ARCINIEGA GARCÍA, Luis. \"Elías Tormo, político y académico en defensa del patrimonio artístico\", Elías Tormo, apóstol de la Historia del Arte en España. Valencia: Institució Alfons el Magnànim, 2016, p. 147-162

May 24, 2017 | Autor: L. Arciniega GarcÍa | Categoría: Cultural Heritage, Heritage Conservation, Historiography (in Art History)
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Descripción

Elías Tormo, político y académico en defensa del patrimonio artístico LUIS ARCINIEGA GARCÍA (Universitat de València)

La inquietud por la defensa del patrimonio estuvo presente en numerosas iniciativas de Elías Tormo a través de su labor docente-investigadora desde que en 1904 ocupó la cátedra en la Universidad Central y en 1912 entró a formar parte del Centro de Estudios Históricos (CEH), formulando “teorías desinteresadas” y mostrándose insobornable en tema de expertización1; las acciones desde la política, principalmente como senador por Valencia en nueve legislaturas desde 1907, elegido en representación de las reales sociedades económicas de amigos del país levantinas (Valencia, Alicante, Teruel, Murcia, Cartagena y Lorca), y como ministro en 1930/31; desde los informes académicos como numerario de las reales academias de la Historia y Bellas Artes; desde el patronato del Museo del Prado; y de un activismo en la prensa para amplificar algunas de las acciones. No obstante, más que compartimentos estancos entre los ámbitos citados en numerosas ocasiones elaboró estrategias de sinergia. Y en estas antepuso la protección del patrimonio a los intereses de las instituciones, independientemente de su proximidad a las mismas, como por ejemplo a la Iglesia o al Estado. Buen ejemplo es su oposición al cardenal Casanova Marzol por el traslado del coro de la catedral de Granada, que modificó la rotonda de Siloé. En su denuncia consiguió el apoyo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y publicó en prensa dicha denuncia. En este tiempo, en su condición de rector consiguió del rey que se detuviera la moda italianizante de retirar los coros de las catedrales, exigiendo su comunicado al Real Patronato2. No obstante, para evitar redundancias con otras contribuciones de este libro3, nos centraremos en la labor de Tormo en defensa del patrimonio artístico desde las instituciones políticas y desde las reales academias, especialmente desde la de Bellas Artes de San Fernando.

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Daniel Vázquez Díaz, retrato de cuerpo entero de Elías Tormo, año 1933, Museo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid. © Daniel Vázquez Díaz, VEGAP, Valencia, 2016

La labor principal en defensa del patrimonio la desarrolló bajo la máxima que sugiere que para apreciar, primero se debe conocer. Como docente en las aulas, como investigador en sus trabajos y como gran divulgador cultural se entregó incansablemente a una labor que

CAMÓN A ZNAR, José. 1957. PORTÚS, Javier; VEGA, Jesusa. 2004, pp. 77-80. Carta de Elías Tormo publicada en La Época, el 4 de noviembre de 1929. Posteriormente como opúsculo. Un proceso estudiado en su continuidad por NAVASCUÉS PALACIO, Pedro. 1998. Especialmente el capítulo siguiente de MAIER, Jorge; MONTESINOS, Josep. Así como el último de MARTÍNEZ RUIZ, María José.

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era el objetivo de su cátedra, la sección de arte en el CEH, el Boletín de la Sociedad Española de Excursiones… En gran medida muchos de sus estudios muestran un desvelo por la catalogación y el estudio artístico como compromiso firme para identificar los valores patrimoniales, hacerlos llegar a la sociedad y permitir su conservación. Así pueden entenderse muchas de sus monografías de artistas, sus guías artísticas, que pretendían hacer accesible los lamentablemente inéditos catálogos monumentales, y sus esfuerzos netamente catalogadores de la escultura del Museo del Prado. Además, en este colaboró en adquisiciones, custodia y conservación – restauración, e impulsó medidas de protección de las obras, como el control de las personas que podían trabajar en el museo, y la cancelación de depósitos a legaciones, embajadas en 1928, etc.

1. TORMO EN LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS El carácter comprometido de su actividad e investigación en beneficio de la conservación de monumentos y obras artísticas la desplegó firmemente en su actividad política en buena comunión con las ideas de las reales academias de las que con el tiempo llegó a formar parte. Tormo fue miembro del Partido Conservador de Antonio Maura y elegido diputado por Albaida en 1903. Durante el tiempo que ejerció esta representación, hasta 1906, su más llamativa participación fue su oposición al proyecto de ley de alcoholes presentado por su propio partido, pues iba en contra de los intereses de la tierra natal y por la que había sido elegido. Además, formó parte de la comisión de presupuestos del ministerio de Instrucción Pública y ocupó en dicho ministerio el cargo de comisario regio de Bellas Artes durante unos meses de 1905, pero suficientes para tener un papel destacado en la protección del tesoro ibérico de Jávea que se encontró a finales del año anterior y en la organización de la exposición sobre Zurbarán. Después, fue senador por la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, y en la que ejercían el voto otras del este peninsular, en nueve legislaturas desde 1907 a 19234, llegando a ser vicepresidente de la cáma-

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ra en 1919-19205. Además, en la tercera década del siglo fue muy importante su labor en el Consejo de Instrucción Pública, y desempeñó muchos cargos de designación política, tal y como muestra la enumeración de puestos que detalla la presentación gráfica que aportamos al inicio de este mismo libro. Durante la dictadura de Primo de Rivera fue nuevamente elegido diputado en las elecciones de 1927, y nombrado presidente del Real Consejo de Instrucción Pública y Bellas Artes, y bajo el gobierno del general Dámaso Berenguer ministro de dicho ministerio de febrero de 1930 al mismo mes de 19316. El titular saliente, su amigo Jacobo FitzJames Stuart y Falcó (1878-1953), duque de Alba, en el discurso de toma de posesión del cargo elogió de Tormo su labor como intelectual y docente universitario. En abril de 1949, durante la dictadura del general Franco, fue elegido “procurador en Cortes” por el Instituto de España, que reunía a todas las academias. Tormo tuvo una amplia y diversa actividad como senador. Por ejemplo, al tratar aspectos de la Universidad, como la reforma pedagógica en la Facultad de Filosofía y Letras (1914 y 1916); los referidos al Instituto Nacional de Previsión, como pensiones, seguro obrero…, pues perteneció a su comisión desde la primera legislatura y formó parte hasta la Guerra Civil de dicha institución, raíz de la asistencia social en España; instó, siguiendo a su maestro Menéndez Pelayo, a una mayor cercanía cultural con Portugal y toda Hispanoamérica, por lo que solicitó que no se desmembrara del Museo Arqueológico lo referente a la arqueología americana que tenía como destino el Museo Antropológico, y solicitó una unión cultural y moral con la república portuguesa7; participó en numerosas comisiones de infraestructuras, así como en la de la reforma del Senado (1918), para el que cuatro años antes solicitó que las mujeres pudieran formar parte del mismo… Pero su principal actividad, sin lugar a dudas se centró en la defensa del patrimonio, con propuestas concretas que servían de excusa para reflexiones de mayor calado. Prácticamente participó en todas las áreas que generó la temática del patrimonio artístico en la cámara durante el primer tercio del siglo XX, haciendo prevalecer su opinión de historiador del arte y académico frente a

Prácticamente dos actos pueden enmarcar esta relación: en 1909 la Sociedad le invitó a que realizara la sesión de apertura, sugiriéndole que abordara la condición jurídica de la mujer, como así lo hizo (BHUC, caja BH AP 8 (10). Carta de Rafael Rodríguez de Cepeda, de la RSEAP, a E. Tormo, 15 de junio de 1909. En julio recibe la felicitación por su exposición); mientras que en 1923 él dedicó su obra Levante a las Sociedades que lo eligieron durante varias legislaturas. AS, sig. HIS-465-3. Gran parte de la correspondencia de este periodo se encuentra en AFSJHV, sig. 4.2.1. Palabras de Tormo ante el fallecimiento de Menéndez Pelayo (DSS, nº 116, 20 de mayo de 1912, p. 1.675). Sobre el Museo Arqueológico (nº 74, 19 de diciembre de 1910, pp. 1.752-1.753). Sobre acrecentar el estudio de lo portugués (nº 45, 22 de abril de 1921, pp. 827-835 y 837-839).

