partir de una grave amenaza al orden público, previéndose que para garantizar su restitución se debe dotar primero a la autoridad competente de ciertas facultades que le permitan extralimitarse en las funciones normalmente permitidas y aceptadas legalmente. Esta situación nace jurídicamente mediante la 117 El cual puede ser encontrado íntegro en: http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala83sp/indice.htm 118 Puede encontrarlo íntegro en: http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala85sp/indice.htm 119 Diccionario Jurídico ESPASA, España, 1999.

promulgación de una ley que así lo disponga, la cual debe especificar el tiempo de duración, los derechos ciudadanos suspendidos y el territorio afecto.120 Comúnmente, según la gravedad de la situación, se reconocen las siguientes categorías dentro del concepto estado de excepción: estado de guerra, estado de sitio, estado de alarma y estado de alerta. Tabla No. 1 Cronología de los estados de excepción y de los periodos de amnistía política durante los regímenes militares en Guatemala, marzo de 1982 a enero de 1986. Periodo de normalidad Primera Amnistía de Ríos Montt Estado de Sitio Segunda Amnistía de Ríos Montt Periodo de normalidad Estado de alarma Primera Amnistía de Mejía Víctores

23 de marzo a mayo de 1982 (poco más de 2 meses) Junio de 1982 (1 mes) Del 1 de julio de 1982 al 23 de marzo de 1983 (9 meses) Del 23 de marzo al 27 de mayo de 1983 (2 meses) Junio (1 mes) Del 29 de junio al 9 de agosto de 1983 (casi 2 meses) Del 9 de agosto de 1983 al 13 de enero de 1986 (poco más de 29 meses)

Fuente: Cronología de la legislación Guatemalteca (1971 – 1992), elaborada por Carlos Santos Son Roquel y la consecuente revisión hemerográfica en el Diario de Centroamérica, Parte Legal.

La ley con mayor jerarquía durante dicho tiempo fue el Estatuto Fundamental de Gobierno; en él, aparecen listados los derechos y garantías individuales reconocidos formalmente a la ciudadanía (que en todo caso eran mucho menores que aquéllos que aparecían en la Constitución Política de 1965, de por sí parca, derogada por el golpe militar). De forma aproximada, los regímenes militares presididos por Ríos Montt y Mejía Víctores duraron 46 meses. Sin embargo, el estado de excepción imperó durante 11 meses, todos ellos durante el régimen de Ríos Montt. Esto quiere decir que el 65% de su tiempo de gobierno transcurrió bajo un ambiente de restricción a las libertades individuales. Este dato se diluye a un 24% cuando es considerado a partir de la totalidad del gobierno de facto (Ríos Montt y Mejía Víctores). Y, en este ambiente fue que los militares promovieron la democracia (sin contar con las excesivas olas de violencia que caracterizaron a todo el periodo). Ahora bien, los estados de excepción promovidos por Ríos Montt fueron precedidos por decretos de amnistías políticas (como sucedió también en 1963 y 1966). La utilidad de estas es grande; a primera vista pretenden dar una alternativa a las personas que participan, o han participado, en las organizaciones insurgentes, y que por ende han cometido delitos de tipo político, haciéndolo extensivo a los delitos comunes conexos con ello. Esto es un acto de magnanimidad mostrado por el régimen pero destinado a no tener los efectos literalmente expresados, por cuanto sirvió en la práctica para legitimar el uso excesivo de la fuerza.121 Existen muchos elementos para demostrar la falsedad del supuesto objetivo redentor (redimir a la subversión). En primer lugar, porque se hizo en un ambiente de abierta hostilidad, en tanto no cejó en ningún momento el feroz plan de campaña contrainsurgente lanzado contra la población.122 En segundo lugar, porque el ejército era el ente 120 Ídem. 121 Cuando Ríos Montt anunció la próxima implantación del estado de sitio afirmó que la oportunidad de deponer las armas ya se le habían dado a la guerrilla y que en adelante sólo podían esperar ser fusilados. Explicó que era preferible informar el fusilamiento de 20 subversivos que la muerte de 30 o 40 personas inocentes. Habrá estado de sitio, PL, Pág. 2, 27/5/1982. 122 De hecho, a finales de abril los medios de comunicación publican una serie de acciones

encargado de tramitar el proceso, lo que se convertía en juez y parte en el asunto.123 En tercer lugar, porque la postura tanto del ejército en cuanto a la victoria militar y de la insurgencia en cuanto a continuar la lucha, en ambos casos con o sin amnistía, era definitiva y pública.124 También se ha señalado otro objetivo de la amnistía: beneficiar directamente a sectores no involucrados con la insurgencia, pero sí con cuerpos represivos estatales (que se hubieren excedido en sus funciones) o paralelos a las fuerzas del orden.125 De este modo, militantes de los denominados escuadrones de la muerte o los miembros de las estructuras policiales denunciados por violar los Derechos Humanos durante el régimen anterior podían obtener su salvoconducto y reintegrarse a la vida civil en tanto el ejército monopolizaba el uso del terror. En cuanto a los resultados de la amnistía política, la propaganda oficial dio cuenta de numerosas personas que se acogieron a la misma.126 Se habló incluso de deserciones dentro de las filas de la guerrilla, aunque de sobra es sabido que ello había ocurrido antes y ocurriría después, con o sin amnistía. Ni el número de personas fue significativo ni las razones que tuvieron la mayoría de amnistiados fueron aclaradas, pues se trataba en muchos casos de las primeras poblaciones que huían de la violencia por las montañas y las primeras en ser reasentadas en lo que daría por llamarse aldeas modelo y polos de desarrollo. e) El régimen promovió una imagen de consenso y representatividad en su acción. Tratándose de una dictadura, la pretendida búsqueda de consenso y la generación de espacios públicos de representatividad son a lo sumo un buen proyecto. Sin embargo, durante buena parte de la dictadura militar existió un ente que simuló contemplar dichos aspectos: el Consejo de Estado. Ya en el propio EFG, el ejército se facultó a sí mismo para permitir la creación de los “cuerpos consultivos que fueran necesarios”.127 El 17 de agosto de 1982 se creó el Consejo de Estado, violentas dirigidas en contra de la población civil indígena del altiplano y se señala que la organización obligatoria en Patrullas de Autodefensa Civil ha experimentado un repunte. Aumentan masacres de campesinos. Inforpress Centroamérica (ICA), No. 489, Pág. 6, 22/4/1982. 123 El trámite de la amnistía lo hacía la autoridad militar del área, remitiendo el expediente a la autoridad judicial correspondiente, aunque ello debe ser considerado como pura formalidad. También se emitió el DL 34-82, según el cual las personas que se quisieran acoger a los beneficios de la amnistía podían presentarse ante una serie de autoridades, incluidas universidades, iglesias, etc. Sin embargo, ésta estaban obligadas a remitir inmediatamente a la persona a la autoridad militar correspondiente. 124 Desde el inicio, y como era de esperar, las organizaciones guerrilleras rechazaron el llamado a deponer las armas. Por su parte, el ejército aún antes de terminar el periodo de aministía tenía ya preparadas, junto a la imposición del estado de excepción y de los tribunales de fuero especial, una serie de DL y acuerdos gubernativos tendentes a “Aniquilar a la subversión”. Ejército se movilizará para aniquilar a la guerrilla, PL, Pág. Pág. 2, 2/7/1982. A partir de julio el ejército declaró la movilización parcial del ejército, desplazando a miles de soldados hacia las zonas de contrainsurgencia. Ejército recibió 50% más de reservistas. PL, Pág. 42, 17/8/1982. 125 Amnistía para guerrilleros y agentes de seguridad. ICA, No. 493, Pág. 9, 20/5/1982. 126 La amnistía fue ampliamente difundida en 23 idiomas nacionales y tuvo una cobertura grande en los medios escritos de comunicación. Según el semanario Inforpress Centroamérica, hacia el cierre, se acogieron a ella 1936 guerrileros (incluyendo 3 profesionales). Los datos posteriores no pueden ser contrastados con información de la insurgencia porque al día siguiente entró en vigor el estado de sitio y se prohibió a los medios publicar ese tipo de noticas. ¿Primeros presos políticos?: fin de la amnistía. ICA, No. 500, 8/7/1982. Lo de presos políticos se refiere a la entrada en vigor de los Tribunales de Fuero Especial. 127 “EFG”… Arto. 29.

constituido como un “cuerpo consultivo del Gobierno de la República”,128 integrado por diversos sectores: organismos del Estado, organizaciones privadas, universidades, algunos partidos políticos, sindicatos reconocidos, municipalidades, cooperativas, asociaciones profesionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones femeninas, y por los grupos étnicos mayoritarios del país.129 En la letra, este órgano consultivo tenía como principales atribuciones130 contribuir a la solución de los problemas del desarrollo social, económico, institucional y político del país; emitir dictamen sobre los proyectos de ley y demás asuntos sometidos a su conocimiento; y, resolver las consultas formuladas por el Presidente de la República y preparar los proyectos de ley que dicho funcionario le encomiende… Este órgano de consulta tuvo vigencia poco tiempo, prácticamente sólo fue utilizado por Ríos Montt. Empezó a funcionar en septiembre de 1982 y en septiembre de 1983, Mejía Víctores emitió el DL 121-83,131 mediante el cual lo disolvió. La vida o existencia de este organismo además de efímera fue polémica, lo que se evidenció en su formación y composición, labor y en su disolución misma. El apoyo y concordancia con el proyecto político de Ríos Montt fue evidente. De hecho, de los más de 30 miembros de que debía estar compuesto, la mayoría fueron electos por autoridades ligadas al régimen (aunque por ley solamente cinco de ellos dependían directamente del gobierno, entre ellos el presidente y el vicepresidente), considerando la fuerte intervención militar en la mayoría de dependencias y porque además la misma ley preveía que en caso de que un organismo no propusiera a su candidato, el mismo presidente estaría facultado para hacerlo. 2.2.2 Creación de la base jurídico-política y de la institucionalidad política-electoral a) El camino hacia la construcción del andamiaje jurídico político Para finales de marzo de 1982, prácticamente ya se había barrido con toda la institucionalidad electoral heredada por la Constitución Política de 1965 y la vida política de la nación se mecía al tenor del arrullo de la legislación que naciera en el seno del régimen de facto, por su puesto acorde a su proyecto político militar. Además de las promesas realizadas por la JMG, tres son los documentos fundantes del nuevo orden político electoral en ciernes: la “Proclama del Ejército al Pueblo de Guatemala”, dada a conocer el mismo día del golpe de Estado; el denominado Programa de Gobierno o Plan de los 14 puntos, que dio a conocer Ríos Montt el 5 de abril de 1982; 132 y, su forma jurídica más acabada, el Estatuto Fundamental de Gobierno. Del primero y el tercero ya hemos tenido oportunidad de abordarlos. Detengámonos brevemente en el segundo de ellos. El punto No. 12 del Plan de Gobierno establece que para la junta militar es vital “[r]eestructurar el sistema electoral para que, como fruto de una verdadera democracia, se respete la 128 Ley Orgánica del Consejo de Estado, DL 65-82, 17-8-1982. Arto. 1. 129 Id. Arto. 2. 130 Id. Arto. 10, incisos del a) al c). 131 DL 121-83, 29-9-1983. Deroga el DL 65-82, Ley Orgánica del Consejo de Estado. 132 Los 14 puntos, PL, Pág. 2, 6/4/1982. Un análisis puntual de este documento está contenido en el artículo “Junta persigue debilitar el movimiento insurreccional”, del semanario Inforpress Centroamérica (ICA), No. 485, 15/4/1982. Este artículo señala que de los 14 puntos, solamente 2 tocan, de manera muy conservadora, aspectos torales de la situación político-económica del país. Por ende, concluyen, el objetivo trazado es “quitar las banderas” por las que lucha la guerrilla sin comprometerse a realizar cambios sustanciales en el sistema económico.

participación política y se eviten las frustraciones populares.” A este, debe integrársele el punto No. 14, “[r]establecer la constitucionalidad del país dentro de un plazo perentorio, para que los guatemaltecos conozcan y exijan sus deberes y obligaciones dentro del libre juego democrático.” Sobre la anterior base, los partidos políticos y demás sectores interesados empezaron a trabajar. La primera reunión que la JMG promovió con la dirigencia de los partidos políticos que denunciaron en su momento el fraude electoral se verificó el 15 de abril de 1982.133 A nuestro parecer, 3 temas importantes fueron tratados por sus asistentes: la forma como participarían los partidos en la creación de una nueva ley electoral, el apoyo al régimen transicional encabezado por los militares y la espera prudente para poder hablar de convocatoria a elecciones, que ya se señalaban para una constituyente.134 De allí, se acordó el sostenimiento periódico de dichas reuniones, celebrándose otra el 21 de mayo de 1982, en la que se volvió a discutir el ritmo del retorno constitucional.135 Un aspecto es importante de señalar respecto de esta reunión: los dirigentes políticos ya sostenían que el periodo prudencial podría concluir a finales del año en curso. Como podemos observar, en el ínterin de ambas reuniones (hubo una más, intermedia), un aspecto ha resaltado: el apoyo de los políticos profesionales se mantenía pero se urgía al ejército en el poder a apresurar la marcha. Por ejemplo, Sandoval Alarcón declaraba en abril de 1982 que 14 meses eran suficientes para que la JMG hiciera su trabajo y entregara el poder a una constituyente previamente convocada.136 Señaló que el poder que ostenta un régimen de facto no proviene de la decisión del pueblo, por lo que es débil y sufre un deterioro bastante rápido (según el líder de la ultra derecha, el golpe de Estado no resuelve más que conflictos inmediatos, siendo medida inteligente disolverlos rápidamente para que los partidos políticos y el electorado reanuden sus actividades). Sin embargo, la opinión de este sector estaba dividida pues días después encontramos a uno de los miembros fundadores del Partido Revolucionario declarando que para convocar a una constituyente se necesitaba de un ambiente sereno y tranquilo.137 La opinión también estaba dividida entre los miembros mismos de la JMG, pues Ríos Montt declaró en repetidas oportunidades que el calendario de trabajo debía pasar primero por el ordenamiento y pacificación del país, mientras que el Maldonado Schaad aseguraba que diciembre era un tiempo justo para celebrar elecciones constituyentes.138 A inicios del mes de junio, Ríos Montt daba las primeras de una serie de duras declaraciones contra sus detractores, al afirmar que a quienes quieren que las elecciones se hagan a corto plazo (dos 133 Reunión de la Junta con partidos políticos. PL, Pág. 22, 16/4/1982. 134 La Constitución Política de 1965 no fue abrogada sino solamente suspendida. La convocatoria a una constituyente ya es parte del programa de gobierno, con el objetivo de legitimar al régimen democrático proyectado a un futuro de mediano plazo. Sin embargo, no se encuentra todavía definida la cuestión de reforma o elaboración de una nueva carta magna, aunque se perfila la segunda en la medida en que ofrece dotar a la ciudadanía de una institucionalidad en la que puedan confiar, sin vínculos con el pasado inmediato. 135 Gobernantes recibirán hoy a líderes políticos, PL, Pág. 2, 21/5/1982. 136 Debe volverse a la constitucionalidad en plazo prudencial, insiste Sandoval Alarcón. PL, Pág. 9, 17/4/1982. 137 Fuentes Pieruccini: No es aconsejable reunir a corto plazo una asamblea nacional constituyente. PL, Pág. 2, 30/4/1982. 138 Maldonado Schaad: conviene realizar en diciembre elecciones para constituyente. PL, Pág. 19/5/1982. Sin embargo, dichas contradicciones fueron eliminadas con la renuncia de los vocales y la asunción solitaria de Ríos Montt al control del Estado, en lo que ha venido a denominarse el “mini golpe” del 9/6/1982.

meses) “se [les puede] calificar como asquerosos y sucios…”.139 Ante estas declaraciones no hubo ningún tipo de reacciones, pues ninguno de los dirigentes políticos se dio por aludido.140 Las reuniones continuaron aun cuando a mediados de junio de 1982, el presidente de facto afirmó que indefectiblemente la convocatoria a constituyente no se daría antes de 30 meses, a partir de julio de 1982, siempre y cuando los objetivos programados por los militares estuvieren cumplidos.141 Las implicaciones de estas declaraciones son profundas, pues en la práctica implican que los militares tendrían el monopolio de la acción gubernativa por lo menos hasta 1985, tiempo suficiente para reforzar el aparato contrainsurgente a través de la reorganización administrativa y de la recomposición de la economía nacional.142 Al 18 de junio ya se habían realizado un total de 15 reuniones entre ambos sectores y la temática a discutir se había ampliado, dejando el tema electoral en un cuarto lugar – los temas en cuestión pasaron a ser: la violencia, la estructura económica y las relaciones internacionales del Estado. Se planteó que la discusión propia de la nueva ley electoral debía pasar por el Consejo de Estado, ente consultivo de naturaleza estamental en proceso de creación, en el cual los partidos políticos tendrían dos representantes cada uno (al final de cuentas fueron invitados los partidos: Movimiento de Liberación Nacional, Democracia Cristiana Guatemalteca, Partido Nacional Renovador, Central Auténtica Nacionalista [a estos cuatro también se les conoció como multipartidaria] y el Frente Unido de la Revolución – este último fue el único que finalmente participó; los partidos involucrados en la alianza oficial acusada del fraude de marzo del mismo año fueron excluidos).143 De esta manera, el futuro próximo de la elaboración de la base jurídica política necesaria para la reestructuración del sistema electoral se trasladó al espectro del Consejo de Estado. Hubo muchos sectores prestos a participar en dicho órgano (cooperativas, sector empresarial, sector de mujeres), pero no encontró eco en los partidos políticos. En el ambiente flotaba un aire de desconfianza respecto de la influencia real que el consejo tendría en las decisiones de gobierno,144 pues se consideró que sería inoperante, inútil y oneroso, por lo que solamente serviría para avalar las decisiones ya tomadas por el ejecutivo.145 Sin embargo, en el trance de esta serie de discusiones, se impuso el estado de sitio a inicios de julio de 1982 (y duró sin alteraciones hasta marzo del siguiente año) y el presidente militar prohibió tajantemente a los partidos políticos poder emitir cualquier pronunciamiento146 y a los medios de comunicación abstenerse de publicarlos. Es por ello que a partir de entonces, la información periodística que se encuentra al respecto es mínima y en todo caso tiene carácter oficial por su procedencia. Así pues, a partir de septiembre de 1982, el curso a seguir para desarrollar la nueva ley electoral, base fundamental para poder realizar convocatoria a asamblea constituyente, quedó definido. El instrumento jurídico electoral sería elaborado por el Consejo de Estado y posteriormente revisado por el propio presidente de la República, pues es quien tiene facultades legislativas según el EFG.147 139 Ríos Montt afirma: políticos que piden comicios en dos meses, son sucios. PL, Pág. 6, 3/6/1982. 140 Declaraciones de Ríos Montt no molestan a políticos. PL, Pág. 8, 5/6/1982. 141 Constituyente hasta después de 30 meses. PL, Pág. 2, 19/6/1982. 142 30 mese de gobierno militar. ICA, Págs. 1 y 2, 24/6/1982. 143 Danilo Barillas habla de la reunión con el presidente. PL, Pág. 46, 19/6/1982. 144 PNR desautoriza la participación de su gente en el consejo de estado. PL, Pág. 4, 26/6/1982. 145 Partidos no participarán en el consejo de Estado, PL, Pág. 11, 25/8/1982. 146 Partidos políticos deben estar en silencio. PL, Pág. 4, 6/7/1982. 147 Presidente revisará ley electoral que elaborará el Consejo de Estado. PL, Pág. 6, 1/9/1982. Al igual que los partidos políticos, las asociaciones de periodistas también se abstuvieron de participar, argumentando que en sus bases constitutivas se les declaraba decididamente apolíticas.

Recién instalados los miembros del Consejo de Estado, procedieron a organizarse, decidiéndose que trabajarían en torno a dos comisiones importantes, una que revisaría los asuntos políticos (entre otros los referidos a la ley electoral) y una que revisaría cuestiones de naturaleza socio económica. Instalada la Comisión de Política Nacional, sus integrantes declararon estar prestos a iniciar su gran objetivo, la redacción y proposición de una nueva ley electoral y de partidos políticos, haciendo un nuevo llamado a los partidos para que colaboraran.148 A inicios del mes de noviembre, con gran júbilo, Ríos Montt anunció que al conmemorarse un año del golpe de estado que lo llevó al poder, emitiría finalmente la legislación básica para poder dar inicio con el proceso de retorno a la democracia. Según el anuncio, dicha base contaría con un “paquete” de leyes pre-constitucionales, el que constaría de tres instrumentos: ley de registro civil y de ciudadanos, ley de partidos y organizaciones políticas y la ansiada ley electoral para asamblea constituyente.149 Sin embargo, como hemos venido sustentando en este trabajo, la democracia tal y como la concebían los militares no podía ser producto de una conquista popular (pues para ellos, el golpe de estado de marzo de 1982 fue en sí una conquista popular) y fue impuesta a la fuerza. Por ello, no es sorprendente que durante los días previos a este anuncio la población guatemalteca haya sido objeto de fuertes restricciones (estado de sitio y el anuncio de su prórroga) y objeto de una fuerte escalada de represión y violencia. Todo ello, en medio de un clima tenso al denunciarse un intento fallido de golpe de estado.150 En el ámbito de la guerra contrainsurgente, se denunciaron innumerables violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas (persecuciones, masacres y congregaciones forzadas en patrullas de autodefensa civil – unos 300,000 indígenas según indicó Ríos Montt en ese mismo mes y año – y en aldeas modelo) y acoso a refugiados instalados en México (lo que provocó fuertes críticas por autoridades mexicanas). En la ciudad Capital, la última quincena de octubre fue particularmente represiva pues la misma quedó virtualmente cercada al instalarse puestos de registro en sus salidas naturales, detenciones y registros masivos a transeúntes y automóviles y una tenaz campaña de cateo a zonas urbanas determinadas. Esto último provocó, naturalmente, decenas de detenciones y otras arbitrariedades. Por último agreguemos que los tribunales de fuero especial ya habían ordenado la ejecución sumaria de cuatro personas y que había más condenas esperando su turno de ser ejecutoriadas.151 148 Comisión política primer paso a constitucionalidad. PL, Pág. 6, 9/10/1982. 149 Las declaraciones oficiales en torno a los objetivos de este paquete intentan justificar su creación de la siguiente manera: la primera de dichas leyes tendría por propósito unificar el control en la emisión de documentos de identificación para los electores, evitando así que “hasta los muertos voten”; la segunda, democratizar y normal el funcionamiento de los partidos tratando de evitar “los vicios del pasado”; y, la tercera, crear un ente eminentemente técnico encargado de coordinar el proceso electoral “al margen de presiones del gobierno” y “fiscalizado por las organizaciones y partidos políticos”. Consejo de Estado: tres leyes para asegurar pureza en los comicios. PL, Pág. 6, 3/11/1982. 150 Después de otro fallido complot se anuncian leyes pre-electorales. ICA, No. 517, Págs. 1 y 2, 4/11/1982. 151 Nuevamente, nos remitimos a los análisis proporcionados por el semanario Inforpress Centroamérica, Creciente militarización del país, ICA, No. 516, Pág. 14, 28/10/1982. El diario Prensa Libre reportaba estas noticias desde una versión oficial en atención a la prohibición que tenía de publicar otras fuentes. Ello significa, por ejemplo, que las muertes de campesinos en Chimaltenango (área en la que inició el proceso de pacificación según se concebía en la campaña Militar Victoria 82), era presentada como enfrentamiento entre el ejército, o en todo caso eran atribuidas a la propia guerrilla, según declaraciones de oficiales del ejército. Evidentemente, tampoco hubo una sola nota editorial que analizara este asunto.

Es decir, que el proceso de re institucionalización del país fue promovido en medio de una serie de arbitrarias y paradójicas medidas políticas, se sustentaba una tesis democrática mientras se restringía la participación política, se sustentaba una tesis civilista de transición mientras se militarizaban las instituciones, etc.152 El proceso de elaboración y discusión de los proyectos de las leyes denominadas preconstitucionales es poco cubierto por los medios de comunicación. Más que debates o discusiones sustantivas sobre los temas por legislar, lo que aparece en los medios escritos de prensa es superficial o bien es propaganda oficial. Algunos de los elementos citados en boca de las autoridades civiles o militares o bien de los consejeros de estado se refieren a aspectos superficiales, repetitivos y globales de las leyes, los cuales pueden encontrarse en los textos legales posteriormente aprobados. La intentona riosmonttista de conseguir el aval de todos los estamentos hacia su proyecto de gobierno se desmoronó muy rápidamente. El desplante hecho por los dirigentes políticos al no participar en su consejo consultivo es prueba de ello. Con cierto dejo de despecho hacia enero de 1983 el militar declaraba que lo ideal sería que para las elecciones a constituyente participaran solamente nuevos partidos y nuevos dirigentes, jóvenes, no ligados al pasado político del país. Incluso señaló que el Consejo de Estado estudiaba cancelarlos y que en todo caso se emitirían las disposiciones correspondientes para controlar actos anómalos a la hora de que éstos retornaran a la escena pública.153 Después, agregó que ello era sólo un tema de estudio y que la decisión se vería el 23 de marzo próximo. También indicó que los partidos políticos podían sugerirle al gobierno alternativas para no ser cancelados pero que en todo caso debía ser por vía escrita y directa y en ningún caso por la vía pública pues lo prohibía el estado de sitio imperante.154 La acción política de los gobiernos militares estuvo, aparentemente, llena de paradojas. Las leyes electorales fueron discutidas por algunos meses dentro de un estado de excepción, Sin embargo, convenientemente este concluyó en el momento en que serían aplicadas y en que serían echadas a andar. La justificación del estado de sitio fue la violencia imperante en todo el país y el mes de febrero se perfiló como altamente violento, mas el estado de sitio fue suprimido. O sea, que finalmente privó el criterio político y se guardó las apariencias, pues como afirmaba la máxima autoridad del Consejo de Estado: “no podría darse una apertura política… con un régimen de restricción de garantías…”.155 Así, se solucionó el dilema. b) El “paquete” de leyes (e instituciones) electorales En un congreso organizado por sectores empresariales, el presidente del Consejo de Estado afirmó que el retorno a la constitucionalidad debía pasar por la creación de nuevas leyes e instituciones, cuyo fin esencial era normar y garantizar el ejercicio de los derechos inmanentes al ser humano, esencialmente, la protección a la persona y a su propiedad.156 Esta profesión de fe más una buena dosis de demagogia por parte del legislador de facto (el militar) fueron al final de cuentas los cimientos filosóficos que habrían de inspirar las nuevas leyes electorales. El Consejo de Estado, declarado en sesión permanente, se fijó como fecha límite el 20 de febrero para enviar de forma oficial los tres proyectos de ley discutidos y aprobados.157 Posteriormente, ya 152 Nuevo año: centralización del poder a todo vapor. ICA, No. 526, Págs. 12 y 13, 20/1/1982. 153 Estudian cancelación de todos los partidos políticos. PL, Pág. 2, 13/1/1982. 154 El 23 de marzo el gobierno decidirá sise cancelan o no los partidos. PL, Pág. 4, 14/1/1982. 155 Apertura política imposible con restricción de garantías, PL, Pág. 9/2/1983. Declaraciones dadas por Jorge Serrano Elías, presidente del Consejo de Estado. 156 Retorno a la constitucionalidad, PL, Pág. 8, 21/2/1983. 157 Tres nuevas leyes serán entregadas el 20 de febrero. PL, Pág. 4, 11/2/1983.

en manos del equipo de trabajo del ejecutivo, fueron revisados y, tal y como se había anunciado, en el marco de la conmemoración del golpe militar de 1982, fueron aprobados el 23 de marzo de 1983. Las tres leyes que componen este “paquete electoral o leyes políticas” son: Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral,158 Ley del Registro de Ciudadanos,159 y, Ley de Organizaciones Políticas160. Con este conjunto de disposiciones normativas, se inició el proceso de creación de condiciones institucionales que posibilitaran el retorno de los partidos políticos a la arena electoral y los mecanismos de participación para procurar la elección de una nueva asamblea constituyente en 1984, las elecciones generales en 1985, y, finalmente, la transición hacia un gobierno civil electo constitucional y popularmente. A las leyes anteriores se le sumó, cuatro días más tarde, la Ley del Registro General de Población.161 a) La primera de las leyes electorales promulgadas, como se indicó, fue la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral.162 En dicha ley se creó el TSE, y se le asignó las características de: “permanente, autónomo en sus funciones, con jurisdicción en toda la República, y no supeditado a ninguna otra autoridad u organismo del Estado…”.163 Las principales atribuciones otorgadas a dicho órgano fueron:164       

Ser el responsable en materia de organización y participación política ciudadana; Tener la exclusividad de la organización del proceso electoral y de su pureza; Declarar la validez de las elecciones o su nulidad total o parcial; Adjudicar los cargos resultado de las elecciones; Velar porque se cumpla todo lo relativo a las organizaciones políticas (ley específica, y particularmente lo relativo a su inscripción, coalición, fusión, sanciones cancelación); Designar a las autoridades electorales a nivel local – municipal, departamental y nacional, o removerlas; Entre otras.