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los intereses de la Iglesia o la aristocracia. En este tiempo eran frecuentes las solicitudes concretas, atendiendo a representaciones más o menos provinciales y a los descubrimientos de los mismos senadores en sus viajes, de créditos extraordinarios para reparaciones, reedificaciones e incluso continuidad de los edificios, propuestas de declaración de monumentos nacionales, protestas por derribos y ruina de los ya declarados, solicitudes de protección de los restos arqueológicos, denuncias de malbaratamiento y enajenación de obras artísticas… Así como de esfuerzos de más amplias miras, pero de difícil concreción y puesta en práctica; por ejemplo, en este tiempo se sucede: el proyecto de ley de defensa y conservación de Antigüedades de 1900; el proyecto para exigir ciertas garantías para la exportación de obras de arte, que se debatió de 1903 a 1911 y dio lugar a la comisión de exportación de obras de arte; los procedimientos para la declaración de los monumentos nacionales, su conservación y defensa; la ley sobre las reglas que debían imperar en las excavaciones arqueológicas, artísticas y científicas, y en la conservación de ruinas y antigüedades de 1911 y su desarrollo un año más tarde con el reglamento para su aplicación; la ley sobre protección de monumentos arquitectónico-artísticos de 1915; el R.D. y las dos R.O. de 1922 para evitar exportaciones de obras de arte; el R.D. ley de 9 de enero de 1923 (Romanones); el R.D. ley sobre protección, conservación y acrecentamiento de la riqueza artística, también llamado Decreto Callejo, de 9 de agosto de 1926 (Primo de Rivera); el R.D. de 2 de julio de 1930 (Belenguer) sobre las condiciones en las que la Iglesia podría vender sus bienes, redactado por Tormo; y la ley del Tesoro Artístico Nacional de 1933, ya en tiempos de la República. En el ámbito de la defensa del patrimonio cuatro fueron las líneas de actuación principales de Tormo: una, luchar contra la enajenación de obras de arte de propiedad colectiva; dos, la declaración y gestión de monumentos nacionales, así como la conservación del patrimonio en general; tres, el inventario-catálogo monumental y artístico; y cuatro, promover una legislación y medidas de control para que lo anterior pudiera cumplirse. Y en todas ellas subyacía su deseo de extender el amor al arte.

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1.1. La lucha contra la enajenación de obras de arte de propiedad colectiva Esta línea de intervención estaba muy relacionada con su conocimiento del arte español en museos europeos, y por el que defendía el interés nacional de las obras frente a los derechos a la propiedad privada que esgrimía la Iglesia y los nobles patronos de colectividades. En su opinión, la naturaleza histórico-artística de los bienes exigía una tutela del Estado que garantizase su conservación, y que esta asegurase su permanencia en España. En este sentido, su actividad política se centró en combatir la venta y exportación del patrimonio, de la que mantuvo bien informado a su jefe de partido Maura, quien quiso abordar este tema en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia8. La lucha contra la enajenación ilícita de obras de arte comenzó en gran medida a resultas de iniciativas desamortizadoras que trastocaron los principios de propiedad de muchos bienes. Por este motivo en el siglo XIX se sucedieron medidas proteccionistas del patrimonio artístico español y tuvieron especial protagonismo las Comisiones de Monumentos, aunque la escasez de medios humanos y, sobre todo, económicos mermaron su eficacia9. En 1900 se creó el ministerio de Instrucción Pública y pronto se reclamó con insistencia una ley que protegiera el patrimonio artístico bajo ideas nuevas. El debate estuvo enmarcado por denuncias de salidas de obras de arte por la frontera de Bayona hacia Europa y desde los puertos hacia Estados Unidos, e incluso tuvieron como principal acicate las ventas de obras del Greco, en este tiempo reivindicado como síntesis de los valores espirituales de lo español. Así, la alarma social surgió con la venta de dos lienzos por la catedral de Valladolid y se reavivó en 1907 con la venta de los de la capilla de San José de Toledo10. El proyecto de ley exigiendo ciertas garantías para la exportación de obras de arte fue promovido por el conde de Casa Valencia. Lorenzo Domínguez Pascual, ministro de Instrucción Pública, presentó la ley en la legislatura 1903/4 y en la siguiente se sometió a votación hasta en tres ocasiones, pero a instancias del duque de la Roca se aplicó el reglamento y por falta de asis-

Un preciso estudio, con uso de la documentación de Elías Tormo dirigida a Antonio Maura (como las reflexiones previas a la ley italiana de Antigüedades y Bellas Artes de 1909), en MARTÍNEZ RUIZ, María José. 2009. Sobre la legislación española véase MORALES, Alfredo J. 1996, cap. 5. HERNÁNDEZ, Francisca. 2002, cap. 3. En buena medida así lo expone Elías Tormo en su intervención en la cámara alta, DSS, número 74, 19 de octubre de 1907, pp. 1.445 y ss.

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tentes quedó sin efecto su aprobación. Ángel Avilés y Merino, representante por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, reclamó insistentemente la ley. Desde 1907 Tormo fue un activista a favor de ello en prensa y en el Senado. Fue miembro de la Comisión de reglas para la exportación de obras de arte (1909), donde la presidencia del senador Azcárate y su defensa de la propiedad privada era un obstáculo para la que desde la secretaría hacía Tormo del interés público de estos bienes11. No obstante, algunos de los principios continuaron en otra comisión en la que participó y dio lugar a la ley de excavaciones arqueológicas, de 7 de julio de 1911, desarrollada por su Reglamento de 1 de marzo de 1912, que presentaba la novedad de reconocer el interés público del subsuelo, pero fijando indemnizaciones a los propietarios en caso de hallazgo casual, y dictaba normas sobre los bienes inmuebles. El R.D y las R.O. sobre exportación de obras se publicaron en 1922, aunque no comprendían el asunto más preocupante, el de los bienes de la Iglesia. Como muestran los diarios de sesiones del Senado, Tormo se sumó a las disquisiciones que desde la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y concretamente mediante su representante Ángel Avilés, se hacía sobre el tema, insistiendo en la necesidad de separar entre propiedad pública y privada, colectiva y particular. En este sentido, hicieron frente común y no cuestionó el derecho de venta en la propiedad privada, pero sí negó lo tuvieran las colectividades o corporaciones, como iglesias, monasterios, patronatos, fundaciones benéficas, ayuntamientos, etc. Además, puso especial énfasis en negar los derechos de venta de obras artísticas que procedieran de bienes desamortizados a órdenes regulares, pues entendía que las leyes desamortizadoras decimonónicas, que no compartía en su origen pero que respetaba como leyes vigentes y no derogadas, legitimaban y exigían una tutela estatal sobre los bienes entregados para destinos eclesiásticos. Finalmente, fiel a sus principios monárquicos y como medida superior de control del patrimonio, defendió que el rey tenía un derecho de patronato sobre la mayor parte de las iglesias de España, por lo que estas ventas debían contar con su autorización o al menos con su conocimiento. La primera intervención de Tormo en el Senado tuvo como escenario la venta de dos Grecos de la capilla de San José en Toledo por su patrono el conde de

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El Greco, San Martín y el pobre, National Gallery of Art de Washington.

Guendulaín, y que finalmente llegaron a la National Gallery of Art de Washington. Durante dos meses el tema se debatió en las dos cámaras y tuvo amplia repercusión en la opinión pública12. Sin embargo, Tormo quiso dejar claro que el tema concreto era un motivo para disponer soluciones estructurales, y su pregunta se dirigió a saber la frecuencia con que se vendían objetos de arte y de mérito arqueológico que no fueran de propiedad individual. Un problema que afectaba a colecti-

DSS, nº 74, 25 de noviembre de 1910, pp. 1.186 y ss. Primera intervención de Tormo en DSS, nº 69, 14 de octubre de 1907, pp. 1.333-1.334. El tema finalizó en el nº 88, 8 de noviembre de 1907, p. 1712. Un artículo que sintetiza el impacto de este acontecimiento MÉLIDA, José Ramón. 1907.

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vidades, como las religiosas, y cuya solución pasaba por la aprobación de una ley, la difusión de su normativa en los boletines de las diócesis y por prescripciones de las visitas pastorales, y crear museos diocesanos, como los de Vich, Lérida o Solsona, para la protección de las piezas. El debate evidencia claramente las posturas existentes, que no eran estrictamente coincidentes con dos partidos. Los senadores Avilés, el obispo de MadridAlcalá y Aramburu fueron sus principales apoyos, en consonancia a la defensa que en el Parlamento hacían Azcárate y José Puig y Cadafalch. Por el contrario, el conde Guendulaín y el senador por Toledo Sr. Morales los principales detractores. Un grupo al que se unió un año más tarde el obispo de Jaca, cuando en el debate sobre la posible venta de tapices por la catedral de Zaragoza, se opuso a toda ley que regulase la transacción de objetos artísticos que limitase los derechos de la Iglesia a disponer de lo que él entendía era su patrimonio. Como antes ya manifestó el Sr. Morales, expuso que lo importante era que las obras se conservasen, independientemente de dónde estuvieran. En una posición intermedia estaba Juan Catalina García López, responsable del Museo Arqueológico y compañero de Tormo en la Junta de Iconografía Nacional, puesto que basándose en el anterior principio defendió la mayor urgencia de una ley de conservación de monumentos nacionales, y presupuesto en consonancia para que fuera efectiva, pues su pérdida sí podría ser irremplazable13. Tormo se opuso a la decisión de los tribunales de justicia ordinaria que transformaron las capellanías colativas o de sangre en propiedad particular, pues consideraba que los patronatos requerían la soberanía del Estado a través del protectorado que existía en las fundaciones. A la denuncia del caso de Toledo siguió en 1912 el de Monforte de Lemos, esta vez con el duque de Alba como patrono y con una Adoración de los Reyes Magos de Hugo Van der Goes como pieza implicada14, que un año más tarde salió del país y actualmente está en la Gemäldegalerie de Berlín. Igualmente, se enfrentó a ayuntamientos, como el de Astorga por la venta de un retablo y varios muebles y objetos de valor artístico (1919)15, y a cabildos o corporaciones eclesiásticas que,

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en su opinión, debían estar supeditadas al Real Patronato. Por ello, con motivo de una posible venta de tapices por la catedral de Zaragoza hizo petición de datos al ministro de Gracia y Justicia para que remitiese a la Cámara todos los antecedentes que obrasen en su ministerio relativos a propósitos de venta de objetos de arte pertenecientes a cabildos o corporaciones que dependían del Real Patronato16. También exigió responsabilidades a las cofradías sacramentales que habían vendido terrenos de varios cementerios, pasando alguno a ser una estación de ferrocarril (1917)17. La culminación de toda esta lucha llegó, como veremos en el epígrafe 1.4, durante su etapa de ministro, que estuvo dedicada a crear las bases para un nuevo acuerdo entre Iglesia y Estado, que protegiera el patrimonio artístico de las acciones incontroladas de venta de la primera. Con especial protagonismo de Tormo se redactó el R.D. de 2 de julio de 1930 (gobierno de Belenguer) que exigía a la Iglesia la obligación de tramitar en pública y publicitada subasta la enajenación de un bien y siempre previa estimación de peritos18. Con este R.D. y sus precedentes de 1923 (Romanones) y 1926 (Primo de Rivera) Tormo persiguió un nuevo acuerdo con la Iglesia. No se negaba la propiedad, sino que se velaba por el interés público de los bienes históricos y artísticos. Fiel a su pensamiento, el acuerdo se estimaba beneficioso a la propia Iglesia, pues “La (en el caso hipotético) absoluta abstención del Poder civil, le sería a la Iglesia ventajosa tan solamente en la apariencia, dañosísima en definitiva, cuando ya sola sanción a sus decisiones fueran las tempestades del odio social y las siembras de la cosecha de mala voluntad general para con el clero, en los pueblos respectivos y en toda la Nación”19. Por otro lado, tampoco sorprendió a nadie su postura sobre el rey y sus bienes. Así, veía en el monarca una garantía para la conservación del patrimonio, y un modelo de comportamiento frente al mismo, como intentó transmitir alabando la compra del importante álbum de dibujos de arquitectura de la Edad Moderna20. Y con motivo del incendio sufrido por el palacio de La Granja (Segovia) en 1918 y su defensa un año más tarde de su restauración abrió un debate sobre la intervención del

DSS, nº 76, 22 de octubre de 1907, p. 1.499-1.501. DSS, nº 101, 7 de marzo de 1912, p. 1.442; pide el expediente en DSS, nº 133, 10 de junio de 1912, pp. 1.907; sigue el debate en nº 135, 12 de junio de 1912, pp. 1.934-1.929; nº 139, 17 de junio de 1912, pp. 1.987 y ss. DSS, nº 108, 22 de enero de 1919, pp. 1.815-1.816. DSS, nº 9, 20 de octubre de 1908, pp. 105-114. DSS, nº 25, 24 de febrero de 1617, pp. 539-530. Quodlibetos… 1930, Segundo Quodlibeto. Segunda Parte (redacción definitiva del Real Decreto), p. 35-37. Quodlibetos… 1930, octavo Quodlibeto, p. 56. DSS, nº 101, 7 de marzo de 1912, pp. 1.440-1.441. El famoso cuaderno de dibujos había llegado a la casa del Infantado, probablemente tras el incendio del alcázar de Madrid en 1734. Véase El Imparcial, 8 y 28 de marzo de 1912, p. 4 en ambos casos.

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Estado en los bienes de Patrimonio Real, pues la corona tenía escasas rentas ordinarias y el Estado no podía actuar en él por no ser monumento nacional, pero tampoco se podía declarar como tal lo que ya era jurídicamente patrimonio de la Nación por ser de la Corona 21. La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando hizo suyo el acuerdo de considerar de gran interés nacional la restauración. 1.2. La declaración y gestión de monumentos nacionales, y la conservación del patrimonio en general Tormo participó en la comisión para el establecimiento de reglas a que habían de someterse las excavaciones artísticas y científicas y la conservación de ruinas y antigüedades (junio 1911), que a instancia del conde de Gimeno dio como resultado la ley 7 de julio de 1911 y Reglamento de 1 de marzo de 1912, introduciendo conceptos como la propiedad estatal del subsuelo y los derechos de tanteo y retracto, al modo de la ley “Pacca” italiana. Para fijar ejemplos solicitó del Real Patronato de Bellas Artes que adoptase medidas o ejercitase su derecho de tanteo ante la venta por un particular de la Casa Miranda en Burgos (1910)22 , que ambicionaba el magnate norteamericano W. R. Hearst23, la de dos arquetas árabes de la catedral de Zamora (1911)24, que se consiguió detener gracias a la firma personal del presidente del Consejo de Ministros ante la lentitud de los trámites administrativos25 y hoy se custodian en el Museo Arqueológico Nacional, la del portapaz de la catedral de Valencia y la torre del Vino de la Alhambra (1912)26, y la protección para tres mosaicos encontrados en Santiponce (1914)27. Tormo formó parte de comisiones para la declaración de monumento nacional, como la catedral de Tole-

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do (1909) y la de Sigüenza, las antigüedades emeritenses (1912) y el ex convento de San Benito de Alcántara (1912)28. Pero su mayor aportación en este sentido fue promover, junto a Ángel Avilés, que las declaraciones no tuvieran una vía parlamentaria ajena a lo científico, por lo que se estableció que en toda declaración fuera preceptivo exigir informes de las reales academias de la Historia y Bellas Artes29. Igualmente, fue miembro de la comisión de conservación de monumentos arquitectónico-artísticos (1915), que lamentablemente no pudo ofrecer una ley amplia como la de Inglaterra (1910), Bulgaria (1911), Francia (1913), Italia (1922)… Muchas fueron las peticiones concretas que formuló. Reiteradamente desde 1910 solicitó que se descubriesen los frescos de la capilla de san Blas o del arzobispo Tenorio en el claustro de la catedral de Toledo; así como que se retirase la cal de las esculturas del siglo XV en el monasterio de Guadalupe y de la bóveda del coro (1912); se mostró crítico ante lo que calificó de “golpe de Estado” de 1914 que eliminó el Patronato de la Alhambra, del que era miembro, y colocó al frente de la responsabilidad de la restauración al arquitecto Modesto Cendoya, al que acusó de no presentar un proyecto de restauración; pidió la conservación de obras del pintor Valdés Leal en Córdoba (1916); que los agustinos recoletos del antiguo monasterio de San Millán de la Cogolla permitieran la exhibición y examen de veinticuatro marfiles (1921); y que se evitase la venta de las pinturas murales de la ermita de San Baudelio de Berlanga (Soria), declarada monumento nacional (1917)30, y sobre la que el director del Museo Arqueológico Nacional reclamó su atención diez años antes31. El último de los casos fue especialmente relevante y conectaba con la situación vivida en Cataluña con la venta de las pinturas de Santa María de Mur en el Pirineo y que marcó una inflexión en la protección del

DSS, nº 107, 21 de enero de 1919, pp. 1.801-1.802. DSS, nº 97, 23 de diciembre de 1910, pp. 1.864-1.865. Sobre el impacto de este personaje en el patrimonio artístico español véase MERINO DE CÁCERES, José Miguel; MARTÍNEZ RUIZ, María José. 2012. DSS, nº 6, 10 de marzo de 1911, pp. 48 y ss. Continuó hasta nº 9, 14 de marzo de 1911, pp. 77-79. El propio Tormo tuvo que pedir agilidad por los problemas que ocasionaban a José Canalejas el haber adelantado el dinero. DSS, nº 139, 17 de junio de 1912, pp. 1.987-1.988. DSS, nº 139, 17 de junio de 1912, pp. 1.987. DSS, nº 38, 27 de mayo de 1914, p. 481. DSS, nº 1764, 11 de noviembre de 1912, p. 2.430. Así lo explicaba Tormo en DSS, nº 30, 12 de julio de 1923, p. 574. Frescos de la capilla de Toledo en DSS, nº 74, 25 de noviembre de 1910, p. 1186; lo reitera en nº 133, 10 de junio de 1912, p. 1.907; nº 38, 27 de mayo de 1914, p. 482. Sobre Guadalupe nº 133, 10 de junio de 1912, p. 1.907. Sobre la Alhambra nº 4, 8 de noviembre de 1915, p. 21. Sobre Valdés Leal nº 22, 7 de junio de 1916, p. 280. Sobre San Millán de la Cogolla nº 88, 8 de noviembre de 1921. Sobre las pinturas de Casillas de Berlanga nº 81, 21 de julio de 1922, pp. 1.961-1.966. DSS, nº 76, 22 de octubre de 1907, p. 1.501. Acabó su exposición en defensa de una ley general de conservación y salvación de los monumentos nacionales, señalando: “existe una ermita en Casillas, cerca de Berlanga, que yo creo que sería conveniente que el Gobierno, teniendo en cuenta lo que vale, procurase salvarla de la ruina inminente en que está”.