El TSE se compondría de 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes. La elección de los mismos recaería en la Corte Suprema de Justicia, con el voto de al menos dos terceras partes de sus miembros sobre una lista de 20 profesionales del derecho que sería proporcionada por la respectiva Comisión de Postulación.165 En cuanto a su organización administrativa, se erigieron los siguientes entes: Presidencia del Tribunal,166 Secretaría General,167 Inspectoría electoral,168 Auditoría electoral,169 y, Contaduría del

158 Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral (LOTSE), DL 30-83, 23/3/1983. 159 Ley del Registro de Ciudadanos (LRC), DL 31-83, 23/3/1983. 160 Ley de Organizaciones Políticas (LOP), DL 32-83, 23/3/1983. 161 Ley del Registro General de Población, DL 33-83, 27/3/1982. 162 En adelante, nos referiremos a ella como LOTSE o DL 30-83. En cuanto al Tribunal Supremo Electoral, este aparecerá citado como “el Tribunal”, “el Tribunal Electoral” o “el TSE”. 163 Id. Arto. 1. 164 Id. Arto. 3. 165 Id. Arto. 4. Para ver la composición de la Comisión de Postulación, véase a partir del Arto. 16. 166 Id. Arto. 21. 167 Id. Arto. 22. 168 Id. Arto. 24. 169 Id. Arto. 26.

Tribunal.170 Por otra parte, las autoridades electorales u órganos electorales171 fueron las siguientes: Registro de Ciudadanos,172 Juntas Electorales Departamentales, Juntas Electorales Municipales, Juntas Receptoras de Votos. En cuanto al proceso de conformación del TSE, en las disposiciones finales y transitorias173 de dicho cuerpo normativo, se dispuso el siguiente: 





Acreditación de los miembros ex oficio (o sus representantes) y miembros electos para conformar la Comisión de Postulación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a más tardar el 15 de abril de 1983. Sin embargo, esta fecha fue fijada nuevamente para el 22 de abril de 1983.174 Instalación de la Comisión de Postulación por parte de la CSJ el 23 de abril de 1983. A partir de entonces, la Comisión tendría el término de un mes para entregar la lista de 20 profesionales del derecho idóneos a la CSJ. Esta fecha fue recalendarizada para el 3 de mayo de 1983.175 Disponiendo de la lista, la CSJ debía reunirse extraordinariamente y proceder a la elección de los magistrados de tal suerte que los miembros titulares electos debían tomar posesión de sus cargos el 30 de junio de 1983. Sin embargo, mediante DL 59-83, el gobierno ordenó que en caso no se tuviere completa la nómina para dicha fecha, en virtud del declive de algunos profesionales electos, daría una prórroga que llegaría hasta el 20 de julio de 1983176.

La LOTSE tuvo vigencia hasta enero de 1986, fecha en que fue sustituida por la Ley Electoral y de Partidos Políticos, elaborada por la propia Asamblea Nacional Constituyente.177 Durante sus casi tres años de vigencia, sirvió de soporte para dos procesos electorales y fue objeto de múltiples modificaciones. Las primeras modificaciones a la LOTSE tuvieron la finalidad de introducir el recurso extraordinario de Amparo en casos concretos y ciertas modificaciones relativas a la conformación de la Comisión de Postulación y del calendario electoral. Las segundas modificaciones tuvieron por objeto solucionar el vacío de ley que dejaba el declive que algunos profesionales electos hicieron en cuanto a aceptar el cargo a magistrados del TSE.178 Las terceras modificaciones fueron emitidas en el marco del proceso de reafirmación del compromiso de retorno a la constitucionalidad anunciado por el régimen de Mejía Víctores, para lo cual dispuso “otorgar funciones autónomas [al TSE…, y] otorgarle la facultad de iniciativa de ley en materias de su competencia…”.179 Nuevamente, en septiembre de 1983 se modificó por cuarta vez la LOTSE, esta vez para solucionar de manera casuística el problema de magistraturas vacantes.180 En una quinta ocasión, el gobierno 170 Id. Arto. 27. 171 Id. Arto. 29. 172 Cuyas especificidades están normadas por una ley especial, el DL 32-83. 173 Id. Artos. 56 al 59. 174 DL 38-83, 12-4-1983. Primeras modificaciones a la LO TSE, DL 30-83. 175 Id. 176 DL 59-83, 3-6-1983 Segundas Modificaciones a la LO TSE, DL 30-83, reformado por el DL 38-83. 177 Decreto 1-85, Ley Electoral y de Partidos Políticos, Asamblea Nacional Constituyente. 178 Id. 179 DL 98-83, 19-8-1983. Terceras reformas a la LO TSE, DL 30-83, reformado por el DL 38-83 y DL 59-83. Considerando No. 1. 180 DL 108-83, 30-9-1983. Cuartas reformas a la LO TSE, DL 30-83, reformado por los DL 38-83, 59-83 y 98-83. Este DL fue nuevamente puesto en práctica mediante el DL 78-84. Ver infra, Séptimas modificaciones a la LOTSE.

de facto modificó la LOTSE en el sentido de permitir a los abogados y notarios que conformaban el TSE el libre ejercicio de su profesión, salvo en casos vinculados con el tema electoral.181 En marzo de 1984, a iniciativa del propio TSE, se modificó por sexta vez le LO TSE182, prohibiendo a los alcaldes de facto participar en las juntas electorales conformadas para los comicios constituyentes. Sin embargo, se recalcó su autoridad dentro del municipio por lo que se le constriñe a prestar la ayuda que para efectos electorales le fuera requerida. Esta modificación fue posterior a la emisión de la Ley Electoral específica para la elección de diputados a Asamblea Nacional Constituyente (ANC, DL 3-84) y habiendo sido realizada la respectiva convocatoria mediante DL 4-84,183 por lo que el mismo DL implica necesaria reforma a ambos cuerpos legales. Luego, el gobierno de Mejía Víctores emitió en mayo de 1984184 una disposición interpretativa de acuerdo con la cual aclaraba el “auténtico” significado de la frase “no desempeñar cargo público”, contenida dentro del inciso d) del artículo 34 de esta ley, dirigida como prohibición para ejercer funciones dentro de una Junta Electoral Departamental o Municipal. Según quedó establecido, esta prohibición no sería aplicable para quienes “ejerzan funciones o empleos de naturaleza docente, de salud y asistencia pública, de asesoría legal o técnica, sin ejercicio de jurisdicción y en general, para quienes no devenguen sueldo del Estado, aún cuando desempeñen cargo dentro del mismo.”.185 Finalmente, en julio de 1984, se reformó por séptima y última vez la LOTSE, con el objetivo de procurar la conformación inmediata del TSE tras la renuncia de un magistrado titular y tres suplentes. Para paliar la falta de magistrados, mediante DL 78-84,186 el régimen dispuso poner nuevamente en vigencia los preceptos vertidos en el DL 108-83,187 en el cual se facultaba a la CSJ para elegir mediante la mitad más uno de votos a un conjunto de profesionales del derecho brindados por el TSE. b) La segunda ley política que promulgó el régimen ríosmonttista al cumplirse un año del golpe de Estado es la Ley del Registro de Ciudadanos.188 El ejército creó el Registro de Ciudadanos como “una dependencia técnica [propia y específica] del Tribunal Supremo Electoral”.189 Dos serían sus grandes campos de acción:190 la inscripción y reconocimiento de las organizaciones y partidos políticos y la inscripción de ciudadanos para la elaboración del padrón electoral. Para su efecto, se enumeraron, entre otras, las siguientes funciones:  

Organizar la inscripción de ciudadanos y la extensión de Cédulas de Identidad Personal (CIP) Elaborar y mantener actualizado el padrón electoral

181 DL 119-83,26-9-1983. Quintas reformas a la LO TSE, DL 30-83, reformado por los DL 38-83, 59-83 y 98-83 y 108-83. 182 DL 20-84, 7-3-1984. Sextas reformas a la LOTSE, DL 30-83, reformado por los DL 38-83, 5983 y 98-83, 108-83 y 119-83. 183 Ambos instrumentos jurídicos serán analizados en el siguiente capítulo. 184 DL 39-84, 3-5-1984. Interpretación del Artículo 39 inciso d) del DL 30-83. 185 Id. Arto. 1. 186 DL 78-84, 26-7-1984, Séptimas reformas a la LO TSE. 187 Véase supra, Cuartas reformas a la LOTSE… 188 En adelante, LRC. A la institución creada para el efecto le denominaremos indistintamente el Registro electoral, el registro o el RC. 189 Id. Arto. 1. 190 LRC. Considerandos Nos. 1 y 2.

  

Dar trámite a las solicitudes de inscripción de organizaciones políticas, inscribirlas y fiscalizarlas en su funcionamiento Inscribir a los candidatos a cargos de elección popular Otras.

La estructura191 que se le dio al Registro de Ciudadanos fue la siguiente: Dirección General, Delegaciones departamentales y Oficinas y agencias varias autorizadas por la CSJ. Para efectos del cumplimiento de su función técnica, fue dividida en los siguientes departamentos192 dependientes directamente del Director General del Registro: Departamento de Supervisión de Cédulas y Elaboración de Padrones (evidentemente encargado de todo el proceso de inscripción de ciudadanos y su debido reconocimiento para poder ejercer el sufragio), y Departamento de Organizaciones Políticas (encargado de todo lo relativo a la solicitud de inscripción, inscripción, fiscalización, etc. de las organizaciones políticas). Al igual que la LOTSE, esta ley estuvo vigente hasta enero de 1986 y también sufrió una serie de modificaciones o reformas acordes a las necesidades concretas propias del proceso de “apertura” iniciado desde el gobierno. La primera reforma se relaciona inmediatamente con la promulgación del DL 115-83, el cual canceló el funcionamiento del Registro General de Población (DL 33-83), ente que habría de ser el encargado de unificar los datos atinentes al estado civil de toda la población con el propósito de emitir un documento único y novedoso que la individualizara y por ende que la identificara como ciudadana a la hora de emitir su voto. Eliminado este ente, por razones que adelante analizaremos, se promulgó el DL 116-83193, el cual de restablece la validez plena de la Cédula de Vecindad, existente desde el periodo ubiquista. Así, la serie de reformas que contiene este DL giran en torno a eliminar aquéllas funciones del Registro que atañían a la supervisión de la inscripción de ciudadanos a aquél órgano y la correspondiente emisión del citado documento y también eliminar todas las ocasiones en que se exigía a un ciudadano identificarse por medio del mismo, evidentemente en cuanto al ejercicio de sus derechos políticos electorales (desde la organización de agrupaciones políticas hasta el ejercicio del voto mismo). Finalmente, en mayo de 1984, el DL 40-84194 derogó el artículo 23 de la LRC, el cual establecía que las autoridades respectivas debían enviar, dos meses antes de las elecciones, un listado al TSE con la nómina de activos del Ejército y demás cuerpos policíacos o de Seguridad del Estado. La medida fue tomada en virtud de “razones obvias de seguridad”195 en cuanto a la improcedencia de que salga a dominio público dicha nómina. c) El tercer componente del denominado “paquete de leyes políticas” de marzo de 1983 es la Ley de Organizaciones Políticas. 196 Según esta ley, la necesidad de crear y regular un sistema de organizaciones políticas estriba en la “necesidad del planteamiento de un diálogo permanente entre las diversas corrientes ideológicas, tendiente a alcanzar soluciones nacionales por la vía pacífica”.197

191 Id. Arto. 2. 192 Id. Capítulos V y VI. 193 DL 116-83, 26-9-1983. Primeras modificaciones a la LRC, DL 31-83. 194 DL 40-84, 3-5-1984. Derogatoria del Arto. 23 de la LRC, DL 31-83. 195 Id. Considerando No. 2. 196 En adelante LOP. 197 LOP. Considerando No. 3.

Este DL es importante porque señala el reinicio de las actividades político partidarias en Guatemala después de su suspensión indefinida durante el primer año del régimen de Ríos Montt. En su parte sustantiva, la ley establece su objetivo: permitir y estimular la participación democrática, libre y pacífica de los ciudadanos en la política nacional a través de las distintas formas de organización que se establecen para el efecto,198 a decir: los partidos políticos y sus comités para su constitución, los comités cívicos electorales y las asociaciones con fines políticos. Los partidos políticos son definidos como “entidades de derecho público, con personalidad jurídica, de interés nacional y de duración indefinida, que configuran el carácter democrático del régimen político de la Nación y que proclaman y defienden una ideología que pueda plasmarse en un programa de gobierno”.199 Constituyen el órgano vital a través del cual se logrará la incorporación de la población al proceso democratizador que se impulsa (no el único, en virtud de las demás formas de organizaciones políticas creadas). Para que una comité pro formación de partido político sea autorizado como “entidad de derecho público”, la ley establece los siguientes requisitos: contar con al menos 4,000 afiliados en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos y que sepan leer y escribir; tener organización partidaria en por lo menos 50 municipios y en al menos 12 departamentos; contar con escritura pública de constitución; funcionar en cuanto a sus órganos permanentes según las disposiciones legales y estatutarias lo indiquen; y, registrarse y ser autorizados por el Registro de Ciudadanos. No es nuestro objetivo describir pormenorizadamente la estructura interna mínima que un partido político debía tener según disposición legal,200 por lo que solamente nos conformaremos con afimar que se establecieron autoridades nacionales, departamentales y municipales, compuestas por asamblea, comité ejecutivo y secretaría general (además de los respectivos órganos de consulta, ejecución y fiscalización. Como se ha indicado, existe un proceso para constituir un partido político.201 Inicia mediante la constitución de un comité pro formación de partido político. El mismo se compone de más de cincuenta ciudadanos que puedan leer y escribir organizados para tal fin. En general, los pasos que se deben seguir son los siguientes:     

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Elección de Junta Directiva Provisional con al menos siete miembros mediante acta notarial que se deberá presentar ante el Registro de Ciudadanos para su inscripción. Otorgamiento de escritura pública de constitución. Solicitud de inscripción ante el Registro de Ciudadanos, agregando copia legalizada de la escritura constitutiva (en un plazo máximo de días posterior a su otorgamiento). Resolución del Director del Registro, pudiendo aceptarla, pedir enmendarla o rechazarla de plano, procediendo el recurso de apelación ante tal situación. Una vez inscrito, a su requerimiento, al Comité se le entregan suficientes hojas de adhesión para que los ciudadanos le brinden su apoyo expreso de constituir un partido político y afiliarse al mismo. Cada una de ellas debe ser legalizada por notario. Dichas hojas de adhesión debe ser entregadas, parcial o totalmente, al Registro para su revisión y depuración. Cumplidos los anteriores pasos, se procede a otorgar nueva escritura pública Presentación de la formal solicitud de inscripción definitiva ante el Registro de Ciudadanos.

198 Id. Arto. 1. 199 Id. Arto. 4. 200 Id. Artos. 9 y ss. En la Ley se establecen las funciones de cada órgano y la regulación de su funcionamiento. 201 Id. Título II, Capítulos IV y V.

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 

El Registro de Ciudadanos revisará la solicitud y emitirá la resolución que corresponda: a. Si la documentación se encuentra en orden se mandará a publicar la solicitud de inscripción b. Si no está en orden, razonará los defectos de la solicitud o documentación presentados y señalará plazo por 15 días para que los enmiendo o complete. Esta resolución será apelable. Si el partido corrige en tiempo, se revisará nuevamente la solicitud. Si no corrigiera ni apelara, se archivará el expediente. Publicada la solicitud de inscripción y los documentos adicionales en el Diario Oficial por 3 veces en el término de 15 días, se abrirá el periodo para que se ejerzan las oposiciones que se consideren importantes a la inscripción del dicho partido político. Quien impugnare una solicitud de inscripción será citado ante el Registro y la organización política impugnada tendrá derecho de defensa. Si no hubiere impugnación o si la hubiere y se hubiere resuelto satisfactoriamente para la organización política en cuestión, el Registro procederá a dictar resolución final que declara procedente la inscripción del partido político y será remitido al Departamento de Organizaciones Políticas para que se proceda a cumplir. Realizada la inscripción por parte del Departamento de Organizaciones Políticas el Registro mandará a publicar que el Partido Político ha quedado finalmente inscrito. Inmediatamente a este acto, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) provisional convocará a la primera Asamblea nacional del partido para ratificar principios del partido, aprobarse o modificarse los estatutos, elegirse al primer CEN, entre otras.

En cuanto a los partidos políticos se refiere, nos resta señalar que la ley contempla dos formas de cooperación entre partidos políticos: la fusión202 y las coaliciones203. Concluyamos este apartado señalando dos disposiciones finales y transitorias de esta ley respecto de los partidos políticos204. En virtud de que los mismos habían sido suspendidos desde marzo del año próximo pasado a la emisión de esta ley, se les reconoce su derecho a reorganización como tales pero se les obliga a cumplir con los requisitos señalados en los párrafos anteriores para ser admitido de nuevo. Se les otorga un plazo máximo de 12 meses para iniciar su proceso de solicitud de inscripción a riesgo de quedar definitivamente cancelados. Una forma novedosa de organización política que incluyó esta ley fue la de Comités Cívicos Electorales.205 Los definió como “[organizaciones políticas] de carácter temporal, que postulan las candidaturas para cargos de elección popular para integrar Concejos Municipales”206. Los mismos, tuvieron la función de “representar corrientes de opinión pública, en procesos electorales correspondientes a gobiernos municipales y favorecen el desarrollo libre y legítimo de la democracia”207. A los mismos, se les extendió el derecho de proponer candidatos a diputados constituyentes en los distritos electorales para 1984. También aparece reglada una tercera forma de organización: las asociaciones con fines políticos. En concreto, la ley las conceptúa como: “organizaciones de duración indefinida, que sin ser partido político, ni participar en procesos electorales, tienen como finalidad esencial el estudio y análisis de 202 Id. Título II, Capítulo VI. 203 Id. Título II, Capítulo VII. 204 Id. Artos. 112 y 113. 205 Id. Título III. Allí se puede observar con detalle los requisitos para su inscripción y el procedimiento, los derechos y obligaciones que les asisten en torno al proceso electoral, sanciones, disolución, etc. 206 Id. Arto. 86. 207 Id. Arto. 87.

la problemática nacional e internacional, proyectadas hacia el mejoramiento cívico y político de los ciudadanos”.208 Para su inscripción y funcionamiento, se rigió por la presente ley y por las leyes civiles, especialmente en lo atinente a las asociaciones civiles no lucrativas. Al igual que el resto de leyes políticas que integran este conjunto de disposiciones políticoelectorales, la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) también fue objeto de varias modificaciones. En agosto de 1983, mediante el DL 102-83209, la Jefatura de Estado, a cargo de Mejía Víctores, modificó por primera vez la LOP. La misma consistió en permitir que a la formalización de la solicitud de inscripción de partido político pudieran comparecer personalmente al menos 40 ciudadanos (y ya no los 50 que debían iniciar el trámite) de quienes habían firmado el acta de constitución del comité político. Como ya se indicó arriba, la cancelación del RGP, mediante DL 115-83, implicó la necesidad de reformar la LO TSE, así como la presente ley (LOP), en este caso por medio del DL 117-83210. La consecuencia obvia era establecer que el documento que serviría para que la población se identificara, para efecto de participación político electoral, sería únicamente la Cédula de Vecindad vigente y ya no el abortado proyecto de Cédula de Identidad Personal. d) Otras leyes electorales generales En el presente capítulo ya se ha hablado de la creación del Registro General de Población (RGP) por parte del régimen de Ríos Montt. Sin embargo, este no llegaría a tener operatividad al ser cancelado por su sucesor, Mejía Víctores, algunos meses después. Como se decía, la función básica del RGP era la implementación de la nueva Cédula de Identidad Personal y con ello “controlar la variable poblacional de todo el país”, actividad a la cual se le confería el título de “misión militar” por lo que le fue confiada a un alto oficial del ejército.211 Sin embargo, este proyecto fue duramente criticado por parte de los partidos políticos pues se aducía era una estrategia de retraso intencional al proceso de convocatoria y elecciones a asamblea constituyente. Identificar nuevamente a toda la población era una tarea trazada para doce meses, pero por su complejidad y por los recursos con que se disponía hubiera durado hasta 80 años y hubiera requerido una erogación de fondos públicos bastante grande. Otras objeciones aducían que la centralización de dichos datos consistía más bien en mayor control político y geográfico para la población212 y que aún no se había regulado lo relativo a los registros civiles que habían sido quemados durante los años previos de la guerra.213 Otra ley que nos parece importante citar es la Ley de Inscripción y Empadronamiento de Ciudadanos214. Tras haberse cancelado definitivamente el RGP y en virtud de la iniciativa de ley que le fuera otorgada al TSE, este elaboró el proyecto de ley que debía normar el proceso de inscripción y elaboración de padrón, en función de los eventos electorales que se acercaban (a decir, de elección de ANC).

208 Id. Título IV. Artos. 106 y ss. 209 DL 102-83, 30-8-1983. Primeras modificaciones a la LOP, DL 32-83. 210 DL 117-83, 26-9-1983. Segundas modificaciones a la LOP, DL 32-83, reformado por el DL 102-83. 211 Documentar guatemaltecos es “misión militar”. PL, Pág. 9, 19/5/1982. Tómese en cuenta que este registro dependía directamente de la Presidencia de la República. 212 Ídem. 213 Se inicia proceso de control centralizado de la población: objeciones se plantean, ICA, No. 544, Págs. 7 y 8, 26/5/1983. 214 DL 138-83, 9-11-1983, Ley de Inscripción y empadronamiento de ciudadanos.

En general, esta norma regula lo relativo a “las operaciones de inscripción de ciudadanos y la formación de listas electorales debidamente clasificadas por departamento y municipios. El empadronamiento se llevará a cabo mediante la presentación de las cédulas de vecindad…”215. Para el efecto, se normó la existencia de mesas de empadronamiento (tanto en la ciudad Capital como en los restantes municipios y departamentos del país), las autoridades competentes, la obligatoriedad u opcionalidad de dicho acto según se supiera leer y escribir o no, la verificación de la legitimidad de las cédulas de vecindad, el razonamiento del acto en las cédulas de vecindad y la constancia de haberse empadronado a los ciudadanos, la elaboración de listas electorales según los distintos niveles, y otras. También se permitió a los partidos políticos adherir personas que no estén empadronadas aún (pues tienen un plazo de 6 meses para hacerlo) con la salvedad que en un próximo periodo de 6 meses lo harán.

215 Id. Arto. 1.

CAPÍTULO III LA APERTURA POLÍTICA PROMOVIDA POR LOS MILITARES EN EL PODER (II) 3.1 Hacia la “democracia representativa” 3.1.1 La creación y el funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral Como hemos visto en el capítulo anterior, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) creado venía a ser la columna vertebral del proceso de “apertura política” ideado por los militares guatemaltecos en un contexto en el que el país se encontraba al margen del foro de países democráticos del mundo.216 Del buen empeño y de la confiabilidad que ganara en la práctica dependería en gran medida la legitimidad del sistema político nacional esperada, ante la población y ante la comunidad internacional.217 Solamente para recapitular recordemos que el TSE fue presentado como un ente técnico independiente del poder de facto, que sobre la base de la legalidad creada sería el encargado de dirigir y supervisar todo lo relativo al proceso electoral. Lo anterior conlleva:   

la organización del andamiaje político destinado a supervisar la actividad de los partidos políticos y reconocer su inscripción y reglar su participación en los comicios venideros; organizar el sistema de inscripción de ciudadanos y la elaboración del padrón electoral correspondiente; organizar y dirigir el proceso eleccionario en todo el territorio nacional, supervisar la pureza de los comicios y declarar su validez.