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patrimonio en España. El modelo de Cataluña siempre estuvo muy presente para Tormo, pues alababa “un sentido de patriotismo local verdaderamente admirable”. En 1919 propuso crear un cuerpo de restauradores de pinturas murales vinculados al Museo del Prado, lo que fue atendido por el ministro32, a imitación de lo que hacía la Junta de Museos de Barcelona que gastó importantes sumas en hacer copias de pinturas murales del Pirineo para el Museo del Parque de Barcelona (después Museo Nacional de Cataluña). Sin embargo, la venta de las pinturas de Santa María de Mur, hizo que para que no se repitiera este hecho se optara por el traslado de los originales al museo, algo que no compartía Tormo. Así, por derecho de tanteo delegado en Barcelona se pagaron 500.000 pesetas para su compra y por el procedimiento de “stacco” se llevaron al citado museo y se instalaron en armazones que reproducían las estructuras arquitectónicas de las que salieron. En el caso de Berlanga, cuando uno de los tres conservadores del Museo del Prado estaba a punto de finalizar su trabajo se compraron las pinturas a los vecinos que poseían las tierras donde se encontraba la ermita. Tormo felicitó al ministro de Instrucción Pública por las medidas adoptadas para impedir que salieran del país las pinturas y denunció al de Gracia y Justicia el hecho de que el registrador de la propiedad de Almazán hubiera facilitado informes y coadyuvado, como abogado, a la venta de dichas pinturas33. Sin embargo, finalmente lo ratificaron los tribunales. Como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes llevó a cabo una declaración masiva de bienes como monumento nacional. Lo que suponía un reconocimiento y protección con el que velar por el patrimonio e impedir su enajenación y, sobre todo, su salida del país. Una medida que priorizó frente a otra frecuente: la catalogación. 1.3. El inventario-catálogo monumental y artístico La tercera línea de actuación en el Senado estuvo relacionada con el inventario-catálogo monumental y artístico, que solicitó se cumpliera con rigor y que se publicasen sus resultados. El ministro García Alix, por R.D. de 1 de junio de 1900, ordenó que se hiciera el

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catálogo monumental de España, que el ministro conde de Romanones fijó por provincias. Manuel Gómez Moreno recibió los encargos de Ávila (1900), Salamanca (1901), Zamora (1903) y León (1906). Cuando todavía todos permanecían inéditos, Tormo constató que había elogios a este trabajo desde Alemania y Francia, pero que los resultados eran muy desiguales: algunos no habían escrito nada, otros poco y mal, algunos eran miembros de la propia junta inspectora lo que restaba legitimidad a su selección como redactores… Y lo peor es que estaban inéditos y no se publicaban las memorias. Como medida de control solicitó que se enviasen a la Cámara los expedientes administrativos, no los inventarios. El ministro Alba reconoció que era una pena que siguiesen ocultos “sin beneficio para el desarrollo y cultivo de las Bellas Artes, ni estímulo del turismo”34. La información se envió, pero no tuvo que ser muy útil, pues pocos años después Tormo siguió reclamándola. Además, cuando en 1915 se publicó el primer catálogo, el de la provincia Álava redactado por Cristóbal de Castro, Tormo vio cómo se daba la razón a las críticas y reservas manifestadas, que ahora se convirtieron en denuncia. En concreto, habló de vergüenza nacional por impiedad histórica. Mostró en dicha publicación los numerosos errores y omisiones, como sucedía con el retablo del monasterio de Quejana, vendido en 1913. En definitiva, a pesar de las alabanzas a los trabajos de Gómez Moreno, González Simancas y A. de los Ríos, el único publicado fue considerado tal descalabro que durante años no se publicaron otros35. Eran muchos los problemas que el catálogo sufría, relacionados en parte con los derechos de propiedad, y que hemos analizado al tratar la enajenación de las obras de arte. Un caso extremo de estos conflictos ocurrió en 1914 cuando una turba mató al gobernador de Burgos con motivo del intento de hacer un inventario en la catedral de la ciudad. La tensión con los cabildos la reconoció el propio Tormo al tratar el asunto de las declaraciones de monumento nacional, pues en el caso de las catedrales solo se tramitaban desde las academias si se solicitaban por los cabildos, muchas veces reacios a perder la gestión de las obras, como reparaciones, ventas, etc.36

DSS, nº 25, 8 de agosto de 1919, pp. 479 y ss. Caso analizado con especial cuidado por SANTONJA, Gonzalo. 1978. MARTÍNEZ RUIZ, María José. 2009, pp. 326-329. GUARDA, Milagros. 2011. DSS, nº 114, 14 de mayo de 1912, p. 1.644-1.645; remitidos el 28 de junio de 1912, nº 149, p. 2.152. TORMO, Elías. “Una nota...–, 1916. GAYA NUÑO, Juan Antonio. 1975, cap. IX. Así lo explicaba Tormo en DSS, nº 30, 12 de julio de 1923, pp. 573-574.

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En 1921 Tormo formuló nuevamente el ruego al ministro de Instrucción Pública para que remitiese al Senado una relación de las personas y del procedimiento por el que se había asignado por provincias la formación del inventario de los monumentos nacionales, y del estado en el que se encontraban. Decía que llevaba pidiéndolo desde hacía diez años, consideraba que era uno de los servicios de la Administración que mejor comenzaron y que después descarriló, como manifestaba que siguieran inéditos, a pesar de que por iniciativa suya se propusiera desde la comisión de presupuestos del Senado que parte de la cantidad dedicada a los inventarios se destinara a su publicación. Y en este punto señalaba que únicamente se había publicado uno, que además era de los peores. El Sr. Fabié se asoció al ruego formulado por el Sr. Tormo, y finalmente se remitió la información37. En paralelo, a través de su investigación Tormo insistió en la publicación de los catálogos realizados, especialmente los de su amigo Gómez Moreno, que utilizó en muchos de sus trabajos y eran de una gran calidad38. Entre 1924 y 1927 se publicaron los que redactó de León y Zamora, y los de las provincias extremeñas de José Ramón Mélida. Posteriormente, prácticamente apareció uno por década hasta el de Salamanca (1967) del mismo Gómez Moreno. Cuando en 1934 se publicó el de Cádiz, escrito por Enrique Romero Torres, fue Tormo quien lo presentó en la Academia de la Historia39. El de Ávila no vio la luz hasta 1983. Para evitar el escollo de la falta de financiación hacia estos proyectos, Tormo asumió iniciativas como las guías artísticas al servicio del excursionismo y el turismo. Así se entienden sus “cartillas Tormo”, el ambicioso proyecto de las Guías Regionales Calpe, de las que publicó Levante (1923), su obra sobre las iglesias de Madrid de 1927… Este mismo año se estableció el inicio de Guías Artísticas de España, que como veremos en otro capítulo, tenía expresas vinculaciones con los catálogos, y que comenzó con la del centro de España. Poco después de ser nombrado rector de la Universidad Central, a finales de octubre de 1929 tuvo amplia presencia en la prensa. Por un lado, publicó la carta dirigida al cardenal Casanova Marzol por el traslado del coro de la catedral de Granada, que alteró el comportamiento litúrgico de la rotonda de Siloé. Por otro lado, varios periódicos se hicieron eco de unas declaraciones

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Carta dirigida al cardenal arzobispo de Granada. Inicio de la misma en la prensa.

que podrían considerarse sorprendentes, pues manifestó que no creía en la eficacia de los inventarios del Tesoro Artístico Nacional40. Obviamente, la frase se contextualizaba en el dolor por la pérdida constante de obras por la falta de una legislación que evitase su venta, principalmente por parte de la Iglesia, y por la ausencia de presupuestos al servicio del patrimonio; en definitiva, lo que decía era lógico y coherente: los in-

DSS, nº 20, 22 de febrero de 1921, pp. 287-288; nº 40, 14 de abril de 1921 se indica su envío a la Cámara Alta. La hija de Gómez Moreno afirmó que el “saqueo” del trabajo de su padre se hizo con su permiso. GÓMEZ-MORENO, Mª Elena. 1995, p. XXX. ABC, 8 de mayo de 1934, p. 37; El Heraldo de Madrid, 8 de mayo de 1934, p. 5; La Época, 9 de mayo de 1934, p.4; El Sol, 10 de mayo de 1934, p. 10. El Heraldo de Madrid, 29 de octubre de 1929, p.16; La Libertad, 29 de octubre de 1929, p. 3; y El Sol, 29 de octubre de 1929, p.8.