El TSE debía de componerse de 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes que, como ya se expuso, debía ser electos por una Comisión de Postulación, la cual debía quedar instalada el 15 de abril o el 23 de abril según posteriormente se aplazó. El proceso de conformación de dicha comisión postuladora dio inicio y también los preparativos de parte de la Corte Suprema de Justicia para elegir a los abogados magistrados. A inicios de mayo, la Corte Suprema de Justicia juramentó a la comisión y le entregó el listado que contenía a 1,000 abogados para que de ellos se hiciera una depuración de 20 profesionales aptos para conformar el Tribunal Supremo Electoral.218 Esta lista fue entregada de nuevo a la CSJ el 18 de 216 Desde la llegada a la presidencia de Reagan a los Estados Unidos, particularmente a partir de su segundo periodo, el partido republicano en el poder inició un acercamiento a los regímenes militaristas de los países del área para tratar de mediar la solución del conflicto que amenazaba en convertirse en una auténtica crisis regional. Muchos esfuerzos se realizaron en este sentido, en todo caso estuvieron orientados a una solución más militar que política del conflicto. Pero, para ello, era necesario brindar apoyo económico directo a países como Guatemala, quienes se hallaban bloqueados de la cooperación externa por parte de senado y congreso estadounidenses, promoviendo una nueva faz de respeto a los derechos humanos. La organización electoral pronta y limpia era clave para poder reiniciar la cooperación militar. 217 Las leyes electorales de marzo de 1983 fueron acompañadas de una serie de decretos leyes (DL) que se orientaban a coadyuvar en dicha tarea: reforma de la institución castrense, nueva ley de amnistía, levantamiento del estado de sitio, etc. La propaganda que se le dio a esta institución giró en torno a su independencia y capacidad técnica, de hecho, se insistió repetida y públicamente en ello. Incluso, se la presentaba en contraste con el anterior registro electoral, al que frecuentemente se le motejaba de “casa encantada”, porque dentro se desaparecían los votos. General Ríos Montt no influyó en integración del Tribunal Electoral. Pág. 4, 24/5/1983. 218 Integrada comisión que propondrá candidatos. PL, Pág. 4, 4/5/1983.

mayo y ésta empezó a deliberar, entregando el resultado final al día siguiente.219 Luego, el 20 de mayo, empezaron a notificar a los profesionales electos.220 Como ya se señaló en el capítulo anterior, la integración de los 10 magistrados fue compleja ya que en múltiples oportunidades hubo dimisiones a los nombramientos y a las magistraturas. Cada vez que ello ocurría, fue necesario reformar la ley electoral a efectos de posibilitar de manera inmediata la integración y funcionamiento del ente. Los profesionales que no quisieron asumir el puesto de magistrado argumentaron múltiples situaciones personales y profesionales para hacerlo,221 pero ninguna de ellas significo un auténtico cuestionamiento al sistema en construcción.222 El TSE quedó firmemente instalado el 30 de junio de 1983.223 El semanario Inforpress Centroamérica señala que los magistrados electos pueden ser considerados profesionales capaces y políticos conservadores, incluso algunos “apolíticos”.224 A partir de entonces, el proceso de la organización electoral dio un giro cuyo eje en sus aspectos administrativos fue la nueva institución.225 El primer paso era, evidentemente, la organización interna del tribunal y el nombramiento de sus autoridades ejecutivas, supervisoras y coordinadoras, a nivel nacional y posteriormente a nivel departamental y municipal. Las primeras medidas administrativas tomadas por el régimen de Mejía Víctores fueron ampliar el presupuesto y confirmar su funcionamiento tal y como había sido previsto por las leyes anteriores a su régimen,226 y otorgarle iniciativa de ley en temas electorales.227 También fijó los primeros pasos para iniciar con el proceso de inscripción de partidos políticos y de empadronamiento.228 Una de las primeras declaraciones públicas que emanan de las magistraturas del TSE con respecto al proceso electoral que se estaba organizando se refirió a la posibilidad de documentar (con el nuevo documento proyectado) a la población. La postura del presidente del TSE fue que en 6 meses era imposible realizar dicha acción y que a lo sumo se lograría hacer con un 50% de la población.229 219 Designado el tribunal electoral. PL, Pág. 54, 20/5/1983. 220 Notifican a los miembros del tribunal electoral. PL, Pág. 4, 21/5/1982. 221 Cuatro de los primeros magistrados nombrados declinaron asumir su magistratura (un titular y tres suplentes). Este es el caso del abogado Óscar Barrios Castillo, nombrado titular del TSE por la CSJ, quien adujo su intención de participar en las próximas elecciones como candidato a diputado constituyente. Barrios Castillo declina nombramiento. PL, Pág. 6, 25/5/1983. 222 Se trata de la renuncia del magistrado Justo Rufino Morales Merlos, quien adujo motivos de salud para que se aceptara su dimisión. Sin embargo, posteriormente se publicó que la causa real se debía a desavenencias con los restantes magistrados en el tema de la permisión de que ellos en tanto profesionales pudieran ejercer la abogacía y el notariado mientras duraren en sus cargos. 223 Cómo se verá más adelante, este éxito electoral reconocido por todos ocurrió en mal momento, pues el clima era tenso en función de las noticias de un posible golpe de estado y la imposición gubernamental del Estado de Alarma. 224 Tribunal electoral: un logro gubernamental en mal momento. ICA, No. 549, Págs. 2 a 4, 7/7/83. 225 A partir del 10 de agosto de 1983, el TSE inició una serie de publicaciones denominados Comunicados de Prensa. En ellos, se informa quincenalmente de las actuaciones de esta entidad y ello durará hasta julio de 1984, fecha en que se verificaron las elecciones a diputados constituyentes. TSE, Memoria de la elección de Asamblea Nacional Constituyente – Tribunal Supremo Electoral 1984. 226 Ampliarán presupuesto del TSE. PL, Pág. 2, 19/8/1983. 227 DL 98-83. Terceras reformas a la LO TSE, DL 30-83. 228 Ídem. La fecha fijada para este efecto fue el 1 de septiembre de 1983. Ver más adelante la sección de Calendario Electoral. 229 Imposible documentar a todos los ciudadanos. PL, Pág. 6, 20/8/1983.

Ello debe entenderse en el marco de la cancelación definitiva de este proyecto a través de la supresión del Registro General de Población (a finales de septiembre de1983). A grandes rasgos la actividad de este tribunal giró en torno a tres actividades primordiales para la organización del evento electoral para diputados constituyentes: la elaboración de los anteproyectos de ley necesarios para las elecciones, el empadronamiento masivo de ciudadanos y la inscripción de las organizaciones partidarias. Este último aspecto será mejor desarrollado en la sección siguiente. El TSE empezó a promover reformas a las leyes electorales y presentó un proyecto de ley tendente a normar el proceso de inscripción de organizaciones políticas y empadronamiento de ciudadanos; éste fue revisado y modificado, siendo aprobado finalmente el 11 de noviembre de 1983. En cuanto a la ley electoral, recuérdese que el Consejo de Estado aún en funciones presentó su anteproyecto230 precisamente en el momento en que se empieza a mencionar su disolución.231 Disuelto de manera permanente, el anteproyecto de ley electoral presentado pasó a disposición del TSE, a quien le correspondió su revisión, discusión y elaboración;232 hábilmente, el tribunal electoral llamó a todos los sectores interesados para que presentaran sus propuestas,233 al cual respondieron distintas organizaciones, mediante propuestas o críticas.234 Dicho proyecto de ley, fue presentado a la jefatura de Estado el 8 de diciembre de 1983. A partir de entonces, quedó en manos del gobierno, quien también promovió su discusión entre distintos sectores.235 El análisis de la ley electoral específica finalmente aprobada se hará en el próximo capítulo, por lo que acá solamente nos limitamos a referir los anteriores aspectos. Al menos tres millones de personas debían registrarse y empadronarse para poder ejercer su derecho de voto en la fecha que se señalare para elecciones a diputados constituyentes. Este proceso, tal y como se preveía en el calendario tentativo que manejaba el gobierno junto a los 230 El 26 de agosto de 1983, el Consejo de Estado publicó el “Anteproyecto de ley electoral”, con el propósito de informar a la ciudadanía sobre los avances del mismo y para su discusión nacional. PL, Suplemento, 26/8/1983. 231 Serrano Elías explica por qué no renuncia. PL, Pág. 6, 28/8/1983. Destituyen a Serrano Elías. PL, Pág. 6, 30/8/1983. El semanario Inforpress Centroamérica (ICA) informa que pese a haber sido confirmado en su puesto, Serrano fue impugnado por sectores recalcitrantes de la derecha guatemalteca, en este caso provenientes del Movimiento de Liberación Nacional. Se cuestionó su papel y del ente que representaba, al considerárseles “una creatura de Ríos Montt”. Sin embargo, dentro del Consejo hubo voces de apoyo al referido personaje, en tanto que hubo renuncias en solidaridad y pronunciamientos a su favor de parte de otros sectores (de los denominados grupos étnicos, por ejemplo). En su puesto, fue designado el hasta entonces vicepresidente. Urgencia de elecciones plantean partidos tradicionales. ICA, No. 558, Pág. 12, 8/9/1983; Terminó la era del Consejo de Estado. ICA, No. 562, Págs. 13 y 14, 6/10/1982. 232 TSE elaborará ley electoral. PL, Pág. 2, 1/10/1983. 233 TSE pide sugerencias. PL, Pág. 6, 14/10/1983. También, Comunicado de Prensa, Memoria de elección… del TSE. Pág. 283. Pág. 8/9/1983. 234 Una de las críticas más fuertes era el tema de las funciones que debía tener la Asamblea Constituyente. El anteproyecto en cuestión afirmaba que sería la de elaborar una nueva carta magna. Para los partidos políticos, sus funciones se debían extender a la capacidad de nombrar presidente interino, por cuanto constituía un poder soberano, en tanto se verificaban las elecciones generales. Este tema será objeto de mayor análisis en el Capítulo 4º de este estudio. Comunicado de prensa. Memorias de elecciones… del TSE. Pág. 301, 8/12/1983. También: MLN no irá a elecciones. PL, Pág. 4, 15/12/1983. 235 Proyecto de ley electoral sujeto a modificaciones. PL, Pág. 4, 9/12/1983. Los sectores a quienes se solicitó opinión fueron las organizaciones políticas, la universidad y el gremio de abogados.

partidos, dio inicio el 10 de noviembre de 1983.236 Según sus propias estimaciones, el TSE esperaba el voto de aproximadamente un millón de ciudadanos. El empadronamiento resultaba obligatorio para todas las personas comprendidas entre 18 y 70 años que supieran leer y escribir; fue optativa para quienes no tuvieran desarrolladas dichas habilidades,237 los mayores de 70 años y para todos aquéllos que pudieran demostrar impedimento justificado. Se estableció que la constancia de inscripción ciudadana sería obligatoria para realizar trámites de pasaporte, licencias de manejar, etc.238 Con júbilo, las autoridades electorales informaron que el proceso de apertura democrática era rápido y masivo. A la vez que prontamente se registraron más de 12 inscripciones de comités pro formación de partidos políticos en la oficina correspondiente, durante los primeros diez días se inscribieron “102,721 ciudadanos, estos es, un promedio de más de 10,000 por día…”.239 La afluencia masiva se mantuvo a lo largo de todo el período aunque no al mismo ritmo; a un mes de su inicio, había sido superado el medio millón de inscripciones, a finales de enero más de un millón y a finales de abril se esperaban más de 2 millones.240 El proceso de empadronamiento fue gradual, iniciando en la ciudad Capital (11 de noviembre) y extendiéndose a los restantes municipios del departamento de Guatemala (a partir del 18 de noviembre) y de allí a los demás departamentos de la República. Todo lo anterior de conformidad con un calendario preestablecido y publicitado en los distintos medios de comunicación. Para aligerar el proceso, la ley preveía la colaboración del sector patronal, tanto público como privado. Los militares brindaron el apoyo necesario al TSE para aligerar el proceso de empadronamiento, tanto con respaldo político como financiero. Para el año 1984, el Ministerio de Finanzas autorizó a esta entidad un presupuesto total de Q.2,870,510.00, de los cuales el 53% correspondería al Registro de Ciudadanos. A esta cantidad se le debe agregar Q.421,725.00 destinados exclusivamente a equipo computarizado para las actividades registrales necesarias. Más adelante se informó que a estas cantidades se les agregarían Q.1,965,365 los cuales se destinarían específicamente a las elecciones para diputados constituyentes (los cuales se distribuirían entre gastos administrativos y pagos a personal, fijo y transitorio).241 3.1.2 Las organizaciones y partidos políticos a) El contexto y la reorganización Los partidos políticos estuvieron suspendidos durante un año y toda actividad política quedó prohibida durante nueve meses iniciando con la vigencia del estado de sitio decretado en julio de 1982 y finalizando con su levante en marzo de 1983 por motivo de la promulgación de las leyes electorales que favorecían el retorno a la vida pública de dichas organizaciones. 236 Tres millones de ciudadanos. PL, Pág. 6, 4/10/1983. 237 La principal justificación que se hizo en el sentido de excluir la obligatoriedad del empadronamiento a personas analfabetas fue de tipo político, al considerar que ellos podían ser manejados por cualquier grupo político… Registro electoral y el TSE en desacuerdo. PL, Pág. 5, 21/11/1983. 238 Comunicado de Prensa del TSE, 10/11/1983. Memorias de elección… del TSE. Pág. 294. 239 Comunicado de Prensa, Memoria de elecciones… del TSE 1984. Pág. 296, 24/11/1983. 240 Los datos consultados aparecen en distintos comunicados publicados en la Memoria de elecciones… del TSE. Pág. 303, 22/12/1983; 19/1/1984. También en declaraciones públicas de funcionarios del tribunal electoral, contenidas en artículos hemerográficos. En abril habrá dos millones de ciudadanos empadronados. PL, Pág. 7, 20/1/1984. 241 En total destinan Q.5.371,235 para el tribunal supremo electoral. PL, Pág. 2, 27/3/1984.

Hacia marzo de 1982, el espectro político nacional estaba ocupado por un puñado de partidos que a través de composición y descomposición de alianzas gobernaron el país de forma alterna desde 1965 e incluso antes. A estas agrupaciones se les empezó a denominar partidos tradicionales durante el gobierno de Ríos Montt. Sin embargo, a partir de marzo de 1983 su monopolio fue roto y se experimentó un proceso de atomización en el seno de los mismos así como se incentivó la creación de otros nuevos, los cuales fueron rápidamente organizados e incluso adquirieron cierta relevancia en el foro público.242 Lo anterior se debió a diversas circunstancias, algunas de ellas íntimamente relacionadas con el desgaste electoral político que sufrió el conjunto del sistema electoral. Tras la constatación de la participación de dirigentes políticos en golpes y asonadas de golpe de Estado, en fraudes electorales, escándalos de corrupción y en alianzas inconcebibles por la heterogeneidad ideológicas de sus elementos, etc., más el asesinato vil y alevoso de personajes políticos que aún gozaban de credibilidad real por sus acciones concretas y por su discurso, la debacle se empezó a manifestar en frustración para la población. Las elecciones dejaron de ser un “evento nacional” importante para las y los guatemaltecos y se convirtieron en rutina, en puro procedimiento. Resultados de aquello fueron los altísimos índices de abstención electoral, la gran cantidad de votos nulos y en blanco y la poca capacidad de presión que pudieron ejercer sus estructuras para concentrar y movilizar grandes cantidades de personas en apoyo a sus demandas. El común de las personas no creyó más en la viabilidad del sistema de elecciones cada cuatro años como camino correcto para salvar al país de la depresión económica y social y del caos político en que se hallaba sumido. Y, por si aquello fuera poco, a partir de 1978 se abrió de nuevo una puerta distinta para la participación política: la lucha revolucionaria. Los vicios antes señalados fueron magistralmente expuestos por las organizaciones guerrilleras y por las organizaciones de masas que directa o indirectamente respondían a ellas. Se entró en un periodo pre insurreccional, de descontento popular generalizado que posibilitó el involucramiento masivo de la población a las estructuras guerrilleras, a sus instituciones adeptas o cuando menos generó grandes simpatías, particularmente en los sectores más jóvenes de los núcleos urbanos y en las áreas rurales del altiplano guatemalteco. La guerra y la violencia secular fueron respondidas con organización popular y con más violencia. La espiral del terror se elevó y el Ejército de Guatemala se vio envuelto en una guerra que difícilmente podía librar con éxito en el solo campo militar; su sostenimiento resultaba demasiado oneroso por la barbaridad de sus crímenes. Las mismas dirigencias económicas, políticas y sociales advirtieron la gravedad del asunto y temieron un desenlace similar al del somocismo en Nicaragua. Por todo lo anterior, el 23 de marzo de 1982 es importante en la vida política nacional moderna, porque demuestra la toma de conciencia de la gravedad de la situación en el seno de las filas del ejército auspiciados por distintos sectores de las élites y con ello la racionalización de la contrainsurgencia, su síntesis y sistematización. Como se expuso en los dos capítulos anteriores, el sistema electoral colapsó y fue necesario remodelarlo para salvaguardar al sistema en su conjunto. Durante un año los partidos políticos fueron cancelados. Pero durante dicho ínterin, muchas situaciones mutaron. Los partidos políticos dejaron de ser los únicos intermediarios entre las distintas esferas del poder, aunque recobraron muchas de sus antiguas prebendas. Por ejemplo, tras el descrédito del sistema de partidos, sectores importantes de la vida nacional aprendieron a negociar sus propios intereses de forma directa. Muchos sectores del empresariado trataron directamente con el ejército replegando a los sectores políticos en quienes en adelante 242 A regañadientes, los partidos políticos terminaron aceptando reglas electorales, Inforpress Centroamérica (ICA), No. 537, Págs. 2 y 3, 21/4/1982.

desconfiaron.243 Amplios sectores sociales tampoco volverían a sentirse identificados con partidos políticos de viejo cuño. De hecho, ninguno de ellos subsiste hasta la fecha. Las anteriores reflexiones nos parecen importantes porque en el fondo son el contexto vivo en que operó esa remodelación del sistema partidario que se efectuó a partir de marzo de 1983 y debemos tenerlas muy presentes para comprender correctamente el proceso que a continuación se expondrá. Las leyes políticas emitidas en aquélla fecha fueron literalmente impuestas por el gobierno a los partidos políticos, quienes tuvieron que aceptarlas aún a “regañadientes”,244 no sin antes proferir severas críticas, especialmente porque no garantizaban la fecha exacta en que retornaría el mando de gobierno a manos civiles.245 Si bien los partidos políticos no fueron cancelados, tampoco fueron reconocidos expresamente y tuvieron que iniciar un proceso de re-constitución246 para lo cual el mismo 23 de marzo reiniciaron sus actividades.247 Como se mencionaba al inicio de esta sección, una de las características fundamentales del nuevo proceso electoral fue la atomización de los partidos políticos (se registran más de 30 organizaciones políticas con intención de participar en el proceso electoral), lo cual operó en dos sentidos: la desintegración de los partidos tradicionales y la aparición de nuevas organizaciones, muchas de ellas extremadamente débiles y efímeras y sin contenido ni propuesta ideológica definida.248 La tensión entre ambos sectores, partidos preexistentes y nuevos partidos, también se evidenció. Por una parte, los partidos preexistentes al 23 de marzo de 1982 exigían la pronta convocatoria a elecciones. Por otra, los comités pro constitución de partido alegaban más tiempo para organizarse, lo que significa en la práctica retrasar las elecciones.249 De cualquier forma, el primer paso era la reorganización interna de los partidos suspendidos y la conformación de las nuevas organizaciones que aspiraban ser reconocidas como entes de derecho público. En las postrimerías del gobierno de Ríos Montt y durante todo el régimen de Mejía 243 Ídem. 244 Ídem. 245 Elecciones dentro de un año. PL, Pág. 4, 26/3/1983. En el debate público resurgieron también las viejas querellas entre partidos y el gobierno aprovechó esa situación para recordarles a muchos dirigentes su histórico papel en procesos fraudulentos. A cambio, también abundaron acusaciones de corrupción y despotismo a Ríos Montt. La tónica de dichas acusaciones fue subiendo conforme transcurrió el proceso. 246 Nombrar una Junta Directiva provisional y presentar solicitud por escrito antes de dos meses ante el Ministerio de Gobernación mientras se conforma el Registro de Ciudadanos. Después, debían llenar los requisitos planteados en la Ley respectiva y presentar su acta constitutiva junto a los demás requisitos establecidos en la ley correspondiente (DL32-83) en un plazo no mayor de 12 meses a riesgo de ser definitivamente cancelados. Ver capítulo 2, donde se hace una síntesis del contenido de las leyes electorales y en todo caso el Título V, Disposiciones finales y transitorias de la Ley de Organizaciones Políticas. 247 Hoy se reabrirán las puertas del partido Liberación Nacional, MLN. Prensa Libre (PL), Pág. 8, 23/3/1983. De igual manera, “FUN celebra apertura política y prepara su reorganización”, PL, Pág. 7, 24/3/1983. También, “PR pedirá reinscripción próxima semana”. PL, Pág. 4, 5/4/1983. 248 En todo caso, ubicadas en el plano de la derecha o del centro-derecha al no plantear verdaderos programas reformistas que afectaran temas históricos estructurales del país. 29 comités políticos se inscriben; pero el gobierno espera más inscripciones pronto. PL, Pág. 2, 2/8/1983. 249 Democracia Cristiana responde a críticas de líder de un comité. PL, Pág. 49, 26/5/1983. También se discutió la cuestión de los símbolos de los partidos. Si un partido utilizaba el mismo símbolo que tenía partiría con ventaja, pues sería más fácilmente identificable aunque no tuviera propuesta política. De ello, estaban conscientes ambos bandos.

Víctores se mantuvo la consigna de que este proceso sería firmemente vigilado por todas las autoridades públicas pero que por primera vez en la historia no habría ningún partido oficial.250 Incluso, se publicó la prohibición a todos los oficiales militares para participar en candidaturas a cargos de elección popular, a menos que tuvieran al menos tres años de retiro.251 A continuación presentamos un cuadro con la lista de las organizaciones políticas que promovieron su inscripción durante esta faceta, aunque hacemos la salvedad que muchas de ellos no llenaron los requisitos para ser aceptados y otros tantos nunca prosiguieron con el trámite por razones que adelante se expondrán. Tabla 2. Organizaciones políticas que iniciaron el proceso de constitución de partido político para las elecciones a Asamblea Nacional Constituyente. No.

Siglas

Nombre de la organización política (comité pro constitución de partido político, partido político o comité cívico electoral)

PARTIDOS SUSPENDIDOS (Existentes para el 23/3/1982) 1 2

MLN PR

3 4 5 6 7 8

DCG FUN PNR CAN PID FUR

Movimiento de Liberación Nacional Partido Revolucionario (tras una serie de pugnas internas, la titularidad fue otorgada por parte del TSE a Héctor Napoléon Alfaro) Democracia Cristiana Guatemalteca Frente de Unidad Nacional Partido Nacional Renovador Central Auténtica Nacionalista Partido Institucional Democrático Frente Unido de la Revolución

NUEVAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS 9

PC

10

MEC

11 12

AD PRD

13

CND

14 15

FDP PLO

16

PAR

Partido Católico (no apoyado por la jerarquía de la iglesia Católica) Movimiento Emergente de Concordia (quien surgió a luz pública ofreciendo la candidatura del ex triunviro Gral. Gordillo Martínez) Alianza Democrática (dirigido por Urrutia Beltrán) Partido Revolucionario Democrático (escisión del PR, dirigida por Antonio Quintanilla) Coordinadora Nacional Democrática (especial énfasis en el electorado joven) Fuerza Democrática Popular Partido Liberal Ortodoxo (que propuso inicialmente la candidatura del disidente del MLN, Leonel Sisniega) Partido de Acción Revolucionaria (una de las siete facciones que peleaban por la titularidad de la tradición revolucionaria al PR)

250 Méndez Ruíz: no financiamos comités políticos. PL, Pág. 4, 1/8/1983. 251 Veto a militares políticos. PL, Pág. 4, 19/8/1983.

17

UCG

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FCD FP PP PIN UPN PDCN FUD UCN PSC MOG COCA MVN FURD

31

MDN

32 33 34 35

ACR URD FPO UNE

36 37

PSN PUA

38 39

ANP FUP

Unión Católica Guatemalteca (partido católico, aunque la iglesia Católica desmintió públicamente todo apoyo institucional al mismo) Frente Cívico Democrático Fuerza Popular Partido Populista Partido de Integración Nacional Unión Popular Nacionalista Partido Democrático de Cooperación Nacional Frente Único Democrático Unión del Centro Nacional Partido Social Cristiano (disidencia de la DCG) Movimiento Organizado Guatemalteco Partido Obrero Campesino Auténtico Movimiento de Vanguardia Nacionalista Frente Unido de la Revolución Democrática (escisión del FUR) Movimiento Democrático Nacionalista (las siglas de este comité fueron disputadas inicialmente por una escisión del MLN, dirigida por Sisniega Otero; sin embargo, dicho nombre fue utilizada por un grupo “independiente” que posteriormente se fusionó al MLN) Alianza Cívica Revolucionaria Unión Revolucionaria Democrática Fuerza Popular Organizada Unión Nacional Equicrática (de posturas antipartidistas, más cercanas a representaciones gremiales) Partido Social Nacionalista Partido de Unificación Anticomunista (quienes promovieron apoyo a Sisniega Otero, disidente del MLN) Alianza Nacional Progresista Frente de Unidad Petenera (Comité Cívico Electoral)

Nota: el orden en que se encuentran listadas las organizaciones políticas es el mismo en el que fueron apareciendo en la revisión hemerográfica del periodo en cuestión. De todas estas organizaciones, no todas llegaron a consolidarse y solo algunas participaron en las elecciones a constituyentes de 1984 y menos aún en las elecciones generales de 1985. Tampoco se encuentran registrados los Comités Cívicos Electorales porque nunca iniciaron el procedimiento formal para ser constituidos como partidos políticos (aunque tres de ellos participaron en las elecciones de julio de 1984). Fuente: Prensa Libre, marzo de 1983 a junio de 1984.

A inicios de septiembre de 1983, el proceso administrativo de inscripción de comités pro formación de partidos políticos fue formalmente abierto en el TSE (aunque de hecho ya había iniciado bajo la responsabilidad del Ministerio de Gobernación, quien en dicha fecha trasladó los expedientes que tuviera a la autoridad electoral). El primer paso era la presentación de un acta notarial en la que se constituía un grupo promotor conformado por al menos 50 ciudadanos y se proponía una junta directiva provisional (en la cual podían figurar hasta dos miembros máximo de la Junta Directiva existente al momento del golpe de Estado de marzo de 1983, para el caso de los partidos políticos anteriormente existentes). Notificada la Junta Directiva del comité pro formación de partido político de haber sido recibida su solicitud en el registro electoral, la misma debía ser ratificada, adjuntándose proyecto de lineamientos económico sociales del grupo y proyecto de los estatutos del mismo.