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ventarios no bastaban. De hecho, un mes más tarde, por R.O. de Instrucción Pública el rey encargó a Elías Tormo y Manuel Gómez Moreno, miembros del patronato para la protección y acrecentamiento del Tesoro Artístico de la nación, y a Luis Pérez Bueno, vocal secretario de la comisión de valoraciones, que hicieran inventario de los bienes expuestos en las exposiciones Internacional de Barcelona e Iberoamericana de Sevilla. Los resultados debían publicarse en la Gaceta de Madrid41. A finales de año el rector de la Universidad Central volvió a ingresar en la Asamblea Nacional y dos meses más tarde fue nombrado ministro. Obviamente, su interés por los inventarios era incuestionable, pero constató que por sí solos no podían evitar las pérdidas patrimoniales. Por esta razón, a pesar de lo mucho que insistió en la publicación de los catálogos, y la importancia que concedió a los proyectos de catálogos con funciones turísticas, y viceversa, como las Guías Artísticas de España, no vieron la luz durante su etapa como ministro. Realmente sus iniciativas se centraron en otros objetivos. 1.4. Su etapa como ministro y los intentos por promover una legislación y medidas de control del patrimonio Durante su época como ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes del gobierno de Dámaso Berenguer, de febrero de 1930 al mismo mes de 1931, se sucedieron numerosas iniciativas en los planes de estudios de los diferentes niveles, así como en los sistemas de oposiciones42. Además, con Manuel Gómez Moreno como director general de Bellas Artes (reclutado a pesar de su firme oposición inicial), se trabajó en la ley de protección al patrimonio artístico nacional, la ley reguladora de exposiciones de Bellas Artes, el avance del inventario monumental a través de las universidades, y se abrieron expedientes para una declaración masiva de bienes como monumento nacional. En un terreno más concreto, se tomaron medidas para evitar la progresiva destrucción de las murallas de Ávila43, consiguió los fondos para recuperar los grabados de Rembrandt y Durero, la mayor parte de la colección Godoy, robados en la Biblioteca Nacional y aparecidos en Berlín...

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Fotografía de 1930 de la etapa de E. Tormo como ministro de Instrucción Pública, junto a Manuel García Morente, subsecretario, Manuel Gómez Moreno, director general de Bellas Artes y José Rogerio Sánchez, director general de Enseñanza. Fundación Olivar de Castillejo

Algunas de sus iniciativas vieron la luz, matizadas, durante la República, etapa en la que su amigo y compañero en diversas instituciones Ricardo de Orueta fue director general de Bellas Artes. Así sucedió con la declaración masiva, con mucho la mayor hasta aquella fecha, de numerosos bienes como monumento nacional44 o con la Ley de Tesoro Artístico Nacional de 1933. Sin embargo, las más ambiciosas quedaron truncadas por el cambio de régimen y la realidad del momento. Entre ellas, su apuesta por un nuevo acuerdo entre Iglesia y Estado, que dentro del Concordato de 1851 y convenio adicional de 1859, protegiera el patrimonio artístico de las acciones incontroladas de venta de la primera. Tormo redactó los extensos e ilustrativos en el título: Quodlibetos de la anteponencia del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes sobre negociaciones con la Santa Sede en defensa de nuestro tesoro artístico e histórico nacional, de los que a finales de 1930 en secreto imprimió 50 ejemplares en la imprenta oficial del Estado. El inicio de este tema partía del telegrama enviado a finales de noviembre de 1929 por Primo de Rivera, presidente del consejo de ministros, al embajador de España en Roma. En él le instaba a un nuevo acuerdo que protegiera el tesoro artístico nacional de las obras y las ventas que la Iglesia realizaba sin atender las leyes nacionales. En enero del siguiente año

La Época, 12 de noviembre de 1929, p. 1. Nuevo proyecto de Segunda Enseñanza, creación de inspectores técnicos en ella, carácter permanente del Instituto-Escuela, reorganización de la Escuela Superior de Magisterio, reordenación de la provisión de cátedras de la Universidad, introducción en la diferencia de sexos en los títulos profesionales. LORENZO VICENTE, Juan Antonio. 1996. Á LVAREZ LÁZARO, Pedro. 2002, p. 94. VEGA, Jesusa. 2010, p. 330. Gaceta de Madrid, 4 de junio de 1931, p. 1.181-1.185. Analizado en Monumentos… 1984.

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el nuncio Tedeschini visitó al emisor del telegrama y al ministro Eduardo Callejo de la Cuesta. El 5 de febrero el nuncio entregó una propuesta de proyecto de Real Decreto, que negaba la competencia de la legislación española sobre la materia en cuestión. En el mismo mes de febrero, Tormo ocupó el ministerio de Por tada de la obra de E. Instrucción Pública y fue Tormo, Quodlibetos…, 1930. designado para redactar los documentos que rebatiesen el texto del nuncio. Por orden del rey, el 27 de abril, 12 y 25 de junio, 15 y 25 de septiembre, 20 de octubre, 10 y 30 de noviembre y 4 de diciembre, los textos de Tormo se enviaron a los ministerios que se estimaron competentes: Estado, Gracia y Justicia, e Instrucción Pública. Esta labor tuvo como principal consecuencia el Real Decreto, sancionado y refrendado el 2 de julio por el consejo de ministros, que exigía la obligación de tramitar en pública y publicitada subasta la enajenación de un bien y previa estimación de peritos45. Pero no se pudo conseguir el objetivo de elaborar un nuevo marco, que tal como decía el octavo y último quodlibeto era un debate que se centraba no en el interés por la regalía de los bienes, sino estrictamente en el interés cultural de los mismos. Durante los meses de verano de 1930, en las negociaciones acerca del tesoro artístico nacional conservado por la Iglesia y en poder del clero, el nuncio Tedeschini tuvo una actitud inamovible. El documentado estudio de Tormo quería centrar el debate a partir de los R.D. ley de 1923 (Romanones), 1926 (Primo de Rivera) y 1930 (Belenguer); este último redactado por Tormo. Además, en los Quodlibetos Tormo incluyó como apéndices la situación legal en materia de patrimonio de Francia e Italia, que ponía como ejemplos y agravio del caso español. Sin embargo, el nuncio abortó todo diálogo arguyendo la inviolabilidad de la propiedad de la Iglesia. Ni siquiera aceptó el impreso de Tormo, los Quodlibetos. Consciente de su importancia,

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meses más tarde, con un nuevo cambio de gobierno, para evitar su uso pidió al conde de Romanones, nuevo ministro de Estado la copia que dejó en el despacho el duque de Alba, su antecesor46.

2. LA LABOR DE TORMO EN LA REAL ACADEMIA BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO

DE

Cuando Tormo dejó de ser senador, su cruzada en defensa del patrimonio se libró principalmente desde las academias, de las que procuró tempranamente formar parte. En concreto, intentó ingresar en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando recién nombrado catedrático de Historia de las Bellas Artes en 1904 y un año más tarde comisario general de Bellas Artes y Monumentos en el ministerio de Instrucción Pública, que ocupó sin sueldo durante unos meses. Para este fin buscó el apoyo de su maestro Marcelino Menéndez Pelayo47, y lo justificó en la legitimación que dicho puesto le daría para ejercer su cargo de comisario general, que entendía como un intermediario directo entre el ministerio y la misma Academia, que era la tradicional garante de la defensa y conservación del patrimonio como órgano consultivo e inspector de los Monumentos y las Artes, y elaboradora de informes. Sin embargo, por quedar estos archivados y sin repercusión social, consideraba primordial que ingresara en la institución y que esta actuara como agencia ejecutiva en la defensa del patrimonio. Tormo presentaba su cargo como un interlocutor entre el órgano legislativo y el que debía ser el ejecutivo en defensa del patrimonio, un commis voyageur de la patria artística decía, y un inspector entusiasta de todo monumento o colección artística para evaluar necesidades y mediar soluciones, incluso para facilitar “el concurso de cuadros para una Exposición, como la de Zurbarán”. Lo cierto es que este primer intento por ser académico no tuvo éxito, como tampoco la continuidad del cargo de comisario, pero no se demoró muchos años. La propuesta se hizo en diciembre de 1912, mes en el que falleció su esposa, y el 18 de mayo de 1913 pronunció su discurso de ingreso, “La suprema intimidad y singularidad estética de la música pura”, contestado por Ángel Avilés, compañero en el Senado y con quien

Quodlibetos… 1930, Segundo Quodlibeto. Segunda Parte (redacción definitiva del Real Decreto), p. 35-37. Se recoge en "Quodlibetos", Luz, 2 de octubre de 1932. Así como en BHUC, Caja BH AP8 (12), –Memorias a mis nietos–, cap. 48, ff. 150-152. También hace mención a su participación en la recuperación de un lote de grabados de Rembrandt robados de la Biblioteca Nacional (ff. 156-157) y su postura frente al cardenal de Granada, etc. Ejemplares de los Quodlibetos… se encuentran en las bibliotecas BFSJHV y BHUC. BMP, Epistolario, vol. vol. 18, carta 282, 8 de junio de 1905, por la que Tormo pide el apoyo de Menéndez Pelayo para que sea nombrado académico de la RABASF.

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Portada del discurso de ingreso en de E. Tormo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y carnet de la misma. ACCCV, Fondo Elías Tormo.

Fotografía del acto de recepción de Orueta como académico en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 1924. Tormo, que contestó el discurso de ingreso, se encuentra a la izquierda.

en muchas ocasiones hizo causa común en defensa del patrimonio. El lapso entre la propuesta de incorporación a la Academia y el discurso de contestación a la misma muestran el ascenso de Tormo en estas fechas, pues en escasos meses se sumaron numerosos méritos, como decano, miembro de patronatos, etc.48 La elección del tema de su discurso de ingreso sorprendió, pues la música fue poco habitual en la amplia producción de Tormo. Él se declaraba gran aficionado a la música de cámara, pero escribió poco por el respeto que le causaba la autoridad que en su opinión exigía hacerlo y lo difícil que era de enjuiciar49. Con anterioridad, ya descartó esta temática en la memoria de las oposiciones de 1902. La elección de tema sirvió a Juan Antonio Gaya Nuño para evidenciar lo mucho que de raro tenía su autor50. Sin embargo, probablemente la justificación radique en la mera oportunidad51; es decir, en su firme deseo de ser nombrado académico y que su predecesor en la medalla número 11 lo fuera por la sección de música. En la misma Academia contestó los discursos de Ricardo de Orueta y Duarte sobre la expresión del dolor en la escultura castellana (1924), Francisco Javier Sánchez Cantón sobre san Francisco de Asís en la escultura española (1926) y Enrique Lafuente Ferrari sobre la fundamentación y los problemas de la Historia del Arte (1951)52. Los dos últimos fueron alumnos suyos en el

doctorado de la Universidad Central, y todos colaboradores en la sección de arte que dirigió en el Centro de Estudios Históricos. Además, según consta en su expediente, en esta Academia formó parte de comisiones con competencias en patrimonio, como la Central de Monumentos Histórico y Artísticos (1923-1936 –desde 1935 vocal nato– y con nuevas elecciones en 1943 y 1953-1955), la mixta de las reales academias de la Historia y Bellas Artes organizadora de las comisiones provinciales de monumentos artísticos e históricos (de la que fue secretario de 1926 a 1936, y fue nuevamente elegido en 1943 y 1953-1954) y la mixta de las mismas academias para el estudio de un proyecto de reglamento para la declaración de monumentos nacionales (1925) según R.O. del ministerio de Instrucción Pública de fecha 19 de enero de 1925, y que dio lugar al R.D. ley de 9 de agosto de 1926 sobre protección, conservación y acrecentamiento de la riqueza artística, cuyo título tercero habla de exportación de obras de arte, e incluye una ley de contabilidad con la que Tormo se mostró crítico. La citada ley suscitó la creación del Patronato para la protección y acrecentamiento del Tesoro Artístico de la nación, del que Gómez Moreno y Tormo formaron parte. Este último también fue miembro de las comisiones Archivos y Bibliotecas Musicales (19201936, 1955), Inspección de Museos (1923-1936), homenaje a Lope de Vega (1935), Museo de la Academia

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ARABASF, sig. 5-271-11; relación de méritos presentada el 16 de diciembre de 1912. Así como TORMO, Elías. De la suprema… 1913. Así lo recoge en “Memorias a mis nietos”, y lo declaró en entrevista VILLARTA, Ángeles. 1945. GAYA NUÑO, Juan Antonio. 1975, pp. 224-229. La crítica una vez más parece ir más allá de lo científico, argumentándola en su falta de dotes para tocar un instrumento musical. SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier. 1958, p. 15. I NSTITUTO DE ESPAÑA. 2005.

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(1943, 1954-1955), Medalla de Honor de la Corporación (1949), conmemoración por el fallecimiento de Vicente López (1950) y Reforma del Reglamento de la Academia (1953-1955) 53. En la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando realizó numerosos informes y, como en otras instituciones, mostró su desazón por el abandono, pérdida y enajenación del patrimonio artístico. Incluso con denuncias más contundentes cuando dejó de ser senador y ya no tenía el foro de la Cámara para expresarse. Unas acciones que no siempre sus colegas académicos comprendieron; por ejemplo, cuando el 18 de mayo de 1931 propuso levantar la sesión como una reivindicativa señal de duelo por las operaciones de venta y exportación de obras de arte, pues el conde de Romanones, su presidente, no consideró fuera una medida oportuna54. Por lo que respecta a la Real Academia de la Historia, y como se verá más detenidamente en el siguiente capítulo, fue propuesto en 1917 y por segunda y definitiva vez un año más tarde. Elegido en febrero de 1918, fue recibido el 12 de enero de 1919 con el discurso “Los Gerónimos”. El tema trataba sobre una orden monástica que incidía como pocas en valores coterráneos, y fue contestado por Gabriel Maura, entonces conde de la Mortera e hijo de Antonio Maura, quien fuera valedor de Tormo. En esta Academia tuvo una notable actividad 55. Contestó los discursos de ingreso de Modesto López Otero sobre la técnica moderna en la conservación de monumentos (1932), Mercedes Gaibrois Riaño de Ballesteros, condesa de Beretta, sobre María de Molina (1935), Luciano Serrano Pineda sobre Pablo de Santa María (1940) y Antonio García Bellido sobre bandas y guerrillas en las luchas con Roma (1945). Formó parte de la comisión para la elaboración del Manual de Arqueología (1926), así como de la de Estudios Medievales (1945), e informó sobre expedientes de la Comisión de Antigüedades, de la que fue vocal desde 1942 hasta su muerte en 1957. Además, fue designado, entre otros, para solicitar al ministro la declaración de monumentalidad de la ciudad de Granada (1942)56. Ese mismo año fue nombrado censor de la Academia, puesto que ocupó hasta su muerte. En el Instituto de España, integrado por las reales academias, pronunció diversas

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Fotografía de prensa con miembros de la RAH en 1933. En el recorte E. Tormo anotó sus nombres. ACCCV, Fondo Elías Tormo.

conferencias, algunas publicadas, como las de 1941 y 194257. En 1951, a propuesta de la de Historia, recibió en su domicilio a la mesa del Instituto de España como reconocimiento a su trayectoria, y que la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando asumió como propio58. Desde su condición de académico participó en las sesiones de las dos instituciones de modo persistente y combativo59, y publicó numerosos informes sobre permiso de enajenación de bienes, restauraciones y declaraciones. Aparecieron en los boletines de las reales academias a las que pertenecía; en ocasiones con cierta complementariedad hasta 1933, que es cuando interrumpió su edición la de Bellas Artes. Entre los que afectan a restauraciones y declaraciones antes de la Guerra Civil dio su opinión: en Andalucía sobre la galería y torre de Machuca en la Alhambra (1924), la parte vieja de Córdoba (1928) y la iglesia de Santa María la Mayor de Antequera (1929); en Navarra el castillo de Olite (1925); en Cataluña sobre el sepulcro de don Ramón Folch de Cardona en Bellpuig (1925), el monasterio de San Pedro de Roda (1928), la iglesia, colegiata y claustro del pueblo de Vilabertrán (1928), en Barcelona la casa de la calle del Cazador (1932) y el palacio de la Virreina (1932); en tierras valencianas sobre el Castillo de Montesa (1926), la arciprestal de

ARABASF, sig. 5-271-11. También en noticias de prensa y del archivo de Tormo; por ejemplo, para que con Sánchez Cantón y la sección de pintura de la Academia entendiesen en los actos por el pintor Vicente López (ACCCV, Fondo Elías Tormo, 2.5. Carta de nombramiento enviada por el secretario a Tormo el 25 de mayo de 1950, y convocatoria de reunión del 24 de noviembre). MARTÍNEZ RUIZ, María José. 2009, p. 325. Relaciona la documentación de su expediente MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS. 1980. I NSTITUTO DE ESPAÑA. 2005. Así como el capítulo siguiente de MAIER, Jorge; MONTESINOS, Josep. La primera fue pronunciada el 2 de julio de 1941. TORMO, Elías. “El centenario”, 1941. La segunda en “El Centenario”, 1942. ARABASF, sig. 5-271-11. Carta del secretario de la RABASF a Elías Tormo, Madrid, 26 de diciembre de 1952. SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier. 1958, 16.