A mediados de octubre, el primer comité pro formación quedó debidamente constituido ante el Registro de Ciudadanos, por lo que se abrió la tercera etapa del proceso: la entrega de las papeletas necesarias para que iniciara con la recolección de las 4,000 firmas de adhesión que se exigían para poder ser inscritos como partido político (dichas firmas debían proceder de al menos 50 municipios de 12 distintos departamentos y posteriormente ser revisadas una por una por las autoridades electorales).252 Durante el proceso de recolección de firmas de adhesión a los comités pro formación de partidos políticos, también salieron a relucir aspectos íntimamente ligados a la política contrainsurgente que el ejército estaba poniendo en marcha; aunque no es posible afirmar que, en general, haya habido intromisión directa por parte del gobierno sobre las organizaciones políticas en su proceso de organización.253 Sin embargo, el tema de los miles de guatemaltecos que forzosamente integraban las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) era motivo de evidente preocupación. Algunos partidos políticos señalaron que estas organizaciones paramilitares debían ser disueltas porque sus miembros eran fácilmente susceptibles de ser presionados por parte de los mandos castrenses a su cargo. Sin embargo, voceros oficiales argumentaban que dichos grupos eran eminentemente civiles y que por ende sí podían participar en política.254 De hecho, oficiales militares los definían constantemente como “organizaciones encargadas de impulsar el desarrollo social”.255 La discusión se mantuvo una vez realizada la convocatoria a diputados constituyentes, pero en este ámbito el ejército de Guatemala definitivamente no cedió. Paralelamente a la fase de adhesión y su respectiva calificación (contrastar las 4,000 firmas con los datos signados en el Registro de Ciudadanos), debió iniciarse una cuarta etapa de este proceso que en algún momento fue tildado de ser “un calvario… para las organizaciones políticas…”.256 Esta etapa es la organización partidaria. Recuérdese que las firmas de adhesión debían provenir de distintas partes del territorio nacional y evidentemente para canalizarlas eran necesarios órganos permanentes en tales lugares. El establecimiento de dichos órganos permanentes, según se contemplaba en la ley respectiva, requería, para su validez, de otra serie de requisitos como la elaboración de actas en libros autorizados por la autoridad electoral, etc. Como producto de las negociaciones entre el gobierno y las organizaciones políticas, se logró insertar en la ley electoral específica para elegir diputados a constituyente, que la sola presentación de las 4,000 firmas y el acta constitutiva ante el Registro fueran suficientes para la inscripción provisional como partidos políticos y posibilitar así su participación en los comicios proyectados.257 252 Inscriben primer comité. PL, Pág. 6, 13/10/1983. 253 Pero, tómese en cuenta que de cualquier forma no sólo el proceso de inscripción de organizaciones políticas sino el contexto en general excluían de plano la posible participación de organizaciones políticas no alineadas al postulado ideológico impulsado por los militares. De hecho, las escrituras de constitución que los partidos debían presentar a las autoridades electorales debían contener una declaración de sus postulados económicos y sociales. 254 Patrulleros sí pueden hacer política. PL, Pág. 13, 8/12/1983. El asunto también fue planteado de la siguiente manera: El Ejército de Guatemala tiene el control absoluto de las PAC, si no es así entonces son grupos paramilitares. En cualquier caso, lo aconsejable era que fueran disueltas o que su voto no fuera permitido. La segunda epístola del general Echeverría al Jefe de Estado; pueblo y ejército. ICA, No. 575, Págs. 9 y 10, 19/1/1984. 255 Prohíben fuerzas paramilitares. PL, Pág. 2, 9/12/1983. 256 Un “calvario”, para comités, proyecto de ley electoral. PL, Pág. 4, 16/12/1983. 257 Facilidades a partidos: podrán inscribirse provisionalmente. PL, Pág. 6, 13/1/1984.

De cualquier manera, de todas las organizaciones que ingresaron inicialmente su solicitud ante el Ministerio de Gobernación (casi 40), solamente una treintena la ratificó ante el Registro de Ciudadanos y una veintena se constituyó en comité pro formación de partido apta para inscribir candidatos a diputados constituyentes.258 b) Erosiones y disidencias La mayor parte de los partidos políticos existentes previo al colapso y cierre del sistema político electoral en marzo de 1982 sufrieron severas contradicciones entre sus líderes y muchas de ellas concluyeron en separaciones individuales de sus miembros o en auténticos cismas. La naturaleza de todas ellas es la misma y está relacionada directamente con la serie de desaciertos y con caudillismos y pugnas internas de poder, muchos de ellos provenientes de los años sesentas y setentas. Denominaremos en este apartado a dicho conjunto partidos tradicionales, en virtud de que dominaron la escena política prácticamente durante dos décadas, durante cuatro periodos constitucionales e igual número de procesos eleccionarios generales. Para ilustrar esta afirmación, expondremos brevemente algunos ejemplos importantes. El Partido Revolucionario (PR) data de los años mismos de la Revolución de 1944. A lo largo de las décadas, tuvo una trayectoria política tan importante como cuestionada. Al momento del inicio de la apertura política, se encontraba severamente erosionado al punto que en su seno existían al menos siete grupúsculos distintos que reclamaban su titularidad.259 La pugna entre las dirigencias fue constante y llegó incluso al conocimiento de la oficina de organizaciones políticas del Registro de Ciudadanos, dependencia del TSE. A finales de octubre fue amenazada de no ser inscrita dicha organización de no lograr una unificación.260 El asunto concluyó finalmente con una resolución definitiva dictaminada por la autoridad competente, reconociendo a uno de los grupos mencionados la titularidad del partido.261 El Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y la Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG), ambos partidos provenientes en sus gérmenes del periodo inmediato a la Contrarrevolución de 1954, también experimentaron controversiales escisiones provenientes de algunos de sus máximos líderes. Por ejemplo, en el seno de la DCG surgió en abril de 1983 una facción autodenominada Movimiento de Renovación de la DCG, quien invocó la democracia partidaria para hacer sentir sus desavenencias con la dirigencia actual del partido.262 El movimiento terminó finalmente en un cisma que conduciría la creación de un nuevo partido. Uno de los personajes más importantes del liberacionismo (MLN), nos referimos a Leonel Sisniega Otero, también se apartó de su partido, lo criticó fuerte y públicamente e inició una lucha administrativa por inscribir su propio partido. También el Partido Institucional Democrático (PID), partido oficial del régimen depuesto en marzo de 1982 sufrió una crisis profunda. El vínculo con el régimen de Lucas García fue explotado por detractores y otros múltiples sectores, por lo que desde el inicio de la reorganización fueron desconocidos líderes históricos del mismo, como el ministro de Gobernación de aquél régimen, Donaldo Álvarez Ruíz y otros. Sucesivamente, se encuentran disidencias de líderes, estructuras y bases de los distintos partidos. En algunas ocasiones incluso se anunciaron que filiales locales enteras desconocieron a sus dirigentes. c) Proliferación de nuevos partidos 258 20 comités llenan requisitos. PL, Pág. 16, 2/2/1984. 259 PR pedirá reinscripción próxima semana. PL, Pág. 4, 5/4/1983. 260 El PR podría no ser inscrito. PL, Pág. 8, 21/10/1983. 261 Napoleón se impone. PL, Pág. 4, 11/11/1983. 262 Partido Democracia Cristiana proyecta una reestructuración. PL, Pág. 4, 12/4/1983.

Desde el propio inicio del proceso de apertura política, se visibilizó el exponencial aumento de organizaciones políticas. Esta situación venía a cuestionar directamente el sempiterno monopolio de los dirigentes de los partidos tradicionales, quienes tenían ya establecido un sistema de negociaciones y pactos, el cual fue roto en virtud del contexto y la dinámica propia que le imprimió el movimiento revolucionario en ascenso. La proliferación de organizaciones políticas, pues, implicaba necesariamente una pugna entre los sectores involucrados: tradicionalistas contra nuevos líderes. La explicación más simplista respecto de este fenómeno provino, evidentemente, de los propios partidos políticos previos al golpe de estado de 1983. Sus líderes se refirieron a los nuevos comités con desprecio e incluso se afirmó que muchos de ellos eran “fantasmas” y que habían sido creados como plataforma de apoyo a Ríos Montt para retardar el proceso eleccionario.263 Lo anterior pareció ser parcialmente cierto, sobre todo si consideramos que muchos de dichos comités nunca activaron ni ratificaron sus solicitudes de inscripción. Pero, más allá de ello lo que sí se manifiesta nítidamente es que hubo una política gubernamental que fomentaba dicha proliferación,264 fuera por el manifiesto rencor que Ríos Montt sintiera por los partidos políticos, a quienes acusaba directamente de haberle robado las elecciones de 1974, o porque realmente la inscripción masiva generaba una imagen de organización y verdadera apertura política.265 Tómese en cuenta que contrario a leyes electorales anteriores, una nueva agrupación debía solamente presentar un listado de 4,000 adhesiones a su proyecto político (contra 50,000 que eran antes). Otro factor que incidió de manera importante en la multiplicación de los partidos políticos durante esta fase estaba relacionado con las escisiones de los partidos políticos tradicionales y de la vinculación política de sectores no afectos a aquéllos (se empezó a hablar de nuevos empresarios, personajes excluidos de las élites tradicionales y que necesitaban empezar a asegurar sus negocios en la arena política). El espectro político ideológico se tornó aparentemente variopinto, pues del análisis de la propaganda electoral se puede constatar dos cuestiones: a) que en el fondo, ninguna propuesta cuestionaba los cimientos mismos de la estructura económico-social del país, ni la guerra contrainsurgente, y b) que a larga, eran pocas las propuestas que tenían implícito un contenido político ideológico definido.266 Un ejemplo de lo anterior es la propuesta por conformar un partido católico, el cual debía aglutinar a todos los sectores de dicha religión en Guatemala bajo los 263 Nueve comités pro partido han sido reconocidos. ICA, No. 562, Pág. 7, 6/10/1982. 264 Ríos Montt quiere que se participe en política, PL, Pág. 17, 25/4/1983. 265 Dentro del discurso aperturista de los militares, llegó incluso a invitar a los socialistas y comunistas que no hubieran tomado las armas para que se organizaran y formaran su propio partido. Comunistas que no hayan participado en la subversión pueden organizarse como partido. PL; Pág. 6, 9/4/1983; Ejército nacional ofrece garantizar la inscripción del partido comunista; PL, Pág. 8, 21/4/1983. Es evidente que en la práctica ello era inviable, pues los asesinatos políticos no cesaron y los tribunales de fuero especial se encontraban activos. Además, el propio EFG y la aún vigente Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas, provenientes de la dictadura militar de Peralta Azurdia en los 60’s estipulaban la prohibición de ideologías totalitarias, terroristas o atentatorias al Estado, con clara alusión a los comunistas. Proliferan comités pro partidos, ICA, No. 542, Pág. 4, 19/5/1983. 266 No entraremos al análisis de la propaganda electoral ni de las propuestas de los dirigentes de las distintas organizaciones políticas pues ello requeriría un estudio más detenido, amplio y profundo. Únicamente remitimos al lector a las publicaciones hemerográficas de la época. También, hacemos constar que no tuvimos a la mano las actas constitutivas de cada comité pro formación departido, en la cual debían constar sus líneas ideológicas.

principios de los diez mandamientos.267 Tan disímiles opiniones se pueden localizar, que la denominada Unión Equicrática arengó insistentemente al gobierno, al acusarlo de facilitar el proceso electoral a los partidos tradicionales en desmedro de las nuevas organizaciones conformadas por ciudadanos que sí podrían “traer nuevas ideas y sistemas de gobierno…”. La filosofía de esta organización era antipartidaria y que en mucho se acercaba a propuestas corporativistas o estamentales de conformación del gobierno y de la asamblea nacional.268 3.1.3 El calendario electoral La urgencia que los partidos políticos hacían de retornar prontamente a la constitucionalidad pasaba por un tema muy importante: la calendarización de actividades. La sola promesa del retorno por parte de las autoridades de gobierno no era suficiente. Inicialmente, Ríos Montt se mostraba evasivo ante los medios de comunicación. Pero, a partir de mayo de 1982, se empezaba a informar por fuentes oficiales que los planes elaborados por los diferentes ministros de estado tenían una proyección de ejecución de por lo menos dos años.269 La duda se disipó cuando el 18 de junio de dicho año, Ríos Montt dejaba clara su postura – por decisión del ejército, según dijo – en cuanto al tema: no habría convocatoria electoral sino después de 30 meses de gobierno militar.270 Las exigencias de un retorno pronto a la constitucionalidad siempre estuvieron presentes entre las demandas de los partidos políticos, pero fueron efectivamente acalladas en los medios de comunicación en julio de 1982 con la entrada en vigor del estado de sitio. En una visita oficial que Ríos Montt hiciera a finales de 1982 a Honduras, con el propósito de entrevistarse con Reagan, se volvió a referir al tema, esta vez ante la prensa internacional, asegurando que las elecciones a diputados constituyentes para realizar una nueva carta magna estaría programada para marzo de 1984 con el objetivo de que al siguiente año pudiera instalarse de nuevo un gobierno electo popularmente.271 Hubo que esperar hasta marzo de 1983, cuando se levantó el estado de sitio y se emitieron las leyes políticas electorales analizadas en el capítulo anterior, para que la polémica en torno al calendario electoral resucitara. Efectivamente, la exigencia al gobierno de presentar un calendario concreto para ordenar el proceso de transición siguió siendo la consigna de algunos partidos políticos a partir de marzo 1983. Se argumentó que sin ello, lo único que podía esperarse era que la camarilla de Ríos Montt se perpetuara en el ejercicio del poder.272 Por su parte, algunos funcionarios ligados al régimen argumentaban que la legalidad ya estaba dada y que había que esperar prudentemente a que la institucionalidad allí proyectada fuera erigida y que funcionara. Algunos dirigentes fueron menos propensos a la confrontación sin que por ello dejaran de exigir de manera constante la elaboración de un calendario electoral pronto y concertado.273 267 Miguel Ángel Mejicano Novales organizará un partido católico. PL, Pág. 6, 9/6/1983. 268 Viciado proceso político. PL, Pág. 4, 5/4/1984. 269 Junta militar podría recetarse unos dos años en el gobierno. PL, Pág. 4, 21/5/1982. 270 Constituyente hasta después de 30 meses. PL, Pág. 2, 19/6/1982. 271 En 1984 será elegida la asamblea constituyente. PL, Pág. 2, 11/12/1982. 272 MLN critica severamente al gobierno, PL, Pág. 4, 25/3/1983. A partir de entonces, se abrió una agria polémica entre este partido y el gobierno. Las acusaciones de ambos bandos se hicieron más frecuentes y confrontativas. Para mayo de 1983, éstas habían llegado a un nivel de paroxismo y el gobierno se vio atacado por distintos frentes pues la misma empresa privada, no necesariamente vinculada al partido MLN, inició una ofensiva publicitaria. El gobierno se iba quedando solo en relación a sus aliados que bien pudieran ser considerados naturales. Gobierno responde al MLN. PL, Pág. 4, 4/5/1983. 273 PID solicita retornar a la constitución, PL, Pág. 6, 3/5/1983.

El nuevo documento de identificación promovido por la camarilla de Ríos Montt también fue objeto de debates relacionados con el calendario electoral. Por una parte, Ríos Montt lo justificaba aludiendo a los fraudes que se habían cometido con la cédula de vecindad existente en comicios anteriores e inculpaba directamente a “los políticos”.274 La respuesta de éstos, como ya hemos dicho, se limitaba a condenar las acusaciones y señalarlas como estrategia para no apresurar el retorno a la constitucionalidad.275 Cuando el presidente del Consejo de Estado anunció por tercera vez en público que durante el mes de marzo próximo (1984) se efectuarían las elecciones, miembros del equipo de trabajo de Ríos Montt lo desmintieron apuntando que “como podría ser antes… podría ser después, ya que es necesario documentar a toda la ciudadanía…”.276 Ante las presiones, sin embargo, se empezó a dibujar una línea más o menos clara en cuanto a la fijación de fechas electorales. Durante la última semana de mayo de 1983 distintos representantes del gobierno empezaron a manejar con más propiedad una fecha concreta para las próximas elecciones (a constituyentes): marzo de 1984.277 Ciertamente no definía si dicha fecha conllevaba convocatoria o el evento electoral mismo y mucho menos implicaba elecciones generales o traspaso de mando, pero según la información consultada, este fue el embrión del calendario que finalmente se aceptó y aplicó. La calendarización electoral, pues, fue surgiendo como una necesidad en medio de una obstinada campaña de presión por parte de los partidos políticos, ello en medio de un tenso ambiente público el cual daría al traste finalmente con el gobierno ríosmonttista y provocaría el relevo por parte del grupo que promovió el ascenso de Mejía Víctores.278 A ese propósito, apareció publicada una Carta Cívica, firmada por ciudadanos que se autodenominaron Movimiento Cívico Guatemalteco, en la cual se reconocían varios logros del régimen a la vez que solicitaban la convocatoria inmediata a asamblea constituyente, agregando que esta además de elaborar las leyes constitucionales pertinentes, debía estar facultada para nombrar presidente nacional interino y validar los decretos e impuestos creados.279 El último intento por recomponer las relaciones entre gobierno y dirigentes de los comités pro formación de partidos políticos se dio a finales de junio de 1983, cuando Ríos Montt invitó a éstos a 274 Reacción de la DC: Considera injustos algunos pasajes del mensaje presidencial, PL, Pág. 4, 10/5/1983; Aguilar Arroyo cree que el presidente faltó un poco el respeto a los partidos. PL, Pág. 4, 10/5/1983. El debate se agrió aún más cuando Ríos Montt llegó a difundir que en 1980, el gobierno de Lucas había comprado a los diputados del Congreso, integrado por los partidos llamados tradicionales, para la aprobación de una ley. DC considera fuera de lugar las generalizaciones de Ríos Montt. PL, Pág. 6, 1/6/1983. 275 PID no teme al nuevo documento, PL, Pág. 4, 10/5/1983. 276 No hay calendario electoral. PL, Pág. 13, 10/5/1983. 277 Inscripción de comités políticos demuestra confianza en la apertura. PL, Pág. 2, 23/5/1983. El propio director del Registro General de Población anunció que su plazo para redocumentar a toda la población duraba hasta dicha fecha. Sin embargo, sus acciones concretas nunca iniciaron. Rabanales inicia actividades. PL, Pág. 4, 24/5/1982. 278 El régimen de Ríos Montt entró en su fase final de decadencia a inicios de junio de 1983. No solamente los partidos políticos publicaron airados comentarios contra el régimen, sino también se oyó, en ese sentido, la voz de la jerarquía católica, del empresariado guatemalteco y aún voces dentro del ejército (Carta Abierta del General Echeverría Vielman). Gobierno cuestionado por general y obispos, ICA, No. 545, Págs. 2 y 3, 9/6/1983); también, Refutación a García Bauer: Escobar Argüello le pide que no trate mal a los evangélicos. PL, Pág. 2, 11/6/1983; PID no cree que el año entrante haya convocatoria a elecciones. PL, Pág. 6, 14/6/1983. 279 Carta Cívica, PL, Pág. 27, 25/6/1983.

que conformaran una cámara de asuntos políticos, en la cual se debía discutir en un marco sereno lo relativo al calendario electoral,280 previo a la definitiva instalación de los magistrados que integraron el TSE.281 Estos esfuerzos, sin embargo, se vieron empañados porque nuevamente fue levantado el estado de excepción en toda la república, esta vez bajo la modalidad de “estado de alarma”;282 con esta modalidad no quedaron suspensas las organización políticas, pero sí bastante restringidas las garantías individuales necesarias para ejercer cualquier actividad política.283 En una reunión sostenida entre el presidente de facto, el presidente del Consejo de Estado, y tomando en cuenta las recomendaciones del director del Registro General de Población, se llegó al acuerdo que las elecciones se realizarían el 29 de julio de 1984, para que la constituyente electa pudiera instalarse el 15 de septiembre siguiente. Ello también fue acordado con los dirigentes políticos.284 Otro avance se dio el 28 de julio de 1983, apenas diez días antes de que se produjera el golpe de estado que llevaría a la jefatura de Estado al Gral. Mejía Víctores. Entre los grupos interesados se volvió a fijar nuevas fechas para las elecciones constituyentes, las cuales quedaron de la siguiente manera:  Convocatoria para diputados a Asamblea Nacional Constituyente (ANC): 23 de marzo de 1984  Elecciones para diputados a ANC: 1º de julio de 1984 (es decir, un plazo de once meses para la organización partidaria y la propaganda electoral)  Instalación de la ANC: 15 de septiembre de 1984. Lo anterior debió haber sido ratificado en un “pacto de honor” que finalmente no fue firmado porque en la reunión respectiva fue rechazado por la mayoría de los dirigentes políticos que asistieron al exigir que además incorpore reformas a las leyes electorales,285 que se permitiera el voto con la cédula de vecindad vigente y porque de nuevo hubo desacuerdo entre adelantar o retrasar el proceso.286 Sin embargo, a esas alturas, el gobierno de Ríos Montt ya era un cadáver. Mejía Víctores reabrió el debate con los partidos políticos y dispuso una serie de instrucciones con el ánimo de avanzar en el tema del cronograma electoral y ratificó el calendario dispuesto a finales de julio.287 En ese marco, dictaminó que el 1 de septiembre próximo se trasladarían las inscripciones de comités pro formación de partidos políticos al TSE para su trámite (que hasta entonces se habían efectuado ante el Ministerio de Gobernación), y, que el proceso de empadronamiento iniciara el siguiente 1 de noviembre para concluir el 31 de mayo de 1984, también se permitió el uso de la cédula de vecindad vigente en tanto el nuevo documento fuera más tangible;288 semanas más tarde, el nuevo documento fue definitivamente descartado.289 280 Formar cámara de asuntos políticos. PL, Pág. 6, 21/6/1983. 281 Definirán calendario electoral. PL, Pág. 2, 27/6/1983. 282 DL 71-83, Estado de Alarma en toda la República, 29/6/1983. En su parte considerativa, el presidente de facto en consejo de ministros expone que hay comentarios públicos de dirigentes que de forma individual o a nombre de organizaciones políticas llaman abiertamente a la rebelión contra las instituciones del Estado, lo que supone riesgo para el mismo. Lo anterior es clara alusión a las publicaciones que un oficial del ejército, empresarios y líderes políticos han efectuado, las que emplazan al gobierno a retornar pronto a la constitucionalidad. 283 Tribunal electoral: un logro gubernamental en mal momento. ICA, No. 549, Págs. 2 a 4, 7/7/83. 284 Ríos Montt y Serrano trataron sobre calendarización de elecciones. PL, Pág. 11, 13/7/1982. 285 Fracasó reunión de líderes políticos. PL, Pág. 6, 6/8/1983 286 Dirigente del PID explica por qué no fue firmado el compromiso. PL, Pág. 6, 6/8/1983. 287 Políticos ratifican fecha para elección de constituyente. PL, Pág. 2, 24/8/1983. 288 Ampliarán presupuesto del TSE. PL, Pág. 2, 19/8/1983. 289 No se podrá elegir a diputados constituyentes con la CIP. PL, Pág. 6, 27/8/1983.

Una nueva Carta Cívica enviada por el Movimiento Cívico Guatemalteca reiteraba las solicitudes hechas en junio próximo pasado a Ríos Montt y agregaba que este nuevo documento de identificación no era necesario, pues los fraudes anteriores se promovieron en contubernio con las autoridades electorales y que con el nuevo TSE y con el compromiso del ejército de no permitir que ello sucediera nuevamente era suficiente para no pasase.290 No faltaron voces de dirigentes políticos que expusieron la necesidad de convocar inmediatamente a elecciones presidenciales, en tanto que las constituyentes podrían efectuarse después. Sin embargo, esta idea no tomó forma.291 Al contrario, todos los esfuerzos gubernamentales se encaminaron a echar a andar rápidamente el proyecto de ley electoral para elegir diputados constituyentes y en diciembre de 1983 sugirieron la posibilidad de convocar antes de lo previsto a las elecciones correspondientes, como en efecto sucedió.292

290 Carta Cívica del Movimiento Cívico Guatemalteco. PL, Pág. 7, 23/8/1983. 291 Urgencia de elecciones plantean partidos tradicionales. ICA, No. 558, Pág. 12, 8/9/1983. 292 Probable convocatoria a elecciones en próximo mes. PL, Pág. 22, 2/12/1983.

CAPÍTULO IV LA APERTURA POLÍTICA Y EL PAPEL DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE 4.1 Constitución y ANC 4.1.1 Aspectos generales Una Constitución es una ley general, siendo entre todas las leyes generales, la más fundamental para la organización política y jurídica de un país.293 Su emisión, por ende, es producto de un órgano de emisión de la ley, pero de un órgano extraordinario de emisión de ley. A este órgano extraordinario de emisión de la ley fundamental se le conoce dentro de la teoría del derecho constitucional como Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Por tanto, el estudio de una constitución está indefectiblemente ligado al estudio del cuerpo constituyente que le dio vida. Este trabajo pretende ser apenas un primer esbozo para un estudio histórico social más sistemático de la Constitución Política guatemalteca hoy vigente. Por ende, empezó necesariamente analizando el conjunto de factores histórico sociales, políticos y económicos que le sirvieron de contexto a las y mujeres y hombres que tuvieron a su cargo su creación (que no se limitan solamente a quienes la firmaron…). Si preguntamos a un jurista qué es una Constitución, seguramente nos responderá más o menos que es un “conjunto de normas relativas a la organización fundamental del Estado”, entendiendo al Estado como “la organización jurídica de una sociedad bajo un poder de dominación que se ejerce en determinado territorio…”.294 Sin embargo, sobre la base de las ciencias sociales, en la lógica de un análisis procesal y relacional, los conceptos anteriores no nos dicen mucho para comprender la verdadera esencia de una constitución política. Por eso, es necesario acudir directamente a las circunstancias históricas que le dieron a luz. Las constituciones, al igual que los textos sagrados de todas las religiones, son escritos por personas, mas, como escribió Marx, éstos nunca actúan a propia voluntad, “bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquéllas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado…”.295 Más allá de la letra muerta, ¿por qué una constitución es como es? La respuesta debe ser buscada en “los factores de poder que rigen en una sociedad determinada… esa fuerza activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser, en sustancia, más que tal y como son…”.296 Es por ello que consideramos que el análisis científico del tema constitucional en Guatemala debe ser abordado a partir del uso de las herramientas e instrumentos de análisis propios de las ciencias sociales y que su interpretación debe hacerse en clave histórica. El análisis propiamente técnico 293 “[¿Qué hace fundamental a una ley?]… 1º … que sea una ley que ahonde más que las leyes comunes…, 2º que constituya… el verdadero fundamento de las otras leyes… 3º [que no sea antojadiza]… sino que sea así porque necesariamente tiene que ser… el fundamento a que responde no les permite ser de otro modo…”. Ferdinand Lasalle. ¿Qué es una Constitución? 2ª Ed., Gernika, México, D. F., 2004. Pág. 59. 294 Eduardo García Maynez. Introducción al estudio del Derecho. Editorial Porrúa, México, D. F. 1973. Pág. 108. 295 Carlos Marx. El dieciocho brumario de Luis Bonaparte. Obras Escogidas, Ediciones de Cultura Popular, México, D. F., s. f. e. Pág. 95. 296 Lasalle, ¿Qué es una Constitución?... Pág. 60.

jurídico corresponde a un aspecto doctrinal de las disciplinas jurídicas, más es un campo que de momento no entraremos a abordar.297 a) Constitución y constitucionalismo Si atendemos la sugerencia que nos hace Lasalle de considerar a una Constitución como el conjunto de factores vivos y eficaces de poder que actúan en una sociedad determinada, habremos de concluir que todas las organizaciones políticas han poseído una constitución.298 Y en efecto, ello es cierto, por cuanto toda organización humana posee ciertas instituciones que regulan las relaciones sociales y lo más importante, la relación de éstas con el ejercicio del poder público. Por eso, podemos encontrar las primeras doctrinas constitucionales en épocas tan anteriores como el siglo IV a.n.e. en la Grecia Clásica.299 Doctrinas constitucionales y constitucionalismo no son exactamente lo mismo. Una doctrina constitucional es inherente a la existencia misma de una constitución en general; más el constitucionalismo es un movimiento político y doctrinal generalizado a partir del siglo XVIII en la Europa septentrional, cuyo resultado final fue la elaboración sistemática o codificación de las constituciones en la mayoría de países en donde se introdujo. Constitucionalismo pues, es el proceso mediante el cual, salvo raras excepciones, los Estados modernos han codificado en documentos escritos el conjunto de principios rectores ideales que regirán la vida de una comunidad política concreta. El constitucionalismo surge como una necesidad de imponer límites al poder público, por lo que esgrime una serie de derechos y garantías que protegían al individuo de los desmanes de los gobernantes. Los grandes hitos al respecto son las declaraciones de derechos inglesa – del siglo XVII –, norteamericana y francesa – del siglo XVIII –. El gran aporte del siglo XIX a esta proceso es impregnarle su carácter netamente positivista, con lo que se dio un paso hacia adelante buscando legalizar los actos emanados del poder público. Acá, ya contamos con las dos partes fundamentales que contiene una constitución: su parte dogmática (consistente en sus declaraciones elementales o extensas de derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad política) y su parte orgánica (referente a la regulación de la actividad administrativa del aparato gubernamental). El último paso, puede ser considerado constitucionalismo social, consiste en la inclusión en los cuerpos constitucionales del catálogo de derechos sociales o de segunda generación surgidos a principios del siglo XX en virtud de las huelgas y luchas de los trabajadores europeos y otros movimientos como el agrarismo mexicano y la instauración del socialismo soviético.

297 Para un estudio doctrinario del tema constitucional guatemalteco, sin duda, la mejor referencia es Jorge Mario García Laguardia, quien ha publicado numerosos trabajos al respecto. Nosotros solamente consultamos dos de ellos por lo que solamente a ellos podemos referir: El Constitucionalismo, En: Asociación de Amigos del País. Historia General de Guatemala. Tomo VI, Guatemala, 1996; Política y Constitución en Guatemala, 4ª Ed., Procuraduría de los Derechos Humanos, Guatemala, 1996. 298 Op. Cit. Lasalle… 299 Maurizio Fioravanti. Constitución. De la antigüedad a nuestros días. Editorial Trotta, Madrid, España, 2007. Págs. 11 y ss. La genialidad del pueblo griego consiste en haber volcado su reflexión sistemática al asunto, en tanto que otros pueblos aún más antiguos lo mantuvieron inserto en otros campos del saber como la teología…

Como hemos podido observar, cada una de las fases del constitucionalismo ha obedecido a circunstancias históricas bien concretas, relacionadas todas ellas con la conformación de los estados nacionales, en el marco de la hegemonía mundial del sistema de producción capitalista.300 Por otra parte, el constitucionalismo latinoamericano sigue un recorrido semejante ajustado a sus propias condiciones históricas. En el caso de Guatemala, su recorrido netamente constitucional inicia de manera conjunta con el resto de estados centroamericanos en el fallido proyecto federal. Treinta años más tarde, los regímenes liberales impulsan de nuevo el tema constitucional y en 1879 otorgan la primera constitución moderna de la políticamente independiente República de Guatemala, reformada un total de nueves veces en menos de 65 años. Después, los regímenes sucedáneos promulgaron un total de cinco cartas magnas más (aunque una de ellas no llegó a entrar en vigencia – la Constitución de 1921). En la práctica, las constituciones en Guatemala han servido para legitimar las acciones de las élites en el poder. Así sucedió con los gobiernos liberales, le fue necesario al periodo revolucionario, a la Contrarrevolución y también con el montaje del aparato estatal contrainsurgente en 1965 y en su nueva faceta en 1985. No debemos dejar pasar desapercibido que la constitución hoy vigente ha sido objeto de reformas en el año 1994, que hubo un intento serio por democratizarla tras la firma de los Acuerdos de Paz mediante el procedimiento de consulta popular y que en la actualidad (año 2009 y 2010) parece encontrarse latente una serie de propuestas ultraconservadoras y reaccionarias para reformarla.301 b) Poder constituyente y poder constituido La distinción entre poder constituyente y poder constituido proviene de la época de las grandes revoluciones burguesas del siglo XVIII.302 Tanto en el caso estadounidense como en el francés, el principal objetivo de las revoluciones burguesas fue cortar de plano todas las trabas superestructurales que al desarrollo del proceso pre industrial imponía todavía el antiguo régimen, independientemente que tuvieran, respectivamente, carácter anticolonial o antifeudal. Pero, inmediatamente logrado este objetivo, la búsqueda desesperada de ambos modelos fue la instauración del orden. Así, instauración de orden y poder constituyente fueron dos aspectos de una misma moneda. Y, el resultado de dicho proceso fue la constitución en su sentido moderno. El carácter principal del nuevo orden debió dar cabida al ideal liberal de la libertad individual de frente al absolutismo de un poder central. La revolución burguesa pasó así a ser el poder constituyente, encarnado por un cuerpo colegiado representativo de la colectividad popular (tan temida antes y después), generador de la normativa fundamental y dador de competencias, y el conjunto de las instituciones que de allí emanaron para el ejercicio político y administrativo del gobierno se convirtió en el poder constituido. De dicha interpretación emana la ficción jurídica de la soberanía popular (arrebatada a las monarquías absolutas), poder originario, y del gobierno limitado, poder derivado. Por su propia configuración histórica, el poder originario en Guatemala no tuvo oportunidad de preconizar su soberana voluntad. Con sus matices, ninguna asamblea constituyente provino de un 300 “[T]anto las condiciones jurídicas como las formas políticas no podían comprenderse por sí mismas… por el contrario [su comprensión] radica en las condiciones materiales de vida…”. Carlos Marx, Contribución a la crítica de la Economía Política. 9ª edición, Siglo XXI Editores, México, 2008. 301 Iniciativa de ley 4028, reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala (grupo Pro Reforma), presentado al Pleno del Congreso en abril del año 2009. 302 Maurizio Fioravanti. Constitución… Págs. 100 y ss.

acto transformador de las estructuras económicas, sociales y políticas del país, sino más bien, fue un órgano al servicio de caudillos o élites en el poder. Las constituciones de Guatemala han tenido la misión de legalizar proyectos políticos o bien de garantizar su permanencia y no provienen de pactos sociales, a la manera en que fuera concebido originalmente por los iusnaturalistas.303 c) Visualización del proceso Como se ha venido exponiendo a lo largo de este trabajo de investigación, violencia política y “legalidad” no reñían dentro de la concepción contrainsurgente del proyecto político militar implantado de forma racional y sistemática durante los años 1983 a 1985 en Guatemala. Al contrario, la primera justificaba a la segunda y la segunda validaba a la primera. La información académica que se ha recopilado y la que fuera proporcionada en su momento por parte de los medios de comunicación escritos nos permite conocer tres aspectos relativos a este asunto: a) Por una parte, había una Guatemala inserta de plano en un brutal proceso de guerra interna, particularmente importante en la zona del altiplano, seguida por la zona costera, norte y central, con menor énfasis en el área oriental del país. Movilizaciones de tropas, estados de excepción, ataques y emboscadas de los frentes y comandos guerrilleros, múltiples masacres y desapariciones forzadas de líderes comunitarios, políticos, académico-estudiantiles, religiosos, etc. b) Por otra, había una Guatemala protagonizada por dirigentes políticos y funcionarios públicos, civiles y militares, diplomáticos, profesionales y académicos empeñada en discutir interminablemente temas relacionados con la concepción de la democracia, la importancia de la organización partidaria, el buen gobierno, la emisión de leyes justas, etc. c) Finalmente, había una vinculación mecánica entre ambos sectores. El papel del ejército no era cuestionado en su dimensión militar (era necesario terminar con la violencia precisamente con violencia) mas sí en su dimensión política (el buen gobierno debía quedar a cargo de personajes políticos experimentados, académicamente preparados, profesionales en el arte de la negociación…). Así vistas las cosas, no parece tan sorprendente encontrar publicado en un periódico la noticia que miles de familias guatemaltecas se encuentran refugiadas en México, en muy precarias condiciones 303 Por iusnaturalismo o Escuela de Derecho Natural (moderno, en contraposición al derecho natural antiguo o medieval) se comprende a una amplia gama de teóricos políticos que aparecen desde inicios del siglo XVII hasta finales del siglo XVIII. Sus tesis son muy heterogéneas, pero de común tienen la aplicación del método racional: “o sea el método que debe permitir reducir el derecho y lo moral (además de la política), por primera vez en la historia de la reflexión sobre la conducta humana, a ciencia demostrativa”. “Proponiendo la reducción de la ciencia del derecho a ciencia demostrativa los iusnaturalistas sostienen, por primera vez con tanto ímpetu en la secular historia de la jurisprudencia, que la tarea del jurista no es la de interpretar reglas ya dadas, que como tales no pueden dejar de resentir las condiciones históricas en las que fueron emitidas, sino aquella mucho más notable de descubrir las reglas universales de la conducta por medio del estudio de la naturaleza del hombre…”. Norberto Bobbio y Michelangelo Bovero. Sociedad y Estado en la filosofía moderna. Fondo de Cultura Económica, México, 1998. Págs. 15 a la 31. Una de las características fundamentales del iusnaturalismo es el contractualismo, es decir la tesis que sostiene que el cuerpo político proviene de un pacto o contrato social que divide dos estados distintos: el estado de naturaleza (previo al pacto) y la sociedad civil (posterior al pacto). La constitución de un pueblo es la encarnación del pacto social o bien su refundación. Para un estudio más detallado de las teorías políticas contractualistas, recomendamos: George H. Sabine, Historia de la teoría política. Fondo de Cultura Económica, 3ª Ed. México, 2000. Particularmente la tercera parte: La teoría del estado nacional.

y siendo objeto aún de hostigamiento de parte de hombres armados, y al otro día un jubiloso anuncio sobre los grandes avances en el proceso democrático.304 En el espectro político, esas eran las dos Guatemalas.305 Y, el proceso de convocatoria, elección y conformación de una Asamblea Nacional Constituyente lo refleja de manera nítida: el discurso democrático sin cuestionar a fondo las estructuras de poder. 4.2 Convocatoria a elecciones a diputados para ANC 4.2.1 Ley electoral específica para la elección de Asamblea Nacional Constituyente a) Discusión y aprobación de la ley electoral La convocatoria, elección e instalación de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) para que redactara una nueva Carta Fundamental es parte sustancial del proyecto político de la contrainsurgencia organizada a partir de marzo de 1982 y reorganizada en agosto del siguiente año. La justificación estribaba en el descrédito que las instituciones jurídicas y políticas tenían por parte de la población, no solo del sistema electoral, sino del sistema político en su conjunto. Así, la idea de refundar el Estado era necesaria para legitimar un nuevo orden en construcción. El proceso que va del cierre del espacio político público a su reapertura, no debe ser analizado separando todos sus competentes. La conformación de la plataforma jurídico política para nuevas elecciones estuvieron sujetas siempre a un marco mayor, en el que se conjugaron acciones administrativas, militares, sociales, políticas, económicas, etc. En algunos momentos del proceso, en su aspecto netamente político, hubo voces que clamaron por el pronto retorno a la constitucionalidad, con lo que sugerían que las mismas leyes e instituciones suspendidas el 24 de marzo de 1983 fueran puestas de nuevo en vigencia. Sin embargo, ya el Estatuto Fundamental de Gobierno significaba en la práctica un primer ensayo para una nueva institucionalidad cerrando así las puertas a la antigua constitución de 1965, que terminó siendo solamente fuente histórica de derecho. Después de la segunda mitad del año 1983, el Consejo de Estado recibió la tarea de realizar el anteproyecto de ley electoral para elección de diputados a asamblea constituyente y al ser disuelto correspondió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) concluirla. Finalmente, este anteproyecto es 304 En un artículo editorial de febrero de 1984 se informa que la palabra “Constitución” aparece por lo menos unas 50 veces diarias en los medios escritos de comunicación. Batallas por la constitucionalidad. PL, Pág. 10, 11/2/1984. 305 Ricardo Ramírez (Comandante Rolando Morán) expone en su Saludo Revolucionario del año 1984 este aspecto con magistral contundencia: en Guatemala se estaba impulsando un proyecto contrainsurgente feroz bajo el auspicio del gobierno republicano estadounidense; pero, por su misma brutalidad, el proyecto de contrainsurgencia tuvo que ser impuesto a la fuerza, lo que generaba cierto grado permanente de debilidad; por ende, hubo de acoplarse a las demandas de sectores aliados o potencialmente aliados. La fachada de democratización era importante para limpiar la cara del régimen y era la genial excusa para permitir la participación abierta de la burguesía tradicional y la voraz disputa de intereses entre ellos y otros sectores de la población (nuevos empresarios, dirigentes políticos, profesionales y asociaciones gremiales, etc.). Ricardo Ramírez de León, Saludos Revolucionarios. La historia reciente de Guatemala desde la óptica de la lucha guerrillera (1984-1996). Fundación Guillermo Toriello, Guatemala, 2002. Págs. 35 y ss. Los desgastes políticos y militares sufridos por las élites en el poder los obligaron a promover acciones reformistas, entre las cuales se encuentra la convocatoria a una ANC y la promoción de una Constitución Política más moderna, híbrido de principios liberales y garantías sociales.

dado a conocer hacia finales de noviembre del mismo año y surgen al debate político público sus principales características.306 El gobierno también solicitó a los partidos políticos, profesionales del derecho y autoridades electorales su opinión respecto del tema y sin duda alguna muchas de ellas fueron incorporadas en el texto final – algunas más por presión que por convicción–. Pero, en esencia, fue clara la postura oficial de que quien tenía en exclusiva la potestad de crear la ley era el Jefe de Estado, por disposición del ejército. En otras palabras, sí hubo debate respecto de la que llegaría a denominarse Ley electoral específica…, pero el mismo giró en torno a aspectos operativos e incluso circunstanciales de la misma.307 El único tema de discusión que sí fue sustantivo versó sobre las funciones específicas de la asamblea nacional, su naturaleza soberana y constituyente.308 Por su importancia, este debate será tratado más adelante, cuando abordemos la convocatoria que finalmente se realizó. Para concluir la cuestión del debate de esta ley, resaltemos que muchos de sus aspectos denotaron nuevamente las diferencias existentes entre dos grupos de organizaciones políticas, quienes tenían una participación electoral previa y quienes se conformaban por primera vez. Así, dirigentes de la primera línea, señalaron más de una vez que las innumerables reformas propuestas a la ley electoral por parte de los nuevos comités únicamente tenían la finalidad de retardar el proceso.309 b) La ley electoral específica y sus modificaciones La Ley electoral específica para la elección de Asamblea Nacional Constituyente, DL 3-84,310 fue finalmente promulgada el 19 de enero de 1984. En consonancia con el cúmulo de leyes que sirvieron de plataforma para implementar la transición jurídico política de las dictaduras al gobierno civil constitucional de 1986, este cuerpo normativo parte de reiterar el “carácter de régimen provisorio” del gobierno militar, así como de la declaración de principios que éste ha rezado prácticamente desde marzo de 1982: se propone de manera irreversible, como uno de sus objetivos fundamentales y prioritarios, cumplir con el imperativo que establece el Estatuto Fundamental de Gobierno, en el sentido 306 TSE acepta enmiendas. Prensa Libre (PL), Pág. 8, 6/1/1984. 307 Lo anteriormente dicho no significa que los temas hayan sido menores o insignificantes. Algunos fueron tan relevantes como el voto de las personas analfabetas, el voto de los patrulleros civiles, la edad para ser diputado, la cantidad de diputados, la cuestión de las vacantes, el sistema de representación o asignación de curules por partido, etc. Citaremos una frase emitida por Mejía Víctores a finales de diciembre de 1983 para ilustrar lo que hemos dicho: “… muchas de las sugerencias planteadas por los partidos políticos en torno al proyecto de ley electoral son atendibles, y serán consideradas…”. Jefe de Estado atenderá sugerencia de políticos. PL, Pág. 6, 24/12/1983. La cursiva es nuestra. 308 Cuando ya había sido aprobada dicha ley, se realizó el I Simposio APG – 84, en el cual distintos dirigentes políticos realizaron críticas a la ley y concluyeron que la ANC debía tener atribuciones ilimitadas y que por tanto podía elegir presidente provisorio. Políticos en movido debate. PL. Pág. 6, 16/2/1984. Sin embargo, el proceso de apertura política continuó tal y como había sido planteado por el gobierno de facto, advirtiendo que de otorgarle a la asamblea constituyente las facultades omnímodas que se exigen se caería en anarquía y se la convertiría en un cuerpo colegiado de gobierno y no en una entidad con plena soberanía pero dentro del ámbito que le correspondía, a decir, elaborar una constitución. Constituyente limitada. PL, Pág. 2, 17/2/1984. 309 Multipartidaria se reunirá con el TSE. PL, Pág. 4, 11/1/1984. 310 DL 3-84, 19-1-1984, Ley electoral específica para la elección de Asamblea Nacional Constituyente. En adelante: a esta ley se le denominará Ley electoral específica, y a la Asamblea Nacional Constituyente se le denominará “ANC”, “asamblea constituyente”, “asamblea nacional”.

de encausar al país hacia el establecimiento de un régimen de legalidad constitucional, proveniente de elecciones populares.311 A continuación, expone la necesidad de elaborar una ley de carácter específica, mediante la cual se facilite la instalación del poder constituyente para que de forma representativa sea emitida una nueva Constitución y las leyes constitucionales respectivas.312 En su Título I, la ley refiere lo que denomina “Normas Sustantivas”. Algunas de ellas son: Con esta ley se regulan las elecciones a ANC e inmediatamente arranca dicho proceso al proceder, en el plazo máximo de 30 días, la Convocatoria oficial.  Las funciones de la ANC serán elaborar una nueva Constitución Política y las leyes constitucionales: Ley Electoral y Ley de Amparo, Habeas Corpus y Constitucionalidad. También se le faculta para organizarse internamente y se ordena al Ministerio de Finanzas Públicas coordinar con ella su inclusión en el Presupuesto General de Gastos de la Nación.  La composición de la ANC sería la siguiente: 88 diputados con iguales derechos, que serían electos así: 23 por medio de listas electorales, 65 por listas o planillas distritales (distrito metropolitano de la capital, demás municipios del departamento de Guatemala y cada uno de los restantes 21 departamentos del país).  Lo relativo a diputados suplentes.  Calidades, prohibiciones para ser constituyente e inmunidades. Se señaló la obligatoriedad de saber leer y escribir para poder aspirar a ser constituyente.  En cuanto a la postulación de candidatos a constituyentes, se otorgó monopolio exclusivo a los partidos políticos en lista nacional y a partidos políticos y a comités cívicos electorales para diputados distritales.  Como sistemas de elección para los diputados se establecieron dos sistemas conocidos: Mayoría relativa: para los casos en que se opta a dos curules (operante únicamente en elecciones distritales de algunos departamentos). Este sistema establece que: se otorgan ambas curules a la organización que obtenga la mayoría de votos, salvo que el siguiente haya obtenido una cantidad de al menos 65% de votos respecto del primero. En este segundo caso se le entregará a dicha organización la segunda curul. Representación Proporcional, sistema de inclusión de minorías o sistema D’Hont: se aplica en los casos en que se eligen tres o más curules (opera en algunas elecciones distritales departamentales y en las elecciones por listado nacional. El encargado de interpretar los resultados será, evidentemente, el TSE.  Lo relativo al voto como derecho ciudadano, obligatorio (excepto para quienes no saben leer y escribir), personal, universal, secreto y no delegable. Se garantiza la libertad de emisión del voto, las dispensas que corresponden y las prohibiciones de voto para ciertos sectores.  La elaboración de padrones de mesa, municipales, departamentales o distritales y nacional.  Se regula la propaganda electoral en función del reglamento que se manda al TSE elaborar.  Fiscalización electoral, la cual se atribuye al TSE así como a las organizaciones electorales contendientes.  La nulidad de las elecciones y en su caso su repetición. 

A continuación, la ley establece en el Título II, Procedimiento Electoral, todo lo relativo a la preparación de la elección, la votación, la calificación de las elecciones y la instalación de la Asamblea. 311 Id. Considerando No. 1. 312 Id. Considerando No. 2.

En cuanto a las actividades preparatorias, la ley establece que “[e]l proceso electoral se inicia con la convocatoria a elecciones y se continúa con las siguientes actividades previas a la elección: Inscripción de candidatos, preparación de documentos y enseres electorales, integración de juntas electorales y constitución de las juntas receptoras de votos.”.313 Señalemos algunos elementos importantes de esta etapa del proceso:314 

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El Departamento de Organizaciones Políticas del Registro de Ciudadanos o la delegación departamental respectiva es quien recibe las solicitudes de inscripción de candidatos, la revisa y la eleva al director del registro para que resuelva en el perentorio término de 8 días hábiles. Si hubiere negativa cabe el recurso de apelación ante el TSE. El plazo para inscribir candidatos concluye dos meses antes del día de las elecciones.315 La inscripción de un candidato le confiere el derecho de antejuicio. La documentación que se utilizará para las elecciones será elaborada por las autoridades del Registro de Ciudadanos y su impresión podrá ser fiscalizada por las organizaciones políticas. La cantidad de mesas electorales se consignará un mes antes de las elecciones con base al padrón levantado.

Después, se regula el acto de emisión del sufragio. Se norma el horario de inicio y cierre de las mesas electorales instaladas, la forma de emisión, los requisitos para emitirlo, etc. También, a esta parte corresponde lo relativo al escrutinio por parte de las juntas receptoras de votos, su revisión y la remisión del acta que corresponde a los distintos niveles instalados – municipal, departamental y nacional. La calificación de las elecciones le correspondió al Registro de Ciudadanos y en el cuerpo legal se estableció la mecánica de revisión de la documentación electoral preparada por las autoridades departamentales y la fiscalización que pueden ejercer los partidos políticos en el acto. Con la anterior base, se ordenaba la redacción de la resolución que declarase la validez o nulidad de las elecciones y en su caso, la vía en que se tramitarían las impugnaciones (actores legitimados, autoridades ante quienes se presenta, trámites, resoluciones, etc.). Si las resoluciones no eran impugnadas o bien los recursos no fueron declarados con lugar o bien hubieren sido promovidos y subsanados, se procedía a la instalación de la Asamblea. En su tercera y última parte, se consideraron las disposiciones finales, las cuales versan en torno a las sanciones electorales y otras disposiciones en cuanto a generalidades del régimen económico con que iniciará sus funciones la Asamblea. En marzo de 1984, se registran las Primeras reformas a la Ley electoral específica… Como ya se consignó en el segundo capítulo de este estudio, en dicha fecha se promulgó el DL 20-84,316 el cual prohibía la participación de los alcaldes en las juntas electorales. El TSE hizo uso de la iniciativa de ley que le asistía y peticionó al gobierno que dichas autoridades no fueran los presidentes de las juntas electorales en razón de que eran electos directamente por la autoridad central. Esta modificación afectó de manera conjunta la LO TSE y el presente DL 3-84. Posteriormente y en virtud del compromiso de facilitar el proceso de participación electoral a los partidos políticos, por medio del DL 25-84,317 se amplió la prerrogativa a estas organizaciones, 313 Id. Arto. 25. 314 Id. Artos 26 al 31. 315 Id. Arto. 26. 316 DL 20-84, 7-3-1984. Primeras modificaciones al DL 3-84 y sextas modificaciones al DL 30-83. 317 DL 25-84, 28-3-1984. Ampliación del Arto. 60 del DL 3-84, Ley electoral específica…, DL 384.

contenida en el artículo 60 del DL 3-84, que establecía que los comités pro formación de partidos políticos que (a) hubieren cumplido con los requisitos del artículo 39 del DL 32-83318, LOP, o sea requisitos de constitución de comité pro constitución de partido, ya analizados y (b) que presentaren el acta constitutiva en los términos del artículo 49 de igual ley, a su solicitud expresa, podían quedar provisionalmente inscritos para participar en las elecciones a diputados a ANC. Agregaba además que a dichos partidos así inscritos no se les castigaría con la pena de cancelación al no lograr el 4% de votos durante las elecciones si hubieren participado. Sin embargo, la inscripción de candidatos debía pasar previamente por su selección mediante la celebración de asambleas departamentales (para el caso de los diputados distritales). En tal sentido, la ampliación consistió en suspender por esta única ocasión (la de la elección a diputados constituyentes) dicha obligación posterior de los partidos políticos provisionalmente inscritos y la facultad de celebrar sus asambleas nacionales y elegir allí directamente a sus candidatos. Otra muestra evidente de la versatilidad legislativa del régimen de facto de Mejía Víctores es el DL 48-84319 de mayo de 1984. El mismo faculta al TSE para aumentar hasta en un 30% al máximo de quinientos ciudadanos por mesa electoral para las próximas elecciones a diputados constituyentes, es decir, se incrementó a 650 posibles electores por cada una. 4.2.2 Convocatoria y funciones específicas de la Asamblea Nacional Constituyente El día 20 de enero de 1984, por medio del Decreto Ley número 4 – 84, el Jefe de Estado de facto, en consejo de ministros y refrendado por su Secretario General, convocó oficialmente a los ciudadanos a: “…elecciones de diputados para integrar la Asamblea Nacional Constituyente, la cual tendrá a su cargo decretar la Constitución de la República y las leyes constitucionales siguientes: Ley Electoral y Ley de Amparo, Hábeas Corpus y Constitucionalidad...”.320 Si bien vemos, la fórmula de redacción del artículo anteriormente citado refleja de forma fiel la voluntad del proyecto político militar que Mejía Víctores, en tanto Jefe de Estado y jefe del Ejército, representaba. Señalemos para el efecto dos aspectos esenciales: 

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Que el cuerpo constituyente por conformarse tenía una misión específica consagrado en el citado cuerpo legal y en tal sentido estaba únicamente autorizado para redactar una constitución y las dos leyes constitucionales evocadas; Que la especificidad de dicha misión excluye de plano cualesquiera otra no contemplada.