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Santa María de Morella (1926), la casa de los Sanza de Valdés, el palacio de Pino Hermoso (1929) y la ermita de San Félix en Játiva (1929), la Casa-Ayuntamiento de Alzira (1929) y la parroquia de Santiago Apóstol de Orihuela (1932); en las murcianas sobre la capilla de los marqueses de los Vélez, unida a la catedral de Murcia (1926); en las asturianas el camarín de la Virgen de Covadonga (1928); en las castellanas la iglesia de Valencia de Don Juan (1927), el castillo de Coca (1928), la villa de Alarcón (1933) y las iglesias de San Justo y San Miguel y los conventos de Santo Domingo el Real y Capuchinas de Toledo (1933); y en las madrileñas la Casa Hospicio (1924), la capilla de San Isidro en la iglesia de San Andrés (1925), la Casa del Canto del Pico (1929) y la iglesia de las Calatravas (1932). En concreto, el año de 1929 fue especialmente activo, e incluso el único identificado como contradictorio en su trayectoria en defensa del patrimonio. En este sentido, ha causado extrañeza su apoyo delante de la Real Academia de la Historia del obispo de Astorga, Antonio Senso Lázaro, ante las denuncias de desaparición de obras de arte en su diócesis. Así como su informe para la declaración de monumento histórico-artístico de la finca El Canto del Pico en Torrelodones, propiedad del conde de las Almenas, auténtico museo de piezas procedentes de los más diversos lugares 60. La amistad y el principio de lealtad están detrás de los dos casos, asumiendo en el primero la palabra de un amigo y en el segundo, que también afectaba a un amigo de su valedor Maura, el coleccionismo como mal menor ante el peligro de pérdida o salida al exterior. En sentido opuesto, a finales de año tuvo lugar su crítica, con respaldo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, al cardenal Casanova Marzol por el traslado del coro de la catedral de Granada, que modificó la rotonda de Siloé. Después de la Guerra Civil también realizó numerosos informes del mismo sesgo: en Cataluña el castillo-cartuja de Egara en Tarrasa, las torres de Bagur (Gerona), iglesia de Tona en la Plana de Vich, iglesia en las afueras de Santa Coloma de Queralt (Tarragona); en Aragón, la iglesia de Mora de Rubielos (Teruel), la de Castro en Puebla de Castro (Huesca), el palacio de Ar-

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gillo en Zaragoza, la iglesia del Hospital y casa mortuoria de la Venerable Madre Ráfols (Zaragoza), Santa Tecla en Cervera de la Cañada cerca de Calatayud; en la Rioja la parroquia de Santa María del Palacio en Logroño y el monasterio de Santa María de Cañas; en Castilla, la iglesia de Santa María en Frómista y el monasterio de San Zóil de Carrión de los Condes en la provincia de Palencia, la iglesia de San Bernardo en Palencia, la capilla y conjunto en el Salvador en Valladolid, la ciudad de Ciudad Rodrigo en la provincia de Salamanca, en Segovia ciertos conjuntos de la ciudad, en Madrid la parroquia de San Marcos, y en su provincia el pueblo de Nuevo Baztán, y en Toledo las vidrieras a restaurar de su catedral; en Extremadura el pueblo de Guadalupe; en Andalucía el centro de la ciudad de Sevilla; en Murcia la Colegiata de Lorca, el Alcázar y su templo en Caravaca; y en Valencia la adquisición por el Estado de un Salzillo, los Baños del Almirante y la Casa de los Almirantes de Aragón, el Palacio de Dos Aguas, el Jardín de Monforte, la iglesia de San Andrés y la iglesia de San Juan del Hospital. De los informes de monumentos en Valencia, realizados entre 1941 y 1943, los dos primeros solicitados por la Real Academia de la Historia y el resto por la de Bellas Artes, publicó Monumentos de la ciudad de Valencia en peligro de pérdida (1944), que incluye una justificación de las dificultades, insultos y agresiones del vicario general Rodilla a resultas de su informe sobre la iglesia de San Andrés e intento de hacer el de San Juan del Hospital. Por las intenciones del arzobispo Merlo de derribar iglesias dañadas durante la Guerra Civil, Tormo equiparó las pérdidas causadas por los rojos “ikonoklastas” con las de los blancos “eklesioklastas”61. La influencia de Tormo en Madrid era especialmente valorada y solicitada desde el ámbito valenciano. La polémica con la iglesia de San Andrés surgió por la solicitud de ayuda para salvarla que le solicitaron José Bentel, Antonio Bremon y Luis Bernich62. Por el disgusto consiguiente publicó el libro que reunía los dictámenes académicos señalados, y distribuyó decenas de ejemplares junto a copias de su carta al cardenal arzobispo de Granada, por lo que de actualidad tenía en el caso valenciano. Entre las múltiples contestaciones de

MARTÍNEZ RUIZ, María José. 2009, pp. 325-326. TORMO, Elías. Monumentos de la ciudad de Valencia en peligro de pérdida. Madrid: Vda. de Estanislao Maestre, 1944, p. 61. Recoge seis dictámenes oficiales en la RAH y la R EABASF publicados en la revista académica de la primera. ACCCV, Fondo Elías Tormo, 4.2.5, carta del 7 de abril de 1942.

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1944 destaca el intercambio de opiniones del barón de San Petrillo, Leandro Saralegui y Francisco Martínez, quien reconocía cómo la carta del caso granadino era “muy aplicable, por desgracia, a nuestro prelado, destructor del coro de la catedral y autor del tranpantojo construido en el centro del crucero, que quita la visualidad a la magnífica capilla mayor y por lo mismo pasan a segundo orden las inconmensurables tablas de los Ferrandos”. Y le detalló las graves pérdidas patrimoniales que se vivían en la ciudad: el museo de Bellas Artes dejaba el convento del Carmen y allí los restos del patio del palacio del embajador Vich, el alcalde pretendía quitar el tejado de la iglesia de Santa Catalina para crear un jardín, y la construcción de nuevos edificios había hecho desaparecer la iglesia de Santa Rosa y numerosas casas palaciegas63. Manuel González Martí, director del museo de Bellas Artes, le transmitía su desánimo porque entendía que su dirección estaba maniatada. Además, contestaba a las inquietudes de Tormo sobre la iglesia de los Santos Juanes, muy maltratada por el fuego durante la guerra. El altar mayor se perdió completamente, no había sido afortunada la incorporación de cabezas a las esculturas de los hijos de Jacob, las pinturas al fresco de la inmensa bóveda, que ya tuvieron una restauración de Bernardo López, estaban prácticamente perdidas, y para quitar los daños del humo dudaba si se emplearía miga de pan, como había visto en las iglesias de Forcall y Burjasot, o la técnica empleada por Fernando Soria en la Virgen de los Desamparados, y donde Ramón Stolz completó los desconchados64. Sin lugar a dudas, su procedencia, el prestigio y su posición en las dos academias con competencias en temas de patrimonio favorecían una correspondencia constante. Tormo perteneció a dos grandes academias, pero su actividad como académico pudo ser incluso mayor puesto que en los primeros de su jubilación postuló su ingreso en la Academia de Ciencias Morales y Políticas, justificando su actividad política y trayectoria científica, en la que destacó obras de contenido estrictamente filosófico y en general gran parte de su producción como historiador del arte. Su obra Mis confesiones filosóficas (1947), pergeñada durante sus estancias en Roma, pretendía servir de acicate. Su hijo afirmó, que su elección estaba asegurada poco antes de su muerte65. Y parece que aquí acabaron sus aspiraciones en el

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mundo de las academias, pues nadie niega que por su estilo literario nunca aspiró a la Real Academia Española. Sí fue académico correspondiente de las reales academias de San Luis de Zaragoza y de San Carlos de Valencia, así como de la Academia de Bellas Artes de Toledo (1916), por su condición de senador y su implicación en los actos conmemorativos al Greco, y después honorario (1941, con propuesta de 1934), en reconocimiento a sus méritos y a los relevantes servicios a la citada academia y al tesoro artístico de Toledo 66. También fue miembro correspondiente de la Hispanic Society of America de Nueva York, de la Academia Nacional de Bellas Artes en Lisboa y de la Academia de Bellas Artes de Nápoles.

3. LAS IDEAS DE ELÍAS TORMO EN TORNO AL PATRIMONIO ARTÍSTICO Como iniciábamos este capítulo, queremos subrayar que lejos de una actividad institucional compartimentada, Tormo emprendió acciones en defensa de la historia del arte y de su objeto de estudio: el patrimonio histórico artístico, comprendiendo su estudio, su difusión y protección. Labores a las que contribuyó desde cargos universitarios y académicos, de administración, consulta y gobierno, y con una generosa labor de extensión universitaria de propaganda de lo cultural en decenas de instituciones, como el Ateneo, del que fue presidente de la sección de Artes Plásticas, el Museo del Prado, el Museo Municipal de Madrid, el Centro de Estudios Históricos, etc. Y lejos de favorecer la complacencia de instituciones, partido o amigos, en la mayoría de las ocasiones mostró una actitud coherente. Siempre se mostró favorable a la descentralización del arte; es decir, a la permanencia de las obras en su lugar de origen. De modo general esta idea se sustentaba en su crítica a la salida de España de obras artísticas, pero también se aplicaba a su movilidad dentro de la misma, basándose en criterios de contemplación estética, justicia, reparto equitativo de los beneficios a través del turismo y una fórmula de extender el amor al arte. Desde el inicio de sus intervenciones en el Senado defendió estas ideas. Así, al hablar de los Grecos señaló: “una obra de arte no ha sido creada por su autor muchas veces, sino para formar un determinado conjunto; esto

ACCCV, Fondo Elías Tormo, 4.2.5. En concreto, las citadas cartas del 21, 24 y 30 de abril de 1944. ACCCV, Fondo Elías Tormo, 4.2.5, carta de M. González Martí a E. Tormo, 16 de junio de 1943. TORMO CERVINO, Juan. 1969, p. 4. AS, sig. HIS-465-3 (33).