La cuestión de las facultades o funciones de la asamblea constituyente es muy importante pues se encuentra íntimamente ligado al tema de la naturaleza y extensión de la denominada “apertura democrática”.321 El régimen militar fue claro en este tema como se observa en su definición legal arriba citada; pero, previo a ello hubo una intensa discusión al respecto, la cual puede remontarse casi al inicio mismo de los gobiernos de facto, pero sobre todo a partir de agosto de 1983 y más aún durante los dos meses que antecedieron a su sanción. 318 Básicamente se les exigía haber presentado las hojas de adhesión con la firma de al menos 4,000 afiliados, mediante actas de legalización notarial de dichas firmas y su presentación de la documentación de identificación vigente. 319 DL 48-84, 23-5-1984, Adición al artículo 19 de la Ley Electoral específica…, DL 3-84. 320 DL 4-84, 19/1/1984, Convocatoria a elección de diputados para Asamblea Nacional Constituyente. Artículo 1. El subrayado es nuestro. 321 No debe olvidarse el cercano ejemplo de El Salvador, que en 1981 vivió un semejante proceso constituyente. En este caso, los constituyentes sí tuvieron la facultad de nombrar un presidente provisional y convoca r a elecciones generales.

Como se hace evidente, existían dos posturas: la postura oficial que indicaba que los constituyentes debían limitarse a redactar una nueva ley fundamental y posturas contrarias que apelaban al carácter constituyente u originario de la asamblea nacional, lo que inmediatamente la facultaba para gobernar el país o delegar en alguien de su confianza dicho mandato. El magistrado presidente del TSE, Arturo Herbruger Asturias, a propósito del proyecto de la ley electoral específica, comentó en diciembre de 1983, que la Asamblea tendría facultades amplias pero que no era conveniente que se excediera en materias tales como la nominación de presidente provisorio. Para él, su labor debía centrarse en crear las condiciones para que el propio pueblo lo hiciera.322 De hecho, ya en octubre del mismo año había declarado que el próximo gobierno del país debería ser “constitucional”, es decir, entraría una vez vigente la nueva constitución323 y por ende, no debía pensarse en la posibilidad del cambio inmediato del actual gobierno, como garantía de que el proceso culminaría. Por otro lado, a la situación que se generaría al instalarse una constituyente producto del sufragio sin capacidades amplias de acción, más que aquéllas que le fueran otorgadas por el poder ejecutivolegislativo de facto, un líder del MLN le denominó, acorde a la doctrina jurídica, acefalia constitucional324. Esta entidad ultraderechista también aseguró que la Ley electoral específica en sí misma no es competencia del gobierno de facto pues tiene rango constituyente y por tanto su aprobación corresponde únicamente a un ente colegiado como la constituyente, debiéndose el gobierno haberse limitado a un simple llamamiento, “algo de pocos artículos, sencillo y claro”.325 Para el 11 de enero de 1984, apenas días antes de la convocatoria oficial, un dirigente del comité político del Partido Social Cristiano (PSC), disidente de la Democracia Cristiana Guatemalteca, sugirió que a la ANC no se le debía limitar, por lo que a la ley electoral específica se le podía utilizar pero una vez conformada la constituyente, ésta podría reformarla o no. A tal argumentación agregó que la Asamblea también debe tener competencia para nombrar presidente provisorio, “el cual puede ser el Jefe de Estado… Lo mismo podría suceder con el presidente de la Corte Suprema de Justicia”.326 Un dirigente del MLN avaló la propuesta argumentando que Mejía Víctores conocía ya el funcionamiento del gobierno y que era aconsejable para el pronto retorno a la constitucionalidad su confirmación en el puesto. También agregó que aún así, la constituyente no debía tener ninguna limitación;327 inclusive, otro dirigente de esta entidad comparó al Consejo de Estado en la época de Ríos Montt con lo que sería una constituyente sujeta al poder de facto.328 El objetivo de la anterior propuesta, en boca de su autor, era la necesidad de “legitimar el régimen”.329 Como corolario de este debate, el canciller del país, Fernando Andrade Díaz Durán, expresó su preocupación de que continuara dicha discusión en la medida que “[s]e han tenido muy negativas experiencias en otros países...”, y dejó en claro la postura oficial al afirmar que “[la ANC] por ser elegida no hará un poder soberano que vaya a gobernar al país… [su] finalidad es la de hacer una carta magna…”.330 La postura de otros políticos que avalaron al régimen adujo que la misión de la 322 Políticos en plena libertad. PL, Pág. 12, 16-12-1983. 323 El próximo gobierno debe ser constitucional. PL, Pág. 2, 1-10-1983. 324 Habrá acefalia constitucional. PL, Pág. 27, 16-12-1983. En términos simples, acefalia constitucional refiere al hecho en el que un país goza de un régimen constitucional y sin embargo no existe una persona que ocupe el cargo o conducción del poder ejecutivo. 325 Líder del MLN señala errores en proyecto de ley electoral. PL, Pág. 2, 23/12/1983. Subrayado es nuestro. 326 Sugiere elegir a Mejía Víctores. PL, Pág. 6, 11-1-1984. 327 Agrada al MLN sugestión de Carlos Gehlert Mata. PL, Pág.6, 12/1/1984. 328 Antoniotti discrepa con Rudy Fuentes. PL, Pág. 64, 13/1/1984. 329 Actual gobierno debe ser legitimado: Gehlert Mata. PL, Pág. 2, 13-1-1984. 330 La Constituyente no gobernará, dice el canciller. PL, Pág. 13, 13/1/1984.

ANC debía ser concreta por dos razones: a) para no provocar duplicidad de funciones (en materia legislativa) y b) para concentrar su labor.331 Apenas unos días antes de que se lanzara la convocatoria formal, el Jefe de Estado fue consultado sobre si la Asamblea podría confirmarlo en su cargo o bien nombrar un presidente provisional y su respuesta fue contundente: los diputados constituyentes podían realizar única y exclusivamente aquéllas funciones contenidas en el Decreto Ley 4-84, ya citadas. Incluso, profirió la siguiente amenaza: “[si los diputados constituyentes] se salen de su carril habrá necesidad de encarrilarlos”.332 La amenaza se mantuvo patente aún a escasos días de las elecciones correspondientes.333 De lo anterior podemos realizar dos importantes deducciones: 1

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Que la discusión y decisión respecto a la titularidad y mando del Jefe de Estado no era competencia de los civiles, de los partidos políticos y ni aún de los constituyentes.334 El Ejército de Guatemala se concibió así mismo como el legítimo patrocinador del proceso de “apertura democrática”, el guardián del orden, etc.335 Que la nueva constitución se realizaría mientras se mantuviera intacto el monopolio de las atribuciones ejecutivas y legislativas del país en manos del gobernante de facto, según lo estipulado en el Estatuto Fundamental de Gobierno.336 Es decir, que el Ejército de Guatemala (más bien la fracción a la que representaba Mejía Víctores) continuaría en el poder para garantizar la ortodoxia del nuevo texto constitucional.

En cuanto a su parte informativa, tal y como se había adelantado en el DL anterior, 3-84, ley electoral específica…, la ANC estaría conformada por 88 diputados, 23 electos por listado nacional y 65 por listado distrital. La ley consigna que es obligación de todo el aparato de gobierno coadyuvar para que las elecciones en cuestión se realicen “en forma absolutamente limpia y con estricto apego a la ley.”337. 4.3 Elecciones y conformación de la ANC 4.3.1 Las elecciones de julio de 1984 a) Preparación para las elecciones Promulgada la Ley electoral específica y realizada la convocatoria respectiva, las organizaciones políticas procedieron a organizarse de cara al evento electoral correspondiente, aunque según se 331 La constituyente de 1,945. PL, Pág. 11, 16-1-1984. 332 Gobierno de facto seguirá con el poder, PL, Pág. 4, 14/1/1984. La discusión no terminó allí, los argumentos a favor o en contra de la plena libertad de acción de la ciudadanía continuaron siendo expuestos. Sin embargo, finalmente las reglas fueron impuestas por el gobierno y la totalidad de partidos políticos que finalmente participaron en las elecciones, a su gusto o no, las aceptaron. 333 Advertencia del ejército. PL, Pág. 6, 22/6/1984; Advertencia a diputados. PL, Pág. 4, 26/6/1984. 334 Si quieren un dictador… lo tendrán. PL, Pág. 2, 18/2/1984. 335 Para reforzar este punto, pensemos en la serie de argumentaciones aparecidas en las denominadas “PROCLAMA DEL EJÉRCITO DE GUATEMALA AL PUEBLO”, tanto la que emana del golpe de Estado del 23 de marzo de 1982 como la que emana del golpe militar del 8 de agosto del año siguiente, donde se deja en claro que el Ejército en nombre propio es quien asume la conducción del gobierno para salvaguardar las instituciones democráticas y reencausarlo a un régimen de legalidad. 336 Decreto Ley 24-84 (y sus reformas), Estatuto Fundamental de Gobierno. 337 Convocatoria a elección de diputados para Asamblea Nacional Constituyente. Arto. 3.

evidenció en los periódicos de la época, su labor estuvo mayormente orientada hacia las elecciones generales siguientes.338 Por su parte, el TSE continuó con su labor de calificación y depuración de listas de adhesiones de las organizaciones políticas y con el proceso de inscripción provisional de los partidos políticos y de las nóminas de candidatos propuestos. Siempre dentro de la lógica del proyecto militar, el evento electoral más allá de sus resultados tenía una finalidad aún más importante: la legitimación del sistema político que de allí emanara. Por eso, la propaganda gubernamental fue más fuerte en el tema de la participación masiva que en el de la elaboración de propuestas y planificación política (aduciendo que ello era competencia exclusiva de los partidos y sus dirigentes electos). Para ilustrar este punto, podemos citar dos ejemplos concretos:  La reiterada afirmación de que los comicios serían limpios (“…quizás los más limpios de la historia del país…), por cuanto no había ningún candidato oficial (que implicaba no apoyo monetario ni moral de parte de las instituciones).339  La preocupación por la afluencia masiva de observadores internacionales.340 A pesar que el ejército había anunciado repetidamente su triunfo militar sobre la subversión,341 la violencia política lejos de disminuir aumentaba durante los meses previos a los eventos electorales de julio de 1984, por lo menos como en los últimos tiempos de Lucas…;342 en igual sentido aumentaba el control social.343 Este clima de zozobra propició una serie de especulaciones en los temas de limitación de garantías, aunque los militares insistían en que no era necesario, pues la situación estaba bajo control. También se vinculaba el cierto grado de apatía electoral creciente con el asunto.344 El Jefe de Estado intentó poner fin a la discusión aseverando que de cualquier manera la violencia es internacional y no es política ni exclusiva de Guatemala.345 Como es lógico, la organización del evento electoral corrió a cargo del TSE y para ello se encontró facultado de emitir el reglamento respectivo. De igual forma, la jefatura de estado ordenó a todas las instituciones públicas a brindar el apoyo que fuera necesario a solicitud de las autoridades electorales nacionales o locales. En cuanto al papel propio del ejército dentro del proceso eleccionario, el TSE argumentó que su ayuda era indispensable para vigilar el orden del proceso, facilitar el escrutinio y trasladar las urnas hacia la capital.346 Dicha decisión fue rápidamente rebatida por sectores políticos al considerarse que ello era repetir un error histórico: inmiscuir al ejército en el tema electoral.347 Finalmente, el vocero oficial, anunció que el ejército en tanto institución solamente se comprometería a salvaguardar el orden por lo que el traslado de urnas correspondería a instituciones privadas.348 Será a mediados de marzo de 1984 cuando los partidos políticos reconocidos provisionalmente empiezan de lleno con el tema de la organización y propaganda partidaria. Asambleas, convenciones, mítines, foros públicos y publicidad en general son publicadas en revistas y 338 Surgen primeros candidatos. PL, Pág. 12, 27/1/1984. 339 Mejía Víctores pidió cooperación. PL, Pág. 4, 25/2/1984. 340 El gobierno ya invitó a observadores de la ONU. PL, Pág. 4, 8/2/1984. 341 Ya no es una amenaza la subversión… Ahora sólo representa molestia. PL, Pág. 2, 21/3/1984. 342 Violencia aterradora. ICA, No. 579, Págs. 1 y 2, 16/2/1984. 343 En Huehuetenango, primer Polo de Desarrollo. Pág. 4, 23/3/1984. 344 Peligra proceso electoral. PL, Pág. 4, 10/2/1984. 345 Si quieren un dictador… lo tendrán. PL, Pág. 2, 18/2/1984. 346 Ejército escrutará. PL, Pág. 12, 24/2/1984. 347 No volver a cometer errores del pasado. PL, Pág. 2, 25/2/1984. 348 Ejército no intervendrá. PL. Pág. 6, 28/2/1984.

periódicos, y los anuncios radiales y televisivos aumentan exponencialmente. Por fin, el tema de las elecciones toma cuerpo y se inicia la carrera por convencer a la población y ganar adeptos; las “[a]ctividades político partidistas”, después de dos años de silencio, vuelven a causar el mismo ruido y atención que en la época previa al golpe de estado de marzo de 1982.349 Las organizaciones políticas presentaron tardíamente su nómina de candidatos para diputados constituyentes y muy prematuramente lanzaron precandidatos para presidente de la República.350 Esto es importante porque “refleja una despreocupación… por el orden cronológico de los acontecimientos políticos…”351 e indica el acentuado carácter presidencialista del sistema político del país.352 Mas, en el fondo, evidencia un aspecto importante en el ámbito propio de las elecciones a constituyentes: que los partidos políticos no generaron un verdadero proceso de organización entre sus bases encaminado a definir democráticamente a sus candidatos, definir perfiles, elaborar propuestas, informar decisiones, etc. No existen datos que nos permitan definir qué criterios utilizaron los partidos políticos para proponer a sus candidatos, lo cual estuvo avalado por la exoneración gubernamental de realizar las asambleas partidarias departamentales contempladas en la ley electoral para el efecto.353 La tradición partidaria guatemalteca, hasta nuestros días, nos demuestra que los partidos políticos no funcionan como ese instrumento de comunicación entre la población y las políticas de gobierno que le asignan los teóricos del tema. Constituyen más bien un conjunto de intereses (de diversa índole) particulares o sectarios encarnados en personajes que carecen de verdaderos liderazgos por lo que operan como auténticos caudillos insertos en una lógica feudal de protección y lealtades. Adquieren dicha calidad en virtud de su poderío y aportación económica, de sus vínculos políticos o sociales con las élites de poder y en algunos casos por méritos propios (p. ej. sus personalidades carismáticas). Solamente así se explica el hecho que los partidos políticos guatemaltecos, salvo raras y relativas excepciones, funcionen sin necesidad de establecer auténticos programas ideológicos ni propuestas concretas y coherentes de trabajo. Además, surgen en contextos determinados y no son duraderos en el tiempo ni se pueden atribuir representaciones nacionales en los procesos eleccionarios. Si bien se estudia su aspecto de propaganda se verá cómo llegan a la población a través de consignas e impactos psicológicos. El trasfuguismo, la inestabilidad de sus cuadros dirigentes y las mutuas – y hasta internas – acusaciones de corrupción y nepotismo son pruebas irrefutables de ello. Otra muestra de la apatía electoral que merodeaba a las elecciones para diputados constituyentes se encuentra en la poca fe que las y los guatemaltecos demostraron durante los meses previos. Aunque no se conocían las nóminas de candidaturas, muchos ciudadanos opinaron que sería “más de lo mismo”, que los candidatos serían unos “charlantes”, y que no apoyaban a “ningún candidato en especial”.354 Sin embargo, es necesario acotar que el ambiente de violencia incidió definitivamente 349 Actividades políticas partidistas. PL, Pág. 4, 16/3/1984. 350 Hablan los candidatos. Diez ciudadanos en camino a la presidencia. PL, Págs. 2 y 3, 18/3/1984. A esta fecha, ninguna nómina para candidatos a diputados constituyentes había sido presentada y antes bien a penas había iniciado su elaboración de parte de las organizaciones políticas. 351 Poca importancia a constituyente. PL, Pág. 10, 19/3/1984. 352 A solamente un mes del cierre de inscripción de candidatos a constituyente, solamente dos partidos habían entregado su listado en tanto diez ya habían proclamado líder máximo. Apatía electoral en Guatemala; constituyente sin candidato. ICA, No. 584, Pág. 13, 22/3/1984. 353 Se trata del DL 25-84 que reforma la Ley electoral específica… De forma transitoria se permite a los partidos políticos provisionalmente inscritos a declarar a sus candidatos en asamblea nacional, permitiéndose que no se realicen las asambleas partidarias locales para ello. 354 Escepticismo generalizado. PL, Pág. 4, 24/4/1984.

para que el electorado no demostrara ningún interés particular en el proceso y mucho menos en participar activamente en el mismo. En cuanto a las campañas electorales se refiere, nos limitaremos a señalar aspectos muy generales. En primer lugar, el contenido de las mismas. Las planas mayores de los partidos políticos se presentaron en innumerables actos públicos en gran parte del territorio nacional, fundando filiales primero y presentando sus candidatos después. En sus discursos, el tema más recurrente era siempre alcanzar la paz y garantizar la democracia. Para ese efecto, ofrecían trabajar por impulsar un catálogo de derechos (palpables en la Constitución que se redactaría) y políticas (en ejercicio del gobierno) tales como la salud, la educación, el trabajo y la seguridad. El segundo aspecto que nos interesa dejar apuntalado se refiere al costo de las propagandas. Los partidos mayoritarios, cuyos resultados se vieron reflejados en la composición de la ANC, iniciaron una campaña costosa en prensa, televisión y otras actividades como presentaciones públicas, publicidad varia, etc.355 Dirigentes políticos vieron con inquietud los enormes gastos que se hicieron, llegando a señalar que, solamente para un partido, la misma podía rondar los Q.8,500,000.356 Sin embargo, como parte del estado generalizado de apatía ante el proceso eleccionario, también se señaló que muchos otros candidatos y partidos no “han querido arriesgarse en financiar una basta [sic] propaganda proselitista…”.357 Los primeros nombres para diputados constituyentes empezaron a circular a luz pública hasta inicios del mes de abril de 1984. Según se desprende de la información de los medios de comunicación escrita, los nombres que circulaban, por lo menos en las listas locales, eran desconocidos en el mundo de la política y carecían de experiencia, aunque figuraron algunas figuras públicas que incluso eran ex constituyentes. Para que las elecciones pudieran ser realizadas se requería que el TSE contara con la organización electoral necesaria a nivel departamental. De dicha cuenta, a inicios del mes de marzo de 1984 se procedió a integrar las Juntas Electorales Departamentales, concluyendo un mes después con los departamentos de Guatemala y Huehuetenango. El aparato electoral se extendió entonces hacia la conformación de las juntas electorales municipales y a la integración de las juntas receptoras de votos, instaladas en cada una de las mesas de votaciones, las que, se anunció, serían más de 4,000 en todo el país (de las que una quinta parte correspondería solamente a la ciudad Capital).358 El 30 de abril de 1984 a las 24:00 Hrs. concluyó el plazo para la inscripción de partidos y candidatos para las elecciones a diputados a la Asamblea Nacional Constituyente.359 Veamos algunas cifras al respecto: 

Guatemala contaba con un total de 7 millones de personas de las cuales el 50% era apta para ejercer el voto. La fecha límite para empadronamiento fue fijada para el 10 de mayo; al cierre, el Registro de Ciudadanos reportó un total de 2,567,599 empadronados.

355 Se señalan también métodos tradicionales de propaganda política, más accesibles a todas las organizaciones políticas: pinturas murales, carteles de aluminio o madera, playeras, banderas, etc. Nuevos métodos de proselitismo. PL, Pág. 2, 25/6/1984. Por su parte, la DCG afirmó que su campaña electoral había sido “pobre” pero honesta, señalando no haber recibido dinero del extranjero y al contrario quedar con una deuda de Q.45,000.00 a algunos medios televisivos de comunicación. Endeudada quedó la DC. PL, Pág. 3, 3/7/1984. 356 Reto público a Carpio Nicolle. PL, Pág. 4, 15/6/1984. 357 Elecciones no despiertan entusiasmo. PL, Pág. 2, 18/6/1984. 358 Instalarán 5,000 mesas. PL, Pág. 14, 28/*4/1984. 359 TSE, Memoria de la elección…, Comunicado de Prensa, 18/4/1984.





Se realizarían un total de 24 elecciones simultáneas para elegir 88 diputaciones el día 1º de julio: 1 elección a nivel nacional (23 diputaciones), 1 elección a nivel capitalino (7 diputaciones), 1 elección a nivel de los restantes municipios del departamento de Guatemala (5 diputaciones), 21 elecciones a nivel de los restantes departamentos (5 diputaciones para San Marcos, 4 diputaciones para Quetzaltenango, 4 Huehuetenango, 3 Escuintla, 3 El Quiché, 3 Alta Verapaz, 3 Jutiapa y 2 por cada uno de los restantes departamentos). Es decir, habría un diputado por cada cien mil habitantes o por fracción superior a los cincuenta mil, según datos arrojados por el último censo de población. Se inscribieron un total de 17 partidos políticos y 3 comités cívicos electorales y 1,179 candidatos para diputados constituyentes (entre los cuales 300 fueron candidatos por lista nacional). Del total de agrupaciones políticas, solamente 5 de ellas llenaron la totalidad de candidaturas posibles (88 en total).

Los dos meses previos a las elecciones se concentraron en los preparativos finales: forma de las papeletas electorales que se utilizarían (el orden y el emblema con que aparecerían los partidos, tamaño, etc.),360 juramentación y adiestramiento de los miembros de las juntas electorales, forma de emisión del voto por parte del ciudadano y la cédula de vecindad como único documento que lo identifique, ubicación de las urnas y fijar una cantidad máxima de 650 votantes por mesa, fiscalización de los partidos en mesas y en el escrutinio así como la emisión de su voto, etc. Finalmente el día 28 de junio de 1984, el TSE pudo anunciar “que están virtualmente finalizados los preparativos electorales, salvo los que deben efectuarse el propio día de la elección”.361 b) Resultados electorales Bajo fuertes medidas de seguridad362 y con la presencia de numerosos observadores internacionales,363 finalmente el 1º de julio de 1984 se realizaron las elecciones para diputados a Asamblea Nacional Constituyente. Concluido el evento, el gobierno militar afirmó que el proceso electoral efectuado debía ser considerado limpio y libre.364 Conforme preceptuaba la ley electoral, al TSE le correspondió calificar el evento y validarlo: “se eliminó el fraude y… el pueblo aprobó el sistema democrático, asistiendo masivamente a los comicios y demostrando su capacidad para elegir representantes… Las elecciones se realizaron en un ambiente libre y festivo, sin que se produjera un solo atentado y sin derramamiento de sangre ni de lágrimas”.365 Las elecciones fueron consideradas “limpias”366 por la generalidad de los sectores, especialmente por parte de los observadores internacionales, quienes dieron múltiples declaraciones que alababan 360 Las papeletas electorales fueron impresas por la Tipografía Nacional en un papel especial comprado a la casa estadounidense ¨”Portals, Inc”. La impresión estuvo supervisada por miembros del TSE así como de delegados de los partidos políticos. TSE, Memorias de la… Comunicado de Prensa, 17/5/1984, Pág. 325. 361 TSE, Memorias de la…, Comunicado de Prensa, 28/6/1984. Pág. 332. Sólo en el aspecto propiamente electoral – excluida el área administrativa – el TSE contó con un total de 17,781 personas, autoridades electorales en distintos niveles del proceso, del nacional al local. Pág. 354. 362 Diez mil policías y pelotones antimotines están preparados. PL, Pág. 14, 27/6/1984. 363 Cuarenta observadores el domingo. PL, Pág. 4, 30/6/1984. 364 Mejía Víctores está feliz. PL, Pág. 4, 4/7/1984. 365 TSE, Memoria de la…, Comunicado de Prensa, 9/7/1984. Pág. 333. 366 Como expresara Carlos Figueroa Ibarra: las elecciones de 1984 y 1985 fueron limpias, pero no necesariamente puras….; En realidad no había en el fondo tal elección, el proyecto contrainsurgente no estaba sujeto a elección.

el proceso.367 Por ejemplo, la delegación de observadores estadounidenses señaló que el evento electoral era una evidente muestra que los militares desean ceder el gobierno a los civiles y acentuaron el beneficio que ello implica para la mejora de las relaciones entre ambos países.368 El propio embajador itinerante de Estados Unidos para Centroamérica se refirió a las mismas como “impresionantes y positivas”369 y la Casa Blanca calificó al proceso con los siguientes términos: “fue honesto y abierto, bien organizado y ordenado”.370 A continuación expondremos los resultados electorales y algunas líneas interpretativas acerca del comportamiento electoral de las y los guatemaltecos. En total, se registraron 1,855,619 votos distribuidos entre las 4,090 mesas instaladas en todo el país. De conformidad con dichos datos, el número de adjudicaciones de curules que le correspondió a cada partido fue el siguiente: Tabla 3. Cuadro de curules adquiridas por los partidos políticos y los comités cívicos electorales para la elección a diputados constituyentes en julio de 1984. Partido Político o Comité Cívico Electoral MLN - CAN UCN DCG PR PNR PID PUA FUN Coalición PNR-DCG OCAS TOTAL

Total No. curules

Porcentaje

23 21 20 10 5 5 1 1 1 1 88

26.14 23.86 22.73 11.36 5.68 5.68 1.14 1.14 1.14 1.14 100%

Fuente: Memoria de la elección de Asamblea Nacional Constituyente, 1984. Acuerdo número 139-84 del TSE, mediante el cual se da el resultado oficial del proceso eleccionario. Págs. 269 y ss.

Tres grandes sectores quedaron representados de forma mayoritaria: el MLN-CAN, la UCN y la DCG. Entre los tres grupos se concentró el 73% de las curules. Las restantes seis organizaciones que obtuvieron alguna representación se distribuyeron, también de forma desigual, el restante 27%. En primera instancia, este resultado nos muestra una realidad: ninguna de los tres sectores 367 En la revisión hemerográfica se pudo constatar que todas las comisiones de observación internacional avalaron el proceso. También, la Memoria de la elección de Asamblea Nacional Constituyente… publicada por el TSE, en su Sección Quinta, dedica su espacio a “Comentarios de países amigos, de observadores y de la prensa internacional”. Págs. 337 y ss. 368 Militares dejarán el poder. PL. Pág. 4, 3/7/1984. El TSE respondió a esta declaración aduciendo que “´Los observadores de Estados Unidos fueron a no dudar quienes examinaron con mayor exactitud y meticulosidad el proceso electoral, ya que visitaron una gran cantidad de municipios en toda la ¨República el propio día de las elecciones, utilizando varios helicópteros que trajeron consigo y otros que arrendaron en el país…”. TSE, Memorias de la elección… Pág. 337. 369 Schlaudemann califica como impresionantes las votaciones. PL, Pág. 2, 6/7/1984. 370 Declaración emitida por la Casa Blanca en relación a las elecciones en Guatemala del 1 de julio. En: TSE, Memorias de la elección. Pág. 338.

mayoritarios era capaz de imponer por sí mismo la fuerza necesaria para aprobar por mayoría simple una propuesta constitucional. Interpretar los anteriores resultados electorales es una tarea compleja que requiere de mucho tacto para evitar conclusiones superficiales, exageradas o no apegadas a la realidad. En general, diremos que la primera gran batalla del proceso de apertura democrática significó un triunfo desde el punto de vista del sistema político impulsado por los militares: hubo participación, se logró reflejar una idea de “apertura política” y al mismo tiempo se reforzó la imposibilidad de efectuar cambios siquiera reformadores que atentaran contra aspectos estructurales del sistema. Además, las reglas fueron impuestas por los militares y a regañadientes fueron aceptadas por las organizaciones políticas, quienes las acataron. En general, el discurso de la derecha guatemalteca quedó legitimado, aunque en una forma más moderna que el tradicionalmente conocido por más de 3 décadas.371 Veamos a continuación algunos aspectos puntuales relativos a la interpretación de los resultados electorales: En primer lugar, consideremos el tema de la abstención electoral.372 En un proceso electoral, existen cuatro formas de identificar el abstencionismo: a) abstención total, que emana de la relación entre personas aptas para votar y total de sufragantes; en 1984, la abstención total equivalió al 60%. b) abstención relativa, que identifica a la relación de votos emitidos dentro del universo de ciudadanos empadronados; en las elecciones que nos encontramos analizando, significó un total de 40%.373 c) abstención circunstancial, que implica la relación de ciudadanos que siendo aptos no se empadronaron; para 1984, esta cifra representó el 33%. d) abstención deliberada, es decir, el número de ciudadanos empadronados que efectivamente ejercieron el voto pero que no eligieron ninguna opción electoral (votos nulos o en blanco); en nuestro caso, representó el 23% (ver siguientes líneas). Respecto de otros procesos electorales, la participación ciudadana fue bastante considerable. Por ejemplo, duplicó el número de participantes de marzo de 1982. Muchas explicaciones se han dado al fenómeno del notable aumento del voto respecto de procesos anteriores. Las versiones oficiales aseguran que ello se debió a la confianza generada por la manera como las autoridades electorales condujeron el proceso y que, por tanto, era una prueba irrefutable de que las bases para una auténtica democracia representativa habían sido sentadas. Sin embargo, muchos otros elementos se conjugan para este efecto, siendo dos de ellos: el carácter obligatorio que tuvo para las personas alfabetas374 y la enorme publicidad que hicieran los actores implicados (principalmente el gobierno militar, las autoridades electorales y las organizaciones políticas).

371 Informe Especial: Elecciones: la derecha guatemalteca logra una salida de concertación a la crisis. ICA, No. 599, Págs. 17 a 19, 12/7/1984. 372 Héctor Rosada Granados. Guatemala 1984 Elecciones para Asamblea Nacional Constituyente. Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), San José, Costa Rica, 1985. Págs. 30 y ss. La versión digital puede encontrarse en: http://www.bibliojuridica.org/libros/libro.htm?l=2001 Los datos que se exponen a continuación aparecen en esta obra citada. 373 Hemos encontrado disimilitudes respecto del porcentaje real de abstención relativa. Por ejemplo, un artículo periodístico de la época señala que el mismo fue del 27%. DC el gran ganador; voto nulo el gran elector. ICA, No. 598, 5/7/1984. 374 El 62% de ciudadanos que saben leer y escribir fueron quienes votaron. Para el TSE, esta situación era extraordinaria porque “señala que los días del electorado manipulado han finalizado en nuestra Patria…”. TSE, Memoria de la elección. Pág. 335.

Centrémonos ahora en un segundo elemento importante, a decir, el gran porcentaje de votos nulos o en blanco, que llegó a un 23%.375 Bajo abstencionismo y alto índice de votos en blanco se hallan íntimamente relacionados si consideramos que el voto fue coaccionado bajo amenazas de multas376 o bien de no poder realizar distintos trámites de naturaleza civil. En la práctica, hubo más votos nulos o en blanco que la sumatoria obtenida por las 6 organizaciones políticas ubicadas en los últimos escaños de la tabla electoral. El voto nulo o en blanco no puede considerarse una simple indecisión de parte del elector, pues ciertamente también refleja una actitud consciente y activa de rechazo hacia los partidos políticos participantes, hacia sus propuestas y en alguna medida al sistema en su conjunto.377 En tercer lugar, resaltemos lo relativo a la posición ideológica del electorado. La tendencia evidenció que las tres fuerzas políticas que resultaron mayoritarias fueron: la Democracia Cristiana, la Unión del Centro Nacional y la coalición del Movimiento de Liberación Nacional y la Central Auténtica Nacionalista, en su orden. Entre estas fuerzas obtuvieron prácticamente el 75% de la representación dentro de la asamblea constituyente, debiéndose distribuir el restante 25% entre otras 6 organizaciones políticas. Ello implica que en el plano ideológico, el electorado se ancló en el ámbito de centro derecha (con preponderancia demócrata cristianos y liberal demócratas).378 Para la derecha tradicional, el alto índice de votos en partidos tales como la UCN (autoproclamados “caras nuevas”) se debió esencialmente a la inmensa campaña publicitaria que tuvieron. Sin duda alguna, esta apreciación es cierta, mas no explica satisfactoriamente del todo el hecho que por primera vez en muchos años la derecha fervientemente anticomunista haya quedado relegada a un tercer plano. El semanario Inforpress expone, en uno de sus artículos, que en el fondo el resultado de las elecciones demostró el desprestigio en que habían caído los dirigentes ultraderechistas al vinculárseles directamente con los regímenes anteriores y por ende con el profundo desgaste del sistema político electoral en su conjunto. Debe aunarse a ello el asunto de los liderazgos en su seno, pues se evidencian los mismos dirigentes históricos y el mismo discurso de más de dos décadas anteriores en una población que es esencialmente joven. En cuarto lugar, relacionado con lo anterior, pensemos el caso de la ubicación geográfica y la preferencia electoral. La mayor fuerza de la derecha se mantuvo en la zona oriental del país, aunque tuvo un alza en algunos departamentos noroccidentales, tradicionalmente susceptibles al discurso reformista. Por su parte, la DCG logró recuperar mucha simpatía entre el electorado en el área occidental del país. Los centros urbanos fueron más susceptibles a la propaganda de la UCN, con lo que se constata su habilidosa campaña publicitaria, pero también su discurso modernizante. Sin

375 Nuevamente nos encontramos ante la dificultad de la diferenciación de datos que nos presentan distintas fuentes. De nuevo nos basaremos en el estudio estadístico analítico realizado por Héctor Rosada. 376 La multa para quien no se empadronara y no votara, estando obligado legalmente, fue suprimida hasta un mes después de las propias elecciones mediante el DL 77-84, de fecha 27/7/1984. La misma benefició a aproximadamente medio millón de guatemaltecos y guatemaltecas. Medio millón de no votantes. PL, Pág. 6, 29/7/1984. 377 En periodos normales de gobernabilidad, este aspecto es muy significativo porque implica el rechazo del electorado hacia las propuestas políticas existentes. También puede significar que realmente no hay propuestas políticas serias. En todo caso, la crisis de legitimidad puede convertirse fácilmente en crisis de legalidad, por cuanto las disposiciones que asuma el equipo gobernante no tendrán efectos obligatorios más que por la propia fuerza coercitiva de la propia ley. Id. Rosada Granados. Guatemala 1984 Elecciones para Asamblea Nacional Constituyente… Pág. 32. 378 Elecciones: la derecha guatemalteca logra una salida concertada a la crisis. ICA, No. 599, Págs. 17 a 19, 12/7/1984.

embargo, las fuerzas tradicionales del PR y PID mantuvieron cierto arraigo en sectores poblacionales a pesar de los desaciertos que los acompañaban desde épocas anteriores.379 En quinto y último lugar, observemos la relación entre el voto efectivo y la asignación de las curules. Por el orden de votos individuales obtenidos, la DCG obtuvo el primer lugar, la UCN el segundo, y la coalición MLN-CAN el tercero. Sin embargo, en la repartición de las curules, la coalición derechista obtuvo más escaños. Como es de esperarse, ello se tradujo en una amplia serie de protestas de parte de los partidos inconformes. Sin embargo, las autoridades electorales la explicaron en función de la existencia de 2 listados (nacional y distrital) y del sistema de representación elegido para computar los votos y designar las curules.380 4.3.2 La conformación de la ANC a) Bloques y alianzas Como ya se explicó, ninguna de las tres fuerzas mayoritarias quedó en condiciones necesarias para lograr imponer sus propios proyectos políticos. Esto era válido tanto en el tema administrativo de la Asamblea (el gobierno o conducción de la misma) como en los temas sustantivos o de contenido del documento que redactarían. Ni siquiera la derecha tradicional (representada por la coalición MLN – CAN y el PID) contaba en su conjunto con el 33% de curules; tampoco, las fuerzas de centro y centro derecha, ambas fragmentadas. Lo anterior, llevó a uno de los líderes de las fuerzas mayoritarias a asegurar que la heterogeneidad de partidos políticos era “importante, porque refleja que sí habrá un pluralismo de partidos de distintas ideologías…”381, agregando nosotros que lo mismo obligaba a generar mecanismos mínimos de consenso entre las principales fuerzas políticas. En este sentido, los bloques y alianzas se figuraban estratégicos para poder impulsar mociones acordes a los contenidos ideológicos propios de cada sector. Evidentemente, había aspectos naturales que debían unir ciertos proyectos, como lo pudiera ser el tema de la propiedad privada irrestricta y absoluta para la derecha (con sus vertientes en el campo de la tributación y su fiscalización) o el de la inclusión formal del tema de los derechos humanos por parte de quienes se consideraban en el centro del panorama. En cuanto a la derecha corresponde, la alianza más significativa fue la que protagonizaron el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y la Central Auténtica Nacionalista (CAN). Las negociaciones entre ambos grupos aparecieron públicamente desde enero de 1984, el primero de los grupos aseguró que esta alianza era posible en virtud que “[el CAN] es un grupo político que tiene la misma ideología…”.382 Para febrero se anunció que era prácticamente una realidad, no restando más que discutir las nóminas conjuntas de candidatos a diputados constituyentes.383 Esta alianza quedó definitivamente asentada a finales de marzo y se afirmó que tenía fines políticos de gobierno conjunto más que solamente electorales para ANC.384 La alianza citada fue sellada en un contexto de pugna entre el MLN y una importante escisión dirigida por Leonel Sisniega, quien fundó el denominado Partido de Unificación Anticomunista (que había existido durante los años de la Contrarrevolución). En una entrevista que se le realizó al 379 Ídem. 380 Ídem. 381 Primera vez que un democristiano conduce una Constituyente: Cabrera. PL, Pág. 4, 27/7/1984. 382 Por buen camino pláticas MLN-CAN. PL, Pág. 72, 2/2/1984. 383 Coalición MLN-CAN está lista. PL, Pág. 12, 17/2/1984. 384 MLN y CAN firman alianza. PL, Pág. 27, 31/3/1984.

ex candidato presidencial de la CAN en 1982, éste aseguró que la alianza no era coherente, pues ambos grupos divergían programáticamente: el MLN basaba su plan de gobierno en los lineamientos del Plan de Tegucigalpa de 1954 (lo que lo volvía un partido anacrónico según expresó) mientras que la posición del CAN (situado a la izquierda del MLN) era más flexible y moderna.385 La alianza funcionó durante todo el proceso de asamblea constituyente. para determinar quiénes serían los candidatos a diputados constituyentes, aunque se estancó en la elección del candidato presidencial. Por su parte, en el ámbito del centro y centro derecha del espectro político, también hubo intentos por generar alianzas. Un intento importante fue la creación, en febrero de 1984, de una entidad denominada Coordinadora Democrática (CD), a la que se adhirieron once comités políticos. Dirigentes miembros de la CD adujeron la necesidad de aglutinar a las fuerzas democráticas para obtener respaldo en torno a temas importantes como la escalada de violencia en el país, ejercer presión para lograr reformas a la ley electoral y cuestionar la actitud prepotente del jefe de estado en cuanto a las facultades de los políticos y de la próxima constituyente.386 El líder máximo de la Democracia Cristiana Guatemala señaló que la naturaleza de este frente no era electoral, sino que más bien coordinador de esfuerzos para exigir la pureza de las elecciones y la rectitud del proceso democratizador… Sin embargo, aseguró que las alianzas estratégicas han funcionado en distintos países y que son positivas.387 Esta alianza tuvo efímera existencia y en algún momento fue calificada como una “amorfa institución polipartidista de izquierda democrática…”.388 En cuanto a este punto, la derecha señaló que los componentes de la CD era un conjunto de minipartidos producto de una estrategia del comunismo internacional para restarle fuerza a las auténticas fuerzas democráticas, a decir, las que se definen abiertamente como anticomunistas. Según estas declaraciones, los partidos políticos podían ser procomunistas o anticomunistas, dado que el centro era una invención que solamente favorecía a los primeros.389 Sin embargo, como reacción lógica y necesaria a partir de su debilidad, la primera alianza formal concretada en el periodo postelectoral, fue la del PR y el PNR. Esta unidad de fuerzas se verificó con el objetivo de lograr puestos dentro de la Junta Directiva o en su defecto posiciones importantes dentro de las comisiones que se organizaren.390 La misma también se proyectó hacia la discusión y aprobación de puntos sustantivos de la Constitución en ciernes. b) Instalación y organización interna de la Asamblea La instalación de la Asamblea Nacional Constituyente fue programada para el 1º de agosto de 1984. Sin embargo, previo a dicha reunión, líderes electos de los partidos y organizaciones políticas establecieron una Comisión Coordinadora de la ANC, responsable de preparar el camino para el inicio de labores del cuerpo colegiado. Esta comisión trabajó durante una semana con el fin de llamar a la primera sesión preparatoria, en la que se definió la primera junta provisoria, el 25 de julio de 1984.391 385 Entrevista a Anzueto Vielman. PL, Pág. 7, Revista Domingo, 1/4/1984. 386 Quedó constituida ayer la Coordinadora Democrática. PL, Pág. 4, 21/2/1984. 387 Cerezo opina sobre la Coordinadora Democrática. PL, Pág. 43, 23/2/1984. 388 El retiro de Castejón. PL, Pág. 10, 24/2/1984. 389 MLN ataca a todos los minipartidos. PL, Pág. 2, 29/2/1984. 390 PNR y PR forman alianza. PL, Pág. 8, 13/7/1984. 391 Constituyente ya en marcha. PL, Pág. 6, 26/7/1982. También: Asamblea Nacional Constituyente. Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Tomo I, Primera Sesión Preparatoria, 25/7/1984 (formato digital).

Un aspecto nos parece importante resaltar de este proceso: que la integración de la Junta Directiva Provisional confirmó las necesarias consecuencias de la igualdad de tres fuerzas políticas, la distribución negociada de los puestos con el evidente saldo de excluir a las fuerzas menores. Es decir, las máximas autoridades constituyentes fueron repartidas entre las tres grandes fuerzas que integraban la Asamblea: DCG, UCN y MLN-CAN. De hecho, el primer enconado debate dentro de la Asamblea giró precisamente en torno a esta situación.392 La Junta Directiva, finalmente electa, estuvo compuesta de nueve diputados, provenientes proporcionalmente de cada una de las fuerzas electorales mayoritarias. Fue presentada como planilla única al pleno, quien en medio de severas discusiones la aprobó. La misma, quedó conformada por un presidente rotativo y dos vicepresidentes (el orden de dirección de la Asamblea desde el cargo de la presidencia en funciones fue el siguiente: DCG, MLN Y UCN, y la rotación se efectuó de forma mensual), y seis secretariados, todos ellos pertenecientes a los tres bloques mayoritarios. El acto solemne de instalación de la ANC causó bastante expectativa en el ámbito de la política nacional. Particular controversia causó el tema de quién sería el órgano encargado de juramentar a los diputados constituyentes, en virtud que todo el aparataje gubernamental provenía de un orden de facto. La Comisión Coordinadora de la ANC determinó que el juramento debía realizarse ante la Bandera Nacional, como en efecto sucedió.393 El día programado, los diputados constituyentes acudieron a la sesión de investidura y declararon formalmente abierta la labor de la nueva ANC. El discurso del Jefe de Estado refleja perfectamente su complacencia del inicio de labores de esta entidad y atribuye su posibilidad y existencia al deseo univoco del Ejército de Guatemala: “…a nombre de la Institución Armada… [se ofreció]… el pronto retorno a un régimen de legalidad constitucional, que auspiciará la institucionalización de un esquema político y de gobierno democrático originado en elecciones populares, libres y puras… Me cabe la gran complacencia, de poder decir en este momento, que la palabra empeñada, ha sido hasta hoy debidamente cumplida”.394 Especial énfasis tuvo el Jefe de Estado al afirmar de manera incisiva el nuevo carácter democrático del sistema político y en apuntalar la naturaleza fundante que una Asamblea Nacional Constituyente le proveía al nuevo régimen (por el Ejército patrocinada). El proyecto contrainsurgente meticulosamente planeado llegaba finalmente a una de sus fases más importantes: la re-legitimación del sistema político guatemalteco asentado sobre nuevas reglas y justificado sobre la base de la búsqueda del consenso a través de las organizaciones político partidarias. La dominación pura y simple no cedería su lugar tan fácilmente, pues la terrible represión a distintos sectores sociales continuaría en tanto se inauguraba una nueva fase del desarrollo del proyecto militar: la negociación del mando entre militares y civiles, con la abierta y 392 Según dirigentes del PNR, “[p]artidos de diferentes ideologías se han confabulado para integrar la junta directiva de la asamblea nacional constituyente [sic] y también para engañar al pueblo…”. MLN, UCN y DC confabulados. PL, Pág. 2, 30/7/1984. El debate fue protagonizado por diputados de la recién constituida alianza PR-PNR, quienes no votaron a favor de la planilla única propuesta. Dicha discusión se extendió a la segunda sesión preparatoria, previa a la “instalación solemne”, durante la cual el bloque completo de PR-PNR se retiró del hemiciclo. La respuesta del máximo dirigente de la UCN al respecto fue contundente: el pluralismo es necesario y quiere decir “representación, pero esa representación tiene que ser lógicamente en forma proporcional a las fuerzas…”. Para ver el debate íntegro, véase: ANC. Diario de Sesiones de la ANC…, Tomo I, primera y segunda sesión preparatorias. 393 Jurarán ante la bandera. PL, Pág. 2, 31/7/1984. 394 Discurso del General Mejía Víctores para la instalación solemne de la ANC. En: Diario de Sesiones de la ANC…, Tomo I, Sesión Solemne, Págs. 9 a 17.

obligada complicidad de los segundos para concluir efectivamente con el proyecto militar descrito en los capítulos anteriores. El ejército ofreció entregar el control formal del gobierno pero aseguró su preeminencia como actor principal dentro del proyecto contrainsurgente por ellos dirigido: “…paralelo a las elecciones nacionales… el gobierno militar también aprovechaba el espacio que le quedaba para articular, no vía pactos ni entendimientos secretos sino vía las leyes que aún podía emitir, la red legislativa que le aseguraría en la etapa inicial del nuevo ciclo que se abría, controlar, para efectos de la seguridad y la estabilidad nacionales, determinadas funciones del poder público… la Asamblea Constituyente dispuso no actuar precipitadamente ni confrontar al gobierno militar sino darles su aprobación en principio…”.395 c) Comisiones de trabajo Aunque no es parte de nuestro principal objeto de estudio, a decir, la relación entre apertura política y ANC, dejaremos esbozadas apenas algunas consideraciones generales acerca de la forma como se organizó y operó en su interior la ANC para la discusión, redacción y aprobación de la Constitución Política y las demás leyes constitucionales. Desde su instalación y hasta su sexta sesión ordinaria celebrada el 21 de agosto de 1984, los diputados constituyentes trabajaron en la construcción de la Ley de Régimen Interior de la ANC396 y en la aprobación del Presupuesto de la ANC (agosto – diciembre de 1984)397. Especialmente la discusión de la Ley de Régimen Interior, propuesta elaborada por la Junta Directiva de la Asamblea, generó discusiones fundamentales que se trasladarán a lo largo de los innumerables debates que se abrieron en torno al contenido del proyecto constitucional; nos referimos a aspectos tales como: idioma oficial de Guatemala, régimen de trabajadores y régimen de trabajadores del Estado, control del poder público y otras. Por otra parte, a partir de la séptima sesión ordinaria, efectuada el día 23 de agosto de 1984, se discutió lo relativo a la organización interna de la ANC para efectos del desarrollo de las tareas a realizar. La organización quedó constituida de la siguiente manera:398  Comisión Redactora (Comisión de los 30) 1 Subcomisiones: 1.1 Asuntos del pueblo 1.2 Organización del Estado 1.3 Régimen económico y social 1.4 Garantías constitucionales 1.5 Derechos Humanos  Comisión de Ley Electoral  Comisión de Ley de Amparo, Hábeas Corpus y Constitucionalidad  Comisión de Estilo Las reuniones de las comisiones y subcomisiones respectivas fueron programadas para que empezaran a laborar paralelamente a las sesiones generales ordinarias, que se celebraban semanalmente, salvo casos urgentes o necesarios. Las comisiones fueron propuestas por la Junta 395 Francisco Villagrán Kramer, Biografía política de Guatemala. Años de guerra y años de paz. Pág. 301. 396 Dto. 2-84 de la ANC, 21/8/1984. 397 Dto. 3-84 de la ANC, 21/8/1984. 398 ANC. Diario de Sesiones de la ANC…, Tomo I, Séptima sesión ordinaria, 23/8/1984.