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ELÍAS TORMO EN DIFERENTES INSTITUCIONES Elías Tormo, político y académico en defensa del patrimonio artístico

ocurría en San José, de Toledo”; y por ello, habla de “desgarramiento de obra armónica”67. En el caso de la obra de Hugo Van der Goes de Monforte de Lemos consideraba que su lugar era el de origen y no el Museo del Prado: por motivos de justicia, por criterios artísticos que persiguen la no descontextualización y por motivos económicos, como fuente de ingresos a través del turismo universal, pues “creo que el porvenir del turismo ha de ser de una riqueza extraordinaria”68. Y en el debate producido en el verano de 1919 sobre unas piezas del convento de San Francisco de Segovia que el duque del Infantado había comprado y trasladado a Madrid, Tormo alabó la gran obra del duque en la protección de monumentos, como en Lazcano, Calahorra, San Francisco de Cuéllar, castillo Real de Manzanares, capilla del condestable Álvaro de Luna en Toledo… Pero criticó la práctica de llevar a Madrid monumentos de otros rincones por conservación y por entender –a diferencia del duque que pensaba que el arte debía ser nacional y no regional – que el arte era nacional, regional y local, y que por justicia de identidad y de futuros beneficios económicos a través del turismo debían permanecer en el sitio para el que fueron creados. “Por eso yo creo que las obras de arte, siempre que sea posible, deben conservarse en el lugar en que se pusieron primitivamente. Cuando esto no sea posible, todavía me parece tolerable que en la misma población, si es ciudad de importancia, se recojan esos fragmentos en ese panteón que se llama Museo. Trasladarlos de población, me parece algo que desgarra mi corazón de entusiasta del arte. Habrá casos en que sea preciso. Consentir que salgan de España, ante eso me sublevo como amante del Arte y como español”69. Por criterios similares propuso en 1919 la creación de la figura de conservadores que se desplazasen a los lugares y no provocaran recelos en las comunidades de donde podían salir las obras. Para él, tras la venta de las pinturas de Santa María del Mur, el modelo llevado a cabo por la Junta de Museos de Barcelona de llevar las pinturas murales al museo barcelonés le parecía satisfactoria, pero le hacía lamentar “que obras que se constituyeron en una unidad decorativa y en un monumento arquitectónico se convirtieran en esa relativa frialdad que aun en el más bello Museo tiene

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las obras de arte para el que es amante de ellas”. Y por la misma razón, al estudiar las tapicerías de la corona propuso que se expusieran, mejor que en un museo “pues harían pobre”, en el Palacio Real con motivo de las procesiones, en El Escorial o en otro edificio del Real Patrimonio70; y cuando se detuvo provisionalmente la venta de las pinturas murales de Casillas de Berlanga (Soria), creía que debían reintegrase las arrebatadas y mantener “el sistema de unidad de aquella construcción” 71. Lamentablemente, los tribunales autorizaron la venta en 1925 y se desperdigaron por varios museos norteamericanos, cuando por permuta muchos años después se recuperaron pasaron al Museo del Prado. Incluso, propuso desproveer a este, entre otros centros, para restaurar en una posible imagen original el Salón de Reinos del Buen Retiro, que se podría conseguir cuando el museo se organizara con criterio moderno, descongestionado como se hacía en las colecciones de fama mundial, y llevar al primitivo destino los cuadros de batallas y los de las Fuerzas de Hércules. Siguiendo objetivos de la Junta de Iconografía Nacional, en su opinión el conjunto tendría un valor “instructivo, educador, patriótico y noble, y a la vez interesante y curiosísimo”72. En temas de restauración se mostraba claramente a favor de la conservación. Tras su estudio de catalogación de la pintura en tabla de Játiva sugirió como sede de un posible museo la ermita de San Felíu, para conservación, estudio y “la tarea inteligente y delicadísima de una restauración meramente conservadora” 73. Por las mismas fechas, al hablar de las obras en Mérida, señaló que “en edificios muertos” estaba a favor de estos criterios frente a la restauración, “porque en otras Naciones demasiado ricas se han precipitado á restaurar y han puesto en sus movimientos una tacha de sospechosos que debemos evitar para los nuestros”. El turista ilustrado “entra en escama (…) cuando ve las cosas un poco nuevas”74. Con motivo del encargo de supervisar la restauración del palacio de Galiana, en la huerta de Toledo, y que delegó en Gómez Moreno, rechazó la restauración a lo Viollet-le-Duc, por declararse enemigo de ellas, pues mezclaban lo auténtico con lo falsificado en los monumentos75. Se mostraba en contra del trasla-

DSS, nº 74, 19 de octubre de 1907, pp. 1.445.1.446. DSS, nº 139, 17 de junio de 1912, p. 1.992. DSS, nº 25, 8 de agosto de 1919, p. 478. TORMO, Elías. “Las tapicerías”, 1906. DSS, nº 81, 21 de julio de 1922, pp. 1.961-1.965. TORMO, Elías. “Velázquez…”, 1911 y 1912. TORMO, Elías. Un museo…, 1912, p. 163. DSS, nº 37, 26 de mayo de 1914, p. 471. TORMO, Elías. “Palacios”, 1932.

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do de edificios y obras76, y así se lo hizo ver al duque del Infantado. De manera sistematizada expuso sus ideas en su contestación a la recepción de académico de Modesto López Otero en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando77. Sin contradicción con su profunda religiosidad y sentido de fidelidad antepuso el interés público de los bienes por su dimensión histórico-artística, enfrentándose a miembros de la nobleza, la Iglesia y otras corporaciones. Su postura la sustentó en conocimientos históricos, jurídicos y litúrgicos. En el Senado participó en la introducción de medidas restrictivas a las instituciones colectivas eclesiásticas; por ejemplo, para la venta de bienes por parte de estas se exigió informar a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y a la correspondiente junta provincial de monumentos nacionales. En una persona católica y conservadora su firme actitud le supuso más de una crítica y manifestación de sorpresa, pero su postura estuvo clara desde un principio: los católicos eran los más interesados en denunciar lo que entendía eran abusos contra el bien público, “porque quizá no hay ningún camino de propaganda como la propaganda jacobina por la imprudencia temeraria que estos sucesos dejan preparados”78. Llegó a reconocer lo que era frecuente, que algunas veces estaba al lado de las izquierdas cuando las iglesias vendían objetos artísticos, incluso para subsistir79. Y el senador González de Echavarri, con motivo de la protesta de Tormo por la actitud de los agustinos recoletos por no mostrar unos marfiles, inició su discurso con las siguientes palabras: “Se reproduce una paradoja que ocurre en la política española a toda hora. Un significado personaje maurista combatiendo a los frailes de San Millán de la Cogolla, y un Senador liberal defendiéndolos”80. En su mesurado intento de establecer una nueva relación entre Estado e Iglesia en beneficio del patrimonio artístico ya denunció cómo las pérdidas de patrimonio que se producían en el pasado, principalmente a consecuencia de las guerras, se veían reemplazadas por las enajenaciones de su época debido al enorme interés que despertaban los vestigios del pasado y las altas sumas que alcanzaban. Era una situación ge-

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neralizada –recordemos que ya a principios de siglo A. Riegl en el texto fundacional de la idea de patrimonio actual habló de culto moderno a los monumentos–, pero por la precariedad de las iglesias de España era más dramático. Tampoco titubeó en su oposición a algunas autoridades eclesiásticas, como el citado enfrentamiento con el arzobispo de Granada o con el de Valencia, cuyo comportamiento calificó de “eklesioklastas”. En este caso, ante su pretensión de derribar iglesias dañadas durante la Guerra Civil, y por cuya acción Tormo igualaba las pérdidas causadas por los dos bandos. Estas dos últimas acciones con estrecha relación con su actividad como académico81. *** La polifacética actividad de Elías Tormo como profesor, político, académico…, ejemplifica claramente la importancia que las estructuras políticas tuvieron en el nacimiento y consolidación de la historia del arte a finales del siglo XIX y comienzos del XX en gran parte de Europa, así como del sesgo que, por ende, la disciplina adquirió en la construcción de nociones como genio e identidad nacional82. Tormo comparte el proceso de nacionalización de la cultura y su carácter didáctico para el conocimiento histórico y religioso, pero se muestra contrario a la construcción de una exclusiva identidad estética nacional, pues defiende la diversidad patrimonial y criterios de conservación frente a los de restauración de un ideal por razones políticas o estéticas. Las publicaciones de Tormo, sus conferencias universitarias y su extensión en múltiples foros, sus intervenciones en el Senado, su labor en el ministerio y las reales academias, etc., compartían el deseo de promover una legislación y medidas de control en defensa del patrimonio artístico, y extender el amor hacia el mismo. En uno de los más interesantes debates sobre la protección de monumentos, el que cuestionaba la actitud del duque del Infantado al trasladar piezas del convento de San Francisco de Segovia a Madrid, exclamó: “¡Gracias a Dios! Cuando veo cómo se va extendiendo el cultivo del sentimiento y de cariño a las obras de arte”83.

Señala algunos ejemplos VEGA, Jesusa. 2010. LÓPEZ OTERO, Modesto. 1932. DSS, nº 74, 19 de octubre de 1907, p. 1.448. DSS, nº 108, 22 de enero de 1919, pp. 1.815. DSS, nº 88, 8 de noviembre de 1921, p. 1818. TORMO, Elías. Monumentos… 1944. Así lo muestra la obra de PASSINI, Michela. La fabrique de l’art national... 2012. DSS, nº 25, 8 de agosto de 1919, p. 478.

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