Directiva de la Asamblea, y sus integrantes por el pleno, quedando abierta la inscripción de sus miembros. Del Diario de sesiones de la ANC… se colige que el trabajo fue complicado en su inicio y sumamente lento en su desarrollo. De hecho, la discusión del proyecto constitucional hasta su aprobación final duró 10 meses y de las restantes comisiones, casi 18 meses. No pretendemos realizar un análisis sobre el resultado del trabajo de la constituyente en sus aspectos técnicos jurídicos o políticos, pero dejamos apuntado que en general refleja la composición misma de la Asamblea: una suerte de híbrido ideológico que se debate entre el centro y la derecha políticas: “la nueva Constitución fue el producto de una relación de estira y afloja entre los partidos políticos, los empresarios y los militares”.399 De allí algunas de sus principales contradicciones y carencias, las cuales, sin embargo, no serán objeto del presente estudio. 4.4 ANC y la consumación de la legitimación del proyecto político militar contrainsurgente La Asamblea Nacional Constituyente – y por ende la Constitución Política que redactó y promulgó – es tan solo una pieza, aunque importante, dentro del proyecto político militar contrainsurgente en Guatemala.400 Definitivamente, los años 1981 a 1983 fueron los más trágicos de la historia reciente del país por la mortandad y sufrimiento masivos que soportaron miles de familias guatemaltecas. En marzo de 1982, el ejército se vio necesitado de asumir el control absoluto del gobierno para poder imponer un programa de mano dura contra la subversión (amorfa categoría en la que entraban muchos sectores aparte del movimiento insurgente armado) en su parte netamente militar a la vez que incorporaba todas las formas de lucha posibles para ganar la mente y corazón de la población sobreviviente (a los terrores de la guerra). Para 1984, la guerra interna se hallaba aún en plena efervescencia,401 aunque el ejército había logrado alcanzar positivamente uno de sus grandes objetivos: desarticular de forma profunda al movimiento armado del movimiento de masas, y más aún aislarlo, mediante el terror llevado a extremos inimaginables, de la mayoría de la población civil. La violencia política se mantuvo pero en ningún caso supuso más desestabilidad aguda del régimen. Pero, mientras el Ejército de Guatemala masacraba poblados enteros, las fuentes oficiales autorizadas vociferaban a los cuatro vientos la naturaleza esencialmente provisoria del régimen y su vocación natural hacia la democratización del país.402 El poder absoluto ya no era necesario para 399 Comisión de Esclarecimiento Histórico. Guatemala, Memoria del Silencio. Tomo I, Guatemala, 1999. Pág.206. 400 Según la CEH, esta nueva Constitución es importante porque guste o no constituye el principal instrumento jurídico sobre el que descansa la institucionalidad del país. Sin embargo, está consciente que “tiene su origen en los objetivos de readecuación de la estrategia de la Institución Armada…” Guatemala Memoria del Silencio. Tomo I, Pág. 207. 401 En este año, la política de guerra del gobierno de Reagan aumenta de manera desproporcional en contra de El Salvador y Nicaragua, en tanto en Guatemala las hostilidades son permanentes entre las fuerzas guerrilleras y tropas del ejército. Además de la violencia política, la violencia social empieza a entronizarse en la vida cotidiana nacional. 402 En un interesante escrito de 1985, Ricardo Ramírez le denomina a este proceso “maniobra aperturista”, al cual interpreta a partir de su función contrainsurgente y porque implicaba un realineamiento de las fuerzas desgastadas y deslegitimadas, en medio de múltiples contradicciones, para obtener el control o hegemonía política en el país y para mejorar la imagen del gobierno mismo. La lucha contrainsurgente necesitó un aparato militar enorme que el país ya no podía costearse por más tiempo al no presentar resultados contundentes, vislumbrándose por tanto de

1984 y al contrario se convertía cada vez más en un pesado lastre, por lo que era necesario generar mecanismos eficientes para distribuir cuotas de poder sin afectar la lógica de su ejercicio.403 El proceso electoral tanto como la democracia, fueron condicionados por la guerra contrainsurgente, o como hubiera dicho el Gral. Gramajo en sus escritos políticos: “la continuación de la guerra por otros medios…”. En Guatemala, al igual que en El Salvador y en Nicaragua, no fue la fórmula puramente militar la que decidió la resolución del conflicto que alcanzó un verdadero carácter regional. La solución que en los tres casos se dio tendió a propiciar una salida política, combinación entre tácticas militares y pactos o alianzas, es decir, provocar mecanismos formales para la discusión del control del Gobierno.404 Sin embargo, evidentemente en dicho plan, que no fue producto de la espontaneidad, no tuvo participación amplia gama de sectores, particularmente los sectores populares. Un ejemplo de lo anterior es el tema del voto. Durante la fase más crítica de la campaña de pacíficación impulsada por el ejército, el tema de las elecciones era secundario. Mas, pasó a primera plana en el momento mismo en que aquélla alcanzó gran parte de sus objetivos generales (que nunca fue derrotar absolutamente a la insurgencia armada en sí, sino más bien aniquilar a sus bases – civiles). Con la convocatoria a elecciones para diputados a asamblea constituyente, se intentó hacer creer a la ciudadanía que tenía la oportunidad de participar en la construcción, organización y conducción un nuevo país.405 Así, cada voto fue valioso en virtud de haber sido presentado ante la opinión nacional e internacional como una apuesta de la población a favor del sistema democrático y representativo y por ende una negación al contenido esencialmente clasista impregnado en la propaganda guerrillera y elevado a práctica social en el campo de la lucha armada. Lo anterior no podía ser de otra manera, porque las propuestas políticas de las organizaciones que contendieron por copar las instituciones que se iban formando no eran sólidas ni aún programáticas. Es decir, el sistema fue creado para avalar un proyecto político dado más allá que para la construcción de una propuesta colectiva. Los métodos utilizados por la contrainsurgencia no fueron cuestionados por los partidos políticos (regla fundamental para poder ingresar al terreno de la competencia en el marco de la apertura), por lo que en la práctica quedaron no solo legitimados sino inclusive legalizados en la nueva Carta Magna. Y, la asamblea constituyente jugó un papel clave en ello: proclamar una forma más moderna de dominio, mantenerlo y no transformarlo. forma prolongada, por lo que trató de ser frenado a través de la complicidad civil entregándole el gobierno por la vía electoral. Ricardo Ramírez de León, Saludos Revolucionarios… Pág. 41. 403 Íd. 404 “…la gran paradoja de la historia reciente de la región es que, siendo el estallido revolucionario en estos tres países el factor determinante para explicar los diversos hechos políticos de la década, no sería éste el que terminaría por imponer el sentido del cambio, sino su contrapartida, los procesos electorales, la retirada parcial de los militares de la política contingente, la combinación contradictoria de elecciones y guerra…”. Carlos Figueroa Ibarra, Centroamérica: entre la crisis y la esperanza (1978-1990). En: Historia General de Centroamérica, T. VI, Historia Inmediata. Pág. 41. 405 Un buen ejemplo de ello es el amplio margen de votos que obtuvieron los partidos de centro y centro derecha. Aunque recibieron cuotas efectivas de poder, la naturaleza del control del proyecto contrainsurgente estuvo fuera de sus manos y el ejército siguió siendo el verdadero garante de la estabilidad nacional. Los hechos posteriores a 1985 lo comprueban, pues la DCG en el gobierno fue incapaz de plantear un programa de gobierno reformista y estuvo siempre amenazado por la intervención militar y por el boicot del sector empresarial. Tal y como lo afirmaba un líder guerrillero a inicios de 1986, si la DCG quisiera realizar un acto de verdadera consecuencia democrática, tendría que apoyarse únicamente en el pueblo organizado o en las organizaciones insurgentes, sin embargo, ni lo hizo, ni probablemente se lo planteó. Ricardo Ramírez de León, Saludos Revolucionarios… Pág. 46.

Salvadas las inmensas diferencias históricas, en algún modo, en 1984, con el tema de la instauración democrática a través del sistema constitucional de derecho, sucedió lo mismo que en 1821 con el de la Independencia política de España: las élites o sus representantes proclamaron una transición política para “prevenir las consecuencias que serían temibles en caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo.”.406 En la historia nacional es necesario desmitificar una serie de hechos y procesos. Por eso, el gran jurista Adolfo Mijangos, cuando analizaba la Constitución de 1965 escribía que “[s]i por Constitución… debe entenderse La Regulación Legal Fundamental… su estudio debe hacerse atendiendo a las especiales circunstancias en que fue dictada y a la realidad social, política y cultural del país de que se trata…”.407 Su análisis frío, técnico o dogmático, no pasa de ser un mero ejercicio de erudición, estéril desde el punto de vista de la práctica y transformación sociales.

406 Acta de Independencia, 15 de septiembre de 1821. Punto No. 1. Cursivas son nuestras. 407 Adolfo Mijangos. La constitución guatemalteca de 1965. Textos Jurídicos 3, Facultad de Ciencias Económicas, USAC, 1978. Pág. 3.

REFLEXIÓN FINAL Hemos optado por obviar la palabra conclusión porque consideramos que con el presente estudio hemos arribado a más dudas que a respuestas. Sin embargo, sí podemos realizar en algunas líneas observaciones muy generales que nos permitirán seguir adelante con el estudio cada vez más amplio y sistemático del proceso acá estudiado. La actual Constitución Política de la República de Guatemala es un documento importante en la vida política nacional porque guste o no provee de manera formal de un conjunto suficientemente amplio de garantías y derechos que se pueden hacer valer para exigir la recta aplicación de la justicia en el país. Sin embargo, sus grandes carencias se demuestran en la omisión consciente que tiene en cuanto a generar dos situaciones vitales para la consolidación de una auténtica democracia: – –

Mecanismos eficientes para exigir la justa distribución de las riquezas y Mecanismos eficientes para solucionar los problemas estructurales históricos que aquejan a la población guatemalteca, particularmente indígena (racismo, pobreza, inequidad en el acceso a las oportunidades e impunidad).

El por qué de su omisión debe ser buscada en la historia misma de la Constitución. Inspirada en principios netamente liberales y socialdemócratas, el peso de la tradición de la injusticia y sobre todo el clima de terror en el marco de una guerra contrainsurgente total son dos de los principales aspectos que finalmente se impusieron en el momento de su creación. La Constitución Política fue creada por la Asamblea Nacional Constituyente entre agosto de 1984 y mayo de 1985. Sin embargo, su origen es espurio, pues no tuvo la finalidad de resolver la grave crisis estructural de la sociedad guatemalteca sino de resolver la profunda crisis estructural del ejercicio del poder y la dominación de parte de sus élites. La Asamblea Constituyente no fue convocada para transformar sino para mantener una lógica de terror e impunidad arrastrada de diversas formas desde la misma época colonial. Tal y como se expuso en este trabajo, gracias a los autores consultados, la democracia en Guatemala no surgió como una conquista social, no fue ganada por el pueblo y por tanto no es asumida de parte del poder público. La democracia fue una herramienta de la guerra, es su hija bastarda y por eso carece, en gran medida, de contenido. Ni los sectores dominados la sienten suya ni las élites se sienten impelidas a respetarla. El carácter caudillista y finquero de la sociedad guatemalteca sigue pesando. El objeto de provocar la democracia fue parar la insurgencia por vías alternas pero paralelas a la desaparición forzada y al genocidio. La fachada democrática de gobierno fue el mejor remedio para detener la lucha armada. Y los sectores políticos y sociales que acuerparon el proceso estuvieron conscientes de ello. Ninguno cuestionó nunca el proyecto militar en su conjunto, ni los partidos políticos ni las iglesias, ni empresarios ni la comunidad internacional. Todos se regocijaron de la transición democrática patrocinada por la institución armada y respiraron aliviados al volver a los normales trajines de la competencia política electoral.

BIBLIOGRAFÍA FUENTES DOCUMENTALES Asamblea Nacional Constituyente. Diario de Sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Versión digitalizada, proporcionada por la Biblioteca del Congreso de la Repúbl Guatemala, 2006). IV Tomos. Conferencia Episcopal de Guatemala. Carta Pastoral Colectiva “Confirmados en la Fe”. Pág. 63, 6/6/1983; Pág. 40, 8/6/1983. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, I Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la República de Guatemala. Washington, D. C., EUA, Organizaciones de Estados Americanos. El documento se encuentra íntegro en: http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala81sp/indice.htm (13/10/1981). --------. II Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la República de Guatemala. Washington, D. C., EUA, Organizaciones de Estados Americanos. El documento se encuentra íntegro en: http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala83sp/indice.htm (03/10/1983). --------. III Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en la República de Guatemala. Washington, D. C., EUA, Organizaciones de Estados Americanos. El documento se encuentra íntegro en: http://www.cidh.org/countryrep/Guatemala85sp/indice.htm (03/10/1985). Consejo de Estado. Anteproyecto de ley electoral. Suplemento, 26/8/1983. Corte de Constitucionalidad. Digesto Constitucional. Guatemala, 2005. Echeverría Vielman. Carta Abierta del General Echeverría Vielman. No. 545, Págs. 2 y 3, 9/6/1983 Ejército de Guatemala. Proclama del Ejército de Guatemala al Pueblo. 24/3/1982. --------. Proclama del Ejército de Guatemala al Pueblo. 9/6/1982. --------. Proclama del Alto Mando y del Consejo de Comandantes. 8/8/1983. Movimiento Cívico Guatemalteco. Carta Cív Pág. 27, 25/6/1983. --------. Carta Cívica. Pág. 7, 23/8/1983. Tribunal Supremo Electoral. Memoria de la elección de Asamblea Nacional Constituyente – Tribunal Supremo Electoral 1984. LEGISLACIÓN Asamblea Nacional Constituyente Constitución Política de la República de Guatemala, 31/5/1985. Decreto 2-84, Ley de Régimen Interior de la ANC, 21/8/1984. Decreto 3-84 de la ANC, Presupuesto de la ANC para el periodo de agosto a diciembre de 1984, 21/8/1984.

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Sindicatos tienen libertad pero no para politiquear. Pág. 13, 2/4/1982. Ex funcionarios se entregan a la policía. Pág. 32, 7/4/1982. Otros cuatro funciones de gobierno detenidos. Pág. 2, 13/4/1982. Maldonado Schaad: quien así lo desee, puede venir a investigar los derechos humanos. Pág. 4, 13/4/1982. Los 14 puntos. Pág. 2, 6/4/1982. Reunión de la Junta con partidos políticos. Pág. 22, 16/4/1982. Debe volverse a la constitucionalidad en plazo prudencial, insiste Sandoval Alarcón. Pág. 9, 17/4/1982. Fuentes Pieruccini: No es aconsejable reunir a corto plazo una asamblea nacional constituyente. Pág. 2, 30/4/1982. Junta militar podría recetarse unos dos años en el gobierno. Pág. 4, 21/5/1982. Habrá estado de sitio. Pág. 2, 27/5/1982. Ríos Montt afirma: políticos que piden comicios en dos meses, son sucios. Pág. 6, 3/6/1982. Declaraciones de Ríos Montt no molestan a políticos. Pág. 8, 5/6/1982. Constituyente hasta después de 30 meses. Pág. 2, 19/6/1982. Danilo Barillas habla de la reunión con el presidente. Pág. 46, 19/6/1982. PNR desautoriza la participación de su gente en el consejo de estado. Pág. 4, 26/6/1982. Ejército de movilizará para aniquilar a la guerrilla, Pág. Pág. 2, 2/7/1982. Partidos políticos deben estar en silencio. Pág. 4, 6/7/1982. Ejército recibió 50% más de reservistas. Pág. 42, 17/8/1982. Partidos no participarán en el consejo de Estado, Pág. 11, 25/8/1982. Presidente revisará ley electoral que elaborará el Consejo de Estado. Pág. 6, 1/9/1982. Comisión política primer paso a constitucionalidad. Pág. 6, 9/10/1982. Consejo de Estado: tres leyes para asegurar pureza en los comicios. Pág. 6, 3/11/1982. En 1984 será elegida la asamblea constituyente. Pág. 2, 11/12/1982. Estadísticas oficiales indican que disminuyen los asesinatos. Pág. 2, 11/1/1983. Estudian cancelación de todos los partidos políticos. Pág. 2, 13/1/1983. El 23 de marzo el gobierno decidirá sise cancelan o no los partidos. Pág. 4, 14/1/1983. Fuerzas de seguridad serán militarizadas, Prensa Libre (PL), Pág. 4, 15/1/1983. Apertura política imposible con restricción de garantías, Pág. 9/2/1983. Consejo de Estado: Ley del tribunal supremo electoral fue aprobada y enviada a Ríos Montt. Pág. 8, 10/2/1983. Tres nuevas leyes serán entregadas el 20 de febrero. Pág. 4, 11/2/1983. Retorno a la constitucionalidad. Pág. 8, 21/2/1983. Hoy se reabrirán las puertas del partido Liberación Nacional, MLN. Pág. 8, 23/3/1983. FUN celebra apertura política y prepara su reorganización. Pág. 7, 24/3/1983. MLN critica severamente al gobierno, Pág. 4, 25/3/1983. PR pedirá reinscripción próxima semana. Pág. 4, 5/4/1983. Miguel Ángel Mejicano Novales organizará un partido católico. Pág. 6, 9/4/1983. Comunistas que no hayan participado en la subversión pueden organizarse como partido. Pág. 6, 9/4/1983. Partido Democracia Cristiana proyecta una reestructuración. Pág. 4, 12/4/1983. Ejército nacional ofrece garantizar la inscripción del partido comunista. Pág. 8, 21/4/1983. Ríos Montt quiere que se participe en política. Pág. 17, 25/4/1983. PID solicita retornar a la constitución. Pág. 6, 3/5/1983. Integrada comisión que propondrá candidatos. Pág. 4, 4/5/1983. Gobierno responde al MLN. Pág. 4, 4/5/1983. Reacción de la DC: Considera injustos algunos pasajes del mensaje presidencial, Pág. 4, 10/5/1983; PID no teme al nuevo documento, Pág. 4, 10/5/1983. No hay calendario electoral. Pág. 13, 10/5/1983.

Documentar guatemaltecos es “misión militar”. Pág. 9, 19/5/1982. Designado el tribunal electoral. Pág. 54, 20/5/1983. Notifican a los miembros del tribunal electoral. Pág. 4, 21/5/1982. Inscripción de comités políticos demuestra confianza en la apertura. Pág. 2, 23/5/1983. Rabanales inicia actividades. Pág. 4, 24/5/1982. General Ríos Montt no influyó en integración del Tribunal Electoral. Pág. 4, 24/5/1983. Barrios Castillo declina nombramiento. Pág. 6, 25/5/1983. Democracia Cristiana responde a críticas de líder de un comité. Pág. 49, 26/5/1983. DC considera fuera de lugar las generalizaciones de Ríos Montt. Pág. 6, 1/6/1983. Stone conversó ayer con Ríos Montt. Pág. 3, 12/6/1983. Los señores politiqueros no van a botar al gobierno. Pág. 2, 13/6/1983. Gobierno procesa a dos políticos. Pág. 6, 14/6/1982. PID no cree que el año entrante haya convocatoria a elecciones. Pág. 6, 14/6/1983. Otros más serán llevados a juicio. Pág. 4, 15/6/1983. Cámara de periodismo defiende fuero de prensa. Pág. 2, 21/6/1983. Definirán calendario electoral. Pág. 2, 27/6/1983. Vizconde visitará hoy a Serrano Elías. Pág. 2, 28/6/1983. Ríos Montt y Serrano trataron sobre calendarización de elecciones. Pág. 11, 13/7/1982. Méndez Ruíz: no financiamos comités políticos. Pág. 4, 1/8/1983. 29 comités políticos se inscriben; pero el gobierno espera más inscripciones pronto. Pág. 2, 2/8/1983. Fracasó reunión de líderes políticos. Pág. 6, 6/8/1983 Dirigente del PID explica por qué no fue firmado el compromiso. Pág. 6, 6/8/1983. Serrano Elías confirmado. Pág. 6, 10/8/1983. Mejía Víctores anuncia otro periodo de amnistía. Pág. 6, 10/8/1983. Jefe de estado explica por qué suprimirá los tribunales especiales. Pág. 6, 10/8/1983. El IVA será rebajado. Pág. 11, 10/8/1983. Vicario capitular ofrece colaboración al gobierno. Pág. 11, 10/8/1983. EE.UU. Apoya promesa democrática de Mejía en Guatemala. Pág. 12/8/1983. Lucha antisubversiva: Ejército guatemalteco no participa en convenios con otros ejércitos. Pág. 43, 18/8/1983. Ampliarán presupuesto del TSE. Pág. 2, 19/8/1983. Veto a militares políticos. Pág. 4, 19/8/1983. Imposible documentar a todos los ciudadanos. Pág. 6, 20/8/1983. Políticos ratifican fecha para elección de constituyente. Pág. 2, 24/8/1983. No se podrá elegir a diputados constituyentes con la CIP. Pág. 6, 27/8/1983. Serrano Elías explica por qué no renuncia. Pág. 6, 28/8/1983. Destituyen a Serrano Elías. Pág. 6, 30/8/1983. TSE elaborará ley electoral. Pág. 2, 1/10/1983. El próximo gobierno debe ser constitucional. Pág. 2, 1/10/1983. Tres millones de ciudadanos. Pág. 6, 4/10/1983. Inscriben primer comité. Pág. 6, 13/10/1983. TSE pide sugerencias. Pág. 6, 14/10/1983. El PR podría no ser inscrito. Pág. 8, 21/10/1983. Registro electoral y el TSE en desacuerdo. Pág. 5, 21/11/1983. Napoleón se impone. Pág. 4, 11/11/1983. Probable convocatoria a elecciones en próximo mes. Pág. 22, 2/12/1983. Patrulleros sí pueden hacer política. Pág. 13, 8/12/1983. Prohíben fuerzas paramilitares. Pág. 2, 9/12/1983. Proyecto de ley electoral sujeto a modificaciones. Pág. 4, 9/12/1983. MLN no irá a elecciones. Pág. 4, 15/12/1983. Políticos en plena libertad, Pág. 12, 16/12/1983.

Habrá acefalía constitucional. Pág. 27, 16/12/1983. Un “calvario”, para comités, proyecto de ley electoral. Pág. 4, 16/12/1983. Líder del MLN señala errores en proyecto de ley electoral. Pág. 2, 23/12/1983. Jefe de Estado atenderá sugerencia de políticos. Pág. 6, 24/12/1983. TSE acepta enmiendas. Pág. 8, 6/1/1984. Sugiere elegir a Mejía Víctores. Pág. 6, 11/1/1984. Multipartidaria se reunirá con el TSE. Pág. 4, 11/1/1984. Agrada al MLN sugestión de Carlos Gehlert Mata. Pág.6, 12/1/1984. Actual gobierno debe ser legitimado: Gehlert Mata. Pág. 2, 13/1/1984. Facilidades a partidos: podrán inscribirse provisionalmente. Pág. 6, 13/1/1984. La Constituyente no gobernará, dice el canciller. Pág. 13, 13/1/1984. Antoniotti discrepa con Rudy Fuentes. Pág. 64, 13/1/1984. Gobierno de facto seguirá con el poder, Pág. 4, 14/1/1984. La constituyente de 1,945. Pág. 11, 16/1/1984. En abril habrá dos millones de ciudadanos empadronados. Pág. 7, 20/1/1984. Surgen primeros candidatos. Pág. 12, 27/1/1984. 20 comités llenan requisitos. Pág. 16, 2/2/1984. Por buen camino pláticas MLN-CAN. Pág. 72, 2/2/1984. El gobierno ya invitó a observadores de la ONU. Pág. 4, 8/2/1984. Peligra proceso electoral. Pág. 4, 10/2/1984. Batallas por la constitucionalidad. Pág. 10, 11/2/1984. Políticos en movido debate. PL. Pág. 6, 16/2/1984. Coalición MLN-CAN está lista. Pág. 12, 17/2/1984. Si quieren un dictador… lo tendrán. Pág. 2, 18/2/1984. Quedó constituida ayer la Coordinadora Democrática. Pág. 4, 21/2/1984. Cerezo opina sobre la Coordinadora Democrática. Pág. 43, 23/2/1984. El retiro de Castejón. Pág. 10, 24/2/1984. Ejército escrutará. Pág. 12, 24/2/1984. No volver a cometer errores del pasado. Pág. 2, 25/2/1984. Mejía Víctores pidió cooperación. Pág. 4, 25/2/1984. Ejército no intervendrá. PL. Pág. 6, 28/2/1984. MLN ataca a todos los minipartidos. Pág. 2, 29/2/1984. Actividades políticas partidistas. Pág. 4, 16/3/1984. Hablan los candidatos. Diez ciudadanos en camino a la presidencia. Págs. 2 y 3, 18/3/1984. Poca importancia a constituyente. Pág. 10, 19/3/1984. Ya no es una amenaza la subversión… Ahora sólo representa molestia. Pág. 2, 21/3/1984. En Huehuetenango, primer Polo de Desarrollo. Pág. 4, 23/3/1984. En total destinan Q.5.371,235 para el tribunal supremo electoral. Pág. 2, 27/3/1984. MLN y CAN firman alianza. Pág. 27, 31/3/1984. Entrevista a Anzueto Vielman. Pág. 7, Revista Domingo, 1/4/1984. Viciado proceso político. Pág. 4, 5/4/1984. Escepticismo generalizado. Pág. 4, 24/4/1984. Instalarán 5,000 mesas. Pág. 14, 28/4/1984. Reto público a Carpio Nicolle. Pág. 4, 15/6/1984. Elecciones no despiertan entusiasmo. Pág. 2, 18/6/1984. Advertencia del ejército. Pág. 6, 22/6/1984. Nuevos métodos de proselitismo. Pág. 2, 25/6/1984. Advertencia a diputados. Pág. 4, 26/6/1984. Diez mil policías y pelotones antimotines están preparados. Pág. 14, 27/6/1984. Cuarenta observadores el domingo. Pág. 4, 30/6/1984. Militares dejarán el poder. PL. Pág. 4, 3/7/1984.

Endeudada quedó la DC. Pág. 3, 3/7/1984. Mejía Víctores está feliz. Pág. 4, 4/7/1984. Schlaudemann califica como impresionantes las votaciones. Pág. 2, 6/7/1984. PNR y PR forman alianza. Pág. 8, 13/7/1984. Constituyente ya en marcha. Pág. 6, 26/7/1982. Primera vez que un democristiano conduce una Constituyente: Cabrera. Pág. 4, 27/7/1984. Medio millón de no votantes. Pág. 6, 29/7/1984. MLN, UCN y DC confabulados. Pág. 2, 30/7/1984. Jurarán ante la bandera. Pág. 2, 31/7/1984. Inforpress Centroamérica Severas medidas de seguridad para elecciones. No. 483, Pág. 7, 4/3/1982. Controversial victoria del FDP. No. 484, Pág. 1, 11/3/1982. Congreso declara: Guevara Presidente. No. 485, Págs. 1 a 3, 18/3/1982. Modificada la institucionalidad del país. No. 487, Págs. 4 a 6, 1/4/1982. Aumentan masacres de campesinos. No. 489, 22/4/1982. Amnistía para guerrilleros y agentes de seguridad. No. 493, Pág. 9, 20/5/1982. 30 meses de gobierno militar. No. 497, Págs. 1 y 2, 24/6/1982. ¿Primeros presos políticos?: fin de la amnistía. No. 500, 8/7/1982. Después de otro fallido complot se anuncian leyes pre-electorales. No. 517, Págs. 1 y 2, 4/11/1982. Dos propuestas al sector privado no resueltas: plataforma de compromisos y moratoria bancaria. No. 518, 11/11/1982. Nuevo año: centralización del poder a todo vapor. No. 526, Págs. 12 y 13, 20/1/1982. A regañadientes, los partidos políticos terminaron aceptando reglas electorales. No. 537, Págs. 2 y 3, 21/4/1982. Proliferan comités pro partidos. No. 542, Pág. 4, 19/5/1983. Se inicia proceso de control centralizado de la población: objeciones se plantean. No. 544, Págs. 7 y 8, 26/5/1983. Gobierno cuestionado por general y obispos. No. 545, Págs. 2 y 3, 9/6/1983. Tribunal electoral: un logro gubernamental en mal momento. No. 549, Págs. 2 a 4, 7/7/83. Urgencia de elecciones plantean partidos tradicionales. No. 558, Pág. 12, 8/9/1983. Terminó la era del Consejo de Estado. No. 562, Págs. 13 y 14, 6/10/1983. La segunda epístola del general Echeverría al Jefe de Estado; pueblo y ejército. No. 575, Págs. 9 y 10, 19/1/1984. Violencia aterradora. No. 579, Págs. 1 y 2, 16/2/1984. Apatía electoral en Guatemala; constituyente sin candidato. No. 584, Pág. 13, 22/3/1984. DC el gran ganador; voto nulo el gran electoral. No. 598, 5/7/1984. Elecciones: la derecha guatemalteca logra una salida concertada a la crisis. No. 599, Págs. 17 a 19, 12/7/1984. FUENTES SECUNDARIAS Álvarez Aragón, Virgilio. Conventos, Aulas y Trincheras. Universidad y movimiento estudiantil en Guatemala. Volumen II: El sueño de transformar. Guatemala, FLACSO – IIHAA, 2002. Alonso, Conrado. 15 fusilados al Alba. Serviprensa Centroamericana, Guatemala, 1986. Bataillon, Gilles. Génesis de las guerras intestinas en América Central (1960-1983). FCE, México, 2008.

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